Trabajo de grado - Alfredo J. Martínez G. Febrero...
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FACULTAD DE ESTUDIOS JURIDICOS Y POLITICOS ESCUELA DE DERECHO EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1999 AL CUMPLIRSE OCHO AÑOS DE SU ENTRADA EN VIGENCIA Autor: Alfredo J. Martínez G. Tutor: Angelina Jaffe Fecha: 23 de Enero de 2009
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FACULTAD DE ESTUDIOS JURIDICOS Y POLITICOS
ESCUELA DE DERECHO
EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PREVIS TO
EN LA CONSTITUCIÓN DE 1999 AL CUMPLIRSE OCHO AÑOS D E SU
ENTRADA EN VIGENCIA
Autor: Alfredo J. Martínez G.
Tutor: Angelina Ja ffe
Fecha: 23 de Enero de 2009
FACULTAD DE ESTUDIOS JURIDICOS Y POLITICOS
ESCUELA DE DERECHO
Yo, ALFREDO J. MARTÍNEZ G. , número de carnet: 200508270, estudiante
de la Escuela de Derecho, solicito ante su Dirección la evaluación del
presente Trabajo Final
Firma del estudiante __________________
Fecha de entrega: 23 de Enero de 2009
APROBACIÓN DEL TUTOR
Quien suscribe ANGELINA JAFFE , Tutor del Trabajo Final: EL
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN
LA CONSTITUCIÓN DE 1999 AL CUMPLIRSE OCHO AÑOS DE S U
ENTRADA EN VIGENCIA , elaborado por: ALFREDO J. MARTÍNEZ G .,
número de carnet: 200508270, para optar al título de Licenciado en Derecho,
considera que el mismo reúne los requisitos exigidos por el Reglamento de
Ejecución y Evaluación del Trabajo Final y por Facultad de Estudios Jurídicos
y Políticos de la Universidad Metropolitana y tiene meritos suficientes para
ser sometido a su evaluación por parte del Jurado examinador.
Fecha: 23 de Enero de 2009
Nombre: Angelina Jaffe
(Firma)______________________
Angelina Jaffe
DERECHO DE AUTOR Quien suscribe, en condición de autor originario del trabajo titulado:
“ EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PREVIS TO
EN LA CONSTITUCIÓN DE 1999 AL CUMPLIRSE OCHO AÑOS D E SU
ENTRADA EN VIGENCIA ” , declara que: Cedo a título gratuito, y en forma
pura y simple, ilimitada e irrevocable para todos los territorios del mundo a la
Universidad Metropolitana, el derecho autor de contenido patrimonial que me
corresponde sobre el trabajo señalado. Conforme a lo anterior, esta cesión
patrimonial comprenderá el derecho para la Universidad de comunicar
públicamente la obra, divulgarla, publicarla, y reproducirla en soportes
analógicos o digitales en la oportunidad que ella así lo estime conveniente,
así como, la de salvaguardar mis intereses y derechos morales que me
corresponden como autor de la obra antes señalada. La Universidad en todo
momento deberá indicar que la autoría o creación del trabajo corresponde a
mi persona, salvo los créditos que se deban hacer al tutor o a cualquier
tercero que haya colaborado, citado o fuere hecho algún aporte intelectual
en la realización de la presente obra.
Autor: Alfredo J. Martínez G.
C.I. 11.674.426
i
ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO I
Análisis comparativo del sistema de protección de derechos humanos de
la Constitución de 1999 versus el previsto en la Constitución de 1961,
especial referencia al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
i. Justificación 4
ii. Caracterización de los Derechos Humanos 5
ii.1 Desarrollo histórico 10
ii.2 Antecedentes de las declaraciones de derechos humanos
modernas 10
ii.3 Constitucionalización 10
ii.4 Institucionalización internacional 11
ii.5 Derecho internacional de los derechos humanos 12
ii.5.1 El individuo en el Derecho Internacional 13
ii.5.2 Interpretación en materia de derechos humanos 13
ii.5.3 Los Estados y sus obligaciones en materia de derechos humanos 14
ii.5.4 Los Instrumentos Internacionales 15
iii. Principio de Progresividad 16
iv. Principio de No Discriminación 45
v. Sobre la Cláusula Abierta de los Derechos Humanos 58
vi. Jerarquía Constitucional de los Tratados sobre Derechos Humanos 67
CAPÍTULO II
Análisis comparativo del sistema de protección de derechos humanos de la
Constitución de 1999 versus el previsto en la Constitución de 1961, especial
referencia a los Derechos Individuales, a los Órganos y a los Estados de
Excepción.
i. Justificación 85
ii. Derecho a la Vida 85
ii
iii. Derecho a la Libertad Personal 100
iv. Derecho a la Integridad Personal 104
v. Derecho a la Inviolabilidad del Hogar Doméstico 105
vi. Derecho a la Libertad de Tránsito 106
vii. Derecho a la Asociación 107
viii. Derecho de Petición y Respuesta Oportuna 107
ix. Derecho de Reunión 108
x. Derecho a la Libre Expresión del Pensamiento y el Derecho a la
Información 108
xi. Derecho al Nombre y a la Identificación 111
xii. Derecho a la Protección del Honor, a la Vida Privada y a la
Intimidad 112
xiii. Derecho a la Libertad Religiosa 113
xiv. Otras Garantías Sustantivas 114
xv. Garantías adjetivas 115
xvi. Sobre los Órganos 118
xvii. Sobre los Estados de Excepción 119
CAPÍTULO III
CONCLUSIONES 124
ANEXOS 128
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 133
iii
RESUMEN
Siempre habíamos sentido la curiosidad de efectuar un análisis en
materia de Derechos Humanos, pues desde que fue promulgada la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, hemos
venido leyendo variedad de trabajos y escuchando diversas disertaciones
sobre las bondades del nuevo Sistema de Derechos Humanos con respecto
a la Constitución de 1961.
Pero asimismo, nos percatábamos de diferentes estudios,
consideraciones y disertaciones que apuntaban a las constantes violaciones
de los Derechos Humanos que se estaban produciendo en todo el país, y
que no estaban limitadas a la actuación policial del Estado, sino que se
derivaban de toda la actuación del Poder Público sobre el individuo.
Y nos preguntábamos constantemente, ¿será cierto que el sistema de
derechos humanos de la Constitución de 1999 otorga un sistema de
protección más completo que el de la Constitución de 1961?; ¿estarán
nuestras instituciones en capacidad de garantizar la eficacia del sistema de
protección constitucional de los derechos humanos?
De allí que decidiéramos responder todas estas interrogantes y
muchas otras que el espacio limitado no nos permite señalar aquí,
estudiando al Sistema de Protección de Derechos Humanos de la
Constitución vigente versus el de la Constitución de 1961, al cumplirse en
diciembre de 2007, ocho años de su promulgación y entrada en vigencia.
1
INTRODUCCIÓN
Deseamos efectuar un análisis del sistema de protección de Derechos
Humanos de la Constitución de 19991 haciendo especial hincapié en su
comparación con lo previsto sobre el particular en la Constitución de 19612,
para lo cual hemos efectuado un análisis detallado de las diferentes normas
jurídicas que sobre la materia presenta la Constitución vigente y sus
diferencias con relación a lo establecido en la derogada Constitución de
1961.
Y es que mucho se ha dicho y escrito sobre la progresividad que
presenta el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Constitución
de 1999 y en consecuencia sobre el avance experimentado por nuestro
Derecho Constitucional en lo que respecta a la protección de éstos, de allí
que hayamos seleccionado esta interesante situación a los fines de este
trabajo.
Veamos de seguida los aspectos relacionados con el problema de
investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la estructura de
nuestro trabajo de grado.
i. Planteamiento del problema
Nuestro problema de investigación podemos resumirlo de la siguiente
manera:
¿Luego de cumplirse ocho años de la promulgación y entrada en
vigencia de la Constitución de 1999, el Sistema de Protección de
Derechos Humanos allí previsto resultó más garantista que el
establecido en la Constitución de 1961?
1 Gaceta Oficial No. 36.860 del 30 de Diciembre de 1999, reimpresa en la Gaceta Oficial No. 5.433 Extraordinaria del 24 de Marzo de 2000. 2 Aprobada el 16 de Enero de 1961 y entró en vigor el 23 de Enero de 1961 siendo publicada en la Gaceta Oficial No. 662 Extraordinaria, con dos Enmiendas, la primera en 1973 y la segunda en 1983.
2
ii. Objetivo general
Analizar el Sistema de Protección de Derechos Humanos previsto en
la Constitución de 1999 al cumplirse ocho años de su entrada en vigencia.
iii. Objetivos específicos
1. Efectuar un análisis comparativo del sistema de protección de
derechos humanos de la Constitución de 1999 vs el previsto en la
Constitución de 1961;
2. Caracterizar la situación de los derechos humanos en Venezuela.
iv. Justificación
En democracias jóvenes como la venezolana resulta fundamental la
existencia de un sistema normativo que proteja y garantice la vida social del
individuo en sociedad de una manera eficaz, de allí que hayamos
considerado especialmente relevante efectuar una evaluación del sistema de
protección de Derechos Humanos contenido en la Constitución de 1999
durante los ocho años que ha estado vigente, de manera que nos permita
establecer si éste cumple con los objetivos para los cuales fue dictado.
v. Marco metodológico
La ejecución del proyecto se caracteriza por la implementación de
métodos mixtos, es decir, de estudios comparativos y de carácter
documental, descriptivo, de los Derechos Humanos, y de relación entre la
norma jurídica, las sentencias y su eficacia, que permitan el alcance de los
objetivos planteados en el trabajo de investigación.
Al plantear un estudio documental, se hace referencia a que se
efectuará un análisis de las normas jurídicas así como de la bibliografía
relacionada con el tema. Se efectuará un estudio comparativo, descriptivo y
de relación entre la norma jurídica, las sentencias y su eficacia, se pretende
evaluar la interacción entre la norma jurídica y su ejercicio eficaz.
3
vi. Estructura
Nuestro trabajo lo esquematizamos de la siguiente manera: en el Capítulo
I presentamos un análisis comparativo del sistema de protección de derechos
humanos de la Constitución de 1999 versus el previsto en la Constitución de
1961, siendo que nos referiremos muy particularmente a sus diferencias en el
marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para lo cual
analizamos las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia sobre
el particular, los informes anuales y las medidas cautelares de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias y medidas
provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el Capítulo II efectuamos un análisis comparativo del sistema de
protección de derechos humanos de la Constitución de 1999 versus el
previsto en la Constitución de 1961analizando detalladamente cada uno de
los Derechos Individuales así como los Órganos y los Estados de Excepción.
Una vez que desarrollamos estos dos capítulos requeridos para resolver
nuestro problema de investigación, nos dedicamos a establecer las
conclusiones que en nuestra opinión se derivan del análisis efectuado y que
se presentan en un Capítulo III.
Estamos convencidos de haber logrado una interesante aproximación al
tema, que evidentemente pretende propiciar la sana y necesaria discusión
académica de nuestras consideraciones entre los expertos y conocedores de
la materia.
4
CAPÍTULO I
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999
VS EL PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1961.
ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
i. Justificación
Consideramos muy importante comparar el Sistema de Protección de
Derechos Humanos previsto en la Constitución de 19993 versus el que se
encontraba establecido en la Constitución de 1961, ya que así estaremos en
plena capacidad de establecer las principales diferencias así como las más
importantes innovaciones incorporadas en la Constitución de 1999 en esta
materia. A los fines de lograr el objetivo que nos planteamos para dar
respuesta a nuestro problema de investigación, dividimos su estudio en dos
capítulos diferentes, siendo que en este primer capítulo abordaremos este
análisis comparativo estudiando el Sistema de Protección de Derechos
Humanos pero desde el punto de vista del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, de manera de establecer en forma precisa cuáles son
las principales innovaciones que presenta la Constitución de 1999 sobre el
particular, sus diferencias con respecto a la Constitución de 1961 y cuál ha
sido la actuación del Estado venezolano durante el período de ocho años
bajo estudio, y esto es así, pues desde el surgimiento de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en 1948, el tema de los derechos
humanos dejo de ser un problema que debía ser atendido exclusivamente
por el derecho interno, y se convirtió en un problema universal que requería
de la protección y seguimiento de la comunidad internacional a los fines de
3 Resultante del proceso constituyente de 1999. Véase en los anexos la Tabla 1 la Cronología del Proceso Constituyente de 1999.
5
garantizar su eficacia, de allí que hayamos querido abordar en un primer
capítulo nuestro análisis desde esta importante perspectiva.
ii. Caracterización de los Derechos Humanos
Antes de efectuar el análisis comparativo objeto de nuestro trabajo,
procederemos a efectuar una muy breve caracterización de los Derechos
Humanos, a los fines de disponer de una introducción sobre el tema.
A los fines de desarrollar este trabajo de investigación revisamos
diferentes autores locales e internacionales y nos topamos con múltiples
maneras de caracterizar a los derechos humanos según sea la perspectiva
filosófica o ideológica desde la cual se pretendan analizar.
Así consideramos importante efectuar una primera precisión terminológica
que se relaciona con la necesidad de distinguir los derechos humanos en
sentido amplio y en sentido estricto, así podemos señalar que por derechos
humanos en sentido amplio la doctrina se refiere a estos como aquellos
derechos inherentes a la persona que resultan de su condición de ser
humano en el marco particular de la evolución humana, mientras que en
sentido estricto, se trataría también de derechos inherentes a la persona que
resultan de su condición de ser humano en el marco particular de la
evolución humana que son reconocidos y que son objeto de protección
jurídica por parte del Estado. El Profesor Pedro Nikken muy claramente se
refiere a este aspecto cuando señala: “La sociedad contemporánea reconoce
que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado,
derechos que éste, o bien tiene el deber de respetar y garantizar o bien está
llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos
derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el
Estado está en deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy
conocemos como derechos humanos.” (Pedro Nikken, 2007, p.7).
Analizando detalladamente estas dos caracterizaciones que acabamos
de hacer, hay que referirse fundamentalmente a su inherencia con la
condición de seres humanos, pues lo que se trata de advertir aquí es que
6
desde un punto de vista eminentemente jurídico, los derechos humanos sólo
se reconocen, pues precisamente en nuestra condición de seres humanos
este reconocimiento no es necesario para que existan ya que los derechos
humanos nacen con nosotros, son innatos y en consecuencia no dependen
del reconocimiento de nadie para que existan, en fin, la diferenciación
terminológica entre derechos humanos en sentido amplio y en sentido
estricto, descansaría en el reconocimiento jurídico y su consecuente
protección internacional, pues en el primer escenario existen pero podrían no
estar protegidos, en el segundo existen y además están protegidos. ¿Y quién
garantiza tal protección?, sin duda, el Estado4.
Pero hay que agregar algo muy importante aquí, estos derechos humanos
en sentido estricto no siempre han sido los mismos que conocemos hoy, sino
que han evolucionado así como ha evolucionado la humanidad, pues en
virtud de las nuevas tecnologías, por ejemplo, se requirió incorporar a la
protección medio ambiental como un derecho humano a fin de evitar la
destrucción de nuestro medio ambiente en virtud del “desarrollo”5 tecnológico
sin parangón que hemos vivido desde el siglo XIX hasta nuestro días y así
procurar una tierra habitable para las generaciones futuras.
Así, “Al pasar del reino de la imposición al nivel de las costumbres y
normas aceptadas más o menos voluntariamente –al nivel de la moral y la
ética-, la vida humana se eleva a otra dimensión: el hombre es capaz de
inventar, de organizar su vida según cree conveniente. Y en esta nueva
dimensión, el ser humano se inventa y se elige a sí mismo como un ser
dotado de derechos . Se atribuye unos derechos y los considera tan
necesarios para organizar su proyecto de vida, individual y colectivamente,
que los identifica con su propio ser y los denomina derechos naturales , o lo
4 A los efectos de este trabajo, entenderemos como Estado a los órganos que detentan el Poder Público en su clásica distribución vertical y horizontal. Ver Tabla 1 en la sección: Anexos. 5 La doctrina no es unánime en relación a denominar como: “desarrollo”, a tales avances tecnológicos, pues para muchos tal “desarrollo” ha sido posible gracias a la explotación de los recursos y de los individuos de algunos países por un grupo de naciones dominantes.
7
que es lo mismo, derechos que posee por el mero hecho de ser hombre y
que, por lo mismo, poseen igualmente todos los seres humanos.” (José
Antonio Baigorri y otros, 2001, p. 36). (Negrillas de los autores, subrayado
nuestro).
Efectuada esta precisión terminológica nos queda establecer las
características fundamentales de los derechos humanos, así:
• Son inherentes, innatos e intrínsecos a la persona
Como decíamos antes, desde un punto de vista abstracto o amplio los
derechos humanos encuentran su fundamento en la dignidad humana, nacen
con el ser humano, por lo que su existencia no depende del contexto político,
económico, tecnológico, cultural, racial o religioso en el cual se desarrolle
éste, sino de su condición de ser humano, están atribuidos a él aún cuando
la sociedad no los reconozca. Evidentemente, en sentido estricto, los
derechos humanos están necesariamente relacionados con el contexto
político y social en el que pretenden exigirse de allí que evolucionen de la
misma manera como evoluciona la humanidad. El artículo 1 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos6 muy claramente lo establece:
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros.” (Negrillas nuestras)
De manera similar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre7 se refiere a este aspecto tanto en las consideraciones que
justificaron su adopción como en su preámbulo, veamos:
6 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. No se requiere de un acto de ratificación posterior por parte de nuestro país. 7 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948. No existe un acto de ratificación posterior por parte de nuestro país, pues se trata de una Declaración que presenta el consenso de la comunidad americana sobre esta materia.
8
“La IX Conferencia Internacional Americana,
CONSIDERANDO:
Omissis
Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han
reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen
del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que
tienen como fundamento los atributos de la persona
humana ;…” (Negrillas nuestras).
“Preámbulo
Todos los hombres nacen libres e iguales en dignida d y
derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y
conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los
otros…” (Negrillas nuestras).
Así se evidencia el reconocimiento internacional de los derechos
humanos como inherentes, innatos e intrínsecos al ser humano, ya que éste
nace con ellos.
• Son universales
Con la evolución del ser humano, se ha venido desarrollando toda una
sistematización internacional en materia de derechos humanos que ha
reconocido globalmente y regionalmente la existencia de derechos
inherentes, intrínsecos e innatos al ser humano que requieren de protección,
por lo que su reconocimiento no puede estar sometido a una particular
ideología política gobernante, de allí que los derechos humanos no están
atados a un tipo de estado en particular, por lo que deben ser reconocidos,
protegidos y garantizados cualquiera sea el modelo político adoptado por una
nación. Nikken (2007) señala sobre el particular: “Por ser inherentes a la
condición humana todas las personas son titulares de los derechos humanos
y no pueden invocarse diferencias de regímenes polí ticos, sociales o
culturales como pretexto para ofenderlos o menoscab arlos .” (p.15)
(Negrillas nuestras)
9
• Son irreversibles:
Reconocido un derecho como inherente al ser humano, inmediatamente
pasa a estar garantizado por el Estado pues la dignidad humana, como
apuntáramos antes, no es relativa sino absoluta, de allí que si la norma
jurídica que lo reconoció, mañana es derogada, tácita o formalmente, o peor
aún, desconocida en su aplicación práctica, el individuo puede válidamente
exigir el respeto a ese derecho.
• Son internacionales:
Es esta una característica muy interesante que hemos apreciado muy
específicamente en los trabajos del Profesor Pedro Nikken y que nos pareció
necesario incluirla en nuestro listado, así Nikken (2007) ha fundamentado
esta característica de los derechos humanos de la siguiente manera: “Los
derechos humanos están por encima del Estado y su soberanía y no puede
considerarse que se violenta el principio de no intervención cuando se ponen
en movimiento los mecanismos organizados por la comunidad internacional
para su promoción y protección.” (pp. 15-16).
Vale decir, que esta situación contrasta en nuestro país con la posición
que ha venido manteniendo el Estado sobre el alcance ilimitado de su
soberanía, lo cual limita el ejercicio de estos derechos. En este mismo
capítulo abordaremos este aspecto en detalle.
• Son inalienables e irrenunciables
Ello pues no pueden enajenarse y tampoco renunciarse válidamente a los
mismos. Así, Casal (2006): “Los derechos humanos son inalienables, pues
nadie puede negociar o enajenar sus derechos esenciales…Tampoco es
válida la renuncia de derechos humanos…”. (p. 15)
No nos referiremos a las denominadas: “generaciones de derechos
humanos”, esto es, diferenciando unos derechos de otros, categorizándolos y
haciéndolos ver como si fueran independientes, lo cual atenta contra la
necesaria unidad que presentan estos derechos hoy en día; ya que en
nuestras opinión tales generaciones son etapas en el desarrollo de los
10
mismos que no resulta necesario profundizar a los fines de este trabajo de
grado.
ii.1 Desarrollo histórico
Consideramos que el auge actual de los derechos humanos resultó del
replanteamiento de las relaciones entre el ser humano y el Estado, de la
crítica al orden absolutista imperante, sobre todo en Europa, que se comenzó
a gestar desde el renacimiento y que tuvo su explosión en la modernidad con
la Revolución Francesa y Norteamericana, que permitieron la
constitucionalización de tales de derechos y que a partir del siglo XX se han
universalizado.
ii.2 Antecedentes de las declaraciones de derechos humanos
modernas
La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dictada
en el marco de la Revolución Francesa constituye la declaración de mayor
significación histórica, pues significó el esfuerzo de mayor relevancia que
hasta esa época se había procurado a los fines de constitucionalizar los
derechos del hombre. Antes encontraríamos la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos de América de 1776 que se refirió a los
derechos inalienables del hombre pero que no los catalogo.
En nuestro caso, encontramos como el antecedente histórico más
relevante a la Declaración de los Derechos del Pueblo del 01 de julio de
1811, que fue dictada antes de nuestra independencia.
Si algo hay que destacar de estas declaraciones a las que hemos hecho
referencia antes, es que por primera vez se referían al individuo desprovisto
de su situación social, política o económica, esto es, se refería al ser humano
por ser tal, y no por su nivel social, poder político o riqueza.
ii.3 Constitucionalización
La constitucionalización de los derechos humanos se inicia con las diez
primeras enmiendas a la Constitución Americana de 1787 así como con la
Constitución Francesa de 1791, proceso que fue acogido internacionalmente
11
fundamentalmente en Europa y en las nacientes naciones que resultaron del
proceso de descolonización en nuestra América.
Vale decir que la eficacia de este reconocimiento no fue percibido durante
esta primera etapa, digamos sobre todo en el siglo XIX, pues aunque tales
derechos estaban reconocidos en constituciones escritas, eran de difícil
exigencia dada aún la persistencia de gobiernos monárquicos y a que la
supremacía de la Constitución era todavía muy discutible, aún más en
aquellos países con parlamentos históricamente muy fuertes.
Esta expresión liberal acogida por el derecho, se fue ampliando en el siglo
XX con el reconocimiento de nuevos derechos humanos, a saber: sociales,
económicos y ambientales, que claramente demostraban el transito del
Estado Liberal al Estado Social de Derecho.
Encontramos ya a mediados del siglo XX, la preocupación internacional
por hacer eficaces a tales derechos humanos, por lo que se estudia cómo
crear mecanismos que permitan la tutela efectiva de los mismos, y es así
como se crean Tribunales o Cortes Constitucionales para velar por la
supremacía constitucional y por ende, por la vigencia operativa de las
normas jurídicas consagradas en ellas.
ii.4 Institucionalización internacional
En el marco de los terribles crímenes que se perpetraron en la Segunda
Guerra Mundial así como en virtud de regímenes dictatoriales y fascistas que
afectaron decisivamente la eficacia de estos derechos en el ámbito
internacional, se hizo necesaria una institución global, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), que entre otros aspectos, desarrollara un sistema
internacional que procurara el respeto de los derechos humanos, así nace la
Declaración Universal de Derechos Humanos redactada por la Comisión de
Derechos Humanos de este organismo, aprobada en diciembre de 1948.
A partir de esta Declaración, se han venido desarrollando desde la ONU
múltiples acuerdos internacionales sobre el tema, entre los que encontramos
12
muy especialmente: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
En el ámbito regional, Europa y América desarrollaron sendas iniciativas
que constituyen hoy en día importantes sistemas de derechos humanos,
entre las que vale destacar, el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 así como la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y
luego la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Más recientemente nos encontramos con sistemas judiciales
internacionales de tutela de estos derechos humanos, entre los que
encontramos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Penal
Internacional resultante de la adopción del Estatuto de Roma8.
En fin, nos encontramos que el reconocimiento de los derechos humanos
no está limitado a su constitucionalización en el derecho interno de cada
nación, sino que ahora también se encuentran tutelados internacionalmente
gracias a estas iniciativas globales y regionales, siendo que como
apuntábamos antes, más recientemente se ha sumado a todo este sistema
de protección, la existencia de tribunales internacionales y regionales
resultantes de la adhesión de nuestros países a sistemas internacionales y
comunitarios.
ii.5 Derecho Internacional de los Derechos Humanos
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una rama
del Derecho Internacional Público que se refiere específicamente al estudio
de los derechos humanos y que ha venido desarrollando sus propias
instituciones y medios de interpretación jurídica y que además ha matizado
otras instituciones y principios del Derecho Internacional Público, razón por la
8 Adoptado el 17 de julio de 1998 y que entró en vigor el 01 de julio de 2002. Venezuela lo ratificó el 07 de junio de 2000.
