Soldados, indios y libre comercio en Quintana Roo, 1893 - 1903

Gabriel A. Macías Zapata CIESAS del Sureste

La importancia del análisis de la cuestión arancelaria durante el porfiriato

resulta interesante, debido al papel que este rubro tuvo en las finanzas públicas como uno de los principales proveedores de ingresos para el erario federal.

Un analista de principios del siglo XX, Pablo Macedo, al referirse a la

Ordenanza de Aduanas de 1891, se preguntaba si este documento estaba inspirado en principios de protección o de libre cambio. Para él la respuesta era clara, las cuotas del arancel estaban inspiradas por ideas proteccionistas. Sin embargo, Macedo argumentaba que dicho proteccio­nismo, por desgracia, “no ha sido racional e ilustrado sino puramente empírico y muchas veces de circunstancias”,1 por lo que -a ñ ad ía - las altas cuotas no habían sido un factor importante para estimular a la industria­

lización del país.

Tales circunstancias no eran fortuitas pues, ante la ausencia de una

diversidad en la captación de impuestos al interior del país, la dependencia

por parte de los sucesivos gobiernos federales con respecto a los gravámenes sobre el comercio exterior se reflejó en gran medida en el camino

proteccionista adoptado, provocado más que nada, por la necesidad de

allegarse ingresos en la forma más fácil y abundante.Es cierto que Matías Romero ya había tratado de remediar esta

situación, desde 1869 propuso suplir paulatinamente los derechos aduanales

por otra clase de impuestos, lo cual dio lugar al del timbre. Sin embargo,

tal como sostiene Coatsworth, durante el porfiriato los impuestos del comercio exterior continuaron contribuyendo entre el 40 y el 60 por ciento de las rentas públicas.2

La importancia de la recaudación aduanal también se reflejaba por el hecho de que ésta financiaba en gran medida las subvenciones que el gobierno federal destinaba a la construcción de ferrocarriles y, por otra parte, porque de ahí se obtenían los medios para cumplir con los pagos de intereses y amortización de la deuda externa.

Si bien es cierto que el Estado, a través de empréstitos en el extranjero, podía proporcionarse recursos extras aparte de los obtenidos en el interior, también lo es que ello propiciaba un flujo inverso de fondos en

la forma de pagos de intereses y amortización. En algunas ocasiones esto

desembocaba en una fase recesiva y frecuentemente se presentaba el

peligro inminente de una suspensión de pagos.3Durante el porfiriato México sufrió varias crisis de esta índole, sobre

todo por el préstamo adquirido en 1888. Ante la posibilidad de una suspensión de pagos, el gobierno mexicano se preocupó más por mantener

la confianza entre sus acreedores por lo que adquirió otros préstamos —como el de 1893—, a fin de cumplir con sus compromisos con el exterior.

En tales operaciones, la importancia de la recaudación por concepto de comercio exterior obtuvo relevancia significativa, pues generalmente se comprometía un tanto por ciento de aquellos ingresos a manera de garantía para el pago de intereses y amortización del préstamo contraído. En el empréstito de 1892, se ofreció como garantía el 10 por ciento anual de aquellos ingresos. En el de 1893, además de comprometerse el total del impuesto del timbre sobre bebidas alcohólicas, se adicionó el 4 por ciento

del total de la recaudación sobre el comercio exterior.

Conforme aumentaron los problemas financieros relacionados con el pago de la deuda, situación que se agudizó con la depreciación de la plata, el gobierno convino realizar en 1899 la conversión de la deuda adquirida

en 1888, 1890 y 1893.En el contrato establecido para este fin entre el gobierno mexicano y

la casa Bleichróder de Alemania, se estipuló que el primero ofrecería como garantía de pago el 62 por ciento de lo recaudado por concepto de

comercio exterior. La presión sobre este ingreso aumentó a medida que “estos impuestos, consignados en garantía, deberían de exceder en cada año fiscal a lo menos en un diez por ciento de la cantidad necesaria para cubrir el servicio de los intereses y amortización”.4 En caso de que esta cantidad no fuese cubierta por la contribución aduanal, el gobierno se obligaba a remitir el producto de los demás ingresos hasta completar el faltante.

Ante este estado de cosas, deberíase esperar que la política arancelaria en México hubiera estado dirigida a la obtención máxima de recursos, lo cual puede desprenderse de algunas medidas tomadas para tal efecto. Una es la ley del 25 de noviembre de 1902, mediante la que se estableció el cobro

de los derechos de importación de acuerdo a las fluctuaciones que tuviese el cambio de moneda sobre el exterior. Esto se hizo con el propósito de nivelar las exigencias de pagos que la nación debía realizar en el exterior con moneda extranjera, ante la incertidumbre que al respecto represen­taba para nuestra moneda la constante depreciación de la plata. Este problema posteriormente se trató de subsanar con la reforma monetaria

de 1905.Por otra parte, ante la notoria importancia que obtuvo el servicio

aduanal, como fuente de recursos fiscales, en febrero de 1900 se creó la Dirección General de Aduanas, mediante la cual se concentraron facul­

tades y esfuerzos en una sola oficina antes dispersos entre la Secretaría de Hacienda y la Tesorería General.

Sin embargo, ante esta serie de propósitos y obligaciones, la política arancelaria se vio limitada por otra serie de compromisos derivados de las

necesidades económicas de la sociedad mexicana. Uno de éstos, que podemos calificar como coyuntural, era la libre importación de granos y

cereales en diversos puntos del país que se decretaba cuando se perdían las cosechas; situación que se mantenía en tanto se regularizaban el

abastecimiento y el precio de estas mercancías.

Por otra parte, existían otros fenómenos que obedecían a causas de

carácter estructural pues, ante la ausencia en algunas regiones de una

infraestructura productiva tanto agrícola como industrial, era necesario estimular el desenvolvimiento socioeconómico de aquéllas, mediante

franquicias especiales a fin de que la población pudiese obtener lo necesario a precios accesibles.

En este caso se sitúa la vigencia de la zona libre en el norte del país hasta que fue suprimida en 1905 y, por otra parte, el del Territorio Federal de Quintana Roo, el cual, por circunstancias que más adelante analizaremos, gozó de franquicias libres desde 1901, interrumpidas sólo por los sucesos de la revolución, en 1912.

