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POLÍTICA :

POLÍTICA : EL DATOLa privatización y la capitalización le costarona Bolivia $us 444 millones. El país obtuvo 92 mil-lones de dólares por la venta de las empresas de las Corporaciones de Desarrollo Regional (Cordes), y en su implementación se invirtieron 285 millones.

ANÁLISIS

El conflicto de la capitalización o también llamada -quizás más acertadamente- privatización de las empresas del Estado, radica

en la posibilidad o la imposibilidad de juzgar a los implicados. Esto debido a que no es posible calificar a las personas involucradas de cometer delito a la Patria, porque los preceptos históricos y políticos de la época consideraban que lo que se estaba realizando era en pos de un desarrollo –que ellos consideraban correcto- y en son del paradigma dominante de ese tiempo. Sería como juzgar en el futuro al gobierno del Presidente Evo Morales de nacionalizar los recursos naturales por ir en contra de un nuevo paradigma societal que se suscite ulteriormente.Sin embargo, esta búsqueda de la inconmensurabili-dad entre ambos momentos históricos tiene su rup-tura, o mejor dicho su posibilidad de entendimiento

cuando se logra verificar y corroborar que, en efec-to, existieron varios vicios en la capitalización de las empresas estatales, vicios que en ambos paradigmas (como la corrupción) son considerados ilegítimos y dañinos para la sociedad. La senadora del Beni y ex miembro de la Comisión de Investigación del Proceso de Capitalización de las Empresas Estatales de la Cámara de Diputados, Tania Melgar, aseveró que lo que se ha revisado es solamen-te un pequeño pedazo de todo un proceso gigante de marañas y engaños que fue la capitalización, a lo que acotó que más allá de la retroactividad de la Ley o de la imposibilidad de juzgar a los implicados es hacer notar que ese fue un proceso delictivo que perjudicó al país, y “que si luego se sanciona o no se sanciona (a los implicados), eso es otro cuento (y) lo verán las instancias correspondientes, pero que son temas que

EXAUTORIDADESEstán acusadas de con-tratos lesivos al Estado, conducta antieconómi-ca e incumplimiento de deberes.

ANÁLISIS

“Cuando un gobierno toca las empresas públicas y las usa para entregarlas a manos extranjeras es un ataque a la Patria”Álvaro García Linera, VICEPRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

los Estados del mundo deben ver cómo procesarlos para que nunca más se repitan”. En la misma línea de la senadora Melgar, el ex Presi-dente de la Cámara de Diputados y también miembro de la Comisión de Investigación, Marcelo Elío, explicó que “se ha podido ver en los datos que se ha hecho un daño económico inmensamente grande al país por parte de los gobiernos neoliberales encabezados por Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, Jorge Quiro-ga, Víctor Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Loza-da, que junto a otros políticos como Samuel Doria Me-dina, Carlos Sánchez Berzain, Alfonso Revollo Tenier y otros, enajenaron el patrimonio nacional y cedieron los recursos naturales y empresas a manos extranjeras que presumiblemente podría ser un delito de Traición a la Patria, incluso al margen de daño económico”.Aquí es preciso una pregunta que radica en las acep-ciones políticas de lo que puede implicar un “daño económico” al Estado y lo que también puede consi-derarse como la enajenación de los recursos natura-les, esto debido a que ambos conceptos son altamente connotativos y responden a criterios de significación política más que de significación jurídica, sin embar-go, si consideramos que esto debe visualizarse desde la óptica de la pérdida de recursos y de dinero al país, y el daño que esto tiene para el desarrollo social del mismo, digamos en la ampliación de hospitales o el mejoramiento de la educación, es indudable que ese Proceso de Capitalización de las Empresas Estatales fue realizado con un interés político que responde a un objetivo claro, que sería la defensa de los intereses de las oligarquías criollas bolivianas y las empresas transnacionales, lo cual, valga la aclaración, respon-de más a criterios de índole político teórico que a un criterio de exégesis jurídica. Una vez presentados los resultados de esta investiga-ción que los asambleístas aprobaron se remitió a la Fiscalía dos proposiciones acusatorias y el procesa-

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CAPITALIZACIÓN¿TRAICIÓN A LA PATRIA?

