Administración y Políticas PúblicasThwaites ReyUnidad IV

Thwaites Rey: La política de las privatizaciones en la Argentina. Consideraciones a partir del caso de Aerolíneas.

Al analizar algunas de las caracterísiticas fundamentales que adopta la política de privatizaciones encarada en la Argentina a partir del '89, a la luz de un análisis de la perspectiva en políticas públicas tomamos como caso paradigmático la privatización de Aerolíneas Argentinas

Las privatizaciones no son una técnica sino una estrategia política en donde su implementación implica que se entrecruzan problemas eminientemente técnicos con aspectos políticos, culturales e ideológicos. La congruencia entre objetivos explícitos, implícitos y los efectivamente materializados constituyen una amalgama entre racionalidad técnica y racionalidad política, que se caracteriza tanto por la lógica de la negociación como por su inversa, la neutralización del adversario. Una mezcla particular de ambas racionalidades con preeminencia casi siempre innegable de la política.

El análisis de toda política pública como política estatal es esencialmente una toma de posición del Estado frente a una determinada cuestión, problema en el cual confluyen una multiplicidad de actores sociales tales como clase, fracciones de clase, movimientos sociales, organizaciones e individuos, estratégicamente ubicados respecto del problema, los cuales toman posición al igual que el Estado frente a una determinada contención política acerca del problema. Una cuestión socialmente problematizada es aquella que por su importancia ha sido incluída en la agenda de problemas sociales que requieren una necesaria toma de posición en objetivos expuestos como explícitamente sociales. La resolución de la cuestión, con la movilización de actores, recursos consecuentes y la respuesta estatal concreta que resulta del entrecruzamiento de los diversos intereses y perspectivas que intervienen en su curso puede expresarse como política estatal, la cual es la toma de posición de diferentes agencias e instancias del aparato estatal que expresan una determinada modalidad de intervensión del Estado, en relación con una cuestión que despierta el interés o movilización de los actores de la sociedad. Descartándose la idea del Estado como un ente homogéneo o como cuerpo monolítico que emite decisiones claras y unívocas, se tiene en cuenta que el mismo expresa cristalizaciones de intereses diversos de la sociedad civil, con preeminencia incontrastable de

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los grupos hegemónicos de poder. Es preciso no perder de vista cómo opera esta trama burocrática en el proceso de formulación e implementación de una política pública, las posibilidades de intervensión y cuotas de poder que disputan las distintas agencias y organismos estatales.

En un sistema democrático como el vigente en la Argentina, la dimensión específicamente política que se pone en juego con la existencia de intereses políticamente organizados y con representación parlamentaria, que intentan sisntetizar y dar cuerpo general a los intereses particulares y sectoriales que confrontan la sociedad. La relación ejecutivo/parlamento exhibe las constantes pujas de poder y las distintas bases sobre las cuales se asienta realmente cada uno de ellos. Las desiciones definitivas logran predominar por sobre una multiplicidad de posibilidades en pugna, en un proceso complejo de negociación y confrontación que suel revelar pocas veces las verdaderas correlaciones de fuerza asentadas sobre la sociedad civil.

La resolución de una cuestión clave como la privatización de empresas estatales, elevada al rango de política pública fue una marcada tendencia en la década de los '90.

El auge mundial de las privatizaciones

Las privatizaciones se inscriben en un proceso de cuestionamiento mundial al modelo de intervensión estatal del tipo benefactor, que hace eclosión a mediados de los '70. La crisis fiscal asociada a la caída de la productividad y la desinversión privada estuvo en la mira de los análisis neoconservadores de los años '80: achicar el gasto público para reducir el déficit fiscal vía privatización de empresas estatales, en donde se confluyen planificaciones de organismos financieros internacionales tratando de imponer su receta a todas las economías con problemas.

La privatización de empresas se ha convertido en uno de los aspectos claves de la transformación estatal en la última década y en teoría se conseguiría desmonopolizar los servicios, introduciendo los beneficios en costos y calidad atribuídos a la competencia, acrecentar la eficiencia en la prestación de servicios y en la asignaciónn de los recursos, aumentar o generar inversión y disminuir el gasto público para ser destinado a otras áreas. Bajo el nombre de privatizaciones se hicieron transferencias a particulares de activos públicos.

Las políticas privatizadoras y los casos concretos suelen perseguir varios objetivos que a lo largo del proceso se sustituyen que a lo largo del proyecto se sustituyen por otros de acuerdo a circunstancias cambiantes en donde la privatización puede quedar convertida en un fin en sí misma.

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Acerca de los objetivos explícitos y las lógicas implícitas

En la transferencia de AA se encuentran pocos objetivos invocados para justificar la necesidad de su privatización. Los objetivos explicitados (adecuación valorativa) y la posibilidad de su obtención con los medios elegidos (adecuación medios-fines) en donde es necesario identificar la lógica particular de los objetivos no declarados más fuerte que los explícitos. Una cuestión específica (la privatización de AA) en el contexto de un proceso de reforma global (reforma del Estado) que obviamente la incluye y trasciende.

La legitimidad de privatización es la optimización en la prestación de los servicios públicos, sin embargo la venta ha tenido como objetivo central el ajuste destinado a satisfacer los intereses externos (deuda) con los activos públicos y su liquidación. Pero aún en objetivo ha quedado subordinado a otro mucho más oculto: producir una transformación profunda del papel del Estado heredado de los esquemas populistas-benefactores. Y es en esta concepción de la relación Estado/mercado impulsada por los principales dirigentes de partidos de tradición estatista como el peronismo argenntino, que lleva a encarar los procesos con una radicalidad propia que necesitan reafirmarse en su nueva fe y hacerse creíbles hacia los demás.

La cuestión socialmente problematizada

El surgimiento del gobierno radical

Cuando se define por primera como cuestión socialmente problematizada el tema de AA y ENTel en la última etapa del gobierno de Alfonsín, la presión interna y externa de ciertos grupos de poder económicos para que se realizara un ajuste profundo. Por su parte, el gobierno trataba de distanciarse de las recetas clásicas del monetarismo conservador y marcaba ciertos límites a las ideas privatistas en boga. El alfonsinismo aún consideraba posible imponer desde arriba cierta disciplina al capital y al trabajo a partir de un espacio estatal definido en términos de neutralidad y autonomía.

La correlación de fuerzas de ses momento se expresaba en la situación económica misma controlada por los sectores que manejaban los resortes de la economía como la opinión de los distintos actores socialmente involucrados y la capacidad de imposición de los distinos actores socialmente involucrados, especialmente los sindicatos, los partidos opositores e incluso buena parte del partido radical pasaba por la eficiencia del servicio y no por la necesidad del ajuste. En esta etapa se advierte cómo

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la prédica privatista en torno al mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios públicos es lanzada con fuerza por los sectores económicamente dominantes interesados en ella a través de los medios de comunicación como formadores de opinión.

La desregulación del mercado aeronáutico y las necesidades de renovar la flota (AA), y las crecientes demandas de la ampliación y modernización de la red comunicacional (ENTel), se privilegiaba la cuestión de la inversión para mejorar la aerolínea de bandera y la empresa de telecomunicaciones, pero sin perder el manejo estatal, parecía ser el centro explícito del planteo de Terragno.

Los sindicatos y el peronismo, junto con la izquierda, veían en el intento de Terragno una violación a la soberanía nacional por lo que se opusieron a él en todos los frentes. La derecha liberal propugnaba privatizaciones limpias y llanas. Todo esto llevaba a que la primera oposición, con perspectiva de alzarse con el gobierno, se negara sistemáticamente a considerar y debatir de cara a la sociedad lo que mucho de sus dirigentes admitían en privado: la necesidad de privatizar las empresas estatales.

La resolución del gobierno peronista

El estrepitoso derrumbe de la situación económica y social desemboca en la derrota electoral del radicalismo y en una impronta clave que los sectores de poder económico le imparten a la sociedad: el ajuste económico debe realizarse en profundidad y sin dilaciones, quedando en claro la correlación de fuerzas que se beneficiarían con él y quénes deberían pagarlo. El efecto revulsivo y educador de las hiperinflaciones se convierte en la base imprescindible para legitimación de la propuesta gubernamental. Eliminar los gastos reputados improductivos, aparece así en medio de una situación de crisis extrema, como un criterio racionalmente aceptable. La idea de privatizar empresas estatales encuentra suficiente eco en la población y la expectativa de que la inversión privada mejoraría la prestación de los servicios, abaratando los costos podía operar como un efecto legitimador del proyecto privatizador del nuevo gobierno. la correlación de fuerzas cambiaba a favor de las ideas liberal-privatistas.

El avance hacia el libre mercado removería por definición las trabas estructurales al crecimiento económico y redundaría en un beneficio social futuro. Eliminar al Estado de la actividad económica se presentaba como la única solución posible.

Atrás quedaban las recomendaciones que advertían la utilidad de sanear las empresas antes que privatizarlas. En cambio, el gobierno

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permitía la profundización del deterioro como argumento de avanzada hacia la privatización como discurso frente a la sociedad.

El envío de señales claras que revirtieran la situación de incertidumbre frente a los mercados y con ello, la promoción del ingreso de capitales, más allá de la efectiva prestación de servicios eficientes.

El hecho de que se eligiera AA dado su carácter de empresa eficiente era aceptado aún por los funcionarios gubernamentales que impulsaban su venta siendo el argumento la necesidad de obtención de recursos suficientes para garantizar un sostenido proceso de inversión para renovar su flota, insostenible por la empresa en un futuro inmediato.

En el caso de ENTel, el objetivo era extender la red de usuarios, abaratar y eficientizar los servicios, modernizarla tecnológicamente para adaptarla a los nuevos requerimientos de la industria de las comunicaciones, una de las de mayor expansión y rentabilidad en el mundo.

Se las evaluaba como empresas fácil y rápidamente vendibles capaces de marcar el rumbo hacia una nueva política, antes que lograr el mejoramiento en la prestación de sus servicios como meta prioritaria.

La privatización de AA y de ENTel ya estaba instalada en la agenda pública como cuestión socialmente problematizada y contaba con una cuota importante de aceptación social, llegándose al acuerdo de conferirle a la licitacón pública el carácter de garantizador de la transparencia operativa, y al mantenimiento del status de línea de bandera el de supuesto irrenunciable.

La urgencia de las privatizaciones de empresas estatales continuó siendo el elemento principal de la política públicaObjetivos-resultados: una compleja relación

La congruencia entre los objetivos explícitos e implícitos en la privatización de AA y los resultados efectivamente alcanzados en el proceso concreto pueden suponerse que el objetivo implícito fundamental era la de emitir señales claras de la firmeza y decisión del gobierno en el cambio sustantivo del rumbo económico y político que emprendía, tanto la sociedad y los actores directamente involucrados (sindicatos estatales, partidos y sectores opositores) como hacia los factores de poder económicos externos e internos. La celeridad con que se intentó encarar los procesos fue para neutralizar la articulación de oposiciones efectivas, a la par que para atraer la buena voluntad de aquellos factores de poder internos y externos. Los discursos gubernamentales y en la serie de normas jurídicas que se reglamentaron para implementar el proceso de privatización de AA aparece:

• respecto de la propia empresa: garantizar la desmonopolización y la consecuente competencia; preservar el carácter de aerolínea de bandera; asegurar la continuidad y eficiencia en los servicios; promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros.

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• respecto del Estado: disminuir el gasto público; reducir la deuda externa; obtener y liberar recursos para ser destinados a fines sociales; desestatizar y desregular.

Pero diversas circunstancias determinaron que los resultados difirieran de los objetivos planteados. De parte de las operadoras extranjeras, la abundancia de aerolíneas privadas y estatales en liquidación redundaba en una baja del precio que el mercado estaba dispuesto a pagar por ellas. En negocio aeronáutico se prestaba desde hacía varios años ya más a la concentración mediante el procedimiento de la compra que a la subsistencia de aerolíneas relativamente chicas y aportes de recursos genuinos en inversiones de riesgo. En el plano local, tampoco aparecieron capitales interesados en invertir en esta industria de rentabilidad decreciente. La urgencia sólo quedaba del lado de la administración menemista, que anunciaba la venta simultánea de la casi totalidad de las empresas públicas, abriendo así un abanico de opciones más atractivas para los posibles interesados.

Por su parte, en las demás licitaciones (ENTel, SEGBA, Gas del Estado, Obras Sanitarias, Ferrocarriles, sector vial, etc) se produjeron innumerables tironeos entre los intereses gubernamentales, y los posibles adjudicatarios, los operadores internacionales, los bancos acreedores y los sindicatos sobre el aparato estatal. Existieron varios interesados -locales y extranjeros- que pujaron por quedarse con las empresas.

Evaluación de los resultados

Uno de los atractivos principales del negocio consistía en que se integrara Austral, garantizando el monopolio del cabotaje y la rentabilidad consiguiente , que era lo que se quería evitar con la privatización. Los únicos capitales interesados y nacionales fueron Cielos del Sur. La aceptación de la oferta descubrió el carácter monopólico del emprendimiento. Las negociaciones que siguieron a la adjudicación, los españoles manifestaron con claridad que el interés en AA estaba indisolublemente ligado a la integración de Austral en la licitación. Un mercado cautivo local.

La conclusión de que la aeronavegación argentina comercial se caracteriza por ser desafiable pero dificilmente sostenible, de donde resulta la necesidad de la regulación estatal. Gerchunoff, Coloma Y Olmos (1992) explican el servicio aéreo se presta a través de ciertas rutas más o menos fijadas (limitadas por la ubicación de los aeropuertos) y la existencia de un equipamiento indivisible (aviones, personal, etc.) la aviación comercial está sujeta a notables economías de densidad que hace que entre ellas existan grandes diferencias de costos entre unas rutas y otras: " puede darse que el óptimo de eficiencia social se obtenga a través de la explotación conjunta de rutas muy rentables y poco rentables".

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En el caso de la Argentina, la disparidad en la densidad de población y las grandes distancias hacen que se planteen serios problemas a la competencia en buena parte de sus rutas, quedando esa posibilidad en unas muy pocas demandadas. El problema desde el punto de vista de la necesidad social y política de mantener una integración comunicativa en todo el territorio nacional - especialmente en las zonas de dificil acceso por otros medios en ciertas épocas del año como la Patagonia- se presenta a la hora de sostener costos de estas rutas si no son compensados con las ganancias en otras. De ahí la necesidad de mantener una suerte de monopolio legal que permita una prestación sostenible del servicio. Esto conlleva el peligro de abusos que sólo pueden ser controlados por la regulación pública.

En el caso de ENTel, la interventora Alsogaray se atuvo a las reglas clásicas para este sector, que por sus características tecnológicas constituye un monopolio natural de escisión insustentable de ahí que se optara por dividir la empresa en dos partes, para que ejercieran una virtual competencia por comparación de dudoso resultados en reducción de tarifas y aumento de la eficiencia operativa. Donde podía existir una competencia en el área de comunicaciones internacionales, se la eliminó otorgándola a un monopolio mixto formado por dos consorcios adjudicatarios (Telefónica y Telecom) de las dos zonas para que la explotara en forma conjunta.