Estos sistemas de “excepción arancelaria”, como los denominó Macedo, constituyeron a su parecer, un quebrantamiento al principio de la unifor­

me aplicación al cobro de los derechos de importación, “a influjo de

motivos especiales, tanto del orden político como del económico,\ 5Planteada esta serie de fenómenos, podemos observar a través de un

estudio de caso en el periodo de 1893 a 1903 que, aunque el Estado estaba urgido de ingresos fiscales debido a las circunstancias que acabamos de mencionar, a nivel regional la política arancelaria podría estar mediatizada por circunstancias locales y así determinar ciertas prerrogativas específi­cas.

En el caso que vamos a presentar, existe una serie de situaciones en la que los actores principales son las tropas federales que participaron en la expedición militar contra los mayas y, por otro lado, los indígenas mismos, además de los colonos que bajo la égida del Estado se dedicaron a poblar la frontera mexicana con Belice.

Las compañías forestales en la costa oríental de Yucatán

A partir del inicio de la Guerra de Castas en 1847, paulatinamente los

mayas sublevados ocuparon la parte oriental de la península de Yucatán

hasta convertirse en amos y señores de una parte de lo que actualmente constituye el estado de Quintana Roo y que comprendía desde Tulum por el norte, hasta el río Hondo, por el sur.

No es sino hasta finales del siglo XIX, cuando se vio la imperante necesidad de recuperar totalmente aquel territorio, pues las constantes

bajas en el precio del henequén obligaron a los hacendados yucatecos a

pensar en el oriente, cuyos bosques estaban repletos de riquezas incalcu­

lables en maderas preciosas y palo de tinte, como alternativa ante el monocultivo del henequén.6

De hecho, desde 1876, Ramón Ancona había fundado la Compañía Agrícola,, que paulatinamente se extendió hacia la costa oriental. Esta empresa, en 1897, fue adquirida por los yucatecos Eusebio Escalante y Raymundo Cámara, convirtiéndola en la Compañía El Cuyo y Anexas.

Por otro lado, con el fin de colonizar una parte de aquella misma región, en 1889, Faustino Martínez celebró un contrato con la Secretaría de Fomento bajo cuyo amparo logró crear varios poblados como Yalikin, el Meco y Las Vegas. Posteriormente la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, dependiente del Banco de Londres y México, adquirió las tierras de Faustino Martínez abarcando una extensión cercana a los 10 mil 360 kilómetros cuadrados. Esta concesión estaba situada desde el Cabo Catoche hasta muy cerca de Tulum;7 o sea, de

terrenos colindantes con el territorio ocupado por los mayas sublevados.Después de haberse emprendido la campaña militar por parte del

ejército federal, finalmente, en mayo de 1901, el general porfirista Ignacio Bravo logró tomar la capital y cuartel militar de los indígenas, Chan Santa

Cruz. De ahí las maniobras militares se ampliaron debido a que los mayas se replegaron hacia el interior de la selva constituyendo un serio peligro

para la consolidación de la victoria federal.Este incipiente triunfo sobre los indígenas, constituyó en parte el

resultado de una serie de actividades puestas en práctica de antemano y que consistían en impedir el abastecimiento de armas y municiones,

provenientes de Honduras Británica para los mayas sublevados. Desde la firma del Tratado de Límites Mariscal-Spenser en 1893, bajo el cual se delimitó la frontera entre México y la colonia británica, se había acordado la prohibición de la venta de armas a los mayas.

Sin embargo, pronto se comprendió que los decretos no se cumplían

por sí mismos, sino que hubo la necesidad de vigilar efectivamente el

tráfico de mercancías. Para ello se reorganizaron y crearon las aduanas

necesarias para controlar el comercio con el exterior, principalmente el proveniente de Honduras Británica.

Aduanas y movilización militar

Al momento de la firma del Tratado de Límites Mariscal-Spenser, la aduana de Progreso tenía como jurisdicción el extenso espacio compren­dido desde el territorio de Belice hasta los límites de los estados de Yucatán y Campeche.8 Además del mismo puerto de Progreso, en donde se encontraba situada la oficina principal, existían tres secciones aduanales distribuidas en Celestún, Cozumel e Isla Mujeres.

Ante esta organización, el estratégico río Hondo —lugar por donde se efectuaba el tráfico de armas— quedaba sin vigilancia alguna. Lo anterior no pasó desapercibido y en junio de 1895 se comisionó al subteniente de la armada nacional, Othón P. Blanco, para evitar el comercio de armas como para impedir la explotación y el tráfico ilegal de maderas preciosas llevados a cabo por los ingleses de Belice.

Las instrucciones originales eran que Blanco debía construir un fuerte

en Punta Calentura; sin embargo, él mismo sugirió la conveniencia de construir un pontón que situaría en un lugar estratégico del río Hondo, pero que también le permitiría el desplazamiento a todo lo largo del mencionado río. Para tal efecto se encargó a una casa constructora de Nueva Orleans, la fabricación del pontón.

Mientras tanto, en 1896, el gobierno federal creó la Sección Aduanera de la Costa Oriental, dependiente de la aduana de Progreso. En ese mismo año aún se vacilaba acerca del lugar exacto en donde se establecería esta sección, se mencionaban como probables la bahía de la Ascensión, la del Espíritu Santo o la de Chetumal.9

Después de una serie de problemas y peripecias presentados durante la construcción y el traslado del pontón “Chetumal”, el 23 de enero de 1898

Othón P. Blanco informó sobre su arribo a la bahía de Chetumal. En ese instante también decidió el sitio exacto “que por ahora reclaman las circunstancias” para estacionar el pontón, escogiendo para tal efecto “un

punto que fuera de los límites que demarca la línea divisoria, se halla

situada la desembocadura (del río) y Cayo Obispo, por donde forzosa­mente tienen que pasar todas las embarcaciones, ya sea que monten o desciendan el Río Hondo”.10

Sus argumentos principales eran que, si se estacionaba en cualquier otro punto del cauce del río, estaría expuesto a un ataque por los mayas y, por otra parte, todas las embarcaciones podrían traficar impunemente, mientras que en el lugar indicado, se podría establecer el control sobre el tráfico y solicitar a las embarcaciones el manifiesto del punto a donde se dirigiesen.

Como resultado de los preparativos de Blanco, el 28 de abril de 1898 se sustituyó a aquella Sección Aduanera por una Aduana Marítima y Fronteriza de cuarto orden, misma que comenzaría a funcionar con tal carácter desde el 1 de julio de 1898. En esa misma ocasión Porfirio Díaz se reservó la determinación del lugar exacto en donde se ubicaría

definitivamente el despacho, mientras tanto se ordenaba que la oficina debía permanecer en el pontón “Chetumal”. El 14 de junio de ese mismo año, Blanco fue nombrado administrador de la aduana.

