SOLEMNE ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL DISCURSO …
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO
SOLEMNE ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL
DISCURSO DE LA EXCMA. SRA. DOLORES DELGADO GARCÍA
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Tribunal Supremo, 6 de septiembre de 2021
Majestad
Como Fiscal General del Estado es un honor presentar, en este acto solemne y
en presencia de los representantes de algunas de las más altas instituciones del
Estado, la Memoria del Ministerio Fiscal de 2021, que da cuenta de la actividad
de la institución durante el ejercicio anual de 2020, según prevé el artículo 9 de
nuestro Estatuto Orgánico.
(COVID-19)
Antes de entrar en ello quiero, Majestad, referirme a la pandemia provocada por
el COVID-19 que tan severamente está afectando a nuestras vidas desde los
primeros meses del 2020.
La crisis sanitaria mundial está siendo extraordinaria e inédita en todos los
sentidos. Nuestro modo de vida ha sufrido cambios sustanciales y la
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incertidumbre ha arraigado en la sociedad. Nos sentimos más vulnerables ante
lo desconocido. No obstante, los avances sanitarios muestran que estamos en
el camino correcto y abren ante nosotros un horizonte esperanzador.
No quedan lejos aquellos terribles momentos iniciales, en los que los recursos
sanitarios se desvelaron insuficientes, pero que, a la vez, demostraron las
grandes fortalezas y valores humanos de quienes combatieron en primera línea
y que lo dieron todo por la sociedad a un coste altísimo.
Hacemos nuestro y compartimos el inmenso dolor por la pérdida de decenas de
miles de vidas, que se fueron en soledad, sin el calor de los seres queridos, sin
la mano amiga o el beso de despedida. Padres, hijos, hermanos, pareja, amigos,
abuelas y abuelos: por todos ellos seguiremos vertiendo lágrimas de recuerdo y
agradecimiento, porque nos han hecho más fuertes y, sobre todo, conscientes
de lo necesaria que es la solidaridad en momentos tan complejos y graves para
nuestra convivencia en sociedad.
El esfuerzo común ha sido imprescindible para hacer frente a este tremendo
desafío para la humanidad, no solo en lo sanitario, sino también en lo social y en
lo económico. Las graves consecuencias de la pandemia para trabajadores y
empresas han sido notables y sus efectos se siguen sintiendo. Por ello, será la
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acción conjunta de todos los sectores de la sociedad, y, por supuesto, también
de la justicia, la que nos ayude a salir fortalecidos en tan complejas
circunstancias. Las instituciones debemos responder con compromiso, rigor,
serenidad, coordinación, eficiencia y, sobre todo, con implicación.
El Ministerio Fiscal, al que tengo el orgullo de representar, las mujeres y
hombres que lo componen y las funcionarias y funcionarios que trabajan en esta
institución, ha estado desde el primer momento en el núcleo de la situación para
garantizar los derechos de la ciudadanía y especialmente los de las personas
más vulnerables. Es de justicia reconocer públicamente su disponibilidad y
entrega en el desempeño del servicio público.
Con la declaración de la situación de pandemia por la OMS el 11 de marzo y la
posterior del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
quienes participamos en la función de administrar justicia nos encontramos ante
una situación inédita que exigía soluciones urgentes y eficaces.
La Fiscalía General del Estado, desde su ámbito de competencia, hubo de
asumir el reto de dar respuesta a las problemáticas sociales, definir en cada
momento el alcance de la actividad de la Fiscalía, abordar el teletrabajo y la
actividad online, asegurar que no se viera comprometida la salud de las personas
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usuarias, de los y las profesionales implicados y de sus familias, salvaguardar el
derecho a la conciliación y, al tiempo y, sobre todo, garantizar la continuidad del
servicio público y atender a la debida protección de los colectivos más
vulnerables. Todo ello desde la transparencia y la imprescindible cooperación
interinstitucional, pero, muy especialmente, desde la fortaleza que nos da el
trabajo en equipo, seña de identidad de nuestra institución.
