Alicia en el país de las maravillas (España iba mal, ahora va bien y en los próximos

años, según el gobierno, irá mejor). Sobre el Programa Nacional de Reformas 2014

y la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017.

Eduardo Rojo Torrecilla. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

de la Universidad Autónoma de Barcelona.

4 de mayo de 2014.

Texto publicado en el blog del autor

1. El Consejo deMinistros celebrado el 30 de abril aprobó el Programa Nacional de

Reformas delReino de España 2014 y la actualización del Programa de Estabilidad para

elperíodo 2014 – 2017, documentos que ya se encuentran disponibles en la página

webdel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con un resumen del

segundo (en castellano y en inglés) y el vídeo de la rueda de prensa delMinistro

Cristóbal Montoro. El objetivo de esta entrada es examinar los contenidos de interés

laboral de ambos documentos, con especial atención al primero, en la misma línea que

efectué de los Programas de los años 2012 y 2013. En la nota de prensa del MINHAP, y

tras recordar que dichos textos se elaboran, y envían a la Comisión Europea, en

cumplimiento de lo dispuesto en la normativa europea (las reglas del llamado “semestre

europeo”) se afirma con contundencia y sin medias tintas (esta vez no hay, al menos en

este punto concreto, neolengua) que “por primera vez desde el inicio de la crisis, en

2014 habrá creación de empleo neto. A finales de 2015, el paro será inferior al de

finales de 2011 tanto en número de parados como en tasa”.

Por su parte, en una nota de prensa más extensa del Consejo de Ministros se afirma lo

siguiente: “Además de una recuperación sostenida en el tiempo, se trata de una

dinámica generadora de empleo. Las mejoras estructurales alcanzadas con la reforma

laboral de 2012 posibilitarán la creación de empleo con tasas de crecimiento inferiores a

las del pasado. Ya en 2014 se creará empleo neto, por primera vez desde el inicio de la

crisis. Para el bienio 2014/2015 se estima una reducción sensible del umbral de

crecimiento de la actividad para dar lugar a creación de empleo. Igualmente, se

conseguirán avances importantes en la reducción del paro. Por primera vez desde el

inicio de la crisis, en 2014 se reducirá el paro EPA en términos medios anuales. A

finales de 2015 el paro será inferior al de finales de 2011 tanto en número de parados

como en tasa”.

2. ¿Vivimos en un país casi idílico? No creo que sea precisamente así (recordemos la

ducha fría de los datos de la última Encuesta de Población Activa sobre población activa

y población ocupada, parece que olvidados por el gobierno en su análisis, aunque no

obviamente el dato de que el número de personas desempleadas sea inferior en 344.900

a los que proporcionaba la EPA del primer trimestre de 2013), pero alguien que conozca

poco la realidad española, y mucho menos la vida labora real, quizás estuviera cerca de

pensarlo si lee el resumen del programa de estabilidad que se adjunta a la nota de prensa

del Consejo, que lleva por título “Nuevo escenario, mejores previsiones: más reformas”.

Para que los lectores y lectoras del blog juzguen y valoren con total conocimiento de

causa si mi afirmación anterior es correcta o está sesgada por el acercamiento cotidiano

a la realidad laboral, reproduzco el contenido de la primera página del documento:

“El Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas son la previsión de

las medidas y la evolución de la economía. Y son, además, la demostración de un

hecho: que la recuperación se está consolidando.

• Hace un año España atravesaba una situación muy difícil. Que exigía prudencia y

responsabilidad. Dijimos entonces que íbamos a trabajar para superar las previsiones y

lo hemos hecho.

• Hoy, certificamos que hemos cumplido con creces los objetivos que nos habíamos

marcado:

Hemos superado la recesión y recuperado la competitividad de la economía. España está

creciendo al mayor ritmo desde hace seis años.

Hemos respetado los objetivos de déficit, y hemos aflorado y afrontado la deuda oculta.

El Plan de Pago a Proveedores ha financiado casi 42.000M€; el Fondo de Liquidez

Autonómico, casi 40.000M€.

Hemos evitado un rescate a la economía española y recuperado la confianza. La prima

de riesgo ha caído casi 500 puntos desde el máximo alcanzado en verano de 2012.

Hemos hecho del sector exterior el motor de la economía y el consumo vuelve a crecer.

Hay más de 150.000 empresas exportadoras y registramos tres trimestres positivos en el

gasto de los hogares.

