Tenencia forestal en Chile

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1 Tenencia forestal en Chile por José Ignacio Leyton Vásquez

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Tenencia forestal en Chile

por José Ignacio Leyton Vásquez

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Siglas

AFC Agricultura familiar campesina BID Banco Interamericano de Desarrollo c.i.f. Costo, seguro, flete CITES Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres CODEFF Comité de Defensa de Flora y Fauna CONADI Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena CONAF Corporación Nacional Forestal COREF Corporación de Reforestación CORFO Corporación de Fomento de la Producción CORMA Corporación Chilena de la Madera CTT Centro de Transferencia de Tecnología DDA Academia Alemana de Mercadeo Directo f.o.b. Franco a bordo GTZ Sociedad Alemana de Cooperación Técnica INFOR Instituto Forestal INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario INN Instituto Nacional de Normalización JICA Organismo Japonés de Cooperación Internacional MINAGRI Ministerio de Agricultura PFNM Productos forestales no madereros PyME Pequeñas y medianas empresas PSA Pago por servicios ambientales SAG Servicio Agrícola Ganadero SNASPE Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado

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Resumen de orientación El Catastro de la Vegetación Forestal Nacional confirmó en 1997 la existencia, en Chile, de una superficie forestal de 15,7 millones de hectáreas, de las cuales 13,5 millones son de bosque nativo y 2,2 millones de plantaciones. La propiedad de estos bosques se distribuye en 52 por ciento de bosques privados y 48 por ciento de bosques públicos, y se caracteriza por un alto grado de oficialidad administrativa, favorecida por la importancia de la legislación en vigor sobre el derecho de propiedad.

La permanencia de la cobertura forestal está “garantizada” por la restricción del dominio de los bosques, y consagrada en el requisito de ejecutar un plan de manejo forestal, aprobado por la autoridad, para cualquier tipo de intervención de aprovechamiento del recurso. Este requisito está contenido en el Decreto Ley (D.L.) No 701 de 1974 y rige para todo tipo de bosque en el territorio nacional.

La gran mayoría de los aprovechamientos forestales son realizados por los propietarios de los bosques. Existe un reducido número de concesiones –la mayor parte en bosque nativo de propiedad del Estado– que no ha llegado a constituir una modalidad significativa de gestión forestal en el país.

Los grandes cambios históricos de la propiedad que se registran en la era republicana correspondieron a la colonización de extensas áreas de bosque nativo en las regiones australes hacia fines del siglo XIX, y a la privatización de los bosques del Estado (en su gran mayoría de plantaciones) durante el régimen militar (1973-1989). Las consecuencias de mayor trascendencia fueron, en el primer caso, la deforestación de millones de hectáreas de bosque nativo producto de la colonización, y, en el segundo, la creación de la notable concentración de plantaciones forestales en poder de las dos mayores empresas nacionales del sector, producto del proceso de privatización.

En el presente estudio se concluye que existe una relación explícita entre los regímenes de tenencia, y la contribución de los bosques a la superación de la pobreza y la ordenación forestal sostenible. Se destaca la importancia del binomio “bosque nativo y propiedad pública” como un dispositivo de gran potencial para asociar ambos objetivos. Por otro lado, se pone de relieve la combinación de las plantaciones forestales de alto rendimiento con la propiedad del recurso en las grandes empresas privadas. En este caso, se registra una aportación favorable al manejo forestal sostenible basado en la obligatoriedad de someter las áreas que se explotan al uso forestal permanente. Se sostiene, sin embargo, que este tipo de bosque no ha contribuido a la superación de la pobreza bajo ningún régimen de tenencia.

Finalmente, se proponen medidas para mejorar la contribución de la tenencia forestal a los objetivos planteados, asociando los cambios, tanto en la política y legislación como en los sistemas de planificación y supervisión, a la propuesta de Política Forestal Nacional, formulada en 2007 por las principales organizaciones no estatales del sector.

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Contexto jurídico CATEGORÍAS DE PROPIEDAD DE LOS RECURSOS FORESTALES, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES El derecho de propiedad de los bienes está garantizado, entre otros, por el artículo 19, No 24 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que dispone que sólo por ley se puede limitar o restringir, siempre que sea con la finalidad de conservación, el patrimonio ambiental. La garantía y su limitación son para todo tipo de propiedad. El derecho de propiedad faculta a su titular para usar, gozar y disponer del bien sobre el cual recae la propiedad, no siendo ésta contraria a la ley ni al derecho ajeno, según el artículo 580 del Código Civil.

El D.L. N° 701 de 1974, sobre fomento forestal, otorgó derechos y obligaciones a los propietarios –incluyendo los de presentar y hacer aprobar un plan de manejo a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) antes de efectuar cualquier operación de corta o explotación de bosque nativo en cualquier tipo de terrenos o de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal (art. 21)– e impuso la obligación de reforestar una superficie igual por lo menos a la cortada o explotada según el plan de manejo aprobado (art. 22). Con posterioridad al año 1974, este decreto ley ha sido modificado varias veces, reconociéndose su validez legal. Antes de 1980, rigieron sendas Actas Constitucionales que también ya consagraban la garantía del derecho de propiedad. Desde 1973, y hasta 1976, no hubo Constitución, rigiendo primero bandos militares y luego decretos leyes expedidos por las Comisiones Legislativas de la Junta Militar, normas de jerarquía legal a las que la jurisprudencia ha reconocido valor.

La propiedad forestal chilena hasta 2007, según las categorías de propietarios y tipo de bosque, se resume en el Cuadro 1. En el Anexo 4 se presentan las principales estadísticas del sector forestal y un mapa con la distribución regional de los recursos forestales. De acuerdo con la normativa vigente sobre aprovechamiento de los bosques, la superficie total estaría garantizada como la cobertura mínima con la que contaría el país. En efecto, toda intervención a efectuarse en los bosques contempla la reposición del bosque según las condiciones fijadas en la reglamentación respectiva. En consecuencia, se espera que el balance del patrimonio forestal chileno tienda más bien a aumentar progresivamente, hasta el límite de la disponibilidad de los “terrenos de aptitud preferentemente forestal”. Por otra parte, se considera que las pérdidas por eliminación de la cobertura boscosa resultantes de incendios y otros daños también se han venido compensando mediante la reposición forestal, en cumplimiento de las disposiciones pertinentes contempladas en la reglamentación sobre incendios de bosque, rozas a fuego y sanidad vegetal. Propiedad de los bosques por categoría de propietario y tipo de bosque Categoría de propietario

Bosque nativo (ha) Plantaciones forestales (ha)

Grande Privado mediano Pequeño

2 000 000 2 500 000 1 500 000

1 715 910 (78%) 395 979 (18%) 87 996 (4%)

Público

3 900 000 en el SNASPE 3 600 000 de “bosques fiscales” (Ministerio de Bienes Nacionales)

1 700

Total

13 500 000 2 201 585

Fuente: Catastro de los Recursos Forestales de 1997 y Censo Nacional Agropecuario 2007.

Los derechos y responsabilidades para la gestión tanto de los bosques públicos como privados se ajustan en lo esencial a lo dispuesto en el D.L. No 701 del 28 de octubre de 1974, sobre fomento forestal, que regula toda actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal y en suelos degradados del país. Asimismo, incentiva la ejecución de programas de forestación y aquellos

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trabajos necesarios para la prevención de la degradación y para la recuperación de suelos erosionados. En 1925 se promulgó el D.L. No 656, denominado Ley de Bosques (aún vigente), que estableció dos normas fundamentales precursoras de la legislación ambiental nacional. En su artículo 5º prohíbe la corta de bosques en manantiales y en pendientes de cuencas hidrográficas, y en su artículo 22º castiga penalmente el uso del fuego en la explotación forestal. Estos dos artículos, que sancionan su incumplimiento con penas de privación de libertad, forman parte de los actualmente denominados delitos ecológicos.

En relación con la tenencia de los recursos forestales y la aplicación de las regulaciones legales, destaca el requisito de normalización de la titularidad del dominio de los predios. Esta condición es un requisito sine qua non para ingresar al sistema de incentivos forestales. Según el Censo Nacional Agropecuario, se contaría con “explotaciones” de predios forestales, que suman más de 10 000 000 ha (en las que no se incluye el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado [SNASPE], o sea 3 900 000 ha), por lo cual habría cerca de 1 800 000 ha de bosques cuya propiedad no ha sido regularizada. Considerando la distribución de los principales tipos de bosques, en el caso de las plantaciones, la falta de regularización de títulos de dominio es proporcionalmente muy baja. En cambio, se estima que una alta proporción del bosque nativo de propiedad privada adolece de este problema, en particular en la pequeña propiedad.

TIPOS DE ACUERDOS DE GESTIÓN APLICABLES Según lo establecido en los artículos 21 y 22 del D.L. 701, ante cualquiera acción de corta o explotación de bosques, ya sea naturales o artificiales, es obligación por parte del propietario del terreno donde se realiza la actividad, someter a consideración de la Corporación Nacional Forestal la propuesta de un plan de manejo, suscrito por un ingeniero forestal, quedando autorizado el propietario para la ejecución de las actividades de corta, sólo una vez que dicho organismo se pronuncie favorablemente sobre tal actividad.

Asimismo, una vez ejecutadas las operaciones de corta contenidas en el plan de manejo aprobado, el propietario del terreno tiene la obligación de proceder a la reforestación de, por lo menos, la misma superficie cortada.

Desde el punto de vista de aplicación de las dos premisas básicas contenidas en este importante cuerpo legal (fomento y control), la ley ha entregado al Ejecutivo la facultad para el establecimiento de normas técnicas tendientes a hacer más racional la utilización de los recursos forestales, facultad que se encuentra materializada en el Reglamento General del D.L. Nº 701, contenido actualmente en los decretos supremos Nº 259 de 1980 y Nº 193 de 1998, ambos del Ministerio de Agricultura, que establecen los distintos requisitos técnicos, administrativos y legales conforme a los cuales se deben ejecutar las actividades relacionadas con el manejo forestal.

Para facilitar el acceso de los propietarios de menores recursos a las regulaciones relativas a la corta de pequeñas superficies de bosques y, en ocasiones hasta de árboles aislados, la CONAF ha establecido, en casos calificados, modalidades simplificadas en cuanto a las normas. Se trata, por un lado, de un plan de manejo “sugerido” como modelo tipo para pequeñas áreas aisladas de bosques y, por otro lado, de un sistema excepcional de “plan simple” para extracción de pocos árboles que no forman parte de las unidades de manejo forestal.

En los predios forestales privados, se acostumbra contratar a operadores en los medianos o pequeños, y a contratistas en los de mayor superficie. Los primeros son empresarios individuales de limitado capital y reducida capacidad operacional; los segundos son empresas permanentes dotadas una cartera de clientes que en conjunto mueven grandes volúmenes de productos forestales, para lo cual cuentan con contingentes de obreros adiestrados y disponen de una tecnología avanzada. No hay organismos públicos de manejo forestal de predios que no pertenezcan al SNASPE.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA TENENCIA FORESTAL A fines del siglo XIX tuvo lugar un proceso de colonización de las regiones australes del país, que complementó la apropiación privada de los bosques establecida durante el período colonial (siglos XVI y XVII). A lo largo del siglo XX, se inició la constitución del “patrimonio forestal del Estado”, que consiste esencialmente en parques nacionales y reservas forestales, hasta completar las 94 unidades actuales con 14,1 millones de hectáreas del SNASPE, las cuales comprenden 3 900 000 ha de bosque nativo. Durante la primera mitad del siglo XX, se registró el auge de la industria

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maderera basada en el aprovechamiento del bosque nativo en predios forestales privados. La mayor parte de las explotaciones se estableció en la VIII, IX, X y XI Regiones , y dio lugar al desarrollo de la madera aserrada, la madera contrachapada y las chapas de madera, junto a durmientes de ferrocarriles y otros usos como madera redonda (postes de transmisión y de cercos, en especial). En el mismo período se inició el establecimiento de plantaciones, por parte de empresas privadas y de Estado. Las primeras invertían aplicando fondos de particulares en “parcelas bosques”, o terrenos de plantación adquiridos a tal efecto por las empresas. Algunas empresas del Estado reforestaron extensas áreas en cuencas de abastecimiento de sus proyectos de plantas de celulosa y papel. Además, algunas entidades públicas de previsión social plantaban propiedades adquiridas a modo de inversiones para resguardar el valor de los fondos de pensión.

El principal grupo de pueblos originarios –los mapuches o araucanos– mantuvo sus territorios hasta fines del siglo XIX. En el decenio de 1880, el gobierno nacional llevó a cabo la “pacificación de la Araucanía”, conquistando una gran proporción de los dominios mapuches en la zona comprendida entre las actuales regiones del Bío Bío y Los Lagos (VIII y X Regiones). La guerra redujo en forma drástica la población mapuche (alrededor de un 50 por ciento, equivalente a un millón de personas). Las tierras conquistadas se adjudicaron a través de “mercedes” a colonos nacionales y extranjeros; estas tierras en la actualidad son reclamadas por los mapuches. Se reconoce que el problema es de mucha gravedad en lo relativo a la propiedad de las tierras, incluyendo una significativa proporción de bosques, en especial porque no se ha resuelto la “superposición” de los títulos otorgados a los colonos (comprados después por las empresas forestales) y el reclamo de la etnia sobre su propiedad ancestral. Las medidas de la ley indígena chilena han sido hasta ahora ineficaces para solucionar este problema. A lo largo de todo este proceso se eliminaron también millones de hectáreas de bosques “habilitadas” al uso agropecuario mediante la quema indiscriminada.