Muy tempranamente, la Fiscalía General del Estado, tras las oportunas consultas
a los órganos sanitarios y resto de operadores jurídicos, dictó el Decreto de 10
de marzo de 2020 con las primeras medidas urgentes y extraordinarias con las
que los y las fiscales debían hacer frente a esta situación.
Desde entonces y hasta el 3 de junio, la Fiscalía General dictó 11 Decretos con
el objetivo de regular y dar soporte a la plantilla para la definición de los servicios
esenciales, la utilización de las videoconferencias y medios tecnológicos, las
medidas de seguridad o la unificación de actuaciones por parte de las
especialidades. A ello se unieron las diversas notas de servicio, notas internas,
cartas, oficios, dictámenes e informes jurídicos y numerosas reuniones
telemáticas. Una intensa actividad que ha sido recopilada con toda su
documentación en el libro “La Fiscalía ante el reto de la pandemia COVID” y que
se incluye como anexo a la Memoria que hoy presento.
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La Fiscalía General del Estado era y es consciente de que la coordinación de
esfuerzos y el aprovechamiento de las sinergias dentro de la institución resultan
fundamentales.
Y así, en coordinación con la Fiscalía General, los y las Fiscales de Sala tuvieron
una participación decisiva con la elaboración de informes y notas de servicio para
la unificaron criterios de actuación, a fin de proporcionar una respuesta uniforme
en todo el territorio nacional. Desde las Fiscalías Superiores y a través de las
jefaturas provinciales y de área, se organizaron los servicios y se aseguró la
prestación del servicio público a la ciudadanía.
Toda esta actividad da testimonio de la importancia y la eficacia de dos
herramientas con las que cuenta el Ministerio Fiscal: su cada vez mayor
especialización, que nos permite dar una respuesta cualificada a las
problemáticas más complejas, y su estructura territorial, que nos ofrece una
esencial capacidad de diagnóstico y un contacto directo con las necesidades de
la ciudadanía.
Debemos destacar la potencialidad de estas especialidades y la posibilidad de
su cooperación transversal, de manera que ante cualquier hecho o cuestión de
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la naturaleza que sea, la fiscalía cuenta de inmediato con la opinión, el dictamen
o el informe de los más cualificados conocedores de una problemática, desde
todas las ópticas. Esto, unido a nuestra vertebración territorial, nos permite
participar con garantía y eficacia, en cualquier punto del Estado, haciendo cierto
el principio de unidad de actuación. Quiero ponerlo en valor y quiero poner estas
capacidades al servicio de la sociedad.
El Ministerio Fiscal tiene encomendada la misión constitucional de ser garante,
no solo de la legalidad y del interés público y social, sino también de los derechos
de la ciudadanía. Ello nos ha de convertir en vocacionales defensores de los
Derechos Humanos, pues tienen su fundamento en el reconocimiento de la
dignidad intrínseca que posee todo ser humano, sin diferencia alguna, y son
presupuesto y pilar de los valores de la libertad y la justicia, de la paz en el
mundo. Los Derechos Humanos no conocen fronteras.
Por ello, permítame, Majestad, que aproveche este acto para hacer un
llamamiento a la solidaridad internacional ante la grave situación que se vive
actualmente en Afganistán. La comunidad internacional debe mantener un firme
compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, a través de los
mecanismos de protección internacional previstos en las leyes, los Tratados y
los Convenios. Quiero hacer referencia expresa a nuestra preocupación por la
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situación de las mujeres, cuyos derechos a la integridad, igualdad y dignidad se
encuentran gravemente comprometidos. En el llamado “siglo de las mujeres”, no
podemos permanecer impasibles ni permitir ningún paso atrás en la defensa de
aquello que hemos construido desde el consenso de la comunidad internacional,
desde la unidad y desde la profunda convicción en los valores que son
inherentes a toda persona por el hecho de serlo.
Antes de comenzar con el desglose estadístico, quisiera en este acto referirme
a algunas de las cuestiones que han suscitado mayor interés social durante el
pasado ejercicio, así como al trabajo relacionado con la incidencia del Covid-19
en las distintas especialidades y que se recopilan en el Capítulo V de la Memoria,
reservado a temas de especial tratamiento.
