También conocidos como la Regla Miranda o la advertencia Miranda, indican que, cuando alguien es arrestado en los EE.UU., los oficiales de policía deben advertirle que tiene el derecho a guardar silencio, que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia, que tiene el derecho de contactar un abogado y que si no puede pagar un abogado, se le proporcionará antes de cualquier interrogatorio, si así lo desea. La falta de emisión de la advertencia Miranda hace que la evidencia así obtenida no sea admisible en el tribunal. La advertencia se convirtió en un requisito de la policía nacional cuando lo ordenó la Suprema Corte Suprema de los EE.UU. en el caso Miranda contra Arizona en 1966 y de ahí que lleve ese nombre. 

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La advertencia Miranda (en inglés Miranda warning o Miranda ruling), también llamada derechos Miranda (Miranda rights), es una advertencia que debe darse a un imputado que se encuentra en custodia de la policía. Antes de que le hagan preguntas relativas a la comisión del acto ilícito la policía puede requerir información biográfica como el nombre, fecha de nacimiento y la dirección del domicilio del sospechoso. Las Confesiones no constituirán una prueba admisible en un juicio a menos que el imputado haya tenido conocimiento y haya ratificado su entendimiento de su Advertencia Miranda.

La advertencia Miranda fue ordenada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en una decisión de 1966 respecto del caso Miranda contra Arizona como medio de protección para un imputado de evadir la auto incriminación, prohibida por la Quinta Enmienda (derecho al silencio). Desde su creación por la Corte Warren, la Corte Suprema ha indicado que la advertencia Miranda ha impuesto una prevención de seguridad en vez de la protección que exige el privilegio de la Quinta Enmienda.

Índice  [ocultar] 

1Miranda Contra Arizona 2Derechos Miranda 3Típica advertencia Miranda 4Véase también

Miranda Contra Arizona[editar]

En 1963, Ernesto Arturo Miranda fue detenido por secuestro y violación, lo cual confesó sin ninguna advertencia de su derecho constitucional a guardar silencio, o su derecho de tener un abogado presente. En el juicio, el fiscal ofreció sólo su confesión como prueba y Miranda fue condenado.

La Corte Suprema resolvió (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 1966) que Miranda había sido intimidado durante su interrogatorio y que no había entendido su derecho a no incriminarse ni su derecho a ser asistido por un abogado. Sobre esas bases, la Corte revocó el fallo anterior.

Miranda fue luego condenado en otro juicio, con testigos que declararon en su contra y otras pruebas presentadas. Cumplió 11 años de condena.

Irónicamente, cuando años después Miranda fue asesinado en una pelea de cuchillos, a su homicida se le leyeron los derechos Miranda, a los cuales invocó para no tener que declarar.

En 2000, el uso de los derechos Miranda volvió a surgir ante la Corte Suprema (Dickerson contra Estados Unidos, 530 U.S. 428 2000). El tribunal reafirmó el rol del precedente anterior.

Derechos Miranda[editar]

La Corte Suprema no especificó las palabras exactas que se debían usar para informar a un sospechoso sobre sus derechos. Sin embargo, dejaron unas reglas que deben servir como guía a seguir. El fallo establece:

"...La persona en custodia debe, previo a su interrogatorio, ser claramente informado de su derecho a guardar silencio, y de que todo lo que diga será usado en su contra en un tribunal, debe ser claramente informado de que tiene el derecho de consultar con un abogado y tener a ese abogado presente durante todo el interrogatorio, y que, si es indigente, un abogado le será asignado sin coste para representarlo".

Típica advertencia Miranda[editar]

Si bien, todo estado estadounidense tiene sus propias regulaciones relativas a lo que, precisamente, se debe decir a la persona que es arrestada, la advertencia más conocida es la siguiente:

"Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno de oficio. ¿Le ha quedado claro los derechos previamente mencionados?".

Las cortes desde entonces han fallado que la advertencia debe ser "significativa", por lo que es usual que al imputado se le pregunte si entendió los derechos que se le han explicado. Algunas veces, se requieren respuestas firmes como "sí". El silencio de un arrestado no es una señal de que entendió.

Se ha fallado que se declara inadmisible la prueba debido al pobre conocimiento del inglés del acusado en su arresto y por el hecho de que el oficial que lo detuvo no pudo comunicarle la advertencia en suidioma.

https://www.youtube.com/watch?v=EIF5fqURcNk