Por lo que respecta al norte de la península, en ese mismo año cuando

los soldados yucatecos tomaron el poblado de Ichmul, por donde empren­derían exploraciones hacia el territorio ocupado por los mayas, la Sección Aduanera de Isla Mujeres se elevó a la categoría de Aduana Marítima de sexto orden. Aunque esta aduana estaba establecida en la parte nordeste de la península de Yucatán, se estimó que después podría situarse en un lugar de la costa inmediato a dicha isla, “cuando asilo estime conveniente el servicio público”. En esa misma época se suprimió la Sección Aduanera de Cozumel.

La jurisdicción de las aduanas quedó comprendida en los siguientes

términos: la de Chetumal “será desde el límite entre los Estados de

Tabasco y Campeche en la frontera con Guatemala, hasta el cabo Punta

Flor, situado en la costa Oriental de Yucatán”, y “desde este último punto comenzará la jurisdicción correspondiente a la aduana de Isla Mujeres,

terminando en el cabo Punta los Colorados, de la costa norte del propio

Estado”.11Durante los primeros días de enero de 1901, el general Bravo avanzaba

paulatinamente hasta Homompich y de ahí a Tabí, hasta tomar el importante sitio de Nohpop. De ese lugar, posteriormente, partiría para Saché y Chankik. Ante el incremento que habían tomado las operaciones

militares y la necesidad de dotar de víveres y pertrechos a la tropa, o sea “por convenir al servicio militar”, la Aduana Marítima de Isla Mujeres se trasladó a Puerto Morelos, lugar situado en la costa oriental de la península. Ahora se denominaría “Aduana Marítima de Puerto Morelos” y su jurisdicción sería la misma que anteriormente se había propuesto para la antigua aduana de Isla Mujeres.

Sin embargo, y debido al mal clima de la zona, se decretó que desde el 1 de agosto de 1902 la aduana de Puerto Morelos se trasladase a la bahía de la Ascensión. Asimismo, se convino que desde esa fecha, se establecería en Cozumel una sección aduanera dependiente de la aduana de la Ascensión.

Como producto de estos movimientos, la jurisdicción de la aduana de

Progreso se situó hasta el punto de la costa norte de la península de Yucatán (exactamente en el arco meridiano 87° 32’, longitud oeste de

Greenwich); por su parte, la de la aduana de la Ascensión comenzaría desde este último punto para terminar en el cabo Punta Kuché, desde la cual ahora comenzaría la jurisdicción de la aduana de Chetumal.12

Con base en la localización de las respectivas aduanas, podemos dividir ahora el territorio en dos grandes regiones. Aunque, como lo hemos señalado, hubo varios movimientos relacionados con las jurisdicciones de las aduanas del norte, podemos definir una primera región basándonos en las aduanas de Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos y de la Ascensión. Por otra parte, estaría la región del sur, comprendida básicamente por la

aduana de Chetumal. Más adelante veremos cómo cada zona tenía sus

características propias.

La del norte afianzaba el paulatino avance de los soldados federales hacia tierras ocupadas por los mayas, a través de los poblados que

marcaban la frontera entre la zona dominada por el gobierno yucateco y

el de los indígenas. Estos poblados comprendían principalmente aTihos,uco,

Valladolid, Ichmul y Peto.Esta región también abarcaba el espacio ocupado por las compañías

El Cuyo y Anexas y el de la Compañía Colonizadora, pues aparte de que las tierras de esta última también hacían frontera con el territorio maya,

de una u otra forma, quedaron integradas a la jurisdicción aduanal.

Debido a los constantes cambios habidos en las j ur isdicciones aduanales, también se podía incluir, en su momento, a varios sitios de la costa oriental, tales como Puerto Morelos, la bahía de la Ascensión e incluso a la del Espíritu Santo. Algunos de estos puntos además de constituir cabeceras de aduanas, fueron punta de lanza de las operaciones militares contra los mayas, tal como lo fue el Campamento Vega, situado en la bahía de la Ascensión.

Por lo que respecta al sur, la región que tuvo importancia desde el punto de vista aduanal, abarcaba básicamente desde la desembocadura del río Hondo y todo lo largo del mismo hasta los límites con Guatemala

y Campeche; por el oriente a la bahía de Chetumal, el punto denominado La Aguada, y el sitio llamado Bacalar Chico, el cual constituía el paso obligado hacia la isla británica Cayo Ambergris. Por esa misma zona también se incluía el campamento militar Sombrerete,13 y el poblado de Xcalak.

El río Hondo incluía a su vez varios puntos importantes para la exportación de maderas y chicle, como Agua Blanca, Yokcreec, Sacxán, Ramonal y Santa Elena. Asimismo, el río contaba con numerosos afluen­

tes como el estero de Chac, el cual conectaba al río Hondo con la laguna de Bacalar, por donde se introducía el tráfico de armas y el contrabando.

Independientemente de la situación específica que privaba en cada una de estas regiones, el territorio de Quintana Roo se caracterizaba por su aislamiento con el resto de la nación y el mercado interno. En noviembre

de 1903 el jefe político, general José María de la Vega, al hablar de esta

realidad decía que “por su situación geográfica está privado de comuni­caciones tierra con el resto del país, si bien es cierto que puede comuni­carse por tierra con Yucatán, este Estado a su vez no puede comunicarse con el resto de la República sino por vías marítimas”.14

Esta situación hizo aún más difícil la campaña contra los mayas. De la

Vega comparaba su suerte con la de los antiguos conquistadores españo­

les pues “en virtud de las alianzas celebradas con algunas de las naciones que poblaban la tierra, tuvieron medios de vivir y no se vieron necesitados de abrir caminos o establecer poblados sobre terrenos vírgenes”;15 sin embargo, los modernos conquistadores de principios del siglo XX, lejos

de hacer alianzas con algunos grupos de mayas y servirse de su mano de obra y su capacidad para producir alimentos, así como de la hospitalidad de sus pueblos, tuvieron que procurarse por sí mismos sus recursos.

