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El Arte Olvidado: la destrucción y

dispersión del Patrimonio en la Región de Murcia

Temario

Jose Riquelme García


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El Arte Olvidado: la destrucción y dispersión del Patrimonio en la Región de

Murcia

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA.

1.1.- Medidas protectoras del patrimonio artístico español.

1.2.- La creación de la Comisión de monumentos históricos y artísticos.

1.2.1.- Comisiones de monumentos históricos y artísticos

1.2.2.- Otras disposiciones 1.2.3.- Nuevas atribuciones

1.2.4 .- Las Comisiones Provinciales 1.2.5.- La Junta Superior del Tesoro Artístico

2.- CAUSAS Y PROBLEMÁTICA.

2.1.- Destrucción pasiva.

2.2.- Las Guerras y la Política.

2.3.- Desarrollismo y especulación.

2.4.- La desidia oficial.

2.5.- Catástrofes y otras causas naturales.

2.6.- Incapacidad gestora de la Administración pública.

3.- SECUENCIACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO REGIONAL.

3.1.- Patrimonio religioso.

3.2.- Patrimonio civil y militar.

3.3.- Casi dos siglos de devastación artística.

3.4.- Expolio artístico y negocio.

3.5.-Secuenciación de la destrucción del patrimonio.

4.- OCUPACIÓN FRANCESA Y LA GUERRA DEL A INDEPENDENCIA.

4.1.- Razones de uso y función.

4.2.- Ocupación y desastres de la guerra.

4.2.1.- José I y Napoleón.

4.3.- Robos, saqueos e incautaciones.

4.3.1.- Saqueos.

4.3.2.- Incautaciones.

4.3.3.- Robo y destrucción.

4.4.- Enajenación de bienes.


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4.5.- Los medios de preservación del patrimonio: la ocultación de bienes.

4.5.1.- Decretos e inventarios.

4.6.- Algún ejemplo murciano: San Juan de Dios.

4.6.1.- La Guerra de la Independencia en Murcia.

4.6.2.- Los primeros atropellos de los franceses.

4.6.3.- El primer saqueo de la capital.

4.6.4.- Los saqueos continúan. La fiebre amarilla.

4.6.5.- 1812. El General Soult en Murcia.

4.6.6.- El expolio de San Juan de Dios.

5.- LAS DESAMORTIZACIONES ECLESIÁSTICAS.

5.1.- La política desamortizadora durante el periodo liberal.

5.1.1.- Los beneficiados.

5.1.2.- El sistema de ventas.

5.2.- Precedentes históricos.

5.2.1.- Los primeros intentos.

5.2.2.- La compañía de Jesús. Los jesuitas en Caravaca y Murcia.

5.2.3.- Las Cortés de Cádiz.

5.2.4.- Las primeras disposiciones desamortizadoras.

5.2.5.- Un caso en tierras murcianas.

5.3.- Leyes desamortizadoras.

5.3.1.- Las Desamortizaciones de Mendizábal.

5.3.2.- La Desamortización de Madoz.

5.4.- La protección de los bienes histórico-artísticos en la legislación desamortizadora.

5.4.1.- Más leyes y decretos protectores.

5.4.2.- Consecuencias para el legado histórico-artístico.

5.5.- Las desamortizaciones en tierras murcianas.

5.5.1.- De interés público.

5.5.2.- Las consecuencias de la desamortización en Murcia.

5.5.3.- El destino de los conventos de Murcia.

5.6.- Un ejemplo en tierras murcianas: Jumilla.

5.6.1.- Algunos datos sobre la iglesia y el convento.

5.6.2.- Malos tiempos para el convento.


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5.6.2.1.- La dispersión y pérdida del patrimonio conventual.

5.6.2.2.- Subasta del patrimonio

5.6.2.3.- El derribo del Edificio

6.- LA DISPERSIÓN DEL PATRIMONIO.

6.1.- Interés desde fuera.

6.2.- Algún gesto de patriotismo.

7.- LA GUERRA CIVIL Y SUS CONSECUENCIAS.

7.1.- El inicio de lo que vendría.

7.1.1.- Sentimiento anticlerical en Murcia. 1931.

7.1.2.- La antigua iglesia de la Purísima y la Imagen de Salzillo.

7.2.- La contienda civil.

7.3.- El convento de Capuchinas de la ciudad de Murcia.

7.3.1.- La Orden de las Capuchinas.

7.3.2.- El primer convento.

7.3.3.- El nuevo convento.

7.3.4.- El patrimonio artístico de las capuchinas.

7.3.5.- La decadencia del edificio.

7.3.6.- La destrucción del convento.

7.3.7.- Dispersión del patrimonio del convento de capuchinas.

8.- LA ESPECULACIÓN DEL SIGLO XX.

8.1.- El cambio de siglo.

8.2.- Los años del desarrollismo.

8.3.-Un caso atroz: Murcia. 8.4.-La nueva avenida.

8.5.- El Gallo de la calle del Duque. Cartagena.

9.- CONCLUSIONES.

BIBLIOGRAFÍA


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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA.

En un momento en el cual todo lo que forma parte de la esfera del patrimonio cultural parece adquirir

creciente interés, hablar de destrucción del patrimonio resulta extraño o cuando menos lejano e impropio de

sociedades avanzadas como la nuestra.

Además, una simple mirada a nuestro alrededor nos complace al contemplar múltiples testimonios de nuestro

pasado histórico-artístico, máxime al reconocer cómo la creación de museos aquí y allá ha llegado a

convertirse en una especie de emblema del desarrollo sociocultural y económico de cualquier ciudad o pueblo

que se precie.

Esto es así, pero sólo hace falta rascar un poco en nuestra herencia artística para adivinar que no es oro todo

lo que reluce.

Ciertamente gozamos de una posición privilegiada, a nivel nacional, que no al regional, en cuanto al nutrido

conjunto de obras que conforman nuestro patrimonio artístico; sin embargo, este acervo cultural “podría ser

mucho más abultado y haber llegado hasta nuestros días en condiciones más dignas” (Merino de Cáceres).

Sólo hubiera sido preciso que “la perniciosa asociación de ignorancia, desidia, codicia y una mal interpretada

modernidad, no hubieran obrado a su libre antojo durante cerca de dos centurias”,(Martínez Ruiz).

Los monumentos del pasado no nos pertenecen, decía Ruskin, “pertenecen en parte, a los que los

construyeron, y en parte a todas las generaciones de la humanidad que nos han de seguir”, por ello, son las

generaciones contemporáneas las obligadas a conservarlos para que los hombres que vengan después de

nosotros puedan leer estos vestigios y nuestro modo de entenderlos.

Más recientemente, Chueca Goitia expresaba con resignación, no exenta de una clarificadora crítica, y con

respecto a nuestra tierra, que “Murcia podría haber sido una de las ciudades más bellas e interesantes de toda

nuestra península si hubiéramos sabido conservarla como se merecía”.

Es un hecho, hoy lamentado, que no sólo no existió una mínima sensibilidad para la protección de nuestro

patrimonio, sino que algunos de estos monumentos fueron destruidos con nocturnidad y alevosía, y con una

total impunidad, a pesar de gozar de protección legal.


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Y eso que desde muy temprano van apareciendo y sucediéndose una serie de medidas, algunas de carácter

filantrópico, otras de carácter legislativo, para la salvaguarda y protección del patrimonio.

Veamos algunas de ellas.

1.1.- Medidas protectoras del patrimonio artístico español.

Sin perjuicio de las disposiciones legales que aparecen hacia la segunda mitad del siglo XIII en nuestro país,

referidas forzosamente al ámbito eclesiástico, y contenidas en el Fuero Real y en las Partidas, así como en la

Academia de la Historia, por Real Orden de 18 de abril de 1738, y de la Academia de Bellas Artes de San

Fernando, por Real Decreto de 12 de abril de 1752, como el inicio de las medidas protectora del patrimonio en

España.

Dichas instituciones, creadas en tiempos de Felipe V, si bien la de Bellas Artes es instaurada de forma

definitiva tras su muerte, por Fernando VI, protagonizaron a partir de entonces múltiples actuaciones en este

campo, algunas de ellas de especial importancia como veremos más adelante.

La Real Orden de Carlos III, de 23 de octubre de 1777 (Ley III, Título XXXIV, Libro VI de la Novísima

Recopilación), establece que siempre que se proyecte alguna obra pública, se consulte a la Academia de San

Fernando haciendo entrega de dibujos de los planos alzados y cortes de las fábricas que se ideen.

La Real Cédula de Carlos IV, de 6 de julio de 1803 (Ley III del Título XX, Libro VIII de la Novísima

Recopilación), atribuye a la Academia de la Historia la inspección sobre el modo de recoger y conservar los

monumentos antiguos que se descubriesen en el Reino, si bien el interés protector lo era sobre monumentos

de una antigüedad hasta la Baja Edad Media. Esta disposición es precursora del papel tutelar que Estado

asumirá a partir de mediados del siglo XIX.

También, La Cédula del Consejo Real de 2 de octubre de 1818 (repetida el 19 de septiembre de 1827)

ordenaba a las Justicias de todos los pueblos, cuidaran de que nadie destruya los monumentos de antigüedad

descubiertos o que se descubran, puesto que al honor y nombre de los pueblos interesa su conservación, así

como los edificios antiguos, sin permitir que se derriben ni se toquen sus materiales para ningún fin, antes

bien cuidarán de que se conserven y de amenazar ruina lo pondrán en conocimiento de la Academia de la

Historia, para su conservación.


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La enajenación de las propiedades de la Compañía de Jesús en tiempos de Carlos III y Carlos IV, las

disposiciones de las Cortes de Cádiz sobre supresión de conventos con menos de doce miembros, el

restablecimiento de estas medidas durante el trienio liberal (1820-1823), serán el antecedente a partir del

cual, tras la muerte de Fernando VII, cuaje definitivamente la tendencia desamortizadora con las disposiciones

de Mendizábal en 1835, y las de Madoz en 1855. Todo ello dará lugar a la principal causa de destrucción

patrimonial que se produce en España si excluimos la producida con motivo de la Guerra de la Independencia.

Las sucesivas medidas desamortizadoras, desde las primeras enajenaciones de la época ilustrada hasta las ya

consolidadas de Mendizábal y Madoz, van a ser un factor decisivo para que el Estado tome conciencia de la

necesidad de este tipo de medidas protectoras, propiciando la creación de instituciones especializadas que

garanticen la conservación del patrimonio religioso y civil que tengan algún valor artístico o histórico

intrínseco.

Esa toma de conciencia por parte del Estado, lleva a los sucesivos gobiernos a adoptar una serie de medidas

legislativas en defensa de ese patrimonio, a su catalogación y a la creación de instituciones especializadas que

pongan fin a tanta pérdida. No obstante, como dice Ordieres Díez: “esta toma de conciencia irá madurando a

lo largo de casi un siglo hasta llegar a 1933, año clave para la historia de la legislación española sobre el

patrimonio artístico.

El caso español será uno de los más laboriosos por el marcado voluntarismo de sus medidas y el sistemático

incumplimiento de estas. Aún así se logró atajar males mayores y se fueron dando pasos hacia delante en

esta difícil labor, lastrada siempre por una carencia de presupuestos endémica”

1.2.- La creación de la Comisión de monumentos históricos y artísticos.

El antecedente en nuestro país de las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos lo encontramos en la

creación de las Comisiones Científicas y Artísticas mediante Orden de 27 de mayo de 1837, a las que se

encomendaba la protección de los bienes muebles que se considerase necesario conservar por su valor

histórico o artístico, debiéndose elaborar por las mismas un inventario a tal fin.

Estas primeras Comisiones que estaban presididas por un representante de la Diputación o el Ayuntamiento

y actuaban por tanto en el ámbito local, dieron paso a la creación de los primeros museos y bibliotecas con los

bienes trasladados a las capitales de provincia desde las distintas localidades. Gran parte de los fondos que

hoy integran las colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo Arqueológico de Murcia se reunieron a

partir de entonces.


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1.2.1.- Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos

Unos años más tarde, en 1844, se crearon las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos, con el

encargo de evitar la destrucción y perdida de los bienes inmuebles que mereciera la pena proteger. Sus

precedentes hay que buscarlos en la Comission des Monuments creada en Francia a partir de de 1789

para poner freno a las destrucciones masivas que se iniciaron en aquella emblemática fecha.

Creadas por Real Orden de 13 de junio de 1844 estaban integradas por la Comisión Central y las Comisiones

Provinciales. A su vez, estas últimas, estaban reguladas por unas instrucciones aprobadas por Real Orden de

24 de julio del mismo año.

Las atribuciones de estas Comisiones en relación a los edificios monumentales eran las siguientes:

a) Adquirir noticia de todos los edificios, Monumentos y antigüedades que existan en sus respectivas

provincias, y que merezcan conservase.

b) Formar catálogos, descripciones y dibujos de los Monumentos y antigüedades que no sean susceptibles de

traslación o que deban quedar donde existen, y también de las preciosidades artísticas que por hallarse en

edificios que convenga enajenar o que no puedan conservarse, merezcan ser trasmitidas en esta forma a la

posteridad.

Asimismo, la Orden de 24 de julio disponía que siempre que un edificio se halle en mal estado, e interese a las

artes y a la historia el conservarlo, las Comisiones Provinciales propondrán los medios para repararlo y lo

pondrá en conocimiento del Gobierno por el Jefe Político. Esta disposición pone de manifiesto la falta de

autonomía con la que actuaban estas Comisiones al establecerse unos trámites que dilataban la intervención

en los edificios que amenazaban ruina inminente con el grave riesgo de su pérdida.

Tampoco tuvieron efectividad práctica las obligaciones impuestas por las mencionadas normas a los alcaldes

de los pueblos, que con la ayuda del cura párroco, debía informar a las Comisiones en relación con la

vigilancia en la conservación de los edificios, poniéndose de manifiesto la poca o nula colaboración entre

ambas instituciones y los abusos de los Ayuntamientos en el despojo de edificios y conventos.


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1.2.2 Otras disposiciones

De aquí que la Real Orden de 4 de mayo de 1850, sobre edificios públicos, preceptuase que no se hiciese obra

alguna en estos edificios sin previa consulta a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos.

Textualmente se disponía lo siguiente:

“Enterada la Reina (q.D.g.) de una exposición que ha elevado la Real Academia de San Fernando,

denunciando el deplorable abuso que se ha introducido en varias capitales, y principalmente en esta

corte, de destruir las fachadas de muchos célebres edificios antiguos con revoques y demoliciones por

causa del ornato público; y teniendo en consideración S.M. que de no proceder en este asunto con todo

detenimiento desaparecerán en breve hasta los más bellos recuerdos de las Artes españolas, se ha

dignado resolver disponga V. que en lo sucesivo, antes de demoler, revocar o hacer obras en los

edificios públicos, se consulte en cada caso a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, a fin de

que ésta manifieste su dictamen oyendo previamente a la Academia de Bellas Artes de esa provincia, o

en su defecto a la Real de San Fernando.”

Desde los primeros años de funcionamiento de las Comisiones se puso de manifiesto la necesidad de su

reorganización para dotarlas de una mayor eficacia y pragmatismo. Las amplias atribuciones que se le

encomendaban no se correspondían con el reducido número de miembros que las integraban, con el carácter

honorífico de sus nombramientos, y con su inadecuada financiación.

Se necesitaba una mayor especialización y profesionalidad de sus miembros, una mayor independencia de las

autoridades locales y una mayor clarificación de la financiación de sus actividades.