Hemos reducido el paro y reactivado la creación de empleo. España ha pasado de liderar

el incremento del paro en la UE a encabezar la reducción del desempleo (Eurostat Feb.

2014).

Hoy, constatamos los resultados y mejoramos las perspectivas. En 2014 el crecimiento

real será más del doble del esperado hace un año y habrá creación de empleo, cuando

entonces se preveía un retroceso.

Estamos ante un nuevo escenario. Pero nuestro objetivo no ha cambiado: sigue siendo

crear empleo.

Acabaremos la Legislatura con menos parados que al inicio y vamos por el buen

camino. Por esta razón, continuamos con las reformas”.

En fin, según la actualización del Programa de Estabilidad pasaremos de una tasa de

desempleo (media anual) del 26,1 % al 19,8 % en 2017, algo que estoy seguro que toda

la ciudadanía, y desde luego mucho más quienes están desempleados, desea. Vamos a

ver qué medidas de contenido laboral se plantean en el programa de reformas, y que se

argumenta en el de estabilidad, para analizar su incidencia en este cambio tan radical de

perspectiva de nuestro mercado de trabajo.

3. La lectura del Programa de Reformas 2014 permite pensar, si hemos de hacer caso a

su contenido, que no habrá nuevas reformas laborales del calado e importancia que han

tenido lugar en 2012 y 2013, pero déjenme que sea muy prudente al respecto porque

siguen existiendo petición de algunas organizaciones internacionales y de medios

empresariales para “profundizar” en tales reformas. Con todo, habrá quien piense, y

quizás no le falte razón, que mi afirmación anterior no es correcta porque no valoro

suficientemente la importancia que puede tener la reforma de la política de empleo con

una cada vez mayor presencia del sector privado, y la reforma de la normativa de

protección social y la posible atribución a las mutuas de la concesión del alta médica del

trabajador en situación de baja laboral.

En el resumen ejecutivo del Programa se insiste en reiteradas ocasiones en que las

medidas ya adoptadas y las que se adopten en el próximo futuro tienen un claro

objetivo, cual es el de favorecer la creación de empleo, se muestra la satisfacción

gubernamental por haber “ejecutado prácticamente en su totalidad” las medidas

propuestas en el Programa de 2013 (no esperen encontrar una mínima autocrítica en los

documentos examinados en esta entrada, porque no la hay) y se destacan las medidas

cuya aprobación está prevista en el año en curso, siendo una de ellas la reforma

tributaria que deberá resolver los que se califican como “problemas actuales del sistema

tributario: el sesgo desincentivador del empleo y la baja recaudación. En el ámbito del

empleo, formación y protección social, se enumeran y sintetizan las propuestas que más

adelante se desarrollarán en el Plan y que ahora dejo ya apuntadas: nuevo modelo de

formación para el empleo, la estrategia española de activación para el empleo 2014-

2016 (aquí sí que se anuncian “desarrollos normativos”, entre ellos uno cuyo contenido

tengo curiosidad por conocer, cual es el que se anuncia de “una mayor vinculación entre

las políticas activas y pasivas de empleo” -- ¿mayores posibilidades de acceso al empleo

o mayores controles de las personas desempleadas?), y como una medida más concreta

en cuanto que dirigida a un público específico, el plan nacional de implantación de la

garantía juvenil .

El optimismo gubernamental se manifiesta con claridad al referirse a los datos de

desempleo de Eurostat (febrero 2014) y de afiliación a la Seguridad Social (marzo

2014), y por lo que parece los datos de la última EPA sobre población activa y ocupada

no deben ser del gusto de los redactores del documento porque no han sido tomados en

consideración. Se pone especial énfasis en la importancia de disponer de más de 28.500

millones de euros de los fondos estructurales (FEDER y FSE) para el período 2014 –

2020, junto con otras cantidades de no menos relevancia como por ejemplo la de 943

millones para la iniciativa de empleo joven, y se destaca que con todos estos recursos se

poteciarán las medidas “que aumenten la productividad y el empleo, la inversión

privada y desarrollen sectores con elevado potencial de crecimiento”.

