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Una invitación a conversar, soñar, construir, creer. Propuesta Programática, PPD/2017-2037

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Una invitación

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía?

Para eso, sirve para caminar” (Eduardo Galeano)

Este texto pretende esbozar una ruta, más adelante vendrán las medidas concretas. Nuestro camino se inspira en los principios del socialismo democrático de igualdad, libertad y solidaridad; que pone por sobre todo el respeto a la vida, a todas las formas de vida. Que tiene como marco valórico los Derechos Humanos en todas sus generaciones y expresiones incluidas las ambientales y los de la diversidad, entendiendo la diversidad como un valor humano. Es, por lo tanto, una ruta de cambios y reformas que mediante la rigurosidad técnica y la participación ciudadana informada y estructurada, logra respaldo social , legitimidad cultural y la mayoría política necesaria. Para esbozar la ruta lo primero a hacer es levantar la mirada, entender -con una perspectiva socio histórica y de futuro- dónde estamos, cuánto y dónde hemos avanzado y cuánto nos falta, observando y comprendiendo el mundo en el cual tendremos que avanzar. Luego, se debe proponer una estrategia sustentable y robusta que recoja los nuevos desafíos teniendo presente lo avanzado. Enfrentamos un mundo que cambia a un ritmo antes insospechado. Con una revolución de información y tecnología que abre grandes posibilidades de progreso, pero no para todos/as, solo para aquellos/as con la capacidad de participar activamente en el cambio tecnológico. Una nueva brecha que marcará la desigualdad entre las personas


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y los países. Esto nos impone el desafío de subirnos al Siglo XXI, ser activos/as arquitectos/as, no basta con esperar que el Siglo XXI llegue llenando las góndolas de los supermercados y restringiendo nuestro rol a meras personas consumidoras o usuarias de la tecnología. Debemos ser capaces de crear y por sobre todo aplicar conocimiento, aquel que es relevante para enfrentar los desafíos locales, nacionales y globales. También enfrentamos un rápido calentamiento global que pone en peligro la existencia de la vida humana y que nos impone la necesidad no solo de contribuir a detenerlo, también a revertir su impacto y adaptarnos a las nuevas condiciones que hoy ya son una realidad. Adicionalmente tenemos un mundo plagado de injusticias y desconfianzas que están en la raíz de la conflictividad que éste experimenta. Estamos frente a una crisis social y política del mundo global que se construyó en las últimas décadas que demanda nuevas formas de gobernabilidad, más horizontales e inclusivas. Una de estas injusticias es la desigualdad de género que experimentan en su gran mayoría las mujeres chilenas y la diversidad sexual. Nuestro País, debe avanzar de manera progresista hacia la igualdad de género, las mujeres, los hombres y las distintas identidades de género deben tener los mismos derechos en cuanto ciudadanos/as de nuestra patria, lo que implica que la igualdad en la diferencia se debe resguardar formulando legislación y políticas públicas modernas adecuadas a las nuevas formas de relaciones sociales y a las necesidades de una ciudadanía chilena diversa. Chile no es diferente, ni ajeno a esta realidad. Enfrentamos grandes desafíos, pero también la oportunidad de mejorar la calidad de vida, sin sacar cuentas alegres, si no que con los pies en la tierra, entendiendo y valorado los avances, y enfrentando con decisión los nuevos desafíos. Sabemos que hemos logrado un nivel de desarrollo que exige grandes cambios institucionales y culturales para seguir avanzando, de lo contrario seremos uno más en la llamada “trampa de los ingresos medios”. Estamos a mitad de camino y que no existen atajos o recetas milagrosas, salvo la certeza de que el mejor futuro requiere del compromiso de todos/as y, por lo mismo, llegar con sus frutos a todos y todas. No debemos caer en la depresión y el pesimismo que con frecuencia nos aqueja, tenemos razones para mirar el futuro con esperanza y optimismo para aprovechar las oportunidades que se nos abren, actuando con responsabilidad, con una clara visión de futuro y con sentido de urgencia. La economía global de la que inevitablemente formamos parte, nos ha traído


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importantes beneficios, pero también importa grandes riesgos. Esta nos exige, para seguir progresando, participar del proceso de creación y aplicación de conocimiento para gradualmente ir ganando protagonismo en el proceso de cambio tecnológico e ir acercándonos a la frontera del conocimiento. Debemos identificar y trabajar en y a aquellas áreas en donde tengamos un mayor potencial de excelencia, que nos permita abordar de mejor forma nuestros desafíos y convertirnos en parte activa de la economía del conocimiento. También a nivel local enfrentamos grandes desafíos. Mantenemos altos niveles de desigualdad y diversas formas de discriminación y privilegios que indignan a la ciudadanía y por supuesto a todos los chilenos y chilenas, debilitando la cohesión social de nuestra patria. No hemos asumido en plenitud los desafíos de darle sostenibilidad a nuestro medioambiente y rica biodiversidad. Así como terminar con el centralismo extremo de nuestro Estado con una descentralización política efectiva y también económica financiera que permita el desarrollo regional y local. Tenemos que dar un nuevo impulso al desarrollo, con más crecimiento. Chile hoy es más rico que nunca en toda su historia, pero tiene el desafío de convertir esa mayor riqueza lograda en bienestar efectivo y equitativo para toda su población. Eso obliga a dar continuidad y sostenibilidad a las reformas realizadas, a las que están en discusión y a las que faltan, como por ejemplo a la previsional, aunque se hagan con gradualidad para ser bien preparadas y bien gestionadas. Tenemos que enfrentar los desafíos que esto implica. Convertir el crecimiento en bienestar social a diferencia de “el crecimiento equitativo” o “crecimiento con igualdad” donde lo sustantivo era el crecimiento y la equidad o igualdad el adjetivo, nuestra propuesta tiene como sustantivo el bienestar y como adjetivo el crecimiento y como norte final el ejercicio pleno de los derechos de todos y todas en los distintos ámbitos de la sociedad. Lo anterior supone considerar que el centro de la propuesta es el bienestar y su consecución debe orientar el crecimiento. También que el bienestar es algo más amplio, multidimensional y diverso que tan solo la equidad y, por ello, supone un crecimiento mejor, de más calidad, no solo cantidad y por lo que debemos contar con indicadores para evaluar y orientar las políticas públicas de otra manera. Nuestro norte y desafío es convenir una estrategia de desarrollo, que integra los esfuerzos de todos y todas, del sector público y privado, con la participación de la sociedad civil organizada y vinculando a la academia-organizaciones que producen conocimiento e innovación-con el sistema productivo, reconociendo que los cambios requieren tiempo y esfuerzo compartido, sabiendo evitar el desenfreno del populismo y la inmediatez.


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Enfatizamos, sin embargo, la necesidad de cambio. Cuando Chile crece hoy, la mayor parte de ese crecimiento es capturado por los más ricos. Necesitamos modificar eso de tal manera que cada nuevo punto de crecimiento se distribuya proporcionalmente a favor de los/as más necesitados/as. Así el crecimiento estará en condiciones de sustentar un cierto nivel de bienestar colectivo y a su vez de bienestar individual y familiar. Para ello es también necesario contar con un conjunto de bienes y servicios públicos de calidad que posibiliten nuestra mejor calidad de vida en ámbitos de Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Áreas Verdes; Necesitamos Transporte, Internet, entre otras, así como también los espacios de oportunidad para superarnos en los ámbitos de la vida personal, familiar y laboral. Por eso también necesitamos crecer de mejor manera basándonos en un proceso de transformación productiva que genere mayor valor agregado, que se base más en la redes de empresas territoriales y aprovechando las oportunidades de las economías locales, aumentando la diversificación e intensidad tecnológica de la economía y generando como consecuencia de todo ello mejores remuneraciones. Pero también hay que redistribuir mejor por la vía de impuestos más progresivos y de aumento del gasto público con un uso también más progresivo de ese gasto. No debemos olvidar que nuestra gran diferencia en la distribución del ingreso con los países más desarrollados se produce luego de impuestos y transferencias sociales. Esto es lo que debemos cambiar. Políticamente necesitamos “una gobernanza fundada en amplios acuerdos”. Tenemos que recuperar la capacidad de articular, integrar y vertebrar que tiene la buena política, ante tanto tecnócrata y populista. Necesitamos más política. Eso es lo que ha faltado de manera exasperante estos últimos años ¡Recuperar también el sentido colectivo de la acción política por sobre los individualismos extremos: ¡ aquí nadie se salva solo¡ Asimismo, debemos recuperar el rol de liderazgo con contenido y trayectoria del politic@ por sobre el predominio del prototipo “personaje público conocido y atractivo” determinado por la sociedad de consumo y mediática. Necesitamos liderazgos reales y no puras figuras. No existen atajos para ir avanzando en el mejoramiento de la calidad de vida, que atienda de manera coherente e integral todos estos desafíos, que cuente con el compromiso y el esfuerzo de todos/as y cuyos resultados también beneficien a todos/as. Para avanzar hacia ello requerimos convenir una visión de futuro que nos identifique y comprometa como nación o, al menos, a una amplia mayoría social y política. A partir de ella podremos identificar con claridad qué avances y prioridades se pueden implementar en una administración, sin perder de vista la visión de futuro. Sin el apoyo comprometido y cohesionado de una amplia mayoría es imposible llevar adelante los cambios que proponemos y el país requiere y reclama.


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La Conversación… I.- Principios y orientaciones del PPD para un diálogo programático. Invitamos a Chile a unirse en torno a un proyecto de país, a lograr un acuerdo en una modalidad de convivencia que nos permita un Mejor Vivir a Todos y Todas; como personas y como sociedad. Al PPD lo mueve la búsqueda de un Chile en el que todos/as queramos habitar, un proyecto de sociedad que, sabemos, tomará largo tiempo construir. Por eso invitamos a convenir el Chile que queremos en veinte años más y a traducir esa visión en metas concretas y realistas para el próximo gobierno y los que lo sucederán. La sociedad chilena actual se encuentra en un proceso de profundos cambios que genera incertidumbres pero al mismo tiempo abre oportunidades; la política debe saber escuchar y comprender los anhelos de ciudadanos y ciudadanas para resolver positivamente los desafíos del futuro. Por ello, la elaboración de las propuestas claves para nuestro mejor desarrollo, convivencia y felicidad deben surgir de un trabajo de todos/as, donde nuestra diversidad cultural y regional sea valorada en la construcción de objetivos comunes y respuestas que satisfagan nuestros anhelos de ser parte de una comunidad más justa, creativa y progresista. Una visión integradora de nuestro proyecto de país supone la construcción de

nueva cultura y un tipo de desarrollo que responda tanto a la lógica económica, pero

también y por igual a la lógica social así como, a la lógica ecológica. Desarrollo

sustentable, es sustentable ambientalmente y humanamente.

