Todolo quedebería saber sobre el Procesode PazVisión, realidades y avances enlas conversaciones que adelanta el Gobierno Nacional en La Habana

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Contenido

La Paz Territorial pag 4 Estructura del Proceso de Paz pag 9 ¿Por qué este Procesoes diferente? pag 10 ¿Cómo funciona la Mesa? pag 12

Mitos y realidades sobre elProceso de Conversaciones pag 14

Cronología del Proceso pag 16

Avances en el primer puntodel Acuerdo General pag 17 Avances en el segundo puntodel Acuerdo General pag 23

Avances de participación pag 34

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La PazTerritorial1

“Tenemos que aprovechar el

momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las

instituciones en el territorio que

con el tiempo van a hacer valer los

derechos de todos por igual...”

Sergio Jaramillo,Alto Comisionado para la Paz

1. Esta es una edición de una conferencia dictada en la Universidad de Harvard el pasado 13 de marzo.

En el centro de la visión de la paz del Gobierno hay una preocupación por el terri-torio, y una preocupación por los derechos.

“Derechos” en el sentido en que el proceso de paz necesariamente debe satisfacer los dere-chos de las víctimas, comenzando por la medida más efectiva de protección y no repetición: poner fin al conflicto. Pero también en el sentido más amplio de garanti-zar por igual los derechos consti-tucionales de los colombianos en todo el territorio.

Es bien sabido que es impo-sible garantizar derechos de manera sostenida si no existen unas instituciones fuertes. “Insti-tuciones” no sólo en el sentido de entidades, sino también del con-junto de prácticas y normas que regulan la vida pública y que son indispensables para la creación de condiciones de cooperación y con-vivencia.

El problema evidentemente es que si un país vive un conflicto –aun uno como el colombiano que se ha reducido en su alcance e intensidad–, es inevitable que tenga o haya tenido serias fallas en su institucionalidad, tanto en su capacidad de producir bienes públicos y satisfacer derechos en todo el territorio, como de asegurar las condicio-nes para tramitar las demandas políticas de la sociedad.

Estos dos puntos están en el corazón de los acuerdos que hemos logrado con las FARC en materia de desarrollo rural y de participa-ción política. Más adelante los volveré a tocar.

Lo que me interesa resaltar es que tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las instituciones en el territorio que con el tiempo van a hacer valer los derechos de todos por igual. Para avanzar en esa dirección, hay que complementar el enfoque

de derechos con un enfoque terri-torial. Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articu-lan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz. Eso es lo que llamo la paz territorial y sobre eso quiero hablar hoy.

La fase de transición

La idea básica de este proceso es que primero hay que terminar el conflicto para luego abrir una fase de construcción de la paz. Eso fue lo que acordamos con las FARC

en el Acuerdo General que firmamos en agosto de 2012: “ iniciar conversaciones directas e inin-terrumpidas para llegar a un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a una paz estable y duradera”. Una idea obvia, pero no en Colombia: paremos el conflicto para poder dedi-carnos a construir la paz.

Es lo que he llamado en otra ocasión la transición: una tercera fase luego de la firma del acuerdo final en la que se inicia un diálogo en los territorios para discutir entre todos cómo desa-rrollar y poner en práctica lo que se ha acordado en La Habana. Por eso el proceso de paz no se acaba, sino más bien comienza de verdad con la firma del acuerdo.

“Lo principal es entender la paz como una oportunidad,

como una gran palanca

de cambio para hacer lo que no hemos

logrado hacer en cincuenta años de

guerra.”

La paz como una oportunidad

Las bases de la transición son los puntos queestamos desarrollando en La Habana y que acor-damos en 2012 en el Acuerdo General. No son todos los temas de la agenda nacional, sino los necesarios para asegurar la terminación del con-flicto y la construcción de la paz.

Aquí vale la pena volver a insistir: nosotros no acordamos discutir estos temas por cuenta de las FARC, sino de los colombianos. Acorda-mos discutirlos y estamos llegando a acuerdos porque estamos convencidos de que esas son las reformas que hay que hacer para que la paz eche raíz y Colombia tenga un futuro distinto a la violencia. Para eso estamos en La Habana.

Las FARC –y eventua l-mente el ELN– tendrán por supuesto que hacer su parte, que no es sólo dejar las armas y rein-corporarse a la vida civil, sino también contribuir de diferen-tes maneras a la implementa-ción de los acuerdos, incluyendo la satisfacción de los derechos de las víctimas. Que las gue-rrillas dejen las armas es por supuesto una condición ineludi-ble de la transición. Pero no es lo principal.

Lo principal es lo que pasa después. Lo principal es entender la paz como una oportu-nidad, como una gran palanca de cambio para hacer lo que no hemos logrado hacer en cin-cuenta años de guerra. Se requiere la energía de la paz para poner en marcha la transformación de las condiciones que han mantenido vivo el conflicto. Eso no es nada diferente a lo que debe hacer cualquier democracia sensata: aprovechar los desafíos para dar saltos en su desarrollo. Pregunto: ¿Franklin Delano Roosevelt hubiera podido poner en marcha las transformaciones en materia de regulación del sistema finan-ciero, de obras públicas y de política social que fueron la base de tres o cuatro décadas de cre-cimiento y bienestar, sin la presión de la Gran-Depresión? Por supuesto que no. De la misma manera, tenemos que aprovechar la oportuni-dad y la energía de la paz para crear los incen-tivos que con el tiempo lleven a cambios reales. No hay posibilidad de que Colombia progrese de

manera equitativa y sostenida si no resolvemos el problema del campo y clarificamos y garan-tizamos los derechos de propiedad de la tierra.

Los acuerdos

Ya hemos logrado dos acuerdos, que sientan el marco para la implementación de los demás. El primero, en materia de desarrollo rural, busca como ya dije transformar las condiciones del campo y reversar los efectos de la violen-cia. Se trata de cerrar la enorme brecha entre el mundo urbano y el mundo rural, que ha sido el

escenario del conflicto, mediante planes y programas que le den un vuelco a las condiciones de vida de la población.