4. Antes de seguir con el Programa de Reformas 2014 y entrar a examinar con más

detalle las propuestas futuras de actuación a corto y medio plazo, vuelvo a la

actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 por el interés muy directo de

algunos de sus contenidos sobre las políticas laborales, que parten de una valoración

bastante positiva (¿quién iba a dudarlo?) de las reformas laborales operadas desde 2012,

y de las que destaca (se lo hemos escuchado a los responsables económicos del

gobierno en numerosas ocasiones, y en algunas a los responsables de empleo) que los

cambios normativos y su impacto en el mercado de trabajo “posibilitarán la creación de

empleo con tasas de crecimiento inferiores a las del pasado”, previéndose (tomo nota “a

los efectos oportunos”) que se producirá “una creación neta próxima a 600.000 empleos

entre finales de 2013 y finales de 2015”, y que en los dos años que median entre los dos

períodos citados disminuirá el número de personas desempleadas “en cerca de 800.000

personas” (¿tendrá aquí algo que ver la caída de la población activa y no sólo el

esperado crecimiento del empleo? Parece que sí, que esta es la previsión del gobierno

vinculada a la reducción del número de inmigrantes que accederán a nuestro mercado

laboral) e incluso se prevén mejores perspectivas para el conjunto de los cuatros años

(¡largo me lo fiais, amigo Sancho!), con previsión de creación de empleo de 900.000 en

cómputo a tiempo completo (¿se refiere a un crecimiento del empleo a tiempo completo

o bien a un incremento importante del trabajo a tiempo parcial y que lleve a ese cáculo

optimista?)

Más exactamente, el documento sitúa la creación neta de empleo por debajo del 2 % del

crecimiento del PIB y adjudica este cambio a las reformas operadas en el mercado de

trabajo con las reformas laborales y que han significado “una mayor flexibilidad interna

de las empresas” (igual a incremento del poder de dirección del empleador, pero eso lo

digo yo y no el gobierno), “mayor uso del trabajo a tiempo parcial” (igual a mayores

posibilidades para el empleador de distribución de los tiempos de trabajo según sus

necesidades), “intensificación de la moderación salarial” (neolengua que esconde la

reducción de salarios en unos casos, y el mantenimiento nominal pero con incrementos

de jornadas en otros, es decir descenso real, y que al preverse su mantenimiento en los

años venideros seguirá propiciando, según el gobierno, “un comportamiento contenido

en los costes laborales unitarios y ganancias de competitividad”), y “aumento de las

inaplicaciones de convenios” (con su implicación sobre la pérdida de importancia del

valor normativo del convenio colectivo estatutario, y su impacto directo sobre

reducciones salariales y reordenación de los tiempos de trabajo, según los datos

disponibles de tales inaplicaciones en la página webde la Comisión Consultiva Nacional

de Convenios Colectivos”, con 2149 inaplicaciones en 2013 y que permitieron, siempre

según el gobierno “adaptar las condiciones de trabajo – particularmente los salarios –

para evitar los despidos”).

El impacto de las medidas de ajuste, y entre ellas la reforma en materia laboral que

permite los despidos colectivos en el sector público en general y en las

Administraciones Públicas en particular, se constata con claridad en el documento al

examinar los datos del empleo en el sector público y en el privado, ya que “la pérdida de

empleo asalariado en 2013 siguió incidiendo con mayor intensidad en el sector público,

con una tasa media de caída anual del 5,6 %, mientras que en el privado prácticamente

se estabilizaba a finales de 2013”.

¿Van a tener impacto positivo en los ingresos de las arcas públicas las medidas previstas

por el gobierno en materia de empleo y protección social? Tal es su parecer, tanto

pensando en las que está previsto aprobar en 2014 y aplicar a partir de 2015 como las

que han sido aprobadas con anterioridad a la actualización del Programa de Estabilidad

y que ya están surtiendo frutos (tarifa plana en cotización empresarial por contingencias

comunes a la Seguridad Social, no abono por el FOGASA del 20 % de las

indemnizaciones debidas a los trabajadores en empresas de menos de 25 trabajadores,

incremento de los conceptos computables a efectos de cotización a la Seguridad Social,

reforma del marco normativo de las pensiones e incremento gradual de la edad de

acceso a la jubilación), que se calcula “en el entorno de los tres mil millones de euros

anuales cuando estén todas en vigor, con un mínimo de dos mil millones en 2014 y mil

millones en 2015”). Por cierto, nos enteramos, leyendo la página 55, de que el Gobierno

ha remitido a las Cortes un proyecto de ley del que, al menos en mi caso, no hay todavía

constancia de que se haya producido (aunque a fuer de ser sinceros cabe pensar que lo

será próximamente), cual es el de modificación (una vez más) de la Ley General de

Seguridad Social, “incluyendo entre otras medidas la atribución a las Mutuas de la

gestión de la prestación por incapacidad temporal”.