13
cual consideramos fundamental estudiar a la Constitución de 1999 bajo esta
perspectiva en este primer capítulo. Revisemos seguidamente estas
particularidades del Derecho Internacional de los Derechos Humanos:
ii.5.1 El individuo en el Derecho Internacional
A diferencia del Derecho Internacional Público, en materia de Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, encontramos que el individuo, esto
es, la persona natural, es sujeto de derecho, lo que supone
fundamentalmente que puede exigir la tutela judicial efectiva de sus derechos
humanos en el ámbito nacional e internacional, según corresponda.
Esto supone que en materia de derechos humanos, los tratados o
convenciones no tienen como objeto regular relaciones entre Estados, sino
que por el contrario suponen un mandato expreso que recae sobre estos y
que les impone la obligación fundamental de salvaguardar los derechos
fundamentales de los individuos bajo su jurisdicción. “De lo anterior se colige
que el propósito de los tratados sobre derechos humanos no es la
satisfacción de intereses propios y recíprocos de los Estados contratantes,
sino salvaguardar un bien común a todos ellos, que se impone con carácter
de orden público y que consiste en la tutela de los derechos y libertades
fundamentales de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción.”
(Jesús Maria Casal, 2006, p. 23).
ii.5.2. Interpretación en materia de derechos human os
Encontramos aquí un principio desarrollado en materia de derechos
humanos que se conoce como: in dubio pro homine, que obliga a que en
aquellos casos en que la interpretación de cualquier norma jurídica interna o
internacional conlleve a una colisión normativa, la misma debe resolverse
aplicando a aquella disposición normativa que más favorezca al individuo, lo
cual opera en una triple vertiente, si la norma interna resulta más favorable
que la internacional, se aplica la interna, si la norma internacional resulta más
favorable que la norma interna, se aplica la internacional, si una norma
internacional resulta más favorable que otra norma internacional de igual o
14
mayor rango, se aplica la norma internacional más favorable. Vale
adicionalmente destacar, que será aplicable también aquella que sea menos
restrictiva de tales derechos humanos.
ii.5.3. Los Estados y sus obligaciones en materia de derech os
humanos
Podemos señalar, sin lugar a dudas, que la obligación fundamental que
se deriva para los Estados como resultado del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, no es otro que garantizar los derechos humanos en su
jurisdicción, de manera de asegurar la eficacia de los mismos.
Cuando decimos Estado, nos referimos a él, tal y cómo señaláramos
antes, en el marco de los distintos niveles que presenta el Poder Público ya
sea en su distribución horizontal: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial9,
como en su distribución vertical: Poder Nacional, Poder Estadal y Poder
Municipal, según sea el caso.
Nos encontramos así con una obligación jurídica para el Estado que
presenta una doble vertiente, así tenemos una obligación de hacer, que se
fundamenta en el deber de garantizar el respeto absoluto de los derechos
humanos lo que supone fundamentalmente una actuación activa, esto es,
asegurar judicialmente la eficacia y consecuente vigencia de tales derechos
por él tutelados, y una correlativa obligación de no hacer, relacionada con
abstenerse de realizar cualquier actuación que atente contra tales derechos
humanos, sean estos, civiles, políticos, sociales, económicos o culturales.
Pero hay diferencias importantes en la forma de hacer eficaz esa garantía
en materia de derechos humanos que depende de su categoría, así no es lo
mismo tutelar un derecho político que un derecho social, pues en el segundo
caso depende del grado de desarrollo social y económico que haya
alcanzado cada nación con base a sus recursos disponibles.
9 Recordamos aquí que Venezuela presenta desde la Constitución de 1999, dos Poderes Públicos adicionales, a saber: El Poder Electoral y el Poder Ciudadano, que no han logrado en nuestra opinión los fines para lo cual se extrajeron de la clásica distribución tripartida del Poder Público.
15
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta
obligación genérica de garantía estatal se compone de cuatros específicas
obligaciones, a saber: a) prevenir las violaciones a los derechos humanos, b)
investigar tales violaciones, c) sancionar a los responsables de tales
violaciones y por último, d) reparar los daños materiales y morales
causados.10
ii.5.4 Los instrumentos internacionales
En materia de derechos humanos encontramos dos tipos de instrumentos
internacionales que son especialmente aplicables a la rama bajo estudio, los
denominados tratados o convenciones internacionales, los protocolos y las
declaraciones aprobadas por organismos internacionales.
En el ámbito internacional resulta muy común que bajo el nombre de:
“Carta Internacional de Derechos Humanos” se contemplen una serie de
tratados, convenciones o pactos, a saber: la Declaración Universal de
Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos11,
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales12 y el
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
para la abolición de la pena de muerte13.
En el ámbito de nuestra región americana, encontramos a: la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta Internacional
10 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Caracazo vs Venezuela. Sentencia del 29 de agosto de 2002. Reparaciones y costas. Consultada el 21 de abril de 2008 de la World Wide Web: http://www.corteidh.or.cr/bus_fechas_result.cfm?buscarPorFechas=Buscar&fechaDeInicio=08%2F29%2F2002&fechaDeFin=08%2F29%2F2002&id%5FPais=13&chkCasos=true&chkOPiniones=true&chkMedidas=true&chkSupervisiones=true 11 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. Venezuela lo ratificó el 10 de mayo de 1978. 12 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. Venezuela lo ratificó el 10 de mayo de 1978. 13 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte Aprobado y proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/128 15 de diciembre de 1989. Venezuela lo ratificó el 22 de febrero de 1993.
16
Americana de Garantías Sociales14, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos15, el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales16.
Vale destacar que en ambos casos, existen una serie de convenciones
que complementan a tales instrumentos fundamentales, tales como los
protocolos, etc.
Efectuada esta breve caracterización en materia de derechos humanos,
pasaremos a continuación a efectuar el análisis comparativo objeto de
nuestro análisis.
iii. Principio de Progresividad
Nos referiremos de seguida al denominado: principio de progresividad,
que recoge la tendencia internacional de no limitar la garantía y protección
estadal de los derechos humanos a solamente aquellos que hayan sido
reconocidos expresamente en una norma jurídica17, sino que por el contrario,
obliga al estado a reconocer, garantizar y proteger cualquier otro derecho
humano en virtud del desarrollo que seguirá experimentado el derecho
internacional en esta materia, y que como veremos de seguida, no solamente
queda reducido a este aspecto.
Precisamente el principio de progresividad presenta una doble
perspectiva, pues no solamente reconoce la existencia de más derechos
humanos sino también la ampliación de su contenido mínimo.
Así nos encontramos con el artículo 19 de la Constitución de 1999
que al establecer la obligación estatal de garantizar el goce y ejercicio de los
14 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, 1948 15 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. Venezuela lo ratificó el 23 de junio de 1977. 16 Adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor el 17 de noviembre de 1999. Venezuela lo firmó el 27 de enero de 1989. No lo ha ratificado a la fecha de este trabajo. 17 En el constitucionalismo moderno, comúnmente en las constituciones escritas.
17
derechos humanos, exige que debe hacerse conforme al principio de
progresividad y de no discriminación, siendo que se refiere al principio de
progresividad en los siguientes términos:
“Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme
al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el
goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de
los derechos humanos . Su respeto y garantía son obligatorios
para los órganos del Poder Público de conformidad con esta
Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos
y ratificados por la República y con las leyes que los
desarrollen.”
(Negrillas nuestras)
Esta es la incorporación expresa a nuestro ordenamiento jurídico
constitucional del principio de progresividad en materia de derechos
humanos, principio que no se encontraba establecido en la Constitución de
1961.
Este principio implica que no es posible que a través de una
modificación en nuestro ordenamiento jurídico interno, se limite, reduzca o
elimine algún derecho humano que haya sido reconocido internacionalmente,
además supone también que el Estado venezolano está impedido de
denunciar un tratado, pacto o convenio internacional, pues el derecho ya fue
adquirido y es, cómo bien lo señala la norma jurídica bajo análisis,
irrenunciable.
Esta interpretación la comparte el profesor Jesús María Casal cuándo
señala:
18
“Dado que la Constitución venezolana lo consagra como principio
(jurídico) y con un alcance general, cabe sostener que la
progresividad comporta la imposibilidad de adoptar medidas
que supongan un franco retroceso en el estándar de
protección obtenido en relación con determinados de rechos ,
incluyendo a los civiles y políticos, sin perjuicio de la facultad de
las autoridades nacionales de introducir ajustes en la materia.
Quedaría igualmente vedada la supresión de derechos
constitucionalmente declarados, no previstos en tra tados
internacionales sobre derechos humanos . También podría
afirmarse que tal principio impediría la denuncia p or el
Estado venezolano de los tratados internacionales s obre
derechos humanos que ha ratificado u otros actos
similares .” (Negrillas nuestras)
(Jesús María Casal, 2006, p. 48).
El único aspecto que no compartimos en relación a la posición del
Profesor Casal, tiene que ver con que se refiere a que las “medidas
adoptadas deben suponer un franco retroceso”, siendo que pensamos que
la Constitución de 1999 no exige que deba tratarse de una manifiesta y
patente modificación de la garantía previa, en nuestra opinión, basta que se
trate de una reforma que limite o reduzca, sin medida alguna, el goce o el
ejercicio del derecho adquirido, para que se esté violentando la correcta
orientación que debe surgir de lo mandado por el artículo 19 constitucional, lo
contrario sería considerar a este principio de progresividad como relegado o
limitable a través del desarrollo legislativo o judicial.
La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 01
de junio de 2000, se ha referido a este principio en los siguientes términos:
19
“Se refiere a la obligación que tiene el Estado de
incorporar al ordenamiento jurídico el reconocimien to de
todos y cada uno de los derechos humanos consagrado s
tanto en su texto constitucional, como en los instr umentos
internacionales que versen sobre la materia , es decir este
principio define la obligación de los Estados de reconocer y velar
por la defensa de los derechos humanos de manera consecutiva,
con el objeto de garantizar el disfrute y goce de tales derechos
en la medida que los mismos han sido considerados como
inherentes a la condición humana afirmando pues la condición de
la dignidad humana frente al Estado y definiendo la actividad de
los poderes públicos al servicio del ser humano.
Es tal la importancia de este principio que su aplicación
obliga a los estados a actualizar la legislación en pro de la
defensa de los derechos humanos y en aras de dignif icar la
condición humana , adaptando la interpretación de las normas
“a la sensibilidad, pensamiento y necesidades de los nuevos
tiempos” a fin “de ponerlas a tono con el nuevo orden establecido
y para rechazar todo precepto anacrónico que se oponga a su
efectiva vigencia”.
En este orden de ideas, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en el artículo 44 reconoce el derecho a
la libertad y sólo consiente en casos muy claros y definidos las
excepciones a dicho principio comentado supra, lo cual en
concordancia con el principio de progresividad obliga al Estado
Venezolano a reconocer en el ordenamiento jurídico existente la
primacía del derecho a la libertad, en los términos definidos y
previstos en la Constitución, so pena de inconstitucionalidad de
la norma en el caso de que esto no ocurra.
20
En relación con lo anteriormente expuesto, existe un deber
para el Juez Contencioso Administrativo, de interpretar todo el
ordenamiento jurídico a la luz del Derecho de la Constitución,
más aún actuando en ejercicio de la jurisdicción constitucional de
amparo, lo que quiere decir también, que hay que interpretar el
ordenamiento de manera congruente con los derechos
fundamentales o derechos humanos, que deben respeta rse
por encima de todo, realizando una interpretación d e manera
progresiva e integral .”18 (Negrillas nuestras)
La precitada sentencia interpreta el alcance de este principio así: a)
obliga al estado a proteger el ejercicio y goce de los derechos humanos
previstos no solamente en la Constitución de 1999 sino también en los
instrumentos internacionales existentes sobre la materia; b) obliga a los
estados a actualizar su legislación para asegurar el ejercicio y goce de los
derechos humanos, lo cual pensamos, implica que esa actualización no tiene
que ser necesariamente el resultado de la reforma de una norma jurídica
preexistente o de la incorporación de una nueva de manera expresa en
nuestro ordenamiento jurídico, sino que perfectamente puede resultar de la
aplicación directa de una interpretación de corte más garantista de un tratado
o convenio internacional19 por parte, por ejemplo, de un órgano del sistema
interamericano20, y c) obliga al Estado, en su labor interpretativa del
18 Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. (2000). Sentencia. Revista de Derecho Público, Nro. 82, (abril-junio), pp. 287 y siguientes. 19 Así lo prevé el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos suscrita y ratificada por nuestro país: “Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” (Negrillas y subrayado nuestro). 20 Sistema de protección de los derechos humanos del que forma parte nuestro país y al que nos referiremos especialmente en el transcurso de este trabajo de investigación.
21
ordenamiento jurídico venezolano, a hacerlo siempre considerando como
valor superior a los derechos humanos21.
El profesor Pedro Nikken también se refiere a este principio en los
siguientes términos:
“En la doctrina, la progresividad ha sido entendida como una
tendencia manifiesta que se observa en la protecció n de los
derechos humanos hacia la expansión de su ámbito de
modo continuado e irreversible, tanto en lo que se refiere al
número y contenido de los derechos protegidos como por lo
que toca a la eficacia y el vigor de los procedimie ntos en
virtud de los cuales los órganos de la comunidad
internacional pueden afirmar y salvaguardar su vige ncia .
Este principio que ha sido identificado en el ámbito de la
protección internacional de los derechos humanos, adquiere
ahora rango constitucional y debe ser la guía para la legislación
en la materia, así como para la interpretación del Derecho.”
(Subrayado y negrillas nuestras)
(Pedro Nikken, 2007, p. 115).
En este orden de ideas nos encontramos con la sentencia nro. 1154
de 29 de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, que interpreta el alcance del principio de progresividad
ratificando que el Estado está obligado a garantizar los derechos
humanos aún cuando no exista una norma jurídica exp resa que lo
establezca o no exista un recurso para hacerlo vale r en nuestro
ordenamiento jurídico , así:
21 Valor supremo expresamente recogido en el Preámbulo de la Constitución de 1999, en el que se indica que el Estado venezolano debe consolidar valores como: “la garantía universal e indivisible de los derechos humanos”.
22
“en razón del cual resulta menester la adecuación del
ordenamiento jurídico para asegurar la efectividad de dichos
derechos, no siendo posible la excusa de la inexistencia o no
idoneidad de los recursos consagrados en el ordenam iento
interno para la protección y aplicación de los mism os .”22
(Negrillas nuestras)
Sobre la interpretación de este principio, encontramos también una
sentencia de la Sala Constitucional que anula una decisión de una juez de
instancia que aplicó el control difuso de la constitucional de las leyes y
desaplicó para el caso concreto, el aparte segundo del artículo 376 del
Código Orgánico Procesal de 2005, siendo que la Sala Constitucional señaló
lo siguiente sobre el principio de progresividad:
“Sobre este punto, estima la Sala necesario aclarar que la
progresividad de los derechos humanos se refiere a la
tendencia general de mejorar cada vez más la protec ción y el
tratamiento de estos derechos , sin embargo, la progresividad
de los derechos humanos de los imputados, no puede ir en
detrimento de los derechos humanos del resto de las personas,
incluso de las víctimas de esos delitos, por lo que en ningún caso
se autoriza la desproporcionalidad de las penas aplicables
conforme a la gravedad del delito, ni un tratamiento igualitario
respecto de quienes cometen delitos menos graves, pues sería
contradictorio con el verdadero sentido de la justicia y la equidad.
Aunado a lo anterior, considera que en atención a la
progresividad de los derechos humanos, mal podría
22 Sentencia nro. 1154 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 29 de junio de 2001. Consultada el 12 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1154-290601-01-0510.htm
23
aplicarse por razones de conveniencia una norma que fue
derogada hace más de cuatro años, con preferencia a la
norma vigente para el momento de la comisión del de lito en
cuestión, pues eso aplicaría sólo cuando la derogat oria de la
norma más favorable y consecuente entrada en vigenc ia de
la nueva, ocurriese durante el juicio penal al cual se pretende
aplicar la más benévola, lo cual no es el caso de a utos .”23
Vale decir que este ha sido el criterio pacífico y reiterado de la Sala
Constitucional sobre la correcta interpretación que debe dársele al segundo
aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal de 2005 y en
particular al principio de progresividad objeto de nuestro análisis24, siendo
que se destaca la imposibilidad de que con base a este principio, se pretenda
aplicar una disposición legal derogada con preferencia a una norma vigente
en beneficio del imputado, lo cual reitera la Sala Constitucional solamente es
admisible, cuando la derogatoria de una norma jurídica más beneficiosa para
el imputado se efectuó durante la realización del juicio penal de que se trate.
Y es que precisamente al principio de progresividad hay que
interpretarlo considerando su doble perspectiva, esto es, como obligación y
como garantía Estadal, pues la progresividad debe entenderse relacionada
con el contenido de los derechos humanos, en el sentido, como ya decíamos
antes, de que debe tenderse a mejorar la situación actual de protección en la
materia pero nunca a crear una situación regresiva que implique un retroceso
en la protección actual brindada, el Profesor Pedro Nikken se refiere a este
aspecto así:
23 Sentencia nro. 18 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 19 de enero de 2007. Consultada el 12 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/enero/18-190107-05-0933.htm 24 Sentencias identificadas con los números: 4979, 4982, 4986, 5008, 5015, 5016, 5017, 5036, todas de 15 de diciembre de 2005 y 2237 de 17 de diciembre de 2007. Consultadas el 12 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.tsj.gov.ve/search4/buscador.asp
24
“Hay una distinción que es necesario precisar y dejar bien
aclarada. La progresividad es una nota relativa a la
naturaleza de los derechos humanos y no de las
obligaciones de los Estados respecto del respeto y la
garantía de los derechos fundamentales . El contenido y la
garantía de los derechos humanos están llamados a ampliarse
progresivamente de tal manera que el principio de progresividad
prohíbe la regresividad en este ámbito. En cambio, las
obligaciones del Estado son exigibles de inmediato y no
progresivamente, salvo que se trate de derechos, como ocurre
con algunos de los económicos, sociales y culturales, que por su
naturaleza sean realizables progresivamente.”
(Pedro Nikken, 2007, p. 115). (Negrillas y subrayado nuestro)
Asimismo, contempla el precitado artículo 19 de la Constitución
vigente, que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, por
lo que todos los derechos humanos preconizados o no en nuestra Carta
Magna conforman un solo sistema, un solo dogma, con lo cual ratificamos lo
que señaláramos en la primera parte de este capítulo, en el sentido que las
“generaciones” de derechos humanos deben considerarse desde una
perspectiva cronológica; sobre este particular, la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia nro. 1002 de 26-05-2004 que
entre otros aspectos señala:
“…La dicotomía entre los derechos civiles y políticos, y los
derechos económicos, sociales y culturales fue establecida
desde los trabajos preparatorios de los dos Pactos de Naciones
Unidas, y sobre todo, en la decisión tomada por la Asamblea
General en 1951 de elaborar no uno, sino dos instrumentos que
tratasen, respectivamente, las dos categorías de derechos como
25
una expresión de la idea que los derechos civiles y políticos eran
derechos susceptibles de aplicación inmediata -por requerir
obligaciones de abstención por parte del Estado-, mientras que
los derechos económicos, sociales y culturales eran
implementados por reglas susceptibles de aplicación progresiva -
por implicar obligaciones positivas-, criterio que igualmente fue
recogido en la Carta Social Europea -en cuyo proceso de
negociación se tenía la convicción de que sería difícil garantizar
la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales
mediante un control judicial-, y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
Reconsiderada la supuesta diferencia entre derechos
económicos, sociales y culturales, y derechos civiles y políticos,
la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán (1968 )
proclamó la indivisibilidad de los derechos humanos ,
afirmando que la plena realización de los derechos civiles y
políticos era imposible sin el goce de los derechos
económicos, sociales y culturales, postura que fue avalada
por la Asamblea General de la Organización de las N aciones
Unidas, según la Resolución 32/130 .
Conforme al texto de la indicada Resolución, entre las dos
categorías de derechos no puede haber más que
complementariedad , nunca antinomia . Los llamados derechos
de solidaridad interactúan con los derechos civiles y políticos; sin
embargo, esa afirmación, certera por demás, no alejó para aquél
entonces, ni ahora, todas las incertidumbres del debate sobre la
distinción entre el rol de los Estados en materia de derechos
económicos, sociales y culturales y los límites a establecer a sus
acciones en lo que concierne a los derechos civiles y políticos
(basta con mirar las Resoluciones 43/113, 43/114 y 43/125
26
donde se insiste en la necesidad de establecer una atención
igual a ambos derechos), pues está aún en plena discusión la
diferencia del grado de exigibilidad de las obligac iones que
de esos derechos se derivan frente al Estado , para muestra la
gran prudencia de los países cuando se trata de asumir
obligaciones más amplias que no están seguros de tener
capacidad real para cumplirlas (por ejemplo, aunque ha existido
un notable progreso no existe actualmente una posición definitiva
en cuanto a la incorporación de ciertos derechos adicionales en
el corpus de la Convención Europea de Derechos Humanos. El
Consejo de Europa prefirió, por el momento, situar algunos
derechos económicos y sociales bajo el sistema de protección de
la Carta Social Europea)…”25 (Negrillas y subrayado nuestro).
Nótese que la Sala Constitucional recoge en esta sentencia
claramente su posición sobre la indivisibilidad de los derechos humanos, lo
cual supone en principio, que resulta posible garantizarlos a todos en
obsequio al interés del justiciable, dado que son complementarios pues
forman parte de un sistema, lo que variará, según la Sala, será el grado en
que resulta posible procesalmente hacerlo.
Sobre la indivisibilidad de los derechos humanos encontramos una
muy interesante referencia sobre su situación reciente, en el prólogo que
Camilo Castellanos preparó para el Informe anual de PROVEA sobre la
Situación de los Derechos Humanos en Venezuela para el período octubre
2006-septiembre 2007, veamos:
25 Sentencia nro. 1002 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 26 de mayo de 2004. Consultada el 13 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1002-260504-02-2167%20.htm
27
“…En vísperas de la realización de la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos de Viena (1993), eran pocos los
comprometidos con la perspectiva integral de los derechos
humanos. Acosados por la urgencia de defender la vida y la
integridad personales y de superar la impunidad frente a las
violaciones de estos derechos, no faltaron quienes consideraron
un despropósito cuando no una traición, introducir la perspectiva
de los derechos económicos, sociales y culturales pues, a su
juicio, debilitaba el frente de los civiles y políticos.
Pasados quince años, se ha ganado mucho espacio. La
perspectiva de la integralidad se convirtió en sent ido común
para el movimiento de derechos humanos y son
excepcionales las organizaciones que persisten en m antener
una visión escindida o exclusivamente centrada en l os
derechos civiles y políticos ….” (PROVEA, 2007, p. 9).
(Negrillas nuestras)
Tenemos un aspecto todavía por analizar en detalle, relacionado
precisamente con la eficacia de los derechos humanos, y particularmente de
los derechos económicos, sociales y culturales, desde el punto de vista
procesal, que muy ampliamente se encuentra desarrollado en la sentencia
nro. 1002 de 26-05-2004 de la Sala Constitucional a la que nos referimos
previamente cuando estudiamos el tema de la indivisibilidad de los derechos
humanos y que servirá de un puente perfecto para analizar posteriormente la
relación existente entre los artículos: 19, 29, 30 y 31 de la Constitución de
1999.
Vayamos nuevamente a lo previsto en la sentencia antes señalada:
“Esta circunstancia ha centrado la discusión en la
búsqueda de una protección más eficaz de los derechos
económicos, sociales y culturales, lo que indica que la Sala no
28
está ante un debate superado, ni mucho menos ante una
problemática que cuente con soluciones que agoten la discusión
-la profusa doctrina que existe al respecto puede dar cuenta de
ello-. El hecho de que existan algunos derechos económicos,
sociales y culturales que se caracterizan por requerir, al igual que
los derechos civiles y políticos, obligaciones de abstención por
parte del Estado, sólo permite hacer, hasta ahora, una única
afirmación irrebatible: la diferencia existe, solo que ya no en el
plano normativo sino en el procesal u operacional p orque no
es absoluta .
Esa dificultad operacional o procesal de los derechos
económicos, sociales y culturales se explica porque su
implementación confronta la crisis del endeudamient o y el
consecuente empobrecimiento de los países (especial mente
los Latinoamericanos), pues la realización de los m ismos
depende de los recursos existentes, comprometiéndos e los
Estados sólo a disponer los medios para alcanzar ob jetivos
progresivos ; sin embargo, se le recrimina que es precisamente
en los períodos de crisis que se impone su plena vigencia,
particularmente en relación con los miembros más vulnerables de
la sociedad.
