Ley 26.657 – SALUD PÚBLICA – Derecho a la protección de la Salud mental

SALUD PÚBLICA Ley 26.657Derecho a la Protección de la Salud Mental.Disposiciones complementarias. Derógase la Ley Nº 22.914.Sancionada: Noviembre 25 de 2010Promulgada: Diciembre 2 de 2010El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:LEY NACIONAL DE SALUD MENTALCapítulo IDerechos y garantíasARTICULO 1° — La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.ARTICULO 2° — Se consideran parte integrante de la presente ley los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud, del 14 de noviembre de 1990, y los Principios de Brasilia Rectores; para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas, del 9 de noviembre de 1990, se consideran instrumentos de orientación para la planificación de políticas públicas.

Capítulo IIDefiniciónARTICULO 3° — En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de:a) Status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso;b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona;c) Elección o identidad sexual;d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización.ARTICULO 4° — Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud.ARTICULO 5° — La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede

deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado.

Capítulo IIIÁmbito de aplicaciónARTICULO 6° — Los servicios y efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, deben adecuarse a los principios establecidos en la presente ley.

Capítulo IVDerechos de las personas con padecimiento mentalARTICULO 7° — El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos: a) Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud;b) Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia;c) Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos;d) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria;e) Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe;f) Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso;g) Derecho del asistido, su abogado, un familiar, o allegado que éste designe, a acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias clínicas;h) Derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión;i) Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado;j) Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales;k) Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades;l) Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación;m) Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente; n) Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable;o) Derecho a no ser sometido a trabajos forzados; p) Derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados.

Capítulo VModalidad de abordajeARTICULO 8° — Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. ARTICULO 9° — El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales.ARTICULO 10. — Por principio rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones, con las únicas excepciones y garantías establecidas en la presente ley. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. ARTICULO 11. — La Autoridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios; servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas.ARTICULO 12. — La prescripción de medicación sólo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La indicación y renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios.

Capítulo VIDel equipo interdisciplinarioARTICULO 13. — Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas.

Capítulo VIIInternacionesARTICULO 14. — La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el

entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente.ARTICULO 15. — La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes.ARTICULO 16. — Toda disposición de internación, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación, con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra;b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar;c) Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda.Sólo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria.ARTICULO 17. — En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su identidad, la institución que realiza la internación, en colaboración con los organismos públicos que correspondan, debe realizar las averiguaciones tendientes a conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que la persona tuviese o indicase, o esclarecer su identidad, a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. La institución debe brindar colaboración a los requerimientos de información que solicite el órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley. ARTICULO 18. — La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de SESENTA (60) días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar, en un plazo no mayor de CINCO (5) días de ser notificado, si la internación continúa teniendo carácter voluntario o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria, con los requisitos y garantías establecidos para esta última situación.En caso de que la prolongación de la internación fuese por problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al órgano administrativo correspondiente la inclusión en programas sociales y dispositivos específicos y la externación a la mayor brevedad posible, comunicando dicha situación al órgano de revisión creado por esta ley.ARTICULO 19. — El consentimiento obtenido o mantenido con dolo, debidamente comprobado por autoridad judicial, o el incumplimiento de la obligación de informar establecida en los capítulos VII y VIII de la presente ley, harán pasible al profesional responsable y al director de la institución de las acciones civiles y penales que correspondan. ARTICULO 20. — La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare

situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar: a) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra;b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento;c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.ARTICULO 21. — La internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo de DIEZ (10) horas al juez competente y al órgano de revisión, debiendo agregarse a las CUARENTA Y OCHO (48) horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20. El juez en un plazo máximo de TRES (3) días corridos de notificado debe: a) Autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley;b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación involuntaria y/o;c) Denegar, en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata. El juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla.ARTICULO 22. — La persona internada involuntariamente o su representante legal, tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en todo momento.ARTICULO 23. — El alta, externación o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez. El mismo deberá ser informado si se tratase de una internación involuntaria, o voluntaria ya informada en los términos de los artículos 18 ó 26 de la presente ley. El equipo de salud está obligado a externar a la persona o transformar la internación en voluntaria, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 16 apenas cesa la situación de riesgo cierto e inminente. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente artículo, las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal. ARTICULO 24. — Habiendo autorizado la internación involuntaria, el juez debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a TREINTA (30) días corridos a fin de reevaluar si persisten las razones para la continuidad de dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer su inmediata externación. Si transcurridos los primeros NOVENTA (90) días y luego del tercer informe continuase la internación involuntaria, el juez deberá pedir al órgano de revisión que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia de criterio, optará siempre por la que menos restrinja la libertad de la persona internada.

