TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE...
114
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ESCUELA DE DERECHO TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA TEMA: ____________________________________________________________________ “LA VULNERACIÓN DE DERECHOS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y SU INCIDENCIA EN LA REHABILITACION SOCIAL EN EL ECUADOR” _____________________________________________________________________ AUTOR: FLOR MARIA GAMBOA ASESOR: DR. LENIN MAYORGA DIAZ AMBATO - ECUADOR 2.015
Transcript of TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE...
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
ESCUELA DE DERECHO
TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA
DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
TEMA:
____________________________________________________________________
“LA VULNERACIÓN DE DERECHOS A LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y SU INCIDENCIA EN LA
REHABILITACION SOCIAL EN EL ECUADOR”
_____________________________________________________________________
AUTOR:
FLOR MARIA GAMBOA
ASESOR:
DR. LENIN MAYORGA DIAZ
AMBATO - ECUADOR
2.015
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
CERTIFICADO DEL ASESOR
Dr. Lenin Mayorga Díaz en calidad de Tutor del Trabajo de Tesis de Grado previa a la
obtención del Título de Abogada de los Tribunales de la República, designado por
disposición de Cancillería de la Universidad Regional Autónoma de los Andes
“UNIANDES”, certifico que la señora Flor María Gamboa Chicaiza con cédula de
ciudadanía No. 180318487-6 estudiante de la Escuela de Derecho, Facultad de
Jurisprudencia, ha culminado la Tesis de Grado bajo el tema “LA VULNERACIÓN DE
DERECHOS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y SU
INCIDENCIA EN LA REHABILITACION SOCIAL EN EL ECUADOR”.
Cumpliendo con todos los requisitos exigidos por las disposiciones reglamentarias de la
Institución.
Particular que se deja constancia para los fines legales pertinentes.
Dr. Lenin Mayorga Díaz
ASESOR
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
DECLARACIÓN DE AUTORIA DEL PROYECTO
Yo, FLOR MARIA GAMBOA CHICAIZA, con cedula de ciudadanía No. 180318487-6
por mis propios derechos y en pleno goce de mis facultades, declaro que el contenido del
presente trabajo de tesis, sobre el tema: “LA VULNERACION DE LOS DERECHOS A
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y SU INCIDENCIA EN A
REHABILITACION SOCIAL EN EL ECUADOR”, es de mi absoluta responsabilidad
realizarlo, respetando las normas legales y reglamentos correspondientes, en tal virtud
expreso que los conceptos, conclusiones, ideas, opiniones y recomendaciones del mismo,
son creación plena del autor y por ello otorgo toda potestad a la Universidad Regional
Autónoma de los Andes “UNIANDES”, para que emplee el trabajo de culminación de
estudio como bibliografía para futuras investigaciones relacionadas con el tema planteado.
.
Sra. Flor María Gamboa
C.C.180318487-6
DEDICATORIA
Dedico la presente tesis a Dios por darme
luz en mi camino y a emprender el día a
día con humildad, paciencia y sabiduría.
A mis padres, esposo e hijos quienes han
sabido entregarme todo su amor,
comprensión y apoyo incondicional.
A mis maestros durante el curso de mi
carrera por su apoyo y sus conocimientos
compartidos para la elaboración de esta tesis.
AGRADECIMIENTO
Agradezco A la Universidad Regional
Autónoma de los Andes, UNIANDES,
Institución que me permitió alcanzar un
título Universitario, y me brindado la
oportunidad de conocer excelentes
profesionales los cuales formaran parte de los
mejores recuerdos de mi vida personal.
Va mi sincero agradecimiento a todas las
personas que de una u otra manera me
colaboraron, para la terminación del
presente Trabajo de Grado.
ÍNDICE GENERAL
Portada
Certificado del asesor
Declaración de autoría del proyecto
Dedicatorias
Agradecimientos
Índice General
Resumen Ejecutivo
Abstract
INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la Investigación………………………………………………………… 1
Planteamiento del Problema……………………………………………………………… 2
Formulación del Problema………………………………………………………………. 3
Delimitación del Problema……………………………………………………………….. 3
Objeto de investigación y campo de acción……………………………………………… 3
Identificación de la línea de investigación……………………………………………….. 4
Objetivos…………………………………………………………………………………. 4
Objetivo General………………………………………………………………………… 4
Objetivos Específicos …………………………………………………………………….4
Idea a Defender…………………………………………………………………………… 4
Justificación………………………………………………………………………………. 5
Breve explicación de la metodología investigativa a emplear………………………….. 7
Resumen de la Estructura de la Tesis: breve explicación de los capítulos de la tesis…… 8
Elementos de Novedad, Aporte Teórico y significación Practica, Independencia del
Alcance la Tesis…………………………………………………………………………... 9
CAPITULO I.
MARCO TEÓRICO
Origen y Evolución del objeto de Investigación…………………………………………..11
EPIGRAFE I: MARCO TEÓRICO
Personas Privadas de la Libertad ………………………………………………………... 11
Definición………………………………………………………………………………….11
Derecho de las personas privadas de la libertad……………………………………………12
Concepciones……………………………………………………………………….……...13
Caracteristicas…………………………………………………………………………...…13
Fundamentos de los Derechos Humanos............................................................................. 15
La proteccion legal de los derechos de las personas Privadas de la libertad……………... 15
Legislacion Penitenciaria Internacional……………………………………………………16
Legislación penitenciaria nacional………………………………………………………16
Grupos de atención prioritária ............................................................................................ 22
La aplicación de los Derechos de las personas privadas de la libertad................................ 22
Derechos constitucionales ....................................................................................................22
EPIGRAFE II
Los Centros de Rehabilitación Social……………………………………………………...22
Origen y Evolución...............................................................................................................28
Infraestructura.......................................................................................................................34
Misión..................................................................................................................................35
Visión ..................................................................................................................................35
Organización.........................................................................................................................35
EPIGRAFE III
Rehabilitación Social...........................................................................................................38
Analisis Doctrinario de la Rehabilitación Social.................................................................47
Sistema Progresivo..............................................................................................................50
Componentes del Sistema ..................................................................................................52
Aplicación ..........................................................................................................................54
EPIGRAFE IV
Organismos de Control de la Rehabilitación Social..........................................................55
Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos..........................................................57
Comite de Derechos Humanos..........................................................................................58
CAPITULO II.
MARCO METODOLOGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA….... 65
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN……………….66
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO…………………..66
Modalidad de la Investigación………………………………………………...................66
Tipo de Investigación …………………………………………………………………….66
Universo y Muestra de la Investigación…………………………………………………..67
Métodos y Técnicas e Instrumentos………………………………………………………68
Métodos…………………………………………………………………………………...68
Técnicas………………………………………………………………………………..….69
Instrumentos………………………………………………………………………………69
Gráficos e Interpretación de Resultados…………………………………………….........70
Conclusiones Parciales…………………………………………………………………..80
CAPITULO III.
VALIDACION Y/O EVALUACION DE RESULTADOS DE SU APLICACIÓN…81
CONCLUSIONES GENERALES………………………………………………................92
RECOMENDACIONES……………………………………………………………...........93
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………….......... 94
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
En Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Ambato, son una consecuencia de la
aplicación de la normatividad que integra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
como también de las Garantías Básicas de las personas privadas de la libertad,
contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral
Penal
La investigación realizada presenta de las disposiciones descriptivas, los procedimientos
formales para que las personas privadas de libertad accedan a sus derechos básicos,
estipuladas en las normas legales antes indicadas. la indagación intelectiva destaca en su
valoración causal el derecho al aprendizaje en prisión a partir de programas socio-
educativos que internalicen la interiorización como cambio imperativo, de manera que su
valor se juzga a la luz de su repercusión en la reincidencia, la reintegración y más
concretamente, en las oportunidades laborales tras la puesta en libertad y la búsqueda de
efectivos ambientes adecuados.
La educación es mucho más que una herramienta para el cambio, con la aplicación del
Código Integral Penal es una obligación de toda la población carcelaria, haciendo evidente
el compendio que la educación es la forma de cambiar el pensamiento negativo,imperativo
que revela a la educación frente a desafíos considerables para los personas privadas de la
libertad, resultado de las disposiciones socioculturales, políticas, económicas, educativas,
ambientales, institucionales e individuales. Estos factores y los desafíos que presentan no
son insalvables, el Ecuador ha realizado “importantes avances, dentro del tema sin embargo
de ello hay muchas cosas que hacer todavía, y la principal es la aplicación estricta de toda
la norma jurídica que se encuentra escrito en el papel hacerlo realidad o brindar condiciones
dignas y humanas para las personas privadas de la libertad, ya que son seres humanos con
la expectativa de tener una rehabilitación progresiva y convertirse en seres valiosos para la
comunidad y la sociedad, se quiere eliminar la sobrepoblación carcelaria, aumentar el
número de defensores públicos y que en cierta parte sucede en el centro de Rehabilitación,
Social de Ambato.
ABSTRACT
Social Rehabilitation Center of Ambato , are a consequence of the application of the
regulations that integrates the Inter-American Human Rights, as well as the Basic
Guarantees of persons deprived of liberty, referred to in the Constitution of the Republic of
Ecuador , Comprehensive Organic Penal Code
The research presents the descriptive rules , formal procedures for the detainees access to
their basic rights , stipulated in the above mentioned laws . the intellectual inquiry in its
causal assessment highlights the right to learn in prison from socio- educational programs
that internalize internalize change as imperative , so that its value is judged in the light of
their impact on recidivism , reintegration and specifically, employment opportunities after
release and the search for suitable environments effective.
Education is much more than a tool for change , with the implementation of the Integrated
Criminal Code is an obligation of the entire prison population , making evident the
compendium that education is the way to change negative thinking and achieve a different
progressive thinking , imperative that education reveals considerable challenges for persons
deprived of liberty provisions result of sociocultural , political, economic , educational,
environmental , institutional and individual . These factors and the challenges they present
are not insurmountable , Ecuador has made " significant progress , within the theme of it
however there are many things to do yet, and the main one is the strict application of any
legal standard that is written in paper make it happen or provide decent and humane
persons deprived of liberty conditions , because they are human beings with the expectation
of having a progressive rehabilitation and become valuable things for the community and
society, we wish to eliminate overcrowding , increasing the number of public defenders and
some things happen in the middle of Rehabilitation, Social Ambato .
1
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
Es indispensable aplicar a las personas que cumplen penas de privación de la libertad,
sistemas mediante las cuales puedan reincorporarse al entorno social como elementos
positivos.
La vigencia de los Derechos Humanos implican poder vivir una vida digna, respetando a
los gobernantes, pero estos a su vez, también deberán ejercer su poder, otorgado por el
pueblo por medio del voto, legítimamente, o sea, actuar de acuerdo a la ley.
Hay democracia en una sociedad cuando sus integrantes pueden expresar sus ideas
legitimar con libertad, cuando hay igualdad y posibilidad de movilidad, cuando quien obra
fuera de la ley es castigado; libertad no significa hacer lo que se quiera, pues la ley es un
límite necesario al ejercicio de cualquier derecho, para no atentar contra derechos de otros,
ni contra la moral ni las buenas costumbres.
La Constitución de la República del Ecuador, al señalar que el país es un Estado
Constitucional de Derechos y Justicia, señala de manera expresa que el primer principio es
el respeto a la dignidad del ser humano.
La crisis económica causa muchos estragos al ámbito nacional en forma general, y por
ende afectando a las familias de las personas que se encuentran internas, en el caso de que
estas personas hayan sido el sostén familiar, en consecuencia los hijos de estas familias
dejan de ir a las escuela, al colegio a temprana edad, enfrentándose diariamente a lacras
sociales como la delincuencia, prostitución, maltrato, abusos sexuales o el tráfico de
drogas.
La falta de interés por parte del Estado Ecuatoriano en la destinación de recursos
económicos se manifiesta en la existencia de oficinas técnicas en los juzgados y centros de
Rehabilitación Social, que deberían brindar apoyo a los internos ya que al entrar en
vigencia el sistema progresivo de rehabilitación, todos deben ser clasificados y explotar
sus habilidades, pero se observa en los centros de privación de la libertad de personas
adultas, que a pesar de tener implementados talleres de varios oficios, en los cuales
existe producción de objetos varios pero, no existe una promoción de los productos
2
que se realizan en el Centro, y los familiares se ven en la obligación de llevárselos
para poder venderlos, cuando debería ser el centro de privación de libertad quien se
encargue de la Promoción y venta de los productos y a si cumplir con su propósito.
En la difícil situación económica por la que atraviesan las personas y sus familias se ve, la
que la sociedad se ve impulsada a cometer infracciones, lo que conlleva a este problema
social y como consecuencia directa el deterioro familiar, al privarles de la libertad a estas
personas, quienes eran el sustento familiar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Toda sociedad vive su propia conflictividad por lo que genera mecanismos de solución a
sus necesidades, problemas y conflictos para mantener el equilibrio social.
En el Ecuador los centros de Rehabilitación social ecuatorianos han sufrido un permanente
abandono estatal cerca de cuatro años pasaron desde que se declaro en emergencia el
sistema penitenciario. Así pues se puede palpar el latente desinterés de las instituciones
gubernamentales, quienes han desechado la aplicación de una verdadera política
penitenciaria, que les permita recuperar el verdadero espacio para los seres humanos que
en ellos albergan.
En los Centros de rehabilitación social, se agudiza la violencia, la agresión, el miedo
reprimido, se deja de lado todos los valores, se impone la ley del más fuerte y se ha
estandarizado la imposición de ideas, trabajo, gestiones, atención de servicios y beneficios.
En el centro de rehabilitación social de la ciudad de Ambato, se evidencia una
connotación particular. El género influye radicalmente en el comportamiento de su
población, esto es, la irritabilidad y la violencia se convierten en una forma al interior de la
cárcel.
Las condiciones de hacinamiento en el centro están íntimamente con la marginación y
olvido de los gobiernos, quienes parten del encierro, como medida para precautelar el auge
delictivo o el incremento de la delincuencia.
3
Los centros se han convertido en verdaderas bodegas humanas, donde se profundiza la
violación de los derechos humanos llevado a la degradación del ser humano y va perdiendo
la capacidad para vivir de manera digna.
Los derechos son parte esencial del desarrollo de toda persona, en nuestro país se evidencia
un comportamiento social que muestra un sistémico irrespeto a los derechos, de los
manifestándose de diferentes formas; faltando aquellas libertades, facultades y
prerrogativas que atiende las necesidades básica de todo privado de libertad para una
garantía digna, racional y justa.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La falta de un adecuado mecanismo de control del Estado en la aplicación del sistema
progresivo de rehabilitación social vulnera los derechos de las personas privadas de la
libertad consagrados en el Art. 51 , numeral 5.- de la Constitución de la República del
Ecuador e incide en su rehabilitación y reinserción social.
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La siguiente investigación se realizó en el cantón de Ambato, provincia de Tungurahua, en
el Centro de privación de la libertad de personal Adultas Ambato, y con el criterio
de Jueces de Garantías Penales de Tungurahua, Director y personal del Centro de
privación de la libertad de personas Adultas, Abogados en libre ejercicio profesional en
la ciudad de Ambato y, a la investigación bibliográfica sobre el tema, con un análisis
sobre los derechos de las personas privadas de libertad y su incidencia en la
rehabilitación social, donde no se respetan sus derechos y vulnera la seguridad
jurídica.
OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN
OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
Derechos de las personas privadas de libertad .
CAMPO DE ACCIÓN
Centro de Rehabilitación de Ambato
4
IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Derechos de grupos de atención prioritaria
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un documento de análisis crítico jurídico que evidencie la falta de control
del Estado en la aplicación del sistema progresivo de rehabilitación social, la
vulneración de los derechos de las personas privadas en el Centro de Rehabilitación
Social de Ambato y como incide en su rehabilitación y reinserción social
OBJETIVOS ESPECÍFICO
1. Fundamentar jurídica y doctrinariamente sobre los tópicos de las personas privadas
de su libertad, Centros de privación de la libertad de personas adultas, sistema
progresivo de rehabilitación social, rehabilitación y reinserción en los Centros
de Rehabilitación Social del Cantón Ambato.
2. Diagnosticar la falta de control por parte del Estado en la aplicación del
sistema progresivo de rehabilitación social, vulneración de derechos de los
privados de libertad y su incidencia en la rehabilitación y reinserción social.
3. Redactar los componentes del documento de análisis crítico jurídico que
evidencie la falta de control del Estado en la aplicación del sistema progresivo de
rehabilitación social, la vulneración de los derechos de las personas privadas de
la libertad y como incide en su rehabilitación y reinserción social.
IDEA A DEFENDER
Con el documento de análisis crítico jurídico que evidencie la falta de control del
Estado en la aplicación del sistema progresivo de rehabilitación social, se evitará la
vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad en el Centro de
Rehabilitación de Ambato y como incide en su rehabilitación y reinserción social.
5
VARIABLE INDEPENDIENTE
Documento de análisis crítico jurídico que evidencie la falta de control del Estado en
la aplicación del sistema progresivo de rehabilitación social.
VARIABLE DEPENDIENTE.
Evitar la vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad en el
Centro de Rehabilitación de Ambato y su incidencia en la rehabilitación y reinserción
social.
JUSTIFICACIÓN
La Constitución al declarar al Estado como constitucional de derechos y justicia, define un
nuevo orden de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza normativa
directa, los principios y normas incluidos en su texto y en el Bloque de Constitucionalidad
confieren mayor legitimidad al Código Orgánico Integral Penal, porque las disposiciones
constitucionales no requieren la intermediación de la ley para que sean aplicables
directamente por los jueces.
Toda autoridad pública que posee competencia para normar tiene la obligación de adecuar,
formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la
Constitución y a los tratados internacionales que sean necesarios para garantizar la
dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso,
las leyes, otras normas jurídicas, ni los actos del poder público atentarán contra los
derechos que reconoce la Constitución
El derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente a los
derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, por otro, los restringe. Desde la
perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido gravemente lesionado.
Desde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal, puede restringir
excepcionalmente sus derechos, cuando una persona vulnera los derechos de otras y
justifica la aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal debe determinar los
límites para no caer en la venganza privada, ni en la impunidad.
6
La Constitución ordena que las penas estén acorde con el principio de proporcionalidad, es
decir, debe existir cierta relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y
la gravedad de la pena, incorpora la figura de la reparación integral. Para ello se integran
algunas instituciones, con el fin de evitar la severidad del derecho penal y procurar que las
soluciones sean más eficaces.
Con la vigencia del Nuevo Código Integral penal, se tipifican nuevas conductas
penalmente relevantes adaptadas a las normas internacionales. Se introducen nuevos
capítulos como por ejemplo, el que se refiere a los delitos contra la humanidad y las graves
violaciones a los derechos humanos. En otros casos, cuando en instrumentos
internacionales suscritos por el Ecuador se establecen tipos penales abiertos y poco
precisos, se han diseñado los tipos penales considerando las garantías constitucionales, la
efectividad del combate del delito y la precisión en elementos de la tipicidad.
Por primera vez se tipifican infracciones como la omisión de denuncia de tortura, la
desaparición forzada y la violencia sexual en conflicto armado. Desde esta perspectiva, se
honran compromisos internacionales y además se cumple con el postulado que, en materia
de derechos humanos, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos
humanos tienen vigencia en el sistema jurídico infra constitucional.
El derecho de ejecución de penas ha estado doctrinaria y jurídicamente divorciado del
derecho procesal y del derecho penal sustantivo, en todas sus dimensiones. Una vez
dictada la sentencia, sin que se debata la prolongación de la pena, las y los jueces no tienen
relación alguna con el efectivo cumplimiento de la sentencia.
No existe control judicial sobre las condiciones carcelarias, las sentencias no se cumplen
efectivamente y la administración ha estado a cargo de un órgano poco técnico y con
inmensas facultades discrecionales. Si a esto se suman las condiciones carcelarias, que son
deplorables, la falta de estadísticas confiables, la ausencia de registros y la forma arbitraria
de establecer sanciones al interior de los centros, se concluye que es urgente realizar una
reforma creativa, integral y coherente en el resto del sistema penal.
El trabajo, la educación, la cultura, el deporte, la atención a la salud y el fortalecimiento de
las relaciones familiares de las personas privadas de la libertad, deben ser los puntales que
orienten el desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad y viabilicen
su reinserción progresiva en la sociedad.
7
En aplicación de la norma constitucional, especial énfasis merece el trabajo de la persona
privada de libertad que, además de constituir un elemento fundamental del tratamiento, es
considerado un derecho y un deber social de la persona privada de libertad.