Incluso la hostilidad de los mayas hacia la tropa se consideró como una faceta de su resistencia. De la Vega era bien consciente de esa situación, sabía por informes que los mayas tenían la esperanza “de que nuestra ocupación fuese transitoria a virtud de las enfermedades, la dificultad para conducir las provisiones y el desconocimiento del terreno”.16

Para contrarrestar los efectos de la carencia de elementos, el ejército tuvo que importar mano de obra de Yucatán y Belice, e incluso disponer

de la de los yaquis y presos que eran enviados a Yucatán a cumplir sus

condenas. A excepción de Santa Cruz de Bravo —la antigua Chan Santa Cruz de los mayas— los federales tuvieron que construir sus propios campamentos y levantar poblados a partir de la nada como Payo Obispo y Xcalak, entre otros.

De cualquier manera, aunque se hubiese logrado establecer alianzas con algunos grupos de indígenas, los mayas solamente les hubiesen proporcionado —y quizá limitadamente, por su sistema de siembra de roza y quem a- algunos alimentos tradicionales y otros de carácter artesanal.

Desde cualquier perspectiva, de todos modos se hizo inevitable la importación de numerosos enseres propios para el establecimiento del ferrocarril. También se introdujo el telégrafo y todo ese material bélico como los modernos rifles de repetición y los cañones de campaña

schrapnell, que tantas ventajas les dieron sobre los mayas,17 además de la carne enlatada roast beej, apropiada para las expediciones hacia el interior de la selva.

A pesar de todo y según donde se situase la campaña, ya sea en el norte, en la costa oriental o en el sur; el ejército federal no estuvo totalmente desamparado, pues lograron cierto apoyo logístico en zonas aledañas a las

maniobras militares.

Por lo que respecta al norte, mencioné que desde Tulum hacia el

poniente, estaba bajo control del gobierno yucateco y se había logrado

cierto desarrollo a partir de las concesiones otorgadas a las compañías El

Cuyo y Anexas y a la Colonizadora de la Costa Oriental. Aunque toda esta

región estuvo fuera de las operaciones militares, en cierta medida y de

acuerdo a sus posibilidades, pudo brindar algún apoyo al ejército federal.Hacia finales de 1902, la Compañía Colonizadora tenía ya establecidas

la colonia de Puerto Morelos y la de Yalikin; dedicadas a la extracción del

chicle, al corte de palo de tinte, labrado de maderas, agricultura y cría de ganado.

Las colonias estaban comunicadas entre sí por una red de ferrocarril. En Yalikin había un tendido de 65 kilómetros y en Morelos de 11; siendo el sistema Decauville y de tracción animal, para lo cual se contaba con las muías necesarias.

También las colonias estaban conectadas por caminos amplios y brechas que daban fácil acceso a la comunicación. Había un camino carretero federal que unía a Morelos con Valladolid, y otro que partía de Yalikin, vía Kantunil, que llegaba hasta Tzimin.

En cuanto a comunicación marítima se tenía el vapor “Ibero”, el cual realizaba un viaje cada dos semanas de Puerto Progreso a las colonias de la empresa. El “Ibero” también hacía servicio gratuito de correo entre Puerto Progreso, Holbox, Isla Mujeres y la bahía de la Ascensión. A este último punto, se hacía un viaje una vez al mes. La flota de la Compañía contaba además con 3 canoas de 12 a 25 toneladas y otras embarcaciones

menores.Con este tipo de comunicaciones, la compañía podía mantener una

tienda de miscelánea en cada una de sus colonias donde sus habitantes podían “adquirir a precios equitativos los artículos que en ella se expenden”.

La compañía contaba además con un almacén en Puerto Morelos. Este depósito fue bien aprovechado por la tropa, por lo que se redujo el

problema del abastecimiento de víveres. La administración de la empresa

determinó en marzo de 1901 que se facilitaran al costo estricto todos los víveres que pudiesen necesitar las tropas destacadas en algunas de las

colonias.

Por otra parte, aprovechando el muelle que había construido la

compañía en Puerto Morelos, el ejército estableció ahí sus carboneras en donde los buques de guerra y de abastecimiento atracaban para surtirse

de combustible y agua. En estas operaciones la Compañía les otorgaba

toda clase de facilidades, además de no cobrar por el uso del muelle.

Cuando la tropa se estacionó en Puerto Morelos, el gran negocio del telegrafista era la matanza de reses y, según el encargado de la£ operacio­nes militares en la costa, General de la Vega , este sujeto vendía la carne a precios muy altos. Preocupado por su tropa, de la Vega arregló con el administrador de la compañía que, a cuenta de esta, el carnicero de la empresa matase reses y vendiera entre 50 y 60 centavos el kilo. Aprove­chando la ocasión, también consiguió que el panadero de la misma compañía, surtiera a la tropa, a razón de 13 centavos por ración de 14 onzas.18

Sin embargo, uno de los problemas más graves fue el del abastecimien­to para las tropas que operaban en el interior de la selva. La única manera

de introducir las mercancías era a lomo de muía. Otro de los acuerdos con

la compañía fue que ésta debía proporcionar la mulada necesaria para el transporte de los alimentos. Esta operación no tuvo mucho éxito y el

ejército se quejaba por el incumplimiento de este acuerdo. El administra­dor de la compañía justificaba esta irregularidad por la escasez de acémilas, argumentaba que el problema era “independiente de nuestra voluntad, pues somos los primeros en lamentarla, a tal punto que las pocas bestias que hemos prestado han venido a faltarnos con grave perjuicio de nuestros intereses en el sentido de la extracción de los productos de nuestros bosques para su embarque en Puerto Morelos”.19

Como la campaña militar no podía retrasarse por este contratiempo, se pensó en la urgencia de crear un cuerpo propio de arrieros con todo y acémilas. Por otra parte, tampoco se podía depender de los arrieros cuya

actividad era su modas vivendi, pues desde la bahía de la Ascensión a Santa Cruz de Bravo, una distancia de 146 kilómetros por un camino pedregoso

y poco transitado, los arrieros cobraban no menos de 4 pesos por arroba

y, al decir de Francisco Cantón, gobernador de Yucatán, el precio era

exorbitante.20

Ante esta situación de la Vega solicitó urgentemente al Secretario de

Defensa, Bernardo Reyes, que le enviara 25 muías con todo y aparejos, y unos arrieros, “pero verdaderamente arrieros” que no matasen a las muías ni extraviaran los víveres.