ARTICULO 25. — Transcurridos los primeros SIETE (7) días en el caso de internaciones involuntarias, el juez, dará parte al órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley.ARTICULO 26. — En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la presente ley. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además se procederá de acuerdo a la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos. ARTICULO 27. — Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos. ARTICULO 28. — Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592. ARTICULO 29. — A los efectos de garantizar los derechos humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental, los integrantes, profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de informar al órgano de revisión creado por la presente ley y al juez competente, sobre cualquier sospecha de irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persistiera. Dicho procedimiento se podrá realizar bajo reserva de identidad y contará con las garantías debidas del resguardo a su fuente laboral y no será considerado como violación al secreto profesional. Debe promoverse la difusión y el conocimiento de los principios, derechos y garantías reconocidos y las responsabilidades establecidas en la presente ley a todos los integrantes de los equipos de salud, dentro de un lapso de NOVENTA (90) días de la sanción de la presente ley, y al momento del ingreso de cada uno de los trabajadores al sistema. Capítulo VIIIDerivacionesARTICULO 30. — Las derivaciones para tratamientos ambulatorios o de internación que se realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la persona sólo corresponden si se realizan a lugares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar. Los traslados deben efectuarse con acompañante del entorno familiar o afectivo de la persona. Si se trata de derivaciones con internación, debe procederse del modo establecido en el Capítulo VII de la presente ley. Tanto el servicio o institución de procedencia como el servicio o institución de destino, están obligados a informar dicha derivación al Organo de Revisión, cuando no hubiese consentimiento de la persona.Capítulo IX Autoridad de AplicaciónARTICULO 31. — El Ministerio de Salud de la Nación es la Autoridad de Aplicación de la presente ley, a partir del área específica que designe o cree a tal efecto, la que debe establecer las bases para un Plan Nacional de Salud Mental acorde a los principios establecidos.ARTICULO 32. — En forma progresiva y en un plazo no mayor a TRES (3) años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de

presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10 %) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio.ARTICULO 33. — La Autoridad de Aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas, para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe promover espacios de capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se desempeñen en servicios públicos de salud mental en todo el país.ARTICULO 34. — La Autoridad de Aplicación debe promover, en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones, el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados.ARTICULO 35. — Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la sanción de la presente ley, la Autoridad de Aplicación debe realizar un censo nacional en todos los centros de internación en salud mental del ámbito público y privado para relevar la situación de las personas internadas, discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial, situación social y familiar, y otros datos que considere relevantes. Dicho censo debe reiterarse con una periodicidad máxima de DOS (2) años y se debe promover la participación y colaboración de las jurisdicciones para su realización. ARTICULO 36. — La Autoridad de Aplicación, en coordinación con los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, debe desarrollar planes de prevención en salud mental y planes específicos de inserción socio-laboral para personas con padecimiento mental. Dichos planes, así como todo el desarrollo de la política en salud mental, deberá contener mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en particular de organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de salud mental. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio.ARTICULO 37. — La Autoridad de Aplicación, en coordinación con la Superintendencia de Servicios de Salud, debe promover la adecuación de la cobertura en salud mental de las obras sociales a los principios establecidos en la presente ley, en un plazo no mayor a los NOVENTA (90) días corridos a partir de la sanción de la presente.Capítulo XOrgano de RevisiónARTICULO 38. — Créase en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa el Organo de Revisión con el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental.ARTICULO 39. — El Organo de Revisión debe ser multidisciplinario, y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.ARTICULO 40. — Son funciones del Organo de Revisión:a) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos; b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado;

c) Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del juez;d) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la presente ley;e) Informar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes;f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;g) Hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura o el Organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en que hubiera irregularidades;h) Realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación;i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar los derechos humanos;j) Promover y colaborar para la creación de órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones, sosteniendo espacios de intercambio, capacitación y coordinación, a efectos del cumplimiento eficiente de sus funciones;k) Controlar el cumplimiento de la presente ley, en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental;l) Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en procesos de declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias.