5. Volvamos al Programa de Reformas de 2014 y detengámonos en el balance que hace

el gobierno de sus actuaciones en 2013 con respecto a materias laborales, en concreto en

lo relativo a la recomendación número 4 formulada por las autoridades europeas de

evaluar la reforma laboral de 2012, así como también en otras medidas adicionales.

A) El gobierno “saca pecho” y se muestra orgulloso de la valoración positiva de la

reforma que ha hecho la OCDE y que se suma a la anteriormente realizada por el propio

gobierno tras un año de entrada en vigor, y a mi valoración crítica sobre tales

documentos en otras entradas del blog me permito remitir ahora.

Como ya he dicho, poca autocrítica encontrarán por parte del gobierno, ya que se afirma

que la reforma desplegó desde sus inicios efectos positivos “a pesar del muy negativo

entorno económico” y en nota a pie de la página 19 se afirma aún con mayor orgullo

(me pregunto si la vida laboral se ve de una forma desde un despacho del Ministerio y

de otra en un centro de trabajo, pero no voy ahora a elucubrar más de la cuenta) que “los

datos positivos indican un impacto positivo aún mayor de la reforma”. Entre los

aspectos positivos de la reforma se recuerda que uno de ellos fue la puesta en marcha

del contrato de apoyo a los emprendedores (PYMES) “a tiempo completo”, y quizás

hubiera sido también conveniente incorporar una nota en la que se explicara, aunque

fuera a pie de página y mucho menos leída, el motivo por el que se posibilita en 2013 la

utilización de esa modalidad a tiempo parcial cuando se tanto se había publicitado el

valor de ese contrato a tiempo completo para incorporar especialmente a personas con

mayores necesidades de protección al mercado de trabajo.

El programa destaca también, como ya he dicho, la valoración positiva de la OCDE en

cuanto que considera (la neolengua sigue jugando aquí un papel importante) que “ha

reducido sustancialmente la rigidez de la regulación laboral y ha flexibilizado la

negociación colectiva”. ¡Ah!, no olvidemos que la reforma había provocado, al parecer

de sectores jurídicos cercanos al mundo empresarial y que lógicamente tienen muy

buena sintonía con el gobierno actual, “alguna incertidumbre en materia de despidos

colectivos”, y raudo y veloz el gobierno se aplicó a intentar desactivarla (no creo que lo

haya conseguido hasta ahora, porque no sólo de la normativa laboral española sino

también de la Constitución y normas internacionales y europeas viven, y aplican, los

juzgados y tribunales) con la reforma operada por el RDL 11/2013, ahora convertido en

la Ley 1/2014. Siempre es de agradecer la claridad en los objetivos perseguidos, aunque

no se diga con la misma claridad que se pretende desactivar aquellas interpretaciones

doctrinales y judiciales distintas de las del gobierno y del mundo empresarial, y por ello

me parece positivo que se diga con claridad que con las reformas citadas se pretende

“reducir la probabilidad de que los procedimientos de despido colectivos sean

declarados nulos judicialmente, regulando con mayor precisión la información que las

empresas deben proporcionar a los representantes de los trabajadores”.

B) En el ámbito de las políticas de empleo las reformas operadas durante 2013 se han

centrado en la aprobación y puesta en marcha del Plan anual de política de empleo, con

un porcentaje cada vez mayor (10 % en 2013 y 40 en 2014) de fondos estatales

distribuidos a las Comunidades Autónomas según el grado de cumplimiento de los

objetivos comunes identificados con anterioridad, así como también en el llamado

“programa de buenas prácticas para modernizar los servicios públicos de empleo”, que

deberá consolidarse normativamente en la Estrategia España de activación para el

empleo 2014-2016.

En mi explicacióndel PAPE 2013 ya puse de manifiesto que se apuntaban futuros

cambios normativos, y ahora habrá que esperar a ver cuándo y cómo se concretan.

