SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN POST … · 2018-10-06 · La línea de tiempo:...

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN POST INCENDIOS FORESTALES | 1

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN POST INCENDIOS FORESTALES

Proyecto Financiado por el Fondo Chile de Todas y Todos del Ministerio de Desarrollo Social

© UCM y Ministerio de Desarrollo Social, 2018

Stefano Micheletti Dellamaria

Alejandra Alcaíno Padilla, Rodrigo Figueroa Hernández,

Camila Araya Garrido, Mariapaz Rojas Reyes,

Yerko Cisterna Quijada, Giulia Mennuti,

Sonia Galindo Núñez, Rafael Ramírez Varas.

Stefano Micheletti Dellamaria, Rodrigo Figueroa Hernández,

Camila Araya Garrido.

Luz María Gutiérrez Tapia

Equipo de investigación

Luis Herrera Vásquez

Coordinador:

Equipo:

Texto:

Diseño y diagramación:

Fotografías:

Corrección de estilo:

Proyecto Financiado por el Fondo Chile de Todas y Todos del Ministerio de Desarrollo Social

Índice

Presentación 5

Prólogo Escuela de Trabajo Social Universidad Católica del Maule 7

Prológo Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza - Maule 9

Introducción 11

CAPÍTULO 1El desastre, la emergencia y el proceso de reconstrucción 13

1.1. Antecedentes generales: daños y personas damnificadas 141.2. La línea de tiempo: principales hitos 231.3. Los principales actores del proceso de reconstrucción 40

CAPÍTULO 2Definiciones teóricas y metodológicas 45

2.1. Marco teórico 462.2. Marco metodológico 57

CAPÍTULO 3Reconstrucción y Derechos Humanos 62

3.1. Vulnerabilidad y condiciones previas 633.2. Los derechos sectoriales 663.3. Los derechos transversales 69

CAPÍTULO 4Innovaciones, aprendizajes y desafíos 72

4.1. Del 27F a los incendios forestales: los avances y las innovaciones 744.2. La reconstrucción post incendios forestales: innovaciones 784.3. Los aprendizajes 814.4. Los pendientes: algunas sugerencias y recomendaciones 82

Conclusiones 85

Bibliografía 87


Presentación

Los incendios que afectaron la zona centro-sur del país en el mes de enero de 2017, arrasaron en la Región del Maule con miles de hectáreas de plantaciones forestales y bosque nativo, golpeando duramente las comunida-des rurales. Estos mismos territorios habían vivido pocos años antes el trauma de experimentar un terremoto de 8,8 grados de magnitud en la escala Richter y el consiguiente proceso de reconstrucción.

Preguntarse acerca de cómo se están enfrentando los desastres socio-naturales en la Región y tratar con ello de establecer un diálogo con quienes definen e implementan políticas públicas a diferentes escalas, nos pareció entonces de fundamental relevancia. Decidimos así –en el marco del quehacer del Centro de Estudio y Desarrollo Regional / Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule– tratar de sistematizar el proceso de reconstrucción post incendios, mirándolo desde la perspectiva de los derechos humanos y tratando sobre todo de rescatar los aprendizajes acumulados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, actor central de la gestión post desastre.

Los objetivos de esta iniciativa fueron varios:

a) Sistematizar en todas sus etapas el proceso de reconstrucción desarrollado a la fecha, identificando acto-res claves, hitos significativos y acciones llevadas a cabo;

b) Evaluar la situación relativa a la protección de derechos en el ámbito vivienda, salud física y mental, educación, satisfacción de las necesidades básicas vitales y trabajo (derechos por sector); así como el derecho a la no discriminación, a la información, a participar, ser consultado y a reclamar y ejercer sus derechos (derechos transversales) en la etapa de emergencia y reconstrucción;

c) Reconocer los aprendizajes generados en el marco del proceso de reconstrucción, destacando los aspec-tos innovadores de la experiencia y realizando también un análisis comparado respecto al proceso de reconstrucción post terremoto 27F en el ámbito rural;

d) Realizar recomendaciones dirigidas al desarrollo de estrategias para la gestión de procesos de recons-trucción post catástrofe en zonas rurales;

e) Difundir los resultados del proyecto a la comunidad regional y nacional.

Para cumplir con nuestros propósitos, generamos un proceso investigativo de carácter cualitativo, y utiliza-mos técnicas de recolección de información como la entrevista semiestructurada, lo que nos permitió recoger las apreciaciones y la reflexión de más de 60 personas entre damnificados, dirigentes sociales, expertos, funcio-narios públicos, autoridades locales y nacionales.


Este trabajo fue posible gracias al financiamiento del fondo Chile de Todas y Todos, del Ministerio de De-sarrollo Social, cuyo foco es apoyar iniciativas que tengan por objetivo el análisis de experiencias, programas y/o proyectos innovadores, para el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social. En este ejercicio, contamos además con la invaluable colaboración de la Fun-dación para la Superación de la Pobreza y por cierto con la disponibilidad de las autoridades y funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a quienes agradecemos profundamente.

Con esta publicación digital, que recoge una síntesis de los resultados del estudio, esperamos contribuir a difundir el conocimiento co-construido, ahondar en la siempre necesaria reflexión sobre la gestión del riesgo y los procesos de reconstrucción, poniendo a disposición del Estado un instrumento que ayude a sistematizar una experiencia llena de aprendizajes y desafíos.


Fue en el mes de enero de 2017 cuando la zona centro-sur de Chile fue arrasada por los incendios. Este desastre, además de generar ingentes pérdidas materiales y de fuentes laborales, develó la vulnerabilidad social de los grupos familiares que habitan los territorios forestales de nuestra región. Es a partir de esta realidad, la de miles de personas que han sufrido las consecuencias directas de la catástrofe, que surge este proyecto de sistematiza-ción desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule.

Desde la disciplina del Trabajo Social, la sistematización se entiende como aquel proceso “que busca cons-truir, ordenadamente y a través de un procedimiento metódico, conocimiento acerca de una situación particular a partir de la experiencia que adquiere el sujeto que sistematiza en base a convivir y actuar en esa situación” (Palma, 2017, p. 22). Es bajo esta lógica que nuestro equipo ha realizado un proceso de investigación integrado con la práctica profesional formativa, y de manera colaborativa, incluyendo estudiantes, académicos, habitantes de los sectores e instituciones públicas. En su esencia, la iniciativa buscó rescatar y sistematizar los aprendizajes de las personas, acompañarlas en su fase de reparación del daño material y emocional luego de los incendios e incorporar algunos mecanismos para aportar a las estrategias de afrontamiento en un próximo desastre natural, con recomendaciones al sector público encargado del diseño y gestión de las políticas. También la propuesta buscó profundizar la discusión sobre el modelo de producción forestal y las vulnerabilidades que este produce, con el objetivo de hacer una contribución a su mitigación, a la vez de evaluar la protección de los derechos en contexto de catástrofe.

En síntesis, el proyecto fue una apuesta teórica, metodológica y política, que esperamos represente un aporte al territorio para fortalecer una cultura de gestión de riesgo, un pensar colectivo e integrado; a partir de la ge-neración de espacios propicios para el hacer y el pensar de manera conjunta, con la participación activa de las personas, aquellas que vivieron en lo cotidiano la realidad y las consecuencias de los incendios. La apuesta que nos propone esta sistematización es entonces la búsqueda de una articulación virtuosa entre individuo y solida-ridad, Estado y sociedad civil, academia y mundo profesional, reinventando el compromiso con los territorios y la generación de políticas públicas que permitan sentar bases sólidas de integración, participación, ciudadanía y potenciación para mirar hacia el Desarrollo Humano.

A partir de esta experiencia, el mensaje que nos queda en el mundo académico es que debemos seguir cons-truyendo proyectos de investigación aplicada desde la interdisciplina, que reúnan a investigadores, profesio-nales, estudiantes y habitantes del territorio con el objetivo de consensuar, repensar y, porque no, construir nuevos conceptos comunes útiles en territorios y ambientes reales, pensados y posibles (Bozzano, 2000), que asignen nuevos desafíos a los gobiernos locales y a las instituciones académicas. Ese será el no renunciar a conducir de Matus (1987) y si así no ocurriera, entonces estaremos renunciando a nuestra principal libertad humana, que es intentar decidir por nosotros y para nosotros, adonde queremos llegar y cómo luchar para al-canzar los objetivos.

Prólogo Escuela de Trabajo Social Universidad Católica del Maule


Nuestro reconocimiento a todos los actores que participaron en el proceso y sean muy bienvenidas, para la Escuela de Trabajo Social, futuras y virtuosas experiencias como esta “Sistematización del proceso de recons-trucción post incendios forestales en la región del Maule”.

María Gladys Olivo VianaDirectora Escuela de Trabajo Social UCM


Prológo Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza - Maule

Hace ya una larga data que hemos visto cómo en nuestro país y en todo el mundo ha venido sucediendo de manera sostenible, y en aumento, la ocurrencia de desastres o catástrofes socio-naturales, tales como lluvias torrenciales, aluviones, terremotos y tsunamis, incendios, sequías y una acelerada contaminación ambiental.

Según datos de Geo Risks Research, entre 1980 y 2010 los desastres socio-naturales han experimentado un aumento sobre el 100%. Al desagregar los datos según la naturaleza de la catástrofe, queda suficientemente demostrado que los siniestros asociados al clima y la hidrología, son los que más aumentan en todo el planeta. El número de catástrofes climáticas crece unas cinco veces más rápido que el incremento de terremotos; así, mientras los terremotos han aumentado un 50% en el periodo 1980-2010, los desastres debidos a fenómenos climáticos e inundaciones se han incrementado alrededor del 350% (Estudio Regional FSP Valparaíso, Jugando Entre Riesgos, 2015).

Chile no escapa al exponencial crecimiento en la ocurrencia de estos desastres socio-naturales y entre los años 1906 a 2015, según el Centro de estudios de Desastres EM-DAT, nuestro país ha debido enfrentar 109 de-sastres de gran magnitud, de los cuales 41 se han producido en los últimos 15 años.

La Región del Maule, junto a otras de la zona centro sur del país, vivió el 2010 los embates de un violento te-rremoto grado 8,8 en la escala de Richter, que sacudió a la Región y que vio cómo minutos más tarde un tsunami arrasó el borde costero, dejándonos en la memoria imágenes devastadoras que trascienden hasta el día de hoy.

En enero de 2017, y cuando aún faltaban logros para la reconstrucción del 27F, nos vuelve a azotar una nueva catástrofe, esta vez una serie de incendios forestales que se fueron extendiendo de manera vertiginosa e impla-cable por la Región, arrasando a su paso con medios de vida y volviéndonos a enfrentar cara a cara a nuestra vulnerabilidad territorial.

La “tormenta de fuego” como se denominó, debido a su alta velocidad de propagación e intensidad calórica, junto a la simultaneidad de focos incontrolables, terminó por arrasar con más de 279.000 hectáreas, entre plan-taciones forestales, bosque nativo, praderas y suelo agrícola, además de humedales y áreas urbanas (CONAF, 2017b), dejando a su paso en evidencia la grave exposición y vulnerabilidad al riesgo con la que ha debido con-vivir gran parte de nuestra población regional.

La Fundación Superación de la Pobreza (FSP) y el Programa Servicio País, a lo largo de los más de 22 años de existencia como organización de la Sociedad Civil trabajando por la superación de la pobreza y la disminución de las brechas de desigualdad, hemos estado involucrados de manera permanente en los procesos de recons-trucción que han afectado a diversas regiones del país. Atacama, Coquimbo, Valparaíso, entre otras y por cierto Maule, han podido ver nuestro afán de contribuir a través de los profesionales Servicio País en los territorios de-


vastados, con la recuperación de las personas y la reconstrucción de sus medios de vida, así como también el de promover reflexión pública en torno a las problemáticas que están a la base de estos desastres socio-naturales, y que junto con generar enormes pérdidas no solo económicas sino por sobre todo humanas, tienen enormes efectos en las personas y comunidades que se encuentran afectadas por la pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, y que constituye probablemente la más violenta vulneración a los derechos humanos.

Agradecemos al Centro de Estudio y Desarrollo Regional (CEDERE) y a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, el que nos hayan invitado a ser parte de este valioso estudio, del cual esperamos contribuya a la generación de políticas públicas robustas en materia de Gestión del Riesgo y Desastre.

Álvaro Gatica SotoDirector Regional Maule Fundación Superación de la Pobreza


Este texto digital pretende proponer una síntesis de los resultados principales del estudio Sistematización del proceso de reconstrucción post incendios forestales en la Región del Maule, llevado a cabo durante el año 2018 por un equipo del Centro de Estudios y Desarrollo Regional (CEDERE) de la Escuela de Trabajo Social UCM.

Para este fin, agrupamos los elementos centrales de la investigación en cuatro capítulos. En el primero, en-tregamos una caracterización pormenorizada de los estragos causados por los incendios, con especial énfasis en la dimensión de la vivienda; a la vez, mostramos una línea del tiempo con los principales hitos de las etapas de emergencia y reconstrucción, generadas a partir de un análisis de las entrevistas realizadas y de medios de prensa escrita. Finalmente, proponemos un mapa de los principales actores –públicos, privados y de la sociedad civil– que han sido parte del proceso.

En el segundo planteamos algunas definiciones teóricas que asumimos para hacer una lectura situada de la información que recopilamos, y que dicen relación con el concepto de desastre, el enfoque de derechos humanos en situación de catástrofe y la reconstrucción en contextos rurales. A la vez, entregamos una síntesis metodoló-gica del trabajo de recopilación y análisis de los datos.

El tercer capítulo se centra en la discusión acerca de cómo la intervención del Estado en apoyo a las familias damnificadas, además de orientarse a la reposición de la vivienda perdida, fue capaz de respetar una serie de derechos humanos básicos que distintos organismos internacionales identifican para los contextos de catástro-fe.

Finalmente, el cuarto capítulo aborda la difícil tarea de dar cuenta de las innovaciones aplicadas en la recons-trucción –generando una comparación respecto a lo acontecido en la Región del Maule luego del terremoto del 27 de febrero de 2010– y de los aprendizajes derivados de la nueva experiencia de reconstrucción que el Esta-do, tanto a nivel nacional como de su estructura descentralizada, tuvo que enfrentar. Nos permitimos, además, consignar algunos puntos que desde nuestro punto de vista serán necesarios de reforzar en futuras ocasiones.

En último lugar, cierra el texto un breve apartado de conclusiones con algunas reflexiones más generales.

Introducción

CAPÍTULO 1: El desastre, la emergencia y el proceso de reconstrucción | 13


CAPÍTULO 1

El desastre, la emergencia y el proceso de reconstrucción



1.1. Antecedentes generales: daños y personas damnificadas

Entre los días 18 de enero y 5 de febrero de 2017, la zona comprendida entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía se vio afectada por uno de los incendios forestales más grandes de la historia reciente del país, gol-peando con particular intensidad las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, las que concentraron 417 de los 681 focos de incendios a nivel nacional, con un total de 467.537 hectáreas afectadas (CONAF, 2017a).

La alta velocidad de propagación e intensidad energética, la simultaneidad de focos y el daño provocado en zonas habitadas, hicieron que el fenómeno fuera considerado como una “tormenta de fuego”; de hecho fue categorizado como de “sexta generación”,1 y produjo modificaciones en las condiciones atmosféricas y meteo-rológicas. Entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de enero los incendios alcanzaron su punto más crítico, llegando a una intensidad que superó los 60.000 KW/m y velocidades de propagación superiores a los 6 Km/h, aumentando la superficie afectada en 114.000 hectáreas en tan solo 14 horas. El carácter de la emergencia obligó a movilizar a 1.170 brigadistas forestales de CONAF, 640 brigadistas y expertos extranjeros, 8.832 miem-bros de las fuerzas armadas, 2.000 bomberos, 1.247 efectivos de carabineros, 474 efectivos de la Policía de Investigaciones y 2.397 funcionarios de ministerios y servicios públicos, además de 53 aeronaves entre las que se cuentan aquellas de gran capacidad para el combate de incendios aportadas por medio de la cooperación internacional y de privados como el SuperTanker, el Ilushyn IL-73 y el Hércules C-130 (CONAF, 2017a; CONAF, 2017b; Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, 2017).

Del total de superficie consumida por las llamas, la mayor parte correspondió a plantaciones forestales (54,7%), siendo la Región del Maule la que concentró la mayor cantidad de hectáreas quemadas.

1 La Escala Global de Medición de Incendios Forestales es un mecanismo que permite evaluar de manera ordinal las características, dificultades y requerimientos para el combate de un incendio forestal. Comienza con la primera generación (incendios continuos) y hasta antes de los incendios aquí detallados el nivel más alto correspondía a la quinta generación, es decir, la simultaneidad de grandes incendios.



Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2017b). Análisis de la Afectación y Severidad de los Incendios Forestales ocurridos en enero y febrero de 2017 sobre los usos de suelo y los ecosistemas naturales presentes entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos de Chile.

Gráfico 1 Superficie afectada según vegetación y otros usos de suelo por incendios forestales entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía.



Gráfico 2Cantidad de personas afectadas o damnificadas por incendios forestales enero-febrero de 2017 en la Región del Maule, por Provincia.

Fuente: elaboración propia a partir de Ficha Básica de Emergencia, Ministerio de Desarrollo Social.

Del total de superficie afectada, se estima que la propiedad del 52% correspondió a grandes empresas fores-tales, un 29% a pequeños propietarios, un 16% a medianos propietarios y un 3% a empresas medianas (CONAF, 2017b).

En la Región del Maule el daño provocado por los incendios alcanzó las 279.931 hectáreas:2 185.875 ha de plantaciones forestales, 29.588 ha de bosque nativo, 51.055 de praderas y matorrales, 12.551 de terrenos agrí-colas y 862 ha de otros usos de suelo, dentro de los que se cuentan áreas urbanas, humedales y otras áreas sin vegetación (CONAF, 2017b).

La Región cuenta además con el mayor número de agricultores afectados, con un total de 2.117, en compa-ración con los 1.556 del Biobío y los 1.023 de la Región de O’Higgins, con pérdidas de 5.319 cabezas de ganado bovino, 3.523 equino, 22.439 ovinos y caprinos, y 26.183 colmenas (Barrera, 2017).