Capítulo XIConvenios de cooperación con las provinciasARTICULO 41. — El Estado nacional debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente ley. Dichos convenios incluirán:a) Cooperación técnica, económica y financiera de la Nación para la implementación de la presente ley; b) Cooperación para la realización de programas de capacitación permanente de los equipos de salud, con participación de las universidades;c) Asesoramiento para la creación en cada una de las jurisdicciones de áreas específicas para la aplicación de políticas de salud mental, las que actuarán en coordinación con la Autoridad de Aplicación nacional de la presente ley.

Capítulo XIIDisposiciones complementariasARTICULO 42. — Incorpórase como artículo 152 ter del Código Civil:Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de TRES (3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.ARTICULO 43. — Sustitúyese el artículo 482 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:Artículo 482: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial. Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se

encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144 el juez podrá, previa información sumaria, disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad.ARTICULO 44. — Derógase la Ley 22.914.ARTICULO 45. — La presente ley es de orden público.ARTICULO 46. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.657 —JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER.— Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.% 4 % #F4167029F#

Galende. De un horizonte incierto. Psicoanálisis y salud mental en la sociedad actual.

1. La nueva configuración de la salud mental

Un nuevo objeto para la salud mental.

Se trataba de cuestionar la hegemonía de la medicina mental, facilitando que otros saberes tuvieran lugar. Un eje central proponía un trato menos jerarquizado de los profesionales con los enfermos. Salud Mental dejó de ser ámbito exclusivo de los médicos para pasar a postularse su abordaje interdisciplinario, intersectorial, interprofesional e interinstitucional. El objeto de la salud mental no es de un modo exclusivo el individuo o los conjuntos sociales, sino las relaciones que permiten pensar conjuntamente al individuo y a su comunidad.

El centro de este malestar no es otro que el de la relación de los individuos con el desenvolvimiento de lo social. La bibliografía actual trata de hallar las ventajas del nuevo individualismo surgido en gran parte de esta caída de lo público, los beneficios de las nuevas fragmentaciones de la subjetividad, como si sólo estuviéramos frente a un crecimiento de la autonomía individual, la libertad y la creatividad personal. El profesional de la SM de hoy está obligado a pensar conjuntamente los problemas del sufrimiento mental del individuo y las dinámicas de integración-exclusión social. La exclusión social es más compleja, afecta a los individuos aún de clases que se consideraban acomodadas y los nuevos territorios ya no son exclusivamente los de las villas. Hay individuos para los cuales no existen sistemas de reconocimiento social ni la condición de ciudadanía, ya que habitan un espacio anónimo, un vacío social. Este funcionamiento del espacio social, en la medida en que la individualidad no puede sostenerse sino basada en la alteridad, es decir en las interacciones reales con otros, lleva a la dilución de los sistemas de reconocimiento del otro que termina siendo una pérdida del reconocimiento del propio yo.

2. Las prácticas terapéuticas frente a los nuevos lazos sociales.

Nos hemos ocupado ampliamente de esa dicotomía entre la atención privada, sobre todo basada en las psicoterapias, y la institucionalización psiquiátrica que ofertaba el sector público.

Psicoterapias, su carácter de relación bipersonal y privacidad de asoció fuertemente con los rasgos de la atención privada y un ejercicio liberal de la profesión. Los pacientes de estas prácticas se sitúan de un modo casi antagónico al del enfermo mental de las prácticas psiquiátricas de hospital:

-no es institucionalizado

-no está desprovisto del derecho de decidir sobre su atención

-ejerce cierto poder contractual

-no pierde sus derechos ciudadanos

-no sufre por su atención ninguna exclusión.

Las psicoterapias y en primer lugar el psicoanálisis, encontraron un potencial enorme de despliegue y consenso en la cultura.