También se regula el régimen disciplinario para evitar la discrecionalidad de la autoridad
competente o personal de seguridad penitenciaria.
Es prioritario partir de una reforma integral destinada a que los mandatos constitucionales
se hagan realmente efectivos, que implique una construcción normativa conjunta, con una
misma perspectiva y un mismo eje articulador: garantizar los derechos de las personas.
En la actualidad en el Centro de Privación de la libertad de personas adultas de la
ciudad de Ambato, se puede evidenciar una grave controversia, la cual empieza desde los
más altos niveles de la administración del Sistema Penitenciario del Ecuador, que impide la
adecuada aplicación de un tratamiento efectivo de los derechos de las personas privadas de
la libertad que permita una adecuada una reinserción positiva a la sociedad. A todo lo
anterior manifestado se debe agregar la inoportuna administración de justicia, el trato
humano, la mala alimentación provocada por la falta de recursos económicos del Gobierno
central, la ausencia de proyectos estatales para la rehabilitación, la constante violación de
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
BREVE EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA INVESTIGATIVA A
EMPLEAR
METODOLOGÍA A EMPLEAR
MÉTODOS Y TÉCNICAS
La presente investigación se basó en los siguientes métodos:
INDUCTIVO- DEDUCTIVO
Lo que permitirá valorar los derechos fundamentales que tiene las personas privadas de la
libertad , en la aplicación del sistema progresivo de rehabilitación social desde un
todo hasta llegar a las partes componentes del problema planteado, es decir
partimos de lo general a lo particular y hacer un análisis del todo.
ANALÍTICO- SINTÉTICO
8
Para realizar un análisis del objeto de transformación que realizará un análisis general
sobre lo que es el sistema progresivo de rehabilitación social en el Ecuador, su
aplicación en concordancia con la Constitución de la República y la normativa
existente, la vulneración de los derechos de los privados de la libertad y su
incidencia en su rehabilitación y reinserción social.
HISTÓRICO – LÓGICO
Se analiza la evolución del sistema progresivo de rehabilitación social en el Ecuador,
su aplicación en concordancia con la Constitución de la República y la normativa
existente, los derechos de los privados de la libertad, analizando la relación causa-
efecto de cada uno de ellos, y dar una solución al problema planteado, comparando los
sistemas anteriores de rehabilitación social y el actual.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Se utilizará la encuesta, y la observación directa a través de la cual se obtienen
informaciones de la fuente del problema y su posible solución, la cual se realizará a Jueces
de Unidad de garantías penales, Director y personal del Centro de privación de la
libertad de personas Adultas, Abogados en libre ejercicio profesional en la ciudad de
Ambato
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Se utilizara el cuestionario como medio para la realización de preguntas que serán
tabuladas y representadas estadísticamente.
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA TESIS: BREVE EXPLCACION DE
LOS CAPÍTULOS DE LA TESIS
La presente tesis se relaciona con los derechos constitucionales de las personas privadas
de la libertad en el Centro de Privación de la libertad de personas adultas de la
ciudad de Ambato y la vulneración de sus derechos, la protección integral que brinda
el Estado y de esta manera conocer los puntos de vista de los diferentes tratadistas y
9
conocedores del tema para así determinar el respeto y aplicación de los principios
constitucionales en favor de las persona privadas de la libertad y la seguridad jurídica.
Este trabajo se ha estructurado en tres capítulos principales, que han dado cumplimiento
al objetivo general del trabajo; y la verificación de la idea a defender que se planteó.
En el primer capítulo se establece el Marco Teórico, plasmándose las opiniones de
tratadistas y del autor sobre temas relacionados al tema propuesto como el Notario, la
jurisdicción voluntaria, el principio de celeridad procesal y la seguridad jurídica,
para poder demostrar con dichas bases teóricas la forma en se están dando los trámites
de jurisdicción voluntaria en el ámbito judicial y Notarial, la vulneración del
principio de celeridad procesal y la seguridad jurídica, para de ésta manera
determinar la necesidad de la reforma que se propone.
El segundo capítulo comprende el marco metodológico y planteamiento de la propuesta,
presenta la metodología, mostrando aspectos como el tipo de investigación, técnica se
instrumentos científicos empleados, mismos que permiten determinar la realidad actual y a
plantear una propuesta acerca de la temática, indica los sectores a quienes se aplicaron
las encuestas, a quienes afectad el problema expuesto, con el fin de cumplir cada uno de
los objetivos propuestos y de esa manera corroborar la importancia de la presente
investigación, su aporte a la ciencia del Derecho y el impacto jurídico que todo esto
conlleva.
En el tercer capítulo se encuentra el desarrollo de la propuesta, que parte de un análisis
de los resultados alcanzados, el cual se integra por la exposición de motivos,
considerandos y la estructura del cuerpo central.
Cada capítulo tiene conclusiones parciales para facilitar su comprensión, confiriendo al
final conclusiones generales, al igual que recomendaciones.
También se ha obtenido una amplia fuente bibliográfica, normativa y linkográfica que ha
aportado al desarrollo de la presente tesis.
APORTE TEÓRICO, SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA Y NOVEDAD CIENTÍFICA
10
En la presente tesis el aporte teórico contempla un análisis general de lo que son los Centros
de privación de la libertad de personas adultas, el sistema progresivo de rehabilitación
social, organismos de control estatal, derechos de los grupos de atención prioritaria, y
la rehabilitación y reinserción social, además se aportará con conceptos sobre el tema de
teóricos y doctrinarios de la materia, frente al criterio del investigador.
Un análisis de la situación de vulneración de los derechos constitucionales de las
personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de
Ambato, quienes a pesar de existir normativa y políticas de Estado para su protección,
no se respeta sus derechos.
Es el análisis de la realidad de dar a conocer el documento de análisis crítico jurídico
donde se evidencie la falta de control del Estado en la aplicación del sistema
progresivo de rehabilitación social, las falencias existentes, y con el documento
propuesto se evidenciará los derechos que se vulneran en las personas privadas de su
libertad y su incidencia en la rehabilitación y reinserción social.
11
CAPITULO I.
MARCO TEÓRICO
EPIGRAFE I
1. PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
1.1 DEFINICIÓN
Al hacer referencia de los hombres y mujeres privadas de libertad y su condición de sujeto
de derecho, el condenado no es un aliene juris, no está fuera del derecho, se haya en una
relación de derechos público con el Estado y descontados los derechos perdidos o
limitados por la condena, su condición jurídica es igual a la de las personas no condenadas.
La persona privada de libertad, a consecuencia de una sanción penal condenatoria, posee
un status jurídico particular: es sujeto titular de derechos fundamentales, pero el ejercicio
de estos encuentra su límite en el fallo condenatorio, en el sentido de la pena, y en la propia
vida de ésta persona.
El término privación de libertad se define como: “Cualquier forma de detención,
encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia
humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada
por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra
autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su
libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas
privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas
procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la
responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros
establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales;
instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados,
solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución
similar destinada a la privación de libertad de personas”.
Dada la amplitud del anterior concepto, los siguientes principios y buenas prácticas se
podrán invocar y aplicar, según cada caso, dependiendo de si se trata de personas privadas
12
de libertad por motivos relacionados con la comisión de delitos o infracciones a la ley, o
por razones humanitarias y de protección.1
1.2 DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Al mencionar la palabra derecho, manifiestan que es un poder o facultad de actuar, un
permiso para obrar en un determinado sentido o para exigir una conducta de otro sujeto.
Son llamados humanos porque nacen con el hombre, de la persona humana, de cada uno de
nosotros, siendo el hombre el único destinatario de estos derechos; por ende, reclaman
reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de todos, y especialmente de la
autoridad.
Al hablar de derechos, se los relaciona íntimamente con los Derechos Humanos, con la
democracia, ya que los Estados donde se los reconoce, respeta, tutela y promueve son
democráticos; los que no los reconocen son llamados antidemocráticos, autoritarios o
totalitarios. La democracia es la que permite que todos los hombres participen realmente
del gobierno de manera activa e igualitaria, cooperando con el reconocimiento, respeto,
tutela y promoción de los derechos humanos; cuando media democracia, el hombre está
inserto en una sociedad donde la convivencia es organizada, donde cada ciudadano tiene la
garantía de que sus derechos serán respetados y tutelados al igual que él debe respetar a los
demás; donde la convivencia es acorde a la dignidad de la persona teniendo en cuenta su
libertad y sus derechos humanos.
Los Derechos Humanos se establecieron en el Derecho Internacional luego de los horrores
de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en
París; recogiendo de esta manera, los derechos que se consideran básicos para el desarrollo
social de la persona dentro de un grupo humano, proclamando de esta manera en su
Artículo primero la igualdad y libertad de todos los humanos desde su nacimiento,
obligándolos de esta forma a un comportamiento fraterno con sus semejantes.
1 CIDH, Principios y buenas Prácticas sobre la Protección de las personas privadas de libertad en las
Americas, Disposición General.
13
1.2.1.-CONCEPCIONES.-
Dentro de la historia existen corrientes o escuelas Filosóficas que pretenden definir el
concepto de Derechos Humanos, al respecto, Posada2, establece la existencia de tres
concepciones, como son:
a) IUS NATURALISTA.- Los Derechos Humanos son propios y diferentes al ser humano,
tomando como premisa fundamental, su propia naturaleza en consecuencia estos Derechos
son universales, indivisibles, interdependientes e incondicionales.
b) POSITIVISTA.- Los Derechos Humanos para ser considerados como tales
necesariamente deben estar incluidas en las normativas Jurídicas Nacionales e
Internacionales y que solamente contenidos en estos instrumentos legales pueden ser
exigidos al Estado por los particulares.
c) HISTORICISTA.- El contexto histórico o el desarrollo de la sociedad, es el que
realmente determina el contenido de los derechos humanos, lo que hace que estos resulten
variables, modificables o adecuables de acuerdo con aquellos factores. 3
Llegando el autor a la conclusión que los Derechos Humanos, son el conjunto de
facultades inherentes a la persona para su desarrollo como tal; los mismos que se
encuentran plasmados dentro de los distintos instrumentos legales establecidos en una
sociedad; variando su contenido de acuerdo a la necesidad y evolución del hombre dentro
de un pueblo o nación.
1.2.2-CARACTERÍSTICAS.-
Las principales características que podemos atribuir a los Derechos Humanos son:
Inherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna,
pues se asume que nacemos con ellos.
2 Derechos humanos , Posada Juan, 2008 3 Derechos humanos , Posada Juan, 2008,
14
Universales: Pues ellos se aplican a todos los seres humanos sin importar edad,
género, raza, religión, ideas, nacionalidad. Cada persona tiene la misma dignidad y
nadie puede estar excluido o discrimado del disfrute de sus derechos.
Inalienables: Puesto que son irrenunciables, ya que al estar íntimamente ligados a
la esencia misma del ser humano no pueden ni deben separarse de la persona y, en
tal virtud, no pueden trasmitirse o renunciar a los mismos, bajo ningún título.
Inviolables: Nadie puede atentar, lesionar o destruir los Derechos Humanos. Esto
quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los
Derechos Humanos; las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las
políticas económicas y sociales que se implementan tampoco. Por ejemplo, el
derecho a la vida no puede ser violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre
frecuentemente en la realidad, ni por la acción de fuerzas policiales o militares ni
por políticas económicas que condenan a la muerte por desnutrición o hambre a la
población.
Imprescriptibles: Porque no prescriben o caducan por el transcurso del tiempo,
independientemente de sí se hace uso de ellos o no.
Obligatorios: Los Derechos Humanos imponen una obligación concreta a las
personas y al Estado de respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. Es
obligatorio respetar todos los Derechos Humanos que existan en las leyes
nacionales y también aquellos que no lo están aún.
Trascienden las fronteras nacionales: La comunidad internacional puede y debe
intervenir cuando considere que un Estado está violando los Derechos Humanos de
su población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su
soberanía cuando la comunidad internacional interviene para requerir que una
violación a los Derechos Humanos sea corregida.
No negociables: Los Derechos Humanos son bienes pertenecientes, de manera
absoluta, a cada ser humano, por ello ninguna autoridad puede negociarlos.
Indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables: Los
Derechos Humanos están relacionados entre sí. Es decir, no se debe hacer ninguna
separación ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún
derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la
15
persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los
demás. Es así, como no se puede, por ejemplo, disfrutar plenamente del derecho a
la educación si la persona no está bien alimentada o si carece de una vivienda
adecuada, ni se puede ejercer el derecho a la participación política si se niega el
derecho a manifestar o estar bien informados.
Irreversibles y progresivos.- La consagración de nuevos Derechos no excluye ni
desestima la vigencia de Derechos antes consagrados y la existencia de viejos
Derechos no impide que las nuevas condiciones sociales vividas por los pueblos
determinen la vigencia de otros Derechos, como ha sucedido con el habeas data, el
cual busca proteger la intimidad de las personas frente a los sistemas masivos de
información y comunicación.
Los avances en la protección de nuevos Derechos o nuevas formas de un mismo
Derecho se hacen sobre el supuesto de vigencia de todos los Derechos 4
1.2.3.- FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Los Derechos Humanos tienen su fundamento en la naturaleza del ser humano, por el
simple hecho de que nacen con la misma persona, son inherentes y, en consecuencia es la
misma naturaleza humana la que otorga titularidad a estos derechos universales,
inviolables e irrenunciables; por lo tanto, al encontrar allí su fundamentación, es decir
pertenecen al hombre no por una disposición estatal, sino que por el mero hecho de ser
persona humana.
Los derechos son considerados como universales; por el hecho de que la persona es un ser
humano o pertenece al género humano, y en consecuencia todo individuo de la especie los
posee, quedando prohibido excluir de la titularidad y ejercicio de estos derechos a
cualquier persona por pertenecer a una determinada raza, religión, concepción ideológica,
género, clase social, nacionalidad o profesión.
1.3.- LA PROTECCION LEGAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969
16
La regulación jurídica de los derechos de las personas privadas de la libertad se ha dividido
en dos grupos de Legislación Penitenciaria, como son: Nacional e Internacional.
a) LEGISLACION PENITENCIARIA INTERNACIONAL.-
En el marco Internacional son varios los Convenios y Tratados suscritos por el Ecuador en
materia de protección de derechos de las personas privadas de la libertad, por lo que se
hace conveniente únicamente mencionarlos, en el siguiente orden:
- Documentos promulgados por la ONU.- Nuestro país siempre ha participado
activamente en la Organización de las Naciones Unidas y ha suscrito todos los documentos
que la Asamblea General ha promulgado en materia penitenciaria, como por ejemplo: La
Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Directrices de las Naciones Unidas
para la prevención de la delincuencia juvenil, los Principios Básicos de Naciones Unidas
para el tratamiento de los Reclusos, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección
de los menores privados de libertad, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas
sobre las medidas no privativas de la libertad, las Reglas mínimas de Naciones Unidas para
el tratamiento de los reclusos.
- Documentos promulgados por la OEA.- En el marco continental, Ecuador ha suscrito y
ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también
denominada Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales; la Declaración Americana,
los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la
Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y, las sentencias de fondo
y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han
abordado la problemática de los sistemas penitenciarios de varios países del continente.
b) LEGISLACIONAL PENITENCIARIA NACIONAL.-
- Constitución de la República del Ecuador.- La Constitución de la República es la
máxima norma del Estado; a través de ella se determina los derechos y obligaciones de las
personas en general:
17
Uno de los deberes del Estado, establecidos dentro de nuestra Constitución en su Art. 3
numeral 1 es la garantía y efectividad de los Derechos Humanos sin discriminación de
ninguna naturaleza, por lo cual nos permitimos copiar textualmente dicha norma legal, la
misma que dice: “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la
seguridad social y el agua para sus habitantes.”5
La Constitución de la República del Ecuador, reconoce todos y cada uno de los derechos
fundamentales e inherentes a la naturaleza del ser humano, dentro del título II denominado
“Derechos”, el mismo que abarca IX capítulos, sin embargo, en lo referente al tema en
estudio, es decir, a las personas privadas de la libertad se las agrupado dentro del capítulo
III denominado “Derechos de las personas y Grupos de Atención Prioritaria”, en su sección
Octava titulada “Personas privadas de libertad” contenida tan solo en un articulado, el cual
manifiesta: “Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes
derechos:
1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.
2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación
de la libertad.
4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud
integral en los centros de privación de libertad.
5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales,
alimenticias y recreativas.
6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas
y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con
discapacidad.
5 Constitución de la República del Ecuador , Art. 3, num.1
18
7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia”.6
A pesar que la norma constitucional hace hincapié a que los derechos de las personas
privadas de la libertad se contemplan en siete numerales, ellos además gozan de todos y
cada uno de los derechos contenidos en el Título II de la Constitución del Estado en lo que
fuera aplicable, ya que no se les puede impedir su superación personal, la pérdida del
derecho de libertad no implica la perdida de los demás derechos , como manifiesta el Art.
11 numeral 7 de la misma Constitución de la República, la cual dice: “Art. 11.- EI ejercicio
de los derechos se regirá por los siguientes principios: 7. El reconocimiento de los
derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales
de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno
desenvolvimiento”.7
El Código Orgánico Integral Penal, tiene como finalidad normar el poder punitivo del
estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento
de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación
social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas, la aplicación de
esta norma legal en nuestra sociedad es de gran relevancia , especialmente en lo referente a
la regulación de penas que garanticen la aplicación de los derechos humanos.
Engloba un conjunto de normas legales que tipifican las conductas consideradas que como
delitos y la pena que a cada uno corresponde, la aplicación de una pena en el caso de la
vulneración de un derecho subjetivo, al igual que la violencia que cause conmoción social,
teniendo como misión fundamental, proteger a la sociedad, a través de medidas que por un
lado llevan a la separación del delincuente peligroso por el tiempo necesario, a la par que
se reincorpora al medio social a aquellos que no lo son mediante el tratamiento adecuado
para cada caso.
Al respecto el Art. 4, inc. 2 manifiesta que: “las personas privadas de la libertad
conservaran la titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la
6 Constitución de la República del Ecuador, Art. 51. 7 Constitución de la República del Ecuador, Art. 11, num, 7.
19
privación de la libertad y serán tratados con respeto a su dignidad como seres humanos. Se
prohíbe el hacinamiento” 8
Según el Código Orgánico Integral Penal en el Art. 666, manifiesta: “En las localidades
donde exista un Centro de privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de
garantías penitenciarias.
La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá al organismo Técnico
encargado del sistema de Rehabilitación Social, bajo el Control y supervisión de las o los
jueces de garantías penitenciarias”.9
Según el Código Orgánico Integral Penal en lo que respecta al Sistema Nacional de
Rehabilitación Social expresa, es el conjunto de principios, normas, políticas de las
instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera
integral, para la ejecución de penas, cuya finalidad es, la protección de los derechos de las
personas privadas de libertad, con atención a sus necesidades especiales, el desarrollo de
las capacidades de las personas privadas de la libertad para ejercer sus derechos y cumplir
sus responsabilidades al recuperar completamente su libertad, la rehabilitación integral de
las personas privadas de libertad , en el cumplimiento de su condena, y la reinserción
social y económica de las personas privadas de libertad.
Código Orgánico Integral Penal, En su artículo 12, indica que las personas privadas de
libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República
y los instrumentos internacionales de derechos humanos:
1. Integridad: la persona privada de libertad, tiene derecho a la integridad física, psíquica,
moral y sexual.
Se respetará este derecho durante los traslados, registros, requisas, o cualquier otra
actividad.
Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o cualquier forma de
trato cruel, inhumano o degradante. No podrá invocarse circunstancia alguna para justificar
tales actos.
8 Código Orgánico Integral Penal. Art. 4, inc. 2. 9 Código Orgánico Integral Penal. Art. 666.
20
Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnicas, condición social, genero u
orientación sexual.
2.- Libertad de Expresión: la persona privada de libertad tiene derecho a recibir
información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión disponible en
los centros de privación de libertad.
3.- Libertad de Conciencia y religión: las personas privadas de libertad tienen derecho a
que se respete su libertad de conciencia y religión y a que se facilite el ejercicio de la
misma, incluso a no profesar religión alguna.
Respetar los objetos personales con estos fines, siempre y cuando no pongan en riesgo la
seguridad del entro de privación de libertad.