Entre 1969 y 1978 el Estado, a través de la Corporación de Reforestación (COREF), aplicó los “convenios de reforestación”, siguiendo el modelo español de la época, consistentes en contratos entre la Corporación y el propietario para concurrir a plantar predios en consorcios, distribuyendo costos e ingresos según las cláusulas de los contratos respectivos. Alrededor de 200 000 ha se plantaron en virtud de estos convenios.

El régimen militar que gobernó entre 1973 y 1990 privatizó la mayor parte de las empresas y bienes estatales, incluyendo industrias y plantaciones forestales, a través de sucesivas licitaciones. El alto grado de concentración actual de la propiedad de las plantaciones forestales deriva en especial de este proceso. Posteriormente, la Corporación Nacional Forestal (CONAF, sucesora de la COREF), ha vendido su participación en los convenios, pasando las plantaciones respectivas a plena propiedad privada. El bosque nativo ha experimentado cambios menos radicales en cuanto a su propiedad, en el período que va desde principios del siglo XX hasta hoy. De hecho, a pesar de ser en su mayoría privado, no se registra un grado análogo de concentración de las plantaciones.

La propiedad comunitaria vigente, concentrada en la IV y IX Regiones, se origina en el primer caso en sucesiones familiares criollas no divididas; en la IX Región (y en otras regiones en menor medida), en cambio, las comunidades mapuches han mantenido sus territorios después de la “pacificación”. La organización de los pueblos originarios regía en el país los bosques en comunidad colectiva, permitiendo la obtención de alimentos, medicinas, leña y madera para construcción, herramientas y otros bienes. La gran mayoría de tierras forestales expropiadas entre 1970 y 1973 fueron devueltas a sus antiguos dueños, y el régimen militar garantizó esta medida. El proceso de privatización correspondió más bien a ventas de activos estatales, en su mayoría constituidos antes de 1970.

SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA, LA LEGISLACIÓN Y LA REGLAMENTACIÓN La planificación y supervisión de la tenencia forestal ha sido realizada, desde mediados del siglo XX, por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que la ha ido delegando en sus distintas divisiones especializadas en el sector forestal. En efecto, en 1962 se promulgó la primera ley de Reforma Agraria (No 15.020), modificada en 1968 (No 16.640), a su vez derogada por el gobierno militar en 1984. En la actualidad, corresponde a la CONAF el desempeño de las principales tareas en materia de tenencia y gestión de la propiedad forestal. La CONAF es la entidad del Estado encargada de la administración de las 94 unidades del SNASPE. Esta labor se concentra, a nivel central, en la Gerencia de Áreas Protegidas y Medio Ambiente y se lleva a cabo, a nivel local, a

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través del Cuerpo de Guardaparques con una dotación de personal en cada unidad. Además, la CONAF es la encargada de hacer cumplir toda la reglamentación sobre fomento y control forestal por conducto de la Gerencia de Normativa y Fiscalización con sus tres departamentos de Administración (trámites y registros), Fiscalización y Normativa (estandarización de normas y de procedimientos) (véase el Anexo 1).

La legislación forestal en general emana de iniciativas del Estado a través del MINAGRI y de sus órganos especializados. Los dos cuerpos legales principales actualmente vigentes son el D.L. 656 de 1925 y el D.L. 701 de 1974 (actualmente refundido en la Ley 19.651). A ellos se agregará la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, recientemente aprobada, que debería entrar en vigencia en 2008.

En lo particular, el Estatuto de Fomento Forestal es un sistema integrado de leyes y reglamentos al que se sujeta toda intervención de cualquier tipo de bosques en propiedad de cualquier categoría de propietario. Las disposiciones del Reglamento (Decreto Supremo No 193 de 1998) referidas a los planes de manejo, incluyen un conjunto de informaciones sobre el dominio legal del predio respaldadas ante un ministro de fe (notario), la cartografía completa y un formato técnico sobre el plan de manejo que se solicita aprobar (art. 9, sección B). Los títulos II (de las Normas Técnicas) y III (del Procedimiento Judicial) del mencionado decreto supremo, detallan el contenido de los planes de manejo y las sanciones por el incumplimiento de los mismos, respectivamente.

La normativa vigente se ha ido perfeccionado continuamente (a través de los reglamentos y resoluciones), sin requerirse modificaciones legales de mayor trascendencia. Así, la CONAF se encuentra en un intenso proceso de elaboración de los requisitos reglamentarios de la Ley de Bosque Nativo y de ajustes de la normativa sobre fomento y control (“fiscalización”) del manejo forestal.

En el Anexo 2 se indica el contenido de las leyes de tenencia forestal, gestión, derechos y acceso a los recursos.

DOCUMENTACIÓN SOBRE CONTRATOS Y ACUERDOS DE GESTIÓN Esta documentación incluye todos los procedimientos prescritos para la presentación de los planes de manejo, y su descripción se detalla en el artículo 29o del Reglamento General del Decreto Ley No 701 de 1974, que corresponde al Decreto Supremo No 193 de 1998 del Ministerio de Agricultura. En el Anexo 2 se presenta la lista completa de estos documentos, junto a la descripción de los trámites relativos al D.L. 701 y a la descripción legal de “pequeño propietario”.

Como rasgo destacado de los contratos y acuerdos de gestión vigentes, se reconoce el efecto de la normalización de la actividad forestal sobre el desempeño de profesionales y empresarios forestales privados. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.L. 701, los planes de manejo deben ser elaborados por ingenieros forestales. Éstos son contratados por empresarios medianos y pequeños, entendiéndose que sus ingresos dependen del resultado de su gestión. Por lo general suelen ser los mismos operadores forestales que realizan las plantaciones, el manejo y la cosecha de los bosques. En el caso de las grandes empresas, los planes de manejo son elaborados por el personal técnico. El control que realiza la CONAF se considera adecuado para cumplir los objetivos propuestos y evitar situaciones de corrupción.

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Cambios y tendencias en los sistemas de tenencia de los recursos forestales DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS MÁS RELEVANTES Como se desprende de los antecedentes históricos de tenencia de los bosques, el cambio de mayor trascendencia ha sido el de la privatización de las plantaciones forestales pertenecientes a organismos del Estado durante el decenio de 1970, estimada en más de 200 000 ha (equivalentes a cerca de la mitad del inventario de la época). Además, el gobierno militar liberalizó en forma radical el comercio exterior, posibilitando una fuerte expansión de las exportaciones de productos forestales. La apertura comercial derivó en una valorización extraordinaria de dichas plantaciones, materializada en el auge de las ventas de rollizos y de astillas de madera en el extranjero. Las notables economías de escala del comercio de materias primas, unidas al fomento de la forestación gracias al D.L. 701 de 1974, que por 20 años subsidió el 75 por ciento del costo de la plantación, se tradujeron en la expansión del ritmo anual de nuevas plantaciones hasta el promedio de 100 000 ha, que se mantiene hasta hoy.

La evolución de la propiedad en el bosque nativo también registró un punto de inflexión durante el decenio de 1970. En el período de 1970 a 1973 se había estatizado un grupo importante de predios estatales y privados, en donde se concentraban las explotaciones de bosque nativo (Complejo Panguipulli de 300 000 ha en la X Región, a las que se agregaba otra superficie igual en otras regiones del país). Dicha propiedad estatal se había constituido por expropiación, aplicando la Ley de Reforma Agraria (No 16.640), la cual, al ser derogada por el gobierno militar, permitió la restitución a sus antiguos dueños de todos los predios expropiados, manteniéndose hasta ahora su aprovechamiento maderero, aunque en un volumen progresivamente decreciente.

En la actualidad, el 98 por ciento de la materia prima para toda la industria forestal (32 millones de m3 anuales en 2004) proviene de las plantaciones forestales. En cambio, la mayor parte de los 12 millones de m3 de maderas nativas que se extrajo ese año del bosque estuvo destinado a leña.

PROCESOS EN CURSO Y SUS BENEFICIARIOS El crecimiento sostenido de la producción forestal en el país se sustenta actualmente en el aprovechamiento de las plantaciones de pino y eucalipto como materia prima para la fabricación de celulosa, papel, madera aserrada y tableros. La producción de estos bienes se concentra en dos grandes corporaciones que abastecen el mercado externo (un 56 por ciento de la producción se exporta a los Estados Unidos de América, China, Japón y México), aumentando su valor anual a un ritmo del 10 por ciento durante los últimos 20 años (poco menos de 5 000 millones de USD en 2007, equivalente a cerca del 10 por ciento del valor de todas las exportaciones del país en ese año).

El inventario de bosques plantados actual (2,2 millones ha) está siendo aprovechado hasta cerca del límite de su oferta económica según el manejo imperante. Las grandes empresas que proyectan la expansión progresiva de sus negocios ya no acceden como antes a las tierras disponibles, debido en particular al reducido tamaño de los predios que hace muy difícil adquirirlos para sostener un ritmo de reforestación de unas 50 000 ha anuales. Por esta razón, se abre la expectativa de incorporar la agricultura familiar campesina (AFC) al negocio forestal, optimizando el uso de sus pequeñas propiedades a través de encadenamientos productivos en conglomerados forestales asociados con medianos y grandes empresarios. Se calcula que la AFC posee 2 millones de ha de tierras reforestables, y más de 1 millón de ha de bosque nativo, posesiones que son consideradas por los centros de decisión sectorial como una excelente oportunidad de superar la pobreza en localidades económicamente deprimidas.

Existe una opción de transferencia de los “bosques fiscales”, ya sea al SNASPE o bien a propietarios privados. En el primer caso, solo hace falta una disposición del Ejecutivo para su traspaso. En el segundo caso, se registra la concesión de algunos predios, sometidos a planes de manejo, para aprovechamiento forestal y también algunas muy escasas enajenaciones de estos bosques por venta a privados. En definitiva, se sostiene que la categoría de “bosques fiscales” tiende a reducirse o a desaparecer. De cualquier modo, en las proyecciones del cambio de la

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distribución de la propiedad, la categoría de bosques fiscales constituye una de las escasas opciones existentes. TENDENCIAS PROYECTADAS Y REPERCUSIONES FUTURAS Las tendencias vigentes relativas a la propiedad de los bosques han venido emanando del uso de los terrenos de aptitud preferentemente forestal y marginalmente de la propiedad de plantaciones forestales (en especial de pino y eucalipto). El dinamismo del proceso se ha debido a la expansión de las inversiones de los grandes consorcios empresariales productores de celulosa, papel, tableros y madera aserrada. Todos estos productos han incrementado el volumen y el valor de sus exportaciones en forma sostenida durante las últimas tres décadas, y todos se fabrican con materia prima cosechada en las plantaciones que siguen gozando del subsidio a la forestación. En la práctica, los grandes proyectos de ampliación industrial en los sectores de la celulosa y el papel reflejan la política de adquisición de plantaciones establecidas y de terrenos aptos para la forestación aplicada por las empresas productoras. Además de la compra de activos con el apoyo de organismos del Estado, estas empresas vienen aplicando sistemas de asociación con pequeños propietarios de terrenos localizados en las cuencas de abastecimiento de sus plantas industriales. Aunque esta fórmula, denominada “securitización”, representa una solución para los dueños de las tierras, se ha denunciado que es sólo una forma indirecta de adquirir la propiedad definitivamente, cuando el propietario opta por la “venta anticipada” de su parte del contrato.

En otras categorías de propiedad y en otros tipos de bosques, no se registran tendencias de cambio en la tenencia o la gestión de los recursos forestales.

La expectativa vigente de un cambio significativo en la estrategia de desarrollo forestal a nivel nacional recae en la propuesta de Política Forestal Nacional (véase el Anexo 3), formulada en 2007 por un directorio de nueve organizaciones forestales no estatales que representan a los empresarios, trabajadores, campesinos, profesionales, ambientalistas, académicos y estudiantes más estrechamente vinculados a la actividad forestal. En lo que se refiere a la propiedad, la propuesta no contempla cambio alguno en el régimen vigente, pero sí se refiere a la participación de la agricultura familiar campesina en el negocio forestal. Las propuestas específicas apuntan a la eliminación de las barreras de tamaño, el acceso al financiamiento y al mercado y la carencia de tecnología y capacidad de gestión de los pequeños propietarios considerados individualmente. Se trata de la ejecución de proyectos de inversión forestal adecuados al modo de producción de la pequeña propiedad forestal en los que los predios se reúnen en una extensión territorial que justifique el establecimiento de un negocio forestal orientado a un conjunto regional de productos seleccionados (sistemas agroforestales, productos forestales no madereros [PFNM], leña, etc.). Se estima que el éxito de esta fórmula permitiría duplicar el nivel de desarrollo actual del sector. Los principales beneficiarios de esta propuesta serán por cierto los pequeños propietarios campesinos y la micro, pequeña y mediana empresa asociada a la cadena productiva del conglomerado respectivo.