Es importante destacar que el carácter de monopolio -natural o legal. preexistente o creado- fue mantenido en todas las privatizaciones de servicios públicos encaradas con posterioridad -SEBA, Agua y Energía, Gas del Estado, Obras sanitarias FFCC y sector vial. La urgencia fiscal incluso con las diferencias técnicas y políticas, se advierten en la implantación de esos procesos a partir de la gestión del Ministro Cavallo, quedando en evidencia que la prédica antimonopólica liberal ha tenido más que nada un fin propagandístico destinado a legitimar las privatizaciones

La aerolínea de bandera

Era impensable que la sociedad aceptara que se perdiera la bandera argentina de nuestra flota aérea, si justamente la privatización se planteaba como solución para no desaparecer como empresa nacional. Se estableció en los pliegos que la sociedad debía contar con una mayoría de capitales nacionales para la privatización, incluído el 15% argentino, y que la aerolínea extranjera podría tener un máximo del 30% en las acciones. Este era un nudo que complicaba la privatización porque por un lado era necesario mantener la presencia de capitales nacionales para no apartarse de las disposiciones legales, la ausencia de intereses nacionales en el empresariado argentino hicieron que se reformularan los términos iniciales, atendiendo el negocio de la capacidad de Iberia. Esto produjo el

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levantamiento de las estructuras de sistemas y telecomunicaciones en beneficio de Iberia, la subcontratación de tareas a terceras empresas y la desaparición física de AA en los aeropuertos del extranjero

La cuestión de la eficiencia

La disminución en calidad y cantidad de los servicios al usuario, el levantamiento de escalas, la reducción de frecuencias, la disminución de horarios de atención al público y la reducción del personal en áreas críticas de atención al pasajero así como los desperfectos severos en las aeronaves, estuvieron en primera plana en los diarios.

Otros casos como ENTel, el deterioro de la empresa antes de su traspaso era notable, no se observaro cambios significativos en la calidad de las prestaciones. Otro caso paradigmático es el de Gas del Estado, considerado eficiente bajo la gestión estatal, fue transferida -dividida en 10 empresas- a grandes grupos económicos asociados a operadoras internacionales, privilegiando el objetivo fiscal antes que otorgar eficiencia al servicio público.

Un tema, el relativo a las tarifas, la competencia entre las aerolíneas mundiales desde comiezos de los '80, y el partamiento sistemático de las disposiciones tarifarias de la IATA han producido una mayoría de descuentos en la mayor parte de las aerolíneas mundiales. AA desde antes de su privatización se había caracterizado por hacer uso de ellos, ya que su mercado internacional está sometido a fuertes variaciones estacionales. La Secretaría de Transportes estableció que las líneas aéreas que exploten servicios internacionales pueden aplicar tarifas inferiores a las oficiales, previa aprovación de la secretaría si la tarifa era inferior a la propuesta por AA. De este modo han ingresado, han ingresado al sector internacional los parámetros mundiales de competencia.

En cuanto a los vuelos de cabotaje, el caracter cuasi-monopólico de la empresa redundó en que los cambios en los niveles tarifarios, que eran en dólares el doble que a fines del '89, mientras que en el nivel tarifario interno se mantuvo más o menos constante en términos reales, durante 1991, entrada en vigencia de la ley de convertibilidad de la moneda. El sobreprecio se corrigió para esta época pero se maximizaron beneficios entre el '89-'91, aunque las tarifas de cabotaje continuaron siendo elevadas en parte por la baja cotización del dólar respecto al peso, lo que elevó los precios internos en comparación a la divisa norteamericana.

En los casos de ENTel y las demás privatizadas la falacia del argumento propagandístico argumentaba la reducción de las tarifas como efecto inmediato a la eficiencia de la gestión privada.

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La inversión

En cuanto al objetivo de promover inversiones genuinas dejaban en clara evidencia que era muy dificil de pensar que se realizarían ya que la adjudicación de la aerolínea puso en evidencia la desproporción evidente entre la capacidad patrimonial y las inversiones prometidas, al quedar en manifiesto la oferta del consorcio. Lejos de invertir dinero fresco, el consorcio de AA decidió financiar su compra con los bienes de la propia aerolínea, situación insólita de que una empresa se endeude para comprarse a sí misma. La desesperación del gobierno ante el carácter de único oferente, desnudaba el deseo de privatizar a toda costa y que sólo existían interesados en comprar AA en los términos de Iberia. La disponibilidad de inversión quedaba puesta en duda.

La cuestión de las inversiones es un tema crucial en casi todas las privatizaciones, advirtiéndose que el mayor interés de los grupos locales económicos,asociados a grandes bancos acreedores y operadores internacionales, se dirigió hacia aquellos negocios con altos márgentes de rentabilidad asegurada. La infraestructura de servicios públicos y las inversiones previstas para que fueran modernizadas, muchos analistas opinan que, debido a las restricciones para generar ahorro interno y para obtener ahorro externo destinable a inversiones, los nuevos dueños deberían saldar sus deudas de adquisicíon y luego apuntarían a realizar una mejora existente, regenerados en gran parte por la recomposición de las tarifas previa a la privatización.

La pregunta era si los grandes grupos destinarían dinero para invertir en los activos públicos.

La disminución del gasto

El objetivo de disminución del gasto público y al asumir el Estado nacional la totalidad de la deuda externa de la empresa antes de comenzar el proceso de privatización , implicó una modificación en el status jurídico de la deuda. Se argumentó que lo que iba a disminuir era el drenaje de recursos que significaba una empresa deficitaria y su mantenimiento. En la medida en que el Estado aparecía como un socio más de la empresa sólo era responsable por la cantidad de susacciones, corriendo el riesgo de pérdidas y ganancias como un socio más. Al aceptar su balance acepta su responsabilidad por las nuevas deudas, cuyo incumplimiento significará la pérdida de recursos o la pérdida de la propia aerolínea de bandera o de porciones significativas de su patrimonio. Las declaraciones del gobierno en cuanto a su vomluntad de no aportar capital para el sostenimiento de la aerolínea, y a su disposición a dejar que quiebre puede ser leída en dos niveles: la dimensión relativa que subraya que el nuevo modelo atribuye al

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transporte en cuanto integrador del espacio territorial nacional, las condiciones económicas del libre mercado. Por el otro, aparece como un elemento de presión para la negociación con la empresa española, la voluntad real del gobierno de pagar el costo político de la quiebra de la aerolínea de bandera tras una privatización que en sus inicios fue propagandeada como beneficiosa e imprescindible.

Por el lado de las demás empresas privatizadas, se reportaron al Estado 5.500 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 6.500 millones en títulos de la deuda externa a valor efectivo. El Estado dejó de cubrir los aportes desde el Tesoro a las empresas ya privatizadas lo cual le generaba déficit.

El achicamiento de la deuda externa

En cuanto a la disminución de la deuda externa en el caso de AA no se completó. Como resultado de las privatizaciones ya concretadas y el Plan Brady, la deuda externa del sector público no financiero descendión de 79000 millones de dólares a fines del '89 a 705000 millones de dólares, mientras que para fines del '93 las autoridades estimaban que la deuda ascendería a 685000 millones incluídas las garantías de 3200 millones de dólares por el plan. La deuda externa pública quedaba reducida en unos 10000 millones de dólares cifra exigua dado el desprendimiento de los activos públicos del Estado y el ingreso al plan Brady. En tanto la deuda con la banca comercial -unos 20000 millones de dólares- quedaba renegociada a 30 años, respaldadas por las garantías del plan Brady pero el Estado debería abonar sin atraso los intereses correspondientes a la deuda. La deuda privada aumento porque las empresas tomaron préstamos del exterior para comprar los activos públicos y muchos consorcios están conformados por firmas extranjeras.

Los recursos para fines sociales

El objetivo de liberar recursos para fines sociales ha sido desplazado no sólo en el caso de AA sino en todo el proceso privatizador. Con el caso de YPF y la venta de sus acciones el gobierno se comprometió a recomponer el sistema previsional, cosa que no ocurrió.

Otra fuente de recursos la constituyen los nuevos dueños de las empresas y actividades privatizadas, en materia de impuestos. El destino de lo privatizado se destina primariamente a saldar deudas que constituyen el obstáculo para obtener nuevos créditos y relanzar el crecimiento. La satisfacción de los planes sociales pertenece a un tiempo futuro e incierto.

La desestatización

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Los procesos privatizadores por definición entrañan la retracción del Estado. Varias empresas traspasadas pasaron a depender de operadores estatales europeos -Iberia, STET, Telecom - que ponen en cuestión la supuesta ineficiencia estructural de lo estatal. Se ha producido un proceso de desnacionalización de la economía en sociedad con los grandes grupos económicos locales, profundizando un tipo de integración parcial al primer mundo.

El objetivo implícito

Ninguno de los objetivos declarados en el proceso privatizador de AA fueron alcanzados en la práctica y se subordinaron uno a uno los objetivos implícitos, que se convirtió en eliminar, de preservar el valor simbólico de cambio de rumbo socioeconómico emprendido por la administración. En esta dirección y junto con los objetivos explícitos, el gobierno perdió su capacidad negociadora para imponer condiciones más favorables para los intereses nacionales. La puja inter política e inter burocrática que atravesaba el manejo del proceso de AA tornaba más complica el proceso de toma de decisiones puntuales. Se avanzaba en áreas de otras privatizaciones que brindaron oportunidades de negocios a los grandes grupos económicos locales (antiguos beneficiarios de la estructura estatal que se desmantelaba), vinculándolos sólidamente a la estrategia en marcha, integrar a la Argentina selectiva y subordinadamente una vez más al mercado mundial, a través de los grandes operadores internacionales y, sobre todo, cerrar las cuentas fiscales para saldar los compromisos de la deuda externa con la banca financiera.

Quedó en evidencia la endeblez de las normas jurídicas e instituciones burocráticas a la hora de imponer racionalidad legal y técnica a las decisiones políticas, y la tensión permanennte que se instala en los procesos de planteo entre la resolución de cuestiones socialmente problematizadas y la construcción de la agenda pública.

Los objetivos que se plantearon frente a la sociedad, entendidos en términos de valoraciones socialmente aceptables, poco tuvieron que ver con las prácticas que la realidad terminaba por imponer. La capacidad requerida para conducir procesos de privatización tan profundos fueron reducidas a la mínima expresión, por ende se revelaron sumamente ineficaces a la hora de controlar los intereses de los ciudadanos-usuarios. No se desarrollaron a tiempo y suficientemente los órganos y recursos estatales necesarios para una gestión eficaz, con la demora en la constitución de entes reguladores y la consecuente desprotección de los usuarios.

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Sobre éxitos y fracasos

La situación de la Argentina signada por la incertidumbre, el alto índice inflacionario, la ausencia de mercado de capitales y la inexistecia de una tradición regulatoria tornaba en técnicamente inapropiada en los '90 , la privatización de empresas con el objetivo de servir más eficaz y eficientemennte a los usuarios. El objetivo implícito era, a partir de la privatización, lograr las condiciones macroeconomicas necesarias para la estabilidad y el crecimiento.

Para evaluar como éxito o fracaso una determinada privatización es preciso elucidar toda trama de objetivos e intereses, junto con las perspectivas involucradas en el contexto de la cuestión específica que define la política pública. AA no puede ser exibida como un paradigma del logro de los objetivos que se plantearon como socialmente validables. Privatizar AA significó la posibilidad de demostrar al mundo la desició de su nuevo rumbo con la credibilidad del país de cara a los mercados, aspecto sustancial de la política gubernamental. La política pública se caracterizó por la acelerada venta y concesión de la mayor parte de los activos públicos, más allá de sus contradicciones y desprolijidades y de las críticas suscitadas en varios sectores del establishment e incluso desde el propio gobierno. La gestión de las privatizaciones pone en cuestión el requisito fundamental del capitalismo: su previsibilidad, aspecto esencial para promover inversiones serias.

Desde el punto de vista de los intereses sociales no dominantes (situación del poder burocrático en el modelo del conflicto social-Brown y Erie) , en la medida en que esta privatización no puede exhibir logros en términos de mejorar la calidad del servicio, no puede ser calificada de exitosa más allá de la discusión sobre la conveniencia de su traspaso -total o parcial- a capitales privados. Hay que definir el modelo social que se pretende alcanzar con determinadas políticas públicas que necesariamente tendrá beneficiarios y perjudicados, y remite a intereses muy arraigados en la sociedad que permanentemente entran en conflicto y se resuelven en algún sentido inevitablemente.

El modelo de relaciones económicas implusado por la administración menemista desde '89 ha transformado sustancialmente la noción clásica de servicio público entendido como derecho igualitario, reemplazándola por la noción de actividades rentables para el capital privado, retribuída por los usuarios que puedan sostenerla. Lejos de encara una reforma profunda, la variable de ajuste de la política macroeconómica en la medida en que las empresas estatales son privatizadas para atender las necesidades fiscales más inmediatas y para brindar oportunidades al capital privado, a fin que se convierta en motor de la recuperación económica, sin que el Estado retenga

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una mínima capacidad para velar por los intereses de los usuarios comunes. El valor principal ya no será la calidad del servicio sino la rentabilidad del empresario privado ya que desde la conducción del Estado se diseña una política pública cuyo resultado será la reducción significativa de la capacidad estatal, para formular y ejecutar políticas públicas cedida a las fuerzas potenciales del mercado.

Los actores sociales institucionales involucrados

¿Cuáles son las implicancias institucionales del proceso privatizador? Esto es, cómo se articulan los tres poderes del Estado en la resolución de la cuestión en el marco de una definición de política pública así como el posicionamiento respecto a ella de los distintos actores involucrados.

El poder ejecutivo

En el caso de AA, y extensible a toda la política privatizadora, una subordinación muy fuerte a la lógica impuesta al proceso por el Ejecutivo en detrimento de los otros poderes burocráticos permanentes.

Si nos atenemos a las diferentes agencias que conforman el poder Ejecutivo -ministerios, secretarías, direcciones, reparticiones- se advierte que la puja intrapolítica e intraburocrática característica de toda organización compleja, tambien se maniefiesta en el caso de AA. Sus oscilaciones se definen en la cima del poder político que logra subordinar a las demás instancias intervinientes, mediante la presión para la emisión de dictámenes u opiniones favorables o al menos neutralizables. La preeminencia de la lógica superior gobernó el funcionamiento de las distintas agencias y oficinas intervinientes y que los intereses opuestos a esta privatización no lograron constituírse en ninguna instancia burocrática decisiva desde donde resistir el proceso o al menos reformularlo en alguno de sus términos.

La lógica burocrático-legal requiere la aplicación de principios preexistentes, el cumplimiento riguroso de las normas vigentes, el respeto de los plazos y procediientos, el apego a criterios técnico-formales para evaluar las cuestiones que se someten a su opinión o control. La colección de dictámenes de organismos político-burocráticos demuestran la articulación conflictiva de estos intereses en donde prima la solución por compromiso y la calidad desisoria a nivel político. Las decisiones políticas tomadas en el más alto nivel expropiaron de significación las instancias burocráticas inferiores.

La puja interpolítca-burocrática tiñe el proceso ya que en el plano de la esfera desicional se impone la lógica del gobierno con las pugnas entre diferentes sectores políticos encaramados en los aparatos del estado.

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Apareció la confrontación entre la interventora Alsogaray en el proceso de privatización de ENTel y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Dormi de filiación peronista, que retuvo el proceso de la privatización de AA pese a haberse designado un interventor. Una especie de torneo entre ambos funcionarios por demostrar su vocación y capacidad privatizadora, y lograr con ello acrecentar su poder relativo en la estructura gubernamental y la reprochable actitud ética y jurídica de actuar como lobbysta dealgún grupo en particualr, recibiendo gratificaciones punibles, quedando presente la lógica corruptiva en casi todos los procesos privatizadores.

El papel del Parlamento

El papel del Parlamento se recorta sobre el fondo de un lugar político institucional que ocupa la práctica de este poder del Estado, que desde el retorno de la democracia se constituyó en la sede natural de la oposición que reclamó desde allí un especio de poder legítimo como genuino baluarte del sistema democrático. La puja por acrecentar el poder de veto ejercido por la oposición en el Parlamento, se convirtió en una constante en las dos administraciones. Desde el partido gobernante se intento bajo los dos gobiernos, subordinar al Congreso a las directivas fundamentales emanadas del Ejecutivo restringiéndolo al lugar de mero legitimador de las desiciones ex-post tomadas por la cabeza del gobierno.