1.2.3.- Nuevas atribuciones

Diez años después de su creación, el Real Decreto de 15 de noviembre de 1854, estableció la nueva

organización. A tal efecto, se mejoró el sistema de nombramiento al ser sus vocales más cualificados, entre

ellos, el arquitecto provincial, ampliándose sus atribuciones. Y se impuso una mayor colaboración de los

gobernadores y alcaldes para que procurasen a las Comisiones cuantos datos y noticias necesitasen para

cumplir con sus funciones.

El artículo segundo de la mencionada disposición fija como objeto de la Comisión Central el reunir y conservar

en el mejor estado posible todos los Monumentos Históricos y Artísticos que habiendo correspondido a las

Órdenes Religiosas y demás Corporaciones suprimidas, eran entonces de la pertenencia del Estado,


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estableciendo en el artículo doce como una de sus atribuciones la de promover la restauración de aquellos

edificios que se encontrasen en estado ruinoso y tuviesen un verdadero precio para las Artes y la Historia.

Según Ordieres Díez se iniciaba la idea de que el Estado debía velar también por los edificios de propiedad

particular al considerarlos bienes culturales de utilidad común, al menos en teoría.

Al mismo tiempo y como consecuencia de las reivindicaciones y actuaciones de la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando durante la primera mitad del siglo XIX en relación con los monumentos en peligro, la

Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano, incorpora –aunque su

absorción efectiva no se produciría hasta la Real Orden de 18 de enero de 1859- la Comisión Central al seno

de esta, preceptuándose en su artículo 161 lo siguiente:

“Se pondrá al cuidado de la Real Academia de San Fernando la conservación de los monumentos artísticos

del reino y la Inspección Superior del Museo Nacional de Pintura y Escultura, así como la de los que debe

haber en las provincias; para lo cual estará bajo su dependencia las Comisiones Provinciales de

Monumentos, suprimiéndose la central”.

1.2.4.- Las Comisiones Provinciales

Como dice Ordieres Díez la Comisión Central antigua, dependiente del Ministerio de Fomento había quemado

ya una primera etapa en la vigilancia y salvaguardia monumental y se ponía de manifiesto ahora la necesidad

de clasificar, conservar, y restaurar lo existente y esa labor requería el máximo de información y análisis, con

un método previo que sólo en manos de especialistas podría ser viable.

En 1865 se aprueba el nuevo reglamento de las Comisiones Provinciales mediante Real Orden de 24 de

noviembre, dándose un giro a su composición, que a partir de ahora se compondrían de individuos

correspondientes de las Reales Academias de la Historia y de San Fernando. Las atribuciones eran parecidas a

las de los antiguos reglamentos pero muy detalladas, teniendo el carácter de Cuerpos consultivos de los

gobernadores de las provincias respectivas y estableciéndose obligaciones respecto de estos y de la Reales

Academias de San Fernando y de la Historia, e incluso recogía las obligaciones de los gobernadores

provinciales y de los alcaldes respecto de las Comisiones.

En cuanto a los medios económicos se mantiene la precariedad presupuestaria tanto por parte del Estado

como por las Diputaciones, y así se pone de manifiesto en el acuerdo tomado en la Comisión Provincial de

Murcia, en 1885, a propuesta del Conde de Roche y de Baquero Almansa, para oficiar al Sr. Gobernador,

como Presidente de la Comisión de Monumentos, haciéndole saber la absoluta carencia de fondos en que esta


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se encuentra desde su reorganización en diciembre del año anterior y lo infructuoso de sus gestiones para

recabar de la Diputación el abono de la consignación correspondiente al ejercicio económico de ese año, y que

se verían obligados a renunciar a sus cargos, si dicha autoridad no hallaba modo de que la Provincia les

proporcionara los recursos necesarios.

Son constantes las reiteradas alusiones y manifestaciones de la Comisión provincial a lo largo de su dilatado

periodo de existencia, a la escasez de financiación y al retraso de su pago por parte de la Diputación.

En 1918 se vuelve a aprobar un nuevo reglamento por Real Decreto de 11 de agosto, que mantiene

prácticamente igual el listado de competencias y atribuciones de las Comisiones, las obligaciones de los

gobernadores y alcaldes y el sistema de financiación. También se establece que en aquellas poblaciones cuya

importancia monumental lo requiriese se podrían crear Subcomisiones Locales de Monumentos, como ocurrió

con la subcomisión de Mérida, dependiente de la de Badajoz.

Como alternativa a las Comisiones de Monumentos se crearon por Real Decreto de 10 de octubre de 1919, la

Institución del Delegado Regio de Bellas Artes, siendo su función fundamental la de realizar un Inventario o

catálogo artístico, pues es la base que sustenta las prescripciones prohibitivas y penales, las limitaciones de la

propiedad y el nervio del asunto. En Murcia fue nombrado José María Ibáñez García. Pasados tres años de su

creación, todavía no saben las Delegaciones regias cómo, cuando y con qué recursos han de hacer esos

inventarios y lo demás que la regia disposición les encarga.

1.2.5.- La Junta Superior del Tesoro Artístico

A partir de la Ley de 13 de mayo de 1933 de Fernando de los Ríos, se crearía la Junta Superior del Tesoro

Artístico y sus correspondientes Juntas locales, disolviéndose las Comisiones y subsistiendo tan solo

provisionalmente en las provincias donde no se creasen Juntas locales del Tesoro Artístico.

Tras la Guerra Civil, las Comisiones volvieron a tomar vida paulatinamente durante los primeros años de la

posguerra, tanto en Murcia como en el resto de las provincias españolas.

Del examen del Libro de Actas de la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia, cuyas reuniones se van

produciendo de forma más o menos regular hasta su desaparición en 1971, se constata, en relación con la

conservación de los edificios de interés histórico o artístico, la actitud de resignación de sus miembros a la

hora de frenar los derribos, lamentándose la citada Comisión consultiva en reiteradas ocasiones de que se siga


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obrando, destruyendo y construyendo, y haciendo renovaciones urbanas en fachadas y edificios sin ponerlo

en su conocimiento.

Estas lamentaciones, se producen, sobre todo, ante las actuaciones de la autoridad municipal y provincial de

obras públicas y urbanismo. Así el día 5 de julio de 1954, se alude al derribo sin el menor aviso para ser

fotografiada por lo menos, de la escalera barroca y palacial del siglo XVIII de la casa de la calle de San Nicolás

que fue propiedad de la familia Palomo. Y el 2 de abril de 1957 se pone de manifiesto como en los últimos

años se han perdido fachadas barrocas, suntuosas escaleras del siglo XVIII, cornisas y hornacinas

interesantes y otros elementos peculiares e irreparables de la fisonomía urbana local.

2.- CAUSAS Y PROBLEMÁTICA.

Para explicar la sistemática y continua destrucción y dispersión del patrimonio nacional, en general, y regional,

en particular, se ha de indagar en una serie de causas acontecidas en las dos últimas centurias.

Se identifican pues las siguientes causas de destrucción del patrimonio:

2.1.- Destrucción pasiva.

La primera, a la que se denomina “destrucción pacífica” es común a casi todos los edificios de carácter civil y

muchos de carácter religioso y, la definimos, siguiendo a Gaya Nuño, como aquella actuación fría y

premeditada del hombre que no tiene en cuenta los valores intrínsecos de la obra, despreciando, por tanto, su

conservación. Asociado a esta causa se encuentran otros factores como el analfabetismo, la falta de cultura, la

indiferencia e insensibilidad ante lo bello y vetusto y la mala educación.

2.2.- Las Guerras y la Política.

Una segunda causa sería por los acontecimientos bélicos y de carácter político.

Las guerras acontecidas en España, y que afectaron, en mayor o menor grado, al Reino de Murcia,

provocaron un daño considerable en el patrimonio artístico nacional, destacando acontecimientos como La

invasión francesa y la consiguiente Guerra de Independencia, cuyo resultado no pudo ser peor: destrucción de

innumerables edificios de carácter histórico, y el expolio, saqueo y dispersión de buena parte de los tesoros

artísticos del país.

Las posteriores leyes desamortizadoras de los bienes eclesiásticos, y en menor medida de los civiles,

agravaron el ya nefasto panorama, sobre todo con la expropiación, subastas, ventas y derribos de infinidad de

edificios de carácter religioso, sobre todo conventos y monasterios.

La Guerra Civil española de 1936-1939 devasto el país, y contribuyo aún más a la dispersión y destrucción del

patrimonio artístico nacional.


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2.3.- Desarrollismo y especulación.

Una tercera causa, se encuentra en el brusco proceso urbanizador que irrumpe en la vieja estructura de las

ciudades, de tal manera que los problemas de crecimiento demográfico, saneamiento, tráfico interior,

apertura de nuevas zonas comerciales y de negocios se resolverían con actuaciones como la apertura de la

nuevas calles, como la Gran Vía José Antonio, en donde se destruyó el entramado histórico y se derribaron,

entre otros, los Baños Árabes, el palacio del Vizconde de Huertas, el Huerto de las Bombas, el

Convento de Capuchinas, el de Madre de Dios, y un largo etc .

2.4.- La desidia oficial.

Como cuarta causa hay que señalar los incumplimientos de la legislación patrimonial a los que no fue ajena la

propia administración pública. La declaración de El Contraste de la Seda y de los Baños Árabes,

en la ciudad de Murcia, como monumentos nacionales no fue óbice para su derribo.

2.5.- Catástrofes y otras causas naturales.

Tampoco debemos olvidar las causas naturales, que de modo involuntario, pero continuado a contribuido a la

merma de edificios y bienes muebles de carácter artístico e histórico, como incendios, riadas, terremotos,

derrumbes, que tan graves daños han causado en Murcia a lo largo de la Historia.

2.6.- Incapacidad gestora de la Administración pública.

La última causa se ha de atribuir a la incapacidad gestora de la Administración Pública, El Teatro del

Toro, la Carnicería Real, los Baños Árabes, el Contraste de la Seda, eran edificios públicos de

carácter civil a los que la administración no dedicó el más mínimo esfuerzo para su mantenimiento y

conservación, propiciando con su pasividad la perdida de los mismos. E igualmente ocurrió con los edificios

privados cuyos valores históricos y artísticos debieron de haber movido a las autoridades a su conservación,

máxime cuando algunos de ellos fueron sede de instituciones oficiales como el Palacio del Marqués de las

Almenas que fue sede del Gobierno Civil y de la Diputación Provincial.


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3.- SECUENCIACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO REGIONAL.

3.1.- Patrimonio religioso.

Buena parte de los antiguos monasterios o conventos, receptáculos de arte y de cultura, exhiben en nuestros

días una triste caricatura, salvo contadísimos ejemplos, de lo que en otro tiempo, no tan lejano, fueron.

Algunos lucen reducidos a esqueletos de piedra, otros siquiera cuentan con una romántica evocación a su

pasado; es el caso de aquellos a los que algún osado restaurador ha pretendido devolver su hipotética imagen

perdida.

Los que aún permanecen en pie con cierta dignidad, o han tenido la fortuna de contar con planes de

rehabilitación respetuosos con su fábrica, se muestran desnudos y desprovistos de gran parte de su

patrimonio mueble. Nos referimos a bienes que hoy se hallan dispersos en museos internacionales, nacionales

o provinciales, y esto en el mejor de los casos, pues no pocas veces sus alhajas y ornamentos fueron tirados

al río, quemados, o vendidos a traperos, chamarileros, anticuarios, o negociantes extranjeros.

Avispados agentes traspasaron nuestras fronteras durante el siglo XIX con carretas repletas de obras de arte,

y a lo largo de la primera mitad del XX se permitieron completar barcos con obras de todo tipo con destino a

los mercados más prósperos.

3.2.- Patrimonio civil y militar.

Otro tanto se puede decir de los antiguos palacios, casas nobles, castillos y fortalezas.

Su riqueza mueble fue diezmándose al compás del debilitamiento económico de las respectivas familias que

antaño ostentaron el poder.

En el siglo XIX, por ejemplo, se asistió a las almonedas de grandes casas nobiliarias herederas de un

patrimonio artístico extraordinario, como la casa de Osuna, o Medina Sidonia, más relacionada con estirpes de

nuestra tierra, entre tantas otras que más subrepticiamente fueron liquidando poco a poco los bienes

atesorados y transmitidos de generación en generación durante siglos.

Incluso el propio duque de Alba subastó en París algunos bienes muy notables que atesoraba en el Palacio de

Liria de Madrid.


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Cientos de casonas nobiliarias, palacios, etc., asistieron a un progresivo abandono y con ello un irremediable

deterioro difícil de subsanar cuando las circunstancias sociales y económicas ofrecían un panorama contrario a

su conservación: las revoluciones liberales burguesas del siglo XIX procuraron anular los privilegios debidos al

título y el debilitamiento de muchas familias poseedoras de esta suerte de bienes fue espectacular.

En el caso de la región, buena parte de la vieja nobleza se hace absentista, dejando Murcia y residiendo en la

corte, comenzándose un proceso de liquidación del patrimonio familiar que culminará en el siglo siguiente.

3.3.- Casi dos siglos de devastación artística.

Por si fuera poco, la confianza en el progreso y los bríos de la modernidad se tradujeron en muchas ciudades

y villas en el derribo de sus antiguos conventos, murallas, casas nobles- buena parte de las cuales había

mudado hacía tiempo a humildes casas de vecindad-, para abrir grandes vías que acabaron dilapidando sus

vestigios históricos. Terribles casos fueron los de Madrid, Granada, o posteriormente Murcia.

Al fin de cuentas, aquellos eran concebidos como lastre de un pasado que era preciso eliminar para favorecer

el avance hacia la “modernidad”. Además, la obra devastadora impulsada por este espíritu renovador

decimonónico fue completada a plena satisfacción durante los años sesenta del siglo XX, cuando el

desarrollismo convirtió la especulación y la piqueta en un lenguaje habitual para las ciudades históricas.

Éstas vieron desaparecer a pasos agigantados el testimonio de su gloria pasada, y los excesos fueron tales

que en ciertas ciudades, puede hablarse de verdadera trituración de su casco histórico.

3.4.- Expolio artístico y negocio.

Por su parte, cabildos catedralicios, párrocos, priores, madres superioras,… rentabilizaron el patrimonio

mueble de las casas, cuando no el inmueble, (caso flagrante el del Convento de San Antonio de la capital

murciana), que regentaban a fuerza de satisfacer, generalmente con poca fortuna, el voraz apetito del

mercado internacional de antigüedades. Las ventas de obras de arte en estos centros fueron muy comunes en

ese periodo.

En ocasiones se efectuaban con el propósito de obtener fondos para el sostenimiento de los templos, o para

costear reformas; otras veces, con la intención de mejorar el culto a costa de “intercambiar” las viejas

imágenes por otras nuevas de más lucido aspecto (cabe decir que esta fue una de las tácticas habitualmente

empleadas por los comerciantes de arte antiguo: canjear obras históricas por verdaderas gangas).


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Asimismo, muchas de las operaciones estuvieron movidas por el deseo de aprovechar lo que se estimaba

como un buen negocio que permitía enriquecer, sin grandes complicaciones, los fondos de la caja diocesana,

o bien invertir en títulos de la deuda pública.

3.5.-Secuenciación de la destrucción del patrimonio.

En cualquier caso, es oportuno referir esquemáticamente las principales circunstancias y coyunturas históricas

que contribuyeron a esta devastación artística desde comienzos del siglo XIX hasta nuestros días:

- Ocupación francesa y Guerra de la Independencia.

- Desamortización eclesiástica.

- La afluencia del capital extranjero en las primeras décadas del siglo XX.

- Guerra civil y posguerra.

- El desarrollismo y sus efectos para el patrimonio de las ciudades y del medio rural.

