Territorio Pacífico 6

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Territorio de Etnias

Revista virtual de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano

Minería:¿Despojo y daño

ambiental?

AÑO 2 - N° 6

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La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano es una plataforma de la iglesia católica del Pacífico, organizaciones étnicoterritoriales y ONG. Comité editorial: Jaime Díaz, José Obregón, Jesús O Durán, Jesús Albeiro Parra y Jesús Alfonso Flórez. Edición: Jesús O Durán. Colaboradores en este número: Asociación OREWA, Andrés Idárraga, José de Echave, Oro Verde, Jorge Enrique Robledo, Adriel Ruiz, Carlos Zorrilla, Arden Buck, Paula Palmer, David Pellow y Víctor Vidal. Fotografías:

Dianne Rodríguez, Jesús O Durán, © Oro Verde / Alejandro Cock, Elpais.com.coApoyo: Misereor, Trocaire y Cordaid. Publicación: http://www.regionalpacifico/revista_interactiva.html

CONTENIDO

Minería y pueblos indígenas en eldepartamento del Chocó 3

¿Y la minería en el Chocó qué? 7

TLC, inversiones e industrias extractivas 12

Impactos de la minería 18

¡Cuando Zaragozaba! 23

Oro Verde: De las selvas chocoanaspara el mundo 26

Entrevista al senador Jorge Robledo:“No es posible que haya sólo granminería en Colombia” 30

Presentación

La minería en el Pacífico colombiano se ha acentuado en los últimos años. El Código Minero prácticamente obliga a los colombianos a convertirse en mineros, ya que hay una prelación en la ley por el subsuelo. De esta manera ricas zonas agrícolas, hídricas o de biodiversidad se verán afectadas si se descubren riquezas minerales allí.

En el Pacífico colombiano se ha venido realizando principalmente una actividad minera artesanal que ha involucrado a la familia. Sin embargo, en los últimos años la llegada de retroexcavadoras, dragas y

dragones ha cambiado la relación con el territorio y dramáticamente el paisaje. La contaminación con mercurio y cianuro está produciendo daños en las fuentes de agua, en el aire y en la vida animal y humana. Se resalta el caso del corregimiento de Zaragoza ubicado en el río Dagua.

Por su parte, el objeto de la legislación minera, es entregar mediante concesiones la mayor parte del territorio colombiano a las trasnacionales, aún en detrimento del medio ambiente y de los territorios colectivos de indígenas y afrodescendientes. En ese sentido están orientados los Tratados de Libre Comercio.

En este número retomamos, además, aspectos de la pólítica minera que afectan directamente a las comunidades y sus territorios así como los impactos de la explotación en la ámbitos ambientales y de salud. Pero también se resaltan formas de extracción minera amigables con el medio ambiente, como el que realizan algunos consejos comunitarios del alto San Juan en el Chocó asociados a Oro Verde.

El tema minero ya no es exclusivo de expertos. La sociedad colombiana y sus organizaciones cada día está tomando en serio el problema minero, por lo que es de esperarse acciones colectivas en defensa de la soberanía nacional. Un ejemplo de ello es la lucha por la defensa del páramo de Santurbán que han emprendido organizaciones santandereanas, en contra de la multinacional Greystar.

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Minería y Pueblos Indígenas en el

departamento del Chocó

Los pueblos indígenas del Chocó están viviendo una segunda conquista y colonización armada que está entrando a saquear sus territorios, presionando los procesos de consulta previa por

vía de la militarización, el desconocimiento de los derechos constitucionales y el abandono del Estado para lograr el

desarraigo territorial de los pueblos que allí habitan.

Asociación OREWA

Foto

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Rodr

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El territorio del Pacífico Colombiano es un solo cuerpo por eso lo debemos defender entre todos

El departamento del Chocó está ubicado en la Región del Pacífico colombiano. En la década de

los 90 salieron los primeros estudios de investigación como el “proyecto Biopacífico” financiado por el Banco Mundial que dio a conocer al mundo la importancia ecológica del Chocó Biogeográfico (desde el sur de Córdoba hasta el sur del litoral nariñense), una de las regiones de mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta, y los beneficios de concertar una estrategia de desarrollo regional a largo plazo basada en el aprovechamiento de una amplia gama de recursos naturales (marinos, de fauna, mineros, fluviales y forestales) frente a esta visión, se contrapone un profundo arraigo territorial de una población indígena, campesina y afrocolombiana autóctona de esta región.

Los pueblos indígenas y negros de esta región recibimos un mensaje de esperanza cuando la constitución política de 1991 determinaba, junto a la territorialidad colectiva de los pueblos indígenas (resguardo), el derecho al reconocimiento de la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras de asentamiento tradicional. La ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 1745 de 1995. Simultáneamente a la culminación de un histórico proceso de reconocimiento constitucional de derechos territoriales negados durante siglos, la población rural, campesina, afro colombiana e indígena sufrimos la abrupta irrupción de fuerzas externas interesadas en impedir que esos derechos se lleguen hacer efectivos en lo cotidiano.

Según investigaciones de diversas fuentes (relatorías de Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Constitucional, misiones de verificaciones internacionales, informes de derechos humanos) la mayoría de estos planes de desarrollo directamente afectan en un 100% a la población rural específicamente en un mayor porcentaje a comunidades indígenas y afrocolombianas en regiones como el Pacífico en donde por metro cuadrado se encuentran de dos a cinco planes de intervención en materia de infraestructuras y explotación de

recursos de diferente índole como mineros, marinos, petroleros, madereros, de oxigeno, hídricos, energéticos, ganadería extensiva, turismo, agro combustibles, entre otros. Según las potencialidades de la región se vienen ejecutando los planes. Por esta razón las 29 solicitudes de las comunidades indígenas en materia de constitución, ampliación y saneamiento de resguardo, se encuentran paradas.

En la actualidad según informes del año 2009 de la consejería de territorio de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, existen hasta la fecha 31 títulos mineros que afectan 22 territorios indígenas otorgados por las Autoridades mineras para la explotación de diferentes gamas de minerales, la mayoría de estos títulos se encuentran en medio de territorios indígenas y afrocolombianos por lo cual urge una necesidad muy grande para que se reactiven las mesas interétnicas para la resolución de estos conflictos territoriales con la política minero energética del país.

la mayoría de los planes de desarrollo directamente

afectan en un 100% a la población rural, indígena y

afrocolombiana, en regiones como el Pacífico en donde por

metro cuadrado se encuentran de dos a cinco planes de

intervención en materia de infraestructuras y explotación de recursos de diferente índole

como mineros, marinos, petroleros, madereros, de

oxigeno, hídricos, energéticos, ganadería extensiva, turismo, agrocombustibles, entre otros.

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(Tabla 1) Concesiones y títulos en comunidades indígenas del departamento del Chocó hasta 2009.

Municipio Pueblo Comunidad Título Empresa Hectáreas Minerales

El Carmen Katío Andágueda GEQ-09K Anglo Gold 4924 Oro, platino, molibdeno, zinc

El Carmen Katío Andágueda GEQ-090 Anglo Gold 8611 Oro, platino, molibdeno, zinc

El Carmen Katío Andágueda GC4-15N Anglo Gold 9272 Oro, platino, molibdeno, zinc

El Carmen Katío Río Lanas GC4-15N Anglo Gold 1998 Oro, platino, molibdeno, zinc

El Carmen Katío Río La Playa y Quebradona

GC4-151 Anglo Gold 1998 Oro, platino, molibdeno, zinc

El Carmen Katío Andágueda GHEG-01 Comunidad Andágueda

6535 Por definir

Quibdó-El Carmen Katío Río La Playa GC4-15H Anglo Gold 1998 Oro, platino, molibdeno, zinc

Quibdó-El Carmen Katío Río La Playa GC4-15G Anglo Gold 1998 Oro, platino, molibdeno, zinc

Quibdó-El Carmen Katío Río La Playa GC4-15F Anglo Gold 1998 Oro, platino, molibdeno, zinc

Quibdó-El Carmen Katío Río La Playa GC4-15D Anglo Gold 1998 Oro, platino, molibdeno, zinc

Baudó Embera Dóvida

JurubidáAlto Chorí

HHDK-03 Consejo Comunitario San Francisco CUGUCH

8287 Por definir.Observación: Estas hectáreas en su mayoría están en el consejo pero se adjudicó este título encima también de estas comunidades indígenas

Acandí Katío Resguardo El Tolo FLD-135 Minerales El Darién

9908 Oro, platino, molibdeno, zinc

Acandí Katío Resguardo El Tolo FLD-134 Minerales El Darién

9879 Oro, platino, molibdeno, zinc

Condoto, Istmina, Tadó, UniónPanamericana

Katío Borochoroma, Borocoromacito, Mondocito, Tarena

HHDK-04 ZMN ASOCASAN 35893 Por definir.Observación: Estas hectáreas en su mayoría están en el consejo pero se adjudicó este título encima también de estas comunidades indígenas

Bagadó Chamí Resguardo Unificado 15737-01 Gálvez Henao José Hermel

100 Oro, veta, plata en veta (filón)

Bagadó Chamí Resguardo Unificado 22222 Martínez Martínez Eliana

795 Oro, veta, plata en veta (filón)

Bagadó Katío Andágueda GEQ-09N Anglo Gold 4995 Oro, platino, molibdeno, zinc

Lloró-Bagadó Katío Andágueda GEQ-09D Anglo Gold 2022 Oro, platino, molibdeno, zinc

Bagadó Katío Andágueda GEQ-09Q Anglo Gold 2356 Oro, platino, molibdeno, zinc

Bagadó Katío Andágueda GEQ-09C Anglo Gold 4995 Oro, platino, molibdeno, zinc

Quibdó, Lloró, Atrato, Yuto

Katío Motordó, El Veinte, Playa Alta

GEQ-094 Anglo Gold 9160 Oro, platino, molibdeno, zinc

Quibdó Katío Río Ichó y Quebrada Barutua

DH-152 Coagromi 200 Oro, platino, molibdeno, zinc

Quibdó Katío Río Ichó y Quebrada Barutua

GC4-15B Anglo Gold 1737 Oro, platino, molibdeno, zinc

Aéreas que cobijan los distritos mineros en el Departamento del Chocó

Los distritos mineros son áreas del suelo determinadas por la Autoridad Minera para otorgar diferentes concesiones para la explotación minera, en el departamento del Chocó existen dos distritos

mineros los cuales son el distrito de ISTMINA y el distrito minero de FRONTINO.