La privatización de AA y de ENTel aparecen como la cuestión en la agenda pública de la mano del proyecto del ministro Terragno. La oposición logra atrincherarse por su carácter mayoritario para impedir la firma de los acuerdos con SAS y Telefónica de españa teniendo en cuenta no sólo el carácter mayoritario sino el momento político en que se plantea la cuestión, caracterizado por una creciente debilidad del gobierno radical para iniciar políticas de envergadura como la propuesta. A partir de esta debilidad, la oposición logra imponer su perspectiva obstaculizadora de las privatizaciones proyectadas.

El importante capital político que logra acumular el nuevo gobierno tras el debacle de su antecesor, coloca al poder Ejecutivo nuevamente en el centro de la iniciativa, relegando al Parlamento a su papel legitimador. El peso de la voz opositora se desplaza hacia el centro mismo del seno del peronismo, de donde surgen actores disidentes, y hacia los minoritarios partidos de izquiera sin capacidad de organizar una mínima oposición.

La sanción de la Ley de reforma del estado con la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de las privatizaciones fue creada como control político sin caracter vinculante, esto es que sus dictámenes no son considerados de aplicación obligatoria por el Eejecutivo en el proceso privatizador, por ende siendo imposible que pueda efectuarse un seguimiento a fondo de todos los procesos de privatización, debido en parte

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a la disciplina partidaria que logró imponer el oficialismo y en parte a la debilidad institucional misma del Parlamento, el rol Bicameral que terminó por desdibujarse, sin peso suficiente como para imponerse como factor fundamental de la privatización, y sobre todo por la eliminación del artículo que otorgaba carácter vinculante a los dictámenes de la Comisión Bicameral.

Para entender el papel del Parlamento en esta etapa es preciso tener en cuenta la peculiar dinámica que el presidencialismo ha adquirido en esta etapa de transformación estructural del sistema político argentino. La estabilidad del sistema democrático ha tenido la enorme concentración de poder en el Ejecutico en el ejercicio de liderazgos fuertes de ejecuciones rápidas, que dinamizaron la acción estatal. Por oposición, se percibe al Parlamento como un lugar inevitablemente lento de deliberación y el debate en pos de la obtención de consensos negociados, generalmente provisionales y de temática políticamente variables.

Se considera una virtud parlamentaria, la diversidad, destacando la posibilidad de negociar acuerdos sobre las cuestiones fundamentales que afectan el destino común como rasgo distintivo de la democracia. La profundidad de los sambios promovidos desde el gobierno en un plazo tan corto, imponiéndose sobre cualquier resistencia de grupos ideológica o materialmete contrarios a ella, requería una concentración de poder muy dificilmente compatible con la lógica del funcionamiento parlamentario. La necesidad de desmontar estructuras arraigadas en la sociedad, que trae consecuentemente danmificados y pocos y concentrados beneficiarios, no se compadece con la lógica democrática donde hay que procesar consensuadamente los conflictos. Se trata de restar poder social a la mayoría de la población para redistribuírlo en un grupo reducido siendo lo más apropiado en una cabeza fuerte y decidida: Menem y su carisma en las bases populares por su adscripción histórica al peronismo para impulsar las tendencias capitalistas dominantes. La tendencia a utilizar decretos de necesidad y urgencia en donde el Parlamento se constituye en una configuración social excluyente y su permanente delegitimación frente a una sociedad insatisfecha por su labor institucional y funcionalmente trabada.

El poder judicial

En cuanto al poder Judicial, activadas sus primeras instancias por el impulso de legisladores disidentes y los gremios aeronáuticos que se proponían impedir la consumación de la privatización en los términos en que estaba planteada, el rasgo característico de su intervensión estuvo centrada en la acción de la Corte Suprema, de composición mayoritaria afín al gobierno. la afinidad entre el Ejecutivo y la Corte Suprema se tornó

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flagrante, pudiendo arrasar con leyes vigentes desde el pináculo del poder judicial, poniendo en evidencia la dificil articulación de los requerimientos políticos con las instancias de carácter permanente.

La lógica del Ejecutivo fuerte impregnó el ámbito del poder judicial de un modo institucionalmente más grave que en el proceso legislativo. La configuración de un poder judicial que convalide cualquier transgresión a los derechos y libertades individuales y sociales en pos de reafirmar un rumbo estructural, entraña el peligro de anular todo funcionamiento democrático.

Los trabajadores.

Cuando el ministro Terragno anuncia su proyecto privatizador inmediatamente se enfrenta con una férrea resistencia gremial estatal, pero cuando el electo presidente se atreve a encarar su proyecto mas profundizador respecto a las privatizaciones encuentra a los trabajadores en una situación de debilidad estructural que los coloca inmediatamente a la defensiva. Que sea precisamente un gobierno peronista quie encare semejante ofensiva contra el sector público fue desconcertante. Inmediatamente la cúpula del movimiento obrero se dividió entre quienes se negaban a deponer sus banderas históricas y los que preferían adaptarse a las nuevas circunstancias, negociando apoyos a la política gubernamental a cambio de la preservación de lugares privilegiados en el aparato burocrático-sindical.

Los trabajdores aeronáuticos operaron simultáneamente en forma conjunta, ya que estaban representados en seis gremios que operaron en un frente común, los cuales sostuvieron una permanente actitud de denuncia frente a las irregularidades de la privatización pero o lograron volcar a favor sus posiciones a una mayoría activa de la población.

La desición en el '92 de licenciar a más de 772 trabajadores en una empresa que para obtener criterios de rentabilidad adecúa el ajuste del personal de la empresa. El ministerio de Trabajo operó disimuladamente en favor de los intereses empresarios, dejando a despecho la supuesta autonomía estatal para arbitrar neutralmente los conflictos entre el capital y el trabajo, característica definitoria del sistema capitalista.

Los despidos masivos se efectuaron en una cifra de 150000 trabajadores en un contexto en que el mercado de trabajo se caracteriza por su incapacidad para absorber nueva mano de obra, expulsada por el Estado con el consecuente crecimiento de la desocupación.

La sociedad

Los grandes adjudicatarios de la mayoría de las privatizaciones más atractivas por su alta rentabilidad, han sido un punnado de grupos

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económicos nacionales (Pérz Companc, Techint, Soldati, Astra, Roggio) asociados a importantes empresas y bancos acreedores en el exterior acrecentándose la tendencia preexistente a la concentración económica y la integración selectiva al mercado mundial, con el desvalance entre el poder de los grandes grupos y el resto de la sociedad.

Si se tiene en cuenta que lo que se ha privatizado son negocios y empresas estratégicas y monopólicas donde no operan ciertos mecanismos reguladores del mercado competitivo, el panorama se torna sombrío en cuanto al impacto futuro sobre las tarifas y la calidad de las prestaciones, que serán operados con una lógica de rentabilidad máxima que rige a las leyes de mercado. Aparece muy incierto el horizonte de inversiones y la capacidad del Estado para fijar y hacer cumplir los marcos regulatorios pertinentes, ejerciendo un control a favor de los intereses conjuntos de los ciudadanos.

López y Thwaites Rey: Auge y ocaso de la intervensión estatal o la difícil legitimación de la ley de la selva

La materialidad del antiestatismo

El gobierno menemista ha logrado lo que otros no han podido: llevar a cabo un drástico programa de ajuste inspirado en las más ortodoxas recetas neoconcervadoras y patéticamente por el partido que hisóricamente hizo de la cruzada estatal y el fortalecimiento del rol del estado junto a su slogan de justicia y garantía social, su razón de ser como entidad política.

La deslegitimación de la intervención estatal fue el discurso predominante de los '90 y encuentra sus fundamentos en las transformaciones estructurales que vienen operándose en la sociedad argentina a mediados de los '70, en donde se expresan las contradicciones objetivas del proceso de apropiación del excedente social que genera luchas y que exhibe una correlación de fuerzas cambiante, siempre cambiantes, entre grupos sociales antagónicos. En esta lucha está presentes la apropiación de sentido sobre el orden social. Lo que intentamos señalar son los nexos entre la realidad material y las formas en que es representada, que influyen en el devenir de lo real. En esta lucha aparece la legitimación de la dominación. ¿Cómo se legitima una dominación? No sólo se fundamenta en lo ideológico sino que encuentra su basamento en lo material como realidad.

El auge neloberal-conservador instaló en la sociedad la dicotomía Estado vs Mercado, dirigismo vs libertad, ineficiencia pública vs eficiencia

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privada pero hablar de deslegitimación estatal implica de un proceso anterior de legitimación para dar sustento a la operación deslegitimadora.

Legitimación-deslegitimación: viscisitudes de la intervensón estatal

El agotamiento del modelo de acumulación basado en la exportación primaria dio paso a una forma de acumulación que encontró su arraigo en la sustitución de importaciones, colocando al desarrollo industrial ligado al mercado interno como centro dinámico del modelo, en donde el Estado empieza a ocupar un rol cada vez más activo garantizando el proceso de acumulación, y tomando a su cargo las inversiones necesarias en infraestructura y produciendo insumos básicos, funcionales al desarrollo de capitales individuales. El modelo hacia adentro, le otorga cierto grado de autonomización, que supuso cierta socialización de la fuerza de trabajo por parte del Estado, legitimado en su papel-rol empresarial y como proveedor de servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, etc., imponiendo un orden normativo dotado de sentido para la sociedad. Implicó crear las bases materiales para la legitimación de la intervensión estatal y de la propiedad pública de empresas cuyo destino se ligó a la afirmación de la soberanía nacional. El Estado Benefactor fue la expresión del compromiso de las clases dominantescon las clases subalternas, por el cual éstas renunciaban a demandar participación en los núcleos fundamentales de la dominación capitalista y por ende, a cuestionar el modelo mismo a cambio de la obtención de beneficios materiales (límites negativo en O'Donnell). Las ideas de justicia social y soberanía garantizadas por el estado que es presentado como por encima de los intereses particulares. Este compromiso es asumido principalmente por el peronismo que encarna los valores del estatismo.

La crisis internacional del petróleo pone fin a mediados de los '70 a una etapa en la economía mundial , en donde en países periféricos como el nuestro supone el fin de la ecoomía por sustitución de importaciones. Con el golpe del '76 se inicia un proceso de concentración en manos de pocos grupos, profundizándose la transnacionalización de la economía, proceso orientado a favorecer por medio del estado y sus gastos, el crecimiento de algunos capitales, debilitando las empresas públicas y restringiendo los recursos destinados a gastos sociales. las empresas públicas fueron utilizadas como instrumentos de la polítca económica global, fijándoles tarifas por debajo de los índices de precios como estrategia antiinflacionaria y sometiéndolas a endeudamiento externo con el objetivo de regular la tenencias de divisas. La ausencia de inversiones productivas determinó la descapitalización profunda de las empresas, haciéndose notoria en la prestación de los servicios.

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La esperanza que abre el '83 de revertir el desmantelamiento estatal con la reinstalación democrática, naufraga junto a la debilidad del gobierno alfonsinista para enfrentarse a los grandes grupos, dando lugar a la representación de un Estado expropiado por el bloque de poder y en donde la percecíon de un Estado inoperante, burocrático y corrupto, empieza a generalizarse permitiendo asentar las bases del discurso neliberal, poniendo al Estado contra la sociedad. Lo que no es evidente son las causas del deterioro y los beneficiarios del orden actual, que permanecen ocultos bajo la fachada de una autonomía absoluta del Estado frente al conjunto de clases o fracciones de clases que antagoizan en la sociedad. Del mismo modo en que la intervensión positiva del Estado operaba para conceder beneficios a los sectores subalternos y este procedimiento operaba como legitimados y lo hacía aparecer como por encima de las clases, la percepción también se remite a una instancia aparentemente neutral y perjudicial para el conjunto de la sociedad. A partir de esa caracterización, la burocracia estatal concebida como unsector despojado de intereses de clases, resulta como causa fundamental del deficiente funcionamiento de la administración pública y es allí donde se arraiga el proceso deslegitimador del Estado en cuanto a interventor.

La desestatización como efecto de una relación de fuerzas

Tales fundamentos se sustentan en relación a fuerzas económicas, sociales, ideológicas y políticas que se modifican en el curso de la lucha de clases al interior de los Estados-nación.

En el plano de los países periféricos como el nuestro, se encuentran atrapados por el peso de una deuda externa impagable que les impone condiciones que restringen su capacidad de decisión nacional, en donde los resortes claves de definición de políticas autónomas, no sólo son desestatizados sino que directamente transnacionalizados, en donde la supuesta apertura integradora no garantizaría sino una incersión fragmentaria y marginal en el mercado mundial.

El derrumbe de los socialismo reales no sólo refuerza al capitalismo como sistema universalmente dominante sino que excluye la posivilidad de disponer de modelos alternativos.

Dentro del espacio nacional, la correlación de fuerzas se presenta desfavorable para los sectores populares por efectos del proceso de concentración económica operado en los últimos quince años, que al modificar sustancialmente la estructura productiva determinó cambios profundos en la estructura social. La pauperización de los sectores populares caracterizado por la disminución del peso relativo de los obreros industriales en los índices de PEA, la precarización del empleo, el aumento del cuentapropismo de subsistencia, el crecimiento de la desocupación y la

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subocupación son transformaciónes articuladas en los años de plomob ajo un terror dictatorial que configuró una sociedad desarticulando a los sectores populares bajo la sangre y el fuego, hecho que resolvió un problema dentro de las clases dominantes: la resistencia a la desarticulación de un Estado en donde se expresaba la demanda social. La derrota de las clase subalternas fueron impuestas bajo condiciones de disciplinamiento, no sólo directamente represivas sino que modificando su estructura productiva. Esta correlació de fuerzas no pudo ser revertida durante la época democrática.

¿Cómo se sostiene una dominación?¿Cómo se construye hegemonía y cuáles son sus bases?¿Cuál es la relación existente entre coersión y consenso?

A propósito de la construcción de hegemonía y legitimación

Gramsci afirmaba que la clase dominante ejerce su poder no sólo por medio de la coacción sino porque logra imponer su visión del mundo en donde una filosofía, sentido común y costumbres les son propias pero las universaliza, favoreciendo el reconocimiento de su dominación por las clases sobre las cuales opera esta cosmovisión del mundo. La imposición de estos valores de la cosmovisión hegemónica se asienta sobre posibles concesiones que hacen las clases dominantes a las clases dominadas y la elevación en la calidad de vida, haciendo posible el desarrollo de las fuerzas productivas de las cuales forman parte. La posibilidad de ejercer un dominio hegemónico depende de hacer avanzar a la sociedad hacia adelante , de asegurar la incorporación de los sectores populares al desarrollo económico-social. De ahí la primaciía del momento de coerción o de consenso y el desarrollo de las fuerzas productivas como la voluntad de las clases dominantes de hacer concesiones, asegurando un equilibrio de compromiso, en el plano económico y político, y la capacidad de las clases subalternas para modificar la correlación de fuerzas a su favor. La hegemonía supone la dirección aceptada en algún grado activo por los dirigidos.