Las repercusiones del establecimiento de estos proyectos a nivel regional, tras la reorientación de los mecanismos de fomento vigentes, serán significativas en los dos objetivos de tenencia forestal objeto de estudio: la lucha contra la pobreza y la sostenibilidad del manejo forestal. Especial atención merecen dos iniciativas legales que reflejan unas tendencias que mejorarán la contribución sectorial, en especial de los pequeños propietarios, respecto a los dos objetivos mencionados. Una es la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, próxima a promulgarse, y la otra la extensión de los beneficios del D.L. 701 a partir del año 2010. Se espera que la Propuesta de Política Forestal Nacional y los cuerpos legales en vías de entrar en vigencia se complementen en una convergencia virtuosa para superar los problemas del sistema de tenencia forestal.

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Análisis de la tenencia forestal en Chile ASPECTOS GENERALES

Gestión forestal La tenencia de las plantaciones forestales es totalmente privada (salvo 700 ha en la Reserva Nacional Lago Peñuelas en la V Región y 1 000 ha en la Reserva Nacional Cerro Castillo en la XI Región). Son los propietarios quienes determinan la planificación de su implantación, manejo y aprovechamiento. La regulación del uso de este tipo de bosque se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los planes de manejo. Igual condición, naturalmente, es la que caracteriza los distintos tipos de bosque nativo privado. En el caso de los bosques públicos del SNASPE –casi todos del tipo nativo–, la gestión se sujeta a los planes de manejo específicos para cada unidad, que son actualizados, por lo regular, cada diez años. En forma excepcional se han otorgado dos concesiones madereras (Reserva Nacional Malleco y Reserva Nacional Cerro Castillo) cuyos resultados aún no han sido evaluados. En el caso de los bosques fiscales, se han otorgado algunas concesiones a lo largo de los últimos 30 años, que operaron en forma muy precaria o se han extinguido por diferencias entre los contratantes respecto al cumplimiento del plan de manejo acordado.

En todos los casos, la gestión está condicionada al cumplimiento del plan de manejo, y se procura mantener el área forestada cualquiera sea el acuerdo aplicado. La excepción a esta norma se observa cuando el aprovechamiento se realiza en un bosque localizado en alguna categoría de suelo distinta de los de aptitud preferentemente forestal.

Los particulares planifican la gestión de sus bosques según las necesidades de sus establecimientos industriales, que por lo general se localizan en función de un abastecimiento acorde con la calidad, cantidad y costo del proceso productivo programado. En la práctica, se registra una situación de monopsonio generalizado en la producción forestal, cuyo carácter concentrador se refleja en forma notable en la gestión de las plantaciones forestales. En el caso de los bosques públicos, no se ha evidenciado un sistema de planificación estable que corresponda a una política de aprovechamiento maderero de las reservas nacionales (única categoría en donde este tipo de aprovechamiento es admitido). La excepción histórica es la Reserva de Peñuelas, de 700 ha de pino y eucalipto en la V Región, que licita en forma periódica las cortas previstas en su plan de manejo.

Además del aprovechamiento maderero, en algunas unidades del SNASPE se registra el uso turístico de los parques nacionales, en los cuales el tratamiento de los bosques excluye su corta con propósitos comerciales. Este tipo de utilización de los parques nacionales suele ser contratado con terceros, bajo un conjunto de normas técnicas y administrativas que ha venido estableciendo la CONAF de acuerdo con la experiencia acumulada.

En todos los casos señalados de contratación de terceros para la realización de algunas actividades comerciales no se ha implementado un proceso sistemático de planificación además de los planes de manejo específicos para cada unidad; es decir, no se ha puesto en práctica una política de desarrollo del SNASPE con metas específicas de ingresos, empleo, inversión o gestión comercial. Sólo en algunas unidades con gran potencial se han establecido puntualmente convenios o contratos de administración a largo plazo. Uno de estos casos excepcionales corresponde al Parque Nacional Torres del Paine, que figura entre los destinos turísticos mundiales más famosos, donde una empresa hotelera realizó una importante inversión, contratando con la CONAF un período de explotación turística calculado como el necesario para recuperar las cantidades invertidas.

Cuando los acuerdos de gestión suscritos por los propietarios de plantaciones o bosque nativo se ajustan a los requisitos legales y técnicos de los planes de manejo, no existen impedimentos importantes para que aquéllos puedan responder a los sistemas de planificación y de supervisión. Antes de aplicarse las sanciones prescritas por las leyes, se da la ocasión a los infractores de subsanar los incumplimientos detectados, en especial los que se producen por causas ajenas a la gestión y que provienen de fenómenos naturales o similares.

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También existe un adecuado equilibrio entre las responsabilidades de gestión y el acceso a los beneficios. En lo que se refiere a las plantaciones forestales en grandes y medianas propiedades, el respeto de los planes de manejo forma parte de unos procesos productivos integrados verticalmente a partir de la materia prima obtenida de la corta de los bosques propios. En cuanto a los propietarios que comercializan sus cosechas, por cuenta propia o a través de terceros (“contratistas”), la obtención de los beneficios de su explotación está más condicionada por el acceso al mercado que por el cumplimiento de las responsabilidades de gestión.

La posibilidad de aplicar acuerdos extraoficiales en la gestión forestal es remota, porque no existe margen de actuación más allá del requisito del plan de manejo. Se registra eso sí la corta ilegal y la invasión de predios privados o públicos por ganado de propiedad de otras personas. La corta ilegal se controla cada vez más, y por lo tanto es poco significativa; en cambio, el ingreso de ganado en los predios forestales, en especial en las unidades del SNASPE, es recurrente durante las temporadas críticas en que los ganaderos trashumantes carecen de pastos.

Medios de subsistencia La casi totalidad del recurso que se destina a la industria forestal nacional proviene de la cosecha de bosques plantados, siendo los de pino radiata y eucalipto los más importantes. La mayor parte de este recurso proviene de las tierras de los mismos propietarios de las industrias que manufacturan las materias primas. Las plantaciones que no pertenecen a las grandes plantaciones forestales de conglomerados se encuentran en situación de dependientes cautivos del monopsonio local, es decir dependen de la operación de abastecedores de los grandes establecimientos industriales en sus cuencas de provisión de materias primas. En la práctica, en esta configuración de mercado, los pequeños propietarios de plantaciones de pino y eucalipto no tienen posibilidades reales de obtener beneficios de sus cosechas.

En el caso del bosque nativo, existen opciones de mercado para abastecer a los escasos aserraderos y plantas de manufactura que elaboran la madera. Considerando que su participación en el suministro de la producción industrial es de sólo el 2 por ciento, el único beneficio significativo para los pequeños propietarios de bosque nativo proviene de la producción y comercialización de la leña (12 millones de m3 al año).

La generación de ingresos por el aprovechamiento de los recursos forestales se asocia estrechamente en Chile a la propiedad de los bosques. Esta situación se ha acentuado a causa de la dependencia del desarrollo forestal de la cosecha de las plantaciones de pino y eucalipto. En el caso del bosque nativo, la generación de ingresos se ha circunscrito progresivamente a la leña y al turismo ecológico. En este último caso, el ingreso forestal de los pequeños propietarios tiene dos grandes alternativas complementarias: los subsidios y el empleo temporal silvoagropecuario.

En definitiva, la repercusión del régimen de tenencia en la seguridad alimentaria y en la vulnerabilidad de la población que depende el bosque es poco significativa en el sector forestal nacional.

Los principales tipos de productos forestales son la madera rolliza para uso industrial, la leña, los PFNM y los servicios ambientales de los bosques. La producción de madera rolliza está íntimamente asociada a la propiedad de los bosques. Las rollizas provienen en un 98 por ciento de plantaciones forestales cuyo régimen de propiedad y uso están definidos en la legislación vigente.

La producción de leña es una actividad tradicional en el bosque nativo, y su acceso se asocia sin excepción a la propiedad del recurso. En lo que se refiere a la regulación del proceso productivo, revisten cada vez mayor importancia la certificación y el control del transporte. La recolección de los PFNM es efectuada por lo general por productores que no son los propietarios de los bosques; y los productos de extracción más común son los hongos, frutos y cortezas y hojas. La recolección es una actividad muy poco estructurada y de escasa importancia económica más allá de representar una alternativa de trabajo temporal para los campesinos en épocas de escasas labores agropecuarias.

Los ingresos generados por la comercialización de los productos mencionados son controlados por la reglamentación tributaria para todos los casos en que la venta está sujeta a la emisión de facturas comerciales. El alto grado de formalidad que se registra en la gran mayoría de los procesos de producción y comercialización permite evaluar en cada caso la rentabilidad de las empresas. En general, existe una relación directa entre la rentabilidad e integración de la producción y la venta de los productos y/o servicios. Cuando los productores están asociados en la cadena de valor que conduce al consumidor final, se registra una mayor seguridad en los negocios, a diferencia de lo que

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ocurre con los negocios que dependen de intermediarios. Las tendencias en la producción forestal primaria se orientan al establecimiento de enlaces productivos con empresarios medianos y grandes y a la integración en agrupaciones productivas territoriales. Esta tendencia queda reflejada en la propuesta de Política Forestal Nacional para la agricultura familiar campesina, que incluye un conjunto de proyectos de inversión adecuados al tipo de producción de los pequeños propietarios campesinos e indígenas.

La regulación de la propiedad constituye uno de los asuntos de mayor trascendencia en el acceso a los beneficios del aprovechamiento de los recursos forestales, porque afecta en especial a los pequeños propietarios rurales. Se trata de una categoría de propietarios numerosa, descrita en el registro de la propiedad como “varios propietarios”, denominación que indica su condición de sucesores de algún propietario original cuyos derechos no fueron formalizados por sus herederos. Varios programas de regularización de títulos se han formulado para los casos más críticos, pero hasta ahora los resultados de tales programas han sido muy escasos. Esta situación determina que los dueños precarios de recursos forestales no puedan acceder a los mecanismos de fomento, y que más de un millón de hectáreas de tierras forestales y bosques no hayan podido ser puestas en producción.

Capacidades Una diferenciación de capacidades humanas y financieras muy marcada se observa en las siguientes tres categorías de tenencia. La primera, la de los propietarios de plantaciones grandes y medianas, cuenta con medios suficientes para acceder a los recursos humanos y financieros requeridos por sus actividades. Además, desde 1974 (y por un período de 20 años) se ha visto especialmente favorecida por los subsidios de forestación, que le han permitido constituir un inventario de plantaciones y abastecer a las industrias integrantes de su patrimonio.

Una segunda categoría de tenencia es la de los bosques públicos (SNASPE más “bosques fiscales”). En este caso corresponde a la CONAF disponer de los recursos humanos y financieros para la gestión del patrimonio del Estado. Hasta ahora, la CONAF no ha manifestado restricciones en cuanto a sus capacidades para administrar el patrimonio forestal que le corresponde.

La tercera categoría es la de los pequeños propietarios campesinos. La capacidad de este segmento para desarrollar actividades forestales en sus terrenos es muy escasa. Aparte de sus conocimientos ancestrales de cosecha, los campesinos no pueden acceder por sí mismos a los avances tecnológicos ni al sistema financiero, y por lo general tampoco al mercado para sacar provecho de sus negocios. A esta categoría se orientan actualmente la mayoría de los programas de fomento de organismos que forman parte del MINAGRI. Como ya se ha indicado, los campesinos tropiezan con dificultades relacionadas con la carencia de títulos de tierras; además, el tamaño de sus predios no es apto para un manejo forestal rentable y sostenido.

La capacidad para la gestión de los bosques en conformidad con los reglamentos aplicables a cada sistema de tenencia es insuficiente. Las dos categorías que no adolecen de esta limitación son la de los propietarios de plantaciones grandes y medianas, y la de la administración forestal del Estado. Los que no tienen capacidad suficiente son los pequeños propietarios campesinos; sin embargo éstos superan sus limitaciones contratando a “operadores” para efectuar los trámites legales, técnicos y administrativos exigidos por la legislación. Ahora bien, varias evaluaciones de los mecanismos de fomento de la agricultura familiar campesina en el sector forestal han concluido que su diseño no es congruente con el objetivo planteado. Una de las evaluaciones menciona el número excesivo de trámites que deben hacer los pequeños propietarios para acceder a los subsidios de forestación.