4.- Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado reconoce el derecho al trabajo,
educación, cultura y recreación de las personas privadas de libertad y garantizar las
condiciones para su ejercicio.
El trabajo podrá desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos y comerciales.
5.- Privacidad persona y familiar: las personas privadas de la libertad tienen derecho a que
se respete su vida privada y la de su familia.
6.- Protección de datos de carácter personal: la persona privada de libertad tiene derecho a
la protección de sus datos de carácter personal, que incluye el acceso y uso de esta
información.
7.- Asociación: la persona privada de libertad tiene derecho a asociarse con fines lícitos y a
nombrar sus representantes, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley.
8.- Sufragio: la persona privada de libertad por medidas cautelares personales tiene
derecho al sufragio. Se suspenderá para aquellas personas que tengan sentencia
condenatoria ejecutoriada.
9.- Quejas y peticiones la persona privada de libertad, tiene derecho a presentar quejas o
peticiones ante la autoridad competente del centro de privación de libertad, a la o al juez de
garantías penitenciarias y a recibir respuestas claras y oportunas.
21
10.- Información: la persona privada de libertad, en el momento de su ingreso a cualquier
centro de privación de libertad, tiene derecho a ser informada en su propia lengua acerca de
sus derechos, las normas de establecimiento y los medios de los que dispone para formular
peticiones y quejas.
Esta información deberá ser pública, escrita y estar a disposición de las personas, en todo
momento.
11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, curativa y de
rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e integral. Para garantizar
el ejercicio de este derecho se considerarán las condiciones específicas de cada grupo de la
población privada de libertad.
En los centros de privación de libertad de mujeres, el departamento médico contará con
personal femenino especializado.
Los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán gratuitos.
En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que los
contengan o de alcoholismo o tabaquismo, el Ministerio de Salud Pública, brindará
tratamiento de carácter terapéutico o de rehabilitación mediante consultas o sesiones, con
el fin de lograr la deshabituación.
La atención se realizará en los centros de privación de libertad a través de personal
calificado para el efecto.
12. Alimentación: la persona privada de libertad tiene derecho a una nutrición adecuada, en
cuanto a calidad y cantidad, en lugares apropiados para el efecto. Tendrán derecho al
acceso a agua potable en todo momento.
13. Relaciones familiares y sociales: la ´persona privada de libertad tiene derecho a
mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en centros de privación de
libertad cercanos a su familia, a menos que manifieste su voluntad contraria o que, por
razones de seguridad debidamente justificada o para evitar el hacinamiento, sea necesaria
su reubicación en un centro de privación de libertad situado en distinto lugar al de su
familia, domicilio habitual y juez natural.
22
14. Comunicación y visitas: sin perjuicio de las restricciones propias de los regímenes de
seguridad, la persona privada de libertad tiene derecho a comunicarse y a recibir visitas de
sus familiares y amigos, defensora o defensor público o privado y a la visita íntima de su
pareja , en lugares y condiciones que garanticen su privacidad , la seguridad de las
personas y del centro de privación de libertad.
El ejercicio de este derecho debe darse en igualdad de condiciones, sin importar su
nacionalidad, sexo, preferencia sexual o identidad de género.
La persona privada de libertad de nacionalidad extranjera podrá comunicarse con
representantes diplomáticos o consulares de su país.
El derecho a la visita de familiares o amigos no se considerará un privilegio y no se
utilizará como sanción la pérdida del mismo, salvo en aquellos casos en que el contacto
represente un riesgo para la persona privada de libertad o para la o el visitante.
La autoridad competente del centro de privación de libertad reportará a la jueza de
garantías penitenciarias los casos de riesgo.
15. Libertad inmediata: la persona privada de libertad, cuando cumple la condena, reciba
amnistía o indulto o se revoque la medida cautelar, será liberada inmediatamente, siendo
necesario para ello únicamente la presentación de la orden de ex carcelación emitida por la
autoridad competente.
Las o los servidores públicos que demoren el cumplimiento de esta disposición serán
removidos de estos cargos, previo sumario administrativo, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal a que haya lugar.
16. Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias: las sanciones
disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, deberán ser proporcionales
a las faltas cometidas. No se podrán imponer medidas sancionadoras indeterminadas ni que
contravengan los derechos humanos.10
10 Código Orgánico Integral Penal. Art. 12.
23
EPIGRAFE II
2. LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL
2.1 ORIGEN Y EVOLUCION
El origen de los centros de reclusión es muy antigua, la reclusión aparece con la
civilización y con las sociedades estructuradas surge la preocupación de cómo anular el
crimen utilizando el castigo. La prisión no aparece inicialmente relacionada con la idea de
castigo sino con la de idea de detención. Tal fue la importancia que se dio a este problema
en el pasado que ilustres filósofos de la época dieron su opinión al respecto, planteándose
el problema de cómo afrontar el hecho, el crimen, como tratar a los delincuentes y el
castigo que, como consecuencia, se le debieran de aplicar a estos.
A título de mera referencia es necesario mencionar algunos de ellos. Así tenemos los
ejemplo de Hesiodo, Pitágoras, Heráclito, Protagoras, Sócrates, Platón (que la sufrió en sus
propias carnes) Aristóteles.
Peña Mateos11 señala que los vestigios que nos han dejado las civilizaciones más antiguas
(China, Egipto, Israel y Babilonia) nos muestran a la prisión como un lugar de custodia y
tormento, siendo aprovechada en determinadas ocasiones para averiguar determinados
aspectos del proceso criminal. Así, García Valdés12 comenta que todos los derechos
antiguos y ordenamientos medievales establecen que la prisión es un lugar retención, la
cárcel de custodia, repetido en las Partidas o en el Libro de las Costumbres de Tortosa.
Encontramos antecedentes remotos desde el referido Platón a San Juan Crisóstomo -
citados por Cándido Conde Pumpido13, los cuáles entienden que la pena es medicina
contra el autor del delito, el tratamiento su aplicación y la cárcel el hospital. Pero el
problema siempre estuvo en el contenido y la práctica de la medicina, por lo que el
11 Vid. PEÑA MATEOS, Jaime, “Antecedentes de la prisión como pena privativa de libertad en Europa hasta
el siglo XVII” en Historia de la prisión. 12 Vid. GARCÍA VALDÉS, Carlos, Comentarios a la legislación penitenciaria, 2ª Ed., Madrid, 1982.
13 Vid. CONDE PUMPIDO, Cándido, Derecho Penal Parte General, 2ª Ed. 1990, pp. 32 y ss.
24
Correccionalismo del Siglo XIX (Grolman, Stelzer y luego Röeder) citados por Jorge
Barreiro14, conciben la terapia penológica como reajuste moral, intelectual, y jurídico que
convenciendo al reo de su dañosa desviación le evite nuevas penitencias y proteja
simultáneamente, ahora y luego, a la sociedad.
Lo que sí falto en esta época fue el sentido científico realista que es un presupuesto para la
investigación sistemática acerca de las prisiones, por falta de este sentido científico realista
no se pudo coleccionar sistemáticamente las experiencias.
Las prisiones antiguas se emplearon, para retener personas15 que disgustasen de cualquier
forma a los gobernantes en turno. Ya el Genésis (39,19-20), refiriéndose a Egipto, se hace
referencia a las prisiones de Estado donde cumplían pena los “presos del faraón”, y en
diversos paisajes se dan pinceladas acerca de su régimen penitenciario.16
Tales centros fueron generalmente mazmorras subterráneas o construcciones abovedadas
en las que poco o nada se respetaba la condición humana del preso, pero como enfatiza
Cuello Calón. En el derecho romano la prisión sólo tenía el carácter de una medida
preventiva para evitar la fuga de los procesados, pero el derecho de la Iglesia ya organizó
la prisión como pena sometiendo a los encarcelados bajo un régimen de penitencia17.
Aunque no existe unanimidad18, el más antiguo sistema de prisión conocido (en el sentido
de establecimiento destinado al cumplimiento de la pena) es la cárcel, que data de 1166, en
que Enrique II de Inglaterra mandó construir una en Claredon, donde promulgó sus
famosas constituciones.
Durante la Edad Media en Inglaterra aparecen cárceles privadas en el Siglo XIII McShane
y Williams19 señalan que las poseían determinadas familias y que en algunos casos el
derecho de gestión fue vendido o incluso cedido a sirvientes en lugar de una pensión.
14 Vid. JORGE BARREIRO, Agustín, “Sistema de sanciones en el Nuevo código penal de 1995”, en La
reforma de la Justicia penal.
15 GÓMEZ COLOMER, JL / SÁNCHEZ CUSSAC, J. L (coords). Castellón de la Plana. Universittat Jaume
I, 1997, pp. 77 y ss. 17 Vid. TÉLLEZ AGUILERA, Abel, Los sistemas penitenciarios y sus prisiones, Derecho y realidad,
op.cit,p.33..
18 Para CUELLO CALÓN, Eugenio, La moderna penología, Barcelona, 1958, p. 9,
19 Vid. MC SHANE MARILYN D / WILLIAMS III, FRANK.P, Encyclopedia of American Prisons, Nueva
York, 1996, p. 365.
25
Garrido Guzmán20 refiere como en esta época la cárcel se hallaban sometida al arbitrio de
príncipes y gobernantes que la imponían en función del status social y que podía
conmutarse por prestaciones en metálico o en especie, quedando como residuo cuando el
crimen no tenía suficiente gravedad cuando el crimen no mereciera penas rutilantes o la
muerte.
Pero en general la cárcel es entendida como un medio de reclusión temporal de gente sin
ninguna finalidad añadida, así Alfonso X de Castilla (1.221-1.284) dictamina en las Siete
Partidas: “la cárcel debe ser para guardar los presos no para otro mal”.
John Howard, autor británico en 1777, escribe una obra titulada “El estado de las prisiones
de Inglaterra y Gales” considerado doctrinalmente como el evangelio de la reforma
penitenciaria.
En dicho tratado se describe el horroroso estado de las prisiones europeas, que Howard
había visitado a través de sus viajes, comentados por García Valdés21 el periplo del viaje
denominado gráficamente geografía del dolor, se remonta según Bejerano Guerra 22 a
diversos países, visitando las prisiones, lazaretos y hospitales de campaña: Marsella,
Nápoles, Malta, Levante y Venecia, en España (donde visitó en el centro de San Fernando
del Jarama, del que hizo elogios) a los que luego le seguirán Rusia, Polonia, Suecia y
Ucrania donde morirá de fiebre asiática.
Propuso una reforma al sistema penitenciario, sosteniendo que, en los establecimientos
carcelarios, se deberán dar las siguientes condiciones:
1. Cárceles higiénicas, para evitar enfermedades y epidemias.
2. Separar a los condenados por delitos mayores, de los condenados por delitos menores.
3. Incentivar el trabajo de los condenados de las cárceles.
4. Adopción del sistema celular, o sea: el aislamiento del condenado en una celda, de
manera que se evite la promiscuidad y la corrupción moral de los presos.
20 Cfr. GARRIDO GUZMÁN, Luis, Manual de Ciencia penitenciaria, op. cit, p. 77.
21 Vid. GARCÍA VALDÉS, Carlos, “Introducción a la penología”. Publicación del instituto de criminología
de la Universidad complutense. Madrid. 1981. P. 82.
22 BEJERANO GUERRA, Fernando, “John Howard: Inicio y bases de la reforma penitenciaria”en Historia
de las prisiones, Dir. Carlos García Valdés. ,Madrid, p. 113.
26
Como ha destacado García Valdés entre Howard y Beccaria la finalidad de ambos
escritores es unívoca pues ambos tratan de crear un Derecho penal más humano23 y sus
escritos van dirigidos a remover las conciencias. Ambos tratan de las bases principales
sobre las que se debe estructurar un sistema penitenciario fueron pertinazmente
proyectadas por este británico.
Así la importancia del trabajo como elemento reinsertador, el evitar a toda costa la
ociosidad y orientar el establecimiento para el retorno del individuo a la sociedad.
Tomando como base de toda actuación posterior, la limpieza y salubridad de las cárceles.
El postulado según el cual debe clasificar a los presos según el sexo, la edad y el tipo de
condena.
La concepción penitenciaria de Howard es un establecimiento destinado a la reclusión de
sujetos penados a un régimen expiatorio, que al mismo tiempo trata de regenerarlos. Fue
posiblemente el afán reformador y filántropo inglés quién le impulsó a utilizar por primera
vez la palabra penitenciaria.
Bejerano Guerra24 refiere las múltiples paradojas que rodean la vida de este ser
excepcional adelantado a su tiempo. Como consecuencia de esta labor se crea la corriente
denominada Penitenciarismo, encauzada a erigir establecimientos apropiados al
cumplimiento de la sanción privativa de la Libertad, crecientemente aceptada en las
legislaciones de entonces.
Se puede observar por lo tanto este cambio de denominación Prisión por Penitenciaría, ya
que justamente nos marca el cambio de destino del edificio de encierro.
Su formulación básica era: Aislamiento, trabajo e Instrucción del hombre en Prisión;
propugna por tanto el cambio del castigo simplemente expiatorio y corporal por la Pena
método para transformar al individuo.
Aislamiento solo nocturno evitando contaminaciones morales y físicas. El autor concibe el
trabajo como medio de regeneración moral, a ello no hemos de olvidar que tiene una
instrucción Calvinista y que acepta que la religión sea el medio más adecuado para instruir
y moralizar.
23 Así CABANELLAS, Guillermo, en la introducción al Tratado de los delitos y de las penas, de Bonesana,
César, Ed. Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 1978, p. 26.
24 Vid. BEJERANO GUERRA, Fernando, “John Howard: Inicio …op. cit”., p. 117.
27
También es reseñable el papel en esta materia del filósofo Jeremy Bentham, jurisconsulto y
filósofo Inglés, creador del utilitarismo la mayor felicidad posible para el mayor número.
Su mayor aporte al movimiento penitenciario fueron dos obras Panóptico25.
En el Panóptico Bentham proporciona su descripción arquitectónica de lo que debería ser
una cárcel. Según González Parra26, el británico escribe su obra maestra penitenciaria
impresionado por las prisiones de época donde sólo se podía entrar temblando. Establece
un diseño que permitiría resolver las dos cuestiones que para él eran importantes, arriba
mencionadas.
Reformar para mejorar la vigilancia tanto de los presos como de los vigilantes de estos.
Para el mencionado autor27, Bentham busca reinsertar al delincuente en la sociedad es un
establecimiento propuesto para guardar los presos con más seguridad y economía, y para
trabajar al mismo tiempo con su reforma moral con los medios nuevos para asegurarse su
buena conducta, y proveer a su subsistencia después de su soltura.
El inglés, hombre vocacionalmente práctico, busca hallar la sanción menos dolorosa entre
los castigos útiles. Para ello, idea una prisión de planta semicircular donde los prisioneros
están constantemente expuestos a la mirada de los guardianes o “inspectores”, si bien no a
la inversa.
Como señalan Lyon y Froment. El Panóptico representa una parodia secular de la
omnisciencia divina, en la que el observador era como Dios, invisible. Más allá de la
metáfora, en el concepto de panóptico reside también un modelo de poder, de
sometimiento al ser humano frente a un sistema.
El Panóptico como modelo de organización se basa en la disciplina normalizadora, en la
exagerada visibilidad del sujeto, en la verificabilidad de la observación, en la búsqueda de
certidumbre por parte del vigilado.
En resumen, en convertir al ser humano en un objeto de vigilancia amparando dicho
sistema en las más diversas ideologías.
25 Vid. BENTHAM, Jeremy, El panóptico (Trad.. de Julia Varela / Fernando Alvárez-Uría), Madrid, 1989,
pp. 9-10. 26 Vid. GONZÁLEZ PARRA, Ricardo, “El utilitarismo y la reforma del sistema penitenciario” en Historia de
las prisiones... op. cit., p. 138. 27 Vid. GONZÁLEZ PARRA, Ricardo, “El utilitarismo…”, op. cit., p. 138.
28
Foucault resalta la visión totalitaria del sistema: la construcción arquitectónica permite que
el individuo que esté encerrado en la celda pueda ser observado, de manera permanente,
sin que él pueda ver al vigilante.
El aislamiento es total: no sólo está incapacitado para ver a quien lo vigila sino que
tampoco puede ver al resto de los vigilados. La estructura general es la de un edificio
circular con celdas de circunferencia con una torre de vigilancia central. Foucault no duda
en calificar el sistema arquitectónico como cruel ingenio o jaula cruel.
Pero su aporte no fue solo arquitectónico, también económico y Jurídico, escribió
numerosos libros y redactó infinidad de cartas a Jueces y Legisladores del momento
porque pretendía reformar el mundo, ponerlo en orden28 así lo sostiene el gran estudioso
del filósofo que fue Michelle Perrot.
La situación a finales del siglo XVIII y principios del XIX: La generalización del cambio,
en esta época cuando el movimiento filosófico de la Ilustración, consiguen materializar sus
planteamientos humanitarios cuando los castigos corporales.
En su origen histórico, los sistemas penitenciarios estaban divididos en cárceles públicas y
privadas, las primeras fueron destinadas a los reos del pueblo, plebeyos o siervos y estaban
ubicadas alrededor de grandes centros urbanos, con características especiales para los
políticos a quienes instalaban en las fortalezas con construcciones fuertes y
extremadamente vigilados.
Con el desarrollo cultural, la sociedad se opone a penas que afecten la dignidad de las
personas, se humaniza el sistema de sanción penal, desaparece el trabajo forzado y los
castigos corporales y morales.
No se ha dicho mucho sobre los sistemas penitenciarios ancestrales, la vida nómada no
complicó la existencia del hombre. Estas sociedades se caracterizaron por la abundancia, y
la riqueza cultural.
El Dr. Olmedo Bermeo en su obra Manual Básico de los Derechos Humanos, cita el
criterio de Jorge Zavala, de su obra La Pena: “...afirma que en el ayllu imperaba la
28 Vid. PEÑA MATEOS, Jaime, “Antecedentes de la prisión como pena privativa de libertad en Europa hasta
el siglo XVII” en Historia de la prisión.
29
venganza privada. Esta formación, antecesora de la familia actual, unida por lazos de
sangre, guardaba celosamente la integridad personal y patrimonial de sus miembros. Al ser
vadidos por los Incas, éstos pueblos se fundieron en el Tahuantinsuyo, donde la venganza
privada es desplazada por la actuación oficial.”29
La civilización Inca tuvo una administración de justicia inmediata, sumaria y eficaz. En
actos públicos con la presencia de toda la comunidad se daba cumplimiento. Cada uno de
estos pueblos contaba con un juez, que ejecutaba la Ley, en oyendo a las partes con la
posibilidad de recurrir a un Juez Superior.
En 1915 se dictó un Reglamento Carcelario, que adoptaba el sistema penitenciario celular
y que consistía en: castigo, corrección o enmienda de los criminales, el apartamento celular
en la noche y el trabajo común en talleres de día.
En 1935 se dictó la "Ley Modificatoria, Reglamento de Penas y Prisiones" y se creó la
Dirección Nacional de Prisiones.
En 1937, se crea el Patronato Post Carcelario, con el objetivo de buscar y facilitar trabajo a
quienes van a obtener o han obtenido su libertad Condicional.
En 1939, se dicta el Reglamento de Conductas y Visitas al Penal García Moreno, con el
propósito de facilitar el contacto familiar y regular la conducta de los presos.
El Dr. Velasco Ibarra, en 1946 crea la Colonia Penal en la isla Isabela de Galápagos, para
la readaptación social de los delincuentes. Esta colonia se constituyó en un infierno de
eliminación; episodios como el del tristemente célebre muro de las lágrimas, construido
con el único fin de atormentar a los reos, o el del tanque de combustible en el cual metían
presos por algunos días; son incontables anécdotas que sobrecogen el sufrimiento de
quienes fueron deportados de esa isla.30
La colonia no cumplió con el objetivo para la cual fue creada razón por la que fue
suprimida en el gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez. En 1958 comienza a funcionar el
29 El Dr. Olmedo Bermeo en su obra Manual Básico de los Derechos Humanos, cita el criterio de Jorge
Zavala 30INREDH. (2002) Caminos De Esperanza. Modelos de atención a víctimas de Tortura. Personas Privadas de
Libertad. Quito. Pág.
30
Código de Ejecución de Penas y de Reeducación Social, en el cual se establecen garantías
para los presos como el Seguro Social y las normas del Código de Trabajo, garantías que
nunca llegaron a cumplirse por no haberse aprobado dicho Cuerpo Legal.