En ese estado de las cosas el constituyente de 1999 no se
conformó con incorporar en la Carta Magna la cláusula de Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia (artículo 2), sino
que también estableció como derechos fundamentales los
derechos económicos, sociales y culturales que, conjuntamente
con el valor normativo de la Constitución, exigen de la Sala un
esfuerzo teórico, claro está, no definitivo, para compaginar esas
dos caras ineludibles de tales derechos.
(…)
29
Atendiendo a ello se debe señalar que el Estado Social de
Derecho es el Estado de la procura existencial, su meta es
satisfacer las necesidades básicas de los individuos
distribuyendo bienes y servicios que permitan el logro de un
standard de vida elevado, colocando en permanente realización y
perfeccionamiento el desenvolvimiento económico y social de sus
ciudadanos.
Según esto, la cláusula de Estado Social de Derecho es
suficiente para que el Estado, a través de su estructura
administrativa, esté en constante desarrollo de un programa
económico, social o cultural y concilie los intereses de la
sociedad, porque esa es, precisamente, su razón de ser. Por
ende, desde la cláusula no existen derechos , lo que impide
afirmar que ellos, por sí mismos, estén en la esfer a subjetiva
del ciudadano , la aspiración de satisfacer las necesidades
básicas de los individuos constituye un principio o rientador
de la actividad administrativa , aquello que identifica a un
Estado como Social de Derecho, por lo que tales pro gramas
son elementos condicionadores del fin de la activid ad,
califica, por así decirlo, qué debe ser entendido c omo interés
público .
Al contraste de esto, al menos en la Constitución de
1999, se estipula simultáneamente como derechos
fundamentales los derechos económicos, sociales y
culturales, lo que implica, de por sí, consecuencia s muy
específicas: entre ellas, que le es aplicable -en p rincipio- la
tutela mediante amparo porque nuestro Texto Fundame ntal,
a diferencia de otros ordenamientos, no discrimina esa
garantía para cierta clase de derechos, y su vincul ación
inmediata, ya que en nuestro ordenamiento la Carta Magna
30
contiene un valor normativo que pregona su exigenci a
automática, desconociendo lo que la doctrina denomi na
derechos programáticos .
Por tanto, al tener en esos términos los derechos
económicos, sociales y culturales rango de derechos
fundamentales, gozan, indiscutiblemente, de tutela
jurisdiccional, pues, en caso contrario, no se esta ría ante un
derecho sino ante una aspiración de valor moral . El asunto
es determinar cuándo se está exigiendo el cumplimie nto de
un derecho económico, social o cultural, y cuándo s e está
exigiendo que la Administración cumpla con la cláus ula de
Estado Social de Derecho, ya que en uno u otro caso las
formas de exigencias son totalmente distintas,
diferenciación que pasa, necesariamente, por el
reconocimiento del valor político de la actividad e statal
destinada a satisfacer la procura existencial, y po r la
definición del núcleo esencial de cada uno de los d erechos
en juego .
Según las ideas expresadas en los párrafos anteriores se
concluye, hasta ahora, que: a) los derechos económicos,
sociales y culturales gozan, como cualquier derecho , de
tutela jurisdiccional ; b) para saber cuándo se está en presencia
de uno de esos derechos debe existir un relación jurídica
perfectamente definida donde la lesión de los mismo s
provenga de una modificación de la esfera jurídica del
ciudadano o de un colectivo ; c) la actividad estatal destinada a
satisfacer la procura existencial es una actividad de gran
contenido político ; d) que esa actividad puede traducirse bien
en actos o bien en políticas; e) que esos actos pueden ser
objeto de control jurisdiccional en sus elementos j urídicos ,
31
no en los políticos; f) que las políticas no son objeto, en principio,
de control jurisdiccional sino de control político; g) que esa
imposibilidad del juez no puede ser entendida como una
negación del derecho de acción de los ciudadanos .
En lo que respecta a los mecanismos de control la Sala,
haciendo uso de su intención de no exponer agotadoramente el
tema, prefiere, por ahora, limitarse a señalar que siendo que el
amparo constitucional es de naturaleza restablecedo ra, la
posibilidad de controlar jurisdiccionalmente las po líticas
económicas, sociales y culturales no abarca esta ga rantía
constitucional, pero sí quiere destacar que ese con trol se
corresponde completamente con la naturaleza de las
funciones que, por mandato constitucional, le han s ido
asignadas al Defensor del Pueblo .
Queda por definir a quién se le controla las políticas
destinadas, por lo menos en lo que a este caso toca, a garantizar
un sistema de salud acorde, es decir, qué órgano es el
controlado. En tal sentido, según nuestro enunciado
constitucional, el derecho a la salud es un derecho que debe ser
garantizado por el Estado; por lo que se hace necesario concebir
a éste no sólo como el ente político territorial nacional, sino como
aquella unidad política a la que los ciudadanos, mediante el
pacto social, le ha otorgado potestades para que satisfaga la
procura existencial, esto es, cualquier ente político territorial. Tal
situación es lo que la doctrina patria ha denominado como las
competencias concurrentes: aquellas que corresponde ser
satisfechas, dada su naturaleza, no sólo por la República, sino
también por los Estados, los Distritos Metropolitanos y los
Municipios, dentro del ámbito de su capacidad económica, de allí
que el cumplimiento de tal derecho debe exigirse tanto a los
32
órganos nacionales como a todos aquellos que, en atención a su
ámbito competencial, tengan como función la satisfacción del
derecho constitucional en referencia, indistintamente del ente
político territorial al cual pertenece
.
Ahora bien, la Federación Médica Venezolana impugna
con el amparo ejercido “(...) la insuficiente dotación de los
insumos, equipos médicos y mantenimiento de la infraestructura
hospitalaria a nivel Nacional, y en general todo lo relacionado con
la salud (...)”, pretendiendo que se ordene la remisión de los
recursos económicos a los centros hospitalarios, así como la
inmediata asignación, ejecución y entrega del presupuesto para
la adquisición de los insumos, dotación médica, equipos y
materiales instrumentales a los hospitales y ambulatorios del
país.
Lo expuesto, en criterio de la Sala, no coincide co n el
hasta ahora único elemento identificado del núcleo esencial
de los derechos económicos, sociales y culturales: la
existencia de una relación jurídica perfectamente d efinida, ya
que lo pretendido por la parte accionante es que la
Administración nacional -que como se dijo no es la única
obligada y, sin embargo, fue señalada como única
accionante-, cumpla con la cláusula de Estado Socia l de
Derecho .
En tal sentido, se debe indicar que la cuantía de l os
presupuestos, su distribución y la consignación de las
cantidades necesarias para que los servicios de sus
respectivas competencias estén dotados de los medio s
personales, financieros y materiales que posibilite n una
prestación eficiente, es una actividad netamente po lítica , tal
33
como lo señalara, inclusive, la otrora Corte Suprema de Justicia
en Pleno, el 20 de mayo de 1997 (caso: Procurador General de
la República vs Acuerdo del Congreso de la República),
naturaleza que la condiciona como una actividad eminentemente
abstracta y constitutiva y, por tanto, imposible de ser objeto de
amparo constitucional destinado, como se sabe, al
restablecimiento de situaciones jurídicas (concretas) infringidas,
de allí que se declare no ha lugar en derecho el amparo ejercido.
Así se decide.
Empero, siendo que es imposible desconocer el estado
crítico del sistema de salud del país a través de la historia, insta
al Defensor del Pueblo a realizar, a la brevedad posible, las
reuniones con el Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano del
Seguro Social, los órganos estadales y municipales (entre ellos al
Distrito Metropolitano) a los que se les ha descentralizado ese
servicio, para fijar la estrategia administrativa y presupuestaria
para mejorar las condiciones en que se encuentra el sistema en
referencia, y, en todo caso, se le exhorta a que realice las
actuaciones que correspondan de conformidad con las
atribuciones contenidas en el Texto Fundamental.”26 (Negrillas y
subrayado nuestro)
En nuestra opinión, el criterio de la Sala Constitucional previamente
citado presenta varias incongruencias que sin duda constituyen, una forma
patente de desconocer la tutela judicial efectiva que merecen los derechos
económicos, sociales y culturales, veamos por qué:
• Efectúa una diferenciación poco convincente entre lo que debe
entenderse por el estado social de derecho y de justicia y los
derecho económicos, sociales y culturales, siendo que para 26 Idem
34
diferenciar la oportunidad procesal de unos y otros, la Sala
puntualiza que: “…debe existir una relación jurídica
perfectamente definida donde la lesión de los mismos provenga
de una modificación de la esfera jurídica del ciudadano o de un
colectivo…” y que la actividad del estado fundamentada en el
artículo 2, que no es otra que satisfacer la procura existencial
de los venezolanos, es una actividad de gran contenido político,
siendo que la actividad política es susceptible solamente de
control político y no judicial, aunque ello no significa que el
ciudadano pierda su derecho de acción;
• Se reconoce así expresamente que el artículo 2 de la
Constitución de 1999 en el que se establece que Venezuela es
un estado social de derecho y de justicia, no es justiciable, pues
constituye en su criterio una suerte de programa a ser
desarrollado por el Ejecutivo dado que Venezuela es un país
pobre con recursos limitados, lo cual es al menos un exabrupto,
no solamente porque la misma Sala ha señalado claramente
que la Constitución de 1999 no es un programa ya que sus
normas jurídicas son de plena y directa aplicación, así: “Debe la
Sala, ante todo, recordar que las Constituciones modernas,
entre ellas la venezolana, contienen auténticas nor mas de
Derecho, por lo que no es posible hablar de disposi ciones
programáticas, salvo que así lo haya establecido ex presa y
claramente el Texto Fundamental . Así lo asentó, por ejemplo,
en la sentencia del 4 de noviembre de 2003 (Nº 2884, caso:
Oscar Figuera y otros contra Ley de Reforma Parcial de la Ley
Orgánica del Trabajo), al rechazar el argumento de la
Procuraduría General de la República según el cual el artículo
90 de la Constitución de 1961 (96 de la actual) contenía una
disposición programática (el artículo imponía el deber del
35
Estado de favorecer “el desarrollo de las relaciones colectivas
de trabajo” y establecer “el ordenamiento adecuado para las
negociaciones colectivas”)…”27 (Negrillas nuestras), sino que
además el artículo 2 ha sido argumento fundamental en la
solución que ha dado esta misma Sala a controversias, como lo
fue por ejemplo el caso de los créditos indexados en sentencia
nro. 1858 de 30-08-2004;
• Es el Defensor del Pueblo quién puede ejercer el control de las
actividades políticas económicas, sociales y culturales que
ejecuta políticamente el Estado, no el Poder Judicial;
• En el caso particular, del derecho a la salud, que constituye una
competencia concurrente de todos los niveles del Poder Público
en su distribución vertical, la Sala concluye que debe exigirse a
todos los órganos de cualquier nivel que tengan atribuida esta
competencia, y no solamente al Poder Ejecutivo Nacional, lo
cual supondría que aunque exista la distribución competencial,
la exigencia en el cumplimiento de este derecho debe exigirse a
todo el Estado como un todo, lo cual constituye también un
exabrupto pues deja sin efecto entonces la distribución de
competencias que encuentra su origen en la propia
constitución;
• Finaliza la Sala diciendo que la cuantía y distribución del
presupuesto de salud es una actividad netamente política y por
ende no controlable por el Poder Judicial, ya que se trata de
una actividad abstracta y no concreta, por lo que la vía del
amparo constitucional no es la adecuada, y nos preguntamos
nosotros, ¿y entonces cuál es la vía correcta?, pues ello
27 Sentencia nro. 1278 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 17 de junio de 2005. Consultada el 14 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1278-170605-01-2306.htm
36
supondría que no puede exigírsele válidamente al Estado que
cumpla con sus obligaciones en la protección y garantía de
ejercicio de estos derechos, salvo que el individuo que
constitucionalmente está protegido se encuentre en una
situación concreta que vea afectado ese derecho, esto podría
ser, por ejemplo, el caso de un familiar enfermo que requiere
atención médica inmediata, que no pudo obtener, y en
consecuencia fallece, y nos preguntamos nosotros, ¿por qué
debe esperarse hasta que esto ocurra?, cuando resulta
evidente que en virtud del fraccionamiento de la atención
médica, el Estado venezolano no dispone de una infraestructura
óptima para atender estos temas, ¿por qué el Poder Judicial
como garante fundamental del ejercicio de estos derechos no
se asegura preventivamente que el Estado venezolano cumpla
con su obligación, que le permita entonces garantizar el goce
eficaz de este derecho?.
Finalizaremos el análisis del artículo 19 de la Constitución de 1999,
refiriéndonos a su previsión sobre la obligación que tienen los órganos del
Poder Público de respetar y garantizar a los derechos humanos, lo cual es
desarrollado de la siguiente manera en los artículos 29, 30 y 31 de dicha
norma fundamental:
“Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y
sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos
cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad,
violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de
guerra son imprescriptibles . Las violaciones de derechos
humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y
juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan
37
excluidos de los beneficios que puedan conllevar su
impunidad, incluidos el indulto y la amnistía .”
(Negrillas y subrayado nuestro).
Esta norma jurídica está en completa sincronía con los tratados,
pactos y convenios internacionales que en materia de derechos humanos
recogen la obligación estatal de investigar y sancionar a los delitos contra los
derechos humanos, es esta una de las funciones de corte garantístico de
especial importancia para el Estado moderno.
También se refiere este artículo a la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y contra lesa humanidad, ya recogida en la Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad28, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas,
siendo que también rige para los delitos que nuestro constituyente considero
como violaciones graves a los derechos humanos, en el marco del Estatuto
de Roma.
Otro de los aspectos positivos que hay que necesariamente resaltar de
este artículo 29, es que el conocimiento de estos delitos se deja en manos de
tribunales ordinarios, esto es, tribunales civiles y no militares, prohibiéndose
además el indulto y la amnistía y cualquier otro beneficio procesal que
suponga no cumplir con la pena29.
Esta norma jurídica no encuentra parangón alguno en la Constitución de
196130, lo cual anotamos como un aspecto especialmente positivo de la
Constitución de 1999.
28 Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, siendo que entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. 29 Lamentablemente no ha sido esta la realidad en nuestro país, lo cual queda evidenciado con la medida cautelar dictada en beneficio del Sr. Francisco Usón Ramirez por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso nro . 12.554, pues la Comisión advierte que los tribunales militares no tenían competencia alguna para conocer de casos en los que están involucrados civiles, como lo era el Sr. Usón para el momento en que fue juzgado. 30 En la Constitución de 1961 nos encontramos apenas con el numeral 4 del artículo 220, que disponía lo siguiente:
38
Al analizar los aspectos relacionados con la obligación estatal de
indemnización, que serán tratados de seguida, haremos referencia a la
actuación del Estado venezolano en esta materia en virtud de sentencias
dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Revisemos ahora lo previsto en el artículo 30:
“Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar
integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos
humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes,
incluido el pago de daños y perjuicios.
El Estado adoptará las medidas legislativas y de ot ra
naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones
establecidas en este artículo .
El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y
procurará que los culpables reparen los daños causa dos .”
(Negrillas y subrayado nuestro).
La otra obligación de hacer, consecuencia lógica de las otras dos
previstas en el artículo 29, esto es, investigar y sancionar, es la relativa a la
obligación estatal de indemnizar31 integralmente a las víctimas o sus
derechohabientes de las violaciones de sus derechos humanos. Nótese
claramente cómo nuestro constituyente pretendió aquí darle eficacia al
sistema de derechos humanos previsto en nuestra Constitución de 1999, al
hacer hincapié en la existencia de una reparación o indemnización que no se
encontraba prevista en la Constitución de 1961.
“Artículo 220. Son atribuciones del Ministerio Público: Omissis 4.- Velar por el correcto cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión;…” (Negrillas nuestras). Nótese como la garantía en la Constitución de 1961 estaba expresamente circunscrita a la protección de los reclusos. 31 El numeral 1 del artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé lo siguiente: “1.Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”
39
Durante los ocho años32 que se están analizando en este trabajo,
encontramos varios aspectos a destacar con respecto a este asunto, así
tenemos que en sentencia de 18 de enero de 199533, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos resolvió sobre el caso: El Amparo vs. Venezuela,
siendo que el Estado venezolano reconoció su responsabilidad por lo que la
Corte dio por terminada la controversia y estableció que nuestro país y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordarían la reparación e
indemnización correspondiente, siendo que dado que no fue posible un
acuerdo, la Corte en sentencia del 14 de septiembre de 199634, estableció el
monto de la indemnización por daño material y daño moral entre otros gastos
y le fijo al Estado venezolano un plazo de seis meses para cumplirla35, una
vez notificado. Posteriormente la Corte emitió una Resolución36 a los fines de
aclarar el alcance de sentencia de reparación e indemnización pero que no
afectaba la determinación efectuada en la sentencia objeto de la
interpretación, vale decir que en definitiva el Estado cumplió con estas
obligaciones de pago el 10 de junio de 1998 pero las víctimas reclamaron a
la Corte que no le habían pagado los intereses de mora expresamente
establecidos en la sentencia del 14 de septiembre de 1996, por lo que la
Corte dictó una Resolución sobre cumplimiento de sentencia de fecha 28 de
noviembre de 2002, período si cubierto en este trabajo, en la que instó al
Estado a pagar los intereses resultantes de la mora en el pago, siendo que
32 El trabajo se refiere a este período pues se inició en enero de 2008. 33 Consultada el 11 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=13 34 Consultada el 11 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=13 35 “64. Por tanto, LA CORTE, por unanimidad, 1. Fija en US$722.332,20 el total de las indemnizaciones debidas a los familiares de las víctimas y a las víctimas sobrevivientes a que se refiere este caso. Este pago deberá ser hecho por el Estado de Venezuela en el plazo de seis meses a contar de la fecha de notificación de la presente sentencia y en la forma y condiciones que se expresan en los párrafos precedentes…” 36 Resolución de la Corte de 16 de abril de 1997. (Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas)
40
fue el 02 de diciembre de 2005 cuando en definitiva el Estado venezolano
pagó los intereses de mora actualizados a la fecha, pero no cumplió con la
parte de la sentencia relacionada con el artículo 29 de la Constitución de
1999, esto es, con su obligación de investigar y sancionar a los responsables
de la violación de derechos humanos ocurrida en el Amparo, así
expresamente lo reconoce la Corte:
“POR TANTO:
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
Omissis
DECLARA:
Omissis
3. Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión
de cumplimiento del punto pendiente de acatamiento en el
presente caso, a saber: continuar las investigaciones de los
hechos a que se refiere este caso y sancionar a quienes
resulten responsables .
Y RESUELVE:
1. Requerir al Estado que adopte todas las medidas que
sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamie nto al
punto pendiente de cumplimiento que fue ordenado por el
Tribunal en la Sentencia de reparaciones de 14 de septiembre
de 1996, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos...”37
(Subrayado y negrillas nuestras).
Nos encontramos entonces, con que el Estado venezolano tardó casi
diez (10) años para ejecutar íntegramente el fallo de la Corte interamericana
en lo que respecta a la indemnización por daño material y moral, pero aún no
ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar a los responsables,
37 Resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de 04 de julio de 2006. Consultada el 13 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=13
41
lo cual lamentablemente supone no solamente que ha cumplido el fallo
solamente de manera parcial, incumpliendo con sus obligaciones ante el
Sistema Interamericano, sino también que se mantiene la impunidad, aún
cuando el Estadlo reconoció sin controversia alguna su responsabilidad en
los hechos que se le imputaron.
Otro caso muy importante, cuya sentencia de fondo fue dictada el 11 de
noviembre de 199938 por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, tiene que ver con el Caso del Caracazo vs. Venezuela, en el cual
el Estado venezolano, al igual que en el caso de El Amparo, reconoció su
responsabilidad por lo que quedo a la espera de que fuesen establecidos las
consecuentes reparaciones e indemnizaciones aplicables, así, en fecha 29
de agosto de 2002 fue dictada la sentencia de Reparaciones y Costas39 en la
que se determinó que la indemnización por daño material y moral que tendría
que pagar el Estado venezolano era de: US$1.559.800,00 (un millón
quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos dólares de los Estados Unidos
de América) o su equivalente en moneda venezolana más otros montos por
gastos establecidos expresamente en la sentencia. En Resolución de la
Corte Interamericana del 17 de noviembre de 200440, se hace constar que el
Estado cumplió, ahora con mayor rapidez que en el caso de El Amparo, el
pago de las indemnizaciones que le fueron establecidas en la sentencia de
reparaciones y costas antes indicada, pero que lamentablemente no se
evidencian las gestiones efectuadas para investigar y sancionar a los
responsables, con lo que al igual que en el caso de El Amparo, se indemnizo
a las víctimas pero no hay victimarios, con lo que el Estado venezolano sigue
así incumpliendo con las obligaciones que le impone la Convención
Americana de Derechos Humanos. A la fecha de este trabajo, no
38 Consultada el 14 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=13 39 Consultada el 17 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=13 40 Consultada el 17 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=13
42
encontramos ninguna información reciente que modifique la situación
indicada en los dos relevantes casos antes comentados41.
Por último nos referiremos brevemente al artículo 31 de nuestra Carta
Magna que establece lo siguiente:
“Artículo 31. Toda persona tiene derecho , en los términos
establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre
derechos humanos ratificados por la República, a dirigir
peticiones o quejas ante los órganos internacionale s
creados para tales fines, con el objeto de solicita r el amparo
a sus derechos humanos .
El Estado adoptará , conforme a procedimientos establecidos en
esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias
para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los
órganos internacionales previstos en este artículo .”
(Subrayado y negrillas nuestras).
Garantía esta fundamental, pues el Estado debe asegurarle al presunto
lesionado el derecho, en el marco del sistema de derechos humanos del que
forma parte Venezuela42, a solicitar el amparo de los mismos, considerando
los requisitos del ordenamiento internacional al que pretende acogerse así
como dar cumplimiento a lo ordenado válidamente por el órgano
41 Tuvimos la oportunidad de revisar otros casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencias que le imponen obligaciones de reparación e indemnización al Estado venezolano, a saber. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela, Sentencia de 28 de noviembre de 2005 que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos de las policías estatales durante las lluvias de diciembre de 1999 en el estado Vargas mientras paradójicamente se efectuaba el referéndum aprobatorio de la Constitución de 1999 que presentaba normas jurídicas de gran importancia en materia de Derechos Humanos; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, Sentencia de 5 de julio de 2006, un caso que se originó durante el segundo Gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez en el y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela Sentencia de 5 de agosto de 2008 que si analizaremos muy detalladamente en este mismo capítulo, en virtud de que el Estado recientemente declaró que era inejecutable violando con ello las obligaciones que le son propias en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. En todos los casos antes indicados distintos de este último, no presentaremos una revisión detallada en virtud de las limitaciones de espacio propias de este trabajo. 42 Sistema Interamericano y Sistema de la Organización de Naciones Unidas.
43
internacional de que se trate, siendo que, salvo excepciones muy
particulares43, el Estado venezolano no ha acogido44, las medidas cautelares,
ni las recomendaciones resultantes de los informes anuales de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos45, ni tampoco las medidas
provisionales ni sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos46, aspecto que analizaremos en detalle cuando nos refiramos
precisamente a la obligatoriedad de acogerse no solamente a las
disposiciones del Sistema Interamericano suscritas y ratificadas por nuestro
país47, sino también a las decisiones de sus órganos, según lo previsto en el
artículo 23 de nuestra Carta Magna que analizaremos en este mismo
capítulo.
Este artículo 31 de la Constitución de 1999 encuentra asidero en el
artículo 2.348 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así
43 Relativos a las reparaciones y costas de los casos de El Amparo y el Caracazo. 44 La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la ya indicada antes sentencia de 5 de agosto de 2008 en la que se obliga al Estado venezolano a reintegrar al Poder Judicial a los abogados Apitz Barrera, Perkins Rocha Contreras y a Ana María Ruggeri Cova y a indemnizarlos en virtud del daño material e inmaterial que les fue generado, lo cual hasta la fecha el Estado venezolano no ha hecho. De hecho, recientemente fueron designados los nuevos magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a la que estaban adscritos los beneficiarios de esta sentencia, y claramente el Estado demostró que no estaba dispuesto a acatar la misma pues no los reincorporó a este tribunal, designando a otros magistrados. Si el Estado venezolano no cumple con esta obligación dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia, se entenderá que está dispuesto a indemnizarlos como expresamente señala el párrafo 246 de la sentencia bajo análisis, esto es, cien mil dólares americanos o su equivalente en moneda nacional para cada uno. Además debe cumplir con otras obligaciones previstas en la sentencia. Recientemente, con la sentencia no. 1939 de 18 de diciembre de 2008 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, nuestro país desconoció sus obligaciones resultantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues declaró expresamente que este fallo era inejecutable. 45 El 09 de Agosto de 1977, Venezuela reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con el artículo 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 46 El 24 de Junio de 1981, Venezuela reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 47 Ver los anexos de este trabajo en el cual se indica la situación actual de Venezuela sobre este particular. 48 “Artículo 2 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
44
como en el artículo 2549 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, artículos que obligan a los Estados a garantizar la eficacia de las
normas jurídicas internas e internacionales que protejan a los derechos
humanos.