A decir verdad, ninguna de estas circunstancias habría legado un saldo tan nefasto para nuestra riqueza

artística de no haberse ligado a otros presupuestos que se mantuvieron prácticamente inalterables durante

largo tiempo: falta de interés, incultura, codicia y necesidad.

4.- OCUPACIÓN FRANCESA Y LA GUERRA DEL LA INDEPENDENCIA.

No es aventurado afirmar que estos acontecimientos abrieron las puertas de par en par a incontables

desmanes hacia las obras artísticas del pasado. Desmanes hasta entonces desconocidos en nuestra historia y

que sentarían precedentes nada halagüeños. Su testigo sería recogido sin pudor alguno, a mediados de dicha

centuria, por las políticas de desamortización eclesiástica, y principalmente por los movimientos populares que

las acompañaron.

Desde luego, a comienzos del XIX no existía un concepto relativo al patrimonio cultural, ni una visión histórica,

más allá de los círculos intelectuales, que propiciara un respeto por las obras de arte del pasado simplemente

por dicha condición.

Sin embargo, cerca del 80% de los bienes artísticos eran propiedad de la iglesia y a este respecto sí existía

una especie de inviolabilidad en torno al ámbito de lo sagrado que, naturalmente, implicaba a los bienes

eclesiásticos; inviolabilidad que con la invasión francesa se quebró, lo cual inauguró una senda de difícil

retorno: vilipendiar las obras histórico-artísticas era ya posible.


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Murcia

4.1.- Razones de uso y función.

Las razones de uso y función habían dirigido hasta ese momento la parición o desaparición de bienes

artísticos: una imagen era sustituida por otra, o bien era readecuada.

Los antiguos templos y edificios civiles, por las mismas razones, eran derribados y reemplazados por otros que

mejor satisficieran las nuevas carencias, caso de muchos de los templos murcianos, o veían anexionar partes

que no tenían por qué respetar el edificio anterior.

En cuanto a las ventas de obras de arte, siempre habían tenido lugar, tanto en los centros religiosos como

entre particulares, pero hablamos de épocas en las cuales no existía una conciencia acerca de la existencia de

una riqueza artística común. A pesar de lo cual, en nuestro país podemos hallar desde fechas muy tempranas

referencias a la necesidad de controlar la venta de obras históricas e incluso de evitar su salida del reino.

4.2.- Ocupación y desastres de la guerra.

Durante la ocupación francesa y la Guerra de la independencia (1808-1814) cientos de monasterios,

conventos, colegios, palacios y fortalezas fueron ocupados, desvalijados e incendiados.

El general Foy afirmaba: “nuestros soldados demolían edificios construidos hace medio siglo, para construir

con sus ruinas edificaciones que no debían de durar más que un día”.

Se asistió, además, al destrozo indiscriminado de imágenes, a la raspadura de retablos a fin de obtener el pan

de oro que los cubría, o al desmonte de altares para proporcionar material para la lumbre, los códices y libros

para cartuchos, etc…

Las consecuencias de un enfrentamiento armado son siempre nefastas. A la pérdida de vidas humanas,

destrucción y escasez, hay que sumar los gastos de avituallamiento del ejército, las requisas de material y

alimentos y la merma del patrimonio artístico.

Para entender las pérdidas de patrimonio hay que tener en cuenta tres hechos básicos: las consecuencias

directas de la batalla, las piezas robadas por el enemigo y la venta de piezas artísticas para la obtención de

dinero en efectivo con el que asegurar la supervivencia.

Las tropas francesas procuraron, asimismo, la adquisición por la fuerza de bienes muebles de numerosos

centros religiosos y palacios, principalmente pinturas. Fue espectacular el conjunto de estas que atravesó en

aquellos años las fronteras españolas con el propósito de engrandecer el Museo de Napoleón.


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Murcia

4.2.1.- José I y Napoleón.

José I pretendía crear un museo nacional a partir de las obras recogidas en los diversos conventos e iglesias:

“disponer de la multitud de cuadros, que separados de la vista de los conocedores se hallaban hasta aquí

encerrados en los claustros”, como promulgaba el Real Decreto de 20 de diciembre de 1809.

Pero también deseaba agradar a Napoleón, quién pretendía hacerse con una gran colección de pintura

española, de ahí que en el artículo segundo de dicho Real Decreto se indicara: “se formará una colección

general de los pintores célebres españoles, la que ofreceremos a nuestro augusto Hermano el Emperador de

los franceses, manifestándole al propio tiempo nuestros deseos de verla colocada en una de las salas del

museo de Napoleón”.

4.3.- Robos, saqueos e incautaciones.

De dramáticas consecuencias para el patrimonio fueron los robos, tanto en su versión más violenta, los

saqueos realizados por las tropas, tanto francesas como inglesas, como la vertiente pacífica, en forma de

incautación o decomiso de objetos artísticos.

4.3.1.- Saqueos.

El saqueo puede darse en dos circunstancias: puede realizarse tras un asedio o sitio, como venganza o

represalia, o puede coincidir con el paso del ejército.

Lorca, Librilla, Alhama, Totana y la capital fueron saqueadas en diversas ocasiones durante la ocupación

francesa entre 1810 y 1812.

4.3.2.- Incautaciones.

También hay que tener en cuenta aquellos bienes que los franceses incautaron. Los decomisos fueron

frecuentes durante toda la guerra. Se decía que todo aquello que era de su agrado lo enviaban a Francia, y

así también ocurrió en Murcia.

Es sabido que cuando el rey José abandonó España en 1813, llevaba consigo numerosos bienes procedentes

de la casa de Godoy, El Escorial, el Palacio Real de Madrid, diversas iglesias, el archivo de Simancas, e incluso

de los depósitos del Gabinete de Historia Natural. Este botín incluía vajillas de porcelana, joyas, lienzos,

documentos, esculturas y muebles, aparte de oro y plata.


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Murcia

Este despojo indiscriminado vino a satisfacer, de igual modo, las apetencias de generales y mariscales que

supieron sacar buen partido en el mercado de antigüedades de tan fructífero acopio imperialista de obras de

arte.

Este nefasto panorama, en parte, vino motivado por el ideal de sociedad revolucionaria que pretendía imponer

Napoleón, pues permitió que su ejército destruyera cuantos monumentos y emblemas aludieran a la

monarquía, la aristocracia y el clero. Su programa de renovación incluyó la supresión de la Inquisición, cuyos

vienes pasaron a la Corona, así como la reducción de los conventos existentes en España, con la consiguiente

nacionalización de sus bienes.

Como es fácil de imaginar, estas primeras políticas desamortizadoras, que acompañaron al afán destructor

seguido por las tropas durante su ocupación, provocaron la desaparición de numerosas obras de arte y

favorecieron el expolio de bienes artísticos en conventos, monasterios e iglesias.

4.3.3.- Robo y destrucción.

En este periodo el patrimonio histórico-artístico español experimentó la primera de las graves mutilaciones

que padecería a lo largo de los siglos XIX y XX.

En líneas generales, puede decirse que hasta 1808 permaneció prácticamente íntegro, pero durante la Guerra

de la Independencia fue muchísimo lo perdido, y en la práctica totalidad de las provincias españolas.

Fenecieron infinidad de conventos, y los que no lo hicieron entonces, maltrechos ya en su riqueza mueble,

aguardaron su fin hasta la exclaustración eclesiástica, principalmente a partir de 1835 con la desamortización

de Mendizábal.

Calvo Serraller afirma que el expolio artístico perpetrado durante la guerra por personajes como Soult,

Sebastián, Lejeune, Murat, Dupont, Mathieu de Favries, Lery, Belliard, Coulaincourt, Eblé, Desollé y otros

tantos contribuyó al descubrimiento y popularización del arte español por toda Europa.

4.4.- Enajenación de bienes.

A pesar de lo violento del saqueo, las consecuencias más dramáticas fueron posteriores a estos hechos y se

debieron a las numerosas contribuciones que los municipios y las comunidades eclesiásticas hubieron de

satisfacer a uno y otro bando, lo que provocó la venta de objetos artísticos.

El problema estribaba en que la duplicidad de gobiernos en España, (la administración madrileña de José I por

un lado y la Junta Suprema de Cádiz por otro), duplicaba los impuestos y obligaba a llevar una doble


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Murcia

contabilidad en un momento muy delicado por la inseguridad, robos, requisas y malas cosechas que, en el

caso de los eclesiásticos, se agrava con la abolición de las rentas, la reducción de los ingresos por el impago

de los diezmos, el embargo de los bienes del obispo y la extinción de órdenes religiosas.

En resumen, se puede hablar de una situación generalizada de penuria y escasez. En este sentido, la posesión

de objetos artísticos y, sobre todo, de piezas de orfebrería, de alto valor venal, suponía una garantía de

supervivencia.

El pago de contribuciones y repartimientos fue continuo durante todo el periodo. Y a las contribuciones de

uno y otro bando hay que sumar las requisas de alimentos, las necesidades de alojamiento y vestido de la

tropa, y las numerosas multas, como las acusaciones de fernandismo.

En este contexto, la venta de bienes propios se convirtió en práctica común.

Estas ventas no sólo afectaron a las comunidades eclesiásticas, y así, los ayuntamientos murcianos sacaron a

la venta terrenos que les eran propios.

Quienes poseían objetos artísticos, especialmente objetos de plata, contaban con una garantía adicional de

supervivencia.

4.5.- Los medios de preservación del patrimonio: la ocultación de bienes.

Por otro lado, la existencia de estos bienes se convertía también en una preocupación por su salvaguarda,

hasta el punto de convertir su ocultamiento en un arte, ya que había que preservarlos de la incautación y del

saqueo.

Ante la llegada de los franceses, todas las comunidades religiosas tomaron precauciones para esconder sus

piezas más apreciadas y valiosas. En algunas ocasiones se reunieron las piezas más valiosas y se ocultaron

tras un tabique, lo que no siempre fue garantía de conservación. En otros casos de abandono de la iglesia, la

comunidad llevó consigo las piezas de orfebrería.

4.5.1.- Decretos e inventarios.

El hecho de que las piezas de orfebrería se hallaban ocultas era conocido por todos.

Por ello, debido al valor intrínseco de estos objetos, el gobierno de José I ordenó en octubre de 1809 que se

hiciera inventario de todas las alhajas y efectos de las parroquias.

Las consecuencias de este decreto no se hicieron esperar, y así, mientras se intentaba interceptar los correos

para impedir la difusión y cumplimiento del decreto, se cursaba orden para que todos los vasos sagrados y

objetos litúrgicos no imprescindibles fueran sacados de las iglesias y ocultados con efectividad y rapidez.


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Murcia

No hay demasiados datos para conocer lo ocurrido en los conventos e iglesias murcianas, pero la mayoría de

las comunidades religiosas preservaron sus bienes en sus propios edificios.

A pesar de la sistemática ocultación de las piezas, algunos objetos se perdieron, en parte por los saqueos y en

parte también por la venta de objetos para conseguir fondos, ya sea para el mantenimiento de la comunidad

o para pagar contribuciones.

A esto hay que añadir las piezas fundidas para labrar otras nuevas que sustituyeran las desaparecidas durante

la guerra, que también deberían ser consideradas “victimas” de la contienda.

4.6.- Algún ejemplo murciano: San Juan de Dios.

A pesar de todas las precauciones tomadas, la desaparición de ciertas piezas es lógica en cualquier situación

de guerra, y no lo fue menos en el caso de Murcia.

Y los objetos robados por el ejército francés, en los sucesivos saqueos de la capital y las villas del reino a lo

largo del periodo, hay que añadir aquello que hubieron de venderse para garantizar la supervivencia.

Veamos un ejemplo en la ciudad de Murcia, el Convento-hospital de los Hermanos de San Juan de Dios, unos

de los casos mejor estudiados en las fechas de la ocupación francesa, y que nos aporta datos relevantes de lo

que fue general en los establecimientos religiosos del Reino de Murcia durante la dominación francesa.

4.6.1.- La Guerra de la Independencia en Murcia.

Con el estallido de la Guerra de la Independencia española en 1808, en la ciudad de Murcia se creó una Junta

Suprema que pretendió extender su autoridad en todo el reino de Murcia ante la ausencia del poder real. El ya

anciano Conde de Floridablanca, que se encontraba retirado en Murcia, formó parte de la misma y fue uno de los

representantes murcianos en la Junta Suprema Central que se reunió en Aranjuez y de la que fue nombrado

presidente.

Al inicio del año 1809, los rumores de una invasión de los franceses en la ciudad, son cada vez más insistentes. Llegan

noticias sobre incursiones del General francés Soult a Albacete y La Junta Provincial decide fortificar la ciudad. Se

hacen trincheras para instalar cañones cerca de las puertas de acceso a la ciudad de cuatro metros de anchas y uno

de altas. Se distribuyen 20 cañones de 12 libras, en lugares estratégicos del casco urbano y puertas de acceso. Los

mas importantes estuvieron; encima de la Puerta de Orihuela,- detrás de las fabricas de la Pólvora y la Seda,- esquina

de San Diego,- Puerta de Castilla,- en la esquina del convento de Agustinas,- en las Cuatro Piedras del Malecón, - en

las puertas de acceso al Malecón junto al convento de San Francisco,- en el Palacio Episcopal hacia el río,- en la

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_espa%C3%B1ola

http://es.wikipedia.org/wiki/1808

http://es.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Floridablanca

http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Suprema_Central


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Murcia

Inquisición (Colegio de arquitectos) se colocan tres, una hacia el puente, otra hacia los molinos viejos, y otra hacia los

molinos nuevos. Para bajar a río, frente al Palacio Episcopal se hace un camino con salchicones de mimbre y cañas

clavadas con punta afilada de metro y medio.

4.6.2.- Los primeros atropellos de los franceses.

Habían pasado casi dos años del inicio de la guerra contra las tropas de Napoleón, y en Murcia aun no se

había visto francés alguno. Pero el 22 de Abril de 1810, entraron los franceses en Lorca al mando del General

Horacio Sebastiani.

Los franceses sometieron a la población a un continuo saqueo y fuertes tributos de guerra. Los lugares

religiosos fueron profanados y robados los objetos de valor. Dejo el General francés en Lorca un importante

reten y con 6000 soldados de infantería y 2000 dragones a caballo siguió ruta hacia Murcia. También saquea

Totana y Alhama, y desde allí envía varias patrullas de ojeo hacia Cartagena, con la intención de entrar

también en la ciudad.

4.6.3.- El primer saqueo de la capital.

Sebastiani llega en la ciudad el lunes, 23 de abril. Y solicita hablar con la máxima autoridad. Se presentan en

el Ayuntamiento más de 50 entre oficiales y soldados y piden hablar con el Regidor, ante la huida de los

miembros de la Junta de Defensa, es Joaquín Elgueta. Este le pide a Sebastiani que no saquee la ciudad; para

ello se ofrece a recaudar dineros y entregar víveres y lo que necesiten antes de llevar acabo lo que

acostumbraban. Sebastiani le promete respetar la ciudad. Elgueta le ofrece su casa para que se aloje y pronto

sale con el resto de ayudantes a pedir entre los comerciantes consiguiendo 35.000 reales que le hizo entrega

al francés. Pero este pronto incumple lo prometido, el día 24 de abril entraron en la ciudad de Murcia, siendo

saqueada brutalmente, y como hizo en Lorca, profanan iglesias y la Catedral, el Palacio Episcopal es

expoliado, roban en casas de los nobles, violan y asesinan, inclusive se llevan todo lo de valor de la casa del

Regidor.

