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Un Manual de Pedagogía para la Educación Legal de Servicio en Derecho Ambiental en América Central y
República Dominicana
Alezah C. Trigueros y Julia Curtis Candidatas de Doctorado en Derecho
Programa Conjunto en Derecho Ambiental de la Universidad de Florida y la Universidad de Costa Rica
Thomas T. Ankersen, Franklin Paniagua
Supervisores de Facultad
Agosto 2011
Alezah Trigueros es estudiante de derecho en la Universidad de Indiana (Indiana, EEUU). Julia Curis es estudiante de derecho en la Universidad de Richmond (Virginia, EEUU). Este proyecto fue parte de la Clínica de Conservación de la Universidad de Florida/Universidad de Costa Rica Programa Conjunto de Derecho Ambiental.
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Contenidos
Introducción: ¿Por qué promover la educación clínica en Derecho Ambiental en 3 América Central y la República Dominicana? Educación de servicio como enfoque para la educación superior 3
A. ¿Qué es la educación de servicio? 3 B. Historia de la educación de servicio en la educación superior en los 5 Estados Unidos
Evolución de la educación legal clínica en material ambiental 6
A. En los Estados Unidos 6 B. A nivel internacional 7
Educación legal clínica: La contribución de la escuela de Derecho a la educación de 7 servicio Modelos de consultorios jurídicos ambientales 8
A. Cliente real o simulación 8 B. Naturaleza de la práctica 9 C. El grado de representación 9 D. Estructura de la clínica 10 E. Situación académica 10 F. Educación de servicio no clínica en Derecho Ambiental 11
Creando la infraestructura de un programa de consultorios 11 Pedagogía: Estrategias de instrucción 12
A. Desarrollo de habilidades 12 B. Aprendizaje reflexivo 13 C. Enseñanza en el aula 13 D. Proyectos colaborativos o interdisciplinarios 13
Dificultades 13
A. Financiamiento 13 B. Formalismo legal y rigidez curricular 14 C. Interferencia política con consultorios en los Estados Unidos 15
Casos seleccionados y casos de estudio sobre educación clínica en Derecho Ambiental 17
A. Costa Rica: El Consultorio Jurídico Ambiental de la Universidad de Costa Rica 17 B. Argentina: El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y la Clínica 18
Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente C. Brasil (Amazonas) 19
D. Estados Unidos: Clínica de Derecho Ambiental de Tulane 21
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Introducción: ¿Por qué promover la educación clínica en Derecho Ambiental en América Central y la República Dominicana?
El programa de alianzas del U.S. Department of State Higher Education for Development (HED) [Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Desarrollo de la Educación Superior] forma parte de un acuerdo cooperativo otorgado en octubre de 2005 por la United States Agency for International Development (USAID) [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] al American Council on Education [Consejo Americano de Educación], junto con la American Association of Community Colleges [Asociación Americana de Colegios Comunitarios], la American Association of State Colleges and Universities [Asociación Americana de Colegios y Universidades Estatales], la American Association of Universities [Asociación Americana de Universidades], la National Association of Independent Colleges and Universities [Asociación Nacional de Colegios y Universidades Independientes], y la National Association of State Universities and Land-‐Grant Colleges [Asociación Nacional de Universidades Estatales y Colegios Land-‐Grant∗]. HED otorgó fondos a la Universidad Estatal de Georgia para que desarrollara un diplomado regional en Derecho Ambiental en los países parte del CAFTA-‐DR∗∗. Esta iniciativa también fomenta que los graduados del programa de diplomado regresen a sus instituciones jurídico-‐académicas de origen y promuevan el desarrollo del derecho ambiental en el plan de estudios. La educación de servicio en Derecho Ambiental, y especialmente, la educación legal clínica en Derecho Ambiental es un aspecto importante y subrepresentado de este plan de estudios.
Este manual ofrece una guía de referencia para el diseño y desarrollo de programas de
educación de servicio en Derecho Ambiental apropiados al contexto en los países parte del CAFTA-‐DR. También se puede utilizar como una herramienta para persuadir a administradores con recursos limitados del valor pedagógico de estos programas. Con base en modelos existentes, este manual revisa las múltiples formas que pueden adoptar los programas de educación de servicio en Derecho Ambiental y que podrían ser apropiadas para cualquier escuela de Derecho individual. Se analiza la estructura y la pedagogía, se proporcionan estudios de casos (incluyendo casos de éxito), y se describen los potenciales problemas.
Educación de servicio como enfoque para la educación superior
A. ¿Qué es la educación de servicio?
La “educación de servicio” describe la amplia gama de oportunidades educativas en las cuales los estudiantes se involucran en actividades experienciales fuera del aula, con el fin de profundizar en su comprensión de los temas educativos. Tales actividades incluyen proyectos de servicio comunitario, pasantías, estudios de campo y oportunidades clínicas. La Corporation of National Service [Corporación de Servicio Nacional] define la “educación de servicio” como un método con el que los estudiantes aprenden y se desarrollan a través de su participación activa en experiencias de servicio cuidadosamente organizadas; que satisfagan necesidades reales de la comunidad; que están integradas en el plan de estudios de los estudiantes o que proporcionan tiempo destinado formalmente a una reflexión, que amplía lo que se enseña en la institución educativa mediante la extensión del aprendizaje más allá del aula y hacia la comunidad. Las experiencias auténticas de educación de servicio, mientras que son casi infinitamente diversas, tienen algunas características comunes.1 Las experiencias de educación de servicio deben ser positivas, significativas y reales para los estudiantes participantes. Implican experiencias cooperativas, más que competitivas, y por lo tanto promueven habilidades asociadas con el trabajo en equipo, la participación en la comunidad y el ejercicio de la ciudadanía. Estas experiencias ofrecen la oportunidad de involucrarse en la solución de problemas, al exigir a los participantes que adquieran conocimientos sobre el contexto específico
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de su actividad de educación de servicio y sobre los retos de la comunidad; más que solo utilizar conocimientos generales o abstractos como los que podrían derivarse de un libro de texto. Como resultado, la educación de servicio ofrece grandes oportunidades para adquirir hábitos de pensamiento crítico, tales como la capacidad de identificar las interrogantes o cuestiones más importantes dentro de una situación del mundo real. No hay "respuestas correctas" en la parte posterior del libro. Como consecuencia de esta inmediatez de la experiencia, es más probable que la educación de servicio sea significativa para los participantes a nivel personal y que genere consecuencias emocionales, que los lleven a cuestionar valores, así como ideas, y por lo tanto, apoye su aprendizaje y desarrollo social, emocional y cognitivo.
Características de la educación de servicio
A pesar de la gran cantidad de posibles objetivos y estructuras de las experiencias de educación de servicio, sus características esenciales son las mismas.2 La educación de servicio debe:
1. Satisfacer una necesidad genuina de la comunidad. La educación de servicio debe lograr un
objetivo real, según lo determinado por evaluaciones externas o dirigidas por la comunidad. Las acciones emprendidas deben hacer aportes positivos a la solución de un problema.
2. Vincular la necesidad de la comunidad con los objetivos del aula. Un fuerte vínculo entre la acción de servicio y la enseñanza en el aula asegura que los estudiantes mejoren sus habilidades, tanto dentro como fuera del aula.
3. Proporcionar oportunidad de reflexión a los estudiantes. Además del beneficio para la comunidad, los estudiantes deben crecer como individuos, a través de una comprensión profunda de lecciones más amplias, tales como la moralidad y la justicia.
La educación de servicio no es simplemente un complemento a un plan de estudios vigente o una ocurrencia esporádica episódica. La verdadera educación de servicio tiene en su corazón un objetivo muy diferente a simplemente registrar un número determinado de horas de servicio comunitario con el fin de graduarse, o ser un servicio compensatorio asignado como una forma de castigo por los administradores del centro de enseñanza. El elemento distintivo de la educación de servicio es que ayuda a crecer a la comunidad a través de la prestación del servicio, pero también tiene poderosas consecuencias para el aprendizaje de los estudiantes o de otras personas que participan en la prestación de un servicio.