Proyecto País El desafío es elaborar un nuevo “Proyecto de País” para los próximos 20 años y no meramente solo una idea de desarrollo. El proyecto país es algo más global e integral, que contempla debates que hoy no son parte de las movilizaciones, pero sí de la sociedad que emerge. Supone antes que nada una transformación cultural, para una mirada más sistémica, ecológica, integradora y a escala humana. Transformación cultural que apunte a redescubrir que el Objeto de la Vida es Vivir Bien, y no en tener mucho: en la calidad, especialmente de las relaciones humanas, y no en la cantidad. Se trata de reorientar una cultura cuantitativista hacia una cultura de las calidades, ante todo la calidad de vida.


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El imperativo de lo mejor se impone. El bienestar, el Estar bien y la Vida Buena debe ser el sentido de nuestro proyecto. Proponemos una Transformación Cultural que apunte al protagonismo de las personas y de los/as ciudadanos/as, que acoja una mirada más horizontal, que surge de la crítica de la sociedad patriarcal, que ha impulsado la reivindicación de los derechos de las mujeres y el feminismo, que acoja también el cambio de mentalidad que ha impulsado el movimiento verde al obligar a un pensamiento más sistémico y ecológico en vez de las miradas reduccionistas y lineales, y que al proponer una solución profunda, verdadera y genuina al tema de los pueblos indígenas termine por acoger completamente la diversidad cultural como valor y pilar fundamental de nuestra nación.

Confianza y Capital Social

Una nueva política requeriría la acción conjunta del Estado, los colectivos públicos, las asociaciones privadas y los/as ciudadanos/as. Exigiría lo que se ha denominado “gobernanza de concertación”. No solo debería hacer frente a las camarillas y corporativismo, sino también a la apatía, la indiferencia y la baja participación ciudadana. La gobernanza como articulación de la diversidad con una sociedad civil empoderada, pero con los canales institucionales para expresarse, así como la construcción de “capital social” y un estado más descentralizado en los territorios debiera permitir avanzar hacia una República más ciudadana y menos elitista. Queremos el fortalecimiento de la sociedad civil que empodere de manera estable

a los/as ciudadanos/as dando más protagonismo y participación a la gente, así como la

promoción de nuestro “capital social”, a todo nivel: estado, regiones, privados e

instituciones de la sociedad civil, haciendo de ello una de las grandes fortalezas de la

sociedad chilena. El Capital Social definido como la capacidad de confiar unos/as con

otros/as para hacer cosas juntos ha sufrido un gran retroceso y debemos recuperarlo

y amplificarlo en la próxima década recuperando la riqueza del entramado social que

caracterizaba al Chile antes de la dictadura.

Una de las barreras más relevantes que enfrentamos se relaciona con la incapacidad de

construir una visión compartida de país, producto de los niveles de desconfianza que

nos tenemos unos a otros. Un estudio reciente de la OCDE identifico a Chile como el

país que presenta el peor índice al respecto, mientras la media en la OCDE es de 59 ptos


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en Chile es de 13. Mayor Capital Social implica reducción de costos de transacción,

facilitan el flujo del conocimiento/innovación, la acción colectiva y el bienestar.

Debemos propender a generar un entorno que avance en la generación de Capital

Social, uno de ellos está relacionado con la participación ciudadana en las políticas

públicas de desarrollo, que a escala regional y local se hace más visible. En general esta

participación la podemos desagregar en dos niveles, por una parte en el espacio de la

política, es decir, en la institucionalidad de poder. En el segundo caso está en el nivel

de la gestión, es decir, en la institucionalidad de los servicios públicos. En la

institucionalidad de poder, se restringe casi exclusivamente a las elecciones de

autoridades, sin embargo, existen otros espacios como los plebiscitos revocatorios, los

cabildos vinculantes, entre otros, que a escala regional y local representan una gran

oportunidad. En lo referido a la institucionalidad de gestión, hemos avanzado, pues a

partir de la legislación de participación ciudadana, tenemos un marco de acción que

regula esta relación.

Queremos destacar nuestro énfasis en enfrentar las desigualdades más profundas y evidentes de nuestra sociedad y contribuir a la superación de las tres desigualdades estructurales y más persistentes en el país: la socio-económica, la de género y las territoriales. La visión integradora del proyecto de país que queremos supone también un tipo de desarrollo que esté a tono con los desafíos del presente. Con los desafíos de lograr convivir sanamente, con mayor igualdad de ingreso y de oportunidades y a través del territorio. Con un estilo de crecimiento económico orientado al bienestar social. Con relaciones más horizontales y transparentes; para así superar la realidad donde rige la desconfianza. Los desafíos también que trae la sociedad del conocimiento y de la información; como también la necesidad de proteger la vida frente al cambio climático. Invitamos a iniciar una conversación sobre el Chile que queremos, sabiendo que solo avanzaremos en esa dirección si una gran mayoría la hace suya y brega por construirla. Hacemos esta propuesta consciente de que el mejoramiento de la calidad de vida es un proceso continuo, una aspiración y esfuerzo que evolucionan en el tiempo. Cada avance trae nuevas aspiraciones y nuevos desafíos. El desarrollo que conduce a mejorar la vida, no es una meta, sino un camino. Camino en que deben avanzar los hombres y las mujeres en igualdad de condiciones, derechos y oportunidades, sin discriminaciones de género. En palabras de Galeano “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el


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horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. Nuestra invitación es a avanzar en mejorar la calidad de vida para tod@s y entre tod@s.

Construir una visión: I.- Chile próspero, incluyente y sostenible, construido entre todos/as. Asumir el desafío de progresar en la economía global y del conocimiento, con sociedades que operan en red y con información que no reconoce fronteras, requiere el concurso del talento de todos/as y aprovechar nuestras riquezas naturales para construir nuevas y mayores capacidades; a tono con las que exige una plena inserción en la sociedad del conocimiento. Se trata de aprovechar lo que tenemos, de descubrir y cuidar la belleza y potencial de nuestro capital natural y en ese proceso ir construyendo capital social. Aquí radica no solo nuestra fortaleza, sino también nuestro aporte al planeta y a su desarrollo sustentable. La acción colectiva eficaz se funda en una visión compartida del Chile que queremos habitar. Como dice el refrán “el que no sabe dónde va, nunca llega”, Chile requiere un norte que ordene el esfuerzo colectivo. Contar con un proyecto común es también necesario para reconstruir confianzas entre las personas y de estas con las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. El proceso de construir esta visión compartida abre también la posibilidad de generar nuevos liderazgos que comprometan y movilicen a la ciudadanía hacia la construcción común de un mejor porvenir, nuevos liderazgos tanto de hombres como de mujeres. II.- Lineamientos para el futuro: Nos asiste la convicción de que en Chile existe una amplia mayoría que comparte una visión de futuro donde el país se construye para mejorar la vida de todos y todas, para alcanzar un mejor convivencia, para transformar el crecimiento en bienestar, para lograr que la modernidad llegue a todos nuestros rincones y que desde el territorio se construya el desarrollo sostenible. Para eso proponemos trabajar en las siguientes tres prioridades.

1. Buena convivencia: más inclusión, igualdad, cohesión social y política. 2. Transformar el crecimiento en Bienestar. 3. Desarrollo sostenible, desde y para el territorio.


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1.- Un Chile con buena convivencia, más inclusivo, igualitario y participativo. Mejorar la convivencia pasa por lograr una sociedad más igualitaria y dialogante. Requerimos enfrentar las desigualdades más profundas y evidentes de nuestra sociedad, las desigualdades socio económicas, la de género y las territoriales; avanzar en una mayor igualdad de ingresos, pero también de oportunidades de acceso a servicios de educación, salud y seguridad social de calidad. Donde se fortalezca la confianza en las instituciones para que todos/as puedan participar en las grandes decisiones que afectan su propia vida y la de las nuevas generaciones de ciudadanos/as. En los años posteriores a la dictadura, Chile ha construido grandes activos y también mantiene un enorme pasivo. El primer activo es el crecimiento económico, base imprescindible para construir una sociedad más justa y políticas sociales adecuadas. El país ha aumentado su producto en 4 veces; y su producto per cápita ha saltado desde US$ 5.000 en 1990 a US$ 23.000 en la actualidad. El segundo gran activo es la disminución sustantiva de la pobreza, sea en su dimensión de ingreso y/o multidimensional. En la dimensión ingreso hemos transitado desde un 38,8% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza en 1990 a un 11,4% en la actualidad, de acuerdo a la última Casen. El crecimiento económico, el empleo y las políticas sociales han sido fundamentales para este logro.

No obstante, lo anterior, mantenemos el pasivo de la desigualdad a pesar de que ha mejorado marginalmente. Esta desigualdad se expresa en todas las áreas: en el acceso a la educación; a la salud; vivienda; previsión; territorio, etc. Nuestra propuesta programática progresista supone actuar en todos los planos y en lo inmediato y lo mediato. La reforma educacional es un buen ejemplo de un instrumento a mediano plazo. Esto significa aumentar la cobertura en el nivel pre escolar, fortalecer la educación pública en nivel básico y medio, consolidar la nueva carrera docente y avanzar en la pertinencia, calidad, inserción territorial, cobertura y gratuidad de la educación superior con rol público.

A raíz de lo anterior, nuestro énfasis se enmarca en enfrentar las desigualdades más profundas y evidentes de nuestra sociedad con una mirada inclusiva, igualitaria, progresista y multidimensional, que a su vez, permita contribuir al desarrollo de una sociedad más justa tanto para hombres como para las mujeres y la diversidad. Por esta razón, es necesario una política pública que responda a las necesidades, problemáticas y demanda de los/as chilenos/as, pero que también incorpore el acceso oportuno a los servicios vinculados a la educación, salud, vivienda, previsión, seguridad social y laboral, además de implementar estrategias que permitan disminuir las brechas y barreras asociadas a la desigualdad económica, política y de autonomía personal entre hombres y mujeres.


