Transformemos Territorios Construyendo Paz - EL ENFOQUE DE … · 2019. 12. 6. · proceso de...

EL ENFOQUE DE ACCIÓN SIN DAÑO EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN

DE TIERRASsíntesis del acompañamiento regional

Primera edición; Bogotá D.C., 2014Acción sin Daño en el proceso de restitución de tierras.Módulo de formación

©Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas , Departamento de Trabajo SocialPrograma de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia – (PIUPC)

Calle 44 N. 45 – 67 Unidad Camilo torres, Bloque 1, Oficina 601Tel. (57) 1 3165000 ext. 10261-10265, Bogotá D.C.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

Avenida Calle 72 No. 11-81/85Tel. (57) 1 3770300, Bogotá D.C.

Equipo Acción sin daño, Universidad NacionalOlga del Pilar VásquezJulia Esmeralda RodríguezGloria Inés Restrepo Belky Mary PulidoCristina Alejandra Luna

Corrección de estilo:Irina Florián

Diseño y Diagramación:Kilka Diseño Gráfico

Fotografía de portadaMiguel Ramírez, Kilka Diseño Gráfico

Impresión:Grupo Imágenes

Apoyo financiero:Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

Cra 9 No. 74-08, piso 8, oficina 806, Bogotá, Colombia Tel: +571 3497230 Tel: (desde Suiza únicamente) 0313241886/87/88 Fax: +57 1 212 44 32 www.cosude.org.co www.eda.admin.ch/bogota, [email protected], www.cosude.org.co

© Equipo Acción sin Daño, Universidad Nacional de Colombia

Las opiniones y los énfasis destacados en el texto son de exclusiva responsabilidad de las y los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de los financiadores.Texto legal de la licencia completa en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

CONTEXTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 12

Descripción casos seleccionados unidad territorial (UT) Bolívar 35

CONTEXTO DEPARTAMENTO DEL META 67

Descripción casos seleccionados unidad territorial (UT) Meta 84

CONTEXTO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 118

Descripción casos seleccionados unidad territorial (UT) Urabá 172

DOCUMENTACIÓN CASO CHIBOLO 197

DOCUMENTACIÓN CASO MAMPUJÁN 210

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INTRODUCCIÓN

E ste CD contiene reflexiones sobre la implementación del proceso de restitución de tierras en tres territorios —Meta,

Urabá y Bolívar—, que fueron acompañados por el equipo del proyecto Integración del Enfoque de Acción sin Daño en la Po-lítica de Restitución de Tierras (2012-2013), ejecutado por el Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convi-vencia (PIUPC) de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude).

En el documento que usted tiene en sus manos se descri-ben elementos centrales de los contextos regionales, seguidos de los casos que el equipo del proyecto ha venido documentando como estrategia para conocer, analizar y apoyar la cualificación de la gestión institucional. En relación con los contextos, se plantea el análisis de algunas de las variables críticas que afec-tan el proceso como la incidencia de los grupos armados con presencia en las tres zonas trabajadas; los intereses económicos y estratégicos en torno a la tierra; las dinámicas de violencia que

favorecen el despojo y el desplazamiento, y, finalmente, el mar-co institucional que determina la intervención de las entidades responsables del tema, con el fin de observar el estado actual de la restitución de tierras y los problemas centrales que se afrontan bajo las consideraciones de la reparación integral.

Respecto a los casos, se evidencia la complejidad de la apli-cación del procedimiento y las herramientas legales establecidas por la Ley 1448 respecto a situaciones sociales, políticas y de contexto que, sin duda, serán aprendizajes en relación con los nuevos casos que se presenten en el término de vigencia de la Ley. Como antecedente, en el 2013, el equipo del Proyecto rea-lizó una primera documentación de los casos piloto de Chibolo y Mampuján, a partir de la cual se han derivado importantes recomendaciones para ajustar apartes del mapa de procesos ins-titucional, y ha sido utilizada como insumo para espacios de capacitación al interior de la Unidad. La ubicación y las pregun-tas centrales que orientaron cada ejercicio de documentación se señalan a continuación.

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EL ENFOQUE DE ACCIÓN SIN DAÑO EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. SÍNTESIS DEL ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL

UBICACIÓN GENERALIDADES DEL CASO PREGUNTAS CENTRALES

Magdalena, muni-

cipio de Chibolo,

Predios Santa Rosa

y la Tolúa

Se trata de un caso emblemático por las acciones

que llevaron al despojo de la comunidad por parte

de Jorge 40 y por las acciones institucionales que

recientemente buscaban resarcir a la comunidad y

restaurar los derechos patrimoniales de los campesi-

nos habitantes de los predios en cuestión.

¿Cómo desarrolla la Unidad de Tierras el pro-

ceso administrativo en torno a los casos de

Chibolo y Mampuján, en cumplimiento de lo

estipulado por la Ley 1448 de 2011?

¿Desde el enfoque de Acción sin Daño (ASD),

cuáles fueron las lecciones aprendidas y bue-

nas prácticas en desarrollo de las diligencias y

acciones emprendidas por los funcionarios(as)

de la Unidad de Restitución de Tierras del nivel

nacional y territorial respecto de estos casos?

Bolívar, Municipio

de María la Baja,

corregimiento de

Mampuján

Frente al caso de esta comunidad se emite la primera

sentencia en firme en aplicación de la Ley 975 de

2005, que, entre otras medidas, señala la formaliza-

ción de los títulos sobre los predios que ostentaban

los habitantes del corregimiento cuando fueron des-

plazados. La sentencia y el trabajo previo realizado

por el Proyecto de Protección de Tierras se ven como

una oportunidad para acatar el fallo, en el marco del

procedimiento que propone la Ley 1448.

Urabá, municipio de

Apartadó, corregi-

miento El Reposo

El caso Gorgonita y Porvenir fue el primero desarro-

llado por la oficina de Apartadó de la Unidad de Res-

titución de Tierras. Presenta retos por la presencia de

segundos ocupantes.

¿Cómo lograr una restitución transformadora

y justa en términos sociales en contextos de

presencia de “terceros de buena fe”?

Urabá, municipio de

Mutatá, Los Cedros

El caso de Los Cedros muestra el proceso en casos

emblemáticos de despojo.

¿Cuáles son los retos y las lecciones aprendi-

das de los casos de gran despojo?

Bolívar, municipio

de San Jacinto,

corregimiento Las

Palmas

Es un caso que muestra los retos de la articulación

entre territoriales y con procesos de reparación inte-

gral a cargo de otras instituciones en el marco de la

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

¿Cuáles son los retos en la articulación institu-

cional para garantizar la restitución de tierras y

otras medidas para la reparación integral de las

víctimas?

Bolívar, municipio

de San Juan de

Nepomuceno, co-

rregimiento de San

Pedro Consolado,

predio El Guamito

Es un caso con antecedentes de irregularidades

institucionales que se han perpetuado por más de

veinte años; se busca garantizar los derechos sobre

la tierra y el territorio de dos grupos de campesinos

con lazos de parentesco y dinámicas sociales y

comunitarias fuertes, lo cual ha exacerbado los con-

flictos previamente existentes.

¿Cuáles son los retos en los casos donde los

solicitantes presentan conflictos previos por

las irregularidades de la institucionalidad esta-

tal en la adjudicación de tierras?

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INTRODUCCION

UBICACIÓN GENERALIDADES DEL CASO PREGUNTAS CENTRALES

Meta, municipio de

Villavicencio, vereda

Servitá, predio Villa

Diana

Se trata de un caso de elevada connotación política y

simbólica por tratarse de víctimas de la Unión Patrió-

tica, además es el primer caso que la UT tramitó en el

marco de la Ley.

¿Cuál es el balance de las buenas prácticas

y lecciones aprendidas en el primer caso de

restitución gestionado por la UT, Meta?

Meta, municipio de

Cabuyaro, predio El

Carpintero

Es un caso central para revisar predios en común y

proindiviso, donde se evidencian numerosas dificul-

tades derivadas de anteriores intervenciones insti-

tucionales, situaciones de conflicto al interior de la

comunidad y retos por la participación de segundos

ocupantes.

¿Cuáles son las buenas prácticas y las leccio-

nes aprendidas derivadas de esta intervención

bajo las características particulares del predio

—común y proindiviso—?

Meta, municipio de

El Dorado, varias

veredas

El caso se caracteriza por un contexto complejo de

violaciones de derechos humanos. Presenta patro-

nes de despojo que permitieron abordarlo de manera

colectiva, además se proyecta como un caso de

articulación interinstitucional con la Unidad de Vícti-

mas de la región.

¿Cuáles son las características centrales del

proceso en relación con las buenas prácticas y

las lecciones aprendidas?

Es preciso aclarar que los casos seleccionados para este ejerci-cio se desarrollaron en diferentes fechas desde el inicio de ejecu-ción de la Ley, por tanto, se observa en la descripción un orden cronológico para los casos, así como para los procesos, procedi-mientos y aspectos logísticos acordes a esas fechas. En la actua-lidad, varios de esos aspectos se han modificado favorablemente mientras que otros persisten y siguen señalando ajustes en la proyección del proceso de restitución y en la labor de la Unidad de Restitución de Tierras. Esta misma razón explica la variabi-lidad de los profesionales y las áreas vinculadas a cada caso a medida que avanza la adecuación institucional de la entidad; paralelamente, se ha incrementado el número de solicitudes de restitución, se han ampliado las zonas de intervención y se avan-za en la emisión de fallos de las demandas lo que imprime más dinámica al proceso.

Así, pues, los objetivos propuestos para la documentación de los casos fueron: • Reconstruir el proceso jurídico-administrativo adelantado

por la UAEGRT en la práctica.

• Fortalecer la gestión de conocimiento a partir de la propia experiencia desde el análisis de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en los procesos.

• Aportar al mejoramiento de la capacidad institucional, la comunicación entre áreas y la identificación de oportuni-dades de mejoramiento.

Tomando como eje la ruta del proceso de restitución, a par-tir de sus diferentes etapas, en la documentación se indagó por la articulación interdisciplinaria entre las áreas de la Unidad, la comunicación entre el nivel nacional y las unidades territoriales y los aspectos técnicos-operativos que fomentaron u obstaculi-zaron los procesos para el desarrollo de los casos (Universidad Nacional de Colombia, 2012). La guía en anexo señala la forma como estos aspectos se articularon y dieron orientación al ejer-cicio.

Al igual que en la documentación de Chibolo y Mampuján, y con el fin de facilitar la reflexión, los hallazgos identificados fueron organizados en dos niveles: una parte descriptiva (co-lumna a la izquierda) sobre los procedimientos y las actividades realizadas, y otra parte reflexiva (columna a la derecha) donde

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se detallan las lecciones aprendidas de los casos en cada una de las etapas del proceso, entendidas como “las conclusiones que se obtienen una vez que se ha realizado una tarea concreta, […] cuando se evalúa la labor realizada comparándola con los resul-tados obtenidos según los objetivos marcados y el tiempo, el esfuerzo y, en muchas ocasiones, el dinero invertido” (Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo [AECID] y Escola de Cultura de Pau, p. 2), y las buenas prácticas desarrolladas por los equipos durante la realización de los procedimientos. Una buena práctica es entendida como “una forma de hacer que ha probado su efectividad en una situación y puede ser aplicable en otra” (AECID y Escola de Cultura de Pau, p. 2).

Las fuentes primarias y secundarias utilizadas para la do-cumentación de los casos fueron entrevistas a funcionarios y funcionarias de distintas áreas involucrados en el caso, e infor-mes de actividades en campo e, incluso, reportes de jornadas comunitarias con algunos de los reclamantes o habitantes de los predios, así como los documentos públicos que han reseñado los

aspectos principales de cada uno, sentencias emitidas, informes previos de los casos realizados por la Unidad. Como es de espe-rarse en este tipo de ejercicios, es imposible lograr, por parte de un equipo externo, la reconstrucción detallada de cada aspecto de los casos; sin duda, la lectura en conjunto por parte de los equipos de profesionales de la Unidad podrá complementar la narración y dar pie a nuevas reflexiones y preguntas. Este es uno de los logros esperados; además de motivar y dinamizar la re-flexión colectiva para mejorar y estandarizar procesos internos, construir capacidades personales e institucionales y, sobre todo, reflexionar permanentemente sobre los impactos de las acciones en la reparación de las víctimas.

Equipo Universidad Nacional de ColombiaProyecto Acción Sin Daño

Febrero de 2014

ReferenciasAgencia Española para la Cooperación y el Desarrollo

(AECID) y Escola de Cultura de Pau. (s. f.). Lecciones aprendidas y buenas prácticas. Una aproximación. Recu-perado el 15 mayo de 2012 de http://escolapau.uab.cat/img/programas/rehabilitacion/buenas/bp005.pdf

Universidad Nacional de Colombia. (junio de 2012). Guía metodológica para la documentación de casos construida por el equipo de ASD de la Universidad Nacional de Co-lombia. Colombia: autor.

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INTRODUCCION

Anexo. Guía de documentación de casos• Definición del caso a documentar: para la definición del

caso, sugerimos que se consulte con el director de la URT territorial o el/la encargado/a de liderar el proceso. Se trata de escoger un caso que resulte importante y pertinente para generar aprendizajes al interior de la URT. Algunas pregun-tas que pueden ayudar a escoger el caso son:• ¿Qué particularidades tiene el caso que lo hace impor-

tante para la URT? • ¿Por qué estas experiencias y no otras? ¿Fue una expe-

riencia exitosa o no exitosa?• ¿Cuáles eran las principales características del contexto

en que se desarrolló?• ¿Existen antecedentes de casos similares o parecidos en

la URT?• Precisión de la pregunta del caso: con base en la definición

del caso, será necesario precisar la pregunta particular de este a partir de la cual se desarrollará la documentación. Es pertinente definir pocas preguntas u objetivos respecto al caso para poder centralizar o priorizar de toda la informa-ción que se obtiene, los énfasis a analizar. Algunos interro-

gantes que ayudan a precisar la pregunta del caso son los siguientes• ¿Qué hace particular este caso?• ¿Qué quiere aprender la Unidad de Restitución a tra-

vés de este caso?• Registro de la información: finalmente, se sugiere el re-

gistro de la información obtenida a medida que avanza el caso. El equipo del caso podrá definir algunos temas o va-riables en los cuales centrar el análisis de cada etapa para lograr mayor precisión en el registro de la información y la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas. La función de estas variables será delimitar el análisis para no registrar todo, sino lo que finalmente el equipo desea priorizar y aprender.

En la tabla que se muestra a continuación se propone un for-mato con preguntas orientadoras que puede ser utilizado como guía para registrar la información obtenida. Se trata de una guía que facilitará la identificación de aprendizajes derivados de cada etapa para que, a su vez, estos puedan socializarse de manera permanente con el equipo del caso.

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE CASOS

PREDIO VEREDA-CORREGIMIENTO MUNICIPIO- DEPARTAMENTO

Dependencia a cargo: (Unidad Territorial o dependencia del nivel central).

Hectáreas y solicitantes (describa brevemente cuál es el número de hectáreas solicitadas y quiénes son las personas, familias o

grupos que solicitan la restitución).

Ubicación: (introduzca en esta sección el mapa de la región microfocalizada o el predio particular con una explicación breve sobre

su ubicación).

Fuentes: (¿A través de qué mecanismos se recogió la información para sistematizar este caso: visitas, herramientas, revisión de

documentos, etc.?).

Preguntas que orientan la documentación del caso (¿Qué hace particular este caso?, ¿qué quiere aprender la Unidad de Restitu-

ción a través de este caso?

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Antecedentes (mencione los aspectos históricos relevantes del caso y haga un resumen sobre la actuación institucional previa

dentro de este).

Síntesis del caso (ampliación de la o las preguntas del caso. Realizar un breve resumen sobre las particularidades del caso).

Aspectos situacionales (¿Cuál es el contexto actual de la zona microfocalizada donde se desarrolla el caso: contexto económico,

político, social-actores?

Descripción de las etapas:

Alistamiento y registro: en este apartado se documentarán el proceso de decisión sobre el caso y los elementos que tuvieron

que tenerse en cuenta para alistar e iniciar la intervención, así como las actividades desarrolladas por la URT que llevaron (o no)

a la decisión de inscripción en el registro de los solicitantes. ¿Qué impactos negativos o positivos se derivaron de esta etapa que

deban tenerse en cuenta para la próxima?

Fecha

(De la actividad, la

visita, el evento, el

procedimiento, etc.)

Descripción

(Qué y cómo se hizo)

Lecciones aprendidas, buenas prácticas, preguntas

Judicial: en este apartado se describirá la forma como se desarrolló el trámite judicial y la manera como se desarrollaron las ac-

ciones, los procedimientos y las actividades en esta etapa. ¿Qué impactos negativos o positivos se derivaron de esta etapa que

deban tenerse en cuenta para la próxima?

Fecha Descripción Lecciones aprendidas, buenas prácticas, preguntas

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INTRODUCCION



Posfallo: en este apartado se registrarán las medidas, las acciones, los procedimientos posfallo que se están tomando frente al

caso. ¿Cuáles son los retos y los desafíos en la etapa posfallo en el trabajo de la URT?

Fecha Descripción Lecciones aprendidas, buenas prácticas, preguntas

Conclusiones: retome la pregunta que orientó la documentación del caso, ¿después de la documentación, cuáles son las con-

clusiones o reflexiones que se establecen para el trabajo de la URT?, ¿qué fue acertado en el desarrollo del caso?, ¿qué se podría

mejorar?, ¿qué se podría repetir en otros casos?

• Validación y socialización de aprendizajes obtenidos: si bien la socialización de aprendizajes derivados de cada eta-pa será una tarea permanente durante todo el proceso de documentación, se sugiere una etapa final de validación y socialización de esta con todo el equipo del caso y con otros equipos de la URT. Esta actividad constituye una de

las oportunidades más valiosas para que otros profesiona-les conozcan los aprendizajes y los incorporen en su propia práctica. Finalmente, el objetivo de esta etapa será circular los aprendizajes de los equipos con todos los y las profesio-nales de la Dirección Territorial.

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CONTEXTO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Características generales

E l departamento de Bolívar se encuentra ubicado al norte del país, hace parte de la costa Caribe colombiana con

una extensión de 25.978 km². Ocupa el 2,3 % del territorio nacional (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2012, p. 9) y está conformado por 38 municipios, siendo Cartagena la capital departamental. Gracias a la relación limítrofe con importantes ríos y formaciones montañosas, po-see una posición geoestratégica. Al norte y al sur está rodeada

por las serranías de San Jacinto y San Lucas, respectivamente; asimismo, está bordeado por el río Magdalena que lo delimi-ta en su margen oriental con los departamentos de Santander, Cesar, Magdalena y Atlántico; en el costado occidental colinda con los departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia; hacia el suroccidente está bañado por el río Cauca, y hacia el norte, el canal del Dique lo delimita con el departamento del Atlántico.

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Figura 1. Mapa del Departamento de Bolívar

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La configuración geográfica de Bolívar es única a nivel nacional, al ser un departamento angosto y alargado, de más de 700 kiló-metros de longitud, con innumerables cuerpos de agua que han dificultado la construcción de vías terrestres adecuadas. Esta configuración no siempre fue así, ya que del Bolívar Grande fue-

ron constituidos los departamentos de Córdoba (1951) y Sucre (1966) (Viloria de la Hoz, 2009, p. 7).

En cuanto a las condiciones edafoclimáticas, el departamen-to se encuentra en un piso térmico cálido y cuenta con una cu-bierta vegetal en la que predominan los bosques y pastos, lo que

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permite que las temperaturas oscilen entre los 26 °C y los 30 °C. Al encontrarse en una zona de confluencia intertropical, el departamento enfrenta marcados periodos de lluvia y sequía: el primero, entre los meses de abril a junio y de agosto a septiem-bre; mientras que las sequías se registran de manera acentuada de junio a julio y de octubre a febrero.

El departamento cuenta con una gran ventaja en cuanto a recursos hidrográficos lo cual facilita las comunicaciones y el transporte y facilita la explotación pesquera artesanal como me-dio de subsistencia. El sur del departamento se destaca además, por poseer una de las minas de oro más grandes de América Latina, ubicada en la serranía de San Lucas. Igualmente, hace parte de la zona del Magdalena Medio, una de las regiones más ricas en recursos naturales en todo el país, que comprende parte de los departamentos de Santander, Boyacá, Antioquia, Cesar y Bolívar. La agricultura, la pesca, la ganadería y los abundantes recursos hídricos, energéticos y madereros colocan al departa-mento en uno de los renglones más productivos de Colombia.

Dada su biodiversidad geográfica, Bolívar se divide en seis zonas especiales de desarrollo económico y social (ZODES), que agrupan municipios con condiciones económicas y socio-culturales similares; éstas son: Magdalena Medio, Depresión Momposina, Loba, Montes de María, Mojana y Dique, en esta última se encuentra ubicada la capital Cartagena de Indias (Ins-tituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2010, p. 19).

Según el Departamento Administrativo Nacional de Esta-dística (DANE), Bolívar cuenta con dos millones de habitantes aproximadamente, de los cuales más de las tres cuartas partes habitan el casco urbano, esto se explica, entre otras cosas, por el desplazamiento forzado producto del conflicto armado que se ha desarrollado históricamente en la región. En este senti-do, la disparidad en la ocupación del espacio urbano/rural ha generado un desequilibrio que se manifiesta en el alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que alcanza el 46,6 % y que se evidencia en la medición del coeficiente de Gini, realizada también por el DANE a partir de la comparación del

crecimiento económico de los departamentos del país, en el cual Bolívar pasó de 0,482 en 2005 a 0,507 en 2012 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE*, 2013, p. 15). Lo anterior demuestra una agudización en la desigualdad eco-nómica del departamento, que lejos de encontrar su causalidad en razones puramente económicas, se sustenta en la confluencia de aspectos socio históricos como el problema de la tenencia de la tierra y la existencia de importantes recursos minero-energéti-cos (oro, petróleo y producción de palma y teca); este contexto

ha abonado el prolongado conflicto armado en el territorio. En el departamento encontramos una alta presencia de gru-

pos afrodescendientes y palenqueros. El censo de 2005 registró un total de 497.667 afrocolombianos en el departamento de Bolívar, que representa el 27 % del total de la población depar-tamental (1 .836.640 habitantes). Del total de población afro-colombiana bolivarense, 491.364 personas (98.73 %) se reco-nocieron como población negra, de las cuales 376.988 habitan en las cabeceras municipales y 114.376 viven en las zonas rura-les; por otra parte, 4978 personas (1 %) se identificaron como palenqueros, de las cuales 2.218 viven en zonas urbanas y 2.760, en la zona rural. Otras 1325 personas pertenecen a otras etnias como la población indígena Zenú organizada en cuatro cabildos menores ubicados en los municipios de María la Baja, Turbaco, Arjona y Cartagena. Estas comunidades se desplazaron del res-guardo indígena de San Andrés de Sotavento y se encuentran asentadas desde hace más de veinte años en el departamento (Plan de Desarrollo Departamento de Bolívar 2012-2015 “Bolí-var Ganador”). Sin embargo, no existe titulación colectiva como pueblos indígenas o resguardos legalmente reconocidos, ya que históricamente su ubicación se centró en los municipios de Cór-doba y Sucre. No obstante, la violencia generalizada ha llevado a los indígenas a ubicarse en esta región, por lo que han cam-biando sus dinámicas propias y han reconfigurado el territorio a partir de relaciones interculturales con otros grupos étnicos (Ley de Gobierno propio del pueblo zenú, p. 7 Documento privado).

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La región de Montes de María

Figura 2. Municipios y subregiones de la región

Fuente: Fundación de los Montes de María y Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada.

Una característica importante de este departamento es que con-forma la región de Montes de María con particularidades com-partidas en el ámbito geográfico, social, económico y cultural. La región de Montes de María o Serranía de San Jacinto está conformada por quince municipios, siete de los cuales se en-cuentran en el departamento de Bolívar (María la Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano) y ocho, en el departamento de Sucre (San Onofre,

Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, San Antonio de Palmito y Toluviejo). A su vez, la región tiene tres subregiones, conocidas como zona montañosa, zona costera y zona baja; sin embargo, encontramos que también ha sido categorizada como zona montañosa, zona plana y zona de piedemonte occidental. El total de la población en la región es de 353.591 personas (DANE, 2013), de las cuales 207.350 están en los municipios de Bolívar, asentadas mayoritariamente en los cascos urbanos.

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Tabla 1. Distribución de la población por municipio

DEPARTAMENTO MUNICIPIO POBLACIÓN CABECERA ZONA RURAL

Bolívar

Carmen de Bolívar 73.457 57.528 16.165

María la Baja 47.410 20.456 26.981

San Juan Nepomuceno 33. 231 25.931 7.452

San Jacinto 21.498 20.540 1.057

Córdoba 12.527 3.155 9.390

Zambrano 11.459 10.407 1.057

El Guamo 7.768 4.330 3.451

Fuente: DANE censo 2005

En los municipios que hacen parte de esta región, según el Departamento Nacional de Planeación, el índice de desarrollo humano es de 0,77, debido al acceso limitado de su población a los servicios públicos, la educación, la vivienda, las oportunida-des laborales y la garantía del goce de derechos humanos. A esto se suman los procesos de corrupción y cooptación institucional que desembocan en pobreza y una crítica situación en la región.

Dinámica del conflicto armado en el contexto local

Si bien el conflicto armado se ha constituido en una realidad histórica en el territorio colombiano, cuyo principal argumento ha sido la disputa por la tierra, existen algunas regiones cuyas particularidades geoestratégicas han incidido en la permanen-cia del conflicto. En el caso del departamento de Bolívar, su posición geoestratégica lo ha convertido en foco de atención de actores armados lo cual ha desembocado en la concentración de la tierra, el control territorial y la explotación del suelo.

Un hecho que no se puede perder de vista al analizar la incursión de actores armados en el departamento de Bolívar es la ubicación geográfica de la región de Mon-tes de María, que tiene una posición privilegiada en tanto

comunica la costa Caribe con el resto del país; geográfi-camente es una densa zona montañosa, una zona nodal que vincula la región con el río Magdalena y una zona de piedemonte occidental entre el río Magdalena y la Troncal de Occidente (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos [ILSA], 2012, p. 9). Las anterio-res condiciones han sido consideradas como excepcionales por grupos armados legales e ilegales como la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes, quienes ven la sa-lida al mar y el acceso al Golfo de Morrosquillo como un corredor estratégico ideal para el tráfico de estupefacientes y armas, en especial para la comercialización de la cocaí-na que se produce en la serranía de San Lucas al sur de Bolívar (ILSA, 2012, p. 10). A las condiciones anteriores se sumó la estrategia de alianzas en las que se apoyaron tanto los narcotraficantes interesados en el dominio de la zona como los principales terratenientes cuyos intereses se extendían hasta el ejercicio de la política pública. De esta manera, se estableció una coalición en la que los pri-meros financiaban, apoyaban y garantizaban las campañas electorales de los segundos, y se tenía como resultado la cooptación de instituciones locales, el acaparamiento de los recursos municipales destinados al gasto público y el

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dominio territorial. La alianza de los intereses de capital en el reordenamiento territorial consolidó la concentra-ción masiva de tierras y la implementación de un nuevo modelo de desarrollo agroindustrial, que requirió de gran-des extensiones de tierra para ser competitivo y rentable (ILSA, 2012, p. 12).

Al tiempo que esto sucedía, en el país se organizaba un movimiento campesino que cobró fuerza a lo largo de las déca-das del sesenta al noventa, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que tuvo su origen durante la presiden-cia de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), específicamente en 1967 cuando surgió con el objeto de asegurar la incidencia del sector campesino en la reforma agraria adelantada por el go-bierno nacional.

Desde luego, dadas las condiciones de desarrollo del país que para los años sesenta hacían de Bolívar —así como en otros lugares del país— un departamento predominantemente rural, la ANUC tuvo gran acogida entre la población campesina, que prontamente se sumó a sus filas y que en cabeza del Partido Comunista Colombiano, recibió la formación para llevar a cabo procesos de recuperación de tierras. Tal recuperación se efectuó a través de comités veredales, municipales y departamentales, desde donde el campesinado tomaba decisiones y realizaba el planteamiento táctico-estratégico para la recuperación de tierras y posterior distribución.

La respuesta a esta alteración del orden establecido por las clases dominantes no se hizo esperar, hubo asesinatos selectivos, amenazas y retaliaciones a las acciones de la ANUC. Los Pájaros —cuyos orígenes se encuentran en la violencia bipartidista en el Valle del Cauca— se convirtieron en una pequeña milicia que garantizaba a los terratenientes la tenencia de grandes exten-siones de tierra; al mismo tiempo, el sicariato y otras formas de violencia política organizada por los terratenientes, sembraron el terror en la región. A estas acciones se sumaron el apoyo y la complicidad de las fuerzas militares y la clase política dominan-te. Junto con la expansión de la violencia selectiva en Bolívar, surgieron grupos armados de tendencia liberal y más tarde co-munista.

Durante los años sesenta, en la región estuvieron presentes movimientos de izquierda como el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) de tendencia maoísta, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Este último se convirtió pos-

teriormente, en la organización armada MIR Patria Libre, con importante presencia en la región. En la década del noventa se dio una alianza entre el MIR y el Ejército de Liberación Nacio-nal (ELN), la cual operó especialmente en los municipios de San Juan Nepomuceno, El Carmen y San Jacinto, bajo la deno-minación de Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional (UCELN). A finales de los noventa terminó esta alianza cuando una facción del ELN se dividió y dio origen al grupo Corriente de Renovación Socialista (CRS), con presencia en Ovejas. Otros grupos armados como el Partido Revolucionario de los Traba-jadores (PRT), operaron en la región durante las décadas de los ochenta y noventa, en los municipios de San Jacinto, el Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno en el departamento de Bo-lívar.

Las FARC ingresaron a la región en 1985 y se ubicaron en la Serranía de San Jacinto con el Frente 37, proveniente de la Sierra Nevada de Santa Marta (departamento de Magdalena) y la Serranía del Perijá (departamento del Cesar); buscaron el control territorial de las zonas montañosas de la Costa y confor-maron el Bloque Caribe (ILSA, 2012, p. 13).

La presencia de estos actores en la región generó reacciones contundentes entre los terratenientes y, en general, en la oli-garquía colombiana, quienes vieron en dichas organizaciones la inevitable afectación de sus intereses personales y sus proyectos de expansión. A esta tensión se sumó la división de la ANUC en dos fracciones durante el tercer Congreso Nacional, llevado a cabo en 1972, en el cual surgió la línea Armenia y la línea Since-lejo; la diferencia estribó en los métodos de recuperación, mien-tras que para la primera propendía por un proceso “pacífico” y negociado que en parte dependía de las voluntades del gobierno y la clase política, para la segunda la opción era la “toma directa”, la recuperación por la vía de hecho. Esta división se constituyó en un factor fundamental para la agudización del conflicto en la región, puesto que a diferencia de la línea Armenia, la línea Sin-celejo que reunía a dirigentes de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Santander, recibió como respuesta una fuerte repre-sión que derivó en la conversión de dichos territorios en nichos del paramilitarismo y, con ello, en la ocurrencia de masacres, desapariciones y desplazamientos forzados en Montes de María.

A pesar de la división de la ANUC y la represión por parte de los grupos armados, en los años setenta y ochenta, los cam-pesinos consiguieron que el INCORA les titulara 546 fincas en

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parcelaciones colectivas y empresas comunitarias, que sumaron 120 mil hectáreas (VerdadAbierta.com, s. f. a).Este esfuerzo colectivo marcó la dinámica social del territorio y exaltó a la región dentro de un proceso histórico de lucha civil-campesina organizada.

Durante la década de los noventas, la respuesta fue contun-dente, se organizaron grupos de autodefensas en Bolívar como Muerte a Secuestradores y Comunistas (MAS); La Mano Negra, en el Carmen de Bolívar; los RR, en San Juan Nepomuceno; Los Rodríguez, en Macayepo, entre otros, y que de la mano de las Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privadas para la Autodefensa) se encargaron de sembrar el terror en el territorio.

Lo anterior agudizó el desarrollo del conflicto armado en la región de Montes de María donde confluyó la disputa entre varios actores: las FARC (frentes 35 y 37), el ELN (Frente Bate-man Cayón) y el Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, a su vez conformado por tres subgrupos: el Frente Canal del Dique al mando de alias Juancho Dique, desmovilizado y condenado por la masacre de Mampuján en el marco de la Ley de Justicia y Paz; el Frente Central Bolívar, al mando de alias Ramón Zábala; y el Frente Golfo de Morrosquillo, al mando de alias Cadena, desaparecido bajo extrañas circunstancias en la zona de concentración paramilitar durante los diálogos de Santa Fe de Ralito. Todos los Frentes bajo el mando unificado del co-mandante alias Diego Vecino (ILSA, 2012, p. 11).

Para el año 2000, las AUC controlaban las cabeceras muni-cipales de la región de Montes de María y los grupos guerrille-ros estaban replegados en las zonas montañosas del Carmen de Bolívar, San Juan y San Jacinto (ILSA, 2012, p. 14). Respecto al accionar del Ejército, entre los años 2003 a 2005, hubo un incremento considerable en el número de acciones militares (combates y acciones unilaterales contra las FARC, lo que coin-cidió con la creación del Comando Conjunto del Caribe de las Fuerzas Militares).

Desplazamiento forzado en la región

Según los datos suministrados por la Unidad para la Repa-ración Integral a las Víctimas (UARIV), el desplazamiento en el departamento tuvo especial impacto en los municipios que conforman la región de Montes de María, tanto en los niveles de expulsión como de recepción de personas y familias. Esto indica

que por más de veinte años, miles de personas deambularon de un lugar a otro en la región, y en ocasiones, fueron desplazadas más de una vez. Asimismo, la expulsión y la recepción de per-sonas agudizó la situación de los municipios, ya que aquellos de gran expulsión de personas de las zonas rurales se convirtieron a la vez en receptores en las áreas urbanas. Aunque en la mayoría de ellos la dinámica del desplazamiento se dio de las zonas rura-les a las urbanas, hubo casos en sentido contrario.

La base de datos del registro de víctimas de la UARIV indi-ca que para agosto de 2013 en Colombia hubo un acumulado histórico de 5.027.964 personas expulsadas de sus territorios, de las cuales 389.716 fueron desplazadas del departamento de Bolívar, y 194.391 de los municipios de Bolívar y de aquellos que conforman los Montes de María. Es necesario resaltar que la expulsión de personas tuvo los picos más altos durante los años 1998, 2000, 2001 y 2002, siendo el año 2001 el que registró mayor número de desplazamientos, con un total de 65.630 per-sonas, de las cuales 45.026 salieron de los siete municipios que conforman la región de los Montes de María.

Finalmente, cabe señalar que pese a la desmovilización de las AUC en el año 2005 y tras el golpe militar al frente 37 de las FARC, en el año 2007 (principales responsables de los hechos victimizantes), los escenarios de violencia en la región persis-ten. Desde el año 2010 hasta agosto de 2013, se han reportado 8.557 desplazamientos de personas, lo cual da cuenta de la reor-ganización de los grupos armados y la puesta en marcha de nue-vas estrategias que buscan mantener el control territorial usando el desplazamiento forzado como instrumento para lograrlo.

Masacres

Las masacres en Bolívar y, en especial, en los municipios que conforman la región de los Montes de María son una constante y representan un indicador de las dinámicas violentas y la for-ma como el terror infundido a grandes grupos humanos logra el ejercicio del poder y el control del territorio. En el departa-mento se han registrado alrededor de 92 masacres desde el año 1983 (Base de datos, CINEP-Noche y niebla); 56 de ellas han ocurrido en los Montes de María y entre 1997 y 2004, nueve ocurrieron en el Carmen de Bolívar, Zambrano, San Jacinto, María la Baja, San Juan Nepomuceno, con graves consecuencias para la región.

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Tabla 2. Masacres Montes de María (1997-2004)

VEREDA O CORREGIMIENTO MUNICIPIO

Pichilín Colosó

San Isidro Carmen de Bolívar

Caracolí Carmen de Bolívar

Capaca y Campoalegre Zambrano

Las Palmas San Jacinto

El Salado Carmen de Bolívar

Las Brisas, San Cayetano, Mampuján María la Baja y San Juan de Nepomuceno

Mata de Perro Carmen de Bolívar

La Libertad San Onofre

Flor del Monte, Cañutal y Cañutalito Ovejas

Chengue Ovejas

Retiro Nuevo María la Baja

Chinulito y El Cerro Colosó

Macayepo Carmen de Bolívar

La Aventura Córdoba

Fuente: ILSA (2012).

En términos de violaciones a los derechos humanos y daños individuales y colectivos a las organizaciones sociales y comuni-dades campesinas, palenqueras, afrodescendientes e indígenas, el Estado ha sido declarado responsable por acción y omisión, como se señaló en la sentencia de Justicia y paz para el caso del corregimiento de Las Palmas. Allí las acciones por parte de las

AUC se adelantaron con la complicidad de la fuerza pública, que de manera directa llegó a la población y se hizo pasar por un grupo armado ilegal; por esto, la nación, la Alcaldía y el Mi-nisterio de Defensa son responsables y deberán indemnizar a los desplazados y los familiares de las víctimas.

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Desmovilización Bloque Héroes de los Montes de María

El Bloque Héroes de los Montes de María, como estructura de las AUC, se fortaleció en la región en el año 1997. Aunque son muchas las versiones acerca de su surgimiento, las cuales van desde los procesos de recuperación de tierras hasta la reforma agraria y la presencia de terratenientes, incluso, a intereses so-bre las zonas estratégicas para el narcotráfico; las acciones em-prendidas contra la población civil (los asesinatos selectivos, las amenazas, las masacres), así como la influencia en las estructuras políticas y administrativas dan cuenta de un especial interés por el control territorial en la región.

Después de varios años de estar presentes en la zona, y pese a tener un prontuario de violaciones a los derechos humanos,1 la puesta en marcha de la Ley de Justicia y Paz generó un escena-rio de garantías para la desmovilización, y trajo consigo no solo condonaciones, sino también una serie de planes, programas y proyectos orientados a la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas.

Particularmente en el municipio de María la Baja, depar-tamento de Bolívar en la región de Montes de María, el 14 de julio de 2005 se desmovilizaron 594 paramilitares pertenecien-tes al Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ese fue el inicio de un proceso con muchas debilidades tanto administrativas como judiciales, pero fue una experiencia de justicia transicional que abrió la puerta al aná-lisis de la reconfiguración de los grupos armados, la debilidad institucional y la necesidad de implementar políticas donde la meta sea una reparación integral que observe los derechos de las víctimas y visibilice la verdad de los hechos ocurridos y daños sufridos, a fin de que el Estado responda por la garantía de los derechos humanos de las comunidades vulneradas por el con-flicto armado.

Operaciones militares recientes en la zona

Operación AlcatrazComo producto de una estrategia militar que buscó debilitar la organización guerrillera en la zona, se inició la Operación Alcatraz, realizada por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la cual tomó forma más precisa el 7 de marzo del 2005. Sin embargo, parte de la campaña militar se centró en la

denominada Operación Aromo que buscaba dar muerte al jefe de las FARC, alias Martín Caballero. El 24 de octubre en la zona denominada Aromeras Sur, a ocho kilómetros de la zona urbana del municipio del Carmen de Bolívar, en la zona selvática de los Montes de María, la fuerza pública dio muerte a Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, jefe guerrillero del frente 37 de las FARC. La captura de otros mandos medios debilitó su estructura (Peña, 2007).

Plan de consolidación Según la directiva presidencial 01 de 2009, el Plan Nacional de Consolidación Territorial

Es un proceso coordinado, progresivo e irreversible, por medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera soste-nible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de condiciones para su desarrollo humano. (República de Colombia, s. f.)

En esta directiva, se consideró los Montes de María como un área de transición hacia la consolidación, fundamentada en los procesos de desmovilización de las AUC y el debilitamiento de los grupos guerrilleros, en especial el frente 37 de las FARC, circunstancias que, según dicho salto estratégico, permiten el control de la zona y la reorganización del territorio a partir del fortalecimiento del pie de fuerza militar y la articulación insti-tucional para la ejecución de planes y programas que respondan a las necesidades del territorio.

Sin embargo, en el marco de la estrategia se han producido asesinatos contra reclamantes de tierra y el desplazamiento for-zado de la población. Esta situación pone en cuestión la conso-lidación de la misma y deja en evidencia el contexto actual de riesgo para la exigibilidad de derechos por parte de los campesi-nos, así como las dificultades y las limitaciones en la implemen-tación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en los cua-tro municipios, en los cuales, por el despliegue de la inversión en seguridad por parte del Estado durante la última década, no deberían presentarse revictimizaciones o nuevas violaciones a los derechos de las comunidades (ILSA, 2012).

El contexto general de la región de los Montes de María trae implícito un acumulado de hechos de violencia que dejan en

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las comunidades múltiples huellas acentuadas por el horror, el miedo, la impotencia y el quebrantamiento de sus vínculos co-munitarios, auspiciados por diferentes actores armados legales e ilegales, así como por instituciones, organizaciones e individuos que debieron garantizar el respeto por la dignidad humana y los derechos de sus pobladores. Esta situación, en la actualidad, sirve de antesala para nuevas vulneraciones a los derechos huma-nos, en escenarios de amenaza, estigmatización y ausencia de ga-rantías para la defensa y exigencia de los derechos (ILSA, 2012).

La tierra, eje de disputa en el contexto local

Con relación a la historia de la evolución de la estructura agraria del departamento de Bolívar, podría afirmarse que comparte un proceso similar a gran parte de las regiones del Caribe colombia-no y, en diferentes grados, al resto del país. Uno de los legados del proceso colonial alrededor de la tierra en el país se expresa en la conformación de la hacienda como forma de administración asociada al modelo feudal europeo; su expansión en la región Caribe se presentó desde mediados del siglo XVI cuando se ir-guieron las primeras haciendas en inmediaciones de lo que hoy son grandes ciudades y municipios como Cartagena.

El modelo de la gran propiedad-hacienda perduró y se ex-tendió a lo largo de la historia, en un primer momento por la esclavización de la mano de obra indígena y, posteriormente, de las negritudes provenientes de África; en un segundo momento, mediante un proceso bastante conocido en la historia agraria del país consistente en la apropiación del trabajo del hombre libre mediante la creación de relaciones laborales y económicas de las que surgen actores como el arrendatario y el colono.

Sin embargo, en la región Caribe la figura del colono fue importante en la conformación de la gran hacienda. En general y de manera resumida, el colono mediante su trabajo se esta-blecía en zonas incultas que luego eran apropiadas por el gran poseedor mediante un irrisorio pago de mejoras o, en algunos casos, este trabajo se realizaba con el fin de pagar deudas que había adquirido el colono con el latifundista; la explotación de estas grandes propiedades “se fue consolidando, acompañando los diferentes momentos de las economías de enclave, en tor-no principalmente a la explotación de petróleo, caucho, acei-tes, cacao, ganadería, curtiembres, níquel, oro, maderas, tagua y azúcar, entre otras actividades, que en su mayoría decaerían

en la primera mitad del siglo XX (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2010, p. 63).

A pesar de los auges productivos, la ganadería en su modali-dad expansiva ha sido una de las actividades que más ha influido en la conformación de la estructura productiva en el departa-mento de Bolívar y en general, en la región Caribe. Aunque también podría ejemplificarse la relación inversamente propor-cional entre el crecimiento de los grandes hatos y la reducción de los resguardos indígenas en la costa Caribe entre los siglos XIX y XX (Resguardos indígenas, ganadería y conflictos socia-les en el Bolívar Grande, 1850 -1875 –Sergio Paolo Solano de las Aguas R Roicer Alberto Flórez Bolívar)

A partir de la expansión de la ganadería, se conformó un sistema de despojo en contra de las comunidades indígenas y campesinas que desarrollaban otras formas de explotación eco-nómica de la tierra. E apropiación violenta de la tierra, que ade-más contó con la aprobación de poderes militares y políticos, fue puesta en práctica para la expansión y el desarrollo de dife-rentes productos, en su mayoría, con fines agroindustriales, lo que condujo al desplazamiento del campesino hacia zonas mon-tañosas y lejanas como los Montes de María. En general, hacia la primera mitad del siglo XX, la estructura de distribución de la tierra se expresaba en una alta concentración que ponía al gran propietario en los piedemontes y sabanas fértiles y al campesino en las zonas montañosas.

Esta forma de apropiación y organización del territorio fue contrarrestada por el movimiento campesino y la propagación de reclamos frente al acceso a la tierra. Fals Borda, en Histo-ria Doble de la Costa, ubica la aparición de las primeras orga-nizaciones campesinas en la costa Caribe hacia la década de los veinte del siglo pasado, cuando se conformaron ligas campesinas con orientaciones de corte socialista, animadas por los procesos organizativos obreros en Montería y las luchas campesinas en San Martín de Loba en contra de empresas extranjeras como la American Colombian Corporation, y otros tantos sucesos simi-lares que se dieron al interior del país como en Cundinamarca y Tolima (Fals Borda, 2002).

Uno de los principales objetivos de estos movimientos cam-pesinos consistía en la ocupación de terrenos incultos para luego ser declarados baldíos y, seguidamente, titular las tierras a colo-nos y labriegos sin tierra. Este hecho llevó a diferentes confron-taciones con empresarios y terratenientes que se negaron a ceder

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ante los reclamos y las exigencias campesinas. Igualmente, varios movimientos y ligas campesinas fueron creándose en diferentes partes de la costa Caribe, aún más a raíz de la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria (Ley 200 de 1936), a partir de la cual se dieron los cimientos para la organización legalmen-te constituida como la Federación Agraria Nacional (Fanal), la cual obtuvo grandes conquistas en los departamentos de Bo-lívar, Sucre y Córdoba. Posteriormente, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que hizo irrupción hacia la década del setenta en las sabanas, el Sinú y la depresión momposina.

A pesar de varias conquistas de los movimientos campesinos y organizaciones de izquierda que lograron la disolución de al-gunos latifundios y la aparición de varias parcelas campesinas, el periodo conocido como La Violencia representó un freno a las aspiraciones de los labriegos sin tierra, incluso varias de las par-celas que habían logrado salir del globo de tierra del latifundista fueron apropiadas por políticos, terratenientes y combatientes, quienes aprovecharon el abandono y el desplazamiento de los campesinos para consolidar y/o reafirmar sus grandes propieda-des. En razón de esto, la ANUC, creada en 1967, acogió a un gran número de campesinos y sectores sociales que intentaron transformar la estructura de la propiedad de la tierra heredada del expansionismo ganadero y del periodo de La Violencia.

El hecho de que la ANUC surgiera de una iniciati-va tomada desde arriba, por decreto, le fue favorable en los comienzos, en vista de las condiciones políti-cas concretas; pero se radicalizó al constatar la sideral distancia entre promesas y realidades, entre recursos disponibles y necesidades inmediatas, entre las priori-dades del Estado burgués y las del pueblo trabajador. (Fals Borda, 2002, t. IV, 174 B)

De esta radicalización, en el Segundo Congreso de la ANUC, en 1972, se desprendieron dos líneas del movimiento, una oficialista conocida como línea Armenia y la línea Sincelejo, la cual tenía un carácter más político y radical. Sin embargo, la ANUC desde su creación fue víctima de una persecución siste-mática en la que fueron asesinados y exiliados sus principales líderes y debilitadas las bases del movimiento por el conflicto que sucedía en las zonas agrarias del país. A pesar de ello, el movimiento logró, entre las décadas de los setenta y los ochen-ta, la recuperación de cerca de 120 mil hectáreas de tierras que

fueron recuperadas por campesinos así como la conformación de empresas asociativas que buscaron otorgar un mejor nivel de vida al campesino (Verdad Abierta, s. f. b). El departamento de Bolívar, a pesar de que el desarrollo del movimiento campesino fue menor en comparación con el departamento de Sucre, entre el periodo de 1963 y 2007 fueron adjudicadas 78.966 hectáreas de tierra que beneficiaron a 10.736 familias (Grupo Eumed.net y Red Académica Iberoamericana Local Global, 2009).

La persecución sistemática de la ANUC, que prácticamente la llevó a su exterminio hacia finales de la década de los no-venta del siglo pasado, constituyó una pérdida para las luchas campesinas y un retroceso en la transformación de la estructura de la propiedad de la tierra. Este hecho se agravó aún más con la incursión del paramilitarismo en el presente siglo mediante estrategias de control social y territorial a través de la vía ar-mada, lo cual significó un estancamiento frente al acceso a la tierra, mediado por el desplazamiento y el abandono forzado, y la compra ilegal e irregular de los terrenos bajo la complacencia de autoridades estatales.

Con violencia y fraude se logró la apropiación de tierras per-tenecientes a pequeños propietarios bajo modalidades como: 1) La transferencia forzada de títulos bajo amenaza, 2) el despla-zamiento de cercas para englobar los predios de la población despojada, 3) el uso de testaferros o familiares para ocultar la titularidad de los predios despojados y 4) la adjudicación de las parcelas de campesinos desplazados entre los propios com-batientes (Reyes, 2009). Estas tierras, en años posteriores y por medio de compras sucesivas terminaron en manos de particula-res que las proyectaron para la implementación de cultivos agro comerciales como la palma aceitera (biocombustibles) y la teca (maderables), actividades económicas que junto con la ganade-ría extensiva son determinantes en la región (ILSA, 2012).

A marzo de 2012, la Superintendencia de Notariado y Re-gistro identificó la compra de más de 37 mil hectáreas en la región de los Montes de María, de las cuales 27.683 correspon-dían en ese momento al municipio del Carmen de Bolívar. Estas compras fueron realizadas sobre la propiedad de pequeños par-celeros, en su mayoría adjudicatarios de reforma agraria (tierras adjudicadas por el INCORA o el INCODER), configurándose así una reversión en el proceso histórico de acceso a la tierra ade-lantado por el Estado y del cual fue beneficiario el campesinado de la región (ILSA, 2012).

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Según el informe sobre la situación de los derechos humanos en los Montes de María, balance del año 2012 y 2013, del Ins-tituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternati-vos (ILSA), durante el periodo del 2007 a 2011 se identificaron ocho compradores masivos de tierra. Se cita el informe de la Superintendencia (Informe Superintendencia de Notariado y Registro, Republica de Colombia-noviembre 2011) que señala la compra irregular de tierras en la región de Montes de María durante este periodo, la adquisición de predios por parte de par-ticulares e intermediarios a precios inferiores de su valor real, y el aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad e indefen-sión de los pequeños propietarios aún en condición de desplaza-miento forzado a fin de adquirir sus predios, en un contexto de presunción de despojo que abiertamente incidió e incide en el mercado de tierras y en la desigualdad de condiciones entre las partes intervinientes. Como señaló Memoria Histórica en uno de sus recientes informes (¡Basta ya!:2013), el despojo fue una

perversa lógica de “contrarreforma agraria” mediada por la fuer-za y la violencia, en beneficio de los asociados en la quíntuple alianza con la que élites políticas y económicas, integrantes de la fuerza pública y mafias del narcotráfico, solicitaron, promovie-ron, financiaron o comandaron, sin necesidad de ser miembros orgánicos de las estructuras paramilitares, su presencia, control y expansión.

Las anteriores circunstancias y acciones constituyeron una estrategia macro criminal dirigida a forzar el abandono de tie-rras y lograr la apropiación violenta y fraudulenta por parte de la empresa criminal sobre la que aún no se tiene conocimiento suficiente respecto a sus autores, determinadores, cómplices y beneficiarios, como tampoco suficiente verdad ni justicia que permita develar y perseguir la cadena de testaferrato y recepta-ción a través de la cual aún se oculta el despojo (Salinas et al., 2012, p. 171).

Figura 3. Los ocho principales compradores de tierras en la región (2007-2011)

ALVARO IGNACIO ECHEVERRIA RAMIREZAGROPECUARIA CARMEN DE BOLIVARRepresentante Legal en Ausencia del Titular: Manuel Jose Medina MuñetonAGROPECUARIA EL GENESIS S.A.Rep. Manuel Jose Medina MuñetonFIDUCIARIA FIDUCOR S.A. Rep. Claudia Lorena Castrillon Mejia: cc 31.791.953SOCIEDAD TIERRAS DE PROMISION S.A. Rep. Alvaro Ignacio Echevarria Ramirez cc 8.271.045AGROPECUARIA TACALOA S.A. Rep. Elkin de Jesus Sierra Jimenez, Elias HincapieANDRES FELIPE ARANGO BOTERODANIEL ARANGO BOTERORICARDO ARANGO BOTEROAGROPECUARIA MONTES DE MARIA S.A.Rep. Raul Andres Mora PerezINVEQUIMICAS S.A. INVESA S.A.Rep. Alfonso Javier Uribe UribeAMAURI RAFAEL PENICHE JIMENEZ

537

3%

4771

22%

4402

20%4265

20%

699

3%

843

4%

870

4%

1359

6%

1616

8%

2152

10%

Fuente: Superintendencia de Notario y Registro, publicado por el portal La Silla Vacía (Osorio, julio 4 de 2011).

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La disparidad entre las cifras de adjudicación y uso bien pueden otorgar un panorama frente al retroceso de los proce-sos sociales en torno al acceso a la tierra que emprendieron los campesinos durante largas décadas. Asimismo estas cifras locales parecen ser congruentes con las cifras departamentales y regio-nales, en Montes de María por ejemplo, la vocación agrícola se encontraba representada en 268.026 ha y la ganadera en 71.296 ha. Sin embargo, de acuerdo con el uso actual del suelo, hay un predominio de tierras para pastos con un total de 406.119 ha (73 % en pastos no tecnificados), tan sólo 165.068 ha para agricultura. Es decir, hay una sobreutilización de los suelos para ganadería del 469 %, y una subutilización del 61,6 % para la agricultura (ILSA, 2011).

Además de la destinación histórica de los suelos a la ganade-ría, la región ha impulsado modelos de desarrollo agrícola cen-trados en el cultivo extensivo de maderables y agrocombustibles, lo que lleva igualmente a una redestinación no solo del uso del suelo, sino también de los recursos acuíferos. En ese sentido, el distrito de riego de María la Baja ha destinado 5.000 de sus 11.873 hectáreas para el cultivo de palma aceitera, actividad que es administrada por la Asociación de Palmicultores del Dis-trito (Asopalma) (ILSA, 2011).

Asimismo, sobre la concentración de la tierra en el departa-mento de Bolívar, el 59 % más pobre tiene el 16 % de la tierra rural y el 41 % más rico tiene el 84 % de la tierra. El acapara-miento y la concentración no solamente se han limitado a la tie-rra en sí, la llegada de empresarios palmicultures ha conducido a la transformación física del territorio, por lo que han desapa-recido caminos verdales, servidumbres y fuentes que utilizaba el campesino en su producción agrícola (Grupo Eumed.net y Red Académica Iberoamericana Local Global, 2009).

En la región es clara la estrategia sistemática en contra de las comunidades y el desarrollo de las economías campesinas locales. Además de poner freno a las expresiones y movimientos sociales relacionados con el acceso a la tierra, se ha presentado

también un retroceso en las condiciones sociales y de vida del campesinado, que prácticamente se encuentra en similares o peores condiciones a las que se encontraba en la primera mitad del siglo XX.

La intervención institucional: la restitución de tierras

Desde el enfoque de Acción sin Daño, se reconoce la impor-tancia de observar el contexto, no sólo como una premisa que permitirá planear la intervención, pensando en los impactos y los resultados no deseados, sino porque en la implementación de programas y proyectos, así como en la puesta en marcha de una política referida a la reparación integral a las víctimas, de-ben considerar las experiencias y antecedentes acumulados, y con especial atención en la restitución de tierras.

En este apartado, realizaremos un breve análisis del escenario para la restitución de tierras en el departamento de Bolívar, que también exige precisar respuestas a los impactos que el conflicto dejó en la región de los Montes de María, ya que siete de los quince municipios que la integran están en este departamento.

Frente a la respuesta institucional creada para el despla-zamiento forzado en el territorio colombiano hay un tránsito normativo que ha buscado activar la institucionalidad para res-ponder administrativa y judicialmente a los efectos y los daños causados a la población desplazada desde la búsqueda de la ver-dad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El reconocimiento del bloque de constitucionalidad en materia de reparación y derechos humanos; la creación de escenarios de participación de las víctimas; la intervención con enfoque dife-rencial étnico, de género, discapacidad, etario; instrumentos de seguimiento y de goce efectivo de derechos, son entre otras, las acciones afirmativas dispuestas. Las principales acciones legisla-

tivas y jurisprudenciales son las siguientes:

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Tabla 3. Referencias normativas relacionadas con la restitución de tierras

NORMA-INSTRUMENTOS DESARROLLO NORMATIVO

Ley 387 de 1997

“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, pro-

tección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la

violencia en la República de Colombia” (Congreso de Colombia, 1997).

Sentencia T-025 de 2004

y sus autos de segui-

miento

Estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.

Ley 975 de 2005 Ley de

de Justicia y Paz

“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados orga-

nizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacio-

nal y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” (Congreso de Colombia, 2005).

Programa de Protección

de Tierras

Programa diseñado para impulsar y fortalecer la respuesta institucional para la protección de los

bienes abandonaos por el desplazamiento forzado.

Ley 1448 de 2011

“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, pro-

tección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la

violencia en la República de Colombia” (Congreso de Colombia, 2011). Puesta en marcha de la Ley

de Reparación Integral con la creación de tres instituciones: la Unidad de Atención y Reparación a

las Víctimas (UARIV), la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despo-

jadas (UAEGRTD) y finalmente el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Fuente: Elaboración propia.

La situación humanitaria del departamento debido al des-plazamiento forzado y el impacto del conflicto armado, puso en marcha una arquitectura institucional en busca de respuestas no sólo de carácter emergente, sino también de estabilización socioeconómica de la población desplazada. Fue así como de la mano de la antigua Red de Solidaridad Social se empezó con el reto de responder a las necesidades urgentes en el marco de la legislación específica para dicha problemática. En ese esce-nario las acciones para la protección del patrimonio no fueron contundentes y, por el contrario, fueron precarios los esfuerzos instituciones para garantizar ese derecho de las personas que abandonaron forzadamente sus tierras.

Esta situación en el departamento se vivió a lo largo y ancho del país, y condujo a miles de personas desplazadas a exigir la respuesta del Estado mediante la acción constitucional de tutela,

por lo que se acumularon un número considerable de solicitu-des con hechos y responsables comunes, que fueron presentadas ante los jueces constitucionales. Esto exigió una revisión de la respuesta sistemática a dicha problemática y evidenció entre los principales hallazgos, la violación de los derechos fundamenta-les de manera masiva, prolongada e imputable a la estructura de la política de atención, así como un precario andamiaje insti-tucional y recursos insuficientes, lo que dio paso a la Sentencia T-025 del 2004, la cual declaró el estado de cosas institucional en materia de desplazamiento forzado. Las órdenes de la senten-cia incluyen el rediseño de la política pública y la identificación de acciones afirmativas que mitiguen los impactos y garanticen el goce efectivo de los derechos, la atención y la protección de la población desplazada.

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La sentencia fue emitida el 22 de enero del 2004 y en el transcurso de diez años la sala de seguimiento construyó una se-rie de autos importantes para evaluar el impacto diferenciado del conflicto armado en grupos poblacionales como indígenas, afro-descendientes, Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes-NNAJ-, y mujeres, entre otros. También avanzó en la construcción de indicadores para identificar el goce efectivo de derechos (GED), y la priorización de políticas de vivienda, empleo, acceso a la educación y ayuda humanitaria, las cuales fueron elevadas como derechos fundamentales dada la situación de vulnerabilidad de las personas desplazadas. Asimismo, se exaltó el avance formal en instrumentos dirigidos a responder funcionalmente a los re-tos propuestos. En el departamento de Bolívar esto llevó a que se emprendiera el reto de responder desde lo local a la estabili-zación de la población, sin embargo, a una década de la emi-sión de acciones y esfuerzos institucionales, la situación persiste aunque hay un terreno abonado de experiencias que deben ser retomadas en la implementación de nuevas políticas.

La entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 trajo gran-des expectativas para las y los habitantes de los municipios que conforman los Montes de María y, en general, para el departa-mento. Inicialmente representó para las comunidades el cese de los ataques y hostigamientos que venían sufriendo desde más de una década y el anuncio de la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María. Sin embargo, pese a los esfuer-zos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la Fiscalía y demás órganos de ejecución de las dis-posiciones legales, los resultados no lograron tener el impacto deseado por las comunidades, por el contrario evidenciaron la reconfiguración de los grupos desmovilizados, la adopción de nuevas estrategias de dominio y control territorial, la condona-ción de responsabilidades e impunidad, a lo que se suman las mínimas garantías para la participación de la víctimas, barreras en el acceso a la oferta institucional y el desgaste en los procedi-mientos de investigación judicial.

Pese a lo anterior, el Proyecto de Protección de Tierras y Pa-trimonio de la Población Desplazada (PPTP) planteó grandes interrogantes frente a la gestión realizada para garantizar los derechos a la tierra y el patrimonio de esta población. Desde el apoyo técnico, emprendió la labor de construcción de instru-mentos que permitieron actualizar la información existente e implementar medidas conducentes a la protección de los dere-

chos, lo que permitió visibilizar el estado de vulnerabilidad y los riesgos traducidos en detrimento del patrimonio y nuevas afec-taciones causadas por los intereses de externos en la adquisición de tierras en la región.

Frente a esto, se resalta el gran número de solicitudes de protección de predios en dos municipios del departamento de Bolívar: El Carmen de Bolívar, con 1.746 solicitudes y María la Baja, con 273 peticiones. Estas cifras, a su vez, dan cuenta de la transformación del uso del suelo en el que la palma africana entra a jugar un papel dinámico. En María la Baja, que había sido beneficiada con 15.142 hectáreas adjudicadas, en se calcula que se utilizan para la ganadería extensiva 34.051 hectáreas que representan el 61,8 % del área total. En contraste, la agricultura tradicional tiene 7.350 hectáreas, representadas en el 13,3 %. Entre tanto, la palma africana avanza con 5.300 hectáreas, re-presentadas en el 9,6 % del área total del municipio. De igual manera, las cifras con relación a la concentración de la tierra son bastante preocupantes; el 81,4 % de los dueños de tierra con áreas menores a 20 hectáreas poseen el 20 % de la tierra rural, en cambio, el 18,4 % de dichos propietarios, con fincas entre 20 ha y 500 ha, disponen del 53 % de la tierra no urbana. Por otra parte, un 0,3 % de esos propietarios con predios mayores de 500 ha usufructúan el 27 % de las 49.918 ha de este recurso rural. (Menco Rivera, 2013)

Lo adelantado por el PPTP en la región visibilizó una pro-blemática generalizada que exige la puesta en marcha de estrate-gias que respondan a la situación de informalidad de la propie-dad y que comprendan las relaciones y vínculos de campesinos, indígenas y afrodescendientes con la tierra y su trascendencia en la organización social y comunitaria, para lo cual deben pensarse acciones complejas que desde la restitución permitan la recu-peración de las economías, la reconstrucción del tejido social, la reparación integral y, finalmente, el cese de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La política de restitución de tierras en la zonaComo se establece en el informe de gestión del año 2012 de la territorial Bolívar, con la puesta en marcha de la Ley 1448 surge un reto importante en su implementación, el montaje institu-cional. La primera decisión política es trasladar el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio (PPTP), adscrito a la extinta Acción Social de la Presidencia de la República, al Ministerio de

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Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de permitir que el PPTP se convierta en el germen de la Unidad de Restitución de Tierras.

En concordancia, el personal técnico del PPTP ingresa a la planta de la Unidad y se inauguran las sedes de la territorial Bo-lívar en el municipio del Carmen de Bolívar y Cartagena para los meses de febrero y mayo del 2012, respectivamente. Es así como el primer semestre del año se adelanta la fase de montaje institucional y selección del personal y el segundo semestre, una vez incorporado el 70 % de la planta de personal, se realiza la primera zona microfocalizada en el corregimiento de Mampu-ján del municipio de María La Baja (Bolívar), para dar inicio a las solicitudes de restitución ubicadas en la zona mencionada.

Según el informe de rendición de cuentas de la UT Bolívar presentado a la contraloría sobre la gestión del 2012, en la etapa inicial la Unidad Territorial emprendió la tarea de articular el trabajo con algunas instituciones y suscribió un convenio con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, para lograr el apoyo de los estudiantes en modalidad de pasantías, en acciones de líneas de tiempo, grupos focales y cartografías socia-les. De igual manera, se implementaron acuerdos con el Institu-to Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) para el cruce y el suministro de

información, a fin de apoyar los trámites administrativos en la fase de sustanciación de los procesos.

Por otra parte, se estableció coordinación y cooperación interinstitucional con la Unidad de Atención y Reparación In-tegral a Víctimas (UARIV) para trabajar de conjuntamente los procesos de retorno en los corregimientos de Las Palmas, Mam-puján, Las Brisas y la zona de alta montaña del municipio del Carmen de Bolívar. La Unidad promovió la inclusión de las es-trategias de restitución de tierras y territorios en los espacios de participación previstos por la Ley 1448 del 2011; y se desarro-llaron e implementaron estrategias conjuntas de comunicación y capacitación dirigidas a actores institucionales y comunitarios, así como cruces de información y acciones de intervención con-junta en el territorio.

Durante ese periodo, la territorial Bolívar logró recibir 3.094 solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Asimismo, se adelantó el trá-mite administrativo sobre 568 solicitudes, ubicadas en cuatro áreas microfocalizadas, que comprenden un área aproximada de 1.735 ha y 1.291 predios catastrales de los municipios del Carmen de Bolívar, María la Baja, San Juan Nepomuceno y San Jacinto. Ochenta solicitudes más fueron tramitadas en el proce-so judicial, como se da a conocer en la tabla 4.

Tabla 4. Zonas microfocalizadas en el 2012 UT Bolívar

MUNICIPIOZONA

MICROFOCALIZADA

NO.

PREDIOSÁREAS HA

NÚMERO DE SO-

LICITUDES ETAPA

ADMINISTRATIVA

NÚMERO

DE HA SO-

LICITADAS

NÚMERO DE

SOLICITUDES

ETAPA

JUDICIAL

Carmen de

Bolívar

Zona baja 1110 46830,78 450 27,207 32

San Juan de

Nepomuceno

Las Brisas 34 1644 19 814 0

María la Baja Mampuján 146 807,3629 89 873,785 48

San Jacinto Cataluña 1 20,3798 10 20,9786 0

Total 1291 49.302 ha

+ 5227 m2

568 1.735 ha +

9706 m2

80

Fuente: Informe de rendición de cuentas unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras territorial, Bolívar, 2012.

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En este sentido, en el marco de la gestión adelantada en esa primera etapa de funcionamiento se lograron tres (3) fallos ju-diciales de formalización que beneficiaron a 41 familias de la comunidad de Mampuján (Bolívar), y se llevó a cabo la entrega de los títulos emitidos por parte del INCODER, en cumpli-miento de la orden judicial impartida por los jueces de restitu-ción, lo cual se constituyó en una de las primeras acciones de restitución en Colombia, en el marco de la Ley 1448 del 2011 (Menco Rivera, 2013). Como se indica en el Informe anual de gestión-Plan de Acción 2013 (publicado en enero del 2014) de la UAEGRTD, en el departamento de Bolívar se hicieron 3164 solicitudes de registro, equivalentes a 115 798 ha.

Lo anterior, de acuerdo con el principio de progresividad, que implica la inscripción en el registro y su funcionamiento de manera paulatina y creciente, así como con el principio de gradualidad que implica un desarrollo de forma continua, se-cuencial y sostenible. Cabe señalar que la UAEGRTD opera de acuerdo con la garantía de condiciones de seguridad existentes en el territorio y teniendo en cuenta su funcionamiento en me-dio del conflicto en muchas zonas del país (UAEGRTD, 2013). Según lo anterior, en el departamento de Bolívar a 2013 se tiene el siguiente balance:

Tabla 5. Acciones UT Bolívar 2013

Solicitudes

ingreso al

registro

Solicitudes

en zonas

microfocali-

zadas

Solicitudes

con inicio

de estudio

Número de

solicitudes

incluidas en

el registro

Solicitudes

negadas o

no incluidas

No. de soli-

citudes de

restitución

con deman-

das con

representa-

ción judicial

Solicitudes

con senten-

cias judicia-

les

Área regis-

trada en la

solicitud

(ha)**

3582 1824 1132 542 435 312 74 148 761

Nota: **El área reportada se refiere a la denunciada por los solicitantes de ingreso al registro, en algunos casos varias reclamaciones

coinciden con el mismo predio; en otros, no reportan extensión del predio. En consecuencia, es importante destacar que se trata de la

sumatoria de las áreas informadas por los reclamantes. En la medida en que se complete el proceso de restitución, se precisará el área

afectada según la extensión de los predios restituidos.

Fuente: Elaboración propia, datos incluidos en UAEGRTD (2013).

Frente a los fallos de restitución hay gestiones importantes por cumplir, especialmente lo ordenado en la sentencia de Mampuján y Las Brisas, que después de los fallos de los jueces de restitución, señala la necesidad de pensar la estrategia de seguimiento a las órdenes y la implementación de otras acciones como la puesta en marcha de proyectos productivos y la gestión de soluciones de vivienda para los solicitantes restituidos. En el balance presentado por la Unidad en el 2013 se menciona que los proyectos produc-tivos son tres y en gestión para vivienda siete.

La Unidad Territorial de Bolívar lleva un proceso de conso-lidación de su estructura y funcionamiento. En el primer año marcó la ruta de los procesos y en el segundo, ha podido en-

tender los retos de la política pública de restitución y repara-ción integral a las víctimas. A partir de la comprensión de estas acciones en un marco de diez años para su ejecución, es claro que el esfuerzo institucional debe redoblarse, ya que a medida que avanzan las respuestas desde la institucionalidad, aparecen dificultades e irregularidades históricas que buscan ser resueltas a fin de parar la cadena de actuaciones contrarias a la ley que han persistido por más de tres décadas y que facilitaron niveles de informalidad en la tenencia de la tierra y colocaron en situación de vulnerabilidad a los campesinos ante las amenazas causadas por intereses sobre la tierra.

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Oportunidades y dificultades del proceso

En la tarea de entender el contexto, la UAEGRTD cuenta con un acumulado de experiencias en el territorio, en parte porque su director y algunos funcionarios vienen de trabajar en el PPTP y de conocer el esfuerzo necesario para indagar sobre qué hacer y cómo hacerlo en un escenario con características de despojo y abandono, y con actores y riesgos para la población.

Esta experiencia debe trasladarse al conjunto de personas que ahora conforman la territorial para que la lectura del con-texto sea uno de los principales pasos en la planeación de las ac-ciones. Es importante que el equipo de contexto tome en cuenta los cambios históricos del contexto y que desde escenarios de discusión colectiva se entiendan sus dinámicas y características. Entender los procesos en un espacio de acción, así como su im-pacto en las víctimas y en el horizonte del país, ayuda a com-plejizar las funciones y el por qué de la política. Esto asumido desde el esfuerzo de las y los profesionales de la Unidad y su protagonismo en un momento coyuntural que tiene el potencial de traer transformaciones positivas y trazar rutas hacia la cons-trucción de paz en el territorio.

La construcción de estrategias para minimizar los impactos negativos haciendo una valoración del escenario de interven-ción, así como los mensajes construidos desde la UAEGRTD hacia las víctimas y el desarrollo de nuevas capacidades y el co-nocimiento de enfoques, son centrales para cualificar el trabajo. En el caso de la formación en Acción Sin Daño -ASD- en el pro-ceso de restitución de tierras, varios funcionarios y funcionarias han fortalecido los procesos internos.

En esta perspectiva, la documentación de los casos sirvió para que la UT cuestionara el abordaje de los mismos y buscara generar el menor impacto negativo y potenciar aspectos positi-vos con la puesta en marcha de sus acciones. De esta manera,

se observó el acumulado de actuaciones institucionales que ge-neraron conflictos en las comunidades, las deudas históricas del Estado con los campesinos, la importancia de la articulación institucional y del trabajo conjunto con la gente, la necesidad de reflexionar sobre los detalles de los procesos, la documentación y la sistematización como elementos clave para la memoria de las actuaciones institucionales.

En general, la lectura desde ASD, permitió fortalecer el de-bate interno, así como planear y evaluar constantemente el que-hacer de la Unidad en el territorio. Finalmente, se logró dejar una puerta abierta a la discusión de nuevas apuestas y percep-ciones desde otros enfoques que respondan a la complejidad del territorio con un fin último que es la garantía de derechos a las víctimas y su proceso de reparación como una apuesta de todos y todas. Entre las principales dificultades, se observan:

• La planta del personal de la territorial Bolívar empezó a funcionar en el segundo semestre del año 2012 y contó con seis meses para el cumplimiento de las metas.

• La información catastral institucional no corresponde en muchos casos, con la realidad material del predio solicitado por la víctima debido a que la información institucional se encuentra desactualizada, además de la cultura de informa-lidad que existe en la región sobre la propiedad.

• Los solicitantes tiene dificultades para identificar sus lin-deros debido a que los predios se encuentran enmontados y se han perdido los puntos de referencia para ubicar sus colindancias o porque desaparecieron las cercas originales s.

• Demora en la entrega de información que requiere la Uni-dad para la documentación de los casos por parte de algu-nas entidades con responsabilidad en el tema.

• Se presentaron algunos casos de amenazas contra las vícti-mas y los líderes reclamantes de tierras.

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Bibliografía

Alcaldía Municipal San Juan Nepomuceno. (s. f.). Reseña histórica corregimiento de San Pedro Consolado. Recu-perado en agosto de 2013 de http://sanjuannepomuce-no-bolivar.gov.co/index.shtml

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2010). La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en caribe en la costa Caribe. Recuperado de

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/tierra_conflicto/la_tierra_en_%20dispu-ta.pdf

Congreso de Colombia. (1997). Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplaza-miento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

Congreso de Colombia. (2005). Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecu-ción de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2013). Comunicado de prensa resultados po-breza monetaria y desigualdad 2012, por departamentos. Bogotá, Colombia: DANE.

El Carmen de Bolívar y sus noticias. Erradican minas an-tipersonas en El Carmen de Bolívar y San Jacinto. (3 de marzo de 2011). Recuperado de http://micarmendebo-livar.blogspot.com/2011/03/erradican-minas-antiperso-nas-en-el.html

El Universal. (27 de julio de 1999). Muerte y pánico en Las Palmas.

El Universal. (9 de febrero de 2005). La muerte se paseó por Las Palmas.

El Universal. (4 de agosto de 2007). Las Palmas, se resiste a desaparecer.

El Universal. (12 de agosto de 2007). Los 80 resistentes de Las Palmas.

El Universal. (9 de agosto de 2013). Infantes de Marina, causantes de asesinatos y desplazamiento en Las Palmas.

Recuperado de http://www.eluniversal.com.co/regio-nal/bolivar/infantes-de-marina-causantes-de-asesina-tos-y-desplazamiento-en-las-palmas-130665

Fals Borda, O. (2002). Historia doble de la Costa. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Banco de la República, el Áncora Editores.

Gobernaciones de Bolívar y Sucre, Secretarías de Planea-ción Departamental, Fundación Red de Desarrollo y Paz Montes de María, Acción Social, Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geo-gráfico Agustín Codazzi (IGAC). (s. f ). Caracterización del desarrollo territorial de la región de Montes de María.

Grupo Eumed.net y Red Académica Iberoamericana Lo-cal Global. (Octubre de 2009). Revista Desarrollo Local Sostenible, 2(6).

Informe de rendición de cuentas unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras territorial, Bolívar, 2012.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2010). Nombres geográficos de Colombia, departamentos y ciuda-des capitales; datos pertenecientes del proceso de apropiación y socialización del territorio. Bogotá, Colombia: IGAC.

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Dere-cho Alternativos (ILSA). (2011). Montes de María. Entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras. Aproximación a la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región. Bogotá, Colombia: ILSA.

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Dere-cho Alternativos (ILSA). (2012). Contexto de riesgo para la exigibilidad de los derechos de la población víctima del conflicto armado. Valoración de la situación de los derechos humanos en la región durante el año 2012. Manuscrito inédito.

León, J. (3 de marzo de 2011). Para quién se desmina. La Silla Vacía. Recuperado el 22 de octubre de 2012 de http://www.lasillavacia.com/historia/3576

Ley de gobierno propio del pueblo zenú.Melendez, R. (enero 22 de 1996). Hay éxodo de campesi-

nos en Bajo Grande. El Tiempo.

- 31 -


Menco Rivera, D. (2013). Tenencia y usos de la tierra ru-ral en Montes de María-Colombia. Observatorio de la Economía Latinoamericana, 185. Recuperado de http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/13/coeficiente-gi-ni.html

n. d. (s. f.). Plan de Desarrollo Departamento de Bolívar 2012-2015 “Bolívar Ganador”.

n. d. (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.

Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y DIH (OPDDHH). (Septiembre de 2005). Panorama actual de Bolívar Vicepresidencia de la República. Serie Geo-gráfica, 25.

Peña, A. (25 de octubre de 2007). Con la baja de ‘Martín Caballero’, el Bloque Caribe de las FARC queda herido de muerte. Semana. Recuperado de http://www.semana.com/on-line/articulo/con-baja-martin-caballero-blo-que-caribe-farc-queda-herido-muerte/89051-3

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2012). Bolívar y Cartagena 2012. Estado de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. Bogotá, Colombia: ODM. Recuperado el 13 de enero de 2014 de http://www.verdadabierta.com/la-histo-ria/244-la-historia/auc/2676-icomo-se-fraguo-la-trage-dia-de-los-montes-de-maria

República de Colombia. (s. f.). Directiva presidencial No. 1. Recuperado de http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Directiva_presidencial%20_salto_estra-tegico.pdf

Solano de las Aguas, S. P., Roicer, R. y Flórez Bolívar, A. (s. f.). Bolívar resguardos indígenas, ganadería y con-flictos sociales en el Bolívar Grande, 1850 -1875. Colom-bia: autores.

Superintendencia de Notariado y Registro. (noviembre de 2011). Informe Superintendencia de Notariado y Regis-tro. Republica de Colombia.

Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD). (2012). Rendición de cuentas.

Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD). (junio de 2013). Informe de gestión. Recuperado de http://restitucion-detierras.gov.co/media/descargas/Rendicion%20de%20cuentas/2014/Informe%20final%20de%20gestion%20-%20Plan%20de%20Accion%202013.pdf

Universidad Nacional de Colombia-equipo ASD. (5 de marzo de 2013). Informe de acompañamiento al espa-cio institucional con la comunidad del corregimiento Las Palmas, municipio San Jacinto, departamento de Bolívar. Bogotá, Colombia.

VerdadAbierta.com. (s. f. a). ¿Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María? Recuperado de http://www.ver-dadabierta.com/la-historia/244-la-historia/auc/2676-icomo-se-fraguo-la-tragedia-de-los-montes-de-maria

VerdadAbierta.com. (s. f. b). El precio que pagó la ANUC por querer la tierra que trabajaban. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/42-asesinatos-se-lectivos/2677-el-precio-que-pago-la-anuc-por-querer-la-tierra-que-trabajaban

VerdadAbierta.com. (s. f. c). Las Palmas, un pueblo que no se olvida. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/2762-las-palmas-un-pueblo-que-no-se-olvida

Viloria de la Hoz, J. (2009). Economía y conflicto en el Cono Sur del departamento de Bolívar. Cartagena, Colombia: Centro de Estudios Económicos Regionales.