A lo anterior, se suman las 8.360 personas identificadas por medio de la Ficha Básica de Emergencia3 del Ministerio de Desarrollo Social como damnificadas en alguna medida por los incendios ocurridos en la zona. De las cuatro provincias de la Región,4 la que cuenta con un mayor número de personas afectadas por el incendio es la provincia de Talca con un total de 6.734 damnificados, seguida por Linares con 1.240, Curicó en tercer lugar con 785 y finalmente Cauquenes con 427.

2 En términos de superficie afectada, a la Región del Maule le siguen la Región del Biobío con 99.480 hectáreas y la del Libertador Bernardo O’Higgins con 88.127 hectáreas.

3 La Ficha Básica de Emergencia (FiBE) es un instrumento establecido en el Decreto N° 697 de 2015 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que forma parte del Plan Nacional de Protección Civil y que es utilizado en situaciones de emergencia, catás-trofes o desastres para la identificación de las familias afectadas o damnificadas ante eventos de tipo natural o antrópico (Minis-terio de Desarrollo Social, s.f.). Para mayor información: http://dse.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/.

4 La Región del Maule se subdivide en cuatro Provincias: Talca, Curicó, Linares y Cauquenes.



Gráfico 3Cantidad de personas afectadas o damnificadas por incendios forestales enero-febrero de 2017 en la Región del Maule por comuna.


En cuanto a las localidades, siendo el total de afectados en la provincia de Talca de 6.734, Las Corrientes y Santa Olga aparecen como las más perjudicadas con 302 y 3.161 personas respectivamente. En el caso de la pro-vincia de Linares, con un total de 1.240 damnificados, las localidades de Nirivilo, Rastrojos y la Orilla de Purapel fueron las más afectadas con 382, 116 y 109 personas respectivamente. En la provincia de Curicó la cantidad de damnificados corresponde a 785 personas, de las cuales 134 pertenecían a las localidades de Los Sauces, 81 a Hualañé y 75 a Los Coipos. Finalmente, en la provincia de Cauquenes el número de damnificados corresponde a 427 personas, siendo las localidades de Cauquenes y La Gloria las más afectadas con 99 y 66 personas respec-tivamente.

De las 8.360 personas afectadas en la Región, 4.458 resultaron con su vivienda totalmente destruida, 252 con su vivienda muy afectada, 271 medianamente afectada y 386 poco afectada. En términos generales, este número equivale a aproximadamente 3.068 familias.5

5 Calculado en base al número de personas indicadas como jefes de hogar en la Ficha Básica de Emergencia.

Con respecto a la cantidad de personas afectadas por comuna, es posible identificar cinco focos principales: 313 personas resultaron afectadas en Cauquenes, 556 en Hualañé, 981 en San Javier, 1.150 en Empedrado, y 4.681 en Constitución.



Gráfico 4Personas con viviendas afectadas por incendios forestales en la Región del Maule.


El fuego no solo dañó las viviendas, sino que también se calcula que 5.970 personas vieron afectados sus pertenencias, de las cuales 4.791 resultaron con sus enseres muy afectados y 712 medianamente afectados.

Otro impacto tiene relación con la afectación del ámbito laboral de las personas de la Región. Se estima que alrededor de 5.070 perdieron el empleo como resultado de los incendios forestales. De estos, 1.181 se desempe-ñaban en labores relacionadas con la agricultura, pesca y caza, de un total regional de 26.865 trabajadores del sector (Observatorio Laboral del Maule, 2017), así como 1.250 personas que perdieron empleos relacionados al ámbito forestal de un total de 15.042 (Instituto Forestal, 2016).



Gráfico 5Damnificados que declaran pérdida laboral a nivel regional.

Gráfico 6Pérdida laboral por rubro.


Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Ficha Básica de Emergencia (FiBE) del Ministerio de Desarrollo Social



Es posible diferenciar en dos grupos las localidades afectadas. Por un lado, se encuentran aquellas caracte-rizadas como parte de la ruralidad dispersa: localidades pequeñas y de carácter eminentemente rural como Los Coipos, Sauzal o Las Corrientes entre otras, cuyo nivel de afectación y necesidades de reconstrucción varían en función de sus características específicas. Por otra parte, existe la situación particular de Santa Olga (Comuna de Constitución), pueblo que fue arrasado completamente por el incendio y que en términos demográficos se considera como urbano. Cabe destacar que la distinción entre lo rural y lo urbano en Chile responde a criterios demográficos, siendo considerados rurales los asentamientos con una población que oscila entre los 1.000 y los 2.000 habitantes ya sea de manera concentrada o dispersa y donde menos del 50% de sus habitantes se dedica a actividades económicas secundarias (INE, 2005; CEPAL, 2013).

La definición incluye además una diferenciación para las aldeas (asentamiento humano concentrado con una población que fluctúa entre 301 y 1.000 habitantes) y los caseríos (asentamiento humano con nombre propio que posee 3 viviendas o más cercanas entre sí, con menos de 301 habitantes y que no forma parte de otra enti-dad). Las localidades afectadas que se cuentan dentro de la denominación ruralidad dispersa se dividen entre estos tres criterios (rural, aldea, caserío) pasando desde localidades compuestas por una serie de viviendas dispersas territorialmente y separadas por al menos un par de kilómetros de distancia (como en el caso de Los Sauces en la comuna de Hualañé), a unidades territoriales más compactas y funcionales (como en el caso de Coronel de Maule en la comuna de Cauquenes). Santa Olga, poblado que incluye también los sectores de Altos de Morán y Los Aromos, se diferencia además porque las consecuencias del fuego en el sector obligaron a consi-derar la creación de un Plan Urbano Integral de Reconstrucción (PUIR), diseñado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.



El caso de Santa Olga6

Dentro de las localidades más afectadas sin dudas Santa Olga representa un caso paradigmático en cuanto al daño que los incendios forestales ocasionaron en la Región. Está ubicada en la comuna de Constitución, y su origen se remonta a inicios de la década de 1970, cuando un grupo de aproxima-damente 20 familias de trabajadores de la empresa maderera estatal Panguipulli, provenientes de las cercanías de la ciudad de Valdivia, Región de los Ríos, se radicaron en el denominado “Cruce a Empe-drado” (específicamente al norte de la actual Ruta M-30-L). Durante la década de 1990 dicha empresa donó a sus trabajadores uno de los paños del predio y otro es transferido a la I. Municipalidad de Constitución, correspondiente a lo que en la actualidad es Santa Olga.

Con el transcurso del tiempo la localidad ha incrementado progresivamente su población, confor-mándose en un asentamiento predominantemente informal –lo cual posee implicancias en la confi-guración de sus espacios de uso común y circulaciones– alcanzando en enero de 2017 una población de 3.013 habitantes (MINVU, 2018). El progresivo crecimiento demográfico en Santa Olga se encon-traba vinculado a la oferta constante de oportunidades laborales asociadas a faenas forestales y tam-bién al rápido acceso a la vivienda por medio de arriendos de terrenos a bajos precios y a través de la ocupación irregular de éstos. Dichos factores posicionan a la localidad como un centro económico atractivo para población flotante y de sectores rurales cercanos que se desplazan diariamente hacia sus trabajos en la zona.

La localidad está compuesta por tres sectores principales consolidados: Santa Olga, Los Aromos y Altos de Morán. Los Aromos se ubica al Sur de la ruta L-30-M y es conformado por el sector residen-cial y el sector industrial del aserradero perteneciente a la empresa CELCO. Al igual que Santa Olga, surgió como una ocupación irregular, en la cual el Ministerio de Bienes Nacionales comenzó con un plan de saneamiento de lotes en 1995. Altos de Morán, por otro lado, era el sector consolidado con mayor déficit de servicios, ya que no contaba con abastecimiento de agua potable ni alcantarillado, resolviendo los servicios básicos a partir de cañerías conectadas a vertientes y pozos negros. La via-lidad existente no permitía el ingreso del camión de la basura, ni vehículos mayores, aumentando el riesgo y la mala calidad de vida de sus residentes.

Finalmente, existe un último sector –El Membrillo– que se localiza detrás de la industria forestal, siendo un sector que podría considerarse el más rural dentro de la localidad, conformado por un camino interior de tierra sin iluminación y, a raíz de este motivo, percibido como inseguro por los propios vecinos.

Al interior de la localidad de Santa Olga, se reconocen además otros subsectores dentro de los ya mencionados, tales como Molino Viejo y el sector industrial en Los Aromos, propiedad de Forestal CELCO:

6 Los datos relativos a la caracterización de la comuna de Santa Olga fueron tomados del Plan Urbano Integral de Reconstrucción (PUIR), 2017, ya que anteriormente no existían registros que dieran cuenta de las características del sector.



Imagen 1. Distribución de sectores en la localidad de Santa Olga.Fuente: SEREMI MINVU Maule.

La población damnificada en la localidad corresponde a 3.161 personas, equivalentes a 1.118 fa-milias aproximadamente. De estas, 3.079 resultaron con algún tipo de daño en su vivienda produc-to del fuego, desde “poco afectada” (386 personas) hasta aquellas que terminaron con su vivienda completamente destruida y que alcanzan un total de 2.844, siendo un 63% del total de personas con viviendas destruidas a nivel regional; mientras que un total de 3.098 personas resultaron con sus enseres muy afectados de un total de 4.791 personas en la misma situación en la Región.

Las viviendas no afectadas o poco afectadas pertenecen en general al sector de Altos de Morán mientras que en los otros sectores de la localidad el fuego arrasó con la totalidad de las viviendas.



1.2. La línea de tiempo: principales hitos

Si bien el proceso de reconstrucción posterior a los incendios forestales del verano del 2017 se encuentra aún desarrollo, es posible identificar una serie de hitos claves que han configurado el proceso durante el primer año ulterior a la catástrofe. En términos generales, podemos considerar cuatro grandes periodos, tanto para las localidades pertenecientes a la ruralidad dispersa como para Santa Olga en particular. El primero de ellos corresponde a los días previos a la emergencia en los que ésta comienza a desarrollarse, se comienza a rea-lizar el despliegue de actores y esfuerzos coordinados entre distintos organismos para el combate del fuego. El segundo momento clave corresponde al período denominado “emergencia y evacuación”, que contempla el momento en que el fuego comienza a llegar a los sectores poblados, los contingentes de combate del incendio se encuentran desplegados y en acción, y se procede a la evacuación preventiva de localidades expuestas ante peligro de incendio inminente como en el caso de Santa Olga, extendiéndose hasta que el fuego es controlado. El tercer momento, de emergencia, corresponde al período inmediatamente posterior a los incendios, desde que este es controlado, pasando por las iniciativas previas a la puesta en marcha de la reconstrucción hasta la fecha en que se terminan de aplicar las entrevistas. Finalmente, la cuarta etapa es la que se refiere al proceso de reconstrucción.

Cabe destacar que la división en estos grandes períodos responde a criterios netamente analíticos y, por lo tanto, resultan tan arbitrarios como necesarios para poder dar cuenta de un proceso que es en sí complejo; y en el que las diversos hitos, actores y variables involucradas tienen lógicas propias y en el que su actuar, ocurrencia e influencia, muchas veces continúan operando incluso más allá de los límites temporales que se puedan esta-blecer e identificar.

Para tratar de graficar y reconstituir, de la manera más fiel posible, todo el proceso durante el año posterior a los incendios, generamos una línea del tiempo identificando los principales hitos, a partir de la revisión de los dos medios de comunicación más importantes de la Región (Diario El Centro y Diario La Prensa) y del análisis de las entrevistas realizadas.



Línea de tiempo

16 de enero de 2017: Fallecen tres brigadistas de CONAF en incendio forestal en sector de Las Cardillas, Vichuquén.

18 de enero de 2017: Más de mil hectáreas de bosques arrasadas por el fuego.

21 de enero de 2017: Se decreta zona de catástrofe en Vichuquén y Cauquenes, además de las provincias de Cardenal Caro y Colchagua en la Región de O'Higgins.

21 de enero de 2017: CONAF decide cerrar todos los parques nacionales entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

21 de enero de 2017: Incendios forestales llevan más de 13.000 hectáreas quemadas en la Región. Incendios continúan activos en los sectores de Las Cardillas, comuna de Vichuquén, Coronel de Maule en Cauquenes, La Palmilla en San Javier y Pantanillos en Constitución con 3.800, 1.500, 500 y 16 hectáreas consumidas por el fuego respectivamente.

21 de enero de 2017: Se evacua a 31 mujeres internas de la cárcel de Parral de manera pre-ventiva.

22 de enero de 2017: Licantén y Hualañé se suman a la zona de catástrofe en el Maule. Se cuenta con diez brigadas del ejército trabajando bajo el mando del ge-neral Javier Iturriaga además de 13 aeronaves, 9 brigadas de CONAF y 405 bomberos con 40 carros.

22 de enero de 2017: A la fecha el fuego ha consumido 14.000 hectáreas aprox.

22 de enero de 2017: 42 incendios activos que afectan 90.359,3 hectáreas de vegetación, 33 incendios controlados que afectan una superficie de 1.024,23 hectá-reas.

23 de enero de 2017: Incendios forestales en la Región del Maule han consumido más de 39.000 hectáreas; se registran 23 casas quemadas y 53 albergados. Li-cantén y Empedrado en alerta roja y otras cuatro comunas en zona de catástrofe. Se suman cinco nuevos focos en los sectores de La Estancilla (Curepto), La Higuera (Vichuquén), Cerro La Virgen (Talca), Las Ver-tientes (Maule), Tierras Coloradas, Porvenir y El Tranque (Constitu-ción).



24 de enero de 2017: Declaran zona de catástrofe a toda la Región del Maule. Hay 18 focos activos en la Región, 5 de los cuales son de complejidad: Vichuquén, Licantén, Hualañé, Empedrado y Cauquenes, San Javier y Maule. Se rea-liza evacuación preventiva en Santa Olga.

24 de enero de 2017: Más de 15.000 hectáreas son arrasadas por el fuego en Cauquenes: 5.000 hectáreas en el foco de Coronel del Maule, 3.500 en el sector San-ta Cruz además del sector de Las Máquinas por donde el fuego llega a Empedrado a través del Cerro Name. Se mantienen activos focos de Coronel del Maule, Hualve, Tobolguén y San Juan. Se mantiene la alerta roja y se solicita apoyo aéreo.

24 de enero de 2017: Evacuación de empedrado. 142 siniestros y más de 138.000 hectáreas afectadas a nivel nacional. Sólo en el Maule, son casi 47.000 hectáreas quemadas.

25 de enero de 2017: Ministerio de Desarrollo Social aplica Ficha Básica de Emergencia a fa-milias damnificadas por incendios forestales.

25 de enero de 2017: Supertanker ingresa al país.

26 de enero de 2017: 15 comunas declaran Zona de Emergencia Agrícola desde el 23 de ene-ro a las comunas de Rauco, Hualañé, Licantén, Vichuquén, Sagrada Fa-milia, Empedrado, Constitución, Curepto, Pencahue, Maule, San Rafael, San Javier, Chanco, Pelluhue y Cauquenes.

26 de enero de 2017: Mueren dos carabineros y un bombero.

27 de enero de 2017: Cerca de mil viviendas resultaron quemadas en Santa Olga a las que se suman viviendas siniestradas en el sector de Las Corrientes.

27 de enero de 2017: Incendios forestales en la Región del Maule han consumido más de 235.000 hectáreas. A la fecha hay 25 incendios en combate. Vichu-quén, Licantén, Hualañé, San Javier, Empedrado, Maule, Constitución y Pencahue son las comunas con mayor daño producto del fuego. 839 personas entre bomberos y brigadistas se encuentran trabajando en las zonas afectadas.

27 de enero de 2017: Más de 900 hectáreas consumidas por el fuego en la precordillera de Linares, evacuación preventiva de Vega Ancoa y embalse Ancoa.

27 de enero de 2017: Asociados de Corma han perdido más de 40.000 hectáreas de bosques. Gremio forestal elevó de 22.000 a 40.000 hectáreas de plantaciones forestal de sus empresas asociadas afectadas por el fuego.



28 de enero de 2017: Después de la emergencia en Santa Olga comienza el Catastro de dam-nificados a través de la FIBE. Hasta la fecha se han aplicado 847 en la región.

28 de enero de 2017: Viñas del sector costa del valle del Maule son las más afectadas por incendios. A la fecha van 75 hectáreas de viñedos quemadas en la zona de Maule Costa.

29 de enero de 2017: 21 incendios forestales se mantienen activos en la Región. Van más de 245.000 hectáreas quemadas. Aún persisten 21 focos de incendios fo-restales, cinco de ellos conflictivos. Incendios en la Región involucran a 10 comunas: Vichuquén, Licantén, Hualañé, San Javier, Empedrado, Maule, Cauquenes, Constitución, Pencahue y Curepto.

29 de enero de 2017: CONAF recibió a 40 brigadistas forestales de Perú y Portugal coordina-dos por GIRED.

30 de enero de 2017: Vacunación, reposición y operativos médicos para evitar emergencias sanitarias. Se han suministrado más de mil dosis contra el tétano, se está trabajando en la reposición de la posta rural de Sta. Olga y médi-cos voluntarios han recorrido por su cuenta localidades rurales afecta-das.

30 de enero de 2017: Habla Seremi de Vivienda, planteando dos caminos: programa especial para poblados de Santa Olga y Los Aromos y, por otro lado, viviendas definitivas en 45 días para sectores rurales.

30 de enero de 2017: Campaña "Juntos por Chile" hace llamado a colaborar, la alianza entre TVN, Mega, ARCHI, Radio Cooperativa y Hogar de Cristo busca recau-dar mil millones de pesos para la compra de equipamiento para el ho-gar para damnificados.

31 de enero de 2017: Nombran delegados regionales para comunas afectadas, los cuales coordinarán con su respectiva gobernación toda actividad en terreno en las localidades afectadas. En Cauquenes fue designado el SEREMI de Educación Rigoberto Espinoza, en Constitución el Seremi de Vivienda Rodrigo Sepúlveda, en San Javier el Seremi del Trabajo Elia Piedras, en Maule el Seremi de Economía Patricio Domínguez, en Empedrado el Seremi de Agricultura Jorge Céspedes, en Hualañé la Seremi de Depor-te María Francisca Bascuñán y en Vichuquén la Directora del Sernam Beatriz Villena.