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Salud

En materia de salud se observa que la construcción del sistema de salud chileno, debe responder de manera oportuna a las necesidades de la población, evitando cualquier acción que favorezca la segregación y desigualdades. En este contexto, resulta primordial consolidar la infraestructura hospitalaria, reformar la estructura del sector de salud, potenciando su función rectora para que exista capacidad real de conducir y llevar a cabo las políticas públicas, incorporando además el tema de las prestaciones y el financiamiento de acuerdo a los lineamientos nacionales. Es indispensable un enfoque prioritario hacia la atención primaria, con inversión en la resolución de listas de espera en las comunas, (Plan de Salud Familiar 2,0). Un fuerte acento en la calidad de vida comunitaria y mejorar sustantivamente el financiamiento de la salud municipal. Por otra parte, debemos reformar el actual sistema de Isapres e ir a la creación de un fondo solidario entre ambos subsistemas, es decir Fonasa e Isapres. El nuevo sistema de salud reformulado tendrá dentro de sus pilares fundamentales la entrega y prestación de salud en igualdad de género, formulando programas con equidad en la salud tanto para varones como para mujeres y para las personas con identidad de género diversa. Para las mujeres se implementaran acciones en salud que potencien su autonomía física y el ejercicio de sus derechos, tanto en al ámbito de los derechos sexuales y reproductivos como en la salud materna fetal, así como enfermedades asociadas a roles tradicionales de género. Este sistema de salud deberá ser solidario en cuanto a las prestaciones hacia las mujeres jefas de hogar y a las mujeres con responsabilidad en labores de crianza y cuidado familiar no remunerado. Asimismo de fortalecerán los programas de salud indígena y se relevarán los conocimientos en salud comunitaria que tienen por sobre todo las mujeres indígenas.

Educación Respecto al sistema educativo aún se encuentra la segregación y desigualdad educativa como problema central, un ejemplo claro, son los resultados obtenidos en las mediciones en la calidad educativa que a su vez, señalan que el 80% de los estudiantes de II medio no alcanzan los aprendizajes esperados en matemática y en comprensión lectora, porcentaje similar se obtiene para 8° básico, en 4° básico esto ocurre para un 76% de los estudiantes en matemática y un 62% en lectura, y en 2° básico un 56% no lee comprensivamente. Estos datos revisten especial preocupación y deben ser parte de un foco de acciones que se orienten a revertir esta tendencia y estancamiento de los resultados, especialmente en un contexto que tiene mejores condiciones y más recursos para trabajar en pos de mayor calidad y equidad. Por otro lado, la segregación y la desigualad educativa implica que sólo un grupo reducido de estudiantes obtienen los resultados de aprendizaje esperados desde el proceso escolar. Esto refleja que


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existe una desigual distribución de oportunidades para los niños, las niñas y jóvenes, donde el país no ha sido capaz de entregarle a la mayoría de los/as estudiantes, en especial a aquellos/as de mayor vulnerabilidad social, las herramientas y condiciones necesarias que les permitan desarrollar sus capacidades y talentos y participar activamente de la vida social desde el espacio de desarrollo de su preferencia. Es en este sentido que la educación chilena de manera transversal debe incorporar medidas que enfrenten los sesgos sexistas en la enseñanza; y propiciar que tanto los niños, las niñas, los y las jóvenes puedan desarrollar sus máximas capacidades y potencial sin que sea la rígida construcción de género una barrera que impida su libre albedrio en las decisiones autónomas de su vida. Las propuestas en esa dirección deben abordarse en todos los planos y en lo inmediato y lo mediato. La reforma educacional es un buen ejemplo de un instrumento a mediano plazo. Esto significa aumentar la cobertura en el nivel pre escolar, fortalecer la educación pública en nivel básico y medio, consolidar la nueva carrera docente y avanzar en la pertinencia, calidad, inserción territorial, cobertura y gratuidad de la educación superior con rol público. Mientras en el ámbito de la educación superior es relevante considerar los procesos de formación inicial de los jóvenes, su vínculo con el mundo del trabajo y el resguardo de la calidad general de la educación terciaria, implementando un sistema de aseguramiento que permita contar con la formación de capital humano avanzado que el país requiere para transitar hacia un país más justo y próspero para todo/as.

Menores y Juventud

Por otro lado, el Estado Chileno a partir de la suscripción y posterior ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de la infancia, asumió el compromiso de efectuar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a las normas legales y obligaciones en torno a garantizar los derechos y generar una cultura que favorezca la debida protección, promoción y ejercicio de los derechos de la infancia y la juventud. En este contexto, surge una nueva institucionalidad denominada Servicio Nacional de Menores (SENAME) con el propósito de contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as, así como a la reinserción social de los adolescentes infractores/as de ley, a través de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del servicio.

Sin embargo, seguimos enfrentando desafíos en materia de infancia, especialmente en aquellos niños/as y adolescentes que se encuentran o han sido vulnerados en sus derechos. Así lo han demostrado las últimas cifras que dan cuenta de la existencia de 865 NNA fallecidos en centros de protección a cargo del Estado, y solo en el año 2015 se registra un aumento significativo en la realización de atenciones en el área de protección, alcanzando 199.112 casos, mientras que existen al menos 33.792


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atenciones de jóvenes que cumplen medidas bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes, 1.388 atendidos NNA en Adopción y 510 enlaces realizados.

A raíz de lo anterior, el SENAME presenta un total de 234.292 atenciones totales en las distintas áreas a lo largo del país, de los cuales 13.667 NNA atendidos que presentaron consumo de drogas como también, existen 756 casos de NNA que presentan enfermedades crónicas y 527 casos de NNA total de ingresos en situación de embarazo. En relación a las principales causales de ingreso, es posible señalar que existen 40.109 casos de niños/as y adolescentes víctimas de maltrato, de los cuales el 51% corresponde a mujeres y 49% son hombres, 26.395 casos de solicitud de diagnóstico, 12.133 casos por inhabilidad de uno o ambos padres. Mientras que los casos por tipologías asociadas abuso sexual, el 75% son niñas/adolescentes y 25% son niños/adolescentes, de esta forma se deben abordar también las problemáticas desde un enfoque de género transversal en la intervención que realizan los programas del SENAME, debido a que las situaciones de vulneración de derechos en la infancia y la adolescencia configuran escenarios de mayor desigualdad en la medida que se cruzan las dimensiones de género, generación, territorio, situación económica, pertenencia étnica, cuestiones abordadas desde la perspectiva de género. Las propuestas en materia de infancia deben garantizar y operar los enfoques y principios establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, en donde el Estado cumple un rol protagónico como garante de los derechos de la infancia. En este contexto, resulta fundamental diseñar e implementar Sistema de Protección de Derechos Integral que garantice la protección, promoción y ejercicios de los derechos de la infancia como también, la prevención de las vulneraciones de derechos e intervención especializada, que a su vez, debe estar plasmada en una Política de Infancia que considere en su Plan de Acción una nueva institucionalidad. Lo anterior, debe estar directamente relacionado al Proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia y Proyecto de Ley que crea la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia con el propósito de generar acciones que promuevan y protejan los derechos de los niños/as y adolescentes. Asimismo, es necesario priorizar la creación de la Subsecretaria de la Juventud.

Previsión

En materia previsional, Chile enfrenta un problema demográfico, debido a que la esperanza de vida de la población chilena aumentó (hombres hasta 77 años y mujeres hasta 83 años) y la tasa de natalidad disminuyó (1,7 hijos por mujer). Los/as pensionados/as en Chile son de diversa condición. Hay 684.000 pensionados/as del antiguo sistema de cajas de previsión (o INP); 1.300.000 pensionados/as del pilar solidario (PBS y APS) que surgen de la reforma de 2008; unos 1.400.000 pensionados/as del sistema de AFP (Vejez e Invalidez) y unos 170.000 pensionados/as


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de los sistemas de las FFAA (Capredena y Dipreca), sin mencionar otros regímenes. Todos/as con diversas realidades y formas de cotización, y por tanto con distintos montos de pensiones. Sin duda, los/as más vulnerables son los/as del Pilar Solidario y los de AFP o Pilar Obligatorio, cuyas pensiones son las más bajas.

Dada la contingencia queremos poner particular atención en la futura reforma previsional. Apoyamos la propuesta B de la comisión Bravo y pedimos seguir avanzando en el fortalecimiento sustantivo del actual pilar solidario, tanto reajustando las actuales pensiones como aumentar la cobertura de este pilar, del actual 60 % al 80 % de la población más pobre del país. De acuerdo al diagnóstico de la Comisión Bravo, un 50% de los/as pensionados/as recibe pensiones iguales o inferiores a $82.650, donde el componente autofinanciado (sin el Aporte Previsional Solidario) es sólo de $37.667. Existe una marcada discriminación de género, ya que, en el caso de las mujeres, la mediana es de $42.561 y de los hombres de $112.333. Además, el 50% de los pensionados recibe una tasa de reemplazo de 45%. Al sacar el APS, la TR se reduce a 34%. En el caso de los hombres, la TR es de 60% y de mujeres 31%. Cabe mencionar, que para las mujeres el sistema previsional reproduce las desigualdades de género que persisten en el mercado laboral, por lo que las pensiones son un claro reflejo de la desigualdad salarial y la precariedad laboral de las mujeres en comparación con los varones.

Lo anterior son cifras históricas. Pero las perspectivas son peores. La Comisión Bravo proyectó las tasas de reemplazo para el período 2025-2035 en 34% para las mujeres y 41% para los hombres. Si sólo se considera el componente autofinanciado (sin pilar solidario), la TR de las mujeres llega a 8,3% para las mujeres y 24,7% para los hombres.

En la lógica de dar mayor participación al Estado en la provisión de servicios sociales básicos, se debe avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, como el que predomina a nivel mundial y de la OCDE. Un verdadero sistema mixto debe tener un fuerte componente de contribuciones que vayan hacia una entidad pública, tipo IPS, que se encargue de recaudar y administrar las cotizaciones, combinando criterios de cuentas nocionales donde los aportes se anotan en cuentas individuales a nombre de cada cotizante, que reportan una tasa de interés nacional, para entregarselas al momento de jubilar; junto con criterios de solidaridad destinados a fortalecer las pensiones de los sectores bajos y medios. El sistema debe incentivar el esfuerzo contributivo de los/as cotizantes e independientes, al mismo tiempo que compensar las desigualdades de género de las mujeres. Un buen diseño institucional permitirá subir las pensiones de los/as actuales y futuros/as pensionados/as en niveles más equitativos para vivir una vejez digna y acorde a derecho.


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Trabajo En materia laboral, en el corto plazo debemos perseverar en la reforma laboral, instrumento indispensable para una mejor distribución del ingreso entre el capital y el factor trabajo, así como de equilibrio y co-responsabilidad de los/as trabajadores/as en el desarrollo de las empresas. Avanzamos con la actual reforma laboral en materia de huelga sin reemplazo; negociación inter-empresa y extensión de derechos con acuerdo sindical. No obstante, quedaron pendientes temas como la titularidad sindical y negociación por rama, brecha salarial, inclusión laboral con perspectiva de género.