Tipos de educación de servicio
Voluntariado: un individuo proporciona tiempo y recursos a un beneficiario y el servicio es determinado principalmente por el destinatario. (Ejemplo: un voluntario individual en un hospital)3
Servicio Comunitario: voluntariado más estructurado, en el que el enfoque se desplaza de la acción de servicio a uno más amplio de educación en la comunidad sobre las necesidades del beneficiario. (Ejemplo: un proyecto con una duración de un año para recaudar fondos para el cáncer de mama)
Pasantías: participación del estudiante en el servicio, siendo que su principal objetivo es proporcionar a los estudiantes experiencias de campo prácticas. (Ejemplo: pasantía en una organización sin fines de lucro)
Educación de campo: los estudiantes ofrecen oportunidades de servicios co-‐curriculares; externas pero necesarias para su educación. (Ejemplo: los estudiantes de Educación participan en programas de enseñanza a estudiantes durante un año)
Educación clínica: Los estudiantes prestan servicios a los beneficiarios en un ambiente altamente estructurado e integrado en la educación, donde los resultados para el cliente son el enfoque primordial. (Ejemplo: programa de consultorio jurídico en la escuela de Derecho)4
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Valor de la educación de servicio Dado su valor, la educación de servicio se debe incluir en la educación.5 Algunos resultados de investigación muestran que la educación de servicio beneficia a los estudiantes al aumentar su rendimiento académico, fomentando un compromiso de por vida con la participación ciudadana, mejorando sus habilidades sociales, y preparándolos para incorporarse al mercado laboral. La educación de servicio también ofrece a los estudiantes un sentido de competencia, pues los estudiantes se ven a sí mismos como contribuidores activos y no como receptores pasivos. A través de la atención de necesidades reales de la comunidad y la construcción de vínculos más fuertes entre las instituciones de enseñanza y las comunidades, los estudiantes crecer como individuos; lo cual mejora el clima escolar en general. La educación de servicio proporciona un mecanismo por medio del cual el crecimiento personal y social de los estudiantes está estrechamente entrelazado con su desarrollo académico y cognitivo para el mayor beneficio de la comunidad en general. B. Historia de la educación de servicio en la educación superior en los
Estados Unidos
El concepto de servicio a la comunidad y de participación cívica ha existido en los campus estadounidenses desde el siglo 19.6 Originarios de las organizaciones de letras griegas y grupos religiosos, las actividades de servicio a la comunidad han vinculado desde hace mucho tiempo a las instituciones educativas con las comunidades en que residen. La educación de servicio, como un principio organizado, cobró impulso en la década de los sesentas, a través del movimiento de derechos civiles y la formación de los Cuerpos de Paz en 1961. Al final de la década de los sesenta muchas de las organizaciones emergentes orientadas al servicio promovieron el movimiento de educación de servicio en los colegios universitarios y universidades estadounidenses. Estos pioneros incipientes consideraban que las universidades y colegios universitarios debían alentar a los estudiantes a participar en el servicio comunitario, ayudar a asegurarse que el aprendizaje académico fuera parte de este servicio, y a otorgar reconocimiento académico por ese aprendizaje. También creían que los colegios universitarios y universidades, las organizaciones privadas y los gobiernos federal; regional y estatal debían proporcionar las oportunidades y los fondos para los estudiantes que desearan participar en la educación de servicio. Para los ochenta, la educación de servicio era una iniciativa nacional en las universidades, con movimientos tales como la Campus Outreach Opportunity League [Liga de Oportunidad de Vínculo del Campus] y la National Association of Service and Conservation Corps [Asociación Nacional de Cuerpos de Servicio y de Conservación]. Finalmente, en 1990, el Congreso y el presidente George H.W. Bush aprobaron la National and Community Service Act [Ley de Servicio Nacional y Comunitario] de 1990, que autorizó erogaciones para los estados, escuelas y organizaciones comunitarias para desarrollar e implementar programas de educación de servicio. En 1993, el presidente Clinton aprobó la National and Community Service Trust Act [Ley de Fideicomiso para el Servicio Nacional y Comunitario], que amplió el papel del gobierno federal en la educación de servicio y aportó fondos para que cada estado incorporara la educación de servicio en sus escuelas. A pesar de la participación del gobierno, una gran cantidad del apoyo para la educación de servicio tiene su origen en fuentes privadas. En 2000, la Corporation for National Service's Department of Service-‐learning [Departamento de Educación de Servicio de la Corporación para el Servicio Nacional] distribuyó más de $20 millones en fondos a través de su programa Learn and Serve America (Aprender y Servir America) para apoyar los esfuerzos locales de educación de servicio. Muchas fundaciones influyentes de Estados Unidos, incluyendo la W.K. Kellogg Fundation [Fundación W.K. Kellogg], la Carnegie Corporation of New York [Corporación Carnegie de Nueva York], la Ford Foundation [Fundación Ford], la Ewing Marion Kauffman Foundation [Fundación Ewing
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Marion Kauffman] y otras, han invertido grandes sumas de dinero en programas y en el estudio de sus resultados. Este momento de renovada atención a la misión cívica de las universidades, ha impulsado la idea de una universidad totalmente comprometida de manera integral: asociaciones activas y vibrantes de la universidad, como institución, con estudiantes y ciudadanos, a través de apoyo y recursos para lograr cosas extraordinarias en la educación y en la transformación de comunidades en toda la nación. En los cincuenta estados, existen instituciones educativas que ofrecen programas de educación de servicio en cada uno de los niveles de la educación. A pesar de la intervención externa, la educación de servicio sigue siendo principalmente una actividad dirigida a nivel local, en la que la mayor parte de la toma de decisiones y el control ocurren de forma individual para cada programa. Los líderes comunitarios, estudiantes y educadores en las escuelas y organizaciones de todo el país siguen siendo elocuentes promotores de la educación de servicio.7
Evolución de la educación legal clínica en materia ambiental Un consultorio jurídico∗∗∗ es una institución educativa que opera como una firma de abogados. Los estudiantes de Derecho trabajan en consultorios jurídicos como estudiantes asociados, por lo general bajo la supervisión de profesores universitarios. Los estudiantes son responsables de casos reales y son tratados como abogados en ejercicio por los profesores supervisores, los jueces y por el abogado contrario. Estos pasantes están expuestos a la tensión del litigio, a condiciones de trabajo colegiado y a la comunidad legal ampliada.8 Una característica común de muchos consultorios jurídicos es su propensión a representar los intereses de grupos que tradicionalmente han sido incapaces de asegurarse una representación en disputas legales. Los consultorios jurídicos ambientales en que se litiga se están concentrando cada vez más en cuestiones de justicia ambiental, proporcionando servicios valiosos a clientes que anteriormente no eran representados.9
A. En los Estados Unidos
La educación legal clínica se desarrolló en los Estados Unidos a finales de los veinte, cuando estudiantes de Derecho de Yale comprometidos comenzaron a proporcionar ayuda legal a su comunidad sin recibir crédito, a través de acuerdos voluntarios.10 Para la década de los treinta, cinco escuelas de Derecho tenían consultorios jurídicos voluntarios y el concepto de educación legal clínica había "encontrado su camino en las publicaciones académicas."11 Los proponentes de los consultorios jurídicos consideraban que era importante que los estudiantes estuvieran expuestos a y participaran activamente en la práctica del Derecho.12 A través de consultorios jurídicos, los estudiantes podían aprender a desarrollar relaciones con clientes, así como técnicas de negociación y litigio.13 A finales de la década de los cincuenta, una cuarta parte de todas las escuelas de Derecho acreditadas ofrecían alguna forma de educación legal clínica, aunque los estándares para estos consultorios jurídicos variaban mucho.14
El enfoque de servicio comunitario de estos primeros consultorios jurídicos perseveró conforme el movimiento de consultorios jurídicos moderno surgió de la conciencia social en la década de los sesenta.15 En las décadas de los sesenta y setenta surgieron programas formales con fines de créditos académicos, como resultado de una creciente preocupación por que las escuelas de Derecho no estaban "denunciando y sensibilizando a los estudiantes en cuestiones de ética profesional [y] en las obligaciones morales y sociales inherentes a la profesión de abogado."16 Estos consultorios jurídicos se centraron en los principales problemas sociales de la época, tales como el derecho de la pobreza, los derechos civiles, derechos de la mujer, derechos del consumidor y protección del medio ambiente.17 La Escuela de Derecho de la Universidad de Oregon estableció el
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primer consultorio jurídico ambiental en 1976.18 Este consultorio jurídico "atrajo la atención a nivel nacional al ganar una serie de demandas de alto perfil."19 En 2010, aproximadamente una de cada cinco escuelas de Derecho tenían un consultorio jurídico ambiental.20
B. A nivel internacional
A pesar de que los consultorios jurídicos se originaron en los Estados Unidos, a nivel mundial hay un creciente interés en la educación legal clínica.21 En la actualidad operan consultorios jurídicos en casi todas las regiones del mundo.22 Conforme el derecho ambiental se convierte en un campo de especialidad de importancia, las escuelas de Derecho en todo el mundo están empezando a inaugurar consultorios jurídicos que se enfocan en Derecho Ambiental, con el fin de dar a los estudiantes de Derecho exposición práctica en este campo.23 En un congreso internacional de profesores de consultorios jurídicos que se especializan en el campo Ambiental, que se realizó en 2007, estuvieron representados países como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, la República Checa, India, Israel, Italia, Japón, Nepal, Nigeria, Noruega y Uganda.24 América Latina Durante la década de los noventa, América Latina experimentó una oleada en el surgimiento de consultorios jurídicos para asuntos de interés público, que emergieron en Argentina, Chile, Colombia y Perú.25 Los consultorios jurídicos en América Latina se remontan a la década de los sesenta, influenciados en parte por lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos.26 Sin embargo, estos primeros consultorios jurídicos todavía tenían que desarrollar una ideología basada en el interés público-‐ la idea de que su propósito era facilitar el acceso a la justicia para minorías insulares.27 Durante la década de los ochenta y noventa, la creciente influencia de los derechos humanos; junto con la evidencia de que la cultura jurídica formal dominante hacía poco por atender los problemas de inequidad, la exclusión social y la corrupción política, llevó a que se criticara la estructura de la educación legal de la región.28 Algunos estudiosos consideraron que los consultorios jurídicos podían proveer una respuesta a cómo las escuelas de Derecho podían ayudar a proporcionar justicia a las minorías insulares y promover una política social más justa y eficaz.29 Los consultorios jurídicos de la década de los noventa se centraron en cuestiones legales de interés público, tales como la libertad de expresión, derechos de las minorías, el debido proceso, los derechos humanos, y la aplicación de tratados.30 Las clínicas se involucraron en el litigio estratégico, tratando de conectar la escuela de Derecho con los asuntos sociales y con objetivos basados en la justicia social y en los derechos humanos.31 Tuvieron que pasar otros diez años para que los consultorios jurídicos de Derecho Ambiental se desarrollaran en América Latina, sin embargo, desde 2000 estos han surgido en las escuelas de Derecho en Argentina, Chile, Brasil y Costa Rica. La comunidad de defensa del medio ambiente en América Latina ha crecido "cada vez más diversa y sofisticada" durante los últimos diez años, con redes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, e incluso con "redes de redes", todo ello con un enfoque de defensa del medio ambiente.32 Aunque la educación en Derecho Ambiental en América Latina se ha "quedado atrás en cuanto a los avances en el Derecho Ambiental promovidos por la comunidad profesional de defensores"; donde apenas recientemente se reconoce el derecho ambiental como una disciplina diferenciada, la institución de los consultorios jurídicos ambientales es una forma en que las escuelas de Derecho, están poniéndose al día e involucrándose cada vez más en la defensa del medio ambiente.33
Educación legal clínica: La contribución de la escuela de Derecho a la educación de servicio Las escuelas de Derecho han estado involucradas en la educación de servicio desde su origen. Como se señaló en el apartado anterior, los consultorios jurídicos tuvieron su mayor
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prevalencia en la década de los sesenta, cuando la justicia social y la ley comenzaron a entrecruzarse plenamente. Desde entonces, la educación legal clínica ha sido el principal vehículo para la educación de servicio dentro del plan de estudios de la escuela de Derecho. El método proporciona habilidades prácticas de abogacía mientras que proporciona ayuda legal a clientes mal representados. Los cursos clínicos reflejan los valores esenciales de la profesión legal: la provisión de una representación competente, la promoción de la justicia, la equidad y la moral; la mejora continua de la profesión y el desarrollo profesional. El profesionalismo, desarrollado a través de la educación clínica, abarca no sólo el servicio a los clientes, sino también, una conducta ética y dedicación al bien público. Las escuelas de Derecho también proporcionan un laboratorio único para la justicia social, proporcionando un lugar donde los clientes no deseados y las estrategias no probadas pueden converger.