Decía entonces que “en relación el marco general se identifica la EEE 2012-2014, las

normas estatales y autonómicas, y los PAPE, y como hay que cambiar ese marco (no

todo es “herencia recibida” por cierto) ya se anuncia la elaboración de una nueva EEE

que pasará a denominarse “Estrategia española de políticas activas de empleo”

(cambiamos las palabras, ¿cambiamos los contenidos?), tres nuevos Reglamentos, de

servicios, de empleo y de formación (no arriendo la ganancia a los responsables

estatales, y fundamentalmente los autonómicos, que tengan que conocer y aplicar ese

nuevo marco que se anuncia, que irá acompañado sin duda de instrucciones y circulares

internas para su aplicación), y la “implantación de un nuevo modelo de distribución de

fondos orientado al cumplimiento de objetivos”, y en el que sí se ha avanzado ya este

año para fijar en un 40 % la distribución de fondos en 2014 en razón del cumplimiento

de los objetivos marcados el año anterior, “más un mecanismo de garantía de

continuidad con el marco anterior del 60 % que facilite la adaptación al nuevo modelo y

gradúe el impacto que su implantación pueda tener, sobre todo en los primeros años” (si

hay un gobierno distinto del color político actual en 2015 es posible que vuelvan a

cambiarse las reglas, con los que el concepto de “primeros años” quedaría sin

contenido, pero de momento esta afirmación sólo se encuadra en el ámbito de la

política-ficción)”.

En 2013 también se ha producido el desarrollo de un nuevo modelo de formación

profesional para el empleo “dando prioridad a la financiación de acciones formativas

destinadas a que los menores de 30 años y los desempleados de larga duración obtengan

un certificado de profesionalidad”, y el inicio de los trabajos para la puesta en marcha

de un nuevo modelo de formación del que se afirma que estará basado “en los principios

de mayor transparencia y control en la gestión de los recursos públicos, concurrencia

competitiva y evaluación de la calidad de la formación”, y cuya mayor concreción se

encuentra en la explicación contenida en el eje 3 (“capital humano”) de la tercera línea

prioritaria de actuación para este año, que lleva por título “fomentar el crecimiento y la

competitividad actual y futura”, en el que se explica que “se abrirá el sistema a la

concurrencia competitiva de los proveedores de servicios de formación, se reforzarán

las actuaciones de seguimiento y evaluación, así como las obligaciones de transparencia

y los incentivos para el correcto y eficiente funcionamiento del sistema. La puesta en

marcha del nuevo modelo requerirá la aprobación de varios instrumentos normativos”

(en esto momentos se está debatiendo con los agentes sociales el borrador de futuro

texto normativo).

También se ha ido desarrollando el calificado como “nuevo sistema de intermediación

laboral” con una estrecha colaboración público-privada (pendiente aún de implantarse

de forma efectiva debido a los conflictos jurídicos suscitados en los concurso de

selección de las agencias privadas de colocación), y la elaboración de un portal único de

empleo aún pendiente de entrada en funcionamiento (la previsión es durante el primer

semestre de 2014).

Por fin, con respecto al desempleo juvenil se afirma que ya se han puesto en marcha “en

torno al 55 %” de las medidas recogidas en la Estrategia de Emprendimiento yEmpleo

Joven 2013-3016, con 3.845 millones de euros. tales como el estímulo de la

contratación laboral de jóvenes, mejora de la empleabilidad de los que se encuentran

desempleados y el fomento del emprendimiento (reducción de cuotas a la SS,

ampliación de la cuantía de la capitalización por desempleo, programas formativos con

compromiso de contratación posterior, reformas en los contratos para la formación y el

aprendizaje, contrato eventual de “primer empleo joven”, contrato a tiempo parcial con

vinculación formativa, ampliación de los certificados de profesionalidad,…). Medidas

especificas se prevén en este año y los siguientes para poner efectivamente en marcha la

llamada garantía juvenil, es decir el acceso al trabajo o a la formación para jóvenes

menores de 25 años que no estén estudiando y que tampoco estén trabajando o llevando

a cabo un proceso formativo.

6. Un bloque del documento (IV) está dedicado a los progresos efectuados “para

alcanzar los objetivos nacionales de la Estrategia Europea 2020”, si bien más

exactamente aquello que se realiza en este apartado es reordenar las medidas adoptadas

en 2013 y ya explicadas en el bloque anterior, según que encajen en uno u otro de los

diversos objetivos, y dado que el primero es de índole preferentemente laboral (alcanzar

una tasa de empleo del 74 % para las personas de 20 a 64 años) la mayor parte de las

medidas quedan incorporadas a este objetivo.