Género e Igualdad Destacamos que no podemos avanzar en un Chile con un mejor vivir, sin que toda la población chilena goce de los mismos derechos y oportunidades que el resto, de esta forma queremos expresar que esta invitación al buen vivir, no puede ser sino incluyendo el enfoque de género de manera transversal en todas las áreas y dimensiones de la vida de las personas y de igual manera en la forma en que entendemos el crecimiento. Debido a lo anterior, reafirmamos que la igualdad de género entre mujeres, varones, personas con distintas identidades de género y orientación sexual, es un valor y quehacer que se incorpora en todas las líneas programáticas del Partido por la Democracia. De esta manera es necesario abrir espacios de profunda reflexión respecto a una Ley de Identidad de Género que permita o facilite el trámite de las personas trans para cambiar de nombre y sexo legalmente, de una manera rápida y digna, asimismo considerar el matrimonio igualitario o de personas del mismo sexo, como también, tramitar una nueva ley de violencia de género que no se restringa solo a lo familiar y doméstico, sino a todo tipo de relaciones - que permita fortalecer sistemas de apoyo a las mujeres, así como también, invertir en prevención y atención especializada. Se debe avanzar en que las mujeres tengan total poder y autonomía en todas las esferas de su vida, poniendo especial énfasis en el fortalecimiento de las autonomías política, económica y física, del mismo modo derribar las barreras, inequidades y brechas de género que aún no permiten que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y una ciudadanía completa. Las medidas de género deberán enfrentar una brecha salarial de un 30%, brecha que es la mayor de todos los países latinoamericanos y del caribe, por lo que se debe legislar para que la Ley de Igualdad salarial no sea letra muerta y tenga facultades fiscalizadoras y sancionadoras. La participación política de las mujeres alcanza alrededor de un 16%, dígito muy similar a países del medio oriente fundamentalistas religiosos, de esta manera debemos considerar estrategias de equidad política como


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las implementadas hace ya varios años en países desarrollados, entre las que se destacan criterios de paridad, equidad, representatividad sustantiva, cuotas, proporcionalidad de género, escaños reservados, entre otras. No podemos esperar a que la igualdad de género llegue de forma “natural” , la experiencia política internacional comparada nos enseña que las sociedades con mayor bienestar y calidad de vida implementaron medidas decididas hacia la igualdad de género. Asimismo debemos fortalecer la recién creada institucionalidad de género, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, redefiniendo sus programas con mayor calidad técnica; este Ministerio debe ser la institucionalidad del Estado de Chile garante de la implementación de nuestros compromisos internacionales en la materia, como son la Convención para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer-CEDAW, la Convención de Belén do Para en materia de violencia de género, la Plataforma de Acción de Beijín, los Objetivos y Metas de desarrollo sostenible (objetivo 5: Igualdad de género), entre otros. Por lo tanto una incorporación transversal del enfoque de género en el Estado requerirá de la formulación de indicadores de género sectoriales, pero también intersectoriales y multidimensionales, lo que representará un desafío que debemos abordar. Todos los organismos del Estado deberán contar con estadísticas, estudios y sistemas de información desagregados por sexo y deberán realizar análisis de brechas de género. Por otro lado, es tiempo de darle salida institucional a las demandas de la población y colectivos de la diversidad sexual y de género (LGBTI-Q) creando la Subsecretaría de la Equidad de Género y la diversidad sexual. No podemos sostener una autonomía económica de las mujeres sin que otros actores sociales y económicos se hagan partícipe de las labores de crianza, reproducción, cuidado social y doméstico, por lo que apoyaremos medidas de corresponsabilidad en los ámbitos laborales, familiares y personales. De esta misma forma entendemos que la desigualdad de género también afecta a los varones por lo que propiciaremos medidas que apoyen al ejercicio de paternidades presentes, igualitarias y no estereotipadas de género, del mismo modo apoyaremos nuevas formas de masculinidades. Propiciaremos leyes, programas y subsidios para las mujeres trabajadoras jefas de hogar de manera de fortalecer su situación económica, esto tanto para mujeres del sector urbano, como para mujeres rurales y de pueblos indígenas. La autonomía del propio cuerpo es esencial para que las mujeres sean ciudadanas titulares de derecho, por esto apoyamos la Ley de Aborto en tres causales, la profundización de los derechos sexuales y reproductivos, así como sancionar todos los tipos de acoso de género, como el laboral y el callejero, por ejemplo. Nunca más un Chile sin todas y todos.


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Pueblos Indígenas:

Cuota Parlamentaria Respecto a la población indígena actualmente representan alrededor del 10% de la población chilena, 9,1% según CASEN 2013 y 11,1% según CENSO 2002. La mayoría de la población indígena es Mapuche (alrededor del 85% de la población indígena total), luego le siguen los Aymara (alrededor del 8%) y Diaguita (alrededor del 3%). Los Rapa Nui son alrededor del 0,5% de la población indígena nacional. La población indígena está mayoritariamente en la Región Metropolitana (alrededor del 30% de la población indígena total) y le sigue la Región de La Araucanía (alrededor de 17%). El 74% de la población indígena total está en zona urbana, realidad que tiene que ser abordada por las políticas públicas respectivas. A raíz de lo anterior, resulta fundamental posicionar al Estado como el principal propulsor de políticas públicas asociadas al reconocimiento cultural, la participación e inclusión de los pueblos indígenas que de alguna otra manera permitirá eliminar todas las barreras de discriminación, prejuicios y prácticas excluyentes. Porque más allá de la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas al día de hoy, tenemos también una deuda política, ya que desde el regreso a la democracia no hemos sido capaces de articular una “solución política” al tremendo conflicto latente. Tenemos que proponernos incorporar al pueblo mapuche y al resto de los diversos pueblos indígenas como parte del acervo cultural del país. Repensar nuestra identidad nacional enriqueciéndola con las culturas originarias como un gran acto de futuro y como una transformación cultural que hablará bien de un Chile más acogedor e integrador. Reconocemos que la sociedad chilena es pluricultural, pluriétnica y plurinacional por lo que su relación con los pueblos indígenas deberá estar basada en el reconocimiento de todos sus derechos -y no solo el derecho a la tierra-, incluidos los derechos políticos, y en el respeto de su especificidad, autonomía y diversidad. El PPD defenderá las diversas expresiones de identidad de los pueblos indígenas en sus distintos ámbitos: idioma, prácticas medicinales, economías propias, formas de organización, pluralismo de sistemas jurídicos, filosóficos y de valores. Solo a partir del reconocimiento, difusión y valoración de su identidad étnica pueden formularse políticas que promuevan su participación y desarrollo. Todo lo anterior supone favorecer la integración económica y social de los pueblos indígenas como es obvio, pero lo nuevo es encarar también la dimensión simbólica-


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cultural: un esfuerzo sistemático de relevamiento, subsidio y apoyo a las culturas originarias para enriquecer nuestra propia identidad. Ello, además de concretar acciones afirmativa en el Parlamento, dando en éste una representación proporcional a la población que ellos constituyen a lo largo de Chile. Ello significa también repensar cómo concretar grados de autodeterminación a nivel local y regional en los casos que corresponda. Se deberá asegurar que las mujeres indígenas participen en igualdad de derecho en los distintos procesos que les compete como pueblos, asimismo garantizar que las ventajas del crecimiento, el bienestar social y el buen vivir les lleguen a ellas en igualdad de condiciones que a los varones. Finalmente nos comprometemos a implementar leyes, políticas y programas con pertinencia cultural pero que aseguren la igualdad de género de las mujeres indígenas.

Migrantes Actualmente existen 540 mil migrantes en Chile y en este contexto, resulta fundamental que el Estado acelere las aprobaciones del proyecto de ley sobre inmigración que garantice plenamente sus derechos y que a su vez, responda a lo establecido en los tratados internacionales que versan sobre la materia; y por sobre todo a la realidad que viven los/as migrantes actualmente en nuestro territorio, considerando una visión multidimensional e inclusiva. En este ámbito, las políticas sociales deben estar enmarcadas en una nueva Ley de Migración basada en enfoque de DDHH, Inclusión, Interculturalidad y perspectiva de género, ley que contemple y fomente la plena inclusión tendiente a la regularización migratoria, como también, una Política Nacional Migratoria con enfoque de DDHH e inclusión e Institucionalidad ejecutora de la política pública migratoria.

La riqueza Todo lo anterior requerirá de una mayor inversión social y, por lo tanto, debemos convenir cómo y en que temporalidad lo lograremos, combinando crecimiento económico de calidad y contribución tributaria al bien común. La realidad actual donde el 10% más rico gana 27 veces más que el 10% más pobre nos indica con claridad quién debe hacer el mayor esfuerzo, sabemos que al Estado le corresponde un rol crucial en producir estos cambios. Una forma directa para obtener los recursos, así como para mejorar la equidad tributaria es un nuevo ajuste focalizado en el 1% más rico de Chile, y ese instrumento ya existió en Chile y es el Impuesto Patrimonial.


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La inclusión política. La mayor igualdad no es solo económica, también requiere que en el país se extiendan los espacios de participación ciudadana en las decisiones que afectan la vida de las personas. Además, exige eliminar toda forma de discriminación y, en particular, realizar un esfuerzo efectivo por reducir las brechas de género que el país mantiene. Postulamos un Estado Social y Democrático de Derecho, basado en la dignidad humana, que promueva la igualdad de oportunidades y la prestación efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Un Estado garantizador de las libertades públicas y la no discriminación arbitraria, por razones religiosas, sexuales, de género, ideológicas, étnicas, indígenas, etarias o de cualquier naturaleza. Para ello abogamos por una nueva Constitución que asuma estos valores, que sea edificadora de un nuevo pacto social, que consolide un verdadero Estado Solidario y un estatuto de derechos que aseguren prestaciones sociales fundamentales. El PPD nace como un partido recuperador de la democracia, su fortalecimiento y consolidación es parte de nuestros objetivos fundamentales. Para ello trabajaremos por la plena participación de todos los sectores de la vida nacional en la construcción de los desafíos del país, la compenetración entre la ciudadanía y la toma de decisiones. La Carta Fundamental debe asumir, con este objeto, los métodos de participación popular directa, como los plebiscitos o referéndum, las iniciativas populares de ley. Lo anterior de la mano al pleno cumplimiento del principio de la probidad y la transparencia, que obliga el funcionamiento de los órganos públicos y de la vida partidaria. Como parte del potenciamiento democratizador de nuestras instituciones, apoyamos la descentralización política, su elección de máximas autoridades, dotando a las regiones de reales competencias y atribuciones. También avanzar hacia una democracia más participativa y descentralizada, con organizaciones sociales fuertes y representativas, con un Estado que impulsa espacios de diálogo y colaboración social. El cambio en la Constitución, ya iniciado, nos abre la gran oportunidad de crear o fortalecer las instituciones que requiere un Chile fundado en la búsqueda de acuerdos sociales y políticos que compromete el esfuerzo de una gran mayoría con visión de largo plazo y que incluye y beneficia a todos/as. En suma, la reducción de la desigualdad, y de la concentración de riqueza debe ir de la mano de un crecimiento económico y reformas institucionales orientadas el aumento de la calidad de vida y bienestar para toda la sociedad. Solo así se puede avanzar


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progresivamente -de acuerdo a las capacidades del país- en garantizar los derechos económicos y sociales de la población. Esa es nuestra meta, construir una sociedad de derechos efectivos, que no escabulle los deberes de los/as ciudadanos/as. 2.- Convertir el crecimiento en Bienestar, un progreso más intensivo en conocimiento e igualdad. Chile no solo debe recuperar el crecimiento, sino además cambiar su rumbo para insertarse plenamente en la sociedad del conocimiento. El crecimiento más intensivo en conocimiento y valor agregado, es más sostenible y genera mejores puestos de trabajo y por ende mayores ingresos para los/as trabajadores/as y mayores oportunidades de igualdad en el país.