Modelos de consultorios jurídicos ambientales Conforme la educación de servicio en la educación superior se torna más frecuente, su estructura se vuelve cada vez más variada.34 La estructura institucional de la educación clínica, tanto en el ambiental como en otros campos, ha adquirido importancia en la determinación de la experiencia que recibe el estudiante y el producto que recibe el cliente. Algunas clínicas se centran en el estudiante-‐ trabajo y estudio, pasantías, investigación basada en la comunidad, experiencias internacionales, vacaciones de primavera alternativas, etc.-‐ mientras que algunos también prestan bastante atención a las alianzas comunitarias, formación del profesorado y el compromiso institucional. No hay una manera única y "correcta" de construir y sostener un programa de educación clínica. Los programas clínicos están determinados por los activos y las prioridades del campus y sus comunidades u organizaciones aliadas. Los consultorios jurídicos se desarrollan y evolucionan con el tiempo, según cambian los intereses y las iniciativas de los estudiantes y los administradores de turno. Las siguientes son preguntas que deben considerarse: las opciones de nombres, el ámbito académico, el personal y la estructura, que son muy dependientes de la misión institucional, la cultura y las circunstancias. Estas son consideraciones necesarias para iniciar un consultorio, proporcionando una plataforma para un amplio espectro de posibilidades en el diseño.
A. Cliente real o simulación Un curso de simulación es aquel en que el ambiente de aprendizaje simula la experiencia de la práctica en la vida real a través de la utilización de simulaciones de casos experienciales y de base pública. El objetivo es crear una simulación para los estudiantes, donde estos abordan de forma realista el contexto legal de situaciones reales en un entorno aislado. Los estudiantes asumen el papel de abogados que realizan tareas relacionadas con la ley en situaciones hipotéticas y bajo supervisión, con oportunidades para la realimentación y la reflexión. Los beneficios de este tipo de cursos es que son fáciles de crear, demandan pocos recursos y proporcionan un entorno de aprendizaje manejable y predecible para los estudiantes. El inconveniente de este tipo de cursos es que no hay una contribución a la comunidad y que pueden carecer de la impredecibilidad de un caso o controversia de “la vida real”, lo cual es un aspecto clave del aprendizaje experiencial. Un consultorio jurídico con cliente real es aquel en el cual los estudiantes trabajan para resolver un problema actual para un cliente real. Los consultorios jurídicos con cliente real cumplen con todos los propósitos de la educación de servicio y son el modelo típico utilizado para los consultorios jurídicos ambientales. A diferencia de un curso de simulación, los clientes reales obligan a los estudiantes a involucrarse plenamente en el sistema legal. Los consultorios jurídicos con cliente real demandan tiempo y recursos. Las consideraciones en el resto de este capítulo aplican sobretodo para los consultorios jurídicos con cliente real. A pesar de estas complejidades, los consultorios jurídicos con cliente real ofrecen mucho más, a los estudiantes, los profesores y la comunidad de lo que un curso de simulación jamás podría.35
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B. Naturaleza de la práctica Litigio: los estudiantes representan a clientes ante órganos jurisdiccionales. Los consultorios
de litigio pueden exigir de los estudiantes requisitos adicionales para la práctica que impone la ley del estado o país. Los estudiantes también están involucrados de lleno en el trabajo preparatorio requerido cuando se alista un caso para ir a juicio.
No contencioso (transaccional): un término general para los consultorios donde los estudiantes representan a las actividades legales no contenciosas de los clientes. Esto puede implicar la planificación, negociación y redacción de las transacciones, planificación individual, la organización de la comunidad, o participar en la creación de normas regulatorias y legislativas.
Resolución de conflictos: los estudiantes participan en negociaciones informales o como mediadores o árbitros neutrales. De nuevo, las leyes del estado o país pueden determinar si dichas negociaciones tienen algún efecto vinculante para las partes o si los estudiantes deben contar con alguna certificación especial para participar en esta práctica. Los consultorios de mediación se han vuelto cada vez más populares.
Judicial: los estudiantes trabajan en el sistema judicial, investigando y preparando informes. Esta es una forma menos común de consultorio, ya que no permite la representación de clientes en el sentido tradicional.
Organización de la comunidad: los estudiantes trabajan con grupos comunitarios para defender las cuestiones e inquietudes del grupo (es decir, desarrollo económico o la justicia ambiental). Los estudiantes pueden ayudar a los grupos afectados por un tema en particular a movilizarse y, con ello, generar más trabajo legal para el consultorio.
Actividad Legislativa: los estudiantes participan en la redacción de proyectos de ley y en proyectos de defensa en favor de clientes, buscando rectificación a través de la acción legislativa. La defensa legislativa puede implicar también reuniones con legisladores y funcionarios electos, o participar en audiencias legislativas en nombre de los clientes. Los estudiantes y profesores deben tener la precaución de asegurarse que no se violen restricciones al cabildeo.
Defensor del pueblo/Defensa informal: los estudiantes abogan en nombre de los clientes para llegar a soluciones informales, no contenciosas, para los problemas de la comunidad.
Interdisciplinario: el tema del consultorio atraviesa diferentes áreas académicas o temáticas (es decir, un consultorio Ambiental y de Derechos Humanos).
Híbrido: un consultorio que incorpora dos o más de los tipos de consultorios antes mencionados. La mayoría de los consultorios no se limitan a una forma específica, sino que su naturaleza se determina según las necesidades de los clientes y los recursos disponibles.
C. El grado de representación
Representación completa es cuando un consultorio podría permitir a los estudiantes que
manejen todo el caso, hasta su conclusión, como lo harían en una firma de abogados. Este modelo coloca la mayor parte de la responsabilidad en los estudiantes, lo cual a menudo puede ser lo más gratificante. Sin embargo, la duración de muchas de las transacciones o litigios puede tomar más tiempo que la participación de cualquier estudiante individual en el consultorio. Esto hace el papel del supervisor del consultorio especialmente importante.
Representación parcial permite a los estudiantes prestar una asesoría inicial. Los estudiantes pueden evaluar los casos, ayudar cuando puedan, pero en última instancia, remitir al cliente a otra empresa o agencia. El estudiante también puede proporcionar una preparación preliminar, como por ejemplo, investigación fáctica y legal sobre el caso para el cliente, o proveer servicios de defensa legal.
Supervisión de la facultad es crucial, no importa qué grado de representación se decida. Los miembros de la facultad se aseguran de que los estudiantes no brinden asesoramiento
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inexacto ni se involucren en ejercicio ilegal de la profesión. Dependiendo de la legislación del país, los profesores podrían estar obligados a supervisar las acciones de los estudiantes. Por ejemplo, un alumno puede ser capaz de presentar un caso pro se de Derecho Ambiental ante un tribunal constitucional, sin supervisión, pero no de representar a un cliente en una corte penal. Un profesor, que actúa como abogado supervisor, es vital para los estudiantes que navegan por el sistema jurídico.
D. Estructura de la clínica Consultorio jurídico de planta: cualquier consultorio en que profesores de tiempo completo
supervisan a los estudiantes en la representación directa de los clientes. El consultorio es parte integral de la escuela de Derecho y opera exclusivamente como un consultorio de práctica. Los profesores del consultorio trabajan directamente con los estudiantes para proveer servicios legales.
Consultorio externo: el consultorio funciona como una práctica legal fuera de la escuela de Derecho, en la que esta solamente se involucra mediante el uso de estudiantes y profesores para proporcionar profesionales al consultorio jurídico.
Pasantías: una oportunidad para que los estudiantes adquieran experiencia práctica en un ambiente de trabajo, al mismo tiempo que laboran para la organización que los acoge. Las pasantías pueden ser de tiempo completo o parcial. En un consultorio estructurado con base en pasantías, a los estudiantes se les asignan pasantías a través del consultorio y trabajan principalmente afuera de este para su cliente. El estudiante recibe créditos académicos, pero la supervisión docente se limita a la capacitación, realimentación reflexiva y coordinación de la pasantía con el cliente o la organización legal que representa a los clientes.36
Prácticas: las palabras "pasantía" y "práctica" con frecuencia se usan indistintamente.37 A menudo considerado como "aprendizaje por observación del trabajo” (“job shadowing”), los aprendices son supervisados minuciosamente por los empleados y proporcionan muestras de posibilidades de carrera.
Híbrida: una experiencia académica en la que los estudiantes son colocados en oficinas de servicios legales y oficinas legales de gobierno fuera de la escuela. El trabajo cotidiano es generalmente supervisado por un abogado fuera de la escuela. Los consultorios híbridos normalmente contienen componentes tanto de programas de planta como de pasantía/práctica.38
Curso de experiencia práctica: un curso diseñado para proporcionar a los estudiantes experiencia práctica supervisada, en la cual los estudiantes aplican las habilidades aprendidas a una situación. Estos cursos utilizan la implementación focalizada de casos de estudio teóricos y prácticos a un escenario de trabajo real. Un profesor supervisor, que busca minimizar el elemento de incertidumbre, sigue muy de cerca este curso. La diferencia entre un curso de experiencia práctica y una pasantía yace en que el enfoque de este es más en el aprendizaje y el de una pasantía más en el trabajo de campo.