Links recomendados: www.acnur.org/biblioteca/pdf/7558.pdf?view=1http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7558.pdf?view=1www.hrw.org/sites/default/files/reports/colombia0913s-

pwebwcover.pdf

http: / /www.ipc .org .co/por ta l / f i l e s /Rest i tuc i%-C3%B3n%20colectiva%2007_16_2012.pdf

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Anexos

Anexo 1. Sentencias de restitución de tierras en el departamento de Bolívar, publicadas a febrero del 2014

CARMEN DE BOLÍVAR

10 de octubre de 2013

Predio denominado Las Vacas Parcela 2, corregimiento El Sala-

do en jurisdicción del municipio del Carmen de Bolívar, departamen-

to de Bolívar.

http://restituciondetierras.gov.co/media/Sentencias/Boli-

var/2014/132443121001-2012-00020-00-Carmen-de-Bolivar-10-

de-octubre.PDF

17 de septiembre de 2013

Predio denominado Los Girasoles, predio de mayor extensión denomi-

nado Padula (Los Cedros), en jurisdicción del municipio del Carmen

de Bolívar, departamento de Bolívar.


var/2014/132443121002-2013-00021-00-Carmen-de-Bolivar-17-

de-septiembre-2013.pdf


Predio denominado Parcela 26, predio de mayor extensión denomina-

do Caño Negro, ubicado en el corregimiento Jesús del Monte, en juris-

dicción del municipio del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar.


var/1324431210002-2013-00007-00-Carmen-de-Bolivar-12-de-

septiembre.pdf


Predio que se denomina “sin nombre” conocido como Cocuelo 2, en

la Vereda San Rafael (Cocuelo 2) del municipio de el Carmen de Bolí-

var, jurisdicción del departamento de Bolívar.


var/132443121002-2013-0013-00-Carmen-de-Bolivar-3-de-octu-

bre.pdf

21 de agosto de 2013

Predio Caño Negro, Parcela 17, ubicado en el municipio del Carmen de

Bolívar, departamento de Bolívar.


var/132443121001-2012-00025-00-Carmen-de-Bolivar-21-de-

agosto.PDF

18 de junio de 2013

Predio Santa Isabel-El Cocuelo, municipio del Carmen de Bolívar. http://restituciondetierras.gov.co/media/Sentencias/Boli-

var/132443121001-2012-00015-00-Carmen-de-Bol%C3%ADvar-18-

de-junio.PDF

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27 de junio de 2013

Predio Parcela 28, del predio Caño Negro, municipio del Carmen de

Bolívar.


var/132443121002-2013-0008-00-Carmen-de-Bolivar-27-de-junio.

pdf

María la Baja

19 de diciembre de 2013

Predios Primavera Casanga, El Encanto, Kimbombo, El Paraíso, corregi-

miento Mampuján, municipio María la Baja, Bolívar.


var/2014/132443121-002-2013-00012-00-Maria-la-Baja-19-di-

ciembre-2013.pdf

19 de noviembre de 2013

Predio Flor de Mayo, corregimiento Mampuján, municipio María la Baja,

Bolívar.


var/2014/132443121002-2013-00015-00-Maria-la-Baja-19-de-

noviembre.pdf


Predio La Arenita, corregimiento Mampuján, municipio María la Baja,

Bolívar.


var/2014/132443121001-2012-010-Maria-la-Baja-12-de-noviem-

bre.pdf

20 de octubre de 2013Predio Bella Ana, corregimiento Mampuján, municipio de María la Baja,

Bolívar.


var/132443121001-2013-061-Maria-la-Baja-20-de-octubre.pdf

16 de octubre de 2013Predio El Capricho, corregimiento Mampuján, municipio de María la

Baja, Bolívar.


var/132443121001-2013-036-Maria-la-Baja-16-de-octubre.pdf

16 de agosto de 2013

Un lote de seis hectáreas y medio en el sector La Curva de María la

Baja (vía Cartagena-San Onofre), comunidad que tomó el nombre de

Rosas de Mampuján o Mampujancito o Mampuján Nuevo.


var/132443121002-2013-00014-00-Maria-la-baja-16-de-agosto.

pdf


Predios Quiebra Anzuelo, Entra si Quieres, La Herencia, Arenita, Dentra

si Quieres, La Lucha, Arroyo La Puente, El Manantial, Mi Consuelo, Santa

Helena - Baldíos” – Corregimiento Mampuján - Vereda María La Baja –

Bolívar


var/132243121002-2012-001-00-Mampujan-16%20de%20octubre.

pdf

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Predios La Parcela, La Concepción, La Juliana, Entra si Quieres, Las Nu-

bes, La Mercedes, Villa Andrea, Cocomandarín, La Arenita, Los Zapotes,

La Animas, corregimiento Mampuján, vereda María la Baja, Bolívar.


var/132443121001-2012-001-Mampujan-23%20de%20noviembre.

pdf

03 de diciembre de 2012Predios Bajo El Tigre, Arenita, El Bajo, La Caña de Arenita, corregimiento

Mampuján, vereda María la Baja, Bolívar.


var/132443121001-2012-002-Mampujan-3%20Diciembre.pdf

05 de febrero de 2013Predios Arenita, El Reposo, corregimiento Mampuján, vereda María la

Baja, Bolívar.


var/132443121001-2012-010-Mampujan-5%20febrero.pdf

SAN JUAN NEPOMUCENO


Predio Pela el Ojo, ubicado en corregimiento Las Brisas, del municipio

de San Juan Nepomuceno, Bolívar.


var/1324433121002-2013-00033-00-San-Juan-Nepomuceno-07-

de-octubre.pdf


Predios ubicado en el corregimiento de Mampuján, municipio de María

la Baja y en la vereda Las Brisas, del municipio de San Juan Nepomu-

ceno, Bolívar.

http://restituciondetierras.gov.co/media/Sentencias/Bolivar/13244

3121001-2013-003-San-Juan-Nepomuceno-22-de-octubre.pdf


Predio El Amparo, ubicado en San Juan Nepomuceno, corregimien-

to Las Brisas.



de-septiembre.pdf


Predio ubicado en la vereda Las Brisas, del municipio de San Juan

Nepomuceno, Bolívar.



de-septiembre.pdf

Fuente: elaboración propia, UAEGRTD (2013).

- 35 -


Descripción casos seleccionados unidad territorial (UT)Bolívar

SISTEMATIZACIÓN CASO

VEREDA-CORREGIMIENTO

CORREGIMIENTO LAS PALMAS

MUNICIPIO-DEPARTAMENTO

SAN JACINTO-BOLÍVAR

Dependencia a cargo: Unidad Territorial Bolívar

Solicitantes

En el caso, se presentan dos grupos de campesinos solicitantes:

147 familias ubicadas dispersamente en cinco departamentos.

Objetivos

• Comprender lecciones aprendidas y buenas prácticas en el caso de Las Palmas en materia de proceso, decisiones, herramientas y metodologías que sean útiles para posterio-

res casos de restitución.

• Identificar elementos que permitan analizar desde la articulación interna y externa las experiencias de la Unidad.

• Identificar los impactos que genera el proceso de restitución en las víctimas y en otros interesados directa o indirectamente.

• Analizar los impactos y los riesgos que representa el proceso para la Unidad.

Preguntas

• ¿Cuáles son las dificultades, los retos y las lecciones aprendidas de la articulación institucional en el caso Las Palmas?

• ¿Cuáles son las dificultades, los retos y las lecciones aprendidas de la articulación entre unidades territoriales para abordar un caso de restitución?

• ¿Cuáles son los retos, las dificultades y las lecciones aprendidas en casos de restitución de tierras para todo un corregimiento desplazado en el marco del conflicto armado?

Fuentes

Para la sistematización del caso del corregimiento Las Palmas, en el municipio de San Jacinto en el departamento de Bolívar, el proyecto Incorporación del Enfoque de Acción sin

Daño en la Política de Restitución de Tierras ha realizado un acompañamiento a las acciones de la UAEGRTD a partir del mes de marzo del 2013.

Desde el enfoque ASD, se han observado escenarios como la planeación, la realización y las reflexiones de las jornadas comunitarias; las dinámicas internas de la Unidad, y las

actuaciones institucionales. Además, se obtuvo información de fuentes primarias como entrevistas a líderes, al personero y al alcalde de San Jacinto, a funcionarios de la UAEGRTD

de Bolívar y Cundinamarca, y de fuentes secundarias como archivos de la UAEGRTD, prensa y sistematización de dos jornadas comunitarias, descritas a continuación.

Los funcionarios de las instituciones locales entrevistados fueron:

Personería y alcaldía municipal.

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Acompañamiento y sistematización a jornadas comunitarias

Acompañamiento a la socialización del proceso de articulación y el Plan de Reparación Integral (reparaciones colectivas e individuales, procesos de retorno, proceso de restitución

de tierras), llevada a cabo en zona urbana del municipio de San Jacinto, con acompañamiento de las Unidades de Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), las Unidades de

Restitución de Tierras (UAEGRTD) de los niveles central y territorial Bolívar, la Gobernación de Bolívar, la cooperación internacional MAPP-OEA, y los centros de investigación, entre

otros, los días 2 y 3 de marzo de 2013.

Revisión de las memorias de las jornadas

Realizadas por la Unidad de Restitución de Tierras de Cundinamarca, en los departamentos de Bogotá, Barranquilla, Bolívar, Sucre y La Guajira durante los años 2012 y 2013. Así

como la realizada por la Unidad de Restitución de Tierras de Bolívar, jornada de ampliación de hechos el 14 de junio de 2013.

Revisión de fuentes secundarias

Producciones del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21(CCMML21).

http://www.youtube.com/watch?v=a6NiXt5-poo&list=UUpdQOXAqnqqtjka9yzT6_Yg

Prensa local y nacional.

Periodo de ejercicio de sistematización del caso: abril-septiembre de 2013.

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Síntesis del caso

El proceso de restitución de tierras en el corregimiento de Las Palmas, en el municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar, tiene un acumulado de actuaciones institucionales,

ejercidas desde 1999 hasta la fecha, afrontando el tránsito normativo del país en respuesta a la problemática social derivada del conflicto armado,2 y teniendo como resultado una

precaria respuesta institucional, la revictimización, y continuas violaciones a sus derechos humanos. Las Palmas es uno de los casos con mayor número de desplazados masiva-

mente, ya que fue abandonado un corregimiento completo y la población pasó de 5000 habitantes a 80 personas que actualmente se encuentran en el corregimiento. La mayoría

de la población está dispersa en los departamentos de Cundinamarca-Bogotá, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira y en la frontera con Venezuela.

Este caso llama la atención del enfoque de ASD por los retos de la respuesta institucional a la problemática social agudizada por más de catorce años y que afectó masivamente a

los habitantes del corregimiento que vivían prósperamente antes que la violencia impactara su territorio. Asimismo porque la reparación integral exige un proceso de articulación

institucional.

El proceso de restitución de tierras inicia con la caracterización de las víctimas organizadas que residen actualmente en Bogotá con el apoyo de la Asociación de Desplazados del

Corregimiento de Las Palmas (Asipalma); posteriormente, con una serie de acciones en diferentes regiones se vincula a los demás habitantes dispersos en varios departamentos y

a la Asociación de Desplazados del Corregimiento de Las Palmas (Asopalma). Estas acciones terminan en una búsqueda institucional conjunta para el retorno, la reparación (indivi-

dual y colectiva) y la restitución de tierras de las víctimas. Las UARIV y la UAERTD (nivel nacional y territorial) elaboran un cronograma de acciones para lograr este objetivo, el cual

fue socializado con los representantes de la comunidad, lo que generó expectativas entre la comunidad y nuevos desafíos para la institución en materia de coordinación interna a

niveles territoriales y entre instituciones creadas para la implementación de la Ley 1448 de 2011.

Ubicación

Las Palmas es un corregimiento ubicado a 15 kilómetros del casco urbano del munici-

pio de San Jacinto, en el departamento de Bolívar en la región de los Montes de María.

- 38 -


Antecedentes

De acuerdo con el relato de las personas mayores del corregimiento, este fue fundado en el año 1800 por dos hermanos Domingo y Marcos Estrada, quienes bautizaron al pueblo

como Las Palmas, ya que donde se ubicaron inicialmente había unas plantas de palma. Las primeras familias que llegaron a Las Palmas eran de San Juan Nepomuceno, San Basilio

de Palenque, San Jacinto y el Carmen de Bolívar, y todos ellos se dedicaron a la agricultura y a la cría de animales. El corregimiento creció tanto que llegó a tener 5.000 habitantes y

era muy próspero; anotan los habitantes que desde que se llegaba al pueblo, podían observarse “extensos cultivos de yuca, ñame, maíz y plátano y otros productos y también […] el

pasturaje de vacas y otros semovientes” (El Universal, 4 de agosto de 2007). Asimismo: “Anualmente llegó a producir 200.000 toneladas de maíz blanco y 4000 kilos de tabaco” (El

Universal, 12 de agosto de 2007), muchos de los cuales eran comercializados en San Jacinto y en otros municipios aledaños.

Entre 1985 y 1995, los corregimientos de Las Palmas y Bajo Grande (Melendez, 1996), del municipio de San Jacinto fueron los sitios elegidos por las guerrillas para consolidar

su presencia en los Montes de María. Debido a ello, una parte importante de su población fue estigmatizada como simpatizante de las guerrillas, pese a haber estado sometida a

la presencia de diversos grupos armados ilegales. Desde los noventa, el ELN registró una expansión de sus frentes basada en la extorsión y el secuestro, y fue el grupo guerrillero

más fuerte durante 1985 a1997. Tuvo presencia en el norte del departamento a través del frente Jaime Bateman Cayón, perteneciente al frente de Guerra Norte, con influencia

en los municipios de San Jacinto (Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y DIH [OPDDHH], 2005). En el lapso comprendido entre 1998 y 2004, las FARC hicieron pre-

sencia a través del Frente 37 Benkos Biohó, perteneciente al Bloque Caribe, al mando de alias Martín Caballero, que actúa a través de cuatro estructuras armadas: Cimarrones, la

móvil Pedro Góngora Chamorro, la Che Guevara, y la Compañía Palenque. Las Fuerzas Especiales Unidad Caribe, que cumplían labores de inteligencia y ataque a bases, batallones

y puestos de Policía, fueron asumidas recientemente por la compañía Che Guevara. Esta estructura se mueve entre los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, Calamar,

Zambrano y Córdoba.

Durante el periodo en que la guerrilla permaneció en el corregimiento, se presentaron casos de homicidio de campesinos. “Cabe anotar, que las guerrillas para evitar perder el

control del territorio en el marco de la disputa territorial entre las diversas guerrillas y entre estas y los paramilitares, enterraron Minas Antipersonales” (El Carmen de Bolívar y sus

noticias, 2011) en el municipio de San Jacinto y sus alrededores, con el objeto de frenar la persecución por parte de la fuerza pública y disuadir a los paramilitares de ocupar esta

zona.

Según el documento de contexto de la Unidad Territorial, y de acuerdo con los testimonios de los habitantes de Las Palmas, la llegada de los paramilitares tuvo lugar en el año

1992, “este grupo se hacía pasar por guerrilleros, interrogaban a las personas tratando de obtener información sobre los simpatizantes de la guerrilla”,3 hacían reuniones con la

gente aunque sin establecerse en el pueblo.

Ante esta situación, la comunidad manifestó en varias ocasiones a la institucionalidad local lo que sucedía en el corregimiento, pero tanto por parte de la Alcaldía, la Inspección

de Policía y la Personería, no se promovió ningún tipo de alarma ni respuesta para mitigar los efectos, por el contrario, más adelante la situación tomó un rumbo que cambió el desti-

no de todos los habitantes.

- 39 -


Para el periodo comprendido entre 1993 a 2009 se presentaron diferentes hechos violentos contra los habitantes del corregimiento, perpetrados por los grupos armados pre-

sentes en la región, desatando fuertes disputas por el control del territorio. Algunos de los casos son los asesinatos de Eustaquio Manuel Sierra Caro y Luis Felipe de Ávila Díaz, en

1993, presuntamente por la guerrilla; el de Alberto Castillo Herrera, asesinado por los paramilitares,4 en 1997; y de, “Gregorio Fontalvo, Gregorio Fontalvo García y Argemiro Medina

asesinados por los paramilitares en julio de 1999”. (El Universal, 1999) harás

Está también la masacre ocurrida el 28 de septiembre de 1999, cuando las autodefensas “convocaron a todos los habitantes del pueblo, incluidos los estudiantes de los dos

colegios a un ‘consejo de guerra’; llamaron con nombre propio a seis personas. Con un tiro de gracia, asesinaron a cuatro de ellos, los otros dos lograron salir corriendo. “Apenas se

marcharon los asesinos, comenzó el éxodo” (León, 2012).

Después que los paramilitares se marcharon y amenazaron con regresar para matar a quienes no abandonaran el pueblo se produjo el desplazamiento masivo de la población.

Una de las víctimas manifestó que los paramilitares les advirtieron: “El 11 de noviembre vamos a celebrar con todos ustedes, desde el más chiquito hasta el más grande se muere”

(Verdad Abierta, s. f. c), por eso la gente abandonó los cultivos, se llevó lo que pudo y la mayoría se fue a pie hasta San Jacinto, donde se hacinaron en el coliseo a espera de la ayu-

da de las autoridades.

La arremetida paramilitar llevada a cabo el martes 28 de septiembre de 1999, a cargo del Bloque Héroes de los Montes de María de la AUC, marcó un hito en la región, consideran-

do que a raíz de los hechos de violencia y los homicidios a los que fueron expuestas las familias de Las Palmas, éstas tuvieron que desplazarse a Cundinamarca-Bogotá, Atlántico,

Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira y, algunas, a la frontera con Venezuela.

El fenómeno de desplazamiento de las familias del corregimiento de Las Palmas ha sido un proceso sistemático y frecuente desde la llegada de los grupos armados ilegales al

municipio de San Jacinto, y que tenían también presencia en los corregimientos aledaños, donde perpetraban acciones violentas contra la población civil y que causaban desplaza-

miento en los pueblos cercanos a los hechos de violencia (Documento de contexto UT).

Iniciativas de retorno

Los hechos posteriores indican tres acciones importantes para el retorno de sus habitantes; sin embargo, cabe resaltar que el acompañamiento institucional no ha sido contun-

dente y que la presencia y el dominio de actores armados no ha generado condiciones para el retorno de las familias. Para el año 2003, la señora Rosa Cerpa de Herrera inició un

proceso de motivación con las familias desplazadas, pero este se truncó debido a que la guerrilla asesinó a dos soldados. En 2004, algunas familias retornaron, pero la ausencia de

infraestructura, servicios públicos y la precaria condición de la vía no incentivaron un retorno masivo de la comunidad. Finalmente, el 21 de marzo de ese mismo año, las familias

regresaron al corregimiento, se hicieron esfuerzos para la reconstrucción de la carretera y las casas, pero el retonor no fue posible, debido a que el 5 de febrero de ese año, dos de

sus habitantes fueron asesinados. Las familias relatan que ya se habían “organizado para volver, pero a José Clemente Sierra y a Edilia Herrera, que fueron los primeros que llegaron

al pueblo, los mataron. No había garantías para regresar” (Verdad Abierta, s. f. c). El hecho fue atribuido a la guerrilla, “que llegaron al pueblo pasadas las 12 del día, poco después de

que la patrulla de la infantería saliera a buscar sus provisiones” (El Universal, 2005).

Posteriormente, en el 2005, el Bloque Héroes de los Montes de María se desmovilizó y el Gobierno anunció que comenzaría un proceso en el que los ex paramilitares confesarían

sus crímenes y las víctimas serían reparadas; la comunidad de Las Palmas visibilizó sus procesos organizativos, los cuales se habían fortalecido progresivamente pese a las dis-

tancias, las amenazas y las estigmatizaciones sufridas.

- 40 -


Lo anterior tuvo como resultado dos procesos organizativos fuertes; en Bogotá, con las familias desplazadas en la capital (ASIPALMA), y en la región (ASOPALMA); se lideraron

acciones para la capacitación e incidencia institucional con el fin de visibilizar lo ocurrido y activar el sistema institucional en pro de la garantía del goce de sus derechos.

Las víctimas han pasado por el tránsito normativo existente para la atención integral a la población desplazada, desde la entrada en vigencia de la Ley 387 de 19995 hasta los

escenarios de justicia transicional con la Ley de Justicia y Paz, en el año 2005, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en el 2011, lo cual indica los esfuerzos de la población

en la búsqueda de la estabilización y la respuesta institucional. En ese tránsito, el Centro de Atención a las Víctimas del Distrito de Bogotá (CAVID) inició un proceso de caracteri-

zación de la población desplazada de Las Palmas e inició acciones para la exigencia de ayuda humanitaria, proyectos productivos, vivienda, entre otras ofertas. Esta intervención

empezó a visibilizar la situación de las y los palmeros en Bogotá y el país (este antecedente representa el punto de partida para las acciones posteriores en el marco de la Ley 975

de 2005 y la Ley 1448 de 2011).

La comunidad inició acciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz, con el fin de que las familias desplazadas fueran indemnizadas, pese a los rigores y excesivos trámites para

la investigación, las largas esperas y la revictimización generada por la ausencia de garantías para las víctimas y las excesivas condonaciones para los victimarios.

El caso de Las Palmas ha llamado la atención de organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación internacional, universidades y centros de investigación, quienes,

en diferentes informes, han documentado lo ocurrido en el corregimiento y han seguido el proceso de incidencia en el marco de la Ley 975 del 2005.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, se retoman acciones para los procesos de reparación integral y restitución de tierras contempladas en la ley, teniendo en

cuenta los daños individuales y colectivos y concretar así medidas de reparación desde la comunidad. Este proceso se adelantó en Bogotá con ASIPALMA, que de la mano de la

Unidad de Restitución de Tierras, empezó a vincular a las familias y las organizaciones de la región al proceso a fin de caracterizar el caso.

La Unidad de Cundinamarca tomó el acumulado de los procesos que anteceden a su intervención y emprendió un proceso de articulación institucional, apuntándole a la repara-

ción integral de las víctimas, ya que por las características organizativas, la incidencia y la participación de las y los palmeros en diferentes escenarios, este proceso se ha categori-

zado como un piloto de política reparación integral, en el que se pretende de manera conjunta, responder a las víctimas de este corregimiento.

Durante el año 2012, la UARIV y la UAEGRTD iniciaron una serie de jornadas comunitarias en diferentes departamentos con articulación institucional del nivel nacional, Cundi-

namarca, y con la colaboración de funcionarios y funcionarias de las territoriales donde se realizaron las jornadas. El proceso le apuntó a respuestas conjuntas que optimizaran la

gestión de las personas desplazadas. Según la territorial de Cundinamarca, estas jornadas tuvieron acogida e impacto por cuanto se recogieron solicitudes y se resolvieron trámi-

tes ante la UARIV.

En marzo del 2013, se propuso una estrategia de trabajo conjunto para lograr el proceso de restitución, la reparación colectiva y los procesos de retorno; asimismo, se instó a la comu-

nidad y a las asociaciones a trabajar articuladamente. Esta jornada tuvo algunas tensiones justificadas durante el tiempo transcurrido, así como desgaste en la exigencia de respuestas

y roces entre los líderes, pero en general, se crearon expectativas y se fijó un cronograma para responder a las solicitudes en el término de seis meses.

En agosto de 2013, en sentencia de Justicia y Paz, la magistrada de descongestión, Ligia del Carmen Ramírez Castaño, determinó que en septiembre de 1999 no se tomaron las

medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los pobladores de este corregimiento. Argumentó en su fallo, además, “que los asesinatos del líder comunal José Celestino Ávi-

la Herrera y otras personas fueron cometidos por infantes de marina que se hicieron pasar por un grupo armado ilegal, que en su momento estaba bajo el mando de un oficial que

los comandaba desde el corregimiento de Bajo Grande, también en San Jacinto; por esto, la Nación, la Alcaldía y el Ministerio de Defensa son responsables y deberán indemnizar a

los desplazados y a los familiares de las víctimas con un monto cercano a los treinta mil millones de pesos”.(El Universal, 2013).

- 41 -


Desde el enfoque de Acción sin Daño, el proyecto ha identificado elementos importantes en la relación y el ejercicio de las acciones tanto al interior de los equipos como con las

comunidades y las instituciones que apoyan y tienen responsabilidad en el proceso, buscando que los impactos y los hallazgos puedan ser orientados desde alternativas desarro-

lladas por el enfoque.

Aspectos situacionales

En lo político

• Antecedentes de corrupción en las instituciones (Ej: INCODER, ORIP, Alcaldía, jueces) reflejados en procesos y actuaciones que generan conflictos entre campesinos.

• Conflictos entre campesinos producto de actuaciones irregulares en los procesos de titulación y adjudicación de tierras.

• Funcionarios públicos que están involucrados en despojos de tierras en la región.

• Actuaciones clientelistas.

• Cooptación de funcionarios.

• La institucionalidad local da respuesta a las solicitudes de la Unidad de Restitución de Tierras.

• La Personería es activa frente al proceso de restitución de tierras; sin embargo, ha sido objeto de amenazas.

• Es un municipio microfocalizado por el proceso de restitución de tierras.

• El presidente de la República tiene un compromiso político con la restitución de tierras y la reparación integral en la región.

• Se han firmado acuerdos con la Gobernación de Bolívar y con la Alcaldía de San Jacinto para realizar millonarias inversiones en el arreglo de la vía que de San Jacinto conduce a

Las Palmas, y para la adecuación del servicio de electricidad.

• Participación y acompañamiento de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de San Jancito.

• Acciones y acompañamiento desde el nivel nacional para la reparación integral.

• Sentencia del proceso de Justicia y Paz.

En lo económico

• Municipio de tradición agrícola-tabacalero.

• Presencia de empresas ganaderas.

• Cambios en la vocación y el uso del suelo por la siembra de palma.

• Cambios en la economía local.

• Pérdida de cultivos de pan coger.

• Presión por ventas de tierras.

• Impacto generalizado y cambios radicales en la economía de la región como resultado del desplazamiento forzado.

- 42 -


En lo social

• Procesos organizativos fuertes (ASOPALMA-ASIPALMA).

• Tensiones entre procesos organizativos.

• Veeduría en la política pública.

• Formación ciudadana.

• Presencia de ONG, cooperación internacional, academia.

• Amenazas a líderes sociales por la participación en espacios de toma de decisión y denuncia pública.

• División tejido social-estigmatización.

• Pérdida total de las prácticas sociales y culturales (eventos deportivos, fiestas patronales, intercambio de productos, realización de actos conmemorativos, reuniones familia-

res, etc.).

En las dinámicas de conflicto

• Violaciones a los derechos humanos.

• Presencia de MAP-MUSE.

• Desplazamiento.

• Amenazas al personero.

• Reconfiguración de grupos paramilitares.

• Presencia histórica de guerrillas.

• Zona de influencia del Frente 37 de las FARC (cuyo jefe hasta el 2007 fue alias Martín Caballero).

• Presencia de paramilitares Bloque Héroes de los Montes de María, zona de influencia del jefe paramilitar Alexis Mancilla García alias Zambrano.

• Responsabilidad de la Infantería de Marina por la masacre, las torturas, los homicidios y el desplazamiento del corregimiento.

• Responsabilidad de las instituciones del Estado por los hechos de violencia ocurridos en el corregimiento.

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ETAPAS

FECHA DESCRIPCIÓN -REGISTRO LECCIONES, PREGUNTAS Y ALERTAS

2012

Marzo-

septiembre

Mediante la Resolución RMB 0001 del 31 de julio del 2012, se determinó la

viabilidad de iniciar los procesos de restitución en el municipio de San Jacinto,

del departamento de Bolívar.

Teniendo como antecedente las acciones adelantadas con líderes del corre-

gimiento de Las Palmas por el CAVID, en el distrito de Bogotá, la UAEGRTD de

Cundinamarca se acerca a las personas desplazadas del corregimiento de Las

Palmas en San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar; se buscó

caracterizar a la población asentada en Bogotá y a las familias dispersas en

varios departamentos. La UARIV ha iniciado acciones para el proceso de retor-

no de las familias al corregimiento y para la reparación integral a las víctimas;

se realizan jornadas comunitarias de registro.

Se adelantan acciones conjuntas con dificultades en la articulación institucio-

nal, considerando los tiempos y los procesos de cada institución. Sin embargo,

pese a ello, es posible realizar jornadas con la participación conjunta tanto de

instituciones como de funcionarios de diferentes territoriales en el país.

A partir del proceso liderado por la Unidad Territorial de Cundinamarca se

logró visibilizar la problemática de la comunidad; además, en las jornadas

realizadas se recogió información de los hechos, la situación de las familias y

las expectativas; lo anterior, de la mano de los procesos organizativos tanto en

Bogotá (ASIPALMA) como en la región (ASOPALMA).

Las solicitudes de registro se hicieron en los departamentos de Cundina-

marca, La Guajira, Barranquilla, Sucre y Bolívar; se obtuvo como resultado

aproximadamente 400 solicitudes. Estas jornadas se coordinaron con las

diferentes territoriales.

Se realiza la presentación del cronograma de trabajo conjunto entre la UA-

RIV, la UT, la cooperación internacional —MAPP-OEA—; se nombra un comité de

impulso para la reparación colectiva del corregimiento. La MAPP-OEA inicia un

proceso de caracterización y construcción del Plan de Reparación Colectiva de

Las Palmas.

Lecciones aprendidas

El proceso de restitución tiene grandes directrices que son acatadas por las territo-

riales; sin embargo, dentro de ese marco, cada territorial ha organizado de manera

particular su forma de asumir los procesos. Si las acciones se van a trabajar con la

articulación de varias instituciones o territoriales, es importante, al inicio, concer-

tar dichas formas de abordar los casos, discutir lo que ha sido probado en los terri-

torios y lo que resulta más favorable para optimizar recursos, tiempo y esfuerzos

de las víctimas, garantizando la concreción de los resultados.

En un proceso de trabajo conjunto, donde la Unidad retoma el trabajo de otra

territorial para continuar con el proceso, es clave tener un espacio de discusión

sobre el abordaje metodológico y detallar el estado en el que se traslada el pro-

ceso, así como los principales elementos a considerar para continuar el trabajo.

Siempre, en un proceso de articulación donde se ha recogido información, se

deben exponer las debilidades y las fortalezas en el proceso.

Desde el inicio, se pueden identificar cuáles son los momentos de articula-

ción y en cuáles cada Unidad o territorial asumirá su proceso individualmente.

La diversidad de los procesos hace que cada Unidad o territorial identifique

cuáles son los escenarios de articulación y cuáles son los momentos de trabajo

individual.

El proceso puede resultar desgastante para los solicitantes ya que estos

suministran la misma información a diferentes funcionarios e instituciones, en

aras de cumplir con el principio establecido en el Decreto 4800 del 2011, en el

artículo 12, de la concurrencia. Las entidades nacionales y territoriales deben

actuar oportuna y conjuntamente en busca de un objetivo común. Las entidades

involucradas ejercerán acciones de manera conjunta, respetando siempre el

ámbito de competencias propio y el ámbito de competencias de los demás.

Es clave sistematizar y organizar muy bien la información del trabajo de cam-

po, ya que esto permitirá realizar revisiones posteriores de la información que

se ha obtenido de todo el proceso.

- 44 -


2012

Marzo-

septiembre

Se organizan, por parte de la UT de Cundinamarca, los archivos con la infor-

mación recogida a lo largo del acompañamiento para ser trasladados a Bolívar.

Se decide trasladar el proceso a la Unidad de Bolívar, quien adelantará el regis-

tro y la etapa judicial.

El traslado se hace mediante una reunión con los directores de las unidades

territoriales de Cundinamarca y Bolívar, y dos representantes del equipo social

de cada territorial; en esta jornada socializaron el proceso, y se referenciaron

los documentos encontrados. El traslado de la información se realizó con

posterioridad a esa jornada, los archivos tardan en llegar a la Unidad.

En la revisión, se encuentra que los archivos llegaron con formularios y

documentación anexa incompleta, entre otras cosas.

El traslado de la información exigió que funcionarios de la UT Bolívar revisa-

ran los archivos; el proceso fue dispendioso por el volumen de la información.

Como resultado, se filtró un listado muy amplio de solicitudes con información

faltante, y se propuso la realización de jornadas de ampliación de hechos que

conduzcan a completar la información.

Se realizaron tres jornadas de ampliación de hechos, lo que multiplicó el

esfuerzo considerando que la UT de Cundinamarca había realizado jornadas

en los mismos departamentos. Las ampliaciones de hechos en Bogotá y

Barranquilla fueron realizadas por las respectivas territoriales, coordinando

acciones con la UT de Bolívar; por el contrario, en La Guajira, la UT de Bolívar se

traslada y organiza la jornada.

La Unidad de Bolívar realizó fichas de núcleos familiares y entrevistas, pero

según los responsables del caso en Bolívar, probablemente no tuvo el rigor

necesario para adelantar el proceso judicial, por tanto, se hicieron esfuerzos

para subsanar los vacíos.

En el traslado no se entregaron la línea de tiempo y el contexto, se trabajó

el caso por ser un hecho probado y conocido; sin embargo, no están los do-

cumentos soportes de las actividades. Por parte de la UT Cundinamarca, se

entregan audios y fuentes primarias y secundarias con la información, pero

no documentos construidos e información organizada para el contexto de la

demanda.

Se debe organizar la información para las y los funcionarios, que en cualquier

tiempo y lugar puedan revisarla y hacer uso de ella, y evitar rotularla o denomi-

narla discrecionalmente o con nombres que no den cuenta de su contenido.

El abordaje del caso con un equipo jurídico amplio es clave para dar respuesta

a las solicitudes de manera conjunta, a partir de lo cual se logra mitigar que el

impacto en la priorización no deteriore las expectativas y la apuesta por el pro-

ceso.

La Ley de Víctimas tiene retos muy grandes en la articulación de los procesos

para que la reparación sea integral, sobre todo en:

• El trabajo conjunto con las víctimas.

• La optimización de espacios de socialización de los hechos victimizantes.

• La reconstrucción de hechos con las víctimas.

• La recepción de solicitudes y la documentación.

• Los mecanismos para compartir y usar la información del caso.

• La comunicación de los procesos.

El cumplimiento de metas, tanto para la UAEGRTD como para la UARIV, genera

tensiones, lo que dificulta el trabajo conjunto.

En la construcción de casos de restitución de tierras a un número significativo

de personas, los esfuerzos de trabajo y organización, la planeación y el trabajo

interdisciplinario al inicio del proceso garantizan que las acciones posteriores

puedan ser más agiles y con menos complicaciones.

La reparación integral necesita del esfuerzo de las instituciones creadas en el

marco de la Ley de Víctimas y de las instituciones que hacen parte del SNARIV,

así como del impulso y el compromiso desde la implementación de políticas por

parte de la Gobernación y las alcaldías donde se lleven a cabo los procesos, ya

que hay esfuerzos presupuestales y de otra índole que son responsabilidad de

estos entes.

- 45 -


2012

Marzo-

septiembre

La UT de Bolívar organiza la información, construye una línea de tiempo a

partir de los hechos conocidos para ser validada en una jornada de campo;

realiza familiogramas (ya que hay muchos reclamantes con sucesión del

derecho debido a que los titulares del derecho están muertos); se elabora

contexto del corregimiento, municipio y región.

Por el número de solicitudes, el caso es abordado por cinco abogadas, quie-

nes asumirán la representación de aproximadamente sesenta familias cada

una.

Hay dificultades en la asignación de prioridad de los casos, ya que se filtran

las solicitudes por la pertenencia a grupos de especial protección constitucio-

nal, pero no se tiene una directriz que indique la lógica de la priorización.

El 2 de septiembre del 2013, mediante la Resolución 004, se microfocaliza

el corregimiento de Las Palmas.

Se inicia el proceso con las solicitudes del casco urbano del corregimiento y

después se hará con la zona rural.

En el mes de diciembre, mediante Resolución 2013.326618 del 11 de no-

viembre del 2013, la directora nacional de la UARIV comunicó que las y los pal-

meros ya estaban en registro como sujetos de reparación colectiva, y que se

habían concertado las medidas de reparación colectiva, y, entre otras cosas,

que se llevarían a cabo convenios para el arreglo de la vía y la construcción de

una infraestructura eléctrica.

Se tiene previsto que el día 19 de diciembre del 2013, la Unidad de Resti-

tución de Tierras presentará tres demandas que comprometen a 150 lotes de

vivienda en el casco urbano del corregimiento.

Buenas prácticas

En los casos que una territorial adelante parte del proceso de registro y deba

posteriormente hacer entrega del proceso a otra territorial para que esta lo cul-

mine, es clave la comunicación inicial con dicha territorial; se deben fijar acuer-

dos de productos y tiempos de entrega, asimismo se debe mantener constante

comunicación para contar las dificultades y los avances, y, en lo posible, docu-

mentar dichos acuerdos.

En el marco de la Ley de Víctimas, las acciones conjuntas de las instituciones

UARIV, UAEGRTD y CNMH favorecerán la incidencia ante la institucionalidad local,

lo que permite movilizar las acciones de la Alcaldía y la Gobernación y da fuerza

y visibilización al proceso.

Es importante organizar un cronograma de trabajo conjunto con las institucio-

nes; sin embargo, se debe ser muy cuidadoso con las expectativas que generan

las fechas, más aún si se sabe que en el proceso pueden presentarse retrasos

por la misma dinámica del proceso; se debe contar con el tiempo de solicitud de

información a otras instituciones y sus protocolos de respuesta, trabajo en cam-

po, disposición de las víctimas, etc.

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Conclusiones

Pensar en un proceso de reparación integral, que active todas las rutas para el trabajo interinstitucional, permitirá dar respuestas conjuntas y con impacto desde un horizonte de

reparación transformadora.

Es necesario ver la reparación integral desde los principios de articulación, progresividad y concurrencia, establecidos para las instituciones creadas por la Ley de Víctimas, en el

Decreto 4800 del 2011.

Pese a las debilidades y los obstáculos, tener una apuesta de trabajo conjunta para dar respuestas integrales y minimizar los riesgos de revictimización, desistimiento y desgas-

te emocional de las víctimas.

Estar alerta con las expectativas que generan los procesos y diferenciar las rutas y las necesidades propias de cada uno.

Ser claros con los tiempos; el resultado de la restitución depende del ejercicio de muchas acciones en diferentes procesos, cada uno con rigor y procedimiento propio, por tanto,

los compromisos con las comunidades deben ser hacia la realización de acciones concretas, la actuación con celeridad, y compromiso con el proceso, pero no se deben asumir a

priori compromisos en términos de tiempos que son responsabilidad de otras acciones, como, por ejemplo, los términos de los procesos judiciales.

La articulación es un mecanismo importante para no generar daños. Es posible, a través de ésta, conectar procesos, potenciar acciones para varios fines, orientar eficientemente

recursos que son escasos, reducir los tiempos entre una etapa y otra, y desgastar menos a las comunidades. Las ventajas de la articulación son múltiples, al igual que los retos

para conseguirla; se requiere tiempo, flexibilidad y el respaldo de las instituciones para lograrlo (Universidad Nacional de Colombia-equipo ASD, 2013).

Los ciclos: análisis del contexto (sus posibilidades, pero también las limitaciones que ofrece), análisis de la intervención (en este caso, las “rutas” para la reparación y la resti-

tución) y redefinición de acciones (en torno a la reflexión sobre los efectos de la intervención en el contexto) permiten lograr una acción que evite el daño y potencie los impactos

positivos de las acciones (Universidad Nacional de Colombia-equipo ASD, 2013).

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Predio

Guamito

Corregimiento

San Pedro Consolado

Municipio-departamento

San Juan Nepomuceno, Bolívar

Dependencia a cargo: UT Bolívar

Hectáreas

Según folio de matrícula catastral, 720 hectáreas.

Solicitantes

En el caso se presentan dos grupos de campesinos solicitantes:

• 28 campesinos/familias adjudicatarias del predio.

• Alrededor de 45 campesinos/familias que se encuentran en el predio (de los cuales, 29 presentaron solicitud de registro para la restitución).

Objetivos (lo general)

• Identificar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en el caso de restitución del predio Guamito, en materia del proceso, las decisiones, las herramientas y las metodolo-

gías que sean útiles para posteriores casos de restitución.

• Identificar elementos que permitan analizar desde la articulación interna y externa las experiencias de la Unidad.

• Identificar los impactos que genera el proceso de restitución en las víctimas y en otros interesados directa o indirectamente.

• Analizar los impactos y los riesgos que representa el proceso para la Unidad.

Preguntas (lo específico del caso)

• ¿Cuáles son las dificultades, los retos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en los casos donde el proceso de restitución de tierras identifica irregularidades en los

procesos de adjudicación y titulación realizados por la institucionalidad pública, y que no se han resuelto y han generado conflictos entre los campesinos con intereses en el predio?

• ¿Cuáles son las dificultades, los retos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en los casos donde la restitución de tierras puede contribuir a resolver de fondo la situa-

ción de conflicto entre los campesinos debido a las irregularidades cometidas por la institucionalidad pública en el proceso de adjudicación de tierras?

• ¿Cuáles son las dificultades, los retos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en los casos donde la restitución de tierras identifica que sus acciones pueden exacerbar

los conflictos existentes entre los campesinos?

Fuentes

Para la sistematización del caso El Guamito, el proyecto Incorporación del Enfoque de Acción sin Daño en la Política de Restitución de Tierras ha realizado acompañamiento a las

acciones de la UAEGRTD a partir del mes de marzo del 2013.

Desde el enfoque ASD, se han observado escenarios como: la planeación, la realización y las reflexiones de las jornadas comunitarias, las dinámicas internas de la Unidad y las

actuaciones institucionales.

Además, se obtuvo información de fuentes primarias como entrevistas a líderes, al personero y al alcalde de San Juan Nepomuceno, a funcionarios de la UAEGRTD, y de fuentes

secundarias como archivos de la UAEGRTD, la toma de declaraciones realizadas por la UAEGRTD, la prensa y la sistematización de jornadas comunitarias, descritas a continuación:

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Se realizaron entrevistas a funcionarios de las instituciones locales:

Alcaldía y personería municipal.

Se realizaron entrevistas a líderes-víctimas que hacen parte del proceso:

Líder de los 28 adjudicatarios.

Líder de los 45 que están actualmente en el predio.

Campesino que ingresó al predio en el año 1997 como arrendatario de un

Aquiles Yepes Yepes.

Se realizaron entrevistas a profesionales de la Unidad Territorial Bolívar:

Johannys Hernández Castilla, abogada líder, Área Jurídica.

Karina Torres, abogada, Área Jurídica.

Mary Cruz Orozco, abogada líder del caso, Área Jurídica.

Maricel Ramos, trabajadora social, Área Social.

Eliana Vergara, trabajadora social, Área Social.

Julián Guerra Profesional, Área Catastral.

Álvaro Tapia, director territorial.

Revisión de fuentes secundarias

Sistematización de jornadas comunitarias.

Declaraciones UAEGRTD.

Archivo de solicitudes y actuaciones institucionales.

Seguimiento de prensa local y nacional desde abril de 2013 a septiembre de 2013.

Periodo de ejercicio de sistematización del caso: abril-septiembre de 2013.

Acompañamiento a jornadas comunitarias

Realización de cartografía.

Construcción de línea de tiempo (28 adjudicatarios y 45 campesinos que se encuentran actual-

mente en el predio y con participación de los campesinos que han ingresado después de la adju-

dicación por autorización de los 45 campesinos).

Ampliación de hechos (28 adjudicatarios y de los 45 campesinos que se encuentran actualmente

en el predio y con participación de los campesinos que han ingresado después de la adjudicación

por autorización de los 45 campesinos).

Síntesis del caso

El caso del predio Guamito, en el municipio de San Juan Nepomuceno, llega en un primer momento a la UAEGRTD a través de un derecho de petición, en cabeza de 28 campesinos

adjudicatarios quienes aparentemente, por el conflicto armado en la región, no han podido gozar materialmente de su predio. El primer acercamiento al caso ha develado la existen-

cia de una serie de actuaciones institucionales, hechos políticos, económicos, sociales y comunitarios, que vinculan a más actores (cerca de 45 familias que inicialmente estuvieron

en el predio) con eventuales derechos sobre los predios reclamados y a las instituciones estatales como responsables de las actuaciones en el proceso de adjudicación del predio.

Así es como la Unidad se encuentra ante un proceso donde dos grupos de campesinos con fuertes lazos de parentesco, que han compartido dinámicas sociales y comunitarias, y

con vínculos históricos frente al predio, se encuentran en una disputa por el derecho a la tierra y al territorio.

Es un caso con antecedentes de irregularidades institucionales que se han perpetuado por más de veinte años, donde se busca garantizar los derechos sobre la tierra y el territorio

de dos grupos de campesinos, los cuales son susceptibles a sufrir daños como resultado del proceso de restitución y la intervención de la Unidad de Restitución en términos de

crear o profundizar conflictos. Sumado a esto, los antecedentes de las actuaciones institucionales, las presuntas irregularidades procesales, la presencia de diferentes actores arma-

dos, la corrupción, la cooptación institucional y los conflictos históricos por la tierra son elementos que bifurcan el horizonte del proceso.

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El paso del tiempo y la ausencia de soluciones de fondo generan dos escenarios; por un lado, se ha permitido que los 28 adjudicatarios sigan con las expectativas que les otorga

el título entregado, sin mayores goces sobre la propiedad, y asumiendo pagos de impuestos para mantener su calidad de dueños, y, por otro, los 45 campesinos/familias continúan

en el predio sin claridades jurídicas sobre la relación que han consolidado con el predio y las mejoras, así como permitiendo el ingreso de nuevas familias6 para que trabajen en los

predios que les debieron ser titulados. Estas familias manifiestan respetar y legitimar los derechos de las 45 personas/familias aún sin la titulación. Esto nos ubica en un escenario

cada vez más complejo porque continúa involucrando las expectativas, los derechos y el estado actual de muchos más campesinos de la zona.

Finalmente, la UAEGRTD está en un plano permanente de incertidumbre debido a la ambigüedad que se presenta entre las versiones suministradas por las partes vinculadas, por

lo que ha buscado mediante diferentes estrategias, ir esbozando su posición en el caso.

Antecedentes

Para el desarrollo del caso, se han recopilado hechos desde 1970 a2013, que dan cuenta de la historia del predio, los terratenientes de la época, los roles de los campesinos y su

relación con ese territorio, la tradición de la propiedad, la negociación del predio con el INCORA, los conflictos suscitados por los vicios en la adjudicación y algunos efectos del proce-

so de restitución de tierras.

Este caso involucra dos actores centrales (28 adjudicatarios y alrededor de 45 campesinos que se encuentran en el predio); por tanto, el proceso recogió la información corres-

pondiente a las dos versiones, las cuales conservan algunos detalles en común, pero, de manera general, divergen entre sí; por esta razón, de manera breve, expondremos los pun-

tos defendidos por unos y otros, y los aspectos en los cuales existe coincidencia o son importantes para el desarrollo del proceso.

Puntos clave para tener en cuenta de las versiones y que son relevantes para el desarrollo del proceso

La finca Guamito tiene una extensión aproximada de 720 hectáreas, se ubica en el corregimiento San Pedro Consolado, municipio de San Juan Nepomuceno, en el departamento de

Bolívar; la comunidad identifica que la dinámica productiva al interior de este predio contribuye a satisfacer las necesidades básicas de gran parte de los habitantes del corregimien-

to, es decir, es un eje económico en la zona. La finca Guamito es, además, un paso estratégico entre el municipio de San Juan Nepomuceno y El Guamo, ya que por ahí atravesaba la

antigua carretera a El Guamo, razón por la cual también representa un punto de tránsito y movilidad importante para los actores de la región.

Guamito fue de propiedad de un terrateniente alemán, quien hacia los años setenta se encargó de llamar a los campesinos del corregimiento para trabajar en el predio. Durante

al menos dos décadas, se mantuvo una relación vertical entre el dueño de la finca y sus trabajadores, quienes bajo la clásica figura entre patrón y trabajadores se encargaron de la

explotación, el mantenimiento y el cuidado del predio, como medianeros de parte de la producción o bajo el pago de un salario. Posteriormente, hechos de violencia, amenazas y

la muerte del terrateniente influyeron en la venta de la finca a foráneos, quienes continuaron con la explotación de la finca; hacia el año 1989, Guamito hizo parte de un proceso de

extinción de dominio y en 1990 cambio de propietario y estuvo, bajo la administración del “cachaco”, quien continuó su explotación de la mano de los campesinos que por muchos

años habían generado un arraigo importante y relaciones territoriales con la finca.

La reforma agraria que afrontaba el país generó condiciones para la negociación de la propiedad con el INCORA, sin embargo, en este tiempo hubo diferentes irregularidades por

parte de la institucionalidad, intereses de terceros y de los campesinos que finalmente se traducen en tensiones por los trámites y los resultados de la adjudicación, las cuales con

el paso del tiempo y la ausencia de soluciones de fondo, han aumentado.

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Actualmente, la finca se encuentra distribuida en 28 fracciones como producto del proceso de adjudicación e individualización llevado a cabo en el año 1996, sin embargo, los ad-

judicatarios no se encuentran en el predio, y, por el contrario, alrededor de 45 familias no adjudicatarias más las que han ingresado con autorización de las 45, se encuentran explo-

tando el bien inmueble. En la recolección de información se denota que, incluso, algunas familias de las que se encuentran actualmente en el predio han permanecido de generación

en generación desde antes de 1979, en contraposición a lo que alegan los adjudicatarios, quienes afirman que la permanecía es desde el año 1996.

A lo largo del tiempo, diferentes procesos adelantados ante instancias como el INCORA-INCODER, juzgados, la Fiscalía y la Alcaldía, indican un cambio radical en las versiones. Aho-

ra los protagonistas son los grupos al margen de la ley como la guerrilla y los paramilitares, actores que antes no parecían estar involucrados ya que no habían sido mencionados en

los procesos del predio Guamito. Desde 1996 hasta el 2011, los adjudicatarios y los campesinos que se encuentran en el predio han acudido a diferentes instancias para resolver

los conflictos, finalmente la UEGRTD de Cartagena es la que conoce el caso ante la solicitud de restitución de tierras por parte de los 28 adjudicatarios.

Resumen versión 28 adjudicatarios

La versión de los 28 adjudicatarios comienza desde el proceso con el INCORA, es decir, desde que el dueño de la finca Guamito vende la finca para que sea titulada a los campesi-

nos que se encuentran trabajando en el predio; esta institución realiza un proceso de adjudicación, para esto se entrega por parte de los campesinos, una lista de 45 familias postu-

lantes; sin embargo, el INCORA, considerando la UAF, solo titula 28 predios a 28 familias y deja a 17 familias por fuera, bajo el argumento de no cumplir con los requisitos exigidos por

la ley. Los adjudicatarios afirman que las familias que no fueron beneficiarias de la adjudicación, valiéndose de alianzas con la guerrilla (Frente 37 de las FARC), realizaron diferentes

actos delincuenciales con el fin de desplazarlos del predio, los intimidaron y generaron miedo entre los adjudicatarios, quienes optaron por salir de la finca. En la relación de estas

acciones, se menciona cómo la guerrilla reunió en dos ocasiones a los campesinos y les advirtió que la adjudicación realizada por el INCORA no era válida y que los verdaderos

propietarios entrarían con su patrocinio a la finca, y así fue. Los 28 adjudicatarios cuentan con esquema de protección y están en el registro único de víctimas. Es importante mencio-

nar que ninguna prueba aportada permite identificar la entrega material del predio a los adjudicatarios; sin embargo, sí cuentan con la titulación que otorga el derecho de propiedad

sobre el bien inmueble.

Resumen versión campesinos que se encuentran en el predio

La versión de las familias presentes en el predio empieza desde tres y cuatro décadas antes de la adjudicación del predio, conocida por la UAEGRTD debido a la realización de jor-

nadas comunitarias en las que se afirmó que las personas que se encontraban en el predio, ya mantenían relación de explotación durante tres o cuatro décadas anteriores a 1996

(año en el que adjudicaron la finca). Por lo anterior, con la reforma agraria adelantada en el país, buscaron que se les adjudicara la finca mediante la negociación del propietario con

el INCORA; los campesinos que trabajaban en la finca o tenían relación con ella solicitaron que la adjudicación se realizara a 45 postulantes. Sin embargo, en el proceso, el INCORA

recibió los documentos, pero, por la UAF, solo adjudica a 28 familias. Según esta versión, el conflicto fue causado porque la adjudicación se realizó a personas que no hacían parte de

las 45 familias que iniciaron el proceso, y se resolvió titular a 28 familias externas a la lucha por la tierra, que no tenían vínculo con el predio ya que nunca habían trabajado en él, por

tanto, fueron seleccionadas discrecionalmente.

Estas familias afirman que, a pesar de las diferentes actuaciones de los 28 adjudicatarios, ha sido imposible sacarlos del predio ya que el municipio es testigo de los derechos que

estos tienen sobre él. La comunidad se ha solidarizado con los campesinos presentes en el predio, quienes ingresaron a la finca con el fin de organizarse para no ser sacados, este

ejercicio llevó a que los nuevos campesinos continuaran en el predio bajo la figura de “sobre cupo” y trabajan la tierra que debió ser titulada a los 45 campesinos que permitieron su

entrada a Guamito.

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El número de familias de campesinos que trabajan en el predio cada vez es mayor, ya que por la extensión de Guamito, es posible que cada una se organice y siembre lo necesario

para el sostenimiento de sus familias, por ello es un eje central para la supervivencia del corregimiento, ya que están en juego los derechos de 45 solicitantes iniciales y alrededor de

100 familias que ahora llegan al predio para su explotación y que afirman que con esto se han ido ratificando sus derechos y, que a pesar de no contar con los documentos jurídicos,

el pueblo es testigo de la injusticia que se cometió en el proceso.

Actuaciones institucionales

Desde 1996, se adelantan diferentes actuaciones de incidencia por parte de los dos grupos de campesinos en las instituciones y ocurren hechos importantes en la región, que direc-

ta o indirectamente influyen en el caso:

• Lucha por la tierra, procesos organizativos de los campesinos. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) propició comités veredales y municipales que generaron

aprendizajes sobre cómo adelantar la negociación mediante la cualificación de los campesinos, la lucha organizada y la incidencia en espacios estratégicos para la toma de decisión.

Además, existen antecedentes sobre invasión de tierras que generó presión en la institucionalidad y entre los terratenientes, quienes tenían la concentración de grandes extensio-

nes de tierra.

• En 1996, en la región se dieron procesos de compra de tierras por parte del INCORA para ser adjudicadas a los campesinos de la región; en el municipio de San Juan Nepomuceno

algunas de estas acciones se adelantaron con el apoyo de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y la Asociación de Campesinos Independientes de los

Montes de María (ACIMM).

• En el año 1996 se presenta un proceso policivo de lanzamiento de las 45 familias que se encuentran en el predio, adelantado en la Jurisdicción de San Juan Nepomuceno.

• Entre 1996 a 2003 tiene lugar la demanda de los 28 adjudicatarios a los campesinos que se encuentran en el predio por invasión de tierras y hay sentencia absolutoria.

• En 1998 se dan procesos de conciliación entre los 28 adjudicatarios y los campesinos que se encuentran en el predio, con representantes del INCORA, la Alcaldía de San Juan

Nepomuceno y apoderados de los dos grupos de campesinos.

• Declaración para la inclusión de los 28 adjudicatarios en el registro de población desplazada en los municipios de San Juan Nepomuceno en Bolívar, y en Soledad, departamento

del Atlántico, donde los argumentos de la resolución de inclusión se basan en hechos contrarios a los narrados en el proceso de restitución, que van desde actores responsables,

fechas, motivos del deslazamiento y orígenes distintos.

• En los años 2011-2012 los campesinos que se encuentran en el predio denuncian por calumnia e injuria a los 28 adjudicatarios ante la Fiscalía.

• Desde 1996 hasta 2013, por parte de los 28 adjudicatarios, se presentaron diferentes solicitudes y derechos de petición a instituciones del nivel local y nacional como la Policía,

el Ejército, las procuradurías, las personerías (San Juan Nepomuceno, El Guamo, Carmen de Bolívar), la Alcaldía (San Juan Nepomuceno), la Defensoría del Pueblo, el Senado de la

República, la Cámara de Representantes, la Corte Constitucional, organizaciones de cooperación internacional como Naciones Unidas (PNUD, UNFA, UNICEF, ACNUR), la Organización

de Estados Americanos (MAPP), USAID, y ONG locales, nacionales e internaciones .

• En julio de 2005, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, se realizó la desmovilización de 594 paramilitares pertenecientes al Bloque Montes de María de las Autodefensas Uni-

das de Colombia (AUC), en el municipio de María la Baja, en el departamento de Bolívar.

• En 2007 se realizó la Operación Alcatraz, campaña militar llevada a cabo en varias fases -de marzo a octubre- por las Fuerzas Militares de Colombia contra guerrilleros de

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en los departamentos de Bolívar y Sucre.

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• En 2007, como resultado de la Operación Aromo, parte de la Operación Alcatraz, el 25 de octubre muere Gustavo Rueda Díaz alias Martín Caballero, jefe del Frente 37 de las FARC,

en la zona conocida como Aromeras Sur, a 8 kilómetros de la zona urbana del municipio de Carmen de Bolívar, en la zona selvática de los Montes de María (Peña, 2007).

• Desde 2012, por parte de los 28 adjudicatarios, se solicita ante la Procuraduría de Bolívar investigar disciplinariamente a algunos funcionarios (juez-juzgado promiscuo munici-

pal de San Juan Nepomuceno y funcionarios de la Procuraduría).

• En 2011, la Superintendencia de Notariado y Registro entregó un informe sobre el despojo de 37 mil hectáreas de tierra en los Montes de María, en el cual se evidencian algunas

irregularidades especialmente con argucias jurídicas y complicidades de funcionarios públicos, entre los que se encuentran instituciones del municipios de San Juan Nepomuceno.

• Desde 2011, por parte de los 28 adjudicatarios, se presentan oficios y derechos de petición con solicitudes a la UEGRTD para el ingreso al registro, la ampliación de información y

los avances en el proceso.

• Desde 2011, por parte de los 28 adjudicatarios, se presentan oficios acusatorios a los entes de control que informan sobre la supuesta negligencia de la UEGRTD respecto a las

solicitudes y en las acciones adelantadas en el proceso.

• Desde el año 2012, por parte de los 28 adjudicatarios, se adelantan comunicados y llamadas a la UEGRTD, señalando el nombramiento de los funcionarios a cargo del caso, por

razones políticas.

• Aprobación del esquema de protección a los 28 adjudicatarios por parte de la Unidad Nacional de Protección desde el año 2012.

Ubicación del municipio de San Juan Nepomuceno en el departamento de Bolívar y ubicación del corregimiento de San Pedro Consolado en el municipio de San Juan Nepomuceno

Fuente: Alcaldía San Juan Nepomuceno-Bolívar (2013). Ubicación (mapa y explicación) Este predio está ubicado en la región del Tigre, corregimiento de San Pedro Consolado, municipio de San Juan Nepomuceno, parte de los Montes de María en el departa-mento de Bolívar.

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Aspectos situacionales

El municipio de San Juan Nepomuceno se encuentra ubicado en la subregión troncal

del río Magdalena de los Montes de María; esta subregión ha sido epicentro de masacres

cometidas por los grupos paramilitares, y representa un punto de dominio clave para el

control de la región.

El corregimiento de San Pedro Consolado, perteneciente a San Juan Nepomuceno,

está ubicado en la zona centro entre San Juan y El Guamo, en el departamento de Bo-

lívar. Es un municipio rico en cultivos como yuca, ñame, batata, y especialmente, el

maíz. San Pedro fue fundado por las familias Yepes, Buelvas y Mendoza, quienes llega-

ron a estas tierras en el año 1975, aproximadamente, y cultivaron maíz, yuca, tabaco y

ñame. A partir del barrio llamado Bajo de Allí, comenzaron a surgir y crecer otros barrios

Barrio Arriba, Barrio Abajo, El Quemado, El Callejón, Chamba Cu, Mochila, El Pleito, El Por-

tal de los Dulces, entre otros (Alcaldía San Juan Nepomuceno-Bolívar, s. f.).

Durante la arremetida paramilitar a los Montes de María, el corregimiento sufrió res-

tricciones en la movilidad, zozobra por el paso constante de la guerrilla (frentes 35 y 37

de las FARC), tránsito de paramilitares hacia el municipio de El Guamo, control del paso

de alimentos y presencia de actores armados que ejercían vigilancia en la zona.

En lo político

• Antecedentes de corrupción en las instituciones (Ej: INCODER, ORIP, Al-

caldía, jueces) reflejados en procesos y actuaciones que generan conflictos

entre campesinos.

• Conflictos entre campesino producto de actuaciones irregulares en los

procesos de titulación y adjudicación de tierras.

• Funcionarios públicos que están involucrados en despojos de tierras en la

región.

• Actuaciones clientelistas.

En lo social

• Veeduría en la política pública.

• Formación ciudadana.

• Se están llevando a cabo proyectos de gobernabilidad.

• Presencia de ONG-cooperación internacional.

• Amenazas a líderes sociales por la participación en espacios de toma de decisión y denuncia

pública.

• Los miembros del corregimiento tienen estrechos vínculos de parentesco.

• División tejido social-estigmatización por el proceso de adjudicación del predio Guamito.

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• Cooptación de funcionarios.

• La institucionalidad local da respuesta a las solicitudes de la Unidad de

Restitución de Tierras.

• La Personería adelanta acciones de información sobre el proceso a los

campesinos que llegan a la oficina; sin embargo, por temor y en dadas las

amenazas a los personeros en la región no se realizan más acciones de acom-

pañamiento.

• Se adelantan acciones para la gestión y la restitución de tierras despoja-

das en el municipio-zona microfocalizada por el caso Guamito.

• El presidente de la República tiene un compromiso político con la restitu-

ción de tierras y la reparación integral en la región.

• Los procesos de elección popular son manipulados, la comunidad afirma

que los paramilitares ubicaban las urnas, imponían los candidatos y recogían

los votos, especialmente entre los años 1998 y 2005.

En lo económico

• Presencia de empresas ganaderas.

• Cambios en la vocación y el uso del suelo.

• Cambios en la economía local.

• Pérdida de cultivos de pan coger.

• Presión por venta de tierras.

• Un gran porcentaje de las familias que habitan en el corregimiento depen-

den del trabajo en el predio Guamito, que es el eje central de su economía.

• Hay solicitudes en curso en el Ministerio de Ambiente para el análisis

sobre para la explotación minera.

• Deterioro en algunas prácticas sociales y culturales (eventos deportivos, fiestas patronales,

intercambios de productos, realización de actos conmemorativos, reuniones familiares, etc.) por

la rivalidad entre las familias.

En las dinámicas de conflicto

• Violaciones a los derechos humanos. • Desplazamiento. • Confinamiento.• Reconfiguración de grupos paramilitares, presencia de Urabeños.• Zona de influencia del Bloque Héroes de los Montes de María con acciones directas del jefe alias Jorge 40 y el paramilitar de mando medio alias el Chino.• Zona de influencia del Frente 37 de las FARC (cuyo jefe hasta el 2007 fue alias Martín Caballero).• El corregimiento de san Pedro Consolado es un paso estratégico al municipio de El Guamo, considerado como uno de los municipios donde se concentraron las acciones del grupo liderado por alias el Chino, mando medio del Bloque Héroes de los Montes de María. El corregimiento de San Pedro Consolado se encontraba en confinamiento por los paramilitares en colaboración con la fuerza pública.

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ETAPAS

En la descripción de las etapas encontramos las actuaciones organizadas en dos partes; la primera contiene información mes a mes hasta realizar un balance de las jornadas comu-

nitarias y la segunda contiene la información que se recogió paralelamente al trabajo con la comunidad, esta se organizó en un recuadro donde están todas las actuaciones ante las

instituciones.

Registro/fecha Descripción Lecciones aprendidas-buenas prácticas

Marzo de 2012 –

diciembre de 2012

Los 28 adjudicatarios del predio Guamito, en el corregimiento

de San Pedro Consolado, en el municipio de San Juan Nepomu-

ceno, presentan un derecho de petición a la Unidad en Bogotá,

con fecha del 23 de marzo del 2012, mediante este documento

se ponen en conocimiento los hechos y las circunstancias del

predio, entre otras cosas, con el fin de solicitar el proceso de

restitución de sus tierras. Se traslada el caso desde el nivel na-

cional a la UT Bolívar-oficina Cartagena. La solicitud de registro

se adelanta con la información suministrada por el derecho de

petición, el cual contiene los hechos (modo, tiempo y lugar), los

datos de los solicitantes y sus núcleos familiares, la ubicación

exacta del predio y los anexos como documentos de identifica-

ción autenticados, certificados de inscripción en el RUV, escri-

turas del predio, es decir, información amplia y suficiente para

adelantar la solicitud.7

El director y los funcionarios de la Unidad de Restitución de

Tierras realizan una breve visita exploratoria al predio, y empieza

un proceso de acercamiento a la región con procesos de capaci-

tación en los temas de restitución y reparación.


La UT, con la información inicial, hace una hipótesis del caso, donde se pien-

sa que este es de fácil solución y una victoria anticipada.

La hipótesis inicial tiene elementos que permiten pensar que el caso es sen-

cillo; sin embargo, al ampliar el espectro de acción, se enriquece la hipótesis y

se encuentra que lo que parecía sencillo no lo es en realidad.

Se deben problematizar los escenarios de intervención y tener una mirada

sistemática. En el presente caso, la apuesta inicial de la UAEGRTD puede orien-

tar las acciones por una ruta que se puede mostrar más sencilla de lo que ver-

daderamente resulta en el desarrollo del proceso; no se deben realizar juicios

acelerados sobre los posibles resultados del proceso sin tener la mirada del

contexto que suministre información sobre los aspectos que rodean el caso.

El acercamiento con la Alcaldía debe ser más contundente, ya que en ella re-

posan los elementos importantes de la memoria institucional y de las acciones

y hechos ocurridos en su territorio.

La etapa de análisis previo es el escenario favorable para indagar desde

diferentes miradas (instituciones, comunitarias, etc.) sobre los elementos del

contexto y los antecedentes del caso.

Es importante complementar el acercamiento institucional con la formación

y la capacitación sobre el proceso de restitución tanto a los solicitantes como a

los funcionarios y funcionaras de la institucionalidad local, siendo cuidadosos

con las expectativas y aclarando la gradualidad y la progresividad de las accio-

nes de la Unidad.

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Enero de 2013-marzo de

2013

Enero 31. El equipo de la Unidad inicia las acciones preliminares;

se lleva a cabo la construcción de la línea de tiempo para poder

establecer los hechos emblemáticos y conocer los anteceden-

tes históricos del caso. Se identifican como otros actores, los 45

campesinos que se encuentran en el predio. El equipo social y

la abogada del caso mantienen una postura fuerte sobre la ne-

cesidad de vincular a los dos grupos en el proceso y de ahondar

más sobre los hechos, y son conscientes de que esto complejiza

el caso. Defienden la necesidad de indagar más para no cometer

injusticias y causar más daños a los solicitantes. Las funciona-

rias Afirman que “la única manera de que el proceso sea trans-

parente es vincular a todos los actores, escucharlos y generar

espacios para que la verdad sea puesta en conocimiento a la

institución”, “la verdad está en la gente, por ello ningún esfuerzo

que se haga para dialogar con ellos es en vano”.


1. Es necesario triangular la información en busca de los detalles del contex-

to y ampliar los hechos con todos los involucrados.

2. Es importante realizar una pausa y valorar los aprendizajes de cada ac-

tuación, esto permitirá continuar con seguridad en la ruta trazada para el

desarrollo de las acciones o reformular las estrategias pensadas.

Buenas prácticas

1. Es acertado socializar las acciones institucionales, el marco normativo, y

los alcances del proceso, considerando que existen algunas confusiones

frente a la institucionalidad encargada de los procesos para la reparación

integral en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta

acción es importante realizarla desde el proceso de acercamiento a la

comunidad para evitar generar falsas expectativas con la llegada de la

restitución.

2. Pensar en herramientas brindadas desde enfoques que permitan minimi-

zar los impactos negativos en la intervención. Solicitar seguimiento, por

parte del equipo ASD, para el desarrollo de este caso. Valorar el impacto de

las jornadas comunitarias.

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Abril de 2013 Abril 18 y 19. Previamente, se trabajó la metodología de la

siguiente jornada comunitaria, desde el enfoque ASD. Se realizó

una jornada para construir la línea de tiempo con los delegados

de las aproximadamente 45 familias que se encuentran en el

predio; ampliaron la información, los detalles de las narraciones

dejan interrogantes sobre las versiones de los dos grupos ya

que divergen entre sí. También se manifestó que la expectativa

por la restitución de tierras ha avivado conflictos entre las par-

tes.

Abril 5. Resolución de la microfocalización.


1. Para lograr los resultados fue importante trabajar con las dos partes del

proceso en jornadas distintas.

2. Cuando existen dos o más partes en el proceso, es importante pensar en

los escenarios de trabajo con igualdad de garantías (tiempo, alimentación,

convocatoria, planeación, etc.).

3. Es importante trabajar la metodología previamente, organizar una agenda

de trabajo, adecuar la metodología a las necesidades de información y al

contexto e identificar los productos de la jornada.

4. Cuando la Unidad llega por primera vez a un escenario para la restitución,

es importante pensar un espacio en la agenda para resolver las dudas

generales y específicas del proceso.

5. Siempre se debe garantizar en la jornada un espacio para resolver inquie-

tudes, el alcance de la jornada, el uso de la información, los pasos siguien-

tes, las próximas acciones de la Unidad, etc.

6. Desde la resolución de la microfocalización, se inicia el conteo de los

términos del proceso; son importantes las acciones adelantadas previa-

mente ya que optimizarán los tiempos, lo que permite recabar sobre más

aspectos que motiven la inscripción o no en el registro.

Buenas prácticas

1. Es acertado socializar las acciones institucionales, el marco normativo,

los alcances del proceso, considerando que existen algunas confusio-

nes frente a la institucionalidad encargada de los procesos para la repa-

ración integral en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Esta acción es importante realizarla desde el proceso de acercamiento a

la comunidad para evitar generar falsas expectativas con la llegada del

proceso.

2. Pensar en herramientas brindadas desde enfoques que permitan mini-

mizar los impactos negativos en la intervención. Solicitar seguimiento

por parte del equipo ASD para el desarrollo de este caso. Valorar el im-

pacto en las partes de las jornadas comunitarias.

- 58 -


Abril de 2013 3. En este caso, el equipo adelantó acciones importantes antes de la re-

solución de la microfocalización. Es importante que la UT pueda recoger

información previa a la microfocalización, acercarse a la institucionali-

dad, esto permite planear, visualizar, prever algunas dificultades, y anti-

ciparse, con respuestas pertinentes, a algunos riesgos e impactos.

Mayo de 2013 Mayo 9. Jornada de trabajo de cartografía con los 28 adjudica-

tarios, quienes no se ubicaron en el predio ante la imposibilidad

de localizar sus predios en el mapa; cuatro campesinos manifes-

taron a las funcionarias de la Unidad que nunca habían estado

en el predio, esta afirmación desmiente la versión de que los

28 campesinos fueron desplazados de Guamito y reafirma que

algunos campesinos están influyendo en otros para cuadrar las

versiones entregadas.

Al contar con suficientes elementos, el equipo responsable

del caso ve la posibilidad de confrontar con los actores las dos

versiones con el fin de esclarecerlas, pero esta confrontación

no se realiza porque un escenario de trabajo conjunto puede

generar mayores conflictos entre las partes. Las relaciones se

volvieron tensas con la vinculación de todos los interesados

en el proceso, así que el equipo decide no hacer más jornadas

en el corregimiento de San Pedro Consolado. Se solicita apoyo

logístico a la Alcaldía de San Juan Nepomuceno, que ofrece sus

instalaciones para adelantar las jornadas.

Mayo 16 y 17. La UT organiza una jornada de solicitudes de

registro de restitución de tierras para los campesinos que se en-

cuentran en el predio. Esta jornada se realizó con la colaboración

de la Alcaldía, que facilitó la logística (salón y transporte). En

total, se registraron 29 solicitudes, de las cuales, 5 se realizaron

en la oficina del Carmen de Bolívar y 24 en la jornada de registro

realizada en la Alcaldía.


Es clave el trabajo con el equipo catastral, especialmente en la jornada de le-

vantamiento topográfico, ya que este ejercicio permite identificar las versiones

suministradas y la reacción de los solicitantes cuando se encuentran en el

predio. Evidencia también el esfuerzo del equipo en el desarrollo de las jorna-

das, ya que es el momento en que las víctimas o los solicitantes se encuentran

con el territorio.

Cuando sea necesario, se deben agotar diferentes escenarios para la recolec-

ción de información, en espacios colectivos e individuales, ya que en cada uno

la información suministrada puede cambiar o ampliarse.

Algunas personas tienen facilidad de expresarse en espacios de trabajo

colectivo, pero otros prefieren el diálogo individual.

Buenas prácticas

Agotar diferentes instancias y espacios para ampliar la información y para re-

solver dudas frente a las hipótesis del caso.

Hacer un balance en equipo de la información recogida en campo y de otras

fuentes.

Sistematizar las discusiones, y a partir del balance del equipo, se pueden ob-

servar los cambios y los nuevos hallazgos, así como las posturas en el abordaje

del caso de los funcionarios y las funcionarias responsables.

- 59 -


Mayo de 2013 Mayo 27 y 31. El equipo catastral realizó una jornada de levan-

tamiento topográfico con los 28 adjudicatarios, los cuales pu-

sieron resistencia para participar por supuestas amenazas, esta

situación fue descartada por la Unidad ya que no se identificaron

riesgos para adelantar la jornada, que se realizó con algunos par-

ticipantes, quienes, pese a manifestar haber vivido en el predio,

no tuvieron conocimiento de los linderos y no lograron identifi-

car los predios. Se garantizó la seguridad con la fuerza pública y

se adelantó la jornada en la que solo se realizó el levantamiento

topográfico de 7 predios.

Mayo 30 y 31 del 2013. Esta jornada fue clave ya que efecti-

vamente se ratificaron los puntos de contradicción, y se puso en

evidencia que los solicitantes han organizado una versión para

encajar en los requisitos del artículo 3, de la Ley 1448 de 2011,

y que cuentan con asesoría jurídica de terceros que insisten en

no ser nombrados o en no revelar sus nombres. Se evidenció:

• La responsabilidad de la institucionalidad estatal por las

adjudicaciones irregulares y por la ausencia de respuestas ante

esta situación.

• La situación de vulnerabilidad de algunos solicitantes, quie-

nes, pese a contradecirse en el proceso, han sido víctimas de la

violencia generalizada en la región y, además, han visto obsta-

culizado el acceso a nuevas adjudicaciones por parte del INCORA

o el INCODER, así como la exclusión y la sanción social por parte

de la comunidad.

• La presión que ejercen cinco líderes sobre todo el grupo.

- 60 -


Mayo de 2013 Balance de las jornadas comunitarias

Con la información recogida en las jornadas de campo, más

los análisis realizados por la abogada en la revisión de fuentes

secundarias, se han tenido jornadas de discusión del caso, en

las cuales han participado las áreas Jurídica y Social. Hasta este

momento, la Unidad sabe que:

• El problema con la adjudicación debe ser resuelto con el fin

de garantizar los derechos tanto a los campesinos del predio

como a los adjudicatarios, quienes, pese a tener el título, no han

podido gozar del predio ni acceder a otro proceso de adjudica-

ción, al mismo tiempo buscar que cese el estado de vulnerabi-

lidad y la posible manipulación a la que se ven expuestos por

esta situación.

• La Unidad como representante del Estado está en el deber

de contribuir a la solución del conflicto, con el fin de que se acla-

re la situación jurídicamente y se restablezca el tejido social que

se ha visto afectado por esta situación durante más de veinte

años.

• La decisión de admitirlos o no en el registro está condiciona-

da por los hallazgos de la Unidad, pero también por la oportuni-

dad de resolver estratégicamente y de fondo la situación.

• Por las irregularidades de la adjudicación, también el Estado

tiene responsabilidad, por tanto, es también un proceso al que

se vincula a la institucionalidad.

- 61 -


Recolección de informa-

ción institucional

Abril-septiembre de 2013

La Unidad decide indagar por otros medios y recabar sobre

actuaciones en otras instituciones con el fin de esclarecer ele-

mentos del contexto que faciliten la toma de decisión frente al

registro o no de los solicitantes.

La solicitud de pruebas se hace desde que se da inicio al

proceso; se compulsan copias de todas las instituciones respon-

sables del proceso de adjudicación, los actores, las actuaciones

institucionales, el contexto de la época, etc., este trabajo exigió

para el equipo de la Unidad, especialmente para la abogada del

caso, estar muy pendiente de los detalles, investigar y analizar

los elementos que se iban recogiendo en las jornadas comuni-

tarias con el fin de obtener información de fuentes oficiales que

pudieran sustentar las versiones de los solicitantes y para que la

Unidad pudiera organizar el caso a partir de información veraz.


En la búsqueda de la información, son hallazgos importantes tanto la informa-

ción que fue encontrada como la que no está, ya que a partir de ahí es posible

construir indicios.

Es acertado solicitar constancia de aquella información que no es reportada

porque esto permite indicar no solo el esfuerzo en la investigación, sino que se

agotó la instancia de revisión. Además que la institución responsable no tiene

registro de cuenta o de omisiones en sus procedimientos o de zonas grises en

sus actuaciones.

Es importante contar con un listado de fuentes para la solicitud de la informa-

ción, la cual se complementa con aquellas fuentes que surgiere el trabajo en

campo.

Buenas prácticas

Mantener buenas relaciones con las instituciones y los funcionarios per-

mitirá que las respuestas sean diligentes e, incluso, que se pueda explorar la

memoria histórica de las instituciones.

Hay funcionarios clave en las instituciones, que en algunas ocasiones acom-

pañan los procesos, los cuales pueden narrar cómo se desarrolló la actuación,

quién conoce el caso, dónde reposa más información, etc.

Ser observador e inquieto, hacerse muchos interrogantes en la búsqueda de

información.

Ser metódico con los hallazgos y la información encontrada, esto permite

que otros funcionarios puedan consultar las fuentes.

La información encontrada es de constante consulta, por tanto, es importan-

te tener anotaciones y guías para ubicarse.

Es importante tener un consecutivo de las respuestas a las instituciones y

los solicitantes ya que esto permite ver cuáles se han reiterado y cuál ha sido el

reporte enviado a cada una de ellas; esto también muestra la diligencia frente a

las solicitudes.

- 62 -


Julio de 2013 Julio 29 del 2013-solicitud de vigilancia especial en etapa ad-

ministrativa. La abogada que lidera el caso realiza solicitud de

vigilancia especial del caso ante la Procuraduría en el municipio

de Cartagena. Esta solicitud fue rechazada por considerar que no

es pertinente el acompañamiento; la abogada realiza la solicitud

al nivel nacional y este la viabiliza por considerar el caso de

manejo especial, y se designa un funcionario responsable para

dicho seguimiento.

Lección aprendida

En algunas ocasiones, las solicitudes deberán agotar las instancias superiores

para ser viabilizadas.

Buenas prácticas

Contar con la vigilancia especial de la Procuraduría en la etapa administrativa

para evitar acusaciones disciplinarias y blindar el proceso. Esto disminuye los

riesgos para los funcionarios y para la Unidad.

Agosto de 2013 Agosto de 2013. La abogada que lidera el caso realiza las

comunicaciones en el predio, esta diligencia no fue traumática

para los notificados por todas las acciones que se realizaron

previamente con los campesinos, por tanto, no se reportó nin-

gún impedimento para su realización; por el contrario, la gente

del predio facilitó la información y acompañó la jornada de co-

municación.

Buenas prácticas

Que la responsable del caso esté presente en las comunicaciones, ya que ahí

surgen observaciones e interrogantes por parte de la gente sobre el proceso o

el documento que se entrega. Este espacio es clave para recoger percepciones.

Esto también minimiza los impactos que, en algunos casos, ocasiona la comu-

nicación al inicio del proceso.

- 63 -


Septiembre de 2013 Septiembre de 2013. Se solicita ampliación del plazo para deter-

minar el registro por solicitud de nuevas pruebas.

La Unidad aún no define su postura en el caso, esto ha difi-

cultado el avance en las acciones y la respuesta del registro.

Desde septiembre de 2013. La elaboración de contexto para

la demanda es importante porque en él se presentan elementos

clave para la argumentación de la demanda y la orientación del

caso en la etapa judicial. Este ejercicio se dificultó ya que no se

ha definido la postura de la Unidad, por tanto, los elementos del

contexto aún no se han organizado.

El equipo social ha pedido asesoría al nivel nacional en la

construcción del contexto sin contar con una respuesta, ya que

en el nivel nacional tienen priorizadas otras zonas para el trabajo

del área de contexto.

Continúan llegando directamente o remitidos por otras institu-

ciones los derechos de petición presentados por los 28 adjudica-

tarios donde se argumenta que no tienen información sobre las

actuaciones del proceso y que este no les da garantías porque se

han vinculado al proceso los campesinos presentes en el predio.

Octubre 2013 El proceso para el equipo, y en especial para la abogada del

caso, ha sido extenuante, ha exigido un esfuerzo interpretativo

constante; además de la búsqueda de información y la entrega

diaria en el trascurso de un año para dar respuesta a los dere-

chos de petición remitidos por las instituciones y directamente

por los adjudicatarios.

La dirección de la territorial también ha considerado necesario

valorar el riesgo de las posibles decisiones, afirman que no sa-

ben quiénes pueden estar manipulando la postura de los solici-

tantes, y que esclarecer un conflicto que viene desde muchos

años atrás, con presencia débil de la institución, pone en riesgo

las acciones de la Unidad.