Una segunda comisión conformada por legisladores del oficialismo y de la oposición se encargará de dar continuidad al Proceso de Investigación de la Capitalización y Privatización en Bolivia.

PRIVATIZACIÓN CAPITALIZACIÓN

La capitalización de las empresas estratégicas del Estado -ENDE, Entel, ENFE, YPFB, LAB- fue otro “mal negocio” porque además de la venta de las empresas ésta fue a precios muy bajos. YPFB generaba anualmente 300 millones de dólares; Entel 23 millones; ENFE 15 millones; ENDE 9 millones; LAB 4,4 millones; respresen-tando alrededor de 350 millones de dólares. En contraprestación las operadoras se apropiarion de hasta el 65% de esos recursos.YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-nos) se dividió en varias empresas:- Chaco y Andina, que capitalizó la norteameri-cana AMOCO en 306 millones de dólares. YPF exargentina, PLUSPETROL con Pérez Companc, que puso 206 millones de dólares. Mientras que la Transportadora de Hidrocarbu-ros fue adquirida/capitalizada por la Shell y un consorcio norteamericano, Enron, que en con-junto pusieron en la aventura 263 millones de dólares.- La Empresa Nacional de Electricidad (Ende). quedó en manos de diversas empresas extran-jeras: Dominion Energy, Energy Initiatives, Cons-tellation, todas norteamericanas y todo en 104 millones de dólares.- La Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFE, en sus dos ramales occidental y oriental, fue adju-dicada a la compañía chilena Cruz Blanca, en 39 millones de dólares.

Con la aprobación del Decreto Supremo 22836, del 14 de junio de 1991, se inició el periodo de privatizaciones que duró 11 años.Fueron 157 las empresas del Estado en lista de las privatizadas, además de 222 cooperativas de servicios básicos. - En el gobierno de Jaime Paz (1989-1993) se transfirieron 34 empresas- En la gestión de Gonzalo Sánchez de Loza-da (1993-1997) pasaron a manos privadas 41 empresas.- En el periodo de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002) las últimas 10 empresas públicas pasaron a manos privadas. Muchos proyectos de los grupos privatizado-res latinoamericanos pasan por Bolivia, clara-mente redes eléctricas, de gas y transportes. En este último rubro es el resultado de tramos de privatización de redes ferroviarias en Chi-le, Bolivia y Brasil. El grupo Cruzat y Luksic de Chile, buscaban empalmar la red Oriental boliviana (en manos de Cruzat, que la compró a Bolivia en 1995) con el ferrocarril Arica-La Paz,(también bajo control del grupo Cruzat), y el ferrocarril Antofagasta-Bolivia, de su socio el grupo Luksic. Luego es cosa de agregar segmentos brasile-ños y argentinos para unir una inmensa franja continental y sus recursos. El proceso era un proyecto supranacional.

JOSÉ DANIEL LLORENTIIngeniero Comercial - Comunicador Social.

“La capitalización es al final una privatización. La empresa se vuelve privada”

LA FRASE :

Gonzalo Sanchez de Lozada(OCTUBRE DE 1995 -MATUTINO HOY)

POLÍTICA : ANÁLISIS

6 : CASH

miento a 13 ex autoridades implicadas en el Proceso de Capitalización de las Empresas del Estado.Empero, del otro lado de la luna, quizás el oscuro en esta época pero el claro en la época neoliberal, el dipu-tado de la oposición, Antonio Franco, expone dos cri-terios: el primero donde dice que: “(…) esta no es una proposición acusatoria, está mal empleado el término, ésta es una simple denuncia ante el Ministerio Públi-co y yo creo que eso es lo que se tiene que puntualizar con mucha claridad. Nosotros no tenemos la facultad de acusar a nadie”, cuando el señor Franco asevera esto lo hace con la explicación de que en la Nueva Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislati-va no es más cabeza del Ministerio Público por lo cual no puede realizar procesos de investigación.El segundo criterio que vierte Franco en referencia a este tema es justamente el conflictivo. Él asevera que no podemos juzgar con lentes del 2015, lo que acae-ció en esa época y que para juzgar objetivamente lo que sucedió esos años se debería realizar una investi-gación técnica de los activos y de las utilidades de esas empresas para ver si, en efecto, su capitalización fue realizada correctamente (o en algunos casos privati-zación) o si, al contrario, se usufructuó los recursos del Estado para intereses particulares (lo que sí es un delito en cualquier Estado moderno) y dañando ex-plícitamente los intereses del país.En fin, la labor de esta comisión terminó demostran-do y recabando pruebas del proceso ambiguo y oscu-ro de lo que fue la Capitalización (aunque valga la in-sistencia el concepto de Privatización no está lejos de definir la mayoría de las acciones que se suscitaron esa época), y concluyó dejando en manos del Minis-terio Público y de la Procuraduría del Estado el tema,