(Residencias de personas mayores)
Es pública y notoria la grave situación vivida por las personas mayores
ingresadas en centros residenciales o sociosanitarios durante la pandemia. Ello
generó gran impacto y despertó una enorme sensibilidad y preocupación social,
y, por ende, una especial atención de la Fiscalía, que se hizo inmediatamente
presente.
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La red de fiscales especialistas en civil y en protección de personas con
discapacidad o mayores, desplegada por todo el territorio nacional, ha propiciado
que, gracias a la labor incansable desempeñada por sus integrantes, este
colectivo tan vulnerable se haya visto protegido de manera especial.
Asimismo, desde las distintas fiscalías territoriales se han investigado y
continúan investigándose con rigor todos aquellos comportamientos que
pudieran ser constitutivos de ilícito penal.
En este sentido, durante 2020 se iniciaron en las diferentes fiscalías 785
diligencias preprocesales civiles de protección, de las cuales 491 seguían en
trámite al finalizar el año. En el ámbito penal, se incoaron 441 diligencias de
investigación, continuando abiertas a principios de este año 212 de ellas y
habiéndose interpuesto 27 denuncias.
Toda esta actividad continúa desarrollándose en 2021 y, conforme a los datos
actualizados, durante el primer semestre del año se incoaron en las fiscalías 135
diligencias preprocesales civiles de protección y 60 diligencias de investigación
penal y se han presentado 24 denuncias.
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A fecha actual, continúan tramitándose 543 diligencias preprocesales civiles y
237 diligencias de investigación penal, habiéndose presentado un total de 51
denuncias.
(Violencia de género)
Otro de los ámbitos que suscitó la prioritaria preocupación de la Fiscalía fue el
relativo la situación de las mujeres víctimas de violencia de género que se
encontraban confinadas con sus agresores, y, por ende, sometidas a un mayor
riesgo, imponiéndose la necesidad de arbitrar medidas de asistencia, apoyo y
protección.
En este contexto, se ha observado una reducción del número de denuncias y un
aumento simultáneo de la cifra nefasta de la violencia oculta, y una disminución
de la violencia física debida a la situación de control total que el agresor ejercerá
sobre la víctima como consecuencia del mayor aislamiento social.
El número de órdenes de protección concedidas ha supuesto un 71% de las
solicitadas. El 74,6% de las sentencias dictadas fueron condenatorias.
Durante el año 2020 fueron asesinadas 47 mujeres, frente a las 59 del año
anterior, de las que tan solo 7 habían presentado previamente denuncia. La
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violencia de género dejó el pasado año 28 niñas y niños huérfanos. Tres hijos
menores y uno mayor de edad fueron asesinados por sus padres y 5 resultaron
heridos graves. La Memoria recuerda también la gravedad y crueldad de la
violencia vicaria ejercida por los agresores sobre los hijos e hijas y la obligación
de protegerlos adecuadamente.
El 75% de los asesinatos se produjeron fuera de las capitales, lo que evidencia
la necesidad de un mayor despliegue territorial para que los medios y recursos
lleguen a todas las mujeres por igual.
En este punto, Majestad, no hemos de olvidar que 2021 ha traído un dramático
repunte de víctimas mortales, con 33 mujeres asesinadas en lo que llevamos de
año, 1.111 desde 2003, cifras inasumibles para una sociedad democrática.
(Trata de seres humanos)
En relación con la trata de seres humanos, la Unidad Especializada de
Extranjería continua con su labor de persecución de esta lacra y sus
consecuencias. La situación de pandemia ha reducido el número detectado de
víctimas de explotación sexual, pasando de las 830 de 2019 a 470 en 2020, de
las cuales el 95,53% son mujeres.
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En 2020 se incoaron 136 procedimientos judiciales por delito de trata de seres
humanos, el 75% de ellos para fines de explotación sexual.