Buenas prácticas

Valorar los riesgos y los impactos8 desde el equipo y la dirección de la territorial

permite esbozar opciones frente al caso, dimensionar los retos en el proceso

judicial y prever algunas reacciones a futuro.

- 64 -


Octubre 2013 Sumado a esto, se sabe que la decisión afectará no solo a los

solicitantes, sino también a todo el corregimiento; sentará un

precedente importante en la región y activará alertas de actua-

ciones irregulares de las instituciones.

Para la Unidad, la forma como se va a asumir el caso tiene

puntos de encuentro como:

• Institucionalidad estatal que conoce el caso y debe advertir

sobre la necesidad de resolverlo, ya sea como un proceso de

su competencia o llamando al competente a seguir el curso del

proceso, garantizando la vigilancia y el control de las acciones

hacia una respuesta de fondo.

• El proceso debe respaldar jurídicamente a la parte en la que

el proceso mostró vulnerabilidad manifiesta y haya aportado

claridad en las pruebas.

• La decisión que defina el registro o no de los solicitantes en

sede administrativa tiene fundamentos para registrar a los dos

solicitantes, bajo el supuesto que se debe resolver la situación

en un proceso que brinde garantías jurídicas como el proceso

judicial.

• Este caso tiene vacíos jurídicos en la ley, la cual no regula el

curso de las estrategias que deben tomarse en casos difíciles.

• La decisión es política y jurídica.


El equipo debe comunicar el curso de casos difíciles al nivel nacional, ya que

toda la institucionalidad debe respaldar las actuaciones en los casos donde

existe riesgo para la Unidad y sus funcionarios.

Las decisiones en estos casos deben tomarse en un escenario donde se

pueda hacer una valoración conjunta, y donde se expongan todos los hallaz-

gos, los retos y los riesgos, que permitan fundamentar una decisión pensando

prospectivamente en las consecuencias.

Conclusiones (camino a buenas prácticas)

• Este caso ha enseñado a la Unidad que no todo es como parece, que lo sencillo puede ser más complejo de lo que inicialmente se ve.

• El caso enseña que la Unidad no debe buscar pruebas que respalden la verdad de los solicitantes, sino la verdad del caso.

• La manera como se abordó el caso dejó lecciones y buenas prácticas en la manera de asumirlo, con el rigor de observar los detalles, la investigación y la argumentación jurídica.

Sin embargo, este proceso desgastó al equipo, el cual constantemente es presionado para el cumplimiento de metas.

• El equipo reflexionó frente a cada paso en la etapa de registro, pero esto toma tiempo y se necesitan espacios de discusión que no pueden seguir siendo observados como

“pérdida de tiempo”.

• Los resultados de este proceso no se traducen en metas cumplidas, como se vienen manejando, sino en hallazgos importantes para el quehacer institucional y para la repara-

ción de las víctimas.

- 65 -


• Los hallazgos en el seguimiento del caso dejan claro que el proceso de restitución tiene como detonante el número de casos registrados, lo que impide hacer un proceso a con-

ciencia.

• Calidad contra cantidad no puede ser la orientación de la restitución, ya que la dinámica de los conflictos por la tierra y el territorio en la región exige de esfuerzos investigativos

que toman tiempo y tienen un rigor técnico.

• Abordar reflexivamente el trabajo en la Unidad, merece la valoración de la dirección y el equipo, por sus hallazgos y compromisos con la institución y la reparación de las vícti-

mas.

• El equipo en condiciones normales no cuenta con las herramientas y el tiempo necesarios, y esto no permite entregar resultados numéricos.

• ¿Cómo se estimará el esfuerzo de los funcionarios en el caso de quienes no han cumplido metas valoradas en número de registro, sino en el rigor de la investigación y del traba-

jo comunitario?

• La restitución de tierras siempre tiene el potencial de exacerbar conflictos, por tanto, la valoración del riesgo y el impacto es imperativo en cada paso del proceso.

• Deben contemplarse acciones tendientes a resolver de fondo el conflicto (si el caso se enmarca en el art. 3 de la Ley 1448 del 2011 por el proceso determinado; si no se enmar-

ca, será necesario asesorar el acceso a otra ruta externa a la Ley 1448 donde se involucre a las instituciones responsables).

• Este caso ha enseñado al equipo de la Unidad la complejidad de la restitución en un contexto como el de Bolívar, sus matices y la diversidad de casos, que van desde los más

sencillos hasta los más complejos, lo que anima el rigor con el cual se deben abordar.

• En el proceso de restitución se está ante un universo de casos, que tienen retos y enseñanzas para la institucionalidad en su conjunto.

• Con cada caso, la memoria institucional se enriquece, ya sea por los logros, los aprendizajes o por las acciones no tan favorables, que evidencian fortalezas y debilidades en la

institución.

• Observar los aciertos y los desaciertos contribuye a mejorar los procesos internos, a minimizar los impactos negativos en las víctimas y el contexto, y a reivindicar el rol del

Estado así como a potenciar las respuestas acertadas de la institucionalidad.

• El proceso de restitución de tierras es un paso muy importante en la reparación integral, pero no el único, en sus acciones se indican nuevas rutas para la reparación integral a

las víctimas, se dan luces sobre los mecanismos necesarios para la reconstrucción del tejido social y la reconfiguración de los territorios y la construcción de paz.

Notas al pie

1. Entre las que se encuentran miles de asesinatos, extorsiones, tortura, tratos crueles e inhumanos, desplazamientos, masacres, homicidios selectivos, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.

2. Inicialmente, desde el reconocimiento de los derechos de la población desplazada y, en la actualidad, para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.3. Línea de tiempo del Corregimiento de Las Palmas, Unidad de Restitución de Tierras Bolívar, oficina Cartagena.4. Ampliación del hecho, señora Ana Matilde Herrera de Caro.5. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en

la República de Colombia.

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6. Se debe resaltar que los campesinos que han ingresado después de 1996 con autorización de los 45 campesinos, a manera de “sobrecupo” han manifestado que no están interesados en ningún trámite de restitución, ya que afirman que “ellos no tienen derecho sobre esas tierras y saben que están en el predio para obtener de ahí sus sustento diario, como un gesto de ayuda” (INCLUIR REFE-RENCIA) y, por el contrario, apoyan que se adelante un proceso de restitución que aclare la condición jurídica de las 45 personas/familias.

7. Requisitos establecidos en el Decreto 4829 de 2011, capítulo III de la solicitud de restitución y del análisis previo de las reclamaciones, artículo 8°. Información de la solicitud de registro. La solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente contendrá como mínimo la siguiente información: 1. La identificación precisa del predio, las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas, la relación jurídica de estas con el predio. En caso de que el declarante no disponga de los números de identificación catastral, deberán ser explícitos los motivos por los cuales no es posible aportar esta información. 2. Identificación de la persona que solicita el registro, incluyendo copia de la cédula y su huella dactilar. En caso de que la víctima declare no tener cédula de ciudadanía, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas procederá a remitirla a los Centros Regionales de Atención y Reparación para que allí se adelante el trámite respectivo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su competencia. 3. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia del despojo o abandono.

8. Entendiendo el riesgo como las acciones desde el contexto a la Unidad y el impacto de las acciones desde la Unidad al contexto.

CONTEXTO DEPARTAMENTO DEL META

La dinámica del conflicto armado en el contexto local

L a región del Meta ha sido históricamente una de las regio-nes más violentas del país; su geografía y riqueza natural

han convertido a esta región en un foco para los diferentes ac-tores armados que han confluido en esta desde 1980 hasta la actualidad.

Es el cuarto departamento más grande del país ocu-pando el 7,49 % del territorio nacional, como depar-tamento de la región de la Orinoquía, hace parte de ese territorio del país que se integra tardíamente a los procesos sociales y económicos del desarrollo […] la población está compuesta principalmente por mesti-zos; no obstante, se cuenta con 20 resguardos indíge-nas de las etnias Sikuani, Piapoco, Achagua, Saliba, Guayabero, Guananos, Páez, Emberakatio, Witoto, Ingas, Tucanos, Curipacos, Cubeos y Sirianos, con 13 760 habitantes, lo que significa el 3,19 % de la pobla-ción departamental. La población negra es de 40 039 habitantes, es decir 4,6 % con respecto a la población total. (Separata Meta: Programas de gobierno y planes de desarrollo: retos y propuestas para la construcción de paz y el desarrollo humano, 2011, pp. 8-9)

Durante largos años, en cada una de las subzonas que con-forman el Departamento, la confrontación armada ha tomado sus propias características, ha configurado distintos escenarios e

impactado de forma diferenciada a la población civil. En su con-junto, los municipios del Alto y Bajo Ariari han sido los princi-pales expulsores de población desplazada del departamento del Meta desde el año 2000 hasta el año 2010, lo que es un indicio de la dinámica reciente del conflicto armado. Sin embargo, para esta misma década, no se cuenta con datos de las violaciones anuales al derecho internacional humanitario (DIH) y los dere-chos humanos (DDHH) para cada uno de los municipios de la subregión; por ello, únicamente se pueden señalar unas tenden-cias globales, debido a que no han operado sistemas de registro permanente1 y a que existe un subregistro de las víctimas de violaciones por las amenazas proferidas por los actores armados a quienes denuncian.

Históricamente, esta zona ha sido catalogada como de do-minio de la guerrilla. En ella se establecieron los campamentos madre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP. En 1998, fecha en que inician los primeros diálo-gos de paz con este grupo, en el departamento del Meta se en-contraban ocho frentes de las FARC, y uno más en el norte del Guaviare con proyección al sur del Meta. Esta “presencia histórica” de la insurgencia, más el interés por los recursos y la posición estratégica de la subregión del Ariari como corredor entre la zona andina, la Orinoquía y la Amazonia, desencadenó conocidas incursiones paramilitares.

- 68 -


Al respecto, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) (2009) identificó tres momentos de intervención para-militar; en un primer momento, las incursiones paramilitares de la década de los ochenta vinculadas a la figura de Gonzalo Rodríguez Gacha. Hasta 1989 este grupo hizo presencia en los siguientes municipios de la subregión del Ariari: San Martín, Lejanías, Mesetas, El Castillo, La Uribe, Granada y Puerto Gai-tán. La hacienda más importante de Rodríguez Gacha estaba localizada en San Martín, epicentro de formación y comando paramilitar. Con la muerte de Rodríguez Gacha, Víctor Ca-rranza heredó la estructura paramilitar y dio paso al segundo momento del paramilitarismo en el Meta. Desde 1990 las fuer-zas paramilitares se concentraron en la zona oriental del De-partamento, especialmente en Puerto Gaitán y Puerto López, desde allí desplegó su acción hacia el Vichada y el centro y sur del departamento del Meta. Este momento terminó, o mejor se modificó, en 1998 con la declaración de la llamada zona de despeje en municipios del Departamento:

Con el pretexto de acciones contrainsurgentes, estruc-turas militares y paramilitares, entre mediados de los años 80 y el 95 perpetraron cientos de crímenes, al-gunos de los cuales podrían tipificarse como de Lesa Humanidad. De asesinatos selectivos, de los que se presume la responsabilidad del Estado por acción u omisión, se encuentran 32 cometidos en 1986, 142 en 1988, 103 en 1992, y 45 en 1995. Se registraron por lo menos 8 masacres entre 1986 a 1992; y por lo me-nos 137 desapariciones forzadas entre 1988 y 1995. (Cinep, 2009, p. 14)

En el caso del municipio El Castillo, “blanco” del accionar paramilitar en la década de los ochenta, se registraron entre 1985 y 1996 cerca de 124 víctimas (107 asesinatos y 17 desapa-riciones forzadas), lo cual generó múltiples oleadas de desplaza-miento que no fueron registradas. Garzón estableció que

desde mediados de los ochentas, en el departamento del Meta el paramilitarismo tuvo un corte profun-damente sicarial y operó durante esta década aniqui-lando la base social y política de la Unión Patriótica, replegando momentáneamente a la guerrilla en varios municipios como Vistahermosa, Mesetas, El Castillo, Puerto Gaitán y Lejanías. De manera paralela a la in-

versión en el negocio de la coca, se dieron inversiones del narcotráfico en actividades legales y procesos de acumulación de la propiedad en esos municipios, a manos de esmeralderos y narcotraficantes, sobre todo en el eje San Martín-Granada, Puerto López-Puerto Gaitán y en San Carlos de Guaroa. (2005, p. 3)

El tercer momento de la incursión paramilitar inició formal-mente con la terminación de la zona de despeje. Este momento tiene como marco la Operación Conquista, abanderada por el Batallón 21 Vargas del Ejército Nacional, ubicado en Granada, Meta. El Cinep documentó el inicio de este nuevo momento, así:

Entre los meses de enero y abril de 2002, las opera-ciones militares regulares generaron algunos enfrenta-mientos con la guerrilla de las FARC-EP, en particular con el Frente 26 que opera en la región. En el mar-co de las hostilidades, la guerrilla emboscó el 28 de enero de ese año a unidades militares, activando una “casa bomba” que generó la muerte de por lo menos medio centenar de uniformados. Este hecho provocó por parte del Ejército Nacional la persecución a po-bladores de la región, señalándolos de ser parte de las estructuras de la guerrilla. Se presentaron las primeras detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. (Cinep, 2009, p. 12)

Después de concluidos los diálogos, también se formaliza-ron las estructuras paramilitares. Durante el año 2003 operaron en la subregión El Bloque Centauros de la AUC comandado por Miguel Arroyabe, con influencia en los municipios de San Martín, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Puerto Rico, Puer-to Concordia y Mapiripán.

Las autodefensas del Meta y Vichada (AMV), bajo el mando de Guillermo Torres, operaron en los municipios de Puerto Gai-tán, Puerto López y El Castillo, este último fue el primer muni-cipio donde empezó la incursión. El impacto de los hechos fue tal que el Estado colombiano recibió una observación de la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007.

También incursionaron al departamento del Meta las auto-defensas del Casanare, al mando de Héctor Buitrago, alias Mar-tín Llanos. Su accionar siempre estuvo repelido por el Bloque Centauros, con quien tuvieron una “guerra” en el año 2004. Se

- 69 -

CONTEXTO REGIONAL DEPARTAMENTO DEL META

desconoce el saldo de personas muertas durante la confronta-ción, pero se sabe que muchos eran menores de edad reclutados para este combate.

Por su parte, las FARC-EP poseían siete bloques en la zona del Ariari: Bloque 7 en La Macarena, 27 en Vista Hermosa, 40 y 51 en La Uribe, 26 en Lejanías, 44 en Mapiripán y 16 en Mapiripán y Puerto Gaitán.

Puerto Gaitán, Mapiripán y Puerto rico fueron los munici-pios donde los grupos paramilitares influyeron centralmente en las economías locales de la ganadería y la coca, esto causó fuertes

enfrentamientos con la guerrilla, pero también entre los propios paramilitares, como la guerra entre Buitragueños (Autodefensas Unidas del Casanare) y la supuesta alianza Carranceros (AM-V)-Urabeños (AUC- Bloque Centauros).

En coherencia con lo señalado por el Cinep y con la milita-rización e ingreso de nuevos actores, la tasa de homicidios incre-mentó dramáticamente. En coincidencia, los datos del Progra-ma Institucional de Reparación Colectiva (PIRC) indican que la tasa de homicidios para la subregión tiene un pico en 1997 y en el 2002 (figura 1).

Figura 1. Tasa de homicidios 1997-2010

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

El Castillo

Uribe

La Macarena

Lejanías

Mapiripán

Mesetas

Puerto Concordia

Puerto Lleras

Puerto López

Puerto Rico

San Juan de Arama

Vistahermosa

Puerto Gaitán

San Martín1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Programa Institucional de Reparación Colectiva (PIRC)

En 1997 arranca la incursión paramilitar de las Autodefen-sas Unidas de Colombia (AUC), y marcan su entrada con accio-nes como las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira. Desde este año se incrementa la tasa de homicidios. Aunque en el año 1997 las cifras no fueron bajas, crecieron desproporcionadamente en el año 2003, después de terminada la zona de despeje. En el 2003 el municipio de El Castillo alcanzó 700 000 asesinatos por cada 100 000 habitantes. Vista Hermosa, Mapiripán, La Uribe y Puerto Lleras son los siguientes municipios donde el in-cremento fue muy importante. Otros municipios como Puerto Lleras y Lejanías tienen un incremento un poco más tardío que los demás, y su cifra más alta es en el año 2006.La confrontación con la guerrilla de las FARC y los asesinatos de miembros de la

UP fueron el bastión de la primera y la segunda década de ope-ración paramilitar y continúa siéndolo después del 2002.

Los últimos 10 años, el departamento del Meta, ha estado marcado por diversos cambios, ha sido esce-nario de la confrontación armada entre el Estado co-lombiano y por lo menos 10 frentes de las guerrillas de las FARC; al mismo tiempo ha sido un espacio para el accionar de diferentes grupos de paramilitares y de algunas bandas criminales surgidas del proceso de desmovilización de estos últimos. Allí se desplegó un operativo militar de gran envergadura, focalizado inicialmente en la lucha contra el narcotráfico, deno-

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minado Plan Colombia, que luego se amplió contra la insurgencia y tomó el nombre de Plan Patriota; el sur del departamento ha sido escenario de una impor-tante estrategia cívico militar conocida como Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM) y que abarca los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico, La Uribe, San Juan de Arama, Mesetas y La Macarena. (Separata Meta: Programas de gobierno y planes de desarrollo: retos y propuestas para la construcción de paz y el desarrollo humano, 2011, p. 10)

Entre los aspectos aunados a la dinámica del conflicto arma-do se pueden mencionar:• El desplazamiento forzado, que alcanza una cifra de 131

147 personas expulsadas de sus lugares habituales de resi-dencia entre 1997 y marzo del 2011, según el Registro Úni-co de Población de Acción Social. Vista Hermosa, Puerto Rico, Mesetas, San Juan de Arama y La Uribe son los prin-cipales expulsores de población desplazada y evidencian un mayor porcentaje de eventos que atentan contra los derechos humanos y el DIH, todos hacen parte del Plan Nacional de Consolidación Territorial del que se deriva el Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM) y el Centro de Coordinación de la Acción Integral (CCAI) La Macarena, con sede en Vista Hermosa, principal muni-cipio expulsor.

En este contexto, la concentración del desplazamiento en municipios del sur del Meta se explica por la importan-cia de La Macarena y Vista Hermosa como corredores es-tratégicos2 que conectan la región andina con la Orinoquía y la Amazonia, más el control de los cultivos de uso ilícito. En Mapiripán la disputa territorial por el río Guaviare. En otros municipios por la necesidad de expansión del control del territorio, pero también de recursos, por ejemplo Puer-to Gaitán que, como se observó, posee estructuras parami-litares desde la década de los ochenta.

Aunque las cifras sobre expulsión y recepción de la Po-blación en Situación de Desplazamiento han disminuido, la percepción que se tiene es la del aumento de casos de des-plazamiento poco visibles que siguen sucediendo en torno a los que la valoración de las afectaciones se complejiza, y el trabajo en torno a la reconstrucción social y la reparación representan retos enormes.

• La situación de riesgo de líderes y organizaciones tiene una connotación importante, pues se define como una priori-dad para la Gobernación en el plan de desarrollo actual, pero no es posible cualificar la atención y el apoyo para estos casos por la débil respuesta del Ministerio del Interior, que hasta julio de 2012 había recibido unas 1100 solicitu-des para protección de las que solo 536 tenían cobertura.

• En el caso de las comunidades indígenas, la confrontación ha generado que no se permita el desplazamiento, lo que obliga al confinamiento. La mayoría de los resguardos se encuentran en los municipios de Puerto Gaitán, Mapiripán y La Macarena. El pueblo Jiw, cuyos resguardos más exten-sos se encuentran en Mapiripán, es un ejemplo de cómo los pueblos originarios han sufrido la confrontación:

En el resguardo Mocuaré la presencia de grupos ar-mados en la zona, la siembra de minas antipersona, y los constantes enfrentamientos entre el ejército y las FARC han ocasionado que el grupo de 103 personas que permanecen en este resguardo, luego de que las tres cuartas partes de la población fueran obligadas a desplazarse en sucesivos episodios desde el año 2004; estén actualmente confinadas en una porción míni-ma del territorio, con restringidas posibilidades para movilizarse y desarrollar sus actividades básicas, con lo cual se están generando, además del daño cultural una sobre explotación de los recursos que implica ries-gos evidentes para la pervivencia de esta comunidad. (Codhes, p. 75)

• Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, el Meta es el segundo de-partamento con más víctimas, con 917 casos registrados entre 1990 y abril de 2011.

• La desaparición forzada que, según datos suministrados por la nueva Unidad Nacional de Desaparición y Despla-zamiento Forzado de la Fiscalía General de la Nación,3 es-tablecida en diciembre de 2010, reporta más de 17 800 casos de desaparición. Casi la mitad de estos casos están localizados en Antioquia y el Meta. En el consolidado de exhumaciones, el Departamento ocupa el tercer lugar a ni-vel nacional con 402 cuerpos encontrados, de los cuales se han entregado 72 a mayo de 2011; después de Antioquia y

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Vichada, que ocupan el primer y el segundo lugar respec-tivamente.

• El reclutamiento forzado y la utilización de menores en el conflicto, situación sobre la cual no hay cifras precisas: “No existen estadísticas completas que permitan dimensionar esta violación al DIH. Sin embargo, varios hechos permi-ten constatar que es un delito que va en incremento en la región y que evidencia la alta vulnerabilidad que tienen los menores en este escenario de confrontación” (Codhes, p. 40). Esta última afirmación se respalda en la evaluación de riesgo presentada por la Defensoría del Pueblo (Informe 00-10 de junio 4 de 2010). En el año 2011, el periódico regional Llano 7 Días volvió sobre este informe y expuso que el riesgo de reclutamiento continuaba en 26 de los 29 municipios del Departamento.

• El Meta es el tercer departamento en el país con el mayor número de tierras y, a la vez, uno de los departamentos con el mayor número de tierras abandonadas y despojadas por la violencia. El despojo de tierras, que ha afectado hasta abril de 2011, según el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social, a 4938 personas ha impulsa-do medidas de protección de 1 245 253 hectáreas. En este mismo sentido, es importante resaltar que esta cifra hace referencia a los casos en los cuales las víctimas de despojo o abandono forzado han registrado sus predios; sin embargo, existe un número significativo de víctimas que aún no lo han hecho por desconocimiento o temor, así que la cifra anteriormente citada hace referencia al mínimo departa-mental.

Según la anterior Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el 2011 (VerdadAbierta.com, 2011), los municipios de donde han salido más personas desplazadas del Meta son aquellos donde precisamente figura el mayor número de peticiones de protección de tierras,

en Vista Hermosa, donde más de 26 000 personas sa-lieron desplazadas y 692 campesinos pidieron protec-ción de sus fincas. Allí, según datos de Acción Social, hubo un año en particular cuando el desplazamiento forzado creció súbitamente, pues pasó de 1571 despla-zamientos en 2005 a 4779 en 2006. En Puerto Rico, que comparte con Mapiripán, el segundo lugar del departamento donde hubo más campesinos despla-

zados, tuvo 13 000 desplazamientos. Allí hubo 453 solicitudes para proteger la tierra de robos ilegales. En ese municipio también el desplazamiento se disparó entre 2005 y 2006, que pasó de 644 desplazamientos a 3966. En Mapiripán hubo 460 solicitudes de pro-tección de tierras por campesinos para evitar que se las robaran.

En la actualidad (enero de 2014), la Unidad de Res-titución de Tierras (URT) describe la recepción de 2223 solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas cuyos predios se encuentran ubicados en el Meta y sumarían 594 813 ha; las cifras se derivan de los datos de los reclaman-tes y, por tanto, son susceptibles de precisar a medida que avancen los procesos. A nivel nacional, el Meta es el quinto departamento, de mayor a menor, en número de solicitu-des de restitución.

• Elevados e históricos niveles de corrupción y clientelismo. En el año 2011, se denunció el robo de 187 700 ha en San Martín, Meta. A partir de la investigación desarrollada por la Superintendencia de Notariado y Registro y el Incoder se demostró que hubo 296 tipos de irregularidades durante el despojo de estas tierras. “Uno de los casos encontrados en San Martín fue en el predio conocido como ‘La Frontera’, donde por medio de un procedimiento de aclaración de linderos, el terreno pasó de tener 18 mil hectáreas a 38 mil, caso en el cual se hizo evidente el robo de 20 mil hectáreas” (Presidencia de la República, 2014).

La tierra, eje de disputa en el contexto local

Tal como lo señala Gómez, “el actual panorama de la tierra en Colombia muestra que incluso antes de la crisis de desplaza-miento masivo de los últimos 40 años, la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada […]. La expropiación por parte de grupos armados ilegales condujo de hecho a una contrarreforma agraria, lo que incrementó, en gran medida, la concentración de la tierra. A lo largo del conflicto, ambos grupos, guerrilleros y paramilitares, se han apoderado de tierras para consolidar ven-tajas estratégicas, por ejemplo, los corredores de exportación de drogas o de importación de armas para establecer cultivos de drogas o zonas de influencia política. Las alianzas de los parami-litares y los empresarios también han permitido utilizar las tie-rras ilegalmente apropiadas para el desarrollo de megaproyectos,

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minería extensiva, agroindustria, incluyendo la palma africana, y a menudo reciben apoyo del Gobierno para estos proyectos a través de las políticas, los programas y las leyes promulgadas en los últimos años” (Gómez, 2011).

En esta misma perspectiva, se ha dado el proceso de acu-mulación en el Meta motivado, además, por las condiciones agroecológicas favorables para la ganadería extensiva y para el establecimiento de otros cultivos de alto potencial económico; a lo anterior, se suma la masiva compra de tierras por parte de narcotraficantes y esmeralderos que llegaron a la zona.

Así como lo describe el informe Concentración de la propie-dad de la tierra en seis municipios del Meta (2000-2011), del Ob-servatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, 2011, la concentración de la propiedad rural ha sido una constante en la historia no solo de Colombia, sino en el departamento del Meta. En este sentido, Ibáñez y Muñoz consideran que la razón es simple: “la distribución desigual de la propiedad, caracterís-tica de la Colombia del siglo XXI, es el resultado de políticas de distribución estatales que se originaron desde la Colonia y se consolidaron en los siglos posteriores” (2011); por esta razón, la estructura de la propiedad en los municipios objeto de estudio4 responde históricamente a procesos de adjudicación de baldíos, procesos de colonización dirigida y espontánea. Esta última de-sató una explosión demográfica ya fuera por el boom de ciertos sectores primarios o por causa de la violencia que ha padecido Colombia por más de seis décadas.

Según información recopilada a partir de la participación en la mesa de tierras, se puede afirmar que la propiedad de la tierra en el departamento del Meta está caracterizada por relaciones de tenencia informal, sin títulos legales que justifiquen el usu-fructo de la tierra por parte de una gran cantidad de ocupantes (Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, s. f., pp. 42, 84). En una de las conclusiones de este informe se señala que

aunque no se observa una distribución bimodal extre-ma en la tenencia de la tierra para los seis municipios en conjunto, (Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Gaitán, San Juan de Arama y Vistahermosa) se evidencia una concentración de la tierra en manos de pocas personas, esto motivado por el actual mer-cado de tierras, que aunque no es nada dinámico en el tiempo, si refleja intereses de por medio, al ser la

tierra un activo que permite generar status político y para el narcotráfico, un medio para lavar dinero. Ade-más, el impuesto sobre la tierra, al ser irrisorio, hace que su sistema de explotación no sea eficiente y aun se conserve la explotación de la ganadería extensiva. (Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, s. f., p. 48)

Existe un factor que podría estar distorsionando la relación entre el desplazamiento forzado y la propiedad de la tierra, el testaferrato, en la medida en que grandes terratenientes, espe-cialmente narcotraficantes, atomizan sus propiedades para no ser visibles ante las autoridades. Por otra parte, es importante resaltar que el área rural de los municipios Mesetas, Puerto Lle-ras, Puerto Rico,5 Puerto Gaitán, San Juan de Arama y Vistaher-mosa han sido escenario de una lucha constante entre el Estado y los grupos al margen de la ley, por lo que no se descarta la existencia de testaferrato, el cual afecta los índices de concen-tración de la propiedad, puesto que personas que actúan bajo la ilegalidad adquieren predios y los titulan a nombre de otros, lo que ocasiona un índice menor del que en realidad se presenta (Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, s. f., pp. 86, 89).

Una posible justificación de la relación negativa entre los datos de propiedad formal y el desplazamiento forzado es el do-minio territorial de los grandes propietarios, quienes no necesi-tan emprender acciones coercitivas para garantizar sus derechos de propiedad e, incluso, ampliarlos, sino que cuentan con todas la garantías jurídicas para el usufructo de sus propiedades. Por esto, no se presentan grandes niveles de desplazamiento forzado en los municipios de mayor concentración (Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, 2011, p. 91).

La tenencia de tierra en el Meta, se ha visto afectada por varias razones: “primero la compra de tierras por narcotraficantes, en la década de los ochenta e inicio de los noventa. Luego los paramilitares presionaron a la población para apropiarse de las tierras y también para traspasar las escrituras y legalizarlas. Actualmen-te los grupos de autodefensas no desmovilizados y las bandas emergentes no tienen un interés por tierras, sino en el control territorial sobre el cultivo, el proce-samiento y el tráfico de drogas”.

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Adicionalmente, en estos últimos años se ha presentado un fuerte crecimiento de los sectores de hidrocarburos y agroindus-tria, mientras que las actividades de manejo local han tenido un gran desestímulo en términos económicos. “Los nuevos sectores se hallan volcados a la exportación, con un sector de servicios fuerte, por otra parte, se presenta una reducción de cultivos de ciclo corto que corresponde a la economía campesina” (Separa-ta Meta: Programas de gobierno y planes de desarrollo: retos y propuestas para la construcción de paz y el desarrollo humano, PNUD 2011, p 11).

Tal como lo presenta Wilson Arias en el informe sobre acu-mulación de tierras con antecedentes de baldíos apropiados por grandes inversionistas nacionales y lavado de activos en los de-partamentos de Meta y Vichada (2013), la gran extensión del territorio y la riqueza de este con un gran potencial productivo (aproximadamente 4 millones de hectáreas) han desencadenado una feroz disputa entre empresarios (nacionales y extranjeros) y mafiosos. En cada caso, la tenencia por la tierra tiene motiva-ciones distintas.

En cuanto a los empresarios tanto nacionales como extranjeros, muchos pretenden vincularse a la idea de desarrollo del gobierno nacional actual, consistente en transformar la región en el “Cerrado” colombiano, modelo brasilero de cultivos en gran escala, altamen-te mecanizados, integrados verticalmente y con un funcionamiento de enclave agrícola. Otros, quizás no tienen intenciones productivas, sino de “engorde tem-poral” provocado por las expectativas de valorización futura de la tierra en la zona (entre 2005 y 2010, en promedio la hectárea en algunos municipios pasó de 500 mil a 10 millones la hectárea), a causa del boom de las locomotoras del agro y la minería (petróleo), obras de infraestructura, etc. (Arias (2013. p, 1))

Otras grandes extensiones de tierra en la zona, se ha docu-mentado, pertenecen a actores vinculados a grupos paramilita-res y Bacrim. En el mismo informe se denuncia el “despojo” que en esta zona se ha concretado sobre los baldíos de la nación:

La tierra dispuesta para procesos de reforma agraria, los baldíos nacionales, de los pocos activos que le que-dan a la nación colombiana, hoy cambian de dueño. Por medio de distintas formas, contrarias a la Ley, la

Altillanura, tierra de colonización campesina desde los años 60, pasa hoy a manos de grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que compran y especulan con la tierra con antecedente de baldíos, sin ser suje-tos de reforma agraria. El primer paso es convertir en privado el bien público, para poder apropiarlo por el mercado o por medios violentos (es más fácil despo-jar al campesino que al Estado). Por eso, desde 2004 hay una esquizofrénica titulación de baldíos en los de-partamentos del Meta y Vichada. Solo entre 2004 y 2010, se titularon en la zona, cerca de un millón de hectáreas. Esa carrera en la titulación de baldíos, cogió un impulso mayor en la actual administración. Arias (2013. p, 5)

Al respecto, el Incoder ha demandado a nueve empresas agroindustriales por acumulación irregular6 de 24 000 ha en Antioquia, Magdalena, Norte de Santander, el Meta y Vichada. El Instituto argumenta que las empresas violaron lo que téc-nicamente se conoce como Unidad Agrícola Familiar (UAF), contemplada en la Ley 160 de 1994 y definida en la Resolución 041 de 1996 del Incora, que es una extensión máxima de tie-rra que el Estado puede entregar a una familia de agricultores, teniendo en cuenta de que sea suficiente para obtener ingresos y vivir dignamente. La extensión de cada UAF cambia según la región, la fertilidad de la tierra, la infraestructura, etc.

Los empresarios alegan otra interpretación; dicen que com-praron terrenos que el Estado había adjudicado originariamente a campesinos antes de la aprobación de la Ley de 1994, cuando no existía el concepto de UAF. Estos vendieron a terceros fincas que ya eran más grandes que la UAF, aun antes de la Ley. Por esto, los predios que compraron no tienen ninguna restricción; no obstante, varias instituciones del Estado que están a cargo del tema de tierras consideran que hay acumulación desde la vigencia de la Ley. Es decir, cualquier persona o empresa que haya comprado más de una UAF después de 1994 cometió una irregularidad.

El asunto no es de fácil resolución. En el caso de Poligrow, por ejemplo, los empresarios extranjeros han hecho una in-versión entre 20 y 25 millones de dólares, según sus propios cálculos, en el olvidado municipio de Mapiripán; han creado trescientos empleos directos y crearán muchos más, cuando se ponga en marcha la procesadora de aceite; han becado a jóve-

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nes de la localidad para poderlos emplear en su agroindustria, y hasta han puesto energía eléctrica al casco urbano que no la tenía (ver entrevista con el presidente de Poligrow Carlo Vigna Taglianti).

El Meta, al igual que otros departamentos ubicados en la región de la altillanura, tiene unas connotaciones especiales; po-see grandes afectaciones por las reservas forestales, se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables (especialmen-te hidrocarburos), se encuentran distritos de manejo integrado y hay presencia de grupos étnicos, por lo que llama la atención que estos aspectos no se hayan tenido en cuenta en los procesos de adjudicación.

Según el informe de respuestas al debate de control político sobre tierras, emitido por el Ministerio de Agricultura (2013), las principales tipologías de irregularidades detectadas en los procesos de adjudicación ilegal de baldíos se refieren a: • Solicitantes de adjudicación que consignan información

falsa en los formularios para saltarse las prohibiciones en las que están incursos. Especialmente se omite información sobre patrimonio, propiedades y domicilio.

• Adjudicaciones a favor de personas que claramente no son campesinas ni de escasos recursos.

• Adjudicaciones a favor de personas que están incursas en otra de las inhabilidades establecidas por la ley para ser be-neficiarias de la titulación de baldíos; por ejemplo, personas que han sido funcionarias de las entidades que integran el sistema de reforma agraria y desarrollo rural.

• Utilización de identidades prestadas para tramitar la adju-dicación. Se elevan las solicitudes a favor de personas que no están inhabilitadas, pero, en realidad, son trabajadores o terceros que se prestan para hacer el trámite.

• Adjudicaciones de predios que superan el límite máximo de la UAF permitido.

• Fraccionamiento de los predios ocupados en la solicitud de la adjudicación, elevando múltiples solicitudes para hacer-se a la titulación de extensiones de baldíos que superan la UAF, saltándose la prohibición.

• Adjudicaciones para fines que no responden a los princi-pios constitucionales y legales que orienta la reforma agra-ria; esto es, para finalidades diferentes a la de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina.

• Adjudicaciones de predios ociosos o donde no está demos-trada la explotación económica.

Tabla 1. Casos denunciados por la presunta adjudicación ilegal de baldíos (2006-2010)

CASO MUNICIPIO NO. PREDIOS HECTÁREAS

LÍMITE

UAF

Poligrow Mapiripán 3 5877 1840

Sociedad Villa Diana Mapiripán 3 4655 1840

Mónica Semillas Puerto Gaitán y Puerto Carreño (Vichada) 9 8866 1107

Sociedad Inversiones Eternas Fuente de Oro 5 221 46

El Porvenir Puerto López 27 25 910

Palmavista o Finca las Palmeras San Juan de Arama 2 210 138

El Brasil Puerto Gaitán 16 27 715 920

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CASO MUNICIPIO NO. PREDIOS HECTÁREAS

LÍMITE

UAF

Puerto Gaitán I Puerto Gaitán 8 8000 920

Otros casosMesetas, La Uribe, Vistahermosa, El Casti-

llo y La Macarena10 4954 Por definir

Fuente: Subgerencia de Tierras Rurales, Incoder, mayo 2013.

Sin duda alguna, otra explicación de la dinámica irregular sobre la tenencia de la tierra en el Meta es que el exterminio de la UP como fuerza política quedó impune y eso representó una alta favorabilidad para el despojo, pues

representó un hito en el establecimiento de un orden subordinado a proyectos políticos controlados por pactos entre actores ubicados a ambos lados de la línea que separa lo legal de lo ilegal. Extensas e intricadas redes de relaciones políticas e institucionales que invo-lucraban servidores públicos de todos los niveles vin-culados a entidades nacionales como el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, el Ejército y la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la rama del Poder Judicial, los partidos políticos, así como las administraciones de entidades territoriales, se urdieron para “neutralizar” el cumplimiento local de funciones de policía, de control interno adminis-trativo, de investigación y control judicial, de escru-tinio electoral y de fiscalización de la inversión, de-jando así el manejo local de los “asuntos de gobierno” convenientemente en manos de intereses particulares, algunos de ellos claramente al margen de la ley”. (Pé-rez, 2011, p. 15)

Otro aspecto que, sin duda, determina las nuevas dinámicas de confrontación armada y disputa territorial es el hecho que la desmovilización en el marco de la Ley 975 de 2005 conllevó, en realidad, una reorganización de nuevos grupos cuyos intereses y poderes se han extendido sin límite y permean las dinámicas sociales y económicas en la zona; según un informe de la Co-

misión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR): “Las zonas más críticas en términos de esos grupos armados ilegales, sean estos rearmados, disientes o emergentes, se ubican en el sur y occidente del país —Nariño, Chocó, Cauca, Valle y Pu-tumayo—, en la costa caribe en general, en los llanos orientales —Meta, Vichada y Casanare—, en el bajo Cauca y en Norte de Santander” (2009, p. 5).

Intereses vinculados a la disputa por la tierraComo se ha planteado a lo largo del texto, el Meta ha sufrido gravemente las consecuencias del conflicto armado, el cual ha alterado de forma integral los procesos de desarrollo en los mu-nicipios y, en general, en el departamento, entre ellos se encuen-tra la disputa territorial entre grupos armados ilegales, ligada al control de actividades ilícitas como el cultivo de hoja de coca, la extorsión, el secuestro y el control de rentas legales e ilegales.

A partir de lo anterior, se ha creado una dinámica permanen-te y creciente de violaciones a los derechos humanos e infraccio-nes al derecho internacional humanitario que han afectado la estabilidad social de las comunidades y los territorios en con-tienda. En este panorama, el agro y especialmente la tenencia de tierra se han visto afectados por diversas dinámicas económicas, y por hechos y procesos relacionados con el conflicto armado, lo cual ha generado una mayor concentración de la propiedad, un acelerado desplazamiento y empobrecimiento de campesinos y una mayor subutilización de la tierra.

A continuación se describen algunas de las empresas o ac-tividades que en la actualidad convergen en el territorio (en el Meta y otras zonas de la altillanura) y evidencian la relación de las variables que se han venido planteando; bajo ninguna consi-

Continuación Tabla 1

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deración se debe entender que los actores armados ya no están en disputa o que en sus nuevas estructuras la tierra haya perdido su valor estratégico; por el contrario, estos nuevos actores dina-mizan esas complejas e históricas relaciones de la violencia con el despojo y el desplazamiento forzado respecto a un modelo de desarrollo económico para la región.

La Fazenda en Puerto Gaitán7 y MaripiránSe trata de un complejo de producción de alimentos para cer-dos, cuyos propietarios son reconocidos comerciantes y cons-tructores nacionales; en ese mismo sector, están la finca sede de la Ganadería La Cristalina, de propiedad de la familia de Víctor Carranza, y predios en Mapiripán para el desarrollo del cultivo de palma por la holding empresarial registrada en España, Poli-grow.

En los terrenos de La Fazenda, los paramilitares instalaron una base de entrenamiento y cavaron fosas para desaparecer a sus víctimas. En los de la Ganadería La Cristalina fueron ase-sinados líderes campesinos durante los años ochenta y también hubo una base paramilitar.8 Y los de Poligrow habían sido aban-donados por su dueño por presión de la guerrilla, pero por la extorsión guerrillera, y, luego de la incursión violenta de los pa-ramilitares a la zona de Mapiripán, el dueño tuvo que huir y asegura que abandonó la tierra y no supo más de ella.9

Sociedad Palmar de Vista Hermosa S.A., Palmavista en

Juan de Arama10

En septiembre y diciembre de 1996, el Incora adjudicó dos par-celas, de 104 ha y 105 ha, provenientes de terrenos baldíos. Las tierras fueron compradas en noviembre de 2008 y en febrero de 2009 por Palmavista, que nombró al nuevo globo de tierra como Las Palmeras. Este trámite fue realizado el 10 de noviem-bre de 2010 en la Notaría 19 de Bogotá. La demanda fue radi-cada en la Juzgado Civil del Circuito de Granada.

Mónica Colombia S.A.S. y sus socios Sergio Joao Marchett,

Francisco Marchett y Ricardo Antonio Cambruzzi. En Puer-

to Gaitán y Puerto CarreñoEl Incoder documentó que la empresa compró entre 2008 y 2010, por medio de sus socios y de otras firmas filiales, nueve predios que habían sido adjudicados en su mayoría en 1990 y que provenían originalmente de terrenos baldíos. En esta zona, el máximo de tierra que puede ser concentrado es de 1107 ha, y

el Instituto de Tierras encontró que la empresa Mónica Colom-bia acumuló más de 7000 ha.

Agropecuaria Aliar (finca El Brasil) vereda La Cristalina de

Puerto GaitánComenzó siendo una extensa hacienda que fue dividida en 16 parcelas y adjudicada a igual número de personas en los ochenta y noventa. En la siguiente década, El Brasil acogió a los para-militares que venían de cometer la masacre en Mapiripán en julio de 1997 y fue base de un grupo paramilitar conocido en la región como Los Carranceros, que hicieron parte de la alianza nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2007, los predios fueron englobados por la firma Agualinda, cuya re-presentante legal es María Blanca Carranza, esposa de Víctor Carranza, y ese mismo año fueron transferidos a la Agropecuaria Aliar (Verdad.Abierta.com, s. f. a).

CorficolombianaSeis empresas pertenecientes a Corficolombiana11 tienen su ob-jeto vinculado al sector agroindustrial; sin embargo, cuatro de las seis se subordinan a Valora S.A. que pertenece a Corficolom-biana: Mavalle S.A., Organización Pajonales S.A., Plantaciones Santa Rita S.A.S., Hevea de los Llanos S.A.S., TSR20 Inver-siones S.A.S. y Hevea Inversiones S.A.S. (estas últimas cuatro creadas en octubre de 2011), y aparecen como compradoras de predios en la altillanura colombiana, específicamente en los mu-nicipios de Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). Estas seis em-presas son propietarias de 17 predios, 13 785 ha entre predios de naturaleza privada —que se sospecha, tienen el antecedente de baldíos— y predios baldíos adjudicados en procesos de re-forma agraria en 1968, 1988 y 1992 (Informe Wilson Arias, presentado a la Contraloría en mayo de 2013 ).

Sociedad Agroindustria Guarrojo S.A.S.12

No se tiene conocimiento preciso de quiénes son los dueños de esta empresa, que no se valió de empresas fachada, sino que simplemente acumuló bajo un mismo NI 10 predios con ante-cedente de adjudicación de baldíos, que conforman un globo de tierra de 8360,2015 ha en la vereda Planas de Puerto Gaitán (Meta). Las declaraciones de Carlos Aguel anuncian 15 000 ha; no obstante, se tienen documentadas 5000, ubicadas en las vere-das Nuevas Fundaciones, La Cristalina, El Tigre y San Pedro de Arimena del municipio. Dado que no se encontraron referen-cias a más predios a nombre de los miembros de estas familias,

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lo más probable es que el resto de inmuebles hayan sido adqui-ridos por empresas constituidas para comprar predios (Informe Wilson Arias, presentado a la Contraloría en Mayo de 2013).

Riopaila Proyecto Veracruz en Meta y VichadaSe trata de un macroproyecto en el que, al parecer, se realizó la compra de 40 000 ha que superan el nivel de UAF permitidas y que, según lo expresa el presidente de la empresa, pretende un rol importante dentro

de la agroindustria de la palma al suministrar materia prima para las industrias alimenticias y de biocombus-tibles del país. Además, queremos ser partícipes del desafío de convertir en realidad la vocación natural del país como uno de los siete potenciales proveedores más importantes de alimentos en el mundo […] tene-mos ya sembradas una plantación de 2000 hectáreas de palma de aceite y otra de 1000 hectáreas de granos y cereales. Esas actividades hacen parte de un proyecto más amplio de inversión por 280 millones de dólares. (Revista Semana, 2013)

De acuerdo con lo expuesto, las complejidades de la zona enmarcadas en las variables sociales, políticas y económicas han existido de manera histórica y estructural, y se relacionan entre sí de acuerdo a coyunturas específicas en las que intervienen distintos actores del conflicto armado. En la zona es posible evi-denciar la apuesta de intereses comerciales extractivos que no podrían consolidarse de no ser por las múltiples alianzas que han existido entre amplios sectores de la legalidad y los actores ilegales con alto poder económico. Se generaliza, entonces, una especie de “acomodamiento” a estas lógicas, de allí que resulte tan difícil ubicar las responsabilidades solo desde la perspectiva de guerra entre grupos armados, pues cada vez se hace más evi-dente que se ha logrado trascender con éxito hacia el estableci-miento de un orden social y económico.

La intervención institucional

En medio de este panorama de contexto, las dinámicas insti-tucionales también han variado dependiendo de las leyes o los marcos normativos surgidos a lo largo de estos años y de los ob-jetivos de los planes de Gobierno nacional y departamental. Al respecto, Gómez (2011, p. 70) resume las siguientes dinámicas

sobre la legislación existente para el tema de tierras y conflicto armado: • Ley 171 de 1994. Se aprueba el Protocolo II de 1977 adi-

cional a los convenios de Ginebra de 1949. Se prohíbe el desplazamiento forzado.

• Ley 812 de 2003. Mediante la cual se aprueba el PND 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” (artículos 27 y 28). Sobre acceso a la tierra: tenencia provisional de tie-rras adquiridas o expropiadas hasta por cinco años. Otras formas de acceso a la tierra (comodatos, leasing, arrenda-mientos, etc.).

• Decreto 2217 de 1996. Programa para la adquisición de tierras para poblaciones campesinas desplazada por la vio-lencia.

• Decreto 2569 de 2000. Establece un programa de estabi-lización socioeconómica, uno de cuyos componentes es el acceso a la tierra con fines productivos.

• Decreto 2007 de 2001. Que protege la propiedad de las personas desplazadas internas al prohibir las transacciones de tierras en zonas de guerra.

• Ley 975 de 2005. Marco jurídico que regula el proceso de desmovilización y reinserción de la que, posteriormente, con mayor detalle y aplicada directamente a las víctimas se derivó la Ley 1448 del 2011.13

Para efectos de este documento, nos referiremos solamente a tres (3) experiencias institucionales previas a la entrada en ejecu-ción de la reciente Ley de Restitución de Tierras en la zona. La primera de ellas es la intervención de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en el marco de la Ley 975 de 2005 cuyos objetivos se refieren a

garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus de-rechos, así como recomendar al Gobierno la imple-mentación de un programa institucional de repara-ción colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho, particularmente en las zo-nas más afectadas por la violencia.14

Bajo ese esquema normativo, se adecuó la estructura ins-titucional expresada en las Comisiones Regionales de Repara-ción y Reconciliación (CNRR) y las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes (CRRB), ambas con sede en el Meta. La

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segunda, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada por la Violencia, fue una iniciativa ade-lantada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,15 cuyo objetivo era la protección de las tierras y los territorios afectados por la violencia o el despla-zamiento; en su accionar también abordó algunos temas relacio-nados con la formalización y la restitución de los derechos sobre las tierras y los territorios abandonados o despojados. Algunos de los logros más destacados del proceso se refieren al

tratamiento de la protección de los derechos patri-moniales, tema inédito en situaciones de violencia generalizada, a la par que se logra conformar la red interinstitucional de protección, y dar asesoría, capaci-tación y acompañamiento a entidades, diferentes ins-tancias y comunidades […] “así como la participación de las gobernaciones y alcaldías a través de los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Des-plazada, en las zonas de influencia directa del Proyec-to. (Departamento para la Prosperidad Social, s. f.)

En el Meta, por medio del Proyecto de Protección de Tierras se realizó un trabajo detallado en las veredas de Palestina, Al-bania y Buenos Aires, en el municipio de Vista Hermosa, don-de se buscaba avanzar en la titulación para, luego, concretar la restitución. Existe otra intervención importante de mencionar, el Plan de Choque del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) e Incoder (octubre de 2010- abril de 2011), en el que se focalizaron acciones en las zonas de consolidación definidas por el Gobierno nacional para retomar los procesos de tierras iniciados, pero no concluidos. “Se refiere a procesos de restitución de tierras, titulación de baldíos, formalización de la propiedad de tierras que permanecen en el Fondo Nacional Agrario y titulaciones colectivas de indígenas y negros” (Incoder, Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, 2010-2011). Den-tro de ese plan se proyectó, por ejemplo, ejecutar el trámite de legalización de 71 predios del FNA, localizados en las zonas de consolidación del sur de Córdoba, Montes de María, Sierra Ne-vada de Santa Marta y La Macarena (Meta); así como intervenir en casos emblemáticos (predio Gualas en San Martín, Meta)16 que la dirección nacional de estupefacientes entregó al Incoder entre el 2004 al 2007,

adjudicados a población campesina, desplazada y re-

insertada de forma común y pro indiviso, de manera irregular a algunas personas que no eran sujetos de reforma agraria, además se ubicaron dentro de los pre-dios ocupantes de hecho, de los cuales se encuentran en proyección los correspondientes requerimientos judiciales, los adjudicatarios solicitaron la individua-lización de las parcelas.

Otro de los proyectos especiales dentro del Plan de Choque se refiere al cuestionado caso del predio Carimagua, ubicado en Puerto Gaitán, que en el 2004 fue adjudicado a personas des-plazadas por la violencia, pero cuatro años luego el ministro de agricultura de la época intentó adjudicarlo a empresas privadas para proyectos agroindustriales, lo cual mereció fuertes críticas.

Proceso de consolidación de la Unidad Admi-nistrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD)

En el marco de la Ley 1448, en junio de 2011 se da inicio a la nueva adecuación de la estructura institucional para la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Al respecto, se estructuraron dos entidades a nivel nacional con sedes en algu-nos departamentos o zona priorizadas en donde se han venido implementando varios de los antecedentes descritos, lo que, a pesar de la complejidad del tema, es un acumulado central para el desarrollo de nuevas acciones, la continuidad de otras y la cualificación de la política en general.

Por ser de interés para el presente texto, a continuación se describen algunos aspectos relacionados con el proceso de tra-bajo de la Unidad Territorial Meta en el marco del acompaña-miento del proyecto de Acción sin Daño. Como se mencionó anteriormente, el Meta es el tercer departamento con mayor cantidad de tierras en el país y posee condiciones agroecológicas favorables para la agricultura y la ganadería, así como una buena ubicación en conexión con la altillanura y otras zonas centra-les del país. Todas estas condiciones han incidido de manera relevante en un proceso de “colonización” y acaparamiento de tierras que se ha hecho más evidente en los últimos diez años, periodo de conflicto agudo entre diversos actores por el poder económico, militar y territorial. Todos estos aspectos, entre otros, hacen de la zona un escenario llamativo para capitales y actores legales como para capitales y actores ilegales que han de-

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terminado que los niveles de despojo de tierras en relación con el desplazamiento forzado y otros mecanismos sean relevantes y cada vez más visibles.

Desde que sede de la Unidad territorial emprendió activida-des hasta la fecha, ocupa el séptimo puesto a nivel nacional en número de solicitudes de restitución recibidas (2299). El trabajo lo adelanta un equipo que en la actualidad17 está integrado por aproximadamente 41 profesionales de las áreas jurídica, catas-tral, social, administrativa, planeación, gestión documental, atención al público y TIC.

Las microzonas de trabajo

De acuerdo con el proceso definido para adelantar los trámites de la restitución, se deben establecer y presentar ante el Comité

Operativo Local (CI2CRT) los insumos para definir una zona de intervención de la entidad, básicamente el número de soli-citudes que se han recepcionado respecto a las condiciones del despojo que la fuerza pública entrecruza con las condiciones de seguridad para determinar la viabilidad o no de una microzona.

A lo largo de estos dos años, la Oficina Regional ha logrado posicionar, en medio de tensiones respecto a los criterios de se-guridad, el trabajo de la restitución a través de la delimitación de 24 zonas micro en los municipios de Acacías, Cumaral, Puerto Gaitán, Cabuyaro, Puerto López, Villavicencio, Restrepo, El Dorado y Granada. La mayor parte de representación de los solicitantes la asume la URT, y entre los resultados se cuentan 21 solicitudes con sentencia.18

Figura 2. Mapa microzonas del Meta

Fuente: página web URT.

De acuerdo con las variables del contexto que venimos de-sarrollando, no existen las condiciones para adelantar la resti-tución de manera sostenible e integral en la mayor parte de los municipios del Departamento, a pesar de tener altos índices de despojo y un buen acumulado de solicitudes, es el caso de Vis-

tahermosa y Mapiripán, donde se analizan otro tipo de estrate-gias19 que de manera previa garanticen en el mediano plazo la restitución. En solo dos años de ejecución de la política y de cara a los resultados obtenidos, se ha hecho visible que el tema de la tierra en medio de un contexto cambiante, donde los actores

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tienen relación directa con esta, genera fuertes presiones en tér-minos de seguridad a los profesionales y a las instituciones que deben intervenir.

Este último aspecto merece especial atención, pues el incre-mento de las situaciones de amenaza a los funcionarios es no-table a solo dos años de inicio de la política; de igual forma, se vienen presentando situaciones críticas en campo que, sumadas a la ya existente sobrecarga de funciones y la presión por resulta-dos, generan dificultades en términos profesionales y personales.

En términos de la estructuración o adecuación de un nuevo marco institucional para el logro de los objetivos de la política, la Ley 1448 dispuso una serie de escenarios para la coordinación institucional; en relación con este aspecto, es preciso destacar la efectiva función que la Unidad Territorial ha desarrollado, pues desde su apertura como sede regional la puesta en marcha de los Comités de Justicia Transicional (CJT) fue una de las tareas prioritarias, teniendo en cuenta que la Secretaría de Víctimas de la Gobernación estaba apenas organizando su plan de acción y que la Unidad de Víctimas tuvo varios inconvenientes inter-nos (por ejemplo, la coordinadora se definió hasta el año 2013). Dentro de la estructura de los CJT, la Unidad Territorial desem-peña las labores de secretaría técnica del Subcomité de Tierras, y aprovecha la experiencia de los comités de derechos humanos que existían previamente y de la Mesa de Tierras, creada en el marco de trabajo de la Mesa Humanitaria del Meta.20

De manera coincidente con los primeros fallos de restitu-ción, se ha vinculado el profesional de enlace del SNARIV, ins-tancia clave para el monitoreo y el seguimiento a las órdenes y las disposiciones de los jueces y magistrados de tierras; a partir de lo anterior, se han desarrollado algunas audiencias de segui-miento al posfallo.

Ahora bien, como parte de los hallazgos o resultados obte-nidos en el tiempo de acompañamiento del proyecto de ASD, se pueden volver a ratificar algunas de las ideas del reporte ge-neral de autodiagnóstico de octubre del 2012, desde la idea de entender la dinámica institucional “interna” y los aspectos para su fortalecimiento: • Se indicaba que las acciones relacionadas con el trabajo

conjunto con otras organizaciones e instituciones, así como los espacios de reflexión interdisciplinaria, requieren un mayor impulso, y que el desarrollo de capacidades para plantear estrategias que mitiguen o eviten efectos negativos

de la intervención y que se relacionan directamente con el reconocimiento de los diversos intereses de los grupos destinatarios de la restitución era central.

• Aspectos como la generación de aprendizajes, la identifi-cación de efectos negativos por la intervención y la lectura compleja del contexto donde se actúa son algunos de los principales descriptores del enfoque de ASD que compar-tían integrantes del equipo.

• Las estrategias de acción y apoyo para la protección perso-nal del equipo de trabajo y todo lo relacionado con el auto-cuidado y el agotamiento emocional, así como la necesidad de formarse en la atención a víctimas, se priorizaban para la fecha de aplicación de la herramienta y continúan siendo relevantes. Así se evidenció, de nuevo, en el conversatorio de atención a víctimas realizado en el marco del proyecto a finales del año 2013:

Los integrantes de los equipos territoriales que atien-den a las víctimas expresaron la pertinencia e impor-tancia que el tema del conversatorio reviste para el trabajo que desarrollan cotidianamente. Lo anterior en tanto la atención inicial que ofrecen constituye la puerta de entrada de las víctimas al proceso de restitu-ción, la aclaración de expectativas, dudas y comenta-rios sobre los trámites a seguir así como la recolección de información inicial con la cual se diligencia el for-mulario de inscripción en el registro de tierras para los solicitantes. Sin embargo, los profesionales reconocen la falta de experiencia para el manejo de situaciones de crisis (sentimientos de llanto, rabia, dolor), conduc-ción de una entrevista y abordaje de hechos o situa-ciones ocurridas en el pasado con las víctimas, lo cual se ha traducido en imprevistos a la hora de llevar a cabo la atención al público, las jornadas comunitarias, el trabajo en terreno, la toma de testimonios etc. La situación explicada en el punto anterior también se presenta en momentos específicos de la etapa judicial (Universidad Nacional de Colombia, 2013)

• La percepción sobre la coherencia entre los principios éti-cos de la institución con respecto a las prácticas y la cultura organizacional, y las limitantes que se tienen para asumir con la suficiente flexibilidad los cambios que permiten

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afrontar mejor el contexto y las situaciones de conflicto se observaban como dificultades.

• Finalmente, los temas relacionados con el rol y las funcio-nes del área administrativa y los sistemas de planeación y seguimiento, así como la asignación de recursos para el for-talecimiento de la institución y los equipos de profesiona-les, se percibieron como aspectos a mejorar.

¿En qué va el proceso de restitución en el Meta?

A partir de los elementos planteados, se comprende la comple-jidad para llevar a cabo, de manera efectiva, los procesos de res-titución; sin embargo, la necesidad de analizar el contexto y los factores que inciden o afectan son determinantes para revisar y ajustar, de forma permanente, los detalles de la intervención, como lo enfatiza el enfoque de la ASD. A continuación se pre-sentan algunas consideraciones como aporte para el análisis:• Una de las principales dificultades para la restitución se en-

cuentra en la amplia inseguridad jurídica de la ley, pues, al no contar con bases de datos catastrales actualizados y confiables, se dificulta establecer con claridad y agilidad la verdadera situación del despojo y de las personas afectadas. Por otra parte, los elevados niveles de informalidad sobre las tierras, es decir, la carencia de títulos, dadas las carac-terísticas de la zona, ocasiona numerosas dificultades para que los legítimos dueños puedan demostrar su propiedad.

• El tema de la seguridad sigue siendo una limitante, sería mejor entenderlo en una dimensión más amplia referida a la integralidad y la sostenibilidad de los procesos de retorno y restitución, pues no son suficientes las acciones militares que, sin duda, agudizan la confrontación y ponen en riesgo a las víctimas.

• La continuidad y la transformación continua de la diná-mica de los actores armados y el hecho de que la tierra y el territorio sean parte de su estrategia de control y poder político y económico ratifican lo complejo de la idea de la restitución con garantías. Nada más en algunas zonas coin-cidentes con las micro realizadas, la desmovilización de los grupos paramilitares no fue real y los altos mandos siguen “en pie” con críticas disputas entre ellos, por ejemplo, en la zona de San Martín. En los municipios de Mapiripán, Puerto López y Puerto Gaitán se han llevado a cabo nu-

merosas compras “fraudulentas”, es decir “bajo presión” y se tiene conocimiento de actividades del ERPAC. Por otra parte, las FARC siguen haciendo presencia en la zona am-plia de La Macarena, donde también se desarrollaron accio-nes del Plan de Consolidación. En esa zona se ha reportado un aumento del desplazamiento forzado, aunque las cifras presenten vacíos e inconsistencias.

• La evidencia cada vez más cierta de los intereses de empre-sas y de las estrategias para apropiarse de las tierras incluye diversas modalidades. Los megaproyectos son un hecho tangible en la zona y ya se encuentran en ejecución. So-bre el despojo ocurrido en la zona, es preciso mencionar que este se vio favorecido por la alta informalidad sobre las tierras y la falta de voluntad política que ha existido para resolver estos asuntos. En veinte años, desde la promulga-ción de la normatividad sobre zonas de manejo especial, no ha existido el primer plan de manejo ambiental, esto sería central y prioritario para el tema de restitución de tierras por ser norma superior, pues en la misma zona se entrecru-zan cuatro tipos: a) las zonas productivas, b) las zonas de recuperación, c) las zonas de preservación y d) las zonas de recuperación para la preservación.

• La debilidad del Estado es marcada en todos los nive-les (institucional, militar, político, social) para delimitar la frontera en las zonas que tienen una alta inestabilidad productiva, pero que se encuentran permeadas por grandes extensiones de cultivos de producción ilícita que los arma-dos y los narcotraficantes asocian a dinámicas económicas macro. Por otra parte, en la titulación a baldíos no se ha tenido en cuenta el impacto ambiental y, por ende, la res-titución entra en un escenario complejo de indefiniciones normativas y vacíos en su aplicación; se requiere para la posesión y la tenencia, pero deben analizarse estos aspectos previamente.

• La opción adelantada por la Unidad Territorial respecto a cómo avanzar en la restitución sin dejar de lado la forma-lización es viable, pues ambas medidas afectan al mismo territorio, pero no son lo mismo; por tanto, no es suficiente que se otorgue un título; si no existen condiciones integra-les, la gente no va a poder retornar. A partir de estos avan-ces, es importante analizar qué sigue, cómo se hace el se-guimiento y qué impacto tiene sobre el valor de las tierras.

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• Como se ha mencionado, el incremento de los niveles de riesgo para los funcionarios que realizan actuaciones rela-cionadas con la restitución de tierras, por el alto valor estra-tégico que cobra el Departamento para intereses particula-res, merece especial atención. Y en esa misma línea, se debe cualificar todo esquema de protección que se establezca para las víctimas en el marco de la ley. Las situaciones que implican demoras en los tiempos de atención y respuesta, así como los trámites poco efectivos, generan un desgaste

emocional en las personas y debilitan la percepción que se tiene de las entidades.

• A partir de la emisión de varios fallos de restitución, se han generado nuevas situaciones de riesgo y preguntas que de-ben observarse; para muchas de las víctimas, la idea central de la restitución como medida preferente de reparación está ligada a una indemnización, y es razonable dadas las condi-ciones en las que se encuentran, pero se generan tensiones con la Unidad Territorial por la poca comprensión sobre el tema y las limitantes presupuestales de la entidad.

BibliografíaArias, W. N. (2013). Informe sobre acumulación de tierras

con antecedentes de baldíos apropiados por grandes inver-sionistas nacionales y lavado de activos (Departamentos de Meta y Vichada). 22 de mayo. Bogotá.

Bermúdez, A. L (2013, Julio) El negocio ‘baldío’ de Po-ligrow. La silla vacía. http://lasillavacia.com/historia/el-negocio-baldio-de-poligrow-45234

Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP-. (2009). Caso Tipo No. 8. Ariari: Memoria y Resistencia 2002 – 2008. Cronología de la Agresión (1ª Ed). Bogotá, Colombia

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). (2009). Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar? Bo-gotá

Congreso de la República. (2011). Ley 1448, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

DANE. (Noviembre de 2005). Caracterización sobre la in-formación de Derechos Humanos. Bogotá.

Defensoría del Pueblo. Evaluación de riesgo Informe 00-10 de junio 4 de 2010

Departamento para la Prosperidad Social. (s. f.). Protección de tierras y patrimonio de la población sesplazada. Recu-perado de http://dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?-catID=295&conID=3341

El Tiempo. (14 de marzo de 2011). Desmovilizado vincula a Víctor Carranza con paramilitares.

El Tiempo. (14 de agosto de 2013). Las Bacrim siembran terror en El Dorado (Meta).

Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol). (2002). Premio Nacional de Paz - 2002 - Asociación de Mu-nicipios del Alto Ariari. Recuperado de http://www.fescol.org/index.php?option=com_content&view=ar-ticle&id=32%3Apremio-de-paz&catid=18%3Apro-yectos-y-alianzas&Itemid=19&limitstart=14

García, A., Reyes, A. y Llinás, G. (2008). Desarrollo para la inclusión social en áreas rurales. Propuesta de planteamien-to general para el PNUD y estrategias para los departamen-tos de Cesar y Meta. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. Noviembre. Bogotá

Garzón, J. C. (2005). Desmovilización de las Autodefensas del Meta y el Vichada. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia. Recuperado de www.verdadabierta.com

Gómez, B. (2011). La tenencia de la tierra y la reforma agra-ria en Colombia. Colombia: Universidad Libre.

Ibáñez, A.M y Muñoz, J.C (Agosto 2011). La persistencia de la concentración de la tierra en Colombia: ¿Qué pasó entre 2000 y 2010. Notas de Política No. 9. Universidad de los Andes. Escuela de Gobierno Alberto Lleras Ca-margo. pp 1-4. Bogotá

Incoder, Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. (2010-2011). Plan de Choque para la puesta en marcha de la política de tierras y desarrollo rural. Octubre de 2010 a abril de 2011. Recuperado de http://www.incoder.gov.co/documentos/Planeacion/Plan_Choque_Octu-bre-2010_Abril-2011.pdf

- 83 -


MAP-OEA. (2010). Análisis de la evaluación de necesidades de ERM de los 50 municipios priorizados por MAP/MUSE en Colombia. Impresol Ediciones. Bogotá

Ministerio de Agricultura. Informe de respuestas al debate de control político sobre tierras. Bogotá, 2013

Molano Jimeno, A. (5 de noviembre de 2012). Histórico proceso de restitución en Villavicencio. El Espectador. Recuperado de //www.elespectador.com/noticias/politi-ca/

articulo-385330-historico-proceso-de-restitucionvillavi-cencio

Observatorio de Derechos Humanos, Programa Presiden-cial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2002). Panorama Actual del Meta. Bogo-tá: autor.

Observatorio del Territorio de la Universidad de Los Lla-nos. (2000-2011). Concentración de la propiedad de la tierra en seis municipios del Meta (2000-2011). Colom-bia, 2011

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (s. f.). Pronunciamientos. Recu-perado de http://www.hchr.org.co/publico/pronuncia-mientos/ponencias/imprimir.php3?texto=po138.txt

Pérez, B. (2011). Historias de captura de rentas públicas en los llanos orientales. Recuperado de http://www.escrito-resyperiodistas.com/llanos_feb_2011.pdf

Presidencia de la República. (2014). Intervención del presi-dente Santos. Recuperado de http://wsp.presidencia.gov.co/Paginas/Presidencia.aspx

República de Colombia. (2012). El Dorado, Meta, será declarado por el Gobierno Nacional como otro municipio libre de la sospecha de contaminación con minas antiperso-nal. Recuperado de http://www.accioncontraminas.gov.co/Noticias/2012/Paginas/121128a.aspx

Procuraduría General de la Nación delegada para la pre-vención en materia de derechos humanos y asuntos étni-cos. Bogotá, mayo de 2007.pág. 3

Romero, M. (Ed.). (2007). Parapolítica. La ruta de expan-sión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Corpora-ción Nuevo Arcoiris. Recuperado de http://www.sema-na.com/documents/Doc-1493_200796.pdf

Separata Meta: Programas de gobierno y planes de desa-rrollo: retos y propuestas para la construcción de paz y el desarrollo humano. PNUD, 2011

Documento de hallazgos y reflexiones sobre la atención a víc-timas del conflicto armado. Universidad Nacional de Co-lombia PIUPC. Bogotá (5 de noviembre de 2013).

VerdadAbierta.com. (s. f. a). Tres agroindustriales de los Lla-nos compraron tierras con líos y violencia. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/tres-agroindustrias-de-los-llanos-compraron-tierras-con-lios-y-violencia#intro

VerdadAbierta.com. (s. f. b). Polémica por tierras explotadas por agroindustrias y mineras. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/component/content/article/48-despojo-de-tierras/4620-polemi-ca-por-tierras-explotadas-por-agroindustrias-y-mineras/

VerdadAbierta.com. (s. f. c). ‘Don Mario’, Daniel Rendón Herrera. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/victimarios/2101-don-mario-daniel-rendon-herrera

VerdadAbierta.com. (12 de agosto de 2011). El gran des-pojo de tierras en el Meta. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-des-pojo-de-tierras/3459-el-gran-despojo-de-tierras-en-el-meta

Villegas Juan Camilo, Informe preliminar del caso Carpin-tero. Villavicencio, Octubre de 2012

UN Voluntarios. (20 de junio de 2010). Un espíritu comu-nitario ejemplar. Recuperado de http://www.unv.org/es/que-hacemos/paises/colombia/doc/un-espiritu-comuni-tario-ejemplar.html

Páginas web recomendadas: www.verdadabierta.orgwww.unidadderestituciondetierras.gov.cohttp://www.semana.com/nacion/unos-79-indigenas-aban-

donan-tierras-limites-meta-guaviare/163417-3.aspxhttp://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/sigue-siendo-

precaria-la-condicion-de-los-desplazados-en-la-zona-del-meta/

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/docu-ments/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_GUA-YABERO.pdf

http://www.kus.uu.se/pdf/publications/Colombia/Anexo%209_1_Mapas%20Meta.pdf

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Descripción casos seleccionados unidad territorial (UT) Meta


Dependencia a cargo: Unidad Territorial Meta

Predios: Villa Diana

4 predios lote

Vereda: Servita Municipio: Villavicencio

Departamento: Meta

Hectáreas y solicitantes: 4 personas (familia)

Total: 93 hectáreas y 399 metros cuadrados

Objetivos:

Conocer el proceso adelantado respecto al primer caso de la UT Meta.

Pregunta central:

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y buenas prácticas identificadas a lo largo de las etapas del proceso de restitución en el caso?

Fuentes:

• Entrevista a coordinador y profesionales de la Unidad Territorial Meta que participaron en el caso.

• Revisión de documentos.

• Archivo de prensa.

• Enlace Snariv.

Periodo de ejercicio de sistematización del caso: julio de 2012-junio de 2013

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Síntesis del caso

El caso se encuentra ubicado en la ciudad de Villavicencio, esta cuenta con el aval de seguridad, condición para garantizar la intervención que si bien se hace en una sola vereda de

la ciudad, los hechos relacionados con el despojo permiten una actuación coherente en el marco de la ley. El caso presenta y pone a prueba temas de la ley respecto a las presuncio-

nes (art. 77 de la ley 1448), pues se debieron sustentar desde fundamentos más complejos del derecho.

Por otra parte, el caso remite el genocidio de la UP en el Departamento, por tanto, es un caso de una importante connotación política y simbólica en una zona donde la guerra ha

tenido la activa y continua participación de todos los actores legales e ilegales que se disputan diversos intereses y que han dejado como consecuencia numerosas víctimas de la

violencia.

Antecedentes históricos e institucionales

(A continuación se editan apartes de la noticia de Alfredo Molano, publicada por el Espectador el 5 de noviembre de 2012).

El caso refiere a un exmilitante de la Unión Patriótica, quien en mayo de 1986, junto a sus hijos, adquirió cuatro lotes en la vereda Servitá, municipio de Villavicencio, por valor

de $800 000 cada uno. Cuatro años más tarde, se presentó ante la familia un particular que expresó la idea de comprar los predios, como la familia se negó, comenzaron las

amenazas. La situación obligó a que la familia se radicara en Bogotá, pero las presiones continuaron hasta que el propietario y una de sus hijas tuvieron que suscribir una

escritura pública para trasladar el dominio de sus tierras al particular. Aunque el negocio se cerró en abril de 1991, por $10 millones, en la práctica la familia no recibió un solo

peso.

El despojado radicó los documentos en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio. El 24 de mayo de 1992, un año y medio después del fraudulento negocio, el jefe

de la familia quien oficiaba como inspector de Policía del municipio de San Carlos de Guaroa, fue desaparecido. La última noticia que se tuvo de él fue que lo bajaron de un

bus en un retén paramilitar entre Villavicencio y San Carlos.

Entre tanto, el particular Dago Rodríguez Bejarano viendo que cada lote tenía una matrícula inmobiliaria independiente, procedió a englobar los terrenos y formar una sola

unidad que denominó “Villa Diana”; en septiembre de 1999 promovió una escritura pública y matriculó el nuevo bien en la ORI de Villavicencio. Como en el año 2007 fue ex-

traditado, a partir de entonces, su hijo en mayo de 2008 transfirió el dominio de la propiedad a Pablo Ramírez Piñeros a través de una escritura en la que fijó el valor del predio

en $50 millones. Dos años después, nuevamente negociaron los terrenos por el mismo valor, pero esta vez Ramírez Piñeros como vendedor y el hijo de Dago Ramírez como

comprador.

En consecuencia, tal como lo plantea la Unidad territorial Meta, el actual poseedor de los bienes, en calidad de opositor del litigio planteado por la familia Velásquez, tiene la

carga de probar la buena fe. Es decir, que Dago Yesid Rodríguez, hijo del extraditado Dago Rodríguez, no obró de buena fe pues sabía que los bienes provenían de una venta

fraudulenta.

La petición del director territorial de la Unidad de Tierras al juez agrario es que se declare inexistente la compraventa de los cuatro predios que hoy hacen parte de “Villa Dia-

na”, que se adopte la misma determinación con todos los negocios celebrados con posterioridad por el despojador y que se desenglobe el bien inmueble para que vuelva a

ser como era antes. Adicionalmente la Unidad de Tierras solicita que se ordene la restitución de los predios a la familia y cancelar todo antecedente de títulos, falsas tradicio-

nes o medidas cautelares que tengan que ver con los lotes y le pide a la Fuerza Pública que acompañe la entrega material del predio.

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ETAPAS

FECHAS DESCRIPCIÓN LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS

Novi

embr

e de

201

1

Recepción de solicitudes

Las solicitudes (cuatro pertenecientes a un mismo núcleo familiar) fueron recibidas por la

abogada Andrea Lizcano en la anterior sede de la Unidad Meta que para la fecha funciona-

ba en una oficina de la Unillanos. El formulario correspondía a una versión preliminar que

elaboró el nivel central en Bogotá y que se diligenciaba manualmente. Por tratarse de una

versión de “prueba”, carecía de algunos apartados respecto al formulario que se aplica en

la actualidad (por ejemplo, en esa primera versión no se incluía el núcleo familiar de las

personas reclamantes).

Actividad Recursos Tiempos

Recepción de solicitudes 1 funcionaria 3 horas

Actividad Recursos TiemposSolicitud reporte de seguridad 1 funcionaria 20 díasVisita al predio 1 funcionario área catastral.

2 integrantes de la policía

1 día

Microfocalización

Posteriormente, se realizó la solicitud de estudio al CI2CRT, la respuesta se obtuvo el 22

de mayo de 2011 con información sobre la zona.

Etapa de inicio

El 20 de junio de 2012 se definió la primera visita al predio con apoyo de la fuerza pública

para realizar la primera comunicación que la desarrolló un funcionario del área catastral;

durante la jornada se presentaron algunos inconvenientes relacionados con las condicio-

nes topográficas de acceso al terreno que obligaron a que se caminara en caminar una

buena parte del trayecto.

Es de suma importancia que los informes de seguridad que emiten las

autoridades responsables señalen los riesgos y las problemáticas a en-

frentar de forma actualizada y completa (cruzar datos con otras fuentes

que monitorean el tema de seguridad). No basta con emitir reportes con

información sobre actores y condiciones de acceso, incompleta y puntual.

Lo anterior, aportaría de manera efectiva a planear las acciones de ma-

nera más acertada respecto al contexto.

Lección aprendida

Se pueden discutir planes de trabajo conjuntos entre las áreas de la Uni-

dad Territorial cuando se va a realizar la microfocalización para precisar

acciones, responsabilidades y acciones complementarias que maximicen

el logro de objetivos respecto a los cortos tiempos de trabajo, eviten la

duplicidad de actividades y aporten a una mejor claridad y reconocimiento

de los aportes específicos de las distintas áreas.

- 87 -


May

o de

201

2Ju

lio d

e 20

12

A finales del mes de julio (2012) el área social retoma el caso para elaborar el contexto

que ayuda a la construcción de la demanda.

Para la estructuración del texto, se realizaron esfuerzos para la caracterización geo-

gráfica de la zona, y para tratar de encontrar pistas o evidencias de la incidencia del

narcotráfico en la zona para los años de ocurrencia de los hechos violentos. Se incluyeron

apartados sobre los momentos y sucesos relevantes que marcaron el exterminio de la

Unión Patriótica en el Departamento.

Adicionalmente, se revisaron archivos de prensa y documentos académicos sobre

dicho genocidio y se realizaron dos entrevistas centrales, una a un líder social de la zona

que conoce a fondo los atropellos cometidos en el Meta contra los militantes de la orga-

nización y otra entrevista al hijo de la víctima, propietario del predio y desaparecido en el

marco de las acciones de despojo.

Por tratarse de un caso pequeño, solo un núcleo familiar tomó la decisión de no realizar

cartografía social, ni línea de tiempo; tampoco se manejaron audios por el detalle de infor-

mación que se aportó y que se debe manejar con reserva por el alto riesgo que representa

para los entrevistados.

El contexto inicial entregado por el área social al grupo de abogados recibió numerosas

observaciones que debieron ajustarse contra el tiempo para dejar apartes en la demanda

y en la resolución de inclusión de esta.

Lección aprendida

A pesar de que el caso se refiere a una víctima de un movimiento político

de amplia cobertura como lo fue la Unión Patriótica, no fue posible obtener

datos precisos y detallar o ampliar mayor información.

Si bien el genocidio de la UP se conoce públicamente a nivel nacional

e internacional y se han dado esfuerzos de algunas organizaciones por

documentar este histórico, continuo y relevante hecho de violencia en la

historia del país, el caso deja en claro las dificultades para lograr informa-

ción cualificada pertinente para la demanda, lo que lleva a pensar en las

serias limitantes que otro tipo de casos sin documentar deben tener.

Las pocas fuentes de información válidas y argumentadas y los vacíos

de información se refieren como dificultades para el trabajo del contexto,

a lo que se suma un bajo conocimiento de la zona y de la dinámica del

conflicto armado por tratarse de profesionales recientemente vinculados

al equipo.

En el trabajo para estructurar el contexto de un caso se debe consultar

diversas fuentes, presentar datos de manera argumentada y a profundi-

dad en relación con el (los) hechos de violencia, incluyendo el despojo de

tierras.

Coinciden en el desarrollo del caso la etapa de implementación y el

ajuste institucional, por lo que la existencia de líneas y criterios desde el

área social en el nivel central se encontraba en construcción.

- 88 -


Agos

to d

e 20

12Actividad Recursos Tiempos

Acopio y revisión

de fuentes secundarias

2 sociólogas 1 mes (incluyendo una fase de

ajuste del documento)Revisión de archivo

del casoBúsqueda de prensa y

datos relevantesRealización entrevistas

Se realizaron dos jornadas para el levantamiento topográfico. En la primera visita (11

agosto de 2012), se constató que el predio se encontraba abandonado, no se habían

realizado mejoras, tampoco se encontró alguna actividad económica en marcha, por lo

que se podría catalogar como un “lote de engorde”.

De igual manera, se confirmó que existían problemas de inscripción de registro del

predio pues aparecían folios de matrícula truncados sobre 5 lotes y también una amplia

área no especificada. La segunda visita para el levantamiento topográfico se realizó el 17

de agosto de 2012.