El distrito minero de Istmina abarca las siguientes comunidades indígenas en el departamento: Pared parecito, río Garrapatas, Andágueda, Borochoroma, El Veinte, Playa Alta y El Noventa, Gegora, Quipara,

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Murando, Tiravendo y Jiguado, Hurtado y Tegavera, La Puria, Mondo, Mondocito, rio Lana o Capá, rio Mumbú, Sanandocito, Tarena, Tolloroko, Unificado Cahmi, Wachirado, Bellavista y Unión Pitalito, ríos Siguiri Sua Docampadó, Chagpien- Tordo, Puado, Matare, La Lerma y Terdo, rio Orpua, Santa Rosa de Igua, Unión Choco-San Cristóbal.

El Distrito Minero de Frontino afecta a las siguientes comunidades: El Carmen de Atrato, Carmen del Darién, donde los indígenas tienen 16. 600 hectáreas de tierras.

De los 31 bloques mineros existentes en Colombia dos de ellos están en el Chocó y por metro cuadrado se estima que este departamento presenta más de dos planes extractivos, como observamos en la nueva negociación que está realizando el Gobierno colombiano en la Ronda Petrolera.

Problemática de minería ilegal en el Departamento del Chocó

En el 2009 en el departamento, 38 comunidades indígenas están siendo afectadas por la explotación minera de forma irracional, no existe por parte de la Corporación Autónoma regional del Chocó CODECHOCO un control ambiental para la incautación de las retroexcavadoras; por parte de algunos alcaldes y miembros de las comunidades que no tienen la competencia para otorgar permisos de explotación, se están realizando autorizaciones para que varios empresarios desarrollen su actividad extractiva en detrimento de la salud, la alimentación y el deterioro ambiental.

¿En qué discusiones se ha avanzado frente a la problemática minera en el departamento del Chocó?

No existe un consenso frente a la práctica misma de la minería por parte de las comunidades negras, indígenas y empresarios mineros, sin embargo existen dos consensos importantes para abordar las alternativas para la resolución de este conflicto: El primero es que se deben buscar alternativas económicas para reemplazar la actividad de la economía minera por otra alternativa económica más

sustentable, compatible con el medio ambiente, y el segundo es que las concesiones otorgadas a la mega minería es un problema grande que afecta a todas las comunidades ya que trae efectos irreparables para las comunidades que amenazan la vida, el medio ambiente, el derecho al goce territorial de nuestras comunidades y el derecho a decidir nuestros propios modelos de desarrollo.

Una empresa minera a cielo abierto canaliza todas las fuentes de agua de la región y gasta en una hora lo que una persona se gasta de agua toda la vida, según datos de organizaciones internaciones que han hecho estudios sobre el tema como OXFAM. Además, la separación del oro se hace con cianuro, y las comunidades son pesqueras, su subsistencia la dan los ríos y su vida se ve realmente afectada. El pueblo Embera tiene y ha tenido antecedentes desastrosos con las explotaciones mineras que ha desintegrado la cultura de estas comunidades (caso alto Andágueda, donde hubo 400 muertos y un masivo desplazamiento).TE

Foto: Dianne Rodríguez

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Durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, el

proyecto extractivo tomó una fuerza

inusitada. Según lo que se va conociendo

del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, esta situación

se agudizará en el siguiente cuatrienio, teniendo en cuenta

que para el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, la

minería se constituye en una “locomotora” de la cual dependerá,

por lo menos económicamente,

el cumplimiento de una buena parte de

las metas propuestas de inversión y crecimiento.

Andrés Idárraga F.Equipo de Minería, [email protected]

¿Y la minería en el Chocó qué?

Foto: Dianne Rodríguez

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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, el departamento del Chocó, hace parte

de la “Zona Pacífico e Insular” y es considerado un territorio con ventajas comparativas naturales, tales como su “potencial de desarrollo económico a partir de recursos… mineros”, pero también coloca a la minería ilegal como uno de los riesgos altos en materia de desastres1 .

Para el año 2011, el gobierno Santos plantea llegar a una producción de carbón de 129 millones de toneladas, 2.190Kg de Platino y 3 millones de onzas de oro2; además de concentrar sus esfuerzos por detener la minería ilegal, que según el mismo documento del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ha “producido una mala percepción de la sociedad colombiana hacia el sector minero, debido a los daños causados al medio ambiente y la sociedad”3.

Por su parte, el Distrito minero de Istmina, (que principalmente abarca los municipios de Bagadó, Condoto, Istmina, Sipí y Tadó) sobresale en la producción de oro, plata y platino4 metal, éste último, del que somos los únicos productores en América Latina5. En desarrollo de la Visión 2019 “Colombia como un país Minero”, al primero de agosto de 2010, en el departamento existían 103 títulos mineros. Hoy, en la página de catastro minero encontramos 1527 solicitudes mineras y 157 títulos6, es decir, un crecimiento de títulos adjudicados en menos de seis meses de 54 títulos (en promedio 9 títulos al mes), que, de mantenerse esta proporción al finalizar el 2011, en el Chocó habrían por lo menos 254.

Adicionalmente, el departamento pasó de una producción anual entre el año 2002 al 2010 de 605,89

1 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza, más seguridad. Departamento Nacional de Planeación. 2010, página 45.

2 Los niveles de producción para el año 2008 se encontraban en 9.161Kg de plata, 41,5 toneladas de oro y 1.692Kg de Platino. En materia de oro se espera duplicar la producción.

3 Departamento Nacional de Planeación. Ob. Cit. Página 216.4 El 75% de la producción nacional de oro es producto de la explota-

ción del mineral en los departamentos de Antioquia y Chocó.5 Distritos Mineros: exportaciones e infraestructura de transporte.

Unidad de Planeación Minero Energética. Ministerio de Minas y Energía. 2005, página 60.

6 Información al 21 de enero de 2011. Tomado de http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc

Kg a 16.925,3Kg de oro, de 6.986Kg a 11.538Kg de Plata, mientras la producción de platino para el mismo periodo pasó de 651,82Kg a 668,67Kg, con el pico más alto de producción 1521,04Kg en el 20077.

Este es el contexto que tenemos que abordar desde el movimiento social y las organizaciones territoriales a propósito de la permanencia en el territorio y la lucha contra el despojo; No se puede perder de vista la reforma que en el mes de febrero del año pasado se surtió en materia de minas (ley 1382), fundamentalmente cuando no aparece en la escena de discusión política, en lo que respecta a la legalización de títulos mineros. Es necesario recordar entonces que dicha reforma determinó el plazo de dos años improrrogables (a partir de la expedición de la ley) para la legalización de títulos mineros, es decir, hasta febrero de 2012.

Según el artículo 12 de la ley 1382, toda la minería que no sea artesanal se tiene que inscribir en el catastro minero, entendiendo la actividad artesanal como aquella que no supere un volumen de extracción de 10 metros cúbicos diarios, por longitud de ribera de 200 metros de largo. La misma ley establece que el barequeo se considera legal, siempre y cuando se realice con herramientas no mecanizadas y con

7 Información oficial al mes de septiembre de 2010. Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO)

En desarrollo de la Visión 2019 “Colombia como un país Minero”, al primero de agosto de 2010, en el Chocó existían

103 títulos mineros. Hoy encontramos 1527 solicitudes

mineras y 157 títulos. De mantenerse esta proporción al

finalizar el 2011, en el Chocó habrían por lo menos 254.

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una extracción que no supere los volúmenes ya mencionados. En la práctica, quienes utilicen, entre otras herramientas como motobombas, tendrán que “legalizarse”. De esta manera ¿cuántas comunidades afrodescendientes e indígenas tendrán que inscribirse en el catastro minero?

Pero más grave es que el mismo artículo 12, establece que aquellos mineros, grupos o asociaciones de minería que se tienen que legalizar, deberán “llenar para el efecto todos los requisitos de fondo y forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001”. Y dice además: “Si el área solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el grupo o asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la concesión, se procederá a verificar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del titular minero y en caso de hallarse en causal de caducidad se tendrá como primera opción para continuar el trámite la solicitud de legalización debidamente presentada, una vez caducado el contrato”. “En el evento en que el titular se encuentre al día en sus obligaciones, la Autoridad Minera mediará entre las partes para que lleguen a acuerdos, como la suscripción de Contratos de Asociación y Operación debidamente inscritos en el Registro Minero Nacional previstos en el artículo 221 del presente Código, entre otros, que permitan la explotación por parte de los grupos o asociaciones. Para llegar las partes a estos acuerdos tendrán un

plazo de seis (6) meses, contados a partir de la solicitud del minero tradicional”.8

De tal manera: a) las comunidades, además de demostrar antigüedad en la explotación, deberá disponer de los recursos económicos para “legalizarse”, en las mismas condiciones, tal y como si fuera una empresa transnacional; b) en caso de que al momento de “legalizar” su actividad, previo el lleno de los requisitos, tales como la antigüedad, ya exista una concesión o solicitud, será la delegación minera quien medie en el acuerdo al que tendrán que llegar las comunidades con la empresa solicitante o concesionada; c) no se tiene en cuenta la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades, pues como es bien sabido, en dichos territorios, y desde hace diez años, Ingeominas viene entregando títulos mineros en lugares sagrados y colectivos de indígenas y afrodescendientes.

Porcentaje de territorio afectado No. de Consejos

Menos del 10% 29

10 - 25% 12

25 - 50% 9

50 - 75% 3

75 - 90% 1

Mas del 90% 2

8 Ley 1382, artículo 12.

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Porcentaje de territorio afectado No. de Resguardos

Menos del 10% 35

10 - 25% 13

25 - 50% 16

50 - 75% 9

75 - 90% 0

Mas del 90% 18

Sin duda alguna, esta política minera, está obligando a todas las comunidades a volverse mineras. Como se lee en la ley 1382, los que se tienen que “legalizar” tendrán tan solo dos opciones en medio de este proceso: o bajo los mismos parámetros y lógicas de acumulación/producción hacen parte del proyecto minero o negocian con las transnacionales propietarias de los títulos mineros que el Estado les cedió sobre sus tierras. En cualquier caso, las comunidades tendrán que salir del territorio.