Existe una serie de mecanismos e instrumentos que se orientan a promover la capacitación centrada en los pequeños propietarios campesinos. Entre éstos cabe mencionar los siguientes:

• el crédito de enlace forestal INDAP, línea de financiamiento especial que se entrega asociado a la bonificación del D.L. N° 701/74; • la caución solidaria CORFO, que permite al pequeño propietario acudir a la banca privada para solicitar un crédito dotado de una garantía real del 60 por ciento del monto de éste; • la “securitización” forestal como opción de financiamiento para las empresas, consistente en dar liquidez, homogeneidad y acceso al mercado secundario de valores;

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• el crédito de enlace-bonificación forestal del Banco del Estado, que permite el financiamiento de los proyectos de forestación antes del pago efectivo de la bonificación otorgada por la CONAF; • la gestión subsidiaria participativa, que consiste en apoyos para insumos y asesoría técnica para el establecimiento de plantaciones forestales, y que está orientada a propietarios que poseen menos de 5 ha en zonas forestales marginales y están interesados en la forestación para la generación de dendroenergía, el establecimiento de cortinas cortavientos o la forestación productiva en sectores de extrema pobreza y comunidades indígenas sin título saneado; • el Programa de recuperación de suelos SAG-INDAP, que entrega un incentivo que varía entre el 50 por ciento y el 80 por ciento de los costos netos asociados a los insumos, labores y asesorías técnicas requeridos; • el programa “Empresas forestales-pequeños agricultores”, con arreglo al cual diversas empresas forestales estipulan convenios de apoyo y transferencia con pequeños y medianos propietarios.

Según las conclusiones de la disposición de recursos nacionales para fortalecer las capacidades de los pequeños y medianos propietarios de bosques, la oferta de subsidios directos, financiamiento bancario, servicios de extensión y capacitación es mucho mayor que su utilización efectiva.

Políticas y legislación El sistema legal, reglamentario y administrativo vigente en el sector forestal es percibido positivamente por los propietarios de los bosques, principales partes interesadas en la aplicación de los instrumentos jurídicos relacionados con la tenencia y gestión forestal. Ello se debe esencialmente a los beneficios pecuniarios proporcionados por los distintos mecanismos de fomento. En la tenencia se registra eso sí una diferencia muy significativa en el aprovechamiento de las ventajas del derecho de propiedad. Como se ha señalado, la importancia que otorga a este derecho la Constitución Política del Estado y las leyes conexas ha sido el principal motor de la iniciativa privada y de las inversiones de las grandes y medianas empresas en el sector. Por el contrario, para los pequeños propietarios campesinos e indígenas, el requisito de titularidad de la tierra para acceder a los mecanismos de fomento ha constituido un real obstáculo para su incorporación al negocio forestal.

La aplicación por las distintas partes interesadas de los instrumentos y el cumplimiento de los acuerdos de gestión y las disposiciones reglamentarias asociadas han sido evaluadas positivamente. Se ha reconocido igualmente el desempeño de la CONAF, principal institución pública encargada del fomento y control del desarrollo forestal.

El fuerte y sostenido desarrollo forestal del país durante las últimas décadas ha sido apreciado por la población, que es consciente de la importancia del sector para la economía nacional. Pese a ello, un grave problema sectorial, compartido por los demás sectores, son las secuelas del modelo económico neoliberal asociado a la globalización del desarrollo. Se trata de la excesiva concentración en grandes conglomerados económicos de la mayor parte del capital, de la producción y del comercio, que se traduce en la emergencia de poderes fácticos en el ámbito político nacional.

Los actores sociales mayormente involucrados en las actividades forestales han reaccionado ante esta situación, asumiendo el desafío de rediseñar la estrategia de desarrollo forestal y persiguiendo una mayor integración de los pequeños propietarios y de la micro, pequeña y mediana empresa forestal (MIPyME). Para ello, nueve organizaciones en representación de intereses nacionales pertenecientes al sector privado formularon una propuesta de Política Forestal Nacional que será formalizada en breve.

Se prevé que esta iniciativa representará un punto de inflexión en la tendencia del desarrollo sectorial, y que se observará un cambio positivo sustancial en la participación de la agricultura familiar (AFC) y la MIPyME forestal, incluyendo la eliminación de las barreras con que tropieza la propiedad forestal. De hecho, uno de los grandes cambios consiste en la ejecución de proyectos de inversión relacionados con el desarrollo de la AFC con los que se persigue establecer agrupaciones regionales forestales en actividades seleccionadas.

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Una de las razones de la buena percepción de que es objeto la CONAF entre las partes interesadas es la eficacia de la Corporación en la difusión de la información sobre sus políticas y normas.

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CONTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE TENENCIA A LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE Y A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Evaluación de los tipos de tenencia La tenencia forestal en Chile comprende dos tipos de bosques privados: las plantaciones y bosques nativos; y los bosques públicos o del Estado (en su mayor parte, bosques nativos). No existen modalidades especiales relativas a tipos de propiedad de otra naturaleza como en la propiedad de los terrenos calificados como de “aptitud preferentemente forestal”. Un caso especial es el de las plantaciones privadas en la IV Región, en donde se ha subsidiado el establecimiento de 50 000 ha de plantaciones de arbustos del género Atriplex de propiedad comunitaria para la producción de forraje para el ganado caprino. Otro caso excepcional es el del bosque nativo de las comunidades indígenas en la VIII y X Regiones. Ambas situaciones se rigen por disposiciones especiales de la propiedad de bienes raíces, que en la legislación forestal han sido sometidas a las normas que se aplican a la propiedad privada individual. Sin embargo, la proporción de este tipo de propiedad privada comunitaria no alcanza al 0,5 por ciento del total de las explotaciones forestales del país.

El sistema de planificación y supervisión de las plantaciones forestales, que debe someterse por disposición de la legislación forestal a un plan de manejo, se cumple muy estrictamente en todo el inventario nacional de este tipo de bosque. Dos millones doscientas mil hectáreas de plantaciones forestales en todo el país deben ser manejadas y aprovechadas de acuerdo con los requisitos dispuestos en las leyes, reglamentos y resoluciones de la autoridad forestal. Como la promulgación de estas disposiciones data de 1974, y la rotación forestal de las especies plantadas (pino y eucalipto, en un 95 por ciento de la superficie total de plantaciones) alcanza su madurez económica antes de los 30 años, todo el inventario de plantaciones existentes y futuras será repuesto indefinidamente en cumplimiento de las disposiciones de aprovechamiento. La sostenibilidad del manejo de este tipo de bosque no sólo está garantizada por el interés económico de sus propietarios, sino también por la obligación de reforestar toda área explotada, al menos en la misma extensión de superficie que haya sido descubierta.

En el caso de la tenencia forestal del bosque nativo rige la misma disposición relativa al plan de manejo. Así como los terrenos plantados, los terrenos de bosque nativo también deben ser mantenidos indefinidamente con cubierta forestal, según se dispone en el acuerdo de gestión. El área de distribución actual es de 15,7 millones de hectáreas, que se deben considerar como el inventario garantizado de cobertura forestal nacional. Las nuevas plantaciones se realizan anualmente plantando terrenos de aptitud preferentemente forestal actualmente desarbolados, y también, aunque en proporción mucho menor, plantando especies nativas que son bonificadas con arreglo al mismo marco legal relativo a las plantaciones con especies exóticas de crecimiento rápido.

Si se consideran las distintas clases de tamaño de los bosques privados, se advierte que en los predios más grandes la planificación y cumplimiento de los planes de manejo sostenible de los ecosistemas forestales es mayor, debido en especial a que el uso de los bosques por las grandes y medianas empresas persigue objetivos de largo plazo. Esta observación es válida asimismo para los bosques públicos, aunque no se ha implementado en ellos una política orientada al aprovechamiento, sino que hasta ahora se ha privilegiado la protección de los ecosistemas. En el otro extremo, la pequeña propiedad forestal se maneja conforme a objetivos de corto plazo, con énfasis en el aprovechamiento maderero, en especial de la leña, lo que por lo general más bien contribuye a un progresivo deterioro del recurso. De todas formas, cualquier tipo de aprovechamiento en estas propiedades debe también someterse a las disposiciones legales sobre el uso del recurso.

En consecuencia, la gestión forestal sostenible se encuentra en Chile doblemente asegurada; por una parte, por la legislación sobre manejo forestal, y por otra, por el interés de los propietarios en aprovechar los bosques de forma ordenada y permanente.

Se puede concluir que los recursos forestales son valorizados como un patrimonio natural que permite sostener una industria forestal en constante desarrollo. Sin embargo, la volatilidad de los mercados nacionales y mundiales ha determinado que la rentabilidad de la producción forestal sea durante algunos períodos relativa, por ejemplo en el aprovechamiento de las maderas nativas. Esto ha hecho necesario promulgar una ley especial de fomento de bosques nativos. Por otro lado, se ha

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promovido la valorización de los servicios ambientales del bosque mediante el turismo, no sólo en las áreas protegidas del SNASPE sino también en amplias superficies privadas (estimadas en 2005 en 1,7 millones de hectáreas).

En materia de contribución de las distintas categorías de tenencia forestal a la reducción de la pobreza rural, los análisis indican por lo general que se trata de un potencial muy significativo pero insuficientemente utilizado. El régimen de propiedad privada de los bosques admite la existencia de predios forestales de tamaño muy reducido, que resultan, entre otras causas, de la sucesiva subdivisión hereditaria. Este proceso explica asimismo la escasa regularización de los títulos de dominio. El manejo forestal requiere extensiones mucho mayores que las explotaciones agrícolas, y la pequeña propiedad forestal individual impide una gestión sostenida y rentable de los bosques; ello empobrece progresivamente a sus dueños. Este proceso caracteriza a gran parte de los bosques de pequeños propietarios y es más notorio en el caso del bosque nativo que en las plantaciones, ya que cada vez menos pequeños propietarios están dispuestos a plantar sus predios; en el bosque nativo, en cambio, se trata de una situación de hecho.

En suma, la pequeña propiedad forestal –plantaciones o bosque nativo– no contribuye a la mitigación de la pobreza, sino que más bien mantiene o agrava la pobreza. A pesar de los numerosos programas emprendidos en las dos últimas décadas, no se ha logrado invertir la situación de empobrecimiento de la población que vive en áreas forestales. Recién en los últimos años, ha surgido la propuesta de integrar territorios o distritos forestales donde predomina la pequeña propiedad para ejecutar inversiones forestales con sistemas que se ajustan al modelo de producción campesino (sistemas agroforestales en especial), con el propósito de incorporar a los pequeños propietarios al negocio forestal por la vía del encadenamiento productivo de las agrupaciones regionales.

En el caso de otras clases de propiedad, se sostiene que la concentración de las plantaciones en grandes predios ocasiona más efectos de empobrecimiento local que de mitigación de la pobreza. Así, una convención de alcaldes rurales concluía en 2002 que las extensas plantaciones de pino y eucalipto dañaban las fuentes de agua y los caminos, interrumpían servidumbres de paso con cercos infranqueables, distorsionaban el mercado laboral debido a la discontinuidad del empleo, no generaban ingresos municipales y ponían en riesgo a la población a causa de la ocurrencia de incendios forestales que alcanzan las viviendas de pequeños pueblos rurales.

Análisis comparativo de los tipos de tenencia La comparación de los diferentes tipos de tenencia en Chile adquiere una gran significación cuando se refiere al tamaño de las propiedades comprendidas en las distintas categorías de propiedad. En efecto, existe una notable diferencia en cuanto a la facilidad de formular y ejecutar un plan de manejo cuando se trata de grandes explotaciones que pueden realizar importantes economías de escala. Además, la eficiencia de la planificación del volteo, madereo, transporte y manufactura es mayor conforme aumenta el tamaño de la explotación. El caso de la propiedad forestal en Chile es muy ilustrativo a este respecto: más de los dos tercios de las plantaciones forestales son propiedad de dos grandes corporaciones que desarrollan una gestión de alcance mundial, abastecen en materia prima a sus establecimientos industriales y exportan cerca del 80 por ciento de la producción total del sector.

En el otro extremo está la pequeña propiedad campesina, que ha experimentado considerables dificultades en un intento de dudosa racionalidad al “insistir” en las mismas plantaciones de los grandes consorcios monopsónicos, en lugar de incorporar la forestación a otras especies que tienen mercados cautivos en la medida en que son abastecidos regularmente: el álamo, sauce mimbre y castaño, etc. Para ello es necesario constituir agrupaciones locales de forestadores que permitan el manejo sostenido en áreas de un tamaño adecuado a las rotaciones productivas permanentes.

En cuanto al tamaño de las explotaciones de las propiedades forestales del Estado, se considera que la gran mayoría de las unidades con potencial productivo tienen dimensiones idóneas para desarrollar proyectos de aprovechamiento rentables.

Una diferenciación significativa de la tenencia forestal se presenta entre los tipos de bosques. Así como las grandes propiedades privadas se concentran en las plantaciones, las grandes propiedades públicas se concentran en el bosque nativo. La influencia de la categoría de propiedad en uno y otro tipo de bosque está asociada claramente a los objetivos de sus propietarios. En el caso de las plantaciones, se privilegia los márgenes de utilidad que se obtienen de rotaciones más cortas,

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con un manejo muy tecnificado y sistemas de aprovechamiento de alto rendimiento y bajo costo y un producto muy homogéneo cuando las plantaciones están localizadas en zonas con buena dotación de infraestructura de transporte. En cuanto al tamaño de las unidades del SNASPE, se trata de privilegiar la conservación y restauración de bosques de difícil accesibilidad, que han sido intervenidos irracionalmente en el pasado y requieren importantes inversiones para su puesta en aprovechamiento.