La enorme gravedad de estos delitos determina el firme compromiso de la
Fiscalía en persistir especialmente en su persecución hasta conseguir su total
erradicación.
(Delitos de odio y discriminación)
Los delitos de odio y discriminación atacan los valores estructurales de nuestro
sistema constitucional y de nuestra convivencia democrática. La Fiscalía es
consciente de ello. Nuestra obligación, y la de toda la sociedad, es combatir los
discursos de odio que, desde los diversos ámbitos públicos y privados, fomentan
estas graves conductas vulneradoras de la dignidad humana.
En cuanto a los motivos discriminatorios, los relativos a la orientación sexual,
racismo y xenofobia siguen siendo los más numerosos. La Unidad Especializada
aprecia “un sensible aumento del motivo ideológico, que se hace presente, en la
mayor parte de las ocasiones, en los mensajes y opiniones que se vierten en las
redes sociales y que evidencian una indeseable polarización y radicalización del
debate político”.
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Las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona subrayan los preocupantes
incidentes ocurridos en relación con los menores extranjeros no acompañados,
un colectivo especialmente vulnerable y necesitado de protección al que “de
forma injustificada y discriminatoria se les hace responsables de la inseguridad
y la delincuencia que se sufre en determinados barrios dando lugar a actos de
acoso, hostilidad y violencia”.
A diferencia del resto de territorios, el fiscal delegado de Barcelona señala que
“los casos de odio y discriminación por motivo ideológico han disminuido en un
62%, descenso que, claramente, tiene su explicación en el enfriamiento o
relajación del tenso clima político y la fractura social que se vivieron en Cataluña
los años 2017 y 2018”.
Se advierte también por la Unidad del riesgo de proliferación del discurso del
odio a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales, como consecuencia
de la mayor penetración de las mismas en nuestra vida diaria a raíz de la crisis
sanitaria.
(Criminalidad informática)
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Consciente de esta realidad, la Unidad de Criminalidad Informática hace una
pormenorizada y reflexiva exposición sobre el impacto y las consecuencias de la
masiva utilización de las TIC por la ciudadanía.
La tendencia alcista en delitos cometidos a través de internet se ha mantenido
en 2020, con un 28,69% más de procedimientos que el año anterior.
Se alerta con preocupación por la Unidad de la progresión de las conductas que
atentan contra la libertad sexual, especialmente de los menores de edad, y, en
concreto, del acoso online con fines sexuales y para la elaboración y distribución
de material pornográfico, si bien en estos delitos existe una elevada cifra oculta
de criminalidad.
Las estafas y defraudaciones en sus múltiples modalidades continúan siendo los
tipos delictivos más recurrentes cuantitativamente, si bien los modelos
defraudatorios se han adaptado a la situación vivida, aprovechando sus autores
las necesidades y la incertidumbre ciudadana relacionada con el Covid-19.
(Terrorismo)
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En materia de lucha contra el terrorismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
además de las otras competencias que le son propias, continúa en su esfuerzo
por combatir esta grave amenaza contra la democracia y la paz social.
En 2020, las diligencias previas incoadas por estos delitos supusieron en 34,17%
de las tramitadas en la Audiencia Nacional, apreciándose un claro descenso
respecto del 40,37% del año anterior. El 73,41% de estas diligencias se refieren
al terrorismo yihadista, el 16,18% al terrorismo de ETA y el 10,40% a otros
grupos terroristas.
En el mes de julio se presentó por la Fiscalía de la Audiencia Nacional escrito de
acusación por los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils producidos el
17 y 18 de agosto de 2017. Las sesiones de juicio oral se celebraron durante los
primeros meses de 2021 y el pasado mes de mayo se dictó sentencia
condenatoria. Desde aquí nuestro recuerdo, respeto y homenaje a las víctimas
de tan execrables hechos y a sus familiares, y nuestro compromiso por contribuir
a avanzar hacia una sociedad libre de toda violencia.
La Fiscalía General del Estado en el ámbito competencial de la Audiencia
Nacional propone iniciar una reflexión para actualizar las competencias y
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atribuciones de este órgano, especialmente en materia de lucha contra el crimen
organizado y transnacional.