El día 25 a primera hora los franceses se marchan de Murcia precipitadamente, ante la noticia de la llegada de

un fuerte ejercito al mando del General español Joaquín Blake. Pero antes de marcharse se autoproclama

“Duque de Murcia”, algo que llega a autorizar el Rey José Bonaparte. Nombre que mantuvo mientras estuvo

en España antes de ir depuesto a Francia por disputas con el General Soult.


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Murcia

4.6.4.- Los saqueos continúan. La fiebre amarilla.

Tanto movimiento de tropas, llamo la atención del General Sebastiani, que nuevamente desde Granada, volvió

a entrar en el Reino de Murcia. Era el 18 de agosto de 1810. Con 10.000 hombres y 17 cañones, se dispuso a

saquear nuevamente Murcia.

Avanzo Sebastiani hasta Librilla, y una vez allí envío patrullas de ojeo, informándole estas de lo dificultoso de la

operación, debido a la cantidad de hombres y artillería que los españoles habían posicionado alrededor de la ciudad.

Por lo que decidió volverse hacia Granada nuevamente, no sin antes saquear las localidades que tubo al paso,

inclusive Águilas.

Para colmo de los males, en 1811 se desató una terrible epidemia de fiebre amarilla que generó numerosas muertes.

4.6.5.- 1812. El General Soult en Murcia.

En enero de 1812 las tropas francesas del general Soult entraron también en la ciudad de Murcia.. En la calle de San

Nicolás se produjo un encontronazo entre los soldados de Soult y las milicias del general Martín de la Carrera, que

murió en dicho combate.

Ahora se presentaba la ocasión para poder desquitarse, si podía sorprenderle en un terreno apropiado. Pues

el español sabia que el ejercito francés de Soult, eran veteranos de muchas batallas. Pero en esta ocasión ha

nuestro héroe le podría mas el corazón que la cabeza.

Los franceses acamparon en la arboleda a las afueras de Alcantarilla, a la que de paso saquearon, quemado

alguno de sus edificios públicos e iglesias. En las memorias del Coronel Hyppolite Fayette; nos relata como el

General Soult envía a su Coronel de Estado Mayor Jean Luc Bagnorea, con 300 caballos a reconocer la ciudad.

Dejando otros 200 caballos vigilando la carretera de Cartagena, y sorteando cuantos disparos les hicieron, no

deteniendo la marcha, siendo en uno de esos disparos donde fui herido en el pecho. Llegaron los franceses a

la ciudad atravesando la antigua plaza de toros (Pza. Camachos) y por el puente salieron al Arenal, llegando al

Ayuntamiento. Pero antes inspeccionaron la ciudad comprobando que no había ni rastro del Ejército Español.

Cuando la caballería francesa entro en Murcia el sábado día 25 de Enero, disparando al aire y dando gritos en

francés, mientras sus caballos causaban el pánico de los murcianos que horrorizados, corrieron a sus casas

donde cerraron puertas y ventanas, y escondiendo lo poco o mucho de valor que tuviesen. A todos les vino a

la memoria la última visita de los franceses, donde causaron tal devastación en la ciudad, y donde el saqueo,


http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla


http://es.wikipedia.org/wiki/Soult

http://es.wikipedia.org/wiki/Milicias


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Murcia

la profanación de iglesias, el robó y violaciones, estuvieron a la orden del día. Como una plaga de langostas,

los franceses arramblaron con casi todo lo de valor de la ciudad.

Se instalo en el Palacio Episcopal y mando algunos de sus coroneles con un pelotón de soldados a por sus impuestos

de guerra que había solicitado el día anterior. Mientras pidió que se sirviera un buen banquete, para celebrar su

triunfo sin disparar un solo tiro.

El regidor se ofrece a mediar con la población para que no haya altercados con los soldados saliendo a la calle

personalmente e intentar calmar a la ciudadanía. Pero los franceses tenían orden tanto con botín o sin el, llevarse por

las buenas o por las malas todo lo de valor que hubiese en la ciudad.

Pero en la mañana del día 26 el saqueo en los palacios, profanación de iglesias y conventos, violación de mujeres y

asesinatos de quien se resistía eran mas que evidentes. La Catedral, el Seminario, los palacios de los nobles, los

plateros cerraron sus comercios y huyeron, las tabernas fueron asaltadas, los ciudadanos humillados e impotentes

apenas podían levantar la voz ante la amenaza de las bayonetas francesas.

Martín de la Carrera se prepara para hacer frente a los franceses. Habiendo pasado como una milla desde el

inicio de la marcha, encuentran una casa solariega a la que llaman el Huerto de las Bombas, donde

comprueban que hay como una docena de lanceros y coraceros saqueando la casa. Pronto el General da

orden al Coronel Santiago Wal, de cargar a sangre contra ellos. El Coronel con parte de los dragones

españoles sorprende a los franceses a los que no da tiempo de montar en sus caballos, cayendo la mayoría

muertos o heridos.

Después del intento de liberar Murcia, el General será abatido en la calle de San Nicolás. El Coronel de Dragones

Joseph Sparre cuenta que dieron muerte al jefe de Estado Mayor el General La Carrera en el Arenal.

4.6.6.- El saqueo de San Juan de Dios.

Como hemos visto, Murcia fue atacada en sucesivas ocasiones y ocupada por las tropas francesas comandadas por los

generales Sebastiani y Soult, quienes, indiscriminadamente, saquearon villas y pueblos, amén de la capital.

Conocemos por las crónicas de entonces que conventos, iglesias y palacios fueron ocupados y saqueados sus bienes

de 1810 a 1812, con la consiguiente pérdida de bienes muebles estimables del patrimonio regional.

Un episodio bien documentado fue el de la visita del General Soult al Convento-hospital de San Juan de Dios.

Seguramente para visitar a los soldados franceses allí atendidos, cuando paseando por el recinto, se fijo en un


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Murcia

magnífico apostolario, seguramente de algún maestro de la zona, y del siglo XVII-XVIII, doce pinturas de

considerables proporciones que decorarían el claustro o las paredes del refectorio.

Dicen las crónicas que el General se intereso por el mencionado conjunto pictórico, y fue tal la insistencia, que el prior

del convento decidió (imaginamos que conocía los precedentes del saqueo de Murcia dos años antes), y ante la

amenaza velada de un nuevo expolio de la ciudad por las tropas francesas, regalar las pinturas al general.

No disponemos de muchos más datos de estas pinturas, ni sabemos con seguridad si pertenecían al convento antes

de la reforma llevada a cabo por disposición testamentaria de don José Marín Lamas, Racionero Entero de la Santa

Iglesia de Cartagena, ya que en su testamento no relaciona con detalle las pinturas de su propiedad donadas al

convento, o por lo menos, estas no aparecen señaladas.

Lo que si disponemos es de la información detallada de su testamento, y el inventario de alhajas y orfebrería que

dona para el ornato de la nueva iglesia de San Juan de Dios, algunas de ellas desaparecidas por el expolio llevado a

cabo por los franceses el día 26 de Enero de 1812.

Inventario de alhajas:

Orfebrería:

Las valiosas piezas que don José Marín lega al convento para un mayor realce en el adorno y culto que se le

ha de procurar a la custodia son las siguientes: un frontal de plata ya labrada, en planchas, con follajes y

diversas piezas de cobre para completar su ornamentación, así como todos los elementos necesarios para su

montaje (tomillos, piezas de nogal, etc.).

Debemos suponer que tan rico frontal estaba destinado al altar donde se colocaría la custodia, en un

tabernáculo de plata también ya realizado que en unión de otras alhajas estaba depositado en casa de don

Félix Diéguez. Para enriquecer aun más este altar le destina candeleros y ramos de flores en plata, así como

los objetos propios del servicio religioso: vinajeras, campanilla, cajita para las hostias, cáliz y patena, todo en

el mismo metal, y algunas piedras preciosas sueltas, sobre todo diamantes, y finalmente la custodia,

protagonista y verdadera causante de la construcción de la nueva iglesia. Su altura era de tres palmos menos

dos dedos, con pie en forma de nube recorrida por un letrero con el nombre del donante y la fecha en que se

mandó hacer (año de 1751). Figuras de querubines, símbolos eucarísticos y marianos, y signos del zodíaco

combinados con perlas, rubíes, diamantes, oro y plata completaban el diseño de esta riquísima pieza, por lo

que no es de extrañar que su propietario al legarla la rodeara de todas las medidas de precaución posibles

(reja en la capilla y religioso que la custodiara día y noche). Desgraciadamente todo resultó en vano ya que la


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Murcia

pieza fue robada de la iglesia en el año de 1812, fecha por demás propicia para estos actos vandálicos, y

sigue sin aparecer hasta nuestros días.

La obra de la custodia se le atribuye a Salzillo. Una de las grandes pérdidas del patrimonio murciano en aquellas

nefastas fechas de la ocupación francesa.

5.- LAS DESAMORTIZACIONES ECLESIÁSTICAS.

Las disposiciones desamortizadoras se dirigían a liberar la tierra de las llamadas manos muertas. El objetivo

era favorecer la aparición de nuevas propiedades privadas que dinamizasen el mercado y proporcionasen

mayores ingresos tributarios a la Hacienda Pública, más allá de los ingresos directos provenientes de la venta

en subasta pública de unas tierras declaradas bienes nacionales.

5.1.- La política desamortizadora durante el periodo liberal.

Es frecuente señalar que las desamortizaciones tuvieron un triple objetivo: político, económico y social.

- Social, porque privaba a los antiguos estamentos de su fuerza económica y preparaba la sustitución de la

sociedad estamental por una sociedad de clases.

- Político, por cuanto aumentaba, en los beneficiarios de estas medidas, los partidarios del liberalismo, en

contraposición a los absolutistas, identificados con el Carlismo, y contrarios a cualquier alteración del orden

establecido.

- Económico, porque permitía hacer frente a la gran deuda acumulada.

5.1.1.- Los beneficiados.

No obstante, el grado de relevancia de estos objetivos también ha sido discutido.

Resulta lógico el deseo de ganar adeptos a la causa liberal, fundamentalmente entre las clases nobiliarias; o al

menos, el intento de evitar enemigos. La nobleza, estamento que junto a la Iglesia detentaba la mayor parte

de las tierras, no sólo no vio en peligro sus posesiones, sino que resultó ser la mayor beneficiaria de la

operación mediante la compra masiva de terrenos nacionalizados. Resulta más endeble el argumento de crear

una amplia base de pequeños propietarios. No se entiende, como señala Tomas y Valiente, «quién sería el

“ser benéfico” que, teniendo dinero para comprar fincas para sí, fuera a prestárselo a algún jornalero

insolvente ».


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Murcia

5.1.2.- El sistema de ventas.

Por otra parte, el sistema de venta elegido —subasta pública, donde los bienes pasaban al mejor postor—,

hacía muy difícil el reparto de tierras entre pequeños propietarios, lo que demuestra que Mendizábal no tenía

como objetivo llevar a cabo una reforma agraria4. No se discute, en cambio, la apremiante necesidad

económica por la que pasaba el Estado. En 1836 la deuda activa era de 1.500 millones de reales, y la presión

de los acreedores cada vez mayor. Por eso, coincidimos con Germán Rueda en que, sin negar la existencia de

otras causas, que él denomina difusas», Mendizábal pensaba, sobre todo, en resolver el problema de la

hacienda.

5.2.- Precedentes históricos.

La cuestión de la deuda pública es un problema que se remonta a la centuria anterior, especialmente a sus

últimas décadas. Para Tomas y Valiente, gran parte de este dudoso mérito correspondía al Valido del Rey,

Manuel Godoy, quien, en apenas quince años, condujo a España a una serie de costosísimas guerras que

esquilmaron la hacienda: contra Francia (1793-1795), contra Portugal (1801-1803) y contra Inglaterra (1797-

1801 y 1804-1808)7; a las que poco después se sumó la Guerra de la Independencia (1808-1814).

5.2.1.- Los primeros intentos.

Por lo demás, las medidas desamortizadoras no fueron un invento liberal. En España, sus orígenes se

remontan a los intentos de reforma agraria de Carlos III y a los informes de intendentes y ministros como

Pablo de Olavide o Jovellanos, que planteaban el perjuicio que suponía para la hacienda la amortización de

tierras en poder de manos muertas, por sustraerse a tributos y obstaculizar la producción.

Sin embargo, conviene recordar que las propuestas de éstos y otros ilustrados solían ceñirse a los baldíos y

propios concejiles. Existía una actitud dulcificada y comprensiva ante la Iglesia, con la que en todo caso se

recomendaba proceder de forma negociada, a fin de evitar que siguiese acumulando tierras.

5.2.2.- La compañía de Jesús. Los jesuitas en Caravaca y Murcia.

Caso aparte es el de la Compañía de Jesús, expulsada de España mediante la Pragmática Sanción dictada por

Carlos III, en abril de 1767, y suprimida por el Papa Clemente XIV en 1773. Sus bienes pasaron a la Hacienda

Real, pero muchas de estas propiedades —las destinadas al culto, residencias de religiosos y colegios— no

podían ser puestas en venta y continuaron sirviendo a sus fines bajo la dependencia de otras entidades.

Destacar que la disolución de los jesuitas afecto a dos grandes conjuntos monumentales en la Región de

Murcia.


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Uno de ello fue el Conjunto de la Iglesia y colegio de la Compañía de Jesús en Caravaca de la Cruz. A lo largo

de los siglos XVI-XVIII, se construye un inmenso complejo, que todavía a principios del dieciocho se está

ampliando con un magnífico claustro de cantería.

Con la expulsión de los Jesuitas en 1767, se inicia el declive del conjunto por su propio abandono y falta de

cuido. En primer lugar la iglesia continuó abierta al culto, como ayuda de la parroquia, mientras que en 1769

se instalaba un colegio, siguiendo con la tradición del edificio.

La iglesia también fue sede, a partir de 1789, de una cofradía fundada por labradores, en torno a la

advocación de San Isidro.

Un tanto de lo mismo ocurrió con otro grandioso conjunto monumental en la capital, el Colegio e Iglesia de

San Esteban, una de las primeras fundaciones jesuitas en el reino de Murcia. Tras la expulsión de los Jesuitas

en 1767 fue ocupado por la Compañía de Dragones de la Reina y en 1770 se trasladó la Casa de Misericordia

albergando así mismo el Manicomio Provincial.

5.2.3.- Las Cortés de Cádiz.

Esta es la base del proceso desamortizador del siglo XIX, caracterizado, como apuntaba Tomas y Valiente, por

la «apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a

manos muertas; venta de los mismos, y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de

los títulos de la deuda».

Mientras tanto, las Cortes de Cádiz, sin ir tan lejos, reconocían la necesidad de procurar nuevos ingresos. El

Decreto de 13 de septiembre de 1813 vinculaba a los bienes nacionales aquellos confiscados a los traidores,

los de las temporalidades de los Jesuitas y los de los conventos o monasterios destruidos durante la guerra o

suprimidos por disposición del gobierno intruso. Lo mismo ocurría con los bienes de las órdenes militares de

Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, así como gran parte de las propiedades y

sitios reales; y poco después con los procedentes de la extinta Inquisición.

Respecto al clero regular, el Decreto de 17 de junio de 1812 estableció el secuestro de los bienes de las

órdenes suprimidas por la disposición bonapartista de 18 de agosto de 1809. Para las Cortes de Cádiz se

trataba de una medida provisional, con el objetivo de reintegrar los bienes a sus legítimos propietarios llegado

el caso. No obstante, en opinión de Tomás y Valiente, muchos diputados estuvieron tentados de proclamar

definitivos estos secuestros, y la idea quedó instalada en ellos.


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Murcia

Así, durante el Trienio Progresista se restablecieron las disposiciones de Cádiz.

5.2.4.- Las primeras disposiciones desamortizadoras.