De allí que resulte contradictorio y peligroso que líderes sociales estén animando a la comunidad a

“legalizarse”, ya que una vez estén adentro de esta lógica de destrucción y explotación, no se tendrá argumentos ni autoridad ética para acusar a las grandes empresas y el Estado de los despojos y violaciones causados sobre sus derechos. Este es tan solo uno de los conflictos que pasan desapercibidos producto de la política minera del país y la negligencia de los funcionarios del sector, que básicamente no se toman el tiempo de verificar en el formulario de solicitud y la georeferenciación que entregan en ella, si existen comunidades étnicas allí donde pretenden iniciar la explotación; situación que entre otras cosas, favorece principalmente a la gran minería.

En medio de todas las dificultades, que entre otras en materia de vivienda y educación se vive en la región, se agudizarán muchas más tales como las referidas a salud pública y la política alimentaria, que en regiones como el Chocó, son preocupantes, fundamentalmente, porque es en medio de ellas que el capital soborna, al tiempo que el Estado se desentiende de sus obligaciones como tal, y que por supuesto, la autoridad minera no tiene en cuenta.

Si tanto es lo que económicamente esta política minera favorece al departamento, valdría la pena preguntarse dónde están las regalías producto de los últimos seis años de minería, que a la fecha y desde el 2004, suman $86.502.767.875, al tiempo que la pobreza y la exclusión en lugar de retroceder, aumenta.

En este orden de ideas, es que notamos que la minería ilegal no es el problema fundamental, y su legalización es tan solo una estrategia para el despojo y el favorecimiento del capital transnacional.TE

Sin duda alguna, esta política minera, está obligando a todas

las comunidades a volverse mineras.

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MUNICIPIOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ACANDÍ 4.171.013 10.227.277 5.340.906 7.770.552 8.283.519 34.296.073 12.043.156

ALTO BAUDO 0 44.728.524 15.526.389 8.291.922 0 723.673.221 170.681.777

ATRATO 4.233.858 233.099.812 103.034.813 3.647.907 2.328.809.990 2.631.389.638 1.199.902.824

BAGADÓ 19.038.255 34.393.185 16.713.968 163.973.590 140.998.578 189.046.734 162.588.118

BAHÍA SOLANO 0 0 0 23.829 0 0 0

BAJO BAUDÓ 0 0 0 1.923.328 0 17.477.449 0

BOJAYÁ 0 0 0 0 3.222.586 108.241.900 724.642.415

CÉRTEGUI 130.836.031 444.176.845 542.829.611 370.429.586 230.722.915 1.738.989.600 1.124.596.060

Chocó 331.294.789 459.517.586 566.711.676 698.682.514 1.065.689.265 2.134.980.541 3.596.251.352

CONDOTO 1.128.598.538 1.134.180.444 1.273.540.736 1.482.072.734 1.888.397.832 1.256.032.024 1.021.838.212

CANTÓN DE

SAN PABLO

1.732.994 6.452.199 26.017.523 67.972.082 446.226.220 418.839.386 2.888.725.805

EL CARMEN DE

ATRATO

63.450.218 80.370.195 94.354.247 117.879.331 160.484.311 189.732.407 192.503.205

LITORAL DEL

SAN JUAN

0 0 126.952 23.147.512 0 0 0

ISTMINA 84.351.120 147.691.754 393.582.937 582.151.913 483.530.122 3.795.314.136 9.231.321.383

LLORÓ 0 47.072 0 5.721.535 83.446.739 843.785.652 1.272.630.257

MEDIO ATRATO 0 0 0 0 63.843.431 0 24.738.791

MEDIO BAUDÓ 18.214.616 486.486.073 13.303.366 897.511.682 261.424.450 1.935.305.229 5.088.176.258

MEDIO SAN

JUAN

481.955.891 321.673.719 200.765.771 269.816.344 205.455.915 278.765.219 106.724.393

NÓVITA 85.948.752 182.521.050 702.756.537 540.468.394 350.265.620 1.438.238.085 3.748.017.224

QUIBDÓ 66.653.977 89.506.856 88.442.981 285.427.455 287.834.347 292.506.721 231.243.596

RÍO IRÓ 48.626.933 82.424.237 64.966.986 206.698.657 194.747.007 393.268.890 1.119.013.507

RÍO QUITO 0 3.566.663 25.729.148 47.116.131 118.476.526 233.825.953 30.200.585

RIOSUCIO 0 0 0 363.963 0 0 0

SAN JOSÉ DEL

PALMAR

43.355.547 13.307.603 60.543 274.982.867 35.462 84.552 154.103

SIPÍ 27.257.181 16.265.706 20.971.501 90.569.807 57.491.348 133.633.919 351.405.275

TADÓ 273.967.365 317.952.072 717.242.629 640.563.358 382.602.115 843.986.363 385.890.985

UNGUÍA 37.573 294.032 2.872.401 2.506.829 412.341 4.980.137 9.739.548

UNIÓN PANA-

MERICANA

399.173.546 347.917.461 622.960.487 430.084.956 1.576.140.146 1.066.145.643 2.381.309.341

Regalías metales preciosos departamento del Chocó. Distribuciones en pesos

Fuente: Sistema de Información Minera de Colombia (SIMCO). Con información de la misma fuente hasta el 31 de diciembre de 2010. Última revisión: 21 de enero de 2011.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTALES 3.212.898.197 4.456.800.365 5.497.852.108 7.219.798.778 10.338.540.785 20.702.539.472 35.074.338.170

Regalías metales preciosos departamento del Chocó. Distribuciones en pesos

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TLC, Inversiones e Industrias Extractivas

José De EchaveMiembro del consejo directivo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL

El gobierno colombiano está empeñado en la firma de Tratados de Libre Comercio con diferentes países, principalmente Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, con el argumento de que el libre mercado eleva los

salarios, conduce al equilibrio de la balanza de pagos y favorece a todos los participantes. Pero lo que ha demostrado la aplicación de estos tratados en los

países en los que se ha firmado es todo lo contrario, excepto que beneficia a las multinacionales en detrimento de las condiciones laborales, ambientales y de restricción a los gobiernos para definir sus políticas de desarrollo. Colombia

no ha podido concretar la puesta en marcha de los tratados, dados los altos índices de violación de los derechos humanos y laborales que presenta, sin

embargo, ha venido adecuando su legislación para la entrada masiva de multinacionales, como es el caso del código minero. Si las ventajas otorgadas a estas empresas ya son de por sí exageradas sin firmar los TLC, ¿qué se puede

esperar con la entrada en vigencia de los mismos?

Foto: www.presidencia.gov.co

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Los TLC (Tratados de Libre Comercio) son mucho más que acuerdos comerciales que promueven

el intercambio de bienes y servicios. Este tipo de acuerdos les ofrece a los países firmantes el acceso a mercados de países como los Estados Unidos y Europa a cambio de una serie de concesiones que condicionan sus economías y restringen el poder de sus gobiernos a definir sus políticas de desarrollo.

Debemos remarcar que las provisiones sobre las INVERSIONES son muy importantes en todos los TLC firmados a la fecha.

Por lo tanto, los acuerdos de libre comercio también son vistos como una oportunidad para fortalecer los derechos de los inversionistas y promover aún más los flujos de inversión extranjera directa (IED) en condiciones extremadamente favorables para las empresas y en detrimento de las poblaciones y las prerrogativas que deben tener los Estados. Las políticas que promueven los TLC están basadas en dos premisas: primero, que los acuerdos generan mayor inversión extranjera y segundo, que las inversiones aportan al desarrollo del país receptor y el bienestar de su población.

Todos los TLC firmados han incorporado capítulos específicos referidos al tema de las inversiones. En 1992 se adoptó el controvertido Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), referido a la promoción de la inversión extranjera que concede derechos y poderes sin precedentes a las empresas transnacionales. Desde entonces, estas provisiones han sido un referente para los tratados de libre comercio a todo nivel. Tanto el Acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), como los TLC de los Estados Unidos con Centro América, Chile y los países andinos, incluyen provisiones sobre la inversión que se basan en el Capítulo 11 del TLCAN.

ALGUNOS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA

Los TLC utilizan en relación al tema de las inversiones definiciones amplias y flexibles, que se pueden prestar a múltiples interpretaciones. Por ejemplo, los recursos que pertenecen a los pueblos

indígenas, como tierras y territorios, así como sus licencias y concesiones para el uso de recursos hídricos y forestales, pueden ser comprendidas dentro de la definición de inversiones. Así mismo, las organizaciones económicas, productivas y de servicios de comunidades campesinas e indígenas pueden ser caracterizadas como inversionistas. Por lo tanto, se podría dar el caso que las empresas transnacionales argumenten que los campesinos e indígenas son inversionistas nacionales y que no deben recibir un trato más favorable que ellas; es decir, podrían reclamar por trato discriminatorio y por las facilidades y derechos exclusivos que tienen esas poblaciones respecto al uso de recursos que les otorga la legislación nacional. Un ejemplo está relacionado con el Convenio 169 de la OIT: los gobiernos que quieran implementar este convenio podrían ser demandados por discriminación por parte de las empresas transnacionales con intereses en los mismos territorios.

Otro aspecto preocupante está referido al concepto de expropiación. Las provisiones del TLC sobre la expropiación están entre las más radicales: El concepto de expropiación ha sido expandido enormemente con la introducción de la expropiación indirecta. Mientras el concepto tradicional de la expropiación fue limitado a la apropiación del uso, título o beneficio de la propiedad privada por el Estado, con la provisión de una compensación justa al propietario, la expropiación indirecta contempla acciones que son “equivalentes” a la expropiación.

El Artículo 1110 del TLCAN trata de la expropiación. El texto señala:

Ninguna de las partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de otra parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea:

(a) por causa de utilidad pública;

(b) sobre bases no discriminatorias;

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(c) con apego al principio de legalidad y al Artículo 1105(1); y

(d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.

La expropiación indirecta se extiende e incluye acciones de regulación que pueden limitar expectativas de ganancia futura de una empresa. Es decir, si un gobierno regula la actividad de una empresa, de tal forma que su expectativa de ganancia está afectada -porque la empresa está obligada a asumir un gasto o porque su acceso a los mercados será limitado-, la empresa puede reclamar una indemnización de parte del gobierno. Esta interpretación le da a las ganancias potenciales la misma categoría que a las inversiones efectivas.