El poder de los psicoterapeutas, y en particular de los psicoanalistas, está en retroceso debiendo ceder frente a lo que ha ido tomando la forma de una precarización de su trabajo.

Asistimos a un malestar general de los profesionales de SM.

Grupos de autoayuda: instauran una solidaridad especial a partir de la identidad de un rasgo, se proponen suplir la sociabilidad y comprensión que se supone no existe en la vida social actual.

Responden a una necesidad o deseo social nuevo no ligado al interés material sino a requerimientos emocionales y afectivos en las formas de investir al otro. Se trata de la gestación de formas nuevas de lazo social caracterizadas por la reducción de una diferencia intolerable a una identidad ilusoria con el semejante. Se trata de que al menos el individuo acepte que el desarrollo personal es lo único verdaderamente transformable.

3. De la medicina mental a la noción de riesgo.

La perspectiva giró desde una asistencia hospitalaria hacia una orientación de las acciones a una prevención generalizada de los riesgos. Se trata aún de afirmar la ruptura de SM con los criterios de la vieja psiquiatría asilar cuando persisten bajo nuevos ropajes las antiguas intenciones de un -retorno al objetivismo diagnóstico, - la estigmatización y -el encierro manicomial del enfermo.

Salud Mental: sus características son también resultado del vector que marca las relaciones de poder que presiden y gobiernan la vida social. El criterio de integración socio-comunitaria es esencial para el desmontaje efectivo del enfermo mental. Uno de los vectores clave para la constitución del sector SM fue la comprensión de que toda forma de relación de asistencia expresa un modo de lazo social. Este lazo social particular distribuye las relaciones de los individuos con el saber y la verdad. Pero se trata de un lazo social en el que la -arbitrariedad, -desigualdad, -responsabilidad son prioritariamente del que detenta el poder.

Esta relación entre -la intervención técnica del analista,-la búsqueda de una sociabilidad preconcebida y -la acción política es inevitable, es en nombre del develamiento de estas relaciones que fue posible mostrar la función política del dispositivo psiquiátrico.

Este conjunto de derechos que solo la democracia participativa expresa y asegura en el plano social, es el núcleo ideológico que fundamenta la noción de riesgo y orienta las intervenciones preventivas.

El sector SM es un ámbito multidisciplinario destinado a prevenir, asistir y propender a la rehabilitación de los padecimientos mentales, y lo hace desde una comprensión de lazos sociales deseables, implementando determinadas políticas dirigidas a la integración social y comunitaria con los individuos involucrados. No debemos olvidar que el saber médico-psicológico proporciona y legitima como científico un código de objetivación de las diferencias y de clasificación de los individuos.

Cada llamado a la neutralidad social y política encierra siempre un deseo de ocultar al pensamiento racional crítico lo que en verdad se está haciendo.

Desde la nueva configuración de SM resulta imprescindible la noción de riesgo para encarar la acción preventiva, dada la insuficiencia de todo modelo basado solo en la asistencia de los enfermos. Lo intersectorial es ineludible cuando se trata de restablecer una protección social o formas de contención social que el individuo o los grupos han perdido. Las sociedades capitalistas avanzadas han entrado en una dialéctica de desarrollo a la cual parece necesaria la marginación de grandes sectores de sus miembros.

4. De un horizonte inesperado.

Hasta aquí he reseñado las direcciones en que se desarrolló SM en los últimos 50 años. SM y el Estado Benefactor constituyen una misma política de asunción social de los derechos sociales y ciudadanos, de la solidaridad social bajo las consignas de -universalidad, -igualdad y -equidad.

El Estado, en el plano de la llamada sociedad dual que se está perfilando, se retira de determinadas funciones que hacen de soporte a la solidaridad social. El ideal autogestionario que se desliza es el de que cada uno trate de generar sus propias condiciones de vida.

Los profesionales deben asumirse como técnicos para responder a los criterios de eficacia y tiempos de la atención.

Los usuarios ven restringida la acción social, sometidos en la atención de sus sufrimientos mentales a los criterios económicos de mercado, acrecentándose la atención técnica operatoria en desmedro de una relación médico paciente.