Es preciso señalar que durante la primera jornada se presentaron inconvenientes que

pueden explicar los riesgos que marcan el caso pues se presentó en el predio un “tercero”

aduciendo ser el “cuidandero” y quien expreso de manera agresiva verbal su desacuerdo

con el trabajo. Con posterioridad se han tenido otro tipo de presiones de parte de los opo-

sitores en la propia sede de la oficina territorial.

Dicha situación y las continuas amenazas al reclamante llevaron a la suspensión del

levantamiento topográfico, por lo quedo pendiente un punto (aprox. 20% de la totalidad) a

cambio se incluyó registro, fotografías y certificado del IGAC.

Lección aprendida

El apoyo de los profesionales del área catastral es clave no solamente

como requisito técnico para el levantamiento topográfico, sino también

para aportar elementos y construir las demandas.

Para el presente caso, los informes trabajados de manera conjunta entre

catastrales y abogados permitieron mejores avances y argumentos.

La falta de personal en el área respecto a la magnitud actual de las soli-

citudes y demandas que debe gestionar la Unidad Territorial dificulta que

su apoyo sea transversal y con mayor capacidad. A lo anterior, se suma

que en el departamento del Meta el trabajo en una gran mayoría de casos

deberá hacerse sobre terrenos baldíos de gran extensión, por lo que sería

pertinente y de mayor efectividad la vinculación de nuevo personal al

área.

Se debe mejorar la alianza interinstitucional para suministro de informa-

ción, pues a pesar de algunos cambios en el IGAC, el Incoder sigue presen-

tando demoras y datos insuficientes, desorganizados e incompletos (los

más frecuentes son superposición de predios, predios baldíos, pero con

folios de matrícula).

Influyen, además, de manera directa en el trabajo sobre el caso la

falta de dotación básica para los funcionarios que deben movilizarse en

campo (para esa fecha no se contaba con un vehículo de la entidad ni se

portaba un carné o una prenda distintiva que pudiera minimizar riesgos en

términos de seguridad. Tampoco se tenían todos los implementos para la

medición topográfica).

BUENA PRACTICA:

Al llegar al predio se establece contacto con algunos vecinos y habitantes

del sector que al enterarse de la jornada que se va a realizar en el marco

de la Ley de Tierras, muestran interés y deciden acompañar a los funcio-

narios. Ese apoyo fue clave en términos del reconocimiento de la entidad

y para precisar algunas dudas de la medición del terreno.

- 89 -


May

o-ag

osto

de

2012

Actividad Recursos TiemposLevantamiento topo-

gráfico

3 funcionarios (una persona del

nivel central y dos territoriales)

área catastral

2 días (cada jornada con

ocho días de diferencia)

Recolección documental

Esta etapa fue una de las más complejas pues el caso requería la mayor cantidad de

insumos posibles para sustentar de manera clara y organizada las presunciones; sin

embargo, los profesionales de la Unidad Territorial entrevistados refieren numerosas

complicaciones al respecto por la falta de respuesta a las solicitudes, o porque en caso de

responder no se aportaba ningún tipo de información relevante para el caso.

De manera específica, las indagaciones sobre la persona extraditada directamente rela-

cionada con el hecho del despojo fueron las más complicadas, lo que plantea un aspecto

a resolver para casos similares.

Las autoridades constataron que detrás de sus negocios escondía labores de

narcotráfico. Por eso la Policía lo detuvo en 2006. De inmediato el gobierno de

Estados Unidos lo solicitó en extradición. El 26 de septiembre de 2007 la Corte

Suprema de Justicia conceptuó la procedencia del envío de Dago Rodríguez a

una cárcel norteamericana y en noviembre del mismo año la extradición se hizo

efectiva. (El Espectador, 5 de noviembre de 2012).

Con el trabajo de información de entidades y organizaciones que dieron respuesta

adicional a la documentación y los soportes entregados por la familia reclamante, se

pudieron establecer treinta pruebas para el proceso.

Buena práctica

Las fuentes consultadas fueron la Embajada de EE.UU., el Ministerio del In-

terior (la gestión la hizo directamente el nivel central de la UT), la Fiscalía,

Ecopetrol, Ecogas, CTI, la Oficina de Notariado y Registro, la Defensoría del

Pueblo, la Registraduría, y las organizaciones Reiniciar y Comisión Justicia

y Paz. Se realizó, además, una amplia búsqueda en archivos de prensa

nacional y regional y en textos académicos que refieren la zona.

La lectura del caso desde la etapa inicial puede indicar cuáles son

las fuentes y los datos estratégicos y relevantes. Se deben establecer

algunos criterios de búsqueda para no utilizar tiempo en gestiones poco

efectivas.

Lección aprendida

El promedio de respuesta de las entidades en esa etapa del caso que

coincide con la fase de implementación y adecuación institucional de la

Unidad fue de treinta días.

Es relevante establecer acuerdos interinstitucionales puntuales deriva-

dos del marco de la ley para cualificar el tiempo y el contenido de la infor-

mación que se solicita para los procesos.

- 90 -


Agos

to d

e 20

12Actividad Recursos TiemposComunicación a diferentes entidades

solicitando información

3 abogados 30 días

Seguimiento y gestión con entidades para

obtener respuestasRevisión de información y cruce de datosEscritura y discusión del caso

Acto administrativo de registro

Actividad Recursos TiemposElaboración de acto de inclusión. 3 abogados 8 días

El 30 de agosto de 2012 se hace el acto de inclusión de la resolución, el trámite fue

dispendioso y prolongado, pues se debía establecer de manera clara y argumentada la

conexión del narcotráfico con el despojo del predio; adicionalmente, se debía plantear

el marco político del caso de la UP y, por ende, la configuración de víctimas del conflicto

armado de la familia propietaria y titular de derechos.

A pesar de que en el caso no figura la actuación directa de un grupo armado en el

momento del despojo, el reto que presentó el caso era precisamente poder demostrar

la conexión entre estas dos dinámicas: despojo y narcotráfico, y estructurar los demás

sucesos de violencia ocurridos a lo largo de veinte años contra la familia propietaria que

incluyen el desplazamiento del núcleo de familia, persecución e intimidación, hasta la

desaparición del jefe de la familia.

Buena práctica

En la redacción de la demanda, fueron clave el trabajo en equipo y las

distintas áreas de profundización y experiencia de los abogados (derecho

civil, pero también derecho privado y conocimiento de derecho internacio-

nal), lo que permitió aportar ideas y perspectivas dinámicas y actuales a

la luz de las recientes sentencias de la Corte y de los principios marco.

Respecto a muchos de los casos que se adelantan, la Ley de Tierras

debe tener en cuenta y retomar contenidos de la ley ordinaria para tener

una mayor efectividad y coherencia en el proceso. De tal manera que, por

ejemplo, a pesar de que el narcotráfico es considerado un delito “común”,

sociológicamente está directamente relacionado con el conflicto armado.

El caso permitió reconocer las enormes falencias en términos probato-

rios que se tienen respecto a la complejidad de la mayoría de los casos.

Las habilidades de los profesionales para argumentar, investigar y ana-

lizar el caso desde la perspectiva de los opositores, y las contingencias y

las pretensiones en coherencia con la realidad son fundamentales en las

distintas etapas que conlleva cada caso para el logro de los objetivos de

manera eficiente y acertada.

Sept

iem

bre

de 2

012 Presentación de la demanda

El 5 de septiembre de 2012 se presentó la demanda ante el juez de tierras, pero se emite

un auto de inadmisión debido a que se observan algunas inconsistencias registrales (uno

de los predios no corresponde al dueño). La Unidad Territorial procede a verificar la infor-

mación en un plazo máximo de cinco días y vuelve a radicar la demanda y sugiere al juez

que en el marco de su actuación solicite las correcciones debidas ante la ORI.

- 91 -


ETAP

A JU

DICI

AL

Dici

embr

e de

201

2Etapa judicial

El 6 de diciembre de 2012 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Resti-

tución de Tierras de Villavicencio abrió a pruebas el proceso. Se desarrollan los alegatos

finales del caso.

Aunque el opositor no se presentó durante la etapa administrativa, para el trámite ju-

dicial nombra un abogado. Coincide para la fecha el tiempo de paro de la rama judicial, lo

que lo que da un tiempo a favor para que la defensa contacte y prepare algunos testigos

como familiares e intermediarios en el negocio que opinan a favor del opositor.

Una vez que se retoman las actividades, el juez solicita ampliación de testimonios a los

solicitantes, lo que significa someter a las víctimas a nuevos interrogatorios en escena-

rios con presencia del (los) opositor(es), en los que, además de ser tratados con cierta

rudeza por parte de la abogada del opositor, también se reciben preguntas repetitivas por

parte del juez que no aportan datos adicionales al caso, y que, por el contrario, generan

altos niveles de angustia, miedo y agotamiento en las víctimas. Con el agravante de que

en el marco de este caso se incrementan los niveles de riesgo para el coordinador de la

Unidad Territorial.

Al respecto, se puede inferir del apartado de la demanda (p. 21):

La apoderada judicial del “opositor”, recapitulando las exposiciones de los tes-

tigos, insiste en que con sustento en los mismos se demuestra la licitud de la

negociación llevada a cabo entre los solicitantes y el opositor, que simplemente

los solicitantes “de mala fe” o dolo logran desviar y distorsionar la realidad pro-

cesal con la ayuda de su apoderado de la Unidad de Tierras, con el fin de obtener

un fin económico, con base en mentiras y falsedades.

En esta se señala directamente a las víctimas y al funcionario público.

Lección aprendida

A partir de la sesión en la que el juez interroga a los solicitantes para

ampliar y detallar aspectos de la solicitud de restitución, se deduce, de

manera prioritaria, adelantar algunas estrategias de trabajo con los jueces

especializados en restitución de tierras en atención a los derechos que

tienen las víctimas de no volver a sufrir revictimizaciones o exposiciones a

situaciones de sufrimiento o indignidad en cualquiera que sea el escena-

rio de relación con la institucionalidad; al respecto, la Corte Constitucional

en la T025 de 2005 se ha pronunciado ampliamente.

- 92 -


Ener

o-m

arzo

de

2013

El 29 de enero de 2013, una vez se agota la etapa probatoria, el juzgado primero civil del

Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio dispuso la remisión del

expediente al Tribunal Superior de Bogotá.

El 15 de marzo el Tribunal Superior de Bogotá resuelve a favor la solicitud de restitución

presentada por la Unidad Territorial.

Lección aprendida

Se requiere afinar en detalle los aspectos referidos a esta etapa, pues,

según lo expresado por el grupo de abogados, se trata de varios pasos o

subprocedimientos que requieren de mayor seguimiento; se trata, ade-

más, de una etapa llena de gestiones en la que a pesar de los tiempos

establecidos en la ley, se presentan demoras en los numerosos trámites

y niveles.

En esta etapa, las gestiones administrativas disminuyen y se obliga,

entre otros aspectos, a la participación presencial de los profesionales

jurídicos en los juzgados, la revisión permanente del sistema de reporte

judicial, lo que dificulta asumir otros casos que inician, pues la carga de

trabajo de los trámites judiciales es bastante dispendiosa.

Juni

o de

201

3

En medio de la realización del acuerdo para la prosperidad que se llevó a cabo el 28 de

junio en Villavicencio, se hizo entrega de los títulos de propiedad de los predios restitui-

dos en el caso.

"Este viernes en Villavicencio, 13 familias campesinas del Meta recibieron

de manos del presidente Juan Manuel Santos los títulos de propiedad del

mayor número de hectáreas restituidas hasta el momento, en el marco de

la ley de víctimas. Las 8898 hectáreas restituidas se encuentran en las

veredas Tillavá, en Puerto Gaitán, y Servitá, en la capital del departamen-

to." (El Tiempo, 28 de junio de 2013)

- 93 -


Etap

a po

sfal

lo

Juni

o de

201

3-oc

tubr

e de

201

3En el fallo, el juez de restitución de tierras ordena, entre otras medidas, la restitución jurí-

dica de los predios, y concede

A favor de los reclamantes la compensación en especie en los términos que

trata el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4829 de 2011, con car-

go a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de

Tierras, otorgando la posibilidad a esta Unidad que la compensación se haga con

pago en efectivo de estimarlo necesario.

Los avances al respecto detallan que, en un primer momento, se propuso a los recla-

mantes la compensación en especie, es decir, la entrega de otro predio a cambio de Villa

Diana; propuesta que no fue aceptada por los solicitantes.

Posteriormente, dado que no se logró encontrar predios equivalentes al primero, se

decidió efectuar la compensación con pago efectivo previo avalúo de IGAC, lo que desen-

cadenó molestias en algunos de los reclamantes pues tenían un cálculo económico más

alto por el predio.

Alerta

El señor Dago Ramírez, papá de quien figuraba como propietario del pre-

dio y opositor en el proceso, fue extraditado en el 2007, pero acaba de

radicarse nuevamente en Colombia, pues su proceso ha culminado con el

cumplimiento de la pena impuesta. Lo anterior supone probables y nue-

vos riesgos para la familia reclamante en la etapa actual.

Ener

o de

201

4

Se da por culminado el trámite de compensación en dinero a tres de los reclamantes, el

cuarto había manifestado su negativa respecto al valor avaluado por el predio, pero el

magistrado ordena mantener el avalúo y pagar sobre lo estipulado.

En el mismo mes, la sala civil especializada en restitución de tierras ordena la entrega

del predio Villa Diana al Fondo de la UAEGRTD, dado que la compensación en efectivo a los

antiguos dueños del predio se ha efectuado.

Para entonces, los niveles de riesgo de la familia se han incrementado.

- 94 -


Part

icip

ació

n de

las

víct

imas

En el caso, se puede evidenciar una participación activa de las víctimas, aunque, como se menciona en el resumen, por los elevados riesgos de seguridad que implica el

caso, el núcleo familiar delegó en uno de los hijos la gestión y la comunicación con la Unidad de Tierras con el fin de minimizar las amenazas y otros posibles hechos de vio-

lencia. Sin embargo, la colaboración y el aporte de toda la familia han sido clave para acopiar información y construir las pruebas del proceso.

Como se mencionó anteriormente, y según las entrevistas realizadas a los funcionarios de la URT, en la etapa judicial se deben revisar las actuaciones relacionadas con

el trato dado a las víctimas que deberán ajustarse en la perspectiva de no causar más daños a las personas que están exigiendo sus derechos. Dichas actuaciones podrían

presentarse mas no justificarse por parte de los abogados de opositores, quienes de todas maneras deben guardar la proporción de su actuación toda vez que según la ley

se trate de un marco de justicia transicional en el que se deben implementar otras estrategias y protocolos para el trato a las víctimas, más cuando en el país ya se tienen

experiencias ampliamente documentadas al respecto.

En la etapa posfallo, surgen numerosos inconvenientes difíciles de calcular durante el proceso, pues la orden de la compensación en especie no se acepta bajo las consi-

deraciones que establece el Fondo; se pasa, entonces, a una compensación en dinero que tampoco satisface las expectativas de los reclamantes y sobre la que se niega la

solicitud de otro avalúo. Las tensiones entre los miembros del núcleo familiar pueden haberse exacerbado frente a la decisión de efectuar los pagos sin otra consideración.

La relación con la Unidad Territorial cambia también notoriamente.

Al respecto de esta etapa, ¿se puede considerar el logro de una reparación integral y transformadora?, ¿cuáles son los indicadores de reparación individual y familiar?,

¿cuál es el balance del proceso administrativo respecto a las medidas adoptadas para el caso?

Divisores presentes en el caso

Sin duda alguna, el caso permite conocer, de primera mano, los riesgos que conllevan los

procesos de restitución de tierras en medio de la continuidad del conflicto armado en el

país. Luego de presentar la solicitud, se incrementaron de forma progresiva y sistemática las

amenazas contra el reclamante y otros miembros de su familia; por ende, se remueven nue-

vamente sentimientos de desprotección, miedo y desconfianza que limitan la participación

de manera más activa y colectiva en el caso y la reivindicación de sus derechos de manera

abierta y pública.

¿Cuáles son las condiciones reales para garantizar la seguridad de las víctimas?

Conectores presentes en el caso

La familia reclamante es consciente de su apuesta política y simbólica al establecer la

solicitud de restitución; se trata, ante todo, de un ejercicio de derecho a la memoria en

homenaje a su padre, quien, además de ser el legítimo propietario del predio, fue un

militante de la Unión Patriótica en el Departamento y candidato a la Asamblea Departa-

mental del Meta, por el partido político Movimiento Unido por la Paz.

- 95 -




Predio:

El Carpintero

Vereda: San Miguel Municipio: Cabuyaro

Departamento: Meta

Hectáreas

1038 hectáreas 6183 metros cuadrados

Objetivos:

Comprender lecciones aprendidas y buenas prácticas desarrolladas en el caso, en materia de decisiones, herramientas y metodologías que sean útiles para posteriores procesos de

restitución.

Pregunta central:

¿Cuáles son las características centrales del proceso en relación con las buenas prácticas21 y las lecciones aprendidas22 en un predio común y proindiviso?

Fuentes:

• Entrevistas a profesionales de la Unidad Territorial Meta: director territorial Rubén Revelo; abogado Juan Camilo Villegas; Marcela, área catastral, y Aura Angélica Hernández, inte-

grante del área social (diferentes fechas).

• Sesión de trabajo sobre el caso con asesores del nivel central (septiembre de 2012).

• Informe preliminar sobre el caso (12 de octubre de 2012) elaborado por Juan Camilo Villegas, abogado.

• Memoria de la jornada comunitaria en el predio (diciembre de 2012).

• Reunión con asesores de la Subdirección General de la URT y el equipo de UT Meta (5 de marzo de 2013).

• Entrevista Juan Camilo Villegas, abogado litigante responsable del caso (12 de junio de 2013).

Periodo de ejercicio de sistematización del caso: marzo-septiembre de 2013.

- 96 -


Síntesis del caso

Es un caso central para revisar las estrategias de trabajo en torno a figuras “en común y pro indiviso”23 en el Departamento y otras zonas del país. Reviste, además, una importancia

para la reflexión institucional nacional y territorial, pues desde hace quince años se han presentado diversos niveles y acciones de intervención de entidades que han impactado de

manera negativa con graves consecuencias para los pobladores.

Parte del acumulado de fallas institucionales se refiere a la no presencia efectiva de la institucionalidad en esos primeros años, pues esto legitimó, de alguna manera, el actuar

de los actores armados (paramilitares) y dejó con una fuerte estigmatización a los pobladores residentes. La falta de credibilidad y de confianza en las instituciones fue uno de los

principales obstáculos en la fase inicial de este caso para el trabajo de la UAEGRTD, pues la generación de expectativas, la no resolución de problemas y los largos años sin respuestas

concretas hacen parte del entramado institucional en el caso desde 1997.

“Es un caso atípico de trabajo que ha llevado a generar reflexiones y cuestionamientos sobre los vacíos y limitantes de la ley desde las diversas áreas de trabajo sobre una serie de

aspectos que en este caso de predios común y proindiviso pueden verse afectados negativamente por el proceso de restitución de tierras. Sin duda alguna la pregunta de fondo y que

requiere especial atención por parte del nivel central se refiere a la situación o impacto sobre las personas ocupantes de buena fe que siempre han estado en los predios” (Memoria

de la sesión de trabajo llevada a cabo con personas habitantes del predio en la actualidad). El caso es bastante extenso por el número de solicitantes agrupados y por las numerosas

pruebas que se pudieron anexar al expediente, por lo que se constituye en uno de los casos más documentados y referidos en la Unidad Territorial. En la actualidad, solo habitan en el

predio 16 de las 85 familias beneficiadas, algunas han realizado ventas de mejoras.

Antecedentes históricos24 e institucionales

En el año 1997, el Incora —actualmente Incoder—, en el marco de ejecución del programa de subsidios para la adquisición de tierras, seleccionó a un grupo de 45 familias víctimas de

desplazamiento forzado provenientes de diferentes lugares del país y a un grupo de 40 familias damnificadas por desastres naturales como beneficiarias del subsidio que consistió

en la financiación del 70 % del valor de un predio, el otro 30 % debía ser cancelado por medio de la implementación de un proyecto productivo que se financiaría con un crédito aproba-

do por la Caja Agraria.

El predio rural adquirido por medio del subsidio se denomina El Carpintero, tiene una extensión de 1098 hectáreas y se encuentra ubicado en la vereda San Miguel del municipio de

Cabuyaro en el departamento del Meta. El 16 de diciembre de ese mismo año se concreta mediante escritura pública la adquisición del predio bajo la figura “en común y pro indiviso” y

el 27 de diciembre se realiza la entrega material del predio con la presencia de autoridades locales, representantes del Ministerio del Interior y de organismos de ayuda internacional.

Es preciso aclarar que no todas las familias beneficiarias se hicieron presentes en el acto de entrega, y adicionalmente un grupo numeroso de ellas nunca habitó el predio en los años

siguientes, al parecer porque este no contaba con las condiciones mínimas para alojar a los 85 núcleos familiares, y tampoco se habían previsto mecanismos para acompañar insti-

tucionalmente a las familias respecto a la resolución de necesidades básicas (vivienda, trabajo, salud, educación, entre otras) ni para apoyar la integración entre dos grupos sociales

provenientes de distintas zonas y afectados de manera particular por hechos diferentes que motivaron su desplazamiento (conflicto armado y desastre natural), por lo que se genera-

ron numerosos conflictos para la convivencia social.

Teniendo en cuenta que una de las condiciones para el desembolso de los recursos destinados por la Caja Agraria para la implementación del proyecto productivo con el cual se can-

celaría el 30 % restante del valor del predio era contar con la totalidad de las 85 familias en el sitio, la entidad manifestó que no era posible establecer una garantía real sobre el crédito

y, además, las familias que a esa fecha se encontraban ubicadas en el predio se negaron a trabajar de manera colectiva, pues el nivel de conflictos entre ellas era alto. La Umata del

municipio propuso algunas iniciativas productivas que no se pudieron concretar debido a las mismas razones.

- 97 -


Al respecto, varios informes del mismo Incora (para esa fecha) señalan que esas dificultades se debieron, en buena parte, a las condiciones de la figura común y proindiviso, situa-

ción que fue identificada y frente a la que se elaboraron propuestas que no lograron atender las necesidades de los adjudicatarios, pues se requiere la aprobación de todos los propie-

tarios para poder disponer del predio.

De forma paralela, en estos años se conocen los primeros hechos que derivan de la presencia de grupos paramilitares (Bloque Centauros de las AUC, Carranceros y el grupo de Mar-

tín Llanos), quienes intervienen de manera directa en los conflictos comunitarios dado el alto interés que la zona representaba para ellos por tratarse de un corredor estratégico para la

movilidad y de una zona donde se podía tener acceso a atención médica. Su injerencia en la cotidianidad de la comunidad era una especie de aceptación del control social que tenían.

Esto condujo a que se incrementaran los conflictos y los señalamientos entre varios de los habitantes que desencadenaron una serie de hechos violentos (desde 1998), además del

desplazamiento forzado colectivo e individual de algunas familias. En el año 1999, ante el desplazamiento forzado del que fueron víctimas algunas de las familias beneficiarias, el

Incoder reubicó a un nuevo grupo de aproximadamente veinte familias desplazadas que también fueron víctimas de hechos de violencia.

Adicionalmente, la Alcaldía y la Embajada del Japón han construido en el predio un colegio con una buena infraestructura y también se construyó una vía pública sin pavimentar

que atraviesa el predio. “La Unidad desconoce cuál ha sido el trámite que se ha dado para dichas construcciones pero alerta sobre la inversión de recursos públicos en un predio de

carácter privado, actuación contraria a la ley” (Informe preliminar del caso, realizado por Juan Camilo Villegas, octubre de 2012). La Alcaldía ha manifestado su inconformidad por el

proceso que se adelanta en el eventual caso de que se ordene restituir a familias que nunca han habitado en la zona, que nadie conoce y que entraran a competir por los beneficios de

programas sociales bajo la prioridad que les confiere su situación de víctimas de la violencia.

Muchas de las personas habitantes, terceras de buena fe, tienen prevenciones sobre la llegada de personas foráneas, por los posibles conflictos que se presenten en temas de

convivencia social; luego de varios sucesos vividos y el abandono en el que estuvieron por años, no quieren volver a repetir esas situaciones. Otras personas que han vendido mejoras

y tienen grandes proporciones del predio en explotación productiva no están de acuerdo con que se determine una nueva repartición de tierras, pues piensan que se va a desconocer

lo que se ha invertido a lo largo de estos años.

En octubre de 2012, se habían presentado 21 solicitudes de restitución sobre el predio. A esa fecha, 18 de tenían resolución de inicio de estudio y comunicación en el predio, a una

de las solicitudes se le negó el inicio de estudio formal, pues no fue posible identificar un vínculo con la tierra (propiedad o posesión), ya que hace parte del grupo de familias despla-

zadas reubicadas en el predio en el año 1999; las dos solicitudes restantes tienen resolución de inicio de estudio, pero no se había llevado a cabo la comunicación (Informe preliminar

del caso, realizado por Juan Camilo Villegas, octubre de 2012).

La UAEGRTD debió, en medio de muchas dificultades, establecer en primer lugar quiénes fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado y que, como tal,

debieron abandonar forzosamente la propiedad. Seguidamente, a quienes se les pudo comprobar la condición, fueron inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas

Forzosamente. A medida que avanzaba el proceso, se trabajó en el rediseño de una propuesta de restitución

viable, que genere acción sin daño, con vocación transformadora, sustentable en el tiempo y que respete los derechos de las víctimas y de las personas que se encuentran

actualmente en el predio, dicha propuesta partió de contemplar las condiciones actuales del predio y de la exigencia de disolver la calidad de común y pro indiviso que tiene

el predio además de responder preguntas como: ¿Qué porciones del predio deberán ser entregadas en restitución? ¿Cuáles serán los parámetros para tomar tal decisión?

¿En caso de encontrar terceros de buena fe exenta de culpa podrían permanecer en el predio? ¿Qué sucede con el colegio y la carretera que actualmente se encuentran en el

predio? ¿Es posible inscribir todas las relaciones jurídicas de propiedad (menos las personas que se encuentran en el predio), de manera oficiosa aduciendo un hecho noto-

rio de violencia con el fin de evitar litispendencia en el caso? (Informe preliminar del caso, realizado por Juan Camilo Villegas, octubre de 2012)

- 98 -


En junio de 2013, de los 85 núcleos familiares, se tenían 24 solicitudes en total (tres fueron negadas). La URT asume la representación de un grupo de once núcleos o solicitantes

(de oficio) y, por solicitud de ellos mismos, una organización no gubernamental asume la representación de los otros núcleos o solicitantes (once). Al respecto, es preciso aclarar que

la posibilidad de una representación conjunta entre las dos entidades no fue viable y, por eso, se tramitan dos grupos distintos de solicitudes; de todas formas, en la solicitud de res-

titución de tierras (demanda) que estructuró y presentó la UAEGRTD se incluyeron a todos los posibles solicitantes que aparezcan de forma posterior a este trámite, de tal manera de

que si una persona se presenta años más tarde, no se tenga que volver a hacer un trámite complejo que acarree nuevos inconvenientes, demoras y tensiones para los pobladores, y

un desgaste institucional para la entidad.

En el predio habitan dieciséis núcleos entre beneficiarios que llegaron en el año 1997, otros de 1999, y otros que han llegado después por razones de parentesco o vecindad. Mu-

chos de los solicitantes que nunca habitaron el predio o que se desplazaron en esos años se encuentran en diferentes regiones del país.

De manera más reciente (2010), se conocen en el municipio vecino de Barranca de Upía el inicio de actividades relacionadas con la explotación petrolera por parte de la empresa

canadiense Petrominerales, que ha desencadenado una serie de problemas que afectan a la población y al medio ambiente de la zona, en general; por ejemplo, el vertimiento de

aguas contaminadas a los ríos Upía y Cabuyarito afecta la pesca y el riego de cultivos: “definitivamente La llegada de la industria petrolera no se ha traducido en una real inversión

social, la industria local no se incentiva, el bajo empleo local y los bajos salarios no mueven la economía local. El desarrollo agro industrial y la capacitación de la población a ese ritmo

está lejos de generar un real desarrollo” (Comunicado Junta Directiva USO Barranca de Upía, 9 septiembre de 2011). Por otra parte, la expectativa del petróleo ha impactado de manera

notable los precios de la tierra en los municipios aledaños.

El caso representa una “oportunidad” para resolver parte de las dificultades que se han tenido en torno a la figura común y proindiviso en concordancia con los derechos de las vícti-

mas.

Ubicación

Debido a su ubicación sobre el río Meta, el municipio de Cabuyaro es uno de los municipios más estratégicos del Departamento. Este dista de Villavicencio 110 km, limita al norte con

el municipio de Barranca de Upía, al sur con el municipio de Puerto López y Cumaral, al occidente con el departamento de Cundinamarca y al oriente con el departamento de Casanare.

De manera reciente (noviembre de 2013), se ha aprobado la construcción de una ruta Puerto Gaitán- Cabuyaro-Barranca de Upía, con el fin de conectar con la vía hacia Yopal (Casa-

nare), por donde puede pasar el flujo vehicular que viene de las zonas de explotación petrolera para descongestionar el paso entre Villavicencio y Bogotá.

- 99 -


ETAPAS

Fecha Descripción Lecciones aprendidas y buenas prácticas

Etap

a ad

min

istr

ativ

a

Juni

o de

201

2

Recepción de solicitudes

La recepción de solicitudes se realizó por parte de los abogados que en ese

momento ejercían labores de atención a público.

Después de esta etapa de recepción de solicitudes y a la par de la organiza-

ción y la categorización de la información derivada de las solicitudes, así como

del estudio preliminar del caso a nivel territorial, se realizaron sesiones de

trabajo (por lo menos dos reuniones en Bogotá) de análisis conjunto con pro-

fesionales de las áreas del nivel nacional (jurídica, social y catastral).

Posteriormente, al interior de la UAEGRTD estas sesiones especiales de tra-

bajo para analizar aspectos de casos complejos se han denominado “clínicas

jurídicas”; su efectividad podría evidenciarse al cabo de los resultados de las

demandas de dichos casos y en el impacto de las pretensiones propuestas.

Actividad Recursos TiemposRecepción de solici-

tudes

2 abogados en atención al

público

El trabajo sobre este caso, y de otros que adelanta la UT, se ve en medio de dos tensiones

permanentes; por un lado, la vinculación de más equipo de trabajo pero con la limitante

de los tiempos para cada uno de los procedimientos. Sin duda, la calidad en los niveles

de formación y experiencia de los abogados y, en general del equipo de trabajo, es indis-

pensable para garantizar un mejor proceso.

Buena práctica

Es preciso destacar el trabajo previo realizado por el abogado litigante responsable del

caso, pues fue determinante para la estructuración de la solicitud de restitución y pos-

teriormente para la formulación de hipótesis centrales y presunciones. La planeación

favoreció un mejor desarrollo del trabajo interdisciplinario local (con las áreas social y

catastral) y una participación más oportuna y efectiva de asesores nacionales de distin-

tas áreas de la entidad (director área catastral, área jurídica, directora área social).

Julio

de

2012

Microfocalización

En julio se desarrolló la primera visita al predio con la asistencia del director

territorial de la entidad y el abogado líder designado; de acuerdo con las deci-

siones tomadas en el COLR, se dispuso del acompañamiento de fuerza pública.

Lección aprendida

Sin embargo, las valoraciones para ir a la zona fueron desproporcionadas respecto a la

realidad actual de la zona y el objetivo de la visita, por lo que se tuvo una exagerada y

masiva presencia militar que generó numerosas tensiones con los habitantes del predio,

quienes, además, veían en la entidad una contraparte para sus actividades productivas y

su residencia en la zona.

Es necesario tener valoraciones más acertadas y coherentes con la realidad y los

objetivos de las visitas a los predios o zonas a intervenir.

- 100 -


Agos

to d

e 20

12El Incoder realiza un levantamiento topográfico y analiza la explotación de sue-

los de los actuales habitantes. El informe fue entregado al juez para su estudio

y pronunciamiento.

Si bien el predio ya no se encuentra bajo el régimen parcelario de los doce

años, la figura de común y proindiviso sigue vigente e Incoder ha precisado

que podría tomar las parcelas de personas que no están en el predio en la

actualidad o que no nunca estuvieron.

Buena práctica

La Unidad Territorial solicitó una copia de dicho informe al Incoder como insumo central

actualizado para el estudio general del caso. El documento aportó información precisa

y actual sobre cada uno de los predios o parcelas y los habitantes, así como de las ac-

tividades productivas establecidas y las características ambientales y geográficas del

terreno.

Sept

iem

bre-

octu

bre

de 2

012

Etapa de inicio

La Unidad Territorial (área social, jurídica y catastral) realizó tres ejercicios de

recolección de información comunitaria: cartografía social y línea de tiempo,

dos con los solicitantes de restitución y uno con las personas que habitan

actualmente el predio.

El día 27 de septiembre se llevó a cabo la diligencia de comunicación en el

predio; para entonces, dieciocho solicitudes contaban con la resolución de

inicio de estudio; una estaba negada, pues no fue posible identificar un vínculo

con la tierra (propiedad o posesión) al formar parte de las de familias despla-

zadas reubicadas en el predio en el año 1999, y otras dos solicitudes restan-

tes tenían resolución de inicio de estudio, pero no se había llevado a cabo la

comunicación.

En esta etapa se presentaron algunas dificultades en los tiempos; una

actividad que debe tomar entre una a dos semanas se prolongó por casi dos

meses, lo que afectó el ciclo del proceso. Es preciso aclarar que dicha demora

se derivó de la gestión de los apoderados responsables del otro grupo de soli-

citantes.

Actividad Recursos TiemposCartografía social

con solicitantes

1 socióloga área social 4 horas

Línea de tiempo con

solicitantes

1 socióloga área social 4 horas

Sesión de trabajo con

habitantes del predio

1 abogado, 1 social, 1

catastral

4 horas

Buena práctica

En términos de los tiempos establecidos, este caso, a pesar de tratarse de una comuni-

dad o grupo de varias familias, se manejó como si se tratara de casos individuales, lo que

conllevó una efectiva celeridad en el avance de los procedimientos.

Tal como se encuentra definido el procedimiento administrativo en la ley, los tiempos

no se hacen más flexibles ni extensos a pesar de que se trate de un caso colectivo.

El procedimiento de notificaciones es clave para poder tener el caso en firme y avanzar

en la presentación de la solicitud de restitución. Por lo anterior, es importante, en caso de

que intervengan otros apoderados jurídicos, planear y proyectar las acciones, los tiem-

pos y las responsabilidades requeridas, de tal manera que el proceso avance sin afecta-

ción para ninguna de las partes.

- 101 -


Sept

iem

bre-

octu

bre

de 2

012

Recolección documental

Adicionalmente a la dificultad para determinar la condición de víctimas; debido

a las recurrentes ventas de tierras o mejoras por parte de algunos de los habi-

tantes a otras personas, se puede suponer que estas tierras sean declaradas

como inexistentes, pero sobre las cuales solo se puede pronunciar el juez

especializado. De igual manera, en el caso de ventas de mejoras que realizaron

algunas de las personas reubicadas por el Incoder en el año 1999, debe anali-

zarse la figura bajo la que se les entregó el predio y determinar si hay derechos

sobre la propiedad.Entre las entidades (más de quince) a las que se solicitó

información figuran:

• La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a

Víctimas para que informara si las personas (85 beneficiarios con su núcleo

familiar) figuran en el Registro Único de Víctimas.

• La Fiscalía delegada ante los Tribunales de Justicia y Paz para que infor-

mara si en versiones libres de los postulados de la Ley 975 de 2005 se había

hecho mención al predio El Carpintero. Además, se solicitó información sobre

hechos violentos puntales relacionados en las solicitudes de inscripción en el

registro.

• La Fiscalía General de la Nación para que informara sobre hechos violentos

acaecidos en el marco del conflicto armado en el predio desde diciembre de

1997 hasta la fecha y para que, además, aportara los antecedentes penales

de algunos individuos que han realizado compras o ventas en el predio.

• La Defensoría del Pueblo Regional Meta y la Personería del Municipio de

Cabuyaro para que informaran sobre los hechos violentos relacionados con el

predio.

• La Tesorería Municipal de Cabuyaro para que informara sobre las deudas o

pagos de impuesto predial o de industria y comercio del predio, relacionando

fechas, montos y personas.

• El Incoder para solicitar la suspensión de los cobros coactivos que se

adelantan a las familias que abandonaron el predio hasta que se emita el fallo

respectivo porque se pueden afectar los derechos de población en situación

de desplazamiento forzado.

Buena práctica

La etapa de recolección documental fue amplia y dispendiosa, pues al tratarse de un

caso con más de quince años de intervención, son muchas las entidades participantes

y los trámites realizados; asimismo, se han dado numerosos cambios institucionales; el

manejo de archivos y la alta rotación de profesionales en dichas entidades dificultó aco-

piar y organizar el expediente de manera más rápida.

Es preciso mencionar que se evidencian cambios en los tiempos de respuesta de las

entidades, pero algunas siguen presentando demoras.

Adicionalmente, el desarrollo de numerosos hechos de violencia complejiza la lectura

del caso, en el contexto específico del conflicto armado, por la enorme responsabilidad

que existía para determinar la condición de las personas solicitantes como víctimas del

despojo.

Las numerosas gestiones realizadas para obtener información detallada sobre el caso

fueron insumos centrales para la construcción de la solicitud. En el momento de radicar-

se la demanda, era un caso robusto con información oportuna y cualificada.

También se solicitó información a la organización que tiene la representación jurídica

de otros de los solicitantes.

- 102 -


Novi

embr

e de

201

2El 29 de noviembre sale la resolución de inclusión, a pesar de que se intentó

que el proceso se viera afectado por numerosos derechos de petición (die-

ciocho) que se interpusieron para tratar de dilatar la respuesta de la entidad,

como parte de una estrategia jurídica que el abogado de algunos opositores

proyectó.

El acumulado de derechos de petición generó un recurso de tutela que fue

resuelta a favor de la URT. Posteriormente, se han tenido que afrontar otras

acciones similares de parte del mismo abogado.

Buena práctica

La demora en los tiempos de la organización que tiene la representación jurídica de otros

solicitantes influyó en la etapa de notificaciones, y, por tanto, se prolongaron los tiempos

determinados. En la etapa de notificación, se invirtió más tiempo de lo debido; una activi-

dad programada para dos semanas, se prolongó por espacio de dos meses, y dicha etapa

es imprescindible para tener todo el caso en firme y presentar la solicitud de restitución.

Dici

embr

e de

201

2

Adicionalmente, el 11 de diciembre se realizó otra sesión en el predio al fi-

nalizar la etapa administrativa para socializar el desarrollo y los alcances del

trabajo adelantado por la Unidad.

Esta jornada se realizó teniendo en cuenta que muchas de las personas no

habían asistido a las otras visitas realizadas por la Unidad, y que era necesario

dejar información unificada sobre las acciones realizadas; estuvo a cargo del

equipo interdisciplinario del caso.

Lección aprendida

• Trabajo interdisciplinario: la interacción entre las tres áreas tuvo resultados favora-

bles, pues la gente tenía muchas dudas y se posibilitó un espacio para aclarar preguntas

y precisar detalles del proceso.

• Opciones: el equipo de la Unidad Territorial promueve esta sesión de trabajo adicional

en el marco de la reflexión sobre los daños que se pueden generar en las comunidades

donde se intervenga; este caso evidencia un esfuerzo por tratar de atenuar dichos impac-

tos negativos buscando opciones y comunicación abierta con la comunidad. Al cabo de

la jornada realizada, se acopiaron otros insumos para plantear otras estrategias a pesar

de los tiempos del proceso.

Se llegó a otras preguntas y reflexiones para la etapa postrestitución: ¿Cómo se hace

ese trabajo? ¿Cómo y de qué manera se va a desarrollar? ¿De qué manera se abordan

estos efectos negativos o tensiones en la postrestitución? ¿Cómo debe ser el acompaña-

miento con otras instituciones?

- 103 -


Febr

ero-

mar

zo d

e 20

13Presentación de la demanda

A finales del mes de febrero de 2013, se radicó la primera solicitud ante el juez

primero, especializado para la restitución de tierras en el Departamento. Dicha

solicitud fue devuelta a la UT para algunas correcciones; al ser devuelta, fue

remitida por reparto al juez segundo, a quien la UT se la volvió a presentar en

marzo de 2013.

De acuerdo con la figura de acumulación procesal, las solicitudes se pueden

acumular con otras que se vayan interponiendo a medida que avancen las

respectivas etapas.

Dici

embr

e de

201

3

Se radica la solicitud de demanda por parte de la organización que tiene la

otra parte de solicitudes bajo su representación jurídica. El lapso de tiempo

transcurrido representa un hecho inusual en los procesos hasta ahora adelan-

tados por la UAEGRTD.

Desde el inicio del proceso de restitución, las tensiones y los debates con representan-

tes de la Alcaldía municipal han sido frecuentes, y persisten hasta la fecha con proyec-

ciones a incrementarse. Se requiere de una efectiva articulación interinstitucional para el

cumplimiento de las órdenes que emita el juez especializado y de un acompañamiento

planificado y coherente que tenga en cuenta la complejidad del caso y la historia de

intervenciones negativas o con daño que se han tenido en repetidas ocasiones sobre la

misma zona.

- 104 -




Predios: varios Veredas: varias Municipio: El Dorado

Departamento: Meta

Solicitantes (corte a diciembre de 2013)

Número de solicitudes de ingreso al registro: 107

Número de solicitudes con acto de resolución de inicio de estudio: 85

Número de personas inscritas en el registro: 29

Número de solicitudes con demandas y representación de la UT: 12

Objetivos:

Comprender lecciones aprendidas y buenas prácticas desarrolladas en el caso, en materia de decisiones, herramientas y metodologías que sean útiles para posteriores procesos de

restitución.

Pregunta central:

¿Cuáles son las características centrales del proceso, en relación con las buenas prácticasy las lecciones aprendidas?

Fuentes:

• Entrevistas a funcionarios y funcionarias de las áreas: social (Maria Elena Flórez, Aura Angélica Hernández), jurídica (Juan Camilo Villegas, Manuel José Lozano, Jaime Ávila, Diana

Mancera, Angela María), análisis territorial (Wilmar Trujillo), análisis de contexto (Natalia Pérez) y Andrea Lizcano, directora Unidad Territorial Meta.

• Resultados primera aplicación herramienta análisis situacional (trabajo diplomado ASD).

• Documento de contexto del caso, versión resumen.

• Documento de contexto histórico del caso, versión final.

• Documentos jornadas comunitarias con solicitantes y habitantes de la zona.

• Prensa.

• Líneas de tiempo habitantes de la zona, y solicitantes en zona y grupo en Villavicencio.

Periodo de ejercicio sistematización del caso: marzo-septiembre de 2013.

- 105 -


Síntesis del caso

La necesidad de dar respuesta efectiva a los reportes de entidades departamentales que señalan que existen numerosas solicitudes de retorno al municipio de El Dorado, así como el

hecho de que un amplio grupo de personas (aproximadamente ochenta) retornaron a la zona hace cinco años, condujo a que la Unidad de Víctimas y la Unidad de Tierras decidieran

intervenir, de manera conjunta, en el municipio para resolver temas relacionados con la reparación, la restitución y la formalización de tierras. El abordaje del caso colectivo se plantea

de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1448: “Los titulares de la acción pueden tramitar en forma colectiva las solicitudes de restitución o formalización de predios regis-

trados en la Unidad, en las cuales se dé uniformidad con respecto a la vecindad de los bienes despojados o abandonados, el tiempo y la causa del desplazamiento” (parágrafo art.

82).

El caso se caracteriza, además, por un contexto complejo de violaciones a los derechos humanos sucedidos durante más de veinte años en medio de la confrontación sin límites

que paramilitares y guerrillas libraron por el control territorial y político de la zona, con críticas implicaciones a nivel social y en el orden de la cooptación institucional. En la actualidad,

se observan cambios en la dinámica de confrontación y en los actores responsables, pero no en la resolución, lo que implica altos niveles de riesgo para el proceso de intervención y

de las propias víctimas.

Antecedentes históricos25 e institucionales

En el caso en mención, intervienen variables de relevancia histórica que, como la colonización del Ariari (desde finales de los cuarenta), en el marco de planes de gobierno dirigidos

y procesos de negociación (guerra del Llano en 1952), trascienden y explican las dinámicas de violencia y el consecuente despojo de tierras entre otros graves hechos de violencia.

Desde esa época, los asentamientos de familias respondieron a lógicas bipartidistas en las que se marcaron pugnas ideológicas entre liberales y conservadores. Esa misma división

fue la que facilitó la creación de una autodefensa local en El Dorado (habitado por conservadores, militares y policías pensionados), cuya finalidad era oponerse al peligro que repre-

sentaba la zona de EL Castillo (habitado por liberales y descendientes de la columna de marcha del Duda).26 “Ese núcleo de autodefensa local será transformado a partir de la década

de los ochenta, con la llegada de los ‘masetos’ de Víctor Carranza y Rodríguez Gacha, en los noventa con la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de

Carlos Castaño y con el surgimiento del Bloque Centauros de Miguel Arroyave entre 2001 y 2002” (Romero, 2007).

Entretanto, la guerrilla de las FARC hizo su aparición en la zona a partir de 1982-1984, a través del frente 31, y a partir de 1991, a través del frente 26, cuya principal tarea fue la de

retomar el control del corredor de movilidad que conduce al páramo de Sumapaz, a través del cañón del río Guape Norte y que comunica los departamentos del Meta, Huila y Cundina-

marca. En 1983, a pesar de que la fuerza pública instala una base militar en el casco urbano de El Dorado, la actuación de los grupos paramilitares es pública y abierta. En 1985, nace la

Unión Patriótica (UP) y en el siguiente año logra importantes avances en las jornadas electorales de las alcaldías de El Castillo, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama y Vistahermosa.

Cuando El Dorado logra la categoría de municipio (1992), se desata otra oleada de violencia, pues se esconden intereses territoriales, políticos y económicos detrás de esa gestión;

además, los vínculos entre las autoridades locales y la población en general con los grupos paramilitares fueron cotidianos, con relaciones de parentesco con algunos de los coman-

dantes más reconocidos y temidos en la región; en medio de este panorama, se generó, de forma permanente y de parte y parte, múltiples hechos de violencia. De lo anterior, se

desprende la “legalización” de un grupo de las Convivir con vigencia durante varios años. Durante los periodos 1997-1999 y 2002-2005, El Castillo y El Dorado presentan una tenden-

cia de homicidios superior a los promedios departamentales; coinciden, además, con la estrategia de exterminio ordenada contra la UP en el país.

- 106 -


Cerca al año 1998, en el marco de la negociación con el Gobierno, las FARC realizan varias acciones contra personas de El Dorado y se muestran en actividad organizada con mejo-

res condiciones militares y logísticas, aprovechan la cercanía a la “zona de despeje“ y, en forma paralela, se da la llegada de la Casa Castaño al Meta (masacre de Mapiripán en julio de

1997); posteriormente, concuerda el ingreso del nuevo grupo paramilitar con la alcaldía de Euser Rondón (2000), un “líder” local con afinidad a Carranza, quien la autorizó. El paso de

autodefensas locales a Frente Ariari se justificaba en razón a la existencia de los diálogos entre la guerrilla y el Gobierno y constituía una estrategia militar para rodear a la zona, con-

trolar los ejes centrales del Departamento, asegurar la expansión paramilitar y la injerencia política e institucional.

En la zona rural de ambos municipios, la incursión del nuevo grupo trajo graves consecuencias contra los civiles por considerarlos afines a la guerrilla y porque se estableció una

especie de frontera que protegería la base paramilitar ubicada en la parte baja y plana de El Dorado (vereda La Meseta). El desplazamiento forzado por accidentes de minas, los cons-

tantes enfrentamientos y amenazas, el robo de ganado, el despojo de tierras, así como numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, fueron rutinarios en la zona. El despojo de las

tierras, en particular, presenta en el caso una modalidad de compra por testaferros, con dineros provenientes de actividades de narcotráfico u otras actividades ilegales; se trata, en

todo caso, de transacciones a bajo costo, sin amenaza evidente, pero la gente sabía de quién se trataba al recibir la oferta de compra.

En el 2004, suceden algunas discrepancias internas entre los jefes paramilitares Euser Rondón, quien es asesinado, y luego Arroyave, por lo que las autodefensas se dividen en

tres bandos: el Frente Ariari se pliega al Bloque Guaviare hasta el 2005, que pasa a Bloque Héroes del Llano, que, a su vez, se desmoviliza en abril de 2006.

En el mes de agosto de 2013, una noticia menciona la aparición de otro grupo armado en el municipio: “oponerse a que una nueva banda criminal (Bacrim), que apareció en su

municipio atemorizando a los pobladores llevó a que declararan objetivo militar al alcalde de El Dorado, Fredy Díaz Gutiérrez. Esta es una de las denuncias que más llamó la atención a

los asistentes en el segundo Comité de Justicia Transicional Ampliado que se cumplió en Villavicencio. Además, por ser esta población, hasta hace pocos años, muy influenciada por

la presencia de paramilitares” (El Tiempo, 14 de agosto de 2013).

La intervención institucional

El 24 de noviembre de 1992 El Dorado fue elevado a la categoría de municipio (ordenanza No. 044) en el marco de una estrategia planificada y orientada a lograr un mayor poder y

control por parte del grupo paramilitar con asiento en la zona.

El 11 de diciembre de 1998, como una estrategia para acercar a las poblaciones, se conformó la Asociación de Municipios del Alto Ariari (AMA), de la cual también formaron parte los

municipios de Cubarral, Lejanías, Fuente de Oro, El Castillo, San Martín, San Juan de Arama y Granada. En el año 2002, les fue otorgado el premio Nacional de Paz: “es un proceso

de reconciliación, convivencia y gestión comunitaria que agrupa a siete administraciones municipales, que antes se consideraban enemigas por pertenecer a tradiciones políticas

diferentes, y a las que se señalaba como simpatizantes de los diversos actores armados que confluían en la región” (Fescol, 2002).

En el mismo año (2002), con la llegada del Bloque Centauros y la creación del Frente Ariari en alianza con la fuerza pública y los enfrentamientos con el frente 26 de la guerrilla de

las FARC se produjo un nuevo27 desplazamiento masivo en la zona alta del municipio, considerada por los paramilitares como una zona guerrillera.28 Nuevos hechos de desplazamien-

to se dan en el 2004. En el año 2006, apoyados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), retornaron al municipio de El Dorado 58 familias; luego, en el 2007, retornaron

treinta familias más.

- 107 -


En enero de 2009 (República de Colombia, 2012), y durante los tres años siguientes, se dio inicio a un trabajo de desminado manual que benefició a 150 familias (veredas Caño

Amarillo, San Pedro, San Pedro Bajo, Alto Cumaral, La Cumbre, Palo Marcado, Aguas Zarcas, Caño Leche y La Meseta). Dicha labor estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros No. 60 de

Desminado Humanitario Coronel Gabino Gutiérrez, bajo la coordinación del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma), de la Vicepresidencia de

la República, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (Aicma-OEA), las autoridades locales

y la comunidad del municipio.

En mayo de 2010, en el marco del Programa de Protección Práctica de Acnur, se realizó una actividad que consistió en ayudar a pintar algunas de las mejoras de vivienda de las fa-

milias retornadas, y se llevó a cabo gracias al apoyo de otras organizaciones como Acción Social y Acnur, y en cooperación con la Personería, la Alcaldía municipal, CHF internacional y

la Fundación Catalina Muñoz como entidad operadora: “En la jornada además, se brindó una serie de atenciones y ayudas a las familias que culminan un proceso exitoso de organiza-

ción comunitaria, autoconstrucción, capacitaciones técnicas y talleres psicosociales, contando con la participación de voluntarios comprometidos con la comunidad” (UN Voluntarios,

2010).

En el año 2012, en la entrega del trabajo de desminado humanitario, “se presentaron los avances de los proyectos productivos liderados por la Alta Consejería para la Reintegración

(ACR) en el marco del Tercer Laboratorio de Paz de este departamento. Las entidades aliadas y líderes de esta convocatoria son ACR, Departamento para la Prosperidad Social (DPS),

Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental (Cordepaz), Laboratorio de Paz III, Unión Europea, Gobernación del Meta y Alcaldía unicipal de El Dorado” (República de

Colombia, 2012).

En el año 2013, en el marco de trabajo conjunto (Ley 1448), la UAEGRTD y la UAERIV regional Meta analizan estrategias para dar continuidad a las necesidades de retorno de PSD

que se presentan en el Departamento. De acuerdo con la información que hasta entonces ha procesado la UAERIV sobre el interés de retornar de algunas familias a sus tierras y de

formalizar la restitución para las familias que ya retornaron, se decide iniciar acciones para la intervención desde el marco de la Ley 1448. El caso representa la primera experiencia

de trabajo conjunto en la zona entre las dos entidades desde que fueron creadas.

Ubicación

El municipio se ubica en la parte noroccidental del departamento del Meta, en la cuenca alta del río Ariari, a 72 km vía terrestre de Villavicencio. Tiene una extensión de 115 km2 y

3397 habitantes (DANE, 2012), distribuidos en catorce veredas y dos centros poblados. Limita al norte con el municipio de Cubarral, al sur con El Castillo y al oriente con San Martín y

El Castillo.

- 108 -


Aspectos situacionales29

(dificultades)

• Antecedentes del conflicto armado, en particular la presencia de grupos paramilitares se

explica en relación con alianzas existentes con funcionarios públicos que en la actualidad

siguen en los cargos de decisiones a nivel de alcaldía y otras instancias. Altos niveles de

coexistencia y afinidad política e ideológica con el proyecto paramilitar.

• La generación de empleo está amarrada a la empresa que explota la mina de cal de

propiedad de la familia Carranza,30 según varias versiones fue actor determinante para la

llegada de los paramilitares a la zona.31

• Se tienen indicios de nuevas acciones y reclutamientos de jóvenes por parte de bandas

criminales. Por otra parte, la desmovilización paramilitar sucedida en el 2005 no es del todo

real y efectiva, y también, aunque disminuida, continúa la presencia de las FARC.

• En la zona han nacido varios paramilitares y jefes guerrilleros y persiste una fuerte es-

tigmatización sobre las veredas de la parte “alta” que colindan con El Castillo.

• La intervención de los paramilitares transformó la estructura de tenencia de la tierra, el

minifundio se cambió por propiedades más extensas aptas para la ganadería adquirida a

muy bajo costo debido a la dinámica de conflicto armado, lo que benefició a personas forá-

neas, narcotraficantes o esmeralderos.

(oportunidades)

• La Gobernación del Meta tiene un amplio interés en acciones institucionales a favor

de las víctimas en el Departamento.

• Continúa el trabajo de la A.M.A en la región con el apoyo de diferentes entidades y

organizaciones.

• En la zona, existió una fuerte actividad en torno a la producción cafetera y en la

actualidad puede ser una opción económica para varias familias.

• Existe un proceso organizativo de mujeres en torno al programa Familias en Acción

y cincuenta familias que retornaron trabajan en varias iniciativas con el apoyo de la

UARIV y la Alcaldía.

• Existen numerosas organizaciones que hacen seguimiento y prestan apoyo al pro-

ceso de retorno y restitución: ONU, OCHA, PNUD, Acnur, Cordepaz, UARIV y UAEGRTD.

- 109 -


ETAPAS

Fecha Descripción Lecciones aprendidas y buenas prácticas

Etap

a Ad

min

istr

ativ

a

Mar

zo y

Abr

il de

201

3

El proceso en este municipio inicia en el mes de marzo del presente año,

y se deriva de un acuerdo interinstitucional entre UARIV y UAEGRTD que

buscaba concretar la restitución para un grupo numeroso de familias que

retornaron a la zona.

De forma adicional, influye en la decisión de microfocalización del muni-

cipio, la existencia de un proceso de retorno masivo auspiciado por distintas

entidades y el concepto de seguridad emitido por la fuerza pública, según el

cual, actualmente no existe riesgo de conflicto armado en la zona. En agosto

del mismo año el alcalde denunció la presencia de Bacrim en el municipio.

En ese mismo mes (22 de marzo), se hace una primera jornada de solici-

tudes en un caserío cercano a la cabecera urbana del municipio de El Do-

rado llamado Caño Leche, en dicha ocasión se asistió con integrantes de la

UARIV, y de manera previa al diligenciamiento manual de los formularios de

solicitudes, se hizo una breve explicación de la respectiva ruta institucional.

En esa fecha se reciben doce solicitudes de personas que retornaron

en los años 2007 y 2008, y la labor la realiza un equipo integrado por una

abogada de atención al público, la coordinadora del área jurídica de ese

momento y una integrante del área social. En el mes de abril, con el fin de

acopiar nuevas solicitudes de restitución, se realiza una segunda jornada

en la cabecera municipal con mejores resultados respecto a la primera por

la asistencia de un mayor número de participantes.

En ese mismo mes, se realiza la notificación del acto administrativo de

los predios por parte de abogados (dos) y el coordinador del equipo de aná-

lisis territorial, puesto que para esa fecha no se había terminado la contrata-

ción de personal para el área catastral proyectada desde el mes de enero.

También, en ese lapso de tiempo se organiza y consolida todo el paquete

de solicitudes de la zona recibidas en campo y las remitidas por Bogotá,

Tolima y Meta sobre el mismo municipio.

Buena práctica

Los aspectos que marcan la diferencia entre las dos jornadas se refieren a que en la

segunda “se organiza mejor la planeación en tanto se enviaron mensajes a distintos

contactos para convocar a las personas interesadas, se estableció una comunica-

ción más directa con algunos líderes y se detallaron mejor los aspectos de la jorna-

da” (abogada de atención al público).

A partir de estas jornadas, en uno de los informes de comisión se recomienda que,

dado que en este caso se desarrolló la primera recolección de solicitudes de esta UT

en campo, se establezca que en todos las fases de inicio de casos se realicen este

tipo de jornadas, de tal forma que a partir de estas se tengan al alcance formularios

impresos en las distintas salidas o comisiones.

La segunda recomendación del informe se dirige a convocar a personas pendien-

tes de diligenciamiento de formulario de solicitud a los puntos más cercanos a su

ubicación, de acuerdo con el cronograma de viajes de los funcionarios de la UT.

Esta jornada es una de las pocas actividades referenciadas como escenario inte-

rinstitucional con la UARIV, los resultados de esta son favorables si se tiene en cuen-

ta que los asistentes a la reunión pudieron conocer detalles de la ruta institucional

en el nuevo marco; plantear diversas preguntas sobre los requisitos para solicitar

la restitución y sobre los inconvenientes por vacíos de información o de papeles, e

interrogar acerca de las situaciones previstas para la actuación en predios ubicados

en zonas de reserva y sobre las implicaciones de la restitución a familias que ya

habían retornado.

- 110 -


Juni

o de

201

3La información es recibida por el área de análisis territorial como insumo

central del caso. El 15 de junio, junto con profesionales del área social y jurí-

dica, se realizó una jornada comunitaria que tuvo como objetivo la ubicación

de los predios según datos técnicos.

El ejercicio técnico de acopio y medición de predios requiere que los

profesionales del área catastral establezcan contacto directo con los solici-

tantes para conocer condiciones de acceso, tiempos, rutas, trayectos, coor-

dinar el encuentro para que las personas realicen el reconocimiento de su

predio, y, finalmente, compartir largas jornadas con esas personas mientras

se avanza en la parte técnica de medición.

A partir de este primer ejercicio, prosiguieron tres grandes comisiones (en

número de días y equipo) para levantamientos topográficos. Cada comisión

tuvo una duración de siete días en promedio, previamente se establecieron

los mecanismos para el acompañamiento de la fuerza pública (20 a 25

uniformados) para cada salida, y con ellos se decidió iniciar por los predios

más lejanos y con mayor riesgo (la parte alta de las veredas).

Precisamente, una de las situaciones de riesgo más críticas para un inte-

grante del equipo catastral sucede en una de las veredas ubicadas en esta

parte; en uno de los recorridos, el dueño del predio advierte sobre la posibi-

lidad de que se encuentren minas antipersona sin detonar y, en efecto, la

fuerza pública efectúa el rastreo que, al resultar positivo, conlleva “asegurar

la zona” y hacer detonar la mina ese mismo día.

Buenas prácticas

Esta jornada tuvo buena respuesta y el contacto se hizo a través de los presidentes

de juntas de acción comunal veredales. De acuerdo con sus percepciones, los profe-

sionales relatan que este contacto inicial debe ser explicado de la manera más sen-

cilla posible, utilizando un lenguaje común y de fácil comprensión, pues la mayoría

de personas son campesinas con bajos niveles de lectoescritura, así, por ejemplo,

se suele decir que se va a hacer un “recorrido” por el predio en cambio de hacer un

levantamiento topográfico.

Se deriva de esta situación la importancia de cualificar a los equipos de profe-

sionales de esta área en criterios y herramientas para el trabajo con víctimas y en

estrategias de autocuidado, pues inevitablemente de manera más tranquila y es-

pontánea que en la oficina, al volver y recorrer los predios, las personas narran los

detalles de su desplazamiento y los hechos de violencia acompañados, en muchas

ocasiones, de diversas expresiones emocionales.

Sumado a lo anterior, la exposición ante elevadas situaciones de riesgo (en el

caso de las minas antipersonal) genera en los profesionales sensaciones de temor,

inseguridad y angustia que deben ser evadidas o “aplazadas” por la presión que

existe para el cumplimiento de metas y funciones. A pesar de que la percepción pos-

terior que se tiene es que hubo un buen manejo de la situación por parte de la URT y

la fuerza pública, no se ha desarrollado un espacio para el balance en equipo de la

situación y para planear alguna estrategia en caso de futuras visitas a la zona para

otros ejercicios técnicos.

- 111 -


Respecto a la articulación con otras áreas, se tiene una percepción de varia-

bilidad dependiendo del rol que desempeñe el abogado líder o coordinador

del caso; sin duda, como se ha mencionado antes, los profesionales del

área catastral acceden de manera más tranquila a una serie de datos, insu-

mos y detalles del caso a los que no acceden los abogados (ellos no partici-

pan en los recorridos a los predios o en las líneas de tiempo).

Durante esta fase, el área social realizó tres líneas de tiempo, dos con

solicitantes (una de ellas en Villavicencio) y una con habitantes de la zona,

integrada principalmente por líderes de juntas de acción comunal de la zona

rural del municipio. Es preciso mencionar que el ejercicio desarrollado con

este último grupo fue el más nutrido en términos de detalles y cronología de

los hechos y los actores.

Adicionalmente, se hicieron diez entrevistas a actores sociales, colonos,

ex funcionarios, líderes e, incluso, familiares de actores armados involu-

crados en el caso; lo que, sin duda, enriqueció el cruce de información y el

análisis de esta. También, se realizó una revisión detallada de información

de prensa. A partir de esta información, se estructuró un contexto breve

para la demanda y, a medida que se iba revisando la información, se encon-

traban numerosas dificultades y vacíos respecto a los detalles del caso, que

requerían el cruce activo de datos y fuentes. En palabras de una de las in-

tegrantes del área social, el trabajo sobre este caso, en particular, posibilitó

“entender un poco más las dinámicas de las AUC en el departamento, lo que

resulta clave en términos de la reconstrucción de la memoria histórica”.

Los profesionales de esta área reconocen como pertinente y muy importante una

capacitación que se tuvo en mayo por parte de las Naciones Unidas sobre temas

de seguridad, por lo que se sugiere que estas se establezcan de manera periódica

para actualizar la información y adquirir más elementos frente a estos riesgos. Sería

conveniente, además, contar con equipos de comunicación que permitan el enlace

ante alguna emergencia (equipo satelital) en esa zona; por ejemplo, no entra la

señal del celular.

Consideran que inciden favorablemente, en la dinámica de trabajo, las buenas

relaciones entre los integrantes del equipo y las conversaciones informales que se

tienen en los momentos de descanso, pues la duración de las comisiones, el can-

sancio físico por los recorridos de los predios (largos y extenuantes rutas) y el can-

sancio mental por el recuento de hechos generan distintos niveles de agotamiento.

Los diálogos regulares entre áreas son escenarios privilegiados para conocer, inter-

cambiar y precisar información central para el caso.

Lección aprendida

De manera reciente, se ha establecido el manejo diario de una matriz digital para

visibilizar la información jurídica y catastral del caso, y de esta forma dinamizar la

comunicación, garantizar la fluidez de información y, por ende, una mayor efectivi-

dad de las responsabilidades de cada área sobre los casos.

- 112 -


En cuanto a los aspectos metodológicos y operativos, es imprescindible

que de forma previa a la realización de los ejercicios se incorporen activida-

des de planeación entre los integrantes del equipo para discutir y definir los

objetivos, las preguntas, los roles, pues los detalles de cada caso pueden

pasarse por alto, en medio de una rutina acelerada y excesiva de casos y

aplicación de herramientas.

Hasta esta etapa se han desarrollado dos reuniones de equipo para

analizar y abordar el caso, y para tomar decisiones sobre inclusiones en el

registro.

En muchos casos, las inclusiones se han hecho bajo los criterios de bue-

na fe y apoyadas en los reportes sobre desplazamiento forzado emitidos

por diversas entidades (RUPTA, Registro de Víctimas).

Algunas de las dificultades para determinar la inclusión se refieren a que

no existen evidencias de que las personas hayan sido afectadas por hechos

de violencia, sino que su salida de la zona obedece a otras circunstancias

diferentes a las establecidas en la ley, o a que la ubicación de algunos de

los predios es en una zona de protección para la preservación, y dicho tras-

lape dificulta el proceso de restitución y la implementación de actividades

productivas en caso de resultar favorable.32 En otros casos, la contradicción

de relatos entre solicitantes (incluso de una misma familia) deja entrever

que la pérdida del predio no sucede en el marco del conflicto armado, y

evidencia transacciones realizadas por algunos miembros en detrimento de

su propia familia.

Lección aprendida

La decisión de realizar entrevistas y ejercicios de línea de tiempo con personas dis-

tintas a las solicitantes, en el caso de líderes habitantes con amplio conocimiento

de la zona, se deriva de otros casos de restitución (Acacías y Tillava) donde se obtu-

vieron resultados interesantes por el nivel de información y de detalle del contexto,

determinantes para comprender el caso y estructurar los argumentos de las deman-

das. Es comprensible que las personas que no están afectadas de forma directa por

los hechos puedan narrar de manera más tranquila lo sucedido en la zona, o que, al

no tener “intereses” específicos en la restitución, tengan una mayor objetividad en

los relatos.

Las personas solicitantes expresan un elevado nivel de temor para expresar los

hechos de violencia, hablar significa poner en evidencia las relaciones cotidianas

con los grupos paramilitares o develar personas comprometidas en dichos hechos

que aún habitan en la zona.

En el caso de entrevistas a familiares de actores armados directamente involucra-

dos en el caso, o incluso a funcionarios públicos con estrechas relaciones, deben

observarse algunas consideraciones y criterios para triangular la información de tal

manera que no se incrementen los riesgos personales o institucionales por las im-

plicaciones que el proceso de restitución tiene en la parte judicial.

De igual forma, si bien el trabajo del área jurídica ha sido destacado al incluir en la

demanda la mirada global de la situación que rodea los casos, esto se hubiera podi-

do potenciar aún más si los profesionales jurídicos pudieran acompañar algunas de

las jornadas y entrevistas en conjunto con los profesionales del área social.

- 113 -


Etap

a Ju

dici

al

Juni

o de

201

3Dado el alto número de solicitudes, se decide, entonces, dividir entre

varios abogados el trabajo del caso, de tal manera que cada uno de los

profesionales orienta un grupo de solicitudes y, en algunos momentos, se

comparte la información, las pruebas o los insumos que se refieren a aspec-

tos comunes del caso.

En el mes de junio empieza la etapa probatoria, y se da inicio a algunas

citaciones para la ampliación de testimonios a personas solicitantes, y así

intentar precisar datos y verificar evidencias, pues en algunos casos el

primer testimonio no es determinante ni suficiente para decidir la inclusión.

Existen diferentes opiniones al interior del equipo de profesionales del

área jurídica respecto al abordaje del caso colectivo; para algunos, la divi-

sión del caso es pertinente por el alto número de solicitudes, pero en algu-

nas etapas resulta también un acumulado de tareas y acciones repetitivas

que implican tiempos valiosos para avanzar en otros aspectos de la misma

demanda; por ejemplo, las actividades relacionadas con el trámite de ofi-

cios para la inmediación de pruebas son dispendiosas, cada abogado debe

escribir los oficios y responsabilizarse del trámite. Adicionalmente, que

intervengan tantos abogados en el caso, sin un entendimiento unificado del

contexto, puede ser excesivo y dispendioso.

Otras dificultades pueden desarrollarse al presentar las diferentes de-

mandas al juez, quien puede confundirse en la lectura de datos por los

cruces de vecindad, lo que no se presentaría si se abordaran independien-

temente.

Buena práctica

La observación se refiere a planear algún tipo de estrategia que permita, al tratar-

se de un caso colectivo, ver los elementos comunes existentes en la microzona para

maximizar los tiempos de trámite de información y entrega de respuestas, y obtener

mayor celeridad y organización.

Para otros profesionales, al abordarse como un caso colectivo, se facilita que en

algunos momentos, la gestión estratégica sobre alguna fuente de información per-

mita avanzar de manera conjunta en la resolución de interrogantes y el intercambio

y la precisión de datos.

Por otra parte, los problemas que tienen algunas de las solicitudes pueden

interferir en el trámite de otras y afectarlas colateralmente, por ejemplo,

antes del año 2000 El Dorado pertenecía al círculo registral del municipio de

San Martín, pero a partir de esa fecha cambia al municipio de Acacías, por lo

que los registros se tienen que cerrar y remitir a esa oficina, esta es una de

las razones por las que algunas solicitudes todavía se encuentran en etapa

administrativa y no se han integrado a las demandas.

- 114 -


Agos

to d

e 20

13Las características colectivas del caso se prestan para ahondar en la identificación y

la coincidencia de actores, fechas, hechos; los profesionales del área jurídica desa-

rrollan, entonces, una constante comunicación para el intercambio de información o

discusión de temas relacionados con las demandas. Adicionalmente, las hipótesis

centrales de las demandas son comunes a pesar de tratarse de solicitudes específi-

cas y de radicarse en distintas fechas de acuerdo con el trámite que se adelante.

Indagar y analizar si es posible acudir a instituciones con competencia para

obtener información que ayude a argumentar el caso contribuye a estructurar una

demanda más sólida o un proceso judicial con mejores opciones para las personas

representadas por la UAEGRTD.

En este caso en particular, la directora de la Unidad Territorial tramitó una solici-

tud ante la Fiscalía para que, en el marco de una de las versiones libres, uno de los

paramilitares que operó en la zona recibiera una serie de preguntas específicas y

detalladas sobre el caso, a partir de las cuales se lograron precisar varios elementos

para las respectivas demandas.

Continúa siguiente página

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En cuanto al trabajo interdisciplinario, además de las dificultades que se

han abordado para mejorar el flujo de información y la entrega de insumos

entre las áreas jurídica y catastral, se precisa una reflexión pausada respec-

to al rol y las funciones que desarrollan los analistas de contexto designa-

dos por zonas y que operan en el nivel central de la Unidad, pues las múl-

tiples tareas que tienen a cargo en más de una unidad territorial dificultan

que cumplan, en los tiempos establecidos, con la entrega de los informes

de contexto centrales para la comprensión del caso, el cruce de datos y la

argumentación de la demanda.

Al respecto, el documento de contexto general se entregó en términos de

tiempo muy ajustados por lo que no se logra vincular en la estructura de la

solicitud, sino como un anexo que puede ser interpretado de manera discre-

cional por el juez.

Lección aprendida

Se requiere entrar a revisar posibles ajustes sobre los tiempos establecidos para la

realización de estos documentos de contexto, pues implican no solo acopiar unos

datos, sino también investigar, analizar y redactar argumentativamente que las

dinámicas de conflicto asociadas al despojo o abandono forzado en estas zonas son

procesos complejos.

De tal forma que uno de los cambios posibles de adaptar en la planeación del

proceso se refiere a que en el caso de que los analistas de contexto del nivel central

apoyen el trabajo sobre el contexto, este inicie a la par con la fecha de inicio de la

microfocalización de la zona para tener más tiempo de investigar y escribir, para

lograr así una mejor articulación con las actividades del equipo de la UT y tener un

mayor impacto en la estructuración de la demanda.

En ese mismo sentido, una de las proyecciones que se tiene con los profesio-

nales del área social recientemente vinculados a la entidad con presencia local es

que contribuyan de manera efectiva a la entrega de estos insumos, a la vez que

cualifiquen la dinámica interdisciplinaria sobre cada uno de los casos. Es importan-

te resaltar que un apoyo efectivo del nivel central (en cualquier área) recae en la

articulación con el nivel local, es decir, la persona enlace designada es clave para la

gestión y la comunicación.

Notas al pie1. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la producción de información sobre derechos humanos (DDHH) y el derecho internacional humanitario (DIH) en Colombia ha

sido realizada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía desde el año 2001; por el Ministerio del Interior desde 1993; por la Policía desde 1994, y por el Ministerio de Defensa desde 1995. Por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desde 1999 y por el Observatorio de Derechos Humanos desde el 2003 (DANE, 2005).

2. El aumento del desplazamiento forzado en el Meta a partir del 2006, en 18 de los 29 municipios, coincidió con la sostenida ofensiva militar que lanzó el Ejército contra la guerrilla, luego de que en el 2002 se rompieran las conversaciones de paz que habían tenido lugar precisamente en la zona de distensión que incluía, además de estos municipios, a Mesetas, La Uribe y San Vicente del Cagúan en Caquetá.

3. Pronunciamiento en el seminario Desaparición Forzada en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-nes Unidas para los Derechos Humanos, s. f.).

4. Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Gaitán, San Juan de Arama y Vista Hermosa. Si se hace una revisión más detallada sobre las cifras de desplazamiento forzado en estos municipios, se pue-de demostrar que son los lugares con mayores niveles de población expulsada. En el periodo 2000-2011 tuvieron una población desplazada de 61 306 personas, lo que equivale al 46,7 % del total registrado en el Departamento (Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos , s. f., p. 71).

5. Ahora, sobre la relación entre desplazamiento forzado y propiedad de la tierra, el municipio de Puerto Rico es el segundo mayor expulsor del Departamento y muestra el mayor nivel de concentración

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de la tierra en los seis municipios seleccionados, con un coeficiente promedio de 0,79, entre el 2000 y el 2011. Este es el único resultado de la muestra que tiene un comportamiento proporcional en-tre las variables; es decir, donde la concentración de la tierra sí es un factor que ocasiona un mayor dinamismo del desplazamiento forzado (Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos , s. f., p. 75).

6. A la fecha se han identificado 1879 expedientes de titulación de baldíos realizados irregularmente durante el periodo 2006-2010 sobre aproximadamente 416 545 ha, en los casos identificados en Antioquia, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Guainía, Amazonas, Norte de Santander y Santander (respuestas al debate de control político sobre tierras, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, debate citado por los honorables representantes Iván Cepeda y Wilson Arias).

7. Cabe recordar que Puerto Gaitán es “el cuarto Municipio más grande de Colombia, y segundo del Meta. Tiene una superficie de 17 500 km. El área de conservación corresponde a un 20 % del área, distribuido entre ríos y cuerpos de agua y bosques, el primero con una extensión de 1500 km2 y el segundo con 2000 km. Las áreas de resguardos equivalen 15,9 % del total de área distribuida entre comunidades con 200 km2 y las áreas de sabana inundable y otras que suman 2716 km, para un total de 2774 km2. Por otro lado, las áreas de centro poblado, que corresponde al 0,2 %, ocupan 2600 ha. Finalmente, las áreas de sabana, donde se presentan los procesos de explotación petrolera, ganadería extensiva, cultivos ilícitos y agroindustria, suman 1 120 000 ha, equivalente al 64 % del total de la superficie del municipio” ( Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, s. f., p. 51).

8. “Para cuando se celebró la primera elección popular de alcaldes en 1988, en Puerto López habían desaparecido todos los representantes de las corrientes de izquierda o fuerzas alternativas. Entre 1987 y 1989 en la jurisdicción de este municipio los registros de organizaciones de defensoras de derechos humanos refieren el asesinato de por lo menos 30 personas, entre ellas, campesinos, trabajadores agrícolas y administradores, señalados de simpatizar con la UP, o de dar albergue a guerrilleros, o ser ellos mismos integrantes de grupos insurgentes. Varios cadáveres de estas víctimas fueron exhumados de fosas comunes halladas en las propiedades de la familia Carranza Niño en abril de 1989. Algunas fuentes refieren que en dichas propiedades se habrían enterrado entre 1982 y 1989 cerca de 80 cadáveres en fosas como esas” (Pérez, 2011, p. 16).

9. En relación con la violencia y la compra de haciendas en los Llanos cfr. VerdadAbierta.com (s. f. a).10. Este municipio tiene la característica de dividirse en cuatro zonas o paisajes claramente diferenciados por sus características topográficas, lo que permite clasificarlos en montañas, Piedemonte

Andino Macarénico, altillanura y terrazas altas y formas fluviales (vegas). La zona montañosa se encuentra localizada dentro de la zona del parque natural de La Macarena, cuya extensión es de 34 ha, que presentan el 3,5 % del total superficiario del parque y el 31 % del total del municipio, con relieves comprendidos entre 1500 y 2000 ( Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, s. f., p. 54).

11. Es un ente que agrupa un gran número de empresas financieras, concesionarios viales, petroleras, constructoras, sociedades agroindustriales, entre otras.12. Esta y otras empresas han sido denunciadas por los representantes Iván Cepeda y Wilson Arias durante el debate de control político realizado el miércoles 5 de junio de 2013 en la Cámara de Repre-

sentantes sobre tierras y minería (ver más en VerdadAbierta.com, s. f. b.).13. El modelo nacional de justicia transicional está integrado por esta norma y adicionalmente por la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 1421 de 2010 y 1424 de 2010, entre otras.14. Cartilla de la Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos. Bogotá, mayo de 2007.pág. 315. Entidad encargada de la coordinación del sistema de atención a la PSD, con el apoyo del Banco Mundial, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), la Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Europea, la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); ubicada en diez regiones del país: Antioquia; Caribe (Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico y Córdoba); Guajira-Cesar, centro (Bogotá, Meta y Cundinamarca); Chocó; Magdalena Medio-Santander; Norte de Santander-Arauca; Tolima-Huila; Valle del Cauca-Cauca; Nariño, y Putumayo.

16. Es un predio de Rodríguez Gacha, en el que se han ubicado en total 367 familias beneficiadas: 86 familias de campesinos, 72 de desplazados y 209 de desmovilizados. Estas últimas son las únicas que han avanzado en la puesta en marcha de proyectos productivos, con la siembra de arroz en sociedad con particulares (El Tiempo, 28 de mayo de 2010).

17. Para el año 2012, año de inicio del proyecto de acompañamiento, el equipo estaba conformado por tres profesionales, incluyendo el coordinador de la sede. La vinculación del personal se ha dado de manera progresiva y continua de acuerdo con las demandas específicas para el trabajo.

18. Los datos de las zonas micro y número de demandas con sentencia son hasta enero del 2014.19. Desde esta perspectiva, se ha dado inicio, de manera reciente, a las acciones del equipo de trabajo de la zona de consolidación que comprende los municipios de Vista Hermosa, Mesetas, La Uribe y

San Juan de Arama, donde se adelantan actividades de caracterización.20. La Mesa Humanitaria es la confluencia de numerosas organizaciones sociales y de algunas entidades de cooperación; gracias a su trabajo, durante varios años en torno a los derechos humanos

desde diversas temáticas, tiene un amplio respaldo social e institucional.21. Una buena práctica es entendida como una forma de hacer que ha probado su efectividad en una situación y puede ser aplicable en otra.22. Entendidas estas como las conclusiones que se obtienen una vez que se ha realizado una tarea concreta, cuando se evalúa la labor realizada y se compara con los resultados obtenidos según los

objetivos marcados y el tiempo, el esfuerzo y, en muchas ocasiones, el dinero invertido. 23. Existen numerosos casos con características similares en todo el país, este es uno de los primeros abordados en el marco de la Ley 1448 por una Unidad Territorial Meta. 24. Información obtenida a partir del documento final de contexto del caso elaborado por Natalia Pérez, con insumos suministrados por equipo ASD.25. Información obtenida a partir del documento final de contexto del caso elaborado por Natalia Pérez con insumos suministrados por el equipo ASD.26. Las columnas de marcha fueron procesos de colonización dirigidos por las autodefensas del Partido Comunista, las cuales están ligadas al nacimiento de las FARC (Observatorio de Derechos Huma-

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nos, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, 2002, p. 351).27. Los primeros datos sobre DF suceden en 1986: “El 29 de junio, se registra el primer desplazamiento masivo del que se tiene reporte en la zona, como producto de combates entre el Ejército y varios

frentes de las FARC (28, 26 y 43) en la vereda La Cumbre (sector de El Castillo). Este desplazamiento afecta a los habitantes de la vereda San Pedro, hoy parte de El Dorado”. 28. “Varias veredas de la parte alta del municipio fueron sustraídas al municipio del Castillo en el momento de la creación del nuevo municipio de El Dorado, por lo que tradicionalmente a sus habitantes

se les consideró simpatizantes y/o pertenecientes a la guerrilla de las FARC. Esto provocó una reacción violenta del grupo de las AUC hacia los pobladores rurales” (Documento resumen de contexto del caso).