El Gobierno no cree que existan “condiciones objetivas” que justifi-quen que alguien empuñe un arma contra otro. Pero sí cree que hay condiciones en el campo de pobreza extrema, de falta de oportunidades y de debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pública, que han permitido que la violencia florezca. Además por su puesto de la presencia de los grupos ilegales y de la misma violencia. Por eso digo que este proceso busca garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos, especialmente

de aquellos que han vivido en la periferia del país, en las márgenes del país, y que han sufrido el con-flicto en carne propia. El segundo, sobre participación política, busca como ha dicho el Presidente Santos romper para siempre el vínculo entre política y armas y resta-blecer una regla básica de la sociedad: que nadie recurra a las armas para promover sus ideas polí-ticas; y que nadie que promueva sus ideas polí-ticas en democracia sea víctima de la violencia. Esa es la esencia de cualquier proceso de paz: facilitar la transformación de un grupo armado en un movimiento político en democracia. Pero en el caso de Colombia, que ha padecido en toda su historia la combinación de violencia y política, es mucho más. Es mucho más porque al marcar claramente la raya entre violencia y política, se estabiliza definitivamente el campo de la polí-tica: todo lo que juegue por la reglas, incluyendo la protesta social, incluyendo la oposición radi-cal, es lícito y legítimo. Y todo uso de la violencia

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es simplemente eso: violencia criminal.Eso hará la política colombiana más rica y más democrá-tica; y también más agitada y más contestataria. No hay que tenerle miedo a la democracia, hay que tenerle miedo a la violencia. Y hay que con-fiar en que la democracia es el mejor mecanismo de consolidación de la paz. Por eso hay que dar más voz y tomarse en serio los derechos políticos de quienes han estado al margen de la vida polí-tica del país.

Una campaña para construir la paz

No hay manera de implementar todo lo anterior si no se moviliza a la población. Con lo que paso al tema de la participación.

En esto hay que pensar en grande: en una verda-dera campaña nacional de participación que movilice a la gente en las regiones alrededor de la construcción de la paz. ¿Y eso cómo se hace? Con procesos de pla-neación participativa “de abajo hacia arriba” en los territorios.

Se trata de poner en marcha una campaña de planeación participativa para que entre autoridades y comunidades se piense en las características y nece-sidades del territorio, en las respues-tas a esas necesidades, y de manera metódica y concertada se construyan planes para transformar esos territo-rios. Se trata de hacer valer los dere-chos y las capacidades de la gente, que sientan como propio el esfuerzo de reconstrucción. Todo esto no es una utopía, se ha hecho en otras par-tes del mundo. Brasil y la India son buenos ejemplos. ¿Cómo no lo vamos a hacer en Colombia si se trata de construir la paz?

Necesitamos que todos los sec-tores de la sociedad –campesinos, indígenas, afro descendientes, empresarios, universidades, organi-zaciones sociales, miembros de la Iglesia– se sien-tan parte de un mismo proceso, que la paz es de ellos y con ellos, que todos pueden y deben aportar. Necesitamos también despertar el entusiasmo de la población urbana, en especial de los jóvenes, que piensen en ese otro país y salgan a las regiones. Las universidades deberían estar ahí. Los estudiantes deberían estar ahí. No sólo capacitando y acompa-ñando procesos de planeación participativa, sino ayudando a tender puentes entre el mundo urbano y el mundo rural.

Una nueva alianza

En el fondo, se trata de poner en marcha un modelo nuevo e incluyente de construcción y fortalecimiento de las instituciones en las regio-nes. El Estado colombiano ha intentado todo tipo de programas para llevar desarrollo a las regio-nes apartadas. Sin negar sus logros, creo que el modelo centralista, en el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comu-nidades para “traer el Estado”, se quedó sin aire. He hecho parte de esos esfuerzos y conozco sus méritos y limitaciones. Y estoy convencido de que así el Estado nunca va a “llegar” a ninguna parte de manera sostenida y con suficiente intensidad. Pero tampoco se trata de que las comunidades se organicen por su cuenta. Esa es una lógica de fragmentación, que ha sido nuestra enfermedad histórica.

Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad

en el territorio. “Institucionali-dad” entendida nuevamente no sólo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y produz-can bienestar. Una alianza en la que los programas gubernamen-tales, las autoridades regionales –en esto el liderazgo de alcaldes y gobernadores será fundamental– y las comunidades se unen para combinar la coordinación y los recursos nacionales con la fuerza y el conocimiento de la ejecución local. Esa alianza a mi juicio sólo

es posible tejerla alrededor de la construcción de la paz. Tenemos una ventaja: no comenzamos de ceros. Hay programas importantes de la sociedad civil que han avanzado en esa misma dirección. Y tenemos nuestra propia experiencia. Pero hay que construir algo nuevo. Los obstáculos sin duda son enormes: la corrupción, el clientelismo, las redes de intereses creados y del crimen organizado ame-nazan cualquier intento de reconstrucción. Pero si no lo logramos en un período de excepción como es la transición, con los recursos de todo tipo que movilizaría una verdadera campaña de construc-ción de la paz, no lo lograremos jamás.

“...hay que pensar en grande: en una verdadera

campaña nacional de participación

que movilice a la gente en las regiones

alrededor de la construcción de

la paz.”

Espacios de reconciliación

Las ventajas de esta campaña son muchas. Primero, resolveríamos el problema de credibili-dad. Hay que vencer la desconfianza natural de las comunidades, lo que Jean Paul Lederach llama la “distancia” que sienten frente a cualquier esfuerzo de construcción de paz quienes han tenido que vivir y sobrevivir en medio de la violencia. Eso es así en un país que ha padecido un conflicto tan largo como el colombiano. Hay regiones donde desde hace veinte o treinta años las comunida-des han visto pasar programa tras programa del gobierno y están llenas de incre-dulidad. El comienzo de la solu-ción está en que sean actores y no simples receptores de esos programas. En que vean que sus derechos también cuentan. En la medida en que las instituciones responden, la gente es más cons-ciente de sus derechos y exige más. Así se construye institucio-nalidad. Segundo, en ese marco es posible repensar los procesos de reincorporación de las gue-rrillas. Colombia tiene una larga experiencia en estos procesos y una agencia fuerte de reintegra-ción. Pero si estamos pensando en transformar los territorios y crear institucionalidad sobre la base de la participación y la inclusión, estos procesos no se pueden limitar a ofrecerles oportunidades de vida a quienes han dejado las armas. Tienen que ser parte integral del proceso de reconstruc-ción territorial. No podemos volver a cometer el error de pensar que se trata simplemente de des-movilizar unos grupos. Hay que llenar el espacio, hay que institucionalizar el territorio, y hay que hacerlo entre todos. Tercero, un ejercicio de ese tipo es también una forma de construir espacios de discusión en el nivel territorial –la llamada “esfera pública”– para deliberar alrededor de pro-pósitos comunes y recuperar las reglas básicas de respeto y cooperación. Por esa misma razón, esos espacios de deliberación son también espacios de reconciliación.