Consultorio de cliente único: un consultorio que sólo presta servicios a un cliente, que suele ser una organización. La estructura puede implicar que el cliente único envía el trabajo al consultorio, o este proporciona trabajadores-‐estudiantes a la organización de acuerdo con el modelo de pasantía/práctica. El consultorio y la organización a menudo son parte de una alianza formal.
E. Situación académica
Un consultorio curricular deposita la mayor parte de la responsabilidad en los estudiantes, ya que estos trabajarán por una calificación y por créditos. También se requerirá que los miembros de facultad se involucren más fuertemente en asegurarse que el consultorio se estructure de tal
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manera que los estudiantes estén aprendiendo activamente. El consultorio es en si un curso de estudio.39 Un consultorio co-‐curricular impone obligaciones similares a los estudiantes para que se involucren con el consultorio de forma paralela a su trabajo académico; asimismo impone la obligación a los miembros de facultad de asegurarse que el consultorio y el aprendizaje se entrelazan. Si bien un consultorio co-‐curricular está menos involucrado que un consultorio curricular; el primero sigue los mismos principios generales, sin todos los requisitos de una estructura curricular. La clínica complementa, pero no es totalmente parte del día a día del plan de estudios del estudiante. Se pueden otorgar créditos, pero la actividad es a menudo impulsada y dirigida por estudiantes. En el sistema de educación en Derecho de los Estados Unidos, los simulacros de juicio y los diarios editados por estudiantes funcionan de esta manera. Un consultorio extra-‐curricular se sale del ámbito del plan de estudios normal del estudiante. La participación en este es totalmente voluntaria y los estudiantes probablemente no reciben créditos académicos por su participación. Debido a su naturaleza extra-‐curricular, el éxito del consultorio jurídico es altamente dependiente de la participación voluntaria tanto de los estudiantes y como de miembros de facultad.
F. Educación de servicio no clínica en Derecho Ambiental Un profesor de derecho con interés por desarrollar un programa de educación de servicio en Derecho Ambiental podría no querer involucrarse inicialmente en un programa pleno de consultorios. Puede ser que no haya suficiente aceptación institucional para la idea o que el profesor no tenga tiempo para dedicarse a ello debido a otras responsabilidades. En estas circunstancias, es posible que haya otras oportunidades para alcanzar objetivos más modestos e igual proporcionar las oportunidades de educación de servicio que los estudiantes desean. Un ejemplo es el de tomar un curso existente y desarrollar un componente de habilidades que requiera que los estudiantes completen un proyecto que tenga un contexto del mundo real e incluso requerir interacción con actores interesados que podrían beneficiarse de los conocimientos desarrollados por los estudiantes. Un miembro de facultad también podría replantear un curso electivo existente, tal como un seminario, y diseñar proyectos que se ocupan de "problemas del mundo real", basándose en las necesidades de organizaciones no gubernamentales y comunidades, que puedan proporcionar realimentación respecto a los productos del trabajo de los estudiantes. Este tipo de curso es algunas veces llamado practicum o curso de experiencia práctica. Una característica clave de este tipo de curso es la ausencia de una relación abogado-‐cliente y de la expectativa de que los estudiantes continuarán interactuando con el proyecto al final del período académico. Un ejemplo de ello, en un contexto latinoamericano, es el trabajo del profesor Álvaro Sagot, un profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica, en el campus satélite ubicado en San Ramón de Alajuela. Como parte de su curso de Derecho Ambiental, el profesor Sagot solicita a sus estudiantes que vayan al campo e identifiquen un asunto en el que se incumple la legislación ambiental. Luego, utilizando la legislación de corte liberal de Costa Rica, los estudiantes presentan denuncias administrativas ante las instituciones competentes para administrar las leyes. Los estudiantes del Profesor Sagot también han presentado denuncias constitucionales en nombre propio.
Creando la infraestructura de un programa de consultorios Hay muchos aspectos técnicos institucionales involucrados en la construcción de un programa de consultorios. Aunque cada programa educativo es único, los siguientes consejos deben considerarse cuando intenta construir un programa de consultorios.40
• Identificar las políticas institucionales y los procedimientos que el consultorio debe seguir.
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o ¿El consultorio será objeto de revisión curricular por la facultad o la administración? o ¿Se requerirá que los clientes, casos y proyectos sean aprobados por alguien fuera
del consultorio, por ejemplo, la administración o un comité revisor de la facultad? o ¿Cuál es la duración prevista del consultorio (por ejemplo, un semestre o un año)? o ¿Cuántos créditos u horas de servicio se asignarán por la participación en el
consultorio? • Identificar la potencial responsabilidad que el consultorio traerá a la universidad y cómo se
manejará el riesgo. o ¿Está el consultorio cubierto por un seguro por malapraxis u otro tipo de
responsabilidad? o ¿Existen modelos de contrato que deben ser firmados por todos los clientes
potenciales? o ¿Quién es responsable de la supervisión y la seguridad de los estudiantes en las
colocaciones fuera del sitio del consultorio? • Establecer el apoyo de los decanos, los administradores, de otros miembros de facultad y de
otros recursos internos. o ¿Existen asociaciones de estudiantes que podrían ayudar a obtener apoyo? o ¿Existen asociaciones profesionales no-‐académicas que puedan ayudar (por
ejemplo, el colegio de abogados)? • Identificar el personal y las necesidades especiales del consultorio.
o ¿Se asignará al consultorio un espacio? o ¿Cómo adquirirá y administrará el consultorio los suministros necesarios? o ¿El consultorio requerirá personal de apoyo adicional (de oficina, administrativo,
abogados de planta)? o ¿Cuál será el ratio administrativos-‐estudiantes? o ¿El cuerpo docente recibirá una compensación adicional o una reducción de la carga
docente por la supervisión de los consultorios? • Intentar prever las cuestiones logísticas con los clientes.
o ¿Los estudiantes están viajando a lugares fuera del sitio del consultorio? o ¿Quién está pagando los gastos de viaje, costas, etc.? o ¿Están los clientes viniendo a la escuela de Derecho? o ¿Cuáles son los procedimientos para los estudiantes en la oficina del consultorio? o ¿Cómo van a ser manejados los casos?
Registros de entrevistas, asistencia a los tribunales, base de datos de clientes, etc.
• Entender las limitaciones de financiamiento. o ¿Está permitido que la clínica busque financiamiento externo? o ¿Qué los ata? o ¿Se necesita que el consultorio sea autosostenible?
Pedagogía: Estrategias de instrucción
A. Desarrollo de habilidades El consultorio jurídico es un modelo de enseñanza orientado al cliente y centrado en el servicio. Este modelo se encuentra sujeto al desarrollo de habilidades, pues los consultorios enseñan a los estudiantes las habilidades profesionales básicas que son necesarias para realizar trabajo legal. Los supervisores del consultorio pueden emplear herramientas de enseñanza tales como discusiones conceptuales de la tarea por cumplir, práctica simulada a través de juegos de roles y la delegación supervisada de casos reales.
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Muchos consultorios jurídicos también exigen que los pasantes lleven a cabo los detalles mecánicos de la gestión de casos como parte de su pasantía. Se les puede solicitar que organicen expedientes multi-‐casos, anoten los acontecimientos del caso, documenten la presentación de documentos y correspondencia, fijen reuniones y acontecimientos relevantes, manejen y registren las horas que se pueden cobrar, y coordinen fechas límite en los calendarios colaborativos.
B. Aprendizaje reflexivo
La reflexión proporciona a los pasantes la oportunidad de considerar sus experiencias y formas de mejorar los resultados. Los diarios de estudiante y las entrevistas son dos métodos de aprendizaje reflexivo. Ambos métodos fomentan el establecimiento de metas, permiten al profesorado supervisor una oportunidad de realimentar, y proporcionan a los profesores supervisores más con qué trabajar, con el fin de evaluar el desempeño del estudiante. Muchos consultorios solicitan a los pasantes que completen algún tipo de producto de trabajo por escrito como parte de la experiencia en el consultorio. Estos pueden incluir acuerdos con los clientes, memorandos y actualizaciones de caso para los abogados supervisores, documentos sobre política con recomendaciones específicas para cada cliente, o reportes de investigación diseñados para mejorar el conocimiento institucional.
C. Enseñanza en el aula Muchos consultorios incluyen un componente de enseñaza en el aula o de seminario como parte de la experiencia del consultorio. Este componente de enseñanza en el aula puede incluir instrucción de fondo sobre doctrinas específicas relacionadas con el trabajo clínico que se realiza, la política social o la evaluación basada en el valor del trabajo a realizar o de los clientes por atender; sobre la administración de una oficina legal y las habilidades prácticas, la teoría de la abogacía y las habilidades de la práctica; así como el ejercicio ético en la profesión legal.
D. Proyectos colaborativos o interdisciplinarios Muchos consultorios colocan a los estudiantes en equipos para trabajar juntos en un solo proyecto o unen a estudiantes de derecho con estudiantes de otras disciplinas que trabajan en los proyectos del consultorio. Estos enfoques muestran a los estudiantes la importancia de la interdependencia en la práctica del derecho y les desafía a ir más allá del ambiente individualizado y competitivo del aula; hacia la colaboración, así como hacia el respeto a otras disciplinas y puntos de vista.41
Dificultades
A. Financiamiento En general, la falta de fondos monetarios es el mayor desafío que enfrenta la educación legal clínica.42 Debido al bajo ratio alumno-‐docente, los consultorios jurídicos son muy costosos para las escuelas de derecho, en comparación con los cursos magistrales con grandes cantidades de alumnos.43
Dinero "duro": financiación directa de la universidad; a menudo, el dinero duro es difícil de obtener debido a las restricciones presupuestarias de la universidad, y del bajo ratio alumno-‐docente.44
Dinero "blando": la financiación externa (por ejemplo, a través de becas), también es difícil de obtener y poco confiable.45 El dinero blando corre el riesgo adicional de someter a la clínica a interferencia externa de los donantes, lo cual se discutirá en la siguiente sección.