29. Los aspectos enunciados se recopilan durante los meses de junio y julio del 2013.30. Víctor Carranza llegó a El Dorado en el año 1980 a explotar la mina de cal dolomita que tiene el municipio. Los habitantes cuentan que generó alrededor de 130 puestos de trabajo hasta el día en que la

guerrilla de las FARC (18 de enero de 1994) quemó la maquinaria utilizada. Después de esto, se cerró la mina que reinició actividades hace poco tiempo. Según diversas fuentes, la mina contaba con su propio grupo de seguridad conocido con el nombre de Bloque Caliza que, además, extendía su control a otros municipios y vías aledañas. La financiación de dicho grupo fue una de las estrategias más recursivas del zar de las esmeraldas, a la vez que garantizaba su estatus social y militar: “Podíamos ir un tiempo a Boyacá, donde él [Carranza] tenía unas minas; era en Muzo o en Coscuez. Nos metían donde hubiera corte y lo que consiguiéramos allá era la finanza de nosotros; de ahí salía la plata para nosotros» (El Tiempo, 14 de marzo de 2011).

31. “Fue [Euser] Rondón, cuando era alcalde de El Dorado, Meta (1999-2001), quien le abrió las puertas del Alto Ariari al Bloque Centauros de las AUC. Durante varios años, según el paramilitar, el munici-pio era controlado por las autodefensas de Víctor Carranza, quien tenía minas de cal en esa región” (versión libre de Daniel Rendón Herrera alias don Mario, VerdadAbierta.com., s. f. c.)

32. Al tratarse de solicitudes de un amplio grupo de personas retornadas, una de las cuestiones abordadas se refiere al alcance que se puede dar más allá de la restitución material concretada con el retorno, y es si en el proceso de restitución formal es viable que se intervenga, para la toma de decisiones, en las entidades con competencia sobre el esquema de ordenamiento territorial, pues muchos de los predios se encuentran en la zona de protección para la preservación.

CONTEXTO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Características generales

D ada la ubicación de la región y la dependencia de la ofi-cina Urabá de la territorial Antioquia, se hará un análisis

general de los retos de restituir en el Departamento. Y es que Antioquia presenta altos niveles de inequidad, sobrevivencia de lealtades partidistas, importantes cifras en materia de violencia, alta presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, trayectoria de luchas sociales, consolidación de economías ilegales y tam-bién un largo recorrido en iniciativas de reparación y construc-ción de paz (CNRR, s. f.).

En el marco del trabajo de la Comisión Nacional de Repara-ción y Reconciliación (CNRR), el departamento de Antioquia fue el que presentó un mayor número de solicitudes relaciona-das con hechos de violencia. Así, las víctimas de hechos violen-tos —en su mayoría mujeres— diligenciaron 3602 fichas de fis-calía, de las cuales 409 hacían referencia a la pérdida de bienes. El 77,4 % de los hechos atribuidos a los paramilitares y el 3,6 % a la guerrilla (CNRR, s. f.).

De las 3571 víctimas registradas en el proceso de justicia y paz para el departamento de Antioquia, el 11,45 % manifestó haber perdido bienes y el 13,46 % corresponde a víctimas de desplazamiento forzado. En el Departamento se presentaron tres modalidades de despojo: la apropiación de bienes inmue-bles (311 casos denunciados de apropiación de fincas, casas, lotes, locales comerciales y minas especialmente en Bajo Cauca y Urabá); afectación de bienes muebles y actividad productiva

(312 casos de afectación de animales, cultivos y alimentos con-centrados especialmente en Bajo Cauca, Urabá y Oriente) y la apropiación de bienes muebles (132 casos de apropiación de enseres, vehículos, muebles, entre otros, especialmente en Bajo Cauca, Urabá y Oriente).

Según lo registrado en las bases de justicia y paz las princi-pales formas de afectación de los bienes fueron extorsión, hurto e, incluso, incendios para generar terror. Se evidenciaron diver-sas estrategias de despojo: entrega forzada, venta forzada, false-dad en documentos, constreñimiento para firmar renuncias a adjudicaciones del Incora y apropiación. También se empiezan a hacer precisiones frente al abandono relacionado, por lo ge-neral, con amenazas y circunstancias de violencia generalizada. Algunas víctimas intentaron recuperar sus bienes después de la desmovilización, pero fueron revictimizadas o fracasó su inten-to de retorno por presencia de terceros o minas antipersonas. Los municipios donde más acciones de despojo se denunciaron fueron El Bagre, Turbo, Necoclí, Mutatá, Medellín y Cáceres (CNRR, s. f.).

Un alto porcentaje de la población expulsada argumenta te-ner algún vínculo con la tierra. Para el 2005, se afirmaba que de la población desplazada del Departamento, el 49 % eran dueños, el 17,8 % eran arrendatarios, el 14,2 % tenían posesión sobre la tierra, el 5,8 % eran colonos, el 4,4 % tenían carácter de propietarios colectivos y el 8,6 % manifestaron otro tipo de

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tenencia. El conflicto armado ha tenido, por consiguiente, un fuerte impacto en la propiedad rural departamental.

De hecho, se ha demostrado un proceso progresivo de in-cremento de las grandes propiedades y atomización de los mini-fundios en el Departamento desde 1996.1 En el 2011, si bien el 57,42 % de los propietarios eran microfundistas y el 19,5 % mi-nifundistas, ocupaban el 9,87 % de la tierra. Mientras los gran-des propietarios (1,23 %) ocupaban el 34,73 % de la tierra y los medianos (13,42 %), el 46,83 % de la tierra. Esto se ve reflejado en los elevados índices de concentración departamentales con un coeficiente de Gini de tierras de 0,808 y uno de propietarios de 0,815 para el 2013 (Muñoz y Zapata, 2011, pp. 48-55). No es gratuito que el Departamento, para octubre de 2013, acu-mulara el 16,76 % de las solicitudes de ingreso al registro (7969 equivalentes a 375 265 ha), siendo la territorial con el mayor número de solicitudes. El mayor Gini de tierras lo tiene el su-

roeste; el de calidad de tierra, el Valle de Aburrá; mientras la ma-yor desigualdad en cuanto a propietarios y hogares se encuentra en Urabá (Unidad de Restitución de Tierras, 2013).

El Departamento tiene un papel protagónico a nivel nacio-nal en materia de desplazamiento, con 999 350 personas despla-zadas. Las subregiones que concentraron el mayor porcentaje de población desplazada son en su orden: Urabá (31 %), Oriente Antioqueño (23 %) y Occidente (9 %). En el marco del Pro-grama de Protección de Tierras, Antioquia se constituyó en el segundo departamento con mayor cantidad de derechos prote-gidos (29 197) por medidas de protección de tierras, siguiendo a Norte de Santander. El Proyecto de Protección de Tierras y Territorios (PPTP) mostró, además, la importancia de munici-pios como Turbo, Apartadó, Sonsón y Cocorná en materia de despojo y Abandono (tabla 1).

Tabla 1. Desplazamiento y abandono en Antioquia PPTP

MUNICIPIOPERSONAS QUE

ABANDONARON

POSICIÓN

ABANDONO

PERSONAS

EXPULSADAS

POSICIÓN DE

EXPULSIÓN

TURBO 758 2 46 433 6

SONSÓN 221 21 7728 98

ITUANGO 216 23 14 299 48

DABEIBA 205 30 14 226 49

COCORNÁ 203 32 19 334 29

YONDÓ 184 35 12 665 53

SAN CARLOS 180 37 18 457 30

CÁCERES 179 38 3599 214

MUTATÁ 175 39 17 180 37

NECOCLÍ 168 42 11 603 62

APARTADÓ 167 43 25 840 14

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MUNICIPIOPERSONAS QUE

ABANDONARON

POSICIÓN

ABANDONO

PERSONAS

EXPULSADAS

POSICIÓN DE

EXPULSIÓN

SAN RAFAEL 164 46 10 980 70

EL BAGRE 159 50 15 620 43

URRAO 143 55 14 734 45

GRANADA 135 61 16 651 41

EL CARMEN DE VIBORAL 126 64 3356 225

SAN LUIS 125 65 17 700 33

ARGELIA 118 71 12 179 57

SAN FRANCISCO 105 78 11 175 69

MEDELLÍN 97 83 16 959 39

ZARAGOZA 79 98 4232 190

SEGOVIA 78 99 3484 222

Fuente: elaboración propia a partir de PPTP-Acción Social (2010, pp. 27-30)

A 20 de enero de 2013, el 15,45 % de las solicitudes (4910) de restitución se ubicaban en el Departamento, cubriendo un área de 224 617 ha. Por su parte, en el Departamento se han re-cibido el 10,98 % de las solicitudes de ingreso al registro. Se res-tituye en medio de la continuidad del conflicto. Si bien los in-dicadores de violencia han descendido, la tasa de homicidios del Departamento sigue siendo superior a la nacional, 43,87 %; las cifras de desplazamiento han aumentado, persisten los acciden-tes con minas, se ha denunciado el incremento de los ataques a defensores de derechos humanos (251 reportes en el 2013), lidera el Departamento los desplazamientos intraurbanos, con-tinúa siendo crítica la situación de municipios como Vigía del Fuerte, Briceño, Zaragoza, San Andrés y Segovia, se acentúa la acción de las Bacrim, entre otros aspectos (Información OCHA,

Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, UA-RIV, IPC).

Se trata de una territorial que, además, empieza su trabajo con múltiples retos y potenciales. Enfrenta el reto de contar con suficiente capacidad para responder a las solicitudes; lograr un intercambio fluido de información con otras entidades del área catastral; contar con criterios claros y complejos de microfoca-lización; unificar conceptos y acciones en seguridad; mejorar el sistema de planeación; orientar la información que circula en la opinión pública sobre la labor de la Unidad; mejorar la comuni-cación y los lineamientos con el nivel nacional; ampliar criterios de análisis para leer la dinámica de las solicitudes en el territorio; institucionalizar espacios de análisis interdisciplinario; acelerar la respuesta a requerimientos de información a otras entidades;


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realizar procesos de análisis previos, pertinentes y eficientes; ha-cer seguimiento a predios del fondo; responder oportunamente a requerimientos administrativos; mejorar la planeación de mi-crozonas; agilizar demandas; entre otros.

Por otra parte, la territorial ha buscado brindar una informa-ción completa a los solicitantes, espacializar las solicitudes, ha-cer gestiones suficientes en materia de información, desarrollar procesos de comunicación de calidad, brindar un trato digno a las víctimas y gestionar institucionalmente acciones que hagan integral la reparación (URT, ejercicio de planeación 2012; Plan de Acción 2013). Se ha enfrentado además a ser la territorial con más líderes amenazados que han solicitado protección (75). A continuación se realizará un rápido balance de las dinámicas en torno a la tierra en las subregiones (con excepción de Urabá, que se tratará en el resto del documento), donde se pretende ubicar la actuación de la URT:

Oriente

El Oriente antioqueño ocupa un área geográfica de 705 647,52 ha y la conforman 23 municipios con 27 corregimientos y 974 veredas. En su historia han incidido tres dinámicas fundamen-tales: la construcción de embalses, la carretera Medellín-Bogotá y los procesos de industrialización de Medellín. El 99,53 % de su área catastral de terreno está concentrada en el sector rural. Según cifras de 2011, de las unidades prediales del sector rural, el 71,59 % tienen destinación agropecuaria; el 20,67 % son pri-vadas con destino no agropecuario, y el 3,53 % son propiedades del Estado.

Para el 2011, en la subregión predominaba la mediana pro-piedad. El 68,66 % de los propietarios tienen microfundios que ocupan el 8,8 % de las hectáreas; el 24,21 % son minifundistas que ocupan el 15,6 %; el 6,37 % son pequeños propietarios que ocupan el 13,43 %; el 6,41 % son medianos propietarios que ocupan el 47,53 % y el 0,25 %; son grandes propietarios los que ocupan el 15,25 %. Se evidencia, entonces, un alto nivel de in-equidad en la tenencia de la tierra que se confirma en el 2011 con un Gini de tierra de 0,75, de propietarios de 0,84 y de ho-gares de 0,84. La mayor concentración de la tierra se registra en Sonsón, Carmen de Viboral y el Retiro, con un Gini de tierras entre 0,77 y 0,80. Seguidos por San Francisco, San Luis, Guata-

pé, Cocorná, San Carlos y Nariño, con un Gini de tierras entre 0,71 y 0,76 (Muñoz y Zapata, 2011, pp. 96-103).

En el marco de la CNRR, se denunciaron 269 hechos de violencia, con picos importantes entre 1999 y el 2003. Se des-tacan, especialmente, los homicidios, los desplazamientos y las amenazas (CNRR, s. f.). Los municipios donde se registraron más hechos violentos son San Carlos, San Rafael, Cocorná, Ale-jandría y San Francisco. El 77 % de estos hechos se imputaron a los paramilitares. Los delitos más declarados en los trabajos desarrollados por el Programa de Protección de Tierras fueron homicidios, amenazas y restricción a la movilidad y la circula-ción de alimentos. Estos fueron motivo de numerosos despla-zamientos (Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Población Desplazada, 2009, p. 33).

Según cifras del 2013, desde el Oriente antioqueño se des-plazaron 225 168 personas equivalentes al 23,01 % de la pobla-ción desplazada del Departamento. La mayor cantidad de per-sonas desplazadas se concentran en San Carlos, Cocorná y San Luis. Las denuncias de despojo en el marco de la CNRR, por su parte, se concentraron en San Carlos, Cocorná, San Rafael, Ar-gelia y Granada. Desde la perspectiva de los campesinos entre-vistados por el Programa de Protección de Tierras, a pesar de las dimensiones de desplazamiento en el Oriente, no se identifica un interés de apropiación ni de eliminación de los campesinos. Las pérdidas se relacionaban con el sustento y se registraba que muchos de los campesinos conservaban la esperanza de volver y recuperar lo perdido ((Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Población Desplazada, 2009, p. 27). En la subre-gión coinciden los lugares de mayor desplazamiento y aquellos que presentan un índice de Gini de tierras entre 0,71 y 0,76. En 10 de esos municipios se hicieron declaratorias de despla-zamiento y medidas de protección colectiva. A 31 de enero de 2014 se presentaron en el Oriente 2735 solicitudes, predomina-ron San Carlos (748), Granada (674) y Argelia (252).

En los municipios de San Carlos y Granada se han abierto ya 4 microzonas; cuentan con una coyuntura de gobierno favo-rable en la que se han impulsado procesos interinstitucionales para apoyar el retorno y la reparación. Estos procesos han deja-do importantes lecciones aprendidas relacionadas con el manejo de ayudas, el fortalecimiento de la institucionalidad local, las etapas de reparación, el acompañamiento psicosocial, la coordi-nación, el desminado, entre otras.

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Tabla 2. Microfocalizaciones en Oriente

MICROZONA

MUNICIPIO.

UBICACIÓN

DEL PRE-

DIO

SOLICITUDES

DE INGRESO

AL REGISTRO

SOLICITUDES

CON ACTOS

DE RESO-

LUCIÓN DE

INICIO

SOLICITUDES

INSCRITAS

EN EL REGIS-

TRO

SOLICITUDES

CON DEMANDAS

Y REPRESEN-

TACIÓN DE LA

UNIDAD

SOLICITU-

DES CON

SENTENCIA

RAM 0005 DEL

27 DE AGOSTO

DE 2012 Granada 378 161 38 1

RAM 001 DE

2012 San Carlos 72 63 24 14 4

RAM 003 DEL 1

DE AGOSTO DE

2012 San Carlos 322 249 93 22 10

RAM 004 DEL 01

DE AGOSTO DE

2012 San Carlos 6 6 5 2 1

Fuente: elaboración propia a partir de informe URT 2013

Hasta el momento se registran 20 sentencias en el muni-cipio de San Carlos y 1 en Granada. Cada sentencia reconoce pocos derechos. Se destaca la búsqueda de la integralidad de la restitución en la medida en que se solicita acompañar el proceso de exención de pasivos, proyectos productivos y seguridad. Es interesante, también, que en algunas sentencias se pide apoyo tanto para el solicitante como para el tercero, lo que en términos de Acción sin Daño resulta una gran lección aprendida. Quedan claras las garantías individuales para el retorno y la permanencia en los predios. Sin embargo, al individualizar las demandas y las pretensiones, quedan por fuera aspectos colectivos fundamenta-les para el retorno y la construcción de paz.

La URT continuará su trabajo en Oriente, realizando un análisis previo en Sonsón, Argelia, San Carlos (vereda Santa Inés), San Luis (corregimiento de El Prodigio), San Rafael, San Francisco (Aquitania), Cocorná, La Ceja (corregimiento San José) y Nariño. El trabajo institucional y jurídico desarrollado

hasta el momento asegura una experiencia provechosa en Orien-te. El gran reto es pensar la restitución a nivel subregional y las acciones que pueden respaldar la restitución individual desde lo colectivo.

Occidente

Tiene un área geográfica de 731 276,55 ha, con 54 corregimien-tos, 637 veredas y 29,5 km2 de áreas urbanas. Cuenta con parti-culares condiciones geográficas que la hacen estratégica militar-mente al constituir un corredor hacia Chocó, Urabá y Córdoba, y un escenario privilegiado para la siembra y el procesamiento de cultivos ilícitos.2 En el Occidente predominan la mediana y la gran propiedad. El 53,8 % son microfundios que ocupan el 3,96 % del territorio; el 22,77 % son minifundios que ocupan el 8,69 %; el 9,3 % son pequeñas propiedades que ocupan el 8,83 %; el 13,03 % son medianas propiedades que ocupan el 48,99 %, y el 1,08 % son grandes propiedades que ocupan el

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29,43 %. La desigualdad en la tenencia de la tierra es tal que el índice de Gini de tierra es 0,83, propietarios de 0,77 y hogares de 0,77. Los municipios con mayor índice de Gini de tierras son Ebéjico, Armenia y Buriticá con 0,83 y 0,89. Seguidos por Abriaquí, Caicedo y Cañasgordas con índices entre 0,78 y 0,82. Se observa que en la subregión el índice de Gini de tierras ha au-mentado entre el 2006 (0,80190) y el 2011 (0,80395) (Muñoz y Zapata, 2011, pp. 85-95).

Se trata de una de las subregiones con mayor cantidad de tierras abandonadas. Allí se presenta el 9,29 % de la población expulsada, equivalente a 90 948 personas. El municipio con ma-yor número de población desplazada es Dabeiba, seguido, de lejos, por Peque y Frontino. En cuanto a hechos de violencia denunciados en el marco de la CNRR, se presentaron 199, espe-cialmente en Cañasgordas, Dabeiba, Uramita, Frontino y Santa Fe de Antioquia. Cañasgordas, Dabeiba, Uramita, Buriticá y Sa-banalarga presentaron los mayores casos de despojo. El Progra-ma de Protección de Tierras declaró desplazamiento y protec-ción de tierras en Dabeiba y documentó, además, que las causas del desplazamiento fueron amenazas, homicidios, incursiones armadas y la situación de violencia generalizada (Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Población Desplazada, 2009, p. 34).

El 38,2 % de las víctimas que denunciaron hechos de vio-lencia conocían a los responsables. En el Occidente se registra-ron 696 solicitudes centradas principalmente en los municipios de Dabeiba, Frontino y Cañas Gordas. La URT tiene interés en hacer un análisis previo de todo el municipio de Dabeiba, especialmente de la zona suroriental en límites con Uramita. También en definir algunas zonas a microfocalizar en Frontino.

Bajo Cauca

Las dinámicas de esta subregión, con 857 245,78 ha, están mar-cadas por la extracción de oro y el auge de los cultivos de coca. Los predios del sector rural ocupan el 99,6 % del área de terre-no. Es la segunda subregión con menor número de propietarios y unidades prediales. En promedio, cada propietario tiene 1,35 propiedades y 87,68 ha. Predominan, entonces, la mediana y la gran propiedad. El 8,57 % de los predios son microfundios que ocupan el 0,11 % del territorio; el 10,40 % son minifundios que ocupan el 0,73 %; el 13,69 % son pequeñas propiedades que ocupan el 2,31%; el 58,23 % son medianas propiedades que

ocupan el 45,32 %; el 9,11 % son grandes propiedades que ocu-pan el 51,51 %. La subregión presenta el menor índice de Gini de tierras en el Departamento, con 0,62. Presenta también el segundo índice de Gini de propietarios más bajo en Antioquia, con 0,75. Sin embargo, se presenta una brecha importante con el Gini de hogares que ascendió en el 2011 a 0,87. El mayor Gini de tierras se presenta en Cáceres seguido por Caucasia y Tarazá. Se registra, sin embargo, un incremento en los índices de Gini desde 1994, lo que muestra un proceso de concentración que pudo ser influenciado por las dinámicas de conflicto arma-do (Muñoz y Zapata, 2011, pp. 56- 64).

En el marco de la CNRR se presentaron 329 fichas de hechos violentos concentrados especialmente entre 1999 y el 2002. Dentro de estos hechos se destaca el desplazamiento y las amenazas. Los hechos violentos se han concentrado espe-cialmente en El Bagre, Caucasia, Tarazá, Cáceres y Zaragoza. El 40 % de las víctimas individualizan el responsable de la victimi-zación. Se imputa principalmente a miembros del Muerte a Re-volucionarios del Nordeste Antioqueño (MRN), Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar (CNRR, s. f., pp. 120-127). De la subregión salieron desplazadas 85 653 personas, correspon-dientes al 8,75 % de la población desplazada departamental. Los mayores municipios expulsores son El Bagre y Tarazá. En el marco de la CNRR, se denunciaron despojos especialmente en El Bagre, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí.

Según lo indagado por el Programa de Protección de Tierras, la población desplazada poseía un conocimiento importante acerca de los derechos de propiedad y manifestaba una fuerte sensación de pérdida debido a la ocupación de terceros. Plan-teaban como causas del desplazamiento amenazas, señalamien-tos, enfrentamientos, bloqueos y la violencia generalizada. En el caso de Cáceres y Caucasiaipalmente en CUAsplazamiento y medidas de proteccis predominando San Carlos (748), Grana-da (674) y Argelia (252)áceres, se implementó una medida de protección (Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Población Desplazada, 2009, p. 32).

Desde marzo 15 de 2013 se abrió la oficina del Bajo Cauca que hasta enero de 2014 registró 891 solicitudes centradas prin-cipalmente en Cáceres y Caucasia. La oficina, sin embargo, ha tenido múltiples dificultades para iniciar sus microfocalizacio-nes, pues, a pesar de ser una zona de consolidación y de llevar 3

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años en este proceso, el Ejército no les ha dado concepto de se-guridad para las zonas microfocalizadas. En el análisis previo de las microfocalizaciones los asesores sociales han señalado varios aspectos a nivel situacional: predominio de la gran propiedad, corredor estratégico, presencia de cultivos de coca, organizacio-nes sociales divididas por la participación en el proceso de resti-tución, desarticulación entre programas sociales del nivel local y nacional, amenazas a líderes, presencia de Bacrim, persistencia de la acción de la guerrilla, institucionalidad cooptada, escaso interés de las autoridades locales por el proceso de restitución, tensiones entre comunidades indígenas y campesinas, microtrá-fico y bajo nivel de formación de funcionarios (URT Caucasia, 2013).

Estos factores se combinan de manera que complejizan el proceso de restitución. Históricamente existe una tendencia a la informalidad en la tenencia de la tierra y al predominio de la gran propiedad. Esto genera relaciones de poder complejas y una alta vulnerabilidad de la institucionalidad a la cooptación. Adicionalmente, se mantiene la acción de los diversos actores armados. Si bien los bloques Minero y Central Bolívar se des-movilizaron en el 2003, se mantiene el conflicto de Urabeños y Rastrojos por los cultivos de coca. Paralelamente, se vive en la región el proceso de consolidación que ha implicado la fumiga-ción de los cultivos y una amplia respuesta social. La situación se complejiza por la importancia creciente de la minería, por lo que existen en la zona más de 213 solicitudes de títulos mine-ros, 189 propuestas de contratos de concesión y 269 solicitudes de legalización (VerdadAbierta.com, s. f.). En este contexto, los asesores sociales analizan que el proceso de restitución no solo arriesga su prestigio, los funcionarios y las víctimas, también puede generar alta expectativa, dividir a las organizaciones so-ciales y legalizar los procesos mineros, entre otros.

Los asesores sociales muestran, además, aspectos positivos como el arraigo de las comunidades que colonizaron o invadie-ron propiedades, las experiencias de retorno, el acompañamien-to de la iglesia evangélica, el amplio despliegue de la institucio-nalidad, etc. Además, se cuenta con 255 solicitudes en Cáceres, 162 en Tarazá, 151 en el Bagre y 191 en Caucasia (URT Cauca-sia, 2013). Las preguntas son ¿cómo aprovechar las condiciones positivas para desarrollar un proceso de tan alto riesgo?, ¿qué caso puede permitir un buen inicio al proceso de restitución?, ¿cómo hacer otra lectura del riesgo a la que presenta el Ejército?,

¿por qué a pesar de las condiciones de riesgo, Forjando Futu-ros pudo documentar 60 casos?, ¿qué potencial tienen estos 60 casos? En términos de Acción sin Daño, el reto consiste en en-contrar opciones, fortalecer las instituciones, construir alianzas y reducir fuentes de conflicto para que el proceso de restitución pueda tener lugar. A pesar de la situación, la Unidad realiza un análisis previo en Caucasia (veredas Tigre 1, 2 y 3), El Bagre (veredas Luis Cano y Los Aguacates), Cáceres (vereda Anará y Porcelanas) y Nechí (vereda Londres).

Suroeste

Sus 682 063,85 ha están compuestos por 23 municipios con vo-cación cafetera, algunos (Montebello, Salgar, Betulia y Urrao) tienen condiciones geoestratégicas de importancia para los ac-tores armados (Gaviria y Muñoz, 2007, p. 46). En la subregión predominan los predios privados con destinación agropecuaria (el 66,71 % de las fichas prediales y el 72,58 % de la tierra). Los segundos mayores propietarios de la tierra son el Estado y las instituciones públicas. Es la subregión con mayor número de propiedades por propietario. En los últimos años ha descendido el número de propietarios y ha aumentado el promedio de hec-táreas por propietario. Predominan en el Suroeste la mediana y la gran propiedad. El 69,49 % son microfundios que ocupan el 6,43 % del territorio; el 17,23 % son minifundios que ocu-pan el 10,28 %; el 5,69% son pequeñas propiedades que ocu-pan el 8,72 %; el 6,93 % son medianas propiedades que ocupan el 41,91 %; el 0,06 % son grandes propiedades que ocupan el 32,66 %. Así es como la subregión presenta el Gini de tierras más alto del Departamento (0,80). También presenta un alto Gini de propietarios (0,78) y de hogares (0,89). No solo se pre-senta, entonces, concentración de la propiedad, también se han concentrado las tierras de mayor calidad. Los municipios con mayor Gini de tierras (0,84-0,86) son Fredonia, Santa Bárbara, Titiribí y Venecia. Seguidos por Jericó, Jardín, Angelópolis, Val-paraíso y Urrao con un Gini de tierras entre 0,80 y 0,83 (Muñoz y Zapata, 2011, pp. 104-112).

En el marco de la CNRR, se presentaron en el Suroeste 139 fichas de solicitud y cobran importancia los homicidios y las desapariciones. Los hechos de violencia tuvieron picos impor-tantes en 1997 y 2001 y se concentraron especialmente en los municipios de Amagá, Salgar, Betulia, Caramanta y Ciudad Bo-lívar. Es una de las regiones en donde más se individualiza a los

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responsables (41,7%). Se vincula principalmente a miembros del Bloque Suroeste de las AUC. En materia de despojo se de-nunciaron hechos en Titiribí, Urrao, Valparaiso, Caramantá y Betulia (CNRR, s. f., pp. 133-138).

No es tan clara la relación entre el proceso de concentración de la propiedad y el conflicto armado. La subregión ha expul-sado de manera forzada a 73 404 personas que representan el 7,5 % de la población desplazada departamental. Se han presen-tado medidas de protección en 2 municipios de la subregión. El municipio que registra mayores niveles de expulsión es Urrao, seguido, de lejos, por Betulia y Salgar. De hecho, el Programa de Protección de Tierras declaró medidas de protección colectiva en Urrao. Se señalan como causas de desplazamiento los homi-cidios y las desapariciones de familiares y vecinos, las amenazas y órdenes de desalojo en las veredas (CNRR, s. f., pp. 80-88).

Las solicitudes registradas en la subregión son 548, con predominio de Montebello, Urrao y Támesis. Se ha microfo-calizado Montebello que es el cuarto municipio en cuanto a población desplazada. Se trata de un caso microfocalizado prin-cipalmente por razones políticas y que presenta un gran reto en materia de segundos ocupantes pues los dos predios, La Galleta y El Buey, están habitados por 21 y 30 familias, respectivamente (URT Antioquia, 2013). El desarrollo del caso va a ser impor-tante como entrada al Suroeste y como antecedente a los casos de segundos ocupantes en Antioquia. Actualmente se está ha-ciendo un análisis previo en Urrao. También se está empezando a indagar por el corregimiento de Damasco en Santa Bárbara. Es importante, también, estudiar las solicitudes de Betulia, pues dado el nivel de desplazamiento y de desigualdad, la restitución puede llegar a jugar un papel importante.

Norte

La subregión de 728 947,89 ha se compone de 17 municipios que concentran la producción de leche del Departamento. Es, además, una región de embalses y producción de energía. Predominan los predios privados con destino agropecuario (72,5 %) y la propiedad del Estado (24 %). Prevalecen, además, en el municipio la mediana y la gran propiedad. El 55,59 % son microfundios que ocupan el 2,8 % del territorio; el 25,55 % son minifundios que ocupan el 8,48 %; el 11,95 % son peque-ñas propiedades que ocupan el 9,71 %; el 16,83 % son media-nas propiedades que ocupan el 52 %; el l1,08 % son grandes

propiedades que ocupan el 27,03 %. Presenta un Gini de tierras de 0,73, de propietarios de 0,82 y de hogares de 0,82. Los mu-nicipios más desiguales en cuanto a tierras son Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Angostura con índices de Gini entre 0,74 y 0,79 (Muñoz y Zapata, 2011, pp. 80-88).

Coincide el nivel de desigualdad de municipios como Ituan-go con las altas cifras de desplazamiento. La subregión ha expul-sado a 59 247 personas que representan el 6,05 % de las perso-nas desplazadas del Departamento. En el marco de la CNRR, se denunciaron 176 hechos violentos concentrados especialmente entre 1996 y el 2003. Los municipios donde se han registra-do más hechos de violencia son Guadalupe, Ituango, Yarumal, San pedro y Valdivia. El 62 % de los hechos son homicidios y desapariciones forzadas (CNRR, s. f., pp. 133-138). Ituango, Guadalupe, Angostura, Briceño y Santa Rosa presentaron he-chos de despojo en el marco de la CNRR. Se presentan como motivos de desplazamiento los homicidios, los enfrentamientos, los incendios de casas y las amenazas (Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Población Desplazada, 2009, p. 34). Se declara protección de tierras sobre Ituango. En la actualidad, se han presentado 516 solicitudes de restitución de tierras. Los municipios con mayores solicitudes han sido Ituango, San Pe-dro y Valdivia. Por niveles de despojo y desigualdad, Ituango resulta un municipio de urgente microfocalización y, por ello, ya se está desarrollando un análisis previo en el municipio (Acta: Mesa Departamental de Restitución de Tierras. Diciembre 17 de 2013).

Nordeste

Cubre 847 805,96 ha que abarcan 10 municipios, caracteriza-dos por la riqueza en recursos auríferos, la explotación de recur-sos naturales y la presencia de cultivos ilícitos (Gaviria y Muñoz, 2007, pp. 9-46). Predominan la mediana y la gran propiedad. El 30,87 % son microfundios que ocupan el 0,99 % del territorio; el 22,46 % son minifundios que ocupan el 3,69 %; el 13,71 % son pequeñas propiedades que ocupan el 5,55 %; el 29,84 % son medianas propiedades que ocupan el 52,59 %; el l 3,12 % son grandes propiedades que ocupan el 37,19 %. Se presenta un índice de Gini de tierras de 0,73, de propietarios de 0,76 y de hogares de 0,76. En los últimos años ha aumentado la ten-dencia de acumular un número de propietarios por propietario y constituir grandes haciendas, algunas de ellas fruto de los ca-

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pitales del narcotráfico. Los municipios con mayores niveles de desigualdad en materia de tierras son San Roque, Yolombó y Vegachí, con índices de Gini entre 0,70 y 0,76 (Muñoz y Zapa-ta, 2011, pp. 72-80).

Solo coinciden los altos niveles de desigualdad y el despla-zamiento en el caso del municipio de San Roque. Los mayores niveles de desplazamiento se registran, sin embargo, en los mu-nicipios de Anorí, Segovia y Remedios. Los municipios don-de más se denunciaron hechos de violencia en el marco de la CNRR son San Roque, Santo Domingo, Cisneros, Yolombó y Remedios. En Anorí, Amalfi, Segovia, Remedios y Yalí se pre-sentaron casos de despojo. En total se denunciaron 208 hechos, la mayoría de homicidio y desaparición con sus mayores picos en el 2000 y el 2001 (CNRR, s. f., pp. 104-109). Como causas de desplazamiento se mencionan los enfrentamientos, las desa-pariciones, los homicidios, los reclutamientos, las masacres, las órdenes de desalojo y las amenazas. En el caso de Anoría, Re-medios y San Roque, se declaró protección colectiva de tierras (Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Población Desplazada, 2009, p. 34).

La subregión ha expulsado a 49 093 personas que represen-tan el 5 % de la población desplazada a nivel departamental. Se han recibido 571 solicitudes con especial importancia de Remedios y San Roque. En este marco, se ha microfocalizado el municipio de San Roque, donde se encontró, inicialmente, invisibilización del conflicto por parte de las autoridades locales, no priorización del tema de las víctimas, la concentración de la propiedad, las dinámicas de microtráfico y la prostitución en torno a la zona minera, vínculos vigentes con los actores arma-dos y un alto interés de los reclamantes de vender las tierras a la empresa minera. Este caso muestra los retos de restituir en un entorno de altos niveles de desigualdad.

El predominio de la gran propiedad y de los intereses mi-neros puede llevar a los solicitantes a la sin salida de vender sus títulos. Se proyecta también microfocalizar algunas zonas de acuerdo con la densidad del despojo en Remedios, en algunas veredas del corregimiento El Rubí y Bareño en Yolombó, las veredas El Silencio, San Victorino, Palmira y El Cadillo en Cis-neros y las veredas de los corregimientos Santiago, El Limón y Versalles en Santo Domingo (Acta: Mesa Departamental de Restitución de Tierras. Diciembre 17 de 2013). En la región se encuentran casos emblemáticos como Segovia y, por predomi-

nio en las cifras, parecería también importante revisar las posibi-lidades de microfocalización en municipios como Anorí.

Magdalena Medio

Los 6 municipios que hacen parte de la subregión ocupan 482 977,43 ha, que hacen parte de las dinámicas regionales del Magdalena Medio caracterizadas por la posición estratégi-ca, la disponibilidad de recursos naturales, la extracción mine-ra y la importancia de las redes mercantiles (Gaviria y Muñoz, 2007, pp. 9-46). Predomina la propiedad privada agropecuaria (95,09 %). Es la subregión con menor número de propietarios y unidades prediales. Como en las otras subregiones, predominan la mediana y la gran propiedad. El 19,66 % son propietarios de microfundios que ocupan el 0,3 % del territorio; el 16,86 % son propietarios de minifundios que ocupan el 1,43 %; el 13,21 % son propietarios de pequeñas propiedades que ocupan el 2,27 %; el 42,6 % son propietarios de medianas propiedades que ocupan el 39,62 %; el l7,67 % son propietarios de grandes propiedades que ocupan el 55,99 %. Magdalena Medio presenta un índice de Gini de tierras de 0,71, de propietarios de 0,76 y de hogares de 0,79. Los municipios más desiguales son Puerto Triunfo y Maceo, seguidos por Caracolí y Puerto Berrío (Muñoz y Zapata, 2011, pp. 64-72).

El mayor municipio expulsor es Yondó, seguido, de lejos, por Puerto Berrío y Puerto Triunfo. En esta subregión se presen-taron 433 solicitudes en el marco de la CNRR, que mostraron que entre 1990 y el 2005 se mantuvieron altos niveles de vio-lencia con picos en 1988, 1996 y 2003. El Magdalena Medio registró la mayor parte de los homicidios y desapariciones de-nunciadas en el marco de la CNRR; los municipios más violen-tos fueron Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Maceo y Yolombó. En Puerto Berrío, Yondó y Maceo se denunciaron la mayor parte de despojos (CNRR, s. f., pp. 104- 109). Como causas de desplazamiento precisamente se nombran homicidios y desapariciones (Serie Documentos de Trabajo, 2009, pp. 28 y 36).

En cuanto a solicitudes, se registran en la subregión 227, especialmente en Yondó. La Unidad está haciendo un análisis previo en las veredas San Laureano, San Cipriano y en las vere-das de los corregimientos Puerto Nus, La Floresta y La Susana, en el municipio de Maceo. Dado el nivel de desigualdad del municipio, es importante verificar las condiciones de retorno.

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También sería interesante indagar por la posibilidad de micro-focalizar en el municipio de Yondó dadas las solicitudes y los niveles de desplazamiento.

Valle de Aburrá

Sus 78,086.09 ha corresponden al área metropolitana. Ha sido escenario de una larga presencia de bandas delincuenciales y narcotráfico. El 52,71 de las unidades prediales son propiedades privadas con destinación no agropecuaria. Sin embargo, estas solo ocupan el 7,79 % de la tierra. Es la subregión que presenta menor número de hectáreas promedio por propietario. En el caso de la propiedad rural agropecuaria del Valle de Aburrá, pre-domina la mediana propiedad, seguida por el minifundio y el microfundio. El 85,07 % son propietarios de microfundios que ocupan el 18,97 % del territorio; el 10,32 % son propietarios de minifundios que ocupan el 19,41 %; el 2,45 % son propietarios de pequeñas propiedades que ocupan el 12,36 %; el 2,09 % son propietarios de medianas propiedades que ocupan el 36,65 %; el 0,06 % son propietarios de grandes propiedades que ocupan el 12,6 %. La subregión presenta uno de los mayores índices de Gini de tierras del Departamento, con 0,82, y uno de los menores Gini de propietarios, con 0,68. El Gini de hogares es de 0,89. Los mayores niveles de desigualdad se encuentran en Bello, Caldas e Itagüí (Muñoz y Zapata, 2011, pp. 64-72).

En el marco de la CNRR, se presentaron en el Valle de Abu-rrá 699 solicitudes concentradas especialmente en el 2001 y el 2002, dentro de las cuales se destacan los homicidios (69 %) y las desapariciones (7,3 %). Los municipios más violentos son Medellín, Bello, Barbosa, Itagüí y Copacabana. La subregión presenta altos niveles de expulsión de población en el caso de Medellín, ciudad que además ha recibido 292 282 personas desplazadas. La capital departamental está seguida por Bello y Barbosa. En el marco de la CNRR, se denunciaron despojos de casas y locales comerciales principalmente en Medellín, Bello, Barbosa y Caldas (CNRR, s. f., pp. 109-115). Los principales motivos de desplazamiento fueron la extorsión, las amenazas y la violencia generalizada (Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Población Desplazada, 2009, p. 35).

Se han presentado múltiples discusiones sobre la posibilidad de microfocalizar a la ciudad de Medellín, incluso de volverla objeto de reparación colectiva. Sin embargo, superan las posi-bilidades de respuesta de la URT. La subregión, no obstante, presenta el reto de hacer restitución en entornos urbanos. Las condiciones de seguridad se impondrían como reto. De hecho, ya un reclamante de tierras, Ivan Darío Restrepo, fue asesinado en su casa en Bello, el 4 de mayo de 2013, al parecer por sus reclamaciones de tierras (El Tiempo, 2013). En la subregión se presentan 477 solicitudes con predominio de Medellín y Bello.

Reflexiones generales territorial Antioquia• Las dinámicas subregionales muestran que en el departa-

mento de Antioquia existe un vínculo importante entre el conflicto armado y la propiedad de la tierra. Muestra de ello es el aumento en los últimos años de la concen-tración de la tierra y el aumento en la titulación rural. Se ha configurado una estructura donde predominan la me-diana (52,92 %) y la gran propiedad (28,26 %), a pesar de que la mayoría de propietarios son micro (57,42 %) y mi-nifundistas (19,5 %). Para el proceso de restitución en el Departamento, es importante entender las tendencias de larga duración en cuanto a configuración de la estructura agraria. En muchos casos, el proceso de restitución no po-drá revertirlas, sino legalizarlas. Luego, es importante dar lugar a esta discusión antes de la identificación de zonas a microfocalizar.

• Los diagnósticos del Programa de Protección de Tierras mostraban la necesidad de leer la violación de los derechos patrimoniales a la luz de las implicaciones que esta viola-ción tiene para las víctimas: delitos asociados al desplaza-miento (por lo general homicidios, amenazas, restricciones a la circulación y violencia generalizada), tipos de pérdidas (bienes inmuebles, cultivos, enseres) y formas de despojo. También se evidenciaba que en los casos donde hubo trans-ferencia de tierras, la gente se sentía sin derecho a reclamar, esto implica un importante reto en cuanto a la difusión de la ley. Se muestra que normalmente no se exponen las di-mensiones de las pérdidas que conlleva el desplazamiento, esto implica retos en los procesos de recolección de infor-mación.

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• Cuando comienza el proceso de restitución de tierras, la Defensoría del Pueblo observa la persistencia del fenóme-no del desplazamiento en el Departamento por la supervi-vencia del conflicto armado. De hecho, se enfatiza en que más de la mitad de los desplazamientos son causados por autores no identificados o nuevos actores armados. En la atención a la población se mostraba la insuficiencia de re-cursos entre las instituciones locales para atender el tema del desplazamiento. También la existencia de políticas de prevención centradas en la seguridad y no en el cambio de condiciones de acceso al Estado. Si bien se muestran los avances en materia de atención humanitaria, se exponen las dificultades en las políticas de restablecimiento por las difi-cultades en acceso a la vivienda, condiciones para el retorno y la aplicación del enfoque diferencial.

• Se afirma que si bien los CLAIPD responden a coyunturas, no se constituyen en un espacio estructural de diseño de la política. También se asevera que casi la mitad de los muni-cipios no contaban con Programa Integral Único y que se encontraban en problemas fiscales para poder financiarlos. También se sustenta la escasa capacidad de decisión de las mesas de participación de víctimas (Defensoría del Pueblo, 2011). Estos hallazgos se constituían y constituyen en un factor fundamental a tener en cuenta en el proceso de resti-tución. El balance sobre la aplicación de la política de des-plazamiento a nivel institucional muestra la capacidad local para responder al fenómeno y para enfrentar en la coyuntu-ra actual los procesos de reparación y restitución de tierras.

• Sin duda, uno de los grandes retos para la territorial está en realizar procesos de microfocalización que permitan a la Unidad llegar a territorios con altos niveles de despojo y posibilidades de retorno. Para ello, no solo se requiere un conocimiento suficiente de las subregiones que permita saber, no solo técnicamente, si es viable el proceso, sino también conocer sus riesgos y posibilidades a nivel político, económico y social.

• Entrar a algunas subregiones a restituir en contextos donde los solicitantes no van a tener otra opción que vender, sin duda, tendrá altos costos políticos. Dada la complejidad

departamental, se requeriría una división del trabajo al in-terior de la Unidad por subregiones, concentrándose, claro, en las subregiones de mayor despojo. La complejidad de la microfocalización y las dinámicas mismas del Departamen-to vuelven un riesgo las microfocalizaciones por motivos políticos. En muchos casos, estas pueden implicar mensajes contradictorios para los territorios.

• Casos como el de Bajo Cauca ponen a prueba la concep-ción de seguridad que está manejando el proceso. Ya desde el alistamiento de la Unidad, los funcionarios se pregunta-ban por estos criterios. En este caso, se evidencian no solo las dificultades para encontrar condiciones de seguridad adecuadas para restituir, también los intereses existentes en la emisión de conceptos de seguridad.

• Dada la ampliación que está buscando la territorial a otras subregiones, es importante tener en cuenta las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de los procesos adelan-tados en el Oriente Antioqueño y el Bajo Cauca. Estos muestran la importancia de la coordinación institucional, la capacitación a solicitantes, el análisis interdisciplinario, el manejo de expectativas, la lectura de la coyuntura en di-ferentes escalas, la planeación de microzona, entre otros. Las urgencias cotidianas no deberían obstaculizar el diálogo sobre lo aprendido entre equipos de microzona.

• Las demandas presentadas por la territorial dan cuenta de un trabajo interdisciplinario en el que se está pensando el proceso de restitución de manera integral. Sin embargo, el reto está en pensar la integralidad más allá de la dimensión individual. Queda la pregunta sobre los aspectos colectivos que es necesario tener en cuenta para que el proceso de res-titución funcione. Dada la proyección de expansión hacia nuevos municipios del Oriente, es importante pensar en la lógica de proyecto regional.

• Es evidente que la territorial Antioquia se encuentra fren-te a un reto enorme y un contexto complejo. Por ello, es fundamental garantizar todas las condiciones para un tra-bajo armónico, interdisciplinario y con calidad laboral en la territorial. Esta es la mejor estrategia para garantizar el cumplimiento de metas.

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Contexto de violencia y despojo en la subregión de Urabá

Ubicación y datos generales

Urabá se ubica en la esquina noroccidental de Colombia, entre los océanos Atlántico y Pacífico, y en la zona fronteriza con Pa-namá. La región extiende sus 11 664 km2 desde la depresión del valle del Sinú hasta la cuenca del Atrato, abarca el golfo de Ura-bá y llega hasta el nudo de Paramillo. Comprende municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. El Urabá

cordobés está compuesto por los municipios de Puerto Escon-dido, Canalete, Las Córdobas, Valencia y Tierralta; el Urabá chocoano, por Acandí, Unguía y Riosucio; finalmente, el Urabá antioqueño, por Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte (mapa 1) (Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2001, p. 7). El presente texto se centrará espe-cialmente en las dinámicas del Urabá antioqueño.

Mapa 1. Región de Urabá

Fuente: Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia

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El territorio de Urabá fue uno de los primeros explorados por los conquistadores españoles. A su llegada, se encontraron con grupos cuevas, urabaes, guazuzues, nitonas, péberes, cuiscos, emberas y araques. Algunas de estas comunidades resistieron de forma beligerante a la colonización a través de la guerra, el ci-marronismo y los suicidios colectivos (Uribe de Hincapie, 1992, pp. 80-81). A pesar de la resistencia, se establecieron desde 1510 las primeras fundaciones en la región y en suelo colombiano. Así se fundaron San Sebastián de Urabá y Santa María la Antigua del Darién, que se constituyeron en el epicentro de las expedi-ciones a tierras antioqueñas, caucanas y sinuanas (Osorio, 2006, p. 23). Estas fundaciones, sin embargo, fueron abandonadas por el auge político y militar de nuevos asentamientos y el descubri-miento de nuevas rutas comerciales (Uribe de Hincapie, 1992, pp. 80-81).

Pero más allá de las anteriores circunstancias, se abandonó el territorio por las múltiples disputas entre colonizadores por su control y administración (Parsons, 1996, pp. 25-31). La fuerte resistencia indígena y las disputas entre colonizadores hicieron entonces que las tierras del golfo de Urabá fueran abandonas por la Corona Española que solo hizo presencia institucional a través de los fuertes de Bahía Candelaria y Caimán.

Por casi 4 siglos la región se constituyó en un territorio fuera del control del imperio español, situación que fue aprovechada por piratas y bucaneros holandeses, quienes, con el apoyo de indígenas cuna, contrabandeaban armas y mercancías. Durante los siglos XVII y XVIII se presentaron algunas misiones evange-lizadoras y colonias agrícolas que, por lo general, fracasaron ante las sublevaciones indígenas y las difíciles condiciones ambienta-les (Parsons, 1996, pp. 25-31). Con estos rasgos generales de la construcción territorial se pretende mostrar que se trata de una región que, a pesar de su importancia económica, política y mi-litar, desde sus inicios se configuró en medio de la marginalidad, la ilegalidad y el aislamiento.

Cuando se instauró la República, existían algunos poblados indígenas, fuertes y rancherías de contrabandistas y mineros (Uribe de Hincapie, 1992, pp. 41-42). Hacia 1819 la región empezó a ser disputada por los departamentos de Cartagena, Cauca, Chocó y Antioquia. Esta disputa se mantendría durante todo el siglo XIX hasta que en 1915 se devolvió el territorio de Urabá a Antioquia (Parsons, 1996, pp. 44-49). La región se constituyó en lugar de refugio de indígenas, antiguos esclavos,

derrotados de las guerras civiles del siglo XIX, entre otras (Uri-be de Hincapie, 1992, pp. 41-42). También llegaron sinuanos, chocoanos y costeños a ofrecer su trabajo a las economías ex-tractivas que empezaban a tener auge en la región. Desde me-diados del siglo XIX empezaron entonces ciclos de extracción de caucho, tagua, madera y raicilla de ipecacuana. La actividad extractiva fue decayendo, pero persistieron los núcleos huma-nos conformados por los migrantes que constituirían la materia prima del futuro desarrollo de Urabá (Varios, s. f.).Se trataba de una sociedad fundada sobre la exclusión, débilmente integrada al “proyecto nacional” y basada en la explotación de recursos y la acumulación de capital.

El dominio antioqueño sobre la región implicó el desarro-llo de proyectos viales, mercantiles y mineros, la generación de procesos de colonización y el otorgamiento de baldíos. En 1926 se emprendió la construcción de la carretera al mar que conclu-yó en 1954 cuando llegó a Turbo (Parsons, 1996, pp. 73-89). Paralelamente a la construcción de la carretera, el Gobierno de-partamental se preocupó por generar programas de colonización en la región. Las oleadas de colonizadores antioqueños, sin em-bargo, no llegaron, pues la zona no les resultaba atractiva por su situación ambiental, productiva y social (Botero Herrera, 1990, p. 25). La región, sin embargo, sí resultó atractiva para terrate-nientes ganaderos y concesionarios de bosques que aprovecha-ron las facilidades ofrecidas por la Gobernación en materia de titulación. También funcionaron los programas de colonización adscritos a la política penal (Uribe de Hincapie, 1992, p. 103).

La migración masiva hacia la región tendría lugar en la dé-cada del cincuenta cuando se terminó la carretera al mar, la in-dustria bananera se encontraba en auge y llegaban las corrientes migratorias que huían de la violencia bipartidista (Steiner, 1990, p. 281). Llegaron, así, a la región chocoanos, sinuanos, coste-ños y antioqueños. Algunos de los colonos que llegaron en esta etapa se apropiaron de terrenos baldíos en donde abrieron finca y consolidaron economías campesinas. Los que tenían planes de migrar de nuevo hacia otras regiones se apropiaron de gran-des extensiones para vender posteriormente las mejoras. Otros abrieron tierras a favor de terceros bajo la modalidad de rela-ciones de aparcería. Finalmente, los jornaleros permanecieron en la zona, no siempre con tierras, dependiendo de las ofertas generadas por las economías extractivas (Botero Herrera, 1990, pp. 31-33).

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Así es como uno de los principales mecanismos de trans-ferencia de tierras en Urabá ha sido la colonización entendida como un “proceso adelantando por personas privadas, naturales o jurídicas, en el cual ocupan un determinado territorio donde no hay definición de los derechos de propiedad o en baldíos de la nación” (Giraldo y Muñoz, 2011, p. 56). En Urabá, como se ha mostrado, la colonización tiene lugar desde el siglo XVI y se intensifica a mediados del XX dados los incentivos para que los campesinos llegaran espontáneamente a radicarse. Algunos colonos, como lo cuenta Parsons, lograron obtener derechos de propiedad: “el colono tenía que construir una casa, limpiar por lo menos 4 hectáreas en los primeros seis meses, y sembrar si-quiera una hectárea de yuca, plátano, caña de azúcar, o de pasto artificial” (Parsons, 1996, p. 61). Sin embargo, la formalización de la tenencia de la tierra no fue la generalidad entre los peque-ños colonos, entre los cuales predominó la informalidad (Giral-do y Muñoz, 2011, p. 56).

Pronto estas dinámicas de colonización serían afectadas por empresarios y ganaderos que buscaron apropiarse de los codi-ciados baldíos de Urabá a través de compras, medios violentos y enredos legales. Estos procesos de tráfico de tierras intentaron dirimirse a través de la Ley 135 de 1961; sin embargo, el Incora permitió el uso clientelista y la manipulación de esta reglamen-tación (Botero Herrera, 1990, pp. 34-35). La debilidad estatal presente en la región hizo entonces que se limitara el acceso a la titulación y se redujo la posibilidad de afirmar los derechos de propiedad (Giraldo y Muñoz, 2011, p. 58). Independientemen-te de su efectividad, la titulación, entendida como “la entrega formal y legal de derechos de propiedad a personas naturales o jurídicas por parte del Estado a petición de estos o por políticas de titulación de baldíos” (Código Civil citado en Giraldo y Mu-ñoz, 2011, p. 58), se constituyó en uno de los mecanismos de transferencia de tierras. Se utilizó también como incentivo para que medianas y grandes empresas llegaran a la región.

La constitución de la región en emporio bananero hizo que la migración hacia Urabá pasara de ser transitoria a ser masiva. Ya no llegaron los migrantes buscando tierras, sino alguno de los 16 mil empleos ofrecidos por la agroindustria bananera. La Uni-ted Fruit Company proponía en la zona un modelo de negocio que se centraba en actividades de comercialización, mientras empresas nacionales en encargaban de la producción de la fruta. En poco tiempo esta agroindustria logró generar impresionantes

ganancias y posicionar a la zona en el mercado internacional. Sin embargo, generaba al mismo tiempo altos impactos sociales en la región: los campesinos colonizadores se convirtieron en obreros agroindustriales, aumentaron las demandas de la pobla-ción hacia un Estado que no estaba en la capacidad de atender-las, se generaron acelerados procesos de diferenciación interna, se transformó la estructura del poder local con el ascenso de una élite ausente y externa y, finalmente, se desplazaron a los colonos establecidos en las tierras planas hacia nuevas zonas de coloniza-ción (Botero Herrera, 1990).

Como resultado de este proceso, predominaron en Urabá desde la década del sesenta los conflictos por el trabajo, los ser-vicios y la tierra. Los avances administrativos y técnicos de las empresas bananeras no se reflejaron en las relaciones con los trabajadores. Así es como entre 1963 y 1984 surgieron los pri-meros esfuerzos de movilización sindical; Sintrabanano surgió en 1967 y agrupaba a los trabajadores de la frutera de Sevilla, y en 1972 surgió Sintagro, que congregaba a los obreros banane-ros y a los empleados de la empresa de palma africana Coldesa (García, 1996, p. 69). También tuvieron lugar múltiples mo-vimientos cívicos que reclamaban servicios públicos a munici-pios que habían crecido de manera desordenada y no contaban con recursos suficientes para responder a la población (García, 1996, pp. 68-69). A estos movimientos se sumarían grupos de trabajadores de las fincas y la carretera, arrendatarios, nuevos y antiguos migrantes, colonos expropiados, entre otros, que aspi-raban a resolver el creciente problema del acceso a la tierra y la vivienda (García, 1996, pp. 60-62).

Estos grupos iniciarían un amplio, generalizado y perma-nente proceso de invasiones a propiedades rurales y urbanas. Las invasiones fueron apoyadas por políticos locales, futuros urbani-zadores, párrocos y líderes del Partido Comunista, la Unión de Tabajadores de Colombia, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y el Movimiento Revolucionario Liberal. También fueron apoyadas por las guerrillas que encontraron en estos pro-cesos formas de consolidar bases sociales y áreas de retaguardia. Clara Inés García propone diferentes etapas en los procesos de invasión marcadas por el grado de organización, los propósitos, los aliados y las respuestas por parte del Estado (García, 1996). Se puede decir, entonces, que las invasiones, entendidas como “toda ocupación llevada a cabo de manera premeditada e ilegal, en la cual un grupo de personas decide invadir territorios priva-

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dos de personas o empresas” (Giraldo y Muñoz, 2011, p. 64), se constituyeron en otro mecanismo de transferencia de tierras en Urabá. Algunas de estas invasiones fueron tituladas a través del Incora que negoció directamente con los dueños.

Se superponen entonces en Urabá diversas formas de apro-piación y usos del territorio de acuerdo con las lógicas de los procesos mismos de colonización. Dentro de un mismo predio confluyen, incluso, procesos de invasión, titulación de baldíos, mercados de tierras, etc. Esto impone retos importantes al pro-ceso de restitución que necesariamente debe comprender el pro-ceso histórico de constitución de la estructura de propiedad.

Historia de conflicto y desplazamiento

La situación de marginalidad y la confluencia de múltiples con-flictos generaron las condiciones para el establecimiento de gue-rrillas. Ya en el marco de la violencia bipartidista, en la región hicieron presencia guerrillas liberales que prestaban a los colo-nos funciones de seguridad y defensa. Estaban compuestas prin-cipalmente por clanes familiares locales (Roldán, 2003, p. 220). Se trataba de una reacción a un Gobierno ausente social y cul-turalmente. Las tensiones partidistas, sin embargo, progresiva-mente se militarizaron, característica que marcaría la historia de Urabá (Castellanos, 2013, p. 173). Así los proyectos guerrille-ros del Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino, Ejército Revolucionario del Pueblo, Movimiento Obrero Independien-te Revolucionario, Ejército de Liberación Nacional, Ejército Popular de Liberación y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se establecerían inicialmente en los territorios libera-les. Los proyectos revolucionarios tienen una vida fugaz como resultado de las rupturas internas y las presiones militares. Solo sobrevivieron el EPL y las FARC (Salgado, 1992, pp. 57-63).

En 1967, procedentes de las cuencas de los ríos San Jorge y Sinú, arribaron a la región las estructuras armadas del EPL, bra-zo armado del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) (Ramírez Tobón, 1997, pp. 102-103). Basadas también en el trabajo político del Partido Comunista en la región, arribaron las FARC en 1973 a través de guerrillas móviles y posteriormen-te del Frente V (Ramírez Tobón, 1997, pp. 102-103). Las gue-rrillas centraron su actividad revolucionaria en las zonas rurales y con el campesinado. Se trataba de identificar la problemática de los colonos y de apoyar las acciones encaminadas a asentarse y dotarse de tierra (García y Aramburo, 2011, pp. 300-301).

Algunos autores, como William Ramírez, hablan, incluso, de un proceso de “colonización armada” dirigido en la región (Ra-mírez Tobón, 1997). De cualquier manera, la relación entre guerra y tierra se plantea desde el arribo de los grupos armados a la región.

El accionar de las guerrillas fue fuertemente reprimido en Urabá. Desde la segunda mitad de la década del setenta, la re-gión se militarizó; en 1974 se creó la Unidad Secreta Antiextor-sión y Secuestro; en 1975 se instaló la Brigada IV con presencia permanente en la región; en 1976 se ordenó reseñar a toda la población de la zona; en 1980 todos los alcaldes eran milita-res; entre otras acciones (García, 1996). La presión militar, sin embargo, no generaba grandes efectos en las dinámicas de vio-lencia, pues no respondía a los problemas sociales de fondo. La persistencia de estas problemáticas permitiría la reactivación de la actividad guerrillera en la década del ochenta.

De la presencia en las zonas rurales periféricas, las guerrillas pasaron a buscar mayor influencia en los sectores clave de la economía, en los centros urbanos y áreas de mayor desarrollo, en los movimientos sindicales y campesinos del eje bananero. El 28 de marzo de 1984 se firmaría la tregua de las FARC con el presidente Betancur, el EPL firmaría el 24 de agosto del mismo año. En el marco del proceso de paz, las guerrillas consolidaron su presencia en la región y su proyecto político. La tregua, sin embargo, estuvo acompañada por la creciente confrontación en-tre guerrilla y Ejército. El incremento de los ataques implicó el retiro por parte del EPL. Este trajo como consecuencia las cre-cientes tensiones con las FARC. Se disputaban la autoría de los paros, el control de la actividad sindical, el dominio electoral, el control territorial, entre otras. La disputa entre guerrillas co-menzó en 1985 y se extendió hasta 1986. Solo la creación de la Coordinadora Nacional Guerrillera y la cancelación de la perso-nería jurídica de los sindicatos diezmaron la confrontación. Las confrontaciones entre guerrillas y sus respectivos trabajos políti-cos poco a poco generarían límites territoriales entre las FARC y el EPL en las zonas rurales y urbanas de Urabá (Ortiz, 1999).

La confrontación tendría un nuevo capítulo en 1990 cuan-do el EPL decidió negociar la paz con el gobierno de César Gaviria. Los reinsertados no solo se sometieron a un proceso precario, sino que, además, fueron atacados por el ala caraballis-ta de las FARC. Ante la fallida experiencia de desmovilización, surgirían los comandos populares por parte del EPL. Opera-

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ron 5 grupos de comandos que entre 1992 y 1993 sostuvieron combates con la disidencia de Caraballo y Gonzalo. Atacaron también las bases sociales de las FARC, lo que se expresó en la masacre de los Katios en 1993, donde fueron asesinadas 12 personas. En respuesta, tuvo lugar la masacre de La Chinita, en Apartadó, donde murieron 35 personas, el 23 de enero de 1994. Los comandos entrarían en contacto con Fidel Castaño a quien le ofrecieron información y apoyo militar a cambio de apoyo financiero (Suárez, 2006). Una evidencia importante de esta alianza es la entrega que hace Finpazcor, en 1991, de 10 000 hectáreas a 150 desmovilizados del EPL y 2500 campesinos (Gi-raldo y Muñoz, 2011, p. 31).

En respuesta, las FARC crearían las milicias bolivarianas y el Frente 52. Ya hacían presencia en la región los frentes 5, 18 y 34, y ejercían un fuerte control territorial. La militarización de la región se acentuó, además, con la creación de la Brigada 17, en diciembre de 1993, que incrementaría la capacidad operativa a través de la coordinación con el Batallón de Infantería No. 31 Voltígeros, el Batallón de Infantería No. 32 General Francisco de Paula Vélez y el Batallón de Contraguerrillas No.35 Coronel Jaime Gerardo Díaz López. El escenario, además, se hacía más complejo con la entrada de los paramilitares desde el norte de Urabá, perpetrando crímenes y comprando tierras para incre-mentar su control territorial (Giraldo y Muñoz, 2011, p. 30).

La entrada paramilitar se remonta a finales de la década del ochenta, cuando Fidel Castaño, que había adquirido grandes extensiones de tierra en Antioquia y Córdoba, formó con sus hermanos grupos contraguerrilla que actuaron bajo el membre-te de “Muerte a revolucionarios del Nordeste”. La organización militar instaló su primer campamento entre los municipios de Valencia y Tierralta, en la finca Las Tangas. Desde allí, iniciaron una larga confrontación con el EPL que conllevaría el desplaza-miento de numerosos campesinos y el dominio de municipios del norte de Urabá como San Pedro de Urabá, Arboletes, Ne-coclí y San Juan de Urabá. Su presencia transformó la estruc-tura de propiedad, resultado de una masiva compra de tierras por parte de narcotraficantes (Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2001). A través de estas compras, los narcotraficantes ampliaban su margen de influencia y además “reinsertaban el capital en la circulación del mercado”.

Se trataba, en términos de Alejandro Reyes, de “un ahorro a largo plazo y una protección segura contra la devaluación de

la moneda” (Reyes, 1997, pp. 289-293). En efecto, entre 1980 y 1995, Antioquia fue el departamento con más municipios en los que fueron compradas tierras (se registraron compras en 88 de los 124 municipios) y Urabá fue una de las regiones en las que hubo una “mayor asociación entre compra de tierras por narcotraficantes y paramilitares” (Reyes, 2009, p. 35). Narco-traficantes del Cartel de Medellín adquirieron, por ejemplo, un número significativo de tierras en municipios como Arboletes, Necoclí, Acandí, Unguía, Juradó, entre otros.

Hasta comienzos de la década del noventa, actuaban en Urabá Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), Muerte a Sindicalistas Revolucionarios de Urabá, Muerte a Secuestra-dores (MAS), Muerte a Revolucionarios de Urabá (MRU) y Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista (MOENS) (Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2001, p. 44), que ten-dieron a hacer presencia en la región y a actuar como “escuadro-nes de la muerte”. Se estima que, entre 1982 y 1986, asesinaron a 350 miembros de Sintagro; ejecutaron, además, entre otras, las masacres de Honduras, La Negra, El Tomate (Canalete), El Rincón, La Mejor Esquina (Buenavista), Las Tangas (Valencia), Pueblo Bello (Turbo) y Barrio Escolar (Tierralta). Entre 1993 y 1996 tuvieron lugar decenas de masacres en la región, todas con diferentes lógicas y objetivos, pero compartían la búsqueda por el control territorial (Suárez, 2006).

Hacia 1994, una vez lograda la hegemonía exclusiva en el norte de Urabá, los paramilitares comenzaron su incursión hacia la subregión del eje bananero bajo la figura de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), a cargo de Carlos Castaño. Surgieron de una múltiple alianza entre la economía legal (bananeros y ganaderos), los miembros de la fuerza públi-ca, los funcionarios públicos y los actores de economías ilegales (narcotraficantes y contrabandistas). Contaron, además, con el apoyo de los entonces comandos populares y con el impulso que resultó de la aprobación legal de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, Convivir, las cuales se constituyeron en el motor para el sostenimiento y el crecimiento de las autodefensas (Castellanos, 2013, p. 224). Además de los intereses estratégi-cos, la casa Castaño manifestó desde el principio el interés por apropiarse de tierras y de rentas legales e ilegales (Castellanos, 2013, p. 224).

En 1995, una vez los paramilitares consolidaron su control en el norte de Urabá, desapareciendo al Frente 58 de las FARC,

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iniciaron su proceso de consolidación en el eje bananero. Esta entrada se formalizó, incluso, a través de un comunicado de Car-los Castaño a los habitantes del eje bananero y de la masacre de 18 personas el 12 de agosto en la discoteca El Aracatazo, en Chi-gorodó. En respuesta, las FARC contestaron con una masacre de 16 personas contra militantes de Esperanza, Paz y Libertad en la finca Los Cunas. Los corregimientos de San José de Apartadó, en Apartadó, y de Belén de Bajirá, en Mutatá, se convirtieron en el eje de la disputa (figura 1). Se trató inicialmente de una

confrontación que se apoyó más en las infracciones al DIH que en las acciones bélicas. No se trataba entonces de una confron-tación directa, sino del ataque a la población civil simpatizante del enemigo (Suárez, 2006). Esto se refleja claramente en las estadísticas de masacres, donde se ve un incremento importante entre 1994 y 1996. La agudización de la guerra coincidió con la declaración de Urabá como zona especial de orden público, lo que implicaba el desarrollo de medidas especiales de seguridad. Sin embargo, estas no lograron reducir los niveles de violencia.

Figura 1. Número de masacres en Urabá

Apartadó

Arboletes

Carepa

Chigorodó

Mulatá

Murindó

Necoclí

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Fuente: elaboración propia a partir de Espinosa, Monsalve y Gómez (2013).

En 1997, se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), esto implicó un cambio en sus formas. Bajo este nuevo marco, se creó en Urabá el Bloque Elmer Cárdenas, liderado por Fredy Rendón Herrera alias el Alemán. Se consolidarían tam-bién el Frente Turbo, comandado por Hernán Hernández, y el Frente Bananero, a Cargo de alias Raúl Hasbún. Estas estruc-turas se constituirían, posteriormente, en el Bloque Bananero encargado de la seguridad en la zona bananera y de la entrada de armas y salida de droga en los puntos de embarque de banano (Salinas y Zarama, Juan Manuel, 2012, p. 30).

En la confrontación entre autodefensas y guerrilla, el Ejérci-to jugó un papel marginal. No obstante, desarrolló operaciones

conjuntas con los paramilitares como la Operación Génesis, en 1996, donde se desplazaron cerca de 4500 campesinos desde Ríosucio a Mutatá. Esta operación y la posterior incursión al centro de operaciones del Bloque José María Córdoba en el corregimiento de Puerto Lleras marcarían la avanzada del pa-ramilitarismo hacia el sur de Urabá, liderada por el Bloque El-mer Cárdenas. Las estadísticas de acciones armadas muestran claramente que la disputa fue pasando del eje bananero hacia el sur de Urabá, específicamente a Mutatá. También que desde el 2007 las acciones armadas disminuyeron en la región (figuras 2 y 3).

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Figura 2. Acciones armadas por iniciativa del Ejército (Urabá, 1998-2010)

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Apartadó

Arboletes

Carepa

Chigorodó

Murindó

Mulatá

Necoclí

San Juan de Urabá

San Pedro de Urabá

Turbo1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Figura 3. Acciones armadas por grupos al margen de la ley (Urabá, 1998-2010)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Apartadó

Arboletes

Carepa

Chigorodó

Murindó

Mulatá

Necoclí

San Juan de Urabá

San Pedro de Urabá

Turbo

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Este proceso de consolidación de la violencia paramilitar ge-neraría un alto impacto en el mercado de tierras. El alto nivel de incertidumbre provocaría el descenso de los precios, especial-mente de las zonas alejadas y con débil definición de derechos de propiedad. Aparecerían, entonces, tanto compradores espon-táneos que buscaban comprar tierras a bajo costo como aque-llos que apoyaron la acción paramilitar. Se presentarían ventas forzadas, entendidas como la presión a un propietario o posee-dor a vender sus bienes o tierras a través de un contrato o carta

de compraventa, usando violencia unilateral por lo general, se paga un precio irrisorio. Las ventas forzadas se acompañaron de despojos donde se hace la transferencia de la tierra a través de la fuerza. Estos mecanismos de transferencia se acompañarían de repoblamientos de campesinos simpatizantes y familiares de los grupos paramilitares (Giraldo y Muñoz, 2011, p. 30). La guerra ha dejado entonces miles de situaciones de despojo y abandono. Estas tuvieron lugar principalmente entre 1997 y el 2001, y se presentaron principalmente en Turbo, Apartadó y Chigorodó.

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Figura 4. Desplazamiento Urabá (1997-2013)

San Juan de Urabá

San Pedro de Urabá

Necoclí

Turbo

Carepa

Chigorodó

Apartadó

Mulatá

Arboletes

Murindó

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Fuente: UARIV.

Hacia el 2001, los frentes 5, 18, 34 y 57 de las FARC, que hacían presencia en la región, empezaron a replegarse hacia el Darién, el Urabá chocoano y el Nudo de Paramillo. Se consoli-dó entonces el dominio paramilitar y es en este marco cuando en el 2002 inició el proceso de desmovilización. Este solo se for-malizaría el 15 de junio de 2004. El 25 de noviembre de 2004 se desmovilizó el Bloque Bananero, con 451 combatientes; el 12 de abril de 2006, el Bloque Costanero (309 combatientes); el 30 de abril de 2006, los frentes Pavarandó y Dabeiba del Blo-que Elmer Cárdenas (484 combatientes), y el 15 de agosto de 2006, el Frente Chocó del Bloque Elmer Cárdenas (743 com-batientes) (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2006).

A pesar de la desmovilización, las dinámicas de violencia y apropiación de tierras persistieron en la región. Se intensificó el repoblamiento y el inicio de nuevos proyectos productivos. Se presentaron también múltiples irregularidades en las titu-laciones y las transferencias de tierras. Los nuevos propietarios

buscaban aprovechar el control de los Gobiernos locales para ingresar a los mercados legales (Ballvé, 2012). La desmoviliza-ción, además, implicó la creación de nuevas estructuras ilegales para la protección de centros de producción y procesamiento y rutas de narcotráfico. Estas organizaciones fueron conocidas como bandas criminales Bacrim. Empezaron a ejercer una vio-lencia selectiva, dirigida principalmente hacia los miembros de las bandas criminales y también hacia defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. Los Urabeños van a heredar los territorios de los bloques Bananero y Elmer Cárdenas, y van a vivir un progresivo proceso de fortalecimiento en la región.

El enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares ha adopta-do las más macabras modalidades de guerra, desde los asesinatos selectivos hasta las masacres que se constituyeron en la forma de aleccionar, “castigar” y desplazar a grupos sociales considerados favorables a los intereses de los opositores. La violencia ha de-jado en Urabá cientos de víctimas de diversos tipos de victimi-zación, especialmente en los municipios de Apartadó y Turbo.

La dinámica de la tierra en el contexto localEs claro que el desplazamiento forzado en Urabá ha estado es-trechamente vinculado a la apropiación de tierras y a su trans-formación productiva hacia la agroindustria y la ganadería. La extensión de la región es de 1 166 400 hectáreas y se han abandonado 98 292 hectáreas, equivalentes al 8,4 % del área del territorio (Forjando Futuros-IPC, 2012). La apropiación de tie-

rras se da en un complejo escenario de superposición de formas diversas de tenencia de la tierra.

Como se ha presentado en los apartados anteriores, Urabá se construye históricamente a través de procesos de colonización que no siempre fueron formalizados y de invasiones de tierras urbanas y rurales, en algunos casos apoyadas por las guerrillas. Estos procesos de ocupación de la tierra han estado acompaña-

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dos, además, de un fenómeno constante de concentración de tierra y capital evidente en la constitución de haciendas ganade-ras y de plantaciones de banano. Autores, como Carlos Miguel Ortiz, muestran que en algunos casos la concentración consistió en la adjudicación inicial de baldíos a partir de la cual se añadie-ron poco a poco predios de mediano y pequeño tamaño.

En otros casos, a partir de la unión de baldíos de tamaño mediano, se conformaron haciendas fraccionadas en cuanto a tí-tulo jurídico y administración. Finalmente, señala Ortiz, la con-centración no solo consistió en el ensanchamiento del tamaño de las propiedades, sino también en la acumulación de hacien-das y fincas dispersas en diferentes veredas. Las dos primeras for-mas de concentración descritas por Ortiz se presentaron por lo general en los años sesenta a manos de personas residentes en la zona que hicieron capitales importantes con la producción ba-nanera. La tercera forma predominó desde la década del ochenta cuando empezaron a entrar a la región importantes capitales del narcotráfico. Por lo general, se trató de procesos unipersona-les centrados en un grupo reducido de personas y empresas. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que paralelamente a la concentración, avanzó la movilización campesina por la recupe-ración de las tierras (Ortiz, 1999, pp. 21-41).

Esta estructura agraria inicial, marcada por la colonización tardía, los procesos de concentración y las invasiones, va a tener nuevas transformaciones con la acción de los grupos paramili-tares que en su avance despojaron materialmente a sectores de la población, repoblaron zonas y transfirieron tierras a través de ventas forzadas, falsificaciones y suplantaciones (Giraldo y Mu-ñoz, 2011). Diversas investigaciones han mostrado que se trató de un proceso con participación activa de políticos, empresarios y paramilitares (Salinas y Zamara, 2012).

En su estudio sobre la propiedad en Urabá, la Superinten-dencia encontró que entre 1988 y el 2007 se realizaron ventas masivas a través de compraventa de inmuebles con tradición privada y de parcelas adjudicadas por el Incora a unos pocos propietarios individuales y personas jurídicas como el Fondo Ganadero de Córdoba. En algunos casos, los grandes propieta-rios constituyeron fiducias y fusionaron sociedades. Estas ventas se realizaron, además, a través de poderes otorgados por adju-dicatarios de baldíos a otras personas. También se traspasaron múltiples propiedades que aún se encontraban a nombre del Incoder o el Incora o se revocaron adjudicaciones de baldíos

realizadas por estas instituciones y se entregaron a grandes pro-pietarios de la región de manera ilegal y fraudulenta (Proyecto Tierras, 2011). En el 2012, a partir de la experiencia de justicia y paz desde el Estado3 y organizaciones sociales,4 se propusieron diversos tipos de despojo en la región. A nivel general, se habla del despojo material y jurídico:• Despojo por vía jurídica: para la Procuraduría, se trata

de aquellos en los que a través de documentos públicos se transfiere ilegalmente la propiedad por medio de la coac-ción, el constreñimiento, la falsedad, la suplantación, etc. Para Forjando Futuros, se trata de los casos en los que el de-nunciante vendió el predio por presión. Las escrituras pue-den tener entonces vicios de consentimiento o se suplantó al vendedor a través de poderes irregulares. La Procuraduría encontró 17 formas de despojo jurídico: ventas forzadas; ventas a bajo precio; suplantación; falsedad en documentos públicos; ventas sin autorización de los CLAIPD; despojo masivo por transferencia de dominio; titulación indebida de predios; trámites ante oficinas paralelas del Incoder, el Incora e IGAC; actualización de linderos en baldíos de la nación; acumulación a favor de una persona; predios en falsa tradición con código registral 600 (falsa tradición) que se convierte en código registral 100 (pleno dominio); aumento del área a través de la venta de personas que ocu-pan terrenos baldíos con folios de matrícula de mejoras; aumento de las áreas a través de compraventas de los titula-res del predio; aumento del área en predios baldíos a través de la figura de accesión; destrucción de títulos adquisitivos de dominio, y remates o daciones en pago. Dentro de es-tas tipologías, se encuentra el que ha sido dominado por Forjando Futuros como despojo administrativo referente a los casos en los que se informa el despojo del predio y, al verificar el folio de matrícula, se encuentran resoluciones de revocatoria o caducidad del Incora o el Incoder.

• Despojo material: definido por la Procuraduría como aquellos despojos en los que no media una transferencia jurídica de dominio, sino de hecho; a través del constreñi-miento o del desplazamiento forzado, se obliga a abando-nar el predio o se ocupa contra la voluntad del titular. Para Forjando Futuros se trata de los casos en que el denuncian-te no fue despojado jurídicamente del inmueble, pero lo tuvo que abandonar por presiones jurídicas. Se trata para

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la Procuraduría del abandono por causa de la violencia y el desplazamiento forzado.

A los cambios que el despojo generó en la tenencia de la tierra en la región, hay que sumar los procesos que surgieron en el marco de la desmovilización. Como lo muestra Teo Ba-llvé (2012), en el proceso de desmovilización los paramilitares intentaron legalizar el despojo a través de procesos producti-vos, partición política, subsidiariedad, conservación ambiental y autonomía étnica. Por medio de organizaciones no guberna-mentales de fachada, prácticas de parcelación de terrenos, tran-sacciones fraudulentas y procesos productivos lavaron tierras y legalizaron despojos.

Colonizaciones, adjudicaciones de baldíos, invasiones, espe-culación con tierras, repoblamientos, despojos materiales y ad-ministrativos, ventas forzadas y falsificaciones se conjugan en el escenario de Urabá. Independientemente del nivel de legalidad, estos mecanismos se han traslapado unos con otros en el proceso de apropiación del territorio. En la medida en que se han en-cadenado, han permitido la legalización de mecanismos ilegales de adquisición de tierras o han desencadenado en terrenos lega-les formas ilegales de adquisición. Estos eslabonamientos entre mecanismos legales e ilegales de tenencia de la tierra hacen que se complejice la solución del problema en tanto que no es fácil determinar la veracidad y la legalidad de los derechos de propie-dad (Giraldo y Muñoz, 2011).

Como resultado, se ha configurado una estructura agraria donde predominan la mediana y la gran propiedad. Actual-mente, el 27,34 % de los predios son microfundios y el 22,8 % son minifundios que ocupan el 15 % del área de terreno. La mediana propiedad constituye el 33,84 % de las unidades pre-diales y concentra el 67,67 % del área de terreno; mientras la gran propiedad conforma el 1,21 % de los predios, pero suma el 17,79 % de la tierra. El Gini de tierras en la subregión es alto (0,7), pero no el mayor del departamento de Antioquia. Se des-tacan especialmente los casos de los municipios de San Juan de Urabá, Murindó y Necoclí con índices de Gini entre 0,68 y 0,85 (Muñoz y Zapata, 2011, pp. 111-121).