Durante la década de los setenta hubieron muchos intentos de garantizar los derechos de
los reos así : En 1970, se crea la Dirección Nacional de Prisiones, como organismo adscrito
al Ministerio de Gobierno, y en 1971 se expide el Código Penal, vigente con cambios
posteriores, este código plantea el trabajo reeducativo y obligatorio para los reos.
En 1976 se trató de aplicar el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, pero
al mes fue derogado. En este Código se crea el Consejo Nacional de Rehabilitación Social
y el Estado se comprometía a dar a los reos trabajo suficiente y adecuado, protegiendo
oficialmente el trabajo Intelectual y artístico.
Un esfuerzo para tratar de estudiar los problemas delincuenciales fue la reunión de la
Comisión Asesora de Políticas Penitenciarias, que elaboró un documento donde se
exponen los análisis de la realidad penitenciaria de ese entonces.
Corolario de esto, constituyo el Código de Ejecución de Penas, en el cual se trata de
individualizar la pena, así como de clasificar biotipológicamente a los delincuentes
La carcel que se carecen para el cumplimiento del régimen penitenciario establecido por
ley, hoy en día conocidos como Centros de Privación de la Libertad de Personas
Adultas (CPLPA).
El Sistema nacional de Rehabilitación Social, tendrá un Organismo Técnico, cuyo
Directorio se integrará por las o los ministros o sus delegados encargados de las materias
de justicia y derechos humanos, salud pública, relaciones laborales, educación, inclusión
económica y social, cultura deporte y el Defensor del Pueblo.
La o el Presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que lo
presidirá. El Directorio podrá invitar a profesionales del Organismo Técnico capacitados
en áreas tales como: psicología, derecho, sociología o trabajo social y de otras
especialidades quienes lo asesoraran en la rama de sus competencias, tendrán voz, pero
no voto.
31
El Directorio del organismo Técnico tiene como objetivo la determinación y aplicación de
las políticas de atención integral de las personas privadas de libertad; cumplir con las
finalidades del Sistema de Rehabilitación Social y las demás atribuciones previstas en el
Reglamento respectivo.31
El Sistema Nacional de rehabilitación Social, es un conjunto de principios, normas,
políticas de las instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de
manera integral, para la ejecución de la pena. Cuya finalidad es:
1.- La protección de los derechos de las personas privadas de libertad, con atención a sus
necesidades especiales.
2.- El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para ejercer sus
derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar completamente su libertad.
3.- La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en cumplimiento de su
condena.
4.- La reinserción social y económica de las personas privadas de libertad.
Las demás reconocidas en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado.32
Es un organismo técnico donde manifiesta que el sistema garantizará el cumplimiento de
sus fines mediante un organismo técnico cuyas atribuciones son:
1. Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema.
2. Administrar los centros de privación de libertad.
3. Fijar los estándares de cumplimiento de los fines del Sistema.
El desarrollo de estas atribuciones constarán en el Reglamento del Sistema nacional de
Rehabilitación Social.
El Organismo Técnico contara con personal especializado en rehabilitación y reinserción
de personas privadas de libertad.
31 Código Orgánico Integral Penal. Art. 675. 32 Código Orgánico Integral Penal. Arts. 672 y 673.
32
La o el Presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que
presidirá el Organismo.
El directorio de organismo técnico se integrara por la o los ministros o sus delegados
encargados de las materias de justicia y derechos humanos, salud pública, relaciones
laborales, educación, inclusión económica y social, cultural, deporte y el Defensor del
Pueblo, la o el Presidente de la República designará a la ministra o ministro de estado
que lo presidirá.
El Directorio podrá invitar a profesionales del Organismo técnico capacitados en áreas
tales como; psicología, derecho, sociología o trabajo social y de otras especialidades
quienes los asesorarán en la rama de sus competencias tendrán voz pero no voto.
El Directorio del Organismo Técnico tiene como objetivo la determinación y
aplicación de las políticas de atención integral de las personas privadas de libertad;
cumplir con las finalidades del Sistema de Rehabilitación Social y las demás
atribuciones previstas en el reglamento respectivo.
Las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia del Estado.
El Estado responderá por las acciones u omisiones de sus servidores o servidoras que
violen los derechos de las personas privadas de libertad.
El Centro de formación y capacitación penitenciaría estará dirigido y regulado por el
Organismo Técnico.
Sus funciones serán:
1. Elaborar y aplicar el plan de formación y capacitación para las o las aspirantes a
integrantes como personal al servicio del Sistema penitenciario.
2. Seleccionar, formas y cualificar a las y los aspirantes a integrarse como personal al
servicio del sistema penitenciario.
3. Perfeccionar, actualizar , promover y evaluar de manera constante, al personal de
los centros de privación de libertad en cualquiera de las áreas penitenciarias
33
El Gobierno intensifica la construcción de los centros penitenciarios con la finalidad de
reducir el hacinamiento carcelario y contar con el ambiente que permita aplicar políticas de
atención para una rehabilitación social de las personas privadas de libertad. La
infraestructura física es necesaria para la aplicación de un sistema integral de atención con
políticas de salud, educación y laborales, en beneficio de los internos.
De esta forma, se cumplirá con el mandato constitucional de otorgar una vida digna a las
personas privadas de libertad y que se conviertan en sujetos productivos en el momento de
su reinserción social.
En Ecuador hay 34 cárceles en 18 provincias de las 24 que componen el país, 7 son de
varones, 4 de mujeres, 22 mixtas y 1 de detención provisional; según la región están
distribuidas, 14 en la costa,18 en la sierra y 4 en el oriente. 53% de las personas privadas
de libertad están en la sierra, 45% en la costa, y sólo 2% en el oriente. El 60% de las
mujeres y el 77% de los extranjeros/as están presos en la sierra.33.
Centros penitenciarios o correccionales que ofrecen formación profesional y servicios
sociales. Hasta el vocablo preso nos parece inhumano, y optamos por el de interno.
Sin embargo, si profundizamos un poco, descubriremos los serios problemas que afronta
hoy el sistema carcelario, entre ellos la elevadísima inversión económica que supone
mantener entre rejas a los delincuentes y el creciente abismo que media entre los objetivos
de la encarcelación y los verdaderos efectos de esta.
Hay quienes cuestionan la eficacia de las cárceles, pues dicen que si bien la cantidad
mundial de presos supera ya los ocho millones, el índice de criminalidad no ha disminuido
considerablemente en muchos países.
Además, aunque un alto porcentaje de reclusos está en prisión por delitos relacionados con
las drogas, la disponibilidad de estas en las calles sigue siendo muy preocupante.
Pese a ello, muchos ciudadanos consideran que el encarcelamiento es la pena ideal. A su
modo de ver, cuando el infractor es encarcelado, recibe su merecido. Una periodista
33 Dirección Nacional de Rehabilitación Social. El Sistema Penitenciario Ecuatoriano en Cifras. 2003 – 2004.
34
asemejó este afán de meter entre rejas a los delincuentes a una fiebre, la fiebre de
encerrarlos.
La encarcelación persigue cuatro fines principales:
1) castigar al infractor,
2) proteger a la sociedad,
3) evitar delitos futuros; y,
4) reformar al delincuente, enseñándole a ser un ciudadano decente y productivo tras su
puesta en libertad. Veamos si las prisiones están logrando estos fines.
En el 2003 se creó el Comité Nacional de Internos, organización compuesta por
representantes de varias cárceles del país y coordinada desde Quito, su objetivo principal
es defender los derechos de las personas en prisión y mejorar sus condiciones de vida, el
último año lideraron dos motines carcelarios para reclamar la aplicación de beneficios
legales como la pre libertad para los casos de drogas ilegales, la aplicación de ley que
garantiza la libertad a las personas detenidas más de un año sin sentencia, la aprobación de
un nuevo Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, entre otras demandas.
2.2 INFRAESTRUCTURA
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, intensificará la construcción de
los centros penitenciarios en Ecuador.
La principal finalidad del desarrollo de la infraestructura carcelaria, es procurar el
hacinamiento existente en los centros carcelarios del país, para que los reos, puedan contar
con un ambiente que permita llevar una vida digna a pesar de estar privados de la libertad y
encontrarse purgando una pena en los centros de rehabilitación social.
La infraestructura es un factor importante para la aplicación de la rehabilitación de los
internos, en los cuales se aplicará políticas de salud, control de medidas de seguridad,
apoyo para que cumplan con su educación, permitiéndoles culminar su educación básica,
implementar talleres en los cuales tengan producción de objetos y de la venta de éstos
35
obtengan ingresos económicos que ayudarán a sus familia; procurar una reinserción social
en beneficio de los internos.
Cumpliéndose de esta manera el mandato constitucional de otorgar una vida digna a las
personas privadas de libertad y de su reinserción en la sociedad.
Observamos que las acciones estatales en materia carcelaria han sido más jurídicas, los
efectos directos de esta política fueron: el decrecimiento de la población carcelaria y la
reducción de los detenidos por delitos de drogas; es evidente que estos fenómenos no
responden a cambios estructurales de la delincuencia o la sociedad, sino a medidas
meramente normativas que no modifican significativamente la organización y
funcionamiento del sistema penitenciario.
La situación de hacinamiento de las cárceles ecuatorianas es la característica persistente de
la última década.
2.3 MISION
Velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz
social, la plena vigencia de los Derechos Humanos, el ejercicio de cultos y su regulación,
mejorar la rehabilitación y su reinserción social en las personas adultas privadas de libertad
y el desarrollo integral en adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante normas,
políticas, programas, proyectos y actividades coordinadas con las instituciones
relacionadas.34
2.4 VISION
Al 2017 el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos habrá logrado la plena
vigencia de los Derechos Humanos, la transformación del sistema de justicia, la
regulación del ejercicio de cultos, la atención integral a personas adultas privadas de
34 www.justicia.gob.es/mision
36
libertad y adolescentes en conflicto con la ley penal al convertirse en un referente de
gestión pública a nivel nacional e internacional.35
2.5. ORGANIZACIÓN
Para poder entender a los CRS describiremos brevemente las diferentes funciones
administrativas de la institución. El centro cuenta con una serie de áreas y departamentos
que cumplen funciones delimitadas. En el siguiente esquema podemos tener una idea de la
organización del CRSG.
El Director
Gestión estratégica.
Gestión Administrativa y Técnica.
Ejecución de Trámites.
Coordinación Interinstitucional.
Control de Gestión.
El Director es la máxima autoridad de la institución, pero él también depende de las
decisiones del Director Nacional de Rehabilitación Social en lo referente a la
estructuración presupuestaria, movimientos de personal, recursos económicos, y todo
lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, el perfil profesional del Director es
de Doctor en Jurisprudencia, garantizándose de esa manera que todos los procesos
legales vayan siendo supervisados por un profesional del Derecho, las atribuciones que
tiene el Director para desplegar políticas de crecimiento fortificación institucional y
aquellas dirigidas a los señores internos, es lo suficientemente amplia como para
plantear políticas de auto sustentación, motivando de esa manera la autogestión y
consecuentemente, la búsqueda permanente de campos ocupacionales dirigidos a los
señores internos.
35 www.justicia.gob.ec/vision
37
Por otra parte el Director al ser la máxima autoridad del centro debe inculcar al
mejoramiento de la alimentación, servicio médico, servicio dental, mejoramiento de
infraestructura, remodelación de espacios deteriorados, en búsqueda de convenios con
otras instituciones públicas y privadas que colaboren en todo lo planteado y finalmente
debe también velar por el bienestar de todos los empleados y fundamentalmente por los
internos que están bajo su cuidado.
El personal que directa y cercanamente trabajan, con el Director son la Secretaria, el
Asesor Jurídico y el Jefe de Seguridad, cuando se presentan problemas graves dentro
de la institución convoca a una reunión ampliada con la parte que está en conflicto y de
esa manera se aclaran las dificultades; para la programación de nuevos eventos o
estructuración de nuevas líneas directrices convoca al personal que está directamente
en el plan de cambio, siendo así las reuniones con diagnóstico, tratamiento,
departamento médico, administrativo, y de seguridad y vigilancia.
HABILITANTES ASESOR
Asesoramiento Legal.
Asesoría.
Contratación.
Patrocinio.
APOYO DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Gestión De Recursos Organizacionales:
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Gestión De Procesos:
Planificación.
Imagen Corporativa.
Salud.
Gestión De Recursos Humanos:
38
Control De Asistencia.
Gestión Tecnológica:
Programación Informática.
Diseño – Desarrollo.
Implementación.
Gestión De Bienes:
Adquisiciones.
Control De Bienes.
Servicios Generales.
Gestión Financiera:
Presupuestos.
Contabilidad.
Administración de Caja.
Supervisión Local:
Control de Guías.
Control de Puertas Principal.
Control de Puertas Intermedias.
Control de Garitas.
Control de Patios y Terrazas.
39
EPIGRAFE III
3. REHABILITACIÓN SOCIAL
Las cárceles fueron lugares de detención creados por los gobiernos de tipo monárquico,
oligárquico, reinado y república desde la antigüedad.
La historia de prisión como la del crimen, integra uno de los más desdichados capítulos de
la historia humana.
Trabajo de siglos ha sido trocar, en los terribles recintos retentivos la sombra por la luz, la
enfermedad por la salud, la sistemática y arbitraria vejación por la ley, la abrumada
ociosidad por el trabajo, la promiscuidad apretada de humanos contemplados como bestias
por la separación metódica de cuerpos y espíritus.
Definición general de la palabra pena y en particular la figura histórica de a perdida de
pena capital o de muerte.
“Definición gramatical”: Enmienda, corrección de una obra o de un escrito, pena que se
impone a quién ha cometido un delito o falta. Acción acto de castigar, represión, aviso,
consejo, amonestación o corrección, advertencia y enseñanza, etc.
Cárcel es una Institución que nace a consecuencia del delito; es un lugar utilizado desde
tiempos remotos, como el sitio donde se cumplían las funciones de aseguramiento, y
retención de los delincuentes para que no eludieran las consecuencias jurídicas; de faltas y
delitos.
Sanción impuesta por la ley a quien por haber cometido un delito o falta; y ha sido
condenado por sentencia definitiva por el órgano “jurisdiccional correspondiente del fuero
federal o estatal”.
Es forzoso que la pena esté establecida en la ley con anterioridad a la comisión del hecho
delictivo rige al principio jurídico denominado de legalidad, el cual obliga a su ejecución
una vez que haya recaído sentencia firme dictada por el Juez sentenciador competente o
por un tribunal superior de justicia federal o estatal. Son varios los criterios clasificatorios
de los delitos.
40
El que resulta más admitido con mayor frecuencia por las legislaciones penales, que
catalogan a los ilícitos de tipo grave, Tienen sanciones altas por la comisión de estos
delitos.
PENA DE MUERTE O CAPITAL.
Se entiende como pena de muerte la Privación de la vida del condenado por la comisión de
un delito grave que la ley sanciona a dicho acto. Es también denominada pena capital o
decapitación cortar la cabeza, por medio de la citarra o la guillotina, cuando esta se
ejecuta físicamente y sobreviene la muerte .Escritores y filósofos del siglo XVIII como
Montesquieu, Voltaire o Cesare Beccaria abogaron por importantes reformas a los sistemas
penales, que fueron llegando poco a poco con respecto a la limitación de los delitos
castigados con la pena de muerte hasta su completa abolición en muchas legislaciones.
En la actualidad muchos países admiten la pena de muerte, pero sólo en casos
excepcionales como en tiempo de guerra y en situaciones de extrema gravedad. En Estados
Unidos de Norte América existe una contraposición de criterios sobre la pena de muerte,
ya que en sentencia un Tribunal Supremo dictara una resolución y se pronunciará en contra
de la misma, aduciendo su inconstitucionalidad, en cambio otra sostuvo su inclusión en la
Constitución de estados Unidos
En España dicha pena de muerte fue abolida Constitucionalmente en el año 1978. Los
defensores de la pena de privación de la vida alegan en su favor un carácter ejemplar,
según su interpretación; esta no se alcanza con las penas privativas de libertad.
Los que se oponen a la aplicación de la pena de muerte aducen todo lo contrario, y añaden
como argumentos la posibilidad del Error judicial, que siempre será imposible de remediar,
así como la indefensión de aquellos reos que, al no tener recursos económicos tampoco
podrían pagar una defensa eficaz en el juicio, y sobre todo por las circunstancias de orden
ético, moral, religioso que son las que más pesan a la hora de abogar por la abolición de
esta pena; al considerar que el derecho a la vida es algo incuestionable, ya que el atentar en
contra de la existencia de un ser puede considerase como un acto demasiado injusto y
cruel.
41
El Derecho Constitucional, prohíbe cualquier tipo de pena corporal aplicada por orden
judicial sobre el condenado. Por regla general, el término se refiere a los azotes,
quemaduras o mutilaciones como pena de un delito.
El castigo físico ha sido practicado desde tiempos remotos. Se entendía que el criminal
sometido a tales métodos no volvería a cometer más delitos, pero esta suposición nunca ha
sido comprobada. Ya que hay teorías que sostienen que incrementar los castigos físicos
severos aumenta la tendencia hacia la actividad criminal.
En el siglo XX los castigos físicos han caído en desuso en la mayoría de los países, siendo
reemplazados por procedimientos penales que pretenden alcanzar objetivos de
resocialización, reeducación y favorecen la reinserción
Sin embargo el castigo físico sigue vigente en los sistemas penales de algunas naciones de
Asia, Medio Oriente y África, etc... Países considerados del tercer mundo, los cuales
siguen con un atraso histórico desesperante e inhumano en pleno siglo (XXI). Con
violación a los derechos humanos por países adheridos a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). En épocas remotas existieron penas privativas de libertad que se debían
cumplirse en establecimientos creados, ex profesamente a los cuales se les denominó
genéricamente cárceles o prisiones36.
El término cárceles, conforme el diccionario, significa cosa pública destinada para la
custodia y seguridad de los reos. Otros ven su origen en el vocablo latino coerciendo que
significa restringir. También en la palabra carcar termino hebreo que denomina meter una
cosa para su retención.37
Para el pueblo hebreo la prisión tenía una doble función: la primera era evitar la fuga y la
segunda de sanción, porque consideraban indigno de vivir en sociedad, al delincuente
infractor o trasgresor de la Ley.38
Existían distintos tipos de prisiones o cárceles según las personas y la gravedad de la falta
cometida. Algunos autores encuentran que los principios de la clasificación actual tienen
sus bases históricas, si se observa los preceptos mencionados tienen entre sí mucho
parecido.
36 Cuevas Sosa Jaime. “Derechos Penitenciarios”. Educación Jurídica Jus. México 1977. pp. 25. 37 Neuman Elias. “Prisión abierta”. Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1962. pp. 11 38 Calón Cuello E. “La Moderna Penología”.Bosch Edit. Barcelona, España, 1958. pp. 301.
42
La prisión fue concebida como castigo con su consecuente influencia religiosa, misma que
aparece plasmada en la Biblia, cuando nos hablan de la prisión del blasfemo, el Libro de
Jeremías y de los Reyes mencionan el encarcelamiento de los profetas: Jeremías y
Miqueas, se refieren a la Edad Cristiana .39
En la edad media los griegos construyeron tres tipos de cárcel, para castigo de hurto y
deudores que no podían pagar sus deudas
1- Para custodia
2- Para corrección
3- Para suplicio.
En la época de Constantino se encuentran disposiciones avanzadas para la sociedad romana
como las consagradas en la Constitución del año 320 D. C., ella establece en su punto
segundo la separación de sexos, el tercero prohíbe los castigos de rigores inútiles, en el
cuarto la obligación del Estado de proporcionar alimentos para la manutención de los
presos.40 .
El pueblo romano, en un principio, únicamente construyeron cárceles para seguridad de los
acusados. El emperador Constantino edificó un sistema de penales durante su reinado.
Ulpiano señala en el Digesto que la cárcel debía aplicarse no como castigo, sino como
lugar de guarda de los mismos.
En dichas lugares, a los esclavos se les obligaba a realizar trabajos forzados, como lo
ordenaba el Opus Publicamm, este consistía en limpieza de alcantarillas, arreglo de
carreteras, trabajos en baños públicos y en las minas.
La Admetalla y Opus Metalli. Los primeros laboraban en las famosas canteras de mármol
de La Admetalla ordenaba que llevaran cadenas más pesadas que los segundos Opus
Metalli, sí al término de diez años el esclavo del penal seguía con vida; podía ser entregado
a sus amos o a su familia.