La justicia y la paz territorial

Todo lo anterior requiere innovación, requiere creatividad. Hay que pensar distinto, no sólo en

cómo hacer las cosas, sino en para qué las esta-mos haciendo. Eso incluye pensar de nuevo la relación entre la justicia y la paz en un proceso de paz. Si entendemos la construcción de la paz como un ejercicio para reforzar normas y hacer valer derechos, tenemos un marco para ponde-rar mejor los intereses de la justicia con los de la paz. Siempre y cuando entendamos “ justicia” en el sentido amplio de la palabra, como solía defi-nirla John Rawls: como un “sistema equitativo de cooperación en el tiempo”, en el que “cooperación” significa observar unas normas y procedimien-tos, con sus correspondientes derechos y deberes,

que todos aceptan y que regulan su conducta. Y que los aceptan pre-cisamente porque cooperar trae beneficios recíprocos para todos. Si pensamos en la justicia de esta manera, entendemos que el obje-tivo superior de la justicia en un proceso de paz no es otro que la reconstrucción equitativa del orden social y la cooperación en los terri-torios para restablecer las normas básicas de la sociedad, garantizado derechos y bienestar, y asegurar la no repetición del conflicto.

La justicia transicional es un componente fundamental, pero sólo un componente de este esfuerzo mucho mayor de recons-trucción. En ese marco y con un

enfoque de derechos podemos hacer una pon-deración justa entre los derechos de las víctimas directas y los derechos de los demás habitantes del territorio. ¿Cómo decidir a quién distribuir la tierra, a las víctimas, a campesinos sin tierra, o a excombatientes? O, a un nivel más general, ¿a qué se debe dedicar la justicia penal, a investigar medio siglo de guerra o a la prevención de futu-ras violaciones y a la desarticulación de futuras amenazas sobre las comunidades? No se trata de beneficiar a los unos sobre los otros, sino de hacer justicia en el territorio de la manera más amplia posible y de satisfacer de la mejor manera los dere-chos de las víctimas. Los enemigos del proceso han querido reducir el fin de una guerra de cin-cuenta años y la construcción de la paz a una sola pregunta: “¿los guerrilleros se van a la cárcel, sí o no?” Por supuesto que hay que discutir sanciones, en especial de los máximos responsables de los crímenes internacionales. Ya lo hemos dicho: en Colombia no habrá una amnistía general. Todo se

“...No se trata de beneficiar a los unos sobre los otros, sino de

hacer justicia en el territorio de la manera más

amplia posible y de satisfacer de la mejor manera los

derechos de las víctimas.”

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hará en el marco de nuestras obligaciones inter-nacionales. Pero si se trata de reconstruir los ele-mentos básicos de la justicia en el territorio y de garantizar que las víctimas no sean victimizadas otra vez, cualquier discusión tiene que partir de ese fin. En todo caso, primero hay que oír la voz de las víctimas, no la de quienes hoy se autopro-claman luchadores contra la impunidad y que ayer poco o nada hicieron por esas mismas víctimas. Segundo, hay que encontrar una solución que incluya a todos quienes participaron en el con-flicto. Tercero, dentro de este marco es posible diseñar un sistema en el que los diferentes programas de recons-trucción y las medidas de justicia transicional se entretejan y refuer-cen mutuamente. Permítanme dar unos ejemplos concretos. La resti-tución de tierras es una medida de elemental justicia en una transi-ción. El gobierno ya puso en mar-cha un ambicioso programa de restitución, que será mucho más efectivo si la tierra se restituye en el marco de los programas de desa-rrollo con enfoque territorial que acordamos en La Habana.

Otro ejemplo son las Circuns-cripciones Transitorias Especiales de Paz que acordamos en el Punto 2. Se trata de unas nuevas circuns-cripciones electorales, con reglas especiales, para que los territorios más afecta-dos por el conflicto incrementen su representa-ción en la Cámara de Representantes durante el período de transición. Con esa medida estamos ampliando la participación de quienes por cuenta del conflicto han estado al margen de la vida polí-tica del país, estamos integrando políticamente a esas poblaciones y a esas regiones, y estamos reparando a las víctimas. Pocas cosas en una transición a la paz son tan importantes como la activación de los derechos políticos de quienes han sufrido la violencia. También los programas de reincorporación de las FARC –y eventualmente del ELN– a la vida civil deben contribuir a las medidas de esclarecimiento, reparación y no repe-tición. Y en la medida que lo hagan, facilitarán la reincorporación, porque las comunidades acepta-rán más fácilmente a los excombatientes. Se trata entonces de asegurar no sólo que las medidas de verdad, justicia y reparación se refuercen entre sí en una estrategia integral de justicia transicional

que produzca un máximo de satisfacción de los derechos de las víctimas y evite la impunidad –esa ha sido nuestra posición–, sino que esa estrategia integral esté inscrita en una estrategia más amplia de toda la transición en los territorios para garan-tizar derechos.

Consensos para la paz

De nada sirve poner en marcha esta o cualquier otra estrategia si no tiene un consenso político detrás. Y con eso quiero terminar: con la impor-

tancia de construir consensos para la paz. Lo ha dicho el Presidente: cualquier acuerdo al que lleguemos con las FARC tendrá que ser some-tido a un mecanismo de refren-dación. Serán los colombianos quienes tendrán la última palabra. Y eso va obligar a que se creen con-sensos a favor (y sin duda también en contra) de lo que acordemos. Esos consensos son obviamente fundamentales, pero tenemos que construir desde ya consensos entre los poderes públicos y consensos en la sociedad si queremos llegar allá. El Presidente Santos ha propuesto un gran pacto por la democracia y la paz. Imposible pensar en una transición de verdad si no tiene detrás un pacto político de esa

naturaleza, tanto en el nivel nacional como en el nivel regional. Y eso exige lo que en otra ocasión he llamado un acto de imaginación. Una capaci-dad de vencer el miedo natural al cambio y de ven-cer también la indiferencia de quienes, sobre todo en el mundo urbano, piensan que las cosas están bien como están. Entre todos tenemos que poder imaginarnos una Colombia en paz.

En el fondo, la paz es una decisión. Una deci-sión por el futuro y en contra del pasado. Se nece-sita que la gente en las ciudades y en las regiones se mire al espejo y diga: prefiero la paz. Esa es la tarea que tenemos ante nosotros. Una tarea sin duda difícil en época electoral, pero yo creo que al final primarán la sensatez y el sentido de realidad. Y la realidad es esa: que no va a haber otra oportunidad.