Siguiendo el razonamiento gramsciano, cabe preguntarse de qué forma los ajustes restringen enormemente las posibilidades de que las clases subalternas en experimenten mejoras económicas las ventajas de la dirección burguesa, y cuáles serían en la Argentina las perspectivas de consolidación hegemónica (más consensual que coactiva) del dominio burgués y la afirmación del régimen democrático. La ausencia de hegemonía no supone la recurrencia inmediata a los recursos represivos directos. Los límites precisos entre lo represivo y lo consensual, más allá de los recursos coactivos específicos (el poder de policía, las FFAA, los

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tribunales y las cárceles) se articulan en una forma compleja que problematizan aún más la cuestión de la hegemonía y legitimación.

La legitimación de la dominación tiene que ver con la cuestión de la justificación del poder político. ¿Por qué hay quienes mandan y por qué hay quienes obedecen? Weber afirmaba que la dominación legítima se basa en la creencia de los dominados de la validez de un orden, que es el fundamento de su obediencia, bastando la manifestación exterior pero esta tiene que ser contínua. la obediencia tiene que ser sostenida en el tiempo, tiene que ser estable.

En las sociedades modernas, la obediencia se asienta en la validez del sistema legal, siguiendo a Weber, como soporte de un orden y si dicha creencia es creadora de legitimidad y es la que provoca obediencia, la efectiva observancia de las normas impuestas por un ordenamiento serían la creencia en la validez, porque la legitimidad tendería a deducirse de la obediencia como existencia de validez .

Ferrero enuncia que el problema de la legitimidad es que nunca es un estado natural, es artificial y accidental ya que ningún gobierno nace legítimo y necesita del factor tiempo para que el pueblo se acostumbre a su principio de legitimidad. Ella está precedida por un estado anterior prelegítimo, en donde el gobierno tiene que desarticular todas las oposiciones provocadas por su advenimiento. La legitimidad recién es una instancia formal que nada dice del orden en sí mismo sino que se remite a la cuestión política de la justificación y conservación del poder.

Los gastos de la legitimación

O'Connor escribió a comienzo de los '70 que el Estado capitalista no sólo debe garantizar la acumulación sino que tiene como función social producir legitimación, como forma de lograr integración social necesaria para la reproducción del sistema. Esta legitimación requiere que los sistemas de creencia y acciones normativas se asienten sobre bases materiales. Por eso los costos sociales de la acumulación deben ser solventados con gastos que generan déficits fiscales, lo que plantea la contradicción entre las funciones estatales de acumulación y legitimación.

Si el modelo de acumulación excluye la incorporación estable de una parte significativa de la población, a la cual se le imponen condiciones que amenazan la reproducción vital como clase , impone la quiebra de la posibilidad de producir legitimación que involucre al conjunto de las clases subalternas. La tensión entre la reproducción consensua, que implica hacer algunas concesiones materialmente apreciables, y el necesario control represivo de las demandas que la exclusión exacerba, queda instalada dentro del centro mismo del modelo de acumulación y se proyecta sobre el régomen político.

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La necesidad de socializar la reproducción de la fuerza de trabajo a través de gastos estatales, sostiene Salama, en seguridad social y bienestar entra en contradicción con la crisis fiscal originada con la altísima evasión impositiva que restringe la posibilidad de recursos genuinos, a los que se suma el endeudamiento externo e interno, y que obliga a reducir drásticamente la derogaciones estatales. La solución que impone el modelo es la exclusión más acentuada de una parte creciente de la población en donde los déficits de legitimación tenderían a resolverse mediante formas primordiamente coercitivas, que encontraría un grado de aceptación entre la población integrada al modelo. La intervensión deslegitimante de los años pasados hace aparecer hoy a la no intervención estatal y a las privatizaciones como la solución la crisis; que el Estado se retire de la escena para dar paso a las fuerzas del mercado como libres y ordenadores es el discurso legitimante hacia la transición a un Estado mínimo que trae consigo despidos masivos, cierres de empresas, restricciones de los derechos sindicales, reducciones brutales de las conquistas de derechos de los trabajadores en donde el discurso privatizador contará con una legitimación ex-ante.

¿Consenso o pasividad? La legitimidad fragmentada

Esta deslegitimación de la intervensión estatal y el auge privatista debe ser remitido a la cuestión de los enfrentamientos de clases y la fragmentación de los sectores populares.¿Cómo se expresa la legitimidad de un orden en una sociedad tensada por desigualdades extremas?¿Cuáles son los pilares que en defiitiva sostienen a una dominación?.

El discurso neoliberal-conservador es hegemónico entre las fracciones de clases dominantes que integran el bloque de poder. Nos es más que la visión conservadorea que tuvieron a lo largo de la historia argentina y que empalma con su estrategia cortoplacista y especulativa de acumulación y con perspectivas a la banca internacional y de los capitales transnacionales. Estos sectores nunca terminaron de asumir la intervención estatal en la socialización de la fuerza de trabajo como funcional a los requerimientos del Estado como capitalista colectivo ideal , inhibiéndolos de organizar un dominio hegemónico estable basado en el consenso. La recurrencia sistemática a la represión abierta marcó los límites de un modelo incapaz de avanzar hacia adelante.

El enfrentamiento permanente entre la visión agroexportadora y la industrial mercado-internista que encontraba su soporte en los sectores populares, se resuelve con la transformación estructural operada a partir del '76, en donde el discurso antiestataista ha logrado incluir a sectores subordinados de la pequeña y mediana burguesía, y a las fracciones políticas parcialmente vinculadas a estos sectores, como el radicalismo y el

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peronismo, tradicionalmente refactarios del modelo. La crisis del modelo mercado internista y la supremacía económica de los grandes grupos transnacionalizados, debilitó en extremo a los sectores de la pequeña y mediana burguesía quienes dejaron sin sustento a la alianza que tradicionalmente concertaban con los asalariados urbanos.

El bloque en el poder logra presentar ante la sociedad una visión bastante homogénea de las perspectivas del rumbo social atadas a su propio destino como bloque. La deslegitimación de la intervensión estatal apunta a desprenderse de aquellas funciones acumuladas en etapas en que su poder no tenía el mismo grado de consolidación y la socialización de la fuerza de trabajo por parte del Estado, se correspondía con un modelo que intentaba incluir a amplios sectores de la población. El momento actual no requiere la integración plena del espacio nacional a través del Estado, en la medida en que las fracciones transnacionalizadas no ecesitarían de una socialización extensa de la fuerza de trabajo.

Entre la adaptación y el miedo: los mecanismos de dominación ideológica

Sobre el poder y la ideología, Goran Therborn analiza los mecanismos de sometimiento que suponen la dominación ideológica, planteando la conexión que vincula a la población con un orden dominante, haciendo de aquella un conjunto de sujetos obedientes a éste. Define seis dimensiones:

• ADAPTACION como la conformidad con el orden existente de parte de los dominados, que consideran otros rasgos del mundo como más importantes que su actual subordinación y la posibilidad de revertirla

• INEVITABILIDAD referida a la obediencia por la ignorancia de cualquier tipo de alternativa al orden existente. Se considera que el sistema político no puede ser cambiado sin que por ello se lo considere como bueno o justo

• REPRESENTACION que alude a los dominadores porque se los considera que dominan en favor de los dominados y porque se cree que esta situación es buena

• DIFERENCIA que alude a los dominadores como una casta aparte, poseedora de cualidades superiores y que son cualidades superiores y que sólo algunos poseen para dominar

• MIEDO como dimensión fundamental en donde no sólo es posible dominar por medio de la furza sino a través del miedo como recurso. La desobediencia conduce a una muerte cierta, siempre se puede elegir entre la resistencia o la muerte y la obediencia y la vida. El miedo es el efecto de una dominación ideológica. Así, existe el miedo a quedarse sin trabajo, a las represalias, a ser rechazado, a ser persegudo, etc.

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• RESIGNACION que deriva de las condiciones acerca de una determinada situación dada. Lo que es posible. La obediencia por miedo está determinadas a una relación de fuerzas que es compatible con el mantenimiento de la creencia en una alternativa mejor para el futuro, la resignación connota una visión pesimista sobre las posibilidades de cambio.

Estas dimensiones de la dominación ideloógica tiene directa relación con la producción de consenso, la legitimación y la construcción de hegemonía. La producción social de consenso activo en las clases subalternas tendrá que ver con las formas de dominación indeológica que tengan mayor preponderancia en cada grupo social. La legitimación debe ser referida a las distintas clases y fracciones subalternas que son objeto de la dominación. La dimensión de la adaptación podrá presentarse con mayor frecuencia como rasgo distintivo de la dominación ideológica, en la medida en que se asiente sobre bases materiales que permitan la realización de los aspectos vitales, aún en condiciones de subordinación, facilitando la internalización de los valores sociales dominantes.

Si el modo de acuulación dominante acrecienta la desigualdad y produce fragmentación, las dimensiones de dominasción ideológica caracterizadas por el sentimiento de la inevitabilidad, el miedo, la resignación dificilmente puedan ser soportes de un consenso activo y de legitimación duradera.

El antiestatismo del bloque de poder le plantea a la sociedad un chantaje claro: si no se privatiza el capital soccial representado por las empresas públicas, si no se reduce a la mínima expresión la capacidad regulatoria del Estado, no se recobrara la confianza suficiente como para invertir ergo la sociedad capitalista no podrá funcionar y se perjudicarán aquellos que no tienen otra cosa que vender su fuerza de trabajo.

La aceptación de esta extorsión habla del brutal procedimiento de amansamiento social, político e ideológico mediante el terror al que fueron sometidas las clases subalternas. La dimensión coercitiva pone de manifiesto no sólo por el miedo físico a la represión directa, sino también por el miedo a perder el trabajo o a no poder hallar ocupación en un contexto de aguda recesión, en donde la ilegalización de las huelgas, las razzias en barrios marginales, la represión de las expresiones de descontento, el endurecimiento del sistema penal constituyen las demandas de un sector de la sociedad que dirige el Estado y en donde la intervensión estatal es considerada legítima por las clases dominantes.

¿Repensar la cuestión estatal?

El Estado es un Estado de clase que realiza los intereses del bloque dominantes. Este proceso de desocialización del espacio estatal, deja sin sentido los concepto como servicio público o justicia social.

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Es cierto que el Estado es ineficiente, burocrático y corrupto y que está alejado de las necesidades populares. Se trata de identificar las causas y recrear la discusión en términos opuestos al chantaje conservador. La discusión dee apuntar a oponer la dimensión de lo colectivo frente a lo privado, recreando instancias sociales de verdadera participación política en las decisiones públicas. La necesidad de una democratización profunda en todas las instancias de la sociedad choca con el sentido excluyente de la acumulación .

En el contexto de extrema desigualdad, pauperización y concentración de la riqueza, la eliminación de toda interferencia estatal en la soberanía del mercado, implica consagrar la cruda supervivencia del más apto basada en los méritos propios.

Thwaites Rey: La (des)ilusión privatista

La implosión de la Argentina a fines del 2001 no es producto de algo no esperado. Es más bien la consecuencia de las decisiones políticas y ecoómicas gestadas desde el '76 y muy especialmente de la estrategia neoliberal aplicada desde fines de los '80. Durante los '90 se llevó a cabo el ajuste estructural que colocó al país en el puesto del mejor alumno del FMI siguiendo sus recetas neoliberales.

La Reforma del Estado tiene en la política de las privatizaciones uno de sus ejes principales. Comprende el achicamiento de la administración central y el crecimiento caótico de las provinciales por delegamiento de tareas, reestructuración de las relaciones K-W con la flexibilización laboral como eje central, los avances desreguladores y la apertura masiva de la econnomía al mercado mundia, cosa que se hizo de forma indiscriminada. La privatización del sistema previsional es otro de los tantos puntos junto con los cambios en la estructura tributaria. La Ley de Convertibilidad implicó la subordinación de la divisa nacional a la norteamericana. Este mecanismo operó como un corset antinflacionario de estabilización de precios, quitándole autonomía monetaria al Estado.

La deslegitimación explícita de la intervención estatal característica del discurso y práctica dominantes se remite a significativas modificaciones en la lógica del funcionamiento de lo público. La política de Menem continuada por De la Rúa es la culminación de las tendencias estructurales gestadas desde mediados de los años '70 que significó las base de una estrategia político-económica que resituó las bases de la dominación social de un modo desfavorable a las clases populares e implicó un cambio profundo de las fronteras entre el Estado y la sociedad.

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El tema de las privatizaciones comienza a aparecer en el discurso público luego del '76, con la dictadura militar pero es durante el gobierno de Alfonsín que se inicia un proceso de reducción del tamaño y transformación de las funciones del Estado, apareciendo en la agenda pública como la cuestión más importante. En este proceso que culmina con la brutal reforma menemista del Estado se privatizaron en pocos años la empresa de aeronavegación, los teléfonos, mil kilómetros de la red vial, la generación y distribución de electricidad, la distribución y el transporte de gas, la red de distribución del agua y sistema cloacal, la mayor petrolera estatal (YPF), cuatro empresas petroquímicas, las principales líneas y ramales ferroviarios de pasajeros y de cargas, tres elevadores terminales de puertos, dos acerías, tres fábricas militares, una empresa carboquímica, el mercado de hacienda, dos canales de televisión, un hipódromo, un hotel, el correo y la red de treinta y tres aeropuertos de todo el país.

Es preciso tener en cuenta que en tanto el capitalismo es un modo específico de organización de la producción y reproducción de la vida social, el Estado tiene su papel fundamental en garantizar ese estilo del modo de orgnización. por eso, sus modos de intervención y su estructura institucional se transforma a medida que cambias las formas de la acumulación capitalista. El proceso que se implementó en la Argentina fue acomodado para que el Estado sirviera a las nuevas modalidades de acumulación del capital global porque el viejo andamiaje que privilegiaba al mercado interno, ya no era útil a los requerimientos de valorización y libre circualción del capital financiero. Apareció como necesaria una drástica reducción de las estructuras estatales por donde pudieron colarse interes dominantes distintos. La deuda externa se había transformado en un componente específico.

Las transformaciones ocurridas reforzaron la disparidad de poder y agravaron la situación de las mayorías populares. No sólo se modificaron las fronteras del Estado en relación a la sociedad -quién hace qué- lo que equivaldría a decir que cambiaron los ejecutores de determinadastareas sino el peso de las distintas clase y grupos de la sociedad para incluir como cuestiones prioritarias de la agenda pública sus propios problemas y demandas. Significa que para imponer políticas que afecten negativamente la vida cotidiana y el futuro de amplios sectores sociales, hace falta contar con poder suficiente que puede basarse en la capacidad de construir consenso legitimador o en una derrota previa de quienes podrían llegar a oponerse. En la violenta desarticulación del campo popular operada a mediados de los 70 por la dictadura militar, apoyada en el terror físico, está la base de las políticas adoptada en los años '90. Y el proceso hiperinflacionario de los '80 es la otra pata del terror económico frente a una sociedad lacerada por el horror de la represión. Sobre estos efectos se fue construyendo una base de legitimación para un proyecto neoliberal que

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logró por unos años, disputas entre los sectores dominantes y generar la ilusión en los subalternos de que avanzábamos hacia el primer mundo.

La asunción del gobierno de la Alianza en el '99 abrió la expectativa popular de que revertirían los efectos negativos de la política neoliberal pero nuevos ajustes al gasto público y mayor presión tributaria, profundizaron la crisis recesiva y exacerbó el descontento de la sociedad hasta terminar con el derrumbe del gobierno y la renuncia del presidente De la Rúa, el 20 de diciembre de 2001.

El gobierno radical, la deuda y el discurso privatista

Más allá de la retórica privatista anti-estatista, tan cara a los liberales que ocupaban áreas de Economía, la estrategia de los militares condujo al ensanchamiento del sector público y al aumento de su déficit, principalmente con la absorción estatal de gran cantidad de empresas quebradas y por el apuntalamiento de la acumulación de grandes grupos económicos, vía contrataciones del Estado, privatizaciones periféricas, subsidios y promoción industrial.