Siendo este así, ¿qué carácter tienen los medios internacionales de
protección de los derechos humanos?, sin duda, complementario, ya que
esta complementariedad viene dada precisamente porque se entiende que el
Estado de que se trate debe accionar todo su aparato institucional interno
para hacer eficaz la obligación genérica de garantía que le impone el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, esto supone entonces, que
si el Estado no puede garantizar en el marco de su ordenamiento jurídico
interno, ya sea porque no existe la garantía expresa o existiendo, el Poder
Judicial no es eficaz para hacerla operativa, entonces dado que esta
obligación no es satisfecha en beneficio del individuo, se abre
inmediatamente la compuerta para acudir a los organismos internacionales y
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” 49 “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
45
tratar de obtener de estos, la investigación, sanción y reparación que no
pudo obtenerse internamente.
iv. Principio de No Discriminación
La igualdad ante la Ley se encuentra presente en nuestro
constitucionalismo desde 181150, siendo que si comparamos la Constitución
de 1999 vs. la Constitución de 1961, encontramos que la primera es más
amplía en el contenido de este derecho humano al hincapié en la necesidad
de garantizar dicha pretendida igualdad de todos los individuos que hacen
vida en nuestro país, nos encontramos así con lo previsto en el artículo 21 de
la Constitución de 1999 que señala:
“Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en
consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el
sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en
general, tengan por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de
toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y
administrativas para que la igualdad ante la ley se a
real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de
personas o grupos que puedan ser discriminados,
marginados o vulnerables; protegerá especialmente a
aquellas personas que por alguna de las condiciones
antes especificadas, se encuentren en circunstancia
50 En el devenir de este trabajo, haremos especial referencia a un interesante trabajo de investigación coordinado por los abogados: Ricardo Combellas y Elena Plaza que precisamente se refieren a los Procesos Constituyentes y Reformas Constitucionales en la Historia de Venezuela. 1811-1999, en el cual se aborda en detalle este aspecto.
46
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana;
salvo las fórmulas diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones
hereditarias.”51
(Negrillas nuestras)
Véase como el constituyente trato de fortalecer el alcance de este
derecho previendo en el numeral 2, la necesidad de que a través de la ley se
fuese desarrollando todo el marco jurídico requerido para que dicha igualdad
no sea un mero propósito, muy loable además, sino que realmente se
garantice y por ende sea eficaz, todo ello a través de la adopción de medidas
positivas que le permitan al particular ejercer este derecho.
Lamentablemente la experiencia ha dado al traste con este derecho,
pues luego de la fuerte confrontación política que ha resultado de las
diferentes iniciativas políticas implementadas por Chávez, se ha potenciado
una discriminación política sin precedentes52 en nuestro país y que sin duda
alguna ha caracterizado el ejercicio de su Gobierno, situación que se
evidencia en el despido de opositores de cargos públicos y a través de la
negación del acceso a programas sociales, medios de comunicación
51 “Artículo 61º de la Constitución de 1961: “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social. Los documentos de identificación para los actos de la vida civil no contendrán mención alguna que califique la filiación. No se dará otro tratamiento oficial sino el de ciudadano y usted, salvo las fórmulas diplomáticas. No se reconocerán títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.” 52 El clientelismo político fue la forma a través de la cual se evidenciaba la discriminación en el período democrático anterior al Presidente Chávez; de varios autores que hemos revisado sobre el particular, merece especial atención el trabajo efectuado por el Antropólogo: José Antonio González Alcantud. Consultado el 14 de junio de 2008 de la World Wide Web: http://books.google.co.ve/books?id=o_Zmk6tnpHYC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=clientelismo+pol%C3%ADtico+libros&source=bl&ots=KjSsXpxQEQ&sig=OnvCgxvl2ojXWa1evz1ntf7dqFk&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=7&ct=result#PPA90,M1
47
oficiales, información oficial en general, entre otros, sobre este aspecto muy
interesante nos resulta el informe53 preparado por la organización Human
Rights Watch54 sobre los diez años de democracia venezolana bajo el
gobierno del Presidente Chávez analizados desde el punto de vista de los
derechos humanos, siendo que en el reporte se hace especial hincapié en
los derechos civiles y políticos, y muy particularmente sobre la discriminación
política que ha caracterizado a su Gobierno, veamos:
“El gobierno de Chávez proclama un compromiso de
inclusión política, pero discrimina abiertamente contra
quienes no comparten sus puntos de vista . Algunos
funcionarios del gobierno han removido del empleo público de
carrera a una gran cantidad de detractores, depurado a la
compañía petrolera estatal de empleados disidentes, negado a
determinados ciudadanos el acceso a programas sociales debido
a sus opiniones políticas y acusado a sus críticos de subversivos
que merecen un tratamiento discriminatorio.
La exclusión y el acoso del gobierno de Chávez a
quienes disienten contradicen su bandera del plural ismo
democrático .
La discriminación política en el gobierno de Chávez
fue más pronunciada luego del referendo revocatorio de
53 Una Década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. Consultado el 28 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.hrw.org/es/reports/2008/11/25/una-d-cada-de-ch-vez-0 54 De las diferentes organizaciones internacionales que encontramos relacionadas con la materia, decidimos seleccionar el trabajo preparado por la organización Human Rigths Watch denominado: Una Década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, pues presenta un análisis muy detallado de la situación en nuestro país de los derechos civiles y políticos, informe que complementa el preparado por PROVEA al que nos referimos posteriormente y que hace especial hincapié en los derechos económicos, sociales y culturales; constituye además la resulta de una experiencia de más de treinta años de trabajo como organización independiente y autónoma en la materia. En fin, consideramos que los dos trabajos que seleccionamos se complementan y constituyen sin duda un valioso aporte para entender que ha venido ocurriendo en Venezuela en materia de derechos humanos, luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999.
48
2004 para decidir sobre la continuidad de Chávez como
presidente. Los ciudadanos que ejercieron su derecho de
convocar a referendo—sobre la base de uno de los nuevos
mecanismos de participación que Chávez defendió durante la
redacción de la Constitución de 1999—fueron amenazados con
sufrir represalias y con ser incluidos en listas negras para
impedirles el acceso a empleos y servicios del gobierno. Luego
de calificar a la iniciativa del referendo como un acto “contra la
patria”, Chávez ordenó a las autoridades electorales que le
proporcionaran al diputado Luis Tascón una lista con todos los
nombres de quienes habían firmado la petición de referendo, que
se hizo pública a través de Internet. La “lista Tascón”, así como
una lista aún más detallada de las afiliaciones políticas de todos
los venezolanos llamada el “programa Maisanta”, fueron usadas
para discriminar políticamente a opositores al gobierno.”
(Human Rights Watch, 2008, p. 11) (Negrillas nuestras).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comparte
esta afirmación en sus informes anuales, veamos, antes de referirnos a este
aspecto, cuál es el valor que para los Estados miembros de la OEA tienen
los informes anuales, así nos encontramos con el artículo 4155 de la
Convención Americana de Derechos Humanos que establece las funciones
de la CIDH, siendo uno de ellos, la obligación de rendir un informe anual
a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, ello
en concordancia con el artículo 18 del Estatuto56 de la Comisión
55 “Artículo 41 La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: Omissis g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.” 56 Aprobado mediante la Resolución Nº 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979
49
Interamericana de los Derechos Humanos, que agrega lo siguiente sobre el
particular:
“Artículo 18 Respecto a los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos, la Comisión tiene las
siguientes atribuciones:
Omissis
f. rendir un informe anual a la Asamblea General de la
Organización, en el cual se tenga debida cuenta del régimen
jurídico aplicable a los Estados partes en la Conve nción
Americana sobre Derechos Humanos y de los Estados q ue no
son partes ;…” (Negrillas y subrayado nuestro).
El Reglamento57 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos desarrolla aún más el contenido y alcance de este informe anual,
siendo que en particular podría establecer:
“Artículo 57. Informe Anual
1. El Informe Anual a la Asamblea General de la OEA deberá
incluir lo siguiente:
a. un análisis sobre la situación de los derechos h umanos
en el hemisferio, junto con las recomendaciones a l os
Estados y órganos de la OEA sobre las medidas neces arias
para fortalecer el respeto de los derechos humanos.
Omissis
f. Los informes sobre peticiones y casos individua les
cuya publicación haya sido aprobada por la Comisión , así
como una relación de las medidas cautelares otorgad as y
extendidas, y de las actividades desarrolladas ante la Corte
Interamericana;
57 Aprobado por la Comisión en su 109º período extraordinario de sesiones, celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2000, y modificado en su 116º período ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002, en su 118° período ordinario de sesiones, celebrado del 6 al 24 de octubre de 2003 y en su 126º período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 27 de octubre de 2006
50
Omissis
h. los informes generales o especiales que la Comisión
considere necesarios sobre la situación de los dere chos
humanos en los Estados miembros y, en su caso, info rmes
de seguimiento, destacándose los progresos alcanzad os y
las dificultades que han existido para la efectiva observancia
de los derechos humanos… ;
2. En la preparación y adopción de los informes previstos en
el párrafo 1(h) del presente artículo, la Comisión recabará
información de todas las fuentes que estime necesarias para la
protección de los derechos humanos. Previo a su publicación en
el Informe Anual, la Comisión transmitirá una copia de dicho
informe al Estado respectivo. Éste podrá enviar a la Comisión las
opiniones que considere convenientes, dentro del plazo máximo
de un mes a partir de la transmisión del informe correspondiente.
El contenido de dicho informe y la decisión de publicarlo serán de
la competencia exclusiva de la Comisión.”
Nótese como claramente este informe anual es de gran importancia para
las decisiones que toma la Asamblea de la OEA, pues precisamente uno de
sus objetivos fundamentales es vigilar el cumplimiento de los derechos
humanos por los Estado miembros, al final de este capítulo nos abocaremos
a revisar los informes emitidos por la Comisión.
“En este contexto, la CIDH resalta con preocupación (…) las
denuncias recibidas sobre un posible incremento en actos de
hostigamiento a través de discursos descalificantes contra
disidentes políticos o de personas dedicadas a observar el actuar
del Estado a través de denuncias por violaciones de derechos
humanos.
51
La Comisión considera que es parte inherente de los procesos de
transformación y profundización democrática de los países del
hemisferio albergar por el respeto a los derechos humanos
teniendo como parámetros fundamentales la búsqueda de
políticas y prácticas que lleven a garantizar plenamente los
derechos civiles y políticos así como también los derechos
económicos sociales y culturales de las personas. Estos
procesos se ven beneficiados por la existencia de políticas
estatales que promueven el pluralismo de ideas y eliminen todo
tipo de medidas que discriminen a un individuo o gr upo de
personas en su participación igualitaria y plena de la vida
política, económica y social de su país a razón de su "raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, po sición
económica, nacimiento o cualquier otra condición so cial .
(Omissis)
La Comisión recibió quejas de trabajadores públicos donde
se indica que son presionados a asistir a actos del oficialismo con
indumentaria que los identifiquen con el partido de gobierno bajo
la posible amenaza de despido de no cumplir con las
demandas de sus superiores . Así, las quejas recibidas relatan
que servidores públicos habrían sido objeto de presiones en sus
fuentes de trabajo dentro del contexto de la campaña electoral de
diciembre de 2006. Para ejemplificar el tipo de presión a la cual
estarían siendo objeto los servidores público (SIC), la queja
transcribe partes de un discurso emitido por el señor Rafael
Ramírez, Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de la
empresa estatal PDVSA donde habría dicho:
Nosotros tenemos que decir claramente, como ustedes me
han venido escuchando en las áreas que estoy diciendo y que
52
estamos repitiendo, que ayer incluso lo dijimos en la prensa, que
la nueva Pdvsa es roja, rojita, de arriba a abajo [...] A nosotros no
nos tiembla el pulso, nosotros sacamos de esa empresa a
diecinueve mil quinientos enemigos de este país y estamos
dispuestos a seguirlo haciendo para garantizar que esta empresa
este alineada y responda al amor que nuestro pueblo le ha
expresado a nuestro Presidente […] Aquí estamos apoyando a
Chávez …y el que no se sienta cómodo con esa orientación, es
necesario que le ceda su puesto a un bolivariano […] Nosotros
tuvimos que remover a una persona, el hombre de una área
operativa nuestra, entonces permite que el candidato Rosales
aterrice y transite en el medio de nuestras áreas, pero coño ¿Qué
vaina es esa?, ¿es que aquí se volvieron locos, es que es verdad
entonces que tenemos infiltraciones de los escuálidos, de los
enemigos de esta revolución? Pues que sepan ustedes que
nosotros no lo vamos a permitir, cuando nosotros detectemos
asuntos parecidos a ese lo vamos a liquidar contundentemente.
(Omissis)
Por otra parte, durante el año 2006 la Comisión recibió
información sobre otras tendencias de intolerancia respecto de
sectores de la sociedad que son abiertamente críticos o que
expresan su disenso a las políticas del gobierno. Estas
tendencias se han visto reflejadas a través de expresiones o
discursos públicos tanto de altos funcionarios de poder ejecutivo
como de miembros de la Asamblea Nacional
(Omissis).
En este sentido, dentro de los parámetros de la ley y en
concordancia con los límites establecidos en el derecho
internacional de derechos humanos, los derechos políticos no
sólo deben garantizarse a aquellas personas que ost entan
53
posiciones favorablemente a la línea del gobierno d e turno o
que son consideradas como inofensivas o indiferente s, sino
también que deben garantizarse para aquellas person as que
mantienen una línea crítica militante y que como ta les
resultan ingratas al Estado o a cualquier sector de la
población. Tales son las demandas del pluralismo, la
tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuale s no existe
una sociedad democrática ”58
(Negrillas nuestras)
A los fines de destacar aún más el alcance de los informes anuales de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos referiremos de seguida
a las principales observaciones que resultan de la revisión del Informe
General Anual, que debe rendir este órgano, y en especial al Informe País,
vale decir, que revisamos los informes rendidos entre el año 2000 y el año
200459, por tratarse de los períodos en los cuales se evidenció la mayor
polarización política en nuestro país.
El informe del año 2000 da cuenta de dos medidas cautelares dictadas
por la Comisión en beneficio de un periodista y de unos refugiados
colombianos. No registra petición alguna admitida, pero si se refiere a tres
solicitudes rechazadas, a saber: Aldemaro Romero y otros, caso 11.720;
Braulio Jatar Alonso, caso 11.724 y por último la solicitud de Gladis Cardozo
Andrade, caso 11.797. En materia de los casos remitidos a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, se hace referencia al caso El Amparo
y al caso el Caracazo, ya analizados en este mismo capítulo.
Ya para el año 2001 encontramos la admisión de tres solicitudes, a
saber: Oscar José Blanco Romero, caso 12.256; Roberto Javier Hernández
58 Informe de la CIDH de 2006. Consultado el 25 de noviembre de 2008 en la World Wide Web: http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/cap4d.2006.sp.htm 59 Informes anuales. Consultados el 22 de abril de 2008 en la World Wide Web: http://www.cidh.org/anual.esp.htm
54
Paz, caso 12.258 y José Francisco Rivas Fernández, caso 12.307. Se
mantiene la referencia a la situación del caso el Caracazo.
Para el año 2002, y en virtud de la conflictividad política que para esa
fecha comienza a generarse en Venezuela, la CIDH efectuó una visita in-loco
a Venezuela entre el 06 y el 10 de mayo de 2002, siendo que:
“…24. En sus comentarios finales sobre la visita, la Comisión
instó a reforzar cuanto antes el imperio de la ley en Venezuela,
haciendo hincapié en la importancia del pleno cumplimiento, por
parte del Gobierno de ese país, de las decisiones y
recomendaciones del sistema interamericano, y señaló que
seguiría observando cuidadosamente el desarrollo de la
situación de los derechos humanos en Venezuela.”60
Ya comienza a observar la CIDH que Venezuela no ha cumplido
plenamente con las decisiones y recomendaciones del sistema
interamericano, situación que se verá agravada en los años por venir como
demostraremos de seguida. La CIDH dictó múltiples medidas cautelares61 en
60 Informe anual 2002, consultado en la World Wide Web el 11 de septiembre de 2008: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/cap.2.htm#C.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Visitas%20in%20loco 61 El artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanas establece lo siguiente: “Artículo 25. Medidas cautelares 1. En caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas. 2. Si la Comisión no está reunida, el Presidente, o a falta de éste, uno de los Vicepresidentes, consultará por medio de la Secretaría Ejecutiva con los demás miembros sobre la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior. Si no fuera posible hacer la consulta dentro de un plazo razonable de acuerdo a las circunstancias, el Presidente tomará la decisión, en nombre de la Comisión y la comunicará a sus miembros. 3. La Comisión podrá solicitar información a las partes interesadas sobre cualquier asunto relacionado con la adopción y vigencia de las medidas cautelares. 4. El otorgamiento de tales medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión.” Véase como claramente dispone el artículo 25 de este Reglamento que la CIDH podrá por cuenta propia o solicitud de parte, solicitar la adopción de medidas cautelares a un Estado a los fines de evitar que se produzcan daños irreparables en las personas, por lo tanto se trata de una facultad que le permite asegurar el cumplimiento de la Convención Americana al evitar un daño que se considere irreparable.
55
beneficio de diferentes ciudadanos. Por otro lado, por primera vez en el
período bajo análisis se hace un informe especial sobre el caso de
Venezuela, siendo los aspectos más importantes a destacar, los siguientes:
“…3. Durante la visita in loco a Venezuela la CIDH observó con
preocupación, que la falta de independencia del Poder Judicial,
las limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo
en que se encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de
polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio,
la poca credibilidad de las instituciones de control debido a la
incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la
parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las
fuerzas de seguridad, representaban una clara debilidad de los
pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho
en un sistema democrático en los términos de la Convención
Americana y de la Carta Democrática Interamericana. Además
de las condiciones observadas durante dicha visita, la CIDH ha
recibido información sobre los continuos ataques, amenazas y
otros actos de violencia en los últimos meses, que representan
un claro deterioro de la situación de los derechos humanos .
Asimismo preocupa a la CIDH la marcada intervención de las
fuerzas armadas en operaciones de control de la seguridad
publica (SIC), el surgimiento de grupos civiles armados que
operan al margen de la ley, la situación de los refugiados y la
existencia de una impunidad estructural en el siste ma de
justicia venezolano …”62 (Negrillas nuestras).
62 Informe anual 2002, consultado en la World Wide Web el 11 de septiembre de 2008: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/cap.4d.htm
56
En este mismo informe se refiere la CIDH a que tuvo que solicitar a la
Corte Interamericana que fuesen dictadas tales medidas provisionales, pues
no fueron cumplidas las medidas cautelares por ella dictadas.
Para el año 200363, fueron dictadas nuevamente diversas medidas
cautelares en beneficio de ciudadanos venezolanos y de medidas
provisionales dictadas por la Corte. En materia contenciosa reaparece la
referencia a los casos: El Amparo y el Caracazo, particularmente sobre el
seguimiento al cumplimiento de las sentencias que sobre el particular había
dictado la Corte.
Por otro lado, la CIDH de nuevo muestra su preocupación señalando de
una manera inequívoca lo siguiente:
“55. En el Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Venezuela la Comisión ha manifestado su
preocupación con relación a ciertas temáticas de incidencia
negativa para la situación del Estado de Derecho en Venezuela.
La CIDH ha observado la extrema polarización política y los
consecuentes hechos de violencia que se verifican
periódicamente entre manifestantes de distintos sectores,
haciendo evidente la progresiva intolerancia política en el país.
En segundo lugar se puede mencionar la falta de apl icación
íntegra de la nueva Constitución, especialmente par a la
designación de las máximas autoridades del Tribunal
Supremo de Justicia y del Poder Ciudadano, la perce pción
de la falta de independencia de los poderes del Est ado, la
creciente concentración de poder en el Ejecutivo Na cional,
la impune actuación de los grupos civiles armados y de los
grupos de exterminio, la tortura como práctica en l os
centros de detención, la tendencia a la confrontaci ón y
63 Informe anual 2003, consultado en la World Wide Web el 12 de septiembre de 2008: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/indice.htm
57
descalificación de la oposición política tradiciona l por parte
del Gobierno, los constantes ataques contra periodi stas y
medios de comunicación, la tendencia hacia una
militarización de la administración pública mediant e el rol
cada vez más protagónico de las Fuerzas Armadas, la
politización de los cuerpos policiales, la crecient e
radicalización de las posturas políticas en un cont exto de
gran descontento social ante la insatisfacción de l as
demandas sociales, las controversias con relación a l
ejercicio de los derechos sindicales y el clima de marcada
intolerancia política .”64 (Negrillas nuestras)
Véase cómo lejos de mejorar la situación del año 2002, con
respecto al 2003, claramente se evidencia un retroceso en los
derechos humanos precisamente por la falta de seguimiento del Estado
venezolano de sus obligaciones resultantes del Sistema
Interamericano.
Sobre el cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema
interamericano, encontramos:
“…la Comisión ha podido constatar el incumplimiento
reiterado del Estado venezolano respecto de los cas os
decididos por la Comisión y la Corte Interamericana , no
obstante lo cual la CIDH ha sido informada que en el caso del
Caracazo el Estado ha aprobado un presupuesto especial
destinado al pago de las reparaciones pecuniarias establecidas
en la sentencia de la Corte Interamericana en dicho caso.
Asimismo, es pertinente señalar que el Estado ha in currido
también en el incumplimiento reiterado de las medid as
cautelares otorgadas por la CIDH, como así también las
64 Informe anual 2003, consultado en la World Wide Web el 12 de septiembre de 2008: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/cap.4b.htm#VENEZUELA
58
medidas provisionales otorgadas por la Corte
Interamericana. La CIDH ha recibido información de la cual
surge que la mayoría de las personas que se encuentran bajo
el amparo de dichas medidas de protección han continuado
siendo objeto de subsecuentes hostigamientos, amenazas y
ataques físicos…”65 (Negrillas nuestras)
Dado el incumplimiento reiterado del Estado venezolano de su labor de
garante en la ejecución de estas medidas, el sistema pierde eficacia lo cual
sin duda hace al derecho humano objeto de la medida, inexigible.
El informe anual correspondiente a 2004, presenta algunas medidas
cautelares pero supuso una importante disminución en el número de medidas
cautelares dictadas que no se reflejó de la misma manera como veremos
luego, en el caso de las medidas provisionales, lo cual hace suponer que
esto resultó de la disminución de la conflictividad política en virtud de los
resultados arrojados por el referendo revocatorio. En materia contenciosa se
mantiene el seguimiento de los casos del Caracazo y El Amparo, y se hace
referencia por primera vez al caso de: Blanco Romero, Hernández Paz y
Rivas Fernández.
Sobre las observaciones adicionales que hace la Comisión en este
informe anual sobre el cumplimiento del sistema interamericano por parte de
Venezuela, se indica que persiste y se agrava el desconocimiento del
sistema, lo cual analizaremos al final de este primer capítulo en virtud de su
relación con el artículo 23 de la Constitución vigente.
v. Sobre la Cláusula Abierta de los Derechos Human os
El artículo 22 de la Constitución de 1999 presenta una redacción
similar al artículo 5066 de la Constitución de 1961, a saber:
65 ídem. 66 “Artículo 50. La enunciación de los derechos y garantías contenida en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.”
59
“Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías
contenidos en esta Constitución y en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse
como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no
figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de
estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.”
(Negrillas nuestras)
La modificación fundamental que presenta este artículo 22 tiene que
ver con la tendencia plasmada en toda la Constitución de 1999 de reconocer
la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, que en el caso particular de este artículo, se refiere precisamente
a todos aquellos derechos humanos que no están expresamente previstos en
nuestra Constitución ni en los instrumentos internacionales pero que se
entienden como inherentes al ser humano.
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se ha
referido a este aspecto en los siguientes términos:
“Es así, que este núcleo material axiológico, recogido y
desarrollado ampliamente por el Constituyente de 1999, dada su
posición preferente, representa la base ideológico que sustenta
el orden dogmático de la vigente Constitución, imponiéndose al
ejercicio del Poder Publico (SIC) y estableciendo un sistema de
garantías efectivo y confiable. De allí que todo Estado
Constitucional o Estado de Derecho y de Justicia, lleva consigo la
posición preferente de la dignidad humana y de los derechos de
la persona, la obligación del Estado y de todos sus órganos a
respetarlos y garantizarlos como objetivo y finalidad primordial de
su acción pública.
(…)
La Constitución venezolana de 1999 consagra la
preeminencia de los derechos de la persona como uno de los
60
valores superiores de su ordenamiento jurídico y también refiere
que su defensa y desarrollo son uno de los fines esenciales del
Estado.
Artículo 2.- ¨Venezuela se constituye en un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, y que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general,
la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político.
Artículo 3.- ¨El Estado tienen como fines esenciales la
defensa, y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad,
el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de
una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento
de los principios, derechos y deberes consagrados en esta
Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales
para alcanzar dichos fines¨.