“En el fondo, la paz es una decisión. Una decisión por el futuro y

en contra del pasado. Se

necesita que la gente en las

ciudades y en las regiones se mire al espejo y diga: prefiero la paz.”

Estructura del Proceso de paz

FASES DEL PROCESO

FASE 1(exploratoria)

Establecer las condiciones e intercambiar visiones sobre la terminación del conflicto con el fin de realizar las conversaciones.

Dotar de contenido a esa agenda para lograr un Acuerdo Final.

Es lo que hoy ocurre en La Habana.

Se firmó el documento “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Es una hoja de ruta que establece cuál es el próposito de este proceso, cuáles son las condiciones y cuáles son las reglas de juego.

Posee una agenda concreta alrededor de 6 puntos específicos.

ESTA FASE TERMINÓ CON LA FIRMA DEL ACUERDO GENERAL

ESTA FASE TERMINARÁ CON UN ACUERDO FINAL QUE PONGA FIN AL CONFLICTO

COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA

FASE 2(f in del conf licto)

Esta labor se lleva a cabo bajo las siguientes reglas de juego: no hay des-pejes de territorio ni tampoco cese de operaciones militares; las sesiones de trabajo de la Mesa son reservadas y directas para garantizar seriedad y dis-creción; la duración de la Mesa estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo; y las conversaciones se realizan bajo el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

FASE 3(construcción

de paz)

Se termina la guerra y comienza la construcción de paz.

La paz en Colombia será una Paz Territorial en la que participen todos los ciudadanos y las comunidades en torno a su construcción; impactará positivamente los derechos de las víctimas; y tendrá que asegurar garantías para todos.

La paz se construye entre todos los colombianos luego de la firma de un Acuerdo Final.

La terminación del conflicto para poder comenzar una fase

de construcción de paz

el próposito de este proceso es:

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1.

POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL

1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial.

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1

¿Por qué este Proceso es diferente?Es un acuerdo para terminar el conflicto. Contiene las condiciones que el Gobierno considera necesarias para abrir un proceso con suficientes garantías para finalizar el conf licto. No tiene despejes de territorio y no hay cese de operaciones militares.

Las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia. Sesiones de trabajo reservadas y directas que garantizan seriedad y discreción.

Las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. La duración estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo.

El acuerdo establece un proceso con una estructura clara de tres fases.

Las conversaciones se realizan bajo el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Los colombianos serán quienes refrendarán los acuerdos alcanzados con las FARC.

Este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre cinco puntos concretos:

3. Infraestructura y adecuación de tierras. 4. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 5. Estímulo a la producción

agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral 6. Sistema de seguridad alimentaria.

intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular, contra cualquier organización responsable de homicidios, masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.

6. Garantías de seguridad.

7. En el marco de lo establecido en el punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.

La firma del Acuerdo Final incia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.

4.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

1.Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

2. Programas de prevención del consumo y salud pública.

3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

2.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.

3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

3.

FIN DEL CONFLICTO

1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses.

3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

4. En forma paralela el Gobierno Nacional

5.

VÍCTIMAS

Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno - FARC-EP. En ese sentido se tratarán:

1. Derechos humanos de las víctimas.

2. Verdad.

6.

IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN

1. Mecanismos de implementación y verificación.

2. Sistema de implementación, dándole especial importancia a las regiones.

3. Comisiones de seguimiento y verificación.

4. Mecanismos de resolución de diferencias.

5. Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso.

6. Acompañamiento internacional.

7. Cronograma.

8. Presupuesto.

9.Herramientas de difusión y comunicación.

10. Mecanismos de refrendación de los acuerdos.

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¿Cómo funcionala Mesa?

DELEGADOSFARC-EP

DELEGADOSGOBIERNO

La Mesa podrá realizar consultas a expertos sobre los temas de la Agenda.

La Mesa deberá elaborarinformes periódicos.

El Gobierno Nacional garantizará los recursos necesarios para el funcionamiento de la Mesa.

La Mesa cuenta con la tecnología necesaria para adelantar el proceso.

En las sesiones de la Mesa participarán hasta 10 personas por delegación, de los cuales hasta 5 serán plenipotenciarios que llevarán la vocería respectiva de cada delegación.

La mesa se reúne en periodos que se denominan “ciclos de conversaciones”. Cada ciclo tiene una duración de 11 días. Sin embargo, para atender situaciones coyunturales que responden a solicitudes expresas de las delegaciones algunos ciclos se han abreviado o extendido.

Entre ciclo y ciclo se definen las necesidades de reuniones y consultas internas que aseguran la preparación de los puntos por parte del Gobierno y de las FARC-EP.

La sede principal de la Mesa es en La Habana, Cuba. La Mesa podrá hacer reuniones en otros países.

Instalación de la Mesa de Conversaciones en Oslo bajo lo establecido en el Acuerdo General.

SOBRE LA INSTALACIÓN DE LA MESA Para abordar los puntos de la Agenda se estableció un sistema de presentación de las visiones de cada delegación sobre los puntos de la Agenda en una plenaria de la Mesa de Conversaciones.

Con el fin de concretar en un texto los acuerdos que se van alcanzado sobre los puntos se reúnen comisiones técnicas de redacción. Estas comisiones están integradas por 4 o 5 miembros de cada delegación que son los responsables de redactar los borradores conjuntos de los acuerdos que se van alcanzado.

MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD:

Recibir las propuestas físicas y electrónicas de la sociedad a la Mesa, y entregarlas a las dos delegaciones.

Proponer estrategias para la promoción de la participación de la sociedad a través de los mecanismos establecidos.

Administrar el contenido de la página web: www. mesadeconversaciones.com.co

MECANISMO DE DIFUSIÓN:

Elaborar, por instrucción de la Mesa, los comunicados conjuntos que son sometidos a aprobación de los jefes de delegación.

Divulgar los comunicados de la Mesa a través de los canales acordados.

Organizar ruedas de prensa de la Mesa.

Garantizar la difusión de la información que emita la Mesa a los medios de comunicación, con especial atención a los medios locales, alternativos y de menor cubrimiento, en aras de la equidad.

Diseña estrategias de difusión eficaz de la información de la Mesa.

MECANISMO DE APOYO ADMINISTRATIVO:

Planear y tramitar las solicitudes y necesidades logísticas para el correcto funcionamiento de la Mesa.

Organizar y tramitar la logística de los invitados de la Mesa.