La promulgación de una ley u otro instrumento de regulación, sea para la protección del medio ambiente, salud o bienestar público (¿regalías?), que se perciba como una interferencia a la capacidad de la empresa extranjera de obtener una ganancia futura por sus inversiones, puede ser considerada como una expropiación indirecta. Ya existen algunos antecedentes al respecto: Bajo el TLCAN, los gobiernos firmantes han sido obligados a compensar a empresas extranjeras por pérdidas de ganancias esperadas que resultaron de la aplicación de provisiones legales que regulan el uso de sustancias tóxicas, la gestión de los deshechos y el aprovechamiento de los recursos naturales. Tales provisiones fueron diseñadas para proteger el interés y la salud pública.

Esta nueva y amplia visión de la expropiación ha sido incluida en los textos de subsiguientes acuerdos, estableciendo así un nuevo estándar. Es el caso del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de América -que se firmó el 28 de mayo de 2004- y el TLC con Chile, firmado el 6 de junio de 2003, que incluyen cláusulas muy parecidas. Al parecer, el TLC Andino sigue esta tendencia: según el sitio web oficial del Gobierno de Ecuador sobre el TLC Andino, la inversión está definida como "[t]odo activo o recurso tangible o intangible comprometido en un proyecto con la expectativa de ganancia y la asunción de riesgo económico."

Otro aspecto a tomar en cuenta tiene que ver con los mecanismos de resolución de disputas. El TLC otorga a las corporaciones extranjeras el derecho de exigir compensación monetaria en el caso que consideren que sus derechos como inversionistas están siendo afectados por decisiones que tomen los gobiernos receptores. Además, estos casos son evaluados por tribunales especiales fuera del país receptor de la inversión, bajo un régimen de audiencias que son usualmente secretas y que no tienen la obligación de permitir la participación de ciudadanos particulares u organizaciones de la sociedad civil que son afectadas por sus actividades. Dichos tribunales suplantan la autoridad de los sistemas judiciales nacionales y sus disposiciones no pueden ser apeladas.

Por ejemplo, bajo el TLCAN, empresas transnacionales han presentado denuncias en contra de medidas que las autoridades de México, Canadá y los Estados Unidos habían tomado para proteger el interés público frente a impactos generados por sus actividades. En muchos casos los gobiernos de estos países se han visto obligados a indemnizar a las empresas por montos sumamente elevados.

Finalmente, otro aspecto a tomar en cuenta está referido a la prohibición, que promueven los TLC, de los denominados requisitos de desempeño. Estos

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requisitos son utilizados por los gobiernos en la promoción de las políticas públicas con el objetivo de ajustar el funcionamiento del mercado en beneficio del bien común. Algunos ejemplos de estos requisitos son: la promoción de las economías locales, a través por ejemplo, de la adquisición de suministros de fuentes locales, la contratación preferencial de mano de obra local, entre otros. El Articulo 1106 del TLCAN prohíbe que los gobiernos firmantes exijan de las empresas extranjeras:(1) exportar un determinado nivel de bienes o

servicios; (2) alcanzar un determinado grado de contenido

nacional en sus productos;(3) otorgar preferencia a bienes producidos o a

servicios prestados en su territorio;(4) relacionar el volumen o valor de las importaciones

con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión;

(5) restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que una inversión produce, relacionando dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a ganancias que generen en divisas;

(6) transferir tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento reservado (con excepciones);

(7) o actuar como proveedor exclusivo de los bienes que produce o servicios que presta para un mercado específico, regional o mundial.

El texto del Artículo 10.9 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de América es muy parecido.

La prohibición de los requisitos de desempeño pone serios obstáculos a los esfuerzos de los gobiernos de los países en vías de desarrollo para incorporar políticas que promuevan vínculos entre inversiones extranjeras y desarrollo local; como por ejemplo otorgar incentivos por cumplimiento de ciertos estándares de aportes a la comunidad local o desarrollar experiencias de ciertas aglomeraciones productivas relacionadas con algunas industrias.

En suma, cualquier iniciativa de desarrollar en el futuro requisitos de desempeño para las inversiones

estaría supeditada únicamente a los denominados mecanismos voluntarios de las propias empresas, que se implementan a través de sus códigos de conducta y otros instrumentos de autorregulación y que se expresan en los discursos, muy en boga, de la responsabilidad social empresarial.

TLC, INVERSIONES, INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y EL CASO PERUANO

En los antecedentes hemos remarcado el hecho que la firma de un TLC tiene implicancias que van más allá de aspectos puramente comerciales y abordan temas claves relacionados con las inversiones. Desde 1992, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se incluyeron acuerdos específicos

Algunos casos de denuncias de empresas ligadas a actividades extractivas:

- Un ejemplo es el de la empresa minera canadiense Glamis Gold que enjuició el 2003 al gobierno de los Estados Unidos porque el Estado de California adoptó una serie de requisitos que buscan minimizar el impacto ambiental y social de las minas a tajo abierto en su territorio. Según Glamis la imposición de la nueva ley perjudica su inversión y sobre todo sus expectativas de ganancia. Por ello inició, por primera vez bajo la protección del capítulo 11 del TLCAN, un juicio contra el gobierno de los Estados Unidos exigiendo una compensación por US$ 50 millones.

- Recientemente, otra empresa canadiense, Vannessa Ventures, solicitó el 3 de junio de 2005, un arbitraje internacional en contra del gobierno de Costa Rica, por retrasos en la aprobación de su estudio de impacto ambiental del proyecto aurífero de Crucitas en la provincia de San Carlos. La empresa reclama una indemnización de US$ 276 millones, por el monto ya invertido y por ingresos futuros que no serán percibidos.

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relacionados con las inversiones de empresas transnacionales, línea que ha sido seguida en los posteriores TLC firmados por los Estados Unidos. Por lo tanto, el TLC que viene siendo negociado por los países andinos tiene un importante componente referido al tema de las inversiones que hasta el momento no ha sido lo suficientemente destacado.

En los últimos años la gran mayoría de países en vías de desarrollo han buscado promover la Inversión Extranjera Directa –IED- como un mecanismo determinante para promover su desarrollo. América Latina es un buen ejemplo de ello: Durante la década pasada, con la aplicación de las recomendaciones del Consenso de Washington, se pusieron en marcha diversas reformas en el marco normativo que crearon condiciones de apertura muy favorables para que diera un flujo de inversiones positivo.

En el Perú, desde inicios de la década del 90, se apostó por la implementación de un conjunto de políticas que tuvieron como orientación principal la apertura de su economía: A las políticas de estabilización le siguieron un conjunto de reformas estructurales que redefinieron el funcionamiento de la economía peruana. En este sentido uno de los aspectos centrales del proceso de reforma estructural, auspiciado por el Banco Mundial, fue priorizar las actividades productivas en las que en principio se contaba con ventajas para competir en los mercados externos.

Dentro de esta estrategia, actividades como la minería debían jugar un rol estelar en la salida productiva que proponía el nuevo esquema de funcionamiento económico para el Perú.

Las cifras globales del boom minero en el Perú son bastante conocidas: la minería creció en los últimos diez años a una tasa promedio de 8%, aportando alrededor de 6% del Producto Bruto Interno del Perú, al mismo tiempo que ha contribuido con el 60% de las divisas que ingresan por concepto de exportaciones.

Sin embargo, al lado del boom minero también se registró una explosión de conflictos sociales en las diferentes zonas de influencia de la actividad minera. Y el mismo marco legal, que demostró ser muy eficiente y eficaz para generar inversiones, demostró serias limitaciones para hacer frente a los múltiples conflictos que esas inversiones han provocado.

¿Los cambios al actual marco legal que rige la minería y que vienen siendo propuestos por comunidades, organizaciones sociales diversas, organismos no gubernamentales, sectores académicos, entre otros, serían posibles en un marco de un TLC firmado?

Sin duda, las reformas que se requieren serán menos factibles bajo el régimen del TLC. Poblaciones indígenas y comunidades locales en general carecerían

Al lado del boom minero también se registró una explosión de

conflictos sociales en las diferentes zonas de influencia de la actividad

minera. Y el mismo marco legal, que demostró ser muy eficiente y eficaz para generar inversiones,

demostró serias limitaciones para hacer frente a los múltiples

conflictos que esas inversiones han provocado.

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de mecanismos efectivos de protección para acceder y gestionar recursos naturales frente al avance de las inversiones de empresas transnacionales en sus territorios. Por otro lado, la prohibición de los requisitos de desempeño limitaría severamente la posibilidad de poner en marcha regulaciones efectivas para empatar las inversiones con objetivos de desarrollo local que beneficien a las comunidades; dejando todo en manos de los denominados mecanismos voluntarios que implementan las empresas.

Asimismo, las provisiones sobre la expropiación, con criterios tan flexibles como los que se manejan en los TLC ya firmados, crean un clima que limita a los gobiernos, que temen ser demandados por las empresas si introducen controles que afecten sus actividades y posibles ganancias futuras. De hecho, como hemos señalado, ya se han presentado casos de demandas de empresas transnacionales a gobiernos firmantes de tratados similares, que se procesan en tribunales especiales, fuera del país receptor de la inversión, suplantando de esta manera la autoridad de los sistemas judiciales nacionales.

Por lo tanto, el TLC representa la última de una serie de reformas estructurales que busca consolidar un escenario de mayor apertura económica en países como el Perú, creando condiciones extremadamente favorables para las inversiones de empresas transnacionales de industrias como la minera.

Los Estados Unidos es uno de los países que más invierte en minería en el Perú. Las inversiones de empresas de este país figuran en el segundo lugar en importancia, luego de las del Reino Unido. Muchas de estas inversiones han estado envueltas en conflictos importantes: Doe Run en La Oroya y su negativa de cumplir con sus compromisos de inversiones ambientales en los plazos estipulados; y la Newmont, accionista de Minera Yanacocha en Cajamarca, que también ha estado envuelta en varios conflictos ambientales y sociales en los últimos años; son algunos ejemplos.

Como hemos destacado, bajo el régimen de un TLC firmado y según los antecedentes con los que se cuenta a nivel internacional, las posibilidades de

control y de exigir mejoras sustanciales en las prácticas de estas empresas, por parte de nuestras autoridades y poblaciones locales, se verían seriamente limitadas.