Estamos en los indicios de un nuevo modelo, heterogéneo y discordante, pero cuya característica esencial estará dada por los efectos amplios que implica el proceso de privatización.

Asistimos a un cierto retorno del objetivismo médico positivista por vía de los psicofármacos. Desde el sector público se trata de políticas de contención social dirigidas a atenuar los efectos del ajuste económico. Todo aquello que creó y posibilitó SM aún persiste pero mezclado con nuevas formas que otorgan a este campo un nuevo carácter polimorfo.

Modernidad individuación y manicomios

La acción humana no puede prescindir de las palabras, es posible en un mundo de relaciones. El lenguaje es ya relación social, lugar de la sublimación primera. El manicomio es producto de la acción humana, su esencia es la relación social que lo produce.

Enfermedad mental--> El individuo queda atrapado en sus sistemas explicativos y en las prácticas asistenciales e instituciones que se derivan. La institución manicomial instituye una relación compleja en la que es visible la estructura asimétrica del poder del ¨especialista¨ y sumisión del enfermo, quedando al mismo tiempo denegado e invisible.

En lo más visible de la relación disciplinaria el poder está en la posición del sujeto de la enunciación mientras que el enfermo está en la posición del sujeto del enunciado.

Respecto de cada disciplina y como formas concretas del poder todos funcionamos como objetos. El desmontaje del sistema psiquiátrico que proponía Basaglia no hará sino abrir el curso a otras formas disciplinarias. Estamos frente a nuevas formas de individualidad cuya comprensión es esencial para inteligir la situación actual de los manicomios y el diseño de estrategias alternativas. El psicoanálisis ha generado una hipótesis superadora de la antigua dicotomía sujeto-sociedad porque diferencia actos psíquicos sociales y actos psíquicos narcicistas. Crecimiento del individualismo no debe confundirse con individuación ya que ésta supone formas actuantes de alteridad.

Simmel llamó ¨tragedia de la cultura¨ a la acentuación de la separación entre cultura objetiva y cultura subjetiva.

Levi Strauss generalizó una tesis freudiana: las relaciones de intercambio se ordenan mediante caminos regulados discursivamente. Las prohibiciones como las prescripciones son hechos de palabra. La individualidad es del orden de lo simbólico. Individuo y privacidad formando parte de los intercambios simbólicos se sostienen en la existencia de la propiedad privada. Propiedad, privacidad, individualidad: organizan la relación con otros y con el propio cuerpo.

El individuo actual ha pasado a ser el lugar en que se expresan todas las contradicciones de la vida social. -El descubrimiento del dominio íntimo, - la actitud de reserva para con los demás, y –la conquista del mundo por medio de la acción económica racional son 3 instancias del mismo fenómeno: la individualización, tendencia histórica que dio lugar al capitalismo.

El manicomio no es precisamente un espacio público, se trata de un privado monstruoso, donde lo privado toma el sentido de privación, privación de lo privado.

El poder, la represión, la dominación arranca siempre de una igualación de los sujetos que trata. Esta fue a mi entender, la función del asilo en la modernidad.

No es solo de los psiquiatras la responsabilidad del manicomio, es la Sociedad Moderna quien lo inventa.

Modernidad, individualidad, privacidad, constitución del ámbito de lo íntimo, preservación del límite interior exterior que caracteriza esta forma de individualidad en que se conformó el espacio manicomial, razones esenciales a la existencia de manicomios en la modernidad.

El individualismo actual lleva a formas de aislamiento. La noción de individuo es central al liberalismo, su valor principal es el individualismo.

No es posible un espacio de intimidad si a la vez no hay individualidad sostenida en los modos orgánicos de la vida social. La vida privada actual gira en torno del ideal subjetivo de desarrollo personal. La división del sujeto se hizo multiplicación que entiendo como paroxismo de la individualidad.

La crisis del manicomio es más profunda que la del ¨reclamo democrático¨ de su abolición.

La masificación y la pérdida de individualidad social ya no es un problema del asilo sino de toda la cultura.

Desmanicomializar es más que la abolición del manicomio, supone acciones de liquidación de sus modelos de relación humana.