31 de enero de 2017: A la fecha se han quemado 50 aserraderos en los cuales trabajaban unas 7.500 personas.



31 de enero de 2017: Cinco establecimientos educacionales resultan afectados por incen-dios forestales. En Santa Olga resultaron arrasados por el fuego el Li-ceo Enrique Mac Iver y un jardín infantil. Escuela Las Corrientes Ba-rranquillas en Constitución y la escuela Mariano Egaña en San Javier.

31 de enero de 2017: Más de 800 encuestas FIBE aplicadas.

1 de febrero de 2017: SuperTanker operó ayer en Huerta de Maule.

1 de febrero de 2017: Van más de 274.000 hectáreas consumidas por el fuego y casi cinco mil evacuados. Durante la jornada del 31 de enero se registraron 140 in-cendios activos, 54 controlados, 85 en combate, 1 extinguido. En Santa Olga hay 1.000 viviendas afectadas y 181.394 hectáreas. Según Onemi hay 801 viviendas afectadas 2.976 damnificados, 12 albergues y 908 albergados, 4.754 albergados y 274.169 hectáreas afectadas en la Re-gión.

2 de febrero de 2017: Hasta el momento 275.000 hectáreas y 801 viviendas han sido consu-midas por el fuego, 10 comunas mantienen alerta roja.

2 de febrero de 2017: Se instala la Base de Apoyo Humanitario del Ejército en Santa Olga.

2 de febrero de 2017: De Nirivilo son los primeros beneficiados del Bono Enseres en la Re-gión del Maule.

2 de febrero de 2017: Sector Coronel del Maule recibirá ayuda de Talca para iniciar recons-trucción de viviendas. Se contabilizan más de 13 hectáreas consumi-das por las llamas en el sector.

2 de febrero de 2017: Comienza nueva etapa de campaña "Juntos por Chile". Campaña ante-rior logró reunir $1.285.046.000 y entregó 42 kits con equipamiento para las comunas de Marchigüe, Litueche, Lolol, Hualañé, Pumanque y Paredones. Nueva campaña del Hogar de Cristo buscará entregar equi-pamiento a la Escuela Las Corrientes y al jardín Personitas de Santa Olga así como también a la Escuela Agua Corta de Hualqui en la Región del Biobío.

3 de febrero de 2017: A la fecha van más de 284.121 hectáreas consumidas por el fuego. Cin-co incendios aún continúan activos.

4 de febrero de 2017: Se mantiene zona de catástrofe en la Región. Más de tres mil docu-mentos se han tramitado por damnificados. 500 bonos de enseres ya han sido entregados a familias del Maule. Según Ministro de Hacienda, 333.000.000 será el costo para enfrentar emergencia por incendios fo-restales. Gobierno extiende Estado de Catástrofe por el resto del verano.



4 de febrero de 2017: Empresa Arauco extiende la estadía del SuperTanker en Chile.

5 de febrero de 2017: Gobierno nombra encargado de emergencia por incendios al Subsecre-tario de Obras Públicas Rodrigo Galilea.

5 de febrero de 2017: Bono Enseres ha llegado al 74% de las familias afectadas por incendios en la Región.

6 de febrero de 2017: Se instalan las primeras 24 casas de emergencia en la comuna de Cau-quenes. Los incendios forestales activos se han reducido a 50 y han consumido 284.000 hectáreas en la Región. 1624 viviendas han resul-tado destruidas.

6 de febrero de 2017: 7.000 jóvenes voluntarios se han desplegado en las zonas afectadas por los incendios.

6 de febrero de 2017: Desarrollo social informó que se han entregado más de 500 bonos En-seres a damnificados por incendios forestales.

6 de febrero de 2017: José Antonio Gómez, Ministro de Defensa Nacional da por cerrada eta-pa crítica de los incendios forestales.

8 de febrero de 2017: Controlado incendio en Las Cardillas que consumió 39.827 hectáreas en las comunas de Hualañé y Licantén. Se mantiene alerta roja en Em-pedrado, Constitución y San Javier además de Alarma Amarilla regio-nal.

8 de febrero de 2017: Seguridad Pública del Maule finaliza campaña de ayuda a localidades afectadas.

8 de febrero de 2017: 50% del contingente del Ejército se ha retirado de las zonas afectadas por incendios.

8 de febrero de 2017: SNA cifró en US 400.000.000 las pérdidas por incendios. La cifra con-templa 400 hectáreas de olivos y 100 hectáreas de viñas quemadas.

9 de febrero de 2017: 2.523 familias maulinas resultaron damnificadas por incendios fores-tales. Se contabiliza un total de 1.482 viviendas destruidas, 1.504 dam-nificados en Constitución, 316 en San Javier y 248 en Empedrado.

10 de febrero de 2017: Para marzo es el compromiso de reponer postas y estaciones médicas rurales destruidas por siniestros.

10 de febrero de 2017: Según Carlos Soto, Seremi de Bienes Nacionales, la primera fase de construcción de viviendas en Santa Olga iniciará en marzo.



10 de febrero de 2017: CONAF autorizó reapertura de 22 parques y reservas en zona centro sur.

11 de febrero de 2017: Vocera de Gobierno encabezó entrega de subsidio para retención de mano de obra.

11 de febrero de 2017: Agricultores de San Javier damnificados recibieron incentivo.

11 de febrero de 2017: Municipalidad de Zapallar hace entrega de viviendas de emergencia en Empedrado.

11 de febrero de 2017: Entregan vehículos a comunas afectadas por incendios forestales.

12 de febrero de 2017: Mesa técnica de servicios avanza en procesos de reconstrucción.

12 de febrero de 2017: Voluntarios de INJUV llegan para ayudar a damnificados.

13 de febrero de 2017: Reconstrucción educacional considera infraestructura y parte emocio-nal. Ministra de Educación entrega detalles sobre rehabilitar los esta-blecimientos destruidos y dañados por los incendios forestales.

13 de febrero de 2017: Corfo catastrará empresas damnificadas por incendios forestales. Se encuestan pymes en San Javier, Constitución, Cauquenes, Vichuquén y Santa Olga.

13 de febrero de 2017: El Ministro de Agricultura encomendó la tarea de proponer un plan de acción para recuperar y restaurar el patrimonio afectado por los incendios.

14 de febrero de 2017: Empresa Arauco paralizó el proceso y dejó operativa su caldera para otorgar energía eléctrica a Constitución.

15 de febrero de 2017: Linares cuenta con nuevos camiones Tolva para apoyar el trabajo post incendios forestales.

15 de febrero de 2017: Comenzó a funcionar conteiner de salud en Santa Olga. Brindará aten-ción de salud de manera provisional mientras se construye la posta modular.

16 de febrero de 2017: Vecinos de Santa Olga y alrededores protestan acusando lentitud en soluciones habitacionales, ya que a casi un mes de tragedia siguen vi-viendo en carpas, albergues o como allegados.

16 de febrero de 2017: SUBDERE destinó más de 1.800.000.000 de pesos a comunas afectadas por incendios para financiar la reconstrucción.



16 de febrero de 2017: Entregan 16.000 fardos a pequeños agricultores damnificados.

16 de febrero de 2017: ABCDIN y DIJON donaron 375 gift cards para damnificados de Consti-tución.

16 de febrero de 2017: Más de 2.600 carabineros colaboraron en emergencia por incendios forestales en nueve regiones del país.

16 de febrero de 2017: El gabinete económico del Gobierno regional inicia acciones de fomen-to productivo en apoyo a damnificados.

17 de febrero de 2017: Se entregaron 700 bonos de arriendo para que la gente salga de Santa Olga mientras se trabaja.

17 de febrero de 2017: Colbún, Techo-Chile y Hogar de Cristo se unen para reconstruir Carri-zal tras incendios.

17 de febrero de 2017: Autoridades de gobierno verifican en terreno ayuda a damnificados de sectores apartados.

18 de febrero de 2017: MINVU nombra un "gerente" para la reconstrucción de Santa Olga, se trata de Ricardo Carvajal. Se nombró para coordinar todas las acciones intersectoriales de la nueva Santa Olga.

18 de febrero de 2017: 120.000.000 de pesos fueron entregados a tres pequeños empresarios de Santa Olga. El beneficio busca apoyar a los trabajadores afectados en sus fuentes de trabajo tras incendios.

18 de febrero de 2017: Estudiantes afectados por incendios en Santa Olga reciben beneficio de gratuidad, la Ministra de Educación se reunió con alumnos selecciona-dos.

18 de febrero de 2017: Familias afectadas por incendios en la Región recibieron los primeros subsidios de vivienda: 33 familias en los sectores de Constitución y 14 en San Javier recibieron subsidios que inician construcción en marzo.

18 de febrero de 2017: Arauco aportará el agua necesaria para Santa Olga y Los Aromos, la empresa asumió que el aporte será de forma permanente.

19 de febrero de 2017: INDAP entrega bonos de apoyo a más de 200 agricultores de Cauque-nes y Chanco.



19 de febrero de 2017: Fundación norteamericana "Waves for Water", dona filtros para el agua a zonas afectadas por incendios, el aporte permite eliminar diversas bacterias y ceniza en las zonas afectadas, donde aún no se reponen los servicios. En este primer viaje trajeron 150 filtros, pero ya está la idea de subir ese aporte, y además generar una acción, esta vez preventiva.

19 de febrero de 2017: Comienzan a entregarse los bonos de residencia temporal para damni-ficados. Más de 700 familias han hecho el trámite en el Maule para op-tar al beneficio o a una vivienda de emergencia, mientras tanto, ONEMI instala primeras viviendas transitorias para familias damnificadas por incendios forestales.

20 de febrero de 2017: Desafío Levantemos Chile continuará su campaña solidaria durante el festival de Viña del Mar.

20 de febrero de 2017: Chile Crece Contigo entrega kit lúdico a niños damnificados por incen-dios forestales, teniendo como objetivo incentivar las actividades re-creativas posteriores a la emergencia.

20 de febrero de 2017: El Ministerio de Agricultura, a través del INDAP, entregó cheques por un millón de pesos a 300 agricultores de la comuna de San Javier.

21 de febrero de 2017: Familias afectadas por los incendios en Carrizal y Cañete recibieron casas de emergencia de la empresa Colbún, Techo-Chile y Hogar de Cristo.

21 de febrero de 2017: Continúa la entrega de incentivos a pequeños agricultores. El Ministro Claudio Terniecer encabezó en terreno la entrega de bonos y forraje a pequeños agricultores afectados por los incendios forestales.

21 de febrero de 2017: INDAP entrega bonos de 1.000.000 de pesos a agricultores de Linares y San Clemente.

22 de febrero de 2017: Incendio arrasa con más de 100 hectáreas en Parral.

22 de febrero de 2017: Gobierno amplió plazo para llenar ficha de emergencia productiva para que emprendedores damnificados puedan postular a fondos Re-emprende.

23 de febrero de 2017: 15 familias damnificadas tras nuevo foco de incendio forestal el Parral.

23 de febrero de 2017: SERNAGEOMIN prepara mapa de riesgos en zonas afectadas por incen-dios. Su objetivo es agilizar los trámites de concesiones mineras.



23 de febrero de 2017: Alerta roja por incendio en Parral: incendio forestal que afecta una su-perficie por confirmar de 2.198 hectáreas de pastizal, matorral y arbo-lado en la comuna de Parral.

24 de febrero de 2017: Ministra de Bienes Nacionales entregó 44 copias de títulos de dominio en Constitución para poder optar al programa de reconstrucción de la vivienda.

24 de febrero de 2017: Tras los daños provocados por los incendios forestales, el ramal vuelve a conectar Talca y Constitución.

24 de febrero de 2017: Habitantes de Catillo (comuna de Parral) vuelven a sus hogares y el incendio está controlado.

24 de febrero de 2017: TECHO-Chile, Colbún y Hogar de Cristo entregan casas equipadas a fa-milias de Carrizal y Cañete.

25 de febrero de 2017: Autoridades presentan plan maestro que regirá proceso de recons-trucción en Santa Olga.

25 de febrero de 2017: Ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, entregó más de 40 títulos de dominio a personas cuyas viviendas fueron destruidas por los in-cendios forestales en los sectores de Santa Olga, Molino Viejo, Rinco-nada, Cruce Empedrado y Villa Adoración.

26 de febrero de 2017: Socialización del plan maestro de reconstrucción a más de mil familias de Santa Olga, Los Aromos y Altos de Morán.

26 de febrero de 2017: Seremi de Medio Ambiente evalúa degradación al patrimonio natural en cerro Name y se constató la pérdida de los ecosistemas naturales.

1 de marzo de 2017: Sergio Galilea: En materia habitacional, confirmó que en mayo de este año se realizará la primera gran entrega de viviendas para las familias damnificadas, la que oscilaría en un 75% del total.

3 de marzo de 2017: 10% de la superficie regional fue consumida por los recientes incen-dios forestales.

3 de marzo de 2017: En el sector de La Pitigua, comuna de San Javier, se marcó el hito de ini-cio de obras para familias damnificadas del mundo rural. Los trabajos estarán listos en los próximos 60 días.

4 de marzo de 2017: Arauco entrega viviendas transitorias a trabajadores damnificados.



4 de marzo de 2017: Naciones Unidas destaca gestión de emergencia tras incendios fores-tales ya que la experiencia internacional en situaciones similares y el nivel de pérdidas humanas de éstas, llevan a dejar en buen pie lo reali-zado en el país.

5 de marzo de 2017: El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Pro-ducción, visitó la Región y entregó un subsidio por 40.000.000 de pe-sos a empresario maderero de forestal Mallorca.

5 de marzo de 2017: Últimas familias damnificadas dejaron albergue en Constitución.

7 de marzo de 2017: Autoridades inauguran año escolar asegurando total cobertura en la zona de incendios.

7 de marzo de 2017: Últimas familias damnificadas dejaron albergue de Constitución.

8 de marzo de 2017: Establecimiento definitivo comenzó sus clases en Las Corrientes.

11 de marzo de 2017: Empezó construcción de la primera vivienda definitiva en Santa Olga.

13 de marzo de 2017: Arauco entregó terreno para jardín infantil provisorio en Santa Olga.

14 de marzo de 2017: CORFO entrega subsidio de 40.000.000 de pesos, se centra en peque-ños propietarios forestales situados en el Cordón de Loncomilla (Va-quería, Nirivilo, El Boldo Bajo hasta las Corrientes, Santa Olga, Los Aro-mos y Empedrado).

18 de marzo de 2017: Firman acuerdo para la construcción definitiva del liceo de Santa Olga.

20 de marzo de 2017: Según informe del Equipo de Protección Civil de la Unión Europea (EUCP), el megaincendio de Chile es el más intenso de la historia.

20 de marzo de 2017: Entrega de certificados de subsidio habitacional para 11 familias de sectores rurales de las comunas de Chanco y Cauquenes.

25 de marzo de 2017: Inicia construcción de segunda vivienda en Santa Olga.

30 de marzo de 2017: Inauguran "Saludomo" para reconstruir el tejido social en Santa Olga, el cual servirá como espacio para que la comunidad afectada por los incendios forestales se organice, pero también apuntará al apoyo psi-cosocial de los damnificados.

30 de marzo de 2017: Embajada de Turquía apoya reconstrucción de Escuela en Ranchillos, San Javier.



30 de marzo de 2017: "Las Corrientes" 100% reconstruida tras los incendios. Desafío Levan-temos Chile e Easy entregaron 12 casas definitivas.

2 de abril de 2017: El subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, se reunió con el al-calde de Constitución, Carlos Valenzuela, donde analizaron el diseño de sistema de Agua Potable Rural para la "zona cero" de los incendios forestales.

3 de abril de 2017: 75 comerciantes de leña de las zonas arrasadas por incendios recibie-ron fondos estatales.

4 de abril de 2017: Fueron entregados más de mil bonos de residencia temporal (arrien-do).

10 de abril de 2017: Arauco y comunidad firman acuerdo para abastecer de agua a Santa Olga y alrededores.

20 de abril de 2017: Damnificados por incendios forestales protestaron en sector de Santa Olga. Ministerio de Educación y Desafío levantemos Chile firman con-venio para reconstrucción de dos planteles educativos.

22 de abril de 2017: Desafío Levantemos Chile entregó primera vivienda definitiva en Santa Olga.

28 de abril de 2017: SERVIU Maule compró terreno en Santa Olga para acoger a 270 fami-lias damnificadas. en las 9,4 hectáreas adquiridas se proyecta la cons-trucción de dos barrios de 120 y 150 viviendas cada uno.

29 de abril de 2017: Municipio de Linares entregó 9.000 metros de manguera y contenedo-res útiles para la extracción de agua a 71 familias de Los Mogotes y El Peñasco, afectadas por los incendios forestales.

2 de mayo de 2017: CORFO celebró Aniversario 78 con entrega de subsidio para pymes de Santa Olga.

8 de mayo de 2017: Instalan primeros locales comerciales en Santa Olga.

8 de mayo de 2017: Municipalidad de Constitución y Coopeuch firman convenio para re-construir escuela de Barranquilla.

14 de mayo de 2017: Firman convenios de construcción para CESFAM y urbanización de Santa Olga. La empresa española Sacyr será la encargada de realizar las obras, al que además se sumó el convenio del diseño y construcción de un parque, dos sedes sociales, luminarias y madera para el conjunto habitacional de la localidad de la comuna de Constitución.



15 de mayo de 2017: MINVU y CMPC firman convenio para la reconstrucción en Santa Olga. Considera un aporte de CMPC al diseño del parque de Santa Olga –que tendrá 3 hectáreas de área verde–, la construcción de dos sedes socia-les y una plaza, además de la entrega de kits de madera necesaria para la construcción de un nuevo conjunto habitacional para 270 familias afectadas.