Por ello, en una carta enviada a los parlamentarios de los países que actualmente están negociando el TLC con EEUU, un gran número de organizaciones de la sociedad civil de los Estados Unidos, han propuesto las siguientes recomendaciones:

. Excluir la prohibición de los requisitos de desempeño y los aspectos referidos al trato nacional, que limiten los objetivos de desarrollo de los países donde se lleva a cabo la inversión.

. Rechazar la inclusión de un mecanismo de disputa entre los inversionistas y los Estados que eluda los procesos legales domésticos.

. Prohibir la presentación de controversias hasta que el inversionista haya agotado todos los recursos legales domésticos razonablemente disponibles.

. Incluir excepciones específicas para la protección del interés público, incluyendo objetivos de desarrollo: seguridad, salud y medio ambiente, entre otros.

. Rechazar la aplicación de cualquier mecanismo de arbitraje inversionista-Estado sobre aquellos aspectos relacionados con los recursos naturales.TE

Bajo el régimen de un TLC firmado y según los

antecedentes con los que se cuenta a nivel internacional,

las posibilidades de control y de exigir mejoras sustanciales en

las prácticas de estas empresas, por parte de nuestras

autoridades y poblaciones locales, se verían seriamente

limitadas.

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Para nadie es un secreto que Colombia se dispone a enfrentar unas de sus más violentas guerras, la de los minerales. Si años atrás los

colombianos pensaban que su vocación era agrícola, y la mejor vida era el campo, los bosques, los páramos y demás bellezas naturales, ya no es así, el mismo hombre deseoso de dinero y seguir llenando sus cuentas bancarias, está haciendo de este hermoso paraíso un

holocausto natural.

Carlos Zorrilla con Arden Buck, Paula Palmer y David Pellow.Texto presentado como guía en un encuentro propiciado por Misereor en Lima, Perú en 2010

Impactos de la minería

Foto: Dianne RodríguezUna de las actividades más destructivas del planeta tiene que

ver con la extracción de minerales, por esta razón las comunidades tienen que prepararse para enfrentar este problema y defender su territorio. Ya son muchas las empresas mineras que están llegando al territorio, es más, el gobierno ha puesto como una de las mejores vitrinas del continente el potencial minero de la nación, en conclusión, para el Gobierno Nacional, la explotación de los recursos naturales no renovables constituye una de las denominadas locomotoras de la economía. Se podría decir que son crónicas de una muerte anunciada, y si las comunidades se ponen hacer las cuentas está en juego la misma vida, la cultura, la identidad y el territorio. El mismo gobierno ha dicho que el problema es la minería ilegal, pero la minería a gran escala tiene mayores repercusiones sociales y ambientales.

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Impactos de la minería en la comunidad

Por muy técnica o profesional con que se haga la explotación minera siempre genera unos impactos negativos en las comunidades. El interés principal de estas compañías es la ganancia. Para ellas no son importantes dar beneficios económicos a la población local y la protección del medio ambiente. Esos beneficios son provistos (si acaso se provén) en la menor medida posible y usualmente sólo bajo presión, y forma parte integral de su estrategia de conseguir apoyo para su destructiva actividad. Cuando una compañía minera u otra compañía extractiva visita a su comunidad, usted puede esperar una charla agradable y maravillosas promesas.

Seguramente se pintarán como una empresa responsable con la sociedad y el medio ambiente.

La “Responsabilidad Social Corporativa” (CSR en inglés) es el nuevo disfraz que las empresas mineras utilizan para ir a las comunidades o convencer a los gobiernos de aceptar sus industrias. Ellas hablan de responsabilidad, sin embargo rechazan el consentimiento libre, previo e informado. Ofrecen entrar en sociedad con las comunidades, sin embargo atacan directa o indirectamente, desacreditan y/o intimidan a las organizaciones y personas que cuestionan o se oponen a sus proyectos, y luego las remplazan con otras a quienes pueden manipular. Las empresas se jactan de utilizar tecnología moderna, pero jamás mencionan la reducida fuerza laboral que necesitan, los impactos permanentes en el medio ambiente o la contaminación de los recursos hídricos. Y nunca mencionan lo que les sucede a las comunidades y a la economía local cuando se agotan los minerales.

A los gobiernos, las compañías les ofrecen visiones de grandes ingresos potenciales, pero omiten los costos reales de la rehabilitación, los impactos en la salud y las miles de millones de toneladas de tierra y vegetación envenenadas por cianuro, arsénico, plomo y otras sustancias letales. Al pintarles versiones falsas de desarrollo, no mencionan el desastre natural y social que dejan atrás. Es muy común que mencionen las millones de toneladas de cobre u onzas de oro de

los yacimientos, pero no mencionan que éstos están mezclados con sustancias tóxicas como el arsénico o el plomo.

Impactos ambientales de la actividad minera

Las operaciones mineras no reguladas casi siempre ocasionan graves desastres ambientales. Para construir la mina y sus caminos de acceso, las compañías destruyen bosques, reduciendo así la diversidad biológica de la región y el hábitat de la vida silvestre. A medida que se destruyen los bosques, las comunidades podrían no encontrar plantas comestibles, hierbas medicinales o plantas utilizadas para la construcción y como utensilios, y se reducen o se eliminan la pesca y la caza. La construcción genera ruido, polvo, vibraciones y erosión que afectan a las poblaciones de animales, peces, y humanas. Durante las operaciones mineras, el aire y el agua son frecuentemente contaminados con sustancias químicas tóxicas, lo que conduce a enfermedades y muerte. Incluso, luego del cierre de la mina los metales pesados usualmente continúan por siglos filtrándose al agua subterránea y los ríos, envenenando a los peces y a los animales, al igual que a todo ser que se alimentan de ellos.

Las empresas se jactan de utilizar tecnología moderna,

pero jamás mencionan la reducida fuerza laboral

que necesitan, los impactos permanentes en el medio

ambiente o la contaminación de los recursos hídricos. Y

nunca mencionan lo que les sucede a las comunidades y a la economía local cuando se

agotan los minerales.

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En Colombia, han sido destruidos 23 kilómetros del río Dagua por acción de las retroexcavadoras (ver fotos de estas páginas) en poco más de un año. Segovia y Remedios en Antioquia, según un estudio de la ONUDI, son municipios de los más contaminados en el mundo por el uso del mercurio. En Papúa Occidental, Indonesia, la destrucción ocasionada por el sitio minero aurífero y cuprífero de Grasberg es tan masiva que se puede ver desde el espacio. En las Filipinas, los residuos mineros tóxicos derramados en el Mogpog mataron toda la vida acuática y dieron lugar a una inundación que destruyó las ricas áreas agrícolas a lo largo del río. En 1995, la mina de oro de Omai en Guyana (perteneciente a la empresa canadiense Cambior) derramó cuatro millones y medio de metros cúbicos de minerales residuales contaminados con cianuro en el río Essequibo. Ochenta kilómetros del río fueron declarados zona de desastre ambiental. La destrucción ambiental no se limita a los países pobres. En España y Hungría, las minas de “tecnología de punta” han ocasionado la contaminación generalizada de los ríos y recursos marítimos, han matado a millones de peces, al mismo tiempo de impactar el agua potable municipal, el turismo, la pesca y las industrias que dependen de ellos.

La minería requiere de enormes cantidades de agua. Producir un anillo de oro, por ejemplo, requiere de 8.000 litros de agua. A menudo, la minería seca el suministro local de agua muy rápido, dificultando o imposibilitando la agricultura y ganadería. El agua potable y de cocina también podría escasear.

La minería puede también causar una deforestación masiva, que puede reducir las precipitaciones, secar el clima local, destruir el hábitat para el pasturaje, la pesca y la caza, e impactar el hábitat de animales y plantas en peligro de extinción. Por ejemplo, los gases tóxicos producidos por el complejo de fundición de Norlisk en Rusia han destruido 350.000 hectáreas de bosque.

Otro impacto, importante para los pueblos indígenas y comunidades negras, es la destrucción de los sitios culturales, arqueológicos, y espirituales.

Impactos en la salud

Todas las fases y todos los tipos de actividad minera tienen impactos serios en la salud humana. Estos impactos están estrechamente relacionados con los impactos ambientales. El polvo y la contaminación del aire ocasionan enfermedades respiratorias e irritación de los ojos y piel, especialmente en los niños. Frecuentemente se envenena el agua potable y de riego, a veces por siglos. Agua contaminada proveniente de las minas puede envenenar cultivos a docenas de kilómetros de distancia de las minas.

El agua contaminada con sustancias tóxicas, como el mercurio, plomo, arsénico y cianuro, puede ocasionar una amplia variedad de enfermedades graves, incluyendo el cáncer y defectos congénitos. Los cultivos regados con agua contaminada pueden ocasionar problemas de salud similares. La contaminación de las minas artesanales de pequeña

Foto: El País.com.co


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escala así como de las minas de gran escala puede ocasionar enfermedades serias entre los mineros, sus familias y las comunidades aguas abajo.

La fundición del cobre produce gases tóxicos que pueden destruir la vegetación y causar muchas enfermedades y defectos congénitos en los humanos. (A veces se obliga a las compañías mineras a utilizar filtros costosos, pero usualmente no en áreas pobres.) La extracción del uranio puede exponer a los trabajadores a niveles peligrosos de radioactividad que puede conducir a cáncer y otras enfermedades crónicas.

La minería subterránea es especialmente peligrosa por los accidentes que atrapan y a veces matan a trabajadores mineros. La muerte y el debilitamiento por la silicosis y el cáncer de pulmón, derrumbamientos, explosiones, inundaciones y otros accidentes son comunes. Después de la conclusión de las operaciones mineras, los efectos en la salud a menudo continúan por décadas.

Existen otros riesgos indirectos para la salud provocados por las operaciones mineras. Hay un mayor riesgo de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y otras enfermedades infecciosas. La pérdida de tierras agrícolas y el agotamiento de los recursos hídricos pueden conducir a un menor suministro de alimentos, desnutrición y deterioro cultural.

El impacto de la minería en su comunidad puede ser devastador. Cuanta más presencia tenga una empresa extractiva en su comunidad, más perjudicial será. Si se les permite explorar en sus territorios, aumenta la probabilidad de la perturbación social. Luego puede tomar muchos años volver a construir las estructuras y lazos sociales, culturales y espirituales que fueron la verdadera riqueza de la comunidad. A menudo, las empresas mineras traen a cientos de trabajadores solteros a la comunidad local, dando así lugar a graves problemas sociales y de salud. El alcoholismo, la prostitución, los ataques sexuales, la violación y las enfermedades venéreas son desafortunadamente muy comunes en las comunidades mineras y en sus alrededores.