No deja ser curiosa la forma como se explica la caída de la tasa de empleo de este

colectivo en 2013 con respecto a 2012, desde el 59,3% al 58,2%, debido según el

documento al mantenimiento de la economía española en recesión que era también el

estado de la Unión Monetaria, si bien inmediatamente a continuación se realiza una

comparación de las tasas del cuarto trimestre de los dos años, que era la misma, el 58,5

%, debido, “ al menos parcialmente, al impacto positivo en el mercado de trabajo de la

reforma laboral aprobada en 2012, tal y como lo confirman las evaluaciones realizadas

sobre la misma”. Lo malo, pues, por la situación global de nuestra economía y de buena

parte de la europea, y lo bueno como consecuencia de las decisiones de política laboral

del gobierno. Seguimos con la inexistente autocrítica de las decisiones adoptadas, y

digo yo que alguna merecería, siquiera sea mínimamente, esa pequeña dosis de análisis

autocrítico ¿no les parece?

Desde luego, nos queda bastante por hacer para, ya no digo alcanzar sino como mínimo

acercarnos a los objetivos marcados en la Estrategia Europea en general y en España en

particular, como la demuestra la Tabla X, con casi 17 y 16 puntos de diferencia en la

tasa de empleo, sin olvidar otro dato relevante y que afecta a la población juvenil cual es

el de reducir la tasa de abandono escolar prematuro en un 10 % (UE) o 15 % (España)

cuando en nuestro país nos situamos al finalizar 2013 en un preocupante (aunque haya

mejorado ligeramente con respecto a años anteriores) 23,5 %

7. El V bloque del programa está dedicado a la explicación de las medidas que están

siendo adoptadas o van a adoptarse en el año en curso, así como el uso que se hará de

los recursos económicos ya referenciados que provienen de los fondos estructurales

comunitarios y otras ayudas europeas, estructurándose alrededor de cinco áreas

prioritarias identificadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la

Comisión Europea.

A) El Programa de Reformas 2014 incluye en la primera área dedicada al “saneamiento

fiscal diferenciado y favorecedor del crecimiento”, y más concretamente en su eje 3

sobre “mejora de la gobernanza económica”, medidas para luchar contra el fraude, la

economía sumergida y el trabajo no declarado, en la línea de continuar con las

actuaciones ya llevadas a cabo en el marco del plan de lucha contra el empleo irregular

y el fraude a la Seguridad Social 2012 y 2013 cuyos bueno resultados cuantitativos han

sido muy publicitados por el gobierno en reiteradas ocasiones y se encuentran en la

página web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La evaluación del plan que ahora se anuncia llevará, en su caso, a la adopción de nuevas

medidas (¿significarán nuevas modificaciones de la LISOS?) que se incluirán en una

nueva ley ordenadora de la ITSS que sustituya a la de 1998 y cuyo borrador actual es el

secreto mejor guardado en el MEySS, dado que me consta que no lo conocen muchos

responsables de la ITSS en las distintas autonomías.

No sé muy bien, dicho sea de paso, a qué responde la tesis de crear “una oficina

nacional de lucha contra el fraude laboral” si no es para avanzar en las propuestas de

recentralización formuladas por la CORA en noviembre de 2013, ya que no me parece

que puedan entenderse de otra forma los objetivos del gobierno de “homogeneizar la

labor inspectora desarrollada en el conjunto del Estado y reforzar la estabilidad de la

colaboración institucional alcanzada en la materia”.

En el ámbito de lucha contra el fraude en la Seguridad Social y para conseguir una

mayor efectividad en su control, siquiera sea por vía indirecta, el Programa de Reformas

nos informa de la puesta en marcha durante este año del llamado programa CRET@,

por el que se pretende simplificar el sistema de cotización y recaudación de las

cotizaciones sociales. En la quinta línea prioritaria de actuación, “modernizar la

Administración Pública”, y en su eje 1 sobre “racionalización y eliminación de

duplicidades”, se nos informa de que con el nuevo sistema se pretende reducir las cargas

administrativas para las empresas, de tal manera que “la liquidación de cuotas se llevará

a cabo directamente por la Administración a través de un proceso de comunicación y

cobro integrado telemáticamente, sustituyendo al tradicional modelo de autoliquidación

y presentación de documentos por parte de las empresas”.