Ciertamente, esta Sala Político Administrativa entiende
que la filosofía político-social inserta en la nueva Constitución
permite asegurar a este tribunal la superación de la teoría de que
los derechos constitucionales sólo valían el ámbito de la Ley, por
el contrario, hoy las leyes sólo valen en el ámbito de los derechos
humanos…”67
De allí que no sea necesario que el derecho humano se encuentre
reconocido en una norma legal, basta pues, que sea intrínseco a la dignidad 67 Sentencia nro. 224 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de 24 de febrero de 2000. Consultada el 14 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Febrero/224-240200-16010.htm
61
humana para que efectivamente pueda ejercitarse y garantizarse, de allí que
la Sala Político Administrativa señale que precisamente las leyes valen, son
coercibles, son exigibles, si respetan los derechos humanos, pues estos
últimos son de aplicación preferente aún cuando no exista norma jurídica
alguna que los reconozca.
Sobre este aspecto nos encontramos con la sentencia no. 1395 de
21/11/200068 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que
se refiere a este tema en los siguientes términos:
“La vigente Constitución se refiere a diversos entes colectivos
sin personalidad jurídica. A algunos de ellos otorga
expresamente derechos, mientras que en otros casos, les da
atribuciones y garantías que podrían generar según la corriente
de pensamiento que impere en un momento dado, los llamados
impropiamente derechos morales, que mas bien deben llamarse
derechos no enunciados (es decir, derechos no reconocidos ni
tutelados por leyes positivas, pero sí admitidos conforme, no a un
derecho natural o suprapositivo, sino según la tradición de cultura
proferida por las Declaraciones de Derechos Humanos, y
ratificados por los miembros de las Naciones Unidas y otros
organismos internacionales, tal como los conceptúa el
Magistrado José Manuel Delgado Ocando).
(Omissis)
…la Constitución de 1999 ordena al Estado, otorgar
garantías y participaciones, así como consultar a los diversos
entes colectivos antes referidos, sin reconocerles en muchos
casos, expresamente derechos a dichos entes, pero podría
pensarse que tales mandamientos responden a exigencias 68 Sentencia nro. 1395 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 21 de noviembre de 2000. Consultada el 17 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/1395-211100-00-1901%20.htm
62
morales de justicia (sobre todo siendo el Estado Venezolano, un
Estado Social de Derecho y de Justicia, de acuerdo al Preámbulo
de la Constitución de 1999 y al artículo 2 de la misma
Constitución), por lo que estos mandamientos constitucionales
dirigidos al Estado podrían generar los llamados “derechos
morales” exigibles al Estado, tal como los vislumbra Ronald
Dworkin (Los Derechos en serio. Editorial Ariel. Barcelona 1984),
y Nicolás López Calera (¿Hay Derechos Colectivos?. Editorial
Ariel. Barcelona España 2000. p. 95 quien cita a Dworkin), que
para esta Sala constituyen los derechos no enunciad os. Este
tipo de derechos están en cierta forma reconocidos en la
vigente Constitución en su artículo 22 al proteger los
derechos inherentes a la persona humana así no cons ten
como derechos jurídicos o legales (fundados o nacid os de
las leyes que los tipifican), es decir, que no apar ecen
expresamente en las leyes positivas, pero no por el lo dejan
de tener carácter positivo en la medida en que el E stado sea
capaz de garantizarlos, cuando la sociedad los reco noce
dentro de la tradición cultural fundada en las Decl araciones
de Derechos Humanos. Este reconocimiento constitucional,
suscita la pregunta de si los derechos no enunciados sólo se
refieren a estos indeterminados derechos humanos (inherentes a
la persona humana), o si ellos pueden existir con una cobertura
más amplia, en nombre del valor justicia, aunque no se
encuentren reconocidos y tutelados en leyes positivas, pero cuya
existencia se justifica, ante determinadas exigencias de justicia
no previstas en las leyes y que darían lugar a derechos
subjetivos no reconocidos expresamente en las leyes positivas,
pero que responden a las nuevas tendencias provenientes del
desarrollo moral, político, económico, cultural y tecnológico, o a la
63
vigencia histórica de la universalidad etnológica y antropológica
de dichos derechos (como bien lo reconoce el Magistrado
Delgado Ocando); y que hasta que la Ley no los incorpore
expresamente, se discute si tienen carácter prepositivo. Se trata
de dilucidar sí derechos que no nacen de la ley pueden ser
ejercidos. Si debido a la necesidad de justicia, patrimonio moral
del Estado conforme al artículo 1° de la Constituci ón de 1999,
puede exigírsele prestaciones en general ante el desarrollo de
situaciones injustas.
Autores como José García Añón (“Los Derechos Humanos
como Derechos Morales: Aproximación a unas Teorías con
problemas de concepto, fundamento y validez”. Monografía
publicada en Derechos Humanos. Concepto, fundamento,
sujetos. Editorial Tecnos, Madrid 1992), define a los derechos
morales como “...aquellas exigencias éticas, bienes, valores,
razones o principios de especial importancia de los que gozan
todos los seres humanos por el solo hecho de serlo, de tal forma
que pueden suponer una exigencia o demanda frente al resto de
la sociedad; y tienen la pretensión de ser incorporados al
ordenamiento jurídico como derechos jurídico-positivos si no
estuvieran ya en él”.
Conforme estas premisas, ellos están limitados (los
“derechos morales o no enunciados”) sólo a los derechos
humanos, idea que también comparte López Calera (ob. cit.pp.
112-113) y que para Venezuela se desprende del artículo 22 de
nuestro Texto Constitucional.
Pero hay quien incluye entre estos derechos no
enunciados, que nacen por razones de tradición de cultura y que
se convierten en prescripciones, debido a su valor, todo lo
necesario para la protección de las necesidades humanas
64
básicas (con lo que van más allá de los derechos generalmente
reconocidos), por lo que también podrían considerarse derechos
inherentes al ser humano, la existencia de entes colectivos que
se ocupen de los derechos humanos, al ser necesario como una
cuestión de justicia exigible por el resto de la sociedad o de la
comunidad, la protección en extenso de bienes o necesidades
básicas o fundamentales del ser humano (formas básicas de
realización del ser humano).
Por ello, López Calera (ob. cit. p.113), expresa:
“Hay condiciones necesarias, fundamentales y sine qua non para
la existencia y desarrollo de la comunidad humana, cuya
negación puede ser entendida como la muerte, el asesinato no
ya del propio ente colectivo, sino de los mismos individuos”, lo
que habilita a los grupos, comunidades y otros entes a reclamar
derechos fundamentales no establecidos en ninguna ley, como lo
podrían ser, según los casos, un derecho al respeto de la
seguridad nacional, o de hablar en lenguaje propio, o a la
autodeterminación.
Los derechos no enunciados entendidos, como exigencias
subjetivas de justicia no reconocidos en las leyes, y no como
pretensiones morales, vendrían a referirse a unas mínimas
exigencias importantes para la sobrevivencia física de los
hombres y para su convivencia pacífica, lo que podría justificar
derechos no enunciados de los entes colectivos, ya que si a
éstos la Constitución y las leyes, les otorgan derechos, garantías,
consultas, participaciones y coberturas indeterminadas en
beneficio del ser humano, es porque existe un deber ético del
Estado hacía el colectivo, y cuando surja una necesidad de
justicia para quienes quieren gozar de tales deberes éticos o de
justicia y no puedan hacerlo personalmente, vendrían a ser
65
sustituidos por los entes colectivos, que tengan atribuidos
derechos y participaciones en las áreas de los derechos
humanos.
La teoría de los derechos no enunciados (“morales”) y
su alcance no ha sido desarrollada aún en el país, pero la
existencia del artículo 22 de la Constitución de 19 99
enunciando los derechos inherentes a las personas, así ellos
no figuren en las leyes, (norma que ya aparecía en el artículo
50 de la Constitución de 1961), abre la puerta a su
incorporación, o al menos a su discusión efectiva e n el
ámbito jurídico nacional . Su desarrollo es posible debido a la
constitucionalización de la justicia (cuyos efectos en esta materia
tal vez podrían ir mas allá de los derechos humanos), que se
funda no sólo en los principios constitucionales (Preámbulo de la
Carta Fundamental y en los artículos 1 y 2 de la Constitución), y
que ve en la justicia, como señala Gustavo Zagrebelsky (El
Derecho Dúctil. Edit. Trotta. Madrid. 1995), una oposición a la
fuerza disgregadora de los derechos individuales y la reducción
del positivismo jurídico decimonónico, creando -como dice
Zagrebelsky (ob. cit. p.94)- una distinción, que puede convertirse
en contraposición, entre intereses individuales e intereses
generales cualitativamente distintos de la pura y simple suma de
los individuales.
“La voluntad de los particulares, orientados a la
consecución de sus intereses y protegida por el derecho, resulta
una idea extraña a las Constituciones del Siglo XX, cuyo valor es
la justicia” (Zagrebelsky. ob.cit.p.98). Esto no sólo reduce la
influencia de la autonomía de la voluntad que reconocen muchas
leyes, y supedita la ficción a la realidad, sino que abre la puerta a
66
lo colectivo sobre lo individual. Esta es una de las proyecciones
naturales del Estado de Justicia.
Las normas jurídicas en un Estado de Justicia no pueden
ser ni expresión de intereses de partes (individuales y
anticolectivas), ni concepciones de formulaciones universales
e inmutables que alguien pueda imponer y los demás acatar,
fosilizando así a la sociedad, a la economía y creando
monstruosos mecanismos de poder mediante un instrumento que
es la ley. Vendrían a ser los entes colectivos, como expresión de
la sociedad, los guardianes del Estado de Justicia, mas que los
particulares, y ello justifica que dichos entes puedan ejercer
acciones tendientes al reconocimiento y declaración de derechos
no enunciados, por lo que la existencia de éstos está unida a la
de los entes colectivos.
En los estados de justicia, los principios de libertad y
justicia entran en contacto con los casos reales de la vida y
deben guiar la aplicación que de la ley hacen los jueces, cuya
función es distinta a la de los sentenciadores que actúan como
simples portadores de la ley.
Entonces, la posibilidad de tuición de los intereses
colectivos, por razones de justicia, y su concretización mediante
entes colectivos, hace necesario, con mayor razón, determinar
quienes pueden representar a los entes colectivos, si es que a
ellos puede corresponder el ejercicio de derechos “morales” o no
enunciados y pretenden hacerlo, como parece ser la tendencia
que se reconoce en el país con la entrada en vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en
particular la remisión que a derechos no positivos, hace el
artículo 22 comentado…”
(Negrillas nuestras)
67
Abordaremos esta sentencia cuando estudiemos sus efectos en la
aplicación del sistema internacional de derechos humanos en Venezuela en
el próximo aparte.
vi. Jerarquía Constitucional de los Tratados sobre Derechos
Humanos
Uno de los aspectos positivos que fue incorporado en la Constitución
de 1999 y que no encuentra parangón alguno en la Constitución de 1961,
tiene que ver con la incorporación expresa en nuestro ordenamiento jurídico
de los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos,
suscritos y ratificados por nuestro país, y su prevalencia sobre otras normas
jurídicas de la República, así señala el artículo 23 de la Constitución de
1999:
“Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a
derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen
jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno , en
la medida en que contengan normas sobre su goce y
ejercicio más favorables a las establecidas por est a
Constitución y en las leyes de la República , y son de
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás
órganos del Poder Público .”
Veamos esto en detalle, expresa el precitado artículo 23 que los tratados,
pactos y convenciones en materia de derechos humanos que hayan sido
suscritos y ratificados por nuestro país, presentan a partir de la entrada en
vigencia de la Constitución de 1999, las siguientes características:
• Ostentan rango constitucional , lo cual implica que las normas
establecidas en tales convenciones internacionales gozan, al menos, de
68
la protección y tutela que la propia Constitución prevé para todos los
derechos que hayan sido constitucionalmente consagrados y sin duda se
encuentran a la cabeza de nuestro ordenamiento jurídico, por presentar
rango constitucional;
• Prevalecen en el orden interno, siempre que presenten normas sobre el
goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las
establecidas por la propia Constitución y las leyes de la República, en
consecuencia, sí colide la regulación de un derecho humano previsto en
la Constitución o cualquier otra norma jurídica dictada por los órganos
con competencia para legislar en Venezuela, con alguna otra norma
prevista en una convención en la materia, sin duda prevalecerá esta
última siempre que sea más favorable a aquellas, lo cual se conoce
como: el Principio Pro Homine;
• Son de aplicación inmediata y directa por los órganos del Poder
Público, lo que supone que se trata de derechos concretos plenamente
exigibles por los individuos y de obligatoria observancia y tutela por parte
de los órganos que componen al Poder Público en Venezuela, lo que
supone que los tratados o convenciones internacionales en materia de
derechos humanos son auto ejecutables.
Con esta disposición queda absolutamente claro que los convenios
suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos
forman parte de nuestro texto constitucional y prevalecen en el orden interno,
este artículo en nuestra opinión, constituye uno de los mayores avances en
nuestro constitucionalismo y en especial en nuestras normas de corte
garantístico a los fines de proveernos de un sistema completo e integral de
tutela eficaz en materia de derechos humanos.
¿Pero qué significa esto en nuestro ordenamiento jurídico interno?,
significa qué al ser derechos constitucionales, disponen de los mismos
69
medios que cualquiera otra norma jurídica de rango constitucional, a los fines
de hacer efectiva la tutela judicial de tales derechos humanos previstos en
las convenciones internacionales válidamente suscritas y ratificadas por la
República, por lo que comprende: a) a los mecanismos de control
constitucional establecidos en nuestro sistema mixto y b) al amparo
constitucional, previsto en el artículo 27 de la nuestra Constitución de 1999.
Vale decir que esta constitucionalización de los tratados, pactos o
convenios internacionales en materia de derechos humanos también se
extiende a: a) todas las demás obligaciones inherentes a estos, como lo son
los principios interpretativos que deben emplearse en su aplicación tales
como: decisiones, informes y sentencias que emanen de los organismos
internacionales, y; b) a las instancias en ellos previstas para la protección de
los derechos allí consagrados.
Nótese adicionalmente que el precitado artículo 23 también considera al
denominado principio: in dubio pro homine o pro libértate, que entonces le
otorga preeminencia a los derechos que sean más favorables a la persona y
a su pleno disfrute.
Por último hay que destacar la importancia que presenta el
reconocimiento que hace nuestra Constitución de 1999 sobre la aplicación
inmediata y directa de tales garantías en nuestro ordenamiento jurídico
interno, por lo que no se requiere del reconocimiento expreso de ningún
Poder Público para que el derecho así previsto sea objeto de tutela judicial69.
69 Lamentablemente esta no es la posición de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que en el caso de la acción de inconstitucionalidad intentada por Rafael Chavero contra algunos artículos del Código Penal vigente para la época, señalo en sentencia del 15 de julio de 2003, que ella es la máxima y última intérprete de estas normas internacionales en materia de derechos humanos por haber sido constitucionalizadas por el Constituyente, y agrega además, que la aplicación del artículo 23 se refiere exclusivamente al convenio, pacto o tratado suscrito y ratificado por nuestro país, y no alcanza por ende a ningún informe o decisión internacional que interprete a aquellos, lo cual es en nuestra opinión una negación sobrevenida del objetivo que orientaba al Constituyente de 1999 y a la lógica interpretación que resulta de la interpretación de este artículo de nuestra Carta Magna.
70
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interpretó el
artículo 2370 de la siguiente manera:
• Tales convenciones son aplicables exclusivamente a las personas
naturales ;
• Los dictámenes o fallos de los organismos internacionales que
interpreten una convención no tienen rango constitucional en Venezuela;
• Solamente las normas jurídicas expresamente recogidas en la
convención presentan rango constitucional;
• Es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su
condición de máximo intérprete de la Constitución, quién establecerá
cuál es la disposición normativa más favorable entr e la convención
y la norma de derecho interno ;
• Asimismo, será la Sala Constitucional quién determine el contenido y
alcance de tales normas jurídicas previstas en la convenciones en
materia de derechos humanos;
• Será también la Sala Constitucional quién establezca cuáles derechos
humanos no contemplados en las convenciones se encu entran
vigentes en Venezuela ;
• Las interpretaciones de los entes multinacionales o trasnacionales en la
materia71, no son vinculantes para los órganos que integran el Poder
Público en Venezuela, solamente lo serán las que di ctamine la Sala
Constitucional ;
• La ejecución de los fallos de los Tribunales Supranacionales no pueden
menoscabar la soberanía del país ni los derechos de la República,
por lo que deben seguir el procedimiento de ejecuci ón previsto en el
ordenamiento jurídico venezolano ;
70 Sentencia No. 1942 del 15 de julio de 2003, consultada en original. 71 Por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
71
• Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos no son obligatorias para los órganos del Poder Públ ico en
Venezuela, por lo que tienen solamente un valor doc trinario ;
• Las leyes de desacato no son derogables en Venezuela 72, pues son
una valla ante el abuso e irrespeto de la libertad de expresión.
Sobre esta situación, el Profesor Casal señala lo siguiente:
“Al determinar la significación de los derechos contemplados
en tratados internacionales, han de tenerse en cuenta los
informes, decisiones o sentencias emanados de los organismos
internacionales competentes para su protección e interpretación.
Esta es una consecuencia tanto de las obligaciones resultantes
de los tratados respectivos como del valor constitucional que en
su conjunto éstos poseen, incluyendo a los preceptos que
facultan a dichos organismos para cumplir esa labor. No es
acertado, por consiguiente, el criterio sostenido por la Sala
Constitucional, según el cual la naturaleza constitucional de estos
instrumentos internacionales implica que su “máximo y último
intérprete…, a los efectos del derecho interno, es esta Sala
Constitucional”, aún cuando ello suponga contrariar lo decidido
por las instancias internacionales competentes…La interpretación
realizada en esta materia por dicha instancia judicial debe estar
en consonancia con lo que hayan sentado los organismos
internacionales encargados de velar por los derechos humanos.
El sentido que se atribuya a los derechos constitucionales puede
ser más favorable al reconocido por estos organismos en el
ámbito que les es propio, en razón al principio pro libértate, pero
los tribunales nacionales no pueden ofrecer a los derechos
72 Que pensamos que se refiere a la particular situación política que existía para el momento en que fue dictada la sentencia.
72
humanos una protección inferior a la garantizada por las
instancias internacionales…”
(Jesús María Casal, 2006, p. 47)
“La máxima es, pues simple: las instancias internacionales
carecen de competencia para revisar la aplicación del Derecho
interno por los tribunales nacionales, pero éstos si son
competentes para revisar las decisiones de los tribunales
internacionales de derechos humanos para determinar si se
adaptan al Derecho interno, fuera de lo cual no son ejecutables
en Venezuela. Esto es exactamente lo contrario de lo que
prescribe el Derecho internacional. Por cierto, es también lo
contrario del mandato constitucional, según el cual los derechos
humanos internacionales “prevalecen en el orden interno, en la
medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más
favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes
de la República y son de aplicación inmediata y directa por los
tribunales y demás órganos del Poder Público” (art.23).
Asimismo, la Sala Constitucional parece establecer los medios
para desconocer la aplicación de las decisiones de los órganos
internacionales de protección de los derechos humanos,
contrariando el postulado del artículo 31 de la Constitución según
el cual “el Estado adoptará conforme a procedimientos
establecidos en esta Constitución y en la ley, las medidas que
sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones
emanadas de los organismos internacionales previstos en este
artículo.” La Constitución requiere de la ley que establezca las
medidas necesarias para cumplir con esas decisiones, pero no
autoriza al legislador ni al juez a imponer requisitos para la
validez de estos fallos en el orden interno…”
(Pedro Nikken, 2007, p. 128)
73
La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha
referido a este tema en los siguientes términos:
“…la Comisión expresa su preocupación respecto de la
Sentencia N° 1942, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia
en fecha del 15 de julio de 2003. La Comisión considera que esta
sentencia emitida por el más alto Tribunal de Justicia podría
suponer un retroceso con relación al respeto y gara ntía de
los derechos humanos en Venezuela. En efecto, la CI DH
considera que este fallo obstaculiza la actuación de los
organismos internacionales en su rol de protección de los
derechos humanos de todos los habitantes de
Venezuela …”73 (Negrillas nuestras)
La Comisión indica que el Estado venezolano ha venido sosteniendo que
su soberanía le impide adoptar las recomendaciones de esta, así:
“En sus informes a la CIDH, el Estado ha sostenido que tanto las
recomendaciones de dicho órgano como el análisis de varias de
las cuestiones abordadas en su informe del año 2003 se
encuentran en contravención con la soberanía nacional
venezolana.
De principal preocupación para la CIDH han sido las continuas
expresiones de desconocimiento del sistema interamericano de
protección de los derechos humanos emitidas por diversas
autoridades del Estado. En forma consistente y a lo largo de sus
informes de respuesta a la CIDH, el Estado ha sostenido que
tanto las recomendaciones de dicho órgano interamericano como
el análisis de varios temas contenidos en su informe sobre la
73 Informe de la CIDH de 2003. Consultado el 29 de abril de 2008 en la World Wide Web: http://www.cidh.org/annualrep/2003sp/cap.4b.htm#VENEZUELA
74
situación de Venezuela se encuentran en contravención con “la
soberanía nacional y responden a una concepción
intervencionista de los órganos del sistema interamericano de
derechos humanos que carece de todo fundamento legal […]”;
El Estado venezolano considera que las medidas cautelares
otorgadas por la CIDH, así como las recomendaciones
contenidas en sus informes sobre la situación de los derechos
humanos en cualquier Estado, carecen de carácter obligatorio
para los órganos internos del poder público;
Adicionalmente, el Estado ha cuestionado la procedencia de las
medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (“la Corte Interamericana”) a la luz de las
normas constitucionales que “consagran competencias
soberanas exclusivamente a los Poderes Públicos”. Dichas
normas han sido interpretadas en la doctrina emanada de la
decisión Nº 1942 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, que es “de acatamiento obligatorio para
la República” y que, en opinión del Estado, interpreta con
supremacía incluso la Convención Americana;
Adicionalmente, el Estado ha cuestionado la procedencia de las
medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (“la Corte Interamericana”) a la luz de las
normas constitucionales que “consagran competencias
soberanas exclusivamente a los Poderes Públicos”. Dichas
normas han sido interpretadas en la doctrina emanada de la
decisión Nº 1942 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, que es “de acatamiento obligatorio para
la República” y que, en opinión del Estado, interpreta con
supremacía incluso la Convención Americana.
75
Como lo señalara en su informe sobre Venezuela, la Comisión
Interamericana encuentra que la línea jurisprudencial de la
sentencia mencionada, sumada a los correspondientes alegatos
del Estado, representan posiciones incompatibles con los
términos del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos. Esto en virtud de que implican un
desconocimiento de las obligaciones internacionales asumidas
por Venezuela como Estado Parte de la Convención Americana
desde 1977; y de su deber de actuar de buena fe respecto de las
decisiones de los organismos internacionales, especialmente en
materia de derechos humanos.
Al respecto, la Corte Interamericana ha resaltado que:
[…]en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo
artículo 31,1 de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y
ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de
Derechos Humanos, como es el caso de la Convención
Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos
para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección
como la Comisión Interamericana que es, además, uno de los
órganos principales de la Organización de los Estados
Americanos, que tiene como función ‘promover la observancia y
la defensa de los derechos humanos’ en el hemisferio (Carta de
la OEA, artículos 52 y 111).[72]
El Estado desconoce el carácter obligatorio de las decisiones de
los órganos internacionales de derechos humanos y condiciona
su ejecución en Venezuela a que las mismas no sean contrarias
a la Constitución; y afirma que esto debe ser determinado en
última instancia por la propia sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de dicho país. La CIDH considera que la
posición del Estado no es compatible con los principios que rigen
76
el derecho internacional y se aparta de la finalidad intrínseca del
sistema interamericano de protección de derechos humanos, ya
que sostiene en esencia que los Estados pueden decidir en
forma discrecional la manera y oportunidad en que cumplirán con
lo dispuesto por los órganos de control del sistema.
La Corte Interamericana ha señalado claramente que los Estados
no pueden invocar el derecho interno para evadir sus
obligaciones internacionales. En casos contenciosos, ha
establecido que la posibilidad de que un Estado intente utilizar su
potestad discrecional para decidir cuáles asuntos puede conocer
la Corte Interamericana se encontraría en abierto
desconocimiento de las expresas atribuciones convencionales
otorgadas a dicho tribunal, y anularía de hecho su eficacia.[74]
Sobre la potestad discrecional de un Estado parte en la
Convención Americana, la Corte Interamericana ha indicado:
Aceptar la declaración a la que se hace referencia, en los
términos propuestos por el Estado, conduciría a una situación en
que la Corte tendría como primer parámetro de referencia la
Constitución del Estado y sólo subsidiariamente la Convención
Americana, situación que acarrearía una fragmentación del orden
jurídico internacional de protección de los derechos humanos y
haría ilusorios el objeto y el fin de la Convención.