Pérdida de los medios de sustento: La agricultura y pesca pueden verse severamente reducidas por la contaminación o agotamiento del suministro de agua. La producción local de alimentos disminuye a medida que los empleos mineros remplazan los agrícolas. Las actividades sostenibles como el turismo se ven afectadas debido a que el área ya no es atractiva para los turistas. La comunidad se empobrece a medida que el costo de vida aumenta marcadamente debido a los altos salarios que van a una pequeña porción de la comunidad.

Efectos en las mujeres: La migración y desintegración social destruyen las redes de seguridad tradicionales

El agua contaminada con sustancias tóxicas, como el mercurio, plomo, arsénico

y cianuro, puede ocasionar una amplia variedad de

enfermedades graves, incluyendo el cáncer y defectos

congénitos. Los cultivos regados con agua contaminada pueden ocasionar problemas de salud

similares.


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y esto afecta especialmente a las mujeres. Cuando los hombres trabajan lejos del hogar, las mujeres quedan solas para manejar las finanzas, mantener las familias y encargarse de las labores agrícolas. El estrés y la tensión sobre las familias a menudo dan lugar a violencia doméstica y rompimientos de matrimonios. Adicionalmente, los hombres pueden traer enfermedades venéreas al hogar.

Desintegración de la comunidad: Las comunidades y grupos indígenas tienen sus formas de enfrentar las disrupciones sociales y naturales, o tensiones provocadas por la presencia de empresas extractivas, e incluye la solidaridad del grupo, una confianza general entre vecinos y sus líderes, reglas sociales no escritas, fuertes lazos familiares, identidad cultural, y liderazgo o estructuras de gobierno tradicionales. La compañía puede tratar de perturbar o debilitar deliberadamente la capacidad de una comunidad de organizarse eficazmente en contra de su presencia.

Violaciones de los derechos humanos: La empresa puede emplear a gente local para acusar falsamente de actos delictivos a los activistas antimineros. Puede emplear a delincuentes o a grupos paramilitares para intimidar, amenazar, lesionar, o incluso matar a la gente. En las Filipinas, la población indígena fue forzada a dejar sus hogares a punta de pistola por guardias contratados por una empresa minera canadiense. Y una compañía minera en Australia obligó a los agricultores locales a vender sus tierras a un precio fijado por la compañía.

Otros impactos negativos: Además de los ejemplos anteriores, un proyecto minero puede resultar a menudo en:• Aumento de la delincuencia• Tráfico de tierras• Desalojo de cientos de familias• Militarización y presencia de grupos armados

Efectos de la minería de pequeña escala

Los mineros de pequeña escala y artesanales de oro y diamantes a menudo ocasionan problemas ambientales y sociales igualmente severos. Pueden contaminar los recursos hídricos con sustancias tóxicas, como el mercurio, afectando no sólo a poblaciones locales sino también a gente y comunidades a cientos de kilómetros de distancia. En los municipios de Remedios y Segovia han nacido niños con el paladar hendido y han aparecido otras enfermedades entre la población, además de daños ecológicos por el uso del mercurio y el cromo (Informe ONUDI 2007).

Los poblados mineros, ya sean creados por la minería a pequeña o gran escala, son vulnerables al crimen y padecen de falta de infraestructura para la educación, alcantarillado, salud y otros servicios sociales. El costo de vida es mucho más alto que en las áreas aledañas.

En algunos casos, los minerales de alto valor, como el oro y las gemas, ayudan a financiar a grupos armados, lo que crea un entorno más violento e inseguro. Debido a todo lo anterior y a otros factores, las comunidades afectadas por la minería a pequeña escala son sometidas a una desintegración social y ambiental generalizada.TE

Fotos: El País.com.co

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¡Cuando Zaragozaba!Resultados de la desidia estatal y la voracidad de los mineros ilegales

Desde el año 2009, una pequeña vereda ubicada en el medio río Dagua llamada Zaragoza, en el municipio de Buenaventura, se vió invadida por miles de mineros

que llegaron en busca de oro. Con ellos llegaron cientos de retroecxcavadoras y los actores armados ilegales. Aunque ya se tomaron medidas legales para contrarrestar la presencia de la minería ilegal, los daños ambientales no han sido cuantificados y

las decenas de asesinatos continúan en la impunidad.

VÍCTOR HUGO VIDAL PIEDRAHITA Palenque Regional el Congal / PCN

Foto

: El P

aís.

com

.co

“Nosotros éramos pobres de dineropero vivíamos rico, éramos muy Unidos”

Lorenzo Plaza

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La comunidad de Zaragoza, una de las veredas del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de

Alto y Medio Dagua, en el municipio de Buenaventura, en el Pacifico colombiano, cuya fundación se dio en 1835. Su nombre tiene dos orígenes: Uno, con la abundancia de la planta medicinal zaragoza en este territorio ancestral, y dos, a un homenaje que el señor Héctor Triana uno de los fundadores, le quiso hacer a la ciudad española, de la cual descendía. Se identifican entre sus primeras familias, los Santos de origen bogotano, los Riascos, los Plaza y los Hernández de origen micaiseño, los Rodríguez y los Perea del Chocó, movidas básicamente por la oferta laboral generada por la construcción de la vía férrea.

Con el apoyo del líder comunitario, LORENZO PLAZA GRUESO, nacido y actual habitante de Zaragoza, criado en una familia de 14 hermanos, quien desempeña el cargo de Coordinador general del consejo comunitario, hemos escrito este artículo con la intención fundamental de darle voz a las y los directamente afectados, los habitantes de este territorio, teniendo como referente el enfoque de los derechos colectivos de la comunidad negra.

La tranquilidad tradicional de esta comunidad, se vio violentada, desde el día que alguien consiguió en su territorio más oro de lo que siempre extraían sus habitantes a través del barequeo. En tal sentido las afectaciones son en todos los derechos, partiendo por el fundamental derecho a la vida. Según fuentes oficiales como la personería municipal, ratificado por el líder Lorenzo Plaza, se superan los 60 muertos, entre ellos destacamos el asesinato de la señora ROSA HELENA PLAZA, hermana del líder Lorenzo. El 9 de Febrero de 2010, en el puente San Martin en la vereda de Zaragoza, un sicario segó la vida de esta mujer madre de ocho hijos. Según su familia esta fue asesinada como represaría por los reclamos hechos ante la afectación de sus terrenos y cultivos de pan coger, por acción de una de las más de 200 retroexcavadoras que operaron en esta vereda, en busca de oro.

Por otro lado SOVEIDA CAICEDO RIASCOS, una mujer de 24 años de edad madre de tres hijos, resultó afectada por el impacto de una bala que se alojó en

su cuerpo, fruto de un enfrentamiento entre agentes de la fuerza pública y grupos al margen de la ley, que llegaron a Zaragoza atraídos por la fiebre del oro. Este hecho tiene a esta joven postrada en la cama y a su familia en permanente sacrificio, para sacar adelante a sus tres hijos y poder brindarle a Soveida la atención médica que requiere, con la ilusión de verla caminar nuevamente. Las investigaciones de estos dos hechos como el de los más de 60 casos de muerte, no muestran ningún avance por parte de las autoridades.

La desidia del Estado a través de todos sus agentes y dependencias, ante la voracidad de los explotadores, permitió la afectación de todos los derechos de la comunidad del consejo de alto y medio Dagua y con mayor énfasis a la de Zaragoza como epicentro de la destrucción.

La identidad étnica cultural, vista desde los valores y prácticas ancestrales; ya que la fiebre del oro introdujo al territorio actores armados, relaciones determinadas por el dinero, la intimidación y la desconfianza, nuevos referentes y prácticas de producción y consumo, actitudes de rebeldía de los hijos con relación a sus padres al acceder al dinero a través de la minería, ingreso de productos alimentarios foráneos, que sumados a la destrucción de las zonas de cultivos, ponen más lejos la autonomía alimentaria para las comunidades, la imposibilitada de la práctica de juegos y recreación en general por parte de la infancia y la juventud, debido a la destrucción de los escenarios (cancha, playa, rio, calles…). La presencia de la prostitución y drogas psicoactivas, enfermedades como la malaria se han multiplicado en Zaragoza, según la información que maneja el líder Lorenzo, se pasó de cinco casos mensuales en promedio a más de 100 casos mensuales, de esta enfermedad tropical, como consecuencia del surgimiento de nuevos pozos como escenarios de reproducción de zancudos. En cuanto al acceso al agua potable, la comunidad de Zaragoza retrocedió unos 20 años, ya que el acueducto, a través del cual se surtía de agua potable, fue destruido por la actividad minera.

En este marco también han surgido problemas familiares por la propiedad de los terrenos, sobre

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todo con las familias que habían abandonado el territorio y hoy regresan motivadas por la fiebre del oro; la movilidad por el territorio y las relaciones de parentesco y familiaridad, se afectan por el terror impuesto por los violentos y el cambio irregular de las rutas de transporte público, para responder a la demanda surgida hacia los lugares de explotación del oro.

En cuanto al derecho al territorio las cosas no son menos graves, ya que este ha sufrido entre otras las siguientes afectaciones: la superación de su capacidad de albergue, al pasar de los 580 habitantes a aproximadamente 5.000 personas, las cuales construyeron un sinnúmero de ranchos, con las consecuencias en producción de desechos orgánicos e inorgánicos, contaminantes de ecosistemas estratégicos, la inestabilidad de los terrenos a razón de la remoción de material del río y los socavones que cruzan gran parte del territorio. En materia de recursos naturales es evidente la desaparición de arboles, guadua, las plantas alimentarias y medicinales; la quebrada del Oso, definida como zona de protección ambiental, por parte de la comunidad, fue violentada por los mineros, para extraer madera requerida para la actividad y arrojar desechos sólidos y orgánicos. En cuanto a la infraestructura comunitaria, se afectó de forma notoria la sede de la escuela San Martín, invadida para bodega de material relacionados con la minería y el puente peatonal, el cual colapsó al ser utilizado por una cantidad de personas, superior a su capacidad.