17 de mayo de 2017: El Gobierno Regional del Maule y la agencia de Sustentabilidad y Cam-bio Climático, entregaron los primeros proyectos tecnológicos, adjudi-cados por el concurso "Adquisición de tecnologías limpias en el territo-rio Zonas Rezagadas de la Región del Maule" a productores afectados por incendios.

18 de mayo de 2017: Entregan estanques para acumular agua a familias de Cauquenes.

19 de mayo de 2017: Ministra de Bienes Nacionales entregó 200 títulos de dominio a fami-lias que hace más de 20 años habitan el lugar y que no habían podido sanear sus loteos. Ahora Bienes Nacionales comenzó la regularización de sus predios.

26 de mayo de 2017: Listos los diseños para ejecutar la reconstrucción de Santa Olga. El Sub-secretario de Obras Públicas y coordinador del proceso, Sergio Galilea, estimó que a marzo del 2018 se tendrán entre 300 a 400 viviendas. En junio se estima que se inicie el proceso de construcción del Centro de Salud Familiar y la reconstrucción del Liceo.

26 de mayo de 2017: Gobierno instala letrero informativo del Nuevo Santa Olga.

5 de junio de 2017: Microempresarios de Cauquenes y Constitución recibieron subsidios del Programa de Apoyo a la Reactivación para reactivar sus negocios.

15 de junio de 1017: Las directivas de las juntas de vecinos de Santa Olga revisaron el dise-ño de las futuras sedes que serán construidas.

19 de junio de 2017: Las primeras casas definitivas entregadas en la Región son en el sector rural La Pitigua, en la comuna de San Javier.

24 de junio de 2017: Avicultores de Retiro son los primeros en recibir incentivo de recons-trucción y habilitación productiva de INDAP.

25 de junio de 2017: INFOR y Arauco firman convenio para restauración de bosques nati-vos. El instituto forestal apoyará en el proceso de restauración de unas 25.000 hectáreas, que ocupaban plantaciones forestales antes del in-cendio.



29 de junio de 2017: Desafío Levantemos Chile entrega cinco casas en la localidad de Huiñe, Vichuquén.

30 de junio de 2017: Se encuentra adjudicada la empresa que construirá el CNT para 270 familias, se trata de la constructora "Nuevos Aires".

7 de julio de 2017: La próxima semana se inicia el proyecto de APR definitivo para Santa Olga. La inversión supera los 7.000.000.000 de pesos. La obra adjudi-cada también comprende las localidades Los Aromos y Altos de Morán. Su culminación se estima para mediados de próximo año.

9 de julio de 2017: Esta semana parten las obras de construcción del sistema de Agua Potable Rural definitivo para Santa Olga. La empresa a cargo será "Conpax”, su construcción debería terminar en julio de 2018.

14 de julio de 2017: Primer condenado por incendios forestales registrados durante el ve-rano en la Región. Fue detenido el día 26 de enero pasado, en el sector de Llepo, precordillera de la comuna de Linares.

22 de julio de 2017: Voluntarios comenzaron con la plantación de más de 500.000 árboles nativos en Santa Olga.

30 de Julio de 2017: Primera familia recibe de manera oficial las llaves de su nueva casa, emplazada en el sector de Porongo de Cauquenes.

3 de agosto de 2017: Bomberos de Santa Olga reciben nuevo carrobomba para combatir in-cendios, la entrega fue realizada por el Banco de Chile y Desafío Levan-temos Chile.

4 de agosto de 2017: Santa Olga: Ministra de Vivienda Paulina Saball ratifica levantamiento de obras claves para septiembre.

27 de agosto de 2017: Reconstrucción en sectores rurales ha entregado obras definitivas a 117 familias, de las cuales son 26 reparaciones y 91 viviendas recons-truidas han sido entregadas a familias afectadas por incendios fores-tales. Otras 176 viviendas están en plena ejecución enfrentando el in-vierno y superando dificultades de acceso.

27 de agosto de 2017: MOP y Arauco firman convenio para construir servicio de agua potable para Nueva Santa Olga.

30 de agosto de 2017: Damnificados de Santa Olga reciben títulos de dominio. En la zona afectada se pudo entregar 191 documentos.



31 de agosto de 2017: Reconstrucción en sectores rurales ha entregado obras definitivas para 117 familias de la Región del Maule. Sectores beneficiados corres-ponden a las comunas de Constitución, Cauquenes, Chanco, Empedra-do, Hualañé, Maule, Molina, Parral, San Javier, Vichuquén. Otras 176 viviendas están en plena ejecución.

4 de septiembre de 2017: El sector privado está impulsando una iniciativa llamada "Red de Pre-vención Comunitaria".

8 de septiembre de 2017: Nuevo SEREMI de Vivienda sostuvo primera reunión con mesa de re-construcción en Santa Olga. Rodrigo Olivares, adelantó que hay 78 ca-sas en construcción, de las cuales treinta podrían ser habitadas a fines de septiembre.

10 de septiembre de 2017: Aprueban primeros planes locales de prevención de incendios fores-tales. Con la participación de la comunidad organizada, Municipalidad, CORMA, CONAF y Arauco, entre otros actores, se levantaron riesgos asociados a siniestros y se definieron medidas de mitigación en secto-res de las Villas Verdes, Millauquén, Viento Sur y Quivolgo, en Consti-tución.

23 de septiembre de 2017: Desafío Levantemos Chile y el Ministerio de Educación realizan la "Pri-mera piedra" de complejo educacional para Santa Olga.

2 de octubre de 2017: Constituyen Comité de Prevención Local de Incendios en Santa Olga, entre comunidad y entidades públicas y privadas.

10 de octubre de 2017: SUBTEL logra acuerdo público y privado que asegura conectividad te-lefónica y digital para Santa Olga.

12 de octubre de 2017: 46% aumentaron los fondos para combatir incendios forestales.

11 de octubre de 2017: Se lleva a cabo el lanzamiento del Plan Maestro de Prevención y Com-bate de incendios forestales 2017-2018 para la Región del Maule. Se da a conocer el reforzamiento de recursos aéreos, terrestres y meca-nizados, los que aumentaron en un 46%, pasando de 1,2 millones de dólares a 2,4 millones de dólares para esta temporada.

17 de octubre de 2017: 75% de avance en reconstrucción de viviendas destruidas en Cauque-nes. Se han entregado 7 viviendas, 10 están a la espera de recepción municipal, 19 en ejecución y 2 están a la espera de aprobación en Di-rección de Obras Municipales.

25 de octubre de 2017: Nueva formalización a ejecutivos por infracciones a Ley de bosques.



29 de octubre de 2017: Tras los incendios forestales programa "Yo Emprendo Semilla-Emer-gencia" de FOSIS entregó, durante los últimos cinco meses, capital y asesoría técnica para reabrir con prontitud los puestos laborales, 118 comerciantes de Constitución reactivan su productividad.

5 de noviembre de 2017: Los encargados comunales de emergencia de las 10 comunas de la pro-vincia revisan si las empresas eléctricas despejaron las líneas de sumi-nistro y si se hicieron cargo de los desechos de las podas de los árboles, tal como lo señala la normativa.

12 de noviembre de 2017: Lanzan plan de reconstrucción y apoyo a comerciantes en Santa Olga. Plan elaborado por Desafío Levantemos Chile y Coca Cola Chile consi-dera la entrega de kioscos-almacenes (20), capacitación, dos canchas de fútbol y la instrucción de la comunidad en técnicas de arborización y reforestación, con la meta de plantar 200.000 especies nativas en 5 temporadas en las zonas destruidas.

21 de noviembre de 2017: Reconstrucción de Santa Olga se acerca a un tercio de la tarea. Subse-cretario de obras públicas. Sergio Galilea, que se está trabajando en 25 frentes distintos en vivienda e infraestructura definitiva.

22 de noviembre de 2017: Subsecretario de Obras Públicas asegura que Nueva Santa Olga tiene 32% de avance en su reconstrucción. Destacó término de 30 viviendas, 101 en obras y 270 en proceso y 7 proyectos de pavimentación de ca-lle.

6 de diciembre de 2017: 33% de avance en construcción de sistema de agua potable para Santa Olga.

11 de diciembre de 2017: Santa Olga recibió a las primeras 23 familias que regresaron a su mejo-rado barrio.

19 de diciembre de 2017: Compañía CGE aportó los más de 500 dispositivos necesarios para co-nectar sus primeras 39 viviendas a la red eléctrica.

27 de diciembre de 2017: Las autoridades de Gobierno y del municipio local participaron de la instalación de la Brigada Forestal de CONAF denominada "Maqui 19".

12 de enero de 2018: 36% de avance tiene el complejo educacional de Santa Olga. Proyecto se concreta gracias al aporte de Desafío levantemos Chile y el gobierno.



13 de enero de 2018: Presentan plan para emergencias derivadas de los incendios forestales. Fueron convocados los 30 municipios y las cuatro gobernaciones pro-vinciales. Se desarrolló la presentación y sensibilización plan AC-CE-FOR, para las coordinaciones y atención de emergencias derivadas de los incendios forestales en la Región del Maule, elaboración a cargo de CONAF y ONEMI.

16 de enero de 2018: Municipalidad de San Javier, por medio del departamento de educación realizó una entrega simbólica de los terrenos, con el fin que comience con las obras de edificación del establecimiento, el que será financiado por el Desafío Levantemos Chile.

24 de enero de 2018: Seremi de Vivienda y Urbanismo recalcó que hoy existen 101 viviendas en construcción en Santa Olga y Los Aromos, 45 terminadas 270 vi-viendas en construcción. En la actualidad, se encuentran en ejecución los cuatro contratos de pavimentación de calles y pasajes. Por último, indicó que se firmó un acuerdo entre MINVU y la Minera Collahuasi que permitirá iniciar obras de 50 viviendas.

26 de enero de 2018: El Intendente Pablo Meza destaca que el sistema de agua potable cuen-ta con un avance del 65%. La construcción del nuevo terminal de bu-ses, la cancha y el CESFAM están en sus fases finales del proceso admi-nistrativo.

30 de enero de 2018: Se está trabajando con 56 familias damnificadas en la Provincia de Li-nares: 46 de ellas construyen sus viviendas en sitio propio.

20 de febrero de 2018: Contraloría rechazó trato directo para obras del sistema de agua po-table de Santa Olga. Faenas llevan cerca de 70% de avance. SEREMI de Obras Públicas aseguró que no se han cursado pagos a la empresa y descartó suspender los trabajos.

7 de marzo de 2018: Cierra gestión del proceso de reconstrucción del subsecretario Sergio Galilea: "Es inédito tener casi un 50% de avance en la nueva Santa Olga".

7 de marzo de 2018: El Gobierno estima que hay casi un 50% de avance en las obras genera-les. Los habitantes de la localidad señalan que ha sido una reconstruc-ción lenta, puesto que los resultados más concretos se apreciarán en los próximos meses.

7 de marzo de 2018: Gobierno traspasa gestión de la reconstrucción de Santa Olga a la nue-va administración.



Sector Organismo / Organización

Actor Rol jugado en la emergencia y/o reconstrucción

Sect

or p

úblic

o Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Ministra de Vivienda y Urbanismo

Actor que procura que el proceso de reconstrucción tenga una estrategia basada en principios: a) Una respuesta opor-tuna; b) Una respuesta que apunte a la calidad tanto de las vi-viendas, de la infraestructura urbana y del ordenamiento del territorio; c) Una respuesta pertinente en cuanto a favorecer los recursos, la materialidad y los atributos arquitectónicos locales, pero también pertinente respecto a los desafíos de cada uno de los lugares, y d) Rol de participación de las co-munidades, de los actores públicos y privados.

Coordinador Nacional de los programas de reconstrucción

Actor que coordina el levantamiento de información de dam-nificados, el levantamiento de información de la catástrofe en sí misma y la formulación y posterior ejecución de los planes de reconstrucción.

SEREMI de vivienda Región del Maule

Actor que representa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región del Maule. Dentro de sus funciones se encuen-tra integrar las diferentes comisiones en que al Ministerio le corresponda estar representado a nivel de la Región, entre ellas, la mesa de trabajo de reconstrucción de Santa Olga.

Encargado Regional de Reconstrucción MINVU Región del Maule

Actor que junto al COE le da seguimiento a la emergencia. Participa en el primer llamado de evacuación en Santa Olga. Participa en medidas preventivas en las comunas de Cauque-nes, Empedrado, Constitución, Parral, entre otras. Dentro de sus funciones se encuentra la gestión de la recepción de Dirección de Obras de alrededor de 16 mil familias en total, pero 14 mil que todavía no tenían recepción de la dirección de obras, post construcción de sus viviendas; gestionar la construcción de conjuntos habitacionales que estaban com-prometidos para ser parte del proceso de reconstrucción.

1.3. Los principales actores del proceso de reconstrucción

Para dar cuenta de la importante cantidad y variedad de los actores (estatales, privados y civiles) involu-crados en el proceso de reconstrucción, construimos un “mapa” con los principales protagonistas, tratando de explicar –de forma muy sintética- las funciones que cumplieron. Nos centramos especialmente en las figuras clave, que de acuerdo a la Universidad Nacional de Córdoba (2007, p. 3), son aquellas que “pueden influenciar significativamente (positiva o negativamente una intervención) o son muy importantes para que una situación se manifieste de determinada forma”.




Actor Rol jugado en la emergencia y/o reconstrucciónSe

ctor

púb

lico

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Delegada Nacional de Reconstrucción

Desde marzo del 2018, su rol es liderar la mesa de recons-trucción en Santa Olga, supervisar el proceso de reconstruc-ción en ruralidad dispersa, así como reconstruir medios de mitigación para evitar futuros desastres.

Subsecretaría de Obras Públicas

Coordinador Nacional de Reconstrucción

Actor que coordina la acción de reconstrucción y agiliza los procesos durante el periodo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Otra de sus funciones consistió en evaluar el estado de avance de cada una de las reparticiones públicas que tenían la responsabilidad en el territorio.

Ministerio de Agricultura

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

Levantamiento de información respecto a productores dam-nificados en cuanto a la situación de los animales, plantacio-nes, insumos agrícolas, herramientas, etc. Entrega de recur-sos para damnificados.

Corporación Nacional Forestal (CONAF)

Actor encargado del monitoreo permanente de la emergencia y de la proyección del incendio.

Ministerio de Desarrollo Social

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

Actor que entregó recursos para la reposición de las herra-mientas de trabajo y recuperación productiva de los usuarios afectados por los incendios.

Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO)

Actor encargado del levantamiento de información respecto a damnificados/as a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), el cual es un instrumento social del área de protección civil, dentro de la ley del sistema nacional de protección civil, por lo tanto, la información y la responsabilidad descienden a través de los encargados de emergencia. MIDESO además brinda apoyo a los municipios a través del encuestaje.

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE)

Organismo técnico que lidera la coordinación de la respuesta y rehabilitación ante la emergencia, en este caso particular es dirigido por el General del Ejército Javier Iturriaga. La parti-cipación de autoridades se da en función de la particularidad de la emergencia.

Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI)

Actor encargado del monitoreo y levantamiento de la infor-mación, además de asesorar técnicamente al ejército y a las personas que fueron encomendadas para la coordinación de la respuesta y rehabilitación ante la emergencia.

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

El Ministerio del Interior financia el bono de arriendo que se activó el día de la catástrofe, el cual continúa hasta el día que se entregue la vivienda al beneficiario.

Ministerio de Defensa Nacional

Delegado en la Región del Maule

Se suma al funcionamiento de atención a la emergencia y del COE.





ctor

púb

lico

Ministerio de Defensa Nacional

Fuerzas Armadas (F.F.A.A.) y Carabineros de Chile

Contención de la ciudadanía y resguardo de la seguridad pública.

Municipios

Ilustre Municipalidad de Constitución

Participa en el primer y segundo llamado de evacuación en Santa Olga. Prestación de auxilios en la situación de emer-gencia. El alcalde facilitó que los dirigentes sociales pudieran tener un espacio de participación y lograr mayor incidencia a través de la mesa de trabajo de reconstrucción de Santa Olga.

Municipios ruralidad dispersa

Apoyo y prestación de auxilio en la situación de emergencia y en el proceso de reconstrucción.

Intendencia Regional

Intendente de la región del Maule

Actor que durante el gobierno de Michelle Bachelet lidera la mesa de trabajo de Santa Olga, además es la autoridad que logra convocar a la institucionalidad pública del COE. Dentro de sus roles se encuentra aunar voluntades de autoridades públicas y organismos privados, gestionar características y protocolos de los distintos servicios.

Gobernación Regional

Gobierno en terreno

Actor encargado de la planificación y ordenamiento territo-rial y presupuestario de la Región.

Sect

or p

riva

do

Empresas

Gran empresa forestal

Actor que forma parte de la mesa público-privada. Dentro de esta categoría se encuentra Arauco y CMPC.

Pequeños productores forestales y madereros

No tienen un rol de participación directa en el proceso de re-construcción, sin embargo, forman parte de una mesa de tra-bajo enfocada en el área productiva, ya que ellos resultaron afectados por los incendios forestales.

CGE Participaron en la mesa de trabajo público-privada.

Institución de beneficencia pública

Hogar de Cristo

Actor que gestionó ayuda a través de una campaña solidaria por televisión, el aporte se le otorgó a las personas damnifi-cadas por los incendios mediante un “kit casa básica”, con-formado por un comedor, camarotes, colchones, juegos de sábanas, cubrecamas, almohadones, frazadas, cocina a gas, batería de cocina, juego de loza, set de vasos, servicios y un balón de gas.

ONGDesafío Levantemos Chile

Actor que apoya la reconstrucción para damnificados que deseen construir su vivienda con ellos. Son viviendas de ma-terial ligero, amobladas y edificadas rápidamente. Además, apoya la reconstrucción del liceo de Santa Olga. El modelo constructivo de Desafío Levantemos Chile presenta tensiones con los requerimientos básicos que solicita el Estado.





ctor

pri

vado

ONG Techo para ChileActor que entrega viviendas de emergencia, asimismo, apoya en la reconstrucción de viviendas para personas inhabilitadas de recibir un subsidio en sectores rurales.

Otros actores privados

Figuras públicas Entrega de ayuda material. Nivel medio de aporte e involu-cramiento.