Entre militares se entendieron bien las necesidades de la campaña. Reyes respondió espléndidamente enviando no 25 sino 130 muías, avisan­do que luego embarcaría 35 más y después otras 200. Con eso creía suficiente poder retirar a “los atajos alquilados, que tanto nos cuestan”.21

Al disponer de la mulada, de la Vega determinó la formación de un grupo dedicado exclusivamente al servicio de transporte de víveres, y que estuvo a cargo del capitán José Pasos. Este batallón de cuadrúpedos encajaba con los planes de la campaña para establecer un depósito de

víveres en Santa Cruz para 700 hombres, en Tabi otro almacén de igual

capacidad, y en Sabán sostener el abastecimiento de las tropas enviando dos cargamentos cada dos días.

El servicio que prestó aquel batallón de acémilas estuvo limitado por

algunos problemas que se le presentaron; al igual que a muchos soldados, las muías fueron atacadas por diversas enfermedades propias del clima. En una visita que realizó Victoriano Huerta a Vigía Chico, reportó más de 60 muías enfermas, para lo cual solicitó a Bernardo Reyes el envío de “uno o dos veterinarios inteligentes.22

No sólo las enfermedades y la flaqueza de las muías retardaban las operaciones, en el tiempo de lluvias los caminos se volvían intransitables

y el transporte se hacía con suma lentitud, si no es que se perdía una parte de la carga, ya sea por la negligencia del arriero o por el hambre de la bestia que rasgaba con los dientes los sacos repletos de maíz.

En ocasiones era tan escasa la existencia de víveres que de la Vega se veía obligado a desalojar a los enfermos. En una ocasión decía a Bernardo

Reyes que “en un mes habré evacuado 200 hombres, número que aumenta por los que vienen en muías y los que van a Ichmul, formarán el total de

las bocas inútiles que hay en Santa Cruz de Bravo”.23

La franquicia libre: colonización y control del comercio fronterizo

La vigilancia aduanal del sur de la península era esencial para derrotar a los mayas. La misión de Othón P. Blanco de evitar el tráfico de armas para

los indígenas no era una empresa aislada, sino parte de una estrategia

militar más amplia relacionada con el hostigamiento contra los mayas a

fin de derrotarlos, si no a balazos, sí con el hambre.

El procedimiento que se diseñó constituyó la única alternativa posible para enfrentar la guerra de guerrillas llevada a cabo por los mayas. En febrero de 1902, de la Vega le informaba a Bernardo Reyes sobre sus métodos “pacificadores”, señalando que

diseminados en el monte, viviendo con muy poco y pasando su vida, según su costumbre, asechan emboscados al paso de un grupo para causar daño y huir, así es que para contrarrestar esto es forzoso emprender una constante persecución sin tregua, hasta que las aguas vengan y deban nuestras tropas concentrarse a sus campamentos, adonde podrán resistir a las enfermedades, mientras los indios, faltos de víveres y de abrigos tendrán que, o rendirse o emprender nuevas siembras y caseríos o atacar resueltamente para tener que comer.24

Desde que Blanco se apostó en la bahía de Chetumal, recomendó urgentemente la toma de Bacalar. Finalmente en marzo de 1901, de la Vega tomó ese importante lugar consolidando de esa manera el rompi­miento de la línea de comunicación y aprovisionamiento que los mayas sublevados siempre tuvieron con Belice. De hecho los ingleses, antiguos aliados de los mayas, desde 1897 les habían volteado la cara a sus clientes al prohibir mediante una proclama la exportación de armas y municiones.

Posteriormente de la Vega evaluaba los resultados de la campaña, exclamaba optimista que

en el primer año, en que (los mayas) tuvieron que combatir contra nuestras tropas, hubieron de abandonar las siembras anuales, por manera que, en el año siguiente ya por carecer de depósitos, ya por haber sido quemados y destruidas las poblaciones y sembrados, por la ocupación de los caminos, por la captura de armas y municiones que a muchos los dejó sin el recurso de la caza, el número de muertos por hambre y agotamiento ha sido muy grande”.25

Más adelante agregaba sobre el saldo de campaña, señalando una existencia no mayor de 3 000 rebeldes, con un contingente a lo sumo de

500 hombres armados.

Estas acciones fueron puestas en práctica más bien en contra de los mayas del norte y centro del territorio de Quintana Roo. Con respecto a los mayas icaichés del sur, quienes siempre permanecieron pacíficos

frente al gobierno mexicano,26 se llevó una política de acercamiento al grado de reconocerles autoridades escogidas entre los miembros de la misma comunidad e incluso algunos de ellos establecieron pequeños

poblados en la margen del río Hondo.Por lo que respecta a la situación económica que privaba en el sur, ésta

no era más halagadora que la del norte. Si bien se fundaron algunas poblaciones a orillas del río, muchas de éstas eran campamentos madereros, que a su vez requerían de importar el total de sus víveres y enseres para la explotación forestal.27 En uno de los primeros informes de Blanco, aparecen en 1898 importaciones de mercancías procedentes de Belice tales como machetes, harina, azúcar, maíz, café, velas, jabón, arroz, carne

salada y cerdos; mismos que eran destinados para los trabajadores de los

bosques.28Aunque es cierto que los mayas de Icaiché no presentaron resistencia

armada contra Blanco, ello no quiere decir que se hayan fusionado totalmente con las nuevas poblaciones de colonos e incluso, en vista de la

distancia que existía entre Payo Obispo e Icaiché -aproximadamente 24 leguas- los indígenas preferían vender sus mercancías en Orange Walk, población del lado inglés, en donde además adquirían diversas mercan­

cías.Por otra parte, los distritos del norte de Belice, Corozal y Orange Walk,

presentaban un grado de desarrollo más avanzado que el del lado mexicano. Ambos producían azúcar de caña, ron, maíz, café, arroz. En

1898 Corozal tenía sembrados 3 487 acres, en 1899 eran 3 852 y en Orange

Walk 1 500 acres. Asimismo también se contaba con ganado vacuno,

caballos, muías, ovejas y chivos.29Además de poseer un puerto de altura, la ciudad de Belice tenía en esa

época una posición privilegiada al estar situada a la mitad del camino entre

Yucatán y Guatemala, en cuyos lugares las mercancías importadas encontraban un mercado seguro. Aunque la riqueza de Honduras Britá­

nica provenía en gran parte de la explotación forestal, su prosperidad

también se debía al comercio de importación y exportación, al grado de que las rentas públicas provenían en gran medida de estas actividades.30

Esta situación y otras que más delante señalaremos, pronto favorecie­ron el comercio entre Belice y los poblados mexicanos aledaños al río Hondo e incluso hasta otros de la costa oriental, como el Campamento Vega.