Las distintas modalidades de tenencia se relacionan también con el tipo de producto para el cual presentan ventajas los bosques, tanto en cuanto a composición como al tamaño de las explotaciones. En este caso adquieren importancia los servicios ambientales del bosque y la recolección y procesamiento de los PFNM. El manejo forestal con estos propósitos constituye una oportunidad al alcance de las comunidades campesinas propietarias o no de bosque nativo. En efecto, en el caso de los asentamientos rurales de población en condiciones de extrema pobreza, aledaños a unidades de áreas silvestres protegidas públicas o privadas, se ofrece la alternativa de asociar la superación de la pobreza con el manejo forestal sostenible mediante la estipulación de convenios de aprovechamiento forestal específicos.

Otro aspecto importante de la propiedad forestal se refiere a la localización de los bosques. En el caso de las plantaciones, tanto el valor de la tierra como las inversiones para la forestación y el manejo representan necesidades de capital que son propias de las grandes empresas. Además, la planificación de la forestación y el manejo de estos bosques se justifican por su aprovechamiento para abastecer la gran demanda de madera de las plantas de celulosa, papel, tableros y madera aserrada establecidas en centros integrados de producción forestal. De esto se desprende que, a medida que ha aumentado la capacidad instalada de estas industrias, se ha hecho más escasa la disponibilidad de terrenos aptos para la forestación en zonas de infraestructura desarrollada, donde el uso de los suelos compite con la rentabilidad de otras alternativas como la ganadería, la fruticultura, la minería y el desarrollo urbano. En este caso se presenta otra oportunidad a la pequeña propiedad forestal para efectuar plantaciones mediante emprendimientos asociativos que justifiquen rotaciones de producción en volúmenes, calidad y magnitud adecuados a las demandas de la industria.

Más del 80 por ciento del bosque nativo se encuentra en las dos regiones más australes del país, donde prevalece la propiedad pública de los bosques del SNASPE que pertenecen a la categoría de “bosques fiscales”. Estas regiones registran una muy baja densidad de población y su clima es extremadamente frío y lluvioso, lo que explica la persistencia de un bosque nativo, que se ha visto, por el contrario, reducido mucho más radicalmente en las regiones forestales de mayor densidad de población y de clima más templado. Además, la inaccesibilidad geográfica y económica de estos bosques ha permitido explotar sus valores paisajísticos, habiéndose logrado localmente un importante desarrollo del turismo ecológico para visitantes nacionales y en especial extranjeros.

En materia de acuerdos de gestión para el manejo de los bosques, ha sido determinante el logro obtenido por la legislación chilena vigente relativa a todo tipo de propiedad forestal. Se trata de la “restricción del dominio” al derecho de propiedad, que da garantías al constituyente cuando éste condiciona el uso de los bosques al cumplimiento de planes de manejo oficialmente autorizados. En la práctica, ningún aprovechamiento forestal podría tener condición legal si no contribuye al manejo forestal sostenible. En cambio, los planes de manejo no necesariamente contribuyen a la superación de la pobreza, ni garantizan la sostenibilidad en razón de los diferentes regímenes de tenencia existentes. A la inversa, la propiedad privada de los bosques no constituye una ventaja per se para la mayoría de los pequeños propietarios, y las comunas rurales en que predomina la gran propiedad de plantaciones forestales tampoco se benefician objetivamente de estos verdaderos enclaves económicos forestales.

En cuanto a la contribución de la tenencia al manejo forestal sostenible, se registran diversas situaciones que alertan sobre la confianza excesiva en la eficacia de las regulaciones de manejo. En el caso de las plantaciones, se ha detectado una plaga que ataca el crecimiento de los pinos en una extensión que alcanza las 50 000 ha y se concentra en la VIII Región. En las zonas del SNASPE, se han producido en los últimos años grandes incendios forestales en dos reservas nacionales que consumieron el 50 por ciento de los bosques en cada unidad (cerca de 30 000 ha en total). Esto demuestra que la gestión forestal, tanto en plantaciones como en bosque nativo, ofrece un flanco vulnerable en los sistemas de prevención y de control de incendios, plagas y enfermedades. Las responsabilidades se atribuyen a la estrechez presupuestaria de la CONAF y a la imprevisión

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respecto a los riesgos del monocultivo por parte de las empresas propietarias de las plantaciones. Las lecciones aprendidas de estas experiencias –que no son excepcionales– deben conducir a la formulación de políticas orientadas más integralmente a la sostenibilidad del manejo forestal.

En cuanto a la contribución de los distintos regímenes de tenencia forestal a la superación de la pobreza rural, se observa una notable diferencia según los tipos de bosques, mayor aún que la derivada del tamaño de las propiedades. Las plantaciones forestales privadas pertenecientes a grandes y medianos propietarios contribuyen muy poco o no contribuyen en absoluto a la lucha contra la pobreza. Las autoridades de los municipios rurales denuncian la masificación de las plantaciones en sus comunas porque ocasionan diversos efectos negativos sobre el empleo, los caminos, las vertientes, la conectividad rural y las viviendas vecinas (por los daños causados por los incendios forestales). En cambio, no reportan tributos ni generan actividad económica local significativa. Las plantaciones en grandes extensiones continuas se han convertido, para los alcaldes rurales, en enclaves territoriales, ajenos al funcionamiento tradicional de las actividades productivas locales. La forestación, el manejo y la cosecha de los predios son esporádicos, concentrándose en unos pocos meses, para luego volver a llevarse a cabo varios años más tarde y culminar con la corta en el período de la cosecha de la madera.

La pequeña propiedad forestal presente en los bosques plantados tampoco ha tenido un efecto positivo en la superación de la pobreza. Son comunes los casos en que el ingreso de los pequeños propietarios al sistema de fomento del desarrollo se ha traducido en un endeudamiento adicional y en una enajenación de bienes puestos como garantías exigidas por los agentes financieros. El impedimento de acceder a los mecanismos de fomento por carencia de los títulos de dominio constituye otro tipo de efecto negativo en esta categoría de tenencia en relación con el objetivo de superación de la pobreza.

Las distintas categorías de propiedad pertenecientes al tipo de bosque nativo contribuyen considerablemente a la superación de la pobreza, aunque en una proporción muy reducida en comparación con el gran potencial de sus recursos. Diversos proyectos de aprovechamiento maderero en las reservas nacionales del SNASPE han llevado a cabo actividades en forma sostenida contribuyendo al desarrollo y permanencia de la economía local en sus respectivas áreas de influencia. Actualmente, se ejecutan proyectos en reservas nacionales localizadas en la IX, X y XI Regiones. Otras concesiones esporádicas, por ejemplo los bosques del SNASPE y los “bosques fiscales”, contribuyen puntualmente a la economía local en áreas desconectadas territorialmente de las actividades económicas regionales.

La pequeña propiedad en el bosque nativo se especializa en la producción de leña y en menor medida en PFNM. Con este tipo de actividad informal se obtienen, en la mayoría de las situaciones, ingresos de subsistencia, insuficientes sin embargo para mitigar significativamente la pobreza.

En síntesis, tanto la propiedad privada como la pública contribuyen mucho al manejo sostenible; en cambio, su la contribución a la erradicación de la pobreza presenta resultados variables según las categorías de propiedad.

Los programas gubernamentales orientados a incorporar a los pequeños propietarios forestales al desarrollo forestal se han caracterizado por su corta duración, debida ya sea a limitaciones presupuestarias o a que no se han plantado con vistas a un horizonte de tiempo suficiente para lograr una reconversión eficaz en la silvicultura campesina. Los instrumentos de subsidio, crédito, capacitación, etc. llegan y se van en plazos que no permiten consolidar resultados duraderos. No se registran en Chile iniciativas importantes en las que la contribución de la tenencia haya podido determinar la reducción de la pobreza. Se han desarrollado más bien numerosos proyectos piloto de manejo de cuencas, de aprovechamiento asociativo de bosques públicos y de transferencia tecnológica en manejo de bosque nativo que, por diversas razones, han carecido de continuidad.

Se realizan en la actualidad algunos programas asociados al subsidio diferenciado para los pequeños propietarios (Ley No 19.561) que ponen el énfasis en mecanismos de financiamiento más que en los reales problemas de este tipo de propiedad, que carece de alternativas de producción adecuadas y no reúne los requisitos legales relacionados con la propiedad. Sucesivas evaluaciones de los programas tendientes a favorecer a los pequeños propietarios forestales concluyen que se ha hecho hincapié en el asistencialismo o el paternalismo con miras a efectos de corto plazo, en lugar de la promoción del desarrollo a largo plazo. En otras palabras, dichos programas no han incorporado a los propietarios al negocio forestal dándoles los instrumentos para que puedan

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competir en condiciones económicas. Es muy probable que en ello resida la escasa duración de este tipo de proyectos piloto.

Algunos proyectos de asistencia internacional reflejan en forma patente estas conclusiones. Por ejemplo, ciertos proyectos de manejo de microcuencas (del BID, el JICA y la FAO), de

manejo del bosque nativo (de la GTZ y la DDA), de ordenamiento territorial (de la FAO) han carecido de seguimiento y han quedado como experiencias “piloto” que cumplieron los objetivos planteados en el mandato, pero no solucionaron el problema esencial de la capacidad de los pequeños propietarios para encargarse de la gestión del desarrollo.

La combinación “bosque nativo y propiedad pública” es la que tiene el mayor potencial para asociar los dos objetivos de superación de la pobreza y de manejo forestal sostenible. Se trata de poner en ejecución proyectos específicos de actividades de manejo para el desarrollo de los servicios ambientales mediante acuerdos de gestión con comunidades rurales vecinas a las áreas protegidas seleccionadas. Por otro lado, en las grandes empresas privadas se da la combinación de las plantaciones forestales de alto rendimiento con la propiedad del recurso. En este último caso, se registra una contribución al manejo forestal sostenible basado en la obligatoriedad de someter las áreas explotadas al uso forestal permanente. No obstante, se sostiene que este tipo de bosque no está contribuyendo a la superación de la pobreza, bajo ningún régimen de tenencia.

La propuesta de Política Forestal Nacional, formulada en 2007 por organizaciones no estatales (véase el Anexo 3), incluye un plan estratégico de desarrollo de la pequeña propiedad forestal a través de su inserción en agrupaciones regionales de productos y servicios forestales seleccionados, entre los que destacan la leña, los PFNM, el ecoturismo y los sistemas agroforestales. Se propone en definitiva que las organizaciones campesinas forestales asuman el liderazgo en la puesta en práctica de soluciones integrales que les permitan incorporarse ventajosamente al negocio forestal. En esas iniciativas se agrega a la componente productiva netamente forestal un conjunto de acciones de desarrollo social y comunitario entre las cuales se contempla el saneamiento de los títulos de todas aquellas propiedades que se han de incorporar a los proyectos y cuya situación de tenencia no ha sido clarificada.

Se espera que el cambio radical de estrategia de desarrollo forestal que resultaría de la aplicación integral de la propuesta de Política Forestal Nacional se traduzca en modificaciones sustantivas en las modalidades de tenencia, y permita vencer la pobreza y conseguir el desarrollo forestal sostenible. El contenido de las medidas expuestas en este estudio apunta en la dirección de la propuesta de Política Forestal Nacional.

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Medidas propuestas

CAMBIOS NECESARIOS EN LA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN FORESTAL, Y EN SU APLICACIÓN El desarrollo forestal nacional se ha conducido invariablemente en Chile a través de lo que se denomina una “política forestal implícita”, con arreglo a la cual los objetivos del desarrollo se consiguen mediante la promulgación de disposiciones legales, programas específicos, medidas administrativas y, en general, el ejercicio de las funciones del aparato institucional del Estado. Durante las dos últimas décadas se pusieron en práctica varios procesos de planificación del desarrollo forestal, entre los que destaca el Plan de acción forestal, formulado entre 1992 y 1994, que aplica la metodología de la FAO imperante en aquella época. Ni sus propuestas ampliamente participativas, ni tampoco las de otros procesos similares han sido ejecutadas en forma sistemática tal como se diseñaron, sino que su aplicación parcial ha correspondido a decisiones que han reflejado la voluntad de algunos ejecutivos de los servicios del Estado. Sin embargo, el sector forestal presenta un desarrollo sostenido desde mediados del siglo pasado, con una aceleración notable en los últimos 20 a 30 años. Esta situación contradictoria se debe al notable aporte de la empresa privada, que ha operado en un clima apropiado a la inversión y ha contado con la enorme ventaja de la apertura comercial de la economía nacional en un contexto en que la producción de productos forestales tiene una fuerte demanda en el comercio mundial.

Sin embargo, el desarrollo forestal tropieza con un obstáculo que está produciendo graves problemas en diversos sectores económicos del país. Se trata de la concentración excesiva de los beneficios del crecimiento en las grandes corporaciones, cuya contrapartida es el empobrecimiento de los sectores más débiles de la estructura económica sectorial. Son los propietarios y empresarios forestales pequeños los que no comparten el éxito económico conseguido por el sector.