(Corrupción)
La lucha contra la corrupción política sigue siendo uno de los objetivos prioritarios
en la actuación del Ministerio Fiscal.
En 2020 hemos conmemorado el 25 aniversario de la creación de la Fiscalía
Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que supuso una
experiencia pionera en Europa y que ha recibido el reconocimiento y los elogios
de los más relevantes organismos internacionales.
Su propósito de abordar la investigación y persecución de la corrupción y la gran
delincuencia económica desde una perspectiva de especialización orgánica y
funcional se ha consolidado gracias al esfuerzo y compromiso de todos sus
componentes.
Persiste, sin embargo, la necesidad de proporcionar una mayor agilidad procesal
a los procesos que se instruyan a fin de dar una más eficaz respuesta frente a
este fenómeno delincuencial, sin merma alguna de las garantías.
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(Datos estadísticos)
Por lo que respecta a la evolución de la criminalidad globalmente considerada,
el primer indicador de la actividad de los órganos judiciales y las fiscalías
territoriales remite al número de nuevos procedimientos que se incoan en la
jurisdicción penal en una anualidad. Se impone hacer referencia, como
observación previa, a la obvia repercusión que la suspensión de los plazos
procesales y administrativos ha tenido en todas las actuaciones, al haber
condicionado la actividad judicial y, por ende, la fiscal, durante casi un trimestre,
lo que se deja sentir en los apartados que desglosaré, partiendo de una premisa
de disminución porcentual generalizada en la actividad anual de la institución.
En 2020 se iniciaron un total de 1.372.314 procedimientos de diligencias previas.
Ello supone, frente a la tendencia a la estabilidad que se venía observando, un
descenso del 12,7% respecto a las computadas en el año anterior.
Por lo que se refiere a las diligencias urgentes, los denominados «juicios
rápidos», en el año 2020 se incoaron 167.020, un 17,9% menos que en 2019.
Con ello, se mantiene la alta tasa de calificación en este ámbito, hasta el 68%,
lo que da muestra de la comprobada eficacia de esta modalidad procedimental.
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En cuanto a los procedimientos por delitos leves, se mantiene la tendencia
bajista generalizada con un total de 291.744 frente a los 338.204 del año anterior.
Por su parte, el número de procedimientos ordinarios incoados en el año 2020,
se eleva a los 2.443 sumarios, lo que constituye un descenso en incoaciones de
este tipo de procedimientos de un 7,9% en relación con el año 2019. El 48% de
las acusaciones formuladas en sumario se referían a delitos contra la libertad
sexual.
Mientras tanto, continúa el ascenso de los procedimientos ante el Tribunal del
Jurado en el año 2020 hasta un total de 607, lo que constituye un repunte del
2,7% respecto de 2019. Se consolida así la tendencia alcista, pese al contexto
pandémico.
Por lo que se refiere a la más genuina actividad del Ministerio Fiscal: en 2020 se
incoaron 12.308 diligencias de investigación, lo que constituye un evidente
descenso frente a las 15.535 del año anterior. Respecto a los escritos de
acusación, se formularon un total de 242.846, lo que supone un descenso
porcentual del 12%, si bien esta disminución no puede ser catalogadas como
tendencia a la baja dado el contexto de pandemia vivido.
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En este mismo contexto, se ha observado también un descenso acusado en la
celebración de juicios y un incremento notable en las suspensiones, que en los
juzgados de lo penal alcanzó un 46% y en las audiencias provinciales un 41%,
frente al 33% y 27%, respectivamente, del año anterior. A pesar del uso y
potenciación de medios telemáticos, en estas cifras incide, directamente, el
periodo de suspensión de plazos y la posterior existencia de serias dificultades
para la celebración.
En relación con las sentencias dictadas, nuevamente los datos reflejan la
incidencia del descenso de señalamientos provocado por la pandemia. Es de
destacar que en esta anualidad la conformidad con la posición del Ministerio
Fiscal alcanza el 73% en los juzgados de lo penal y de más del 72% en las
audiencias provinciales, superando el 70% de las tres anualidades anteriores.