Por ello promoveremos un desarrollo inteligente, que diversifica la matriz

productiva e incorpora a Chile a la economía del conocimiento, haciéndolo parte de las

cadenas globales de valor. Una economía inteligente produce bienes y servicios

intensivos en conocimiento y es el complemento productivo a la mejora en la calidad

del sistema educacional que es necesario profundizar para abrir nuevas oportunidades

de que el crecimiento se transforme en bienestar.

Creemos que es posible utilizar nuestros recursos naturales (mineros, alimentarios,

forestales, acuícolas) como plataforma para la inserción en cadenas de valor globales

de alta sofisticación, además de desarrollar una eficiente cadena logística en su entorno

y un ecosistema de innovación a su amparo, que facilite el desarrollo de nuevos

sectores productivos de bienes y servicios. Podemos desarrollarnos en torno a los

recursos naturales, tal y como lo hacen Nueva Zelanda, Australia, Noruega, entre otros.

A partir de nuestra rica dotación de recursos naturales y la capacidad productiva y

tecnológica que hemos ido construyendo en torno a ella, permitirán crear sectores

exportadores de conocimiento que diversifican nuestra matriz productiva y

exportadora.

Los recursos naturales y la exportación de servicios nos permitirán desarrollar un

aparato productivo más diversificado y sustentable con una oferta diferenciadora

global, de altísimo valor y plenamente inserta en la sociedad del conocimiento.

Para avanzar en esa dirección necesitamos hacer grandes cambios, como aumentar nuestra productividad, fortalecer la innovación productiva y la dotación de infraestructura. Sin embargo, sobretodo necesitamos potenciar la colaboración de múltiples actores públicos y privados, empresarios/as, trabajadores/as y organizaciones sociales, empresas y centros de investigación. La economía del futuro es colaborativa y el Estado debe ser el gran impulsor de este esfuerzo.


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Avanzar en esta dirección requerirá el compromiso y colaboración de los principales actores de la economía nacional, incluyendo Gobierno, Congreso, y los diversos gremios empresariales y sindicales de Chile. En este esfuerzo nadie sobra, ciertamente requerimos del emprendimiento del sector privado. Mercados con más competencia, con menos barreras a la entrada, más profundos; queremos democratizar los mercados. Es necesario, también un Estado con más transparencia y cuenta pública que el Estado sea de todos/as y no de unos/as pocos/as. También, una sociedad civil empoderada y dialogante. De allí que propongamos construir un gran acuerdo nacional en torno a los siguientes objetivos:

a) Diversificar la economía y promover el desarrollo de sectores productivos

intensivos en conocimiento. Luego de varias décadas de alto crecimiento

tenemos bases para seguir creciendo. Somos el primer exportador mundial de

cobre y de uva fresca, el segundo de salmones y el cuarto exportador mundial

de vino embotellado, el tercer exportador mundial de nueces, el octavo

exportador mundial de aceite de oliva. Además, ya estamos exportando más de

1.000 millones de dólares en servicios y nuestro primer cliente en servicios es

Estados Unidos.

Sin embargo, la diversificación productiva sigue siendo un desafío para el

crecimiento futuro. Cambiar esta situación, requiere fortalecer la innovación

productiva y la calidad de la educación, especialmente la técnica y la formación

continua de los/as trabajadores/as. Como también un nuevo estilo de

cooperación entre el Estado, los territorios, las empresas, los/as

trabajadores/as, el mundo académico y la sociedad civil organizada. Dicha

colaboración debe buscar aumentar la inversión privada en I+D+I+E , poniendo

más foco, con una clara orientación hacia una misión productiva y fortalecer los

programas públicos de especialización inteligente. Para tal efecto, nos

proponemos:

(i) Fortalecer y democratizar los Ecosistemas de

Emprendimiento e Innovación, creando una masa crítica de

empresas innovadoras y apoyando el emprendimiento dinámico

en sectores prioritarios.

(ii) Fortalecer los Programas Estratégicos de Especialización

Inteligente a través de un vigoroso desarrollo y difusión de

plataformas tecnológicas habilitantes para las empresas y los

territorios en que ellas se localizan, en ámbitos tales como


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logística, internet industrial, energía solar y manufacturas

avanzadas, entre otros.

(iii) Descentralización y foco en Desarrollo Productivo

Regional, generando adecuaciones de los programas e

instrumentos capaces de reconocer las particularidades de cada

región y asegurar oportunidad, pertinencia y adecuada rendición

de cuentas y fortaleciendo la desconcentración de decisiones.

b) Potenciar el desarrollo de la PYME y la calidad de los empleos que genera.

Mejorar el ingreso de casi la mitad de los/as chilenos/as requiere aumentar la productividad de la PYME. Para hacerlo de manera sostenible, la política pública de apoyo a la PYME debe ser vincularlas con cadenas productivas donde participan empresa medianas y grandes, capaces de realizar sistemáticamente I+D+I+E, que las haga parte de cadenas globales de valor.

La productividad laboral de las empresas medianas-grandes es 80% mayor que pequeñas , a su vez, el nivel de productividad relativa de las PYMES en Chile, es inferior a la de países de similar envergadura en América Latina (3% respecto a las Grandes) y si lo comparamos con países OCDE la estructura de productividad es aún más desigual (Francia la productividad relativa de las Microempresas, es 71% con respecto a las Grandes). Esta situación afecta a muchas personas y empresas. El Servicio de Impuestos Internos al año 2013 señaló que el 84% de las corresponde a la categoría de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Sin embargo, ellas representan solo el 14% del total ventas de la economía nacional y un 43% del empleo. En Chile, las Grandes empresas concentran el 97,9%, superior a Brasil y Argentina y muy distante de la realidad de los países OCDE.

Aumentar la productividad también requiere mejorar las condiciones de acceso al fomento y al financiamiento de la PYME, para ello proponemos:

(i) Generar condiciones para atender financieramente a la pequeña empresa e incrementar la presencia de Banco Estado en ella. Superar los desincentivos legales a la existencia de bancos de nicho focalizado en la Pyme. Particularmente los altos cargos de capital respecto a los estándares internacionales.

(ii) Mejorar la eficacia informacional de los préstamos bancarios, con información de tasas y comisiones, dado que en la actualidad no está disponible. Para ello la SBIF debe tener un rol mucho más activo y cruzar


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su información con el SII.

(iii) Fomentar la reconversión productiva y el re-emprendimiento de aquellas PYMEs que entran en problemas de sostenibilidad.

(iv) Fortalecer el Programa de Cobertura Pro-Inversión, que garantiza hasta el 80% de una inversión a empresas con ventas de hasta UF 600.000 en el año, con foco en incorporación de bienes de capital y en la implementación de proyectos de inversión productiva.

(v) Crear un Fondos de Capital de Riesgo para Empresas en Fase Temprana, especialmente para empresas que se encuentren en etapas tempranas de desarrollo y presenten potencial de crecimiento e innovación en sectores vinculados con las tecnologías.

Además, el desarrollo de la PYME requiere la reducción de otras barreras en los mercados en que opera. En gran medida, su condición de proveedores de grandes empresas, hace que su estabilidad financiera dependa de que en la gran industria o empresa se introduzcan condiciones justas hacia sus proveedores. El Estado, a través de instrumentos de fomento y normativos deberá estimular el justo trato a la PYME por parte de las grandes empresas.

c) Crear mejores condiciones de inclusión, protección y movilidad laboral para los/as trabajadores/as. La política laboral y de empleo debe apuntar a incrementar la participación y compromiso de los/as trabajadores/as con la empresa para aumentar la productividad y las remuneraciones. El Estado, por su parte, debe fortalecer el carácter solidario del sistema de pensiones y de protección frente al desempleo. Además de habilitar al/la trabajador/a se ha de adecuar a requerimientos de calificación que cambian a un ritmo acelerado. El internet de las cosas y el manejo de grandes bases de datos cambia el tipo y cantidad de trabajos que se generan.

Es necesario democratizar el acceso a este nuevo mundo laboral y para ello nos proponemos fortalecer el diálogo al interior de la empresa, entre el sindicato y la administración, para adecuarse a esta nueva realidad y aumentar la productividad, logrando que sus beneficios se distribuyan de manera justa. Ello se complementará con programas público-privados orientados a lograr mayores competencias tecnológicas y prácticas colaborativas, aprovechando sinergias a nivel regional entre los centros de


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formación, universidades y la industria.

Los cambios demográficos y su efecto en los mercados del trabajo no pueden ser ignorados en el diseño de políticas laborales. Chile necesita resolver el problema de la empleabilidad de jóvenes, y también el de la extensión de la vida económicamente activa de la tercera edad. Para hacer frente a estos desafíos se requiere la introducción de flexibilidad en los modelos de empleo, en cuanto a jornadas de y trabajo a distancia, entre otros. En el corto plazo, y frente al aumento en el desempleo, deben generarse las condiciones que faciliten la retención de talento en las empresas, especialmente de jóvenes y mujeres. En el caso de los/as desempleados/as, un acceso ágil y apropiado a los recursos del AFC permite también una búsqueda de trabajo más eficiente. En el mediano plazo, los esfuerzos de capacitación debieran orientarse hacia facilitar la movilidad de los/as trabajadores/as desde los sectores, firmas y regiones que están teniendo mayores dificultades, hacia aquellas donde la actividad económica se beneficia de las condiciones más favorables.

d) Fortalecer la contribución del Estado en la promoción del crecimiento. En la actual coyuntura al Estado le cabe un rol clave en la recuperación económica. La inversión para mejorar el acceso a bienes públicos de calidad y dotar de buena infraestructura al país será un gatillo para el crecimiento, más adelante se vuelve sobre este tema.