Bajo el gobierno alfonsinista -'83/'89- se da la verificación del quiebre terminal del modelo sustitutivo de importaciones conformado desde los años '30, que inicia el proceso en el que la reducción del Estado cobre singular sigificación, apareciendo en la agenda pública como cuestión digna de atención gubernamental.

El primer escollo severo a sortear fue la magnitud de la deuda que en diciembre del '81 era de U$S 35.671 millones a U$S 43.634 en '83. En la segunda mitad de los '70, la deuda representaba entre el 20 y 25% del PBI nacional, en el '84 superaba el 60% del mismo. Los ingresos impositivos del gobierno significaban apenas un 20% del PBI en tanto que los intereses por deuda alcanzaban ya el 8%. Esto llevó a un rápido crecimiento del déficit fiscal, que al ser financiado con emisión monetaria aceleró el ritmo inflacionario.

El gobierno basó su estrategia inicial en lograr la comprensión de los acreedores, pareciéndole posible el convencerlos de que el ajuste que se pedía ya había sido efectuado con creces por la dictadura. Sin embargo estos intentos resultaron estériles y la buena voluntad externa sólo fue liberada a un saludo por el advenimiento democrático pero ni hablar del otorgamiento de facilidades adicionales. La vuelta a la democracia les afincba un interés particular del tener más posibilidades de cobro de deuda que con los militares.

La negociación con el FMI conducía a una situación difícil, porque el organismo ya había acumulado una considerable capacidad de presión frente a naciones deudoras para imponerles lineamientos establecidos por es sistema financiero internacional. Los programas de reestructuración

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financiera del FMI concentraba la energía de los países en imponerles la estabilidad macroeconómica mediante una disminución de la emisión monetaria y la reducción del déficit fiscal, mejorando la asignación de los recursos a través del asignamiento de precios correctos y liberando los mercados financieros, de productos y de factores, de controles y subsidios que encorsetaban a las naciones deudoras y les impedía crecer.

Profundización de la crisis

Los ajustes de corto plazo no redundaron en cambios apreciables en el comportamiento de las variables económicas y se estaba ante la presencia de una crisis de solvencia que debía ser encarada con medidas extremas y drásticas.

En materia de empresas públicas y rol del Estado, el Gobierno se atuvo igualmente a los lineamientos partidarios tradicionales. En la plataforma electoral de 1983 no se planteaba que el Estado abandonara sus funciones productivas, se esperaba que sólo se eliminaran de su órbita aquellas firmas que habían caído en su poder. El Decreto 414 del Ejecutivo nacional se crea en enero de '84, que da lugar a una Comisión que determinaría que empresas se privatizarían y cuáles no. La SIAM, compañias azucarera Las Palmas del Chaco Austral, sin alcanzar concretarla así como Austral Líneas Aéreas que finalmente concluyó en '87. No hubieron eco en las primeras compañias privatizadas, lo que podía interpretarse como acuerdo tácito entre las distintas bancadas. El año '84 cerraría con un aumento del salario real en 35% pero la inflación de la economía habíase disparado a más 600%. Fue reemplazado el ministro de Economía , Gruispun por Sourrouille en febrero del '85 y en abril el Gobierno declara la economía de guerra . La fuerte concentración de unos pocos grupos económicos y la consecuente correlación de fuerzas sociales, se desplazaba hacia el desmedro de las clases populares. Dos meses después se da a conocer el plan Austral, destinado a detener la inflación y su lanzamiento se realizó tras el cumplimiento de las negociaciones con el FMI

Preparando el terreno

En febrero del '86, el gobierno alfonsinista introduce cambios en la política de privatizaciones. Ya no se dirigió a desprenderse del porciones marginales del aparato estatal sino de aquellas en las cuales el capital privado estaba interesado. La excusa perfecta fue la necesidad de las urgencias de caja, con la cual había que sustentar el alicaído plan Austral en pos de una mejor recaudación fiscal.

La desición de acelerar el proceso respondía a motivos políticos ya que la presión para que se redujera el déficit fiscal y para que se dotara al

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Estado de recursos para asegurar la inversión pública, había que mostrar a los organismos internacionales de crédito como a ciertos factores de poder internos, que existía la voluntad de reformular el marco general de la actividad estatal, abriendo el juego a los inversores privados y reducir el gasto público. En el seno de la sociedad comenzaron a tener cada vez más arraigo las ideas privatistas, propagadas por los medios de comunicación y una política de sego privatista, comenzaba a ser visto por el gobierno como un recurso para obtener legitimación en una porción creciente de la sociedad.

En el tema de la deuda derivó en que el gobierno no lograra apoyo de los acreedores. Como la deuda contraída por los privados había sido estatizada en el '82 por el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, su pago se transformó en un problema presupuestario de magnitud fiscal, ya que el pago revestía el incremento en los impuestos o reducir los gastos, recortando la inversión en subsidios sociales.

Se produce una fuerte tensión por incompatibilidad de demandas entre los sectores dominantes internos que se beneficiaban con bajos impuestos, subsidios y contrataciones con el Estado (la patria contratista) y los acreedores externos. Los ingresos del Estado no lograban satisfacer a ambos a la vez.

El éxito del plan Austral se fundamentaba en la no emisión de masa monetaria y de mantener un riguros control de gasto en toda la administración pública, sin embargo este último objetivo no pudo llevarse a cabo ante la reticencia de la administración y de los gobiernos provinciales a apoyar las medidas ya fuera por motivos políticos o por la reacción temerosa ante sus clientelas electorales. Esta falta de racionalización meditada de los gastos en el funcionamiento del aparato estatal condujo al clásico expediente de aplicar recortes indiscriminados en las partidas de criterios meramente fiscales, sin atender a una adecuada selección de prioridades.

Las empresas públicas se negaron a reducir sus gastos y sometieron sus demandas en los sindicatos, proveedores y otros grupos que operaban en torno a ellas que exigían más recursos. Las mismas carecían de una estructura de costos clara y de los recursos necesarios para invertir en su deteriorada infraestructura, acelerando la degradación de los servicios.

El fracado plan Austral produjo un rebrote inflacionario y un pronumciado déficit fiscal, que lleva al gobierno a reformular sus tradicionales concepciones respecto del papel del Estado y de las empresas públicas ante las nuevas relaciones de fuerzas nacional e internacional. La Argentina en los nuevos acuerdos concebidos con el FMI y el Banco Mundial, figuraba la política de privatizaciones de las empresas públicas, en donde el espacio estatal viabilizaba la su reducción al capital a escala global. En las

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elecciones del septiembre, el radicalismo sufre un serio revés electoral imponéndose la oposición justicialista en 19 de 24 distritos electorales.

Un pionero privatizador

En setiembre del '87, es designado al frente del MOySP, Terragno quien de inmediato se lanza con un proyecto de privatización parcial de ENTel, de AA y del sector petrolero, definiéndose la cuestión de la privatización como prioritaria de la agenda estatal. El diagnóstico de la irreversibilidad de las empresas estatales, el déficit crónico y el fuerte endeudamiento externo marcaban la imposibilidad de generar recursos para la inversión que hacía falta en los servicios públicos para lograr su eficiencia.

Instalada la idea provoca una oposición en los sectores políticos, militares y sindicales mientras aparecían en el propio seno del radicalismo voces opositoras al proyecto. Los partidos de izquierda y los gremios estatales mantenían una cerrada posición ante cualquier tipo de esquema privatizador mientras que el peronismo articulaba su posición de partido mayoritario dentro del Senado y como oposición frente al gobierno y la política del Ministro Terragno.

Mientras Terragno argumenteaba que el aparato estatal no servía ni para hacer estatismo, el peronismo respondía con argumentos tales como que " ... la soberanía nacional no tiene precio, no se vende, no se enajena ni se debe poner en peligro. .. de lo que se puede estar seguro es que el justicialismo no les ha puesto ni les pondrá jamás la bandera de remate a las empresas públicas, porque en ellas está la soberanía del Estado". (Diario de Sesiones del Senado, 27 y 28 de abril de 1988)

Este tipo de intervenciones merecen ser destacadas porque sintetizan un discurso nacionalista que variaría diametralmente al año siguiente pero otras de las razones fue la voluntad del justicialismo de cerrar firmemente el paso a toda iniciativa que pudiera dar aire a la desgastada administración radical. El tema de las privatizaciones había quedado instalado en el debate público.

El golpe del mercado

El año '89 muestra el agotamiento de la capacidad de maniobra política del gobierno radical y la oposición peronista empieza a mostrar la mutación de sus concepciones más clásicas. Estaba claro que los pronósticos daban como ganador al justicialismo y esto repercutía desfavorablemente en los agentes económicos y entre los empresarios locales y externos quienes retiraron su apoyo a la administración radical.

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El gobierno decidió que el Banco Central se retirara del mercado cambiario , liberando el dólar que pasó a determinarse por la ley de la oferta y la demanda. En marzo del '89, se cotizaba a 49 australes, en abril a 80 y en mayo a 240, mientras que los índices de precios pasaron de aumentos del 9,5% al 80% mensual, acompañados de caídas violentas en la producción industrial. El desencadenamiento de la hiperinflación impactó de lleno en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos, desatando una crisis que el gobierno no pudo controlar produciéndose un fuerte estallido social con saqueos a los supermercados y comercios de barrio, fogoneado por grupos opsitores políticos.

Sourrouille fue reemplazado por Pugliese quien, unificando los mercados cambiarios no pudo frenar el alza del dólar y el estallido inflacionario y social. La crisis de gabinete produjo el reemplazo de Pugliese por Jesús Rodriguez. Se especuló que la hiperinflación había sido buscada como mecanismo ex- profeso y como disciplinador social para facilitar las reformas estructurales que se preparaban.

La revolución productiva

El 14 de mayo de 1989, la contienda electoral se polarizó en la dupla justicialismo cuya fórmula era Menem-Duhalde y el radicalismo con fórmula Angeloz-Casella, dando como ganadora al justicialismo con el 47,5% de los votos.

En candidato radical había disrcursionado que sintonizaba con los vientos neoliberales, lo que le valió la derrota mientras que la fórmula justicialista se afirmaba sobre el slogan de la revolución productiva que se afirmaba en la revalorización del trabajo por sobre la especulación, comportamiento económico de los argentinos a partir del '76. Ella había sido el origen de un esquema basado en la sobre valuación cambiaria, las importaciones baratas y el endeudamiento externo que había beneficiado no sólo a los más ricos sino a los segmentos más altos de la clase media. Se habían destruído las bases de la riqueza nacional, al provocar la quiebra de gran parte de las empresas productivas, arrojando a buena parte de los sectores trabajadores a la marginación.

El programa proponía una política de redistribución del ingreso que recuperara el mercado interno y proporcionara una demanda solvente para el relanzamiento industrial, financiado con divisas que debía proveer un sector primario reactivado. Los dos pivotes de éste esquema era el salariazo, y un tipo cambio real que sustentara la capacidad exportadora.

Cambio de rumbo

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El derrumbe estrepitoso de la situación económica y social, empujaron a Alfonsín a entregar el gobierno anticipadamente ya que en julio del '89, Menem asume inmerso en una crisis teminal. Se generalizaba la idea de canjear papeles de la deuda por activos públicos a nivel internacional mientras el gobierno enfrentaba la amenaza de un desborde de los sectores más castigados por la crisis.

Tras guardar bajo siete llaves su revolución productiva, la fórmula presidencial decide asumir como propio el diagnóstico liberal y lanza un programa de ajuste y designa al frente del Ministerio de Economía a un ex-directivo de la empresa Bunge y Born (Rapanelli).

Un amplio plan de privatizaciones que incluía al conjunto de las empresas de servicios cuya urgencia en la realización convenía a la recaudación fiscales y necesidad de cerrar las cuentas públicas, obteniendo recursos genuinos y concretos. Liquidad cuanto antes todo lo que daba pérdida y reunir la mayor cantidad de divisas posibles para hacer frente al endeudamiento interno y externo.

El salto hacia adelante significaba que el amplio plan privatizador era acicateado más que por un meditado análisis y una estrategia de reconversión productiva con una proyectiva a largo alcance, por una política a corto plazo. El abrazo sin reparo al recetario neoliberal dominante en el mundo significó un cambio de rumbo y la adhesión incondicional al libre mercado para la frutiferación de los negocios de los grupos más concentrados, internos y externos. Sellar la alianza entre ambos elementos del bloque fue el objetivo central para garantizar la gobernabilidad.

La Ley 23696 o Ley de Reforma del Estado implicó un viraje fundamental en el rol del Estado desempeñado cincuenta años atrás, en donde la nueva posición parecía vencer todas las resistencias del peronismo como actor opositor preparándose para traducir a la sociedad, las demandas del capital concentrado mientras que el radicalismo apenas podía oponerse con credibilidad al haber impuesto en la agenda social y en la estatal, la necesidad de las privatizaciones. Sólo podía denunciar las atribuciones del Ejecutivo en desmedro del Parlamento.

Los gremios y sindicatos peronistas entraron en desconcierto al enfrentarse con la magnitud de la crisis y el drástico giro producido por el gobierno para cuya elección habían trabajado tanto, y la mayoría de los sindicatos soportaron los cambios de política sin gran resistencia a excepción de algunos núcleos de la CGT, que provocan su ruptura.

Se había venido gestando en el seno de la sociedad en los años anteriores un clima cultural muy favorable al achicamiento del Estado, ya percibido como ineficiente y a la estrategia privatizadora.

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Pragmáticos y conversos

La Ley de Reforma del Estado (23696) reconoce la carecia de recursos del sector público para llevar a cabo la imprescindible transformación económica y social. Las empresas públicas, mal administradas, presentaban cuadros finacieros graves, acumulando deficits crecientes y prestando servicios ineficientes a la mayoría de la población por lo tanto, la ley propiciaba el traspaso de la mayoría de las empresas públicas al sector privado, no sólo de las productivas sino de las de servicios e inclusos las de gestión indelegable (energía, aguas, gas y petróleo). La carencia fáctica de recursos desemboca en la necsidad de reformular, y justifica, el papel del Estado de cara al neoliberalismo: la necesidad de reducción de la deuda externa mediante el mecanismo de capitalización y del gasto público, así como el interés de incorporar a los grupos económicos, nacionales y extranjeros, a la esfera de los servicios.

La apelación a excluir el debate ideológico que asigna sueprioridad a la racionalidad técnica, considerada objetiva, por sobre las motivaciones politico-sociales que se califican de parciales e ilegítimas, tiende a consolidar en definitiva el status quo de poderes que se expresan como tales dentro de la sociedad. El justicialismo reniega de su propia historia al sobreactuar su adhesión al nuevo modelo.

Los argumentos neoliberales no se usaron como un recursos ex-ante de las elecciones sino ex-post al centralizar el cambio de rumbo.

El gobierno diseña una nueva política petrolera que contempla la licitación a áreas marginales que poseía YPF y la asociación entre la petrolera estatal y empresas privadas para explotar en conjunto las zonas más ricas. Para comenzar con el ambicioso plan de privatizaciones el gobierno comienza con ENTel y AA, consideradas más fáciles de privatizar por su atractivo a los inversores extranjeros. Una era un área de monopolio natural en las comunicaciones, con amplias potencialidades de desarrollo y rentabilidad y la otra era el privilegio de ser la aerol´linea de bandera con altos niveles de eficiencia en la prestación de servicios.