B) Por cierto, en el marco de esta línea de actuación recentralizadora, si bien algunos la

llamarán de eliminación de obstáculos para facilitar un entorno favorable a los

emprendedores (eje 2 de la segunda línea principal, “restablecer las condiciones

normales de préstamo a la economía”) encontramos medidas que afectan a las políticas

de empleo y que van en la misma dirección, con claro olvido (¿involuntario?) de las

competencias de las autonomías en materia de políticas activas de empleo. La

justificación de tales medidas se encuentra en la necesidad de proceder al desarrollo

normativo de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado

(ya impugnada ante el TC), siendo una de las actuaciones que se considera necesario

llevar a cabo por el gobierno español la que afecta a las agencias de colocación y a las

empresas de trabajo temporal, de las que se dice lo siguiente: “se revisará su normativa

para racionalizar los requisitos que se exigen actualmente y que encarecen el servicio de

forma innecesaria. Asimismo, se revisarán los requisitos exigidos por las

Administraciones a las empresas de formación en el marco de las políticas activas de

empleo, para garantizar que no existe discriminación alguna por razón de residencia del

operador”.

C) Ya me he referido con anterioridad a la próxima aprobación de la nueva normativa

por la que se regulara el sistema de formación para el empleo y sus notas definidoras, y

baste añadir ahora uno de los rasgos más relevantes que se pretende que tenga el nuevo

sistema, según el borrador al que he tenido acceso: “Se debe superar el diseño

institucional actual que permite el doble papel de las organizaciones representativas de

los agentes sociales que es único entre los sistemas de países del entorno Europeo:

actúan como participantes en la planificación programación, y diseño del subsistema y,

asimismo, ejecutores de la formación y perceptores de fondos. Es necesario abandonar

un modelo intermediado que no resulta compatible con un sistema de formación

competitivo, para impulsar la participación directa de entidades prestadoras de los

servicios en igualdad de condiciones en régimen de concurrencia”.

Por otra parte, y en desarrollo en el ámbito estatal de una Recomendación aprobada por

la UE en 2008 sobre la creación de un marco europeo de cualificaciones para el

aprendizaje permanente, España aprobará este año la creación del marco de

cualificaciones para el aprendizaje a la lo largo de la vida.

La citada Recomendación, de carácter no vinculante y que deberá aplicarse de

conformidad con la legislación y prácticas nacionales, parte de la premisa previa de la

valoración del desarrollo y el reconocimiento de los conocimientos, destrezas y

competencias de los ciudadanos como “esenciales para el desarrollo individual, la

competitividad, el empleo y la cohesión social de la comunidad”, que debe permitir

impulsar la movilidad trasnacional de los trabajadores y potenciar el aprendizaje

permanente. Su objetivo fundamental es crear un marco común de referencia “que sirva

de mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de cualificación,

tanto para la educación general y superior como para la educación y formación

profesionales”, y la puesta en marcha de este marco común debería contribuir a la

mejora de la transparencia, comparabilidad y transferibilidad de las cualificaciones de

los ciudadanos expedidas según las reglas de cada Estado. Otro objetivo que persigue la

Recomendación aprobada es contribuir a una interrelación más estrecha y fructífera

entre la educación, la formación y el empleo, y ello pretende conseguirlo por la vía de la

modernización de los sistemas de educación y formación. Es importante destacar que el

texto aprobado no reemplaza ni define sistemas de cualificaciones ni cualificaciones

nacionales, y de ahí que simplemente se pida a los Estados miembros que traten de

alinear sus sistemas nacionales al marco europeo de cualificaciones en el año 2010, y

que se respalde a la Comisión en su intención de promover unos vínculos más estrechos

entre ese marco y los sistemas europeos de educación que posibilite la mejora de la

movilidad de los ciudadanos y que facilite el reconocimiento de los resultados del

aprendizaje. Como puede comprobarse, España va a tardar “un poco más” de las

previsiones fijadas en la Recomendación para su traslación a cada Estado.

D) La cuarta línea prioritaria de actuación es la más importante a efectos de mi

comentario y lleva por título “luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales

de la crisis”, más concretamente su Eje 1, dedicado a l mercado de trabajo y las políticas

activas de empleo, mientras que el eje 2 se dedica a las políticas de inclusión social.