MECANISMOS DE APOYO DE LA MESA

SISTEMA DE TRABAJO DE LA MESA

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Mitos &realidades sobre el Proceso de Conversaciones

Algunos opositores al proceso de diálogo en La Habana han puesto a circular versiones falsas y mitos inverosímiles sobre su verdadero alcance. Vamos a esclarecer enseguida las principales leyendas.

Primero. En La Habana están entregando el país. Nada más alejado de la realidad. En pri-mer término, las conversaciones se han venido ciñendo estrictamente a los puntos pactados en el Acuerdo General de La Habana del 26 de agosto de 2012. Ambas partes encontraron que estos puntos son eficientes y suficientes para poner fin al conflicto y abrir, sin armas, una etapa amplia de transformaciones con garan-tías plenas para el movimiento que surja de las FARC y entre en la política.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, no hay que confundir las interven-ciones habituales de las FARC a través de las cuales dan a conocer las más disímiles posicio-

nes políticas, con lo que ocurre en la Mesa de Conversaciones.

En tercer lugar, lo pactado hasta ahora en los dos primeros puntos de la Agenda, si bien con-tiene puntos trascendentales para una reforma rural integral y para una nueva apertura demo-crática, está inscrito fielmente en el ideario del Estado Social de Derecho.

Segundo. Viene una reducción de las fuer-zas armadas y un recorte de su estatus como consecuencia de la terminación del conflicto. Totalmente falso. La estructura y el funciona-miento de las fuerzas armadas fue específica-mente excluido de las conversaciones. Mientras duran las discusiones las fuerzas armadas seguirán operando a plenitud y si se llega a un acuerdo, ellas continuarán cumpliendo con su mandato constitucional en un contexto de paz.

Tercero. La reforma rural integral afecta la propiedad privada. Los acuerdos buscan que el mayor número de habitantes del campo

Humberto de la Calle,Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional

sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acce-der a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz, acompañado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. Todo esto se hará con pleno respeto por la propiedad privada y el Estado de Derecho. La principal fuente de tierras aptas para la reforma rural provendrá de la recuperación por parte del Estado de tierras que hoy poseen narcotrafi-cantes y delicuentes. Los propietarios legales nada tienen que temer.

Cuarto. Las conversaciones son clan-destinas, de espaldas al país. La experien-cia mundial y colombiana indica que para que estas conversaciones fructifiquen es necesaria una dosis de confidencialidad. Negociar por los micrófonos es la mejor forma de frustrar el proceso. Pero tal como está acordado por ambas partes, un Acuerdo final debe ser sometido a refrendación de toda la ciudadanía, previo un período de discusión abierta y profunda. Nada se hará a espaldas del país. No obstante lo anterior, sin eliminar ese principio básico, se ha brindado información adecuada. El Jefe de la Delegación del gobierno ha realizado 33 intervenciones desde la instalación de la Mesa de Conversaciones en La Habana. Ambas partes dieron a la publicidad sendos informes bastante completos sobre los dos puntos acordados. En desarrollo de la Agenda se han celebrado foros amplios y pluralistas sobre tres puntos de la Agenda, los dos últimos sobre el problema mun-dial de las drogas. Las delegaciones definieron tres mecanismos de participación ciudadana: a) un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones, por medios físicos o electróni-cos, b) la realización de consultas directas para recibir propuestas sobre dichos puntos, y c) la delegación en un tercero la organización de espacios de participación.

Quinto. Habrá impunidad para los res-ponsables de crímenes contra la humani-dad. El Marco Jurídico para la Paz contempla los límites generales de una estrategia integral de justicia transicional que necesariamente ten-drá que enmarcarse en las obligaciones interna-cionales del Estado colombiano. La integralidad se refiere, por un lado, a lograr una aplicación coherente de una serie de distintas medidas

judiciales y extrajudiciales para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; y de otro, a permitir la reintegración sostenible de los ex combatientes a la vida civil.

Todo el esfuerzo que adelanta el Gobierno para lograr la terminación del conflicto debe concluir en un fortalecimiento integral de la justicia y el imperio de la ley en todo el territorio nacional, lo cual es la verdadera garantía de no repetición.

El tratamiento jurídico de quienes hayan partici-pado en graves violaciones a los DDHH en la fase de transición depende de su disposición a recono-cer su responsabilidad, hacer frente a sus víctimas y participar activamente en la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas.

En contextos como el colombiano, en donde se requiere hacer frente a un legado de graves y sis-temáticas violaciones a los derechos humanos, una estrategia seria de lucha contra la impu-nidad supone reconocer los límites del proceso penal y multiplicar los esfuerzos a través de distintos tipos de mecanismos. Más allá del número de procesos penales y los años de pri-vación de la libertad, la verdadera lucha contra la impunidad se concentra en develar qué fue lo que sucedió y por qué; reconocer a las víctimas y repararlas integralmente de manera pronta; y atribuir responsabilidad a los máximos respon-sables de los crímenes internacionales, a través de mecanismos públicos, de fácil acceso, con decisiones prontas y claras, que le permitan a las víctimas y a la sociedad en general, volver a confiar en las instituciones.

En resumen, la justicia transicional no es un acto de resignación y de concesiones a los vic-timarios, más bien es una oportunidad para hacer frente de manera definitiva a un legado de gravísimas violaciones a los derechos huma-nos y arraigar por fin el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.

Conclusión. Bienvenida la crítica. Finalmente, como se dijo, serán los colombianos los que decidan el rumbo. Pero, entre tanto, es necesario un esfuerzo leal para que la discusión se base en hechos ciertos y no en mitos y leyendas propalados en contra de la realidad.

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23 de febrero - 26 de agosto de 2012. Realización deencuentros exploratorios.

26 de agosto de 2012. Firma del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construccción de una Paz estable y duradera”.

19 de octubre de 2012. Instalación pública en Oslo (Noruega) de la Mesa de Conversaciones.

7 de diciembre de 2012. Entra en funcionamiento la página web www.mesadeconversaciones.com.co

17 - 19 de diciembre de 2012. Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral.

28 - 30 de abril 2013. Foro sobre Participación Política.

26 de mayo de 2013. Acuerdo sobre el primer punto de la Agenda.

11 de junio de 2013. Inicia la discusión sobre Participación Política.

21 de junio de 2013. Se publica el Primer informe conjunto de la Mesa de Conversaciones.

26 de agosto de 2013. Se cumple un año de la firma del “Acuerdo General”.