Es en este contexto que la propuesta de Política Forestal Nacional representa un planeamiento estratégico del desarrollo. En lo que se refiere a los aspectos propios de este estudio, cabe poner de relieve las soluciones que permiten reconocer los cambios necesarios en la política y la legislación que garanticen la contribución de la gestión de los bosques a la erradicación de la pobreza y al manejo forestal sostenible.

Los cambios sugeridos en materia de política forestal son los siguientes: • priorización de los objetivos relacionados con la promoción de la pequeña propiedad forestal, y apoyo directo a los proyectos de inversión más adecuados al nivel actual de desarrollo; • jerarquización en cada una de las regiones con un alto potencial forestal de las agrupaciones regionales forestales, y fortalecimiento de los procesos productivos, desde la cosecha de la materia prima hasta la comercialización de los productos finales de la cadena de valor; • integración de la economía forestal en el contexto territorial de sus principales actividades, con el objeto de contribuir sistemáticamente al cofinanciamiento del desarrollo social de la población (educación, tecnología, servicios ambientales, etc.);

Los cambios propuestos en materia de legislación forestal son los siguientes: • unificación de las muy dispersas disposiciones legales y reglamentarias atribuidas actualmente a una compleja red de instancias facultadas para aplicarlas, con el objeto de modernizar la legislación forestal y de establecer un código accesible y fácilmente adaptable a los cambios cada vez más acelerados que se observan en el sector forestal; • reforma radical de los mecanismos de fomento forestal con el objeto de privilegiar el apoyo a la gestión asociativa de los bosques de pequeños propietarios forestales, simplificando los procedimientos para permitir su más eficaz aplicación.

CAMBIOS NECESARIOS EN LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN Los cambios sugeridos en los sistemas de planificación forestal son los siguientes:

• reconocimiento del valor de la propuesta de Política Forestal Nacional; • acuerdo participativo para elaborar una Estrategia Nacional de Desarrollo explícita;

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• reforzamiento de las instancias regionales de planificación y gestión forestal; • incorporación masiva y sistemática de sistemas adecuados de producción forestal para la pequeña propiedad forestal (por ejemplo, sistemas agroforestales y el manejo integrado de microcuencas hidrográficas); • incorporación de la mayor parte de las unidades del SNASPE al desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas locales, dentro del contexto de un Plan Maestro de Desarrollo.

Los cambios sugeridos en los sistemas de supervisión forestal son los siguientes: • acompañar los proyectos locales de desarrollo forestal con mecanismos específicos de supervisión; • proporcionar apoyo sistemático para incorporar buenas prácticas forestales y facilitar los procesos de certificación de la gestión en la pequeña y mediana propiedad forestal.

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Bibliografía Corporación Nacional Forestal (CONAF). 1984. Decreto Ley N° 701 sobre Fomento Forestal y Ley de Bosques. Departamento de Control Forestal. Santiago. Econativa. 2002. Análisis crítico de sustentabilidad del sector forestal en Chile. Bosque nativo y plantaciones. Período 1985-2000. Santiago. Fierro, G. y Morales, R. 1994. Evaluación del subsidio a la forestación y propuesta para su continuidad después de 1994. Universidad de Chile. Santiago. Instituto Forestal (INFOR)/Foreign Direct Investment (FDI). 2004. Análisis del Programa forestación campesina 1999-2002. Proyecto INFOR/FDI. Santiago. INFOR-Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). 1997. Forestación y silvicultura en zonas áridas y semiáridas de Chile. G. Valdebenito y S. Benedetti, eds. Santiago. INFOR-CORFO. 2000. Investigación y desarrollo forestal en la pequeña propiedad. Santiago. INFOR-Fundación Chile. 2002. Sistema de gestión forestal para la modernización de pequeños agricultores. www.gestionforestal.cl INFOR-Mucech-Defor. 1997. Potencial forestal campesino e indígena de Chile. Santiago. Leyton, V., J.I. 2002. Evaluación de la actividad de plantaciones forestales en Chile, entre 1940 y 2000. Informe final. Santiago. Ministerio de Agricultura de Chile y CONAF. 1998. Evaluación de resultados de la aplicación del D.L 701 de 1974. Santiago. Valdebenito Rebolledo, G. 2005. Evaluación de la efectividad del fomento forestal en Chile. Período 1996-2003. Tesis de magíster. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Santiago.

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ANEXO 1. ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

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FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE NORMATIVAS Y FISCALIZACIÓN La Gerencia de Normativas y Fiscalización tiene como objetivo normar, planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de administración y fiscalización en forma permanente y a nivel nacional; velar por la correcta aplicación de la legislación forestal y ambiental vigente, y asesorar a la Dirección Ejecutiva en las materias relacionadas con la aplicación de la legislación sectorial.

La Gerencia comprende tres departamentos: El Departamento de Normativas Forestales, que tiene por objeto la proposición de las normas

técnicas y procedimientos necesarios para la correcta aplicación a nivel nacional de la legislación forestal y ambiental, y el estudio, análisis y propuesta de leyes y reglamentos que permitan mejorar la aplicación de la legislación.

El Departamento de Administración Forestal, que tiene por objeto la planificación, coordinación y evaluación a nivel nacional del proceso de ingreso y tramitación de solicitudes y estudios técnicos derivados de la aplicación de la legislación forestal y ambiental; la coordinación de la explotación de los sistemas de información para la aplicación de la legislación forestal y ambiental, tanto a nivel central como regional y provincial, y la generación de estadísticas derivadas de la aplicación de la legislación forestal y ambiental.

El Departamento de Fiscalización, que tiene por objeto el diseño, seguimiento y evaluación de las estrategias de fiscalización forestal y ambiental.

ESTRUCTURA Las oficinas regionales de la Corporación comprenden un Departamento de Administración y Fiscalización Regional, encabezado por directores regionales, cuyo propósito es la planificación, coordinación y evaluación de las actividades de administración y fiscalización de la legislación forestal y ambiental, tanto a nivel regional como provincial.

Las oficinas provinciales de la Corporación comprenden una Unidad de Fiscalización y Administración Provincial, encabezada por jefes provinciales, encargada de llevar a cabo las actividades relativas a la administración y fiscalización de la legislación forestal y ambiental.

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ANEXO 2. PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL DERECHO FORESTAL

LEGISLACIÓN SOBRE FOMENTO FORESTAL • Resolución CONAF Nº 220/2007. Tabla de costos de actividades bonificables • Resolución Conjunta CONAF-Tesorería Nº 1/2006. Emisión de informes de bonificación forestal • Decreto Supremo Nº 1.341/1998, Ministerio de Hacienda. Reglamento de normas contables • Decreto Supremo Nº 193/1998, Ministerio de Agricultura. Reglamento general del Decreto Ley 701/74 • Decreto Supremo Nº 192/1998, Ministerio Agricultura. Reglamento de pago de bonificaciones • Decreto Supremo Nº 66/1992, Ministerio de Agricultura. Fijación de tarifas de la CONAF • Ley N° 19.118. Faculta el cobro de las tarifas • Decreto Ley Nº 259/1980, Ministerio de Agricultura. Reglamento técnico relativo al Plan de manejo de bosque nativo • Decreto Ley N° 2.565/1979. Somete los terrenos forestales a las disposiciones jurídicas que contiene • Decreto Ley Nº 701/1974. Ley de Fomento Forestal • Decreto Ley Nº 656/1925, artículos 1 y 2. Ley de Bosques

LEGISLACIÓN SOBRE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS • Decreto Supremo Nº 1.963/1994, Ministerio de Relaciones Exteriores. Promulga el Convenio de Diversidad Biológica • Decreto Ley Nº 1.939/1977. Normas sobre bienes del Estado • Decreto Ley Nº 3.485/1980. Aprueba la Convención sobre Zonas Húmedas • Decreto Supremo Nº 771/1981, Ministerio de Relaciones Exteriores. Promulga la Convención sobre Zonas Húmedas • Decreto Supremo Nº 531/1967, Ministerio de Relaciones Exteriores. Convención de Washington • Decreto Supremo Nº 366/1944, Ministerio de Tierras y Colonización. Explotación de tamarugo y otras especies • Decreto Supremo N° 908/1941, Ministerio de Tierras y Colonización. Palma chilena • Decreto Ley Nº 656/1925, artículo.10 de la Ley de Bosques

LEGISLACIÓN SOBRE INCENDIOS FORESTALES • Decreto Supremo Nº 100/1990, Ministerio de Agricultura. Prohíbe el empleo del fuego en la vegetación y en sustancias contaminantes • Decreto Supremo N° 733/1982, Ministerio del Interior. Reglamento sobre el ejercicio de funciones en incendios forestales • Decreto Supremo Nº 276/1980, Ministerio de Agricultura. Reglamento sobre roce a fuego • Artículos 476, Nº 3 y 495, Nos 11 y 12 del Código Penal sobre delito o falta relativa al incendio forestal • Decreto Ley Nº 625/1925, artículos 17 y 22 de la Ley de Bosques

LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN • Decreto Ley Nº 873/1975. Aprueba la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) • Decreto Supremo Nº 162/2006, Ministerio de Relaciones Exteriores. Crea el Comité Nacional de la CITES

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• Decreto Supremo Nº 75/2004. Aprueba el Reglamento de clasificación de especies silvestres • Decreto Supremo Nº 30/1997. Reglamenta el Sistema de evaluación de impacto ambiental • Decreto Supremo N° 13/1995, Ministerio de Agricultura. Declara la especie forestal queule monumento natural • Ley Nº 19.300. Bases generales del medio ambiente • Decreto Supremo Nº 43/1990, Ministerio de Agricultura. Declara la araucaria araucana monumento natural • Decreto Supremo Nº 490/1976, Ministerio de Agricultura. Declara el alerce monumento natural

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DECRETO LEY NO 701: LISTA DE FORMULARIOS

• Solicitud relativa al D.L. 701 (http://www.conaf.cl/html/procedimientos/Solicitud_DL701.doc)

• Calificación de terrenos de aptitud preferentemente forestal (http://www.conaf.cl/html/procedimientos/Calificacion_de_terrenos.doc)

• Reconocimiento de suelos forestables (http://www.conaf.cl/html/procedimientos/Reconocimiento_forestables(RSF1).doc)

• Reconocimiento de suelos forestables para el establecimiento de cortinas cortavientos (http://www.conaf.cl/html/procedimientos/Rec_degradados_cortinas.doc)

• Declaración de bosques nativos (http://www.conaf.cl/html/procedimientos/Declaracion_bosque_nativo.doc)

• Declaración de bosques de protección (http://www.conaf.cl/html/procedimientos/Declaracion_bosque_protecc.doc)

• Plan de manejo de bosque nativo (http://www.conaf.cl/html/procedimientos/PM_Bosque_Nativo.doc)

• Plan de manejo de plantaciones forestales (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/3c58d8a72dde4284fc36f1c4f80ebc72.doc)

• Plan de manejo para la corta de bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/6cf4636bd5e45cae784b7d6653e48634.rtf)

• Plan de manejo para la corta de bosques para ejecutar obras civiles (http://www.conaf.cl/html/procedimientos/PM_obras_civiles.doc)

• Norma de manejo del pino insigne (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/24df532359778336f92edaa6a0869d1e.doc)

• Norma de manejo del Eucaliptus (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/7413b9017afe0223ccfd8634258e8d17.doc)

• Norma de manejo del género Prosopis (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/e9cff161f3c95c35e15dfc0d30b46680.doc)

• Norma de manejo del roble, raulí y coigüe (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/40b8ce45180fbe9b6e748a80a86220c9.doc)

• Norma de manejo aplicable al tipo forestal siempreverde • siempreverde (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/71ce8b64222ecee20a14f3ca54a670c4.doc)

• Norma de manejo aplicable al tipo forestal lenga (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/49c1c0ac28b0510da78663c229695103.M)

• Acreditación del establecimiento de la forestación y actividades de recuperación de suelos degradados o estabilización de dunas (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/b5a5ea6dcf5e205397b16e912fd341a7.rtf)

• Acreditación de poda y raleo (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/53f4f0bdc026947a31855b72e003b6a6.doc)

• Acreditación del establecimiento de cortinas cortaviento (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/1f8dd704b6af64cfff7bb73254a6e82a.doc)

• Solicitud sobre certificación de futura bonificación (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/2543ce8a20533f1d0172853423c6dd60.rtf)

• Modificación del plan de manejo respecto al año de ejecución de actividades (http://www.conaf.cl/html/procedimientos/Modificacion_Plan_Manejo.doc)

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• Acta de recepción de denuncias por infracciones a la legislación forestal formuladas por terceros (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/d42eaa69b93d4a7d44426e90e21461e2.doc)

• Desafectación de terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal (http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/7694e6722ea0da7b15cbe6ee1ebc2754.rtf) (http://www.tramitefacil.gov.cl/1481/article-46503.html)

• Solicitud de bonificación del 15 por ciento restante, aplicable a las primeras 15 hectáreas forestadas por pequeños propietarios forestales http://www.conaf.cl/modules/contents/files/unit0/file/b2a262e39a2a14ef160507fee9ca9948.doc )

DECRETO LEY NO 701: BONIFICACIONES Y TABLA DE COSTOS El D.L. No 701 tiene por objeto regular la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal y en suelos degradados, e incentivar la forestación, en especial, por los pequeños propietarios forestales para la prevención de la degradación, protección y recuperación de los suelos del territorio nacional.