39 Marco Del Pont. Op. Cit. pp. 40 y 41. 40 Selling T. “Reflexiones sobre trabajo forzado”. Revista Penal y Penitenciaria. Buenos
Aires, Argentina, 1965-1966.
43
Se tiene conocimiento que la primera cárcel romana fue fundada por Tulio Hostílio que
reinó entre los años (620 y 670) de nuestra era, a esta primera cárcel fue la que se le llamó
Latomía. La segunda de las romanas fue la “Claudiana”, construida por Apio Claudio y la
tercera la Mermetiva por orden de Anco Marcio.41.
Pocas fueron las evoluciones de ese modelo antiguo, en la Edad Media la noción de pena
privativa de libertad quedó sepultada en la ignorancia. Porque solamente se aplicaban
tormentos; su esplendor se encuentra durante la vigencia de la Santa Inquisición. En ese
tiempo conforme a los delitos se daban las penas, se aconsejaba arrancar los dientes a los
testigos falsos, pasear desnudos a los adúlteros, entre otras penas degradantes y
antihumanas que se aplicaban”.42
Posteriormente, cuando el interés económico de países como Inglaterra y España se
acrecentó, surgió otro sistema para el cumplimiento de las penas: en las llamadas galeras,
estos fueron lugares de trabajos forzados.43.
Otro de los castigos fue el denominado remero que consistía en obligar a reos condenados
a muerte a trabajar remando hasta caer exhaustos o morir. En un principio se les tomaba
por la fuerza a los vagabundos, ociosos, mendigos.
Eran aquellos que manejaban las paletas de las embarcaciones del Estado, galeones,
bergantines, chalupas, naves bien armadas y rápidas, etc.44
Las embarcaciones eran utilizadas como prisiones por todos los países Europeos que
poseían armadas marítimas de guerra para las conquistas, desaparecieron cuando fueron
cambiados los galeones, bergantines, etc. por barcos de vapor, los descubrimientos
técnicos de las máquinas afectaron las formas de aplicación del castigo.
Por este hecho los detenidos fueron trasladados a los PRESIDIOS DE LOS ARENALES
considerándolos como bestias de carga y destinados únicamente para el trabajo.
El Presidio como obra pública aparece con el desarrollo y cambio económico, al variar los
intereses del Estado con la explotación de los presos sometiéndolos a trabajos forzados se
41 De Quiroz Bernardo.“La nueva penitenciaría del Distrito Federal”.Xalapa, Veracruz, 1958. 42 Malo Camacho G. “Manual de Derecho Penitenciario Mexicano”. Instituto Nacional de Ciencias Penales,
México, 1976. pp. 19. 43 Calón Cuello E. Op. Cit. pp. 301. 44 Neuman Elias. Op. Cit. pp. 15.
44
les empleaba en abrir brechas para vías de comunicación, acueductos, adoquinamiento de
calles, también en los cerros de cantera; y para la explotación de bosques madereros,
caucheros, etc., siempre encadenados y sometidos por el feroz látigo de castigo manejado
por el capataz.
Con el transcurso del tiempo se crea una nueva forma de castigo: el destierro, este hecho
respondía a intereses sociales, políticos y económicos de países capitalistas que envían a
sus colonias de castigo a delincuentes comunes y presos políticos. Para hacerlos trabajar,
teniendo el carácter de seres indeseables.
Así se poblaron Australia por los Ingleses, las islas Guayanas por franceses y Holandeses,
así como en Rusia se aplicó igualmente la deportación, los presos eran enviados a la
Siberia helada.
Ellos vivían en campamentos con cadenas a los pies, trabajando en las minas de carbón con
mala alimentación y maltratos, sin asistencia medica alguna, la suciedad y promiscuidad
dieron origen a terribles endemias y epidemias provocadas por ratas, pulgas, piojos,
chinches y otros bichos, por la falta de aseo personal por el clima imperante que existe en
esa región “inhóspita y fría.45
La rehabilitación tiene por objeto la restauración funcional óptima del individuo bajo
tratamiento, y su reintegración a la familia, la comunidad y la sociedad por medio de la
máxima independencia en las actividades de la vida diaria, y la consecución de un rol
social estimable a través de la vuelta al trabajo o actividad equivalente.
La rehabilitación integral de los internos de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral
Penal, está encaminada a la protección de los derechos de las personas privadas de
libertad.
Además de ello con atención a sus necesidades especiales, al desarrollo de sus
capacidades, para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar
completamente su libertad, la reinserción social y económica de las personas privadas de
libertad46
45 Dostoyevsky Fedor. “La Casa de los muertos”. Ed. Sana, Buenos Aires, Argentina, 1939.
46 Código Orgánico Integral Penal
45
3.1. ANÁLISIS DOCTRINARIO DE LA REHABILITACIÓN SOCIAL
A través de la historia se ha podido confirmar que el hombre es capaz de cambiar su
conducta, mediante un proceso de tiempo prudencial. La rehabilitación como una
expresión técnico científica tienen un sentido propio que no es posible comprender sino se
ha estudiado previamente y practicado en oficio.
Ha existido una grave confusión en el tiempo, la sociedad ha relacionado el término
rehabilitación con el sinónimo de retribución. Cuando se comete un delito grave como la
violación, la sociedad pide el máximo castigo para el autor la tortura o la muerte.
La palabra Rehabilitar proviene del latín habilitar, que significa hacer algo nuevo. Dando a
conocer a la rehabilitación como un Proceso de formación de personas con alguna
discapacidad (física, sensorial, emocional, de desarrollo, entre otras.)
La rehabilitación con respecto a Trabajo Social es un proceso que tiene como meta, ayudar
a las personas a reintegrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento psico-social,
de manera tal que pueda mantenerse en su entorno social en unas condiciones lo más
normalizadas e independientes como sea posible, es de duración limitada y tiene un
objetivo definido encaminado a permitir que una persona con alguna discapacidad alcance
un nivel físico, mental y social optimo, proporcionándole los medios de modificarse su
propia vida.47
La rehabilitación implica un proceso de acompañamiento de singulares características en la
conjunción: retención, custodia y terapéutica, mediante el cual se intenta que el tiempo,
durante el que un interno se encuentra en una Unidad Penitenciaria, sea lo más corto
posible y transcurra con las menores consecuencias negativas sobre todo para sí mismo
como también para los otros
Para Zanoni La esencia de la rehabilitación, consiste en tomar una primaria y debida toma
de conciencia por parte del interesado, de la propia situación criminológica y de sus
implicancias personales, familiares y sociales, que presupone una firme decisión de
recuperación, para un futuro consecuente.
47 HADDAD, Jorge. (1999). Derecho Penitenciario. Buenos Aires. Editorial de ciencia y cultura. Págs. 191-
192
46
Jorge Haddad nos da algunas interesantes definiciones de Rehabilitación así: La
rehabilitación social constituye una suma de experiencias que influyen sobre los hábitos,
actitudes y conocimientos relacionados con la actividad delictiva del interno por lo tanto
consiste en un proceso de aprendizaje diferenciado dirigido a reformar, de manera
favorable, las actitudes y aptitudes de los internos e influir, a partir de su participación
activa, sobre sus hábitos perniciosos, en el proceso delictivo.
- Combinaciones de aprendizajes especializados, dirigidos a la facilitación de
actividades voluntarias que readapten socialmente al interno.
- Un proceso de intervención individual o colectiva, que asiste al interno a tomar
decisiones, una vez que ha obtenido información adecuada acerca de los factores,
teóricamente negativos, que lo han llevado a la actividad delictiva sea por exceso
en sus demandas o bien por insuficiencia de sus recursos propios.
- Puede definirse también como una intervención formativa dirigida al desarrollo de
una actitud consciente y responsable por parte del interno; ejerciendo su influencia
sobre los conocimientos, motivos, actitudes, aptitudes del mismo; en relación con la
conveniencia o no de infringir en lo sucesivo la Ley Penal.
- Rehabilitar también supone facilitar la readaptación social y reforma voluntaria de los
comportamientos de los internos como hombres, responsablemente, en función de
la intervención penitenciaria.
Como se observa todas las definiciones tienen un denominador común, a saber:
- Adquisición de conocimientos (información).
- Adquisición de hábitos y comportamientos dirigidos a no infringir en lo sucesivo
la ley penal.
- Voluntariedad y responsabilidad por parte del propio interno participación activa
en el proceso intervencional.
La rehabilitación es capaz de concretar a partir de la participación activa del interno los
cambios que se deben producir en el contexto social. Ella interviene en el aprendizaje y en
la adquisición de los recursos individuales para desarrollar una vida posterior sin delitos.
47
También debe quedar en claro que los errores y fallas del interno no pasan inadvertidos y
provocan sanciones, retrocesos en la progresividad, etc., que le recuerdan su propia
realidad de persona implicada en la rehabilitación progresiva y que no difieren de los
procesos o sistemas terapéuticos de las ciencias del comportamiento48.
La respuesta global ha de considerar, entonces, estos tres niveles; sin embargo, la urgencia
es distinta y debemos plantear prioridades. Posiblemente el nivel que representa mayor
urgencia es el de la Ejecución de las Penas. Considero que las reformas penales y
procesales, que pueden ser muy importantes, fracasaran radicalmente si en su modo de
ejecución sigue manteniéndose los niveles actuales, de nada nos serviría leyes sabias y
jueces extraordinariamente probos, si luego al llegar al nivel de la ejecución todo tropieza
con un sistema inadecuado, con un sistema verdaderamente vergonzoso para un país que
cree poseer una forma democrática de vida. Basado en el respeto a los derechos humanos,
el sistema penitenciario debería cumplir finalidades superiores y no puramente
vindicativas. represivas o inclusive retributivas.
3.2 SISTEMA PROGRESIVO
Es el sistema que en a la actualidad es utilizado por la mayoría de países en el mundo
como es el caso del nuestro, es un sistema que en sí no es que tiene un solo comienzo
pero el fundamental y más destacable es el del Reino de España de 1834, en Valencia en el
presidio de San Agustín, del cual estaba encargado el Coronel Montesinos que era una
persona de ideología humanista por esto es que crea un sistema en el cual el recluso tiene
la oportunidad de mejorar sus condiciones de reclusión y su misma pena de acuerdo a su
comportamiento, da mucho sentido al lema de la entrada de la cárcel que decía de la
siguiente manera la prisión solo recibe al hombre, el delito se queda en la puerta49 de esta
manera el recluso pasó de ser pasivo a activo en el sistema gracias a su interacción directa
con el mismo para mejorar o empeorar sus condiciones siendo de su completa
responsabilidad la calidad de su reclusión y el tiempo que dure.
48 NOVELLI, G (1943). La Autonomía del Derecho Penitenciario. Citado por Haddad, Jorge en Derecho
Penitenciario. Pags 194-195. 49 FERNÁNDEZ GARCÍA, Julio, Ciencias de la Seguridad, Derecho penitenciario, Editor Ciencias de la
Seguridad Universidad de Salamanca, 2003, Pág. 8
48
Como su nombre lo indica esto era un proceso de progreso gradual que consistía en tres
partes que son; la primera que el recluso cumpla con el aseo de la cárcel atado a un grillete
y su cadena durante un tiempo, luego eran trasladados a una brigada llamada Depósito, en
el cual se le encargaba un trabajo para evitar su desocupación y con esto concluía la
primera etapa de su condena; después continuaban con la segunda etapa que consiste en la
dedicación por completo al trabajo que les fue asignado al mismo tiempo que se les hacía
aprender nuevos oficios gracias a que estos establecimientos estaban equipados con varios
talleres de distintas áreas ocupacionales esto suponía que los reclusos estén preparados
para su regreso a la convivencia social cuando salgan de la prisión; y llegamos a la última
etapa de este progresivo proceso de rehabilitación, este último consistía en la pre-
adaptación para su regreso a la sociedad cuando ya estuvieran libres, en esta etapa ellos
tenían que demostrar una completa rehabilitación, ya que si fallan en esta se les retrocede
un nivel de su pena entonces regresarían al segundo nivel y eso supone como cumplir otra
pena más, el fin de esta etapa era que los reclusos se desvinculen con la cárcel y de esta
manera tener una completa reinserción en la sociedad por eso era la etapa más importante
de las tres.
También encontramos otros sistemas derivados del primero como son los de Maconochie
en Norfolk Inglaterra, 1840, el de Obermayer en Munich, Alemania 1842, y el de Crofton
en Irlanda en 1854.50
El sistema progresivo se fundamentó en las ideas innovadoras de estos tres directores
mencionados anteriormente a su vez estos tres en el de Manuel de Montesinos en España.
Por esto se diría que ellos fueron los inventores de este sistema estos cuatro directores de
prisiones europeas que quisieron encausar formidablemente el innato deseo de libertad de
los reclusos, estimulando su comportamiento para que en función del mismo la intensidad
de la pena fuera disminuyendo progresivamente.51
50 Fernández García, Julio; Ciencias de la Seguridad, Derecho penitenciario, Editor Ciencias de la Seguridad
Universidad de Salamanca, 2003, Pág. 15. 51 Fernández García, Julio; Ciencias de la Seguridad, Derecho penitenciario, Editor Ciencias de la Seguridad
Universidad de Salamanca, 2003, Pág. 20
49
En Irlanda el director de las prisiones, cuyo nombre era Walter Crofton, quien viene a
perfeccionar el sistema, al introducir un cuarto periodo de cárceles intermedias antes de
salir en libertad esto era considerado un periodo de prueba.
Como ya se sabía este sistema estaba conformado por tres periodos de encarcelamiento y
hasta en cierto modo de rehabilitación.
Walter Crofton quien, siguiendo las resoluciones del Congreso Internacional Penitenciario
de Londres de 1872 , desarrolló un programa de asistencia al reo que trataba de reintegrarlo
a la sociedad civil, añadiendo a los pasos tradicionales de otros sistemas progresivos
primero prisión rigurosa; segundo, trabajo en común y tercero, libertad condicional , un
cuarto previo al tercero en el que el preso pasaba a un campo intermedio de prisión, menos
riguroso y, generalmente, de trabajo, o bien a granjas o fábricas, durmiendo luego en la
prisión.
Vales que el preso obtenía en función de su conducta y trabajo, pudiendo incluso perder un
grado si no obtenía los vales suficientes en esto se diferenciaba del sistema de Australia
El sistema se implantó primero en Irlanda en 1883, de ahí su denominación en algunos
casos. Por Real Decreto de 23 de diciembre de 1889 se reguló en España un sistema
similar en el que los cuatro grados eran conocidos como: celular, instructivo, intermedio y
de circulación libre, pero sólo aplicable al penal de Ceuta (España).
. El éxito del sistema hizo que, también por Real Decreto, el 3 de junio de 1901 se
ampliase al resto del estado.
Con pequeñas modificaciones, los sistemas penitenciarios europeos se basan en este
modelo en la actualidad.52.
Así tenemos que con la introducción de un paso intermedio Walter Crofton logra que el
sistema quede de la siguiente manera:
Este modelo consistía en el aislamiento, no podían comunicarse y tenían una dieta en sus
alimentos.
52 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_penitenciario_de_Crofton (08-03-2013)
50
Tenían ya una ocupación en sus talleres a manera de trabajo común y ahora el silencio solo
era en las noches.
Con anterioridad era el último periodo ahora es el intermedio, introducido por Crofton este
consistía en el trabajo al aire libre, fuera de la cárcel, especialmente en el área agrícola, de
una manera muy parecida al sistema de extramuros en la actualidad.
También se impuso como una de sus mejoras el no uso del traje penal que hasta ese
entonces era una regla general en las cárceles.
Es el de la libertad condicional o como se le dice en nuestro país la prelibertad que es un
periodo de prueba en el cual el convicto antes de salir por completo y desvincularse con la
cárcel de manera definitiva, tiene que demostrar su conducta en la sociedad, esta conducta
era medida en base a vales tal cual era en el sistema progresivo de Maconochie, esto se
hacía en las casas de trabajo o como se diría en inglés “work house”.
A veintiuno km. de Dublín existían dos centros de trabajo comunitario (work house) a los
cuales se los mandaba antes de la obtención de su libertad por seis meses estos centros se
llamaban, el primero Luzk y el segundo Smithfield en estos lugares laboraban como
personas libres en fábricas y campos aledaños, donde no habían barrotes, muros, ni
cerrojos, en donde los reclusos alojados en barracas metálicas desmontables se empleaban
como trabajadores libres en la agricultura y en la industria, aprendiendo a vigilarse a sí
mismos o en inglés (self-control).
3.3 COMPONENTES DEL SISTEMA
El Sistema de Progresividad, la ejecución de la pena se regirá por el Sistema de
progresividad que contempla los distintos regímenes de rehabilitación social hasta el
completo reintegro de la persona privada de la libertad a la sociedad.
Regímenes de rehabilitación social.- Los regímenes son:
1. Cerrado.
2. Semiabierto.
3. Abierto.
51
Una persona privada de libertad podrá pasar de un régimen a otro en razón del
cumplimiento del plan individualizado, de los requisitos previstos en el reglamento
respectivo y el respeto a las normas disciplinarias.
La autoridad competente encargada del centro, solicitará a la o al juez de garantías
penitenciarias la imposición o cambio de régimen o la persona privada de libertad lo podrá
requerir directamente cuando cumpla con los requisitos previstos en el reglamento
respectivo y la autoridad no la haya solicitado.
En el Régimen cerrado.- Es el período de cumplimiento de la pena que se iniciará a partir
del ingreso de la persona sentenciada a uno de los centros de privación de libertad.
En este régimen se realizará la ubicación poblacional, la elaboración del plan
individualizado de cumplimiento de la pena y su ejecución.
El Régimen semiabierto.- Es el proceso de rehabilitación social de la o del sentenciado
que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su
actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el Organismo
Técnico.
La o el juez de Garantías Penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia
electrónica. Se realizarán actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria.
Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el sesenta por
ciento de la pena impuesta.
En el caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por parte del
beneficiario de este régimen, sin causa de justificación suficiente y probada, la o el juez de
Garantías Penitenciarias revocará el beneficio y declarará a la persona privada de libertad,
en condición de prófuga.
En el Régimen abierto.- Se entiende por régimen abierto el período de rehabilitación
tendiente a la inclusión y reinserción social de la persona privada de libertad, en la que
convive en su entorno social supervisada por el Organismo Técnico.
Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el ochenta por
ciento de la pena.
52
No podrán acceder a este régimen las personas privadas de libertad que se hayan fugado o
intentado fugarse o aquellas sancionadas con la revocatoria del régimen semi abierto. La o
el juez de Garantías Penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia
electrónica.
En esta etapa el beneficiario se presentará periódicamente ante la o el juez. En caso de
incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por parte del beneficiario de
este régimen, la o el juez de garantías penitenciarias revocará este beneficio y declarará a la
persona privada de libertad en condición de prófuga.
Una vez cumplida la sentencia la o el juez dispondrá el inmediato retiro del dispositivo
electrónico.
Asistencia al cumplimiento de la pena.- El Sistema de Rehabilitación Social prestará
asistencia social y psicológica durante y después del cumplimiento de la pena. El Estado, a
través de los ministerios correspondientes, regulará los fines específicos y fomentará la
inclusión laboral de las personas privadas de libertad con el fin de proporcionar a las
personas que han cumplido la pena y recuperado su libertad, mayores oportunidades de
trabajo.
Ejes de tratamiento.- El tratamiento de las personas privadas de libertad, con miras a su
rehabilitación y reinserción social. Se fundamentara en los siguientes ejes:
1.- Laboral
2.- Educación, cultura y deporte.
3.- Salud
4.- Vinculación familiar y Social
5.- Reinserción
El desarrollo de cada uno de estos ejes de tratamiento se determinará en el reglamento del
Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
En el eje laboral.- El trabajo constituye elemento fundamental del tratamiento. No tendrá
carácter aflictivo ni se aplicará como medida de corrección.
53
Remuneraciones.- Toda actividad laboral que realice la persona privada e libertad, será
remunerada conforme con la ley, salvo que las labores se relacionen con la actividad
propia de aseo y conservación del espacio físico personal.
La retribución del trabajo del privado de libertad se deduce por los aportes
correspondientes a la seguridad social y se distribuye simultáneamente en la forma
siguiente:
Un diez por ciento para indemnizar los daños y perjuicios causados por la infracción
conforme disponga la sentencia; treinta y cinco por ciento para la prestación de alimentos y
atender las necesidades de sus familiares; veinte y cinco por ciento para adquirir objetos de
consumo y uso personal; y, el último treinta por ciento para formar un fondo propio que se
entregará a su salida.