La desamortización eclesiástica se retomó con el R. D. de 9 de agosto de 1820, que significaba el

restablecimiento del Decreto de 13 de septiembre de 1813, incluyendo entre los objetos a enajenar los

procedentes del Santo Oficio. Poco después, por Decreto de 1 de octubre de 1820, se suprimían «todos los

monasterios de las órdenes monacales; los canónigos regulares de San Benito, de la congregación claustral

tarraconense y cesaraugustana; los de San Agustín y los premonstratenses; los conventos y colegios de la

Órdenes militares de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara; los de la de San Juan de Jerusalén, los de la

de San Juan de Dios y los betlemitas, y todos lo demás de hospitales de cualquier clase »; todos sus bienes

quedaban aplicados al crédito público.

Por último, el 11 de octubre se promulgaba de Ley de desvinculaciones, que suprimía todos los mayorazgos,

fideicomisos, patronatos y cualquier otra vinculación de bienes; y que prohibía la adquisición de nuevos bienes

a todo tipo de manos muertas.

5.2.5.- Un caso en tierras murcianas.

En el transcurso del Trienio constitucional o liberal (1820-1823), el Gobierno moderado de Francisco Martínez

de la Rosa acordó la desafección de todos aquellos conventos y monasterios del país que tuviesen menos de

24 profesos.

En Jumilla era el caso tanto del Convento de las Llagas de San Francisco como del Convento de Santa Ana,

por lo que los frailes fueron exclaustrados marchando en su mayoría a Cartagena, ordenándose la custodia de

los bienes de la comunidad religiosa y su conservación en lugar seguro (acaso en dependencias del

Ayuntamiento), y habilitándose 400 camas para instalar en dependencias del Convento de las Llagas -una vez

secularizado y que serviría de lazareto- a tropas del batallón de milicianos nacionales de Chinchilla durante ese

tiempo.

Una vez restaurado el absolutismo con Fernando VII, los frailes regresaron al convento, estando constituida la

comunidad religiosa entonces por diez predicadores, un ordenado “in sacris”, tres coristas y cuatro legos.

Muchos de estos religiosos tomarían luego partido por la causa liberal carlista.


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5.3.- Leyes desamortizadoras.

El 4 de Julio de 1835 se promulga un decreto por el que se suprimía la orden de los Jesuitas y sus bienes pasarían a

contribuir a la supresión de la deuda pública; se exceptuaban los objetos artísticos y culturales, que debían ser

entregados a los institutos de ciencias y artes para su conservación.

El 25 de Julio de 1835 se promulgó un real decreto que dictaba la supresión de los conventos y monasterios de

religiosos con menos de 12 frailes profesos; en el artículo 7 se dictaminaba la nacionalización de los bienes de los

conventos suprimidos a fin de contribuir a la reducción de la deuda pública.

5.3.1.- Las Desamortizaciones de Mendizábal.

Fue el nuevo gobierno de Mendizábal el que procedió mediante real decreto del 11 de octubre de 1835 a la supresión

de las órdenes monacales, como se aclaraba en el preámbulo, por estimar desproporcionado el número de conventos

existentes, además de considerarlos innecesarios e inútiles para la existencia espiritual de los fieles; se decretaba así

la expropiación de sus fincas con el propósito de aumentar los recursos del Estado y procurar nuevas fuentes de

riqueza.

En 1836 aparecen nuevas medidas. El R. D. de 19 de febrero puso en venta “todos los bienes raíces de

cualquier clase que hubieran pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los

demás que hayan sido adjudicados a la nación por cualquiera título o motivo y también todos los que en

adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación”.

Por su parte, el R. D. de 9 de marzo supuso la exclaustración de la práctica totalidad de los conventos y

monasterios masculinos, y la apropiación para la Hacienda de todos sus bienes:

«Art. 1º. Quedan suprimidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás

casas de comunidad o de instituto religioso de varones, inclusas las de clérigos seculares, y las de

las cuatro órdenes militares y S. Juan de Jerusalén, existentes en la Península, islas adyacentes y

posesiones de España en África. […]».

Un año más tarde el R. D. de 27 de julio de 1837 amplió la supresión a «todos los monasterios, conventos,

colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos».

En 1841, bajo la regencia del General Espartero, el R. D. de 2 de septiembre ordenó la apropiación de todas

las propiedades del clero secular.


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5.3.2.- La Desamortización de Madoz.

Finalmente, durante el Bienio progresista el propio General Espartero, desde el Gobierno, propició la última

gran medida desamortizadora, que culminaba el trabajo iniciado por Mendizábal. La Ley de 1 de mayo de

1855, elaborada por Pascual Madoz, Ministro de Hacienda, era la más ambiciosa y la de mayor alcance de las

medidas hasta ahora emprendidas, poniendo en venta «todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros

pertenecientes: Al Estado. Al clero. A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San

Juan de Jerusalén. A cofradías, obras pías y santuarios. Al secuestro del ex-infante don Carlos. A los propios y

comunes de los pueblos. A la beneficencia. A la instrucción pública. Y cualquiera otros pertenecientes a manos

muertas, ya estén o no mandado vender por leyes anteriores».

5.4.- La protección de los bienes histórico-artísticos en la legislación desamortizadora.

A pesar del importante perjuicio que supusieron para nuestro patrimonio las desamortizaciones y las guerras,

durante el periodo isabelino se observa una creciente preocupación por conservar los bienes históricos y

artísticos procedentes de los conventos suprimidos. De hecho, la propia normativa desamortizadora contenía

las primeras disposiciones en este sentido.

El R. D. de 4 de julio de 1835, que suprimía la Compañía de Jesús, excluía de los bienes aplicados a la

extinción de la deuda «las pinturas, bibliotecas y enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y

artes, así como también los colegios, residencias y casas de la Compañía, sus iglesias, ornamentos y vasos

sagrados, de los que me reservo disponer» (Art. 7).

La misma fórmula se encuentra en el R. D. de 25 de julio de 1835: «Se exceptúan con todo de esta aplicación

los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes,

así como también los monasterios y conventos, sus iglesias, ornamentos y vasos sagrados» (Art. 7).

Estas cláusulas requerían de una laboriosa tarea de inspección y recolección, que los gobernadores civiles

provinciales no podía afrontar sin la ayuda de personas destinadas al efecto. Por ello, la R. O. de 29 de julio

de 1835 mandó crear comisiones provinciales destinadas a «examinar, inventariar y recoger cuanto contengan

los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos suprimidos, y las pinturas, objetos de escultura u

otros que deban conservarse» (Art. 1).


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5.4.1.- Más leyes y decretos protectores.

Los R. D. de 19 de febrero y de 9 de marzo de 1836 incluyeron nuevas normas.

- El primero exceptuaba de la venta «los edificios que el Gobierno destine para el servicio público, o para

conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales» (Art. 2).

- El segundo dictaba que: «Los ordinarios podrán, con la aprobación del Gobierno, dedicar a parroquias las

iglesias de los conventos suprimidos que sean necesarias [Art. 22]; del mismo modo podrán disponer a favor

de las parroquias pobres de sus diócesis de los vasos sagrados, ornamentos y demás objetos pertenecientes

al culto, excepto aquellos que por su rareza o mérito artístico convenga conservar cuidadosamente, y los que

por su considerable valor no correspondería a la pobreza de las iglesias [Art.23]; podrán destinarse para

establecimientos de utilidad pública los conventos suprimidos que se crean a propósito [Art.24]; asimismo se

aplicarán los archivos, cuadros, libros y demás objetos pertenecientes a los institutos de ciencia y artes, a las

bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública [Art. 25].»

5.4.2.- Consecuencias para el legado histórico-artístico.

Gran cantidad de antiguos centros religiosos quedaron condenados a la ruina, y sus bienes a una segura

dispersión, cuando no desaparición, tras la promulgación del decreto desamortizador de Mendizábal de 1835.

No fue la única, pero si la más traumática.

Podemos decir que propicio una especie de gran debacle para el patrimonio de cientos de conventos y

monasterios, y esto es decir mucho, pues la riqueza histórico-artística del país se encontraba

mayoritariamente en manos de la iglesia.

A la expropiación forzosa de las fincas detentadas por las órdenes monásticas, siguió una incontrolada

dispersión de los bienes que éstas atesoraban, y ello a pesar del organigrama administrativo- comisiones

provinciales de monumentos, Museos Provinciales de Bellas Artes, etc… - dispuesto por el Estado a fin de

encontrar nuevo acomodo a miles de obras de arte expuestas a malsanas codicias y a furores que poco

entendían del respeto a las artes y a la historia.

5.5.- Las desamortizaciones en tierras murcianas.

La aplicación de los inmuebles desamortizados a fines públicos tuvo, por tanto, distintas fórmulas. En

ocasiones, los edificios fueron ocupados por la propia administración, como ocurrió frecuentemente con las

oficinas de Hacienda o las dependencias de las Diputaciones y del Gobierno Civil. Otras veces fue el ejército

quien se instaló en los viejos edificios conventuales, adaptándolos a sus necesidades.


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Murcia

En ocasiones, muchas instituciones culturales y benéficas, como escuelas, institutos, hospitales u hospicios, se

beneficiaron de estos espacios.

Cuando los edificios amenazaban ruina o requerían de grandes inversiones, la solución más frecuente era su

derribo.

5.5.1.- De interés público.

Como señala Bello, en muchas ocasiones los intereses del Gobierno y de las provincias se vieron enfrentados.

A éstos últimos solía interesar la conservación y reutilización de los edificios, pero con esta solución la

Administración central veía disminuidos sus ingresos. Por eso las cesiones se realizaban si se cumplían unas

determinadas condiciones: que el edificio se adecuase al propósito que se destinaba, que no estuviese

designado para la venta o prometiese mayores réditos económicos, y que se aceptase el pago de un canon.

La cesión de los inmuebles era beneficiosa socialmente y, de hecho, muchos diputados veían en este proceso

una oportunidad para la modernización de las retrasadas instituciones culturales españolas. Sin embargo, los

intereses económicos solían prevalecer sobre el resto. El trámite para la para la cesión era lento, y la urgencia

por hacerlos rentables dio lugar a una política de derribos demasiado generalizada —los solares podían ser

puestos en venta, o aplicarse a la mejora urbanística ampliando calles o creando nuevas plazas—.

5.5.2.- Las consecuencias de la desamortización en Murcia.

En la provincia de Murcia, el destino más común de los edificios desamortizados fue su reutilización para fines

públicos; por encima incluso de los derribos y las nuevas construcciones.

Estos viejos edificios constituían una carga para el comprador particular, debido a los grandes gastos de

mantenimiento y a su difícil aprovechamiento. Por otra parte, a diferencia de lo en ese momento que ocurría

en urbes como Madrid o Barcelona, donde se vivía una espiral constructiva que atraía a los especuladores, en

provincias como Murcia lo que realmente tenía valor eran las tierras. Fue, por tanto, la falta de postores lo

que ocasionó que casi todos los edificios desamortizados de Murcia quedasen en manos de la Administración.

Como señala Blanco, solo dos inmuebles, el de Agustinos de Cartagena y el de la Merced de Murcia,

interesaron a los compradores.

El Convento de Santa Isabel es un buen ejemplo de la aplicación de los inmuebles para mejoras urbanas.

Ubicado en plena traza medieval, laberíntica y abigarrada, su derribo en 1836 dio lugar a una amplia plaza

que pronto se convirtió en centro de la vida social murciana. Solución muy común en las transformaciones

urbanísticas de este siglo, en el que se pasa de la ciudad-convento a la ciudad moderna.


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Del resto de edificios, conocemos algunos informes realizados por los miembros de la Real Sociedad

Económica de Amigos del País de Murcia. Se trata de documentos fechados entre enero y agosto de 1837, un

periodo en el que se acentúa el interés del gobierno por los bienes nacionalizados, como demuestra la

creación, mediante R. O. de 27 de mayo de 1837, de unas Comisiones Provinciales Científico Artísticas, cuyos

objetivos eran la formación de inventarios y el traslado y conservación de los objetos de mérito a lugares

apropiados, como museos o bibliotecas.

En el caso que nos ocupa, la Real Sociedad Económica de Murcia es una institución fundamental. Fue la

responsable, en virtud de la R.O. de 29 de julio de 1835, de «examinar, inventariar y recoger cuanto

contengan los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos suprimidos, y las pinturas, objetos de

escultura u otros que deban conservarse»; y, en mayo de 1937, se le encomendó que formase la Comisión

Provincial Científico Artística de Murcia.

El primero de los documentos mencionados es una contestación a un oficio de la Junta de Enajenación de la

provincia, en la que se recoge el parecer de la Económica sobre el mejor destino de los edificios suprimidos.

Quitando una serie de edificios aprovechables a otros fines —Convento de San Francisco para oficinas

provinciales; San Juan de Dios como hospital; la Trinidad cono cuartel; la Purísima par dependencias de la

Real Sociedad; y Santa Catalina para un Lazareto—,

«Todos los demás, en sentir de esta comisión deben venderse […] por ser el único medio que

puede reportar más utilidad efectiva al Estado. Porque a la verdad, cortísima sería la cantidad que

produciría la venta para su derribo, porque esta población afortunadamente no es tan insalubre que

necesite de mas ventilación, pues que la altura general de sus edificios no se la impide ni le faltan

tampoco plazas para su mayos desahogo. […] no así vendiéndolos como están, pues en este caso

valoran más los otros materiales, se pagarán los solares y se emplearán por más tiempo jornaleros,

porque todo comprador derribará y reedificará».

Fechado el 19 de enero de 1837, llama la atención que en su dictamen no hay cabida a razones históricas o

artísticas.


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5.5.3.- El destino de los conventos de Murcia.

No ocurre lo mismo con el documento fechado en julio del mismo año. Si bien el destino previsto para muchos

de estos edificios no difiere de lo apuntado meses atrás, se observa ahora un juicio estético en sus

argumentos, e incluso un posible aprovechamiento artístico. Veamos algunos ejemplos:

1.- «El Convento de San Francisco por la bella arquitectura de su obra nueva, magnífica escalera de dos

ramales colocada en medio de dos patios decorados […] su orden arquitectónico, que puede servir como de

escuela a los jóvenes que se dediquen a este estudio; debe conservarse destinándolo para oficinas

provinciales.

2.- Santo Domingo, por sus grandiosos salones, bellísimo patio y bóvedas, extensa capacidad y fortaleza de su obra puede destinarse para casa Coliseo.

3.- La Merced, aunque el orden arquitectónico de su patio pudiera servir de modelo y estudio para los que

se dedican a la arquitectura, careciendo lo demás de él de objeto alguno que recomiende su conservación y

por otra parte no siendo susceptible para ninguna clase de establecimiento pudiera habilitarse en el casa

particulares en beneficio del Erario, reservando su magnífica iglesia, que tanto por su hermosura como por su

localidad puede servir de ayuda de parroquia dando culto a la imagen de Ntra. Sra. de los Remedios, a quien

los murcianos profesan una antigua devoción.

4.- San Agustín. Este edificio no es de los más aventajados por su arquitectura, pero sí por su mucha

localidad,[…] muy ventilado, tanto por la espalda que cae a la huerta como por la fachada que da a una

anchurosa plaza, quizá la mayor de esta capital puede destinarse con bastante proposición para un cuartel, y

su iglesia que fuera de la de la catedral es la más capaz y que su espaciosa nave y grande altura la dan un

aspecto majestuoso, debe destinarse para reunión del publico en actos civiles o religiosos en que no pueda

citarse a la intemperie.