Para hacer efectivas las bonificaciones a que se refiere el D.L. No 701 sobre fomento forestal, la Corporación Nacional Forestal fija, en el mes de julio de cada año y previa aprobación del Ministerio de Agricultura y de Hacienda, el valor de los costos bonificables, para la temporada del año siguiente.

En la tabla de costos se fijan los costos de forestación, recuperación de suelos degradados, estabilización de dunas, poda y raleo, por hectárea, y de establecimiento de cortinas cortaviento por kilómetro.

La tabla de costos considera las diferentes categorías de suelo, regiones y especies y otras actividades tales como la adquisición de plantas, preparación y cercado del terreno, establecimiento de la plantación, labores de protección y gastos generales asociados a las actividades bonificables. Tratándose de pequeños propietarios forestales, también se considerarán la asesoría profesional y los costos de poda y raleo.

Pequeños propietarios

La Ley N° 19.561, que modifica el D.L. N° 701 sobre el fomento forestal, otorga al pequeño productor ciertos beneficios como una bonificación para la forestación, apoyo técnico y financiamiento.

El Estado, a través de la Corporación Nacional Forestal, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Instituto Forestal (INFOR), han establecido un programa especial de apoyo a la forestación campesina. Este programa apoya la forestación de terrenos a través de las propias organizaciones campesinas, operadores forestales e instituciones estatales participantes. El pequeño propietario puede asimismo realizar la forestación directamente. Para invertir en la forestación, el INDAP otorga al pequeño propietario un crédito de enlace para efectuar la plantación. El terreno a plantar debe ser de aptitud preferentemente forestal.

La CONAF y el INFOR pueden apoyar técnicamente en la elección de la especie a plantar y en los cuidados forestales básicos.

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Beneficios El Estado, a través de la CONAF, proporciona una bonificación de hasta el 90 por ciento de los costos netos de la forestación, que permitirá cubrir los costos de la plantación, cancelar los gastos y los eventuales créditos solicitados. Además, la plantación permitirá al pequeño propietario:

• disponer en el futuro de un nuevo recurso económico (bosque) y obtener ingresos complementarios (miel, forraje, madera, carbón etc.); • dar un valor más elevado a su tierra; • proteger el suelo y el medio ambiente; • obtener capacitación en actividades forestales.

Requisitos El pequeño propietarios forestal debe poseer uno o más predios cuya superficie conjunta no sea mayor de 12 ha regadas básicas (HRB); tener activos equivalentes o inferiores a 3 500 unidades de fomento (UF)1 e ingresos que provienen principalmente de la explotación de su predio; y trabajar directamente la tierra. Debe asimismo poseer un estudio de calificación de terreno de aptitud preferentemente forestal aprobado por la CONAF, realizar la forestación y acreditar el prendimiento ante la CONAF.

Etapas de la tramitación por el pequeño propietario de una bonificación en el marco del programa de forestación campesina 1. Acreditar la calidad de pequeño propietario forestal, según lo establecido en el artículo 10 del D.S. Nº 193 de 1998. 2. Presentar una solicitud de calificación de terrenos de aptitud preferentemente forestal o reconocimiento de suelos degradados, según corresponda, acompañada de los antecedentes que se señalan en el artículo 9 del D.S. Nº 193 de 1998. (La CONAF tiene un plazo de 60 días para el pronunciamiento.) 3. Una vez aprobada la calificación de terrenos o el reconocimiento de suelos degradados, comenzar las actividades de roce, preparación del terreno, plantación, etc. 4. Una vez ejecutada la forestación, presentar el plan de manejo, que debe señalar las actividades de forestación efectuadas, el manejo a que se someterá el recurso y las medidas de protección que serán adoptadas (artículo 14 del D.S. Nº 192 de 1998). (La CONAF tiene un plazo de 180 días para el pronunciamiento.) 5. Posterior o paralelamente a la presentación del plan de manejo, y con posterioridad al 1o de abril del año siguiente al de la forestación, ingresar la solicitud de bonificación acompañada del estudio técnico de acreditación de ejecución de actividades bonificables. (La CONAF tiene un plazo de 180 días para el pronunciamiento.) 6. Señalar en la solicitud de bonificación la densidad inicial de forestación y la densidad real obtenida, sin que sea necesario cumplir con un determinado porcentaje de prendimiento. Sólo debe existir una plantación homogéneamente distribuida y con una densidad que esté comprendida en la tabla de costos. La CONAF determinará a qué categoría de costos corresponderá asimilar la densidad real obtenida para el pago de la bonificación (artículo 15 del D.S. Nº 192). 7. La eventual bonificación será de un 75 por ciento de los montos fijados en la tabla de costos correspondientes y será otorgada al propietario, o a quien éste haya transferido la bonificación mediante documento público o privado, suscrito ante notario. 1 1 UF equivalía a 33,5 USD el 10.11.2008.

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8. El pago se efectuará a través de la tesorería regional o provincial, según lo que solicite el beneficiario. 9. El 15 por ciento restante para las primeras 15 ha forestadas se deberá solicitar en el transcurso del cuarto año siguiente al de la forestación, siempre que no exista una pérdida superior al 20 por ciento respecto de la densidad acreditada en la solicitud de bonificación.

Propietarios de predios Los individuos que se acojan a los incentivos de los planes de fomento, en calidad de beneficiarios o usuarios, son todas aquellas personas, naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que sean “propietarios de terrenos” desnudos (sin bosque), frágiles o ñadis, ubicados en áreas en proceso de desertificación o además de aptitud preferentemente forestal en el caso de pequeños propietarios forestales y con bosque nativo o con plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal.

El D.L. N° 701 de 1974 y sus modificaciones reconoce la calidad de “propietarios de predios” a aquellos propietarios que deseen, por ejemplo, presentar estudios técnicos para acceder a la bonificación forestal o a beneficios tributarios, como la calificación de terrenos de aptitud preferentemente forestal, la declaración de bosque nativo o bosque de protección, o el reconocimiento de suelos forestables, suelos degradados o con serio peligro de erosión eólica; forestar o presentar planes de manejo para la corta de bosque nativo o para plantaciones; o efectuar trabajos de reforestación o corrección; o ejercer el derecho a reclamo por los pronunciamientos de la CONAF. El decreto ley también considera la calidad propietarios de predios para la aplicación de sanciones.

Pequeños propietarios forestales Especialmente el nuevo texto del D.L. N° 701 de 1974 considera a los pequeños propietarios forestales, definidos en el artículo 2 (incluidas las comunidades agrícolas indígenas), sujeto principal de la Ley de Fomento Forestal. Se asimilan a esta categoría los propietarios de bienes comunes resultantes del proceso de reforma agraria, comprendidos los terrenos de secano, y los trabajadores de estos últimos predios, quienes están sujetos a normas particulares. Las normas de incentivo a los pequeños propietarios forestales se refieren a las siguientes materias:

• el derecho a adherirse a estudios y planes tipo elaborados por la CONAF (art. 9); • el derecho a una bonificación del 90 por ciento por la forestación de hasta 15 ha de terrenos de aptitud preferentemente forestal o terrenos degradados de cualquier clase, incluso de baja densidad de plantación para fines silvopastorales; • una bonificación por la primera poda y raleo; • una bonificación ilimitada o excedible o no concursable; • el acceso al crédito de enlace otorgado por el INDAP (art. 12); • la obtención de un certificado de futura bonificación para garantizar el crédito de enlace emitido por la CONAF (art. 16); • la obtención de asistencia técnica gratuita proporcionada por la CONAF (art. 29); • la declaración, para efectos tributarios, bajo el sistema de renta presunta, que la bonificación percibida nunca constituye renta, para ningún efecto legal (art. 33); • los beneficios a los que es posible acogerse mediante postulaciones colectivas (art. 34); • la exención del pago de tarifas por las actuaciones e inspecciones de la CONAF relativas a las solicitudes de pago de bonificaciones y planes de manejo, según D.S. N° 92 de 1992 del Ministerio de Agricultura; • la obtención de una caución solidaria de la CORFO, conforme lo autoriza el D.S. N° 42 de 1985 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La definición de pequeño propietario forestal, contenida en el artículo 2 del decreto ley, es muy compleja, toda vez que su definición hace referencia a diversos cuerpos legales, situación que obligó a establecer procedimientos especiales de acreditación de tal condición, contenidos en el artículo 10 del Reglamento General del D.L. N° 701 de 1974.

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Poseedores del título de dominio del predio en trámite de saneamiento La regla general que considera al “propietario de terrenos o de predio” como sujeto tiene su excepción, ya que también caen dentro de la definición de sujetos forestales los “poseedores de predios” que se encuentren en trámite de saneamiento de títulos de dominio (art. 1 transitorio, D.L. N° 2.565 de 1979).

En efecto, los poseedores de predios de aptitud preferentemente forestal pueden acogerse a los beneficios del D.L. N° 701 de 1974 cumpliendo sus exigencias y siempre que acrediten reunir los requisitos del D.L. N° 2.695 de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, siempre que hayan presentado solicitud de saneamiento de títulos de dominio del inmueble respectivo ante el Ministerio de Bienes Nacionales.

Estos requisitos son: estar en posesión del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años por lo menos, y acreditar que no existe juicio pendiente en su contra, en el que se discuta el dominio o la posesión del inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

A partir de la última modificación, en 1998, pueden ser sujetos de fomento forestal también, los “concesionarios mineros y de servicios eléctricos o de gas”, quienes asumen la obligación de reforestar conforme al nuevo artículo 30. De esta forma, se resuelve legalmente la situación especial que se había producido con la corta de bosques para construir conductos y tendidos de líneas eléctricas, en que la CONAF ya consideraba como sujeto también, para los efectos de presentar el respectivo plan de manejo, a los titulares de las concesiones, los que por disposición de sus leyes especiales, adquieren en su favor servidumbres respecto de los predios que atraviesan las líneas o conductos, respectivamente, y por tanto facultades para efectuar todos los trabajos necesarios, por ejemplo cortar o explotar los bosques existentes. Esta nueva disposición da cuenta de la situación mencionada y obliga a los interesados a llevar a cabo las labores de reforestación correspondientes.

En mayo de 1998 dejaron de ser sujetos los forestadores no propietarios, toda vez que ahora no rige el antiguo inciso quinto del artículo 12 que lo permitía, “siempre y cuando acreditaran título en virtud del cual forestan y la renuncia a las bonificaciones por el propietario en su favor”.

En su reemplazo, actualmente se faculta expresamente al propietario del predio para transferir la bonificación, por instrumento público o privado, suscrito ante notario público. En este caso este tercero adquirente o “cesionario”, aunque no haya forestado, sólo mediante dichos instrumentos podrá cobrarla o percibirla (art. 16 inciso 2º del D.L. 701), transformándose de esta manera este último también en sujeto.

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ANEXO 3. PROPUESTA DE POLÍTICA FORESTAL NACIONAL PARA LOS PRÓXIMOS DECENIOS (TEXTO PARA INFORMACIÓN PRELIMINAR) La propuesta de Política Forestal Nacional ha sido formulada por un conjunto de nueve organizaciones forestales nacionales no estatales:

• la Asociación Gremial de Industria de la Madera (ASIMAD); • el Colegio de Ingenieros Forestales A.G. (CIFAG); • la Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales (CONECIF); • la Corporación Chilena de la Madera (CORMA); • la Confederación de Trabajadores Forestales (CTF); • la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (CONUPIA); • el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH); • el Sindicato de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal; • la Sociedad Chilena de Ciencias Forestales.

A lo largo de los seis meses de duración del proceso (coordinado por el CIFAG con el apoyo de la FAO), participaron también dos organizaciones ambientalistas del sector, que por diversas razones decidieron marginarse (el Comité Nacional pro Defensa de la Flora y Fauna [CODEFF] y la Red de Medio Ambiente).

RESUMEN DE ORIENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE POLÍTICA FORESTAL NACIONAL La propuesta de Política Forestal Nacional responde a la falta de un amplio acuerdo, entre los principales encargados de la toma decisiones del sector forestal, respecto a una hoja de ruta común del desarrollo. Esta carencia refleja la ausencia de una política forestal del Estado.

El proceso de formulación de la propuesta confirma la certeza del logro de grandes consensos, cuando existe la voluntad de hacer converger los intereses superiores de los actores sociales involucrados en una tarea común. En este caso, se han puesto de acuerdo trabajadores y empresarios, académicos y estudiantes, profesionales y campesinos para enfrentar el futuro del sector y llevar a las autoridades del Estado un proyecto realista de desarrollo, coherente con la realidad del país y con las expectativas concretas de contribución de las actividades forestales al desarrollo sostenible a mediano y largo plazo.