1 - 3 de octubre de 2013. Foro regional sobre la Solución al problema de los cultivos ilícitos en San José del Guaviare.

6 de noviembre de 2013. Acuerdo sobre el segundo punto de la Agenda.

28 de noviembre de 2013. La Mesa inicia la discusión y el intercambio de propuestas sobre la Solución al problema de las drogas ilícitas.

8 de diciembre de 2013. Se publica el Segundo informe conjunto de la Mesa de Conversaciones.

19 de noviembre de 2012. Inicio de la discusión sobre Política de Desarrollo Agrario Integral.

24 - 26 de septiembre de 2013. Foro Nacional sobre la Solución al problema de los cultivos ilícitos.

Marzo de 2014. La Mesa continúa la discusión sobre la Solución al problema de las drogas ilícitas.

Cronología del Proceso

21 Ciclos de trabajo realizados; 33 comunicados conjuntos para informar sobre el proceso; 2 acuerdos alcanzados de los puntos de la Agenda acordada; 3 informes conjuntos publicados para garantizar la transparencia; la puesta en marcha de los mecanismo de participación ciudadana.

SUCESOS

FOROS

PUBLIC ACIONES

DISCUSIONES

CONVENCIONES

HACIAUN NUEVO CAMPOCOLOMBIANO:

avances en el primer puntodel acuerdo general

dado a conocer en La Habana el 21 de junio de 2013

ReformaRuralIntegral

EconomíaCampesina

Asociación& Cooperación

Generación de Ingresos& Empleo

Dignificación & Formalización del Trabajo

Producciónde Alimentos

RECONOCEMOS EL PAPEL FUNDAMENTAL DE:

¿en qué se centra este acuerdo?La Reforma Rural Integral (RRI) está centrada en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios interétnicos e interculturales. Pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.

La RRI se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inser-ción en ella por parte del Estado, que demandan atención especial de la pro-ducción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria, sin perjuicio de la necesaria articulación entre esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición para garan-tizar el desarrollo rural.

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PROPÓSI TO

Si queremos reversar los efectos del conflicto en el territorio y también impedir que el conflicto se repita, tenemos que implementar programas y mecanismos que permitan una gran transformación del campo que tenga en cuenta las necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades rurales. De lo que se trata es de cambiar de manera radical las condiciones en el terreno de muchos campesinos para que puedan vivir en condiciones de dignidad.

los programas y mecanismos de este puntoson los siguientes:

fondo de Tierras

Beneficiar a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Se alimentará de las tierras ilegalmente adquiridas mediante la aplicación vigorosa de los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley, especialmente los de extinción judicial de dominio y recuperación de baldíos indebidamente apropiados u ocupados.

PROGRAMAS CON ENFOQUE TERRITORIAL

lineamientos sobre el uso del suelo

Para re-direccionar el uso tenemos que crear un sistema de incentivos: por una parte mediante unas políticas y lineamientos claros del Gobierno para acercar el uso de la tierra a su vocación; por otra parte aplicando unos programas de reconversión; y por último, con la extensión y actualización del catastro a todo el territorio para lograr una mejor recolección del predial.protección de las

áreas de interés ambiental

Delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal, generando alternativas para los pobladores que colindan con ellas o las ocupan, garantizando los principios de participación de las comunidades rurales y de desarrollo sostenible.

jurisdicción agraria

Constituir una jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio y disponer de mecanismos que garanticen un acceso a la justicia ágil y oportuna.

acceso integral

Darle a los campesinos los elementos para que la tierra que reciban sea productiva: riego, crédito, asistencia técnica, asociatividad y posibilidades de comercialización.

zonas de reserva campesina

El Gobierno Nacional hará efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan siguiendo lo dispuesto en las normas vigentes.

formalización

La creación de un sistema judicial de protección eficaz de los derechos de propiedad, en especial de los derechos de los más pequeños e indefensos. El Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan para formar y actualizar el catastro rural.

PROPÓSI T O

La RRI requiere de la implementación de planes nacionales sectoriales que, en conjunto, deberán lograr una reducción radical de la pobreza rural, en especial de la pobreza extrema, y una disminución de la desigualdad.

los planes nacionales a implementar son:

infraestructura

Reconstruir la red de vías terciarias. Corregir el déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones. Ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria.

alimentacióny nutrición

Se desarrollarán planes departamentales y locales de alimentación y nutrición culturalmente apropiados.

PLANES NACIONALES

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La efectividad, transparencia y buen desarrollo de la RRI dependerá de la amplia participación de las comunidades en la planeación, ejecución y seguimiento. La participación es en sí misma garantía de una mayor inclusión del ciudadano rural en la vida política, económica y social del país. Esta Reforma Rural Integral requiere un gran esfuerzo de preparación institucional y fiscal. El Gobierno ya está trabajando en eso para asegurar que lo que se firme en el Acuerdo Final, se cumpla. Pero requiere también que todos los colombianos comencemos a pensar cómo sería una gran fase de transición y construcción de la paz a la que todos tenemos que aportar y que sería el mayor legado que les podemos dejar a las generaciones futuras.

educación

Brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales.

vivienda, aguay saneamiento

Mejorar las condiciones de salud y de habitabilidad del campo mediante la disminución del déficit de vivienda rural y la provisión de soluciones tecnológicas apropiadas para las necesidades y el contexto rural, en materia de acceso a agua potable y eliminación de residuos.

salud

Implementar un nuevo modelo especial para las zonas rurales dispersas con enfásis en prevención.

seguridad social

Garantizar condiciones laborales dignas y la protección de los derechos de los trabajadores agrarios.

economía solidaria Y cooperativa rural

Fomentar la economía solidaria y cooperativa rural. Estimular procesos de innovación tecnológica y mejorar la sostenibilidad de los proyectos de la economía campesina, familiar y comunitaria. Promoción y protección de semillas nativas y bancos de semillas. Líneas de crédito blandas, esquemas de garantías, recursos de capital semilla y seguros de cosechas.

PARTICIPACIÓNPOLÍTICA:Apertura democrática para construir la Paz:

avances en el segundo punto del acuerdo general

dado a conocer en La Habanael 8 de diciembre de 2013

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¿cuáles sonlos propósitos deeste acuerdo?

Una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación de los grandes problemas nacionales.

Promover la participación ciudadana a través del fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación ciudadana.

Fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad.

La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política.

24 25

1. derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política

oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación

Las garantías estarán consignadas en un estatuto para su ejercicio mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares es necesario, no sólo ga-rantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley con el acom-pañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos.