Los procesos privatizadores que se sucedieron en esta parte del mundo durante los 80s al 2005, cons-tituyeron medidas de impacto significativo, que si bien solucionaron coyunturalmente algunos déficits en las incipientes economías nativas, dejaron secue-las gravísimas, no como resultado de las medidas en sí, sino en tanto por cómo se llevaron a cabo y por la voracidad de sus actores, tanto enajenadores como enajenantes. En consecuencia, con la caída del neoliberalismo, se

retornó a la óptica estatista y se propiciaron sendas investigaciones de los procesos de la llamada era de la DESREGULATION y de quienes la llevaron a cabo. Así por ejemplo, Chile efectivizó al presente tres Co-misiones Parlamentarias para tratar de saber lo que reamente sucedió.Al menos 1.000 millones de dólares perdió Chile, en moneda de la época, por las privatizaciones llevadas a cabo desde 1973 a 1990, de acuerdo al informe en-tregado por el Centro de Estudios Nacionales de De-

LA PRIVATIZACIÓN : EXPERIENCIA CHILENA

sarrollo, CENDA, a la Comisión Investigadora creada por la Cámarade Diputados de ese país.Anteriormente se llevaron a cabo dos inves-tigaciones del legislativo chileno y al igual de sus similares bolivianas, concluyeron en remitir obrados a la autoridad llamada por ley a objeto de que se investiguen a todos los actores que intervinieron en los procesos de enajenación del patrimonio chileno.Aunque el monto resulta parcial pues sólo se refiere a 27 de 500 empresas que abarca el in-forme final, fueron muchos miles de millones de dólares que se perdieron porque las ventas fue-ron efectuadas a mitad de lo que indicaba el va-lor libro, por ejemplo la Compañía de Acero del Pacífico CAP que se vendió en 160 millones de dólares, cuando su precio de valor libro era de 337 millones, o IANSA que se vendió en 6 cuan-do su valor libro eran 40 millones de dólares. Los datos entregados a la Comisión de Dipu-tados chilena establecieron un vínculo con las millonarias cuentas secretas del ex dictador chileno Augusto Pinochet con el banco nortea-mericano Riggs, aunque también involucran a otros funcionarios.(José Ponce Lerou y José Yuraszeck) FU

ENTE

: CA

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esperando resultados donde la objetividad y la san-ción a los implicados sea el corolario de todos estos años de investigación.En los últimos días la Asamblea Legislativa Plurina-cional (ALP) designó por unanimidad a seis legislado-res, cuatro del oficialismo y dos de la oposición, para formar la segunda comisión mixta que investigará el proceso de capitalización y privatización en Bolivia. Esa comisión está integrada por los senadores Arturo Murillo de Unidad Demócrata (UD) y Jovana Jordán del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en represen-

tación de la oposición y por el senador Rubén Medi-naceli y los diputados Xavier Zabaleta, Romina Pérez y Susana Rivero del Movimiento Al Socialismo (MAS), en representación del oficialismo.Por nuestra parte esperemos que prime el respeto a los derechos humanos y la justicia siendo taxativos con las personas que hicieron tal daño económico al país, o que, en su defecto, queden fuera del con-flicto aquellas personas que sólo actuaron –como buenos hijos de su época- siguiendo el paradigma dominante en el cual se desenvolvían.

LISTA DE LAS EMPRESAS PÚBLICASPRIVATIZADAS Y CAPITALIZADAS

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