Adicionalmente, resulta relevante destacar que la propia
Constitución del Estado venezolano otorga a los tratados
internacionales suscritos por el Estado supremacía constitucional
con relación al ordenamiento interno, cuando mediante la
aplicación de los mencionados tratados, se garantice en mayor
medida el principio pro homine
(Omissis)
77
La CIDH reitera su preocupación respecto de la línea
jurisprudencial del máximo tribunal de justicia venezolana en este
sentido, y a la vez rechaza enfáticamente el correspondiente
alegato del Estado venezolano. La CIDH considera que las
pretensiones del Estado son incompatibles con el derecho
internacional y la propia Convención Americana, dado que los
órganos de control del sistema interamericano, de acuerdo con
las distintas facultades y mandatos otorgados por la Convención
Americana, tienen el deber y la función específica de asegurar
que las disposiciones de dicho tratado sean observadas y
aplicadas adecuadamente en el ámbito interno.[77] En este
sentido, de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Convención
Americana, los Estados partes tienen que asegurar que su
legislación interna y sus prácticas garanticen el pleno ejercicio de
los derechos humanos de todos los habitantes sometidos a su
jurisdicción, sin discriminación alguna.[78]
Recientemente, la Corte Interamericana ha ratificado esta
posición en una resolución sobre medidas cautelares y
provisionales en la que señaló:
El fin último de la Convención Americana es la protección eficaz
de los derechos humanos y, en cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud de la misma, los Estados deben dotar a sus
disposiciones de un efecto útil (effet utile), lo cual implica la
implementación y cumplimiento de las resoluciones emitidas por
sus órganos de supervisión, sea la Comisión y la Corte.[79]
La posición del Estado respecto al sistema interamericano ha
resultado en la falta de cumplimento pleno de las medidas
cautelares y provisionales dispuestas, respectivamente, por la
CIDH y la Corte Interamericana. En los casos de medidas
provisionales de “Liliana Ortega y otras”; “Luis Uzcátegui”;
78
“Luisiana Ríos y otros (RCTV)”; “Marta Colomina y Liliana
Velásquez”; “Eloisa Barrio y otros”; “El Nacional y Así es la
Noticia”, y “Carlos Nieto Palma y otros”, las medidas de
protección otorgadas por el Estado hasta la fecha no cumplen
plenamente con lo ordenado por la Corte Interamericana. La
falta de cumplimiento pleno por parte del Estado pone en peligro
la vida e integridad personal de cada uno de los beneficiarios de
tales medidas de protección.[80] En este sentido, la CIDH insta a
que el Estado venezolano active las medidas de protección
necesarias para salvaguardar la integridad física y la vida de las
personas amenazadas, en la forma y oportunidad que han sido
decretadas por la Corte Interamericana.”74
En fin, existe un rechazo unánime, no solamente doctrinario sino de
la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, sobre la posibilidad de
que a través del derecho interno se pretenda regular la aplicación de los
convenios o tratados en materia de derechos humanos válidamente suscritos
y ratificados por el Estado venezolano, en detrimento de la garantía prevista
en el artículo 23 de nuestra Carta Magna.
Lamentablemente, mientras estábamos escribiendo este trabajo, la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia
no.193975 del 18 de diciembre de 2008, en la que señala que la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 05 de agosto de
2008 relacionada con la demanda intentada por los ex jueces de la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo, Ana María Ruggeri Cova, Perkins
74 Informe de la CIDH de 2004. Consultado el 29 de noviembre de 2008 en la World Wide Web: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.5d.htm 75 Sentencia nro. 1939 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 18 de diciembre de 2008, Consultada el 29 de diciembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html
79
Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz, es inejecutable en Venezuela, con lo
que el Estado venezolano se hace en la práctica, a un lado en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de su condición de miembro de
la Organización de Estados Americanos, decimos en la práctica, pues ya lo
había hecho antes en la concepción teórica de la sentencia 1942.
Veamos de seguida en qué se fundamenta la supuesta
inejecutabilidad de la sentencia en referencia:
El primer aspecto que nos llamó poderosamente la atención, es que
esta sentencia de la Sala Constitucional es el resultado de una acción de
control de la constitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la
República, con el objeto de establecer si este fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es o no ejecutable en nuestro país, y
es esto lo que precisamente nos llamó la atención, pues aunque dentro de
sus atribuciones la Procuraduría General de la República tiene atribuida esta
competencia, esta acción de control de la constitucionalidad denota
claramente que el Estado venezolano considera de antemano que los fallos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre estarán sujetos
al control de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual
como analizábamos antes, hace ineficaz, por inoperante, por su falta de
ejecutoriedad inmediata, cualquier fallo que dicte esta Corte o cualquiera
otra institución con similares atribuciones, siendo además que deja en
evidencia la falta de independencia de los Poderes Públicos en nuestro
país.
Esto se evidencia claramente cuando los representantes del Estado
venezolano señalan en los fundamentos de su solicitud de control que:
“las decisiones de estos órganos internacionales de
protección de los derechos humanos no son de obligatorio
cumplimiento y no son inaplicables si violan la Constitución o
no se hayan agotado los recursos judiciales interno s. Lo
80
contrario sería subvertir el orden constitucional y atentaría contra
la soberanía del Estado”. (Negrillas y subrayado nuestro)
Para fundamentar su decisión, la Sala Constitucional señaló lo siguiente:
a) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo en
referencia, “…dictó pautas de carácter obligatorio sobre gobierno y
administración del Poder Judicial que son competencia exclusiva y
excluyente del Tribunal Supremo de Justicia y estableció
directrices para el Poder Legislativo, en materia de carrera judicial y
responsabilidad de los jueces, violentando la soberanía del Estado
venezolano en la organización de los poderes públic os y en la
selección de sus funcionarios , lo cual resulta inadmisible.”, nótese
como la Sala Constitucional en vez de referirse al problema de fondo
debatido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no
es otro que la violación de los derechos de estos ex jueces a ser
juzgados por un tribunal imparcial, a un recurso sencillo, rápido y
efectivo, a ser oídos dentro de un plazo razonable y al deber de
motivación, es decir, de nuevo la Sala Constitucional argumenta sobre
un tema competencial y la tan cacareada soberanía estatal para no
garantizar los derechos humanos de los ex jueces. Pensamos que
esta sentencia presenta el vicio de inmotivación, ello pues, no se
explica en qué consiste la pretendida contradicción que presenta el
fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo análisis
con respecto a nuestra Carta Magna o sus valores, el magistrado
disidente, Pedro Rafael Rondón Haaz cuando en su voto salvado
señala lo siguiente: “No explicó la mayoría la relación entre los
hechos que estableció y las normas que enunció ni e ntre éstas y
un determinado “proyecto político” o el “interés co lectivo” frente
a los intereses de los particulares beneficiarios d e la sentencia
cuya inejecutabilidad declaró . Esa inmotivación vicia, per se, el
81
veredicto del que se discrepa ...” (Negrillas y subrayado nuestro).
Asimismo nos encontramos que se configura también el vicio del falso
supuesto de hecho, pues se señala que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos estableció procedimientos para la remoción de
jueces en nuestro país lo cual es falso, pues tal cosa no se deriva del
fallo bajo análisis ni mucho menos de la parte dispositiva de la
sentencia;
b) Uno de los aspectos más lamentables de la sentencia, es que los
derechos humanos de los ex jueces de la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo fueron de nuevo violados, esta vez por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues se les
violentó su derecho a ser oídos en el juicio, dado que se declaro al
asunto como de mero derecho por lo que no se oyó alegato alguno de
los ex jueces, siendo que la justificación de la Sala Constitucional es
totalmente absurda pues parece limitar los efectos de la sentencia
bajo análisis solamente a los intereses patrimoniales de la República,
cuando también se estaba debatiendo si en virtud de la ejecución o no
del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces
tenían derecho o no a recibir la indemnización acordada y de ser
reinstalados en sus antiguos puestos, con lo que se violentó su
derecho a ser oídos, derecho protegido constitucionalmente.
c) Dice la Sala que el fallo de la Corte Interamericana no consideró que
hubo cosa juzgada en los actos de destitución de los ex jueces, pues
en algunos casos estos jueces no ejercieron los recursos internos a
que había lugar, o que ejerciéndolos, fueron desestimados, y que así
la Corte Interamericana desconoce el valor esencial de la seguridad
jurídica, lo cual hace inejecutable a la sentencia;
d) Argumenta la Sala, que: “No se trata de interpretar el contenido y
alcance de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ni de desconocer el tratado válidamente suscrito por la
82
República que la sustenta o eludir el compromiso de ejecutar las
decisiones según lo dispone el artículo 68 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, sino de aplicar un estándar
mínimo de adecuación del fallo al orden constitucio nal interno , lo
cual ha sucedido en otros casos, como cuando fue declarada la
inejecutabilidad del fallo dictado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el 30 de mayo de 1999, en el caso: Castillo
Petruzzi y otro, por parte de la Sala Plena del Consejo Supremo de
Justicia Militar del Perú”, situación que deja en evidencia la falta de
fundamentación del fallo de la Sala Constitucional pues se refiere a
una adecuación mínima del fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que no está prevista expresamente ni en el
artículo 23 de nuestra Carta magna ni en ninguna otra norma jurídica
de rango constitucional, por lo que se trata de una creación, diríamos
mejor, una aberración jurídica de la Sala, pretender limitar la
ejecución del fallo de la Corte Interamericana a unos límites que no
encuentran sustento en el ordenamiento jurídico venezolano pero si
en la expresión en decadencia de la soberanía nacional y de insólita y
amplia competencia que la misma Sala Constitucional se ha dado, a
lo cual nos referiremos en este mismo apartado. Peor aún, cita la Sala
Constitucional un fallo de la Sala Plena del Consejo Supremo de
Justicia Militar de Perú, que desconoció también un fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en época del autoritario
gobierno de Fujimori en Perú, que además fue dictado por un tribunal
militar, lo cual demuestra la ausencia de experiencias de valor previa
en materia de derecho comparado que sustenten la posición del
Estado venezolano;
e) La argumentación de la sentencia bajo análisis de la Sala
Constitucional es tan poco convincente, que se desdice de sí misma,
pues aunque señala que la Corte Interamericana de Derechos
83
Humanos usurpó competencias del Poder Judicial al establecer una
serie de procedimientos que deben tenerse en cuenta para suspender
a un juez en ejercicio dado que en Venezuela estos procedimientos
no encuentran un sustento jurídico sólido que la fundamenten, instan
a la Asamblea Nacional a que dicte el: “ Código de Ética del Juez y
la Jueza Venezolanos”, lo cual demuestra que uno de los
fundamentos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, es absolutamente válido y quedo comprobado, el Estado
venezolano removió a estos jueces sin base legal alguna, pues no
existe el procedimiento expreso;
f) Asimismo nos preocupa que la Sala Constitucional inste al Ejecutivo a
que: “proceda a denunciar este Tratado o Convención, ante la
evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, con el fallo objeto de la
presente decisión”, y nos preguntamos que pretende la Sala con la
denuncia en referencia, de hecho una de las Magistradas que declaro
su completa conformidad con la inejecutabilidad del fallo, señala su
desacuerdo con esta exhortación pues en su opinión esta es una
decisión exclusiva del Presidente de la República, siendo que de
nuevo, se prioriza un aspecto esencialmente de forma y no de fondo,
pues lo interesante hubiese sido que se refiriera a si estaba de
acuerdo o no con que se denuncie o no esta Convención, en
cualquier caso, como señalásemos al inicio de este capítulo cuando
caracterizábamos a los derechos humanos, pensamos que la
denuncia de la Convención, de llegar a ocurrir, no supondría la
desmejora del derecho humano de que se trate, pues en virtud del
principio de progresividad, no puede desmejorar la protección
otorgada previamente, sino por el contrario, mejorarse.
84
Consideramos que esta sentencia constituye una violación expresa de
nuestro ordenamiento jurídico, pues se desconoce la fuerza normativa de los
artículos 7, 23, 30 y 31 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, que ya analizáramos como parte de este trabajo, en el sentido
de que la Constitución y las normas jurídicas que el Constituyente consideró
del mismo nivel, como es el caso de la Convención Americana de Derechos
Humanos, tienen el mismo carácter imperativo de la propia Constitución.
85
CAPÍTULO II
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999
VS EL PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1961.
ESPECIAL REFERENCIA A LOS DERECHOS INDIVIDUALES, A LOS
ÓRGANOS Y A LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN.
i. Justificación
Dado que precisamente todo el Sistema de Protección de Derechos
Humanos tiene como objetivo fundamental garantizar la protección estadal
de los Derechos Humanos de los individuos, nos referiremos en este
Capítulo a las incorporaciones que resultaron de la Constitución de 1999 y a
las principales diferencias que presenta este texto constitucional con
respecto al derogado en materia de protección de los Derechos Individuales,
los Órganos y los Estados de Excepción.
En tal sentido, estudiaremos de seguida los Derechos Individuales que
identificamos en virtud de nuestro trabajo de investigación y analizaremos
cómo ha sido la protección del Estado venezolano.
ii. Derecho a la Vida
El artículo 43 de la Constitución de 1999 se refiere al Derecho a la
Vida en los siguientes términos:
“Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá
establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El
Estado la vida de las personas que se encuentren pr ivadas
de su libertad, prestando el servicio militar o civ il, o
sometidas a su autoridad en cualquier otra forma .”76
(Negrillas nuestras)
76 Artículo 58º de la Constitución de 1961 “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla.”
86
De la comparación del artículo 43 de la Constitución de 1999 con el
artículo 58 de la Constitución de 1961, advertimos un aspecto coincidente y
que históricamente ha estado presente en nuestro constitucionalismo, como
lo es: la inviolabilidad de la vida humana de cuyo precepto se deriva la
imposibilidad de establecer la pena de muerte y tampoco de ejecutarla por
ningún órgano público.
Consideramos que el artículo 55 de nuestra Constitución guarda estrecha
relación con el precitado artículo 43, veamos:
“Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección del
Estado a través de los órganos de seguridad ciudada na
regulados por ley, frente a situaciones que constit uyan
amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integrida d física
de las personas , sus propiedades, el disfrute de sus derechos y
el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los
programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y
administración de emergencias será regulada por una ley
especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la d ignidad
y los derechos humanos de las personas . El uso de armas o
sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de
seguridad estará limitado por principios de necesidad,
oportunidad, proporcionalidad, conforme a la ley.”
(Negrillas y subrayado nuestro)
Lo previsto en el precitado artículo 43 supone para todo el poder público
una obligación de no hacer o de abstención, esto es, el Estado venezolano
está impedido constitucionalmente para establecer la pena de muerte y
lógicamente a no consentir su aplicación, siendo que paralelamente el
artículo 55 establece la obligación correlativa que tiene el Estado venezolano
87
de proteger la vida, por lo que en nuestra opinión se trata de dos
obligaciones para el Estado venezolano, una de no hacer o de abstención y
una de hacer o positiva, siendo que durante la vigencia de la Constitución de
1999 ambas obligaciones han sido constantemente incumplidas por el Poder
Público, ya sea en virtud de su manifiesta incapacidad gerencial para dar
respuestas efectivas a la creciente delincuencia que ha enlutado a
numerosos hogares venezolanos, sino también dada la falta de control
sobre las policías competencia del Poder Público Nacional, Estadal o
Municipal que en el ejercicio de las atribuciones que le son propias,
constantemente incumplen con su obligación de cuidar la vida de los
procesados, penados o en general de los ciudadanos que en un momento
determinado se encuentran frente al accionar de tales organismos policiales
o de aquellos organismos de seguridad que solamente custodian a las
prisiones.
Y es que la criminalidad en nuestro país ha impedido el ejercicio eficaz del
derecho a la vida por parte de los ciudadanos de Venezuela, y es que para
nosotros es este el derecho humano más importante de todos, pues en
definitiva, de que sirve que el Estado venezolano garantice por ejemplo la
libertad personal o el derecho a la asociación, si al final aquel llamado a
ejercitar tales derechos se ve diezmado constantemente, siendo que lo más
preocupante es que las muertes por la violencia en nuestro país han venido
en un franco crecimiento en el período objeto de nuestro trabajo.
Sin duda no se trata de un problema únicamente de Venezuela, sino que
está presente en toda nuestra región, así: “Hoy América Latina es
considerada la región más violenta del mundo, debiéndose esto a factores
asociados al hecho de presentar la mayor inequidad social, el mayor
consumo de alcohol por habitante y las más elevada tasa de desórdenes
neuropsiquiátricos”. (Juan Luis Londoño y Rodrigo Guerrero, 2000, p. 12)
88
El Sociólogo Venezolano Roberto Briceño-León hace una interesante
observación al respecto cuando refiriéndose a la violencia urbana en
América Latina señala lo siguiente: “En América Latina no hay guerras al
comenzar el Siglo XXI, pero las muertes por la violencia causan tantos
hombres muertos, producen tantas mujeres viudas y dejan tantos niños
huérfanos, como en los enfrentamientos armados que la televisión nos
muestra que ocurren en otros lados del planeta. Y, en algunos casos, los
daños son todavía mayores: las muertes que se podían contar después de
un fin de semana normal en Caracas, Medellín o São Paulo, eran más que
las que ocurrían en Kosovo durante la guerra; o son más que las víctimas de
las infinitas retaliaciones del Medio Oriente. Y también, en otros casos, la
paz que siguió a la guerra deja más muertos que los enfrentamientos entre
el ejército y la guerrilla…” (Roberto Briceño-León, 2002, p. 34)
La violencia tampoco es resultado necesariamente de la pobreza,
Briceño-León y Pérez Perdomo, (2000) citados por Roberto Briceño-León:
“En Venezuela, los homicidios ocurren en el Área Metropolitana de Caracas
y en los ricos estados de Carabobo y Aragua y no en las pobres entidades,
con mayores necesidades básicas insatisfechas, como Apure, Trujillo o
Sucre.” (p. 36).
Así, Roberto Briceño-León señala: “Ante esta situación hemos planteado
una hipótesis alternativa: es el empobrecimiento y la desigualdad, y no la
pobreza, lo que origina la violencia urbana que estamos presenciando. Es el
empobrecimiento que ha hecho que para 1998, en 13 de 18 países de la
región, el salario mínimo fuera inferior al de 1980 y que el número total de
pobres superase los 220 millones de personas (CEPAL, 2000).” (Roberto
Briceño-León, 2002, p. 36).
En fin, entre las causas que la doctrina enumera para explicar la
violencia creciente en América Latina encontramos en general, a las
siguientes: 1) la exclusión educativa, que impide que se cumpla con al
menos los nueve (9) años de escolaridad que se recomienda
89
internacionalmente; 2) la precariedad laboral, representada en la falta de
empleo formal y en el crecimiento de la informalidad; 3) la facilidad con la
que se consiguen armas de fuego, vendidas o alquiladas, 4) el quiebre de
expectativas, que significó para la segunda o tercera generación de
inmigrantes provenientes del campo a las ciudades, encontrarse con una
serie de bienes y servicios a los que no pueden acceder, de allí que ven en
el delito una vía legítima de hacerse de aquello que no pueden obtener en
virtud de su trabajo mal remunerado, si existe, o en virtud a que ni siquiera
pueden optar a trabajo digno alguno, 5) la exaltación de la masculinidad,
particularmente entre los más jóvenes, que los lleva a demostrar su valía y
valor a través de la violencia; 6) el nocivo impacto económico y psicológico
de la sensación de miedo, pues se deja de estudiar en la noche, se deja de
trabajar de noche, se deja de vender de noche pues menos personas asisten
a comprar de noche; 7) ineficacia del poder judicial; 8) se responde a la
violencia con más violencia, pues las víctimas sienten que tienen el derecho
de protegerse, es el caso de los lamentables linchamientos de delincuentes
que se han realizado en algunos barrios de nuestro país, 9) la violencia
policial ilimitada e ilegal en contra de los delincuentes es aceptada y bien
vista por la población en general, 10) la violencia política que en Venezuela
proviene especialmente del Gobierno de Chávez; 11) los principales actores
de la violencia en Venezuela, sobre todo urbana, son los más jóvenes; y 12)
la falta de acción concreta en materia de seguridad del Estado venezolano
pues se tiene la creencia que atendiendo la pobreza, necesariamente
disminuirá este indicador.
Veamos con especial atención el último aspecto del listado anterior, esto
es, la pretendida relación pobreza – violencia como relación causa – efecto,
pues sin duda esta creencia ha sido crucial en las políticas, y sus resultados,
que ha venido desarrollando el Estado venezolano.
De seguida nos referiremos a las consideraciones que sobre el particular
encontramos en el informe más reciente (Octubre 2007-Septiembre 2008) de
90
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(Provea)77, que por su interés académico citamos en su totalidad:
“Desde el Ejecutivo Nacional se revelan las “causas” de la
inseguridad en dos órdenes: (i) uno estructural, conformado por el
tema ideológico y la enumeración de causas sociales. En este
sentido, resulta imprescindible destacar del discurso presidencial
el reconocimiento de la violencia como un fenómeno “social”, y
por tanto controlable y prevenible, así como la relevancia de la
justicia. (ii) Otro de orden coyuntural donde el discurso deja
reflejar dos momentos históricos en el comportamiento de las
cifras: el “Caracazo” en febrero/marzo de 1989 y más
recientemente la actuación de grupos paramilitares denunciados
por el gobiernos nacional, en las barriadas de las principales
ciudades del país.
77 Entre las diversas organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos que consultamos a través de Internet y en revistas especializadas cuando estábamos analizando la bibliografía a seleccionar para este trabajo, podemos mencionar a las siguientes: En Venezuela: El Foro por la Vida que es una coalición de organizaciones de derechos humanos que existe desde 1997, y que a la fecha de hoy presenta 19 miembros, a saber: ACCSI: Acción Ciudadana Contra el Sida; Cáritas de Venezuela; Cáritas Los Teques; Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello; Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita; Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; COFAVIC: Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89; Comité de los Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del Estado Guárico; Espacio Público; Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Observatorio Venezolano de Prisiones; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; PROVEA: Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos; Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Red de Monitores Populares en Derechos Humanos del Estado Táchira; SECORVE, Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela; Servicio Jesuita a Refugiados y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, siendo que como resultado de nuestro trabajo de investigación decidimos seleccionar el Informe que presentó PROVEA denominado así: Informe Anual: Octubre 2006/ Septiembre 2007: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, por varias razones, veamos: a) porque se trata de una organización no gubernamental, independiente de la polarización política existente en Venezuela; b) porque tiene más de 19 años de experiencia; y c) porque desde 1989 ha venido emitiendo un informe anual muy completo sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Vale decir, que PROVEA trabaja en la promoción y defensa de todos los derechos humanos, pero particularmente de los derechos económicos, sociales y culturales. Ya cuando estábamos en la fase final de este trabajo, esta organización no gubernamental puso a disposición este mismo informe anual pero para el período comprendido entre Octubre 2007 y Septiembre 2008 en su página en la World Wide Web: http://www.derechos.org.ve/
91
Causas estructurales:
“ahí tenemos que comenzar a revisar este tema ¿cuál es el
patrón, verdad? de pensamiento que nos orienta en la búsqueda
y activación de políticas para solucionar el problema y yo
agregaría además que esto es un problema ideológico,
ideológico […] En un mundo donde haya justicia habrá paz, se
acabará la violencia, se acabará la inseguridad”78
Causas coyunturales:
“Hay dos momentos históricos, uno: nacional, de origen e
impacto nacional y otro: internacional, que en el caso
venezolano han incidido en el incremento de todos estos o de
buena parte de estos delitos que tanto nos afectan, el primero es
el Caracazo, 1989 fue el disparador de una digamos de una
onda expansiva que se mantuvo todos esos años, la violencia en
las calles pues, aquello que ocurrió el Caracazo jamás había
ocurrido en el historia venezolana y eso dejó sus secuelas
[…]
Es importante lo que está revelando el ministro Rodríguez
Chacín, así que ese es otro de los problemas que nosotros
tenemos que incluir ahí en el visor nuestro, en el mapa de
trabajo, el paramilitarismo colombiano, que ha llegado incluso a
los barrios de las grandes ciudades de Venezuela, el sicariato.
[…] somos víctima de esto y cómo luchamos contra todos
esos fenómenos y en este caso los secuestros, los
secuestros”.79
78 Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión con motivo de la conformación del “Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana” el 21.02.08. 79 Ídem.
92
Otros factores enumerados con frecuencia son la droga, el
alcohol, influencias (SIC) de los medios de comunicación:
“Uno de los componentes de este problema y está señalado
ahí en los ejes de acción, es la droga […]. El alcohol, yo por eso
he dado la orden, esos camiones que andan por ahí vendiendo
cerveza y licor como si vendiera helado, hay que agarrarlos y
meter preso al conductor y llevarse y decomisar eso y además
citar a los dueños a la policía abrir una causa policial, penal, a
los responsables…tiene que acabarse eso de estar bebiendo
cerveza en las calles […] el bombardeo de violencia que sale por
las pantallas de muchas televisoras bien sea nacionales,
internacionales, por el cable, películas violentas, donde se hace
muchas veces más bien una apología al delito, a la droga, se
hace apología muchas veces, las mafias, […] Van modelando
conducta, eso no es inocente, eso es toda una estrategia
internacional para dañar a los pueblos, dañar a las juventudes
[…]80
En el programa Aló Presidente Nº306, el Presidente vuelve a
referirse a estas causas: “hay que atacar las causas, una de las
causas, yo estoy seguro, yo he leído mucho sobre el tema y
sobre algunas estadísticas, es el consumo de drogas, hay que
atacar eso porque esa es una causa de violencia, y el alcohol…”.