Voluntariado espontaneo

Actor que entrega ayuda material y apoyo emocional a los afectados por los incendios.

Bomberos Actor principal en el COE respecto a conocimientos técnicos sobre contención y extinción del fuego.

Medios de comunicación

Prensa escritaMedios digitalesRadioTelevisión

Actor cuyo rol es informar a la ciudadanía. La opinión de los diferentes actores entrevistados da cuenta de la existencia de una tensión acerca del rol de los medios y la real función que cumplen en contexto de catástrofe.

Com

unid

ad Dirigentes sociales

Dirigentes sociales de Santa Olga

Además de la labor con sus respectivas comunidades, los di-rigentes sociales de Santa Olga integraron la Mesa de Trabajo para la Reconstrucción, espacio de articulación entre actores diversos, donde se tomaron acuerdos y se realizó el monito-reo de los avances. Uno de los productos más relevantes de este espacio es la construcción de un plan maestro (PUIR), en el cual la comunidad fue protagonista. Los dirigentes sociales se reúnen semanalmente junto a actores públicos y se presen-tan los avances en materia de reconstrucción. Los dirigentes son los encargados de transmitir la información en sus asam-bleas. Un aspecto relevante es la emergencia de liderazgos fe-meninos durante el proceso de reconstrucción.

CAPÍTULO 2: Definiciones teóricas y metodológicas | 44




CAPÍTULO 2

Definiciones teóricas y metodológicas



El presente capítulo tiene dos objetivos principales. Por un lado, se discuten las definiciones teóricas y concep-tuales que se encuentran en la base del proceso de análisis y discusión de los resultados del proceso de siste-matización post-incendios forestales; desde la idea de desastres socio-naturales, la relación que se establece en estos contextos entre los conceptos de riesgo y vulnerabilidad; los procesos de reconstrucción en contextos rurales; para finalizar con una revisión de los Derechos Humanos en contextos de Desastre, principalmente a partir de las Directrices Operacionales sobre la protección de los derechos humanos en situaciones de Desastre del Comité Permanente entre Organismos (IASC) de la ONU. Por otra parte, al finalizar el capítulo se incluyen las consideraciones metodológicas mediante las cuales se realizó la recolección y análisis de información que se discute en los siguientes capítulos.

2.1. Marco teórico

Riesgo y desastres socio-naturales

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su informe del grupo de trabajo intergubernamental de exper-tos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionada con la reducción del riesgo de desastres (2016), define desastre como una “disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala debida a fenómenos peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vulne-rabilidad y capacidad, ocasionando pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y/o ambientales” (p. 13). Tanto este documento como otros que siguen los lineamientos internacionales hacen especial énfasis en al menos dos ideas que se encuentran íntimamente relacionadas (Maskrey, 1993; Blaikie, Cannon, Davis y Wisner, 1996; Inter-Agency Standing Comittee, 2011; Asamblea General de las Naciones Unidas, 2016):

1) La disrupción o alteración del funcionamiento de la comunidad o sociedad en la que el desastre ocu-rre como factor fundamental de su conceptualización, diferenciándolo así de otros términos utilizados comúnmente y de manera indistinta como el de emergencia en el que, si bien se encuentra de manera intrínseca la idea de peligro, este interrumpe necesariamente el curso normal del funcionamiento social.

2) El desastre como resultado de la interacción entre las condiciones de riesgo, la vulnerabilidad social y las limitadas capacidades de una comunidad de hacer frente a las amenazas, entendiendo como amena-za cualquier fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa con la capacidad de ocasio-nar impactos en la salud –incluyendo la muerte– o en la propiedad, los medios de sustento y servicios, así como de generar trastornos sociales o daños ambientales (Baas, Ramasamy, Dey de Prick, y Batista, 2009).

Este último punto es de particular interés, ya que la clasificación de las amenazas es variable, pudiendo ser categorizadas como naturales, inducidas por procesos humanos e incluso biológicas, así como ser pensadas en función de su ocurrencia y temporalidad o articulando en conjunto los criterios anteriormente señalados. Sin embargo, no es posible pensar en la presencia de amenazas como el factor único y determinante en la ocurren-



cia de desastres como sucedía en las visiones de corte naturalista en las que el componente humano tenía una posición pasiva en relación al rol activo que asumían las causas naturales (Ferrera y Gargantini cit. en Serrano, 2007; Sánchez, 2015). A pesar de ello, la íntima relación que se establece con las características de la población afectada, así como la relevancia de los factores humanos hace necesario abandonar dicha visión para posicio-narse desde una postura que permita comprender la complejidad del fenómeno en cuestión.

En esta discusión emergen a su vez dos ideas que toman fuerza y se posicionan como pilares fundamentales de la comprensión actual en términos de desastres:

1) El cambio de paradigma reflejado en el paso del concepto de desastre natural al de desastre socio-natural.

A partir de la década de los ‘80 y en particular desde las ciencias sociales, se comienza a considerar a la so-ciedad ya no como un sujeto pasivo sometido a las fuerzas de la naturaleza, sino como parte importante de la ocurrencia de desastres naturales: un desastre se produciría entonces no sólo por los detonantes –terre-motos, sequías, incendios– sino también por las condiciones y el contexto –procesos sociales, económicos, políticos– en el que se presenta (Salas, 2007; Gellert de Pinto, 2012).

2) El riesgo como concepto para comprender, evaluar y desarrollar estrategias para enfrentar los desastres socio-

naturales.

Al dejar de comprender a la sociedad como agente pasivo dentro de la dinámica de los desastres se deja también de pensar en el trabajo en relación a estos, enfocándose solo en su administración –es decir solo en la respuesta ante su ocurrencia– y se comienzan a desarrollar líneas de acción que involucren además otros ámbitos y que apunten tanto a su prevención como a la mitigación de sus efectos. El concepto de riesgo se presenta entonces como una alternativa a las visiones naturalistas e implica dentro de su conceptualización la construcción de predisposiciones ante los desastres, así como elementos y procesos que ayudan a enten-der su ocurrencia e impactos (Gillert de Pinto, 2012).

Las líneas seguidas en este sentido son principalmente dos: la primera de ellas –y esbozada anteriormente al revisar las definiciones sobre el concepto de desastre– entiende el riesgo como una vinculación entre los procesos de desarrollo y las amenazas y/o peligros (Maskrey, 1993; Blaikie, Cannon, David y Wisner, 1996; Cardona, 2001; Cardona, 2005). El punto fundamental de esta perspectiva está en comprender los desastres como la correlación entre la presencia y ocurrencia fenómenos peligrosos –como terremotos, incendios, hu-racanes– con determinadas condiciones enmarcadas dentro del concepto de vulnerabilidad –y que incluye as-pectos socioeconómicos, culturales y físicos–, es decir hay un alto riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales ocurren en situaciones de vulnerabilidad (Maskrey, 1993, p. 11). La segunda perspectiva surge del trabajo teórico principalmente de autores como Ulrich Beck y Niklas Luhmann en textos como “La Sociedad del Riesgo” –originalmente publicada en 1986– o “Sociología del riesgo” de 1992. Desde esta perspectiva, el riesgo es entendido como una construcción social realizada a través de la observación –o en su defecto percepción– y determinada culturalmente, siendo una característica fundamental de la sociedad contemporánea. Para Beck, vivimos actualmente en una sociedad del riesgo en la que, debido a las transformaciones estructurales de la sociedad industrializada, el conflicto ecológico ha tomado un rol preponderante: el desarrollo científico y tec-nológico de la modernidad ha llevado a la sociedad a un estadio en el que emergen nuevos problemas derivados de sus propios procesos, es decir, el desarrollo de los medios racionales de control de la naturaleza ha empujado a la sociedad a un situación en que los riesgos derivados de estos desarrollos dificultan el propio control de la



naturaleza. Los riesgos se construirían, por lo tanto, en función de las decisiones que la sociedad toma para resolver dicha paradoja en cuanto costos y beneficios de su propio avance y desarrollo. Desde la postura de Lu-hmann, mientras tanto, el riesgo emerge como esquema de observación: a través de la distinción riesgo/peligro se construye socialmente el riesgo con relación al posible daño futuro que puede ocasionar algún evento. Si el observador considera el daño como externo –atribuido al entorno– se habla de peligro, mientras que si el daño es provocado como consecuencia de alguna decisión estaríamos ante un riesgo. Esto, por una parte, construye el riesgo al posicionar al daño como algo contingente –ni necesario ni imposible– determinado por la posibi-lidad de decisión futura y, por otro lado, posibilita que determinados eventos puedan ser vistos como riesgos para determinados observadores mientras que otros puedan ser categorizados como peligros (Luhmann, 1992; Beck, 1998; Garcia, 2005; Kaipl y Arambu, 2013; Sánchez, 2015; Galindo, 2015). Si bien ambas posturas difieren en cuanto a la semántica con la que conceptualizan el término, ambas comparten la idea del riesgo como algo inherente a la sociedad actual y que de cierto modo es producido por la misma sociedad.

La presente investigación si bien se centra principalmente en la primera perspectiva –en cuanto pretende sistematizar el proceso de reconstrucción post incendios forestales en la Región del Maule a la luz del enfoque de derechos humanos y el resguardo de los mismos, en una situación donde la vulnerabilidad representa un factor clave para comprender el contexto social en el que se desarrolló el proceso– no puede pretender dejar de lado la segunda, por cuanto se entiende que los desastres son procesos socialmente construidos e inherentes al proceso de desarrollo de la sociedad actual, así como experimentados de manera diferente dependiendo de las condiciones en que se presenta y, por lo tanto, abierto a una serie de observaciones diversas y complejas (Oliver-Smith, 2002 cit. en García, 2005) que permitan su comprensión.

Relación entre vulnerabilidad y desastres socio-naturales

Diversos autores han abordado la temática de la vulnerabilidad y su relación con los riesgos ante desastres so-cio-naturales,7 un gran número coinciden en la existencia de una relación directa y proporcional entre ambos. El desarrollo de la sociedad trae consigo el aumento de riesgos, situación que se ve agravada cuando el crecimiento es desigual, excluyente o empobrecedor. El origen de los riesgos socio-naturales se encontraría, por lo tanto, fuertemente ligado a causas sociales y económicas. La pobreza y la vulnerabilidad llevan, por ejemplo, a las per-sonas a vivir en zonas altamente propensas a las amenazas y con una infraestructura social y productiva frágil e insegura estableciendo condicionantes más allá de la presencia de peligros en el ambiente próximo (Vargas, 2002). Por otra parte, las prácticas de crecimiento insostenible, tales como la urbanización no planificada, la degradación ambiental o el inadecuado ordenamiento territorial contribuyen a agravar las amenazas naturales e incrementan la vulnerabilidad de los territorios y de las sociedades (Vargas, 2002; Baas et al., 2009).

Por un lado, se entiende a la vulnerabilidad en relación al nivel de desigualdad que una unidad de análisis8 presenta con relación al acceso a determinadas condiciones de bienestar y satisfacción vitales. Así se podría establecer un continuo en el que las personas o las comunidades, por ejemplo, transitan en función de las estra-tegias que se utilizan para acceder –o no– a determinados satisfactores y que generalmente guardan relación con procesos de exclusión social (Kaztman y Filguiera, 1999). Dos elementos íntimamente relacionados carac-

7 Entre los autores que han abordado esta temática se encuentran: Baas, S., Ramasamy, S., Dey de Prick, J., y Batista, F. (2009); Var-gas, J. (2002); Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B. (1996); Katzman, R., Filgueira, C. (1999); Maskrey, C. A. (1993); entre otros.

8 Por unidad de análisis se puede entender tanto a personas particulares como grupos de personas, comunidades, instituciones, países o cualquier unidad que sea susceptible de ser considerada en función de las perspectivas presentadas.



terizan a esta perspectiva. El primero, es el carácter dinámico de la vulnerabilidad, que se presenta como algo no fijo sino fluctuante a través de un continuo en el que se es más o menos vulnerable dependiendo de las circuns-tancias contextuales en las que se realice la observación y, en segundo lugar, su carácter temporal, en el que la desigualdad en la base de la vulnerabilidad se evidencia mediante trayectorias de vida irregulares con niveles de realización mediocres en función de objetivos legitimados política y culturalmente como la movilidad social, la integración o el desarrollo. Aquello se refleja en el ciclo de vida de las personas, donde pueden transitar por periodos de mayor o menor vulnerabilidad, los cuales, a su vez, aumentan mientras más se prolonga un estado de insatisfacción de necesidades –en cualquiera de sus niveles– en periodos variables de tiempo. Desde este en-foque se entenderá la relación entre la vulnerabilidad y el riesgo en cuanto a condiciones dinámicas de exclusión social ligada a circunstancias estructurales de desigualdad en las que personas, comunidades u otros cuentan con menos recursos para hacer frente a las amenazas y se encuentran más propensos a sufrir las consecuencias negativas de los desastres.

El segundo enfoque parte de la idea del riesgo como producto no deseado, consecuencia del desarrollo de la sociedad (Beck, 1998 Galindo, 2015; Alfie Cohen, 2017). Ulrich Beck se cuenta como uno de los mayores representantes de esta línea y si bien no considera la vulnerabilidad como parte importante de su análisis en el entendido de que la sociedad en su totalidad es la que por condiciones históricas se ve expuesta a riesgos, es posible realizar una lectura que complemente el primer enfoque con estas ideas a partir de la comprensión de la emergencia de nuevos riesgos como parte del proceso de desarrollo de la sociedad.

El desarrollo como vehículo para el progreso de la sociedad produce tensiones y contradicciones que com-plejizan el escenario en el cual se desarrollan sus procesos. Para evitar la reproducción y mantención de las tra-yectorias irregulares que caracterizan la primera concepción de la vulnerabilidad se apuesta por el desarrollo, el que a su vez produce nuevas condiciones de riesgo y transforma las anteriores.

La presencia prácticamente ubicua de los riesgos y el aumento constante de estos en función del desarrollo de la sociedad contemporánea hacen prácticamente imposible pensar en evitarlos. Si se considera que incluso el no decidir es una decisión y, por lo tanto, trae consigo determinados riesgos, estamos ante un panorama en que la mejor opción no es intentar evitar los riesgos a toda costa, sino más bien establecer estrategias que permitan disminuir sus impactos negativos, es decir, actuar al nivel de evitar que un riesgo se convierta en desastre.

Intentando una síntesis de ambos enfoques se podría establecer que siendo los peligros y amenazas cada vez más recurrentes como consecuencia de los procesos de desarrollo de la sociedad, el riesgo de sufrir las consecuencias negativas de estos se ve mediado por la interacción entre su presencia, la vulnerabilidad que presentan ciertas personas y comunidades, y su posibilidad de decidir sobre futuros daños. En este sentido, la vulnerabilidad opera en la relación dinámica entre las posibilidades de acceso a satisfactores vitales y a cier-tos niveles de bienestar, y las condiciones estructurales de inclusión y exclusión social bajo el supuesto de que mientras menor sea el nivel de vulnerabilidad –siempre variable y dinámico– mayor será la capacidad de decidir sobre futuros daños. El contar con mayores herramientas y recursos para satisfacer las necesidades vitales evi-taría, por ejemplo, tener que verse expuesto a condiciones de riesgo para la satisfacción de dichas necesidades y, en consecuencia, aumentaría también la posibilidad de decidir sobre las acciones futuras que pudieran verse reflejadas en situaciones de riesgo.



Lo anterior puede graficarse como sigue:

Fuente: elaboración propia.

Derechos humanos en situaciones de desastres socio-naturales

Si bien un desastre representa una disrupción en las condiciones normales de funcionamiento de una comu-nidad, los derechos fundamentales de las personas no desaparecen ante la ocurrencia de fenómenos como los descritos con anterioridad. Por el contrario, se vuelve aún más necesario salvaguardar las condiciones mínimas de dignidad y calidad de vida mientras dure la emergencia y el período posterior, que va desde su término has-ta el retorno del curso normal de funcionamiento de la comunidad, en el entendido de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados aún en situación de desastre y en que representan una base de acuerdo mínimo en el que cualquier proceso de reconstrucción debería operar. En este sentido, resulta fundamental la Declaración y Programa de Acción de Viena, la cual señala la “importancia y la necesidad de asistencia humanitaria a las víctimas de todos los desastres, naturales o producidos por el hombre” (1993, p. 26).

Los Estados adquieren el compromiso de garantizar y resguardar los derechos de las personas al momento de ratificar los instrumentos y acuerdos internacionales y regionales que establecen los lineamientos para di-cho fin y, en cierta medida, una situación de desastre pone a prueba los mecanismos con los que se cuenta para



Grupo A: Protección de la vida, la seguridad, la integridad física de la persona y los lazos familiares.

Grupo B: Protección de los derechos relacionados con la provisión de alimentos, la salud, el alojamiento y la educación.

Grupo C: Protección de los derechos relacionados con la vivienda, la tierra, la propiedad, los medios de subsistencia y educación secundaria y superior.

Grupo D: Protección de los derechos relacionados con la documentación, la libertad de circulación, el resta-blecimiento de los lazos familiares, la libertad de expresión, opinión y elecciones.

Dichas directrices cuentan además con una serie de actividades y medidas de preparación recomendadas para asegurar la protección de los derechos humanos.

Tomando como referencia el informe desarrollado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2014) sobre el Diagnóstico del Estado de la Reconstrucción posterior al Terremoto y Tsunami del 27 de febrero de 2010 en el que se evalúa la situación de protección de derechos a la luz de las acciones llevadas a cabo durante dicha emergencia, los acuerdos adscritos por Chile y lo propuesto en las Directrices operacionales del IASC sobre la protección de personas en situaciones de desastre (2011), se establece una división entre derechos sectoriales (derecho a la vivienda, derecho a la salud física y mental, derecho a la educación, derecho a la sa-tisfacción de las necesidades básicas vitales y derecho al trabajo) y los derechos transversales (derecho a la no discriminación, derecho a la información, derecho a participar y ser consultado, derecho a reclamar y ejercer sus derechos), división que es útil para evaluar el resguardo y protección de derechos humanos en situaciones como la que está siendo analizada en el presente proceso de sistematización.