5.- La Trinidad: Este convento que se haya en el entorno de Levante de la ciudad no tiene otra

particularidad que el patio adornado de columnas de mármol; su templo está a medio construir y todo ello no

puede ser aplicable más que o para cuartel, por estar muy ventilado con una gran plaza a su frente y casi en

la misma huerta o para formar casas particulares en beneficio del vecindario y del Erario.


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6.- Colegio de la Purísima: este pertenecía a los regulares franciscanos, aunque de solidez no es tan capaz

como los conventos, disfruta de buenas vistas al paseo del Malecón y orillas del Segura por la parte del

mediodía y por la del norte a lo más público de la ciudad. En 1822 fue concedido por S.M. a esta Sociedad

Económica para establecer en él sus enseñanzas, y lo ha sido nuevamente en el año últimos, aunque pagando

por él un módico alquiler.

7.- San Juan de Dios: este convento tiene bastante solidez, mucha capacidad buena ventilación y propio

para el destino que tiene de hospital general; sus grandes y magníficos salones construidos de mármol para el

objeto, sus altas bóvedas la reunión a los edificios destinados para la cura del venéreo y convalecencia, con

habitaciones adecuadas para los asistentes, una capilla muy proporcionada, que es una graciosa rotonda, su

magnífica escalera, grande patio y demás que le adornan no dejan que desear para el objeto a que está

destinado.

8.- Santa Teresa: este convento en nada es ventajoso, sin capacidad ni proporción para establecimiento

público […]. Solo puede ser aplicable para casas particulares.

9.- San Felipe: este edificio es bueno en cuanto a solidez, pero no presenta [¿obra?] interesante a las artes,

su capilla sería utilísima si se agregase a la iglesia parroquial de Santa Eulalia, de quien solo la divide una

pared, y lo demás convertirlo en casa particulares».

Otros: El informe conservado en el Archivo Municipal de Murcia, recogido por Dora Nicolás, nos amplía la

información a otros conventos relevantes: el de Verónicas, que «no presenta belleza alguna que le haga digno

de conservarse, su situación en la plaza de las verduras le constituyen en el caso de ser destinado por casas,

con grande beneficio del Estado por el valor que tiene las que lindan con él»; y el Convento de San Jerónimo,

situado a las afueras de la ciudad, «construido en 1507, sus grandes bóvedas, magníficos aposentos,

suntuosa escalera y más que todo su ventilación por hallarse en una altura y sin edificio alguno en sus

alrededores, debe destinarse para Lazareto de observación y aún si se quisiera a enfermería ». Es curioso,

además, que a propósito del señalado Convento de San Francisco, se utilice incluso el término de museo para

referirse a su uso por parte de estudiantes de arquitectura —«…puede servir de un museo, donde los jóvenes

puedan estudiar la construcción de toda clase de bóvedas y arcos… »—.

Resumiendo; En la capital quedaron sin postor 5 fincas urbanas, entre ellas 4 conventos, de los cuales el de

San Jerónimo estaba en las afueras y los otros tres, San Agustín, San Francisco y San Diego, en el casco

urbano, habiendo sido reducido el último a solar, ya que en 1836 fue destruido.


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En 1836 se destruyeron 3 conventos: San Diego, Santa Teresa y los Capuchinos; en 1843, el Ayuntamiento

toma posesión de los conventos de San Agustín. Verónicas y colegio de la Purísima, quedando la iglesia de

San Agustín en situación de abandono y pasando a formar parte de la parroquia de San Andrés. El convento

de las Carmelitas Calzadas pasa a depender de la parroquia de Santa María, en el barrio de San Benito, y es,

en la actualidad, la parroquia del Carmen, el barrio del ensanche murciano del siglo XIX; la iglesia del

convento de la Merced se anexiona a la parroquia de San Lorenzo, mientras que el Convento de la Merced, así

como el de San Felipe Neri, son adquiridos por particulares, y el convento de San Antón se destina a la

enseñanza de primeras letras.

También son destruidos otros conventos pero por necesidades urbanísticas, como ocurre con el de Santa

Isabel, sobre el que se realiza la plaza de Chacón, que debe su nombre a D. Pedro Chacón, jefe político de

Murcia en 1835 y 1836 y destacada personalidad política de estos años, y con el de los Dominicos, en cuyo

solar se levantara el teatro Romea, conservando, la plaza en que se sitúa, su nombre de plaza de Santo

Domingo.

Según el Archivo Histórico Nacional, existen en toda la provincia 59 conventos; Simón Segura contabiliza 53 y

en la capital había 23, catorce masculinos y nueve femeninos, de los que hemos localizado un total de

catorce.

Pascual Madoz contabiliza casi 40 edificios, de carácter religioso o público, que han superado la fase de la

desamortización y que son, aparte de las 11 parroquias establecidas en la ciudad, cada una con su edificio

corresponden te, otras 9 iglesias que pertenecen a las parroquias y proceden de la desamortización. Se trata

de las de San Juan de Dios, el Pilar, la Purísima, Jesús, Santiago y el Rosario, la Merced, San José y el

Carmen.

A esto hay que añadir 8 conventos de monjas, 3 colegios, la Catedral, el Palacio Episcopal, dos hospitales, un

hospicio, una casa de expósitos, un pósito y una cárcel.

5.6.- Un ejemplo en tierras murcianas: Jumilla.

El convento de Las cinco llagas de San Francisco fue uno de los edificios religiosos más destacados de Jumilla

desde su fundación en el siglo XVI.

Este convento franciscano fue uno de los primeros afectados por las leyes desamortizadoras de los bienes de

la iglesia en 1836, perdiéndose innumerables obras artísticas, y una magnífica biblioteca, que se consideraba

de las mejores de la región.


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Nada queda del edificio que albergó a los franciscanos en Jumilla, tan sólo un árbol del huerto que nos

recuerda su lugar, donde hoy se levanta el teatro Vico.

“Perteneció desde sus orígenes a la Provincia Franciscana de San Juan Bautista de Valencia y desde

1744 a la “Custodia independiente de San Pascual Bailón del Reyno de Murcia”.

Por algunos testimonios literarios y gráficos conservados (fotografías de fines del siglo XIX y dibujos a plumilla

contemporáneos de Juan Gil Canicio, que son copias recreadas de grabados perdidos –se dice-), sabemos que

se trataba de un cenobio de principios del siglo XVII, de estilo renacentista, compuesto del convento con sus

dependencias (claustro bajo y alto con sus celdas, el capítulo, la librería, el refectorio, la cocina y la portería),

edificios de servidumbre y un gran huerto que se extendía hacia el Este de la población, protegía una alta

tapia y era regado con el agua procedente de la Fuente de la Villa; la iglesia, que se puso bajo la advocación

de las Cinco Llagas de San Francisco, ampliada durante la segunda mitad de la centuria del XVIII en estilo

barroco, anexionándosele una gran Capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores o de la Soledad y fue

costeada por la Venerable Orden Tercera; y el hospicio anejo, destinado a menesterosos y peregrinos.

5.6.1.- Algunos datos sobre la iglesia y el convento.

La iglesia, considerando su primitiva fábrica renacentista, era una construcción de inicios del XVII, de planta

de cruz latina, de una sola y amplia nave volteada con bóveda vaída a la que se abrían capillas laterales que

cerraban con reja de madera, crucero y presbiterio de cabecera recta, con cubierta exterior a doble vertiente,

situándose a los pies del templo un coro en alto y la elevada y esbelta fachada de estilo barroco y de gran

sencillez compositiva, con puerta de ingreso que la centralizaba flanqueada por sendas torres-campanario y a

la que precedía un atrio o “compás de los Dolores”, que debió integrar un “vía crucis”.

Hay que dejar constancia de que la iglesia de San Francisco y la aneja Capilla de la Orden Tercera constituían

dos edificaciones encajadas en ángulo recto (muy semejante en tipología y organización a la iglesia

conventual franciscana de Yecla, único resto que se conserva del desaparecido cenobio en la vecina localidad

murciana) y que pese a su uniformidad, mostraban características propias de época diversa, distinguiéndose

visto desde los pies (y según pone de manifiesto el dibujo a plumilla que se reproduce) el edificio antiguo del

templo, y en el ala de la izquierda y en línea de fachada la parte añadida longitudinalmente, correspondiente a

la fábrica de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, construida sobre terrenos de secano del convento a

promedios del siglo XVIII (año de 1764).


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5.6.2.- Malos tiempos para el convento. La desamortización de Mendizábal. La dispersión y

pérdida del patrimonio artístico conventual y el derribo del convento franciscano.

Al igual que fue el caso de tantos cenobios españoles crecidos en número de religiosos, el Convento de las

Cinco Llagas de San Francisco, de Jumilla, será extinguido en octubre de 1835 con la promulgación de la Ley

de disolución de órdenes religiosas, según decreto desamortizador de Juan Álvarez de Mendizábal,

disolviéndose la comunidad franciscana que lo custodiaba un año después (agosto de 1836, compuesta por 19

religiosos, de ellos 13 ordenados y 6 legos), enajenándose sus bienes raíces y originando la dispersión de su

legado artístico, y, en años sucesivos, la progresiva ruina y desaparición del inmueble en 1866, y la

destrucción de gran parte de su patrimonio mueble durante los preludios de la guerra civil española de 1936-

1939, que se hallaba acogido en la Iglesia parroquial de El Salvador de la ciudad.

5.6.2.1.- La dispersión y destrucción del patrimonio conventual.

Haciendo alusión, en primer lugar, al destino de algunas de las obras de arte que albergaba la iglesia

conventual, los lienzos del retablo mayor (“La Anunciación”, “La familia de la Virgen”, “La Trinidad en la

Tierra” y “San Francisco en la Porciúncula”), pintados por Lorenzo Suárez en el siglo XVII, pasaron

desmembrados a la iglesia del Convento franciscano de Santa Ana del Monte, de dicha población, al igual que

la imagen del “Beato Andrés Hibernón”, obra escultórica de Roque López, del año 1792, donde se conservan

en la actualidad, mientras que la talla de “San Pedro”, de Francisco Salzillo, fue llevada a la Iglesia mayor de

Santiago.

Y las imágenes escultóricas del “Cristo de la Salud (Crucificado)” y de “Nuestra Señora de la Soledad o de los

Dolores” (de vestir), ambas atribuidas a Ignacio Vergara Gimeno; “San Roque” y “Santa Isabel”, las dos

imágenes obra del escultor José Gonzálvez de Coniedo; “Nuestro Padre Jesús Nazareno”, de Roque López; y

Nuestra Señora de los Ángeles, de autor desconocido, pasaron a ser acogidas provisionalmente algunas en la

casa de Leonarda Pérez de los Cobos, sita en la calle de la Corredera, núm. 45 , y algún tiempo después -ca.

1844- todas las dichas a la Iglesia de ayuda de El Salvador, y pereciendo todas ellas en la devastación de

1936, que fue de gran virulencia en la zona, excepción hecha del “Cristo de la Salud”, que fue guarecido en

dependencias municipales y que subsiste en la actualidad en la mencionada iglesia, y que ocupó

circunstancialmente cuando su primer traslado la Capilla de la Comunión y ahora posee espacio propio con

retablo moderno en el crucero izquierdo; mientras que del “Nazareno” de Roque López restan algunos

fragmentos de la talla original (la mascarilla del rostro y un pie), que han sido incorporados a otra efigie bajo

la misma advocación obra de reciente del escultor murciano Arturo Serra Gómez.


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Muchas otras obras de arte procedentes del extinto cenobio (varias otras pinturas de Lorenzo Suárez debieron

exornar el claustro franciscano), acaso pasarían a manos de particulares, ignorando hoy su paradero.

5.6.2.2.- Subasta del patrimonio.

En lo que concierne a la suerte postrera del desafectado Convento franciscano de las Llagas, su iglesia sufrió

un incendio el 20 de enero de 1838, provocado como consecuencia de las revueltas y refriegas locales

existentes entre liberales y absolutistas, perdiéndose gran parte de su patrimonio artístico y documental

(lienzos, esculturas, libros y documentación manuscrita), y haciéndose almoneda o subasta de las piezas

mobiliares y otras pertenencias que existían en el convento (objetos de culto, piezas de orfebrería,

estandartes, muebles,...) que pasarían a manos del mejor postor, mientras que los libros de la biblioteca,

junto con otros del convento de Lorca, fueron recogidos y depositados en la Biblioteca del Instituto de

Bachillerato Alfonso X el Sabio, de Murcia, fundado en 1837.

5.6.2.3.- El derribo del edificio.

En cuanto al edificio conventual, éste bien de “manos muertas” pasó a poder del Estado mediante su

enajenación, siendo cedido en 1843 al municipio de Jumilla al ser declarado de utilidad pública para establecer

en sus dependencias diversos usos: hospital (aquí se trasladaría el Hospicio del Santo Espíritu), cuartel de la

Milicia Nacional y Escuelas Públicas (de Primera Enseñanza); quedando luego abandonado a su suerte y

arruinado -de lo que se hizo eco Pascual Madoz en 1847, cuando vino a afirmar “cuyo edificio se encuentra

casi destruido”-.

El edificio será finalmente derribado, decidiéndose en 1866 sobre el solar del extinto convento la ordenación

del territorio, erigiéndose los Jardines de la Glorieta y un paseo, que fueron proyectados por el urbanista y

arquitecto provincial José María Marín-Baldo, mientras que un año después el consistorio jumillano, por

acuerdo municipal, decide levantar en terrenos de la iglesia del convento un teatro siguiendo trazas del

arquitecto Juan José Belmonte, llevándose a cabo tan solo su cimentación e interrumpiéndose las obras y

teniendo que esperar hasta 1881, año en el que el arquitecto provincial Justo Millán Espinosa realiza un nuevo

proyecto de coliseo “a la italiana”, dirigiendo las obras del que será “Teatro de la Villa” entre 1882 y 1883.


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6.- LA DISPERSIÓN DEL PATRIMONIO.

Con la llegada de la nueva centuria, todas las condiciones resultaban óptimas para que la desbaratada

herencia histórico-artística del país, y de Murcia en particular, pudiera ser servida en bandeja a fin de

satisfacer varios apetitos, como efectivamente ocurrió. Al desamparo debido a un insuficiente e incapaz

organigrama administrativo, se unió el desinterés social y un gran desconocimiento sobre la riqueza artística

que era conveniente proteger.

Tengamos presente que fue en 1900 cuando el recién estrenado Ministerio de Instrucción Pública, del que

pasó a depender la Dirección General de Bellas Artes, dispuso de la elaboración de Catálogos Monumentales

de las respectivas provincias.

No estaba inventariada la riqueza artística del país, y resulta difícil, por no decir imposible, proteger aquello

que se desconoce.

Aquella disposición de 1900 apenas llegó a alumbrar unos cuantos trabajos de desigual calidad; entre los más

dignos se encontraban los debidos a Manuel Gómez-Moreno, pero, en general, su redacción fue durante el

siglo XX una empresa siempre inconclusa.

El testigo fue tomado por los sucesivos regímenes y administraciones: Restauración monárquica, Dictadura de

Primo de Rivera, Segunda República, Dictadura franquista, sin que hasta fechas muy recientes, tras la

promulgación de la moderna Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 haya podido alumbrarse el “fin” de

tan controvertida y dificultosa empresa.

6.1.- Interés desde fuera.

El conocimiento del arte español presentaba importantes lagunas, y los principales estudios editados en las

primeras décadas del siglo XX se debían a investigadores extranjeros, principalmente norteamericanos.

En ciertos casos, esto actuó como arma de doble filo, pues el tiempo que se dieron a conocer estimables

obras de arte y conjuntos artísticos, lo cual hubo de ejercer como llamada de atención acerca de su necesaria

conservación, sirvieron, así mismo, de escaparate de nuestra riqueza artística, principalmente allí donde la

demanda de antigüedades era más fuerte. No en vano algunas publicaciones fueron tomadas por ciertos

coleccionistas como verdaderos catálogos de venta.