El producto de las personas privadas de libertad será materia de embargo, secuestro o
retención, salvo las excepciones previstas en la ley.
En el eje de educación, cultura y deporte.- Se organizará actividades educativas de
acuerdo con el sistema oficial. Los niveles de educación inicial, básica y bachillerato son
obligatorios para todas las personas privadas de libertad que no hayan aprobado con
anterioridad esos niveles. El sistema nacional de educación es responsable de la prestación
de los servicios educativos al interior de los centros de privación de libertad.
El Sistema de Rehabilitación Social promoverá la educación superior y técnica a través de
la suscripción de convenios con institutos o universidades públicas o privadas. Los
convenios garantizarán que la enseñanza se imparta en condiciones y con el rigor y calidad
inherentes a este tipo de estudios, adaptando en lo que es preciso, la metodología
pedagógica a las circunstancias propias de los régimen de privación de libertad.
La administración del centro promoverá la máxima participación de las personas privadas
de libertad en actividades culturales, deportivas y otras de apoyo que se programen.
El eje de Salud.- La asistencia a la salud tendrá carácter integral y estará orientada a la
prevención y a la curación. Los centros de privación de libertad brindaran programas de
prevención, tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y
problemáticos en lugares apropiados para este efecto.
54
El sistema nacional de salud será el responsable de la atención médica y de las
prestaciones farmacéuticas y complementarias derivadas de esta atención. La calidad de
los servicios será equivalente a la que se presta al conjunto de la población y se considerará
las condiciones específicas de los grupos poblacionales privados de libertad.
El eje de vinculación familiar y social.- Se promoverá la vinculación familiar y social de
las personas privadas de libertad, fortaleciendo su núcleo familiar y las relaciones
laborales.
Eje de reinserción.- Se controlará los regímenes semiabierto y abierto de ejecución de la
pena con la finalidad de generar autoconfianza y autonomía de las personas para
permitirles una óptima rehabilitación. Durante el año siguiente a su libertad, se prestará el
apoyo necesario a la persona liberada ara su reincorporación a la sociedad, su reinserción
laboral y la prevención de la reincidencia.
Plan individualizado de cumplimiento de pena.- para efectos del tratamiento de las
personas privadas de libertad, se elaborará un plan individualizado de cumplimiento de la
pena, que consiste en un conjunto de metas y acciones concertadas con la persona, que
conllevan a superar los problemas de exclusión y carencia que influyen en el cometimiento
del delito.
Su objetivo es la reinserción y el desarrollo personal y social de la persona privada de
libertad. El plan individualizado de cumplimiento de la pena se elaborará cobre la base
prevista en el reglamento.
Programas.- Los programas se llevaran a cabo en los centros de privación de libertad y se
incluirán en el plan individualizado de cumplimiento de la pena, de conformidad con el
estudio criminológico realizado por el área respectivo.
Programas de tratamiento para grupos de atención prioritaria.- Las personas adultas
mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades
catastróficas, tendrán programas específicos que atiendan sus necesidades, en privación de
libertad.
Registro de actividades de programas.- cada centro de privación de libertad llevara un
registro de actividades que la persona privada de libertad desempeñe y su progreso. En este
constaran los informes de los profesionales del departamento técnico sobre las
55
evaluaciones del desarrollo de capacidades, resultados, observaciones y recomendaciones y
se presentaran cada seis meses a la autoridad competente del centro.
La información del registro servirá de base fundamental para acogerse a los regímenes
semiabierto o abierto.
Certificación.- Al final de cada ciclo en la ejecución de los programas, se extenderá un
certificado que avale el desarrollo de las capacidades de la persona privada de libertad.
Los certificados no referirán la circunstancia de haber sido obtenidos en privación de
libertad.
3.4 APLICACIÓN
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos , trata de velar por el acceso a una
justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de
los Derechos Humanos, el ejercicio de cultos y su regulación, mejorar la rehabilitación y su
reinserción social en las personas adultas privadas de libertad y el desarrollo integral en
adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante normas, políticas, programas,
proyectos y actividades coordinadas con las instituciones relacionadas, buscando la
eficacia y su eficiencia en la aplicación y respeto de todos los derechos de las personas
privadas de libertad,
Con la trasformación del sistema de justicia, la regularización de los cultos y la atención
integral a las personas privadas de la libertad y la adecuada reinserción con la sociedad,
meta que todavía este Gobierno no la alcanzado, por la ineficaz administración de los
Centros de Rehabilitación Social y por el irrespeto a la norma escrita de parte de la
administración de los centros, debiendo cambiar la mentalidad del hombre y engendrando
la buena práctica de una justicia digna y de respeto mutuo y sobre todo de la oportunidad
igualitaria para todos que es el afán de cada persona privada de libertad obtener una nueva
oportunidad para dar un cambio radical a su vida y ser dignos hombres y mujeres al
momento de su reinserción con la sociedad.
56
EPIGRAFE IV
4 ORGANISMOS DE CONTROL DE REHABILITACION SOCIAL
4.1 MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
Este Ministerio es el encargado de generar política pública en lo referente a justicia,
derechos humanos, rehabilitación social, reinserción social y medidas cautelares para
personas adultas privadas de libertad, desarrollo integral para adolescentes en conflicto con
la ley penal y regulación para el libre ejercicio de cultos, es decir es el encargado de vigilar
que se cumplan los más estrictos derechos de las personas privadas de la libertad.
Coordinar las acciones para velar por el efectivo acceso a una justicia de calidad y
oportuna como derecho fundamental de todos los habitantes de la República.
Autoridad Central para aplicar el Convenio de Estrasburgo sobre el traslado de personas
condenadas y conocer sobre las peticiones de repatriación solicitadas por el Ministerio de
Justicia de los Estados requirentes (Decreto Ejecutivo 1242).
Presidir la Coordinación de la Comisión del Sistema Procesal Penal con el objeto de lograr
una implementación del proceso penal que de efectivo cumplimiento a las garantías del
debido proceso (Decreto Ejecutivo 1179).
Coordinar con el Ministerio de Finanzas el pago de la reparación material e inmaterial a las
víctimas de violación de Derechos Humanos (Decreto Ejecutivo 1317).
Facultad de puesta en funcionamiento y Administración de los Centros de Internamiento de
los adolescentes infractores en todo el país (Decreto Ejecutivo 1683).-Facultad de puesta
en funcionamiento y Administración de los Centros de Rehabilitación Social, Centros de
Detención Provisional y Casas de confianza.
Establecer nexos de apoyo a la Función Judicial y al Ministerio Público en la búsqueda de
solución a los conflictos que se generan en los centros de rehabilitación social y demás
conflictos judiciales que interesen a la Administración Pública.
57
El ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, el cumplimiento de las funciones,
atribuciones, responsabilidades y competencias en lo referente a políticas de regulación
para el libre ejercicio de Cultos.
El Ministerio está en la obligación de velar por el acceso a una justicia oportuna,
independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de los Derechos
Humanos, el ejercicio de cultos y su regulación, mejorar la rehabilitación y su reinserción
social en las personas adultas privadas de libertad y el desarrollo integral en adolescentes
en conflicto con la ley penal, mediante normas, políticas, programas, proyectos y
actividades coordinadas con las instituciones relacionadas.
Cuyo propósito es que al 2017 el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos habrá
logrado la plena vigencia de los Derechos Humanos, la transformación del sistema de
justicia, la regulación del ejercicio de cultos, la atención integral a personas adultas
privadas de libertad y adolescentes en conflicto con la ley penal al convertirse en un
referente de gestión pública a nivel nacional e internacional.
Es también el encargado de estructurar proyectos interinstitucionales que generen mayor
acceso a los servicios de justicia, sobre todo de las personas de escasos recursos
económicos, busca desarrollar mecanismos de coordinación con el consejo de la judicatura,
fiscalía y defensoría Pública, para que las diferentes instituciones del estado trabajen en
conjunto brindando la oportunidad de un acceso más directo de la ciudadanía, e
implementar la desconcentración en el territorio nacional de la administración de los
servicios del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos.
Reducir el número de causas en las que se afecte las garantías al debido proceso, para ello
pretenden desarrollar canales de comunicación efectiva con los diferentes operadores de
justicia, tratando a lo máximo de efectivizar los recursos, de igual manera busca gestionar
para que las causas que incumplan los debidos procesos no queden en la impunidad, y se
logren concluir, y sobre todo denunciar a los operadores de justicia que incumplan el
debido proceso, es decir se busca erradicar de raíz la corrupción y dar cumplimiento a los
principios básicos, de celeridad, atención oportuna y economía procesal entre otros.
Reducir los niveles de violencia, inseguridad y hacinamiento de los centros de atención a
personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley, implementar la escuela
58
penitenciaria y el instituto de investigación jurídico penitenciaria, para que estudiosos de la
materia puedan desarrollarse en este medio , mejorar la infraestructura de los centros de
atención a personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley, y evitar la dependencia
interinstitucional en el manejo de los centros de atención a personas adultas y adolescentes
en conflicto con la ley, para que sean controladas por las entidades relacionadas a la
materia.
Incrementar la rehabilitación y reinserción de las personas adultas y adolescentes en
conflicto con la ley, mejorar el diagnóstico y tratamiento a personas adultas y adolescentes
en conflicto con la ley (evaluación y salud), dotando de más personal calificado e idóneo,
implementar la formación de capacidades a las personas adultas y adolescentes en conflicto
con la ley (cultura, deportes, educación), a través de un programa adecuado y sobre todo
accesible a todos y cada una de las personas privadas de la libertad; mejorar la reinserción
social y familiar de las personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley (trabajo,
producción, vínculos familiares), proporcionándoles las herramientas necesarias y los
espacios físicos para que desarrollen su arte o habilidad.
Incrementar el cumplimiento de los derechos humanos a nivel nacional, desarrollar
mecanismos de difusión masiva de derechos humanos, cursos intensivos de los derechos y
sobre todo su inmediata aplicación, implementar programas de capacitación en derechos
humanos en instituciones públicas, colegios y escuelas, implementar una metodología para
la medición de la efectividad de las políticas públicas en el cumplimiento de los derechos
humanos.
Analizar la necesidad de generar un proyecto de ley que regule el ejercicio de cultos,
libertad de elegir que culto debe profesar, controlar el cumplimiento de los requisitos para
la creación de organizaciones religiosas, los mismos que guardaran estricto respeto a los
demás cultos, automatizar el registro de las organizaciones religiosas a nivel nacional.
Incrementar el número de proyectos de ley del sector justicia y otros determinados por el
poder ejecutivo.
Mejorar las propuestas normativas mediante procesos participativos
Mejorar el apoyo técnico en el proceso de discusión y revisión de propuestas
normativas y proyectos de ley pertinentes.
59
Incrementar la eficiencia operacional
Elaboración e implementación del Plan integral de Mejoramiento de Procesos
Incrementar el desarrollo del talento humano
Fortalecimiento en la ejecución e implementación de normativas legales.
Incrementar el uso eficiente del presupuesto
Elaboración de la planificación de gasto corriente y de inversión alineado al
cumplimiento de los objetivos institucionales
4.2. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, celebrado en la ciudad
de Santiago de Guayaquil, en el mes de noviembre del año 2007, en su capítulo III,
indica las condiciones mínimas de internamiento en los Centros Carcelarios, de las
personas privadas de la libertad, con prisión preventiva o condenadas, son esencialmente
vulnerables, ya que están bajo el control del Estado. El derecho internacional reconoce este
hecho y hace especialmente responsable al Estado de proteger a detenidos y presos.
Cuando el Estado priva a una persona de su libertad, asume el deber de cuidar de ella. Este
deber consiste en mantener su seguridad y salvaguardar su bienestar.
Los siguientes enunciados constituyen un conjunto de reglas que son consideradas por la
comunidad de naciones como normas de una buena organización penitenciaria y de la
práctica relativa al tratamiento de los reclusos.
REGISTRO
El ingreso de una persona privada de la libertad al centro carcelario debe procederse a
anotarlo en el correspondiente Registro, en el que deberá constar:
Su identidad,
Los motivos de su detención
La autoridad que la dispuso y que se encuentra a sus órdenes
60
El día y la hora de su ingreso al centro carcelario.
Ninguna persona podrá ser admitida en un centro carcelario sin una orden de privación de
libertad. En caso de que aquello ocurra el responsable del centro de detención estaría
cometiendo un delito contra la libertad individual de las personas.
SEPARACIÓN POR CATEGORÍAS
Los presos o reclusos deberán ser alojados en diferentes secciones dentro de los
establecimientos carcelarios, según su sexo, edad, antecedentes, motivos de su detención,
etc.
Los hombres y mujeres deberán estar preferentemente en establecimiento diferentes
o completamente separados.
Los menores de edad deben de estar separados de los mayores de edad.
Los detenidos en prisión preventiva deben de estar separados de los que están
cumpliendo una condena.
Las personas presas por pensiones de alimentos deben ser separadas de los
detenidos por infracciones penales.
Las personas internas en un centro carcelario primeramente deben ser evaluadas por los
respectivos Departamentos de Diagnóstico para proceder a la ubicación de los internos en
el pabellón que se lo asigne, pues esta ubicación debe obedecer a un proceso técnico, así
como para establecer un programa de tratamiento individual.
La ubicación en los pabellones o celdas de un centro carcelario no debe ser objeto de
ofertas monetarias como “alquiler” o “compra” de aquellos espacios.
Los fines de la clasificación deben ser:
Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían
una influencia nociva sobre los compañeros de detención.
Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su
readaptación social.
61
DISCIPLINA
El orden y la disciplina se deben mantener con firmeza, pero sin imponer más restricciones
de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida común.
Ningún interno podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un cargo que
permita ejercicio de una facultad disciplinaria.
Los golpes o castigos corporales, encierro en celdas obscuras, así como toda sanción cruel,
inhumana o degradante son prohibidas como sanciones disciplinarias.
Las sanciones no pueden ser arbitrarias, sino que deben ajustarse al reglamento
penitenciario nacional, que toda la población carcelaria debe conocerlo.
INFORMACIÓN Y DERECHO DE QUEJA DE LOS RECLUSOS
Todos los reclusos deberán recibir información escrita tanto sobre su régimen de
internamiento, reglas disciplinarias del recinto penitenciario, formas de presentar quejas,
etc.
En relación a la oportunidad para presentar las quejas, deberán poder presentarlas
diariamente al Director del establecimiento, así como al funcionario público respectivo.
Todas las solicitudes o quejas deberán ser –por regla general- examinadas y respondidas
con la celeridad respectiva.
Si los internos no disponen de ningún recurso ni canales efectivos para presentar quejas o
denuncias o los directores de los centros, quienes deberían responder las denuncias
presentadas, pero si estos no dan respuestas pertinentes en el marco de la ley, o no
verifican de manera directa y personal estas denuncias, se las debe realizar al inspector de
prisiones de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social o al de la Defensoría del
Pueblo, durante sus inspecciones que deberían ser periódicas.
62
LA SALUD
Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un
médico calificado que deberá poseer elementales conocimientos psiquiátricos.
También, todo recluso debe tener acceso a un dentista calificado.
Se debe disponer el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados
especiales, a hospitales públicos o privados.
En los establecimientos para mujeres deberían existir instalaciones especiales para el
tratamiento de las internas embarazadas.
LA FAMILIA-VISITAS
Todos los reclusos estarán autorizados a tener contacto periódico, bajo la debida vigilancia,
con familiares y amigos de buena reputación, en lo referido a correspondencia y visitas.
El derecho a recibir visitas es de aplicación para todos los presos, independientemente de
carácter del delito que se le imputa o por el que están condenados.
CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR
De la misma forma, todos los reclusos deben ser informados periódicamente de los
principales acontecimientos, a través de los diferentes de medios de comunicación,
audiovisuales y escritos.
Los internos de nacionalidad extranjera deberán contar con las facilidades para
comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. Si no existe la debida
acreditación diplomática o consular del Estado del que es nacional el recluso en el
Ecuador, o este sea apátrida o refugiado, deberán contar con las facilidades para
comunicarse con las autoridades nacionales o internacionales representativas del Estado
que esté a su cargo.
63
Los derechos de los detenidos a comunicarse con otros y a recibir visitas son salvaguardias
fundamentales frente a abusos contra los derechos humanos tales como la tortura, los
malos tratos, etc. Las personas encarceladas deben poder comunicarse con el mundo
exterior, sujetas sólo a condiciones y restricciones razonables.
RELIGIÓN
Se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndosele
participar en los servicios organizados al efecto, así como tener textos relacionados con su
religión.
En el caso de existir varios reclusos que pertenezcan a una misma religión, se designará o
admitirá un representante autorizado de la misma. En ese sentido, se deberá autorizar la
organización periódica de servicios religiosos, así como las visitas pastorales
correspondientes a los reclusos.
TRASLADO DE LOS RECLUSOS
Al momento del traslado de los reclusos, este deberá hacerse de forma que impida su
exposición pública de la mayor forma posible, en vehículos que guarden las condiciones de
resguardar de cualquier sufrimiento físico, y en condiciones de igualdad para todos los
reclusos.
TRATAMIENTO
El tratamiento de los condenados a una pena privativa de la libertad debe tener por objeto,
en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir
conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para
hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar el respeto de si mismos y
desarrollar el sentido de responsabilidad.
64
De cada recluso se debe realizar un informe para su tratamiento individualizado, teniendo
en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus
inclinaciones.
En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los diferentes
grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena
conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación
de los reclusos en lo que atañe a su tratamiento.
El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir
entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de
responsabilidad del recluso o respeto a la dignidad de su persona.
Es conveniente que antes del término de la ejecución de la pena, se adopten los medios
necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este
propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la
liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o
mediante la prelibertad o libertad controlada.
Los establecimientos carcelarios no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con
respecto a todos los grupos sino la que sea necesaria para cada uno de ellos (de seguridad
máxima, de seguridad media, de seguridad mínima, o especiales para sindicados,
procesados y contraventores).
Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de seguridad física contra la
evasión, y en los que se confía en la autodisciplina de los reclusos, proporcionan por este
mismo hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las condiciones más favorables para su
readaptación.
En establecimientos cerrados, el elevado número de reclusos constituye un obstáculo para
la individualización del tratamiento.
65
66
CAPITULO II.
MARCO METODOLOGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación sobre el tema:” LA VULNERACION DE DERECHOS A LAS
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y SU INCIDENCIA EN LA
REHABILITACION SOCIAL EN EL ECUADOR”, constituye un análisis sobre la
vulneración de Derechos a los privados de la libertad al momento de su rehabilitación.
Al establecer el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos parámetros para que
se realice esta rehabilitación, lo que se plasma es la violación del derecho a una vida digna,
dejando a un lado la rehabilitación a la que debe estar presto la persona que recibe
sentencia, las entidades públicas deben garantizar una rehabilitación coherente y a su vez
proteger los derechos de las personas que al estar privadas de la libertad no les quita la
protección por parte del estado.
El criterio tanto de Jueces de Unidad de Garantías Penales, Director y personal del
Centro de privación de la libertad de personas Adultas, Abogados en libre ejercicio
profesional en la ciudad de Ambato, nos establece la importancia de una rehabilitación
adecuada para estas personas puesto que al cumplir sus penas ellos salen y deben
reintegrarse a la sociedad con el fin la seguridad a la propiedad privada, a partir de su
definición, sus fines y la forma en la que se desarrolla en nuestro país como parte de los
beneficios para los propietarios de propiedad privada.
Juntando estos conocimientos podemos llegar a conclusiones que cumplen con los
objetivos propuestos y que ratifiquen la necesidad de proteger a las personas privadas de la
libertad con el fin de velar, garantizar y proteger la vida de estos, a su vez y enfocándonos
alcanzar el trato humanitario e igualitario de toda la población carcelaria.
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación será cuali-cuantitativa.
67
CUALITATIVA porque me ayudará entender el fenómeno social y sus características.
CUANTITATIVA porque para la investigación de campo se utilizará la estadística
descriptiva.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de carácter DESCRIPTIVO porque está dirigida a determinar
cómo es y cómo está la situación de las variables de la investigación, a la vez que es de
carácter aplicada por cuanto ofrece propuestas factibles para la solución del problema
planteado.
BIBLIOGRÁFICA por cuanto requiere de la información necesaria para la comprensión
del problema de investigación y para su correspondiente solución.
IDEOGRÁFICA en tanto estudiara en su unicidad y corrección en la normativa jurídica.
POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN
La realización de esta investigación se llevará a cabo en la provincia de Tungurahua cantón
Ambato.
Los estratos que se seleccionarán serán los siguientes:
COMPOSICIÓN
POBLACIÓN
Personas privadas de la libertad varones
520
Personas privadas de la libertad mujeres
80
Personal Unidad de Garantías Penales
15
68
Personal del Centro de privación de la
libertad de personas Adultas
10
Abogados en Libre Ejercicio
2010
TOTAL
2635
Para obtener la muestra de los estratos de se aplicará la siguiente fórmula:
Muestra
FORMULA:
N
n= -------------------------
(E)2 (N-1) +1
n = Tamaño de la Muestra
N = Población o Universo
E = Margen de Error (0.1 a 0.9)
2635
n = --------------------------
(0.1)2 ( 2635 -1)+1
2635
n = ----------------------
(0.01) (2634 ) +1
69
2635
n = ------------------
26.34+1
2635
n = ---------------
27.34
n = 96.38
n= 96
2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
La presente investigación se basó en los siguientes métodos:
Inductivo - Deductivo
Lo que permitirá valorar los derechos fundamentales que tiene las personas privadas de la
libertad , en la aplicación del sistema progresivo de rehabilitación social desde un
todo hasta llegar a las partes componentes del problema planteado, es decir
partimos de lo general a lo particular y hacer un análisis del todo.
Analítico - Sintético
Para realizar un análisis del objeto de transformación que realizará un análisis general
sobre lo que es el sistema progresivo de rehabilitación social en el Ecuador, su
aplicación en concordancia con la Constitución de la República y la normativa
existente, la vulneración de los derechos de los privados de la libertad y su
incidencia en su rehabilitación y reinserción social.
70
Histórico – Lógico
Se analiza la evolución del sistema progresivo de rehabilitación social en el Ecuador,
su aplicación en concordancia con la Constitución de la República y la normativa
existente, los derechos de los privados de la libertad, analizando la relación causa-
efecto de cada uno de ellos, y dar una solución al problema planteado, comparando los
sistemas anteriores de rehabilitación social y el actual.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Se utilizará la encuesta y la observación directa a través de la cual se obtienen
informaciones de la fuente del problema y su posible solución, la cual se realizará a
personal de Unidad de garantías penales, Director y personal del Centro de privación
de la libertad de personas Adultas, Abogados en libre ejercicio profesional en la ciudad
de Ambato.
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Se utilizara el cuestionario como medio para la realización de preguntas que serán
tabuladas y representadas estadísticamente
71
PREGUNTA No. 1
1) Conoce Usted. ¿Quiénes son las personas privadas de la libertad?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 96 100%
NO 0 0%
TOTAL 96 100%
GRÁFICO No. 1
INTERPRETACIÒN
En la pregunta sobre si se conoce quienes son las personas privadas de la libertad, se puede
observar que la totalidad de las personas que han sido encuestadas conocen el tema y de lo
que significa este término.
100%
0%Pregunta No. 1
SI
NO
72
PREGUNTA No. 2
2. Sabe usted. ¿cuáles son los fines de la rehabilitación de las personas
privadas de la libertad?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 43 45 %
NO 53 55%
TOTAL 96 100%
GRÁFICO No. 2
INTERPRETACIÒN
De las personas encuestadas un 55 % por ciento desconocen cuáles son los fines de la
rehabilitación social de las personas privadas de la libertad, tienen poco conocimiento, el
estado ecuatoriano debería garantizar una rehabilitación justa y coherente.
45%
55%
Pregunta No. 2
SI NO
73
PREGUNTA No. 3
3. Sabe Usted ¿cuál es el procedimiento para la rehabilitación de las personas
privadas de libertad?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 41 43%
NO 55 57%
TOTAL 96 100%
GRÁFICO No. 3
INTERPRETACIÒN
En la pregunta sobre el conocimiento del procedimiento para la rehabilitación de las
personas privadas de libertad, se puede observar que la mayoría de las personas que han
sido encuestadas no tienen conocimiento sobre la rehabilitación de las personas privadas de
libertad
43%
57%
Pregunta No. 3
SI
NO
74
PREGUNTA No. 4
4. Cree usted que en el país se realiza una rehabilitación social adecuada con
las personas privadas de la libertad?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 26 27%
NO 70 73%
TOTAL 96 100%
GRÁFICO No.4
INTERPRETACIÒN
En relación a la pregunta relativa al conocimiento sobre la rehabilitación social adecuada
con las personas privadas de la libertad, se puede apreciar que en país no se realiza una
rehabilitación social adecuada, afectando a las personas privadas de la libertad.
27%
73%
Pregunta No.4
SI
NO
75
PREGUNTA No. 5
5. Conoce usted sobre tratados internacionales que protejan los derechos de
las personas privadas de la libertad?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 25 26%
NO 71 74%
TOTAL 96 100%
GRÁFICO No. 5
INTERPRETACIÒN
El 74% de los encuestados, desconocen de tratados internacionales que protejan los
derechos de las personas privadas de la libertad, sacando como conclusión que falta por
parte del estado la aplicación de buenas políticas para capacitar mediante conferencias
sobre los derechos que hablan los tratados internacionales.
26%
74%
Pregunta No. 5
SI
NO
76
PREGUNTA No. 6
6. Considera usted que en el país debería existir centros de rehabilitación social que
se adecuen a tratados internacionales y no vulneren derechos?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 96 100%
NO 0 0%
TOTAL 96 100%
GRÁFICO No. 6
INTERPRETACIÒN
Del 100% de encestados, manifiestan en su totalidad que es necesario los centros de
rehabilitación social adecuados con el fin de precautelar derechos de los privados de
libertad y respondan a las necesidades del sistema de rehabilitación y las políticas
estatales.
100%
0%
Pregunta No. 6
SI
NO
77
PREGUNTA No. 7
7. ¿Cree usted que la rehabilitación social establece parámetros de buena conducta
con la persona privada de la libertad?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 72 75%
NO 24 25%
TOTAL 96 100%
GRÁFICO No.7
INTERPRETACIÒN
De acuerdo a los resultados obtenidos observamos que 75% de la población encuestada
esta de acuerdo en Un adecuado sistema de rehabilitación social, mejora la conducta de
los privados de libertad estimulando de esta manera s su rehabilitación y sobre todo el
estado es el responsable de implementar programas que garanticen lo establecido en esta
encuesta.
75%
25%
Pregunta No. 7
SI
NO
78
PREGUNTA No. 8
8. Cree usted que el estado debe establecer políticas públicas encaminadas a la
protección de derechos de los privados de la libertad para conseguir una
rehabilitación adecuada?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 80 83%
NO 16 17%
TOTAL 96 100%
GRÁFICO No.8
INTERPRETACIÒN
Al momento de analizar las encuestas notamos que en el país se deben crear nuevos centro
de rehabilitación con el fin de garantizar una rehabilitación adecuada de todas las personas
privadas de la libertad, dándoles una nueva oportunidad para rehabilitarse.
83%
17%
Pregunta No. 8
SI
NO
79
PREGUNTA No. 9
9. Cree ud. que con una rehabilitación adecuada a las personas privadas de la
libertad se está garantizando su reinserción en el ámbito social?
GRÁFICO No.9
INTERPRETACIÒN
De acuerdo a los resultados obtenidos observamos que el 83% de la población encuestada
esta de acuerdo en que con una verdadera rehabilitación se asegura la inserción del privado
de la libertad en la sociedad mediante una adecuada aplicación de la rehabilitación.
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 80 83%
NO 16 17%
TOTAL 96 100%
83%
17%
Pregunta No. 9
SI
NO
80
PREGUNTA No. 10
10. Considera usted que la elaboración de un documento de análisis crítico jurídico
servirá como instrumento de consulta para no vulnerar los derechos de las personas
privadas de la libertad?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 80 83%
NO 16 17%
TOTAL 96 100%
GRÁFICO No.10
INTERPRETACIÒN
Al momento de analizar las encuestas notamos que en el país se deben crear nuevos centro
de rehabilitación con el fin de garantizar una rehabilitación adecuada, con los existentes ya
en nuestro país se puede evidenciar que existen mejor rehabilitación social del privado de
la libertad porque se da la oportunidad de interactuar en diferentes actividades de manera
efectiva.
83%
17%
Pregunta No. 10
SI
NO
81
2.3. CONCLUSIONES PARCIALES
Se deben crear más centros de rehabilitación con el fin de garantizar una
rehabilitación justo y equitativa que no viole derechos puesto que al no existir
espacio físico necesario en los centros de rehabilitación actuales el país, el estado
debe velar los intereses de las personas privadas de la libertad otorgando el espacio
físico necesario para que puedan vivir correctamente.
Tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada en el presente trabajo de
investigación, la mayoría de encuestados desconoce la forma de rehabilitación
social que se emplea en el país, por lo que se debe garantizar una rehabilitación
segura y eficaz para la persona que cumple sentencia.
La rehabilitación social, no está respondiendo al sistema progresivo de
rehabilitación social, debido a una administración inoperante que ha
permitido el abuso y vulneración de los derechos humanos de las personas
privadas de su libertad, contraviniendo inclusive a tratados internacionales
ratificados por el Ecuador.
82
CAPITULO III.
VALIDACION Y/O EVALUACION DE RESULTADOS DE SU APLICACIÓN
EXPOSICION DE MOTIVOS.
Debemos comprender que una característica esencial de la rehabilitación y la reinserción
social, es la opción del cambio; si al individuo se le da nuevas perspectivas de superación,
aquella energía negativa que le obligaba al procesado a delinquir, será anulada y convertida
en energía laboral y fuerza de trabajo, es decir apegarnos a implementar en los centros de
Rehabilitación Social lo que determina el articulo 203 numeral 2 de la Constitución de la
República del Ecuador “ En los centros de rehabilitación social y en los de detención
provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de
producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud
mental y física o de cultura y recreación”. De lo expresado anteriormente radica la
importancia.
Del documento de análisis crítico jurídico, del mismo que se desprende un breve análisis
de la problemática diaria que deben enfrentar las personas privadas de la libertad , cuyo
objetivo es remover la conciencia que permita mejorar la calidad de vida en la estancia en
el centro de reclusión, para posteriormente a su liberación a través del Departamento de
Reclutamiento y ubicación de Personal Rehabilitado permitir cerrar el círculo de la
rehabilitación del individuo liberado.
La limitación de trabajo que tienes las personas que son liberadas actualmente luego de
haber cumplido una pena, se está acentuando con más rigor en los actuales tiempos, esto
porque no ha existido dentro y fuera de las instalaciones de rehabilitación un verdadero
programa de mejora continua dirigido al Reo entrenándolo en un arte u oficio honesto que
le permita a éste, luego de transcurrido su periodo de reclusión hacer uso de sus
capacidades e intelectos en beneficio de sí mismo y de la comunidad, reforzado esto con
una educación continua enmarcada en valores que este al momento del ingreso no los
tenía; al fin del proceso al de su liberación, la persona privada de la libertad deberá ser
capaz de ejercer honestamente y adecuadamente su arte y oficio y darlo a un tercero
mediante la oferta de su potencial laboral.
83
DOCUMENTO DE ANALISIS JURIDICO CRITICO DE VULNERACION DE
DERECHOS HUMANOS A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
La naturaleza de los problemas identificados revela la existencia de serias deficiencias
estructurales que afectan gravemente derechos humanos inderogables, como el derecho a la
vida y a la integridad personal de los PPLS, e impiden que en la práctica las penas
privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que establece la Convención
Americana: la reforma y la readaptación social de los condenados.
Desde hace cinco décadas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha venido
dando seguimiento a la situación de las personas privadas de libertad en las Américas por
medio de sus distintos mecanismos; sobre todo, a partir del establecimiento en marzo del
2004.
Por lo tanto, para que los sistemas penitenciarios, y en definitiva la privación de libertad
como respuesta al delito, cumplan con su finalidad esencial, es imprescindible que los
Estados adopten medidas concretas orientadas a hacer frente a estas deficiencias.
El hecho de que las personas privadas de la libertad en el Estado se encuentren en una
situación de especial vulnerabilidad, aunado a la frecuente falta de políticas públicas al
respecto, ha significado frecuentemente que las condiciones en las que se mantiene a estas
personas se caractericen por la violación sistemática de sus derechos humanos. Por lo
tanto, para que los sistemas penitenciarios, y en definitiva la privación de libertad como
respuesta al delito, cumplan con su finalidad esencial, es imprescindible que el Estado
Ecuatoriano adopte medidas concretas orientadas a hacer frente a estas deficiencias
estructurales.
Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada es un aspecto necesario para
garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena administración de la justicia.
Por el contrario, cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos necesarios, su
función se distorsiona, en vez de proporcionar protección, se convierten en escuelas de
84
delincuencia y comportamiento antisocial, que propician la reincidencia en vez de la
rehabilitación.
La posición del Estado frente a las personas privadas de libertad, parte de la idea
fundamental de que el Estado al privar de la libertad a una persona asume una
responsabilidad especial de la que surgen deberes concretos de respeto y garantía de sus
derechos, y de la que surge una fuerte presunción de responsabilidad internacional del
Estado con respecto a los daños que sufren las personas mientras se encuentren bajo su
custodia.
El primer deber del Estado como garante de las personas sometidas a su custodia, es
precisamente el deber de ejercer el control efectivo y la seguridad interna de los centros de
rehabilitación Social; si esta condición esencial no se cumple es muy difícil que el Estado
pueda asegurar mínimamente los derechos fundamentales de las personas bajo su custodia.
El Estado se torna incapaz de garantizar mínimamente los derechos humanos de los
reclusos y se trastoca y desnaturaliza totalmente el objeto y fin de las penas privativas de la
libertad. En estos casos aumentan los índices de violencia y muertes en las cárceles; se
generan peligrosos círculos de corrupción, entre otras muchas consecuencias del descontrol
institucional en las cárceles, con frecuencia se ha podido observar que la vida de las
personas privadas de libertad se encuentra en riesgo, la principal, los sin números de actos
de violencia carcelaria entre internos.
Existen cantidad de muertes se producidas por hechos de violencia entre internos. En una
información oficial recopilada las cifras de muertes violentas en cárceles en algunos
Estados de Sud América, fue la siguiente: Chile 203 (2005‐ 2009); Ecuador 172
(2005‐junio 2010), y Colombia 113 (2005‐2009)
Los Estados como garantes de los derechos de las personas bajo su custodia, tienen el
deber de investigar de oficio y con la debida diligencia la muerte de todas aquellas
personas que perdieron la vida estando bajo su custodia, aún en aquellos casos en los que
inicialmente se presenten como suicidios o como muertes naturales.
La integridad personal, se pone de relieve que actualmente la causa más extendida y
común para el empleo de la tortura son los fines de investigación criminal, situación que ha
sido ampliamente documentada, tanto por la CIDH, como por otros mecanismos
85
internacionales de monitoreo, en países como México, Paraguay, Ecuador, Brasil y de
forma muy concreta en la base naval de Guantánamo en territorio de los Estados Unidos,
entre otros.
La impunidad en la que se mantienen estos actos; la falta de capacitación, equipos y
recursos necesarios para que los cuerpos de seguridad encargados de investigar los delitos
tengan las herramientas adecuadas para cumplir con sus funciones; las políticas de “mano
dura” o “tolerancia 0”; y el conceder valor probatorio a las pruebas obtenidas bajo tortura.
La CIDH plantea la adopción de medidas concretas de prevención de la tortura, el control
judicial efectivo de las detenciones, la investigación diligente y efectiva de estos actos, y la
necesidad de que las autoridades del Estado envíen un mensaje claro, decidido y enérgico
de repudio a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El derecho a la integridad personal de los presos también puede verse vulnerado por las
graves condiciones de reclusión en las que se les mantiene. En este sentido, el
hacinamiento, genera una serie de condiciones que son contrarias al objeto mismo de la
privación de libertad como pena.
El hacinamiento, aumenta las fricciones y los brotes de violencia entre los reclusos,
propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de
salud de las cárceles, constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de incendios y otras
calamidades, e impide el acceso a los programas de rehabilitación, entre otros graves
efectos. Este problema, común a todos los países de la región es a su vez la consecuencia
de otras graves deficiencias estructurales, como el empleo excesivo de la detención
preventiva, el uso del encarcelamiento como respuesta única a las necesidades de
seguridad ciudadana y la falta de instalaciones físicas adecuadas para alojar a los reclusos.
Es deber del Estado proveer servicios de salud a las personas sometidas a su custodia es
obligación garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, y que
dicha responsabilidad internacional se mantiene aún en el supuesto de que tales servicios
sean proveídos en las cárceles, libertad, los recursos y servicios básicos no reúnen los
estándares mínimos, los familiares de los internos se ven obligados a cubrir estas
necesidades.
86
El contacto y las relaciones familiares de las personas privadas de libertad, no sólo es un
derecho protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, sino que es una
condición indispensable para su resocialización y reincorporación a la sociedad. Por otro
lado, dado que en muchos centros de privación de libertad, los recursos y servicios básicos
no reúnen los estándares mínimos, los familiares de los internos se ven obligados a cubrir
estas necesidades.
Los tratados internacionales de derechos humanos consagran derechos que los Estados
deben garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción. Así, se inspiran en valores
comunes superiores, centrados en la protección del ser humano; se aplican de conformidad
con la noción de garantía colectiva; consagran obligaciones de carácter esencialmente
objetivo; y cuentan con mecanismos de supervisión específicos. Además, al ratificar los
tratados de derechos humanos los Estados se comprometen a interpretar y aplicar sus
disposiciones de modo que las garantías que aquellos, establecen sean verdaderamente
prácticas y eficaces.
La mayoría de estos Estados también son Partes de tratados análogos adoptados en el
contexto de la Organización de Naciones Unidas; particularmente, del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, que entró en vigor en marzo de 1976, y que a la fecha ha sido ratificado
por treinta Estados de las Américas, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigencia en junio de 1987 y de la
cual son parte veintitrés Estados de esta región.
La Comisión Interamericana reafirma que el derecho internacional de los derechos
humanos exige al Estado garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su
custodia. Consecuentemente, uno de los más importantes predicados de la responsabilidad
internacional de los Estados en relación a los derechos humanos es velar por la vida y la
integridad física y mental de las personas privadas de libertad.
Las Constituciones de los Estados miembros de la OEA contienen normas que directa o
indirectamente son aplicables a aspectos esenciales de la privación de libertad. En este
sentido, la mayoría absoluta de las Constituciones de la región contienen disposiciones
generales dirigidas a tutelar los derechos a la vida e integridad personal de sus habitantes, y
algunas de ellas hacen referencia específica al respeto de este derecho de las personas en
condición de encierro o en custodia.
87
Una consecuencia jurídica propia de la privación de libertad es la presunción iuris tantum
de que el Estado es internacionalmente responsable por las violaciones a los derechos a la
vida o a la integridad personal que se cometan contra personas que se encuentran bajo su
custodia.
La falta de recursos económicos no justifica la violación por parte del Estado de derechos
inderogables de las personas privadas de libertad. Los Estados no pueden invocar
privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los
estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano.
El reconocimiento de la dignidad inherente a toda persona con independencia de sus
condiciones personales o su situación jurídica es el fundamento del desarrollo y tutela
internacional de los derechos humanos. Con lo cual, el ejercicio de la función pública tiene
unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la
dignidad humana.
El derecho de las personas privadas de libertad a recibir un trato humano mientras se hallen
bajo custodia del Estado es una norma universalmente aceptada en el derecho
internacional.
El deber del Estado de proteger la vida e integridad personal de toda persona privada de
libertad incluye la obligación positiva de tomar todas las medidas preventivas para proteger
a los reclusos de los ataques o atentados que puedan provenir de los propios agentes del
Estado o terceros, incluso de otros reclusos.
Que el Estado ejerza el control efectivo de los centros penitenciarios implica,
fundamentalmente que éste debe ser capaz de mantener el orden y la seguridad a lo interno
de las cárceles, sin limitarse a la custodia externa. Es decir, que debe ser capaz de
garantizar en todo momento la seguridad de los reclusos, sus familiares, las visitas y de las
personas que laboran en los centros penitenciarios.
Cuando el Estado no ejerce el control efectivo de los centros de rehabilitación social , se
producen graves situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad personal de las
persona privadas de la libertad.