Donde sí se encuentran desigualdades importantes es en el área de terreno por propietario. Esto se explica por las for-mas de apropiación de la tierra en Urabá, que anteriormente se han reseñado, donde unos pocos propietarios agrupan varios predios. Por ello, los propietarios de microfundios (31,74 %) y minifundios (25,3 %) ocupan el 16,3 % del área de terreno. Los medianos propietarios (26,82 %) ocupan el 49,35 % de la tierra y los grandes propietarios (2,02 %) concentran el 37,2 % de la tierra. Esta situación explica por qué el Gini de propietarios es muy superior al de tierras en la región, llegando a 0,86. Los municipios con mayor Gini de propietarios (entre 0,83 y 0,859) son Murindó, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes y Chigorodó.

También se presenta un altísimo Gini de hogares (0,92) que muestra, además, que hay diferencias grandes en calidad de vida y que las tierras más concentradas son las de mejor calidad. El caso más complejo de desigualdad de hogares lo registra Vigía del Fuerte con un Gini superior a 0,93. Seguido por los mu-nicipios de San Juan de Urabá, Necoclí, Apartadó, Carepa y Murindó con un Gini de hogares entre 0, 88 y 0,92 (Muñoz y Zapata, 2011, pp. 112-121).

En un muestreo de las veredas de la región, desarrollado por Jorge Giraldo y Juan Carlos Muñoz, se evidencia que casi un 34 % de las veredas tienen informalidad en la tenencia de la tie-rra, el 71 % estuvieron en medio de enfrentamientos, en el 56 % hubo desplazamientos y el 65 % recibieron población desplaza-da. Toda la región ha estado cruzada por la violencia y la ope-ración de sucesivos mecanismos de tierra que han dado origen a una estructura agraria concentrada. Dentro de estos mecanis-mos han predominado el mercado de tierras y la titulación por parte del Estado. Dado el papel del Estado en la transferencia de tierras, se presenta el reto de librarlo de la cooptación y la corrupción para que se logre promover otro tipo de estructura agraria, más democrática para los habitantes de Urabá (Giraldo y Muñoz, 2011).

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Aspectos críticos del proceso de restitución en Urabá

En esta tarea del Estado de democratizar la propiedad en Urabá y, particularmente, de restituir, se presentan múltiples aspectos críticos. En este texto solo se presentarán 4: la cooptación insti-tucional, el modelo de desarrollo, la vigencia del conflicto y los daños psicosociales:

Cooptación y desarrollo institucional Como se mostraba en apartados anteriores, la historia de Ura-bá se desarrolla al margen del proyecto nacional, con una baja presencia de aparatos político-administrativos, y marcada por el precario control social (Uribe, 1992, pp. 17-18). En este mar-co, la representación del Estado de los habitantes de Urabá no corresponde con la de los sectores medios urbanos que los re-presentan cómo públicos, racionales, árbitros de intereses, etc.

A su histórica ausencia evidente en los imaginarios sociales, se suman desde el siglo XX sus dificultades para responder a una sociedad que en términos demográficos se cuadriplicó. Los miles de pobladores nuevos del eje bananero se encontraron en

el siglo XX con un Estado incapaz de proponer una política pública acorde a sus necesidades. Se trataba de administraciones locales dependientes de los recursos de la nación y el Depar-tamento, con marcos jurídicos ajenos a las dinámicas de una sociedad de frontera y que pretendían responder a las crisis re-gionales con acciones coyunturales. A la ineficiencia del Estado, se sumaba su incapacidad para administrar la justicia y regular los conflictos. Autores, como Carlos Miguel Ortiz, explican que las consecuencias de esta configuración del Estado fueron la pri-vatización de lo público y la permeabilidad de los funcionarios a delinquir (Ortiz, 1999, p. 109).

Se configura, entonces, en Urabá un Estado dominado por gamonales locales y caciques electorales con funcionarios pú-blicos extraídos de las clientelas; autoridades locales proclives, además, a actos vandálicos y partidos políticos que se perpetúan a través del clientelismo y la violencia. Esto se evidencia en las actuales cifras de desempeño fiscal donde la mayor parte de los municipios de Urabá ocupan los últimos lugares a nivel nacional y departamental (tabla 3). Los altos niveles de corrupción local se constituyen en un reto importante para la implementación de acciones que exige el posfallo.

Tabla 3. Desempeño fiscal en Urabá, 2012

DEPARTAMENTO- MUNICIPIO INDICADOR DE DESEMPEÑO

FISCAL 7/

POSICIÓN NACIONAL

2012 TOTAL 1098)

POSICIÓN DEPARTAMENTAL

2012 (TOTAL 124)

Turbo 73,51 189 26

Carepa 72,20 235 33

Apartadó 69,38 341 42

Chigorodó 67,83 414 51

San Juan de Urabá 61,63 804 99

Arboletes 61,48 814 100

Mutatá 60,16 888 107

Vigía del Fuerte 58,97 945 113

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DEPARTAMENTO- MUNICIPIO INDICADOR DE DESEMPEÑO

FISCAL 7/

POSICIÓN NACIONAL

2012 TOTAL 1098)

POSICIÓN DEPARTAMENTAL

2012 (TOTAL 124)

San Pedro de Urabá 58,24 980 116

Necoclí 55,67 1042 120

Murindó 55,51 1043 121

Fuente: Dirección Nacional de Planeación.

En este contexto, la acción de los actores armados vulneró fácilmente al Estado local. La alta capacidad de financiación de los grupos armados les permitió permear fácilmente a las insti-tuciones. Los recursos producto de las actividades ilícitas supe-raban en múltiples ocasiones los recursos de las instituciones, lo que permitía a los actores armados cooptarlas. Se habla, así, de la captura del Estado y de un sistema de corrupción institucio-nalizado. Esta situación ha generado una inseguridad jurídica y administrativa constante en la región. También ha ocasionado múltiples preguntas sobre la estabilidad y el apoyo de las institu-ciones locales al proceso de restitución (Proyecto Tierras, 2011).

Un ejemplo de esta situación es el proceso de penetración de los paramilitares en las instituciones locales. En 1997 la Casa Castaño promovió pactos con políticos comprometidos con su causa contrainsurgente. Decidieron, inicialmente, hacer un tra-bajo comunitario a través de figuras como el Proyecto Político Regional de Urabá, el Proyecto Político Marizco Urabá Cor-dobés, el Proyecto Político Regional Darién Chocoano, entre otras. A partir del 2002 se trató del Proyecto Político Regional: Urabá Grande, Unido y en Paz, el cuál cobijó, en diferentes gra-dos de influencia, a San Juan de Urabá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá.

Inicialmente, los paramilitares influenciaron las juntas de acción comunal, los concejos y las alcaldías locales. Posterior-mente, buscaron llevar representantes de Urabá a la Asamblea, la Cámara y el Senado. Subalternos de los jefes de los bloques paramilitares se encargaron de hacer campaña en cada zona de influencia. Se creó, también, una veeduría, un comité financiero y una organización llamada Desarrollo para el Urabá Grande. Para financiarse, una de las estrategias fue la realización de su-

bastas en las fincas de el Alemán de reses donadas por ganaderos de la región. Varios de los funcionarios elegidos en el marco de esta estrategia paramilitar (alcaldes, funcionarios municipales, diputados) se encuentran en la actualidad en procesos por pa-rapolítica.

Según datos de Verdad Abierta, en el Urabá antioqueño son investigados 35 funcionarios de Arboletes, Apartadó y San Juan de Urabá (Fiscalía General de la Nación, 2010. Forjando Futu-ros presenta también un listado en el que se encuentran vincu-lados la exsecretaria de Control Interno de Apartadó, 3 exalcal-des, el presidente del Concejo, el exdirector de Planeación, el director del Instituto de Deportes y el exsecretario de Salud de Arboletes; 2 representantes legales de las Convivir Papagayo en Carepa, 2 exalcaldes de Necoclí, 2 exalcaldes y un representante a la Cámara de San juan de Urabá; un exalcalde de San Pedro de Urabá, 2 exalcaldes, un notario y un concejal de Turbo; un exalcalde de Vigía del Fuerte, 4 representantes a la Cámara, 3 senadores y un asesor de la Gobernación de la región a nivel general. Según Forjando Futuros, de ellos 12 han sido condena-dos y 17 se encuentran en proceso de investigación (Forjando Futuros, 2012).

A través de la cooptación del Estado, no solo se pretendía incidir en las decisiones de poder, también se trataba de legali-zar el despojo y acompañarlo de una nueva propuesta de orden y de plan de desarrollo. Esto fue visibilizado ampliamente por los medios de comunicación desde el 2011 cuando el superin-tendente de Notariado y Registro denunció la vinculación de funcionarios (especialmente del Incoder y de notarías) y del Fondo Ganadero de Córdoba al despojo de 41 mil hectáreas en la región. Se impone, de esta forma, el reto de que las denuncias


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públicas tengan alguna incidencia en la institucionalidad local, más allá de las investigaciones a los vinculados en los procesos de despojo (VerdadAbierta.com, s. f. b).

En la región de Urabá, la cooptación institucional, el preca-rio desarrollo institucional, la corrupción y el papel histórico del Estado local en la guerra se imponen como un reto en un pro-ceso de restitución que requiere de las instituciones locales para obtener información, coordinar labores y dar cumplimiento a las tareas relacionadas con el posfallo. ¿Cómo hacer sostenible un proceso de reparación cuando los intereses que justificaron la guerra permearon las instituciones?

Modelo de desarrolloPara los planes de desarrollo de la década del setenta en Urabá era claro el auge de la economía agroindustrial. La zona bana-nera se ampliaba a unas 15 mil ha ubicadas a lo largo de la vía Chigorodó-Turbo y en la margen derecha del río León en las desembocaduras de los ríos Grande y Apartadó. La agroindustria generó ganancias no previstas y posicionó a la zona en el mercado internacional. Pero los resultados macroeconómicos no se corres-pondieron con indicadores favorables de desarrollo regional.

Hacia la década del ochenta, para la planeación regional, era también claro que haber concentrado el desarrollo regional en un solo sector había traído para la región inestabilidad, de-pendencia del mercado internacional, aislamiento del mercado nacional, desempleo estacional y baja agregación de valor. En los planes de desarrollo se sugería, incluso, una mayor inversión social si se querían contrarrestar los altos indicadores de pobre-za y miseria, y un mayor impulso a otros tipos de producción agropecuaria. Sin embargo, la inversión pública entre 1983 y 1986 se concentró en el desarrollo de una infraestructura de co-municaciones, vías y energía funcional a la economía bananera (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 1965).

En los inicios de la década del noventa, la sobreoferta de fruta, la devaluación del dólar y el ausentismo de los empresa-rios por el escalamiento de la violencia hicieron que decreciera la inversión bananera. A pesar de esta situación, el banano se constituía en el primer producto exportador y generador de di-visas en el marco de la política de apertura de César Gaviria. Dada la importancia de la producción bananera desde el nivel nacional, se emprendió la Operación Retorno que buscaba que los empresarios bananeros regresaran a sus fincas. Para ello, se incrementó el pie de fuerza en la zona (se pasó de 1600 a 3200

efectivos), se propuso el Plan de Inversiones para el Desarrollo Social y la Justicia en Urabá y se declaró a la región como “zona especial de orden público”. Este incremento de inversiones, sin embargo, no logró tener impactos en los indicadores de violen-cia regionales que ascendieron de manera importante en medio de “la pacificación de Urabá” emprendida por los paramilitares con el apoyo de los propietarios bananeros y ganaderos (Cor-pourabá, 1984).

A inicios del siglo XX, en la planeación propuesta para el Departamento se destacaron los potenciales de los centros de conurbación del eje bananero en el proceso de modernización e integración con el sistema de puertos y centros urbanos del Caribe. En el Plan de Desarrollo de Uribe Vélez se presentó en documentos como Antioquia visión siglo XXI. Colombia II cen-tenario: 2019 la necesidad de que para “el 2020 el mundo pase por Urabá”, esto implicaba acciones para atraer inversionistas, aprovechar las potencialidades en el campo, potencializar los recursos marinos y generar una infraestructura adecuada para el desarrollo.

En el marco de la Iniciativa de Integración Regional Suda-mericana (IIRSA), también resultaba estratégica la región en la construcción de vías y puertos. El Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos insistió también en la expansión de la propiedad privada y la consolidación de grandes conglomerados económicos en la región. Se le ha apostado, entonces, desde el nivel nacional a un modelo de desarrollo regional de Urabá que excluye a los pequeños propietarios y que no permite que sus emprendimientos productivos tengan éxito. Bajo este marco, se proyecta la planicie costera de la región hacia el desarrollo por-tuario y turístico; la planicie aluvial hacia el desarrollo agrícola, forestal y minero; la planicie del Atrato hacia la biodiversidad y el desarrollo sostenible, y el eje bananero hacia el desarrollo agroin-dustrial y tecnológico. Estas proyecciones imponen la necesidad de sanear la tenencia de la tierra con el fin de reingresar bienes al mercado y no, necesariamente, de brindar mejores condiciones a las economías campesinas (Moncada, 2011, pp. 149-196).

Existen dos constantes importantes en la historia de Urabá que se reflejan aún en la actual coyuntura: un modelo de desa-rrollo centrado en el crecimiento, pero con poca incidencia en las condiciones de vida locales. Esto se expresa fácilmente en los indicadores de desarrollo municipales que poco han cambiado e, incluso, empeorado en los últimos 6 años (tabla 4).

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Tabla 4. NBI municipios Urabá

NBI 2005 NBI 2012

Apartadó 19,34 24,53

Arboletes 72,14 72,40

Carepa 43,26 43,17

Chigorodó 40 40,15

Murindó 96,83 97,08

Mutatá 60,7 60,74

Necoclí 34,1 77,80

San Juan de Urabá 75,6 75,86

San Pedro de Urabá 73,89 82,5

Turbo 67,38 67,38

Vigía del Fuerte 66,95 68,35

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Por otra parte, ha sido constante en Urabá el papel de la vio-lencia en la regulación de los conflictos de carácter económico. Como lo muestra William Ramírez Tobón, en un comienzo la guerrilla asume la defensa de los intereses del campesinado y el obrero agroindustrial. El empresariado bananero y ganade-ro, por su parte, privatizó la violencia. Se llega incluso a hablar de “empresarismo criminal” para referirse a la red económica, política y social que durante décadas ha sostenido al parami-litarismo. En la región, se enajenó la política, por parte de in-tereses privados que se han expresado en dominios territoriales a costa de la soberanía del Estado (Ramírez Tobón, 1997, p. 115). Esto lo evidencia Clara Aramburo cuando muestra que coinciden con los procesos de violencia el incremento de la eco-nomía ganadera, la estabilización de la agroindustria y el ascenso del sector terciario (Aramburo, 2012). No es gratuito que los

primeros opositores al proceso de restitución en la región hayan sido sectores bananeros y ganaderos.

Esta situación ha sido funcional para las economías legales, pero también ha favorecido que el territorio se constituya en lugar de ilegalidad. La situación estratégica del golfo y la débil presencia del Estado permitieron que Urabá se constituyera en una zona de entrada y salida ilegal de productos. En la actua-lidad, como lo muestran los reportes de prensa, la región sigue siendo eje de rutas de tráfico de droga, armas y personas. Se han registrado cultivos en Turbo y Necoclí, además de laboratorios para el procesamiento de la base de coca y el lavado de activos.

El papel de los gremios económicos en la guerra y los pro-cesos de cooptación del Estado en Urabá generan complejas marañas de relaciones que terminan aglutinando recursos pú-blicos, de cooperación internacional, de inversión privada con

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recursos ilegales como las tierras despojadas y los derivados del narcotráfico. La “red empresarial criminal” aprovecha entonces los potenciales de desarrollo regional y los logros militares de la pacificación. Un buen ejemplo de ello es el Fondo Ganade-ro de Córdoba que se constituyó en la personería jurídica que compró el mayor número de tierras despojadas en el norte de Urabá, sobre las cuales ha constituido contratos de usufructo con empresas forestales y caucheras. Otros ejemplos de redes y proyectos empresariales fundados sobre acciones ilegales son la Unión Temporal Incuforestal, Multifruits y Cía., Asocomún, Construpaz, entre otras (Moncada, 2011, pp. 149-196).

La tendencia y la coyuntura de desarrollo regional generan múltiples preguntas para el proceso de restitución, ¿los solici-tantes que quieren regresar cuentan con condiciones básicas de vida para volver a empezar?, ¿son las economías campesi-

nas viables en el marco de un proyecto de desarrollo con base agroindustrial?, ¿cómo enfrentar los intereses de gremios que históricamente han impuesto su modelo de desarrollo a través de la fuerza?, ¿cómo hacer sostenible el retorno en zonas que se constituyen en rutas estratégicas para actores ilegales?

Vigencia del conflicto y seguridad de las víctimasUno de los grandes retos regionales es la persistencia del conflic-to armado. Las cifras de desplazamiento y homicidios persisten y llegan incluso a superar promedios nacionales. De hecho, se ha llegado a afirmar que desde la desmovilización en Urabá la delincuencia común ha aumentado. En el Departamento se in-crementó la tasa de homicidio en 4 puntos y aumentó también el número de masacres (figuras 5 y 6) (Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s. f.)

Figura 5. Homicidios municipios de Urabá

150

100

50

0

Apartadó

Arboletes

Carepa

Chigorodó

Murindó

Mulatá

Necoclí

San Juan de Urabá

San Pedro de Urabá

Turbo2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de la Vicepresidencia.

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Figura 6. Desplazamiento en Urabá 2011-2013

2013

2012

2011

Murindó

Arboletes

Mulatá

Apartadó

Chigorodó

Carepa

Turbo

Necoclí

San Pedro de Urabá

San Juan de Urabá

0 1000 2000

Fuente: elaboración propia a partir de datos UARIV.

Buena parte de las acciones de violencia han sido protagoni-zadas por Bandas Criminales (Bacrim), consistentes en grupos que se conformaron en los territorios donde se desmovilizaron los bloques paramilitares. En estos territorios, principalmente, han procurado mantener la economía ilegal. Desde el 2006, se registró la presencia en Urabá de al menos 6 Bacrim (Urabeños, Águilas Negras, Rastrojos, Paisas, Erpac, Oficina de Envigado). Los Urabeños dominan la zona y tienen su origen en la historia de los hermanos Usúga (Dayro y Jesús), quienes se vincularon a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en el año de 1991. Después de conformar el Bloque Centauros con Da-niel Rendón, alias don Mario, regresaron a Urabá donde confor-maron inicialmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, compuestas por combatientes que posteriormente entrarían a engrosar las filas de los Urabeños.

Tras la captura de don Mario, en abril de 2009, los herma-nos Usúga se apoderaron de toda la estructura de los Urabeños. Sin embargo, desde la cárcel se mantiene la influencia de los hermanos Freddy y Daniel Rendón Herrera (el Alemán y don Mario). El proceso de expansión de los Urabeños les permitió tener presencia en Antioquia, Córdoba, Atlántico, Meta, Casa-

nare, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca y parte del Eje Cafetero. En el 2012 se hablaba de su presencia en 406 mu-nicipios concentrados especialmente en el Caribe, el Pacífico y Urabá (Reyes, 2012).

Los Urabeños se empezaron a disputar con otras bandas el control de circuitos legales e ilegales, especialmente de cultivos, laboratorios corredores, puertos de embarque y rutas de narco-tráfico. Las mayores disputas entre bandas, sin embargo, no han tenido lugar en Urabá, pues heredan las zonas de los bloques bananero y Elmer Cárdenas y no las disputan con otras bandas. Las mayores confrontaciones tienen lugar con las FARC y la fuerza pública en la serranía del Abibe y hacia el Sur de Urabá (Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia, s. f.). No obstante, el 1 de enero de 2012 la Policía da de baja a Juan de Jesús Usuga, lo que desata una estrategia de violencia de los Urabeños frente al Estado, visible en el paro armado del 4 de enero de 2012 en Urabá, Antioquia, Córdoba, Sucre y Magda-lena. El paro armado significó para el Gobierno colombiano y la opinión publica el posicionamiento de los Gaitanistas como un problema del orden nacional, donde su capacidad de acción e intimidación frente a la población generó serias dudas sobre la

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capacidad del Estado para garantizar la seguridad. El poder de los Urabeños se afirma en el 2012 en zonas rurales y urbanas de Urabá (BBC Mundo, 2012).

Recogiendo las experiencias de las autodefensas, las Bacrim han empezado a infiltrar poco a poco a las fuerzas militares, las instituciones locales y las economías legales; hacen presencia en los territorios de los bloques paramilitares y mantienen activi-dades de narcotráfico, extorsión, protección de tierras despoja-das y hostigamiento a civiles. Algunos sectores sociales, como las víctimas, los personeros, los defensores, los concejales, los periodistas, los educadores y los líderes campesinos, han sido especialmente vulnerables a las acciones de las Bacrim.

En Urabá, entre el 2010 y el 2011, fueron asesinados 18 defensores de los derechos humanos, 29 fueron amenazados y 9 sufrieron atentados. Frente a los ataques a los líderes, se ha llamado la atención desde el inicio del proceso porque se han desestimado las denuncias, no ha sido posible esclarecer las res-ponsabilidades, se han consolidado patrones de asesinatos y las acciones del Estado han sido precarias y se ha delegado la res-

ponsabilidad en las víctimas (Barajas, 2012). En efecto, en ju-nio de 2011 los líderes reclamantes de tierras denuncian que los Urabeños hicieron reuniones para anunciar que “todo aquel que fuera a reclamar tierra, lo iban a desaparecer” (Human Rights Watch, 2013).

Previo al inicio del proceso de restitución, ya se presentaban en la región retaliaciones contra los líderes de tierras. La Aso-ciación de Víctimas y Reclamantes de Tierras, posteriormente Tierra y Vida, que se remonta al 2008, sufrió amenazas y vic-timizaciones desde sus inicios. Ha sido tal la victimización que fue utilizada por Human Rights Watch como caso típico para mostrar los riesgos de los reclamantes de tierras. De hecho, en el 2012 se presentaron dos sentencias judiciales a través de las cuales se condenaron a varios miembros de los Urabeños por el asesinato de David de Jesús Góez Rodríguez, reclamante de tierras y miembro de esta organización (Barajas, 2012). Al caso de David de Jesús se unen otros más de la organización donde, previo al inicio del proceso de restitución, las personas han sufri-do atentados, desplazamientos y homicidios (tabla 5).

Tabla 5.Victimización reclamantes de tierra Urabá

NOMBRE Y APELLIDOS UBICACIÓN PREDIO RECLAMADO DESPLAZAMIENTO VICTIMIZACIÓN

Juan Agustín Jiménez

Vertel

Macondo (municipio de Turbo). Desplazado en 1997 por

paramilitares.

20 de julio de 2008-homicidio previas

amenazas en el 2007

Benigno Antonio Gil Va-

lencia

El Leoncito (municipio de Mutatá). 22 de noviembre de 2008 asesinado

en el municipio de Chigorodó, previas

amenazas

Víctor Manuel Correa Mon-

talvo

Las Guacamayas (municipio de Tur-

bo).

Herido en atentado contra Benigno Gil.

Amenazas.

Jaime Antonio Gaviria Vereda El Caimán (corregimiento de

Nuevo Oriente- Turbo).

Desplazado en 1997. Asesinado el 5 de diciembre de 2008.

Albeiro Valdés Martínez Corregimiento de El Totumo-municipio

de Necoclí.

Desplazado en 1995 por

grupo paramilitar a cargo

de Carlos Ardila Hoyos.

9 de mayo de 2010, asistió a una

reunión con paramilitares y lo asesi-

naron.

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NOMBRE Y APELLIDOS UBICACIÓN PREDIO RECLAMADO DESPLAZAMIENTO VICTIMIZACIÓN

Hernando Pérez Hoyos Corregimiento de El Totumo-municipio

de Necoclí.


grupo paramilitar a cargo

de Carlos Ardila Hoyos.

19 de septiembre de 2010, asesina-

do.

Fernando León Enamorado 25 de octubre de 2010, herido des-

pués de múltiples amenazas.

Oscar Manuel Maussa Blanquiceth. Desplazado en 1997 por

paramilitares del Bloque

Bananero.

23 de noviembre de 2010, asesinado

después de denunciar amenazas.

David de Jesús Góez San Pablo

de Tulapas del municipio de Turbo.

Desplazado en 1995. Asesinado el 23 de marzo de 2011

después de denunciar amenazas.

Albanio Manuel Solano Entre Belén de Bajirá y Macondo. Desplazado por el Bloque

Bananero.

Amenazas y desplazamientos.

Carlos Yamid Paez Vereda las Guacamayas-Tubo. Desplazado en 1997 por

un grupo paramilitar.


Manuel Mercado Martínez Corregimiento San Pablo.

de Tulapas del municipio

de Turbo.


el Bloque Elmer Cárdenas.


Héctor Cabadía el corregimiento

El Totumo de Necoclí.

Desplazado en el año

2000 por el Bloque Elmer

Cárdenas.

Amenazas, tortura y desplazamiento.

Alejandro Padilla Morelos La vereda Nueva Esperanza

del corregimiento Pueblo Nuevo de

Necoclí.


las ACCU.

Amenazas, atentado y desplazamien-

to.

Leoncio Manuel Mendoza San Pedro de Urabá. En la década del noventa

le compran a bajo precio.

El 26 de noviembre de 2011 fue ase-

sinado.

José Miguel Padilla El corregimiento

El Totumo de Necoclí.

Amenazas.

Fuente: Instituto Popular de Capacitación.


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En un trabajo elaborado por la Pastoral Social con solicitan-tes actuales de tierras, se argumenta que, desde su perspectiva, la seguridad en el marco del proceso de restitución debe ser brin-dada por el Estado, que debe garantizar la protección en la vida cotidiana en sus corregimientos y permitir la expresión libre de sus ideas. Algunos manifiestan sentirse seguros en la actualidad porque hasta el momento no se han presentado mayores dificul-tades. Otros manifiestan preocupación por la falta de garantías por parte del Estado y por la “tensa calma” reinante que en cual-quier momento puede transformarse.

Independientemente de la percepción actual de seguridad, identifican varios riesgos: represalias de los actores armados, abandono del Estado en el proceso de retorno, violaciones de derechos humanos por su condición de reclamantes, incremen-to de reclutamientos en bandas, presencia de grupos armados

en las zonas de retorno y complicidad con fuerzas militares. Los reclamantes son absolutamente conscientes de su ubicación en un lugar estratégico y de la existencia de un modelo de desarro-llo avalado por empresarios e instituciones locales en el que ellos no tienen lugar. Identifican particular peligro en los municipios de Apartadó, Chigorodó, Turbo y Acandí.5

En este nuevo marco de restitución de tierras, se han denun-ciado a través de la prensa nuevas vulneraciones a reclamantes. A través de amenazas colectivas e individuales las Bandas Crimi-nales, por lo general, han producido temor en la reclamación de tierras en ciertas zonas de Urabá. Es el caso del corregimiento de Nueva Colonia en Turbo, Curvaradó y Jiguamiandó y el norte de Urabá. A continuación se dan a conocer algunos de los casos reportados en prensa (tabla 6).

Tabla 6. Casos reportados en prensa

VÍCTIMA ROL VULNERACIÓN FUENTE

Beatriz Elena Mestre Reclamante Nuevo Oriente. Amenaza. Verdad Abierta.

Reclamantes Reclamantes predios eje

bananero.

Campaña de desprestigio y

aislamiento laboral.

Verdad Abierta.

Carmen Palencia, Carlos Páez,

Manuel Mercado

Dirigentes Tierra y Vida. Amenazas. Verdad Abierta.

Fanny Jhoana Truaquero Hija de reclamante Curvaradó. Homicicio. Caracol Radio.

Alicia Ramos Reclamante Necoclí. Amenazas. RCN Radio.

Fuente. Elaboración propia a partir de la revisión de prensa.

Las víctimas de desplazamiento y despojo en Urabá viven con altos niveles de riesgo. Las amenazas no solo han diezma-do las acciones de líderes y miembros de organizaciones de víctimas, también han reducido las solicitudes. Frente a esta situación, la respuesta de las autoridades se ha centrado prin-cipalmente en el repudio frente a los hechos y las medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección. Estas respuestas resultan insuficientes cuando no se han juzgado

de manera eficiente los casos de amenazas, ni siquiera se han juzgado a muchos de los responsables del desplazamiento y el despojo y aún persiste la presencia de los grupos paramilitares. Además de la situación de contexto, las medidas tienen muchos problemas logísticos que han implicado mayores riesgos para los reclamantes amenazados (Human Rights Watch, 2013).

En el estudio realizado por la Pastoral Social, los reclamantes proponían mayor claridad en la ruta de protección, la cual debe

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contar además con mecanismos prontos y oportunos de acción; piden que jueces y magistrados sean idóneos y no favorezcan los intereses de despojadores; limitar la exposición de las comuni-dades a riesgos; fortalecer las organizaciones de reclamantes, e implementar mecanismos de monitoreo que permitan conocer los avances de la implementación.6

Daños psicosociales por violencia y atención Como se ha mostrado en apartados anteriores, la sociedad de Urabá se fundamenta en un amplio proceso de movilización social. Los difíciles procesos sociales vividos en la década del sesenta permitieron el desarrollo de conflictos simultáneos al-rededor de la tierra, los servicios y el trabajo. Los primeros se expresaron a través de un amplio, generalizado y permanente proceso de invasiones a propiedades rurales y urbanas especial-mente en el eje bananero y el río León (García, 1996). Este proceso estuvo acompañado de una intensa movilización cívica por servicios públicos en municipios que no contaban con la infraestructura para responder a las crecientes demandas de la población. Surgieron, así, paros cívicos, marchas y manifesta-ciones que reclamaban la prestación de servicios de acueducto y energía en municipios como Apartadó, Turbo y Arboletes. A los conflictos por la tierra y los servicios, se sumaría el naciente conflicto laboral protagonizado por trabajadores bananeros que se enfrentaban a una élite empresarial que había desconocido las normas laborales vigentes y mantenía precarias condiciones de vida en los campamentos (Botero Herrera, 1990, pp. 56-69).

Poco a poco estos conflictos fueron permeados por la guerra. Ante la incapacidad del Estado para dar respuesta a las deman-das de los ciudadanos y ante la intransigente respuesta de los sectores privados, la movilización social empezó a tener poco a poco un apoyo armado de las guerrillas que hacían presencia en la región. La influencia de las guerrillas y la plataforma po-lítica de los procesos de paz darían un inmenso impulso a los movimientos sociales. Las invasiones se ampliaron y surgió un sindicalismo beligerante y masivo con alta capacidad de movili-zación. La movilización se ampliaría aún más con la coyuntura de ampliación democrática de la década del ochenta. La Unión Patriótica se convirtió en el primer actor político regional y en la posibilidad de institucionalizar el poder alternativo existente en la región frente a los partidos tradicionales.

Esperanza, Paz y Libertad también tenía un especial signi-ficado por su presencia y permanencia regional. La identidad

regional estaba ligada a la movilización y a estos proyectos polí-ticos que tenían profundos orígenes locales. Por ello, la década del ochenta y los comienzos de los años noventa serían particu-larmente fértiles en cuanto a organizaciones sociales: juntas de acción comunal, central nacional Provivienda, organizaciones indígenas, fortalecimiento de la ANUC, cooperativas de pro-ductores, entre otras (García, 1997).

El exterminio de la UP y la guerra fratricida entre las dos or-ganizaciones políticas hirieron profundamente la construcción social regional. A esto se sumaría la violenta incursión parami-litar. Cuando se revisan los procesos de movilización social, es claro que hasta 1993 la población intentó manifestarse en con-tra de la violencia en el escenario público. Surgieron, además, iniciativas como el consenso de Apartadó, el pacto de Piedras Blancas o la organización de los indígenas zenúes. Sin embargo, se trataba de iniciativas aisladas que poco a poco fueron arrasa-das por las dinámicas regionales. Posteriormente, solo quedaron tres respuestas posibles: el desplazamiento, la resistencia y la ad-hesión a los actores dominantes. En apartados anteriores ya se ha dado una idea de grandes dimensiones del desplazamiento con sus consecuentes impactos a nivel psíquico y material.

Se originaron también múltiples procesos de resistencia ci-vil protagonizados por las comunidades que se encontraban en mayores zonas de riesgo. Surgieron así las comunidades de au-todeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras múltiples experiencias de zonas humanitarias que reclamaban del Estado el cumplimien-to de su obligación constitucional de defender sus derechos y garantías, además del reconocimiento a su autonomía sobre el territorio. Estos procesos, sin embargo, se han desarrollado a costa de altos grados de victimización (Villarraga, 2005). Algu-nos autores muestran cómo, poco a poco, tras los asesinatos de sindicalistas, líderes campesinos y recuperadores de tierras, se acabaron los movimientos tradicionales y surgen múltiples mo-vimientos de víctimas. Algunos bajo la lógica de la resistencia, otros bajo las cambiantes dinámicas de las políticas públicas y sus estrategias de apoyo. Ya no se construyen identidades desde la condición de campesino, obrero o colono, sino desde la com-pleja condición de “víctima” (Moncada, 2011, pp. 110-120).

Surgió también en la región una vía de construcción de ciu-dadanía e identidad ligada a la dominación paramilitar. Esto no solo se expresó a través de complejas dinámicas cotidianas en las

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que se aceptaron el orden y la regulación paramilitar con un alto impacto psicosocial y material en la población, también a través de la creación de múltiples organizaciones sociales que dieron continuidad a la línea de mando de la estructura paramilitar.

Desde estas organizaciones sociales los afiliados han buscado acceder a oportunidades y relacionarse con el Estado en el marco del proyecto político y social instaurado por el paramilitarismo. Surgieron así organizaciones como Asocomún, Construpaz, As-desur y múltiples cooperativas de trabajo asociado que tienen en común haber servido a los paramilitares por la necesidad, el miedo o la convicción. Se trataba de forjar a través de ellas una base social firme que se pudiera acoplar al diseño del territorio (Moncada, 2011, pp. 110-120).

A ellas se sumarían múltiples organizaciones de desmovili-zados que, bajo las banderas de la reconciliación, permitirían la articulación de los excombatientes a las dinámicas agroin-dustriales que ellos mismos impulsaron con la guerra. Surgió así la estrategia PASO de apoyo a proyectos agrarios de índole asociativo-comunitario con perfil empresarial. También las For-mas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados (FOAD), las cuales, además de consolidar el proyecto económico, han pretendido incidir en la política local. Dentro de ellas se en-cuentran: Asobanana, Ganaderos Promisorios por la Paz, Appu-ra, Corporación Colombia sin Hambre, asociación Un Mejor Futuro, Urabá-Lazo Común, Urabá: Nuevo Emprendimiento, Ganaderos Eficientes por la Paz, entre otras. Muchas de estas, como se ha hecho referencia, han permitido consolidar proce-sos de despojo como es el caso de la Asociación de Productores de Belén de Bajirá (Asoprobeba), a través de la cual se intenta consolidar el proyecto palmero en Mutatá (Moncada, 2011, pp. 110-120).

Además de los múltiples impactos psicosociales y materia-les que trajo la guerra en Urabá, esta dejó un inmenso daño a nivel político y sociocultural. Los proyectos de organizaciones sociales de campesinos, trabajadores y colonos, que por décadas pensaron el desarrollo regional, poco a poco fueron desmem-brados por la guerra. En la actualidad, la región está constituida por un entramado de organizaciones y experiencias sociales que traen reivindicaciones viejas, sufrieron los impactos de la guerra, se unieron al proyecto paramilitar, se resistieron, sobreviven en medio de la dependencia institucional, etc. Esto crea inmensos retos en materia de intervención. La acumulación de daños so-

bre la población genera un amplio margen de “zonas grises” que obligan a pensar nuevos retos en la aplicación de una ley que no está pensada para víctimas que se tuvieron que someter a la cotidianidad de la guerra.

Reflexiones contexto Urabá

• La historia de colonización muestra cómo en la región se superponen diversas formas de apropiación y usos del terri-torio. Dentro de un mismo predio, pueden confluir proce-sos de invasión, titulación de baldíos, mercado de tierras, etc. Esto impone retos importantes al proceso de restitu-ción que necesariamente debe comprender el proceso his-tórico de constitución de la estructura de propiedad y no leerlo desde formas tradicionales de apropiación.

• La historia de violencia explica además por qué Urabá puede definirse como frontera de guerra. La construcción de identidades y territorialidades en la región ha ido de la mano de la presencia de los actores armados. Inicialmen-te, la guerrilla y su articulación con los procesos políticos locales. Posteriormente, los paramilitares y su avanzada de apropiación de tierras e instalación militar de un proyecto regional. Es entonces vital en cada una de las microzonas comprender las lógicas de la violencia. No solo se trata de demostrar violencia generalizada, sino de comprender sus lógicas políticas y territoriales.

• Sobre la estructura de la tierra inicial marcada por la coloni-zación, el mercado de tierras y las invasiones, tuvieron lugar múltiples formas de despojo por vía jurídica y material. Más del 70 % de las veredas de la región han estado cruzadas por la violencia y las transferencias ilícitas de tierras. Estas di-mensiones de despojo e informalidad en las dinámicas de la tierra necesariamente van a desbordar cualquier intento de restitución u ordenamiento de las relaciones con la tierra.

• La situación regional se complejiza por una larga tradición de privatización del Estado local. En Urabá se habla de la captura del Estado y de un sistema de corrupción insti-tucionalizado. Esta situación ha generado una inseguridad jurídica y administrativa constante en la región. Teniendo en cuenta la importancia de la institucionalidad local en el proceso de restitución, especialmente en los posfallos, que-dan múltiples inquietudes sobre la sostenibilidad del pro-ceso. ¿Cómo hacer sostenible un proceso de restitución que

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demanda alto compromiso de la institucionalidad, cuando está aún se encuentra cooptada o, en el mejor de los casos, en proceso de reconstrucción? Si bien pueden hacerse múl-tiples gestiones de incidencia política, estas difícilmente van a lograr resolver un problema estructural.

• Los gremios económicos han tenido también un papel protagónico en la guerra. El proceso de “pacificación” que encarnó la acción paramilitar benefició a las economías bananera, ganadera y palmera. Múltiples empresas se be-neficiaron, incluso directamente, del proceso de despojo. Algunos autores hablan de una quíntuple alianza (políticos, narcotraficantes, paramilitares, empresarios y militares) a través de la cual se construyó un nuevo orden político y económico en Urabá. Quedan múltiples cuestionamientos

sobre el lugar que pueden tener los campesinos retornados en este proyecto regional construido a través de la guerra.

• Finalmente, se ha destacado el complejo impacto de la gue-rra en la sociedad de Urabá. No solo se desconfiguraron los procesos de organización social, sino que estos fueron permeados por la guerra y dejaron una amplia gama de gri-ses entre las organizaciones de víctimas. A esta situación se suma una alta vulnerabilidad de los reclamantes de tierras amenazados por las acciones de las Bacrim. Intervenir en este contexto resulta altamente complejo. No solo es nece-sario tomar todas las medidas para evitar la revictimización, sino también pensar constantemente la actuación en medio de los grises para no terminar como institución en uno y otro polo de la guerra.

Antecedentes del proceso de restitución de tierrasHan existido múltiples intentos de restitución de tierras en los que instituciones y organizaciones sociales han intentado recu-perar sus predios en la región de Urabá.

Procesos desde organizaciones sociales

Antes de la expedición de diversas estrategias institucionales de restitución de tierras, campesinos despojados por grupos para-militares han acudido a distintos mecanismos legales previstos por el ordenamiento colombiano para obtener la restitución de sus tierras. El derecho a la propiedad está expresamente protegi-do por la Convención Universal de Derechos Humanos. El de-ber de reparar a las víctimas de despojo se constituye, así, en una obligación internacional de los Estados, consagrada en diversos instrumentos internacionales como, por ejemplo, los principios rectores de los desplazamientos internos o los principios sobre la restitución de viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. En materia de medidas de reparación, el derecho internacional prescribe como primera medida la res-titución. A estos principios básicos acudieron diversos tipos de organizaciones de desplazados en el país antes de los recursos creados por la Ley 975 y la Ley de Víctimas (Comisión Colom-biana de Juristas [GIZ], 2011, pp. 21- 27).

En este marco, los miembros de la Cooperativa de Traba-jadores Agrarios de Blanquiceth y Macondo (Cootraglobam), que fueron obligados entre 1996 y 1997 a vender sus fincas a

precios irrisorios y a desplazarse, enviaron en el 2004 una carta al presidente de la República denunciando los hechos de los que habían sido víctimas. A través de la Procuraduría Regional de Antioquia, el caso pasó a la Fiscalía Seccional 72 que mostró que la escritura pública, mediante la cual se vendió el predio de la Cooperativa, había sido falsificada, canceló la escritura y ordenó que la Inspección de Policía hiciera la entrega material del bien. Sin embargo, el abogado de los titulares del predio argumentó que sus apoderados no habían sido llamados a sustentar la lega-lidad del predio. Luego de dar credibilidad a estas declaraciones, la Fiscalía archivó el proceso penal y ordenó pasar el caso al pro-ceso civil ordinario. El proceso jurídico no tuvo, entonces, éxito. Sin embargo, esta acción jurídica de la cooperativa sí desenca-denó una serie de amenazas (Comisión Colombiana de Juristas [GIZ], 2011, pp. 84-129).

Solo en febrero de 2007 la Fiscalía 72 Seccional Medellín ordenó la entrega material del bien a la Cooperativa. Después de múltiples inconvenientes, se entregó el predio en junio de 2007, 3 años después de que los integrantes de la Cooperati-va denunciaran los hechos y 10 años después de haber sufrido el desplazamiento. Sin embargo, las amenazas y los homicidios persistieron, lo que fragmentó totalmente a la Cooperativa. Sus miembros nunca recibieron la asistencia humanitaria ni las vi-viendas prometidas en el proceso. Los crímenes contra la Coo-perativa, además, han quedado en la impunidad. Esta primera

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forma organizativa, sin embargo, sentó un precedente impor-tante para la población desplazada y motivó el surgimiento de múltiples formas de organización y acompañamiento (Comi-sión Colombiana de Juristas [GIZ], 2011, pp. 84-129).

Así es como en el año 2008 surge la mesa nacional de trabajo campesina para el Programa de Recuperación de Tierras, con-formada por reclamantes del Urabá antioqueño motivados por la posibilidad de organizar reclamaciones masivas, y como estra-tegia de seguridad. Frente a los Comités Locales de Atención In-tegral a la Población Desplazada (CLAIPD), las organizaciones sociales de población desplazada empezaron a solicitar medidas de protección para veredas como Nueva Unión, La California, Calle Larga y La Teca, en el corregimiento de Nueva Colonia o el corregimiento de San José de Mulatos. Estas acciones impli-caron amenazas y homicidios para la organización y sus repre-sentantes legales.

En el 2009, la mesa se reorganizó bajo el nombre de Asocia-ción de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Aso-virestibi), que empieza a trabajar de la mano de la Comisión Regional de Reparación de Antioquia. El 30 de noviembre del 2010 se creó en Bogotá la Asociación Nacional de Víctimas para la Restitución y el Acceso a Tierras: Tierra y Vida, con represen-tación de líderes de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Caldas, Córdoba, Magdalena y Santander (Ba-rajas, 2012).

Algunos casos étnicos como el de las comunidades Embera Katio y Embera Dóvida, en los resguardos de Chidima (Un-guía) y Pescadito (Acandí), o el de la comunidad Wounaan, en Cacarica, presentan situaciones similares. En algunas ocasiones se hicieron titulaciones de manera individual, lo que hizo a las comunidades vulnerables frente a las compras y, especialmente, la construcción de megaproyectos. En otros casos, las actuali-zaciones en la legislación hicieron inviables los procesos. Estos procesos estuvieron acompañados también de las circunstancias vividas por los campesinos de Nueva Colonia. Las instituciones tanto del nivel nacional como local han incumplido todos los compromisos que se exigen en las sentencias para el retorno a los predios (por ejemplo: seguridad perimetral, ayuda humani-taria de emergencia, planes de vivienda, infraestructura de co-municaciones, investigaciones judiciales exhaustivas). También ha existido impunidad frente a las acciones de usurpación de tierras, desplazamiento forzado y amenazas por parte de los des-

pojadores. De esta manera, activar la justicia para los miembros de diferentes comunidades reclamantes significó la restitución jurídica de los predios acompañada de complejos procesos de persecución y de la imposibilidad del retorno (Comisión Co-lombiana de Juristas [GIZ], 2011).

Estas primeras experiencias de restitución movilizadas por organizaciones sociales dejaron lecciones importantes frente a futuros procesos de restitución de tierras. Mostraron el reto de definir el carácter civil o penal de los procesos de restitución; la necesidad de acompañar el proceso de medidas cautelares para los reclamantes; la importancia de contar con la colaboración de las autoridades locales para hacer efectiva la entrega material de los predios; el riesgo que representa la impunidad frente a las acciones de usurpación de tierras, desplazamiento forzado y amenazas por parte de los despojadores; la obligación de com-prender las cadenas de mando detrás del despojo y la responsa-bilidad de funcionarios públicos para asegurar las garantías de no repetición; el imperativo de compulsar copias a la Fiscalía cuando surjan elementos probatorios que indiquen que terce-ros están implicados en el despojo de tierras; la obligación de bridar las garantías para el retorno voluntario; la necesidad de asegurar la consulta previa, y las dificultades para hacer cumplir a las instituciones del nivel local y nacional los compromisos en materia de seguridad perimetral, ayuda humanitaria de emer-gencia, planes de vivienda, infraestructura de comunicaciones, investigaciones judiciales exhaustivas, entre otras.

Medidas de protección

El Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio entendió la protección como “el proceso que permite la identificación y sal-vaguarda de los derechos y relaciones con la tierra abandona-da a causa del conflicto” (PPTP-Acción Social, 2010, p. 11). “Es un instrumento que se inscribe en los registros oficiales de propiedad inmueble prohibiendo cualquier acto de enajenación o transferencia que pueda realizarse en contra de la voluntad de los titulares” (PPTP-Acción Social, 2010, p. 12). Para pro-teger la tierra, el proyecto estableció dos rutas posibles. En la individual, se protegen los derechos ejercidos sobre un predio por parte de una persona o núcleo familiar. Según datos de la Superintendencia, en Urabá se presentaron 1098 solicitudes de protección; sin embargo, más del 50 % de las solicitudes de ins-cripción fueron rechazadas por la falta de identidad registral de

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los inmuebles o porque se inscribieron las medidas con el código registral equivocado. La Superintendencia mostró que la mayo-ría de predios objeto de protección se encuentran localizados en zona rural y la propiedad proviene de adjudicaciones de baldíos;

muchas de las parcelas no cuentan con tradiciones de propiedad extensas; diversos predios se encuentran en cabeza de adjudica-tarios; predominan también los predios adquiridos por el Incora o el Incoder (tabla 7) (Proyecto Tierras, 2011).

Tabla 7. Medidas de protección individual Urabá

MUNICIPIOSOLICITU-

DES

NOTA DEVO-

LUTIVA

ANOTACIÓN

EN FOLIO

SOLICITUD LE-

VANTAMIENTO

ENVIADO

A ORIP

POR

INICIARORIP

Arboletes 95 67 20 2 5 1 Turbo

Apartadó 206 134 57 7 4 4 Turbo

Necoclí 246 152 64 6 9 10 Turbo

San Pedro de

Urabá

82 49 27 11 3 2 Turbo

San Juan de

Urabá

43 34 7 0 1 1 Turbo

Turbo 996 609 284 4 18 81 Turbo

Frontino 54 30 21 2 1 0 Frontino

Murindó 9 9 0 0 0 Frontino

Mutatá 243 180 46 2 5 10 Frontino

Vigía del

Fuerte

24 22 1 0 0 0 Frontino

TOTAL 1998 1286 527 34 46 109

Fuente: Oficina de Registro e Instrumentos Públicos.

Las medidas de protección colectiva salvaguardan los dere-chos ejercidos por la población sobre predios ubicados en áreas delimitadas que se encuentren en riesgo de desplazamiento (PP-TP-Acción Social, 2010, p. 12). Para registrar las medidas de protección colectiva, es necesaria una declaración previa de des-plazamiento a través de la cual se prohíba la transferencia de los

predios. Hasta el 2011, se profirieron en Urabá 4 declaratorias en Turbo que protegieron 487 predios, 1 en Mutatá que prote-gió 1542 predios. Turbo realizó, a su vez, la protección de 81 predios del municipio de Necoclí y 138 en Apartadó (tabla 8).

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Tabla 8. Medidas de protección colectiva Urabá

RESOLUCIÓN VEREDAS

APARTADÓ

Resolución No. 001 del 07/07/2005.


Circulo registral: Turbo.

Veredas: La Esperanza, Miramar, Buenos Aires, Mulatos Cabecera, Mulatos Medio, La Unión,

La Resbalosa, Arenas Altas y el Asentamiento Poblado del corregimiento San José de Apar-

tadó.

MUTATÁ


Circulo registral: Frontino.

Bedo Piñal, Mutatacito, Mutatá, Aguas Claras, Cañaduzales de la cabecera municipal.

Veredas Chontaduralito, Chontadural, Las Malvinas, Pavarandó y La Secreta del corregimien-

to de Pavarandó Grande.

Veredas Surrambay, Caucheras, Pavaradoncito, Mongudó y Villa Luz del corregimiento de

Pavarondocito.

Veredas Villa Arteaga, Bejuquillo, Nuevo Mundo, Porroso, Chadó Arriba, Chadó Carretera,

Chadó la Raya, León Porroso, Montería León, La Fortuna, Juradó, San José del León, Juradó

Arriba del corregimiento de Bejuquillo.

Las veredas Leoncito, Los Cedros, Palmichal, Nueva Esperanza, Belén de Bajirá, Antazales,

Primavera, Tierra Adentro, Villa del Carmen, Eugenia Arriba del corregimiento de Belén de

Bajirá.

El sector del parque Paramillo.

TURBO



Avales



Circulo registral: Turbo.

Nueva Unión, California.

Nueva Colonia en el distrito portuario de Turbo.

Veredas La Teka y Calles Largas en el corregimiento de San José de Mulatos.

Veredas Manta Gorda, Puyita, Puya Abajo, Volcán, Aguas Prietas, Los Moncholos, Cabecera,

San José de Mulatos, Brunito Abajo, Brunito Medio, Bocas de Mata de Plátano, Santiago de

Urabá, Bocas de Mata de Plátano Arriba, Brunito Arriba, El Oyeto, Semana Santa, Puya Medio,

Puya Arriba, El Algodón, Tun Tun Abajo, Tun Tun Arriba, Santa Fe de la Islita, Paraíso Tulapa, La

Coraza, La Pitica, La Islita, Brazo Izquierdo, La Pita, Cielo Azul, El Porvenir de Tulapa, El Indio,

La Yoya, Nuevo Tulapa, Isaías, La Naranja, San Pablo.

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro

A través de la aplicación de las medidas de protección, sur-gieron múltiples aprendizajes. El procedimiento mostró la im-portancia de contar con las autoridades locales, las necesidades de articulación interinstitucional, la importancia de la capacita-ción comunitaria, el desarrollo de metodologías para el contras-te de información institucional y comunitaria, el manejo de los graves problemas de información y desactualización catastral, entre otros (La protección de tierras y territorios para la salva-guarda de los derechos patrimoniales de las víctimas, PPTP,2010).

Frente a las devoluciones especialmente de las protecciones individuales, se evidenciaron los retos de proteger tierras mar-cadas por relaciones de tenencia informales. Por ello, se hizo necesario pensar en estrategias complementarias de titulación y saneamiento. Finalmente, el proceso mostró la importancia de vincular las medidas de protección a los futuros procesos de formalización y restitución en aras de hacerlos sostenibles (Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada- Antioquia, 2009).

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El trabajo del Programa de Protección aclaró, además, algu-nos elementos importantes en cuanto a las dinámicas de despo-jo. Se encontró que para las víctimas, es clara la diferencia entre quien “le tocó dejar la parcela” y quien “se fue entregando el título de la parcela”. Manifestaron como causas del desplaza-miento las amenazas directas, los enfrentamientos, los incendios en las veredas, la violencia generalizada y los hechos de barbarie que no son referidos con tanta frecuencia en el resto de subre-giones de Antioquia. En los procesos de despojo predominó la venta forzada. También predominaron los traspasos vía fal-sedad o constreñimiento para la renuncia a adjudicaciones de predios baldíos realizados por el Incoder o el Incora. Múltiples víctimas describieron al Programa de Protección de Tierras las persecuciones posteriores al desplazamiento para el traspaso de propiedades. La mayoría de las víctimas, dado los plazos de sa-lida, abandonaron buena parte de su patrimonio (Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Población Desplazada, 2009). Estos hallazgos iniciales del programa implican alertas para el proceso de restitución en cuanto al trabajo con institu-ciones vinculadas al despojo, las posibles necesidades de apoyo psicosocial, el posible temor de reclamar por parte de desplaza-dos que tuvieron que hacer transferencia de títulos, la necesidad de comprender el significado de la pérdida patrimonial asocia-da al despojo y la importancia de tener estrategias de seguridad para las víctimas.

Justicia y paz y las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes

En el marco de la Ley 975 de 2005, los desmovilizados de los grupos paramilitares postulados revelaron la verdad sobre cau-sas, responsables y usufructuarios del abandono forzado, la ocupación ilegítima y el despojo de tierras. Algunos de ellos contribuyeron a la reparación integral a través de la restitución de sus bienes patrimoniales. Por medio del proceso de desmovi-lización, los postulados hicieron revelaciones importantes sobre la apropiación y la acumulación de tierras por parte de los inte-grantes de la Casa Castaño en Urabá, y evidenciaron que:• Existió una estrategia macrocriminal dirigida a forzar el

abandono de tierras y su apropiación violenta y fraudulen-ta. Con la comisión de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, al amparo del propósito de reconfigurar el Es-tado e imponer un nuevo orden.

• El despojo de tierras se hizo mediante formas de violencia física y psicológica. Eran parte de las conductas delictivas para el logro del propósito criminal mutuo y compartido por múltiples agentes legales e ilegales.

• En Urabá se habla de una quíntuple alianza en torno al des-pojo. A la acción de los grupos paramilitares, se vincularon empresarios que buscaban seguridad para operar y extender sus actividades; narcotraficantes que pretendían consolidar rutas, lavar activos y alcanzar reconocimiento social; mili-tares que aspiraban a consolidar los territorios liberados de la influencia guerrillera; políticos y funcionarios públicos que buscaban fortalecer sus posiciones. Estos 5 actores se conjugaron en torno al “propósito” de “refundar la patria” e impulsar un nuevo orden político y económico en Urabá (Salinas y Zarama, 2012, pp. 79-118).

Algunos casos concretos muestran cómo operó esta diná-mica. Jiguamiandó y Curvaradó dan cuenta de un proceso de desplazamiento a sangre y fuego, seguido por la apropiación y la compra de grandes extensiones de tierra a bajo precio, la im-plementación de proyectos económicos de gran escala en asocio con agentes privados y públicos, el lavado de los recursos obte-nidos a través de actividades ilícitas, el proceso de repoblamien-to para controlar el territorio y los proyectos productivos por la paz para legalizar el despojo. En el caso de Tulapas, las versiones de los desmovilizados muestran, además, el uso de testaferros en los procesos de despojo. Los casos de Hasbun evidencian las estafas y las acciones desarrolladas por los testaferros (Salinas y Zarama, 2012, pp. 121-168).

De esta manera, los postulados contribuyeron a aclarar quiénes despojaron, los medios, las alianzas y los fines. Pero las versiones no son suficientes para conocer los autores, los de-terminadores, los cómplices y los beneficiarios. Salinas y Zara-ma muestran cómo a pesar de la investigación, no es claro aún “¿quiénes son los ganadores del botín de tierras y otros negocios despojados en el marco de los estados de autodefensa?”.

Se argumenta, entonces, la necesidad de complementar las versiones de justicia y paz con los procesos de parapolítica, las condenas internacionales, los procesos a funcionarios públicos, los procesos penales por enriquecimiento ilícito, los procesos de extinción de dominio y las investigaciones sobre tipologías de despojo material y jurídico. Esta mirada integral de los impli-cados en los procesos de despojo brindaría mayores garantías

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de no repetición. Por ello, una lección clara del proceso, para Salinas y Zarama (2012), es la necesidad de lograr una efectiva articulación entre la justicia transicional en materia penal y civil. De lo contrario, se pueden desconocer avances en materia de verdad, generar conflictos de competencias, duplicar esfuerzos y ampliar los niveles de impunidad (Salinas y Zarama, 2012, pp. 169-176).

Dadas las evidencias de las relaciones del despojo en Urabá con un proyecto económico y político regional, la experiencia de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz deja serias pregun-tas sobre la necesidad de articular los procesos de restitución a discusiones sobre los modelos de desarrollo presentes en los territorios en aras de no legalizar el despojo. Esta circunstancia propone un enorme reto en materia de reparación y garantías de no repetición a las víctimas. Si existen múltiples aliados en el proceso de despojo y un modelo de desarrollo que los legitima, ¿qué posibilidad tienen las víctimas de regresar y estar seguras? (Salinas y Zarama, 2012, pp. 169-176). También se destaca que la participación de los postulados en la entrega de tierras ha sido insuficiente. Por ello, se ha recomendado que el ocultamiento de bienes y tierras, por parte de los postulados, debe ser causa de exclusión del proceso y beneficios de justicia y paz. La ORIP hace referencia a 40 predios: 4 en Arboletes, 1 en San Pedro de Urabá, 1 en San Juan de Urabá y 34 en Turbo.

Uno de los grandes retos que ha enfrentado la ley es la ad-ministración de estos bienes. Desde múltiples entidades e ins-tancias, se ha llamado la atención sobre la incapacidad de Ac-ción Social y, posteriormente, de la Unidad de Víctimas para mantener los bienes en proceso de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y narcotráfico. Estos problemas administrativos ponen de plano la dificultad institu-cional para solucionar la brecha entre el inmenso volumen de tierras despojadas y los exiguos recursos de los que se dispone para la reparación.

Los antecedentes dejan lecciones muy claras al proceso de restitución en materia de articulación, seguridad, investigación de los casos, procedimiento, reparación, restitución material, acompañamiento a reclamantes, manejo de información, sos-tenibilidad, entre otras. El acompañamiento a la Unidad y a la oficina de Apartadó deja profundas dudas sobre el rescate de estas lecciones. Es posible afirmar que muchas de estas lecciones se han vuelto a aprender en los procesos actuales, lo que no solo resulta ineficiente, sino altamente costoso en términos sociales. No sobraría, en aras de no repetir anteriores impactos negativos, revisar con mayor rigurosidad los aprendizajes dejados por an-teriores procesos.

El proceso de restitución en el marco de la Ley 1448El marco de la Ley 1448 impone nuevos retos y lecciones al proceso de restitución en materia de impactos. En el presente apartado se hará un recuento de lo aprendido en el acompa-ñamiento a la oficina de Apartadó, entre el 2012 y el 2013, en cuanto a la mejor estrategia para la implementación del enfoque de Acción sin Daño.

La consolidación del equipo (autodiagnóstico)

La oficina de Urabá inicia su operación a finales del 2011 con 3 abogados, 2 catastrales, 1 social, 1 enlace de la Unidad para las Víctimas, 1 recepcionista y el coordinador. Las actividades iniciales se concentraban en la atención al público, la identifi-cación del contexto de Urabá, el estudio inicial de los casos y las relaciones interinstitucionales. Desde el comienzo del pro-ceso, sin embargo, resultaba ser una de las oficinas con mayor

número de solicitudes y metas por cumplir. Tras los primeros meses de operación, los funcionarios percibían múltiples retos: brindar condiciones de seguridad para víctimas y funcionarios, enfrentar los prejuicios existentes frente a las organizaciones de víctimas en la región, lograr cumplir las expectativas después de múltiples iniciativas de intervención fallidas, garantizar procesos de reparación integral, operar en medio de la precariedad de las instituciones estatales locales, restituir en medio de un mode-lo de desarrollo agroindustrial, superar la etapa de alistamiento inicial y responder a las grandes expectativas de las víctimas, entre otros.

A pesar de los retos, se identificaba la coyuntura de actua-ción como un momento histórico de respuesta del Estado a las víctimas, en el que se gozaba de cierta credibilidad en el proce-so, con un alto nivel de compromiso por parte del equipo que,

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además, identificaba el proceso como una oportunidad de cre-cimiento personal y de aporte a la reactivación del campo. En el diagnóstico institucional se mostró como fortaleza de la oficina el análisis del contexto, el cuidado del equipo con los mensajes éticos, la horizontalidad en las decisiones, la transparencia y la flexibilidad. Como debilidad se señaló la falta de recursos para enfrentar el agotamiento emocional, de apoyo administrativo, de planeación y de decisiones oportunas. El área con menor puntuación fue la de procedimientos (Proyecto ASD, 2012). Desde este momento se acompañó el proceso de consolidación y desarrollo de las diferentes áreas como se relatará a continua-ción.

El área socialInicialmente estaba conformada por una funcionaria; hacia me-diados del 2012 llegó una contratista (profesional en desarrollo familiar) y a finales de este mismo año se contó con el apoyo de un nuevo funcionario (trabajador social y estudiante de De-recho). En el 2013 llegó un apoyo para el análisis del contexto (historiadora), uno para microfocalizaciones (antropóloga) y un psicosocial para la atención al público. Inicialmente, el área cen-traba su trabajo en atención al público, especialmente en aten-ción en crisis. Este acompañamiento a las crisis se ha extendido de la atención al público a otras etapas del proceso administrati-vo: toma de solicitudes, actividades de recolección de informa-ción comunitaria, levantamientos topográficos y notificaciones. Una constante en el trabajo del área social ha sido también la contención de las personas que se acercan a la URT con preocu-paciones por la celeridad del proceso. En este esfuerzo de brin-dar un trato adecuado a las víctimas, el área social ha recogido aprendizajes importantes que pueden incorporar los diferentes profesionales de la oficina en su tratamiento con las víctimas. Sin embargo, estos aprendizajes aún no han sido incorporados por los profesionales de otras áreas, pues difícilmente los perci-ben como elementos técnicos a tener en cuenta.

Además de la atención en crisis, desde la constitución de la oficina, los funcionarios del área social han apoyado proce-sos de capacitación a organizaciones de víctimas e instituciones sobre la ruta de restitución de tierras. Han participado en es-cenarios interinstitucionales a nivel municipal. Escenarios que poco a poco han sido asumidos por el profesional de SNARIV. También han participado en espacios convocados por organi-zaciones no gubernamentales y de cooperación internacional.

Estos han permitido acercarse a las inquietudes y los temores de las víctimas; también han implicado la realización de materiales educativos por parte de los funcionarios. Ha sido un reto, sin embargo, capacitar en la ruta al mismo tiempo que se va acla-rando el proceso a nivel nacional.

En el proceso de consolidación del trámite administrativo, inicialmente el área social apoyó las jornadas de fuente comuni-taria y las ampliaciones de hechos. Los ejercicios comunitarios fueron mostrando retos en cuanto a planeación, convocatoria, desarrollo, sistematización, que poco a poco se han incorporado a los nuevos casos. Mientras se consolidaban las metodologías a nivel central, el área construyó protocolos básicos de línea de tiempo y cartografía social. Aún no ha habido una apropiación general del equipo en cuanto al papel de las jornadas y su aporte a los casos. Falta también una mayor reflexión previa a la realiza-ción de los ejercicios de ampliación de hechos. En ocasiones no son necesarios e implican desgaste para las víctimas o se realizan sin tener los suficientes cuidados para dar un tratamiento ade-cuado a los reclamantes.

Una vez se empezaron a presentar las demandas, el área tuvo a cargo la realización de contextos. Si bien los funcionarios tie-nen un alto perfil de trabajo comunitario, tuvieron que desarro-llar mayores habilidades de investigación. Esto se ha constitui-do en un reto en materia de escritura e investigación. A pesar de que el apoyo del grupo de análisis de contexto ha ampliado fuentes y ha reducido el nivel de trabajo, no ha fortalecido al equipo. El reto de fortalecimiento del equipo en esta materia, teniendo en cuenta las complejidades de la zona, va más allá. El equipo social y, en general, los funcionarios de la Unidad que trabajan en procesos de microfocalización requieren mayor capacitación en cuanto a la historia del conflicto y las dinámicas de la tierra en la subregión.

Ante las solicitudes del juez en el caso Los Cedros, el área empezó, además, a realizar caracterizaciones familiares de las microzonas. Para ello, construyeron en equipo una metodología que ha permitido comprender la realidad familiar de los recla-mantes en casos como Los Cedros y Bejuquillo. En la lectura de las demandas se evidencia que estas caracterizaciones permiten la construcción de pretensiones más pertinentes para las fami-lias. Es una práctica que podría extenderse a los diferentes casos.

En la medida en que se desarrolló el acompañamiento de ASD, el área social fue clave para la construcción de la herra-

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mienta de análisis situacional, la cual ha sido implementada gradualmente en las nuevas microzonas. Como se ha mencio-nado, la oficina hizo en sus primeros meses de funcionamien-to un diagnóstico inicial de la zona que permitía comprender la coyuntura en el proceso de restitución. Posteriormente, en los pilotos de la herramienta situacional, se hicieron lecturas de municipios como Necoclí, Arboletes y Turbo. Estos ejercicios permitieron comprender que si bien las herramientas de análisis de coyuntura pueden ser muy elaboradas, no sirven si las alertas que generan no son tenidas en cuenta en los niveles de decisión y operativos. Aún existen múltiples preguntas sobre las tareas del área social en el acompañamiento a posfallos.

El área catastral Inicialmente, el área catastral estaba a cargo de un funcionario de planta quien apoyaba la identificación del predio en la aten-ción al público y las discusiones de la oficina en lo referente a la lectura del contexto. Posteriormente, se contrató a un topógrafo que apoyó el proceso de individualización de los predios y las comunicaciones en los primeros casos. El área catastral poco a poco se vio desbordada por sus múltiples tareas: identificación de los predios, comunicación, individualización, georreferen-ciación, acompañamiento a inspecciones oculares y judiciales y apoyo cartográfico. La falta de suficientes funcionarios en el área catastral hizo que se demandara apoyo a Bogotá, pues esta situación estaba retrasando las demandas. Hacia finales del 2013 se logró consolidar un equipo con un ingeniero catastral, una ingeniera topográfica y dos topógrafos. Este equipo, sin embar-go, partió con un rezago importante de trabajo por procesos que quedaron pendientes. Esta experiencia da cuenta de la impor-tancia del área catastral en el proceso de restitución.

En el desarrollo del trabajo, el área ha mostrado las dificul-tades en el intercambio de información entre las instituciones. Inicialmente, los funcionarios señalaban las dificultades de in-tercambio con el Incoder por demoras en la respuesta y también por problemas de digitalización de la información. Se destaca también la falta de cartografía base para los municipios del Chocó. Se ha mostrado la inconsistencia de la cartografía en los catastros municipales, entre otras. De esta manera, es claro que el trabajo catastral se ve seriamente afectado por las relaciones interinstitucionales. No se trata, pues, solo de un asunto técni-co, sino también de voluntades políticas de instituciones que,

como es el caso de Incoder, han estado vinculadas previamente a procesos de despojo en Urabá.

Si bien el área catastral desde sus comienzos tuvo diálogos con las otras áreas, estos no han logrado tener la fluidez suficien-te. Han respondido a las necesidades de los procesos sin contar con protocolos claros de intercambio y planeación de accio-nes con las otras áreas que permitan desarrollar en los tiempos adecuados el trámite administrativo. Las experiencias previas, especialmente de equipos de topografía externos, muestran la necesidad de un trabajo integral y complementario entre disci-plinas. Para estos equipos, la falta del conocimiento de los casos y el poco manejo de las situaciones sociales que se presentaron en el levantamiento de los predios obstaculizó el desarrollo de los procedimientos (falta de guías, obstaculización del proceso por parte de terceros, entre otros).

Se trata nuevamente de una labor técnica que debe ser faci-litada y sostenida por los procesos sociales y jurídicos. En con-versaciones con el equipo, es evidente la necesidad de contar con mayor información de los casos y estar al tanto de situaciones de riesgo y medidas de autoprotección en los procesos de comu-nicación y levantamientos topográficos. El área tiene el reto de generar los informes de microfocalización, georreferenciación e informes técnicos prediales para agilizar y mejorar los tiempos del trámite administrativo y el proceso jurídico; también debe contar con la información cartográfica necesaria para el desarro-llo del proceso.

El área jurídica

Inicialmente, el área jurídica estaba conformada por 3 aboga-dos que realizaban estudios previos a posibles microfocalizacio-nes. Estudiaban el vínculo con la tierra, el estado jurídico del predio y los hechos de despojo; además, analizaban las pruebas existentes y las posibles estrategias de litigio. En los primeros meses se analizaron los casos de Arenas Altas, El Cuchillo, Los Mandarinos, El Reposo y La California, y se advertían algunos de los retos jurídicos futuros: sucesiones, riesgos de desastre na-tural, falta de claridad en ventas, terceros de buena fe, discusio-nes sobre el carácter de despojo, seguridad de los reclamantes, articulación interinstitucional, necesidad de criterios claros de microfocalización, escasez de material probatorio, entre otros. También participaban en capacitaciones y mesas de trabajo y atendían público. En los primeros meses se aprendió la necesi-

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dad de manejar cuidadosamente la información, la importancia del trabajo interdisciplinario y los retos de la triangulación de la información.7 Con el apoyo de dos abogadas de la territorial de Antioquia, se emprendieron tres casos: Gorgonita y Porvenir,

Los Cedros y el caso del barrio Policarpa en Apartadó. A través de estos, se pudo apropiar el proceso administrativo y se dejaron ciertas claridades sobre ritmos de trabajo y personal necesario (tabla 9).

Tabla 9. Esquema de proceso a partir de los primeros casos

MICROFOCALI-

ZACIÓN

ANÁLISIS

PREVIO

NOTIFICA-

CIÓN Y COMU-

NICACIONES

INFORMACIÓN

REGISTRO

PROCESO

JUDICIALOTROS

ACTIVIDADES - Análisis de segu-

ridad, condiciones

de retorno y solici-

tudes.

- Estudio de solici-

tudes y zona (20

días).

- Oficio CI2RT (1

día).

- Concepto de

seguridad (1 se-

mana).

- CORLT (medio

día).

- Contacto vícti-

mas.

- Resolución mi-

crofocalización.

- Mapa zonas.

- Abogados ATP.

- Identificación

víctimas.

- Identificación

catastral del

predio.

-Aproximación

contexto.

- Núcleo familiar.

- Resolución de

inicio (2 días).

- Logística uni-

dad, fuerzas

armadas, munici-

pios JAC.

- Comunicación

a terceros (10

días).

- Resolución de

pruebas (1 se-

mana).

Recolección de

fuentes comuni-

tarias e institucio-

nales.

- Presentación

de pruebas de

terceros.

Identificación

plena de soli-

citantes y de

predios.

Todas las pruebas

realizadas, anali-

zadas e informes

técnicos presen-

tados.

- Reclamaciones

ante juez.

Actividades de

apoyo: archivo y

estadísticas.

TIEMPOS 1 semana-20 días. 3 semanas. 15 días. 1 mes y 1 se-

mana.

3 semanas.

RECURSOS 1 abogado.

1 ingeniero catas-

tral.

1 abogado de

atención al pú-

blico.

1 social.

1 abogado.

1 catastral.

1 abogado.

1 social.

1 catastral.

Logística.

1 abogado coordi-

nador.

1 abogado de

apoyo.

1 social.

1 catastral.

1 abogado.

Sociales.

Catastral.

Ingeniero.

Fuente: ejercicio de planeación desarrollado en diciembre de 2012.

- 159 -


También surgieron múltiples lecciones de las primeras de-mandas en cuanto a criterios de focalización, coordinación entre áreas, participación de la fuerza pública en las comuni-caciones, tiempos, importancia de las comunicaciones, acumu-lación, planeación de los casos, entre otras. En el 2013, el área jurídica contó con 8 funcionarios y 12 contratistas encargados de la coordinación jurídica, la coordinación de microzonas, la sustanciación de casos, el estudio de solicitudes, la orientación jurídica, las capacitaciones y la atención al público.

Actualmente, el grupo de abogados tiene a cargo 12 micro-focalizaciones que se analizarán en el siguiente apartado. Afir-man que en el desarrollo de su labor se han presentado dificul-tades como la falta de condiciones de seguridad, la demora en la contestación de requerimientos por parte de otras instituciones, los problemas logísticos, la precariedad de algunas solicitudes y los retos de coordinación entre disciplinas. Plantean como retos la armonización de labores con otras áreas, la mejora de rela-ciones entre instituciones y el desarrollo de microfocalizaciones más estratégicas.

Las zonas microfocalizadas

Actualmente, el equipo trabaja en torno a 12 microfocalizacio-nes en los municipios de Apartadó, Mutatá, Turbo y Necoclí. Los criterios de microfocalización han variado. No necesaria-mente se han tenido en cuenta los criterios establecidos por la ley: densidad del despojo, seguridad y condiciones de retorno. Han tenido importancia también otros aspectos como la facili-dad de los casos, la herencia de anteriores procesos de restitu-ción, la presión política, la posibilidad de incremento de metas, la presión de organizaciones sociales, la invasiones, entre otras.

Municipio de Apartadó • RAM 0006 de 20 de junio de 2012: corregimiento El Re-

poso, vereda Vijagual y San Martín, predios Gorgonita y El Porvenir (28 solicitudes).

• RAM 007 de 27 de octubre de 2012: predio urbano en el barrio Policarpa Salavarrieta (6 solicitudes).

Municipio de Mutatá • RAM 0006 de 27 de agosto de 2012: corregimiento de Be-

lén de Bajirá, vereda Los Cedros, municipio de Mutatá (57 solicitudes).

• RAM 0001 de 8 de enero de 2013: vereda Bejuquillo en el municipio de Mutatá ( 23 solicitudes).

• RAM 006 de 27 de agosto de 2012: el corregimiento de Belén de Bajirá, vereda Los Cedros, municipio de Mutatá (57 solicitudes).

Municipio de Turbo • RDA 0001 de 14 de diciembre de 2012: corregimiento

Macondo, vereda Blaquicet (65 solicitudes). • RAM 002 de 10 de enero de 2013: vereda Paquemás en el

corregimiento El Tres (72 solicitudes).• RDGUM 0002 de 29 de enero de 2013: corregimiento de

Nueva Colonia, veredas Puerto Voy, comunal San Jorge, California, Nueva Unión, La Teca, Coquitos, La Piña y Ca-lle Larga (42 solicitudes).

• RUM 0001 de 8 de marzo de 2013: el corregimiento de Tulapas, veredas Isaías, La Naranja, La Pita, La Te, Nueva Tulapas, Porvenir de Tulapas (68 solicitudes).

• RUM 0002 de 29 de abril de 2013: el corregimiento Lo-mas Aisladas, vereda La Leona (81 solicitudes).

Municipio de Necoclí • RUM 0003 de 30 de abril de 2013: el corregimiento Pue-

blo Nuevo, veredas Vale Pavas, Vale Adentro, Cotorrita, Moncholo, Venao Sevilla (70 solicitudes).

• RUM 004 de 2 de agosto de 2013: el corregimiento Pueblo Nuevo, vereda Bobal Carito (9 solicitudes).

Inicialmente, todos los funcionarios se turnaban para aten-der el público y contaban con el apoyo de un enlace de la UA-RIV que brindaba orientación y participaba en las jornadas de atención a víctimas. En el último trimestre del año 2012, se contrataron 3 abogadas contratistas para que se dedicaran ex-clusivamente a la atención de los reclamantes. En el transcurso del 2013, se retiró una de las abogadas y solo fue reemplazada hasta noviembre. También se contrató a una psicóloga social para atención en crisis en el mes de agosto y una recepcionista en noviembre.

El equipo cuenta con la infraestructura para la atención a los solicitantes. Sin embargo, se ha observado la poca privacidad con la que se cuenta para la realización de las entrevistas. Dada la congestión, faltan equipos específicos para el grupo: teléfono, escáner e impresora. Se presentan también numerosas dificul-tades con el sistema de registro que se cae y tarda semanas en

- 160 -


habilitarse o que presenta modificaciones permanentes. Por otro lado, muchas solicitudes quedaron sin ubicación del predio por falta de profesionales catastrales que acompañaran esta tarea.

En el 2013, se recibieron y diligenciaron 922 solicitudes; se brindó información a 1624 personas y se apoyó a los equipos de microzona en la ubicación de información. Desde este grupo se ha adelantado, además, la propuesta de priorizar algunas zonas por el grado de vulnerabilidad de los solicitantes. Inicialmente, el equipo brindaba charlas completas a los solicitantes para dar a conocer claridades sobre el proceso y reducir las expectativas. Ante el aumento de la demanda, estas charlas no continuaron. En el equipo de atención se evidencia agotamiento emocional.

Etapa administrativa

El proceso de inclusión de los solicitantes en el Registro de Pre-dios Despojados implica un alto nivel de intercambio y recolec-ción de información. En los procesos se intercambia informa-ción inicialmente con instituciones como la Fiscalía, el Tribunal de Justicia y Paz, oficinas municipales de instrumentos públicos, secretarías municipales, UARIV, Superintendencia, Cámara de Comercio, Incoder, Defensoría, Procuraduría, Policía, Ejército, entre otras. En la mayoría de los casos, este intercambio de in-formación no ha sido fluido. Las entidades (especialmente del nivel local) se han demorado en responder. No han logrado pre-sentar una respuesta en los tiempos, incluso cuando los equipos se han anticipado en las solicitudes de información. En algunos casos, se ha recibido información errónea por parte de entidades como la ORIP con algunos predios urbanos. La falta de infor-mación no solo implica demoras en el desarrollo del proceso, sino también el hecho de no contar con suficientes elementos para tomar decisiones, lo que aumenta la posibilidad de generar impactos negativos.

Las jornadas de recolección de fuente comunitaria son otro escenario de recolección de información. Es frecuente, especial-mente en los casos que vienen remitidos por otras entidades, que se presente información incompleta en la solicitud. En aras de completarla y resolver vacíos de los casos, se han realizado jornadas de fuente comunitaria con ejercicios de línea de tiem-po y cartografía social. También se han citado a los reclamantes para hacer entrevistas de ampliaciones de hechos. Las jornadas han resultado de gran provecho para entender los casos y ubicar-los en contexto. La URT ha aprendido a planear estos ejercicios.

Es importante, sin embargo, no aplicarlos si se tiene suficiente información. Estos conllevan un alto nivel de riesgo a los recla-mantes en tanto los pueden visibilizar.

También es necesario tener mayores precisiones en cuanto a las estrategias de sistematización, pues pueden perderse ele-mentos importantes de la información. En algunos casos, se han invitado a otras entidades a acompañar el ejercicio, lo que pue-de ser una buena medida de protección, pero también puede reducir las garantías de confidencialidad de la información. Las ampliaciones de hechos se supondrían complementarias al ejer-cicio de recolección comunitaria, no un procedimiento jurídico al margen; de lo contrario, pueden generar desgaste y cansancio en los reclamantes. En casos como el de La Leona, donde exis-tían dudas sobre la veracidad de los hechos, se abusó del uso de esta técnica.

Además de la búsqueda de información, el proceso de regis-tro implica levantamientos topográficos y comunicaciones. En todos los casos se han presentado demoras en los levantamientos por los problemas de consolidación del equipo catastral. Ya sea con el equipo consolidado, no se trata de un ejercicio fácil pues implica un alto nivel logístico, retos técnicos, esfuerzo físico, coordinación con el Ejército y altos niveles de riesgo. Hasta el momento, la coordinación con el Ejército no ha tenido mayores inconvenientes, salvo que por falta de planeación y detalles se han cometido algunos errores desde la perspectiva del DIH.

En el caso de Tulapas, sin embargo, se presentaron circuns-tancias de gravedad como el aprovechamiento de las comunica-ciones para la realización de capturas. Estas situaciones no solo ponen en riesgo a las víctimas, sino también a los funcionarios y al prestigio del proceso. Los riesgos con los terceros han sido enfrentados por varios funcionarios al recibir respuestas agre-sivas en los procesos de comunicación y medición de predios. Ha sido muy importante el trabajo de los funcionarios sociales en las comunicaciones pues permite un mejor manejo de las situaciones. La contratación de empresas externas para la rea-lización de las comunicaciones puede implicar riesgos para los solicitantes. Un buen nivel técnico en lo catastral no garantiza un manejo responsable de la información y una actuación ade-cuada en campo.