Además, el Gobierno persistirá en la mantención de un entorno de estabilidad macro-financiera es condición necesaria para un crecimiento sostenido. Por ello, mantendremos la disciplina fiscal adecuando el nivel de gasto público a los ingresos estructurales del fisco, reduciendo el gasto en actividades y programas ineficaces para hacer espacio a aquellos que logran buenos resultados. También es necesario modernizar el Estado y generar condiciones adecuadas para la inversión privada. Impulsaremos un gran esfuerzo por incrementar la competencia y mejorar la eficiencia regulatoria.

A la vez, con miras al mediano plazo, se deben analizar medidas para reformar el sistema de permisos sectoriales, reduciendo los espacios de discrecionalidad y aumentando la transparencia; sin menoscabar la protección ambiental y la fiscalización oportuna y eficiente. La meta debe ser satisfacer simultáneamente los intereses de inversionistas y ciudadanos/as. Entre otras, estimamos particularmente importante actuar en áreas como: la administración de los bienes fiscales, los permisos y regulaciones que dependen de la Dirección General de Aguas, las autorizaciones e inspecciones sanitarias y los permisos de calificación industrial.


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e) Asegurar el pleno acceso a la época digital y del conocimiento, es un asunto de ciudadanía, donde se juega la calidad del espacio público y de las oportunidades de las personas. Se ha iniciado la Cuarta Revolución Industrial, impulsada por el Internet de las Cosas, la robótica, Inteligencia Artificial, el uso de los datos y la Nube, entre otras importantes creaciones. Todas ellas, nos presentan un sinnúmero de oportunidades que debemos aprovechar en todas las áreas que nos sean posibles para todos/as nuestros/as ciudadanos/as. La ciencia, la tecnología, la innovación son herramientas indispensables para enfrentar los desafíos comunes de futuro. Estas inciden en todas las dimensiones de la vida cotidiana: la conservación de la naturaleza, seguridad de la alimentación, el clima mundial, la temperatura de la atmósfera, código genético, redes de transporte y comunicación; emisiones de gas, nuevos virus, el cauce de los ríos y el nivel del mar; los genes o el ganado vacuno. Otros temas también se toman el interés público, el funcionamiento las 24 horas; el teletrabajo como alternativa real de convivencia laboral y familiar, etc. Además, existen nuevos desafíos para gobernar el mundo en la era digital, constitucionalismo multinivel, el tránsito hacia la democracia digital nos ofrece una oportunidad para desarrollar un sistema de gobernanza en donde la gente, los/as ciudadanos/as, se vean empoderados/as para participar en la toma de decisiones. f) Fortalecer un ecosistema para la vida digital. Chile avanza en conectividad, apropiación y uso de las nuevas tecnologías. Cerca de un 78% de la población es usuaria de Internet; y un 96% de la red de telecomunicaciones. Buenas cifras, pero que requiere construir un ecosistema para la vida digital, inclusiva y descentralizada. Una apertura digital, el libre acceso a la infraestructura digital y a diferentes plataformas tecnológicas; una confianza digital, donde los ciudadanos se sientan que existe los respaldos y el conocimiento para sacar el mayor provecho de la infraestructura disponible; la innovación y emprendimiento digital; donde se ponga a disposición y se fomente las tecnologías para emprender y crear nuevos y mejores servicios. Proponemos la creación de una nueva institucionalidad para la ciencia y la investigación; capaz de resolver los problemas con políticas de corto, mediano y largo plazo. Dicha institucionalidad debe tener las herramientas necesarias para poder formar capital humano avanzado, cofinanciar proyectos de investigación, hacer seguimiento de los proyectos de investigación, establecer políticas de largo plazo, fomentar la interacción entre empresas y universidades, llevar a cabo propuestas de inserción académica en las universidades, industria y Estado, políticas de fomento para aumentar la inversión en ciencia de la industria, comunicar y difundir la ciencia e investigación desde la infancia y en igualdad de género.


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4.- Desarrollo sostenible, desde y para el territorio.

La mirada ecológica constituye un cambio de paradigma que cada vez más se siente en la realidad y en la mirada de las personas. Notorio fue la prioridad que estos temas recibieron en las jornadas ciudadanas de debate constitucional. Cada vez más las personas y en particular los/as más jóvenes valoran emocionalmente nuestros paisajes, la relevancia del agua y los derechos de los animales. Esto demuestra que el cuidado al medio ambiente es parte de la concepción de bienestar que hoy tiene el ser humano.

Dentro de la concepción del desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente es uno de los factores más incidentes en la construcción de una sociedad sostenible. Su cuidado no sólo debe estar totalmente relacionado con el crecimiento económico y la inclusión social, sino que debe ser una variable determinante en la ejecución de políticas y medidas que estén destinadas al desarrollo de los países.

Para lograr contar con un medio ambiente protegido las acciones deben enfocarse en la adecuada utilización de nuestros recursos naturales, de una protección de la biodiversidad, y en la disminución del impacto y efectos nocivos producidos por la acción humana. En esta misma línea, las naciones deben enfocarse en enfrentar el cambio climático, dimensión que es responsable de problemas mundiales, como la sequía, extinción de especies, destrucción de ecosistemas; incluso generando externalidades negativas en la salud de la humanidad y en la estabilidad económica de algunos países.

Se debe promover una cultura ambiental que sea capaz de cambiar los patrones de producción y consumo de hoy, en donde la explotación de los recursos naturales y la acumulación de dinero son la base del desarrollo. También, se debe incentivar una cultura ecológica en todos los ámbitos educacionales, pero por sobre todo debemos potenciar el rol del Estado y actores políticos como entes de regulación y fiscalización en materias medioambientales. Si queremos crecer con bienestar no debemos olvidar que el ser humano es parte del problema y una parte fundamental en la construcción de una sociedad ecológica y medioambientalmente responsable.

Para el Chile del siglo 21 se proponen las siguientes políticas ambientales:

1. Una Ley de Cambio Climático: Que prepare al país para enfrentar este fenómeno imparable que tendrá gravísimos impactos en el país y la humanidad como un todo.

2. Definir el Valor Ambiental del Territorio: Que se inscriba en la política y planes de ordenamiento territorial regionales y comunales.


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3. Pasivos ambientales: Que posibilite recuperar los daños por los procesos destructivos de la minería, la erosión y la deforestación.

4. Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas: Principal patrimonio natural del país y base de una nueva economía sustentable y diversificada.

5. Plan Nacional de Educación Ambiental: Que mejore la conciencia de la población y nos prepare para el cambio cultural.

6. Calidad Ambiental del Agua: Definir las normas secundarias para las principales cuencas del país que proteja el servicio ecosistémico que aporta el agua.

7. Institucionalidad Ambiental: Hacer los cambios regulatorios para que el Ministerio del Medio Ambiente tenga una autoridad equivalente a los demás ministerios sectoriales en fomento, regulación y fiscalización.

El territorio: Objetivo de las políticas públicas sustentables Poner el acento en el territorio supone, en primer lugar, un cambio de visión del Estado chileno hacia un Estado realmente descentralizado que supere el actual estancamiento de este proceso y traspase poder realmente desde el centro a las regiones. El Estado unitario con sus delegaciones regionales ha sido efectivo para mínimos sociales, infraestructura básica de desarrollo y convergencia parcial en servicios complejos. Pero la brecha Santiago-Regiones ha crecido, el Estado falla y las regiones claman por planes de desarrollo con cooperación público-privada, sobre todo en infraestructura, incluyendo conectividad interregional e internacional. Tampoco existe autonomía para pactar soluciones a quiebres sociales y los conflictos territoriales siguen aumentando en el modelo político centralizado que no permite la corresponsabilidad y la búsqueda asociativa de soluciones desde los territorios. Tenemos la convicción de que solo la existencia de regiones empoderadas con autoridades propias elegidas democráticamente permitirá empujar las transferencias de competencias y recursos hacia éstas. El/la gobernador/a regional tendrá no solo que defender los intereses de sus habitantes ante el nivel central, sino que también será quien debe liderar el desarrollo territorial de su región. Los antecedentes existentes a nivel de estudios desarrollados por organismos

internacionales como el BID, la OCDE, el Banco Mundial y la CEPAL, han sostenido que

uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro desarrollo está asociado al

equilibrio territorial. En consecuencia, el desarrollo de los territorios en el ámbito

regional y local se transforma en un imperativo de la propuesta programática del PPD.


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Estos niveles de concentración demográfica y económica 1 , representan una falla

estructural del modelo de crecimiento que hemos tenido en estos últimos 40 años. Han

sido las lógicas del mercado (concentración) las que han imperado en las políticas

públicas de desarrollo regional. Debemos pasar a considerar la escala territorial en el

diseño de las políticas públicas de desarrollo sustentable

En este contexto es que debemos avanzar en la construcción de un Chile más armónico y equilibrado, pero comprendiendo que este proceso implica, no solo fortalecer y democratizar a las regiones sino también fortalecer a los Municipios para constituir Gobiernos Locales efectivos. Un cambio de enfoque territorial implica un rediseño de la institucionalidad pública a Nivel Nacional. Tenemos que fortalecer y rediseñar aún más el Fondo Común Municipal, orientándolo sustantivamente a entregar más recursos a los territorios vulnerables, fortalecer la inversión pública regional y sectorial con enfoque de equidad territorial, incorporando también la dimensión de género y la diversidad cultural local, dentro de una estrategia de nuevos gobiernos regionales más empoderados Planteamos implementar políticas públicas de desarrollo territorial, pues son los territorios en su diversidad, complejidad y especificidad el principal factor de desarrollo inclusivo y sostenible, lo que requiere diseñar e implementar políticas orientadas a potenciar las oportunidades de bienestar en sus regiones y comunas. Un nuevo objetivo requiere nuevos indicadores. Por lo tanto, pensar en desarrollo sustentable es hacerlo desde los propios territorios;

por ello la descentralización es un imperativo de política pública de desarrollo

sustentable. Los desafíos de futuro no los podemos abordar con la institucionalidad

que hoy tenemos. Por ejemplo, hoy en día existen diversas instituciones que están

queriendo protagonizar los desafíos en fomento, innovación y emprendimiento. Esta

situación la vemos con el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, el

Ministerio de Economía, Ministerios Sectoriales, CONICYT, Gobiernos Regionales, entre

otros. En esta matriz de actuaciones ha primado la descoordinación, los protagonismos

difusos, la inexistente coordinación pública-pública, la duplicidad de tiempos y recurso,

entre otras, que han trabado y desdibujado el verdadero sentido de la acción pública

en el desarrollo. En consecuencia, la descentralización efectiva, pero también eficiente

es un instrumento requerido para avanzar en políticas públicas de desarrollo regional

de impacto.