La cuestión instalada

La razón radicaba en que la necesidad de su privatización ya había sido instalada por el gobierno radical como tema de agenda, contando con un consenso importante por parte de la ciudadanía, harta de las deficiencias crónicas de las empresas estatales y bien predispuesta a la lógia privatista. El gobierno deshecho la posibilidad de sanear sus deficiencias como paso previo a su venta ya que tenía un objetivo implícito: mostrar al interior y exterior del país su decisión irrevocable de producir un cambio estructural irreversible . Debía actuar con celeridad para ganarse la confianza en el

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mundo de los negocios y vencer las resisitencias hacia el interior del peronismo. La urgencia se convirtió en una constante en este proceso y fue el factor que marcó a fuego la toma de decisiones que se sucedieron posteriormente.

La privatización de AA está a cargo del MOySP, Dromi mientras que en el caso ENTel, le fue asignado a la ingeniera Asogaray, ex-diputada conservadora que actúa como interventora de la empresa.

Una parte importante de los trabajadores de los sectores afectados intentó organizar la confrontación, pero dada la fuerte instalación mediática a favor de las privatizaciones no lograron imponer su punto de vista por lo que quedaron constantemente en el papel de la denuncia. La derrota de la huelga de telefónicos en 1990 y los despidos masivos, actuaron como modelo de disciplinamiento social exhibido por la interventora, para aleccionar a los trabajadores sociales.

El dólar aumentó su valor en un 50% y en diciembre pasó de 750 australes a 1950 australes. Ante el evidente fracaso de Rapanelli, se pone a la cabecera del Ministerio de Economía a Erman González, hombre de estrecha confianza de Menem quien controla la oferta monetaria con un tipo de cambio libre y flotante.

Se iban definiendo en líneas generales, un acuerdo que habría de sentar las bases de una nueva alianza hegemónica al interior de los sectores dominantes que lograban converger los intereses de los acreedores externos y de los grupos locales. Se establece una tregua que habría de durar unos años y que permitiría despelegar su hegemonía y que haría alguna concesiones a los sectores subalternos.

El caso Aerolíneas

Para fundamentar la privatización de AA, el gobierno retoma el viejo argumento esgrimido por Terragno: el Estado no podía hacerse cargo de las inversiones que la compañia necesitaba para enfrentar las nuevas reglas de juego de la competencia aeronáutica mundial, en vías de desregulación total. Era necesario desmonopolizar el sector y aumentar su eficiencia junto con la necesidad de reducción de la deuda externa y el gasto público ocasionado por las empresas estatales.

En el proceso de licitación no abundaron las ofertas y uno de los problemas residía en la exigencia de incorporar capitales nacionales en su mayoría, los cuales no parecían querer comprometerse en la licitación. Sólo en consorcio encabezado por la compañia aérea Iberia (española) y Cielos del Sur (argentina) dueña de Austral Líneas Aéreas. Era evidente que de aceptarse la oferta el futuro de la línea estatal iba a quedar en manos de una empresa extranjera, la oferta consistía en 260 millones de dólares (en

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dos cuotas) y títulos de la deuda externa en valor de 1600 millones de dólares.

El primer pago y los títulos deberían ser efectivizados en un plazo de veinte días posteriores a la adjudicación pero el consorcio ganador decidió reemplazar el pago en efectivo por una carta de crédito, hasta que el gobierno pudiera disponer de los bienes de la empresa en propiedad de los bancos acreedores que el gobierno de Alfonsín había puesto como garantía, el totalde las empresas públicas incluyendo AA. Así, cada vez que se quisiera vender alguna de ellas, los acreedores externos debían de dar su consentimiento.

Las autoridades consideraron llevar la operación hasta el fin que dar un paso atrás. Al tomar esta decisión, era evidente que el consorcio de Iberia se vería favorecido por las cuestiones políticas arraigadas en la cláusula de los acreedores. AA quedó como el caso de una empresa que se endeuda para comprarse a sí misma. Un país que no tiene disponibilidad de sus bienes, un país que está inhibido internacionalmente es un país avergonzado.

Teléfonos y monopolios privados

La privatización de ENTel quedó a cargo de la ingeniera Alsogaray. Se decidió la opción de generar una partición de la red, las cuales incluiría una porción rentable del área metropolitana de Buenos Aires. Se crearon dos empresas: Sociedad Licenciataria Sur S.A y Sociedad Licenciataria Norte S.A. En nuevo prestatario de servicio gozaría de una licencia por siete años con opción de extensión por tres años más. Al finalizar este período la licencia se mantendría pero no la exclusividad. Los pliegos no permitían que una sola empresa se hiciera cargo de las dos regiones ya que la idea era otorgar una competencia compartativa.

Se optó por privatizar ENTel resguardando las condiciones de monopolio regional porque la exclusividad constituía una de las condiciones más atractivas de la oferta y era justificada como la condición necesaria para obtener ingresos imprescindibles para invertir en el sector.

Garantizar un buen servicio, a costos razonables para el conjunto de los usuarios fue la meta declamada como justificativo ante la opinión pública. En un comienzo el principal objetivo sería la mejora del servicio y no de las cuentas fiscales, pero los lineamientos para la licitación elaborados en 1989 priorizaron la capitalización de la deuda exigida por los acreedores. Se sostuvo que la adjudicación se haría sobre la cantidad de títulos de deuda que ofertaran, dando un lugar privilegiado a los bancos tenedores de deuda. El ingresos de los acreedores a las licitaciones no hacía más que cumplimentar el programa del gobierno nacional de atender al pago parcial de deuda externa mediante su capitalización ya que se había decidido

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entregar las empresas públicas como parte de pago de su deuda externa. La Argentina apostaba a reducir sus compromisos externos facilitando la negociación del conjunto restantes de la deuda con las empresas públicas.

La empresa tuvo un costo mínimo de 1672 millones de dólares, de los cuales los oferentes deberían pagar en efectivo 214 millones de dólares. En la apertura de la licitación se presentaron tres consorcios a pesar de la rentabilidad del negocio. El consorcio liderado por Telefónica de España había hecho la mayor oferta por ambas regiones. Por la Sur ofertó unos 416 millones de dólares a valor de mercado mientras que en títulos de deuda externa ofertó 2720 millones de dólares; por la región norte ofer´to en títulos de deuda unos 2308 millones de dólares. Como las condiciones establecidas impedían vender las dos regiones a un mismo consorcio se le da la licitación Sur al consorcio español mientras que la del Norte es dada a un consorcio norteamericano (Bell Atlantic)

El día de la entrega y firma del contrato de la transfrencia, el representante de Bell Atlantic pide un plazo el cual le es denegado y es entregado al consorcio STET-France Telecom, quienes no tenían los papeles en regla pero igual se les entrega la licitación.

A toda marcha

En octubre son privatizadas las empresas petroquímicas dependientes del Ministerio de Defensa: Polisur, Petropol, Indulcor y Monómeros Vinílicos y se adjundican 10000 km de rutas por concesión y peaje.

Resulta destacable la significativa influencia de los grandes grupos económicos locales y el alto grado de subordinación del Estado a los mismos por lo que le resulta de necesidad al capital extranjero, asociarse a los mismos para participar exitosamente en el proceso privatizador ya que uno de los items era la necesidad de la participación de capitales nacionales en el proceso. El largo entrenamiento en los despachos oficiales y con funcionarios claves ponían en manos de la elite empresarial argentina una llave importante a la hora de diseñar estrategias a la hora de las licitaciones y la creciente subordinación del aparato estatal, casi sin mediaciones, a los intereses de grupos extranjeros y locales.

La celeridad por privatizar quedaba reflejado en las palabras del Ministro Dromi que se refirío a lo que no se pudiera privatizar vía Parlamento se haría por la vía del decreto, degradaba al Parlamento como sede de instancia de debate legítima, marcando un tipo de gestión y un tipo de política refractaria de lo público, quien contaba con el favor de la sociedad sumida en el trauma de la hiperinflación y la desilusión, desgastada por los liderazgos partidarios.

Cavallo: el gran privatizador

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En 1990, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, D. Cavallo pasa a ser titular de la cartera de Economía y el Ministerio de Obras y servicios Públicos pasa a depender de Econmía por el cual , Cavallo amplía su poderes.

La llamada Ley de Convertibilidad o Ley 23928 anunciaba que se declaraba la convertibilidad con la divisa norteamericana cada diez mil australes, para la venta. Establecía de este modo un régimen bimonetario y un tipo de cambio fijo. La durabilidad de la ley sólo podía ser cambiada por otra ley y el demostrar la intención del mantener una constancia en los precios.

La Convertibilidad redundó en la disminución del riegos país durante varíos años y propició el ingreso de capitales en un momento en el que existía una alta liquidez en el nivel mundial, permitiendo la renegociación de la deuda externa con la entrada de la Argentina al Plan Brady y los convenios con el FMI.

En la medida en que el tipo de actividades a privatizar (gas, electricidad, aguas y servicios cloacalesa) iba a fectar al devenir del desarrollo global económico del país, por su impacto social y por su incidencia en los costos empresarios, era obvio que las presiones empresarias de los distintos grupos de interés se hicieran sentir. En tanto no existe una única visión técnicamente perfecta de la realidad, las soluciones concretas suelen ser el resultado de un compromiso que se impone en los procesos dee toma de decisiones signados por la variable correlación de fuerzas de los intereses contradictorios.

En noviembre del '91 se produjo el traspaso del corredor ceralero Bahia Blanca Rosario, cosntituyéndose en el primer tren privado de la Argentina. En diciembre se vendieron los talleres navales Tandanor y se aprobó la ley que fijó el marco regulatorio para el sector eléctrico. El papel del Congreso en esta etapa comenzó a ser reconsiderado. Si por una parte los sectores dominantes les parecía que la intervención parlamenntaria entorpecía la toma de decisiones rápidas por otro lado se tornaba insoslayable para otorgar legitimidad a las decisiones.

¿Bienes públicos o commodities?

En los casos del sector eléctrico y gasífero fue necesario permitir que sancionaran leyes para permitir el traspaso a los privados ya que en la Ley de Reforma del Estado sólo estaban contemplados la conseción de los servicios de comercialización y distribución, pero la prevalencia de los criterios de caja que hacían indispensable el ingreso de recursos en efectivo para apuntalar la convertibilidad, determinó un cambio en la política gubernamental respecto a estos sectores disponiéndose la privatización

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total y la convocatoria a grandes inversores y operadoras internacionales. La generación de energía electrica y gas dejaban de ser consideradas bienes públicos estratégicos para convertirse en actividades de interés general, sometidas a las reglas aplicadas con respecto a otros bienes económicos.

Los empresarios extranjeros tentados por el negocio habían dejado en claro que sin la existencia de un respaldo jurídico sólido no iban a hacer ofertas concretas. Fue necesaria la sanción de una ley regulatoria del nuevo marco eléctrico y la electricidad dejó de ser considerada un recurso vital público para ser entendida como un commodities, una mercancía que se negocia y se puede acumular y que es suceptible de cambiar de precio y de manos en forma contínua y sucesiva, según las reglas del mercado libre. El sistema elctrico quedó dividido en tres partes: generación, transporte y distribución.

Hay distintos tipos de generaciónes de energía: hidráulica, térmica y nucleares con los cuales podría formarse un mercado competitivo de oferentes. En cuanto al transporte y la distribución, por su naturaleza de monopolio natural se estableció la división de la empresa y la creación de un Ente Nacional Regulador (ENRE) con la función de hacer cumplir la ley y dictar todas las normas y procedimientos que la actividad requiriera.

Las tres empresas que operaban en el sector público -SEGBA, Agua y Energía e HIDRONNOR- fueron divididas en subunidades de negocios segmentadas y diferenciadas de acuerdo al tipo de actividad específica a que se dedicaban, quedando tres distribuidoras - EDENOR, EDESUR y EDELAP- sometidas a las disposiciones del Ente Regulador, seis empresas de transporte y más de veinte de generación. Las empresas asumirían la conseción por 95 años y el pago era por 30 millones de U$S por cada una de las zonas, títulos de deuda e intereses impagos siendo ganador el consorcio que mayor cantidad de papeles de deuda ofertara.

A la licitación de EDESUR se presentaron cuatro consorcios resultando ganador el grupo liderado por Perez Companc, que ofertó US$ 511 millones en títulos y presente en casi todos los sectors de producción y servicios. por EDENOR ofertaron cinco grupos y ganó Electricidad de Argentina, (grupo Astra)con US$ 427 millones en títulos .

El turno del gas

A diferencia de otras empresas públicas, el funcionamiento del Gas del Estado se adecuaba a los estándares internacionales y no existían obstáculos insalvables para la mejora de su eficiencia dentro del marco estatal. Se objetaba que se desmembrara un sistema que funcionaba bien de manera unificada, que tendiera a una internalización de los precios

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desaconsejable para el gas y que la participación del Estado en defiición del nuevo modelo fuera inexistente.

La resistencia en Diputados al proyecto era mayor que la ofrecida ante el caso de electricidad. De manera sorpresiva el oficialismo recortó la lista de oradores y la sesión pasó a cuarto intermedio.

Cavallo aprovechó los MMCC para advertirle al Parlamento que si no cancionaba el proyecto la privatización se haría por decreto, pero la verdad era que los lobbyes petroleros habían anunciado al Ministro que no iban a invertir si la privatización se efectuaba por decreto. La votación se realizó con quorum estricto, con 130 diputados computados por la presidencia de la Cámara.

Se concretó la privatización total de Gas del Estado y e; esquema elegido fue la división de dos empresas transportadoras y de ocho distribuidoras. El gran ganador resultó el consorcio encabezado por la italiana Camuzzi Gazometri SPA y CG de Argentina, del grupo Bunge y Born que ofertó los mejores precios en cinco de las ocho zonas pero en la licitación se disponía que ningún consorcio podía hacerse cargo de más de dos áreas así que en consorcio optó por quedar con la zona que abarca desde La Plata a Ushuaia. La Distribuidora Metropolitana encargada de abastecer la Capital y el sur del Gran Buenos Aires, fue quedada en manos del consorcio Brithis Gas y los grpos locales Perez Companc y Astra, quienes subieron hasta 300 millones de U$S respecto de la oferta anterior. La Distribuidora Buenos Aires Norte pquedó para el grupo que llevaba como operador a Gas Natural (Asosicación Catalana de Gas y Gas de Madrid) que ofertó U4S 155 millones.

Agua, el negocio perfecto

El agua, aparecía como un negocio perfecto ya que como es un monopolio natural con demanda constante y asegurada, un aumento de tarifas difícilmente redunda en que los consumidores decidan prescindir del servicio.

Teniendo en cuenta las características técnicas de la red de distribución, amplia e integrada, se desecho la posibilidad de dividir la empresa y entregarla a más de un concesionario manteniéndose su integración vertical (no se dividió en producción y distribución ni se separó de los servicios cloacales) por lo tanto pasaría de ser un monopolio estatal a un monopolio privado regulado por un ente público tripartito compuesto por la Municipalidad de Buenos Aires, la Nación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

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Se exigía al operador un patrimonio de US$ 1000 millones si se presentaba solo o de US$ 750 millones si armaba un consorcio.

El plazo de la concesión se fijó en un plazo de treinta años a partir de la toma de posesión del servicio y se dispuso que en la concesión no se incluiría el pago del canon.

La concesión logró marcar un gran interés en el mundo empresarial y dentro de los grupos locales. Los socios extranjeros de cada grupo enviaron a Buenos Aires en varias oportunidades a sus representantes para que tomaran contacto con el gobierno y esto se explica si se tiene en cuenta que cada operador era también uno de los principales socios y se acentuó la competencia entre consorcios interesados y el reacomodamiento de sus integrantes, con deserciones e incorporaciones.