Capital semilla: la universidad o un donante aportan fondos durante algunos años, con la expectativa de que con el tiempo el consultorio será financieramente autosuficiente.46
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Honorarios del abogado: los honorarios de abogado son a menudo difíciles de conseguir en el campo del derecho ambiental y no pueden cobrarse hasta que termine el litigio; incluso, algunas veces es necesaria una acción separada para cobrarlos. Un consultorio jurídico que depende de honorarios de abogado para sostenerse, podría no contar con financiación por un periodo considerable de tiempo.47
B. Formalismo legal y rigidez curricular
"Rigidez curricular" es un término técnico utilizado para describir las reglas innecesarias que limitan el número de horas que un estudiante puede dedicar a cursos no-‐doctrinales y electivos.48 Algunos han observado que el plan de estudios en las universidades de Derecho Civil tiende a ser limitado en su oferta de cursos de habilidades, con pocos cursos electivos, además el cambio curricular en América Latina tiende a ser "lento y engorroso, lo que dificulta la introducción de nuevos cursos en horarios que de por si ya están saturados."49 La razón detrás de esto es el "formalismo jurídico", el tratamiento del Derecho como ciencia, donde el propósito de la educación jurídica es instruir a los estudiantes en los elementos de esta ciencia.50 En un régimen de educación jurídica formalista, "los cursos [p]rácticos no existen o no son importantes [pues] el objetivo de la educación no es el desarrollo de habilidades, sino adquirir información."51 El método de enseñanza primario es a través de lecciones magistrales, en que los "[p]rofesores conocen el tema y lo enseñan a los estudiantes, que tienen muy pocas cosas para contribuir al proceso educativo."52 Dos resultados problemáticos de la educación jurídica formalista es que los egresados de la escuela de Derecho tienen dificultades para aplicar lo aprendido como abogados practicantes, además de que no han estado expuestos a la mayor responsabilidad social que tienen los abogados: el promover la justicia para todos los elementos de la sociedad.53 Obstáculos para la creación de consultorios jurídicos ambientales que plantea el formalismo legal y la rigidez curricular
• La oposición política de las autoridades universitarias, decanos y profesores, debido a (1) sospechas de los miembros de facultad que los consultorios se asocian con perspectivas políticas, y (2) el temor de los académicos formalistas que los consultorios amenacen el dominio del formalismo jurídico en la escuela de Derecho.
• Falta de voluntad política para contratar a los profesores del consultorio o para redistribuir las cargas de trabajo existentes, para que estos profesores tengan tiempo para trabajar en los consultorios jurídicos.
• Rigidez inherente en la estructura y los procedimientos de toma de decisiones de la de la escuela de Derecho que impide, ya sea la creación de consultorios o que hace el procedimiento para su creación extremadamente lento.
• Falta de interés de los estudiantes-‐ los estudiantes pueden menospreciar el trabajo legal del consultorio jurídico porque la educación legal formalista no ha hecho hincapié en sus beneficios e importancia.54
Estrategias de lucha contra el formalismo legal y la rigidez curricular
• Crear publicaciones y organizar eventos académicos para discutir alternativas al formalismo jurídico y los beneficios de los consultorios jurídicos. Se debe hacer énfasis en la importancia de la educación legal clínica y el rol de las escuelas de derecho en servir a la sociedad.
• Promover entre los estudiantes la importancia de la educación legal clínica para sus propias carreras, así como los beneficios a la sociedad.
• Crear o fortalecer los vínculos con escuelas de Derecho que ya han establecido consultorios.55
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C. Interferencia política con consultorios en los Estados Unidos
En 1969, la American Bar Association [ABA-‐ Colegio de Abogados de Estados Unidos] promulgó la ABA Model Student Practice Rule [Regla Modelo de la ABA para la Práctica de Estudiantes], que indicaba que el gremio tenía el deber de colaborar en "la prestación de servicios jurídicos competentes para. . . clientes que no pueden pagar por esos servicios y para alentar a las escuelas de derecho a impartir educación clínica."56 El propio ABA promueve programas clínicos para promover el acceso a la justicia mediante la representación de clientes y causas pobres e impopulares.57 Sin embargo, en su intento por cumplir esta misión, el profesorado clínico y los estudiantes de derecho toparon con que ciertos políticos, intereses empresariales, e incluso funcionarios de la universidad atacarían algunas veces a los consultorios de las escuelas de Derecho por su elección de clientes y casos.58 Quizás el problema más grave que enfrentan los consultorios jurídicos ambientales en los EE.UU. es la interferencia externa y los ataques políticos.59 En vista que los consultorios jurídicos ambientales a menudo representan a clientes para quienes sería poco probable obtener servicios legales fuera del consultorio, y estos clientes suelen pedir resarcimiento por supuestos comportamientos destructivos del medio ambiente por intereses económicos o por gobiernos; los consultorios jurídicos ambientales pueden enfrentar hostilidad.60 ¿Por qué? "[L]a verdadera preocupación de los críticos de los consultorios jurídicos es que estas “están presentando demandas, que no se presentarían del todo si la clínica no lo hiciera”.61 Los clientes de los consultorios jurídicos ambientales adoptan frecuentemente posiciones anti-‐desarrollo y de lucha contra la contaminación, que ponen en peligro importantes intereses económicos y políticos firmemente establecidos.62 Los casos de Derecho Ambiental, por su naturaleza, a menudo tienden a poner en peligro algún interés económico.63 Los consultorios jurídicos ambientales que dan apoyo a clientes con este tipo de posiciones, han sido amenazados con la revocación de su financiamiento, con demandas y con legislación que limitaría la naturaleza y el alcance de su representación. ¿Cómo?
Financiamiento Las escuelas financiadas por el presupuesto estatal son especialmente vulnerables a la interferencia externa de los poderes legislativos por medio de amenazas de retener fondos para el consultorio, la escuela de Derecho o la universidad.64 El desacuerdo con el uso del dinero de los impuestos para financiar servicios legales para los pobres o para financiar demandas que, podrían resultar en exigencias al estado de tomar algún tipo de acción, han llevado a los gobiernos estatales a amenazar con la revocación del financiamiento si el consultorio no cumple con las peticiones del estado de abandonar la causa sobre la que existe desacuerdo.65 A pesar del llamado de la ABA para proveer servicios legales a clientes de escasos recursos y poco populares, existe la percepción que, hasta cierto punto, es inapropiado que una institución financiada por el estado lo demande; por lo tanto los poderes legislativos estatales intentarán condicionar a la universidad la recepción de fondos públicos a que esta no demande al estado.66 También, los acusados privados, descontentos, pueden apoyar las iniciativas del gobierno estatal contra los consultorios jurídicos ambientales en instituciones financiadas por el estado.67 Las escuelas de Derecho privadas son susceptibles a ataques similares por sus benefactores, exalumnos y consejos de administración.68 Algunos contribuyentes financieros podrían tratar de influir en la política de los consultorios con sus donaciones o ejercer presión financiera sobre la
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escuela de Derecho, con el fin de eliminar un consultorio jurídico que consideren cuestionable.69 Los mismos principios se aplican al dinero blando, como el de las fundaciones y las donaciones.70 Los exalumnos, en particular, son también potenciales empleadores de los estudiantes de derecho que se gradúan, quienes, frente a un difícil mercado de trabajo, pueden evitar participar en un consultorio que sienten que un exalumno puede desaprobar.71
Demandas SLAPP (por sus siglas en inglés) Otro de los obstáculos que los consultorios jurídicos ambientales en los EE.UU. pueden enfrentar se conoce como “Demanda Estratégica en Contra de la Participación Pública” o demanda SLAPP, una herramienta de litigio utilizada por las partes demandadas en casos de Derecho Ambiental para intimidar a las partes demandantes para que no continúen con sus reclamaciones en los tribunales.72 Las demandas SLAPP combaten las demandas ambientales con acciones del derecho anglosajón por responsabilidad extracontractual, como la difamación, interferencia con el contrato, la restricción del comercio, el abuso de proceso o persecución maliciosa.73 "La mayoría de las demandas SLAPP son desestimadas antes del juicio. . . [su] objetivo no es la victoria legal, sino la intimidación."74 Las demandas SLAPP son básicamente una herramienta de intimidación utilizada por los abogados, que en el caso de los consultorios jurídicos ambientales, se aprovecha de la inseguridad económica comparativa de los estudiantes y directores de los consultorios, así como de clientes indigentes.75 Los demandantes representados por el consultorio ambiental, ante la posibilidad de enfrentar cobros legales potencialmente ruinosos y el riesgo de responsabilidad civil, retiran su demanda a cambio de que el demandado abandone su demanda SLAPP.76
Legislación Una tercera forma en que los opositores de los consultorios jurídicos ambientales intentan reprimirlos es a través de la legislación. A lo largo de los años los consultorios jurídicos en varios estados en los Estatutos Unidos se han enfrentado a intentos legislativos de poner fin al financiamiento estatal de sus escuelas de Derecho, crear comités de facultad para seleccionar los casos en los que trabajarán los consultorios, evitar que estos presenten demandas en contra de subdivisiones del estado o políticas, evitar que los profesores de Derecho asistan en litigios contra el estado, y prohibir cursos, consultorios o clases en que los estudiantes asistan o participen en cualquier acción legal contra un estado, entre otros ejemplos.77 El éxito de estas iniciativas ha variado. Legado
• En algunos casos, las restricciones legislativas o universitarias impuestas han evitado que los consultorios jurídicos ambientales representen ciertos clientes, promuevan ciertos tipos de demandas judiciales, o contra ciertas partes.78
• Lo más común es que los consultorios jurídicos ambientales se auto impongan restricciones similares por temor a que estos casos pongan en peligro la continuidad del consultorio.79 Los consultorios jurídicos ambientales que han experimentado este tipo de intimidación son cuidadosos con los casos que aceptan y a menudo intentarán evitar casos con "alto perfil".80
• Los consultorios jurídicos ambientales que intencionalmente toman casos desafiantes o controversiales con el fin de exponer a los estudiantes a cuestiones legales más complejas, corren un mayor riesgo de ser blanco de la interferencia política.81
• En última instancia, las más grandes víctimas de la interferencia política son los potenciales clientes, cuyos derechos se han perdido debido a la falta de representación legal.82
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Medidas preventivas Es difícil determinar en qué medida los programas clínicos en América Latina encuentran o podrían potencialmente encontrar interferencia política, sin embargo, algunas lecciones de la experiencia de los EE.UU. se detallan a continuación:
• El objetivo de aquellos que interfieren con los consultorios jurídicos ambientales es intimidar al profesorado del consultorio o a los administradores de la universidad para que eviten los casos en contra de determinadas empresas o entidades gubernamentales.83 Cuando una clínica abandona o se niega a tomar un buen caso por temor a la interferencia, la clínica está sucumbiendo a esta intimidación.84
• Antes que tener apoyo en una instancia de interferencia política, es importante que el consultorio jurídico ambiental cuente con el apoyo de la comunidad académica y legal, así como de la comunidad ampliada.85
o "[C]ultivar el apoyo para los programas clínicos por parte del profesorado que no es parte del consultorio y de los decanos de la escuela de Derecho es clave para resistir la interferencia política. Este apoyo generalmente fluye al explicar lo que la clínica hace y como los casos son seleccionados con base en valores pedagógicos y, cuando se trata de un objetivo del consultorio, con base en las necesidades legales de la comunidad".86
o Cultivar contactos en los medios de comunicación locales también es importante. Explíqueles la importante labor que la clínica está haciendo.87
• En el caso de interferencia política, es importante identificar la intervención tan pronto como surge, y tomar medidas para mitigar el efecto deseado.