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Una mirada al desarrollo urbano: Ciudades Amables, Verdes e Integradas. El desarrollo urbano y la ciudad constituyen probablemente el desafío más grande e innovador que permitirá renovar profundamente la política. Las ciudades chilenas son la expresión más nítida de las contradicciones que tensionan hoy a la sociedad nacional. Qué duda cabe que parte de nuestras ciudades son la expresión de procesos de modernización que ha vivido nuestro país en el último cuarto de siglo, mejoras en un amplio abanico de indicadores, pero por contrapartida, dichos avances han quedado muy lejos de llegar al conjunto de los/as ciudadanos/as, haciendo manifiesto la debilidad de nuestras políticas públicas en la materia. Consideramos además que las ciudades deben ser amables para todos/as sus habitantes, lo que implica por ejemplo ciudades seguras para las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Los intensos procesos de urbanización vividos por el país a través del siglo XX, han establecido un patrón de localización intenso sobre las ciudades, con especial preferencia en los ámbitos metropolitanos y de cabeceras regionales. Esto ha significado un aumento y presión sustantiva sobre el uso del suelo urbano, lo que ha generado constantes ampliaciones del límite urbano, y la producción de un modelo de ciudad plana y extendida. Un aspecto muy relevante en materia de construcción de ciudad lo representan la fuerte tendencia de la población a buscar su vivienda en los centros de las ciudades (se dice que la comuna más poblada de Chile en 10 años será la comuna de Santiago, que hoy estaría ya por sobre los 400.000 habitantes). Esto que es una buena noticia, exige una acción pública decidida a fin de resguardar propuestas urbanísticas que preserven un estilo de calidad en la vida de los/as habitantes, esto supone anteponer a la rentabilidad urbana propuestas de ciudad, que aseguren densidades sustentables y mejoras en la movilidad intermodal. Por otro lado, el patrón urbanístico de construcción de las ciudades ha estado marcado por el precio del suelo como criterio de planificación, generando una conformación segregada de la ciudad, rasgo que está presente como imagen de la mayoría de las ciudades del país (estudios de actores privados calculan en 15% la población urbana que vive en zonas segregadas), pero por otro lado, mostrando una débil capacidad pública de gestionar procesos de regeneración o renovación de zonas excluidas o necesitadas de transformación social. En materia de déficit habitacional es muy importante asumir que en los últimos años, debido a problemas en la implementación de la política pública de vivienda social, se ha producido una acumulación en la demanda de viviendas nuevas que se ubicaría por


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sobre las 450.000 unidades según el MINVU, de las cuales 240 mil estarían en Santiago (y entre 2009 a 2013 aumentó la demanda en 15%). Pero también, se ha acumulado una significativa demanda en materia cualitativa, llegando a más de un millón las viviendas que requieren mejoramiento o saneamiento. Finalmente, ninguna política de ciudades y territorio puede hoy por hoy obviar dos aspectos fundamentales, en primer lugar, la demanda de consumo de agua potable, abastecimiento que puede estar amenazado por las consecuencias del cambio climático, por lo cual se debe prever acciones que anticipen este problema; y en segundo lugar, debemos profundizar nuestra apuesta desde el progresismo por una Cultura Urbana , que ponga en el centro el reto de vivir juntos (recordemos el desafío que la inmigración está planteando a la gobernanza local en las ciudades), y que permitan llenar de contenidos públicos las vidas privadas de las personas, lo que permitirá contribuir a reducir el impacto del individualismo y los niveles de temor y desconfianza interpersonal.

Líneas de Acción • Legislar acerca de recuperación de plusvalías y aportes de los privados en materia de urbanización. • Profundizar en políticas públicas de regeneración y renovación urbana de zonas excluidas socialmente. • Enfrentar la provisión de suelo de destino público (mediante sistema de integración social) en la ciudad interior. Se debe aprobar la modificación de las zonas inmediatas de la red de metro, para materializar subsidios en vivienda.

Infraestructura de calidad para todos/as. El desarrollo sostenible del territorio requiere más y mejor infraestructura pública en áreas tales como recursos hídricos y servicios sanitarios, servicios hospitalarios, transporte público y conectividad urbana e interurbana, vivienda, comunicaciones, puertos y aeropuertos, constituye una palanca fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las naciones, permitiendo promover la igualdad de oportunidades, equidad de género y la eliminación de las desigualdades sociales. Chile -luego del retorno a la democracia- impulsó el aumento del gasto público en infraestructuras públicas y fortaleció la asociación público-privada con resultados exitosos en el aumento de provisión de infraestructura y del PIB. Sin embargo,


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actualmente Chile invierte solo un tercio (como porcentaje del PIB) de lo que llegó a realizar lo que es insuficiente para satisfacer los requerimientos del país. De hecho, la dotación de infraestructura en Chile es el indicador con peor evaluación según el Foro Económico Mundial. Consciente de ello, el Gobierno de la Presidenta Bachelet impulsó la “Agenda Infraestructura, Desarrollo, Inclusión, Chile 30/30 que propone un potente estatuto regulatorio de fiscalización y control que permita a los privados canalizar las inversiones necesarias para el diseño, construcción y/u operación de infraestructura pública (BOT o APP). Así la inversión (sólo pública o de asociación público-privada), correctamente utilizados, pueden lograr los objetivos de un desarrollo sustentable, inclusivo, igualitario, propio del Estado social y democrático de derecho que anhelamos. Así, un punto central de las políticas públicas en materia de infraestructura, cualquiera sea el camino que se adopte sobre el rol de los privados, es dotar a las entidades estatales competentes de la fortaleza institucional, técnica y económica para diseñar y elaborar proyectos, pliegos de licitación, fiscalizar adecuadamente su implementación, controlar eficazmente y, en su caso, sancionar y corregir con la debida prontitud. La excelencia administrativa, la dotación de recursos necesarios, la potenciación del Estado regulador, permitirán a Chile obtener una adecuada infraestructura pública, sin contingencias de retrasos, mayores costos para el Fisco y perjuicios para la comunidad que deseamos servir. Proyecciones recientes indican que Chile necesita invertir en los próximos cinco años cerca de US$ 11.500 millones de dólares anuales en obras de infraestructura (Frei, 2015), mientras que el presupuesto MOP para el año 2016 alcanza los US$ 3.440 millones de dólares aproximadamente, la cartera de infraestructura pública que se implemente para Chile debe considerar una agenda de corto, mediano y largo plazo, que mire un horizonte de al menos 20 años. Esto significa partir desde ya con la priorización de una cartera de proyectos identificados por prioridades regionales y nacionales, sectores de la población beneficiados, entidades públicas competentes para su desarrollo, y el rol de la asociación público-privada que corresponda en cada caso. Agilizar el trámite del “Fondo de Infraestructura”, para aprovechar los activos del Estado representados por los flujos financieros derivados de las concesiones de obras adjudicadas, traspasándolos a otros proyectos de alta rentabilidad social y económica. La seguridad jurídica que brinda el país, sumado a la exitosa experiencia de la asociación público-privada en generación de infraestructura desde el retorno a la democracia, representa una oportunidad para mejorarla, potenciarla, en aras del


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crecimiento económico y la calidad de vida de la comunidad nacional que conlleve más y mejores servicio públicos con beneficio directo para las personas y su entorno familiar y comunitario, generando intensivamente empleos estables y fomentando la innovación tecnológica. Para ello debemos impulsar, entre otros proyectos emblemáticos: -La conexión entre Arica y Quellón, el Plan de Conectividad Austral marítima y terrestre hasta Puerto Williams, el Puente Chacao, extender la Carretera de la Costa y el Pie Andino, conectar de manera moderna y tecnificada a Chile con Argentina, implementando corredores bioceánicos, por medio del Túnel de Aguas Negras en Coquimbo y posteriormente el Paso Las Leñas, el Proyecto binacional para carga de Los Libertadores. A su vez proseguir con fuerza el plan de pavimentación de caminos existentes (falta un 70%). Dotar de más y mejor infraestructura ferroviaria, que pueda unir progresivamente Chile y que permita la alimentación de carga para los puertos del país, que precisan, a su vez, aumentar su capacidad. -El trasporte público debe priorizarse, fomentando el empleo de las tecnologías limpias (como los tranvías, teleféricos y buses eléctricos), así como los corredores exclusivos y la expansión del METRO de manera de garantizar a hombres y mujeres un transporte público de calidad y a escala humana. -En materia de recursos hídricos, postulamos su reconocimiento efectivo como bien nacional de uso público, priorizando el abastecimiento para consumo humano. El Estado debe regular y fomentar la inversión en desalinizar agua de mar, permitiendo un ordenamiento territorial y logrando abastecimiento para la población, agroindustria y minería. Chile puede ser una potencia agrícola sustentable, basada en energías renovables y agua desalada. -Debemos expandir la infraestructura para la conectividad digital en Chile, que incluya a las regiones y proyecte un cable de fibra óptica América del Sur-China. Para alcanzar lo anterior, debemos robustecer los órganos del Estado para que actúen con la debida diligencia, asumiendo que la probidad implica tanto la prohibición de cometer ilícitos, como actuar de manera oportuna, ágil, eficiente y eficaz, para la consecución del deseado bienestar colectivo. III.- El Compromiso del Próximo Gobierno: continuar con la agenda de reformas, con acento en la calidad.