En primer lugar se pasa revista a las medidas ya adoptadas con los objetivos de

“fomento de la contratación laboral y de activación de los desempleados”, que ya han

sido analizadas con atención en otras entradas del blog, tales como el “impulso del

trabajo a tiempo parcial y de la flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo (también

remito a mis análisis anteriores sobre las críticas a la neolengua utilizada en los títulos

de las normas, sus exposiciones de motivos y en ocasiones también en los textos

articulados), y el “fomento del empleo indefinido a través de una reducción de las

cotizaciones a la Seguridad Social”.

A continuación ya se nos informa de un texto de próxima aprobación y en el que se

plasmarán la experiencia y los resultados obtenidos en los planes anuales de políticas de

empleo de 2012 y 2013, que lleva por título “Estrategia española de activación para el

empleo 2014- 2016” y con la que, según los redactores del Programa que parecen ser

amantes de las grandes frases, “culminará la transición hacia un sistema de evaluación y

orientación a resultados de las políticas activas de empleo”. Para conocer con más

detalle la valoración gubernamental de los PAPE 2012 y 2013 y de las medidas a

incorporar en la nueva Estrategia me permito remitir a los lectores y lectoras del blog a

la intervención de la Secretaria de Estado de Empleo, Sra. Engracia Hidalgo, en su

comparecencia ante laComisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los

Diputados el 24 deseptiembre de 2013, intervención que no mereció precisamente los

parabienes de los grupos parlamentarios, con la lógica excepción del grupo popular.

Los objetivos estratégicos comunes que se marcan a largo plazo no me parece que

difieran de aquellos que ya están presentes desde hace muchos años en las políticas de

empleo estatales y autonómicas, ya que se está actuando desde hace mucho tiempo (con

resultados dispares según las medidas adoptadas y el ámbito territorial de afectación)

para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aunque no se dispusiera de la nueva

garantía para el empleo juvenil; para mejorar la empleabilidad de colectivos

especialmente afectados por el desempleo como son los mayores de 55 años y las

personas desempleadas de larga duración; la mejora de la calidad de la formación

profesional para el empleo; el reforzamiento de la vinculación entre las políticas activas

y pasivas (con nombres de las dos que siguen sin gustarme, y lo digo desde hace mucho

tiempo, porque parecen compartimentos separados cuando debe haber una estrecha

relación entre ambas); en fin, el impulso del emprendimiento.

A la espera de la aprobación de la Estrategia, el gobierno ya nos “amenaza” con sus

desarrollos normativos, tanto en el terreno de esa mayor vinculación de ambas políticas

(y al que habrá que prestar mucha atención para saber si se dirige en el sentido de

mejorar el acceso al empleo y la formación de los desempleados o bien en el de

establecer más restricciones y limitaciones al acceso a las prestaciones económicas

mientras dure su situación), como en el de reordenación más general de las políticas de

empleo y que me lleva a pensar que quizás aquí también el gobierno pretenda introducir

las medidas recentralizadoras propuestas por la CORA, aunque de momento se queden

en un desarrollo normativo muy borroso e impredecible, ya que en el Programa sólo se

habla de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Empleo para “para concretar los

instrumentos y programas a utilizar para alcanzar los objetivos comunes de los distintos

servicios públicos de empleo mejor los objetivos comunes de los diversos servicios

públicos de empleo, y las medidas e instrumentos prioritarios para conseguir tales

objetivos”. Para poner en marcha las “nuevas” políticas de empleo el gobierno

dispondrá, además de las partidas presupuestarias propias, de los 3.901 millones de

euros del Fondo Social Europeo, y en el marco del objetivo temático número 8 cuál es

el de “promover la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la movilidad

laboral”, para el que también podrá disponer de una dotación de 62,8 millones de euros

del FEDER. .

8. Por último, el Programa incorpora diversos anexos que sintetizan toda la explicación

anterior. En el I se recoge la aplicación de las recomendaciones específicas realizadas

por las autoridades europeas; el II está dedicado a la evaluación de dichas

recomendaciones y de las principales reformas estructurales; el III se dedica a los

objetivos marcados por España en el marco de la Estrategia Europea 2020; en fin, el IV

incluye todas la medidas adicionales para apoyar el crecimiento, siguiendo las líneas

prioritarias de actuación propuestas en el Informe sobre crecimiento de la Comisión

Europea.

Buena lectura de los documentos.