El derecho a la autonomía y la participación comunitaria, por el cual se viene trabajando desde

hace muchos años, avanzado con la ley 70 de 1993 y el proceso organizativo también se afectó, gracias a la desordenada e ilegal práctica minera en Zaragoza. A continuación algunas evidencias de esta afectación: son reiteradas las amenazas a lideresas y líderes comunitarios a nombre de actores armados, por acciones de denuncia o reclamos ante las violaciones contra la comunidad. Ante las prácticas de agentes de la minería en busca de respaldo para su actividad ilegal las comunidades han sufrido fraccionamiento, debido a los supuestos beneficios, además la zozobra es permanente por la cantidad de personas armadas en el territorio.

Las actividades organizativas, como la educación ha pasado a segundo plano, debido a la afición por el oro de parte de muchos niños y adultos. Ante esta realidad los líderes del consejo comunitario mantienen su trabajo de sensibilización de su comunidad, frente a la reivindicación y defensa de los derechos y la incidencia política, para lograr la actuación del Estado, indolente, contrario a como lo mandan la constitución y las leyes de Colombia.

Las afectaciones ambientales, culturales, territoriales, organizativas y productivas de Zaragoza, son sobresalientes aunque parecen importar muy poco, dejando en evidencia la desidia de un Estado y unos gobiernos que en todos sus niveles perdieron el año, frente a su obligación de protección de los intereses de la nación y la garantía de los derechos de la comunidad del Consejo de alto y medio Dagua y el centro de la destrucción: la vereda de Zaragoza.TE

“El río Dagua por más tratamientono volverá a ser como antes”

Lorenzo Plaza

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Oro Verde:De las selvas chocoanas

para el mundo Oro Verde produce oro y platino extraídos de forma social y

ambientalmente responsable; esta práctica productiva es desarrollada por las familias mineras que heredaron las técnicas ancestrales de

minería artesanal de sus antepasados y que aseguran el uso sostenible de los recursos naturales de su casa, la selva húmeda tropical del Chocó. La

filosofía del programa es sacar el oro sin dañar el verde.

Oro Verde (www.greengold-oroverde.org)FOTOS: © Oro Verde / Alejandro Cock.

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El Programa Oro Verde fue creado en el 1999 por la Fundación Amigos del Chocó (http:://www.

amichoco.org), el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – ASOCASÁN, el Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Rio Iró – COCOMACOIRO y Fundación Las Mojarras, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP; Es una iniciativa creada por y para las comunidades mineras tradicionales del Chocó Biogeográfico, uno de los 25 ecosistemas más biodiversos del planeta. El programa es el producto de sólidas alianzas entre mineros, líderes comunitarios y jóvenes profesionales, quienes, unidos por el profundo deseo de detener la

devastación ambiental y social causada por prácticas mineras irresponsables en el Chocó Biogeográfico, decidieron crear un modelo que rescatara el conocimiento ancestral de las comunidades locales para articularlo con el conocimiento técnico y científico y establecer así una fuente sostenible de ingresos para la comunidad, al aprovechar las oportunidades que ofrecían los mercados de productos verdes y justos.

El programa vende los metales bajo la marca Oro Verde a joyeros responsables que están dispuestos a pagar un sobreprecio y con los excedentes generados por la comercialización se constituye un fondo comunitario de reinversión social que pertenece a los productores y que es utilizado en proyectos de desarrollo local establecidos de común acuerdo.

Actualmente, los metales Oro Verde se comercializan en nichos de mercado especializados en Colombia y en el exterior; aunque el 95% de la producción se exporta a Europa y Norteamérica, en Colombia el programa es proveedor de Biojoy Jewelers (Claudia Vallejo), La Sierpe (Victor Saldarriaga) y Áurea Joyas

FOTO: © Oro Verde / Alejandro Cock. (Adriana Henao), quienes han apoyado la iniciativa desde sus inicios.

El Programa es una alternativa construida desde la base que ha demostrado que los pequeños mineros pueden y saben cómo hacer minería de forma ambientalmente responsable, que el camino de la minería sostenible sólo es posible si las comunidades involucradas pueden participar activamente y decidir, estando bien informadas, qué tipo de desarrollo les conviene. Oro Verde es un negocio social que comprueba que la rentabilidad económica no es incompatible con la generación de beneficios sociales y ambientales para sus beneficiarios.

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Oro Verde le apuesta a:• Reconocer la minería artesanal, impulsarla y

formalizarla• Fomentar el uso sostenible de los recursos

naturales• Apalancar el proceso étnico-organizativo de

comunidades afro.• Promover la corresponsabilidad en la protección

de este santuario de biodiversidad• Comunicar sobre el Chocó• Generar un esquema productivo alternativo

(generación de ingresos)• Fomentar el arraigo de las comunidades en su

tierra

desarrollo social, económico, laboral y ambiental, cumplen con requisitos más exigentes tales como la no utilización de mercurio o cianuro; estas últimas reciben la certificación Fairtrade y Fairmined con Premium Ecológico (haciendo un símil, sería parecida a la certificación orgánica de los productos agrícolas). Oro Verde se ubica en este último esquema de certificación, lo que le permite a los mineros vinculados al programa recibir una prima mayor por sus metales.

La certificación de prácticas mineras responsables

Uno de los grandes logros del programa fue haber inspirado la creación de un estándar internacional que tiene el potencial de beneficiar a los 7,5 millones de mineros artesanales que existen a nivel mundial. Gracias a los esfuerzos de la Alianza por la Minería Responsable – ARM (http:://www.communitymining.org), organización creada para replicar el modelo de minería artesanal responsable creado por Oro Verde, y la Fairtrade Labelling Organization – FLO (http://www.fairtrade.net), hoy el mundo tiene un estándar internacional para los metales preciosos de comercio justo. Este nuevo estándar internacional otorga el sello Fairtrade y Fairmined a los grupos de mineros de pequeña escala que cumplan con los criterios de certificación.

Estos estándares fueron construidos junto con otras comunidades mineras en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Dentro de los estándares hay una sección de un premio ambiental para iniciativas que además de cumplir con los estándares mínimos de FOTO: © Oro Verde / Alejandro Cock.

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El grupo de mineros de Oro Verde de Condoto es el primero en el mundo en recibir la certificación Fairtrade y Faimined con Premium ecológico por lo que reciben una prima del 15% sobre el precio internacional del mercado de sus metales.

Algunos de los logros de Oro Verde en los últimos años incluyen:

• Empoderamiento y desarrollo de capacidades en organizaciones de base y grupos de productores.

• Inclusión social.• Desarrollo comunitario (estándares sociales,

laborales, de género).• Uso sostenible de recursos naturales en el Chocó

Biogeográfico (estándares ambientales).• Prevención de vinculación a cultivos ilícitos y/o

conflicto armado.• Cambio de percepción pública frente a la minería

artesanal.• El modelo es una estrategia de comunicación y

divulgación del Chocó Biogeográfico. • Creación y fortalecimiento de redes de minería

artesanal a nivel nacional y global.• Creación de plataformas para otras iniciativas

productivas.

• Referente en Planes de Desarrollo de Colombia (buenas prácticas mineras)

• Ganadores de Ventures 2003 en la categoría social, finalistas de World Challenge 2008, Ganadores de oro de SEED Awards 2009.

• Inspiró y participó de la creación de la Alianza por la Minería Responsable (ARM).

• El grupo de productores de Condoto es el primero en el mundo en tener la certificación de Comercio Justo con Premio Ecológico para metales preciosos.

Ahora, el Programa Oro Verde tiene el reto de replicar su experiencia en otras zonas del Chocó Biogeográfico colombiano y llevar sus beneficios a comunidades comprometidas con su territorio.

En las selvas chocoanas se ha generado un producto innovador, revolucionario y responsable, que tiene el potencial de beneficiar a cientos de familias y de proteger miles de hectáreas de frágil bosque húmedo; el impacto del programa seguirá creciendo a medida que nuevas comunidades, Consejos Comunitarios y familias se unan y decidan comprometerse para construir un futuro próspero y sostenible para las próximas generaciones.TE

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Jorge Enrique Robledo es un senador del Polo Democrático, partido de izquierda colombiano. Se ha caracterizado por ser un firme exponente

de sus convicciones, donde coloca el interés nacional por encima de los particulares. Ha efectuado grandes debates en el Congreso de la República, en temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio y minería de trasnacionales, entre otros. Es un fuerte defensor del

desarrollo de la industria nacional y del agro colombiano.

“No es posible que haya sólo gran minería

en Colombia”

Entrevista al senador Jorge Enrique Robledo

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Territorio de Etnias. Senador Robledo, ¿qué implicaciones tienen los tratados de libre comercio

(TLC) con relación a la minería?

Jorge Enrique Robledo. Los tratados de libre comercio, en general, son una política que tiene como primera idea favorecer al capital extranjero sobre la base de ofrecerle aquí condiciones laborales y ambientales menos exigentes que tendría en sus países de origen. Vienen a hacer aquí lo que no pueden hacer allá. Pero hay una que si se quiere es más grave: el libre comercio arrasa con la industria colombiana, la borra del mapa y arrasa en proporciones muy grandes el agro. Estamos importando cerca de 10 millones de toneladas de alimentos. Entonces cada vez va quedando más la minería como único sector que crece, o sea, el país empieza a volverse un país minero, a vivir de la minería. Y eso, por supuesto, le da a las mineras mucho más poder, porque casi que la situación del Estado colombiano es: o hay minería o no hay nada.

T. de E. ¿cómo se pueden dividir los sectores de la minería en Colombia?

JER. En la minería veo tres grandes sectores. Un sector de la gran minería, básicamente una minería de trasnacionales cada vez con más títulos en sus manos. El gobierno los ha llenado de todo tipo de garantías.

Es una actividad con fuertes impactos ambientales y laborales. Hay un segundo nivel de minería, de pequeños y medianos mineros, muchos de ellos sin títulos, porque los títulos los tiene controlados la gran minería. El gobierno aduce que operan en la ilegalidad. Yo prefiero decir que en la informalidad. Y un tercer nivel de minería artesanal o tradicional, la de los barequeros, gente muy pequeñita que puede poseer si mucho una motobomba. Tenemos buena parte de las tierras de Colombia tituladas en manos de trasnacionales. Los demás están en la informalidad, con un agravante, y es que la política del Estado hacia esos informales no es la de atenderlos como un problema social, económico, de mirar cómo hay menos impacto ambiental por su actividad, porque hay impactos ambientales complicados –aunque los mayores están en la gran minería–. Por el contrario, el gobierno lo que ha decidió es echarles encima la policía y el ejército.