9 The Inter-Agency Standing Committee (IASC) es el mecanismo principal para la coordinación interinstitucional de asistencia humanitaria, siendo un foro único que involucra a los principales socios humanitarios de las Naciones Unidas y ajenos a las Na-ciones Unidas. El IASC se estableció en junio de 1992 en respuesta a la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la asistencia humanitaria.

ello. En el documento Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales (2011), el Comité Permanente entre organismos (IASC)9 establece una serie de directrices y recomendaciones para el resguardo de los derechos humanos de personas que se encuentran en situaciones de emergencia y desastres socio-naturales, además incluyen y destacan la protección contra la violencia basada en el género. Mediante la agrupación jerárquica de las directrices operacionales se establece un orden prioritario que comienza con el derecho a la vida, la seguridad, la integridad física y la dignidad de las personas y que se establece como sigue:



Derechos sectoriales Derechos transversales

Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas vitales

Derecho a la no discriminación

Derecho a la vivienda Derecho a la información

Derecho a la salud física y mental Derecho a participar y ser consultado

Derecho a la educación Derecho a reclamar y ejercer sus derechos

Derecho al trabajo

Tabla 1Derechos sectoriales y transversales.

Derechos sectoriales

ү Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas vitales

El principio de que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 3.) preside aquello que se encuentra relacionado con la evacuación, la reubicación y las medidas para salvar vidas, así como las medidas básicas respecto a la seguridad de los cam-pamentos de estadía transitoria. En ese sentido, las directrices IASC indican que la vida, la integridad física y la salud de las personas que enfrentan riesgos creados por los desastres naturales, incluyendo especialmente las personas con necesidades específicas, deberán ser protegidas, en la mayor medida posible, dondequiera que se encuentren (IASC, Directriz A1.1). Si tales medidas no son suficientes para protegerlas, deberá facilitarse la eva-cuación de la zona de peligro por parte de los individuos que estén ubicados en ese lugar (IASC, Directriz A.1.2). Mientras que, si las personas en peligro no pueden salir por su propia cuenta, estas deberán ser evacuadas (IASC, Directriz A.1.3). En el caso de que las personas se rehúsen a abandonar el lugar, las directrices establecen que la evacuación forzosa puede realizarse en los siguientes casos (IASC, Directriz A.1.4): (a) esté establecida por ley; (b) sea absolutamente necesaria bajo las circunstancias de responder ante una amenaza grave e inminente para su vida o salud, y en cuanto las medidas menos intrusivas no sean suficientes para prevenir esa amenaza; y (c) se lleve a cabo, en la medida posible, después de que las personas afectadas hayan sido informadas y consultadas.

ү Derecho a la vivienda

En los elementos que la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 25, N° 1) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11) incluyen como parte del derecho de las personas a un nivel de vida adecuado se encuentra el derecho a la vivienda, el que puede ser entendido además como el eje articula-dor de los procesos de reconstrucción. Además, la relevancia de la vivienda radica en su utilidad para establecer el grado en que el Estado garantiza el goce del derecho.

A raíz del Pacto Internacional, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas declara que “debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda”, agregando que “debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda”, entre otros grupos, a “las víctimas de desastres naturales” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014, p. 14). Por su parte, las Directrices IASC señalan que las autoridades



públicas deben adoptar rápidamente y sin discriminación alguna, “medidas apropiadas que permitan la rápida transición de un alojamiento temporal o intermedio a una vivienda temporal o permanente, cumpliendo con los requisitos de idoneidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (Directriz C.3.1 y C.2.3).

ү Derecho a la salud física y mental

Se refiere al derecho a la salud y la asistencia médica relacionándolo con el derecho de cada persona a un nivel de vida adecuado (art. 25, N° 1). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo men-ciona para “el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (art.12), y establece que los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias para “la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”. En las situaciones de emergencia y posterior a esta etapa, las Directrices IASC establecen que se debe proporcionar agua potable, saneamiento y servicios básicos de salud a todas las personas afectadas. Se trata de tres elementos fundamentales para garantizar un mínimo de salud física a las personas, los cuales deben estar disponibles en suficiente cantidad y calidad (Directriz B.2.1). Asi-mismo, se debe asegurar el acceso de los afectados a la asistencia psicosocial cuando fuere necesario (Directriz B.2.5).

ү Derecho a la educación

Las Directrices entregadas por IASC ratifican las prescripciones internacionales reiterando que, a pesar del de-sastre, todos los niños y niñas deben tener acceso a la educación, para lo cual se debe facilitar con la mayor prontitud y rapidez posible (Directriz C.1.1). Del mismo modo, se debe garantizar la prestación ininterrumpida de la educación de niveles más elevados cuando los estudiantes, como consecuencia del desastre, no la pue-dan costear (Directriz C.1.2). En relación a ello, la Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (en Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014) define tres estándares de calidad y acceso a la educación en situaciones de desastre hasta la reconstrucción posterior a la catástrofe: a) Estándar aprendi-zaje/educación: existen las condiciones para que la niñez pueda continuar sus procesos de desarrollo integral y aprendizaje en un ambiente inclusivo, seguro, participativo, amigable y lúdico en el contexto del desastre; b) Estándar aprendizaje/educación: las estrategias y acciones de aprendizaje y educación en situación de de-sastre orientadas a niñez en primera infancia están vinculadas y coordinadas con otros sectores como agua y saneamiento, nutrición, salud y protección, para garantizar un enfoque integral de los procesos de desarrollo y aprendizaje de primera infancia, y c) Estándar nutrición y seguridad alimentaria: las niñas y los niños reciben los alimentos y nutrientes suficientes y apropiados a su edad para que su proceso de desarrollo físico, emocional y cognitivo no se vea alterado ni interrumpido por causa del desastre.

Sin embargo, tal como señala el Instituto de Derechos Humanos, el derecho a la educación en la Constitución de Chile “no está protegido por un recurso especial ante los tribunales cada vez que sea arbitrariamente pertur-bado o amenazado, como ocurre con otros derechos” (2012, p.22).

ү Derecho al trabajo

Respecto al trabajo, la Declaración Universal de Derechos Humanos lo comprende como “El derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” (art.



23). En una situación de desastre, las Directrices IASC plantean que el derecho al empleo debe ser restituido para todas aquellas personas que “como consecuencia del desastre no puedan regresar a sus fuentes de subsis-tencia (…) las autoridades deben adoptar las medidas apropiadas –incluyendo oportunidades de capacitación y acceso a microcréditos–, las que deben estar disponibles sin discriminación” (Directriz IASC C.4.2). Del mismo modo, el marco de acción de Hyogo (2005) también releva la necesidad de:

Promover la diversificación de las fuentes de ingresos de la población de las zonas de alto riesgo para reducir su vulnerabilidad ante las amenazas y velar por que sus ingresos y bienes no resulten perju-dicados por políticas y procesos de desarrollo que aumenten su vulnerabilidad a los desastres (p.14).

Además, agrega la necesidad de medidas emprendedoras, considerando que las fases de socorro, rehabili-tación y reconstrucción tras un desastre representan una coyuntura que debe aprovecharse para abordar las tareas de reconstrucción de los medios de vida, de planificación y reconstrucción de las estructuras físicas y socioeconómicas de un modo que “contribuya a fortalecer la resiliencia de la comunidad y a reducir la vulnera-bilidad ante futuros riesgos de desastre”.

Derechos transversales

ү Derecho a la no discriminación

El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, asimismo todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Las directrices del IASC entienden en este sentido la no discriminación como las actividades orientadas a garantizar que las perso-nas no sean culpadas por los daños, no se les niegue acceso, puedan ejercer sus derechos, ni sean tratadas con desventaja por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, propiedad, discapacidad, nacimiento, edad, o cualquier otra condición similar, es decir, que no sean objeto de discriminación alguna. El derecho a la no discriminación aparece de manera transversal dentro de los lineamientos del IASC y en forma específica en la Directriz B.2.1 relacionada con la no discriminación en la satisfacción de derechos relacionados con necesidades básicas de subsistencia o la Directriz C.4.2 relativa a la reinserción a las fuentes de subsistencia.

ү Derecho a la información

Los principios generales I.2 y I.3 de las directrices de la IASC hacen referencia explícita al derecho a la informa-ción de las personas afectadas por desastres, estableciendo como derecho el acceso fácil a información relativa a la naturaleza y el nivel del desastre que enfrentan, las posibles medidas de mitigación de riesgos y vulnerabi-lidad a desastres que se pueden adoptar, la asistencia humanitaria y esfuerzos de recuperación planificados o en curso, y a conocer y estar informados sobre sus derechos de acuerdo con el marco regulatorio internacional y nacional, así como a ser informadas y consultadas sobre las medidas que se tomen y que guarden relación con ellos, así como establece además la necesidad de contar con mecanismos que resguarden el libre intercambio de información (Directriz 4).



ү Derecho a participar y ser consultado

El derecho a participar y a ser consultado puede desprenderse de varios de los artículos que componen la De-claración Universal de Derechos Humanos. En particular el artículo 18 relativo a la libertad de pensamiento y la manifestación del mismo, el artículo 19 relativo a la libertad de expresión y de opinión, el artículo 20 relativo a la libertad de reunión y asociación pacífica y el artículo 21 relativo a la participación en la vida política y pública del país. En conjunto, estos derechos promueven la libre participación de las personas en el ámbito público y resguardan además su vida privada en relación a las opiniones y creencias de estos. Por su parte, la Constitución política de Chile en su artículo 1°, inciso segundo y final señala que “es deber del Estado (…) asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. En situaciones de desastre el IASC propone varios lineamientos para asegurar este derecho, estableciendo como uno de los objetivos de las directrices operacionales el “identificar las medidas pertinentes para garantizar que las personas afectadas y sus comunidades sean plenamente consultadas y participen activamente, en la mayor medida posible, en todas las etapas de la respuesta en situaciones de desastre, de conformidad con sus derechos humanos”. De este modo el principio general I.3 que además del acceso a la información establece la importancia de la participación y consulta de las personas que han sufrido las consecuencias de un desastre sobre las futuras decisiones así como establece que “para garantizar la planificación sostenible y a largo plazo del reasentamiento y reconstrucción (…) todos los grupos y personas afectados, incluidas las mujeres, los pueblos indígenas y las personas con dis-capacidad deberán ser consultados y participar en la planificación y ejecución de los programas de vivienda” (Directriz C.2.3).

ү Derecho a reclamar y ejercer sus derechos

El artículo N° 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personali-dad. Por otra parte, el artículo 30 señala que “nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Decla-ración” mientras que el artículo 8 establece el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes en caso de violación de alguno de sus derechos. Las directrices IASC ratifican lo anterior y señalan como obstáculo en este sentido la falta de información, consulta y participación con respecto a decisiones que afectan a las per-sonas y sus derechos, la falta de documentación, la falta de recursos eficaces contra las violaciones, incluyendo el acceso a los tribunales y reparación por violaciones de sus derechos y la falta de responsabilidad por las vio-laciones, y señalan que en el caso de que las autoridades carezcan de la voluntad o la capacidad de responder ante este tipo de requerimientos, la comunidad internacional debe brindar apoyo y complementar los esfuerzos del Estado para el correcto resguardo y protección de los Derechos Humanos.

Ruralidad y desastres

La ruralidad entendida como fenómeno complejo y heterogéneo trae a su vez otras problemáticas asociadas. Así, las localidades más apartadas y con mayor dispersión y aislamiento, se encuentran más expuestas a recibir los efectos residuales de las políticas públicas. Esto se experimenta como la percepción de una desconexión entre las comunidades rurales y la acción pública (Wilchex-Chaux, 1998; Concha, Micheletti, Olivares, y Rasse, 2015; Ugarte, Salgado y Fuster, 2015) y se traduce en:



1) Planes institucionales que desconocen las particularidades de las poblaciones;

2) Aplicación de soluciones genéricas a situaciones rurales diversas;

3) Recomendaciones técnicas, administrativas y científicas carentes de sostenibilidad, aceptación y sentido desde el punto de vista político, social y cultural de las poblaciones;

4) Ausencia de procesos reales de participación y apropiación por parte de las comunidades.

En general, los procesos de reconstrucción en Chile han sido abordados a partir de dos enfoques en extremo opuestos. Durante el primer período del siglo XX, el Estado asumió un rol benefactor entre los terremotos del año 1905 al año 1971 donde cumplió labores de planificación, desarrollo y ejecución de iniciativas tendientes al fortalecimiento de la ciudadanía. De hecho, “el plan de reconstrucción del terremoto de 1971, es el último realizado en el marco de un Estado que asume la responsabilidad fundamental para enfrentar una catástrofe” (Lewner, 2010 en González, 2015, p.31). Posteriormente, durante la dictadura militar ocurrieron terremotos entre los años de 1973 al 1985, período en el que la acción estatal tuvo un enfoque neoliberal expresado en un Estado que sienta las bases para la actuación de actores externos bajo la premisa de una libre competencia (Ta-pia, 2003); de este modo, los cambios introducidos “acabaron con las tradiciones vigentes a lo largo de 50 años desde el lejano terremoto de Talca en 1928” (Lewner, 2010 cit. en González, 2015, p. 31).

Actualmente, el Estado continúa viviendo el proceso de disminución de sus funciones y atribuciones, mien-tras que las entidades privadas han incrementado sus incidencias y alcances en las políticas públicas del país. No obstante, a partir del año 2010 el Estado decide brindar una solución territorial, arquitectónica y social a los crecientes problemas urbanos de las localidades afectadas por desastres socio-naturales, cuya propuesta con-sistió en la implementación de planes maestros de reconstrucción (González, 2015). En ese sentido, un marco de acción fijado por el Estado da la posibilidad de experimentar nuevos procesos de asociatividad y abordaje de la reconstrucción, ya que parte de la condicionalidad sobre los tejidos sociales se encuentra dada por una forma de gestionar y planificar el territorio.

Dentro de los procesos de reconstrucción, la vivienda ocupa un lugar preponderante. A la vez, también es un elemento central de la vida rural en la que confluyen cultura y función (Sánchez y Jiménez, 2010 cit. en Concha, Olivares, Micheletti y Rasse, 2015). La vivienda se caracterizaba por ser amplia y albergar, en muchas ocasiones, a familias extendidas con un número importante de moradores, por ser funcional a las labores piscícolas, agro-pecuarias y a la economía doméstica –huerta, crianza de aves y animales menores– y, en algunos casos, formar parte del patrimonio material local (Concha, Olivares, Micheletti y Rasse, 2015).

En términos generales en la vivienda rural confluyen no solamente aspectos relativos a lo arquitectónico y a la habitabilidad, sino además a las prácticas sociales y culturales y a la identidad local y regional (Torres, Malina-lli e Higuera, 2011). Se entiende la vivienda rural como un organismo activo e interactivo con el medio natural, construido y comunitario, que constituye una herencia cultural, de sostén emocional y cohesivo de las familias, con gran influencia de sus actividades económicas y comunitarias, a diferencia de lo que sucede en las viviendas de las ciudades (Sánchez, 2006 cit. en Sánchez y Jiménez, 2010) lo que apunta a la pertinencia en cuanto a la identidad y desafíos locales como un factor clave de cualquier proceso de reconstrucción en dichos contextos y presenta como desafío adicional la adecuación de las estrategias e instrumentos necesarios para trabajar en estos casos.



El panorama general en el que el proceso de reconstrucción se inserta podría resumirse con el término di-versificación como forma de agrupar las características generales que lo definen. Por un lado, se encuentra la consciencia y diversificación del riesgo como contexto macro en el que se encuentra la sociedad, donde este no solo aparece como un tema importante a tener en consideración, sino que también su origen, tipología y carac-terísticas se diversifican complejizando las formas de abordarlos. La diversificación de las características de las comunidades, sus capacidades, recursos y situación de vulnerabilidad agregan un nuevo grado de complejidad necesario de considerar en cualquier intervención que pretenda prevenir y disminuir los efectos de un desas-tre, así como cualquier intervención destinada contrarrestar sus efectos. La modernización de lo rural y los límites cada vez más difusos entre estos territorios y los urbanos juegan también un rol importante en el modo de afrontar un proceso como el que se analiza, en un contexto en el que estas tensiones corren en paralelo al desarrollo mismo de la emergencia y a la necesidad y urgencia de restablecer el funcionamiento normal de las comunidades afectadas. Dos interrogantes emergen en este sentido ¿con qué recursos y capacidades cuentan las comunidades ante situaciones como ésta? y ¿qué rol juega el Estado y la política pública en estos contextos?

2.2. Marco metodológico

El presente estudio se enmarca dentro de la metodología de análisis de experiencias denominada sistema-tización, la cual pretende realizar un análisis crítico que dé cuenta de los elementos intervinientes en un deter-minado proceso social, su relación, resultados y aprendizajes, con el fin de comprenderlo y evidenciar posibles mejoras futuras (Jara, 1994; Acosta, 2005). Asimismo, el carácter comprensivo de la sistematización permite mirar las etapas de un proceso y cómo estas se han articulado para dar paso a los resultados particulares del mismo, examinando e interpretando los elementos y los momentos significativos de un proceso y que han sido determinantes en su evolución y desarrollo.

Las experiencias analizadas responden, por lo tanto, a experiencias concretas, dinámicas, que se relacio-nan con procesos sociales complejos, en los que dialogan procesos objetivos y subjetivos con sus respectivas contradicciones y particularidades, y en los que se vinculan aspectos tanto teóricos como prácticos, abriendo la posibilidad de generar nuevas teorías que discutan directamente con el quehacer práctico, particularmente en aquellos sectores vulnerables de la sociedad, quienes se presentan como parte fundamental del proceso de reconstrucción de las experiencias y de los saberes involucrados en ellas (Martinic, 1998; Jara, 2003; Sarmiento y Herard, 2014).

Siguiendo esta lógica, se llevó a cabo un proceso de sistematización cuyo objeto se identificó en el proceso de reconstrucción posterior a los incendios forestales del verano 2017 en la Región del Maule, liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fueron tres las preguntas centrales que –cuáles ejes de sistematización– guiaron la recopilación de información y su posterior análisis:

1. ¿Los derechos humanos10 de las comunidades afectadas por el incendio forestal del verano de 2017 en la Región del Maule han sido resguardados/protegidos por la acción del Estado en el proceso de recons-trucción?