El oferente debía promover un Coeficiente de Ajuste expresado con tres cifras decimales siendo el ganador el que ofertara más bajo. Aparte debían incluir planes de inversión, balances proyectados y fondos previstos.

En diciembre del '92 resultó ganador el consorcio Aguas Argentinas, encabezado por la operadora francesa Lyonnaise Des Eaux Dumez, Aguas de Barcelona, el Banco Galicia Y Socieda Comercial del Plata (Grupo Soldati) por comprometerse a reducir la tarifa en un 26,8%.

Menem-Cavallo: del éxito al divorcio

El masivo ingreso del capital golondrina -especulación de corto plazo- permitió financiar tres años de crecimiento del gasto público, del producto, del crédito y, en especial, del déficit en cuenta corriente que todo ello iba generando.

La estabilidad de los precios en los castigados bolsillos populares hizo que una porción nada desdeñable de los argentinos pudiera acceder al crédito para adquirir viviendad, autos o electromésticos.

Es saldo político-electoral fue muy favorable entre el partido gobernante que pudo presentarles a los votantes cierta imagen de capacidad de gobierno y modernización para enfrentar los viejos problemas de la economía argentina. La alianza entre la dirigencia política del partido justicialista y el establishment no presentaba fisura, y en ella lograron armonizar sus intereses los grupos económicos locales y extranjeros que conformaban la cúpula empresarial argentina e histórica, los grandes bancos acreedores propietarios de títulos de deuda y los nuevos operadores extranjeros.

Menem obtuvo su reelcción política con el 50% de los votos pero se inicia una crisis de raigambre política entreMenen y su ministro Cavallo, en donde muchos de los cuales creyeron ver en este hecho, los problemas económicos que comenzaron a perfilarse entre el '95-'96.

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Cuando se tiene una visión unilateral y tecnocrática de lo que es bueno que se pretende por encima de cualquier otra posible interpretación en función de intereses sociales distintos a los dominantes, el libre juego democrático resulta un paso a sortear. Estas perspectivas interpretan que el funcionamiento de las instituciones democráticas, que por su propia naturaleza deben internalizar los conflictos de intereses y opiniones, resultan un estorbo para el buen desempeño económico.

Comienzan los problemas

A partir de la crisis mexicana conocida como efecto tequila, el esquema de crecimiento basado en el ingreso de capital externo- productivo y principalmente especulativo- comenzó a mostrar sus limitaciones. El gobierno dispuso un segundo ajuste interno, conocida como Segunda Reforma del Estado cuyas consecuencias fueron la recesión, el desempleo, los problemas fiscales (caída de las ventas, la producción, el ingreso fiscal) y el endeudamiento público acelerado. Una vez agotado el grueso recurso privatizador, sólo restaban la venta de activos de menor valor o la enajenación difícil, como las centrales nucleares y Yacieretá, y las concesiones de correos y aeropuertos, pero al interior del mismo gobierno empezaron a aparecer cuestionamientos severos al esquema adoptado por la conducción económica.

Con la estruendosa salida del ministerio de Economía en julio del '96, del Ministro Cavallo y bajo la conducción económica del ex-presidente del Banco Central, el ortodoxo economista Roque Fernandez, el gobierno decide saltear la empantanada cuestión parlamentaria de dos proyectos privatizadores muy resistidos: el Correo Argentino y la red nacional de aeropuertos que avanza por sendos decretos. Esta desición pueso en manifiesto los desacuerdos dentro del bloque oficialista enfrascado en la disputa por la sucesión presidencial.

En septiembre del '97, el gobierno avanzó en su objetivo haciendo oídos sordos y entregó la concesión del Correo Argentino por treinta años, al consorcio privatizador del Grupo macri y el Banco de Galicia. Los ganadores ofreciero pagar un cánon anual de U$S 102 millones y se comprometieron a invertir U$S 250 millones en diez años.

Con un proyecto que contaba con media sanción en el Senado, la concesión de los aeropuertos se empantanó a medidados del '95 tras la denuncia de Cavallo de la existencia de intereses mafiosos rondando también esta privatización. En el '97, el gobierno decidió avanzar por la cuestionada vía de los decretos provocando la larga batalla judicial que culminó con la previsible convalidación por la Corte Suprema de la estrategia oficial, definiendo la entrega de la concesión por un plazo de treinta años, de treinta y tres de los treinta y ocho aeropuertos del país,

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quedando en manos de Aeropuertos 2000 del grupo Eurnekián que presentó la mejor oferta con un pago anual de canon de U$S 118,23 millones, seguido del Macri-Exxel Group que ofertó US$ 117 millones y el terce grupo liderado por Impregilo que ofertó US$ 116,91 millones. El gobierno rechazó las ofertas debido a la poca diferencia de sus montos dando un plazo de diez días para mejorarlas. Resultó ganador Aeropuertos 2000 con un canon de U$S 171,12 millones anuales, y se comprometió a invertir más de US$ 2000 millones a lo largo de la concesión, de los cuales US$ 800 serían desembolsados en los primeros cinco años .

Vendedores de utopías

En el medio de ambas posturas, aquellas que desde el comienzo mismo del diseño de la política neoliberal algunos cantaban loas al mercado libre y otros advertían sobre los problemas de una apertura total del comercio y el desguace del Estado, se colocaron los analistas políticos y académicos que trataron de adaptarse a las nuevas reglas del juego impuestas por el neoliberalismo hegemónicos y concibieron un clima cultural favorable a este tipo de pensamiento único.

Las teorías hegemónicas sólo les sirven a quienes quieren justificar que la distribución del poder económico y social vigente es la mejor y única posible, no sólo para aquellos que se benefician con ella sino para quienes padecen sus cargas. Cuando los perdedores las cuestionan aducen que la culpa y el malestar la tienen los políticos que, por su ignorancia no aplicaron bien las recetas económicas confiables y que las desformana para atender a demandas electoralistas. Pero la relaidad se encarga de desmentir los dogmas porque los tiempos cambiaron y la confianza y credibilidad populares en las mieles que aportarían los privados se tornaron en una amarga experiencia de altas tarifas, servicios deficientes, más desocupación, expropiación de los ahorros y pauperización de las mayorías.

El experimento neoliberal argentino trajo como conclusiones que la transformación económica ocurrida en los '90 ha traído consecuencias desvastadoras para las mayorías, que los objetivos explícitos de las privatizaciones no se cumplieron y que el incumplimiento de los propios manuales privatizadores no puede ser achacado a la mala paraxis de los políticos, como pretenden los defensores del neoliberalismo. Está inscripto en la lógica del funcionamiento neoliberal en la periferia capitalista que el producir efectos adversos para la mayoría de la sociedad en beneficio del capital más concentrado es su principal objetivo.

No puede decirse que sin la corrupción el modelo hubiera funcionado exitosamente y acrecentado el bienestar general. La realidad indica que las modalidades corruptas están inscriptas en los modos concretos de implantación del neoliberalismo en sociedades periféricas como la argentina

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ya que a mayor rapidez de reformas estatales, le correspondió la utilización de dádivas prebendarias para lograr vencer las resistencias.

Durante todo el proceso privatizador se advierte la fuerte subordinación de la política pública a los requerimientos de los sectores más concentrados del poder económico, ligados al mercado mundial para emujar modificaciones institucionales muy profundas, para adecuar las tareas y estructuras del Estado a las nuevas condiciones del capital a escala mundial

El Estado encarnado en los funcionarios políticos, las burocracias públicas y los tecnócratas, resultó un actor central para establecer y ejecutar la reestructuración y definir las políticas aplicadas que tuvieron como meta restringir la intervención pública como reasignadora de recursos a los más débiles. El poder estatal para imponerse al conjunto de la sociedad devino precisamente de los actores privilegiados que se beneficiaron con las políticas implementadas.

La fortaleza del Estado encarnada en el Ejecutivo, fue la debilidad de la sociedad ya que los intereses opuestos a cada privatización no lograron imponerse ni cuanto menos, reformular las pautas de traspaso en términos un poco menos perjudiciales para las mayorías.

La gran expropiación

Reducir el deficit fiscal, achicar la deuda y dar oportunidades de negocios rentables fueron los objetivos del esquema privatizador que para viabilizarlo y ganar legitimidad, el Gobierno tuvo que esgrimir criterios de eficiencia propios de los cetarios privatistas, pero las metas verdaderas se conviertieron en parte del discurso explícito mientras se acotaron al mínimo las referencias al objetivo de mejorar los servicios para satisfacer las demandas de los usuarios. En el supuesto teórico del neoliberalismo dominante, la mera aplicación de las leyes de mercado libre llevaba automáticamente a la satisfacción plena de las necesidades sociales.

Según Devlin (1992) es de buena práctica reformista comenzar por traspasar al sector privado aquellas industrias que potencialmente están en condiciones de operar en contextos competitivos, preparando el terreno para privatizaciones más complejas como suelen ser las de servicios monopólicos. En la Argentina, se omitió tal consejo y se optó por empezar directamente a privatizar los servicios públicos. Otra recomendación era la de sanear primeramente las empresas antes de privatizarlas como forma de maximizar su precio, cosa que no se hizo dejándolas caer en el deterioro en parte para reafirmar la visión anti-estatista que se intentaba imponer en la sociedad y para socavar la resistencia de los trabajadores afectados.

Se conservaron privilegios monopólicos en la mayoría de las empresas y se otorgaron a los adjudicatarios condiciones ventajosas que fueron reclamando una vez a cargo de las empresas, sacrificando deliberadamente

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el objetio decalamado de privilegiar los intereses de los usuarios en pos de asegurar mejores condiciones de venta, de ingresos fiscales y de rentabilidad privada.

Regulación ausente y renegociación permanente

La urgencia privatizadora, unida a una determinada concepción político-ideológica pro mercado no menor de la posibilidad de los funcionarios intervinientes de beneficiarse patrimonialmente con la firma de contratos millonarios, hizo que se diera prioridad a las demandas de los posibles interesados aún contradiciendo los proyectos gubernamentales originales o vulnerando los marcos constitucionales existentes.

La convalidación de incumplimientos graves en los contratos, la adaptación de las exigencias pactadas a las posibilidades de los privados, la debilidad de los entes regulativos y la renegociación de las cláusulas para dotarlas de mayor plasticidad en el cumplimiento de las metas de obra e inversión, testimonian la supremacía de los grupos económicos plasmados en el propio Estado en desmedro de las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos-usuarios.

La política de regulación argentina constituyó un eje residual en donde la ausencia de un marco regulatorio sólido, habla de la capacidad de los operadores privados de los servicios quienes pudieron ampliar sus márgenes de acción a partir de transferencias y de la correlativa disminución del poder del Estado para imponer reglas de juego más equitativas.

La regulación no logró instalarse como un tema de agenda pública.Otro rasgo distintivo de las privatizaciones es que muchos empezaron

a renegociarse casi inmediatamente después de haber sido firmados, a instancias de los privados con el objetivo de aliviar las obligaciones a su cargo. Intentar eludir los costos y acrecentar los beneficios es una táctica usual en el mundo de los negocios, pero en el caso de las privatizaciones se arraiga precisamente en la forma en que se hicieron los contratos de traspaso.

Calidad y productividad

Puede decirse que se produjeron mejoras en la prestación de los servicios, sobre todo en lo referente a la expansión de la red telefónica. Pero es necesario recordar en los stándares de calidad de los cuales partieron los proyectos de privatizaciones y de los operadores. El estado caótico en que se encontraban la gestión de la casi totalidad de las empresas públicas en un período inmediatamente anterior a su privatización, es fácil advertir que la organización sensata de los recursos existentes iba a redundar en

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mejores servicios ya que el deterioro absoluto de las empresas antes de su traspaso hizo que resaltara el más mínimo cambio positivo.

A una etapa inicial de prestación de servicios, la calidad comenzó a decaer dando a entender la prioridad de las empresas por las ganancias antes que la calidad comprometida.

No obstante el largo período de estabilidad de precios y altas tarifas del que gozaron las empresas, en la mayoría de los casos no se cumplieron las metas pautadas en cuanto a la expansión o universalización de los servicios, afectando principalmente a los hogares de menores recursos.

El incremento de la productividad exhibido por las privatizadas se consiguió por la reducción drástica del personal y la flexibilización y precarización de sus condiciones de trabajo y no por innovaciones tecnológicas. El achicamiento de las plantas permanentes, la terciarización de tareas, la reducción de los beneficios, redundaron en aumentos de la productibilidad y rentabilidad empresarias. Los montos destinados a despidos y retiros voluntarios indica hasta qué punto la prioridad estuvo en reorganizar lo existente, por sobre la incorporación de recursos genuinos de renovación productiva que agregara valor a las empresas.

El proceso de desmantelamiento del sector público empresario vía privatizaciones y de descentralización hacia las provincias de la infraestructura social del Estado nacional (educación y salud), implicó una importante racionalización de personal, que significó un capital humano y de saber hacer ponderante. La Administración Pública Naciona en el '89, contaba con más de 900 000 funcionarios y una década después sólo sobrevivieron menos de 300 000 en sus puestos de trabajo en la llamada Primera Reforma del Estado.

Para desprenderse de los trabajadores el método más común fue el retiro voluntario que implicó la compensación monetaria indemnizatoria acepatada por el empleado despedido.

Tampoco se compensó adecuadamente a los empelados despedidos a los que no se les brindó ninguna posibilidad de reinserción laboral. la pauperización de las familias afectadas en un entorno de desocuapción creciente, de flexibilización y fuerte precarización del mercado de trabajo, con tasas de desempleo que promediaron el 15% durante los '90 y alcanzaro el el 2002, el 25%.

Tarifas: clink, caja

No se produjo una rebaja significativa y generalizada de las tarifas públicas luego de los traspasos al sector privado, como auguraban los mentores de la privatización. En buena parte se incrementó considerablemente el gasto de las familias en estos rubros, con especial incidencia negativa en los sectores de menores ingresos. Cuando se tomó la

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decisión de privatizar los servicios, las tarifas se mantuvieron deprimidas hasta poco antes de los traspasos, cuando en la mayoría de las empresas se dispusieron importantes aumentos, tanto para adecuarlas a los costos reales de producción, como para promover un mayor interés en las licitaciones porque asegurar un buen nivel tarifario era central para captar inversores. Esto trajo como consecuencia la consolidación de una marco relativo de precios pero muy negativo a favor de los consumidores individuales e industriales.

Ello se agravó aún más con la dolarización de las tarifas y el otorgamiento de cláusulas de ajuste vinculadas a la inflación norteamericanas. Las privatizadas cuyos bienes no son trabsables y manejaban un negocio sin riesgo que no enfrenta competencia, tuvieron garantizados sus ingresos en dólares. Las empresas incumplieron la normativa que les impedía trasladar a las tarifas las reducciones impositivas y se paropiaron del excedente obtenido por las rebajas patronales dispuesta a partir del '94, con expresa convalidacón de las autoridades regulatorias que debían obligarlas a reducir proporcionalmente sus tarifas.

Fueron los márgenes de rentabilidad esperados los que determinaron siempre la fijación de los montos a pagar por los usuarios.

Inversiones: a pura deuda

En casi todos los casos se registraron incumplimientos en las metas y plazos autados, lo que derivó en la necesidad de renegociaciones y una realidad que resultó distinta a la prevista: una soreestimación de los consorcios sobre sus propias posibilidades y sobre la evolución del mercado al hacer la oferta, sólo para ganar la licitación.

Las empresas no arriesgaron capital propio para expandir u optimizae los servicios sino que aprovecharon la favorable coyuntura internacional para obtener créditos necesarios para encarar las inversiones pero el grueso del dinero utilizado por las empresas para sus planes de inversión fue aportado por los propios usuarios a través de las tarifas y su capacidad de actividad sobre sus cobros muy rentables en un mercado cautivo. La rentabilidad esperada por los operadores privados y los plazos para obtenerla, que se suma a los costos operativos y se incluye en los precios que pagan los usuarios.