Por lo que a comunicaciones se refiere, el sur estaba aún más aislado que el norte del territorio. El terreno pantanoso cercano a Bacalar impedía el fácil acceso terrestre hacia el extremo sur. Por la vía marítima, mientras el puerto de Belice distaba cerca de 80 millas marítimas de la bahía de Chetumal, ésta tenía una distancia con respecto a Isla Mujeres de 300 millas marítimas, a Progreso de 530, a Celestúm de 590, a Campeche de 670, a Champotón de 710, a Veracruz de 860 y a Tuxpam

de 940.Ante este estado de cosas habría que agregar la buena disposición del

gobierno de la colonia por estimular el comercio y, de hecho, reemplazar

a los mayas rebeldes como sus antiguos clientes por los nuevos colonos. Desde que en 1899 se comenzaron las obras para ampliar el canal de Bacalar Chico, para lo cual se estableció el Campamento de Sombrerete, el cónsul mexicano en Belice, Ángel Ortiz Monasterio, gestionó ante las autoridades beliceñas la concesión de una mayor flexibilidad para la importación de mercancías a territorio mexicano.

Como respuesta a las gestiones de Ortiz Monasterio, el Consejo

Legislativo de la colonia acordó el 15 de diciembre de 1899, emitir una ordenanza que autorizaba la libre importación por Belice de toda clase de

efectos destinados bona fule para uso del gobierno mexicano.

Por su parte el gobierno mexicano también estimuló el incipiente tráfico entre Belice y la bahía de Chetumal al reducir, el 12 de diciembre de 1898, los derechos consulares por certificación de manifiestos. Mien­

tras que un buque pagaba en el resto del país 10 pesos por el trámite, uno con porte de menos de 50 toneladas brutas que de Belice se dirigiese

exclusivamente a la bahía de Chetumal, sólo pagaría dos pesos y, si era despachado en lastre, el pago sería de un peso.

Ese mismo año se determinó que las embarcaciones menores que hiciesen tráfico internacional entre las poblaciones situadas en cualquier frontera, estarían exentas del pago por derecho de toneladas.

Paulatinamente la aduana de Chetumal fue adquiriendo otra función aparte de la de evitar el contrabando de armas, conforme crecía el interés por colonizar Bacalar, Payo Obispo y sus alrededores.

En una ocasión José Hilario Rosado, un antiguo habitante de Bacalar, refugiado en Belice a causa de la Guerra de Castas, se dirigió en abril de 1901 a Francisco Cantón, gobernador de Yucatán, manifestándole en nombre de numerosos yucatecos que vivían en la colonia, el regocijo que entre ellos existía por la toma de Bacalar. El mismo individuo le hacía entender a Cantón que para repoblar ese sitio era conveniente disponer por algunos meses de la libre importación en Bacalar de diversos

menesteres, tales como tablas, tablones, alfardas, clavos, láminas de zinc, pinturas, etcétera, que por los elevados derechos que se pagaban por su introducción, podrían retrasar la inmigración en ese lugar.

Cantón se dirigió directamente a Porfirio Díaz y le expuso el asunto, a su vez, el presidente lo trató inmediatamente con el Secretario de Hacienda, José I. Limantour. La rapidez con que Díaz actuó, reflejó su

interés por los asuntos de la frontera con Belice. Como resultado de sus gestiones con Limantour, éste presentó una iniciativa de ley proponiendo la exención de derechos de importación y de sus adicionales,31 así como los de puerto y de 7 por ciento de timbre, a determinadas mercancías que se

introdujesen para ser consumidas exclusivamente en Bacalar.

El carácter de los motivos expuestos en aquella iniciativa, mostraban

los objetivos de la franquicia, Limantour decía que

al organizar la expedición no se tuvo por única mira restablecer el dominio de la Nación en las comarcas meridionales de aquella Península, venciendo la hostilidad de la tribu en ella dispersa, sino llevarles los beneficios de la civilización y asegurar la paz de una manera definitiva, empleando, entre otros medios, el de favorecer la instalación de colonias a las cuales se incorpore gradualmente el elemento nativo, atraído por disposiciones que le induzcan a colaborar de buen grado en esa obra de regeneración.32

Limantour agregaba que el mejor aliciente que podría proporcionarse a los inmigrantes, era el de ofrecerles las facilidades para adquirir a costo reducido los artículos necesarios para la subsistencia, la agricultura y otras faenas.

Aunque hacía menos de un año que México había negociado la reconversión de su deuda externa, en cuyo contrato los derechos causados por concepto de comercio exterior estaban bien comprometidos como garantía para el eficaz cumplimiento de los compromisos adquiridos en el exterior, el Congreso no opuso objeción alguna a la iniciativa de Limantour y el 30 de mayo de 1901 la aprobó íntegramente.

Esta franquicia tendría una duración de un año a partir del 1 de julio

del año en curso, y permitía la libre importación de diversos productos,

tales como ganado porcino, vacuno, cabrío y ovejuno, mular, caballar y

asnal; además conservas, carnes, diversos alimentos, ropa, calzado, frutas, hortalizas, legumbres frescas y enlatadas, semillas y granos alimenticios, madera para construcción, muebles, herramienta para labranza, telas de diversos tipos, medicinas, herramientas, máquinas de vapor y refacciones; máquinas para la industria, agricultura, minería, artes y carretas.

Aunque este decreto era un estimulo para favorecer la colonización de Bacalar, adolecía de algunos defectos que pronto salieron a relucir en la

práctica.En una ocasión de la Vega concedió permiso a canoas procedentes de

Belice, río Huache y Xcalak para que, sin pasar de la playa, vendiesen en Punta Alien sus mercancías consistentes en frutas, legumbres y comesti­bles. Con esta acción pretendía proteger a la tropa “de la dura explotación de que son víctimas por la avaricia de los comerciantes de Cozumel y de Yucatán”.33

De improviso se presentó un empleado de la aduana de Puerto

Morelos, aprehendió a los comerciantes y los trasladó a la sede de la

oficina. De la Vega protestó ante Bernardo Reyes, argumentando que él había dado ese permiso con base en la ley que permitía la libre importa­ción, y en que el mismo Reyes había girado la orden para que en aquellos

casos no cobrase derecho alguno.