ESTATUTO PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA

Para consolidar la paz, luego de la termina-ción del conflicto, es necesario una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita que surjan nue-vas voces y nuevos proyectos políticos para enriquecer el debate, con todas las garantías

de transparencia y de equidad en las reglas del juego. Si no hay conflicto, habrá nuevas oportunidades de participación para quienes han estado al margen del sistema político por cuenta de la amenaza de la violencia.

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Se trata de la creación de un nuevo sistema de seguridad integral para el ejercicio de la política, que asegure que desde los más altos niveles del Gobierno se coordine la acción de todo el Estado para impedir cualquier amenaza, venga de donde venga, contra quienes están ejer-ciendo la política, en especial contra quienes han

El Sistema Integral de Seguridad se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades y busca asegurar:

PROMOCIÓN & PROTECCIÓN DE LA PERSONAS

RESPETOPOR LAVIDA

LIBERTAD DEPENSAMIENTO& OPINIÓN

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA

dejado las armas y han hecho tránsito a la acti-vidad política legal.

También se acordó establecer un sistema similar de garantías de seguridad para líderes de organi-zaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos en situación de riesgo

Hay que romper para siempre el vínculo entre politica y armas: que nadie recurra a las armas para promover sus ideas políticas; y que nadie que las promueva en democracia, sea víctima de la violencia.

2. pluralismo políticoEn un escenario de construcción de paz hay que tomarse en serio los derechos políticos y promo-ción de los intereses de los ciudadanos, especialmente de aquellos territorios que más han sufrido el conflicto. La mejor forma de integrar políticamente a estas regiones y a sus pobladores en la vida política es asegurar que la voz de todos sea tomada en cuenta para consolidar la paz. El pluralismo político es una garantía para consolidar la paz.

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Acordamos hacer los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso.

Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeñoelectoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional.

IGUALDAD DE CONDICIONES Y REPRESENTATIVIDADDEL SISTEMAS DE PARTIDOS

Promover una distribución más equitativa de los recursos incrementando el porcentaje que se distribuye por partes iguales entre los partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso.

Se aumentará el fondo de financiación de partidos y movimientos políticos.

Se ampliarán los espacios de divulgación del programa político de los partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso.

Para promover el pluralismo y la inclusión política en un periodo de transición, acordamos la creación de Circunscripciones Transitorias Espe-ciales de Paz en las regiones más gol-peadas del conflicto de manera que, sin perjuicio del derecho de sus habitantes a participar en las elecciones ordinarias para Cámara de Representantes, también podrán elegir, durante la fase de transi-ción y de manera temporal, representan-tes adicionales con unas reglas especiales. (El número de regiones, curules y periodos electorales aún no se han acordado).

Los candidatos deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazados de ellos y estén en proceso de retorno. Estos candi-datos podrán ser inscritos por grupos sig-nificativos de ciudadanos u organizaciones en el territorio de la Circunscripción.

PARTICIPACIÓN ELECTOR AL

Se trata de fortalecer la integración política de estas regiones en el sistema de representación y de asegurar la representación y promoción de los intereses de sus pobladores. Y se trata también de una medida de reparación política de las poblacio-nes que más han sufrido el conflicto.

› Medidas para remover obstáculos y facilitar el ejercicio del derecho al voto, con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables.

› Medidas para promover la transparencia en los procesos electorales.

› Adoptar medidas para garantizar mayor transparencia de la financiación de las campañas electorales.

› Llevar a cabo una reforma del régimen y de la organización electoral, con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral.

Reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social

El Gobierno nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de lineamientos que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos.

La paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente en los territorios y para eso hay que fortalecer los mecanismos de parti-cipación para asegurar la efectividad de esa par-ticipación en la formulación de políticas y en la implementación de los acuerdos.

La consolidación de la paz requiere también de una mayor participación ciuda-dana, como era el espíritu de la Constitución del 91.

3. participación ciudadana

MEDIDAS ORIENTADAS A IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

1

Para promover una mayor participación se acordó toda una serie de medidas y apoyos especiales a las organizaciones sociales como expresiones organizadas de diferentes inte-reses de la sociedad, que también juegan un papel importante en la construcción de la paz, incluso cuando se oponen por medio de la pro-testa a las políticas del Gobierno.

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Se acordó que el Gobierno Nacional:

abrirá nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto y así promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible.

Promoverá la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la formación y capacitación de sus comunicadores y operadores.

2

3

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Se reconoce que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia.

En un escenario de fin del conf licto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica.

Se acordó promover la construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.

Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales

Abrirá espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las comunidades en general.

Financiará la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitarios.

Esta promoción de espacios en medios de comunicación institucionales, regionales y comunitarios servirá para dar a conocer las actividades de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, en especial de las que trabajan en favor de la paz.

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Los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contri-buirán a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia.

Veeduría y control ciudadano

Medidas para promover y fortalecer el control por parte de los ciudadanos

Establecer un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en el control por parte de los ciudadanos en la implementación del Acuerdo Final, que se pondrá en marcha con el concurso de organizaciones especializadas e instituciones de educación superior, entre otros, que proveerán acompañamiento y asistencia técnica.

Se creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que tendrá como fun-

ción asesorar y acompañar al Gobierno en la puesta en marcha de mecanismos y acciones

que incluyen:

Se acordó establecer Consejos para la Reconcilia-ción y la Convivencia en los niveles territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autorida-des locales.

El diseño y ejecución de un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización.

La promoción del respeto por la diferencia, la crítica y la oposición política.

La promoción del respeto por la labor que realizan en pro de la construcción de la paz y la reconciliación diferentes movimientos y organizaciones políticas y sociales.

La promoción del respeto por la labor que realizan las organizaciones sociales y de derechos humanos.

Pedagogía y didáctica del Acuerdo Final y su difusión desde el sistema de educación pública y privada en todos sus niveles y dentro del Estado.

La promoción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto.

La creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz.

MEDIDAS ORIENTADAS A IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANAY DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Apoyo al plan nacional de formación de veedores.

La creación de mecanismos de información, con el fin de garantizar la publicidad y transparencia en la implementación.

La creación de un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los

Cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización

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Participación ciudadana en temas de planeación

ciudadanos y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción, con énfasis en lo relacionado con la implementación del Acuerdo Final.

La promoción de una masiva campaña institucional de divulgación de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones y deberes de las autoridades en materia de participación y control de la administración pública por parte de los ciudadanos, y de los mecanismos administrativos y judiciales existentes para exigir su efectivo cumplimiento.

El fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas de todos los servidores públicos.

La vinculación de las universidades públicas a campañas masivas para la promoción de la participación ciudadana y del control por parte de los ciudadanos.

Revisión de todo el sistema de participación ciudadana en los planes de desarrollo, en particular del funciona-miento de los Consejos Territoriales de Planeación para que en la fase de transición y construcción de la paz estos espa-cios se conviertan en verdaderos motores de la participación efectiva de los ciudadanos en la implementación de los acuer-dos, ante todo de los acuerdos sobre desarrollo rural.

Se trata de poner en marcha una campaña de planeación par-ticipativa para que entre autoridades y comunidades piensen en las características y necesidades de su territorio.

¿Y QUÉ VA A PASAR CON LA INCORPORACIÓN POLÍTICA DE LAS FARC?

Reconociendo el importante papel que desempe-ñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, y la necesidad de promover y fortalecer su participa-ción en la vida política, aún más en el marco del fin del conflicto, donde su liderazgo y participa-ción en pie de igualdad en los procesos de toma de decisiones públicas, y en la formulación,

Todo lo anterior debe llevar también a la promoción de una mayor participación y liderazgo de la mujer en la política, y a una cultura política de tolerancia y mutuo respeto.

4. el papel de las mujeres

ejecución, evaluación y control de las políticas gubernamentales son necesarias y esenciales para alcanzar una paz estable y duradera, acor-damos que en la implementación de todo lo acor-dado en el punto 2 se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la partici-pación y liderazgo de la mujer.

Las condiciones de incorporación política del nuevo movimiento que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal serán acordadas cuando se discuta en el tercer punto de la agenda del Acuerdo General: la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil de las FARC. Si la condición básica de este proceso es: nunca más política y armas juntas, ambas cosas tienen que discutirse naturalmente al mismo tiempo. Si hay seguridad de que no habrá más armas, habrá seguridad de una incorporación política.

La esencia de cualquier proceso de paz es facilitar el tránsito de un grupo armado a un movimiento político en democracia .

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en el marco de los mecanismos establecidos en el Acuerdo General

El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, presen-taron el pasado 8 de diciembre de 2013 los avances alcanzados en el marco de los mecanismos de comunicación con la sociedad y el mecanismo de difusión de la Mesa de Conversaciones, entre el 11 de junio y el 6 de noviembre de 2013.

1.RECEPCIÓN DE PROPUESTAS(a través de la página web y formularios f ísicos)

5.835 Propuestas en total

56% Reales 44% SPAM

64% Formularios

digitales

36% Formularios

físicos

Funciones de la página web:

RECIBIR

VERIFICAR

INFORMAR

Propuestas sobre los puntos de la Agenda.

Comentarios a través del formulario virtual.

El estado de las propuestas enviadas.

Documentos y comunicados conjuntos de la Mesa.

El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Propuestas recibidas:

La página web ha sido consultada en países como:

Alemania

Argentina

Canadá

Colombia

Cuba

EE.UU

Reino Unido

Venezuela

2.CONSULTAS DIRECTAS

¿Para qué?Para conocer de primera mano experiencias y análisis sobre los puntos de la Agenda.

¿Quiénes?Las delegaciones acordaron invitar a un conjunto de personas que enriquecieran las visiones del gobierno y FARC-EP sobre los puntos 1 y 2 de la agenda.

Expertos del tema agrario

Líderes de asociaciones campesinas

Expertos Académicos

Punto 1

Punto 2

avances de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

¿Cuándo se realizó?28, 29 Y 30 de abril de 2013

¿Quiénes participaron?

1.525 ciudadanos

480organizaciones

todoel país

de en

40%503 mujeres

60%762 hombres

3. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

I FORO NACIONAL SOBRE POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL,

INFORME Y BALANCE GENERAL

II FORO NACIONAL SOBRE PARTICIPACIÓN

POLÍTICA, INFORME Y BALANCE GENERAL

III FORO NACIONAL SOBRE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

¿Cuándo se realizó?17, 18 y 19 de diciembre de 2012

¿Quiénes participaron?

1.314 ciudadanos

522organizaciones

todoel país

de en

33%435 mujeres

67%879 hombres

¿Dónde se realizó?Primer momento:

Bogotá D.C

¿Cuándo se realizó?24, 25 y 26 de septiembre de 2013

¿Quiénes participaron?

1.040ciudadanos

559organizaciones

de

34%353 mujeres

66%687 hombres

¿Dónde se realizó?Segundo momento:

San José del Guaviare

¿Cuándo se realizó?01, 02 y 03 de octubre de 2013

¿Quiénes participaron?

301pobladores

27%81 mujeres

73%220 hombres

¿Cuándo se realizó?

Entre octubre y noviembre de 2012

¿Cuál fue el tema?

Política Agraria Integral, Participación Política y la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

¿Cuál fue el resultado?

4.000propuestas recibidas

¿Cuándo se realizó?

Entre junio y julio de 2013

¿Cuál fue el tema?

Reparación, derechos de las víctimas, verdad, justicia, reconciliación, transformación y perdón.

¿Cuál fue el resultado?

4.000propuestas escuchadas

269 propuestas recolectadas

MESAS REGIONALES

PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO

Las Mesas Regionales las convocan las Comisiones de Paz del Senado y la cámara de Representantes del congreso de la República y organiza el Sistemas de Naciones Unidas en Colombia.

Los Foros, por solicitud de la Mesa, son organizados por la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centrode Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional.

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GREMIOS Y ORGANIZACIONESDEL SECTOR EMPRESARIAL

ORGANIZACIONES DE RAIZALES

ORGANIZACIONES LGBTI

CENTRALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

PARTIDOS POLÍTICOS

PROGRAMAS DEDESARROLLO Y PAZ

ORGANIZACIONES DE MUJERES

ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS

ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS

MOVIMIENTOS POLÍTICOSY SOCIALES

SECTOR EDUCATIVOY CULTURAL

ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS CAMPESINOS

ORGANIZACIONES JUVENILES

IGLESIASORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES

ORGANIZACIONESINDÍGENAS

¿QUIÉNES HAN PARTICIPADO EN ESTOS ESPACIOS?

MILES DE COLOMBIANOSHAN PARTICIPADO.Participe usted también.envíe sus propuestas a www.mesadeconversaciones.com.co

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Impreso en

la imprenta nacionalabril de 2014

Una publicación deLa Oficina del Alto Comisionado para la Paz

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Liberta y Orden