Se alegó que fue el riesgo país el que hizo el llamado costo de oportunidad del capital (el precio por decidirse a invertir en un lugar y en una actividad y no en otros) se elevara mucho y forzara a entregar más beneficios a los privados para interesarlos en las ofertas. Cabe acotar que la concepción económica global que ha imperado tradicionalmente en el sector empresario argentino poco inclinado a la competencia y sesgado por una lógica cortoplacista -que contagió rápidamente a los inversores extranjeros-

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tuvo mayor incidencia en la cuestión que los problemas vinculados con la real eficiencia asignativa. Operar una empresa monopólica de servicios masivos, normalmente es un negocio poco riesgoso -porque no hay competencia- y rentabilidad segura.

Oportunismo empresario

El dilema a resolver es cómo definir el óptimo social que involucre los intereses de todos los actores en juego. Los neoliberales dicen que hay que dejar actuar a las leyes del mercado sin interferencias políticas, pero esas leyes están preñadas de relaciones de poder.

El caso argentino muestra claramente que existe un peligro inverso al oportunismo gubernamental - y más frecuente: el oportunismo empresario, derivado de la necesidad de utilizar la debilidad ocasional del Estado en determinado momento para imponerle condiciones más beneficiosas a los privados. La decisión estatal de no imponer reglas de juego férreas, afincadas en la convicción de que debe ser el mercado el verdadero disciplinador, refuerza la conducta oportunista empresaria.

De la experiencia argentina puede concluirse que no es el carácter privado de la propiedad lo decisivo para introducir mejoras -vía inversiones y eficiencia en la gestión- en un servicio, sino la voluntad política de hacerlo, y sobre todo, de fijar tarifas sustentables. El propio Estado podría haber encarado un programa serio de renovación de los servicios públicos y también cabe poner en duda en qué medida las privatizaciones implicaron una tasa de inversión óptima y financiaron las obras de infraestructura que el país verdaderamente requería. Al renunciar el Estado a su papel planificador, quedó en manos de los privados toda definición de las metas deseables. Las empresas privadas no están atadas a consideraciones de interés general sino a las posibilidades de obtener mayores y más rápidas ganancias, para lo cual tienden a priorizar los segmentos del negocio que puedan aportarlas. Sólo la firmeza del interés público puede definir prioridades sociales y hacer que se cumpla lo que no ocurrió en el caso argentino.

La huida de los grupos nacionales

Los manuales privatizadores destacan la posibilidad de, a través de traspasos, ayudar a conformar un segmento nacional. El caso argentino es elocuente al mostrar lo contrario: su rasgo prototípico es la magnitud del proceso de extranjerización de la economía, signado por un fuerte avance del capital de no residentes por sobre el de los grupos locales que inicialmente integraron los consorcios ganadores de las licitaciones. El inicio del programa de privatizaciones marcó el comienzo de una etapa

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caracterizada por una amplia participación del capital extranjero en la economía nacional en su conjunto. Esto fue alentado desde la conducción política con leyes y adhesión a tratados internacionales en donde se facilitó el ingresos y la rápida retirada de inversiones, desdeñando la posibilidad de establece algún tipo de control o resctricción para anclar de manera más duradera el ingreso de capitales.

Las grandes empresas públicad de la Argentina pasaron a manos de consorcios privados integrados por capitales nacionales y luego, rápidamente los capitales del exterior lideraron el selecto grupo de las grandes empresas del país. La remisión de utilidades al exterior es una regla clara de los consorcios extranjeros, la explícita y lícita convicción de enviar las ganancias a los países de origen de los inversores, con negativos efectos en la balanza de pagos. La historia argentina es clara a la hora de mostrar el débil compromiso de las élites empresarias argentinas con un proyecto sólido de desarrollo nacional. Se colocó al país en el mero lugar de exacción de riqueza y se anuló toda posibilidad de generar nueva.

La característica de los consorcios que compraron las empresas públicas -con fuerte incidencia extranjera- más el tipo de cambio depreciado, llevaron a que se comprara en el exterior una cantida de maquinaria; este tipo de contratación externa provocó el desmantelamiento de gran parte de las redes de productores locales.

Se ha transformado significativamente la evolución de la elites política y la empresaria. No es los mismo por el caso, el acceso a los despachos oficiales de empresarios locales que comparten círculos oficiales y añejas relaciones con los funcionarios estatales que el que tienen los ejecutivos de las grandes empresas extranjeras. Tampoco es lo mismo a la hora de obtener recursos y compromisos para los proyectos políticos en danza, ni para lograr concesiones políticas sobre tarifas e inversiones, necesarias para sustentar a corto y mediano plazo en estrategias de organización social. Las presiones sobre el gobierno para conseguir determinadas ventajas se despalzaron al terreno de lo diplomático. Las operadoras extranjeras de servicios han recurrido sistemáticamente a sus gobiernos de origen para que intercedieran ante las autoridades argentina a la hora de defender sus intereses. Incluso varias veces se ha hablado de la conivencia de los funcionarios o de espionaje inter-empresario para definir el precio final del ganador. Son todas expresiones de un juego de poder que no invalida la preeminencia de un objetivo común unificador: el de sostener el disciplinamiento necesario de las clases subalternas que hiciera posible la acumulación capitalista y el de resolver buenamente las disputas por la captura de las porciones rentables de capital.

Los competidores para un negocio resultaba aliados para otros. Además, hubo un elemento unificador de todos los segmentos del capital, fueran grandes o pequeños: la flexibilización laboral. En torno a este

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objetivo feticha se unificaron los discursos y se subordinron las demás demandas.

Ganancias: las declaradas y las ocultas

Algunas empresas privatizadas, casi todas ellas, tienen ganancias que superan el 10% con la cual, cualquier empresario que compite en una sociedad capitalista puede considerarse feliz y exitoso con este margen. En Argentina se lo ha superado. Alguna empresas cuentan sus ganancias por encima de este porcentaje . Estas descomunales ganancias son proveídas no por su eficiencia tecnológica y administrativa sino por las condiciones en las cuales se efectuaron las concesiones, las cuales incluyeron tarifas iniciales muy altas y que luego fueron dolarizadas e indexadas por los índices de precios estadounidenses. A pesar de la taxativa prohibición de indexar precios y tarifas emanadas de la Ley de Convertibilidad, la mayoría de los servicios privatizado (aguas y cloacas, telefonía, electricidad, rutas y peajes, gas por rdes, etc.) han ajustados sus índices de precios ajenos a la economía doméstica, en general, más de acorde a la economía doméstica nortamericana. Los usuarios de servicios, vieron incrementadas sus tarifas en concordancia a la inflación estadounidense.

Entre 1990 y 1995 acuerdos bilaterales fueron firmados por el gobierno menemista y nuestro país, formalizó acuerdos con Estados Unidos, Francia, Italia, España, Canadá y Chile entre otros; esta entrega de servicios públicos a transnacionales extranjeras y a empresas locales grandes, le permitió al presidente Menem construir su poder económico al que luego anexó a grandes grupos como el Exxel, CEI y Banco República. En los años posteriores, estas empresas obtuvieron márgenes de ganancias por un total de 24.000 millones de U$D y se calcula que en la década pasada (1991-2001), las utilidades superaron los 34.000 millones de U$D, superando los 24.000 millones de U$D con las cuales los consorcios obtuvieron las empresas de gas, electricidad, áreas petroleras, ferrocarriles, teléfono, aguas y el resto de la infraestructura económica que antes le perteneció al Estado.

¿Achicar la deuda externa?

Un argumento clave de las privatizaciones ha sido que por la venta de activos públicos, se lograría bajar significativamente el monto de la deuda externa. Sin embargo, la reducción de endeudamiento -vía recuperación de títulos- por las privatizaciones fue poco relevante en relación al monto acumulado. Cuando se habían completado los princiaples traspasos y ya se

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había ingresado al Plan Brady, los argumentos iniciales se desvanecieron y la deuda externa seguía creciendo en forma ininterrumpida. Por otra parte es preciso tomar en cuenta que esta reducción de la deuda fue superada por un nuevo endeudamiento que se concretó en el períodos de las privatizaciones, lo cual significaba que el Estado incrementaba fuertemente sus débitos al mismo tiempo que vendía sus activos

A modo de conclusión

Desde diciembre del año 2001, se precipitó el desmoronamiento del Estado argentino, el cual fue preparado por las reformas neoliberales de los años ‘90 e introducido por el gobierno cívico-militar de 1976.”

En efecto, 1976 produjo un cambio dramático sobre la industria argentina porque el poder real pasó al sector de la renta y al capital financiero, destruyendo gran parte del aparato productivo, especialmente aquél radicado en las industrias que generaban mayor valor agregado, poniendo el énfasis en las industrias explotadoras de recursos naturales e insumos básicos. Todo ha cambiado de forma pero no de contenido. En la Argentina desindustrializada mandan los bancos, las compañias transnacionales que compraron empresas estatales y empresas nacionales especializadas en el saqueo del Estado: las de la patria contratista que transfirieron al Estado su deuda externa y licuaron su deuda con la pesificación 1 a 1, obtuvieron seguros de cambio ‘81-’82 hasta la actualidad para los bancos, evadiendo impuestos y transfiriendo capitales. Varios de estos empresarios nacionales vendieron sus empresas a capitales extranjeros, continuando su vocación rentista y por encima de todos ellos, la política y la economía están regidas por Estados Unidos de modo directo o a través del Fondo Monetario Internacional. Es el modelo de renta y financiero que gobierna desde 1976. Este año significó el comienzo del deterioro de la actividad industrial. Sobresalieron algunos rasgos como la desnacionalización y el endeudamiento.

En 2002, el 70% de las ventas totales de la economía argentina es generado por empresas extranjeras y sólo 5 de las 30 empresas de mayores ventas están bajo control local. Entre 1976 y 2000, la participación de la industria en el PBI global cayó del 31,7% al 16,1%.

El régimen no estableció una política industrial nacional, sino que se dedicó a beneficiar sólo a un número reducido de proyectos y de firmas mientras que promovía la tendencia preexistente a la concentración de la industria. Los puestos de trabajo que aparecían en una localidad, desaparecían en otra y las empresas no manufacturaban en el lugar de la promoción, sino que “importaban” los productos de sus plantas originales pero los facturaban en el lugar promocionado para obtener beneficios impositivos, como la exención del IVA. Muchas empresas no tenían

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instalaciones industriales sino meros galpones, lo cual era tolerado por las autoridades provinciales y nacionales.

Luego del estancamiento radical del ‘83-’89, el menemismo llevó adelante una política dual. La reducción de los aranceles y la apreciación de la moneda nacional aumentaron la exposición de la industria local a la competencia internacional y promovió el reemplazo de una multitud de productos finales e intermedios por otros provenientes del exterior. El régimen arancelario y de cuotas negociado frente al Mercosur benefició a la industria automotriz y la reducción de aranceles para bienes de capital, facilitó la capitalización de numerosas empresas. La política menemista significó el retroceso de muchas industrias tradicionales y de mayor componente tecnológico mientras favoreció a otras basadas en la elaboración de bienes primarios pero las privatizaciones realizadas, asestaron un golpe mortal a la industrialización autónoma en la medida en que causaron el cierre de numerosos talleres y laboratorios de investigación.

Una activa campaña de desprestigio del Estado motivada por los medios de comunicación, grupos empresarios, orgnismos internacionales de créditos y los grupos consultores que tuvieron a su cargo el rediseño del Estado, promulgaron leyes fundamentales para esta transformación: la Ley de Reforma del Estado (Ley 23.696/89) que diseña el esquema privatizador, y la Ley de Emergencia Económica (Ley 23.697/89), que afectó al empleo público limitando las contrataciones. Sin embargo, el gasto público se incrementó en un 23% a pesar que entre 1989-1995 se habían eliminado 535.000 puestos de trabajo dentro de la Administración Pública Nacional.

Al subir la Alianza en el 2000 se mantuvo trágicamente el rumbo heredado, en donde las empresas chicas fueron las principales afectadas por el tipo de políticas implementadas.

La devaluación de enero del 2002, acentuó el proceso de desnacionalización de la economía y en abril del mismo año, grandes corporaciones que incluyeron a aquellas empresas privatizadas de servicios públicos como Aguas Argentinas, Transportadora de Gas del Norte y Metrogas, se declararon en sesación de pagos. Sosteniendo como argumento la dificultad de continuar atendiendo los pagos de intereses y capitales contraídos, endeudados en dólares y con ingreso en una moneda devaluada muchas filiales fueron avandonadas a su suerte por sus casas matrices. La deuda externa privada ha sido develada: casi 50.000 millones de dólares de las cuales, la mitad pertenece a empresas privatizadas durante la época del menemismo, gobierno que implementó una política de enajenación masiva de empresas públicas con el sustancial argumento de que realizarían una sustancial inversión de capitales, los cuales el Estado estaba imposibilitado de efectuar. otra lección de la crisis es que algunas

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filiales en la Argentina fueron abandonadas por sus casas extranjeras a su suerte.

En la actualidad, la crisis de endeudamiento privado de las empresas destinadas a servicios públicos en la Argentina, abre la posibilidad de un giro en la administración de las mismas. La tendencia que se instala es que las mismas puedan ser revertidas al Estado o que sean nuevamente licitadas pero el camino que tiene que transitar el gobierno es complicado, ya que tiene que hacer que las empresas sigan funcionando a niveles aceptables de rentabilidad y con tarifas aceptables a las condiciones reales del país porque en las condiciones actuales, es impensable que las mismas adecúen sus tarifas a precio dólar que ya son de por sí altísimas.

Los servicios esenciales son de por sí inelásticos respecto a la estructura de precios y os ususarios terminan asumiendo los costos de la suba en pos del sacrificio de otros consumos. De ahí la importancia de los entes reguladores que permiten al Estado encontrar el punto de negociación en donde los usuarios puedan afrontar el pago de los servicios y a las empresas sostener un emprendimiento razonable.

En julio del 2002, el default y la devaluación sumergieron a la economía argentina en la peor crisis económico-financiera y político-institucional, acentuada por la crisis de representación políitica y de gobernabilidad. La economía tiene más del 70% de sus ventas totales bajo el dominio de capitales extranjeros, y sólo 5 de las 30 empresas que más facturan en el país, están controladas por capitales locales. Entre 1998 y 2002, se destruyeron aproximadamente 260.000 puestos de trabajo industriales y desde 1990 se desarticularon más de 490.000 puestos de trabajo; el producto interno bruto (PBI) por habitante cayó un 24% y creciendo según lo proyectado en el acuerdo con el FMI, sólo se habrá recuperado las 3/4 parte de lo perdido desde 1998. En mayo del 2003, el 15,6% de la población económicamente activa estaba desocupada; en octubre del 2002, el 57,5% (13.870.000 hab) de la población de la Argentina era pobre y el 27,5% de ellos (6.637.000 personas) eran indigentes. En el 2002, el salario real disminuyó el 23, 7% y el producto industrial cayó un 18% entre 1998 y el 2002.4

El Estado sufrió una desarticulación en profundidad, con mínimas atribuciones, sin empresas públicas y endeudado, fuente de prebendas, sin una calificada formación de la administración pública comprometida y profesional, con reducción de los recursos disponibles para sus funciones propias, la Argentina se halla en la labor de tener que redefinir los actores y los términos del intercambio pero ante todo el Estado argentino ha demostrado luego de la Convertibilidad, que es un órgano vegetativo que carece de un proyecto nacional.

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