Quizá lo que produjo ese incidente fue que el artículo 1Q del decreto de la ley decía que la franquicia libre sólo era válida para los efectos que se consumieran exclusivamente en Bacalar. Sin embargo el artículo 2Q señalaba que las mercancías importadas bajo ese concepto, podrían ser introducidas al interior de la península yucateca, previa aprobación de la Secretaría de Marina y la autoridad militar que operaba en el territorio.

Con base en este último precepto, de la Vega había obrado legalmente.Tras un viaje realizado a la capital de la república y en una reunión con

Porfirio Díaz; el director general de aduanas, José Arrangoiz; y el

subsecretario de Hacienda, Roberto Núñez; de la Vega expuso las deficiencias que contenía dicha ley. Por parte de Núñez obtuvo el permiso verbal de autorizar a Othón P. Blanco para que permitiese la libre introducción de mercancías no especificadas en la ley, como leche, fósforos, petróleo y jabón, mientras éstas se adicionaban al decreto.

Después de transmitirle a Blanco el resultado de sus gestiones, al poco tiempo de la Vega recibió un mensaje del mismo Blanco en donde le comunicaba que Arrangoiz le había reclamado por haber permitido la introducción de aquellas mercancías pues, aunque era cierto que de eso habían hablado de la Vega y Arrangoiz, éste alegaba que aún no se había

acordado legalmente dicho asunto.En abril de 1902 Limantour volvió a presentar una iniciativa para

renovar la franquicia libre en Quintana Roo. En esta ocasión el funciona­

rio consideraba que la libre importación debía extenderse a otros lugares de la península que estuviesen en las mismas condiciones que Bacalar. Por otra parte, también proponía que la primitiva lista debía modificarse

suprimiendo y agregando ciertas mercancías.Posteriormente, el 7 de julio de 1902, el Congreso aprobó el decreto

exceptuando del pago de derechos de importación y demás impuestos, ampliando la franquicia para todas las aduanas establecidas en la costa oriental, cuyas mercancías debían ser consumidas exclusivamente dentro

del proyectado territorio de Quintana Roo.34Se añadieron algunos artículos como leche condensada, aceite de

hígado de bacalao, algunos tipos de calzado, velas o bujías; frutas en su jugo, en almíbar o en aguardiente, café tostado, pernos, clavos, puntillas,

tornillos, tuercas y remaches; aceite mineral, tejas, fósforos y cerillos de todas clases. Se suprimieron los caballos castrados y enteros, yeguas y potros de más de un año, algunos tipos de telas (lino, lana, cáñamo), ropa interior de lino, colodión normal y el fotográfico de cualquier fórmula, y doral. De ahí en adelante este decreto se renovó cada año en los mismos términos sin variantes de importancia, hasta que se dejó de promulgar en 1912.

Esta franquicia permitió junto con otros estímulos como las concesio­nes de tierras a particulares, colonizar algunos poblados del territorio de Quintana Roo. Según el censo de enero de 1904, referente a los poblados del sur, Ramonal tenía 154 habitantes, Sácxán 34, Santa Elena 61, Calderitas 73, Juan Luis 120 y Payo Obispo 238.35

Los mayas icaichés y la flexibilidad de la aduana de Chetiunal

Si el control aduanal mostró una mayor rigidez para impedir el abasteci­miento de armas para los mayas rebeldes, con los icaichés se tuvo que adoptar una actitud más flexible en cuanto a la comercialización de sus

productos en los poblados del norte de Belice.En marzo de 1903 llegaron informes a la aduana de Chetumal

señalando que en el punto mexicano Yokcreec, situado a orillas del río Hondo, los icaichés estaban realizando exportaciones de chicle sin presen­tarlos a la aduana. De inmediato se le solicitó al jefe de los mayas, general Tamay, que ayudase a evitar ese contrabando.

Tamay respondió diciendo que él no podía obligar a su gente a ir hasta

la aduana a pagar los respectivos derechos, puesto que los icaichés vendían el chicle a un tal Magaña, quien a su vez estaba establecido en Yokcreec para ese efecto. Al mismo tiempo, el jefe icaiché resaltaba la inconvenien­

cia de ocurrir a pagar los derechos debido a su incosteabilidad.Según Tamay, los pobres de Icaiché apenas tenían una o dos arrobas

de chicle para vender. Tomando en cuenta las 24 leguas que distaban de

Yokcreec hasta la aduana, se necesitaban seis días para hacer el viaje por el río Hondo y pagar tres bogas para el traslado, a razón de 3 pesos cada

uno, dando un total de 9 pesos. Por esas dos arrobas de chicle apenas se

obtendrían 5 pesos por lo cual quedaría debiendo 4 pesos.

Ese era el motivo por el que preferían mejor cargar su mercancía en la espalda y llevarla a Orange Walk, en donde la cambiaban por “ropa, sal y otras cositas que necesitan para pasar la vida en estos lugares” .

Ante la inusitada respuesta de Tamay, un dependiente de la aduana

interrogó a Magaña y éste declaró que él sólo era un modesto empleado al servicio de Tamay, y que las operaciones corrían por cuenta del general quien, a su vez, tenía prohibido a los icaichés pasar por otro sitio que no

fuese Yokcreec. Según Magaña, él solamente cobraba los derechos de paso por ordenes de Tamay.

Por su parte, la Dirección General de Aduanas reconoció que no contaba con los elementos suficientes como para impedir la exportación de mercancías en pequeñas cantidades, por aquellos parajes tan distantes, sin pagar los derechos respectivos. Consideró que la cuantía de los productos era insignificante y que por ello no era necesario crear una sección aduanera en aquel lugar. Finalmente, recomendaba corregir el abuso de autoridad en que había incurrido Tamay, al obligar el paso por

Yokcreec y cobrar un impuesto.

Posteriormente, en cuanto a las vicisitudes causadas por las distancias, de la Vega concedió la razón a Tamay. Además, el militar señaló algunas observaciones que debían de tomarse en consideración con relación al

trato que debía darse a los icaichés, decía que

aunque se ha logrado ya la sumisión de esos indios, aún no están lo suficientemente acostumbrados a la obediencia para que se pueda con éxito, exigirles que llenen los requisitos de las leyes aduanales. Además en las actuales condiciones del Territorio, la imposición de las leyes fiscales en lo referente a esas pequeñas extracciones que en parte, son los elementos de vida de esos indígenas, pues sin ellos no podrían proveerse de ropas y demás artículos de primera necesidad que aún no se consiguen fácilmente dentro del Territorio, les reduciría a condicio­nes precarias y, tal vez, les haría, siguiendo sus costumbres semisalvajes, diseminarse por los bosques y alterar las condiciones de paz en que ahora viven.36

Asimismo, de la Vega no consideró que Tamay hubiese incurrido en abuso de autoridad y ahí cerró el expediente. De cualquier manera, los

icaichés continuaron ejerciendo control sobre el comercio de sus mercan­cías sin pagar derechos de exportación al Estado, aunque quiza sí a Tamay.