Por eso la inyección de droga, de licor, de propaganda, de
sexo irresponsable, de violencia, para tener la juventud, ese es
el verdadero opio del pueblo, el verdadero opio para tener a los
pueblos adormecidos, […], llevar a los pueblos a una situación
80 Ídem.
93
de inseguridad tal que se preocupen es por sobrevivir de esa
situación”81
Reconociendo entonces que se trata de un fenómeno social,
se intenta delinear un nuevo perfil y papel de los cuerpos de
seguridad del Estado, específicamente de los cuerpos policiales,
para que sus prácticas superen la perspectiva de la represión
indiscriminada y violenta hacia los sectores pobres de la
ciudadanía, que en el marco de la explicación ideológica que le
atribuye el primer mandatario nacional, representa la postura
“burguesa”. Se postula entonces una seguridad integral,
ciudadana, fundamentada en los derechos humanos y en la
participación de las comunidades:
“… el carácter represivo […] eso es algo que nosotros
tenemos que dejar atrás, se asocia la seguridad con la
represión, con la existencia de cuerpos policiales, militares,
paramilitares cuya tarea es golpear al pueblo, además una visión
clasista […]
Bueno, es el estado burgués, es el estado burgués que
organizó cuerpos policiales, cuerpos militares […] ¿para qué?
para golpear a los pobres, para golpear a las clases populares,
para cuidar, digámoslo así, los intereses, preservar los intereses
de las clases dominantes […] todavía en muchos cuerpos
policiales y otros cuerpos de seguridad del Estado, todavía está
viva esa enfermedad el carácter represivo de la seguridad.
Ahora la seguridad debe orientarse en función del
humanismo, una seguridad producto de los valores, una
seguridad integral, ciudadana, fundamentada en los derechos
humanos y sobre todo en la participación de las comunidades 81 Hugo Chávez, Presidente de la república Bolivariana de Venezuela, programa Aló Presidente Nº306, domingo 03.03.08, Plaza Caracas, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador. [en línea] www.minci.gob.ve/alo-presidente/16/175933/alpresidente_n306.html.Consulta del 19.06.08.
94
[…] Ese es el enfoque correcto, el enfoque correcto, enfoque
social, no represivo, no represivo, lo cual no significa que vamos
a ser permisivos y que va a haber impunidad, no, no son dos
cosas distintas”.82
Superar esta visión represiva de la seguridad invita también a
deslastrarse de percepciones que asocian directamente a la
pobreza con la delincuencia, al pobre con el criminal. Es decir,
supone superar la criminalización de la pobreza no sólo por una
cuestión de sentido valorativo o “ideológico” respecto a la
seguridad ciudadana como derecho humano, sino también porque
la evidencia empírica es contundente al señalar que el
comportamiento de la pobreza no guarda relación directa ni
proporcional con los principales indicadores de criminalidad. Así,
por ejemplo, mientras que la variable pobreza viene registrando un
comportamiento decreciente, los homicidios y las lesiones
personales se incrementan.
Al observar los valores que asumen estas variables en
comparación a la desigualdad medida por el índice de Gini, es
posible advertir igualmente que, mientras la desigualdad
desciende, las lesiones, los robos y homicidios se incrementan. Ello
evidencia que, tal como lo venimos afirmando, no es posible
establecer una relación “causal” entre la pobreza y la delincuencia.”
(PROVEA, 2008, pp. 365-368).
La situación de inseguridad, experimentada mucho más directa y
acuciantemente entre los sectores más empobrecidos y excluidos del país
se vive en el marco de la ausencia institucional estatal, o con una presencia 82 Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión con motivo de la conformación del “Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana” el 21.02.08.
95
intermitente y descoordinada que en muchas oportunidades termina en una
doble victimización de la ciudadanía: primero por el hampa y en una
segunda instancia por los cuerpos de seguridad.
Si a toda esta situación le sumamos la incongruencia en los planes, la
sucesión de Ministros a cargo del problema, los operativos relámpagos y la
adopción de nuevas leyes, el escenario se hace aún más complejo a los
fines de concretar una respuesta de la sociedad y el Estado para resolver
este problema.
A inicios de 2008, Chávez se referiría al problema de la delincuencia
después de nueve (9) años de gobierno en los siguientes términos:
“…igual pasa con el tema de la seguridad, que hasta cierto punto
yo siento que es como una deuda porque han pasado nueve
años y hemos avanzado poco, pero bueno, vamos a retomar
impulso y ahora vamos a recuperar terreno y tiempo perdido”83
Lamentablemente, y como ya estamos acostumbrados, este
reconocimiento público no dio pie a la introducción de medidas concretas
dirigidas a atacar el problema de la violencia en Venezuela, siendo que esto
se evidencia en los resultados del año, cuando nuevamente se
incrementaron los homicidios y los secuestros.
Y es que para los venezolanos, la delincuencia es el principal problema
que aqueja a nuestro país, así lo indican los estudios de opinión.
Vale hacer referencia a los subregistros en el número de homicidios que
resultan del propio interés del Estado venezolano de disminuir las cifras, esto
se evidencia en la puesta en práctica de las siguientes estrategias:
“Estrategia 1 : exclusión de algunas víctimas por considerar que
no son víctimas de “homicidios”. El Código Penal Venezolano es
claro al establecer que el delito de homicidio es imputable a
cualquiera que “intencionalmente haya dado muerte a alguna 83 Cadena nacional, conformación del Consejo Nacional de Seguridad (21.02.08). En el informe anual de Provea de 2008, p.356, Consultado el 04 de diciembre de 2008 en la World Wide Web: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2007_08/131%20seguridad%20ciudadana.pdf
96
persona”11 estableciendo una serie de circunstancias
atenuantes y agravantes del hecho. Sin embargo, en diversas
administraciones del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) se han
construido y desarrollado argumentos que desconocen, por
ejemplo, que las muertes ocurridas en situaciones de
enfrentamientos entre bandas puedan ser contabilizadas como
“homicidios” y ser reflejo de inseguridad ciudadana.
Para el periodo en estudio destacan las declaraciones del ex
ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín,
mientras ocupaba el cargo en junio de 2008, cuando expresó: “El
70% de los homicidios que suceden en Venezuela y la capital
son entre las mismas bandas. A mi entender esos homicidios –
los que ocurren entre bandas- no afectan a la seguridad
ciudadana, que es una sensación que tienen las personas. Esas
muertes también las incluimos en las cifras, pero ¿afecta la
sensación de seguridad que las personas deben tener? Eso es
discutible entre los criminólogos”.
Omissis
Estrategia 2: Teoría de las “manzanas podridas”.
Estrechamente vinculada a la anterior, se ha esgrimido el
argumento de que las muertes de civiles ocurridas ante
funcionarios de los cuerpos de seguridad no pueden ser
contabilizadas como “homicidios” sino bajo la categoría
“resistencia a la autoridad”, puesto que se trata de muertes
“justificadas” en tanto ocurren (de acuerdo a la versión
oficial/policial) en el marco de la actuación de los funcionarios
para evitar o controlar algún hecho delictivo, en escenarios
catalogados como “enfrentamientos”. Este argumento es
ampliamente refutable toda vez que cualquier muerte violenta
debe ser sometida a un proceso de investigación y no puede
97
declararse a priori que existen algunas de éstas en las que
quienes ejecutan la acción (en su carácter de funcionarios de
algún cuerpo de seguridad del Estado) se encuentren exentos
de responsabilidad.
Estrategia 3: Muertes en averiguación, categoría bajo la cual se
contabilizan un número importante de fallecimientos que de
acuerdo al CICPC no pueden precisarse como “homicidios”
propiamente, pero tampoco cuentan con elementos como para
descartarlos como tales.
Si se suman todas estas cifras, se obtiene que el número
total de muertes violentas registradas, debería tener un
incremento de 44%. Los homicidios revelan un consistente
aumento en su ocurrencia a nivel nacional. Los datos obtenidos
hasta septiembre del año en curso nos permiten inferir que al
cierre de 2008, esta tendencia al ascenso se mantiene pues se
conocen 10,86% más casos que para el mismo periodo del año
2007. En la ciudad de Caracas, por su parte, salvo los meses de
febrero, marzo y julio, la tendencia de los homicidios también fue
al ascenso. En total para el periodo enero/septiembre de 2008
se observa en la ciudad capital un ligero incremento en el
número de homicidios conocidos de 0,56%.”84
Por otro lado, encontramos los casos de violación del derecho a la vida
reportados en el informe anual de Provea85, que se refieren
fundamentalmente a violaciones de este derecho resultantes de la actuación
policial, así indica el informe: “Un total de 247 víctimas de violación al
84 Informe anual de Provea de 2008, p. 360 y siguientes. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2007_08/131%20seguridad%20ciudadana.pdf 85 PROVEA: Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Consultado el 30 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2007_08/132%20vida.pdf
98
derecho a la vida se registran en la base de datos de Provea para el actual
periodo en estudio, contabilizándose 70 fallecimientos más respecto del
año anterior 86. La variable presenta un comportamiento claramente
ascendente ...” (Negrillas y subrayado nuestro)
Provea distribuye la violación de este derecho, según sea el resultado de:
ejecuciones, muertes por negligencia, uso excesivo de la fuerza, uso
indiscriminado de la fuerza y torturas y tratos crueles, siendo que el número
de víctimas por ejecuciones representa casi un 85% del total, lo cual es muy
preocupante, pues este renglón está relacionado con aquellos casos en que
el agente o funcionario policial dispara con el objeto de causar la muerte a la
víctima.
Destaca el informe, que se esperan resultados positivos de las iniciativas
adelantadas por: la Fiscalía General de la República para crear una Unidad
de Criminalística que se encargue de investigar los casos en los que estén
involucrados funcionarios policiales mientras que la Defensoría del Pueblo
ha planeado la creación de una Defensoría Especial de Asuntos Especiales
a fin de adelantar investigaciones en casos de abuso policial. Por otro lado
encontramos la actuación del Poder Judicial que permitió condenar a prisión
a agentes o funcionarios policiales que habían participado en violaciones a
este derecho humano. Por último, destaca el informe, que con la Ley
Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional deberían
lograrse avances para limitar y controlar estos abusos.
La Constitución de 1999 exige la protección de la vida de los individuos
que se encuentren privados de su libertad o sometidos a la autoridad de
cualquier forma, inclusive cuando aquél preste el servicio militar o civil, lo
cual sin duda fue el resultado de las constantes muertes que comúnmente
86 1. Para el periodo de estudio inmediato anterior (octubre 2006 - septiembre 2007) se registraron 177 víctimas de violación al derecho a la vida. Mayor información disponible en Provea: Informe Anual octubre 2006/septiembre 2007. Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, capítulo “Derecho a la Vida”. Caracas, 2007. [en línea] www.derechos.org.ve.
99
se producían en nuestras prisiones y que lamentablemente aún se siguen
produciendo en el marco de la Constitución de 1999.
Es así, como encontramos que el Estado venezolano sigue incumpliendo
con su obligación constitucional de garantizar la vida de aquellos privados de
la libertad, y que no se limita exclusivamente a las constantes muertes que
se dan en los penales o sitios de reclusión, sino que también está
representada por la violencia generalizada que genera múltiples heridos, la
ausencia de condiciones adecuadas de reclusión y de una situación procesal
adversa que genera entonces una mayor población procesada que penada.
Esta situación se evidencia en las constantes medidas provisionales87
que ha venido adoptando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
en beneficio de los reclusos de los siguientes penales: Centro Penitenciario
de la Región Centro Occidental – Cárcel de Uribana, Centro Penitenciario
Región Capital Yare I y Yare II, Internado Judicial Capital El Rodeo I y El
Rodeo II, Internado Judicial de Monagas – La Pica, siendo que en todas
estas medidas provisionales la Corte ha instado al Estado venezolano para
que ponga en práctica las medidas necesarias a los fines de que garantice la
vida e integridad personal de todos aquellos privados de la libertad que se
encuentran en estos internados, sin que a la fecha haya sido posible
observar una mejora evidente de esta situación, como lo reporta el Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) en su
más reciente informe anual sobre la situación de los derechos humanos en
Venezuela88, pues en los internados judiciales que han sido objeto de
medidas provisionales por la Corte, solamente para el primer semestre del
87 Medidas Provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humano. Consultadas el 17 de noviembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.corteidh.or.cr/medidas.cfm 88 PROVEA: Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Consultado el 06 de diciembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2007_08/index.html
100
año 2008 se han contabilizado 78 muertes y 205 heridos89 siendo, “…que
para el año 2007 se registraron 498 muertes violentas y 1.023 personas
heridas, y tan sólo de enero a octubre de 2008, 390 muertes y 692 personas
heridas. Estas cifras no demuestran ninguna mejora respecto a los casos de
muertes violentas.”90
iii. Derecho a la Libertad Personal
“Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en
consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en
virtud de una orden judicial , a menos que sea sorprendida in
fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judici al
en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a pa rtir del
momento de la detención . Será juzgada en libertad , excepto por
las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o
jueza en cada caso.
La constitución de caución exigida por la ley para conceder la
libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno.
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de
inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su
confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser
informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la
persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente
de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en
el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona
detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de
89 PROVEA: Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, página 345. Consultado el 06 de diciembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2007_08/130%20personas%20detenidas.pdf 90 PROVEA: Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, página 55. Consultado el 06 de diciembre de 2008 de la World Wide Web: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2007_08/114%20balance.pdf
101
especialistas. La autoridad competente llevará un registro público
de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la
persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o
funcionarias que la practicaron.
Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se
observará, además, la notificación consular prevista en los tratados
internacionales sobre la materia.
3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No
habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas
privativas de la libertad no excederán de treinta años.
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad
estará obligada a identificarse.
5. Ninguna persona continuará en detención después de
dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una
vez cumplida la pena impuesta.”91 (Negrillas nuestras)
91 Artículo 60º de la Constitución de 1961: “La libertad y seguridad personales son inviolables, y en consecuencia: 1.- Nadie podrá ser preso o detenido, a menos que sea sorprendido in fraganti, sino en virtud de orden
escrita del funcionario autorizado para decretar la detención, en los casos y con las formalidades previstos por la ley. El sumario no podrá prolongarse más allá del límite máximo legalmente fijado.
El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos los medios de defensa que prevea la ley tan pronto como se ejecute el correspondiente auto de detención.
En caso de haberse cometido un hecho punible, las autoridades de policía podrán adoptar las medidas provisionales, de necesidad o urgencia, indispensables para asegurar la investigación del hecho y el enjuiciamiento de los culpables. La ley fijará el término breve y perentorio en que tales medidas deberán ser comunicadas a la autoridad judicial, y establecerá además el plazo para que ésta provea, entendiéndose que han sido revocadas y privadas de todo efecto, si ella no las confirma en el referido plazo.
2.- Nadie podrá ser privado de su libertad por obligaciones cuyo incumplimiento no haya sido definido por la ley como delito o falta; Nadie podrá ser privado de su libertad por obligaciones cuyo incumplimiento no haya sido definido por la ley como delito o falta;
3.- Nadie podrá ser incomunicado ni sometido a tortura o a otros procedimientos que causen sufrimiento físico o moral. Es punible todo atropello físico o moral inferido a persona sometida a restricciones de su libertad.
4.- Nadie podrá ser obligado a prestar juramento ni constreñido a rendir declaración o a reconocer culpabilidad en causa penal contra sí mismo, ni
contra su cónyuge o la persona con quien haga vida marital, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
102
El artículo 44 de la Constitución de 1999 presenta importantes
modificaciones al compararse con el artículo 60 de la Constitución de 1961,
así encontramos a las siguientes observaciones:
• Sobre las garantías referidas al arresto o detenció n, encontramos que
a diferencia de la previsión del numeral 1 del artículo 60 de la
Constitución de 1961, se exige una orden judicial, y no simplemente
“orden escrita del funcionario autorizado”, lo cual supone entonces que le
queda impedido a cualquiera que no sea un juez dictar el arresto o
detención de un individuo, salvo que lo sorprendan en forma infraganti, lo
cual refuerza a la libertad como derecho humano fundamental; otro
importante aspecto que se incluye en la Constitución de 1999, tiene que
ver con la obligación para la autoridad que sorprende al individuo de
manera infraganti, a presentarlo ante el juez que corresponda en un
lapso que no podrá superar las cuarenta y ocho (48) horas, lo cual
constituye una importante garantía para el individuo pues se trata de una
garantía constitucional que no podría ser relajada o aumentada en virtud
de alguna disposición legislativa, como si lo permitía la Constitución de
1961. Otro aspecto muy importante que introdujo la Constitución de 1999,
tiene que ver con que el individuo debe ser juzgado en libertad, por lo
que es éste el principio general, por lo que será excepcional que el juicio
5.- Nadie podrá ser condenado en causa penal sin antes haber sido notificado personalmente de los
cargos y oído en la forma que indique la ley. 6.- Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia, con las garantías y en la
forma que determine la ley. 7.- Nadie continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad
competente o una vez cumplida la pena impuesta. La constitución de fianza exigida por la ley para conceder la libertad provisional del detenido no causará impuesto alguno.
8.- Nadie podrá ser condenado a penas perpetuas o infamantes. Las penas restrictivas de la libertad no podrán exceder de treinta años.
9.- Nadie podrá ser sometido a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiere sido juzgado anteriormente.
10.- Nadie podrá ser objeto de reclutamiento forzoso ni sometido al servicio militar sino en los términos pautados por la ley;
11.- Las medidas de interés social sobre sujetos en estado de peligrosidad sólo podrán ser tomadas mediante el cumplimiento de las condiciones y formalidades que establezca la ley. Dichas medidas se orientarán en todo caso a la readaptación del sujeto para los fines de la convivencia social.”
103
se efectúe con el individuo privado de su libertad. Se crea una no
sujeción expresa a impuesto alguno sobre la caución legal necesaria
para concederle la libertad a un individuo.
• Sobre la garantía que proscribe la incomunicación d el privado de su
libertad , que exige que toda persona que haya sido detenida tiene
derecho a comunicarse de inmediato con familiar, abogado o persona de
confianza y estos tienen precisamente derecho a que se les informe el
lugar en el cual se encuentre aquél que se encuentre detenido, los
motivos de su detención. Asimismo se exige que debe dejarse constancia
del estado físico y psíquico de la persona detenida y también un registro
público con la identidad del detenido, la hora, lugar, condiciones y
funcionarios que efectuaron la detención. Si se trata de un extranjero se
requiere, además de cumplir con todos los requisitos ya indicados, de la
notificación consular prevista en los tratados relacionados con esta
materia.
• Sobre el límite personal de las penas , se mantuvo la misma prohibición
prevista en la Constitución de 1961 al establecimiento de penas
perpetuas o infamantes así como la limitación a treinta (30) años de las
penas privativas de la libertad, se incluye en la Constitución de 1999 que
la pena no puede transcender a la persona condenada.
• Sobre la necesidad de que la autoridad se identifiq ue, cuando ejecute
medidas privativas de la libertad, que ya se encontraba prevista en la
Constitución de 1961;
• Sobre el derecho a excarcelación , previsto en las dos constituciones
bajo análisis, y que fundamentalmente exige al Estado que el individuo
sea excarcelado una vez se cumpla la pena impuesta.
104
iv. Derecho a la Integridad Personal
Dispone el artículo 46 de la Constitución de 1999 lo siguiente:
“Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de
tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o
tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la
rehabilitación.
2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a
experimentos científicos, o a exámenes médicos o de
laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida
o por otras circunstancias que determine la ley.
4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón
de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o
mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este
tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con
la ley.”
Analicemos de seguida este artículo:
• Derecho a no ser sometido a torturas, tratos cruele s o penas
degradantes , siendo que la víctima tendría derecho a que se le
rehabilite a cargo del Estado venezolano;
• Derecho de los detenidos a que se le respete la dig nidad
humana ,
• Derecho a decidir sobre experimentos y tratamientos , que impide
que una persona sea sometida a exámenes médicos o de laboratorio
105
o a experimentos científicos, salvo que su vida se encuentre en
peligro o así lo prevea la ley;
• Sobre la responsabilidad de los funcionarios , que en virtud de su
cargo infieran maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier
persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, serán sancionados
de acuerdo a lo establezca la ley.
v. Derecho a la Inviolabilidad del Hogar Doméstic o
El artículo 47 de la Constitución de 1999 se refiere a la inviolabilidad del
hogar doméstico en los siguientes términos:
“Artículo 47. El hogar doméstico y todo recinto privado de
persona son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante
orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para
cumplir de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los
tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano.
Las visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la
ley, sólo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios o
funcionarias que las ordenen o hayan de practicarlas.”92
Si comparamos este artículo 47 con el artículo 62 de la Constitución
de 1961, nos encontramos que al igual que aquella, se garantiza la
inviolabilidad del hogar doméstico, pero se amplía esta garantía a “todo
recinto privado”, asimismo, se exige que para que proceda el allanamiento,
debe disponerse de una orden judicial siempre que sea para impedir la
92 Artículo 62º de la Constitución de 1961: “El hogar doméstico es inviolable. No podrá ser allanado sino para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los Tribunales. Las visitas sanitarias que hayan de practicarse de conformidad con la ley sólo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios que las ordenen o hayan de practicarlas.”
106
perpetración de un delito o para cumplir la orden de un tribunal, sin duda
respetando la dignidad propia del ser humano. Se incluye el régimen de las
visitas sanitarias, que deben de practicarse siempre con previo aviso y de
conformidad con la ley.
vi. Sobre la Libertad de Tránsito
“Artículo 50. Toda persona puede transitar libremente y por
cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y
residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus
bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o
sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En
caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en
los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los
venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin
necesidad de autorización alguna.
Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de
extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o
venezolanas.”93
En contraposición a lo previsto en el artículo 64 de la Constitución de
1961, queda expresamente previsto en la Constitución vigente que ningún
acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del
territorio nacional contra venezolanos, sin que se admita excepción alguna.
Esto era posible bajo el imperio de la Constitución de 1961 como
conmutación de otra pena y a solicitud del reo.
93 Artículo 64º de la Constitución de 1961: “Todos pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, ausentarse de la República y volver a ella, traer sus bienes al país o sacarlos de él, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Los venezolanos podrán ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos, salvo como conmutación de otra pena y a solicitud del mismo reo.”
107
Se compatibiliza la libertad de tránsito con la posibilidad de que se
establezcan peajes, pues se precisa que en caso de concesión de vías debe
establecerse los supuestos en los que garantice la disposición de una vía
alterna.
vii. Derecho a la Asociación
“Artículo 52. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines
lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a
facilitar el ejercicio de este derecho .”94 (Negrillas nuestras).
Se mantiene el Derecho de Asociación en los mismos términos que lo
establecía el artículo 70 de la Constitución de 1961, siendo que se le exige al
Estado que facilite el ejercicio de este derecho a los interesados, obligación
que no estaba prevista en el precitado artículo 70 en comentario.
viii. Derecho de Petición y Respuesta Oportuna
“Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o
dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o
funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la
competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y
adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán
sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser
destituidos o destituidas del cargo respectivo.”95
Bajo la misma premisa del artículo 67 de la Constitución de 1961, se
establece el derecho de toda persona a dirigir peticiones ante cualquier
94 Artículo 70º “Todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos, en conformidad con la ley. 95 Artículo 67º de la Constitución de 1999: “Todos tienen el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público, sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos y a obtener oportuna respuesta.”
108
autoridad o funcionario público sobre asuntos que sean de su competencia,
pero que no se limita a este asunto, sino a la obligación de que tal respuesta
sea oportuna y adecuada.
ix. Derecho de Reunión
“Artículo 53. Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública
o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas.
Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley.”96
El artículo 53 de la Constitución de 1999 no presenta mayores
innovaciones con respecto al artículo 71 de la Constitución de 1961.
x. Derecho a la Libre Expresión del Pensamiento y Derecho a la
Información
El artículo 57 le garantiza a los individuos la expresión libre de sus
pensamientos, sus ideas y opiniones por escrito, a viva voz o mediante
cualquier otra forma de expresión o a través de cualquier medio de
comunicación o difusión sin que pueda establecerse censura previa, siendo
que quién haga uso de este derecho asume su responsabilidad por lo que
expresa, esta garantía quedo establecida de la siguiente manera:
“Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente
sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito
o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso
para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que
pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho
asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se
permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los
96 Artículo 71º de la Constitución de 1999: “Todos tienen el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley.”
109
mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia
religiosa.
Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias
públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus
responsabilidades.”97
Analicemos de seguida los principales aspectos que conforman a este
importante derecho:
• Constituye una garantía que puede exigir cualquier persona, sea natural
o jurídica, sea de derecho público o de derecho privado, nacional o
extranjera;
• Se trata de la libertad de expresar el pensamiento, sus ideas u opiniones
sin limitaciones ni restricciones, salvo las limitaciones que se derivan del
derecho de los demás y del orden público y social;
• Esta libertad de expresarse puede manifestarse a través de la escritura, a
viva voz, el arte, etc.;
• Se puede ejercer a través de cualquier medio de comunicación o
difusión;
• Se prohíbe la censura previa;
• En el ejercicio de este derecho se prohíbe el anonimato, la propaganda
de guerra, la intolerancia religiosa y los mensajes discriminatorios;
• Los funcionarios públicos no pueden ser censurados para dar cuenta de
los asuntos que se encuentres bajo su responsabilidad;
• Esta libertad de expresión acarrea responsabilidad personal por los
daños que puedan causarse en su ejercicio.
97 Artículo 66º “Todos tienen el derecho de expresar su pensamiento de viva voz o por escrito y de hacer uso para ello de cualquier medio de difusión, sin que pueda establecerse censura previa; pero quedan sujetas a pena, de conformidad con la ley, las expresiones que constituyan delito. No se permite el anonimato. Tampoco se permitirá la propaganda de guerra, la que ofenda la moral pública ni la que tenga por objeto provocar la desobediencia de las leyes, sin que por esto pueda coartarse el análisis o la crítica de los preceptos legales.”
110
Asimismo, nos encontramos con el artículo 58 de la Constitución de
1999, que no se encontraba previsto de manera alguna en la Constitución de
1961.
“Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los
deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona
tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin
censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así
como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada
directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información
adecuada para su desarrollo integral.”
Los principales aspectos que se derivan de esta norma jurídica son los
siguientes:
• Corresponde a toda persona, sin limitación alguna, tal y como
señaláramos antes con respecto al artículo 57;
• La comunicación es libre y plural, esto supone que debe garantizarse la
pluralidad que debería caracterizar a toda sociedad democrática;
• Todos tenemos derechos a una información oportuna, veraz e imparcial,
sin censura, de acuerdo con los principios constitucionales;
• Uno de los aspectos importantes a analizar aquí es lo que debemos
entender por oportuno, veraz e imparcial, así consideramos que el
sentido de oportunidad presenta una gran carga de subjetividad pues lo
que es oportuno para alguien no necesariamente lo es para otra persona,
así el Editor de un periódico de circulación nacional podía considerar
oportuno colocar en primera página la tragedia que estaba viviendo en la
segunda quincena del año 1999 el Estado Vargas y no que había sido
aprobada la Constitución de 1999 que aquí analizamos, lo cual para
aquellos que no se encontraban en Vargas o que le daban
preponderancia a la información política del momento, era lo oportuno, de
allí que en nuestra opinión esta disposición es altamente subjetiva. Lo
111
mismo ocurre con el tema de la veracidad, pues si algo es subjetivo es lo
que debe entenderse por la verdad, ya que la verdad de alguien no
necesariamente es la verdad del otro, siendo que con respecto a la
imparcialidad tenemos la misma observación;
• Se establece el derecho a la réplica y a la rectificación cuando una
persona se vea afectada directamente por informaciones inexactas o
agraviantes, este derecho implica que aquél que considere que se le está
afectando en sus intereses en forma directa en virtud de informaciones
inexactas o agraviantes, tiene el derecho a responder y a solicitar la
rectificación correspondiente, se entiende que usando los mismos medios
que uso el agresor.
Especial atención merece en este aspecto, la sentencia dictada por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia98 que interpreta este
articulado99, sobre la cual una serie de personas solicitaron fuere dictadas
medidas cautelares a su favor por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, siendo que tales medidas fueron rechazadas por lo cual
consideramos apropiado analizar su alcance.
xi. Derecho al Nombre y a la Identificación
“Artículo 56. Toda persona tiene derecho a un nombr e
propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la
identidad de los mismos. El Estado garantizará el d erecho a
investigar la maternidad y la paternidad.
Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el
registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos
públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad
con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la
filiación.”
98 Sentencia nro. 1.013 de 12 de junio de 2001 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 99 En virtud de la situación particular que se generó como resultado de esta sentencia, decidimos analizarla en profundidad en el capítulo 2 de este trabajo.
112
Se trata de una verdadera innovación de la Constitución de 1999 con
respecto a la Constitución de 1961, pues supone que el Estado debe
garantizarle a cada individuo su derecho a la identidad, lo cual fue una gran
deuda del período político previo al actual, dada la gran cantidad de
excluidos que no tenían ni siquiera acceso a la identificación a los fines de
realizar su vida en sociedad.
xii. Derecho a la Protección del Honor, a la Vida Privada y a la
Intimidad
“Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su
honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y
reputación.
La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y
la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y
el pleno ejercicio de sus derechos.”100
Se refiere a la protección del honor de una manera más amplia de
cómo lo hacía el artículo 59 de la Constitución de 1961, pues incorpora
los aspectos relativos a la intimidad y a la vida privada.
xiii. Derecho a la Libertad religiosa
“Artículo 59. El Estado garantizará la libertad de religión y de
culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y
cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público,
mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se
opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público.
Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las
iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las
100 Artículo 59º Toda persona tiene derecho a ser protegida contra los perjuicios a su honor, reputación o vida privada.
113
derivadas de esta Constitución y de la ley. El padre y la madre
tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación
religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones.
Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir
el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio
de sus derechos.”101
xiv. Otras Garantías Sustantivas
El artículo 2 de nuestra Carta Magna señala lo siguiente:
“Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actu ación , la
vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos , la ética y el
pluralismo político.” (Negrillas y subrayado nuestro)
Nótese como se reconoce expresamente que los derechos humanos son
valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y por ende de la
actuación del Estado.
Esto se corrobora en el artículo 3 de nuestra norma fundamental que
señala:
101 “Artículo 65º Todos tienen el derecho de profesar su fe religiosa y de ejercitar su culto, privada o públicamente, siempre que no sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. El culto estará sometido a la suprema inspección del Ejecutivo Nacional, de conformidad con la ley. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de las leyes ni para impedir a otro el ejercicio de sus derechos.”
114
“Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa
y el desarrollo de la persona y el respeto a su dig nidad , el
ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de
una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento
de los principios, derechos y deberes reconocidos y
consagrados en esta Constitución.”
(Negrillas y subrayado nuestro)
Entonces además de un valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico
así como de la actuación del Estado; la defensa y el desarrollo de la persona
así como el respeto a su dignidad, constituyen fines esenciales del Estado
venezolano.
En este mismo orden de ideas, la misma Constitución prevé un
mecanismo para retomar su vigencia en el caso en que sean menoscabados
los derechos humanos, así:
“Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición
republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad,
desconocerá cualquier régimen, legislación o autori dad que
contraríe los valores, principios y garantías democráticos o
menoscabe los derechos humanos .” (Negrillas y subrayado
nuestro)
Vale destacar, que nuestro constituyente de 1999 no jerarquizo a los
derechos humanos, sino que por el contrario mantuvo la técnica que guió al
constituyente de 1961, en el sentido de tematizarlos y por ende no introduce
ninguna distinción entre derechos humanos en relación a su naturaleza,
jerarquía u operatividad, lo cual es muy positivo y loable.
115
xv. Garantías adjetivas
En los apartes anteriores hemos venido haciendo hincapié en las normas
jurídicas sustantivas relacionadas con los derechos humanos tanto en
nuestro derecho interno como en el derecho internacional, siendo que no
podemos dejar de referirnos a una norma sustantiva que está relacionada
con el principio de reserva legal, conforme a la cual las restricciones a los
derechos constitucionales deben estar previstas en la ley, entendiendo: ley,
como ley formal, esto es, aquella que fue dictada por la Asamblea Nacional,
por lo que no podría válidamente delegarse esta competencia al Poder
Ejecutivo a través de una ley habilitante, siendo que lamentablemente la
redacción del artículo 203 de la Constitución de 1999 deja abierta la puerta a
que el Ejecutivo dicte decretos-leyes en cualquier materia, sin ninguna
limitación, de allí que consideremos que esta norma constitucional debe ser
interpretada en forma restrictiva.
Nos referiremos seguidamente a las normas adjetivas tanto rango
constitucional como legal de que dispone nuestro ordenamiento jurídico para
hacer eficaz la garantía fundamental a los derechos humanos.
Así nos encontramos inicialmente con el artículo 25 de nuestra
Constitución de 1999 que establece lo siguiente:
“Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público
que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta
Constitución y la ley es nulo , y los funcionarios públicos y
funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten inc urren en
responsabilidad penal, civil y administrativa , según los
casos , sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.”
(Negrillas y subrayado nuestro).
116
Consideramos que esta norma constitucional opera sobre todos los
derechos consagrados en nuestra Constitución de 1999, así como a los
previstos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos
suscritos y ratificados por la República, siendo que además dispone sobre lo
que se conoce como la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de
las violaciones a tales derechos.
Entre los procedimientos jurisdiccionales previstos en nuestra Constitución
de 1999 que protegen a los derechos constitucionales y en consecuencia a
los derechos humanos, nos encontramos con el derecho al amparo, el cual
se encuentra previsto en los siguientes términos:
“Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los
tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no
figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral,
público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad
judicial competente tendrá potestad para restablecer
inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que
más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo
tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.
La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser
interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será
puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera
inmediata, sin dilación alguna.
El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo
alguno, por la declaración del estado de excepción o de la
restricción de garantías constitucionales.”
117
Luego nos encontramos con una referencia expresa al derecho al
habeas data, previsto de la siguiente manera:
“Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la
información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes
consten en registros oficiales o privados, con las excepciones
que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga
de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal
competente la actualización, la rectificación o la destrucción de
aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus
derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier
naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de
interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo
el secreto de las fuentes de información periodística y de otras
profesiones que determine la ley.”
También nos encontramos con el artículo 26 constitucional que
comprende la protección de cualquier derecho subjetivo o interés legítimo a
través del acceso a la justicia y del derecho al proceso debido, que señala:
“Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela
efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión
correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial,
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles.”
118
Además del acceso a toda la jurisdicción procesal que en principio
permite hacer valer los derechos subjetivos o intereses legítimos que en
materia de derechos humanos se consideren conculcados o restringidos y
que encuentra eco en todo nuestro derecho adjetivo.
xvi. Sobre los Órganos
Encontramos aquí interés especial en la Defensoría del Pueblo y la
Fiscalía General de la República, así la primera está obligada
constitucionalmente a garantizar el goce de los derechos humanos, así
dispone el artículo 281 de nuestra Carta Magna:
“Artículo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora del
Pueblo:
1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en esta Constitución y en los t ratados,
convenios y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República , investigando de oficio o a
instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento…”
(Negrillas y subrayado nuestro)
Mientras que la Fiscalía General de la República tiene entre sus
atribuciones fundamentales asegurar el ejercicio eficaz de los derechos
humanos en Venezuela a través de su actuación como garante de la
institucionalidad democrática.
“Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio Público :
1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los
derechos y garantías constitucionales, así como a l os
tratados, convenios y acuerdos internacionales susc ritos
por la República .
119
2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la
administración de justicia, el juicio previo y el d ebido
proceso .
3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perp etración
de los hechos punibles para hacer constar su comisión con
todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y
responsabilidad de los autores o las autoras y demás
participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y
pasivos relacionados con la perpetración.
Omissis
5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hace r
efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal,
administrativa o disciplinaria en que hubieren incu rrido los
funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo
del ejercicio de sus funciones .
6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y
acciones que corresponden a los o las particulares o a otros
funcionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constitución y la
ley.” (Subrayado y negrillas nuestras).
xvii. Sobre los Estados de Excepción
Uno de los aspectos más positivos de la regulación de los derechos
humanos en la Constitución de 1999 tiene que ver con la forma como se
previeron los Estados de Excepción, según lo indicado en los artículos 337,
338 y 339 de nuestra Carta Magna.
Revisemos primeramente lo previsto en el artículo 337 constitucional:
“Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en
Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción.
120
Se califican expresamente como tales las circunstancias de
orden social, económico, político, natural o ecológico, que
afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las
instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto
resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen
para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser
restringidas temporalmente las garantías consagrada s en
esta Constitución, salvo las referidas a los derech os a la
vida, prohibición de incomunicación o tortura, el d erecho al
debido proceso, el derecho a la información y los d emás
derechos humanos intangibles .”
(Subrayado y negrillas nuestras).
Se requiere entonces que exista un estado de necesidad que afecte
gravemente la seguridad de la nación que no pueda ser resuelto valiéndose
de los medios de los que normalmente se dispone para tal cosa, siendo que
tales estados de excepción están expresamente previstos en el artículo 338
de la Constitución de 1999 al que nos referiremos seguidamente, pero antes
de abordar ese análisis, tenemos que necesariamente referirnos a lo que
debe entenderse por derechos humanos intangibles, siendo que ni la
Constitución de 1999 ni los tratados internacionales suscritos y ratificados
por Venezuela no prevén lo que debe entenderse por tal cosa, siendo que la
doctrina si ha ensayado una definición en la que se ha dicho que por
derechos humanos intangibles debe entenderse a aquellos que no resulta
posible suspender o restringir en virtud del decreto de excepción, de aquí
que consideramos aplicable el listado previsto en el artículo 4.2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y el artículo 27.2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA, plenamente
aplicables a este caso en virtud de los dispuesto en el ya analizado artículo
23 de nuestra Carta Magna.
121
Nótese adicionalmente que en virtud de un estado de excepción no
se interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.
El artículo 338 establece expresamente los casos en que puede
válidamente decretarse un estado de excepción, distinguiendo entre el
estado de alarma, el estado de emergencia económica y el estado de
conmoción, para cada estado se corresponde un plazo máximo de
duración, así nos encontramos que para el estado de alarma será de
30 días; 60 días para el estado de emergencia económica y 90 días
para el estado de conmoción.
“Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se
produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros
acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la
seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas.
Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo
prorrogable hasta por treinta días más.
Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se
susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten
gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de
hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual.
Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en
caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en
peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y
ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por
noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.
La aprobación de la prórroga de los estados de excepción
corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará
los estados de excepción y determinará las medidas que pueden
adoptarse con base en los mismos.”
122
El artículo 339 obliga a que se establezca en el decreto de excepción el
tipo de medidas que se adoptarán en virtud del estado de excepción,
garantizando así la seguridad jurídica de los particulares, aspecto que quedo
regulado adecuadamente en la Ley Orgánica de Estados de Excepción102,
veamos:
“Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en
el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se
restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de
haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión
Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se
pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con
las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o
Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un
plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la
Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del
término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.
La declaración del estado de excepción no interrumpe el
funcionamiento de los órganos del Poder Público.”
Asimismo prevé cómo funcionará el control posterior del decreto así
dictado, siendo que nos encontramos que una vez el Ejecutivo dicte el
decreto de excepción, deberá presentarlo en los ocho días siguientes a su
promulgación a la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional o la
Comisión Delegada, según sea el caso, quién deberá aprobarlo o rechazarlo,
restituyendo el estado anterior a su promulgación.
102 Ley nro. 32, Gaceta Oficial N° 37.261 de fecha 15 de agosto de 2001.
123
Por otro lado se prevé el control judicial automático que ejercerá la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a la cual deberá remitirse el
decreto así promulgado de forma inmediata a los fines de que ésta se
pronuncie sobre su constitucionalidad, pudiendo precisamente rechazarlo o
validarlo, con los efectos indicados en el párrafo anterior.
Por último queremos destacar, que siguen siendo aplicables los
mecanismos procesales ordinarios tendientes a proteger los derechos
constitucionales.
124
CAPÍTULO III
CONCLUSIONES
Las principales conclusiones que se derivan de nuestro trabajo las
podemos resumir de la siguiente manera:
1. En materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la
Constitución de 1999 introduce garantías no previstas en la
Constitución de 1961 que sin duda refuerzan el catálogo de derechos
fundamentales de que dispone el individuo para hacer valer sus
intereses, ello pues incorporó por primera vez en nuestro Carta Magna
al Principio de Progresividad de los derechos humanos; con lo cual se
impide que a través de algunos de los medios para modificar la
Constitución vigente, se proceda a desmejorar algún derecho humano
ya existente, no solamente en nuestro ordenamiento jurídico interno
sino en las convenciones, pactos y tratados suscritos y ratificados por
la República que se encuentren en vigencia y además le exige al
Estado la garantía eficaz de tales derechos y;
2. En este mismo sentido, resulta verdaderamente plausible la
incorporación de obligaciones estadales, existentes ya en
instrumentos internacionales, que le exigen al Estado venezolano
investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos y además
indemnizar a la víctima, según corresponda, lo cual no encuentra
parangón en la Constitución de 1961, pero lamentablemente el Estado
venezolano no ha sido eficaz en investigar y sancionar a los
responsables de violaciones de derechos humanos, como claramente
ha dejado constancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en los casos de El Amparo y El Caracazo;
3. El Principio de Igualdad fue mejorado con respecto a la Constitución
de 1961, pues se le exige al Estado que tome las medidas necesarias
para asegurar su eficacia, pero aunque se ha evidenciado cierta
mejoría en algunos indicadores internacionalmente reconocidos, el
125
Gobierno que ha regido al país durante el período inmediatamente
siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y que
peor aún, procuró la incorporación de estas garantías reforzadas, se
ha caracterizado por violar este Principio de manera flagrante al
discriminar a miles de venezolanos por razones políticas: les ha
impedido el acceso al trabajo en la Administración Pública, a
beneficios sociales y a la participación en condiciones de igualdad;
4. La Constitución de 1999 reconoce el rango constitucional que
detentan los tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados
por la República que se encuentren en vigencia, lo cual es altamente
positivo pues le permite al individuo gozar de una protección más
completa que la que podría originarse exclusivamente del
ordenamiento jurídico interno, siendo que en este marco la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha desarrollado un
criterio que basado en el vetusto concepto de soberanía, de la
supremacía de la Constitución y de los órganos locales de
administración de justicia, impide ejecutar los mandatos obligatorios
que resultan del Sistema Interamericano, tales como: las medidas
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las
medidas provisionales de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos y más recientemente, las sentencias de esta misma Corte
que han sido declaradas como inejecutables, lo cual le está vedado al
Estado en virtud de los propios instrumentos del Sistema que ratificó
en su oportunidad;
5. Consideramos que desde el punto de vista jurídico, la Constitución de
1999 en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos
es más garantista que la Constitución de 1961, pero los órganos que
deberían asegurar su eficacia, y en especial la Sala Constitucional y el
Poder Ejecutivo, han impedido que tales nuevos derechos se
concreten al desconocerlos en virtud de su ejercicio del poder o en
126
virtud de la necesaria justicia que exige el individuo en un caso
concreto;
6. Encontramos el reconocimiento en la Constitución de 1999 de otros
derechos individuales que no estaban previstos en la Constitución de
1961 e incorporando nuevas garantías en los ya existentes, lo cual es
muy positivo, pero el Estado sigue presentando una deuda enorme
con la sociedad venezolana, pues sigue sin ser capaz de garantizar el
derecho fundamental a la vida, a la salud, a la educación, a servicios
públicos de calidad, a la información libre y plural, y por el contrario se
ha concentrado en a través de la jurisprudencia y la vía legislativa,
limitar estos derechos individuales;
7. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía lejos de garantizar los derechos
del justiciable, del colectivo, del individuo, se han convertido en
órganos al servicio del gobierno de turno, incumpliendo de esta
manera con las importantes obligaciones que le fueron
encomendadas;
8. Se aprecia positivamente la limitación expresa de los Estados de
Excepción y el establecimiento de normas jurídicas precisas sobre su
procedencia en la norma legal desarrolladora del mandato
constitucional, siendo que hasta ahora no habido conmoción interna
que haya requerido su instrumentalización, pero no queda claro, en el
marco de lo señalado antes, que el Estado respetará esas limitaciones
al momento de enfrentarse a una verdadera situación de conmoción
interna, siendo que esto quedo en evidencia cuando en la reforma
constitucional que fue rechazada en diciembre de 2007, se pretendía
limitar el carácter garantista de este régimen, limitándolo;
9. En fin, consideramos que sin duda la Constitución de 1999 representa
con respecto a la Constitución de 1961, un avance concreto, positivo y
definitivo en materia de protección de los derechos humanos, pero la
letra de la Constitución de 1999 no puede generar por sí sola a las
127
instituciones necesarias ni puede pretenderse que altere la realidad de
las cosas, de allí que queda en manos de nosotros, los individuos, de
manera colectiva, hacer verdaderamente eficaces a estas normas de
corte garantista en beneficio de las generaciones futuras.
128
ANEXOS
Tabla 1
Distribución del Poder Público en Venezuela
Distribución V ertical del Poder Público
Distribución
Horizontal del
Poder Público
Poder Nacional Poder Estadal Poder Municipal
Ejecutivo
Presidente de la
República
Gobernador Alcalde
Legislativo Asamblea Nacional Concejo legislativo Concejo municipal
Judicial Tribunales de la
República
No aplica No aplica
Ciudadano
Consejo Moral
Republicano:
� Defensor del
Pueblo
� Fiscal General
de la República
� Contralor
General de la
República
Contraloría estadal Contraloría
municipal
Electoral Consejo Nacional
Electoral
No aplica No aplica
Fuente: Preparada por Alfredo Martínez
129
Tabla 2
Cronología del proceso constituyente.
DESCRIPCIÓN INSTITUCIÓN FECHA
Sentencias indicando la viabilidad de
convocar a un referéndum consultivo
sobre la realización de un proceso
constituyente
Sala Político Administrativa
de la Corte Suprema de
Justicia
19 de
enero de
1999
Decreto Nro. 3 convocando a la
realización de un referéndum consultivo
Presidente de la República 02 de
febrero de
1999
Decreto Nro. 3 convocando a la
realización de un referéndum consultivo
Presidente de la República 02 de
febrero de
1999
Sentencia mediante la cual se anuló la
segunda pregunta del Decreto Nro. 3
Sala Político Administrativa
de la Corte Suprema de
Justicia
18 de
marzo de
1999
Sentencia mediante la cual se anuló la
frase que indicaba que la Asamblea
Nacional representaba el Poder Originario
del pueblo.
Sala Político Administrativa
de la Corte Suprema de
Justicia
13 de abril
de 1999
Realización del Referendo Consultivo Considerando las bases
comiciales del Consejo
Nacional Electoral que
desarrollaban el Decreto
Nro. 3
25 de abril
de 1999
Sentencia mediante la cual se estableció
que el proceso constituyente estaba
enmarcado en el sistema jurídico
venezolano vigente.
Sala Político Administrativa
de la Corte Suprema de
Justicia
21 de julio
de 1999
130
Tabla 2
Cronología del proceso constituyente.
DESCRIPCIÓN INSTITUCIÓN FECHA
Elección de los miembros de la Asamblea
Nacional Constituyente
Resultante del referendo
consultivo del 25/04/1999.
25/07/1999
Instalación de la Asamblea Nacional
Constituyente
Asamblea Nacional
Constituyente
03 de
agosto de
1999
Primera sesión. Discusión del Estatuto de
Funcionamiento
Asamblea Nacional
Constituyente
08 de
agosto de
1999
Período de intervención de los Poderes
Públicos
Asamblea Nacional
Constituyente
Entre el 09
de agosto
y el 26 de
agosto de
1999
Período de preparación y discusión del
proyecto de Constitución
Asamblea Nacional
Constituyente
Entre el 02
de
septiembre
y el 17 de
noviembre
de 1999
Proceso electoral relacionado con la
aprobación de la Constitución de 1999.
Asamblea Nacional
Constituyente
15 de
diciembre
de 1999
Fuente: Preparada por Alfredo Martínez
131
Tabla 3
Análisis comparativo de las disposiciones en materi a de
Derechos Humanos de la Constitución de 1999 vs. la Constitución de
1961.
DESCRIPCIÓN CRBV
1999
CV
1961
Principio de no dis criminación 21 61
Derecho a la vida 43 58
Derecho a la libertad personal 44 60
Desaparición forzosa de personas 45 SE
Derecho a la integridad personal 46 SE
Derecho a la inviolabilidad del hogar
doméstico
47 62
Derecho a la libertad de tránsito 50 64
Derecho a la asociación 52 70
Derecho a petición y respuesta
oportuna
51 67
Derecho de reunión 53 71
Derecho a la libre expresión del
pensamiento
57 66
Derecho de acceso a la información 58 SE
Derecho a la seguridad ciudadana 55 SE
Derecho a la protección del honor, a la
vida privada y a la intimidad
60 59
Derecho a la libertad religiosa 59 65
En donde:
CRBV: Constitución de la República Bolivariana de V enezuela de 1999
CV: Constitución de la República de Venezuela de 1961
SE: Sin equivalente
Fuente: Preparada por Alfredo Martínez
132
Tabla 4
Órganos competentes del Sistema Interamericano
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
EL 9 DE AGOSTO DE 1977, VENEZUELA RECONOCIÓ LA COMP ETENCIA DE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE ACUE RDO CON EL
ARTÍCULO 45 DE LA CONVENCIÓN
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
EL 24 DE JUNIO DE 1981, VENEZUELA RECONOCIÓ LA COMP ETENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE ACUERDO CON E L ARTÍCULO 62
DE LA CONVENCIÓN
133
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