Este desfavorable clima coincidió con un extraordinario incremento de la demanda de antigüedades en el

mercado internacional, debido fundamentalmente a la incorporación de la potente burguesía norteamericana,

durante los últimos años del XIX y primeras décadas del XX.


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Murcia

Todo el que podía vender algo lo hacía. Naturalmente se suscitaron escándalos a tenor de la venta de insignes

obras de arte, y una larga lista en la que tenían cabida, incluso, fragmentos de monumentos nacionales.

En Murcia el patrimonio artístico más relevante estaba en manos de la nobleza, los grandes apellidos, la alta

burguesía y el clero. En los pueblos y ciudades de la región, muchas parroquias fueron enajenando bienes

muebles para el sostenimiento de la iglesia, y esas familias poderosas fueron vendiendo su patrimonio poco a

poco, pero todos de la misma manera: en silencio, y sin que nadie les pusiera traba alguno al comercio, legal,

pero ilícito a la vez, del patrimonio de tantos conventos, iglesias y palacios.

6.2.- Algún gesto de patriotismo.

La defensa del patrimonio empezaba a estimarse como un gesto no sólo de cultura y educación, sino de

patriotismo (cariz que cobraría plena sistematización y desarrollo durante la guerra civil). Por todo ello, quién

se dedicaba al comercio, y principalmente a la exportación de obras de arte, solía actuar clandestinamente, o

cuando menos utilizar todos los resortes que le permitieran desarrollar todas las operaciones con absoluta

discreción. Hablamos de coleccionistas que actuaron como marchantes, ó marchantes que eran a la vez

reputados estudiosos…, nada parecía ser lo que en verdad era.

En este clima surgieron algunas medidas legislativas de especial significación para la historia de la

conservación del patrimonio en España:

La Ley de 1911 sobre excavaciones artísticas o científicas,

El Real Decreto de 1923 relativo al a necesidad de autorización previa para la enajenación de obras artísticas,

históricas o arqueológicas.

Pero fue la ley republicana del 13 de mayo de 1933 la que se mostró más enérgica en este capítulo: amplió el

marco de objetos susceptibles de protección y restringió las posibilidades de venta de dichos vienes.

La ley republicana resulto modélica y muy avanzada para su tiempo, colocándose entre las más destacadas

dentro del panorama legislativo europeo, y ha sido la que ha guiado nuestra legislación en estas materias

hasta la reciente ley de 1985.


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Murcia

7.- LA GUERRA CIVIL Y SUS CONSECUENCIAS PARA EL PATRIMONIO.

Resulta paradójico que la conciencia de las ventajas sociales y políticas de la conservación del patrimonio

histórico-artístico adquiriera durante la Guerra Civil (1936-1939) un discurso programático por parte de ambos

bandos, pero lo cierto es que así fue.

La defensa del patrimonio se transformó durante la contienda en razón de Estado, algo digno de atención,

dado las circunstancias.

Si hasta entonces la herencia histórica-artística del país había sido vilipendiada por propios y extraños,

durante la guerra no es que abandonará tan lastimoso estatus, al contrario, pero al menos su defensa se

convirtió en un excelente instrumento de propaganda, y procuró ser rentabilizada por ambos bandos.

El pueblo podía interpretar que la protección del patrimonio era una cuestión fundamental. - Para el gobierno

de la Segunda República por razones de cultura y educación

- Para las fuerzas insurrectas por “patriotismo”

Pero, a fin de cuentas, el resultado habría de ser el mismo: considerar su importancia.

La explicación puede hallarse en los años anteriores al levantamiento militar. Tras los excesos del siglo XIX y

las primeras décadas del XX, la Segunda República convirtió la apuesta por la cultura y la defensa del

patrimonio en pilares fundamentales de su política.

Pero la apuesta emprendida desde el poder no logró evitar los movimientos revolucionarios promovidos por

las bases obreras focos industriales o mineros.

La misma proclamación de la Segunda República vino acompañada de terribles sucesos: asaltos e incendios

de iglesias y conventos, mutilación de imágenes sagradas, asaltos a casas y palacios. El fanatismo anticlerical

estalló con furia y las consecuencias fueron nefastas para el acervo artístico de algunos centros. Algo

semejante ocurrió durante los movimientos revolucionarios de 1933, y naturalmente, cuando estalló la guerra.


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7.1.- El inicio de lo que vendría.

En mayo de 1931 en Murcia fue quemada la iglesia de la Purísima, y fueron asaltados los conventos de las

Isabelas y de las Verónicas. También se incendió el inmueble del Diario La Verdad.

El camarín de la Purísima, decorado por Pablo Sistori, atesoraba aquella talla que el escultor Benlliure sentenció como

«la obra cumbre de Salzillo». No fue el único. José Tormo, en su Guía de Levante, al describir la pieza animaba a los

viajeros con un exclamación: «¡Súbanse al camarín!« . Otros se atrevieron a más!!!!.

El doctor Esténaga advirtió de que su factura era «más perfecta que la del Ángel y la Dolorosa» que aún atesora la

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El inolvidable Fuentes y Ponte, erudito y apasionado conservador de

nuestra Murcia, rubricó semejantes halagos en su obra Murcia Mariana. Hubo quien lo acusó de padecer miopía; pero

lo cierto es que él si subió al camarín para tomarle medidas a la talla. Tampoco le faltaron cánticos y oraciones que

extendieron el fervor y la fama de su belleza por la ciudad.

7.1.1.- Sentimiento anticlerical en Murcia.

El 11 de mayo de 1931 se producían las quemas en Madrid, veinticuatro horas después en Valencia, Murcia y

Andalucía.

“Primeramente, los revoltosos se dirigieron al quiosco de «La Verdad», el periódico despectivamente llamado de los

«cavernícolas» o de los «clericalvaticanistas », sito en la Plaza de la Cruz, saqueándolo e incendiándolo. Acto seguido,

se encaminaron hacia el Colegio de Jesús María, fracasando su intentona porque un grupo de hombres, avisados por

las religiosas, pudo impedirles actuar. Durante la mañana, grupos de personas recorrían las calles y en algunos

conventos se recibieron avisos alusivos al movimiento incendiario que se preparaba''.

Tal y como ocurrió: “Hacia las doce horas treinta minutos, un corro de incendiarios hizo su aparición en el

convento de PP. Franciscanos; entraron en el recinto; arrojaron fuera a los religiosos y lo saquearon,

desvalijando los altares, tirando las imágenes a la calle y echando por los balcones muebles y enseres,

ornamentos y vasos sagrados y diversos objetos de culto, haciendo con ellos una hoguera. Como colofón,

pegaron fuego a la Iglesia y a la residencia de los Franciscanos, amenazando a los bomberos, a quienes

impidieron intervenir".

No se salvó ni la Inmaculada de Salzillo; fue pasto de las llamas a pesar de los esfuerzos que se hicieron por

salvarla; subido en el altar, el alcalde socialista Ruiz del Toro —más adelante diputado— arengó a los

incendiarios para que se detuvieran, pero lo tiraron y consumaron sus propósitos.


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En el convento de Madres Teresas, otra vez intervino el citado alcalde y, aunque evitó su quema, no pudo

hacer lo mismo con el saqueo. Capturó a un chico que robó vasos sagrados y se vio en la obligación de

soltarlo ante las intimidaciones de que fue blanco por parte de los salteadores. Igual destino corrió el

convento de las Verónicas. Más fortuna tuvo el convento de San Antonio, que también sufrió un ataque, si

bien algunas personas ahuyentaron a los revoltosos.

7.1.2.- La antigua iglesia de la Purísima y la Imagen de Salzillo.

Las obras en la que fue iglesia gótica de la Purísima comenzaron en el siglo XV, bajo la protección de

los Caballeros Concepcionistas. El templo, utilizado por los padres franciscanos que habitaban el

convento contiguo, dio nombre a un hospital para sacerdotes que, en el año 1701, se levantó junto a la

iglesia. Extinguida la orden de caballería, la Familia Fontes se encargó de perpetuar los cultos, no si

antes establecer algún litigio con los franciscanos por la propiedad del inmueble.

La iglesia de la Purísima tenía una sencilla portada de sillares de piedra, con una sola puerta, sobre la

que se abría una hornacina, que custodiaba la talla de la Virgen en un retablo del primer renacimiento.

Más arriba, había un hueco donde se volteaba la única campana del santuario. En el interior,

compuesto por una nave, había ocho capillas. La primera de ellas, según se entraba a la izquierda,

estaba dedicada a San Martín. En su interior se conservaron durante muchos años dos balas de cañón

que fueron disparadas en 1706 por las tropas del archiduque contra la ciudad, que defendía el cardenal

Belluga.

Tan bella era la imagen de la Purísima que ni Salzillo ni la familia Fontes se atrevían a ponerle precio.

De hecho, pasaron algunos meses antes de que el escultor reconociera que la talla era un regalo.

Entonces, los Fontes enviaron 12.000 reales en una caja de cartón, que también contenía varios

obsequios, uno por cada miembro de aquella casa.

7.2.- La contienda civil.

Así las cosas, y con el estallido final de la guerra, tanto uno como otro bando utilizaron los agravios al

patrimonio histórico-artístico como recurso para mostrar al resto de potencias europeas el carácter

devastador de unos y de otros. La República quemada iglesias, conventos, pinturas, esculturas…; Los

“nacionales” bombardeaban las ciudades, destruyendo indiscriminadamente todo lo que quedaba bajo

las bombas. Caso dramático fue el de Cartagena, que resultó asolada por los continuos y barbaros


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Murcia

bombardeos durante toda la contienda, resultando muy dañado el patrimonio de la ciudad, y destruida

por completo la catedral.

El Gobierno de la Segunda República ya había tomado medidas para la protección del patrimonio

durante el conflicto mediante la Junta de Defensa del Tesoro Artístico, trasladando ingentes cantidades

de bienes a depósitos, iglesias, almacenes, incluso trasladándolos de ciudad. En Murcia las obras que

se pudieron salvar a tiempo se custodiaron en la Catedral o en el Museo de Bellas Artes.

En todos los pueblos y ciudades de Murcia se asaltaron iglesias y conventos en 1936, quemando

edificios, robando bienes artísticos, o quemándolos en interminables hogueras.

Algunas esculturas, piezas de orfebrería y reliquias se salvaron al ser escondidas en casas particulares,

o reunidas en los depósitos de ayuntamientos u otros edificios.

7.3.- El Convento de Capuchinas de la ciudad de Murcia.

En pleno corazón de la capital, el convento de capuchinas viviría en primera persona los

acontecimientos acaecidos en los primeros días de la contienda civil, siendo el único conjunto

conventual en caer bajo la piqueta durante la guerra, y junto a la iglesia de San Antolín, los dos únicos

edificios religiosos en ser totalmente destruidos.

7.3.1.- La Orden de las Capuchinas.

El Convento de MM. Capuchinas de la ciudad de Murcia fue fundado en el año 1645. En el origen de esta

fundación están los disturbios ocurridos en Barcelona durante la jornada del siete de junio de 1640, conocida

como «Corpus de Sangre», en la que varias iglesias fueron profanadas y se incendiaron las especies

sacramentales. Cuando esto ocurrió, el doctor Alejo de Bojados y Llul era uno de los canónigos de la catedral

barcelonesa, que ante tales acontecimientos, decidió huir a Zaragoza. En desagravio por los sacrilegios

producidos en Barcelona, pensó en fundar un convento de religiosas que estuviese dedicado a la Exaltación

del Santísimo Sacramento, idea que fue madurando en Zaragoza en contacto con la abadesa del convento de

capuchinas de aquella ciudad, la catalana María Ángela Astorch. Se fue preparando todo lo necesario para

llevar a cabo la nueva fundación y para ello resultó decisivo el hecho de que el doctor Alejo de Bojados fuese

nombrado Inquisidor General del Reino de Murcia.


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7.3.2.- El primer convento.

El doctor Alejo de Bojados había comprado unas casas principales en la Calle Nueva de Murcia que servirían

para el establecimiento de la comunidad religiosa. Las casas se encontraban junto al colegio de la Compañía

de Jesús y se trataba, según las crónicas, de un «sitio capaz, sano y acomodado a la fabrica del convento» en

el que se realizaron, en tan sólo veintiún días, las obras necesarias para su adecuación, disponiendo todo lo

necesario para su funcionamiento, como eran «la iglesia, campana, el coro, la sacristía, el confesionario,

comulgatorio, sacristía de adentro, portería torno, tinagero, cocina, refectorio, de profundis, tribuna y

dormitorio grande y capaz, además de agregarles una huerta no pequeña con una acequia».

El convento carecía de muchas dependencias que eran imprescindibles para su adecuado funcionamiento y de

cuya distribución y separación había tratado San Carlos Borromeo en las ya referidas Instrucciones, como

podían ser la enfermería, cocina, refectorio, lugar de labores, etc.

Tras sucesivas inundaciones, que dejarían el convento inservible, situación que obligaría a la comunidad a salir

del edificio, se decide la construcción, con la ayuda real, de una nueva iglesia y convento en el mismo lugar.

7.3.3.- El nuevo convento.

Sobre las características de la arquitectura de esta desaparecida iglesia, tan sólo nos queda la descripción que

de ella realizó Luis Ignacio Ceballos: «La planta de esta iglesia es la siguiente:

“tiene de longitud cien pies, y de ancho por el crucero cinquenta, y en lo restante treinta por estar

embebidos los demás en el hueco de las Capillas. Está bien sacada su media naranja, pulida y capaz, con

sus anillos, y linterna. Remata en bobeda todo el cuerpo de la iglesia, con su cornisa alrededor, altura

correspondiente, y sus pilastras, que baxan a proporción hasta el zocalo del pavimento, con talla de

yessería de buen gusto. A su presbiterio capaz, y anchuroso, se sube por dos escalones, y a los lados de

su plano elevado ay dos pulidas piezas, sirviendo la del lado del Evangelio de Sacristia, y la de la Epistola

de Comulgatorio para las religiosas, y a pocos pasos el confessonario dentro del mismo aposento”.

De este modo, toda la planta de la iglesia, incluyendo las capillas, sacristía y confesionario,

podía quedar inscrita en un rectángulo que midiese justo el doble de largo que de ancho. Constaba la iglesia

de una sola nave longitudinal y un transepto, sobre el crucero se dispondría una amplia cúpula con linterna,

adecuándose al tipo de iglesia más habitual en la arquitectura conventual y en las iglesias parroquiales a partir

de la Contrarreforma


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7.3.4.- El patrimonio artístico de las capuchinas.

El gran retablo mayor se comenzó a construir en los últimos años del siglo XVII, ocupaba todo el testero de la

capilla mayor y estaba organizado en dos cuerpos de tres calles y ático, incorporando el orden salomónico.

Pudo ser uno de los de mayor envergadura construidos en Murcia por aquellos años. Fue colocado en 1700 y

se doró dos años después con la financiación del obispo Fernández de Angulo. Todos los cuadros que se

distribuían por este retablo, en el que no había imágenes escultóricas, fueron pintados por Senén Vila

Todo el interior de la iglesia estaba decorado al modo barroco «con franjas azules, flores y lazos, hasta la

celosía del Coro y su techo de diversos coloridos, con una imagen del Buen Pastor y otra de la Purísima Virgen

en lo mas alto de la bóveda». Alos lados de la nave longitudinal, aprovechando el espacio disponible hasta la

anchura marcada por los extremos de la nave transversal, se disponían cuatro capillas. La que se encontraba

junto al púlpito estaba cerrada con una reja para aislar a la comunidad y por ella se daban los velos y se

celebraban las procesiones de las religiosas, tal y como indican las crónicas.