En la mayoría de los casos, se ha obtenido una participación activa de las víctimas en los procesos. Esta se ha reducido en algunas ocasiones por temor, por concertaciones con terceros,

- 161 -


por las dudas frente al proceso o porque es difícil encontrar a las víctimas. Casos como La Leona dejan múltiples preguntas sobre la participación y la escucha a las víctimas. Si bien el pro-ceso presentaba múltiples inconsistencias en las versiones de los reclamantes, se propuso a la Unidad el reto de comprender la lógica de ciertos solicitantes que sí estaban diciendo la verdad y que exponían relaciones particulares con la tierra. Garantizar la participación de las víctimas es, entonces, vital, pero también las condiciones para escucharlas y evaluar sus versiones.

Finalmente, es importante tener en cuenta, en el proceso de registro, la interdisciplinariedad de las acciones. Esta parece

presentar diversos niveles. Un primer nivel es el de coordinación y complementariedad de acciones en el desarrollo de la micro-zona; cada área desarrolla sus labores. Un segundo nivel tiene que ver con el análisis conjunto de las situaciones, lo que genera reflexiones interdisciplinarias frente al registro; este no se da en todos los casos. Un tercer nivel implica, además de análisis y labores conjuntas, la realización de cronogramas y planes de in-tervención de equipo en las microzonas; esto lo está tratando de hacer la territorial en las nuevas microzonas (tabla 10).

Tabla 10. El proceso de registro en algunos casos llevados por la territorial

LOS

CED

RO

S

LA L

EON

A

VALE

PAV

AS

BAR

RIO

POL

I-

CAR

PA

LEON

CITO

PAQ

UEM

AS

GU

ATIN

AJAS

LA M

ESA

/GU

A-

DU

ALAB

AJO

SOLICITUD

DE INFOR-

MACIÓN

INSTITUCIO-

NAL

Se solicita información a la Fiscalía, el Tribunal de Justicia y Paz, oficinas municipales de instrumentos públicos, secreta-

rías municipales, UARIV, Superintendencia delegada para la proyección y la formalización, Cámara de Comercio, Incoder,

Defensoría, Procuraduría, Policía, Ejército.

Especialmen-

te las insti-

tuciones del

orden local

cumplen fue-

ra del término

y no entregan

información

relevante.

Frente a

las deman-

das, se

adelantan

previa-

mente los

oficios de

solicitud

de infor-

mación.

Las institu-

ciones no

responden

en los térmi-

nos.

Cambiaron

los números

de

matrícula

en la ORIP //

repetición

números de

matrícula.

Oficios a las

entidades

menciona-

das. No hubo

participación

suficiente en

las jornadas de

recolección de

fuente comu-

nitaria.

Se acudió a

la MAPP/ OEA

y la Pastoral

Social

Con la UARIV

se concentra

proceso de

reparación co-

lectiva Equi-

vocaciones de

la ORIP.

Demora en

el sumi-

nistro de la

información

solicitada,

Se obtuvo

informa-

ción de la

UARIV, la

Unidad de

justicia y

Paz

- 162 -


LOS

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PAV

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BAR

RIO

POL

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PA

LEON

CITO

PAQ

UEM

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GU

ATIN

AJAS

LA M

ESA

/GU

A-

DU

ALAB

AJO

RECOLEC-

CIÓN DE

INFORMA-

CIÓN

En la mayoría de casos, la revisión de solicitudes muestra que la información es insuficiente, porque viene de la CNRR o

porque se ha llenado en otras territoriales. En algunos casos, las solicitudes llegan incluso sin la identificación del predio.

Por ello, se complementan con la realización de jornadas de recolección de fuente comunitaria y entrevistas de amplia-

ciones de hechos.

Se realizan

jornadas de

ampliación

y cartografía

social. Las

entrevistas

a terceros

dieron gran

claridad al

caso.

Las dudas

sobre la

veracidad

de las

versiones

de los re-

clamantes

pudieron

generar ex-

cesos en la

búsqueda

de infor-

mación.

Se hicieron

jornadas

para recibir

nuevos do-

cumentos y

grupos foca-

les para com-

plementar

el contexto.

Estos grupos

requieren

planeación.

Fue necesa-

rio actualizar

la infor-

mación de

contexto por

falta de da-

tos sobre las

dinámicas

de despojo.

Resultó muy

pertinente el

apoyo catastral

en entrevista

de ampliación.

Se amplia para

aclarar hechos,

núcleos familia-

res, ubicación

de predios,

incluso en la

información de

contactos

Se hicieron

las jornadas

en colabora-

ción con la

MAPP y Pasto-

ral Social

Las jorna-

das permi-

ten aclarar

cuestiones

de proce-

dimiento.

A pesar

de que las

víctimas no

se encuen-

tran en la

región, se

logra una

comunica-

ción efec-

tiva.

Se destaca

que las

solicitudes

tenían

anotacio-

nes a lápiz

que dificul-

taban su

compren-

sión.


- 163 -


LOS

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GU

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AJAS

LA M

ESA

/GU

A-

DU

ALAB

AJO

LEVANTA-

MIENTO TO-

POGRÁFICO

Y COMUNI-

CACIONES

En todos los casos se presentaron dificultades y demoras en los levantamientos topográficos por la falta de consolida-

ción del área catastral.

Ni las institu-

ciones ni

los reclaman-

tes acom-

pañaron las

comunicacio-

nes.

Los levan-

tamientos

se hicieron

en conjun-

to con las

víctimas y

con la ase-

soría del

equipo.

Se contratan

levantamien-

tos los cua-

les procedie-

ron de forma

inadecuada.

Respuestas

agresivas

de terceros

y temor de

víctimas.

N/A Se encargan los

levantamientos

a la firma U.T.

GEOPRECISIÓN

GEOMÁTICA, que

no cuenta con

la planeación y

logística.

Demoras por

parte del equi-

po catastral.

N/A Cambia

la micro-

zona por

problemas

de identifi-

cación del

predio en

la solicitud.

PARTICIPA-

CIÓN COMU-

NIDAD

Algunos

terceros se

han acer-

cado a las

víctimas con

el ánimo de

que desistan

del trámite,

ofreciéndoles

dinero a cam-

bio de que

renuncien a

la restitución.

Las dudas

sobre la

inclusión

generaron

constantes

reuniones,

tras la

exclusión

quedan

dudas

sobre la

escucha.

Ocurrieron

incidentes

de amenaza

a víctimas.

Esto redujo

su partici-

pación. Ha

resultado

difícil

encontrar

a todas las

víctimas.

Existe temor

frente a la

participación

en el proce-

so. También

muchas

expectativas

centradas en

la compen-

sación.

N/A

A pesar de las

sesiones de

socialización

de la ley y el

proceso con

las víctimas,

quedan mu-

chas dudas.

N/A N/A


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LOS

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/GU

A-

DU

ALAB

AJO

INTERDIS-

CIPLINARIE-

DAD

Buena ar-

ticulación

con algunos

retos en los

diálogos con

el área catas-

tral.

Dificulta-

des en el

diálogo

entre áreas

para la

toma de

decisiones

Diálogo entre

áreas.

Diálogo entre

áreas.

Se ha buscado

un diálogo

entre áreas en

todos los proce-

dimientos y en

la planeación

misma de la

microzona.

La integración

entre áreas se

ha centrado

en el trabajo

con los re-

clamantes y

en la cons-

trucción de

resoluciones.

No necesaria-

mente en el

análisis de las

decisiones.

Las áreas

se integran

en la reco-

lección de

fuentes co-

munitarias,

contexto e

identifica-

ción de los

predios. Se

crean cro-

nogramas

y sistemas

de segui-

miento.

Se en-

tiende la

interdisci-

plinariedad

como tra-

bajo armó-

nico entre

áreas.

Fuente: Informes URT, 2013.

Proceso judicial

Las primeras demandas construidas por la territorial (El Repo-so y Los Cedros) dejaron lecciones fundamentales que aún se aplican en el desarrollo de los casos en cuanto a construcción de contexto, tratamiento a terceros, presunciones, pretensiones y pruebas. El análisis de contexto se ha constituido en un gran reto no solo para el área social, sino también para los equipos de la microzona. En los primeros casos se construyeron contextos generales dirigidos a probar la situación de violencia generali-zada en la región. Dadas las particularidades de los casos, esto claramente resulta insuficiente y así lo mostró el juez en su sen-tencia del caso urbano en Apartadó; manifestó la insuficiencia de un contexto que solo muestra generalidades municipales y no llega a la escala del caso.

Se han requerido mayores niveles de especificidad que per-mitan comprender las lógicas particulares de violencia y despojo en la microzona. La particularidad, sin embargo, no solo de-pende de una buena investigación, sino de una adecuada arti-culación entre áreas que permita pensar los casos en su comple-jidad y hacerse las preguntas pertinentes desde una perspectiva interdisciplinaria. La tarea del contexto no solo depende de las capacidades técnicas de los funcionarios, también del logro de un análisis interdisciplinario de estos.

Los informes técnicos prediales, por su parte, se han cons-tituido en un gran reto para las diferentes demandas. Dados los problemas de consolidación del equipo en la territorial, no se contó con ellos en los tiempos del trámite administrativo. Esto no solo demoró la entrega de las demandas, también restó elementos importantes de análisis. De esta manera, a partir de la dificultad del personal, que poco a poco ha sido resuelta por


- 165 -


la territorial, se mostró que más allá de un insumo técnico, el informe técnico predial es vital para la comprensión compleja de los casos.

La elaboración de presunciones y pretensiones se ha con-vertido en una tarea exclusiva de los abogados, a pesar de que las áreas social y catastral brindan insumos fundamentales para el análisis. En todos los casos se ha recurrido a la presunción de violencia generalizada en Urabá, la cual es indiscutible, y ha constituido un argumento importante para terceros que mues-tran que la violencia generalizada es una característica histórica de toda la región que invalidaría entonces cualquiera de los trá-mites de compra de tierras que ha tenido lugar en los últimos 20 años. Al respecto, es interesante cómo poco a poco esta presun-ción se ha acompañado de otras como los cambios en los usos, hechos notorios o fallas en procesos administrativos.

En cuanto a las pretensiones, surge un panorama similar al evidenciado en el Oriente Antioqueño. El carácter colectivo o individual de las demandas va a marcar retos diversos en materia de integralidad de la reparación. En casos como Paquemás o Apartadó, donde predominan las demandas de carácter indi-vidual, las pretensiones se refieren al derecho a la restitución, la declaración de nulidad de los negocios, la actualización de la información catastral, el alivio de pasivos, el establecimiento de medidas de protección y la entrega material del predio. Estas medidas, sin duda, brindan garantías para la restitución jurídi-ca de los predios. No necesariamente permiten el retorno y la

reparación integral de los reclamantes. Este tipo de acciones se encuentran en demandas como Los Cedros y Nueva Colonia.

Tímidamente, en el caso de los Cedros, las demandas que tienen un carácter colectivo por la acumulación procesal soli-citan, además de las pretensiones tradicionales, apoyo financie-ro para los reclamantes. En el caso de las demandas de Nueva Colonia, se pide, además, a la UARIV una oferta de reparación integral para los reclamantes y algunas solicitudes en materia de género. Se trata de acciones que si bien dan mayores garantías al solicitante, no necesariamente relacionan a una institucionali-dad local que debe vincularse si se quiere que el posible retorno de los reclamantes sea sostenible. El reto de las demandas parece ser garantizar no solo la restitución jurídica, sino proponer esce-narios de reparación integral.

Es importante reflexionar sobre los procesos penales que se han desarrollado paralelamente a la restitución. Es el caso de la captura de Benjamín Alvarado Bracamonte, actor fundamental en el despojo de tierras de Los Cedros y Tulapas; su captura va a permitir esclarecer el proceso de despojo en estas y otras zonas de Urabá; también permite aumentar las garantías de no repeti-ción y posiblemente impactar el accionar de las Bacrim contra los reclamantes de Urabá. Para que esto suceda, sin embargo, no solo es necesaria la captura, también un funcionamiento ade-cuado del sistema judicial que permita procesar y juzgar al victi-mario. De lo contario, las capturas solo aumentarán los riesgos de los reclamantes (tabla 11).

- 166 -


Tabla 11. El proceso judicial en algunos casos llevados por la territorial

EL REPOSO LOS CEDROS PAQUEMÁS APARTADÓ NUEVA COLONIA

Análisis de con-

texto

Construcción inter-

disciplinaria, falta

especificidad.

Destiempos entre

contexto y demanda.

Construcción por

parte del área

social.

Construcción inter-

disciplinaria con

fuerte crítica del juez

de fuentes y conclu-

siones.

Reto de mostrar la

violencia y su nor-

malización.

Presunciones Violencia generaliza-

da, debido proceso

administrativo.

Violencia, medidas de

protección, concen-

tración, cambio en

usos.

Violencia genera-

lizada.

Violencia generali-

zada.

Hecho notorio y

posterior despojo

de bien inmueble.

Pretensiones Restitución, nuli-

dad de contratos,

división material de

predios, sucesión,

entrega del predio,

alivio de pasivos.

Restitución, nulidad

en negocios, suce-

sión, formalización,

entrega del predio,

compensaciones,

apoyo económico,

alivio de pasivos, me-

didas de protección.

Restitución,

nulidad en nego-

cios, entrega del

predio, compen-

sación.


en negocios, inexis-

tencia de compra-

venta, actualización,

entrega material,

compensación, alivio

de pasivos, acompa-

ñamiento a retorno.


contratos de com-

praventa, actuali-

zación información,

alivio de pasivos,

oferta de reparación

integral, garantías

de restitución jurídi-

ca y material, can-

celación derechos

del tercero.

Solicitudes con

enfoque de género.

Fuente: elaboración propia a partir de la lectura de casos.

Posfallo

En el 2013 se logró la primera sentencia dictada en la zona de Urabá, emitida por el Juzgado Segundo de Restitución de Tie-rras, en la que se ordenó la restitución de un predio urbano ubicado en el barrio Policarpa Salavarrieta del municipio de Apartadó. En el 2014 han salido del caso Paquemás, ubicado en el corregimiento de El Tres, en Turbo. Como se reflexionaba en

el apartado anterior, la mayoría de órdenes van dirigidas hacia la restitución jurídica de los predios. Sin embargo, en el contexto de Urabá será todo un desafío la respuesta oportuna y eficiente de las instituciones relacionadas con los aspectos catastrales; se dieron también algunas órdenes de acompañamiento material en la entrega del predio y de complementariedad con la UARIV. En tanto el proceso inicia, las lecciones aún están por aprender (tabla12).

- 167 -


Tabla 12. Órdenes de sentencias de restitución de tierras en Urabá

APARTADÓ PAQUEMÁS

Derecho a la restitución.

No prosperidad de excepción de buena fe.

Inexistencia de negocio de compraventa.

Nulidad absoluta de negocio.

Actualización de información.

Alivio de pasivos.

Programas para tercera edad de la Alcaldía.

Medida de protección.

Plan de acompañamiento al retorno por parte de la UARIV y la Al-

caldía.

Gestión de ayuda humanitaria.

Gestión de proyectos productivos sustentables.

Subsidio de vivienda con el Banco Agrario.

Seguridad en el predio por parte de Fuerzas militares

No compensación.

Diligencia de desalojo y entrega del predio.

No compensación a terceros.

Declaración de nulidad de negocio jurídico.

Entrega material.

Actualización información.

Cancelación de antecedentes registrales.

Medidas de protección.

Acompañamiento FFMM.

Alivio de pasivos.

Apoyo financiero.

Inscripción en el registro de víctimas.

Acompañamiento.

Reflexiones sobre la incorporación del enfoque de Acción sin Daño en

la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras de Urabá• El acompañamiento de la oficina deja múltiples reflexiones

sobre la aplicación del enfoque. En primer lugar, se plantea el reto de recoger las lecciones aprendidas de anteriores pro-cesos de restitución en la región en cuanto a las medidas de protección para los reclamantes, estrategias de articulación con la institucionalidad local, la necesidad de acompañar los procesos con acciones penales frente a los despojadores, la importancia de comprender las cadenas de mando alre-dedor del despojo, la obligación de brindar garantías en los casos en los que la gente quiere regresar, la comprensión de las pérdidas patrimoniales vinculadas al despojo, etc.

• En segundo lugar, se presentan retos del nivel institucio-nal. Es importante mantener fortalezas presentes desde el inicio del equipo como el compromiso, la horizontalidad en las decisiones y la flexibilidad frente a las dinámicas de

contexto. También enfrentar retos que aún no han logrado superarse como la implementación de sistemas de planea-ción y el desarrollo de estrategias de autocuidado. Pero más allá de las fortalezas y las debilidades identificadas al inicio del proceso, en el acompañamiento ha sido claro que una condición fundamental para no hacer daño es tener con-diciones laborales adecuadas. En la oficina es fundamental revisar estas condiciones, el lugar de trabajo, las expectati-vas de los funcionarios, etc., también aparece como un reto fundamental la construcción de equipos realmente inter-disciplinarios. Progresivamente, las labores sociales y catas-trales han sido relegadas en el desarrollo de los procesos por la importancia dada al componente jurídico. En una región tan compleja, y dadas las experiencias previas y el mismo proceso del equipo, es necesario que existan claridades so-

- 168 -


bre la necesidad de construir los procesos conjuntamente con participación activa de las diversas áreas. Teniendo en cuenta que la mayoría de funcionarios y contratistas no son de la región, resulta fundamental que existan procesos de capacitación sobre el contexto regional. La falta de este conocimiento no solo es una fuente de daño, también se constituye en un riesgo para la operación. A nivel interno, es importante plantear el reto de la toma de decisiones y los flujos de información y decisiones con el nivel regio-nal y nacional. Dadas las complejidades del contexto, se ha probado la necesidad de un cierto nivel de autonomía de la oficina y de flujos de información ágil y flexible con el nivel regional y nacional.

• Finalmente, es importante comprender las implicaciones del contexto para cada una de las actividades relacionadas con el proceso de restitución. La confluencia de baldíos, los procesos de invasión, el mercado de tierras y el despojo en muchos de los predios demandan análisis jurídicos y socia-les no apegados a los esquemas tradicionales. De la misma manera, las particularidades de la guerra en Urabá obligan a hacer análisis más finos tanto para los contextos como para los mismos procesos. La larga tradición de privatización del Estado local impone múltiples retos. De un lado, la ne-cesidad de desarrollar complejas estrategias de articulación con la institucionalidad local para garantizar su apoyo. De otro lado, se requiere un proceso de incidencia en la agenda pública en el que se pueda discutir ampliamente sobre la viabilidad de la restitución en un modelo de desarrollo que ha legitimado el despojo. El trabajo con las organizaciones sociales locales también ha dejado múltiples lecciones y re-

tos. No puede ser una tarea secundaria. Es fundamental lograr comprender el panorama organizativo local y lo que significa en términos de retos y apoyos para el desarrollo del proceso. También es necesario pensar de manera más estructural y menos reactiva las estrategias frente a las ame-nazas a las víctimas.

• Pensar, entonces, la aplicación del enfoque de Acción sin Daño en la oficina pasa por recoger experiencias pasadas, garantizar condiciones y conocimientos básicos del equipo de trabajo y desarrollar el proceso de restitución teniendo en cuenta la lectura del contexto regional. Esto implica, además, un proceso de microfocalización que esté delinea-do por una estrategia política y social más clara, procesos administrativos donde el análisis previo tenga mayores ele-mentos del contexto, jornadas de recolección comunitaria y de comunicación que contemplen de manera compleja los retos en materia de seguridad, análisis de los procesos de registro interdisciplinarios y contextualizados, elabora-ciones de presunciones y pretensiones acordes a los daños y pérdidas de las víctimas y que estas sean capaces de com-prender las situaciones posteriores al proceso de restitución; se podrían enumerar así múltiples sugerencias para el desa-rrollo del proceso. Sin embargo, es importante concluir esta reflexión diciendo que el gran reto de la aplicación del en-foque es personal; se trata finalmente de un asunto ético, de la reflexión personal de cada funcionario, de su lectura del contexto y de las implicaciones de su labor, de comprender que la región merece una restitución transformadora que respete la autonomía, la libertad y la dignidad de cientos de víctimas.

- 169 -


ReferenciasAramburo, C. I. (5 de diciembre de 2012). Reconfigura-

ciones del conflicto armado: territorios, desarrollo y Estado. Urabá 1995- 2012. Encuentro Desarrollo Rural, Terri-torio y Reconciliación, Cordupaz, Apartadó.

Ballvé, T. (2012). Grassroots Masquerades: development, pa-ramilitaries, and land laundering in Colombia. Berkeley: Department of Geography, University of California Ber-keley.

Barajas, D. (octubre de 2012). Reclamante de tierras en Urabá: actividad de alto riesgo. Observatorio de Derechos Humanos, 15.

BBC Mundo. (11 de enero de 2012). El nuevo problema armado de Colombia: Los Urabeños. Recuperado el 24 de diciembre de 2013 de http://www.bbc.co.uk/mun-do/noticias/2012/01/120111_colombia_urabenos_ba-crim_aw.shtml

Botero Herrera, F. (1990). Urabá: colonización, violencia y crisis del Estado. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

Castellanos, E. (octubre 30 de 2013). (Magistrado ponen-te). Sentencia Hebert Veloza García. Bogotá.

Comisión Colombiana de Juristas (GIZ). (junio de 2011). Despojo de tierras campesinas y vulneración de los territo-rios ancestrales. Bogotá

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). (s. f.). Víctimas, violencia y despojo. Informe de la investigación acerca de las víctimas del conflicto armado (pp. 31-39). Recuperado de http://web.usbmed.edu.co/usbmed/formacion/docs/victimas.pdf

Corpourabá. (1984). Plan de Desarrollo de Urabá. Diver-sificación y bienestar hacia la industrialización. Medellín: Galaxia Impresores.

Defensoría del Pueblo (Regional Antioquia). (2011). In-forme sobre desplazamiento forzado y valoración de la polí-tica de atención integral. Medellín: autor.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (1965). Plan de Desarrollo de la zona de Urabá. Bogotá: DNP.

El Tiempo. (10 de febrero de 2012). Parapolítica no es aje-na al Urabá, hay 25 dirigentes involucrados.

El Tiempo. (26 de mayo de 2012). La expansión del impe-rio de “los Urabeños”.

El Tiempo. (5 de mayo de 2013). Falsos policías asesinaron a reclamante de tierras en Bello (Antioquia).

Espinosa, N., Monsalve, J. y Gómez, S. (julio-diciembre de 2013). Análisis de la metodología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la cartografía de la guerra en Colombia. Revista Tabula Rasa, 19, 315-353.

Fiscalía General de la Nación. (agosto de 2010). Plan en Urabá para cooptar el Estado. Revista Huellas, 71.

Forjando Futuros-IPC. (julio de 2012). Restitución colecti-va de tierras en Colombia. Medellín: Fundación Forjando Futuros.

García, C. I. (1996). Urabá: región, actores y conflicto 1960-1990. Medellín: CEREC, Instituto Estudios Regionales Universidad de Antioquia.

García, C. I. y Aramburo, C. (marzo de 2011). Geogra-fías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños 1990- 2008. Bogotá: CINEP-ODECO-FI-INER.

Gaviria, C. F. y Muñoz, J. C. (enero-junio de 2007). Des-plazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antio-quia (1996-2004). Lecturas de Economía, 66(46), 9.

Giraldo, J. y Muñoz, J. C. (2011). Urabá: entre la abun-dancia y la disputa territorial. Aproximación a la relación entre el conflicto armado y las estructuras de propiedad. Medellín: Universidad EAFIT, Gobernación de Antio-quia.

Human Rights Watch. (septiembre de 2013). El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia. Estados Unidos: autor.

6ta: Mesa dmonio de Población dMoncada, J. J. (2011). Realidades del despojo de tierras-retos para la paz en Co-lombia. Medellín: Instituto Popular de Capacitación.

Muñoz, J. C. y Zapata, O. J. (2011). Estructura de la pro-piedad rural de la tierra en Antioquia 2006-2011. Informe final de investigación (pp. 48-55). Medellín: Universidad EAFIT-Gobernación de Antioquia.

n. d. (diciembre de 2009). Derechos patrimoniales de las víctimas del desplazamiento forzado, según las declaracio-nes para el proceso de justicia y paz. Serie Documentos de Trabajo (pp. 28, 36).

- 170 -


n. d. (2010). La protección de tierras y territorios para la salvaguarda de los derechos patrimoniales de las víctimas. Experiencia del Proyecto de Tierras 2003-2010. Bogotá.

Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia. (s. f.). Focos y continuidades geográficas de las acciones ar-madas de las FARC en Colombia. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Docu-ments/Geografia-Violencia/Geografia-acciones-arma-das-FARC-1998-2011.pdf

Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. (2006). Dinámica reciente de la confrontación ar-mada en el Urabá antioqueño. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publica-ciones/documents/2010/Estu_Regionales/uraba.pdf

Ortiz, C. M. (1999). Urabá: tras las huellas de los inmigran-tes 1955-1990. Bogotá: ICFES.

Osorio, J. (2006). Pueblos itinerantes de Urabá. La historia de las exclusiones. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía.

Parsons, J. (1996). Urabá, salida de Antioquia al mar: geo-grafía e historia de su colonización. Bogotá: Banco de la Republica, El Áncora Editores.

PPTP-Acción Social. (diciembre de 2010). La experiencia colombiana en la salvaguarda de los derechos patrimoniales de las personas desplazadas internamente en contextos de violencia. Bogotá

Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de Pobla-ción Desplazada. (diciembre de 2009). Del abandono al despojo: de cómo se han afectado los derechos patrimoniales de las víctimas del desplazamiento forzado, según las de-claraciones para el proceso de justicia y paz (p. 33). Serie Documentos de Trabajo. Diciembre de 2009. Bogotá

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (s. f.). Diagnósticos por de-partamento. Recuperado de http://www.derechoshuma-nos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticosDeparta-mento.aspx

Proyecto ASD. (junio de 2012). Primer informe de visita a oficina Urabá.

Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Po-blación Desplazada-Antioquia. (mayo de 2009). Inves-

tigación sobre transformaciones en la tenencia de la tierra rural a causa de la violencia, en las veredas California, Ca-lle Larga, la Teca y Nueva Unión del corregimiento Nueva Colonia del municipio de Turbo, Antioquia, protegidas por el CLAIPD mediante las Resoluciones 001 y 002 de 2007. Medellín.

Proyecto Tierras (agosto 11 de 2011). Situación registral de predios rurales en los municipios de Apartadó, Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Turbo. Región Urabá antioqueño. Bogotá: Grupo de Justicia y Paz, Superintendencia de Notariado y Registro.

Ramírez Tobón, W. (1997). Urabá: los inciertos confines de una crisis. Bogotá: Planeta.

Reyes, A. (mayo de 1997). Compra de tierras por narcotra-ficantes, en F. Thoumi (director), Drogas ilícitas en Co-lombia: su impacto económico, político y social (pp. 289-293). Bogotá: Editorial Ariel-Programa de las Naciones Unidas-Departamento Nacional de Estadística.

Reyes, A. (febrero de 2009). Guerreros y campesinos. El des-pojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Norma-Fescol.

Reyes, L. F. (2012). El desmonte parcial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la reconfiguración del fenó-meno paramilitar (tesis de maestría). Universidad Nacio-nal de Colombia, Bogotá.

Roldán, M. (2003). A sangre y fuego. La violencia en An-tioquia, Colombia 1946-1953. Bogotá: Instituto Colom-biano de Antropología e Historia (ICANH)-Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología.

Salinas, Y. y Zarama, J. M. (septiembre de 2012). Justicia y paz: tierras y territorios en las versiones de los paramilitares. Bogotá: Publicaciones Semana.

Salgado, H. (1992). Del conflicto social a la disputa te-rritorial: el caso del Urabá Antioqueño (tesis de grado). Departamento de Sociología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Secretariado Nacional de Pastoral Social. (2001). Desplaza-miento forzado en Antioquia (t. 8, p. 7). Urabá, Bogotá: Editorial Kimpres.

Steiner, C. (1990). Urabá un cruce de caminos en coloni-zación del bosque húmedo tropical. Bogotá: Corporación Araracuara (COA), Fondo de Promoción de la Cultura.

- 171 -


Suárez, A. (2006). Masacres, guerras e identidades (tesis de maestría).Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Unidad de Restitución de Tierras (URT). (23 de octubre de 2013). Reporte de avance en proceso de restitución de tierras.

Unidad de Restitución de Tierras (URT). Ejercicio de pla-neación Plan de acción 2013.

Uribe de Hincapie, M. T. (1992). Urabá: ¿región o territo-rio?, un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad. Medellín: Corpouraba, INER, Universidad de Antioquia.

URT Antioquia. (julio de 2013). Informes de visita a Mon-tebello.

URT Caucasia. (septiembre de 2013). Análisis situacionales Anará, La Victoria, Arenosa y Aguacates.

Varios. (s. f.). Historia local y regional Urabá antioqueno. Programa de historias locales en regiones P. N. R.: Proyecto Urabá.

VerdadAbierta.com. (s. f.). Cómo restituir en el convul-sionado Bajo Cauca antioqueño. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/tierras/la-lucha-por-la-tie-rra/5091-como-restituir-en-el-convulsionado-bajo-cau-ca-antioqueno

VerdadAbierta.com (s. f. b). Investigan a Incoder, notarías y Fondo Ganadero de Córdoba. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/4333-fon-do-ganadero-incoder-y-notarias-investigadas-por-des-pojo-en-cordoba

Villarraga, A. (2005). Memorias del seminario taller con co-munidades en riesgo: vida, dignidad y territorio. Funda-ción Progresar.Bogotá

- 172 -


Descripción casos seleccionados unidad territorial (UT) Urabá

DOCUMENTACIÓN CASO LOS CEDROS

INTRODUCCIÓN

El caso de Los Cedros resulta de especial interés al mostrar el proceso de restitución frente a casos emblemáticos de despojo. Se indaga por los retos, las lecciones aprendidas y las

buenas prácticas en materia de decisiones, herramientas y metodologías implementadas en el desarrollo del caso. También se plantea la pregunta sobre los impactos y los riesgos de

la Unidad en los casos de gran despojo.

PREDIO

La Castaña, El Vergel, El Roblecito, Los Mamoncillos,

El Limón, El Deseo, Los Popochos, Nutibara, La Espe-

ranza, Mi Bohío.

VEREDA Los Cedros. CORREGIMIENTO

Belén de Bajirá.

MUNICIPIO: Mutatá. DEPARTAMENTO: Antioquia.

DEPENDENCIA A CARGO: Oficina Urabá-Territorial de Antioquia.

HECTÁREAS Y SOLICITANTES: 37 Solicitudes sobre 26 predios de los cuales 11 tienen doble reclamación.

UBICACIÓN

• Mutatá es un municipio, localizado en la subregión de Urabá, en el departamento de Antioquia, limita por el norte con los municipios de Turbo y Chigorodó, por el este con el

municipio de Dabeiba y por el oeste con el departamento del Chocó.

• Dista 270 km de Medellín y tiene una extensión de 121 084 ha.

• Cuenta con cuatro corregimientos y 38 veredas, así: Bejuquillo (13 veredas), Belén de Bajirá (10 veredas), Pavarandó Grande (5 veredas) y Pavarandocito (5 veredas); además de

5 veredas con las que cuenta la cabecera municipal.

• El corregimiento de Belén de Bajirá cuenta con 516 predios y un total de 20851,6414 ha.

• La vereda Los Cedros está ubicada en la vía que va de Mutatá a Belén de Bajirá, a 4 km del casco urbano del corregimiento de Belén de Bajirá; su economía se centra principalmen-

te en la ganadería. Hacia el 2001 contaba con 74 predios.

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FUENTES

Participación en jornada de recolección de fuente comunitaria, acompañamiento en construcción de contexto, acompañamiento a comunicación, entrevista a funcionarios sociales y

jurídicos, revisión de demandas y documentos de archivo.

PREGUNTA QUE ORIENTA LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO

• ¿Cuáles son los retos y las lecciones aprendidas de los casos de gran despojo?

• ¿Cómo se ha implementado el proceso de restitución en el caso de la vereda Los Cedros?

ANTECEDENTES

• Resolución 383 del 1º de septiembre de 2008 a través de la cual se declaró protección sobre la totalidad del municipio. Se recogieron 630 solicitudes de protección de tierras.

• Desde la declaratoria, el Programa de Protección de Tierras acompañó al CLAIPD del municipio de Mutatá. Como parte de este acompañamiento, el PPTP apoyó la recolección de la

información institucional y comunitaria y adelantó el proceso de contrastación con miras a la elaboración del informe de predios. En este marco se caracterizó el despojo en la zona.

• El caso fue asumido posteriormente por la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB). Los jueces de justicia y paz no se declararon competentes para resolver el caso.

• Caso Cardona Higuita en el que son desplazados de la vereda Los Cedros por las AUC el 26 de diciembre de 1997. Más tarde Hernando Cardona sería asesinado. En el 2000 se

suscribieron las escrituras públicas de compraventa ante el notario de Carepa. La familia presentó la denuncia penal contra el notario y el nuevo dueño. El juez de justicia y paz ordenó

la cancelación de la inscripción de los títulos otorgados por medios fraudulentos.

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SÍNTESIS DEL CASO

• Belén de Bajirá fue colonizado principalmente por sinuanos, chocoanos y paisas.

• Los predios de la vereda Los Cedros corresponden a titulaciones de baldíos, posesiones y negociaciones privadas, desde los años setenta.

• Desde la década del setenta las FARC hicieron presencia a través de los frentes 5, 34 y 57. Las presiones de la guerrilla aumentaron en la década del noventa cuando se incremen-

taron los asesinatos y el robo de ganado por el no pago de extorsiones. Hacia 1996 avanzaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a Mutatá y Bajirá, y se incre-

mentaron considerablemente los homicidios y las masacres en el municipio de Mutatá.

• La zona fue escenario de múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH), homicidios, desapariciones, lo que generó el

desplazamiento masivo de la población y posterior despojo de sus predios. De los 248 hechos de violencia que la Fiscalía atribuye a los grupos armados entre 1996 y el 2006, el 10 %

corresponden a la vereda Los Cedros. Estos hechos de violencia incrementaron de manera importante el desplazamiento con su equivalente número de hectáreas abandonadas en

1997.

• En la mayoría de los hechos de violencia, se vincula a las AUC como el actor responsable de la situación. En otros relatos se da cuenta de la presencia de grupos de guerrilla como

las FARC y el ELN que estuvieron vinculados, por ejemplo, con el pago obligado de aportes o “vacunas”. También se señala que algunos integrantes de estos grupos pasaron después a

integrar la estructura armada de las AUC.

• En Los Cedros el abandono de los predios estuvo acompañado de ventas forzadas por negocio privado. Se hicieron negocios mediante el uso de amenazas e intimidaciones para

forzar la decisión de venta. También emplearon otros medios de coacción como cerrar las vías de acceso a los predios y quemar los potreros.

• De acuerdo con los casos reclamados, la Unidad recibe 37 Solicitudes, de estas están siendo reclamados 26 predios de los cuales 11 tienen doble reclamación.

• Las víctimas señalan que los presuntos despojadores están relacionados con testaferros de los paramilitares, empresas agropecuarias y hasta narcotraficantes, en una práctica

de concentración de la propiedad. Para los paramilitares, Belén de Bajirá y el Bajo Atrato constituyeron un proyecto de especulación, producción y control.

• Son evidentes los cambios en los usos del suelo, de agricultura a ganadería extensiva y cultivos de palma. En la vereda Los Cedros, por ejemplo, posterior al desplazamiento, se

establecieron 4 empresas palmeras: Todo Tiempo S. A., Carib Banana, Agropecuaria Palmas de Bajirá y Palmagan. En el caso de Palmas de Bajirá, recayeron sobre esta empresa medi-

das preventivas de suspensión de actividades. Es importante destacar también que desde el 2004 empezó la operación en la zona de la Extractora de Bajirá.

• La URT recibe este caso después de haber pasado por justicia y paz y el Programa de Protección de Tierras. Lo documenta e incluye a la mayor parte de los solicitantes en el regis-

tro. Posteriormente, acumula las solicitudes en 4 grandes grupos de acuerdo con el despojador y las presunciones. Aún no se presenta fallo para las demandas que sobre el caso se

presentaron entre enero y junio de 2013.

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ASPECTOS SITUACIONALES

• Actualmente el municipio tiene una población de 19 714 habitantes. El 73,31 % de la población habita en la zona rural.

• Tiene una tasa de analfabetismo (36,01 %) y de inasistencia escolar (43,33 %) muy superior a los registros departamentales.

• También registra altos niveles de NBI municipal (60,74 %).

• El municipio tiene riesgos de generar déficit por la insuficiencia de recursos propios.

• Entre 1997 y el 2011 salieron desplazadas del municipio 18 553 personas e ingresaron 14 870.

• A nivel económico, pueden diferenciarse dos tipos de agricultura: la tecnificada, asociada al cultivo de plátano y caucho, y la agricultura de economía campesina (plátano, yuca,

maíz, arroz y piña). La ganadería es de tipo extensivo y tradicional.

• Existen 23 juntas de acción comunal (JAC), 20 de las cuales se encuentran inactivas. Se encuentran también organizaciones sociales como la Asociación Municipal de Mujeres de

Mutatá, la Asociación de Mujeres Caucheras, la Asociación de Mujeres de Bajirá, la Asociación de Mujeres Viudas Víctimas de la Violencia, la Asociación de Desplazados, el Comité de

Madres Líderes de Familias en Acción, la Asociación de Piñeros, la Asociación de Lecheros, la Asociación de Comerciantes Cootraemberá, La Cooperativa de Transporte Coomuchicapa y

Coomutapava, OIA.

• En el Plan de Desarrollo se plantean como problemáticas centrales del municipio el deterioro ambiental, la debilidad en el sistema de equipamientos, los bajos niveles de desarro-

llo humano integral, la escasa estabilidad socioeconómica de las familias del sector rural y la baja planificación de estrategias para el fortalecimiento de la gestión pública.

• Dentro de los programas del Plan de Desarrollo se encuentran la actualización catastral, el fortalecimiento de sistemas de información, garantizar la protección de derechos huma-

nos, ampliar el acceso a la justicia, mejorar equipamiento, reparación integral a víctimas, incrementar la competitividad de la producción, incrementar la oferta de vivienda.

• Para la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el índice de riesgo de la situación humanitaria municipal es de 0,409.

• En el municipio se han registrado recientemente capturas de miembros de los Urabeños, amenazas a miembros de comunidades étnicas, identificación de laboratorios de coca,

etc. En el municipio fueron asesinados los reclamantes de Curvaradó, Manuel y Samir Ruiz. También tuvo lugar allí un atentado contra Oscar Cabezas, reclamante también de Curvara-

dó.

• El alcalde es del Partido Social de la Unidad Nacional. En el Concejo predomina también el Partido de la U, seguido por el Partido Liberal y Cambio Radical.

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DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS

ALISTAMIENTO Y REGISTRO

Prim

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12

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

Se recibe el caso de justicia y paz, también estaba siendo trabajado por Tierra y Vida,

y había sido documentado además por el Proyecto de Protección de Tierras. Adicio-

nalmente, en la oficina se recibieron solicitudes pertinentes al caso.

Para nutrir las solicitudes, se comunicó a los líderes para que informaran a las perso-

nas interesadas en el caso que se acercaran. Once de los reclamantes que llegaron

no eran de la vereda, sino de veredas aledañas, lo que implicó que no pudieran

ingresar al registro. Quedan inquietudes en el equipo sobre la revictimización de los

reclamantes que ya habían pasado por procesos institucionales previos, pues ante

los problemas de registro y vacíos de información, fue necesario solicitarles que

volvieran a contar los hechos de despojo.

LECCIÓN APRENDIDA

Un mal proceso de recolección de información genera reprocesos y revictimización

en la medida en que las víctimas deben volver a contar los hechos asociados al des-

pojo.

LECCIÓN APRENDIDA

Es importante tener en cuenta y aclarar las expectativas generadas por procesos

anteriores.

LECCIÓN APRENDIDA

Es necesario tener alternativas para algunos reclamantes que presentan altos nive-

les de riesgo porque vienen de largas luchas jurídicas.

Agos

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e 20

12

MICROFOCALIZACIÓN

El caso se microfocaliza porque existía un trabajo importante desarrollado por el

Programa de Protección de Tierras y estaba, además, el antecedente de la cancela-

ción de título fraudulento en el caso de la familia Cardona Higuita. Mutatá además

se perfilaba en ese momento como el tercer municipio de la región en número de

solicitudes a nivel de Urabá, y el 20 a nivel municipal con un total de 277 solicitudes

y 14 288 hectáreas reclamadas. Se presentaron conceptos favorables de seguridad

(29 de septiembre de 2012) y se microfocaliza mediante Resolución 006 del 27 de

agosto de 2012. Cuando se microfocalizó, se evidenció el temor de los reclamantes

y las autoridades locales para acompañar el proceso.

BUENA PRÁCTICA

Retomar las experiencias del Programa de Protección de Tierras no solo potencializa

el conocimiento acumulado de las instituciones, también da un punto de partida más

sólido para los procesos.

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Agos

to a

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iem

bre

de 2

012

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO

La información de justicia y paz deja claros los hechos de violencia y reduce riesgos

pues ya los paramilitares habían confesado delitos importantes asociados al des-

pojo.

Se complementó esta información en el ejercicio de recolección comunitaria. Tam-

bién se solicitó documentación adicional a otras entidades como la Alcaldía, la Fis-

calía y el Incoder. Las respuestas de la Fiscalía llegaron muy tarde. Los problemas

más graves de información se presentaron en el área catastral. El municipio no tenía

actualización catastral y se presentaban contradicciones en lo registral, catastral e

Incoder. Es importante anotar que en el desarrollo de este caso se registraron cam-

bios en el círculo registral. Mutatá cambia del círculo de Turbo al de Frontino.

Se hace una jornada inicial de cartografía social con 19 participantes con el propó-

sito de reconocer e identificar catastralmente cada predio, también para reconstruir

los hechos sucedidos en la vereda antes y después de las declaraciones. El ejercicio

tuvo un momento inicial de orientación simbólica. Posteriormente, se identificaron

hechos victimizantes, cambios productivos y la situación actual de la vereda. Final-

mente, se ubicaron rutas y linderos. El ejercicio fue provechoso pero faltó planea-

ción y claridad en su sistematización y resultados.

En el ejercicio se identificó que algunos de los reclamantes estaban siendo citados

por los terceros para que no reclamaran, situación frente a la cual la Unidad aclaró a

los reclamantes el proceso.

LECCIÓN APRENDIDA

El ejercicio de cartografía mostró que la interdisciplinariedad no puede consistir en

que unas disciplinas reemplacen a otras. Los procesos se dilatan cuando se asumen

tareas que no corresponden con las habilidades profesionales. La interdisciplinarie-

dad consiste en que cada uno aporte desde sus fortalezas disciplinares.

LECCIÓN APRENDIDA

Es importante planear suficientemente las jornadas de recolección; tener claro su

desarrollo, pero también el producto esperado.

LECCIÓN APRENDIDA

Los retos se presentan con Notariado y Registro. En el caso de Mutatá, dados los

cambios de círculo registral, no se sabía a quién oficiar. Sin embargo, la consulta a

Mutatá se facilita por la digitalización de la consulta. En el caso de Turbo, se presenta-

ron inconvenientes y demoras en la consulta.

BUENA PRÁCTICA

Antes existían dificultades en el intercambio de información con otras instituciones,

pero la directiva presidencial para brindar atención prioritaria a la Unidad tuvo muy

buenos resultados.

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Sept

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de 2

012

COMUNICACIONES

A la jornada de comunicaciones asistieron funcionarios de la oficina Apartadó y de la

territorial de Antioquia. Se conformaron 4 grupos de comunicación acompañados por

la fuerza pública. Se acudió además a autoridades municipales como la Umata, la

Defensoría de Familia y Catastro. Se evidenciaron temores de la Alcaldía en el acom-

pañamiento a la jornada, al final mandaron funcionarios de la Comisaría de Familia

de Bajirá. Al parecer, la Alcaldía contaba con apoyos de las empresas palmicultoras

para la financiación de actividades públicas y en las propuestas de generación de

empleo. Por ello, no querían comprometerse con el proceso.

En el desarrollo de las comunicaciones, se presentaron quejas por parte de las es-

cuelas, pues el grupo de comunicaciones, incluido el Ejército, entró a la escuela a

almorzar infringiendo claramente el DIH.

Primero se comunicaron aproximadamente 20 predios. Después los 6 predios ini-

ciales de la Sociedad Todo Tiempo. Posterior a la jornada, algunos funcionarios conti-

nuaron con las comunicaciones. Por algunas correcciones, fue necesario comunicar

dos veces y esto generó molestias.

BUENA PRÁCTICA Realización de comunicaciones rigurosas y acompañadas por

funcionarios de diversas disciplinas.

LECCIÓN APRENDIDA

Es importante ser flexibles y no paralizarse con los errores.

LECCIÓN APRENDIDA

Es importante ser prudentes en las acciones y manejo de información dada la magni-

tud y el riesgo de los casos.

LECCIÓN APRENDIDA

No es posible descuidar los detalles, menos si estos tienen que ver con la aplicación

del DIH.

PREGUNTA

¿Cómo manejar a la institucionalidad cooptada y lograr su colaboración en el proce-

so?

- 179 -


INCLUSIÓN EN EL REGISTRO

Se proyectan y verifican las resoluciones de inclusión. Se decidió excluir del registro

varios casos por falsedad porque los predios no correspondían con la vereda y por-

que los solicitantes no habían vivido en la vereda. En el caso de falsedad se compul-

saron copias a la Fiscalía. En la oficina se manifestaron graves diferencias familiares

relacionadas con “el derecho de las personas de la familia a reclamar los predios”.

La URT escuchó la situación y procedió a reunir el material documental para tomar

decisiones sobre el ingreso al registro.

Cuando se hace la priorización, se seleccionan primero las viudas, después las

personas de tercera edad y el resto de personas. La mayoría de viudas eran de edad

avanzada. La edad resultó ser un criterio más definitivo que el género en la prioriza-

ción.

Al emitir las resoluciones de inclusión, quedaron muchos cabos sueltos que des-

pués implicaron reprocesos.

LECCIÓN APRENDIDA

Las situaciones de exclusión muestran que si bien se confía en la buena fe, es im-

portante identificar los intereses de las víctimas y sus conflictos familiares. No inda-

gar lo suficiente puede llevar a errores o a juicios sobre problemas de familias.

LECCIÓN APRENDIDA

En el momento de inclusión en el registro, el caso debe quedar lo más claro y robusto

posible.

LECCIÓN APRENDIDA

Es importante manejar la emocionalidad en el trabajo con las víctimas. Existen mu-

chos grises y reclaman en momentos diferentes de la vida a cuando sucedieron los

hechos “El que reclama de 70, tuvo 30”.

PREGUNTA: ¿Qué trato brindar a las personas que se excluyen del registro?, ¿cuándo

sólo se oficia y cuándo se compulsan copias a la Fiscalía?

“TERCEROS”

En este caso, se presentan diferentes tipos de terceros. Se trataba principalmente

de las empresas Todo Tiempo, Palmagan, Palmas de Bajirá y Carib Banana. Las

empresas entregan a la oficina a través de sus abogados escrituras, certificados de

libertad y tradición y paz y salvos de catastro municipal. Algunos aportan incluso

materiales probatorios (certificados, compraventas, escrituras) con el fin de acredi-

tar un mejor derecho en los predios. Los papeles aportados por los terceros en los

10 días posteriores a la comunicación resultaron de gran utilidad para comprender

los englobes.

Un reclamante de otros predios que fue testaferro de uno de los despojadores de

Los Cedros aportó información fundamental en el proceso. En la etapa probatoria del

trámite administrativo llegan los casos de Forjando Futuros. Esta información resultó

de gran utilidad, pero implicó presiones políticas para el proceso.

LECCIÓN APRENDIDA

Es importante aprender a tratar a los “terceros”. Se les atiende como público, se debe

saber informarles sobre el proceso y debe manejarse la confidencialidad.

PREGUNTA

¿Cómo manejar las relaciones con las organizaciones de víctimas de manera que

aporten al proceso, pero permitan su desarrollo? ¿Cómo exigir el cumplimiento a las

organizaciones de víctimas que documentan casos en el proceso?

PREGUNTA

¿Cómo manejar las presiones de los terceros a los reclamantes?

- 180 -


Julio

de

2012

AGRUPACIÓN

Para el registro, se acumularon procesos. Se dividen las solicitudes en 5 grupos:

1. Todo tiempo. Agrupa 5 reclamantes cuyos predios actualmente están ocupados

por la Sociedad Todo Tiempo. En estos casos se presenta oposición en el desarrollo

del proceso administrativo.

2. Palmagán. Es una solicitud en contra de Palmagan, sociedad de Fabio López

Echeverri. Deja múltiples preguntas sobre el nivel de exposición del reclamante.

3. Palmas de Bajirá. Agrupa 3 solicitudes en contra de Gustavo Ochoa, represen-

tante legal y acusado de narcotráfico, vinculado también con el caso de Curvaradó y

Jiguamiandó.

4. Rosa Elvira Guerra. Este caso ya tiene resolución de inclusión y oposiciones por

parte de una familia en Medellín. Ha generado múltiples conflictos. Se opone a la

actuación de Carib a cargo de Jesús Aguirre y Celsa Rodríguez.

5. Bracamonte. Agrupa 12 casos contra Bracamonte, quien tiene múltiples proce-

sos penales y órdenes de captura. Involucra a menores, personas en el exterior y

personas con medidas de protección. Se excluyó una persona del registro. Este caso

ha tenido demoras importantes por problemas en la identificación catastral.

Se acumuló por economía procesal y con un criterio de vecindad. Este criterio no

funcionó porque algunos procesos se retrasaron por aspectos subyacentes.

LECCIÓN APRENDIDA

Si bien se hizo un esfuerzo de acumular los casos según los terceros, se pudo hacer

un caso colectivo que pudo ser más contundente y permitía una mayor protección

de las víctimas. Al desagregar los casos, quedaron víctimas solas enfrentando a

actores con mucho poder.

LECCIÓN APRENDIDA

No se puede avanzar en el proceso con afanes. El término de los 60 días alcanza si

no se juega a la celeridad. Este tiempo es necesario para hacer un registro suficiente-

mente robusto.

- 181 -


ETAPA JUDICIAL: Ag

osto

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iem

bre

de 2

012

ANÁLISIS DE CONTEXTO

Para la realización del contexto, se partió de la información aportada en las solicitu-

des y la jornada de cartografía social. Se ubicaron estos hechos y se contrastaron

con los registrados en bases de prensa y con información de la Fiscalía. A partir de la

identificación de actores involucrados en los hechos, se identificaron sus lógicas en

el municipio y en la subregión. Finalmente, se analizó cómo estas lógicas se vin-

cularon al proceso de despojo. Para ello, resultó de gran utilidad la lectura del caso

Jiguamiandó y Curvaradó. Finalmente, se estudiaron los cambios en los usos de la

tierra en la vereda y el municipio.

Del análisis de contexto surgen como fundamentos de hecho de la demanda la mul-

tietnicidad de la colonización, la presencia histórica de las FARC, la avanzada para-

militar, el proceso de despojo y abandono en la vereda, la lógica de acción paramili-

tar enmarcada en el territorio del Bajo Atrato, la preparación del proyecto del cultivo

de palma, el establecimiento de 13 empresas palmicultoras y el interés económico

y de control de los grupos paramilitares.

LECCIÓN APRENDIDA

Es necesario hacer un trabajo de articulación más oportuna entre el equipo de micro-

zona y el grupo de análisis de contexto.

Octu

bre

2012

- may

o 20

13

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Desde el inicio del caso no existía un equipo catastral que pudiera responder con

las necesidades que este presentaba. A la precariedad de información catastral se

sumó la insuficiencia del equipo catastral. En las comunicaciones se empezaron a

presentar retos pues muchos de los puntos no coincidían. Algunos puntos donde,

se supone, se encontraban los predios quedaban, por ejemplo, en la mitad de una

escuela.

La insuficiencia del equipo catastral fue mayor en el levantamiento topográfico. Los

informes catastrales no estuvieron a tiempo y se hizo necesario contratar equipos

externos, poco hábiles en el manejo de esta problemática social. La demanda quedó

entonces con múltiples inconsistencias catastrales que han empezado a ser señala-

das por los jueces.

LECCIÓN APRENDIDA

En cualquier planeación de microzona es fundamental tener claros los tiempos y

apoyos del área catastral. De lo contrario, el caso pierde viabilidad.

- 182 -


Agos

to-d

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201

3CONSTRUCCIÓN DE LA DEMANDA

En cuanto a las presunciones, se intenta mostrar que en los negocios jurídicos hay

ausencia de consentimiento. Se explica esta situación por la existencia de hechos

de violencia, la vigencia de medidas de protección, el proceso de concentración de

la propiedad y alteraciones significativas en el uso de la tierra. Se adjuntan como

pruebas oficios de la Fiscalía que prueban hechos de violencia, los oficios de la UA-

RIV donde se muestra la condición de víctima de los solicitantes, el análisis registral

de los predios, el ejercicio de cartografía social, las declaraciones de riesgo munici-

pales, las fichas prediales, el informe técnico-predial. Es tal el caudal probatorio que

no es fácil de manejar.

Se adjunta además la caracterización de cada una de las familias de los reclaman-

tes, los hechos de violencia que las afectaron, la identificación jurídica del predio y

las posibles circunstancias del despojo. En las caracterizaciones se identifican las

condiciones actuales de la vivienda, las actividades económicas de los miembros de

la familia, la situación de salud, el nivel educativo, los ingresos y el acceso a alimen-

tación. A partir de allí, se define el grado de vulnerabilidad de la familia.

Se plantean como pretensiones el derecho a la restitución, la inexistencia y nulidad

de los negocios jurídicos que llevaron al despojo, la actualización de información

a las entidades pertinentes, el inicio de trámites de sucesión, la formalización de

derechos, el acompañamiento de la entrega del predio por parte de las FFMM, hacer

efectivas compensaciones como mecanismo subsidiario, apoyo financiero para la

recuperación de la capacidad financiera, alivio de pasivos, medidas de protección

para los predios.

Se plantea también como petición especial la suspensión de otras actuaciones judi-

ciales sobre los predios, no trasladar la información de los solicitantes a los terceros,

omitir los nombres e identificación de los reclamantes.

BUENA PRÁCTICA

Enfrentar casos de gran despojo como este genera mayor confianza y credibilidad en

la gente. Se evidencian los alcances de la política.

PREGUNTA

Entre los abogados se presenta mucho temor por los procesos disciplinarios. Si bien

lo transicional presenta múltiples figuras a favor de las víctimas, no se extienden

estas a los abogados que las representan, ¿cómo manejar esta situación?

LECCIÓN APRENDIDA: El caso permite comprender cuáles son los elementos proba-

torios que se requieren para consolidar procesos. Se pudo decantar que es lo que

prueba y en qué no se debería desgastar la Unidad.

LECCIÓN APRENDIDA

Se construyen pretensiones que permiten la devolución del título, pero no brindan

las condiciones sociales para el retorno. Las pretensiones poco dialogan con la ca-

racterización familiar.

- 183 -


Ener

o-ju

nio

de 2

013

PRESENTACIÓN DE LAS DEMANDAS

La primera demanda se presenta en diciembre de 2012. Sin embargo, esta se de-

vuelve a la Unidad. Después se presentan nuevas demandas en marzo (4 derechos)

y junio (2 derechos). La presentación de las demandas se demora especialmente

por las inconsistencias y problemas en lo catastral.

Una vez presentadas, quedan muchas inquietudes por la posibilidad de los terceros

de acceder al caudal probatorio, especialmente al relacionado con datos específicos

de los reclamantes. Por ello, en todas las demandas se agregan peticiones especia-

les.

Fue dispendioso organizar el caudal probatorio. Esta dificultad mostró la necesidad

de contar con políticas de archivo más claras y con disposiciones más precisas

sobre el manejo de los expedientes.

LECCIÓN APRENDIDA

Es necesario tener mayor claridad en el manejo de expedientes.

LECCIÓN APRENDIDA

Es importante cuidar la información que, a través de la demanda, va a llegar a los

terceros.

PREGUNTA

Forjando Futuros no se apersona ni del proceso administrativo ni judicial, ¿qué hacer

en estos casos?

PREGUNTA

¿Falta línea jurisprudencial o consolidación del trámite?

Ener

o 20

12-a

ctua

lidad

ETAPA JUDICIAL

En esta etapa se ordena la publicación del caso, lo cual implica múltiples demoras

por la centralización de este trámite. La publicación demora el caso. También mani-

fiestan los jueces inquietud por las identificaciones catastrales. El juez ordena tam-

bién la caracterización de las familias.

Llama la atención que los jueces acuden a figuras del procedimiento tradicional.

Esto demora innecesariamente el trámite. Acuden a figuras como los emplazamien-

tos que no tendrían que invocarse en este tipo de procesos.

BUENA PRÁCTICA

Las caracterizaciones familiares ordenadas por los jueces permiten comprender me-

jor las condiciones de las familias y las calidades de sus miembros frente al predio.

Permiten saber en cabeza de quién se hacen las resoluciones y la adjudicación.

LECCIONES APRENDIDAS La URT no se puede quedar solo en el discurso de la justicia

transicional. En las figuras tradicionales pueden encontrarse caminos viables en los

procesos de restitución.

PREGUNTA

¿C. E un año de entrega de la primera demanda no se ha emitido fallo. Si han au-

mentado las solicitudes en la microzonaicionales pómo acelerar el proceso si los

operadores jurídicos trabajan con una lógica diferente a la de la justicia transicional?

- 184 -


ETAPA POSFALLO

Después de un año de entrega de la primera demanda, no se ha emitido fallo. Sí han aumentado las

solicitudes en la microzona. Se han registrado 29 nuevos casos. En las veredas cercanas a los Cedros

(Bella Rosa, Palmichal, Nueva Esperanza, Nueva Estrella, Leoncito y Villa Luz) se abrió una nueva

microfocalización el 8 de enero de 2013 con 191 solicitudes, 76 con resolución de inicio y 63 inscri-

tas en el registro. Esta nueva microfocalización, sin embargo, ha tenido problemas en el concepto de

seguridad.

LECCIÓN APRENDIDA

Es necesario un mayor trabajo con los jueces para evitar el reproce-

so y las demoras en el fallo.

CONCLUSIONES

Se retoman las preguntas iniciales:

¿Cuáles son los retos y las lecciones aprendidas de los casos de gran despojo?

• Los primeros retos se relacionan con los antecedentes del caso. Muchos de los grandes casos de despojo ya han sido trabajados por otras instituciones. Un primer reto consiste

en empalmar con procesos previos y en recoger las buenas prácticas las y lecciones aprendidas.

• Como se trata de casos “con trayectoria previa”, muchos de los solicitantes llegan con altos niveles de riesgo, situación que debe preverse junto con estrategias de acompañamiento.

• Es tal el acerbo probatorio de estos casos, que es fundamental escoger cuáles son las pruebas, presunciones y pretensiones centrales.

• No puede ser sorprendida la Unidad por las presiones de los terceros a los reclamantes. Frente a esta situación se deben prever estrategias de acompañamiento.

• Dada la complejidad del caso, desde la etapa administrativa se debe procurar que quede robusto, sin tantos cabos sueltos en materia de pruebas e investigación.

• El caso no deja clara cuál es la mejor estrategia en la presentación de las demandas. Si acumularlas por despojador o presentar un caso colectivo de mayor impacto.

• En casos donde el despojo es tan estructural, las relaciones entre despojadores e instituciones locales son muy fuertes. Se deben tener estrategias para lograr el apoyo de la

institucionalidad local a pesar de la cooptación.

• La caracterización familiar y el conocimiento de los reclamantes deben permitir entender el proceso de restitución más allá del trámite jurídico. Desde luego, un logro importante de las

demandas es que se restituya el título. Pero este proceso jurídico debe acompañarse de asegurar las condiciones sociales para que, de ser voluntad de las familias, puedan retornar.

• Como lo muestra la experiencia de justicia y paz, el gran reto se presenta ahora en el escenario judicial, donde en otras oportunidades los jueces han argumentado falta de com-

petencia para fallar sobre el caso.

¿Cómo se ha implementado el proceso de restitución en el caso de la vereda Los Cedros?

El caso de Los Cedros es uno de los primeros trabajados en la oficina de Apartadó. Se trató del primer caso frente a grandes despojadores donde se mostraba, además, en la región

que el proceso podía tener mayor credibilidad y que la URT se estaba enfrentando a los grandes despojadores. Esta situación genera más confianza. Sin embargo, aumenta los riesgos

para la Unidad y se constituye, al mismo tiempo, en una escuela, en una fuente de aprendizaje.

Junto con Gorgonita y Porvenir, este caso permitió a la URT aclarar las etapas y tareas del proceso. Pero también deja lecciones en cuanto al registro de terceros, la construcción de la

demanda, las pruebas, el manejo de la documentación y la articulación institucional. Queda claro también que es fundamental hacer planeación y listas de chequeo para los procesos,

y que es vital en cualquier mirofocalización tener seguridad suficiente en las capacidades de los funcionarios y la oficina.

- 185 -


DOCUMENTACION CASO GORGONITA Y PORVENIR

INTRODUCCIÓN

El caso Gorgonita y Porvenir fue el primero desarrollado por la oficina de Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras. Por ser el primer paso y por sus particularidades, representa

una fuente de múltiples aprendizajes para el equipo. Por ello, fue sistematizado por los mismos funcionarios de manera paralela a su desarrollo. En este proceso surgieron múltiples

preguntas y tensiones sobre la aplicación de los procedimientos jurídicos y la posibilidad de contribuir a procesos de reparación transformadores. Se intenta entonces en el presente

caso recoger la experiencia, identificar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas y dejar múltiples inquietudes para el desarrollo de próximos casos.

PREDIO: Gorgonita y Porvenir. VEREDA: Vijagual y San Martín.

CORREGIMIENTO: El Reposo.

MUNICIPIO: Apartadó. DEPARTAMENTO: Antioquia.

DEPENDENCIA A CARGO: oficina Apartadó.

HECTÁREAS Y SOLICITANTES: predio Gorgonita (142 ha + 5307 m2), predio Porvenir (50 0865 ha) // 14 solicitantes.

UBICACIÓN: los predios se ubican en Apartadó, en el corregimiento El Reposo, veredas Vijagual y San Martín. Sus usos y características generales lo identifican, según el POT, como un

predio rural en zona ambiental de protección activa de economía campesina.

FUENTES

Experiencias del equipo de microfocalización, observación en jornada de recolección de fuente comunitaria, revisión de expedientes, entrevistas a terceros, demanda.

PREGUNTA QUE ORIENTA LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO

¿Cómo generar insumos, conocimientos y formas adecuadas de puesta en práctica de normas y procedimientos jurídicos de restitución?

¿Cómo reducir los posibles impactos negativos del proceso?

¿Cuáles son las herramientas idóneas y eficaces para que se dé una restitución basada en la justicia, la verdad y la reparación?

¿Cómo lograr una restitución transformadora y justa en términos sociales?

ANTECEDENTES

En el marco de la Ley 160 de 1994, el señor Juan David Toro transfirió el dominio y la posesión de los predios Gorgonita y Porvenir a 16 grupos familiares avalados por el Incora bajo

la figura de “común y pro indiviso”.

Este grupo de familias se constituyó aleatoriamente como resultado de la construcción de un listado. Varios grupos familiares estaban liderados por mujeres.

- 186 -


En el año 1997, diferencias internas sobre la forma de trabajar, muchas de ellas provenientes de estereotipos de género, llevaron a que la Cooperativa tomara la decisión de parcelar

los predios.

Estas familias se desplazaron entre 1997 y el 2002 debido a la violencia de la zona y a la muerte de 3 de los dirigentes de la Cooperativa.

Algunas personas obtuvieron reconocimiento previo como víctimas por los delitos de desplazamiento, homicidio y desaparición.

Durante el desplazamiento, los terrenos fueron ocupados por aproximadamente 14 familias, algunas desplazadas de otras zonas del país. Estas familias logran permanecer por tiem-

pos mayores a 5 años en los predios, tiempo en el cual fueron autorizados por el Incora y obtuvieron apoyos en aspectos productivos por parte de instituciones estatales.

Los predios en mención son propiedad privada adjudicable sin limitación para la restitución.

En el marco de la CNRR, las familias de la Cooperativa solicitaron el predio. Este proceso pasó a la URT.

SÍNTESIS DEL CASO

Se trata de un proceso de un predio común y pro indiviso en donde una cooperativa reclama un predio ocupado por 14 familias desplazadas.

La URT recoge las solicitudes de la CNRR. Posteriormente, algunos reclamantes llegan a la URT de Apartadó para diligenciar sus solicitudes.

Se percibe el caso como “victoria temprana”.

Se construyó un documento preliminar del caso en donde se avanza en la comprensión de las relaciones con la tierra, los hechos de despojo y la situación jurídica del predio.

Se establecieron algunas acciones de solicitud de información a instrumentos públicos, Incoder y Corpourabá.

Una vez documentado y viable el caso, se solicita concepto de seguridad.

Con el apoyo de las instituciones locales, se hicieron notificaciones y comunicaciones en las que se intenta dejar claro a ambas partes las implicaciones del proceso.

Se registran todos los solicitantes.

Se hacen levantamientos topográficos de los predios y se encuentran serias inconsistencias de información entre entidades.

Se recoge información a partir de ampliaciones de hechos y jornadas de recolección de fuente comunitaria.

Se construye una demanda en la que se solicitan la restitución y un tratamiento especial a los terceros de acuerdo con las complejidades del caso.

Los terceros presentan múltiples inconvenientes en su defensa.

Dados los retos del caso, después de más de un año de la entrega de la demanda aún no existe un fallo.

ASPECTOS SITUACIONALES

En las noticias se resalta el aumento del microtráfico en el municipio, el dominio de las Bacrim y el desarrollo de múltiples acciones de reparación.

Dentro de los programas Apartadó Incluyente y DIH, DDHH y Víctimas, en el Plan de Desarrollo existe un componente de víctimas. Este se centra principalmente en la atención.

Se presenta un interés de la Alcaldía por formalizar la propiedad, especialmente en el área urbana.

La Alcaldía quedó en manos del movimiento Unidad y Gestión para la Prosperidad. El Concejo es liderado por el PIN, el Partido de la U y el Partido Liberal.

El municipio mantiene niveles de NBI superiores al promedio nacional (24,53 %).

Según la UARIB, desde el 2011 se han desplazado del municipio 1670 personas y se han recibido 18 098.

- 187 -


DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS

ALISTAMIENTO Y REGISTRO

FECHA DESCRIPCIÓN LECCIONES APRENDIDAS, BUENAS PRÁCTICAS, PREGUNTAS

Novi

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11-a

bril

de

2012

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

El caso había sido recibido por la CNRR. La Comisión remite las declaraciones a la

Unidad. Sin embargo, estas declaraciones carecen de los requisitos básicos y son

sumamente escuetas. A principios del año 2012, algunos reclamantes llegan a la

URT de Apartadó para diligenciar sus solicitudes. Estas fueron entregadas para revi-

sión el 20 de marzo de 2012.

LECCIÓN APRENDIDA Teniendo en cuenta los requisitos actuales del proceso de

restitución, la información de las solicitudes que es remitida por la CNRR resulta

insuficiente. En estas solicitudes es necesario complementarlas con la descripción

de adquisición de los predios y los hechos narrativos de despojo.

LECCIÓN APRENDIDA Cuando se reciben las solicitudes es fundamental ubicar los

predios teniendo en cuenta colindantes, puntos de referencia, área específica y

topografía del predio. El desarrollo de esta tarea agiliza posteriormente el procedi-

miento administrativo.

Mar

zo d

e 20

12

REVISIÓN PRELIMINAR

Se revisa el caso y se expone ante funcionarios del nivel nacional y de la territorial

Antioquia. Se argumenta que es un caso fácil al que incluso se le denomina como

“victoria temprana”. Se decide entonces darle viabilidad inicial, avanzar y empezar

el proceso de documentación para la microfocalización.

LECCIÓN APRENDIDA Es necesario hacer un mayor uso de los criterios técnicos pro-

puestos en la ley para seleccionar los casos y las áreas a microfocalizar. El criterio

de “victoria temprana” genera muchas dudas y desestima aspectos fundamentales

del caso.

LECCIÓN APRENDIDA

Desde el inicio de los casos, es importante coordinar labores y planear. Es impor-

tante también aclarar la competencia de la territorial y de la oficina.

- 188 -


Abril

a M

ayo

de 2

012

RECOLECCIÓN DOCUMENTAL

La documentación del caso implicó hacer entrevistas de ampliación a los recla-

mantes con el fin de profundizar en la información. A través de este proceso de

documentación, se construyó un documento preliminar donde se avanzó en la com-

prensión de las relaciones con la tierra (la cooperativa Los Dieciséis adquiere en la

vereda San Martín, del corregimiento El Reposo, los terrenos denominados La Gorgo-

nita y Porvenir), hechos de despojo (amenazas y homicidios colectivos) y situación

jurídica del predio (embargos, prohibición de enajenación, procedo de condición

resolutoria, justicia y paz, sucesiones).

Se recolectaron algunas pruebas y se presentaron vacíos de información como el

marco histórico del corregimiento, la caracterización de la población y la verificación

de la situación material. Se plantea la pregunta sobre la necesidad o no de acumular

los casos del corregimiento de El Reposo.

También se establecieron algunas acciones de solicitud de información a instru-

mentos públicos, Incoder y Corpourabá. Se enviaron diversos oficios a las entidades

involucradas. Para optimizar la colaboración, se acudió a los niveles nacional y local.

También se hizo una visita por parte del equipo catastral al predio. Al finalizar la

recolección documental, se evidenció la poca colaboración institucional y la nece-

sidad de acudir a otro tipo de fuentes para la contextualización del caso. La escasa

colaboración en información catastral generó discusiones al interior del equipo.

Finalmente, el informe preliminar se presentó a la dirección territorial Antioquia y

sirvió de insumo para la microfocalización.

LECCIÓN APRENDIDA Es necesario garantizar apoyos institucionales a través del

Comité de Justicia Transicional desde el comienzo del proceso.

LECCIÓN APRENDIDA Es necesario coordinar las áreas y no permitir que la desarti-

culación institucional genere tensiones.

BUENA PRÁCTICA Frente a la escasa respuesta de las instituciones locales ante

las solicitudes de información, resultó afortunado acudir a los niveles regional y

nacional.

BUENA PRÁCTICA

La documentación previa a la microfocalización permite adelantar trabajo y prever

los posibles retos y dificultades.

PREGUNTAS

Sobre si es adecuado hacer ampliaciones de solicitud en la etapa previa a la mi-

crofocalización, pues se pueden generar expectativas sin tener certeza sobre las

posibilidades de microfocalizar.

PREGUNTAS

Sobre la posibilidad de prever los riesgos de baja colaboración de las entidades

frente al caso desde que se inicia.

PREGUNTAS

¿Hasta qué punto las entrevistas de ampliación aumentaron las expectativas de

los reclamantes?

- 189 -


MICROFOCALIZACIÓN

Una vez documentado y viable el caso, se hizo una reunión con el CI2RT para la soli-

citud del concepto de seguridad. Se realizó el Comité Operativo de Restitución donde

asistieron la Procuraduría, personas de la fuerza pública, Derechos Humanos de la

Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal. En esta reunión se hizo una

contextualización del proceso de restitución, la situación de seguridad y una expo-

sición general del caso El Reposo. Finalmente, se tomó la decisión de microfocalizar

con la resolución No. RAM 002 del 20 de junio de 2012 “por la cual se microfocaliza

un área geográfica para implementar la inscripción de predios en el Registro de

tierras despojadas y abandonadas forzosamente”. Se microfocalizaron entonces los

“predios finca Gorgonita y Porvenir ubicados en la vereda Vijagual del corregimiento

El Reposo del municipio de Apartadó”.

PREGUNTAS

¿Qué información es necesario tener para proponer que la microfocalización sea

capaz de explorar la viabilidad del caso?

Julio

de

2012

NOTIFICACIONES, LEVANTAMIENTOS Y COMUNICACIONES

El 3 de julio se emite la Resolución RAP 002, por medio de la cual se estableció un

orden de estudio de los casos. Se dio prelación en un primer grupo a las mujeres

adultas mayores, cabezas de familia y otras mujeres. En un segundo grupo se ubi-

caron hombres adultos mayores y cabezas de familia. Se preparó previamente el

documento para la resolución de inicio de las notificaciones. Esta actividad se rea-

lizó con el apoyo de las funcionarias de la Unidad en Medellín. Se preparó el docu-

mento y fue socializado con todo el equipo para su conocimiento.

El 19 de julio de 2012 se elaboró la resolución “por la cual se inicia formalmente el

estudio de una solicitud de inclusión de un predio en el Registro de Tierras Despo-

jadas y Abandonadas Forzosamente”. Allí se aclaró quiénes son los reclamantes,

su vínculo con la tierra, los hechos de violencia y la acción institucional previa. Se

resolvió, además, acometer el estudio formal de las solicitudes, inscribir medidas de

protección, acumular las solicitudes y comunicar el acto administrativo.

LECCIÓN APRENDIDA

A nivel catastral, es importante tener protocolos claros de visita técnica para poder

manejar los diferentes impases que pueden presentarse.

LECCIÓN APRENDIDA

Es necesario aclarar y evaluar en los CORLT la forma en que participa la fuerza pú-

blica en las comunicaciones.

BUENA PRÁCTICA

Se hizo un ejercicio de notificación y comunicación que permitió comprender clara-

mente a los reclamantes y ocupantes de los predios el proceso de restitución.

BUENA PRÁCTICA

Se contó con la institucionalidad local para el desarrollo de las comunicaciones.

PREGUNTAS

¿Cómo coordinar con las instituciones desde esta etapa?

- 190 -


Julio

de

2012

El día 10 de julio se realizó una reunión en las instalaciones de la Unidad con los fun-

cionarios de la administración municipal (Oficina de Participación Ciudadana, Secreta-

ría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, presidente entrante y saliente de

la JAC El Reposo). El objetivo de esta reunión fue informar sobre la jornada de comuni-

cación y la concertación institucional frente al proceso de restitución de tierras.

El día 23 de julio asistieron a la Unidad los reclamantes de los predios y se les hizo

la notificación de manera oficial. Esta actividad se realizó en 2 horas aproximada-

mente y fue realizada por funcionarios del área social y jurídica. Estas notificacio-

nes oficializaron el inicio del proceso de restitución.

El día 24 de julio el equipo de microfocalización, que contaba con el acompañamien-

to de los funcionarios de Medellín, se desplazó hacia el corregimiento El Reposo a

realizar la jornada de comunicación, la cual consistía en informar a los ocupantes

de los predios la solicitud de restitución por parte de otras personas. Se anuncia a

18 familias el plazo que tienen para presentar los documentos y las reclamaciones

respectivas (8 de agosto). De igual manera, se realizó el recorrido por los predios y

la medición por parte de los topógrafos e ingenieros de la Unidad. Esta jornada tuvo

una duración de 10 horas y se realizó sin novedad y con el acompañamiento de la

fuerza pública, específicamente de la Policía Nacional.

- 191 -


JUDICIAL Ag

osto

de

2012

JORNADAS DE FUENTE COMUNITARIA: Para el día 4 de agosto se realizó la jornada co-

munitaria en la cual se construyó una línea de tiempo para precisar la relación con

el predio de los reclamantes y los hechos de violencia. Para esta jornada se contó

con el equipo de microfocalización, otros funcionarios de la oficina y funcionarios de

la territorial Antioquia. El ejercicio tuvo una duración de 8 horas y media y se realizó

en 3 momentos individuales y uno colectivo. En el último momento se discutieron

las preguntas más relevantes que permitían reconstruir los hechos ocurridos desde

1996 hasta hoy con los reclamantes. El cuarto momento generó algunas tensiones

en los reclamantes especialmente entre hombres y mujeres líderes.

La jornada mostró que muchos de los reclamantes no estuvieron mucho tiempo en

el predio. Algunos estuvieron solo 5 días. También se evidenció que entre los recla-

mantes hay fuertes divisiones.

LECCIÓN APRENDIDA Es importante tener claro el periodo probatorio, de lo contrario

se pueden presentar dificultades en la incorporación de pruebas.

BUENA PRÁCTICA

La recolección de pruebas de fuente comunitaria permitió al equipo comprender

mejor los casos y ampliar los hechos.

LECCIÓN APRENDIDA

Es importante tener criterios claros sobre los vacíos de información para, a partir de

ellos, programar las actividades de recolección. En los procesos de documentación

es necesario planear y ser creativo ante los vacíos de información.

Julio

-sep

tiem

bre

de 2

012 ELABORACIÓN DEL CONTEXTO

Entre las tres áreas se elaboró un contexto basado en la lectura de coyuntura regio-

nal elaborada en el proceso de instalación de la oficina. Si bien es un contexto que

brinda una idea general sobre las dinámicas de violencia regional, no logra reflejar

las dinámicas del municipio de Apartadó y las tensiones presentes en el corregi-

miento de El Reposo.

BUENA PRÁCTICA Realizar lecturas conjuntas del contexto.

LECCIÓN APRENDIDA Es necesario un proceso de investigación más claro y riguro-

so en la construcción de los contextos.

- 192 -


Agos

to-s

eptie

mbr

e de

201

2LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Los dos funcionarios catastrales realizaron levantamientos e identificaron que el

predio Gorgonita “se ubica en Apartadó, Corregimiento El Reposo, vereda Vijagual y

San Martín”. “Sus usos y características generales lo identifican, según el POT, como

un predio rural en zona ambiental de protección activa de economía campesina”. Se

identificaron también las colindancias. También se encontraron algunos traslapes

con otros predios.

Establecieron que el predio Porvenir “se ubica en Apartadó, corregimiento El Reposo,

vereda Vijagual. Sus usos y características generales lo identifican, según el POT,

como un predio rural en zona ambiental de protección activa de economía campesi-

na”. Se identificaron colindancias y traslapes.

En el levantamiento se presentaron inconvenientes entre los funcionarios y faltó en

algunos momentos el acompañamiento del área social para solucionar las inquietu-

des de los solicitantes.

LECCIÓN APRENDIDA Es importante comprender los límites de los predios desde lo

técnico, pero también desde las narrativas y el contexto social. Sin este no se ha-

cen las suficientes preguntas y se llega a sin salidas del nivel técnico.

LECCIÓN APRENDIDA El proceso de levantamiento es un proceso técnico y social.

PREGUNTAS

¿Cómo manejar los traslapes y diferencias de información entre IGAC e Incoder?

PREGUNTAS

¿Debió sugerir la Unidad una división interna del predio?

Agos

to d

e 20

12

PRUEBAS DE TERCEROS

Los ocupantes del predio llegaron a contratos y promesas de compraventa, copias

de cédula, autorizaciones de enajenación de las parcelas, actas de acuerdo con el

Incoder, carta de renuncia a los predios por parte de los solicitantes, copias de ame-

nazas, derechos de petición al Incoder, copias de conciliaciones, certificaciones de

apoyo a proyectos productivos, entre otros.

Teniendo en cuenta los documentos allegados por los terceros, las entrevistas de

ampliación y las visitas realizadas a los predios, se solicitó al juez en el marco del

enfoque de ASD tener en cuenta las complejidades del caso y la posibilidad de acu-

dir a la Defensoría del Pueblo para su representación judicial.

BUENA PRÁCTICA Brindar un buen trato a terceros.

PREGUNTAS

¿Cómo manejar las expectativas de los terceros cuando la URT no les puede brindar

certezas ni garantías de acompañamiento?

- 193 -


Agos

to -

Sept

iem

bre

de 2

012

ELABORACIÓN DE PRESUNCIONES Y PRETENSIONES

Se hizo un modelo inicial en la oficina, frente al cual se presentaron comentarios

de lo territorial. Surgieron algunas diferencias frente a la presentación colectiva o

individual del caso.

• Presunciones: se argumentan como fundamentos de derecho las normas in-

ternacionales y constitucionales, la violencia generalizada, la transformación de la

cooperativa posterior al desplazamiento, el derecho al debido proceso administrati-

vo, el despojo, la restitución con vocación transformadora, las acciones para sanear

la propiedad, el alivio de pasivos.