La propuesta se fundamenta en dos grandes pilares de la evolución reciente del sector. Por un lado, el potencial de expansión del crecimiento, y por otro, un desarrollo que depende estrechamente de la promoción de protagonistas que hasta ahora no han podido obtener beneficios: los campesinos, las pequeñas y medianas empresas (PyME) y los obreros forestales. En otras palabras, el notable éxito alcanzado por las actividades de reforestación y las exportaciones, conseguido gracias a la alta eficiencia de las grandes corporaciones, ha tenido como contrapartida un proceso de regresión de la agricultura familiar campesina (AFC) y las PyME.

La trayectoria del desarrollo forestal chileno en las últimas décadas ha permitido aprovechar grandes lecciones que se han sistematizado, desde el año 2003, en procesos participativos de planificación sectorial relativos a la agricultura familiar campesina, a la PyME y a la industria de exportación de productos producidos por las grandes empresas de celulosa, papel, tableros y madera aserrada. Los resultados de esos procesos se han articulado en la propuesta, junto a otras iniciativas en los ámbitos ambiental y educacional, y han dado lugar a un enfoque integrado –inédito en Chile– que permite poner en armonía todo el conjunto de actores, actividades, instrumentos y decisiones en un gran proyecto de desarrollo sectorial.

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El grupo de organizaciones participantes confía en que con la adhesión a sus postulados, compartida por los ejecutivos del Estado y el sector privado, se podrá contar prontamente con un proyecto de desarrollo forestal que comprometa a todos los sectores involucrados en su ejecución y que valorice un sector que ha llegado a ser reconocido como “el segundo sueldo de Chile”.

PRINCIPALES CONSENSOS ALCANZADOS POR LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

• Integración del conjunto de subsistemas del sector forestal para rediseñar una estrategia de desarrollo equitativo y sostenible, sobre la base de la realización de su enorme potencial, incorporando integralmente la AFC al negocio forestal, especialmente en cuanto al aprovechamiento del recurso, aumentando las ventajas competitivas de las empresas de valor agregado de la madera mediante el fortalecimiento de la sostenibilidad de la Agenda pro Crecimiento de la MIPyME, y contribuyendo a la creación de un entorno adecuado para atraer y desarrollar inversiones y emprendimientos. • Fortalecimiento de encadenamientos productivos regionales (agrupaciones), favoreciendo en especial a la PyME, orientando su desarrollo hacia el incremento sustancial de las exportaciones de mayor valor agregado y el abastecimiento del mercado interno mediante una fuerte posición grupal frente a las cadenas de distribución y las importaciones irregularmente favorecidas. • Desarrollo sustantivo de la conservación y aprovechamiento de los recursos de tierras forestales y bosque nativo disponibles en pequeñas y medianas propiedades, favoreciendo en especial la incorporación de la AFC al negocio forestal, mediante la descentralización de la gestión del desarrollo forestal con énfasis en su contribución al desarrollo rural, e invirtiendo a nivel regional recursos públicos y privados generados en la actividad forestal. • Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) para mejorar su representatividad, su uso con fines turísticos y su contribución al desarrollo rural. • Reforma educacional y tecnológica en profundidad, en consonancia con la estrategia global del sector contenida en esta propuesta. • Promoción y difusión de la importante contribución actual y potencial del sector forestal al desarrollo sostenible ante la opinión pública, mejorando en forma sustantiva la coordinación con el desarrollo de los demás sectores de la economía nacional.

Estos consensos representan los objetivos esenciales de la propuesta y apuntan a acciones concretas (programas y proyectos) que, a nivel regional, se integren con las de otros sectores (agropecuario, del turismo, del medio ambiente, de obras públicas, de la vivienda, etc.), para contribuir en especial a la promoción de las comunidades locales que llevan a cabo la mayoría de las actividades forestales. La propuesta es indispensable para el desarrollo territorial y tendrá gran trascendencia para la soberanía nacional, el crecimiento con equidad y la conservación del medio ambiente.

ASPECTOS PRINCIPALES DEL PROCESO DE LA PROPUESTA • Formulación por dirigentes de organizaciones forestales no estatales exclusivamente. • Estructuración del sector forestal en cinco subsistemas en los que las actividades forestales son objeto de una comprensión exhaustiva. • Validación de las actividades participativas de planificación forestal recientes en el caso de tres de los cinco subsistemas (AFC, PyME y grandes empresas), e integración de diversas propuestas parciales en el de los otros dos subsistemas (asuntos educacionales y medioambientales). • Formulación de una única propuesta sectorial general integrada mediante el consenso de todas las organizaciones participantes. • Decisión de seguimiento de los acuerdos más allá de la duración del proceso de formulación, considerando la constitución de una instancia coordinadora ad hoc. • Acuerdo de negociación con las autoridades pertinentes del Estado (Ejecutivo y Parlamento) del primer nivel de decisión (presidentes de las ramas del Congreso y ministros de

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las carteras vinculadas a los asuntos más relevantes: economía, hacienda, agricultura, trabajo y educación).

En los cuadros siguientes se resumen los objetivos, programas y proyectos integrados de tres de los cinco subsistemas en que se estructura la propuesta: i) la agricultura familiar campesina; ii) la pequeña y mediana empresa forestal productora de valor agregado de la madera, y iii) las grandes empresas productoras y exportadoras de productos forestales (madera aserrada, tableros de madera, celulosa y papel).

Las propuestas respectivas de los otros dos subsistemas se encuentran en una etapa de revisión final: i) educación, investigación y capacitación forestal, y ii) bosque nativo, áreas silvestres protegidas y servicios ambientales forestales.

Los tres subsistemas son esencialmente “productivos”, y cada uno ellos contiene propuestas pormenorizadas de los programas y proyectos que aquí se resumen. En algunos casos se trata de estudios de factibilidad complementados con análisis del mercado del sector en cuestión. La mayoría de los estudios es el resultado del trabajo de instituciones estatales (CONAF, CORFO e INFOR) que han contado con la cooperación técnica y financiera de la FAO, el BID, la GTZ, el JICA y otros organismos internacionales.

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Objetivos, programas y proyectos comunes de los tres subsistemas “productivos”: AFC, PyME y grandes empresas Objetivos comunes AFC PyME Grandes empresas Integración del conjunto de los subsistemas del sector forestal para rediseñar una estrategia de desarrollo equitativo y sostenible, y realizar el enorme potencial del sector

Incorporar integralmente la AFC al negocio forestal, especialmente para el aprovechamiento del recurso

Aumentar las ventajas competitivas de las empresas del grupo Fortalecer la sostenibilidad de la Agenda pro Crecimiento de la industria de valor agregado de la madera

Crear un entorno adecuado para atraer y desarrollar inversiones y emprendimientos: • marco macroeconómico; • estado de derecho; • legislación sectorial

Establecimiento de agrupaciones forestales regionales

Estructurar encadenamientos productivos regionales en sectores seleccionados

Mejorar la estructura del sector fortaleciendo los encadenamientos productivos

Fomentar el desarrollo de agrupaciones forestales regionales

Decentralización de la gestión del desarrollo forestal, con énfasis en su contribución al desarrollo rural

Contribuir a las actividades de conservación y de protección de los recursos forestales

Invertir a nivel regional los recursos fiscales generados por la actividad forestal

Promoción del uso de la madera en el mercado nacional en actividades en que presenta ventajas competitivas

Desarrollar mercados Promover el uso de la madera en actividades en que presenta ventajas competitivas

Programas comunes AFC PyME Grandes empresas Integración del conjunto de subsistemas del sector para rediseñar una estrategia de desarrollo equitativo y sostenible, y realizar el enorme potencial del sector

Forestación campesina Desarrollo de proyectos de aprovechamiento y manufactura en sectores seleccionados (PFNM, leña, madera redonda, aserrío, etc.)

Identificación de mercados y productos; acuerdos tecnológicos para el diseño de productos Orientación de los acuerdos de libre comercio con arreglo a la Agenda pro Crecimiento

Actualización permanente de la legislación forestal Acuerdos económicos Infraestructura actual y proyecciones Modernización de las instituciones

Establecimiento de agrupaciones forestales regionales

Asociación con centros tecnológicos y con productores de manufactura forestal en consorcios para el establecimiento de las agrupaciones

Plan de desarrollo de agrupaciones Programas relacionados con la cadena de abastecimiento (madera e insumos) Centro Comercial del Mueble

Integración de la AFC, la PyME y la industria forestal y las grandes empresas mediante agrupaciones para el crecimiento y desarrollo de las actividades forestales y la obtención de productos con valor agregado

Decentralización de la gestión del desarrollo forestal con énfasis en su contribución al desarrollo rural

Prevención de incendios forestales Control de plagas y enfermedades en áreas de desarrollo de proyectos de forestación y manejo forestal

Reinversión local de los beneficios en programas de educación y capacitación Mejoramiento de las condiciones laborales, ambientales y las infraestructuras para el desarrollo rural asociado a las actividades forestales

Promoción del uso de la madera en el mercado nacional en actividades en que presenta ventajas competitivas

Investigación de mercado Establecimiento de normas Servicio posventa y reparación Fomento del uso de productos nacionales Formulación de especificaciones con que deben cumplir los productos importados

Transferencia tecnológica en formación de arquitectos y constructores Especialización de los profesionales del sector de la construcción en madera Promoción y educación Establecimiento de normas Investigación para incrementar el uso de la madera en general y de la especie pino en particular en obras civiles y aplicaciones portuarias y marítimas

Proyectos comunes AFC PyME Grandes empresas Integración del conjunto de subsistemas del sector para rediseñar una

• Castaño • Álamo

Creación de la categoría de “organismo independiente” (del Estado

Ley de fomento del mejoramiento y manejo del bosque nativo

Page 36: Tenencia forestal en Chile

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estrategia de desarrollo equitativo y sostenible, y realizar el enorme potencial del sector

• Mimbre • Sistema silvopastoral • Otros

y las empresas) para dar continuidad al desarrollo de la Agenda pro Crecimiento

Actualización institucional del sector forestal Inversiones en la red vial y portuaria Nuevos tratados de libre comercio Transferencia tecnológica

Establecimiento de agrupaciones forestales regionales

Agrupaciones regionales forestales, y asociación (o consorcios) con centros tecnológicos, PyME y grandes empresas

Catastro nacional de la industria de valor agregado de la madera Proyectos de abastecimiento, manufactura, tecnología y exportación

Agrupaciones para la creación de nuevos bosques Agrupaciones del mueble Agrupaciones de productos de valor agregado de la madera

Decentralización de la gestión del desarrollo forestal con énfasis en su contribución al desarrollo rural

Brigadas campesinas de prevención de incendios forestales Microempresas campesinas de sanidad forestal

Potenciación de canales existentes y desarrollo de canales alternativos

Centros de capacitación en comunas rurales de vocación forestal Diseño y construcción de infraestructura social y productiva en zonas forestales Proyectos permanentes de responsabilidad social Proyectos permanentes de mitigación de impactos ambientales

Promoción del uso de la madera en el mercado nacional en actividades en que presenta ventajas competitivas

Promoción del uso de la madera Posición grupal frente a las cadenas comerciales Diseño de normas Celebración del Día y Feria del Mueble

Generación de nuevos de proyectos a través del Centro de Transferencia de Tecnología de la Corporación Chilena de la Madera (CTT-CORMA) que integra empresas e instituciones públicas y privadas Establecimiento de normas por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y ordenanzas para la madera usada en Chile Proyectos de investigación relacionados con las características, clasificación, comportamiento y uso de la madera en la construcción

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ANEXO 4. ESTADÍSTICAS FORESTALES, 2007 Y MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LOS BOSQUES EN CHILE

ESTADÍSTICAS NACIONALES FORESTALES PIB nacional (2007): Ch$ 62 793 469 Contribución del sector forestal al PIB nacional: 3,9 por ciento

RECURSOS HUMANOS Población nacional: 15 980 912 habitantes Personas empleadas directamente en el sector forestal: 136 478

RECURSOS NATURALES Superficie nacional total: 75 635 800 ha Bosques naturales y plantados: 15 850 018 ha Bosques en porcentaje de la superficie nacional: 20,9 por ciento Superficie forestal por persona: 0,99 ha Bosque natural: 13 457 141 ha (86 por ciento) Bosque plantado: 2 201 585 ha (14 por ciento)

SNASPE Áreas protegidas: 14 125 046 ha Bosques en áreas protegidas: 3 915 669 ha

INVERSIONES Establecimientos industriales: USD 10 000 millones Plantaciones forestales: USD 2 200 millones

PRODUCCIÓN Tasa de plantación (promedio 2002-2006): 113 031 ha/año Consumo industrial de madera (2006): 33 218 418 m3 ssc (sólido sin corteza) Consumo industrial de madera de bosque natural: 623 721 m3 ssc (<2 por ciento)

COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de productos forestales (f.o.b.): USD 4 960 millones Principales destinos de las exportaciones (en porcentaje del valor):

• Estados Unidos de América (16,8 por ciento) • China (14,9 por ciento) • Japón (7,6 por ciento) • México (7,5 por ciento)

Importaciones de productos forestales (2006) (c.i.f.): USD 845 millones Principales orígenes de las importaciones (en porcentaje del valor):

• Brasil (18,5 por ciento) • Argentina (18,3 por ciento) • Estados Unidos de América (13,3 por ciento) • Alemania (6,8 por ciento)