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El gobierno de la Presidenta Bachelet lleva adelante un ambicioso programa de reformas que apoyamos y en el cual vamos a perseverar. Solo así se dará cuenta del justo reclamo ciudadano por un Chile con mayor igualdad. El próximo gobierno tiene el desafío de mantener la dirección de cambio, asegurando un financiamiento y la creación de capacidades coherentes con las metas que se plantea y fortaleciendo la adhesión ciudadana requerida para darle legitimidad y asegurar la sostenibilidad del esfuerzo reformista. La suma de estas dos condiciones es lo que dará eficacia a la consecución de resultados que mejoren las oportunidades y calidad de vida de todos y todas. La oferta programática del próximo gobierno considerará los desafíos que buscó abordar este gobierno y también otras como las de salud y pensiones que es indispensable asumir. Sin embargo, ello ocurrirá en un difícil escenario marcado por la desconfianza ciudadana en las instituciones, el reclamo por mejor acceso a servicios públicos de calidad y la necesidad de recuperar dinamismo económico en un escenario internacional complejo e incierto. De allí que la calidad de las reformas y de los servicios que estas proveen será el patrón de éxito por las cual se les medirá a este y al próximo gobierno. De allí que nuestra agenda de calidad en las reformas tendrá como fundamento los siguientes principios:

a. Prioridades claras insertas en una estrategia de largo plazo que permita a la ciudadanía visualizar los logros a que se aspira y también lo que en un breve período de cuatro años se puede alcanzar. Por lo tanto, se trata de identificar los pasos posibles y la secuencia necesaria para llevar adelante las prioridades ciudadanas con una perspectiva de largo plazo.

b. Diálogo abierto, informado, responsable, respetuoso y transparente para la formulación e implementación de las reformas. Para que las reformas cuenten con legitimidad ciudadana, es necesario generar espacios para que participen los distintos actores que conforman la sociedad, incluyendo a la sociedad civil, el Estado y el mundo productivo, como también las distintas visiones políticas. Estos nuevos espacios de participación debiesen permitir que surjan nuevos liderazgos, lo que reforzará la legitimidad del proceso y, con ello, su gobernabilidad. El resto es pura tecnocracia que termina desprestigiando las reformas.

c. Fortalecer el rol del Estado en garantizar el acceso a la provisión de


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los servicios sociales esenciales. Los servicios públicos deben aumentar calidad y fortalecer el carácter solidario del financiamiento en la provisión de estos servicios. Este debe ser el principal mecanismo a través del cual se redistribuyan los ingresos del 5% más rico de la población hacia el resto de los ciudadanos y ciudadanas.

d. Gradualidad coherente con las capacidades. Las reformas sociales demandan gran cantidad de recursos y suponen importantes cambios institucionales, solo se puede avanzar de manera coherente con los recursos humanos, financieros e institucionales de que se dispone. El resto es populismo y una receta para el fracaso que solo contribuirá a seguir desprestigiando las instituciones.

e. Rigor técnico y eficacia en la implementación. La diferencia entre una buena y mala reforma es la capacidad con que se diseña e implementa. Las reformas sociales deben considerar los recursos que disponemos y el nuevo Chile que habitamos. En la actualidad, por ejemplo, la prevención en salud es mucho más importante y necesaria que en el pasado, sustituyendo en relevancia a la medicina curativa.

A partir de estas orientaciones generales se definirá, más adelante, la hoja de ruta hacia un Chile más incluyente e igualitario, con sus respectivas prioridades y cursos de acción. Como se dijera, en el corto plazo, es crucial la participación del Estado en la implementación eficaz de la inversión pública o concesionada, incluyendo las cruciales inversiones de Codelco. Prioritario en esta dimensión es fortalecer la capacidad pública para identificar buenos proyectos de inversión en infraestructura y acelerar la aprobación del proyecto de ley y luego la rápida implementación del Fondo de Infraestructura, así como la nueva institucionalidad que crea la Dirección de Concesiones. La inversión en infraestructura vial y logística, la que democratice el acceso a internet de calidad, y que dote de parques y espacios deportivos a las zonas más rezagadas, como aquella orientada al mejoramiento en el transporte. Un Estado proactivo, participativo, eficiente, transparente y con sentido de futuro. Como ya se ha señalado la construcción de futuro demanda una visión compartida del Chile en que queremos vivir y de prioridades claras para lograrlo. El Estado, especialmente el Gobierno y el Parlamento, debe ser el gran convocante al diálogo para construir esta visión y, posteriormente, articular los esfuerzos para hacer


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realidad esta visión. Por eso, una prioridad clara del próximo gobierno será mejorar la forma en que opera el Estado; para que este genere las condiciones económicas, sociales y políticas para mejorar la vida en sociedad. El Estado es el responsable de asegurar que la democracia sea real y garantice los derechos ciudadanos de manera coherente con sus posibilidades, como también asegure el cumplimiento de los deberes ciudadanos. La calidad de la acción pública es nuestro principal compromiso con la ciudadanía. Asumimos, sin complejos que el Estado tiene un rol crucial, ciertamente no único, en la construcción de la sociedad del futuro, en lo social, político y económico. En particular el Estado y lo público debe recuperar su rol de articulador de la sociedad, en la mejor tradición de la historia del país, el Estado ha sido un constituyente clave de la sociedad. El Estado ya debe actuar proactiva y centralmente en áreas que, la experiencia de las últimas décadas ha evidenciado como necesarias para avanzar en una sociedad más integrada, próspera y dinámica. El Estado requiere modernizar sus instituciones para representar, en su accionar, el interés ciudadano, el de todos/as los/as ciudadanos/as y no solo los que ya detentan el poder del dinero. Actualmente el Estado no está en condiciones de cumplir su rol a cabalidad, porque si bien debe ser parte de la solución de nuestros déficits como sociedad, también es parte del problema, ya que es actualmente incapaz de proveer los servicios en que tiene responsabilidad, garantizando su calidad. Ello supone fortalecer las capacidades y, sobretodo, la eficiencia pública en el cumplimiento de sus funciones básicas: asegurar el respeto a la ley, el estado de derecho y la seguridad ciudadana; el diálogo activo y transparente con la ciudadanía, asegurando el diálogo ciudadano en igualdad de género, la eficiencia y calidad en los servicios públicos, la promoción del crecimiento en el contexto de una economía de mercado e impulsar con iniciativas concretas el desarrollo, como debiera hacerlo por ejemplo en el cobre, así como en la promoción en general de producción con mayor valor agregado fortalecer la probidad y mantener cuentas fiscales sanas. La eficacia en la administración pública es clave para mejorar la calidad de vida de los/as ciudadanos/as. Por eso es indispensable fortalecer la evaluación de la acción pública y desechar los programas y acciones ineficientes. Exige también fortalecer la participación ciudadana y la información transparente sobre el quehacer del Estado y las decisiones que debe tomar. Para tal efecto propondremos la creación de un ente participativo, el Consejo Ciudadano, que los poderes del Estado tendrán la obligación de consultar al momento de hacer definiciones cruciales para la convivencia y el bienestar social. El Consejo Ciudadano contará con paridad de género. Ello también demanda que este coopere


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con mejorar la calidad de las organizaciones de la sociedad civil y que contribuya a crear un espacio de trabajo colaborativo entre los distintos actores sociales y económicos. Como ya se ha dicho el proceso constituyente nos abre una inmejorable oportunidad para modernizar y mejorar la calidad de las instituciones públicas, así como fortalecer los derechos y deberes ciudadanos. Este es el único camino posible para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Para hacer frente a lo anterior, el Estado requiere una transformación profunda que va más allá de lo realizable en un período de gobierno. Proponemos convocar a la celebración de un Contrato Social para la modernización del Estado. Esto requiere el consenso de las fuerzas sociales y políticas y un trabajo de largo plazo. El modelo para esto lo constituye lo realizado con la Reforma Procesal Penal, que siendo en su momento un esfuerzo de gran envergadura, se trabajó en él sostenida, amplia y gradualmente en un plan que abarcó la acción de varios gobiernos, alcanzándose los resultados esperados.

La concepción de un Estado moderno debe abandonar tanto el simple rol subsidiario como el modelo de Estado sobreprotector, reemplazándolo por un rol visionario y vigilante, atento a los desafíos del futuro y a los desequilibrios producidos por el mercado, capaz de actuar para corregir las distorsiones del mismo, y acometer iniciativas que resuelvan los déficits económicos y sociales del país. Adelantándose a las crisis en forma eficiente y efectiva, y con mecanismos afines a una sociedad de ciudadanos/as que exigen participación y espacios para ser actores principales del logro de sus metas. Se requiere por lo tanto, de una nueva forma de estructuración y gestión del Estado que considere la nueva cultura ciudadana, el uso pleno de las tecnologías más modernas disponibles, tanto en su gestión como en su forma de relacionarse con los diversos actores de la sociedad. El nuevo Estado deberá considerar instituciones que colaboren con el sector privado, en un sentido amplio, en la promoción del desarrollo. Este esfuerzo colaborativo es una condición para la especialización inteligente de la economía. Ello supone también adquirir nuevas capacidades estratégicas. El quehacer público se debe ordenar a partir de una estrategia de largo plazo basada en una visión ampliamente compartida del futuro. El Estado debe ser el gran articulador de este plan estratégico de Chile y a partir de él definir prioridades y coordinar acciones públicas y privadas para lograrlo.

Chile en su Vecindario El Estado debe jugar un rol crucial en la inserción de Chile en el mundo. En un mundo multipolar la acción común de los países más pequeños es una condición para que su


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voz se escuche. La Comunidad de Estados de América latina y el Caribe debe ser la plataforma desde la cual Chile fortalece su presencia a nivel global. Ello debe hacerse aprovechando nuestras similitudes y fortaleciendo nuestra presencia a través de una voz común. La integración real de América Latina es una condición necesaria para el éxito de la estrategia que enunciamos y una prioridad para el próximo gobierno.

La Propuesta… Comienza la Invitación Este es el camino por donde queremos invitar a la reflexión a Chile, y al PPD. No sólo cómo queremos el próximo gobierno, si no cuál es el país que queremos para los próximos 20 años. Cuál es el Chile para nuestros/as hijos, hijas y nuestros/as nietos y nietas. Cuáles serán las formas de entendernos, cuáles serán las formas de crecimiento, cuáles serán los valores que nos hagan vivir en Felicidad. Cuáles son los anhelos que queremos cumplir. Nuestra propuesta para conversar señala tópicos centrales de un debate que obviamente es mayor, y que debe ser más amplio. Hay necesidades gigantescas sobre la situación Internacional y el rol de Chile en el concierto de las naciones, cuáles deben ser nuestros aportes y qué esperamos de nuestra inserción internacional. En especial de nuestra relación con nuestros países hermanos, y con los que compartimos fronteras. Sin duda hay que levantar opinión y metas sobre la Vivienda como un Derecho Humano, y su respectiva política social que no debe distraerse, porque es el concepto de integración más amplio y perecedero al que se aspira. Hay que generar propuestas concretas sobre el rol de los Pueblos Indígenas en nuestro país. Cuales serán las medidas concretas para asegurar su respeto, y poder recibir el máximo de aportes de las etnias que son parte de este Chile. Tenemos que conversar, opinar, escuchar y verter nuestros compromisos en qué es lo que queremos en temas tan importantes como la Seguridad Ciudadana, las políticas deportivas, el desarrollo de la cultura, y un gran etcétera. Esta es sólo una invitación a conversar. Nosotros sólo ofrecemos nuestros puntos de vistas y sugerencias programáticas. Pero el camino lo debemos recorrer todos y todas.


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Los sueños son puentes que se pueden construir con ladrillos de distintos portes, colores y formas. No queremos limitarnos…

Son puentes, sueños, metas, para Mejorar la Vida… de Tod@s y Entre Tod@s!...


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Una invitación - ppdchile.cl · Una invitación a conversar, soñar, construir, creer. Propuesta...

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