Las cárceles las principales causas de violencia carcelaria son: la falta de control efectivo
del orden y la seguridad interna de los centros penitenciarios; la falta de personal de
88
seguridad suficiente y capacitado; la corrupción; el uso excesivo de la fuerza y el trato
humillante hacia los reclusos por parte de los agentes de seguridad o guías penitenciarios;
el ingreso y circulación de alcohol, drogas y dinero en las cárceles; la tenencia de armas
por parte de los internos; la actividad de grupos criminales que operan en las cárceles, y las
constantes disputas entre estos grupos por el control de las mismas; el hacinamiento y las
deficientes condiciones de detención; la falta de separación de internos por categorías; la
falta de protección de grupos vulnerables; la ausencia de actividades productivas en las que
reclusos puedan ocuparse; el trato discriminatorio o abusivo hacia los familiares de los
reclusos; e incluso, las deficiencias en la administración de justicia, como la mora judicial.
Por otro lado, toda persona que ingresa a un centro de privación de libertad, del tipo que
sea, debe ser informada de inmediato y en un lenguaje que comprenda acerca de sus
derechos, la forma de ejercerlos y las reglas que rigen en el establecimiento.
Si las personas desconocen sus derechos, su capacidad para ejercerlos se ve seriamente
afectada. Proveer a las personas privadas de libertad de información sobre sus derechos
constituye un elemento fundamental en la prevención de la tortura y los malos tratos. En
particular que se le informe de su derecho a contactar a un tercero e informarle acerca de
su ingreso en el referido establecimiento. Es recomendable que esta información se
publique en lugares visibles en un lenguaje comprensible para los privados de libertad.
La implementación efectiva de toda política penitenciaria depende, en definitiva, de
aquellos funcionarios directamente encargados de la administración de los centros de
privación de libertad.
El fenómeno de la corrupción en los centros de privación de libertad se manifiesta de
diversas formas según sea el contexto específico de que se trate, y en el que pueden estar
involucradas autoridades de distintos niveles.
Los funcionarios de la carrera penitenciaria deberán gozar de estabilidad y un sistema de
ascensos y de mejoramiento progresivo de las condiciones laborales conforme a los años
de servicio y otros sistemas de méritos establecidos en la ley. Estas condiciones deberán
ser tales que la carrera penitenciaria sea percibida como una opción viable de tener un
empleo digno y bien remunerado. Y su estabilidad en el cargo deberá depender únicamente
de su desempeño laboral y del cumplimiento de la ley.
89
Se debe procurar erradicar la corrupción implementando medidas preventivas, acciones
judiciales, y programas públicos para evaluar y garantizar la gobernabilidad de las
prisiones, suprimiéndose las formas de autogobierno en aquellos centros penitenciarios en
los que las autoridades no ejercen un control efectivo.
Mantener un régimen de trato igualitario y justo entre las personas privadas de libertad,
que garantice que el régimen de privación de libertad debe ser el mismo para todos los
reclusos, sin diferenciaciones de trato ni individualizaciones discriminatorias por razones
económicas ni de ningún otro tipo.
Incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior, y establecer patrones
de vigilancia continua al interior de los establecimientos, evitar de manera efectiva el
ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos por la ley, a
través de registros e inspecciones periódicas, y la utilización de medios tecnológicos u
otros métodos apropiados, incluyendo la requisa al propio personal.
Se deberá asegurar que el número de agentes penitenciarios sea suficiente para garantizar
la seguridad en los establecimientos penitenciarios.
Adoptar medidas para sancionar a las autoridades a cuyo cargo se encuentran las personas
privadas de libertad nieguen la detención de ésta, o intencionalmente den información falsa
acerca de su paradero, erradicar la práctica de las detenciones masivas de personas sin
mediar orden judicial previa ni ser sorprendida en flagrante delito.
El derecho a la vida es el más fundamental de los derechos humanos establecidos en los
instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos y en otros sistemas de
derechos humanos, pues sin el pleno respeto de este derecho es imposible garantizar o
gozar efectivamente de ninguno de los otros derechos humanos o libertad.
Las continuas violaciones al derecho a la vida de las personas privadas de libertad
constituyen actualmente uno de los principales problemas de los Centros de Rehabilitación
Social, siendo una de las causas de muertes de personas privadas de la libertad.
El derecho a la integridad personal, al igual que el derecho a la vida, es un derecho humano
fundamental y básico para el ejercicio de todos los otros derechos. Ambos constituyen
mínimos indispensables para el ejercicio de cualquier actividad. Así, y como ya se ha
subrayado, el Estado se encuentra en una posición de garante frente a las personas
90
sometidas a su custodia, lo que implica para éste un deber especial de respeto y garantía de
los derechos humanos de los reclusos, en particular sus derechos a la vida e integridad
personal.
En atención a las consideraciones anteriores, la Comisión Interamericana reafirma que toda
persona privada de libertad debe recibir un trato humano, acorde con el respeto a su
dignidad inherente. En este sentido, los deberes del Estado de respetar y garantizar el
derecho a la integridad personal a todas las personas sometidas a su jurisdicción aplican
independientemente de la naturaleza de la conducta por la cual la persona en cuestión ha
sido privada de libertad.
Deben tener derechos a la igualdad: a los servicios de salud de los Centros de
Rehabilitación Social; a los programas educativos, laborales y de capacitación; a los
talleres y materiales de lectura; y a las actividades culturales, deportivas y religiosas; y al
contacto con el mundo exterior y con sus familiares.
Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados”. Esta disposición constituye una norma con alcance
y contenido propios cuyo cumplimiento efectivo implica que los Estados deben adoptar
todas aquellas medidas necesarias para la consecución de tales fines. En términos
similares, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone
que: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y la readaptación social de los penados
Por su parte, la Comisión Interamericana, en atención a una interpretación evolutiva del
citado artículo 5.6 de la Convención, estableció en el Preámbulo de los Principios y Buenas
Prácticas que: “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma,
la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y
reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad”, este
enunciado se desarrolla con mayor amplitud en los Principios XII y XIV.
Por ello, la educación es una fuente importante la misma que debería estar orientada al
desarrollo integral de la persona, en cuanto a la naturaleza que debe tener el trabajo
penitenciario, las Reglas Mínimas disponen inter alia que debe ser “productivo”; que “en
la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir a mantener o aumentar la capacidad
del recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación”; y que “se dará
91
formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en capacidad de
aprovecharla”
Es decir, el trabajo penitenciario, además de servir para incentivar la cultura de trabajo y
combatir el ocio, debe procurar ser útil para la buena marcha del establecimiento penal y/o
para la capacitación del propio recluso.
En los sistemas penitenciarios la falta de oportunidades de trabajo para los reclusos, y
sobre todo de trabajo productivo es una constante, es normal que en un Centro de
Rehabilitación Social, por su propia naturaleza, se empleen reclusos en tareas de limpieza,
asistencia en las cocinas, atención en los kioscos y economatos, e incluso como asistentes
en determinadas tareas de oficina, pero estas no pueden ser las únicas opciones de trabajo
que se ofrezcan siempre a los reclusos, es preciso que los Estados adopten las medidas
necesarias para emprender otras iniciativas y proyectos; y que, en observancia de los
requisitos y controles legales vigentes, se promueva mucho más el trabajo extramuros de
los reclusos.
Las autoridades nacionales presentan información relativa a la implementación de
programas de trabajo y capacitación, como talleres de carpintería, ebanistería, panaderías,
entre otros, pero en los hechos, la realidad constatada es otra. Con frecuencia tales talleres
están desprovistos del equipo básico para su funcionamiento, e incluso en muchos casos se
ha visto que los propios internos tienen que procurarse por sí mismos los materiales y los
insumos para trabajar.
Además, por regla general lo que se hace en estos talleres no pasa de una actividad
artesanal que desarrollan unos pocos reclusos. De igual manera, es una realidad que en
muchos Centros de Rehabilitación Social aquellos puestos de trabajo intramuros donde se
realizan actividades más ligeras y en ambientes más cómodos y seguros, se otorgan de
manera preferencial a determinados reclusos.
El 14 de noviembre de 2007 se creó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos. Desde entonces se han diseñado diferentes campos de acción en beneficio de la
ciudadanía. Entre los aportes realizados está la transformación del sistema penitenciario y
de la normativa legal vigente, a través de la propuesta del Código Orgánico Integral Penal
(COIP).
92
El sistema penitenciario ecuatoriano evidencia un nuevo rostro en la rehabilitación social.
Uno de los elementos de la transformación constituye la infraestructura, que apuntala a la
reinserción de las personas privadas de libertad (PPL) y un modelo de gestión vinculado
con los ejes: educativo-cultural-deportivo, trabajo, salud integral y vínculos familiares que
convierte a la familia en el pilar de la reinserción.
Asimismo, se diseña un plan de vida que se complementa con los ejes del modelo, que
establecen metas diseñadas para cada interno. De esta forma, desarrollan sus capacidades y
vocación, diseñan metas y objetivos y se identifican sus habilidades, así como los plazos
para avanzar en el sistema progresivo.
El proceso se articula con la construcción de modernos centros regionales y su
humanización mediante un campo de acción efectiva, que tiene como fin resolver los
problemas heredados de un sistema penitenciario caduco que provocaba que las personas
sentenciadas por la comisión de un delito regresen a la sociedad sin un proyecto de vida,
sin una opción de trabajo y reinserción.
Por primera vez en la historia del Ecuador, el ámbito penitenciario es considerado como
parte de las políticas sociales que pretende convertirse en un modelo y
referente internacional.
93
CONCLUSIONES GENERALES
1. En el Centro de Rehabilitación Social de la Ciudad de Ambato, como en los otros
Centros de Rehabilitación del país, la falta de rehabilitación y un mal sistema
judicial, son las principales razones del incremento delincuencial en el Ecuador. La
injerencia política ha denotado inestabilidad en los cargos de Directores de los
Centros de Rehabilitación y Directores Departamentales restringiendo el desarrollo
de planes y programas de rehabilitación social basados principalmente en la
educación y en el desarrollo de trabajo en perjuicio de los internos.
2. Los Centros de Rehabilitación Social del país han rebasado su capacidad instalada
atentando contra los derechos humanos e imposibilitando la implementación de la
educación y trabajo como medio de rehabilitación tal como lo establece la
Constitución de la República del Ecuador, Pactos y Convenios Internacionales.
3. Los espacios dedicados a la capacitación y trabajo, son cada vez más reducidos
para una creciente e imparable población carcelaria, esto no presta las condiciones
para aplicar las Reglas mínimas para el tratamiento de los internos e internas y
como consecuencia, se produzcan más a menudo conflictos y violencia. La
situación legal de los internos del Centro de Rehabilitación Social del cantón
Ambato sigue siendo un problema derivado de la lentitud con que se manejan los
procesos judiciales y la falta de patrocinio de profesionales que estén realmente
entregados a poner en disposición sus servicios profesionales de manera gratuita.
4. Los programas de rehabilitación apenas cubren en un minimo porcentaje, violando
los derechos a la educación y trabajo que tiene todas las personas de la libertad,
muchos de los cuales no continúan su proceso, debido a la falta de organización y
recursos para su continuidad.
94
RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que se podrían plantear para solucionar los aspectos más emergentes
de la problemática carcelaria serian:
1. Hacer énfasis en el derecho que tiene las personas privadas de la libertad para
educarse de manera continua y el trabajo firme de las personas privadas de la
libertad, como uno de los derechos más importantes que tiene el Estado, siendo esta
una de las herramienta de tratamiento penitenciario más eficaz, tendiente a
incrementar las capacidades de las personas privadas de la libertad para integrarse
positivamente a la vida en comunidad, una vez cumplida la pena.
2. Evitar la sobrepoblación (hacinamiento), el deterioro físico y psicológico que la
prisión produce en los reclusos. Hacer que la actividad laboral, educativa o
cultural, ocupe a todos y cada uno de las personas privadas de la libertad
3. Que las Juezas y Jueces de Garantías Penitenciarias. como órganos competentes,
conforme el Art. 666 del Código Orgánico Integral Penal, sean los encargados de
la ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá al Organismo Técnico
encargado del Sistema de Rehabilitación Social, bajo el control y supervisión de
las juezas o jueces de garantías penitenciarias.
4. Dentro de los Centros de Rehabilitación Social, los niveles de educación inicial,
básica y bachillerato deben ser obligatorios para todas la personas Privadas de la
libertad que no hayan aprobado con anterioridad estos niveles, al igual que el nivel
superior, solo la educación rompe cadenas mentales.
95
BIBLIOGRAFIA
LIBROS
ABARCA GALEAS, Luis. “La Tutela Jurídica Constitucional del Debido Proceso”
Editorial Jurídica del Ecuador, Quito. Ecuador 2013.
ABARCA GALEAS, Luis. “El Estado Constitucional de Derecho y Justicia Social”
Editorial Jurídica del Ecuador, Quito. Ecuador 2013
CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual” tomo II. Editorial
ARAYÚ, Buenos Aires, Argentina, 1954.
CUELLO CALON, Eugenio. “Derecho Penal’. Bosch casa editorial. Tercera
edición, Barcelona, 1932.
CONDE PUMPIDO CANDILO, Derecho Penal parte General, 2da. Edición .
1990, pp 32.
DE PARAMO, Juan. “Obediencia al derecho: revisión de una polémica”, Editorial
Isegoria, Madrid, 2008.
GARCIA FALCONI, Ramiro. “Temas fundamentales del derecho procesal penal”
GARRIDO GUZMAN LUIS, Manual de ciencia penitenciaria , Madrid, 1983, p.
73. Editorial Jurídica Cevallos. Quito 2011.
GORDILLO GUZMAN, David. “La limitación de la acción de protección contra
decisiones judiciales y su incidencia en la indefensión” Editorial WorkHouse
Procesal, Quito, Ecuador 2010
GARCIA VALDES CARLOS, Comentarios a la Legislación Penitenciaria, 2da.
Edición , Madrid, 1982, p. 23
SANTOS BASANTES, Jaime. “El debido proceso penal” Editorial CEP Quito-
Ecuador 2009.
SALAZAR SANCHEZ, Marta. Positivización del derecho de resistencia en el
derecho constitucional alemán”, revista chilena de derecho, Santiago 1993.
UGARTEMENDIA, Juan. El Derecho de resistencia y su constitucionalización.
Revista de Estudios Políticos, Madrid 1.999.
96
PEÑA MATEO JAIME, Antecedentes de la prisión como pena privativa de
libertad en Europa hasta el Siglo XVII en Historia de Prisión. Teorias
Economisistas: Critica Dir. Garcia Valdez Carlos, 1997.
JORGE BARREIRO AGUSTIN, Sistema de sanciones en el Nuevo Código
penal de 1995, en la reforma de la Justicia Penal ( estudio homenaje al profesor
Hans Tildeman).
VALDES CARLOS GARCIA, Derecho Penitenciario, Escritos, 1982-1989
Ministerio de Justicia, pp. 27
TERREZ AGUILERA ABEL, Los sistemas penitenciarios y sus prisiones, Derecho
y realidad , op. Cit. P. 33.
CUELLO CALON EUGENIO, La Moderna Penología , Barcelona, 1958, p. 9.
SHANE MARILYN D/ WILLIAMS, Encyclopedia of American Prisons, Nueva
York, 1996, p 365.
GARCIA VALDES CARLOS, Introducción a la penología. Publicació del Instituto
de Criminología de la Universidad Complutense, Madrid, 1981. P. 82
CABANELAS GUILLERMO, Introduccion al Tratado de los delitos y de las
penas, de Bonsesana Cesar, Ed. Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1978, p. 26.
BENTHAM JEREMY, El panóptico, Madrid , 1989, pp. 9-10
LEGISGRAFIA
CONSTITUCION DE LA REPBLICA DEL ECUADOR
CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL
ANEXO
ENCUESTA
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
1. Conoce Usted. ¿Quiénes son las personas privadas de la libertad?
SI NO
2. Sabe usted. ¿cuáles son los fines de la rehabilitación de las personas privadas
de la libertad?
SI NO
3. Sabe Usted ¿cuál es el procedimiento para la rehabilitación de las personas
privadas de libertad?
SI NO
4. Cree usted que en el país se realiza una rehabilitación social adecuada con las
personas privadas de la libertad?
SI NO
5. Conoce usted sobre tratados internacionales que protejan los derechos de las
personas privadas de la libertad
SI NO
6. Considera usted que en el país debería existir centros de rehabilitación social
que se adecuen a tratados internacionales y no vulneren derechos?
SI NO
7. ¿Cree usted que la rehabilitación social establece parámetros de buena conducta
con la persona privada de la libertad?
SI NO
8. Cree usted que el estado debe establecer políticas públicas encaminadas a la
protección de derechos de los privados de la libertad para conseguir una
rehabilitación adecuada?
SI NO
9. Cree ud. que con una rehabilitación adecuada a las personas privadas de la
libertad se esta garantizando su reinserción en el ámbito social?
SI NO
10. Considera usted que la elaboración de un documento de análisis crítico jurídico
servirá como instrumento de consulta para no vulnerar los derechos de las
personas privadas de la libertad?
SI NO
CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL DEL PAÍS
PROVINCIA CIUDAD (CRS) DIRECCIÓN TELÉFONO
Carchi Tulcán Av. Manabí Argentina 06-2-980-082 06-2-987-
489
Imbabura Ibarra Salinas, entre Grijalva y Borrero 06-2-950-068 06-2-955-
414
Pichincha
Quito Varones #1 Rocafuerte y Cumandá #26-66 2-281-298/2-281-623/2-
286-826
Quito Varones #2 Rocafuerte y Cumandá #26-66 2-285-764/2-584-056
Quito Varones #3 Rocafuerte y Cumandá #26-66 2-959-108/2-951-762
Quito Varones #4 Av. de la Prensa #73-43 2-491-329
Quito Femenino Las Toronjas N47-220 y Av El
Inca 2-950-250/2-959-942
Quito C.D.P. Rocafuerte y Cumandá #26-66 2-414-593/2-414-610
Sto.
Domingo Sto. Domingo
Via Quevedo-Quito km 3.5 -
Sitio Bellavista 2-700-613
Cotopaxi Latacunga Calle 2 de Mayo #202 y
Marquéz de Maenza
03-2-801-426/03-2-811-
310
Tungurahua Ambato Av. Condor y Tangaichi 03-2-840-551
Chimborazo
Riobamba Av Leopoldo Freire via a
Chambo 03-2-961-604
Alausí Calle Sucre #165 y García
Moreno 03-2-930-283
Bolivar Guaranda Av. Elisa Mariana de Carvajal
#111
03-2-980-171/3-2-980-
170
Cañar
Cañar Colón #085 y 3 de Noviembre 07-2-235-026
Azogues Sector El Tablón 07-2-240-487/07-2-249-
958
Azuay
Cuenca Varones Nicanor Merchán #230 Y
Eugenio Espejo
07-2-822-433/07-2-831-
506
CuencaMujeres Padre Aguirre #11-67 y Lamar 07-2-842-969
Loja Loja Av. Emiliano Ortega 07-2-574-757/07-2-574-
754
Esmeraldas
Esmeraldas
Varones Kilómetro 7 1/2 via Atacames
06-2-703-601/06-2-700-
238
Esmeraldas Feme. Río Cayapas y Taome Santa
Vainas 06-2-726-235
Manabí
Jipijapa Via Guayaquil Km 1 05-2-600-443
Bahía Kilómetro 10, Via Riochico.
Sitio El Rodeo 05-2-399-200
Portoviejo Av Guayaquil y Mariscal
Ayacucho 05-2-650-840
El Rodeo Kilómetro 10, Via Riochico.
Sitio El Rodeo
05-2-652-646/05-2-647-
205
Los Ríos
Quevedo Av Quito Km 1 1/2 via a Sto
Domingo
05-2-754-832/05-2-647-
205
Vinces 24 de Mayo y Malecón #405 05-2-790-194/05-2-791-
315
Babahoyo Malecón #1107 y Mejia 05-2-730-332/05-2-735-
658
Guayas
Guayaquil Varon. Kilómetro 17 via Daule 04-2-893-428/04-2-893-
392
Guayaquil Mujer. Kilómetro 17 via Daule 04-2-893-279/04-2-893-
299
El Oro
Machala 9 de Mayo y Manuel Estambo 07-2-961-099/07-2-931-
460
Zaruma La Colina #363 y Pichincha 07-2-972-211
Napo Tena Barrio Terere (El Camal) 06-2-887-263/06-2-885-
503
Morona Sa. Macas Av. 29 de Marzo 07-2-461-099/07-2-700-
0631