10 En el ámbito de vivienda, salud física y mental, educación, satisfacción de las necesidades básicas vitales y trabajo (derechos por sector), así como el derecho a la no discriminación, a la información, a participar y ser consultado y a reclamar y ejercer sus derechos (derechos transversales).



2. ¿Cuáles son los aprendizajes que se han generado en el marco del proceso de reconstrucción?

3. ¿Cuáles han sido las principales diferencias con el proceso de reconstrucción post terremoto 27F en el ámbito rural regional?

Las hipótesis que asumimos inicialmente y que tratamos de corroborar fueron las siguientes:

1. Los derechos humanos de las comunidades afectadas han sido resguardados por el Estado en la etapa de emergencia y reconstrucción posterior a los incendios forestales en la Región del Maule.

2. En cuanto el Estado asume un rol de acompañamiento del proceso de emergencia y reconstrucción pos-terior a una catástrofe, garantiza un mayor resguardo de los derechos humanos.

La población que consideramos para la investigación está compuesta por todas aquellas personas involu-cradas en el proceso de emergencia y reconstrucción post incendios forestales de la Región del Maule entre los que se encuentran personas damnificadas, autoridades, profesionales del Estado y otros actores claves (ONGs, expertos, etc.).

La muestra fue entonces conformada por 60 personas divididas en cuatro grupos según los siguientes crite-rios de inclusión:

1. Santa Olga

Se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas a personas afectadas por los incendios forestales acon-tecidos en enero y febrero de 2017 pertenecientes a la localidad de Santa Olga en la comuna de Consti-tución, seleccionadas según el catastro de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del Ministerio de Desa-rrollo Social, y la Ficha Técnica N° 2 de “Catastro Individual de Viviendas Afectadas” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

2. Ruralidad dispersa

Se realizaron 25 entrevistas semiestructuradas a personas afectadas por los incendios forestales acon-tecidos en enero y febrero de 2017 pertenecientes a alguna de las localidades catastradas por la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del Ministerio de Desarrollo Social, y la Ficha Técnica N° 2 de “Catastro Individual de Viviendas Afectadas” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Se seleccionaron dos localidades por provincia utilizando como criterio de inclusión aquellas con mayor número de personas identificadas como afectadas según los instrumentos mencionados anteriormente y se validó la elección de las mismas por medio del juicio de expertos. Las localidades escogidas fueron Coronel de Maule y La Posada en la Provincia de Cauquenes; Los Coipos y Los Sauces en la Provincia de Curicó; Nirivilo en la Provincia de Linares; y Las Corrientes y Carrizal en la Provincia de Talca. Por la re-comendación de expertos se agregó a las anteriores la localidad de Catillo en la Provincia de Linares y la localidad de Sauzal en la Provincia de Cauquenes, ambas por tratarse de casos emblemáticos; la primera porque se evitó que la localidad fuera consumida por el fuego, y la segunda debido a que los incendios forestales afectaron las condiciones de biodiversidad de la zona. La elección de localidades respondió a



criterios tanto metodológicos como prácticos, posibilitando una mayor diversidad de los actores partici-pantes, así como una mayor probabilidad de acceso a los entrevistados.

Se realizaron tres entrevistas por localidad, exceptuando el caso de Catillo y Sauzal, en las que se llevaron a cabo dos por sector. En todos los territorios las entrevistas contaron con representatividad en cuanto a género y edad.

Tabla 2Muestra de la sistematización.

Provincia Comuna LocalidadNúmero de damnificados localidad

Entrevistas realizadas

Talca Constitución Santa Olga 3161 20

Cauquenes Cauquenes Coronel de Maule 45 3

Cauquenes Cauquenes La Posada 26 3

Cauquenes Cauquenes Sauzal 23 2

Curicó Hualañé Los Coipos 75 3

Curicó Hualañé Los Sauces 134 3

Linares San Javier Nirivilo 382 3

Linares Parral Catillo 17 2

Talca Constitución Las Corrientes 302 3

Talca Empedrado Carrizal 124 3

Total 45

3. Autoridades y otros profesionales del Estado: se seleccionó una muestra de 10 personas conformada por autoridades y profesionales del Estado involucrados en el proceso de emergencia y reconstrucción por medio de un muestreo por conveniencia, escogidos según su relevancia dentro del proceso antes mencio-nado.

4. Otros actores (ONGs, expertos): se seleccionó una muestra de 5 personas involucradas en el proceso de emergencia y reconstrucción por medio de un muestreo por conveniencia, escogidos según su relevancia dentro del proceso antes mencionado.

En relación a las técnicas e instrumentos de recolección de la información, se utilizaron las siguientes:

1. Trabajo de campo: se realizó una aproximación al trabajo de campo mediante la observación no partici-pante o bien mediante una observación participante de carácter moderado, en la que se llevó a cabo un levantamiento y registro de datos de manera sistemática del entorno y contexto en el que las personas se desenvuelven y en el que se desarrolla el proceso de reconstrucción.



2. Entrevistas semi-estructuradas: se desarrolló una pauta de entrevista semi estructurada para su aplica-ción a las personas de la muestra seleccionada correspondientes a las personas pertenecientes a la loca-lidad de Santa Olga y las localidades agrupadas bajo el título de ruralidad dispersa, así como a expertos, funcionarios públicos y autoridades. Las entrevistas se orientaron en torno a estos ejes:

1) Una reconfiguración temporal del proceso de emergencia y reconstrucción, que contempló la etapa previa a la emergencia, la emergencia y la posterior reconstrucción;

2) Un eje transversal a la reconstrucción temporal que evaluó las dimensiones de vulnerabilidad y pro-tección de derechos, hitos y acciones relevantes del proceso y actores involucrados;

3) Una tercera dimensión vinculada al ámbito de las innovaciones, aprendizajes y pendientes, desarro-llada especialmente en las entrevistas con expertos y autoridades.

3. Focus group: se realizó un focus group con autoridades y profesionales del Estado y otros actores involu-crados en el proceso de emergencia y reconstrucción.

La información fue analizada siguiendo los lineamientos del análisis de contenido, el cual consiste en un conjunto de técnicas de análisis de productos comunicativos –textos, mensajes, discursos– que por medio de procedimientos sistemáticos y objetivos pretende elaborar y procesar datos relativos a las condicio-nes de producción y recepción de los mismos (Bardin, 1996; Krippendoff, 1997; Piñuel, 2002). Se utilizó esta estrategia de análisis porque su finalidad era proporcionar conocimiento, nuevas comprensiones, una representación de los hechos y una guía práctica para la acción. Según Ruiz (2012), esta técnica en-fatiza en la captación de los significados que le atribuyen los propios actores de su realidad social, desde su experiencia y contexto. En ese sentido, el análisis de contenido posee concordancia con el enfoque de derechos, ya que la información se puede analizar de manera descriptiva, dependiendo de lo que los actores del estudio fueron narrando con respecto a lo más profundo de su experiencia.

En cuanto a los criterios de rigor, para la presente investigación se tomaron como base los generados por Guba y Lincoln para asegurar la calidad y la credibilidad del proceso de investigación (Guba, 1981; Sandín, 2000; Arias y Giraldo, 2011; Erazo, 2011). El primer criterio se denomina credibilidad y hace referencia principalmen-te al valor de verdad o la autenticidad de los resultados entregados, además se relaciona directamente con el criterio de dependencia y se consigue mediante la contextualización detallada y al contrastar la correspondencia entre los resultados obtenidos con el objeto de estudio mediante la triangulación de los datos con los participan-tes y otros actores relevantes. El siguiente criterio es la transferibilidad y guarda relación con la capacidad de ge-neralizar los resultados y aplicarlos a otras situaciones y fenómenos similares. Esto se logra establecer mediante la descripción detallada del contexto en el que se generaron los resultados. El último criterio es la neutralidad y se refiere principalmente a la objetividad presente en los resultados obtenidos, los cuales deben estar siempre basados en la información recogida, evitando que los sesgos del investigador influyan en ellos.

Finalmente, para la recopilación de los datos se solicitó la debida autorización de las personas afectadas por los incendios forestales ocurridos durante el verano del año 2017, así como a las autoridades institucionales y expertos involucrados en el proceso de emergencia y reconstrucción. Para cumplir con este principio, se utilizó un consentimiento informado.

CAPÍTULO 3: Reconstrucción y Derechos Humanos | 62


CAPÍTULO 3

Reconstrucción y Derechos Humanos



3.1. Vulnerabilidad y condiciones previas

Con el fin de evaluar el resguardo de los Derechos Humanos en situaciones de desastre como la ocurrida tras los incendios forestales de la Región del Maule es importante comenzar observando el estado en que las comunida-des afectadas se encontraban previamente. Las diferencias entre los sectores que resultaron afectados por los incendios representan además otro grado de complejidad al momento de abordarlos para su análisis, quedando cualquier intento siempre en deuda con la totalidad de factores que se despliegan en la realidad. El cuadro que sigue presenta entonces, a modo de resumen, una breve caracterización de los sectores afectados, antes del si-niestro. La información se recogió a partir de las entrevistas realizadas y la revisión de material secundario en los ámbitos de vivienda, educación, trabajo, salud, infraestructura, servicios y aspectos sociales y comunitarios para ruralidad dispersa y Santa Olga:

Ámbito Ruralidad dispersa Santa Olga

Vivienda

- Diversificación de viviendas según características y necesidades particu-lares de la localidad y sus habitantes.

- Viviendas regularizadas en conjunto con asentamientos irregulares.

Educación

- Presencia de escuelas rurales o me-dios de acercamiento a estableci-mientos educacionales cercanos para enseñanza básica.

- Migración o movilización de estu-diantes de enseñanza media a locali-dades aledañas.

- Educación pre básica, básica y media disponible en el sector.

Trabajo

- Alta presencia de trabajo relaciona-do con industria forestal, silvicultura, trabajo agrícola y ganadero.

- Trabajo por temporada relacionado con industria forestal y agrícola.

- Presencia de trabajo informal espe-cialmente en la recolección de hongos y frutos silvestres.

- Población mayoritariamente dedica-da al trabajo forestal o a actividades relacionadas al mismo.

- Trabajo por temporada relacionado a industria forestal y recolección.

- Presencia de trabajo informal espe-cialmente en la recolección de hongos y frutos silvestres.

Salud- Cercanía de postas rurales y rondas

médicas periódicas.- Posta de Salud Rural con atención a

casos de complejidad básica.



Ámbito Ruralidad dispersa Santa Olga

Infraestructura

- Localidades diversas.- Localidades con fácil acceso y cone-

xión y localidades relativamente ais-ladas y de difícil acceso.

- Localidades cercanas a actividad y plantaciones forestales o dentro de las mismas.

- Caminos en estado irregular por pre-sencia de transporte forestal.

- Localidades cuentan con servicios bá-sicos (agua, luz, alcantarillado) o en su defecto con soluciones para cubrir necesidades en caso de no contar con los servicios.

- Existía un problema de abastecimien-to de agua.

- Cuenta con fácil acceso, cercana a Constitución y al transporte público.

- Se encuentra ubicada en la interfaz de la zona forestal y la zona habitada.

- Diversidad en las condiciones de ha-bitabilidad de la vivienda y sus ser-vicios básicos (agua, luz, alcantarilla-do): sectores contaban con todos los servicios y los asentamientos irregu-lares no.

- Existía un problema de abastecimien-to de agua.

- Caminos interiores sin pavimenta-ción.

- Baja presencia de áreas verdes y lu-gares de esparcimiento y reunión y mala utilización de las mismas.

Servicios - La mayor parte de las localidades cuentan con acceso a servicios bási-cos en la misma localidad o en locali-dades aledañas.

- La localidad contaba con bomberos, carabineros, iglesias, establecimien-tos de salud y educación, comercio local y locomoción constante.

- Los servicios de mayor especificidad se encuentran ubicados en Constitu-ción (15 km de distancia).

Aspectos sociales y comunitarios

- Alta presencia de relaciones filiales y familiares.

- Población mayoritariamente adulta y adulto mayor.

- Migración de población joven a ciuda-des cercanas por motivos de educa-ción o trabajo.

- Presencia de organizaciones funcio-nales. Percepción varía con respecto a su funcionamiento dependiendo de la localidad/sector.

- Alta dispersión territorial.

- Buenas relaciones vecinales.- Organizaciones funcionales activas

(JJVV, Clubes de adulto mayor, Agua Potable Rural).

- Percepción de discriminación duran-te los primeros años del asentamien-to.



En el caso de la ruralidad dispersa, la diversidad de localidades afectadas dificulta establecer criterios ho-mogéneos en todos los ámbitos, especialmente en el de vivienda donde es posible encontrar casas que respon-den a las características típicas de la vivienda rural –viviendas emplazadas en terrenos amplios y funcionales a labores agrícolas, de crianza de animales y de economía doméstica–, segundas viviendas utilizadas con fines recreacionales y viviendas de carácter más modesto o que se ubican dentro del continuo que va desde un extre-mo al otro del espectro de posibilidades de habitabilidad rural, situación muy similar a la que ocurre en relación a infraestructura donde existen localidades de difícil acceso como Los sauces, hasta aquellas que cuentan con accesos expeditos y de calidad adecuada.

Un aspecto que sin duda comparten las localidades afectadas es su relación con las plantaciones y la activi-dad forestal, encontrándose la mayoría en zonas de interfaz o derechamente insertas en las zonas de actividad maderera, compartiendo, por ejemplo, infraestructura vial con las empresas que transportan materia prima de los bosques o estando en zonas de plantaciones.

En el ámbito educacional es común encontrarse con escuelas rurales que atienden las necesidades de edu-cación, prácticamente en casi todos los lugares visitados o, en su defecto, existen medios de transporte para el acercamiento de los estudiantes a los establecimientos próximos. La mayoría de los lugares no cuenta con establecimientos de Educación Media en el sector, teniendo los estudiantes que movilizarse hasta localidades aledañas, y teniendo en ocasiones que emigrar a comunas cercanas.

En el ámbito de salud, ciertas localidades cuentan con postas rurales para la atención básica o en su de-fecto cuentan con rondas médicas periódicas. Las urgencias y atenciones de mayor complejidad tienden a ser derivadas a las comunas principales u hospitales regionales en caso de ser necesario, situación que se puede homologar con otros servicios como carabineros, comercio, bomberos o lugares para realizar diversos trámites.

En el ámbito laboral, tal como señala el Instituto Laboral del Maule (2018), la mayor tasa de ocupación se encuentra en el sector silvoagropecuario existiendo un gran número de personas dedicadas a labores agrícolas y de crianza de animales, así como otros que se dedican a diversas tareas relacionadas con el ámbito forestal. Existen también personas que se dedican al trabajo de temporada, ya sea de manera formal como informal. Cabe destacar que –junto a la vivienda y el entorno– este ámbito fue uno de los más afectados como consecuencia de los incendios forestales ya que el fuego consumió gran parte de las plantaciones, cosechas, herramientas e in-cluso animales destinados a la producción y explotación por parte de los habitantes de las diversas localidades.

Con relación a los aspectos sociales y comunitarios en las localidades pertenecientes a la ruralidad dispersa, es posible apreciar al menos tres características que las definen. Primero, la alta presencia de relaciones filia-les y familiares entre los habitantes de una localidad –que hace que en ocasiones se traslapen los roles de las personas en la comunidad y se produzcan rencillas y desconfianzas, por ejemplo, en el funcionamiento de las organizaciones sociales presentes en el territorio–, la tendencia a la dispersión territorial en los sectores más apartados y por último una población compuesta mayoritariamente por adultos y adultos mayores debido a la migración de la población más joven en busca de oportunidades educacionales y laborales.

En el caso de Santa Olga, muchas de estas características se repiten con la diferencia de que este centro po-blado operaba en ocasiones como proveedor de recursos para la población rural de los sectores aledaños. Hasta antes del incendio contaba con educación pre-básica, básica y media, una posta rural para atenciones de baja complejidad, carabineros, bomberos y comercio local. El ámbito de vivienda era más complejo, existiendo en conjunto casas en terrenos regularizados y con conexión a los servicios básicos y autoconstrucciones de carác-



ter irregular en sectores no habilitados para la instalación de viviendas. La falta de planificación en la ocupación del territorio traía además problemas para la conexión con servicios básicos para algunas viviendas y proble-mas de infraestructura, falta de pavimentación y rellenos irregulares de terreno que dificultaban aún más este escenario. En términos laborales la mayor parte de la población se desempeñaba en trabajos relacionados con la industria forestal o en servicios asociados al rubro.

Según los datos recopilados en el PUIR las áreas laborales más importantes de la localidad se dividían entre el trabajo forestal, los aserradores y el trabajo de recolección por temporada. Un 14, 1% de la población total de Santa Olga declaraba trabajar en algún área relacionada con la explotación de los bosques, un 26,63% ser dueña de casa y un 25, 3% correspondía a estudiantes. La propia comunidad reconoce su origen en la actividad forestal y dice haberse sentido discriminada en alguna ocasión por su procedencia, especialmente durante las primeras décadas del asentamiento. En términos sociales y comunitarios existe una buena organización vecinal representada por medio de Juntas de Vecinos, Clubes de Adulto Mayor y un APR.

3.2. Los derechos sectoriales

Ante este breve diagnóstico, y considerando cómo la vulnerabilidad de las comunidades afectadas incide en la protección y promoción de los derechos humanos en contextos de desastres socio-naturales se plantea la siguiente revisión que se encuentra dividida en función de lo planteado en el capítulo anterior:

ү Derecho a la satisfacción de necesidades básicas vitales

El principal lineamiento que siguió el combate de los incendios forestales durante la emergencia fue el resguar-do de la vida.

(...) la Presidenta hace una definición de que lo que finalmente, con la magnitud del incendio, vamos a proteger la vida de las personas más allá de los bienes, yo creo que eso se instala y se hace (Autoridad Ministerio de Vivienda y Urbanismo Región del Maule).