• Pretensiones: como pretensiones se plantearon:

• Reconocer el derecho fundamental a la restitución y la formalización.

• Declarar la nulidad de los contratos de compraventa celebrados con ocasión

del desplazamiento.

• Ordenar la cancelación de los gravámenes que pesan sobre los predios.

• Ordenar la división material de los predios.

• Ordenar a las instituciones pertinentes actualizar la información.

• Iniciar trámites de sucesión en los casos pertinentes.

• Realizar la entrega material del predio.

• Ordenar al Incoder las diligencias en el trámite administrativo de verificación

de condición resolutoria del subsidio.

• De ser imposible el proceso de restitución, se solicita la compensación

como medio subsidiario a la restitución.

• Decretar alivio de pasivos.

Teniendo en cuenta los respectivos fundamentos de ley, se solicita especialmente

que se omitan los nombres e identificación de los reclamantes así como la informa-

ción del núcleo de las familias.

LECCIÓN APRENDIDA

Se entiende que las pretensiones deben apuntar a la reparación integral, y que esta

depende del rol asignado a las instituciones locales en el proceso de reparación.

Por ello, no pueden dejarse por fuera las tareas de las instituciones locales en ma-

teria de subsidios, vivienda y demás que aseguran la integralidad del proceso.

LECCIÓN APRENDIDA

Dentro de las pretensiones, se pudo también hacer más vinculante el papel de la

Defensoría frente a “los terceros”. Frente a ellos, queda el reto de poder asignar su

tratamiento a la institucionalidad pertinente.

LECCIÓN APRENDIDA

Es necesario ver el proceso de una forma que permita consolidar derechos.

BUENA PRÁCTICA

Si bien negaron la solicitud especial de manejo de información, resulta importante

el interés por salvaguardar las versiones brindadas por los reclamantes.

PREGUNTAS

¿Pudo ser más estratégico dividir el caso en varias demandas?

- 194 -


“LOS TERCEROS”

Frente a la demanda, los terceros han tenido que hacer descargos y ampliaciones

de hechos con abogados. Manifiestan falta de claridad en las notificaciones. Argu-

mentan que no es una situación de restitución pues no son grupo armado, entraron

de manera legal al predio y todos son víctimas. Sienten que al ser el primer caso

“con nosotros se cometen todos los errores”.

Los terceros argumentan que no se tuvieron en cuenta en la demanda los informes

del Incoder, la Procuraduría y la Contraloría que muestran que ellos fueron “sujetos

de reforma agraria”. Explican además que la Cooperativa nunca fue rentable y que

los reclamantes solo aparecieron cuando se diseñó un proyecto de relleno sanitario

en la finca.

Para responder a la demanda, obtuvieron inicialmente la ayuda de la Personería

que a través de una abogada les ayudó a organizar la documentación. Los remiten

a la Defensoría donde no se encontró un abogado en competencia. Por ello, les tocó

encontrar su propia defensa. Encontraron a un abogado que no sabía de derecho

agrario y que entregó a última hora un trabajo deficiente.

Ante la situación de los terceros, el juez permitió una contestación extemporánea por

parte de un nuevo abogado gestionado por la Unidad. La nueva defensa ha encontrado

inconsistencias en la línea de tiempo pues las declaraciones de desplazamiento son

muy posteriores a las fechas que señalan de despojo y violencia generalizada.

El abogado muestra, además, la buena fe de los terceros. Muestra que los reclaman-

tes no cumplen con las condiciones para ser ingresados en el registro de víctimas

pues el contexto generalizado de violencia no es un argumento suficiente para

ingresarlos. Se argumenta que no se hicieron suficientes entrevistas en el corregi-

miento que hubieran demostrado que los reclamantes no son víctimas, no tienen

vocación campesina, mintieron en la etapa probatoria y no pueden demostrar po-

sesión. Esta argumentación, sin embargo, resultó insuficiente pues se trataba de

demostrar la condición de vulnerabilidad y el vínculo con la tierra.

Los terceros manifiestan entonces que les queda una gran sensación de zozobra e

inseguridad frente a sus escasas garantías frente a la justicia, por la falta de recono-

cimiento de sus vínculos con la tierra.

Dada la complejidad del caso, aún no se ha presentado un fallo

LECCIÓN APRENDIDA

Es fundamental asegurar la defensa del tercero y más si este se encuentra en con-

diciones de vulnerabilidad.

LECCIÓN APRENDIDA

Es necesario hacer una lectura inicial más cuidadosa que permita leer con más

detalle los impactos de la restitución en el territorio.

PREGUNTAS

¿Cómo tratar a un tercero?, ¿cuál es la articulación institucional más afectiva para

la defensa del tercero?, ¿hasta qué punto el reclamante ha sido victimario?, ¿qué

tanto se conoce el contexto a la hora de admitir a un reclamante en el registro?,

¿cuál es la condición del derecho?, ¿cómo proteger la dignidad del tercero?, ¿cómo

no crearle un estigma?

- 195 -


POSFALLO

¿FALLO?

El proceso genera muchas complicaciones por la situación social de los predios. Por

ello, más de un año después no se ha emitido fallo. Se está solicitando incluso a la

URT una propuesta de división de los predios.

LECCIÓN APRENDIDA: La complejidad social de los “Casos fáciles” los hace demora-

das en la instancia judicial.

CONCLUSIONES

Se retoman las preguntas iniciales:

• ¿Cómo generar insumos, conocimientos y formas adecuadas de puesta en práctica de normas y procedimientos jurídicos de restitución?

A partir de este caso, la URT aprendió a hacer el proceso. Se identificaron aspectos que no funcionan y buenas prácticas a implementar. Este fue el esquema de trabajo:

Microfocalización Análisis previo Notificación

y comunicaciones

Información registro Proceso Judicial Otros

Actividades - Análisis de seguridad, condiciones de retorno

y solicitudes

- Estudio de solicitudes y zona (20 días)

- Oficio C12RT (1 día)

- Concepto de seguridad (1 semana)

- CORLT (medio día)

- Contacto víctimas

- Resolución microfocalización

- Mapa zonas

- Abogados ATP

- Identificación

víctimas

- Identificación

catastral del

predio

- Aproximación

contexto

- Núcleo familiar

- Resolución de inicio

(2 días)

- Logística unidad, fuerzas

armadas, municipios JAC

- Comunicación a terceros

(10 días)

- Resolución de prubas

(1 semana)

Recolección de fuentes co-

munitarias e institucionales

- Presentación de pruebas

de terceros

Identificación plena de

solicitudes y de predios

Todas las pruebas realiza-

das, analizadas e informes

técnicos presentados

- reclamaciones ante juez

Actividades de apoyo:

archivo y estadística

Tiempos 1 semana - 20 días 3 semanas 15 días 1 mes y 1 semana 3 semanas

Recursos 1 abogado

1 ingeniero catastral

1 abogado de atención al público

1 social

1 abogado

1 catastral

1 abogado

1 social

1 catastral

Logística

1 abogado coordinador

1 abogado de apoyo

1 social

1 catastral

1 abogado

sociales

catastral

Ingeniero

- 196 -


Más allá del aprendizaje sobre el proceso administrativo, el caso mostró los retos del trabajo con segundos ocupantes, evidenció el funcionamiento de ciertas estrategias de despojo,

mostró el uso de la Ley 160 en los procesos de despojo, planteó el reto de los común y pro indiviso y cooperativas campesinas, mostró formas ilegales de aplicación de la condición

resolutoria, etc.

• ¿Cómo reducir los posibles impactos negativos del proceso?

Queda claro que pequeños detalles como el buen tratamiento a “terceros”, la búsqueda cuidadosa de información del caso, la integralidad en las pretensiones, tener en cuenta los

aspectos sociales en la delimitación de los predios, tener en cuenta a las autoridades locales, entre otros, reducen considerablemente los impactos negativos. Sin embargo, estos

detalles deben ser acompañados por aspectos de fondo como reconsiderar la forma en que se entienden las metas y replantear los análisis previos a la microfocalización.

• ¿Cuáles son las herramientas idóneas y eficaces para que se dé una restitución basada en la justicia, la verdad y la reparación?

El caso muestra que más allá de las herramientas jurídicas y del desarrollo de procesos técnicos impecables, son necesarias condiciones políticas, sociales e institucionales funda-

mentales que garanticen la verdad, la justicia y la reparación. Legitimar el proceso de restitución a través del aumento de metas puede llevar a involucrarse en múltiples casos como

este, donde solo se pueden aumentar las complejidades de las zonas de conflicto. En cuanto a los aspectos sociales, el caso muestra la multiplicidad de “grises” que existen en los

territorios: solicitantes que se han involucrado con los actores armados, “terceros” que también son víctimas, etc. Uno de los grandes retos de la ley es aprender a manejar estos gri-

ses. Finalmente, el apoyo institucional local y la reconstrucción de las instituciones cooptadas son condiciones vitales para que los procesos sean sostenibles.

• ¿Cómo lograr una restitución transformadora y justa en términos sociales?

El caso muestra que esta restitución es más probable con una mejor priorización de los casos, un análisis cuidadoso del contexto de intervención, un trabajo cuidadoso con las institu-

ciones locales y la construcción de demandas que piensen el proceso de restitución desde la complejidad jurídica y social. La posibilidad de justicia y reparación, sin embargo, supera

con creces el escenario jurídico.

Notas al pie1. Para 1996, el 86,4 % de los propietarios poseían predios de menos de 20 ha y ocupaban el 17,8 % del área total, mientras el 2,9 % de propietarios de predios mayores a 100 ha poseían el 51,2 %; para el

2004, propietarios de predios menores a 10 ha (86 %) se reparten el 15 % del área y los dueños de predios mayores a 100 ha (3%) concentran el 55% del territorio (Gaviria y Muñoz, 2007, pp. 9-46).2. “Esta importancia geográfica recae básicamente en (su ubicación) en el Nudo de Paramillo, donde muere la cordillera Occidental y nacen las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, así como los

ríos Sinú y San Jorge” (Gaviria y Muñoz, 2007 , pp. 9-46).3. Se tendrá en cuenta, en este caso, la tipología construida por la superintendencia delegada para la protección, la restitución y la formalización de tierras.4. Las Organizaciones Forjando Futuros y Tierra y Vida documentaron también 768 casos de despojo en Urabá y establecieron la siguiente tipología (Moncada, 2011).5. Documento borrador de caracterización y recomendaciones frente al riesgo de líderes reclamantes de tierras elaborado por Pastoral Social.6. Documento borrador de caracterización y recomendaciones frente al riesgo de líderes reclamantes de tierras elaborado por Pastoral Social.7. Informe jurídico presentado por Álvaro Germán Torres, Yadira Mena y Juan Camilo Sánchez.

DOCUMENTACIÓN CASO CHIBOLO

PROCESO ADMINISTRATIVO HASTA INICIO ETAPA JUDICIAL

Pregunta central

¿Qué buenas prácticas y lecciones aprendidas logran identificarse en la etapa administrativa,

del caso piloto de restitución de tierras en el municipio de Chibolo en el departamento de Mag-

dalena?

Fuentes

Documentos previos del caso.

Documentos del proceso.

Entrevistas a funcionarios involucrados en el caso, funcionarios de la región Mag-

dalena, Corporación Yira Castro.

- 198 -


Síntesis del caso

• En el marco de la acción de la ANUC, y con el apoyo de la Alianza Obrero Campesina y Popu-

lar, un grupo de campesinos invadió en la década del ochenta la hacienda La Pola.

• Iniciaron gestiones ante el Incora para comprar el predio rural denominado hacienda La

Pola, conformado por los globos de terreno denominados La Pola, El Radio, Las Toluas, Santa

Rosa y Villaluz, ubicados en los municipios de Plato y de Chibolo, Magdalena.

• Desde 1982, las FARC han tenido influencia en la región a través de los frentes 19, 35 y 37.

El ELN, a través de los frentes Francisco Javier Castaño y Domingo Barrios.

• Desde la década del setenta los paramilitares hicieron presencia en el departamento del

Magdalena. En la década del noventa incursionaron las AUC a través del Bloque Norte, el Frente

de Resistencia Tayrona, el Frente Contrainsurgencia Wayúu y el grupo de Chepe Barrera.

• A nivel militar, Chibolo se constituía en un lugar estratégico, facilitaba la movilidad de armas,

drogas y hombres desde la frontera con Venezuela hasta el mar Caribe. Se convirtió también en

lugar de almacenamiento de productos del narcotráfico y ganado robado. Además, permitía el

acceso a las líneas férreas de transporte de carbón, a las plantaciones de palma del Cesar y al

oleoducto Caño Limón- Coveñas.

• Por ello, Jorge 40 y sus hombres instalaron allí una base de operaciones desde la cual ejer-

cieron control territorial, militar y político.

• El 19 de julio de 1997, Jorge 40 citó en el sitio conocido como El Balcón a todos los ha-

bitantes de las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua. Allí les anunció “que él necesitaba las

tierras de La Pola”, e informó que “quienes tuvieran título se les pagaría a cien mil pesos la hec-

tárea y a quienes no tuvieran, se les pagarían las mejoras”. El plazo para salir fue inicialmente de

ocho días, que se convirtieron en quince ante la súplica de miembros de la comunidad. El éxodo

se aceleró con los asesinatos de Ricardo Barrios y José de Jesús Henao. A los quince días toda

la comunidad de La Pola salió desplazada.

• Los hechos afectaron a 37 familias de las veredas y 105 del corregimiento que se desplaza-

ron hacia Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Venezuela, y algunos al casco urbano de Chibo-

lo. Muchos de ellos no recibieron ayuda estatal ni fueron incluidos en el RPTD.

- 199 -


• En el 2000, Chibolo se constituye en la sede del inicio de los acuerdos entre la clase política

y empresarial y los paramilitares.

• Entre el 2003 y el 2005 se consolidó el proceso de despojo de 1997 con la revocatoria de

los títulos otorgados por el Incora, pues aplicó la caducidad de las adjudicaciones por el aban-

dono de las tierras por parte de los beneficiarios, sin tomar en cuenta el desplazamiento de las

comunidades.

ANTECEDENTES

• JUSTICIA Y PAZ: la desmovilización del Bloque Norte, en el marco de la Ley 975 de

Justicia y Paz, motivó a múltiples familias, lideradas por Orlando Yañez, a regresar. A

su llegada, los campesinos encontraron que sus tierras estaban ocupadas por terceros

llevados por Agustín Perea, desmovilizado paramilitar. La población desplazada y los

repobladores decidieron hacer un pacto en el que acordaron que ambos grupos saldrían

de La Pola mientras el Estado decidía para quién era la tierra. Se presentó un nuevo

intento de retorno el 15 de enero de 2007, para este momento ya los invasores habían

salido y la comunidad se instaló de manera definitiva en La Pola. Sin embargo, el 7 de

julio de 2008 se iniciaron lanzamientos y desalojos a los campesinos.

LECCIONES APRENDIDAS

Es necesario recolectar la mayor información posible en la construcción de los casos

(fuentes institucionales escritas y verbales, fuentes comunitarias variadas).

ANTECEDENTES PRODUCTO DE INTERVENCIONES ANTERIORES

- Buena información.

- Contactos y relaciones previas con la comunidad.

- Cansancio y escepticismo de las comunidades.

- Experiencias previas de trámites que no sirvieron.

- Pésimos resultados en restitución de tierras en los casos de El Encanto y Bejuco Prieto.

- Acompañamiento débil de justicia y paz.

- 200 -


• SENTENCIA 19 DE ENERO DE 2011: la comunidad solicitó al Ministerio de Protección

y de Justicia medidas cautelares para que cesaran los desalojos. Organizaron, además,

comisiones para realizar denuncias ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Agra-

ria, Acción Social, el Incoder, la CNRR y el Ministerio de Agricultura. Solicitaron también

el acompañamiento de la ANUC-UR y de la Corporación Jurídica Yira Castro. Estas ges-

tiones condujeron a que el 19 de enero de 2011 la Corte Suprema de Justicia ordenara

al director del Incoder revocar los títulos de los predios entregados a los testaferros de

Jorge 40 y a la Fiscalía 22 de la Unidad Antiterrorismo, e investigar a los funcionarios del

Incoder, Magdalena.

• PROYECTO DE PROTECCIÓN DE TIERRAS (PPTP) (CARIBE): tras la invitación de la De-

fensoría, el caso se hizo relevante para el proyecto. Se iniciaron labores de documenta-

ción y de gestión del terreno, donde se logró la inclusión del tema en la agenda política

municipal. Se realizaron, además, jornadas de protección individual.

A partir de la documentación del caso, se estableció que la ruta de restitución debía

ser “un procedimiento administrativo de adjudicación de baldíos reservados”. En este

marco, se hizo una jornada de recolección de solicitudes con la que se empezaría el

trámite de adjudicación frente al Incoder Magdalena. En el desarrollo de ese proceso

surgieron reclamaciones de terceros. El PPTP procedió, entonces, a realizar estudios de

títulos sobre los predios Villa Luz, Santa Rosa y La Tolúa, y encontró “que los terrenos en

mención eran de propiedad privada desde inicios del siglo XX y que las adjudicaciones

realizadas en 1983 carecían de valor legal”; se mantuvo, así, la estrategia de “adjudica-

ción de baldíos reservados”, pero paralelamente se inició un proceso para declarar nulas

las resoluciones de adjudicación expedidas en 1983.

• PLAN DE CHOQUE: el Ministerio de Agricultura incluye el caso de Chibolo como “prio-

rizado” en el Plan de Choque que lanzó la administración del presidente Juan Manuel

Santos desde el 15 de octubre de 2010. En febrero de 2011, “una misión interdisciplina-

ria de trabajo, conformada por representantes del PPTP, la Unidad de Justicia y Paz de la

Fiscalía General, el Incoder, autoridades locales y el acompañamiento de la MAPP-OEA,

verificó los predios y alinderamientos, también llevó a cabo jornadas a fin de documen-

tar el estado real de las familias que ocupan y/o reclaman el derecho a sus parcelas”1.

Tanto la MAPP/OEA como la Corporación Yira Castro llamaron la atención sobre la situa-

ción de vulnerabilidad y amenaza a los líderes campesinos de la zona.

PREGUNTAS

¿Cómo enfrentar el problema de credibilidad dejado por experiencias negativas de anterio-

res intervenciones institucionales?

- 201 -


FECHAS ETAPA PREGUNTAS, LECCIONES Y BUENAS PRÁCTICASAg

osto

201

1

RECOLECCIÓN DE SOLICITUDES

Se realizó una primera jornada para la recepción de solicitudes, pero los

formularios no presentaban los datos de manera completa.

LECCIÓN APRENDIDA

Se debe tener mucho cuidado a la hora de diligenciar el formulario (a mano y digital):

verificar nombre, número de documento y fechas, pues son datos clave para la conti-

nuidad del proceso y, si este paso se hace correctamente, se evita volver a repetir las

actividades dado el corto tiempo que se tiene.

Febr

ero-

mar

zo d

e 20

12

BALANCE DE SOLICITUDES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Dado que el equipo de la Unidad Santa Martha no contaba con la suficiente

capacidad para adelantar el trámite, se conformó un equipo interdisciplinario

del nivel central de la UAEGRTD, en el que participan 4 profesionales (1 Área

de análisis Territorial, 1 Área social, 2 Área jurídica). El equipo inicialmente ac-

tuó en apoyo a las actividades de la territorial Magdalena, pero en el mes de

marzo la misma comunidad solicitó que el caso no se manejara desde lo local

sino que lo llevara integralmente Bogotá. Se decidió entonces que el caso se

manejara totalmente desde el nivel central.

BUENA PRÁCTICA

Fue imprescindible un primer acercamiento al caso de Chibolo desde diferentes fuentes

para comprender y actualizar el contexto del despojo en el territorio.

Fue también importante conocer y comprender la ubicación del territorio, los hechos

de violencia y las dinámicas del despojo, así como identificar el mapa de actores pre-

sentes en el territorio de tal forma que fuera posible ir estableciendo los factores que

podrían reforzar y apoyar o limitar u obstaculizar el proceso.

LECCIÓN APRENDIDA

En la documentación de los casos no es aconsejable quedarse solo con los folios de

matrícula. Es necesario cruzar información de diversas fuentes institucionales y

comunitarias; en este caso, se hizo con Registro de Instrumentos públicos, Catastro

e Incoder, y fue importante consultar, además, las escrituras y las resoluciones para

tener un conocimiento de caso por caso.

- 202 -


Febr

ero-

mar

zo d

e 20

12El equipo inició las labores de acopio de la información producida en la

intervención realizada por el Programa de Protección, la Comisión Nacional

de Reparación y archivos del director jurídico de la Unidad. La información

era muy general, por ello fue necesario reiniciar labores de acopio, análisis y

organización para acercarse más al contexto del despojo a través de fuentes

como Incoder, Registro, Catastro, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía,

en la ciudad de Santa Marta. Fue posible, entonces, concertar con la fiscalía

el préstamo, para digitalización, de los expedientes, declaraciones y docu-

mentos de alias Jorge 40 con el fin de establecer las dinámicas de despojo,

antiguos propietarios y transacciones realizadas en la zona microfocalizada.

Se buscó también información en prensa, pero no se encontraron suficientes

noticias relacionadas con el caso. Se tuvieron en cuenta los informes de

riesgo del SAT y un informe realizado por el Cinep sobre la zona.

Además, se realizaron contactos con organizaciones acompañantes del caso

como la Corporación Yira Castro. Se destaca que el trabajo con la Corporación

Yira Castro facilitó la comunicación con los líderes y el establecimiento de

acuerdos. De hecho, la comunidad solicita que se desarrolle el proceso con

la participación de la Corporación. Es importante resaltar que, debido a que la

Corporación había desarrollado un trabajo previo con la comunidad centrado

en temas de formación, asesoría y acompañamiento socio-jurídico, se han

construido relaciones de confianza muy importantes para el proceso.

De forma paralela, se reciben cajas con documentos y solicitudes de parte

de Santa Martha para realizar su ingreso al sistema dentro del proceso de

restitución de tierras.

PREGUNTAS

¿Cómo deben ser las relaciones con la oficina territorial cuando el caso es completa-

mente centralizado?

Actividad Recursos TiemposRecopilación y clasifica-

ción información anterior

3 funcionarios 3 semanas aproximada-

menteSolicitud a Incoder y justi-

cia y paz

1 funcionario para escri-

tura.

Solicitudes de informa-

ción.

3 funcionarios

1 semana

2 semanas aproximada-

mente

Revisión prensa 1 funcionario 1 semana aproximada-

menteContacto ONG 2 funcionarios, 3 reunio-

nes

- 203 -


Mar

zo 2

012

ACERCAMIENTOS INICIALES COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES

Después del trabajo previo de conocimiento de los casos, organización de

información, preparación de metodología, establecimiento de acuerdos con

la Corporación Jurídica Yira Castro para acompañar el proceso y coordinación

con la fuerza pública, se realizó la primera jornada en campo. Esta primera

jornada tuvo como objetivo brindar información a la comunidad, aclarar

dudas respecto a la formalización y restitución, explicar los contenidos cen-

trales de la Ley de Víctimas, diligenciar dos (2) formularios de solicitud de

ingreso al registro de nuevas personas y, en algunos, casos ampliar las entre-

vistas iniciales y otros datos. En esta fase se avanza en el diligenciamiento

historial de atención.

En esta jornada se acuerda con la comunidad establecer un cronograma de

trabajo que permita hacer seguimiento de acciones y avances del proceso.

BUENA PRÁCTICA

- El trabajo interdisciplinar riguroso puede facilitar la resolución de conflictos y riesgos

inherentes al proceso; se requiere entonces “desjuridizar” el procedimiento. Esto no sig-

nifica desconocer que se trata de un proceso judicial, sino hacerlo menos complicado,

más comprensible y manejable para las otras áreas de trabajo y para las comunidades.

- Se resalta el nivel de compromiso de los y las funcionarias. Lo anterior es fundamen-

tal en la generación de confianza con la comunidad.

- La presencia en terreno de manera periódica por parte del equipo, y respetando los

tiempos y acuerdos con las comunidades, contribuye sin duda a ese reconocimiento

mutuo.

- Sobre los historiales de atención, es importante que el manejo de consecutivos co-

rresponda con los materiales físicos y los audios de archivo que se graban. Bajar de

manera organizada y referenciar las fotos y grabaciones que se hagan para subirlas al

sistema en el menor tiempo posible será un insumo muy importante para el acopio de

la información del caso.

- Definir el cronograma de trabajo con la comunidad posibilita que las personas com-

prendan de mejor manera las distintas etapas del proceso, y que puedan conocer y

hacer seguimiento de sus avances.

- 204 -


Mar

zo 2

012

MICROFOCALIZACIÓN

De acuerdo con la información recogida, en la decisión de microfocalización

de Chibolo influyeron tres elementos: i) la priorización de la zona en el marco

de acción del Gobierno nacional, ii) la dinámica acelerada por evidenciar pú-

blicamente el inicio de trámites del proceso de restitución y iii) la experiencia

derivada de trabajos previos en la zona.

Uno de los aspectos que más preocuparon al equipo de la Unidad fue la forma

en que debían priorizarse los casos a trabajar en esta primera etapa, pues,

siendo consecuentes con el principio de gradualidad de la ley, no era viable

llevar a cabo ni el estudio previo ni el trámite administrativo de la totalidad de

los predios objeto de despojo. En este caso, el equipo de la Unidad informó a

la comunidad sobre la necesidad de trabajar unos casos primero que otros.

Al respecto, los profesionales refieren que la comunidad entendió el tema de

priorización, pero, a su vez, fue ella misma quien contribuyó a identificar los

casos que debían priorizarse de acuerdo con el cronograma de trabajo. Estos

fueron los predios de Villa Luz (predio del municipio Plato), Santa Rosa y la

Tolua, por tratarse de los predios más cercanos y los que estaban más organi-

zados para iniciar los procedimientos.

Se solicitaron los conceptos de seguridad sobre el municipio que dan lugar

a dos resoluciones. Quedaron, sin embargo, muchas dudas en la comunidad

sobre el concepto de seguridad, pues existían denuncias de amenazas por

parte de la población. Para ellos, era claro que el escenario de conflicto había

cambiado, pero no había un punto final. Esto hacía que persistieran formas

sutiles de violencia y riesgo para las comunidades.

LECCIÓN APRENDIDA

- No se está hablando del conflicto en pasado. Persisten situaciones de violencia. Por

ello, es importante analizar y cualificar la discusión respecto a la seguridad como as-

pecto crucial para el proceso de restitución.

- Fortalecer el análisis de contexto y la incidencia que aspectos estructurales como la

continuidad del conflicto armado; la cooptación y la corrupción institucional en las re-

giones; las condiciones socioeconómicas de pobreza y marginalidad; las situaciones de

informalidad de la tenencia; la desconfianza en las instituciones, y la ruptura de redes

sociales tienen en el proceso de restitución.

- Analizar y prever el incremento de riesgos y el surgimiento de nuevas situaciones que

afecten a los líderes y comunidades por efecto de los procesos de restitución que se

adelanten.

PREGUNTAS

¿Qué acciones, alternativas o procedimientos se deben considerar en los casos en los

que las percepciones sobre la seguridad entre instituciones y comunidad no coinci-

den?

¿Qué impactos, aprendizajes o relaciones tiene el proceso de desmovilización realiza-

do previamente para el proceso de restitución que se adelanta en la actualidad?

¿Cómo lograr leer el contexto de una forma dinámica y, a partir de esa lectura, tomar

decisiones respecto a la forma que debe tomar el proceso de restitución en una región?

Actividad TiemposEvaluación y toma de decisiones Permanente, no es posible delimitar un

tiempo.Priorización y convocatoria de los bene-

ficiarios

1 semana

Concepto de seguridad 1 semana

- 205 -


Abril

2012

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE INICIO

Para desarrollar este proceso, se debieron sortear algunas demoras por trá-

mites administrativos y definición de aspectos técnicos en el nivel jurídico

central de la Unidad que eran determinantes para el caso. Por ejemplo, los

requisitos para codificar los actos administrativos (se hicieron uno a uno) así

como la estructuración de los actos administrativos de inicio de estudio no

eran claros en ese momento y no se contaba con lineamientos precisos. La

falta de lineamientos ocasionó en el equipo la realización de trabajo adicio-

nal.

Una vez concluidos los actos de inicio y de prelación (estos se realizaron casi

que de forma paralela a la microfocalización) se hicieron las diligencias de

comunicación y notificación en el mismo predio (lo anterior considerando

que se trataba de una comunidad que había regresado y se encontraba en

los mismos predios).

Para esta actividad, se organizaron de manera previa los paquetes para cada

persona con los siguientes documentos: resolución de inicio, comunica-

ción-notificación y los respectivos soportes.

Durante la notificación, se pudo hacer la reconstrucción de los predios, levan-

tamientos topográficos y avanzar en propuestas de proyectos productivos,

con lo cual se optimizó el tiempo y el esfuerzo que significa movilizar varios

profesionales a la zona.

LECCIÓN APRENDIDA

- En el proceso de notificación, es fundamental el acompañamiento de la comunidad

y la preparación previa de los materiales. Dichas jornadas resultan estratégicas para

complementar la información sobre los casos, además las personas pueden compren-

der cuál es el sentido de la notificación, para qué se comunica.

- Se deben prever los aspectos logísticos como el transporte y las estacas para fijar la

notificación.

- Deben establecerse claridades sobre el acompañamiento de la fuerza pública. Es

posible que sean más pertinentes acciones de control perimetral en las zonas que

acompañamiento personalizado a los funcionarios en las distintas tareas por lo especí-

ficas que son o porque las condiciones del terreno no permiten que se movilicen a pie y

eso limita su apoyo (en este caso, se requería desplazarse en caballos y el Ejército no

tenía esa facilidad).

PREGUNTAS

Dada la importancia de los proceso de notificación para la recolección de información

¿Qué persona (s) del equipo de la URT debe notificar?

¿Cómo hacer una priorización coherente y que responda a las demandas del contexto?

Actividad Recursos TiemposActos de acometimiento 3 funcionarios

con 2 apoyos extras

3 jornadas

Organizar paquetes y ma-

teriales

1 funcionario 1 jornada

Notificaciones 1 funcionario 3 días

ComunicacionesLogística acompañamiento 1 funcionario Permanentemente y

trabajo vía telefónica

- 206 -


Abril

2012

De acuerdo con el cronograma de trabajo que se estableció con la comunidad

en marzo, se planeó y organizó una reunión interinstitucional con funciona-

rios locales (personero de Plato, alcaldesa de San Ángel), regionales, nacio-

nales (Defensoría del Pueblo, Unidad de Víctimas, Procuraduría de Tierras,

Ministerio del Interior, Unidad de Protección y Fuerza Pública) y agencias

internacionales (Acnur, Mapp-OEA), en la que, por parte de la comunidad,

tendrían vocería 10 líderes y la Corporación Yira Castro.

A finales del mes de abril, se realizó una tercera visita para hacer la comuni-

cación específica a un predio, que no apareció en la solicitud. Además de lo

anterior, se realizó un ejercicio inicial de línea de tiempo.

Buena práctica:

- Para mantener la confianza, es fundamental cumplir el plan de trabajo establecido

con las comunidades.

- Si se busca una reparación integral y transformadora, es necesario empezar a realizar

acercamientos con diversas instituciones de orden local y nacional que garantice arti-

culación y sostenibilidad de las iniciativas.

- Organizar y promover acciones reales de coordinación y comunicación interinstitucio-

nal, entre las entidades vinculadas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que

tengan en cuenta el contexto de intervención.

Juni

o

2012

El 2 de junio se realizó la reunión interinstitucional convocada. En esta reu-

nión participaron funcionarios del nivel nacional, lo que resultó significativo

para la comunidad. Resultó importante la vocería de los líderes pues reali-

zaron denuncias sobre la situación de seguridad y se cuestionó la manera

como se dio el acompañamiento del Ejército.

Se afirmó que por competencia dentro de la ley, el acompañamiento debía

darse por parte de los carabineros, sin embargo, esta función se delegó al

Ejército sobre el que, en el contexto del despojo de la región, se tienen per-

cepciones negativas. La respuesta, por parte de Ejército y Policía, fue cuestio-

nada por los funcionarios, entre otras, porque hicieron fuertes señalamientos

al acompañamiento de la Corporación Yira Castro, lo que evidenció un amplio

desconocimiento y una fuerte polarización para el logro de la restitución en

medio de contextos de conflicto armado.

Dentro de los acercamientos institucionales iniciales se señalaron también

los ejercicios de coordinación con la Unidad de Víctimas, que se interesó

por el caso en el marco del proceso de Reparaciones Colectivas. Los funcio-

narios identificaron que este trabajo era fundamental en la medida en que

contribuiría a que la reparación iniciada con el proceso de restitución fuera

integral.

LECCIÓN APRENDIDA

Es preciso comprender la dinámica del contexto y el papel que los distintos actores han

tenido —sobre todo los institucionales— para revisar actuaciones dentro del trámite

de la restitución. Si existe desconfianza o indicios de falta de imparcialidad, se deben

pensar estrategias para que sean asumidas las responsabilidades constitucionales que

les corresponden.

- Es necesario contar con la autorización de parte de los directores de área de la sede

nacional de la UAEGRTD para que las personas de sus equipos que trabajan en los

casos cuenten con la disponibilidad de tiempo y el permiso requerido para realizar las

tareas que demanda el caso.

- En las jornadas en terreno es importante que alguien se responsabilice del segui-

miento de los acuerdos establecidos en las visitas y reuniones interinstitucionales.

- Es importante realizar acuerdos previos a las visitas a terreno en el marco de las fun-

ciones y competencias establecidas por la ley para cada una de las instituciones y la

fuerza pública.

- 207 -


Juni

o

2012

Las condiciones de vida en el municipio mostraban la necesidad de una

inversión en lo social para que la reparación fuera realmente transformadora

(en el momento del desarrollo del caso continuaban fuertes problemáticas

sobre el control de la zona, malas condiciones de infraestructura y acceso a

combustible para la movilización terrestre de las comunidades).

PREGUNTAS

¿Qué se debe hacer cuando la institucionalidad regional está cuestionada?

Actividad Recursos TiemposPreparación jornada comu-

nitaria

3 funcionarios Desde marzo a junio

Convocatoria 1 funcionario 2 semanasLogística 2 funcionario 2 díasReunión 2 junio 3 funcionario 1 díaTrabajo fase 2 predios:

Santa Martica, Planadas,

Boquilla y el Radio. Re-

colección de solicitudes,

fotocopia de documentos

Sin información 4 días (3,4,5 y 6 de junio)

Fech

a (s

in in

form

ació

n pr

ecis

a)

ETAPA PROBATORIA

Desde la primera jornada con la comunidad, se realizaron ejercicios para es-

clarecer el caso y lo sucedido. Inicialmente, se propuso como herramienta, la

realización de genogramas que permitieron reconstruir las transformaciones

de los núcleos familiares en el proceso de desplazamiento. Este ejercicio

fue de gran utilidad y generó múltiples preguntas sobre el tipo de familia que

conceptualiza la ley. De igual forma, se hicieron ejercicios de línea de tiempo

y cartografía social que buscaron comprender los vínculos con la tierra y las

transformaciones de los predios. La combinación de las dos técnicas permi-

tió “espacializar” los relatos y obtener información valiosa para los procesos.

Básicamente se indagó por ¿cómo llegaron?, ¿cómo estaban cuando se

fueron?, ¿cómo volvieron?, y ¿cómo están hoy? Dicho ejercicio convocó a

personas interesadas que aportaron información cualificada y relevante para

el caso. Los ejercicios fueron grabados en la mayoría de los casos previa

autorización de los habitantes de los predios.

BUENA PRÁCTICA

- La planeación y organización previa del trabajo en campo es indispensable para

avanzar de manera efectiva en los trámites, sortear dificultades e imprevistos y tomar

decisiones que faciliten el desarrollo de actividades.

- El ejercicio de genogramas resultó innovador a nivel metodológico y provechoso en el

desarrollo del proceso. Adicionalmente, se considera una buena práctica, en este caso,

la inclusión de un CD con las fotos y los genogramas digitalizados en el expediente.

- Es aconsejable combinar la línea de tiempo con la cartografía social.

- Es útil grabar los ejercicios para el detalle o revisión de aspectos del caso con poste-

rioridad.

- 208 -


Fech

a (s

in in

form

ació

n pr

ecis

a)Los ejercicios de recolección de información mostraron que, en este caso, el

vínculo con la tierra está inscrito en luchas históricas. Los funcionarios des-

tacaron que los solicitantes manifestaban que con los títulos “quedan más

tranquilos”, “aseguran el patrimonio”, “sienten que pueden morir en paz”. En

el caso no solo se presenta una lógica de reclamo por la tierra como resultado

de la victimización, se trata de una reivindicación social que va más allá de

los mismos hechos del desplazamiento. Sobre el proceso de recolección

reflexionan, además, los funcionarios sobre los retos de iniciar el proceso de

restitución sin una fase previa de aclaración de “la verdad”. Eso trae dificulta-

des al equipo que busca armar casos sólidos.

Las tareas operativas previas y posteriores a los ejercicios imponen un nue-

vo reto y es contar con el tiempo suficiente para sistematizar y aprovechar

de la mejor manera la información recogida. Las dificultades de tiempo se

sumaron a la falta de condiciones en la oficina para almacenar y trabajar la

información: “En esta fase de trabajo se presentaron algunos inconvenientes

en términos operativos relacionados con la falta de espacios adecuados para

el trabajo de lectura, organización y archivo de materiales que deben prever-

se para que no afecten el procedimiento. De igual forma, se percibieron difi-

cultades en cuanto a la comunicación interna y el trabajo interdisciplinario”

(entrevista funcionarias Unidad de Tierras).

LECCIÓN APRENDIDA

- Es necesario prever los tiempos y las estrategias de sistematización de la información

recolectada con la comunidad.

PREGUNTAS

¿Es posible hacer restitución sin realizar procesos de esclarecimiento de la verdad?

¿Cuándo es prudente iniciar los procesos de postrestitución?

¿La aplicación de la ley puede generar nuevos conflictos comunitarios? ¿Se podrían

prevenir?

¿Cómo no violentar dinámicas de la ruralidad que son lejanas a la ley?

¿Cómo manejar y aprovechar toda la información recogida fruto de las narraciones de

las víctimas?

Julio

2012

ACTO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO

A comienzos del mes de julio se realizó el ingreso de las notificaciones al

registro.

Agos

to

2012

ETAPA JUDICIAL Y PRESENTACIÓN DE LAS DEMANDAS

El 3 de agosto diversos medios de comunicación registraron el acto mediante

el cual el director de la Unidad de Restitución radicó las primeras 22 deman-

das de restitución en el caso Chibolo. De forma previa, el Presidente había

hecho presencia en la zona generando altas expectativas frente al proceso.

LECCIÓN APRENDIDA

- Es necesario concertar con la comunidad la participación de actores externos, como

periodistas, de tal forma que no se generen problemas de seguridad o malos entendi-

dos. Se deben establecer criterios claros para las visitas de periodistas, lo que implica

planear y organizar los objetivos, las personas con las que hablarán etc.

- 209 -


Agos

to

2012

Después de la presentación de las demandas, surgen múltiples cuestiona-

mientos por la ruptura de acuerdos previos con la comunidad, en los que se

había establecido no presentar todas las demandas.

Para esta fecha, el procedimiento se encontraba en la etapa de inicio del

trámite judicial a partir de la radicación de la primera demanda sobre un pre-

dio de los varios que conforman el caso. La corporación Yira Castro asumió

también, por decisión comunitaria, la presentación conjunta con la Unidad de

Tierras.

PREGUNTAS

Es importante evaluar si se incrementa el nivel de riesgo de los reclamantes con la

exposición mediática.

¿Cómo lograr un buen empalme de los casos entre la Unidad y quienes asumen la re-

presentación de los casos?

OPORTUNIDADES

- Aprovechar los aciertos de esta experiencia, retomando los acuerdos establecidos con la comunidad de tal manera que se fortalezca la confianza en el proceso de restitución y, por

ende, los resultados del proceso.

RETOS Y RIESGOS

- El derecho a la participación dentro del proceso de restitución ha sido uno de los temas más debatidos y cuestionados por organizaciones de víctimas y acompañantes, y representa

un reto enorme para el nuevo marco institucional que se suma a la complejidad de aspectos que contiene la restitución.

- Para que la restitución sea un proceso efectivo e integral, debe darse a partir del reconocimiento del trabajo de las organizaciones sociales que existen y desarrollan trabajos en las

comunidades. Las organizaciones sociales de base son las que pueden apoyar la acción institucional.

- Es un reto para la restitución de tierras, lograr procesos voluntarios, concertados y en sus tiempos que no profundicen conflictos comunitarios sino que, por el contrario, fortalezca la

relaciones y el tejido social.

- Se hace necesario analizar y prever el incremento de riesgos y el surgimiento de nuevas situaciones que afecten a los líderes y comunidades por efecto de los procesos de restitu-

ción que se adelanten.

Notas al pie1. Tomado de: http://www.mapp-oea.net/index.php?option=com_content&view=article&id=821:noticia-Chibolo&catid=83:lista-noticias-mapp-oea&Itemid=94 recuperado 11/10/2012

DOCUMENTACIÓN CASO MAMPUJÁN


Síntesis del caso

• La región de Los Montes de María se ha caracterizado por la existencia de diversos conflictos por

la tenencia de la tierra, desde mediados del siglo XX cuando se empezó a poblar la región con mayor

dinamismo.

• A partir de la iniciativa de Lleras Restrepo (1966-1970) de titulación de baldíos a arrendatarios, la

élite respondió recurriendo a la violencia para defender sus intereses; propietarios expulsaron de sus

tierras a los campesinos.

• Con el objetivo de debilitar al campesinado aún más, las élites regionales extendieron sus hacien-

das hacia las tierras desocupadas, independizándose, de esa manera, del trabajo de los campesinos.

Paralelamente, los campesinos fueron organizándose para responder a la represión y la violencia

ejercida por las élites regionales, lo que dio lugar a la fundación de la Asociación Nacional de Usuarios

Campesinos (ANUC).

• En el marco de la ANUC, los campesinos invadieron las tierras y exigieron de forma pacífica la

titulación de estos predios. Entre las décadas de 1970 y 1980, la ANUC logró que el Incora les titulara

546 fincas.

- 211 -


• El poder político de las élites permitió forjar un pacto político para impedir la implementación de la

Ley de Reforma Agraria de 1973 —el Pacto de Chicoral—, lo cual terminó por debilitar notablemente

el movimiento campesino.

• Los primeros grupos guerrilleros en instalarse en la región fueron el ELN, el PRT, el EPL. Las FARC

no entraron en la región hasta que se desmovilizan algunos de estos grupos entre finales de los

ochenta y el 91 (véase Fundación Ideas para la paz, PODEC, 2011, p. 37-41).

• El surgimiento del paramilitarismo en los noventa obedece al forjamiento de unas complejas alian-

zas entre diferentes grupos sociales, entre actores legales e ilegales, con el interés de adelantar, por un

lado, la lucha antisubversiva contra las FARC y, por el otro, de oprimir al movimiento campesino.

• Las guerrillas tuvieron el control hasta mediados de los noventa1 cuando los grupos de autode-

fensas repelieron agresiones como el secuestro y la extorsión que afectaban a los grandes propieta-

rios; luego, se reconfiguraron en estructuras que disminuyeron militarmente a la guerrilla. La falta de

control territorial, por parte de los paramilitares, y un dominio claro de las guerrillas son unas de las

razones por las que los primeros deciden ejercer violencia indiscriminada, vía masacres y asesinatos

selectivos.

• El 10 de marzo del año 2000, un grupo de cerca de 150 hombres pertenecientes al bloque Mon-

tes de María de las AUC, al mando de Rodrigo Mercado, alias Cadena, que portaban armas y prendas

de uso privativo de las fuerzas militares, ingresaron de manera violenta a la población de Mampuján,

zona de María la Baja, anunciando a sus habitantes que debían salir de allí antes de la madrugada del

día siguiente, so pena de que les ocurriera “lo mismo que a la comunidad de El Salado”.

• Los pobladores de Mampuján salieron sin tener oportunidad de sacar ninguna de sus perte-

nencias. Dentro de esta misma incursión paramilitar se produjo la masacre en la vereda Las Brisas,

en María la Baja, Montes de María, ejecutada bajo las órdenes de Edgar Cobos alias Diego Vecino (El

Espectador, 2010). El objetivo de la masacre fue aterrorizar a la población tras el asesinato de 13

pobladores que se consumó con el desplazamiento de buena parte de la población de Las Brisas, San

Cayetano y Mampuján.

• Según la Fiscalía, y con base en la información proporcionada por la Personería de María la Baja,

la incursión paramilitar tuvo como consecuencia la victimización masiva de la población del corregi-

miento, lo que provocó el desplazamiento de 338 familias que incluyen a 1554 personas víctimas.2

Los desplazados de Las Brisas se refugiaron mayoritariamente en las veredas vecinas como Pelerlo-

jo, Aguas Blancas, Arroyo Hondo o Casinguí; las víctimas del corregimiento de Mampuján se asentaron

en su mayoría en Nuevo Mampuján o Rosas de Mampuján.

- 212 -


ANTECEDENTES RELATIVOS AL CASO DE MAMPUJÁN REFLEXIONES

• Implementación de medidas de protección colectiva. De conformidad con la Ley 387 de 1997,

los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia tenían la

facultad de declarar la protección de aquellos predios que corrieran riesgo al momento de la ocu-

rrencia del desplazamiento de quienes ostentaban para ese momento la calidad de propietarios,

poseedores, ocupantes o tenedores de estos. En cumplimiento de este marco normativo, el Comité

de Atención Integral a la Población Desplazada del municipio de María la Baja (Bolívar), mediante

Resolución N° 001 de mayo 26 de 2007, declaró formalmente el desplazamiento de los pobladores

de los corregimientos de Mampuján y San José del Playón, la vereda Santafé de Hicotea y el caserío

de El Limón. En desarrollo de la misma resolución, se solicitó información a algunas entidades pú-

blicas (Incoder, IGAC, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena) y organizaciones

comunitarias o sociales, a través de lo cual se logró establecer los nombres de algunos propietarios,

poseedores, ocupantes y tenedores que se encontraban dentro del área protegida. Asimismo, y con

base en la Resolución N° 089 del 14 de diciembre de 2007, se avaló la información recogida de parte

de las entidades públicas y organizaciones sociales y comunitarias consultadas, que quedó recogida

dentro del Informe de derechos sobre predios y territorios.

• Registro Único de Predios y Territorios Abandonados. Al Incoder le corresponde llevar un registro

de los predios abandonados como consecuencia del conflicto armado (artículo 19 de la Ley 387 de

1997), denominado Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), donde se consigna

la información sobre todas las medidas de protección patrimonial implementadas en favor de las

personas que han sido víctimas del desplazamiento y abandonaron sus predios como consecuencia

de los hechos de violencia perpetrados en su contra, o en contra de las poblaciones y comunidades

de las que eran parte.

Teniendo en cuenta que la Unidad de Restitución de Tierras está conformada

por un número importante de profesionales que hacían parte del anterior

Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio, y en razón del conocimiento

profundo del caso y la confianza que dicho proyecto había alcanzado con

las comunidades afectadas de Mampuján, y en general en toda la región de

Montes de María, las actividades de la Unidad fueron bien recibidas por las

víctimas, quienes desde el inicio ofrecieron toda su colaboración y apoyo en

el proceso de restitución que se avecinaba.

Contar con un liderazgo claro y cualificado, facilitó el proceso al servir de

puente entre instituciones y comunidad.

- 213 -


• Proyecto piloto adelantado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

Con base en el artículo 51 de la Ley 975, numeral 7, le correspondía a la CNRR “coordinar la actividad

de las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes”, que, según el artículo 52, eran “las respon-

sables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de

bienes” en el marco de los procesos judiciales adelantados en aplicación de la citada ley. Precisa-

mente, y con miras a reglamentar la estructura y el funcionamiento de las Comisiones Regionales

de Restitución de Bienes, se profirió el Decreto 176 de 2008, con base en cual la CNRR decidió ade-

lantar entre los años 2009 y 2010 un proyecto piloto de restitución de bienes con la comunidad de

Mampuján, que fue ejecutado en articulación con la Organización para las Migraciones (OIM) y la Cá-

mara de Comercio de Cartagena. Sin duda, el proyecto piloto constituye un antecedente fundamental

para el proceso de restitución de tierras que se adelanta en cabeza de la Unidad de Restitución de

Tierras Despojadas, en tanto contribuyó a la individualización de los núcleos familiares, la ubicación

de las víctimas, el acopio de los documentos que demostraban la relación con el predio de algunas

víctimas, entre otros aspectos.

• Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justica del 27 de abril de 2011 en el marco de los

procesos de justicia y paz. A través de esta sentencia de segunda instancia, se resolvió de manera

definitiva lo relacionado con los hechos ocurridos el 10 y el 11 de marzo del año 2000, en Mampuján.

Esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia no solo representa el principal antecedente del caso,

sino que, además, se trata de la primera sentencia en firme que se produjo en aplicación de la Ley

975 de 2005, razón por la cual despertó el interés general de quienes hacían seguimiento minucioso

de este proceso por diferentes motivos, ya que, además, se constituía en el más importante referen-

te jurisprudencial a tener en cuenta dentro de dicho proceso. Para el caso Mampuján, significa prác-

ticamente su principal sustento en materia probatoria, pues se trata de una sentencia proferida por

el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria como también de la especializada de justicia y paz.

Según se ha dicho, con esta sentencia, así como también con la proferida por el Tribunal Superior de

Bogotá en primera instancia, quedó plenamente demostrado el desplazamiento forzado de la pobla-

ción de Mampuján, así como las otras conductas delictivas proferidas en su contra.

En cuanto al tema de la restitución de las tierras, manifiesta que es procedente la formalización de

los títulos sobre los predios que ostentaban los habitantes de San Cayetano y Mampuján cuando

fueron sacados de su territorio.

- 214 -


• Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. La sentencia pro-

ferida para el caso de Mampuján indica que sería Acción Social el ente encargado de coordinar el

proceso de formalización. Teniendo en cuenta que en esa época el Proyecto de protección estaba

encargado del tema de tierras en esa institución, se le asigna la función de coordinar el proceso con

el Incoder y la CNRR de la ciudad de Cartagena. Así, el caso de Mampuján cuenta con un legado im-

portante de trabajo adelantado por el Proyecto de Protección de Tierras. Asimismo, de la experiencia

acumulada por el Proyecto de Protección se supo que la comunidad contaba con una estructura

organizativa y un liderazgo muy fuerte, lo cual les había permitido desarrollar una especialización de

algunos líderes conforme a las temáticas a tratar: así, algunos(as) asumieron lo relacionado con las

indemnizaciones administrativas, algunas líderes se ocuparon de todo lo relacionado con los temas

de mujer, y otros se interesaron por lo referente a la representación política de la comunidad y la

formalización de las tierras. Según los mismos integrantes de la comunidad, esta figura de distribuir

las responsabilidades con base en un conocimiento especializado surge a partir de la necesidad de

construir puentes de comunicación entre las instituciones estatales y las víctimas.

ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

FECHAS ETAPA PREGUNTAS, LECCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS

Agos

to- d

icie

mbr

e de

201

1

Del proyecto de protección a la Unidad de Restitución de tierras. Una vez asignada

al Proyecto de protección la tarea de llevar a cabo el proceso de formalización en la

comunidad de Mampuján, se encarga esta tarea a dos profesionales en Bogotá: una

abogada del equipo de formalización del proyecto y un ingeniero catastral. La primera

actividad consistió en recoger toda la información que, desde la CNRR principalmente

y otras instituciones, se pudiera obtener acerca de las acciones adelantadas con la co-

munidad, pues Mampuján era una comunidad que había sido acompañada por varios

estamentos, por varios años y, por tanto, antes de ingresar a la comunidad para volver

a preguntar lo mismo, se hacía necesario revisar la información existente. En ese mo-

mento se presentaron dos inconvenientes: la demora en la entrega de la información

por parte de la CNRR, la cual no se logró recoger en su totalidad, y, una vez revisada la

información existente, algunos vacíos y contradicciones. A pesar de ello, fue posible

Lección aprendida

El hecho de iniciar el camino de la restitución con un caso conocido, que per-

mitiera avanzar y ajustar el procedimiento, parece ser una decisión acertada.

Preguntas

¿Cuáles fueron los argumentos que sustentaron realizar un proceso de restitu-

ción, cuando ya había una sentencia que obligaba a la formalización de las tie-

rras? ¿En qué aspectos beneficiaba esta decisión a la comunidad? ¿El camino

de la restitución lograría avanzar en la reparación integral y el goce efectivo a

los derechos sobre el territorio de la comunidad de Mampuján?

- 215 -


Agos

to- d

icie

mbr

e de

201

1identificar algunos problemas jurídicos con los predios, por ejemplo la existencia de

predios que se encontraban en baldíos o que la persona a la que se le había protegido

el predio ya había fallecido. De otra parte, hacía falta hacer los levantamientos topo-

gráficos para establecer con mayor exactitud los derechos de la comunidad sobre las

tierras (por acuerdo entre el proyecto de protección y el líder de tierras de Mampuján,

los levantamientos se hicieron finalizando el 2011).

Así, hasta agosto del 2011 aún se hablaba de formalización para el caso Mampuján.

No obstante, luego de la expedición de la Ley 1448 y con la idea de ir avanzando en la

conformación de casos de aplicación de la Ley 1448, se comienza a hablar de restitu-

ción para Mampuján. Aunque no hay una versión única al respecto, los entrevistados

señalan que la principal razón para cambiar el carácter de formalización a restitución

en Mampuján se debió a que el nuevo proceso de restitución podría abarcar otros

temas como los derechos a ocupantes en tanto la formalización dejaba por fuera estos

casos. Así, desde la Dirección General de la Unidad de Restitución de Tierras, se prio-

riza a Mampuján como caso piloto de restitución, con la indicación de retomar todo lo

avanzado desde el proceso de protección a nivel nacional.

Febr

ero

de 2

012

Registro y recolección de solicitudes. Las contradicciones que se desprendieron de

la información institucional procedente de la Comisión Nacional de Reparación y Re-

conciliación y otras instituciones sobre las relaciones jurídicas de las víctimas con sus

predios abandonados motivaron la decisión de la Unidad —nivel nacional— de hablar

directamente con las víctimas para comparar la información ya disponible con sus

propias versiones.

Los diálogos con la comunidad de Mampuján inicialmente se hicieron al establecer

relación con los líderes de la comunidad, y particularmente con el líder especializado

en tierras. Inicialmente, la relación con este líder generó dificultades toda vez que para

la época de la Comisión Nacional de Reparación, a este líder se le pagaba una mensua-

lidad. Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras no tenía recursos económicos

para continuar con esta práctica.

Buenas prácticas

- La primera buena práctica radica en el hecho de haberse apoyado en lo rea-

lizado con anterioridad por otras entidades o programas, en este caso por el

Programa de Protección de Tierras y la CNRR, pese a que la información no tuvo

la calidad esperada. Esto significa que muy seguramente en la gran mayoría

de los procesos de restitución habrá que revisar trabajos previos que podrán

servir de soporte.

Por otra parte, el trabajo que se hizo con la comunidad deja claro que a partir

de esa interacción se puede lograr que ella misma apoye la labor de la Unidad

en cada uno de los predios microfocalizados.

- 216 -


Febr

ero

de 2

012

Esta experiencia permitió a la Unidad tener presente la necesidad de contar con un

acompañamiento del área social que le facilitara herramientas o mecanismos para

responder a los problemas en la comunicación entre la entidad y las víctimas, particu-

larmente en la forma como se iban a acercar a la comunidad y los acuerdos con el líder

de tierras. Este hecho dejó la enseñanza de no enfocarse exclusivamente en asuntos

jurídicos y técnicos, sino también en la urgencia de contemplar la estrategia de acceso

y relación con la comunidad para tratar las necesidades e inquietudes de sus integran-

tes antes de plantear las labores más técnicas del proceso. La Unidad sacó provecho

de este aprendizaje y recurrió al apoyo de las trabajadoras sociales de la dirección

social del nivel nacional, quienes realizaron un taller con la comunidad, así como otras

actividades, entre ellas construir una línea de tiempo sobre la base de los testimonios

de las víctimas, que no solo sirvió para adelantar la recolección de pruebas, sino tam-

bién para recuperar la relación de confianza. Es de anotar que la comunidad estaba un

tanto insatisfecha con los pocos resultados en la aplicación de la Sentencia de Justi-

cia y Paz, lo cual fue otro asunto que marcó el trabajo que iniciaba la Unidad.

Una vez realizado todo este proceso de contacto con la comunidad y sus líderes, se

procedió al respectivo proceso de registro, para lo cual se hacen tres jornadas (3 días)

de recolección de solicitudes de ingreso. Para ello, se contó con el acompañamiento

de profesionales de las Direcciones Jurídica, de Análisis territorial y Social que per-

mitieron el diligenciamiento del formulario, así como la recolección de información

inicial probatoria que las personas pudieron allegar. La primera sesión fue informativa

para que las personas conocieran los componentes generales de la restitución y las

implicaciones de la solicitud de ingreso al registro. En la misma jornada se informa a la

comunidad, de manera detallada, sobre las implicaciones de la restitución de tierras,

el proceso, los tiempos, los requisitos, la diferencia entre la formalización y la restitu-

ción de tierras, etc. Con miras a fortalecer el estudio de los casos, se realizaron otras

jornadas de recolección de información adicional dentro de las cuales se logró obtener

nuevas solicitudes de ingreso al registro.

- La participación activa con las víctimas, con la comunidad de Mampuján, y

en particular con sus líderes, permitió construir lazos de confianza, lo cual, sin

duda, facilitó todo el proceso administrativo que se surtió.

-Es importante destacar que el análisis de cada uno de los casos, así como la

información recopilada en su conjunto, permitió a los(as) funcionarios(as) de

la Unidad el diseño y el montaje de una estrategia de recolección de informa-

ción. El trabajo interdisciplinario fue clave en este sentido.

- 217 -


Análisis de las solicitudes y análisis previo. La metodología implementada (jorna-

das) permitió que las solicitudes de restitución de tierras contaran con información

suficiente para que la Unidad tomara la decisión de su inclusión en el registro como

mecanismo de procedibilidad para iniciar el trámite en su fase judicial. Como resultado

de ello, se dio inicio al estudio de la solicitud mediante Resolución N° 0054 del 13 de

abril de 2012.

En términos de procedimiento, la Unidad debió organizar la información recogida a tra-

vés de una base de datos en Acces en la que era posible cruzar los predios existentes

con las relaciones jurídicas de la comunidad. Este ejercicio permitió ordenar la infor-

mación y la actuación de la Unidad. En esta revisión se estableció que eran un total de

89 casos y que 57 correspondían a baldíos. La abogada de la Unidad del nivel nacional

propone empezar por estos 57 casos.

Buena práctica

Organización sistemática de la información por parte de los funcionarios de la

Unidad.

Lección aprendida

Estandarizar mecanismos para el análisis y el acopio de la información reco-

lectada.

Actividad Recursos TiemposRecopilación y clasificación

de información anterior

2 funcionarios

Solicitud información a CNRR

y otras entidadesRevisión información

Contacto líderes

Organización del caso a caso

(base de datos Acess)Preparación metodología tres

jornadasCoordinación fuerza pública

Desarrollo tres jornadas

Preguntas: ¿Bajo qué criterios se acopió información en esta fase? ¿Qué de

esta información sirvió en la fase probatoria y qué no?

- 218 -


Abril

201

2• Proceso de microfocalización.

La resolución de microfocalización en torno al caso de Mampuján es del 11 de abril

de 2012. Ese mismo día, se le comunicó a la Unidad Territorial de Bolívar su responsa-

bilidad para adelantar el trámite administrativo respecto al caso de Mampuján. Ahora

bien, la Unidad Nacional entregó a la territorial la base de datos con la información

recogida y la indicación de que se daría prioridad a los 57 primeros casos para res-

titución colectiva; sin embargo, no se realizó un proceso de empalme y de cruce de

información entre el equipo del nivel nacional que manejaba el caso y las abogadas de

la Unidad Territorial. De acuerdo con las entrevistas realizadas, esto hizo que se demo-

rara un poco el proceso pues las abogadas no comprendían cómo debía manejarse la

información de la base de datos y cómo se podrían cruzar los datos allí consignados.

Teniendo en cuenta esta experiencia, y una vez la Unidad Territorial informa a la Na-

cional que no han podido avanzar en los trámites, la Unidad Nacional se concentra en

un trabajo de intercambio de información para adelantar los casos. Para este proceso,

dos funcionarias de Bogotá se trasladaron a Cartagena para apoyar todo el trabajo de

registro de los predios microfocalizados, principalmente para el trámite de las notifica-

ciones a los ocupantes de los 57 predios, donde no hubo opositores.

• Valoración de las condiciones de riesgo y seguridad de las víctimas y los fun-

cionarios de la Unidad. Tal como lo precisaron las funcionarias de la Unidad de Tierras

tanto del nivel nacional como de la Territorial Bolívar, las condiciones de seguridad

fueron calificadas como favorables para proceder al proceso de restitución. Es impor-

tante precisar que los predios microfocalizados no tienen opositores, pues muchos de

sus ocupantes coinciden con los destinatarios del proceso.

Todo el proceso se desarrolló en calma y sin ningún tipo de contratiempos en materia

de seguridad. No obstante, no se conoce que se hayan formulado recomendaciones

específicas para acompañar a la comunidad y prevenir nuevas violaciones en la

perspectiva de no repetición que es igualmente una medida de la reparación integral.

Asimismo, se observa mucha vulnerabilidad de los funcionarios(as) de la Unidad en

el desarrollo de las diferentes diligencias, quienes tuvieron que desplazarse por sus

propios medios, quedarse hasta altas horas desarrollando las jornadas, sin la dotación

y los equipos mínimos para las tareas desarrolladas.

Lección aprendida

- Según lo indagado con las profesionales de la Unidad de Restitución Territo-

rial Bolívar, no existió ninguna participación de esta territorial en la microfocali-

zación, es decir, fue una decisión tomada desde el nivel central.

Es imperante que desde el momento en que se tenga la intuición sobre la

microfocalización de un caso, se involucre a la Unidad Territorial donde se

encuentran ubicados los respectivos predios.

- Existen mínimas condiciones que deben garantizarse para realizar el trabajo

de campo. Algunas se relacionan con la seguridad (movilizarse en carro oficial,

equipos de comunicación, identificación plena de los funcionarios con carné y

distintivos), otras con los requerimientos logísticos para desarrollar el trabajo

(impresora portátil, linternas, fotocopiadora portátil, cámaras fotográficas).

Actividad TiemposEvaluación y toma de decisiones

Permanente, no es posible delimitar

un tiempo.Priorización y convocatoria de los

beneficiariosConcepto de seguridad

- 219 -


Abril

• Notificación de las resoluciones de inicio del proceso de restitución de tierras.

El 16 de abril de 2012 se realizó la primera visita a Mampuján por parte de las funcio-

narias de la Unidad Territorial de Bolívar, con el apoyo de funcionarias del Área Jurídica

de la Unidad Nacional, en la cual se procedió a la notificación de las resoluciones de

inicio. Se hizo una jornada en la que se convocaron a los 57 ocupantes sin oposición

que corresponden a los primeros casos que se tramitaron en el proceso administrativo

en la comunidad de Mampuján. Entre el 17 y el 20 de abril se efectuaron las comunica-

ciones a las personas que pudieron estar interesadas en el predio, los propietarios, los

ocupantes o los poseedores. Para esto, se trasladó un equipo más grande de funciona-

rios(as), incluyendo dos ingenieros catastrales y un topógrafo.

La notificación fue efectuada personalmente a las víctimas durante una jornada con-

vocada para este fin. En esta actividad se aprovechó para dar mayores especificacio-

nes y explicaciones del proceso, y se aclaró que dicho trámite no implicaba la titula-

ción automática, sino que se trataba simplemente del comienzo del proceso.

Se han aprovechado los diferentes momentos y espacios para enseñar a la comuni-

dad el proceso y los trámites de la Ley, y eso se destaca como algo positivo.

Buena práctica

La realización de una jornada comunitaria para la entrega de las resoluciones

de inicio fue importante para explicar nuevamente el proceso a la comunidad y

aclarar expectativas.

Actividad Recursos TiemposPreparación visita

Convocatoria

Logística

Visitas a los predios

Preguntas

¿Qué acciones fueron acertadas en el proceso de notificación? ¿Cuáles no?

• Etapa probatoria. Teniendo presente que el caso de Mampuján poseía ya mucha

de la información requerida para proceder al registro, se llegó a pensar por parte de las

funcionarias de la Territorial Bolívar que dicho caso contaba ya con las pruebas reque-

ridas, pues igualmente así se les había informado desde el nivel nacional de la Unidad,

razón por la cual en la misma resolución que se abrió el periodo de pruebas se proce-

dió a cerrar el periodo probatorio. Sin embargo, las mismas funcionarias constataron

que la información que tenían, siendo útil, no era la completa para avanzar. Esto gene-

ró contratiempos ya que no se contaba con suficiente tiempo para anexar nueva infor-

mación, lo cual los obligó a un trabajo intenso de recopilación en un fin de semana.

Lección aprendida

Es necesaria una revisión previa para verificar que se cuenta con la informa-

ción necesaria para resolver la petición a favor o en contra del solicitante; en

un proceso tan complejo no se debe presumir nada.

Actividad Recursos TiemposRevisión previa

Solicitud de informa-

ciónConsolidación de carpe-

tas por caso

Preguntas

¿Qué tipo de pruebas fueron clave para sustentar la solicitud de restitución?

¿Cómo se articuló el trabajo de abogados, catastrales y sociales en la etapa

probatoria? ¿Qué información adicional fue necesaria y cómo se recopiló?

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• Registro de los predios. Finalmente, y después de jornadas muy intensas de

trabajo por parte de las funcionarias y los funcionarios de la Unidad de Restitución de

Bolívar, se logró recopilar y analizar toda la información requerida para decidir la via-

bilidad del registro de los primeros 57 predios de Mampuján, y se procedió, posterior-

mente, a la notificación de la respectiva resolución de registro de los predios. Con este

acto administrativo de registro, la Unidad de Restitución de Tierras da cumplimiento

a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Decreto 4829 del 2011, en el sentido de

inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a los ac-

cionantes junto con su grupo familiar en el momento del desplazamiento forzado.

Buena práctica

Para los integrantes de la comunidad de Mampuján, el haber aceptado presen-

tar las solicitudes de registro de los predios y de la restitución de estos fue el

resultado de un trabajo adecuado y efectivo con la comunidad, pues hay que

recordar que se trataba de una comunidad que ya venía tramitando la titula-

ción y la legalización sin resultados.

Preguntas

¿Qué acciones fueron acertadas en el proceso de notificación? ¿Cuáles no?

• Solicitud ante el juez de la titulación y la entrega del respectivo predio inclui-

do en el Registro de Tierras Despojadas a favor del titular de la acción. Conforme a

la demanda de restitución, la Unidad de Tierras presentó una solicitud colectiva de

restitución y formalización a la juez de restitución de Carmen de Bolívar, esto tenien-

do en cuenta que existen varias víctimas que reclaman la restitución de inmuebles

colindantes o vecinos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que afectaron los

derechos de esta comunidad son homogéneos, dado que estos fueron perpetrados

en los mismos días y por el mismo actor ilegal. Sin embargo, es necesario aclarar que

la primera solicitud que se realiza para el caso Mampuján se hace sobre 17 predios

pues, teniendo en cuenta el proceso de retraso que implicó que la Unidad Territorial y

la Nacional intercambiaran sobre la información existente, no se alcanzaron a terminar

los 57 casos previstos.

Buena práctica

Se destaca como positivo que las víctimas sean representadas judicialmente

dentro de los respectivos procesos ante los jueces de restitución de tierras.

Esta fue una de las principales debilidades del proceso de justicia y paz, es

decir, que las víctimas prácticamente carecían de representación judicial en

los procesos.

Lección aprendida y reflexión

Es urgente tratar el asunto de la representación judicial y en las alternativas

existentes al respecto, pues con el tiempo se va a afectar a las Direcciones

Territoriales de la Unidad, ya que no podrán responder ante los numerosos

casos. Si la Unidad continúa asumiendo la representación judicial, muy pronto

se desbordará en su capacidad de respuesta.

Actividad Recursos TiemposElaboración de la demanda

Presentación ante el juez

Actividades de represen-

taciónSentencia

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Una vez agotado el procedimiento establecido en la Ley 1448 de 2011, en lo relacio-

nado con la etapa administrativa del proceso jurídico establecido, y con base en la

información recopilada, así como con las pruebas aportados, la Unidad de Restitución

de Tierras, en representación de las víctimas afectadas pertenecientes a la comunidad

de Mampuján, presentó la correspondiente demanda de restitución y formalización.

Conforme a lo establecido en los artículos 82 y 105, numeral 5, de la Ley 1448 de

2011, la Unidad de Restitución de Tierras procedió a presentar la demanda de res-

titución y formalización ante la autoridad judicial competente, y una abogada de la

Territorial actuó en representación de las víctimas. Esta representación fue solicitada

expresamente por parte de las personas que hacen parte de los 17 casos presentados

de manera colectiva en la demanda.

Preguntas

¿Cómo fue la representación de las víctimas? ¿Qué se haría diferente en

próximos procesos de representación? ¿Cuál fue la reacción de la comunidad

cuando se le comunicó que la demanda se fraccionaría? ¿Cómo se manejó la

situación?

• Primera sentencia

La juez de restitución de tierra del Carmen de Bolívar profiere sentencia el 16 de octu-

bre de 2012; falla a favor de la restitución y formalización de 15 de los 17 solicitantes.

Dos fueron denegadas.

Preguntas

¿Qué pasó con las solicitudes restantes? ¿Qué cambió entre el proceso de las

primeras 17 y las restantes? ¿Qué se mantuvo? ¿Cómo se comunicó la sen-

tencia de la juez a la comunidad? ¿Cómo va la aplicación del fallo proferido por

la juez? ¿Cómo se articulan las diferentes instituciones, además de la Unidad?

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ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Acción Preguntas, lecciones y buenas prácticas

Apoyo logístico. De todas las entrevistas realizadas con los funcionarios y de la Unidad de Restitución

de Tierras de la Territorial Bolívar ha quedado en evidencia que todo el trámite administrativo se realizó

en condiciones realmente precarias en materia de logística. La Unidad de Tierras de Bolívar no conta-

ba aún con el equipo de trabajo necesario, pues recién se encontraban en el proceso de selección y

contratación de todo el personal. A raíz de los resultados que el Gobierno nacional quería mostrar a la

opinión pública, Mampuján se priorizó como caso piloto, ya que, además se presumía que era un caso

sencillo en razón a que sobre este ya existía un trabajo previo por parte del antiguo Proyecto de Protec-

ción de Tierras como de la CNRR, e igualmente se sabía que se trataba de un caso no propiamente de

restitución, sino de formalización de tierras, donde no existían opositores. Sin embargo, no fue un caso

fácil, e implicó jornadas extenuantes de trabajo por parte del equipo inicialmente del nivel nacional y

posteriormente de la territorial Bolívar, en su mayoría profesionales jóvenes que literalmente aprendie-

ron del procedimiento en el camino.

Es necesario que la Unidad asegure los recursos tanto humanos como físi-

cos y financieros para los casos en que trabajará de tal manera que el proce-

so de restitución no se vea truncado por aspectos logísticos y que redunde

en carga de trabajo más allá de lo normal para los profesionales. El principal

recurso que debe cuidar la Unidad son sus profesionales.

Actuación de la fuerza pública. La presencia y el papel de la fuerza pública fueron positivos, pues los

integrantes de la Policía nacional estuvieron siempre prestos a acompañar las diferentes actuaciones

y, durante estas, guardaron una distancia prudente. No obstante, se cuestiona que estas actividades

se realicen bajo el acompañamiento de la fuerza pública precisamente por el papel que jugaron en

muchos de los hechos de violencia que se perpetraron por parte de los paramilitares en esos territo-

rios, donde los procesos de justicia y paz han dejado evidencia del apoyo de algunos integrantes de la

Policía, el Ejército y la Marina a las acciones de esos grupos. No obstante, es claro que por las precisas

funciones públicas que se desempeñan, y por lo complejo de estos procesos, es necesario contar con

unas mínimas condiciones de seguridad, las cuales deben ser oficiales.

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Interacción con entidades públicas. Del análisis del proceso administrativo surtido por la Unidad de

Tierras tanto del orden nacional como de la Territorial Bolívar, se observa que no existió una buena

interacción con otras entidades, tanto con las que tienen funciones expresas en el tema de tierras

como con las que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, prin-

cipalmente con la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas. No se

conocen acciones conjuntas entre la Unidad de Tierras y la Unidad de Víctimas, si bien las funcionarias

de la Unidad de Tierras de la Territorial Bolívar hicieron referencia a una visita conjunta que hicieron a la

comunidad de Mampuján, al parecer, y según lo narran las mismas funcionarias, no fue una experien-

cia positiva, al punto que prácticamente después de esa experiencia no se volvió a dar una interacción

entre las dos Unidades.

Interacción con actores sociales del territorio y organizaciones. De los documentos analizados para

esta documentación, así como de las entrevistas practicadas, se puede constatar que, dentro del pro-

ceso administrativo surtido por la Unidad de Restitución de Tierras en el caso de Mampuján, se tuvo

una interacción positiva con la comunidad, así como con sus líderes. Para las víctimas e integrantes de

la comunidad de Mampuján, el problema fundamental radica en la forma como se va a garantizar el de-

sarrollo económico y productivo de las tierras restituidas o formalizadas, así como de la restauración

del denominado Mampuján Antiguo, al cual quieren retornar, pero con todas las garantías de seguridad

como también del funcionamiento de los servicios públicos básicos. Igualmente, la comunidad de

Mampuján llama la atención sobre los terrenos baldíos, toda vez que no son objeto de la aplicación de

la Ley 1448.

Lección aprendida

- No se realizó ningún trabajo previo para facilitar la interacción con otras

entidades públicas. Esto significa que no hay una buena práctica en este

aspecto. Se considera importante una mayor interacción con otras entida-

des, en particular con las que tienen funciones en lo relacionado con el tema

de tierras, para fortalecer las acciones y, en lo relacionado con la reparación,

para realizar procesos integrales con la comunidad.

- La interacción con las víctimas y la comunidad afectada fue de gran utili-

dad para que la Unidad realizara su trabajo con respaldo de la comunidad, lo

cual le facilitó toda su intervención. De igual forma, es urgente que se en-

tienda que dicha interacción no debe ser solo con las víctimas y las comuni-

dades afectadas, sino también con otros actores del territorio, organizacio-

nes de derechos humanos, instituciones académicas y otras organizaciones

de la sociedad civil que sin duda fortalecerán todo el proceso.

- No obstante el resultado positivo de la buena práctica de interacción con

la comunidad, se presentaron dificultades en la comprensión del complejo

proceso de restitución, razón por la cual una lección es la necesidad de dise-

ñar e implementar una pedagogía que facilitara el aprendizaje de personas

con un bajo nivel de escolaridad.

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Satisfacción de las expectativas de reparación por parte de las víctimas de Mampuján

Conforme a la definición que la misma Ley 1448 de 2001 contempla en materia de reparación integral, donde incorpora los elementos consagrados en la legislación y la jurispruden-

cia nacional e internacional vigente, es preciso concluir que el proceso administrativo y judicial de restitución de tierras, estipulado en la mencionada ley, debe adelantarse teniendo

como referente este concepto integral de reparación, que, como se ha visto, debe ir complementado por otros derechos esenciales de las víctimas como son el derecho a la verdad

y a la justicia, así como las garantías de no repetición de los crímenes perpetrados en su contra. Esto significa que si el proceso de restitución se desarrolla sin la articulación con

otros mecanismos legales, administrativos y aún políticos que permitan la realización de estos otros derechos, se trataría únicamente de un mecanismo aislado a través del cual se

pretende la realización de una de las medidas que conforman la reparación a las víctimas y, por tanto, sería notoriamente insuficiente. Asimismo, es fundamental tener presente que

dicho proceso de restitución de tierras no constituye un fin en sí mismo, es decir, que el objetivo no es la satisfacción del cumplimiento de un marco normativo y mucho menos de las

autoridades competentes en su aplicación; por el contrario, dicho proceso administrativo y judicial está íntimamente unido al concepto de reparación integral de las víctimas respecto

de los daños ocasionados y los derechos vulnerados, lo que implica que en todo momento se tenga plena conciencia que es esa reparación la que debe orientar su desarrollo y ejecu-

ción, y que finalmente la opinión de las víctimas, como titulares de los derechos, es determinante. En este sentido, todas las medidas de reparación deben articularse para restable-

cer la dignidad de las víctimas como ciudadanos y unas condiciones de vida estables. Por ello, su punto de referencia siempre ha sido la sentencia en el marco de la Ley de Justicia y

Paz, cuyo cumplimiento exigen.

Como se dijo, la comunidad de Mampuján entiende la restitución o la formalización de sus predios no como una medida aislada de la reparación integral, lo cual significa que si bien

se trata de una comunidad con una gran comprensión de estos conceptos básicos, gracias a todo el trabajo previo que adelantó el Programa de Protección y la CNRR, también es des-

tacable que los funcionarios(as) de la Unidad de Restitución, particularmente la Territorial Bolívar, reafirmaron ese concepto, lo cual es positivo.

La pobre interacción con otras entidades públicas, no solo con las que tienen funciones en materia de tierras o las que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, sino

con aquellas que tienen la competencia para la realización de otros derechos esenciales de las víctimas como la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Memoria, etc.,

viene afectando notoriamente la posibilidad de la realización efectiva de los derechos a la verdad y la justicia de esta comunidad.

Asimismo, y tal como lo expresaron con claridad los integrantes de la comunidad de Mampuján entrevistados, es determinante que también este proceso de restitución vaya acom-

pañado de serios y factibles proyectos de restablecimiento socioeconómico, pues solo así se podrán recuperar los proyectos de vida de las víctimas, pero igualmente cortar la insana

dependencia que ha generado la ayuda humanitaria permanente.

RETOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS CON EL CASO

El reto principal, sin duda, recae en un proceso de restitución que garantice la efectiva participación de las víctimas y las comunidades para que la restitución se constituya, en efecto,

en un elemento reparador del daño ocasionado, pero también respecto a los derechos vulnerados y en la perspectiva del restablecimiento de derechos y de un proyecto de vida digno

Un gran riesgo, y que es evidente en el caso de Mampuján, pero también en otros casos, es que el afán de presentar resultados, de mostrar números y de atender las exigencias me-

diáticas continúe afectando la solidez técnica que exigen los trámites de un proceso de por sí muy complejo. Si este afán de lo inmediato no cesa, muchos casos que presuntamente

se resuelven favorablemente en la etapa administrativa que adelante la Unidad de Restitución de Tierras, serán resueltos negativamente por parte de los jueces competentes dentro

del trámite judicial, o no tendrán viabilidad los fallos una vez sean proferidos por los jueces.

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ReferenciasDemarest, G. (March, 2003). Mapping Colombia: The correlation between land data and strategy. Carlisle: US ARMY War College, Strategic Studies Institute. El Espectador. (21 de junio de 2010). Justicia y Paz. Ocho años de cárcel a ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ por masacre de Mampuján. Recuperado el 7 de marzo de 2012 de

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-211002-ocho-anos-de-carcel-diego-vecino-y-juancho-dique-masacre-de-mampuj Fundación Ideas para la paz, PODEC. 2011, Análisis del Plan de Consolidación de Montes de María. Una mirada desde el desarrollo, la democracia, los derechos humanos

y la cooperación internacional. Recuperado el 2 de abril de 2012 de http://www.ideaspaz.org/tools/download/52135

Notas al pie1. “In order to maximize security and for economy of force, the FARC created networks of movement corridors within the blocks, and mobility corridors between the blocks […] Secondary routes are

more often used for the movement of units and materiel. In mountainous areas it is common that the routes follow ridgelines. The FARC has worked to control owners and territory, the population controlled by feudal connections to the land, and the land controlled by a client population. The guerrilla leader thereby succeeds in becoming a great landowner, or terrateniente” (Demarest, 2003).

2. Carpeta No. 5 de anexos, presentada por la Fiscalía en la diligencia de legalización de cargos. Proceso 2006 80077. Uber Enrique Banquez Martínez. Concierto para delinquir y otros. Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz.

Transformemos Territorios Construyendo Paz - EL ENFOQUE DE … · 2019. 12. 6. · proceso de...

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