A manera de reflexión

Lo anterior constituye un caso en que el Estado moderno cohabita forzosamente con la sociedad tradicional, dando por resultado que tales circunstancias influyeran para que la captación moderna de impuestos fuese mediatizada por las comunidades tradicionales y, por otro lado, por el atraso económico que caracterizaba a la incipiente sociedad quintanarroense. Desde esta última perspectiva, era inevitable el régimen de “excepción arancelaria”.

Al parecer, la única manera posible de establecer la “civilización”, era

la de procurar la colonización mestiza mediante el estímulo de la libre importación; aunque esto haya significado un sacrificio fiscal ante la exigente necesidad que existía en el país de dichos ingresos, tal como lo planteamos al principio de este ensayo.

Sin embargo, existía un optimismo porque esta situación fuese transi­toria, Macedo pensaba con optimismo que

esa excepción está justificada por ser preciso crearlo todo en aquella parte de la República, que hasta últimas fechas sólo de nombre le pertenecía; pero ha sido establecida con el carácter de temporal por limitadísimo tiempo, y seguramente cesará tan luego como allá acabe de cimentarse la paz con el establecimiento de autoridades legíti­mas”.37

Cualquiera se preguntará qué pasó después. Pues bien, la paz y las

autoridades “legítimas” finalmente se implantaron. La franquicia libre

perduró aún hasta 1912, sin que por ello se hubiesen resuelto los problemas de abastecimiento y de producción de mercancías a nivel

regional.Tras un breve receso, y por solicitud de los habitantes y comerciantes

de la localidad, en 1934 se decretó la creación de un perímetro libre en

Payo Obispo y Cozumel, incorporando años después a este régimen a las

poblaciones de Xcalak e Islas Mujeres. Todavía en 1972 no se resolvían los

problemas de abastecimiento, por lo que se creó el régimen fiscal de Zona Libre para todo el Territorio de Quintana Roo. En la actualidad aún subsiste ese sistema.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AGN Archivo General de la Nación ABR Archivo Bernardo Reyes. Condumex.

APD Archivo Porfirio Díaz. Universidad Iberoamericana.

NOTAS

1. Macedo, Pablo. “La evolución mercantil” en Tres monografías que dan una idea de una

parte de la evolución económica de México. México, J. Ballescá y Ca. Sucesores, 1905, p. 107.

2. Coatsworth, John H. “El estado y el sector externo, 1800-1910” en Los orígenes del

atraso, México, Alianza Editorial Mexicana, 1990, p. 147.3. Marichal, Carlos. Historia de la deuda externa de América Latina. México, Alianza

Editorial Mexicana, 1988, p. 13.4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Colección de leyes y disposiciones relaciona­

das con la Deuda Exterior de México. Edición facsimilar, UNAM, 1989, p. 14.5. Macedo, Pablo. Op. Cit., pp. 108 y 110.

6. Ante la baja del precio del henequén, se trató de aliviar la situación emitiendo un

decreto el 15 de mayo de 1895, declarando libre por más de un mes la exportación de

dicha fibra.

7. Reed, Nelson. La guerra de castas de Yucatán, México, ERA, 1982, p. 231.

8. Memoria de Hacienda 1893-1894, p. 15.

9. Memoria de Hacienda 1895-1896, p. 203.

10. AGN, Secretaría de Hacienda, Aduanas Marítimas y Fronterizas, Sección I, Exp. 2919.

11. Memoria de Hacienda 1897-1898, p. 41.12. Memoria de Hacienda 1901-1902, p. 47.13. Con la finalidad de abrir un canal en un punto denominado Boca Bacalar Chico, mismo

que facilitaría la navegación militar entre el mar Caribe y la bahía de Chetumal, el 24

de octubre de 1899 sé fundó un campamento militar denominado Sombrerete, situado

a unas 2 ó 3 millas al noroeste de la boca poniente del canal de Bacalar Chico.

14. AGN, Gobernación, caja 767.

15. AGN, Gobernación, 4a. sección, 903(5)(2), exp. 24.16. Ibid.

17. Reed, Nelson, Op. Cit.y p. 235.18. ABR. 6711.

19. ABR. 6609.20. APD. Legajo 26, caja 13 (5030).21. ABR. 6721.

22. ABR. 6741.23. BR. 6711.

24. ABR. 6731.25. AGN, Gobernación, 4a. sección, 903(5)(2), exp. 24.26. Los mayas icaichés fueron enemigos de los sublevados del norte y centro, e inclüso

llegaron a realizar pactos de paz con el gobierno mexicano. Sin embargo,Trente a los

ingleses, alegando problemas de tierras, los icaichés realizaron varias incursiones

armadas en el norte de Belice.27. El 21 de noviembre de 1892 se otorgó una concesión forestal a Manuel Sierra Méndez,

en una zona comprendida entre Punta Flor, en la costa oriental de Yucatán, y las

márgenes del rio Hondo.

28. AGN, Secretaria de Hacienda, Aduanas marítimas y fronterizas, Sección 1, expediente

554.29. BlueBook. Printedaithcgovennentpress.Dclizc. (Ejemplaresde losañosde 1898y 1899).30. Leslie, Vernon. “The Belize river boat traffic” en Cañbbcan Quartcly, Vol. 33, Nos. 3

y 4, septiembre y diciembre 1987, p. 1 y 3.31. Entre los impuestos adicionales estaban los derechos que en el extranjero percibían los

cónsules mexicanos al certificar las facturas de remisión, y el de 1.5 por ciento que se

entregaba a los ayuntamientos de los puertos y ciudades fronterizas.32. Memoria de Hacienda 1900-1901, p. 313.33. ABR. 6742.

34. El 24 de noviembre de 1902, mediante un decreto se creó el Territorio Federal de

Quintana Roo.

35. En lo que se refiere a la población de Payo Obispóse descartan 10 individuos que fueron

censados, pero que se encontraban de paso. AGN, Gobernación, 3a sección, 904(13).36. AGN, Gobernación, caja 440, 2a sección, 903.37. Macedo, Pablo. Op. 07., p. 110.