El trabajo interno de la fiscalía en España es poco conocido, y quiero aprovechar
este momento para destacar cómo -y de nuevo me permito subrayarlo-, todas y
todos los fiscales se involucraron en dar respuesta a uno de los retos más
apasionantes que nos traslada el prelegislador: la posibilidad de asumir la
investigación en el marco del proceso penal, igualándonos a los modelos de
derecho comparado de nuestro entorno europeo.
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Asumimos este reto con ilusión y, por ello, iniciamos el pasado año un recorrido
participativo y riguroso en el que intervinieron la Junta de Fiscales de Sala, las
Juntas de las fiscalías territoriales, las asociaciones de fiscales y las y los fiscales
al título individual. Por último, por unanimidad del Consejo Fiscal fue aprobado
un informe que elevamos al Ministerio de Justicia, en la búsqueda, constructiva
y positiva, del mejor modelo para servir eficazmente a la justicia y a la
ciudadanía.
(Conclusión)
Concluyo, Majestad,
Este año 2021 se cumple el 40 aniversario del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, que fue aprobado el 30 de diciembre de 1981. Su significación histórica
corre en paralelo a la evolución de la democracia española y al complejo encaje
sistemático de nuestra institución, integrado con autonomía funcional en el Poder
Judicial como explícitamente declara nuestro texto constitucional.
En el Año Judicial que comienza queremos no solo celebrar una norma que ha
regido la institución y nuestra vida profesional durante las últimas cuatro
décadas, sino también adquirir públicamente el compromiso de emprender el
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camino de una transformación que está por llegar, el impulso de un nuevo marco
estatutario.
Sin duda, hemos vivido un año duro en el que la ciudadanía española ha
demostrado su capacidad de resiliencia, de sobreponerse a la pandemia y a la
adversidad. Por ello, los poderes públicos debemos estar a la altura de esa
entrega de todos los españoles y de todas las españolas; demostrar la voluntad
irrestricta de servicio público, la defensa de sus derechos por encima de
cualquier otro interés. No hacerlo sería defraudar la confianza que se ha
depositado en el Ministerio Fiscal.
El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son los poderes que conforman el Estado,
pero es del pueblo de quien emanan y quien es su verdadero titular. Somos
meros administradores de esos poderes, cada uno en su ámbito y competencia,
como servidores públicos. Ello comporta dar el máximo de nosotros mismos para
garantizar la protección de la ciudadanía. En esta tarea, cada uno de aquellos
poderes debe actuar con separación e independencia, pero en armonía con los
demás para cumplir sus respectivas obligaciones y la finalidad de su propia
existencia democrática.
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Por ello, más allá de las tensiones propias e, incluso, saludables del ejercicio
diario de nuestras funciones, de los necesarios ajustes y mejoras en la
permanente búsqueda de un sistema más perfecto, debemos alertar de algunos
peligros que acechan a una Justicia que no puede convertirse en un campo de
batalla política. La Justicia ha de estar únicamente al servicio de la sociedad.
Ante esta realidad, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de utilizar todos los
mecanismos legales necesarios para asegurar que la acción de la justicia se
desarrolle en los márgenes que prevé el ordenamiento constitucional y que los
derechos de la ciudadanía queden garantizados.
El Ministerio Fiscal, como se desprende de la normativa que lo regula y de lo
dispuesto en el artículo 124 de nuestra Constitución, es una institución básica e
imprescindible en un Estado Social y Democrático de Derecho. Por ello, esta
Memoria recoge entre sus propuestas de modificación legislativa la necesidad
de acometer una profunda reforma o, mejor aún, de aprobar un nuevo Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de robustecer a la institución dotándola
de mayores cotas de autonomía en todos los ámbitos: orgánico, organizativo,
presupuestario y normativo, definiendo un Ministerio Fiscal fortalecido y
adecuadamente dotado para afrontar los retos que la sociedad democrática a la
que sirve le demanda.
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Muchas gracias.