Casos seleccionados y casos de estudio sobre educación clínica en Derecho Ambiental Los estudios de caso a continuación ofrecen una breve descripción de unos cuantos consultorios jurídicos ambientales, que ilustran la diversidad en la forma y función de la educación legal clínica en América Latina. Las descripciones de los consultorios jurídicos ambientales incluidos se basan en el conocimiento personal de los autores . Las formas de educación de servicio en general, y las de educación de servicio en Derecho Ambiental, en particular, son más numerosas y diversas en la región. En los Estados Unidos existen más de 30 consultorios jurídicos ambientales que emplean una amplia variedad de modelos. Se ha seleccionado un ejemplo para proporcionar una advertencia sobre el efecto de la interferencia política en las actividades del consultorio.
A. Costa Rica: El Consultorio Jurídico Ambiental de la Universidad de Costa Rica
Historia El consultorio jurídico ambiental de la Universidad de Costa Rica inició en 2002 como un proyecto de voluntariado de un grupo de estudiantes de Derecho de Costa Rica, con el apoyo del Decano de la Facultad de Derecho, uno de los líderes académicos y litigante en Derecho Ambiental del país. Inicialmente contó con apoyo financiero y supervisión del profesorado asociado al Programa Conjunto sobre Derecho Ambiental entre la Universidad de Florida y la Universidad de Costa Rica, una relación que continúa de forma más limitada. El Consultorio también ha disfrutado de una relación informal con una organización de Derecho Ambiental sin fines de lucro, CEDARENA (Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales), y, más recientemente, con una organización de apoyo a la comunidad conocida como CoopeSolidar.
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Estructura y Metodología El consultorio jurídico de la UCR representa un modelo híbrido de planta, aunque su participación en litigio ha sido limitada. Cuenta con un abogado supervisor a tiempo parcial y un espacio físico exclusivo para sus actividades. Los estudiantes no reciben créditos académicos, pero todos los estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica deben participar en un consultorio jurídico y deben registrar 250 horas como requisito de graduación de la Facultad de Derecho. Historia de éxito El intenso uso de agroquímicos en las fincas bananeras y piñeras, incidió en la alta frecuencia de eventos de mortandad de peces y otros animales en los ríos del caribe costarricense. A pesar de las directrices para el adecuado manejo de estos insumos, hubo una copiosa cantidad de accidentes o descuidos a raíz de los cuales productos altamente tóxicos terminaban en los ríos. La mancha de contaminación fue provocando la progresiva muerte de los animales río abajo hasta llegar al litoral. Allí se afectaron también animales que como la tortuga marina que llegan a desovar a las playas. A raíz del aumento en la frecuencia de estos eventos grupos ambientalistas, preocupados por el impacto de los derrames de agroquímicos, buscaron al Consultorio Jurídico Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), en procura de alternativas legales para resolver este problema. En este caso, el consultorio inició con una investigación del problema, a través de giras de campo y del estudio de las normativa vigente. De la investigación, los estudiantes sugirieron que en lugar de establecer acciones judiciales contra las empresas bananeras se trabajara en la prevención de los derrames mediante un manejo sistemático, como si se tratase de una emergencia. Esta estrategia permitiría tener mayor acceso a las empresas bananeras y las empresas asociadas que manejan los agroquímicos. Con ellas se planteó la necesidad de contar con un plan de acción para, de ser posible, contener los derramamientos de agroquímicos y evitar que la mancha de contaminación continuara río abajo. El plan sugerido se articuló en la forma de un protocolo para el manejo de derramamientos de agroquímicos en los ríos. El protocolo fue diseñado por los estudiantes y apoyado por las empresas más importantes del sector bananero del Caribe. El protocolo requiere para empezar dar aviso a los actores río abajo sobre el derramamiento. Señala además los pasos a seguir para su contención o neutralización. El protocolo requiere la documentación de cada evento de derramamiento. Esto, lejos de perjudicar a las empresas, más bien las ayuda ya que la documentación permite identificar los responsables dentro de la cadena de mando de la empresa. Esta información es útil para el manejo judicial del caso, así como para la mejora progresiva del protocolo mismo. En la actualidad el protocolo sigue vigente y en continua actualización.
B. Argentina: El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente
Historia CEDHA fundó la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Medio Ambiente en 2003, en Córdoba, Argentina, en asociación con la Universidad Nacional de Córdoba.88 Los objetivos de la clínica fueron tres: (1) "utilizar el sistema provincial de legislación ambiental, hasta ese momento inactivo, para litigar contra la degradación ambiental en la ciudad y sus alrededores" y aumentar la conciencia sobre las conexiones entre la degradación ambiental y violaciones de los derechos humanos; (2) "proveer servicios legales gratuitos a las víctimas pobres e indigentes de los daños ambientales", y (3) introducir a los estudiantes de Derecho al trabajo de interés público y crear futuros defensores de la justicia ambiental.89 "Con el tiempo, CEDHA se convirtió en el único operador de la Clínica, y lo continúa siendo hoy en día, con algo de supervisión y asistencia administrativa de la Universidad."90
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Estructura y Metodología Los estudiantes que participan en la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Medio Ambiente reciben créditos obligatorios de práctica.91 En su primer año de funcionamiento, seis estudiantes participaron como pasantes de la clínica.92 Para el segundo año, la clínica fue capaz de tomar veinte pasantes y mantener una lista de cerca de diez casos.93 Estos veinte pasantes se dividen en tres grupos pequeños, cada uno de los cuales maneja tres a cuatro casos.94 "Al empezar a trabajar en un caso determinado, un grupo prepara un memorando inicial en que se presentan los hechos del caso, identificando numerosas posibles estrategias para abordar el litigio y apuntando a los posibles contra-‐argumentos."95 Las reuniones y discusiones subsiguientes permiten a los estudiantes trabajar juntos y con su coordinador para perfeccionar las diversas estrategias legales propuestas.96 A continuación, el grupo selecciona las dos estrategias con las que es más probables que se produzca un resultado favorable y las presenta a toda la clínica para más discusión y perfeccionamiento.97 "Cuando es posible, los estudiantes presentan y argumentan los casos ante los órganos administrativos y judiciales pertinentes, en caso contrario, los abogados de planta de la Clínica gestionan el proceso legal formal en nombre de los estudiantes."98 Los casos son seleccionados por la clara conexión entre la degradación ambiental y violaciones de los derechos humanos, ya que estos casos son los que tienen mayor potencial para conseguir un resarcimiento.99 Además, los pasantes algunas veces preparan informes amicus curiae apoyando casos ambientales administrados por otros abogados y organizaciones.100 Historias de éxito
Cañada Honda, Edisur Los planes de una corporación para construir un gran complejo de apartamentos cerca de un canal natural de Córdoba amenazaba con la destrucción del canal, con una posible sobrecarga de la red de alcantarillado, y con el agravamiento de los problemas de tráfico. Con la ayuda de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Medio Ambiente, la comunidad de forma exitosa obligó al municipio a suspender la construcción mientras estuviera pendiente la revisión del cumplimiento de las regulaciones locales por parte de la corporación.101
Chacras de la Merced Una comunidad pobre de Córdoba, sin acceso al sistema de abastecimiento de agua municipal, sufría de enfermedades gastrointestinales y otras enfermedades como consecuencia de la contaminación de su pozo de agua por un contaminante vertido por una planta de tratamiento de aguas residuales cercana. La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Medio Ambiente facilitó el análisis científico de los niveles de contaminación en los pozos y presentó los resultados ante un juez provincial, que ordenó a la ciudad de Córdoba proporcionar agua potable a la comunidad.102
San Vicente La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Medio Ambiente obtuvo una orden de suspensión de la construcción de una torre de antena celular en el barrio de San Vicente en espera de una investigación exhaustiva sobre los posibles impactos ambientales del proyecto y del cumplimiento por la empresa de comunicación de los requisitos de construcción municipal. El permiso de construcción fue posteriormente revocado a la empresa.103
C. Brasil (Amazonas) En los últimos años, la Amazonía brasileña ha estado plagada de problemas sociales y ambientales. Los conflictos rurales por la tenencia de la tierra y por los derechos indígenas han coincidido con la deforestación. La deforestación ha reducido la Amazonía brasileña al 17% de sus