En esta misma capilla había un enorme lienzo representando la Adoración del Divino Cordero Sacramentado

por los santos y ángeles, que estuvo colocado a modo de retablo en la iglesia anterior. En la capilla situada

enfrente había una talla de un Crucificado y diversos relicarios. Finalmente, en las dos capillas dispuestas a los

pies de la iglesia, dedicadas a la Encarnación del Divino Verbo y a la Aparición de Santo Domingo, había

simulaciones pictóricas de retablos.

7.3.5.- La decadencia del edificio.

A finales del siglo XIX hay noticias que aluden al mal estado en el que se encontraban algunas partes de este

convento, así en 1877 se tuvo que reconstruir el coro a causa del hundimiento que había sufrido,

circunstancia que se aprovechó para enlucir el interior de la iglesia y para cambiar su pavimento. Pocos años

después, en 1882, el inspector de Policía Urbana del distrito denunció como ruinosa la pared foral del

convento que daba hacia el sur, a la calle denominada de Capuchinas. Así, a principios del siglo XX, el aspecto

general de esta construcción no debía de resultar especialmente atractivo para alguien como Manuel González

Simancas, quien únicamente se ocupó de ella en su Catálogo por tratarse del lugar en el que se encontraba

sepultado Salzillo, señalando que su iglesia carecía de importancia. Sí destacó las obras de arte que se

contenían en ella, especialmente las esculturas de San Francisco y Santa Clara que Francisco Salzillo había

realizado hacia los años cuarenta del siglo XVIII.


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7.3.6.- La destrucción del convento.

Entre los innumerables destrozos y pérdidas que ocasionó la guerra civil española de 1936-1939, se cuenta la

destrucción del convento de Madres Capuchinas de la ciudad de Murcia. Esto tuvo lugar muy poco tiempo

después del inicio de la guerra, tan sólo unos días, pues se estima que debió ocurrir hacia el 22 de julio de

1936, cuando fue asaltado y arrasado por un grupo de incontrolados, ante lo que las religiosas que allí se

encontraban se vieron obligadas a abandonar el inmueble, teniendo por ello que separarse.

El espacio en el que se alzaba el convento fue utilizado para muy diversos fines a partir de su destrucción. En

lo que había sido el huerto de la comunidad, se estaba construyendo, en diciembre de 1936, un refugio para

la población ante un posible ataque aéreo por parte de los «nacionales», que estaría concluido para el 1 de

abril del año 1937. En este mismo año, el día 29 de junio, se inauguró además sobre su solar un nuevo local

para proyecciones cinematográficas al aire libre, era el llamado Ideal Cinema.

7.3.7.- Dispersión del patrimonio del convento de capuchinas.

Muchas de las obras de arte y algunos enseres que se encontraban en este convento fueron incautados por la

denominada «Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Murcia», que

recogía las obras que consideraba significativas, por diferentes motivos, de aquellos lugares que se estaban

demoliendo, como ocurrió, por ejemplo, con el convento de las Agustinas. Estas obras eran depositadas en la

catedral junto al resto de las obras incautadas en la provincia.

En el archivo del Museo de Bellas Artes de Murcia se conservan también unos cuadernos, elaborados por

Pedro Sánchez Picazo, en los que se hace una minuciosa relación de todas las obras que, procedentes del

convento de monjas Capuchinas de Murcia, fueron conducidas al Museo el día 9 de septiembre de 1936.

Entre ellas se encontraban numerosos cuadros de distintos temas religiosos, diversas esculturas, enseres, un

tabernáculo, un retablo, etc.

El ingreso de obras de arte que provenían de este monasterio continuó aún durante el año 1938. Cuando la

guerra civil hubo finalizado, el «Servicio de Recuperación de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional» hizo

entrega de algunas de estas obras, como ocurrió por ejemplo con un Sagrario, las esculturas de San Francisco

y Santa Clara de Salzillo, una Piedad, y algunas obras más; pero la comunidad no logró recuperar todas las

obras que le habían pertenecido, al igual que tampoco consiguió recuperar su antiguo convento por haber

sido destruido, su espacio es actualmente atravesado en gran parte por el tan controvertido trazado de la

Gran Vía.


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Las religiosas del convento se reunieron, tras la guerra, en un pequeño hospicio en el que incluso carecían de

capilla. Posteriormente se fueron trasladando a otros lugares que fueron acomodados sucesivamente en

diversas zonas de Murcia para sus menesteres, hasta que en el año 1980 se trasladaron a un chalet que había

sido proyectado por el arquitecto Juan Antonio Rodríguez y que había pertenecido a la familia Cerdá. Estando

allí recogida la comunidad, fue beatificada, por Juan Pablo II, la fundadora del convento, María Ángela

Astorch, en el año 1982.

8.- LA ESPECULACIÓN DEL SIGLO XX.

Antes de la guerra civil, ya se habían cometido innumerables atropellos contra el patrimonio histórico-artístico

en todos los pueblos y ciudades de la región, por las causas más variadas, e injustificables en la mayoría de

los casos, que se puedan enumerar.

La difícil situación económica de la región, la falta de cultura, la despreocupación generalizada por parte de las

autoridades así como la ausencia de una conciencia lo suficientemente importante respecto a la necesidad de

salvaguardar nuestro pasado, contribuyeron a la desaparición de no pocos edificios con valor histórico-

artístico, como iglesias, ermitas, casonas y palacios, fuentes y triunfos, murallas y fortalezas.

Casos imperdonables fueron bien conocidos, como el derribo del Contraste de la Seda en Murcia, magnífico

ejemplo de la arquitectura civil del siglo XVII, EN 1932, la Casa de Los Celdranes, en Trapería, del siglo XVI,

EL Palacio de los Marqueses de Beniel, El Palacio de los Vélez, La Escuela de Cristo en Cartagena, El castillo de

Cehegín, y un largo ect…

En otros casos, el apogeo económico y el crecimiento de las ciudades hacen necesario la renovación de la

trama urbana, y la construcción de edificios más modernos y más capaces para su función. Será el caso de

Cartagena.


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8.1.- El cambio de siglo.

La ciudad y el puerto de Cartagena viven un momento de apogeo económico, tras las devastadoras

consecuencias de los bombardeos en la insurrección cantonal, en las últimas décadas del siglo XIX y las

primeras del XX.

Debido a los daños ocasionados por tales bombardeos, se derriban importantes lienzos de muralla, algunas

puertas y baluartes, lo que permitirá el ensanche de la ciudad, que crecía considerablemente.

Es a finales del siglo XIX cuando se decida la construcción de una nueva casa consistorial para la ciudad, más

acorde a los nuevos tiempos, a su pujanza económica y a sus necesidades.

El Ayuntamiento de Cartagena ocupaba un edificio del s. XVIII, ubicado en la Plaza de Santa Catalina o de las

Monjas. El deterioro que sufría dicho edificio, el desarrollo que estaba experimentando la ciudad a finales del

s. XIX, y la aparición de una burguesía más afianzada, hizo conveniente levantar un nuevo edificio adaptado a

las distintas expectativas.

El antiguo edificio fue derribado en 1893, y en 1894, el ayuntamiento aún no tenía ubicada definitivamente a

la corporación. Se gestionó la compra de la Casa Pedreño, pero debido a su elevado coste, no fraguó.

Se decidió construir un nuevo edificio donde antes estaba el antiguo, y fue encomendado al arquitecto

municipal Tomás Rico, colocándose la primera piedra el 7 de marzo de 1900, con un acto oficial presidido por

el alcalde Mariano Sanz Zabala.

8.2.- Los años del desarrollismo.

Desde el comienzo de los 50, pero sobre todo a lo largo de las décadas de los sesenta y setenta, algunos

centros históricos de nuestras ciudades fueron victimas de un rápido e indiscriminado desmantelamiento.

La imagen de la piqueta arremetiendo contra edificios históricos llegó a convertirse en algo habitual.

Algunas ciudades, como es el caso de Murcia, y en menor medida, Yecla, Jumilla, Lorca, Cartagena, Mula,

etc…, asistieron en pocos años al malbaratamiento se su patrimonio urbanístico gracias a los favores de la

modernidad, así como a la inestimable ayuda de la especulación.


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Las necesidades impuestas por las nuevas industrias, la apremiante demanda de mano de obra y, como

consecuencia de ello, el éxodo rural y la demanda creciente de viviendas en los núcleos urbanos, no sólo

promovieron la creación de nuevos barrios que procuraron satisfacer dichas carencias, sino también modernos

bloques de apartamentos y oficinas que en muchos casos mutilaron los centros históricos. En ocasiones

porque se erigieron sobre antiguas casas blasonadas, conventos, palacios…, buena parte de los cuales habían

llegado mudados a casas de vecindad, sumidas en un considerable deterioro y cuyos propietarios procuraron

acelerar su ruina para rentabilizar el solar.

Otras veces. Porque ciertas construcciones, o nuevos alineamientos y apertura de vías, vinieron a quebrar

definitivamente la morfología de la ciudad histórica.

Hemos de tener presente además, la otra cara de la moneda, pues si esto ocurría en las ciudades, el éxodo de

población desde los pueblos resultó igualmente pernicioso para la conservación del patrimonio disperso en el

medio rural.

8.3.- Un caso atroz: Murcia.

Después de muchos diseños y proyectos frustrados desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX,

para la modernización y reestructuración urbana de la ciudad, todos los caminos siempre conducen a tener

que construir una Gran Vía. Fue un proceso de destrucción del casco histórico resultado de una especulación

voraz, donde se pretendía mantener el mismo hipotético centro urbano de hacía siglos multiplicando la

edificabilidad preexistente. En Murcia no se empezó a hacer urbanismo realmente hasta finales de los 60, y la

arquitectura sin urbanismo no es arquitectura... simplemente es llamémosle otra cosa.

La Gran Vía no fue nada más que el resultado lógico de una arquitectura vacía, hueca, meramente formalista

como la que trajeron los Cerdán, Millán, JA Rodriguez, Dicenta y otros muchos más.... puro efectismo en la

mayoría de los casos, pero ayuna de rigor urbanístico. Murcia destruyó su casco monumental de traza árabe

plagado de edificaciones árabes, tardo góticas, renacentistas, barrocas y neoclásicas para sustituirlas por

edificios de corte modernista, ecléctico, historicista, academicista, regionalista, etc... y acabar generando un

colapso urbanístico en el centro histórico.


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Lo correcto es planificar espacios de ciudad nueva y luego trasladar allí gran parte del complejo

administrativo, docente y productivo de la urbe... como se hizo con los ensanches diseñados a partir de los

60. La desgracia fue que el proceso de destrucción del casco monumental ya estaba iniciado desde comienzos

de siglo y en los finales de los 60 y comienzos de los 70 se siguieron, de forma inexplicable, derribando a un

ritmo no detenido edificios históricos en el centro de la ciudad: aquello si que fue imperdonable del todo,

porque esas mutilaciones eran de todo punto gratuitas y generaron la pérdida incomprensible de algunos

inmuebles que se habían salvado hasta entonces, como fue el caso del tristemente desaparecido Palacio del

Contraste. La destrucción de patrimonio arquitectónico en Murcia se tenía que haber acabado con el derribo

del Hospital de San Juan de Dios... de ahí en adelante no hay quien lo justifique de ninguna de las maneras

porque era innecesario de todo punto...

8.4.- La nueva avenida.

Lo malo viene con la ruptura trágica de la ciudad histórica. Lo peor llega después, cuando la especulación

opera sin sujección a una medida y escala dentro de un casco histórico, como ocurrió en la zona de la Gran

Vía: entonces se puede hablar de tragedia patrimonial. Rápidamente colonizan el espacio, luchan unas

edificaciones con otras por superarse en altura, volumen y ornamentación y acaban generando una situación

insostenible desde el punto de vista urbanístico porque al dar alojamiento en su interior a más personas y

empresas acaban por hacer insuficiente la infraestructura preexistente y las agotan rápidamente, necesitando

colonizar más espacio para seguir su proceso.

La nueva avenida en la capital se llevaría por delante cientos de años de nuestras más preciadas muestras

histórico-artísticas, huellas del pasado, que hoy solo podemos recordar a través de una fotografía, y los más

afortunados, con el recuerdo.

El convento de Madre de Dios, Los baños árabes, La casa del Vizconde de Huertas, la calle del Trinquete, de la

Parra, de Judas,…, para que seguir. Parte de la memoria de una ciudad desapareció en alas de una falsa idea

de modernidad.


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8.5.- El gallo de la calle del Duque. Cartagena.

No sólo los edificios, las pinturas, las esculturas nos cuentas nuestro pasado; también nuestros símbolos, esos

que se convierten en referencia en muchos pueblos y ciudades, como el caso del gallo de la calle del Duque.

Fabricado en el siglo XVIII, en la ciudad alemana de Baviera, fue traído por unos comerciantes cartageneros,

pasando a convertirse en una figura entrañable del casco antiguo de la ciudad. Encaramado, majestuoso y

pomposo, observó durante más de dos siglos el devenir de los cartageneros desde su esquina de la calle del

Duque con Caridad.

“El Gallo”, también conocido por “el Gallo de la esquina del guardia”, daba nombre al establecimiento que

presidía, comercio de tejidos desde mediados del s. XVIII hasta que en 1882 pasó a ser tienda de calzados.

En los comienzos del cinematógrafo fue sede de distribuidoras de películas para venta y alquiler,

principalmente de la distribuidora Pathé, coincidiendo el anagrama de ésta con el del establecimiento.

Hecho de zinc, estaba formado por dos piezas y con tan perfecta terminación que estando más de dos siglos a

la intemperie, jamás se oxido; sobreviviendo a la insurrección cantonal y a la guerra civil.

Fue robado en 1984 y devuelto días después por los mismos ladrones, que dejándolo bajo un camión en el

depósito municipal, avisaron a la policía. Por desgracia, en noviembre de 1996 volvió a ser robado y esta vez

no apareció, pese a la recompensa ofrecida por su propietario.


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9.- CONCLUSIONES.

El expolio artístico ha sido unos de los principales problemas relativos a la conservación del patrimonio en este

contexto, pero no el único.

En 1961, Gaya Nuño publicaba su singular obra La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos,

título de obligada referencia para entender la destrucción de nuestro patrimonio monumental. Poco o casi

nada se ha hecho desde entonces por completar aquel inicial catálogo de quinientas piezas expoliadas, a la

par que menor aún ha sido lo actuado en el esclarecimiento de las tristes circunstancias en que las

desapariciones delas mismas tuvieron lugar.

Si bien es cierto que, en numerosos casos, las destrucciones se produjeron gratuitamente, bien sobre la base

de la vil especulación inmobiliaria y aún del más despreciable vandalismo, en otros, que no lo son menos,

fueron producto de esas oscuras operaciones artístico-mercantiles que se conoce como elginismo, y sobre las

que apenas se ha hablado o escrito.

El patrimonio regional ha quedado mermado, como hemos visto a lo largo de lo expuesto, por diversas

causas: naturales, como terremotos, inundaciones, riadas, incendios; otras por causas como la guerra y lo que

esta conlleva, expolio, destrucción, incautación; el desinterés por parte de las autoridades, la falta de

conciencia en general en determinadas épocas acerca del valor del patrimonio para la memoria colectiva de

un lugar, y la especulación y el negocio completan la causística de tan deplorable situación.


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BIBLIOGRAFÍA

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Española, Madrid. Ministerio de Cultura. 1982.

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Teológico de Murcia. 1994.

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