T. de E. ¿Cuál es el papel que juegan las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, en la relación medio ambiente-minería?

JER. El 5 de agosto de 2010 sale un decreto que les quitó a las CAR el control del agua en la etapa de exploración en los proyectos de hidrocarburos y minería. ¿Por qué se lo quita? Porque las CAR se habían convertido casi que en la última trinchera para controlar en

FOTO: http://www.moir.org.co/IMG/rubon4.jpg?1286731767

parte la depredación de las trasnacionales. Y esto también explica por qué Santos interviene a las CAR. No es un problema de la honradez de Santos contra la truhanería de los otros. No, esos son cuentos, demagogias. Lo que sucedió es que, abusando de la emergencia económica por el invierno, Santos va a imponer a dedo todos los directores de las CAR de Colombia, de forma tal que no se puedan oponer a los proyectos de gran minería. Cuando uno mira lo del libre comercio en este contexto, es

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evidente que casi todo está montado para que nos empuje hacia un país minero con un Estado avasallado por estos inmensos poderes foráneos, los cuales nos pueden atropellar como se les antoje.

T. de E. ¿se puede hablar de una minería sostenible?

JER. De manera estricta, no hay actividad del ser humano que no impacte al medio ambiente, es un hecho inevitable, desde la ganadería, la minería y la agricultura, hasta el comercio y la industria. Entonces el problema es cómo reducir ese impacto a un punto que sea tolerable y que en un análisis de costo-beneficio valga la pena hacer lo que debe hacerse para que salgamos al final gananciosos.

La gran minería lo que quiere es que le resulte barata la explotación, así el medio ambiente se acabe. Por el contrario, la sociedad, nosotros, los demócratas, a lo que aspiramos es a que el medio ambiente sea valorado, protegido y cuidado al máximo. En esa contradicción es en la que estamos. Se supone que en esa contradicción el árbitro es el gobierno. El gobierno debe poner ciertas condiciones y requisitos

para que las cosas se hagan de la mejor manera, pero ¿cuál es el problema? A los gobiernos se los toman las multinacionales. Entonces el gobierno termina jugando del lado de las mineras, de alcahueta, de

La gran minería lo que quiere es que le resulte barata la explotación, así el medio ambiente se acabe. Por

el contrario, la sociedad, nosotros, los demócratas, a lo que aspiramos es a que el

medio ambiente sea valorado, protegido y cuidado al máximo.

En esa contradicción es en la que estamos.

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cómplice, si se quiere, porque el poder corruptor de estas trasnacionales es descomunal. Ahí se acaba de ganar la Anglogold Ashanti un premio otorgado por Green Peace como la peor empresa del mundo por sus actuaciones en África. Terrible. Y a esos es a los que tenemos aquí con Juan Manual Santos y Álvaro Uribe como consentidos con sus políticas económicas. No es que no pueda haber minería. El problema es: cuáles son las condiciones. Ahora, hay sitios donde, por sus impactos gravísimos, no debe haber minería, y se acabó el cuento.

T. de E. ¿Qué se puede decir de la actuación de los organismos de control?

JER. Tengo en mi poder documentos de la Contraloría General de la Nación en los que se denuncia cómo el Estado colombiano les cree a las mineras las cuentas que dan por buena fe. Cuando Míster Drummond o cualquiera del Cerrejón afirma que el carbón lo vendieron a tanto, que pesó tantas toneladas, que era de tal calidad, el gobierno de Colombia se ve forzado a creerles de buena fe, porque no tiene cómo constatar si lo que dicen es verdad. Las trasnacionales pueden estar engañando por completo al Estado colombiano

y no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, si no hay cuidado con la plata, con el medio ambiente menos. Y qué tal las cosas que están sucediendo en el campo de las relaciones laborales. Hay que ver los desastres de la salud ocupacional del Cerrejón y de la Drummond, para poner dos ejemplos. La accidentalidad en la Drummond es escandalosa. Van 17 trabajadores muertos desde que la mina entró en operación. Es un escándalo, ¿por qué? Porque si el gobierno los obligara a hacer lo que tienen que hacer, les valdría más plata, y eso les desmejora el negocio.

T. de E. ¿Es una ventaja o desventaja ser un país minero?

JER. Pero por supuesto que ser país minero es una desgracia. Cuando en historia se habla de economías coloniales, es decir, de países como Colombia sometidos a la Corona española, se hace referencia a economías extractivistas. Creo que Colombia debe tener un gran desarrollo agropecuario y un gran desarrollo industrial, como también minería, pero la que sea adecuada a nuestra realidad. El gobierno se ha empeñado en la idea absurda de impulsar sólo la gran minería. Además, no es posible que haya sólo gran minería en un país como Colombia, porque también están los pequeños y medianos y los artesanales. Lo han intentado en África desde hace décadas y no funciona.

T. de E. ¿Qué pasa con la regalía de las mineras?

JER. La regalía es lo que le pagan a Colombia por ser el país el dueño del recurso. En el caso del oro es del 3,2%, porque es el 4% pero sobre el 80% del precio internacional. En carbón es entre el 5 y el 10%, también ridícula. Entonces lo de las regalías es malísimo. Cuando uno expone este argumento, le saltan a la cara los del gobierno y dicen, sí, senador Robledo pero es que no son sólo las regalías: sume regalía más impuestos. Entonces se miran los impuestos y lo que se encuentra es otro desastre: no pagan industria y comercio, no pagan predial. Sobretasas a combustibles tampoco pagan. El impuesto a la renta gozaba hasta hace poco de la deducción de reinversión de utilidades que la bajaba de 33 al 15%, y si hay zonas francas, se va al 9%. Es más, cuando se

Creo que Colombia debe tener un gran desarrollo agropecuario y un gran

desarrollo industrial, como también minería, pero la

que sea adecuada a nuestra realidad. El gobierno se ha

empeñado en la idea absurda de impulsar sólo la gran

minería. Además, no es posible que haya sólo gran minería en

un país como Colombia.

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cruzan los impuestos disminuidos por la exención con la regalía tan baja, se ve que les estamos regalando el recurso a las multinacionales.

T. de E. Actualmente existe un sinnúmero de organizaciones que están a la expectativa del tema minero, ¿cómo las ve?

JER. Apenas ahora la sociedad colombiana está discutiendo sobre minería. Aquí por muchos años las mineras hicieron lo que se les dio la gana y nadie hablaba del tema. Y las trasnacionales decían lo que se les antojaba y daban cifras amañadas. Afortunadamente, ha empezado a aparecer una corriente grande de opinión en la sociedad colombiana que está poniendo los ojos sobre una situación tan aberrante y diciendo, bueno, si aquí va a haber minería, vamos a discutir cuál, y cuál es el impuesto y cuál es la regalía y cómo tratan a los trabajadores y qué pasa con el medio ambiente.

T. de E. ¿Cómo explicar tanta riqueza que deja pobreza?

JER. Tenemos malos gobiernos que no permiten que la riqueza de nuestro territorio se una con la inteligencia y las manos de nuestro pueblo para hacer de Colombia una patria próspera como debe ser. Porque lo que ha sucedido al final es que quienes malgobiernan a Colombia lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. A ellos les va bien, aun cuando al país le vaya mal; incluso, les va mejor cuando al país le va peor. Ese es el negocio. El negocio es vender el interés nacional, o traicionarlo o maltratarlo, como se quiera. El día que pongamos en la dirección del Estado a patriotas de verdad, a demócratas de verdad, que amen a su país, que establezcan relaciones de respeto mutuo con el mundo entero, incluso con Estados Unidos, de beneficio recíproco, con soberanía nacional, esto empieza a cambiar. Soy un convencido de que algún día los pueblos van a luchar y derribar estas trampas. Soy un convencido de que los países saldrán adelante. T. de E. ¿Qué retribuciones tiene hacer denuncias en un Congreso cuyas mayorías están a favor de la política minera del gobierno?

JER. En el Congreso me siento más como mosco en leche que como pez en el agua, por el control del santo-uribismo. Pero también me siento bien en el sentido de que quienes batallamos en esa trinchera estamos librando una lucha importante. Creo que con la llegada del Polo al Congreso y un poco antes, recordemos que el Polo se crea en el proceso, hemos partido en dos la historia del Congreso de Colombia. Por fin los colombianos están oyendo en el Congreso, así seamos pocos, denuncias ciertas, francas, directas, claras. Por fin el pueblo colombiano está encontrando quien respalde sus luchas a nivel parlamentario, y a eso yo le concedo un valor muy grande. Es valioso en la idea en que algún día el pueblo colombiano entienda que los países no cambian cuando cambian sus dirigentes, sino cuando cambian los pueblos y los pueblos se deciden a cambiar a sus dirigentes.TE

Apenas ahora la sociedad colombiana está discutiendo

sobre minería. Aquí por muchos años las mineras

hicieron lo que se les dio la gana y nadie hablaba del tema. Y las trasnacionales

decían lo que se les antojaba y daban cifras amañadas.

Afortunadamente, ha empezado a aparecer una

corriente grande de opinión en la sociedad colombiana que está poniendo los ojos

sobre una situación tan aberrante

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El blanco vive en su casade madera con balcón.

El negro en rancho de pajaen un solo paredón.

Aunque mi amo me matea la mina no voy.Yo no quiero morirmeen un socavón (bis).

Don Pedro es tu amoy él nos compró (bis)Se compran las cosas,¡mas los hombres no! (bis)

Y aunque mi amo me matea la mina no voy (bis)

En la mina brilla el oroal fondo del socavón,el blanco se lleva todoy al negro deja el dolor.

Y aunque mi amo me matea la mina no voy (bis)

Cuando vuelvo de la minacansado del barretón,encuentro a mi negra triste,abandonada de Dios.Y a mis negritos con hambre,¿por qué?Esto pregunto yo

y aunque mi amo me matea la mina no voy.Yo no quiero morirmeen un socavón (bis)

Y aunque me aten cadenasesclavo no soy.

“A la minano voy”

Canción popular colombiana

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Ubicación de los distritos mineros en el Pacífico colombiano:Frontino, San Juan, Cali-Dovio, Litoral Pacífico y Costa Pacífica Sur.Mapa realizado por Fidel Mingorance - HREVObservatorio Pacífico y Territoriowww.pacificocolombia.org

Territorio Pacífico 6

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