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bosques lluviosos originales; una aplicación ineficiente e ineficaz de la ley ha fallado en la adecuada preservación de las "áreas protegidas" de Brasil.104 En reconocimiento de esta situación, la Universidad de Florida lanzó una iniciativa plurianual que se conoce como la “Amazon Conservation Leadership Initiative” ["Iniciativa de Liderazgo para la Conservación del Amazonas"], patrocinada por la Gordon and Betty Moore Foundation [Fundación Gordon y Betty Moore]. Un pequeño componente de este esfuerzo fue la promoción de la educación en Derecho Ambiental en la Amazonía y, en particular, el desarrollo de consultorios jurídicos ambientales. Este esfuerzo se inició con la Universidad Federal de Mato Grosso, que ya había adoptado la idea de la educación de servicio en Derecho Ambiental. Entre 2007-‐2010, abogados brasileños de los estados amazónicos de Mato Grosso, Pará y Amazonas participaron en el Programa Conjunto sobre Derecho Ambiental de la Universidad de Florida y la Universidad de Costa Rica, que tuvo una duración de seis semanas, con el propósito expreso de diseñar los consultorios jurídicos ambientales y la aplicación de estos diseños una vez que regresaran a sus estados de origen. Universidade Federal de Mato Grosso El consultorio jurídico ambiental en la Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) ofrece práctica profesional para los estudiantes y el asesoramiento legal y defensa de las comunidades pobres y las ONG.105 El consultorio también ofrece servicios de consultoría a agencias administrativas, como la oficina de la procuraduría estatal y la agencia estatal de protección del medio ambiente. Otros servicios incluyen conferencias de formación en Derecho Ambiental, publicaciones e investigación para la mejora legislativa.106 La clínica está supervisada por profesores de Derecho y abogados, en particular, un abogado supervisor y el director de la Facultad de Derecho UFMT. El cuerpo estudiantil del consultorio está compuesto por voluntarios y estudiantes de cuarto año de derecho, que reciben créditos académicos por su participación en la clínica. Los miembros son responsables de los casos, las opiniones y consultas legales y se seleccionan por medio de un examen de preguntas subjetivas y una entrevista. Un prerrequisito de elegibilidad para las becas es concluir un curso de Derecho Ambiental que se ofrece anualmente en la UFMT. Los voluntarios son estudiantes asociados a un grupo de investigación, y son responsables de las opiniones, las publicaciones científicas, de la investigación jurídica, y otros proyectos. Los grupos de investigación se reúnen semanalmente para participar en lecturas, discusiones, debates, seminarios y conferencias.107 Universidade Federal do Pará En 2009, la Universidad Federal de Pará (UFPA), comenzó sus esfuerzos para crear un consultorio jurídico ambiental108, lo cual culminó en su establecimiento formal en 2011. La clínica de la UFPA, el Escritório Modelo Agro-‐Ambiental (EMAM), se centra en la planificación territorial y en los problemas de protección ambiental en materia de derechos humanos, específicamente los derechos de los "pueblos tradicionales". EMAM ofrece apoyo a las ONG ante los tribunales, de consultoría para organismos administrativos, conferencias de capacitación y publicaciones enfocadas en Derecho Ambiental, e investigación para la mejora de las regulaciones agrarias y las leyes ambientales del estado.109 Universidade do Estado do Amazonas En 2011, los esfuerzos de profesores y estudiantes de la Universidade do Estado do Amazonas (UEA) resultaron en la creación de un consultorio jurídico ambiental propio, la Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental – CDHDA. El consultorio de la UEA ofrece apoyo judicial a las ONG ante los tribunales, de consultoría para las agencias administrativas, y conferencias de capacitación y publicaciones enfocadas en Derecho Ambiental; ha buscado tomar casos con un enfoque de interés público.110 Historia de éxito
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Aunque es relativamente nuevo, el consultorio jurídico de la UEA ha proporcionado asistencia factual y legal en la preparación de una petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La petición tiene por objeto proteger a miles de pueblos indígenas y ribereños en Brasil, amenazados por la inminente construcción de la represa de Belo Monte. Si se construye, esta será la tercera más grande del mundo.
D. Estados Unidos: Clínica de Derecho Ambiental de Tulane La Tulane University Law School [Escuela de Derecho de la Universidad de Tulane] inició la Tulane Environmental Law Clinic (TELC) [Consultorio Jurídico Ambiental de Tulane] en 1989. Los estudiantes y abogados supervisores del consultorio jurídico litigan "demandas ciudadanas"**** en materia ambiental.111 Cada año escolar, aproximadamente veintiséis estudiantes de derecho se unen al TELC para participar en una mejora enfocada e intensiva de sus habilidades de investigación, redacción, asesoría, negociación y de argumentación oral. Los estudiantes representan a clientes reales ante los tribunales y organismos administrativos. Desde su creación, el TELC ha proporcionado representación legal gratuita y asistencia comunitaria a organizaciones comunitarias, a personas de bajos ingresos y a gobiernos locales de todo Louisiana. TELC es financiada por fundaciones y contribuyentes privados, lo cual complementa la contribución de Tulane Law School [Escuela de Derecho de Tulane] al presupuesto del consultorio. Los veintiséis abogados-‐estudiantes de TELC reciben créditos académicos, pero no compensación. TELC también tiene unos cuantos miembros de su personal que si reciben remuneración. Historias de éxito112
• El 15 de abril de 2011, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Louisiana dictó una resolución de conciliación que resolvió un caso de aplicación de la Clean Water Act [Ley de Agua Limpia]. Esta resolución de conciliación prohíbe que Sun Drilling Products Corporation [Corporación Sun Drillig Products] descargue aguas residuales de proceso y exige la eliminación de este efluente en una planta de tratamiento autorizada. TELC representó a la Louisiana Environmental Action Network [Red de Acción Ambiental de Louisiana] en esta acción ciudadana de cumplimiento.
• El 18 de marzo de 2011, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Louisiana
concedió una moción conjunta para desestimar una demanda ciudadana basada en la Clean Air Act [Ley de Aire Limpio]. El acuerdo resultó de la participación de los clientes de TELC, Concerned Citizens Around Murphy [Ciudadanos Preocupados Alrededor de Murphy], en negociaciones globales de un acuerdo de conciliación con la EPA, Murphy, el Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana, y el Estado de Wisconsin. La resolución de conciliación resultante incluye el compromiso de Murphy de construir y operar una estación de monitoreo del aire ambiente adyacente a la Refinería Meraux.
• El 22 de febrero de 2011, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Missisipi
concedió al cliente de TELC, Gulf Restoration Network [Red de Restauración del Golfo], una sentencia sumaria en la que se indicaba que Hancock County Development, LLC [la compañía Hancock County Development] violó la Clean Water Act [Ley de Agua Limpia] en la construcción de un desarrollo residencial y comercial cerca de la Bahía de St. Louis. La empresa violó la Ley mediante la descarga de aguas pluviales a los arroyos de la zona sin un permiso estatal para descarga y mediante la destrucción de los humedales sin un permiso del U.S. Army Corps of Engineers [Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU.]
Instancias de interferencia política TELC se ha enfrentado a numerosos casos de interferencia política. El primer ataque ocurrió en 1993 cuando el director de TELC emitió declaraciones en las que criticaba el plan del gobernador de Louisiana para reducir el impuesto estatal sobre la eliminación de residuos peligrosos.113 El
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gobernador llamó al presidente de la Universidad de Tulane y le exigió "callar [al director] o deshacerse de él", o de lo contrario Tulane perdería el apoyo financiero del estado destinado a la construcción un nuevo estadio para el equipo de baloncesto de la Universidad, la asistencia financiera del estado para los estudiantes de Louisiana que asistían a Tulane y la posibilidad de los estudiantes de medicina de Tulane de obtener acceso a los hospitales estatales. El presidente de la Universidad se negó a participar. En 1997, el presidente de Tulane también se negó a participar cuando algunas empresas petroquímicas retuvieron donaciones a la Universidad y se negó a contratar a graduados de Tulane hasta que la universidad cerrara TELC.114 La Universidad tampoco se involucró más tarde, cuando un gobernador instó a los líderes de negocios a retener su apoyo financiero a la Universidad y amenazó con revocar el status de la Universidad de Tulane como exenta de impuestos, también debido a las actividades TELC. En 2010, la Ley 549 del Senado de Louisiana amenazó con cortar un estimado de $45 millones por año en fondos estatales a menos que la Universidad cerrara o debilitara la mayoría de sus consultorios de litigio. La industria petroquímica patrocinó una legislación en Louisiana que exigiría que una universidad renunciara a fondos estatales de ese año fiscal si cualquiera de sus consultorios jurídicos planteaba o defendía una demanda contra una agencia del gobierno, representaba a cualquier persona que buscara el pago de daños y perjuicios monetarios, o presentaba una reclamación constitucional en contra del estado. El proyecto murió en el comité el 19 de mayo de 2010, tras las críticas de que iba en detrimento de la enseñaza del Derecho y eliminaba el acceso a la representación en materia ambiental, justo en el momento en que el estado estaba sufriendo las consecuencias del derrame de petróleo de BP en el Golfo de México. TELC continúa prestando ayuda a clientes. En julio de 2010, el Federal Bar Association's New Orleans Chapter [Capítulo de New Orleans del Colegio de Abogados Federal] honró a TELC con el premio Camille Premio F. grava Jr. para servicio pro bono.115 ∗ Nota del traductor: este concepto se refiere a una serie de instituciones de educación superior en los Estados Unidos designadas por cada estado para recibir los beneficios del las Leyes Morrill de 1862 y 1890. Estas leyes financiaban instituciones educativas otorgándoles tierras bajo control federal a los estados, para que estos las desarrollaran o vendieran con el fin de obtener fondos para establecer y dotar de ellos a las universidades. ∗∗ Nota del Traductor: se refiere al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. 1 Eyler & Giles, Where's the Learning in Service-‐Learning?, Jossey-‐Bass Publishers (1999) (disponible en http://www.servicelearning.org/library/resource/2202). 2 At A Glance: What We Know about The Effects of Service-‐Learning on College Students, Faculty, Institutions and Communities, Janet S. Eyler, Dwight E.Giles, Jr., Christine M. Stenson, and Charlene J. Gray, Vanderbilt University August 31, 2001 1993-‐2000: Third Edition. The Corporation for National Service Learn and Serve America National Service Learning Clearinghouse 3 Andrew Furco, “Service Learning: A Balanced Approach to Experimental Education” in Expanding Boundaries: Service and Learning 2-‐6 (1996) (disponible en http://www.wartburg.edu/cce/cce/scholarship%20of%20sl/Service-‐Learning%20a%20balanced%20approach....pdf). 4 Id. 5 Laurie Morin and Susan Waysdorf, THE SERVICE-‐LEARNING MODEL IN THE LAW SCHOOL CURRICULUM: EXPANDING OPPORTUNITIES FOR THE ETHICAL-‐SOCIAL APPRENTICESHIP 6 Smith, Linda, Why clinical programs should embrace civic engagement, service learning, and community based research, Clinical Law Review, Vol 10: 723. 7 National Service-‐Learning Clearinghouse, enero 2008. ∗∗∗ Nota del traductor: un consultorio jurídico ambiental también se conoce en algunos países de habla hispana como clínica legal o clínica jurídica.
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8 Kennedy & Solow, Environmental Litigation as Clinical Education: A Case Study, 8 J. ENVTL. L. & LITIG. 319, 342 (1994). 9 Ver id. 10 Giddings, et. al., “The First Wave of Modern Clinical Legal Education: The United States, Britain, Canada, and Australia” in The Global Clinical Movement 3, 4 (ed. Frank S. Bloch, 2011). 11 Id.; Suzanne Valdez Carrey, An Essay on the Evolution of Clinical Legal Education and Its Impact on Student Trial Practice, 51 U. KAN. L. REV. 509, 513 (2002-‐2003). 12 Carrey, nota supra 11 en 513. 13 Id. 14 Giddings, nota supra 10 en 5. 15 Id. en 4. Algunas instituciones establecieron una participación obligatoria, mientras que la mayoría no ofrecieron créditos para los cursos de trabajo en consultorios. También varió la supervisión Id. en 5. 16 Id. en 4; Carrey, nota supra 11, en 515. 17 Giddings, nota supra 10 en 5. 18 Hope M. Babcock, How Judicial Hostility Toward Environmental Claims and Intimidation Tactics by Lawyers Have Formed the Perfect Storm Against Environmental Clinics, 25 J. ENVTL. L. & LITIG. 249, 250 (2010). 19 Kennedy, nota supra 8, en 321. Estos casos de alto perfil involucraban prohibir vuelos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre ranchos y áreas silvestres, obligar a las industrias a difundir los químicos tóxicos en productos para uso en el hogar, demandas de control de contaminación, y, el más famoso, el primer caso que involucraba a la lechuza manchada del Norte, en el cual el consultorio se unió con el Sierra Club Legal Defense Fund [Fondo de Defensa Legal del Sierra Club] para desafiar a la industria maderera de Oregon bajo el Endangered Species Act [Ley de Especies en Peligro]. http://www.westernlaw.org/about-‐us/our-‐history. 20 Babcock, nota supra 18 en 250. 21 Ver The Global Clinical Movement, xxii (ed. Frank S. Bloch, 2010). 22 Id. 23 http://www.globalenvironmentallaw.com/. 24 Id. 25 Puga & Villarreal, “Clinical Legal Education in Latin America” en The Global Clinical Movement, 69, 70 (ed. Frank S. Bloch, 2010). 26 Id. en 69. 27 Id. 28 Id. en 70. 29 Id. en 69. 30 Id. en 70. 31 Id. Por ejemplo, el Grupo de Derecho de Interés Público de Daniel Bonilla en Columbia se enfoca en reforma legislativa, litigio de alto impacto y derechos a la educación; en un esfuerzo por usar la ley para resolver algunos de los problemas estructurales de la sociedad de Columbia, en particular lo que se refiere a comunidades vulnerables. http://gdip.uniandes.edu.co/. 32 Thomas T. Ankerson, Shared Knowledge, Shared Jurisprudence: Learning to Speak Environmental Law Creole, 16 TUL. ENVTL. L. J. 807, 826-‐27 (2002-‐2003). 33 Id. en 828. 34 Center for the Study of Applied Legal Education, Report on the 2007 -‐ 2008 Survey, David A. Santacroce, Robert R. Kuehn, www.CSALE.org 35 Back to the Future: Twenty-‐Five years after the Inspiration for the Future of the In-‐House Clinic Report, What Have we Learned about In-‐House Clinics? Kimberly E. O’Leary 36 Anahid Gharakhanian, ABA Standard 305’s Guided Reflections: A Perfect Fit for Guided Fieldwork, 14 CLINICAL L. REV. 61 (2007) 37 Kelly S. Terry, Externships: A Signature Pedagogy, 59 J. LEGAL EDUC. 240, 243 (2009) citando J.P. Ogilvy, Guidelines with Commentary for the Evaluation of Legal Externship Programs, 38 GONZ. L. REV. 155, 179 (2002-‐03) 38 Practical Examples for Establishing an Externship Program Available to Every Student, 14 CLINICAL L. REV. 1, 7 (2007) 39 Norman Fell, Development of a Criminal Law Clinic: A Blended Approach, 44 CLEV. ST. L. REV. 275 (1996) 40 Setting up a live client clinic: a checklist, http://www.ukcle.ac.uk/resources/teaching-‐and-‐learning-‐practices/clinic/checklist/ 41 Hull & Ankerson, PowerPoint Presentation, Environmental Law Clinics: Pedagogical Design and Function.
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42 Hope M. Babcock, Environmental Justice Clinics: Visible Models of Justice, 14 STAN. ENVTL. L. J. 3, 33 (1995). 43 Id. 44 Id. en 34. 45 Id. 46 Id. 47 Id. en 34-‐5. 48 Douglas A. Blaze, Déjà vu All Over Again: Reflections on Fifty Years of Clinical Legal Education, 64 TENN. L. REV., 939, 960 (1996-‐1997). 49 John Henry Merryman, Legal Education There and Here: A Comparison, STAN. L. REV., 859, 869 (1974-‐1975); Ankerson, nota supra 32 en 829. 50 Merryman, nota supra 49 en 870. 51 Daniel Bonilla, Public Interest Law Clinics in Latin America: A Tool Against Legal Formalism, 2 (disponible en law.gsu.edu/ccunningham/LegalEd/Bonilla-‐ClinicsInLatinAmerica.pdf). 52 Id. 53 Id. 54 Id. en 4. 55 Id. en 4-‐5. 56 Peter A. Joy, Political Interference in Clinical Programs: Lessons from the U.S. Experience, 8 INTL. J. CLINICAL LEGAL EDUC. 83, 87 (2005). 57 Id. 58 Id. 59 Id. en 84. 60 Babcock, nota supra 18 en 261. 61 Id. en 261. 62 Id. en 262. 63 Id. 64 Id. en 262-‐63. 65 Id. 66 Id. 67 Id. en 264-‐65. 68 Id. en 265. 69 Id. en 266. 70 Id. en 265. 71 Id. en 266. 72 Id. en 266. 73 Id. 74 Id. 75 Joy, nota supra 56 en 109. 76 Babcock, nota supra 18 en 266. 77 Ver en general Joy, nota supra 56 en 89-‐91. 78 Id. en 99. 79 Id. 80 Id. en 100. 81 Id. en 100. 82 Id. en 101. 83 Id. 84 Id. 85 Id. 86 Id. 87 Id. 88 Caitlin Sislin, The Human Rights and Environment Legal Clinic: Global Significance, Local Impacts 4-‐5 (2004) (disponible en www.cedha.org.ar/docs/doc270-‐eng.doc). 89 Id. en 4. 90 Id. en 5. 91 Id. 92 Id.
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93 Id. 94 Id. en 6. 95 Id. 96 Id. 97 Id. 98 Id. 99 Id. en 5. 100 Id. 101 Id. en 6-‐7. 102 Id. en 7. 103 Id. 104 João Daniel Sá, et. al., Presentación en Power Point, Projeto: Escritório Modelo Agro-‐Ambiental (EMAM), Universidade Federal do Pará (disponible en http://www.law.ufl.edu/conservation/costarica/spotlight/pdf/Para_Conservation_Clinic_Final_Presentation.pdf). 105 “Developing an Environmental Law Clinic for the Federal University of Pará, Brazil,” (disponible en http://www.law.ufl.edu/conservation/costarica/spotlight/clinicbrazil.shtml). 106 Id. 107 “Model Environmental Law Clinic: Development, Strategic Planning and Administration” (disponible en http://www.amazonialegal.org.br/Projeto_EMA_Padrao_-‐_Ingles.pdf). 108 Gustavo de Faria M. Teixeira, et. al., Presentación en Power Point, Establishment of Environmental Clinics in Brazil, University of Florida/Universidad de Costa Rica (2010) (disponible en http://www.law.ufl.edu/conservation/costarica/spotlight/pdf/brazil_clinics_presentation.pdf). 109 Sá, nota supra 104. 110 Id. **** Nota del traductor: en los Estados Unidos, un “citizen suit”, traducida en este caso como “demanda ciudadana”, es una demanda mediante la que se exige el cumplimiento de legislación emitida por una autoridad legislativa que gobierna un estado, ciudad o condado. Estas son muy frecuentes en Derecho Ambiental. 111 http://www.tulane.edu/~telc/. 112 http://www.tulane.edu/~telc/assets/pdfs/accomp.pdf. 113 Clark D. Cunningham, Clinical Education Changing the World and the World Changing Clinical Education: The Global Alliance for Justice Education (2005)(disponible en http://www.gaje.org/wp-‐content/uploads/2011/01/CLINICAL-‐EDUCATION-‐CHANGING-‐THE-‐WORLD-‐AND.pdf). 114 Robert R. Kuehn, Shooting the Messenger: The Ethics of Attacks on Environmental Representation, 26 HARVARD ENVTL. L. REV. 417 (2002). 115 Robert R. Kuehn, Lessons from Forty Years of Interference in Law School Clinics, 24 GEO. J. LEGAL ETHICS 59 (2011).