En este sentido, se resguarda la vida a través del funcionamiento de las evacuaciones preventivas y la dispo-sición de albergues para las personas que se vieron afectadas por los incendios como medida de estadía transi-toria. En casos como el de Santa Olga es posible apreciar la operatividad de la Directriz A.1.4 del IASC según la cual la evacuación forzosa se produjo a consecuencia de la amenaza que representaba el avance del fuego que terminó finalmente por consumir el pueblo. Se realizaron además evacuaciones preventivas en otros sectores y se controló el ingreso de personas a los mismos no solo con el fin de facilitar el combate contra el fuego, sino también de proteger la vida de los habitantes del lugar, donde se priorizó además el resguardo de niños y adul-tos mayores como población más vulnerable ante la emergencia.



ү Derecho a la vivienda

Si durante el periodo de emergencia el principio del resguardo de la vida por sobre todas las cosas operó como el objetivo principal, durante el periodo de reconstrucción la idea de reconstruir con mejores condiciones y es-tándares las nuevas viviendas para las personas damnificadas se puede señalar como el eje articulador de esta etapa del proceso.

(...) cuando nosotros acuñamos el principio del reconstruir mejor, la vivienda no puede ser la misma que tenías antes y tienes que aprovechar las oportunidades que te da la etapa actual de nuestro país (Auto-ridad Ministerio de Vivienda y Urbanismo).

En aquellos sectores, que podía coexistir una vivienda de emergencia con una vivienda definitiva, el Mi-nisterio del Interior ofreció viviendas de emergencia, donde eso no era recomendable, se hicieron bonos económicos para que la gente arriende. (...) pusimos una cantidad de dispositivos más diversos y flexi-bles para que las familias pudieran tener soluciones más adecuadas a la realidad que tenían (Autoridad Ministerio de Vivienda y Urbanismo).

Si en las condiciones previas de la Región, la habitabilidad de las viviendas representaba un factor que con-tribuía a la vulnerabilidad de las personas, en esta ocasión el Estado intentó garantizar la protección de este derecho mediante el principio de mantener y mejorar los estándares de calidad de vida en materia de vivienda adaptando, flexibilizando y generando mecanismos que permitieran transformar la tragedia en una oportuni-dad. Desde una perspectiva temporal, se puede señalar que superada la emergencia inicia la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del Ministerio de Desarrollo Social para conocer la cantidad de damnifi-cados tras el incendio y la aplicación de la ficha 2 “Catastro Individual de viviendas afectadas” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para evaluar la magnitud del daño en los diversos sectores. Las personas afectadas por los incendios forestales pudieron postular a los diversos subsidios que operaron como mecanismos para la reconstrucción: banco de materiales, construcción en sitio propio, construcción en nuevos terrenos y adqui-sición de vivienda. Mediante estos dos instrumentos se canalizaron además recursos para la entrega de bonos transitorios de arriendo para los casos en que fuese necesario desocupar los terrenos para construir las nuevas viviendas. En ese sentido se puede observar el cumplimiento de la Directriz C.3.1 y C.2.3: El Estado adopta “me-didas apropiadas que permitan la rápida transición de un alojamiento temporal o intermedio a una vivienda temporal o permanente, cumpliendo con los requisitos de idoneidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

La protección de este derecho también se visualiza en la elaboración de un plan de reconstrucción en la loca-lidad de Santa Olga, el cual fue diseñado en conjunto con una mesa de trabajo en donde se articulan actores sociales públicos, privados y de la sociedad civil organizada.



ү Derecho a la salud física y mental

En cuanto al derecho a la salud física y mental es necesario comenzar haciendo dos distinciones. Primero, entre lo que sucedió en cuanto a salud física por un lado y salud mental por el otro y, segundo, en relación a la emer-gencia y el posterior periodo de reconstrucción. La Directriz B.2.1 del IASC establece que es necesario propor-cionar agua potable, saneamiento y servicios básicos de salud a todas las personas afectadas por algún desas-tre, situación que fue cubierta durante la emergencia, donde, como se mencionó anteriormente, se dispusieron albergues además de comedores y lugares de atención de emergencia para quien lo necesitara y se priorizó la instalación de lugares transitorios para la atención médica en caso de que fuese imperativo. Durante el comien-zo de la etapa de reconstrucción se instaló también en Santa Olga un “saludomo” que cumplía las funciones de la anterior posta. Se proyectó además dentro del Plan de reconstrucción un servicio de asistencia médica con mejores condiciones y de mayor complejidad que el anteriormente existente. En el caso de la salud mental du-rante el periodo de emergencia es posible destacar la labor de psicólogos voluntarios que se acercaron a ofrecer apoyo psicosocial y durante el periodo de reconstrucción se pueden apreciar iniciativas como la realizada por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule que trabajó con estudiantes de segundo ciclo básico, y el apoyo de diversas fundaciones e instituciones. Sin embargo, la percepción bastante generalizada entre los damnificados, es que no se abordó de manera integral la dimensión psico-social, y esto quedó de manifiesto en particular con los grupos más vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores.

(..) vinieron, ahí mismo en la plaza se juntaba gente se iban a una carpa, te ayudaban, pero yo creo que no es lo mismo que hacer un seguimiento, que estar 15 días, 10 días con esa persona, es distinto a tomarla uno o dos días ¿cachai? creo que eso nos falta, nos hace falta... porque al final nosotros cuando nos hablaban de la resiliencia, resiliencia, resiliencia, todos quedábamos así como... y es esto. Es saber sobreponerse, pero por las tuyas, porque no estás recibiendo ningún tipo de apoyo, entonces igual te... de repente te bajonea (Dirigenta Santa Olga).

ү Derecho a la educación

La reconstrucción de escuelas ha formado parte importante también del proceso de reconstrucción y ha opera-do principalmente en la lógica de coordinación con actores no gubernamentales, en particular con el Hogar de Cristo y la fundación Desafío Levantemos Chile. En este sentido se puede apreciar un esfuerzo en la rápida regu-larización de las escuelas afectadas y en generar las condiciones para la normalización del ámbito estudiantil al menos en los niveles pre-básico, básico y medio.

ү Derecho al trabajo

El derecho al trabajo aparece como uno de los temas particularmente complejos que han surgido posterior a los incendios forestales. Junto con el ámbito de vivienda, el sector productivo referido a las plantaciones fores-tales y el trabajo agrícola y ganadero son los más afectados por el efecto del fuego, produciendo altos niveles de pérdida de oportunidades de trabajo, materia prima, herramientas e insumos. Los problemas de vulnerabilidad presentes con anterioridad al desastre también juegan un rol importante en este sentido, ya que la precariza-ción laboral sobre todo en el ámbito forestal que ante la disminución de materia prima ha ocasionado el cierre



de numerosos aserraderos, principalmente de aquellos pequeños y medianos.

El trabajo aparece además como un tema emergente y que ha ido cobrando mayor importancia a lo largo del desarrollo de la reconstrucción. La Directriz C.4.2 del IASC señala que el derecho al empleo debe ser restituido cuando este se vea afectado como consecuencia de un desastre, teniendo las autoridades que adoptar las medi-das apropiadas para ello. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura a través del Instituto de Desarrollo Agrope-cuario (INDAP) ha otorgado bonos de apoyo a agricultores perjudicados con las consecuencias de los incendios.

Esta dimensión, que excede el ámbito de gestión directa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, queda como uno de los grandes temas pendientes de este proceso de reconstrucción. La recuperación y/o adecuación de las fuentes laborales es un tema contingente y en desarrollo, especialmente en el caso de Santa Olga, y no es posible en este momento generar conclusiones certeras. Sí es posible señalar la sensación de incertidumbre que pesa tanto sobre las comunidades, como las autoridades regionales. Como ha señalado el Observatorio Laboral del Maule en una noticia aparecida en su página web sobre el panorama laboral en Santa Olga, la dificultad del proceso radica en la necesidad de pensar en mecanismos que impliquen una reconversión productiva a partir de la cual se elaboren líneas de reconversión laboral a fin de contar con una estrategia integrada de desarrollo:

(…) no basta con una capacitación de seis meses, digamos probablemente y tampoco basta con llegar con un plan de reconversión laboral, o sea es más complejo que eso nos dimos cuenta en el camino sin duda que hay que pensar en una reconversión productiva primero (Entrevistado Observatorio Laboral del Maule).

3.3. Los derechos transversales

ү Derecho a la no discriminación

La no discriminación ha operado como un criterio transversal al proceso de reconstrucción, en el sentido de asegurar el acceso y trato igualitario de las personas damnificadas en las distintas etapas, así como el ejercicio de sus derechos. Se han adoptado también medidas para asegurar no solo la igualdad en cuanto al acceso a soluciones, sino también a la equidad de las mismas, mediante la flexibilización de requerimientos y especifica-ciones cuando estas han sido necesarias.

Las personas entrevistadas perciben haber sufrido episodios de discriminación, pero por lo general se ha trata-do de casos puntuales y que responden más bien a actitudes de personas y situaciones particulares.

ү Derecho a la información

El derecho a la información aparece como uno de los derechos transversales más complejos de resguardar du-rante el proceso de reconstrucción. Esto principalmente porque la alteración de las condiciones normales de las comunidades propicia la emergencia del rumor como medio de transmisión de información, ante el cual existen pocos o nulos mecanismos para su control y aun cuando han existido y se han propiciado instancias informati-



vas para la comunidad éstas no parecen haber resultado suficientes para resguardar este derecho. Los proble-mas para hacer tangible y operacionalizable un concepto como información dificultan también la protección de este derecho, ya que contar con información accesible no asegura que esta sea efectivamente internalizada por las comunidades, sobre todo en procesos donde la emocionalidad tiende a tener gran peso sobre la racionalidad lógica. La percepción general de las personas entrevistadas es que la información recibida durante el proceso ha sido contradictoria y fragmentaria, principalmente en cuanto a cómo funciona el proceso, a quien le corres-ponden determinadas funciones y particularmente a los compromisos de avance y fechas estipuladas para la reconstrucción.

Queda preguntarse también por el rol de la prensa y los medios masivos de comunicación en este ámbito, en tanto la percepción general parece ser negativa con respecto a ellos y al rol que han cumplido durante el proce-so evidenciando una tendencia hacia la sobre exposición de la tragedia y a la espectacularidad por sobre su rol informativo.

ү Derecho a participar y ser consultado

El derecho a la participación aparece de dos formas. Por un lado, se han diseñado mecanismos para facilitar la participación de las comunidades en el proceso y por otro se ha facilitado la coordinación entre actores públicos y privados para enfrentar los diversos desafíos. En el entendido de que en todos los territorios confluye un gran número de actores con intereses diversos, el rol del Estado como coordinador y la participación y gobernanza como principio rector del proceso, ha significado una forma de resguardar y promover este derecho durante la reconstrucción. Si bien existe conciencia que es necesario mejorar y perfeccionar los mecanismos de partici-pación en casos de desastre, este es un objetivo que se persigue y por el que se trabaja no solo desde el ámbito estatal, sino que también desde otros frentes.

ү Derecho a reclamar y ejercer sus derechos

La diversidad de percepciones en torno a este derecho dificulta establecer su garantía, en el sentido de que hay personas que efectivamente ejercieron el derecho a reclamar cuando se les presentó uno o más problemas relacionados al proceso de reconstrucción, existiendo casos en los que recibieron una solución oportuna y per-tinente. A la vez, hay personas que decidieron no reclamar ante alguna situación problemática o que afectara su calidad de vida, debido principalmente a razones como la burocracia en la resolución de un conflicto, la disper-sión geográfica y lejanía respecto a la entidad donde se puede reclamar.

CAPÍTULO 4: Innovaciones, aprendizajes y desafíos | 72


CAPÍTULO 4

Innovaciones, aprendizajes y desafíos



Todo proceso de reconstrucción representa una realidad particular y encierra un conjunto de complejidades enorme; cada definición técnica y política genera ambivalencias, costos oportunidad que a veces se expresan de forma inmediata y a veces se determinan en el mediano y largo plazo. No es nuestra intención, por lo tanto, com-parar catástrofes distintas en magnitud, focalización, naturaleza y tipo de daño generado; sí nos interesa –desde una lógica de proceso– entender cómo se van acumulando aprendizajes entre un evento y otro, y de qué manera éstos se traducen en una mejora en la respuesta del Estado frente a la demanda de las poblaciones afectadas de recuperar no solamente su vivienda, sino también su entorno, sus redes sociales, sus servicios.

Imaginemos el terremoto del 27 de febrero del 2010 –catástrofe que sin duda marca un hito a nivel regional y nacional– como el punto de partida de un ciclo, que tiene su punto culmine en el proceso de reconstrucción posterior a los incendios forestales del verano 2017. Fueron al menos diez los eventos catastróficos que el Esta-do tuvo que enfrentar en este período: el terremoto en el Norte Grande y el incendio de Valparaíso (2014); las inundaciones en el Norte, la erupción del Volcán Calbuco, el aluvión de Tocopilla, el terremoto y tsunami de Co-quimbo (2014); el terremoto de Quellón (2015); el incendio de Playa Ancha, las inundaciones en el Norte Chico (2017) y el aluvión en la Villa Santa Lucía (2017). Fueron una serie de desastres socio-naturales que golpearon duramente las comunidades y que obligaron un despliegue importante del Estado. Sin duda, representaron tam-bién oportunidades de aprendizajes para generar respuestas cada vez más pertinentes en las etapas de gestión de la emergencia y la reconstrucción.

Con todo, y reconociendo la relevancia del componente técnico y la existencia de un conjunto de institu-ciones que intervienen luego de las catástrofes y se rigen por esta lógica, es fundamental reconocer que los procesos de recuperación post desastres tienen siempre atributos políticos. El carácter de una reconstrucción depende siempre de los principios rectores, los énfasis que cada gobierno quiera imprimirle. En algunos casos hemos asistido a la búsqueda de experticias externas a los territorios para solucionar los problemas y, en otros, a la valoración de la participación ciudadana y la adaptación a la realidad local como ejes fundamentales. En todos estos casos, se trata de definiciones que tienen infinitas repercusiones y que dependen también del punto de vista del observador/protagonista; se entremezclan y conviven así la angustia y las ansiedades de las comu-nidades golpeadas, la vocación de servicio de los funcionarios públicos, la presión de los organismos internacio-nales, el oportunismo de los falsos damnificados, las rigideces de la institucionalidad pública, el voluntarismo de los actores privados que quieren apoyar, y un largo etcétera.

Entendemos que es imposible abarcar en un estudio como el nuestro toda esta complejidad, y sin embargo queremos tratar de sistematizar –esencialmente desde la perspectiva del Estado y considerando en particular el rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo– el conjunto de aprendizajes e innovaciones que se generaron en el contexto del proceso de reconstrucción posterior a los grandes incendios forestales del verano 2017.



Promover la mejora de los procesos de respuesta ante catástrofe, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las comunidades golpeadas (y antes que eso, expuestas al riesgo), significa necesariamente asumir un enfo-que vinculado a los aprendizajes. Reforzar las buenas prácticas y proponer una crítica constructiva es parte de este ejercicio y la participación de los actores protagonistas en estas definiciones es vital. Este capítulo, asume por lo tanto un foco vinculado a la experiencia de quienes –en su calidad de autoridad, funcionario público o experto– han sido parte de los procesos de reconstrucción post catástrofe en los últimos años. Asume también una perspectiva nacional: si recurrimos nuevamente a la imagen del ciclo que se abre con el terremoto del 27F y se cierra con los incendios forestales, entendemos que también –y sobretodo– las experiencias acumuladas en otras regiones del país, han tenido un impacto sobre la gestión de la reconstrucción en el caso específico de análisis, en la Región del Maule.

4.1. Del 27F a los incendios forestales: los avances y las innovaciones

Las entrevistas realizadas durante el estudio y la revisión de información secundaria, nos han permitido gene-rar un interesante cuadro que –si bien incompleto– logra explicitar los principales avances que el Estado (y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en particular) ha generado a nivel nacional para enfrentar los procesos de reconstrucción post catástrofe.

El primer elemento que queremos destacar es la existencia de principios rectores claros, vinculados a la consigna “reconstruir mejor”; consigna que no solamente se refiere a la calidad de las etapas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, sino que tiene un alcance mayor, ligado a la reducción del riesgo de futuros desastres. En términos concretos, aparecen cuatro principios fundamentales como guía: oportunidad, calidad, pertinencia y participación. El primero (oportunidad) hace referencia a la conexión necesaria entre el proceso que viven las comunidades damnificadas y los tiempos en la toma de decisiones y la implementación de las diferentes soluciones ofrecidas desde el Estado. El segundo (calidad) explicita la necesidad de estándares téc-nicos mínimos de las soluciones habitacionales. El tercero considera el nexo a generar entre la reconstrucción y el tipo de daño, la naturaleza de los territorios y las comunidades, así como las oportunidades y los recursos que brinda el entorno local. Finalmente, el cuarto (participación) apela a la importancia del involucramiento de los afectados en el catastro, diagnóstico, planificación, implementación y evaluación de la reconstrucción, pero también de las pequeñas unidades productivas locales como protagonistas del proceso.

En este marco, un interesantísimo documento de trabajo11 de la Comisión Asesora de Reconstrucción del MINVU12 (2018) nos permite identificar con claridad los avances generados a partir del año 2014, que ha tenido como característica de fondo la mayor integración del enfoque de gestión del riesgo de desastre en las políticas públicas. Se visualizan aquí tres grandes vertientes: prevención, respuesta ante la emergencia y reconstrucción.

11 Se trata de un documento interno que no ha sido publicado.12 CARMINVU en adelante.



PREVENCIÓN

En este ámbito, el propósito fue “reducir factores de riesgo en el ámbito de la planificación urbana, el ordena-miento territorial y la infraestructura” (MINVU, 2018, p. 4).

En planificación urbana y ordenamiento territorial:

• Promulgación de la Ley N° 20.884 de 2015, que faculta a la “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para establecer condiciones de diseño, resistencia y seguridad de las edificaciones para mitigar los efectos de inundaciones o situaciones similares definidas en los Planes Reguladores Comunales” (CARMINVU, 2018, p. 1);

• Promulgación del Decreto Supremo N° 19 del 2015 (MINVU) que per-fecciona normas sobre áreas de riesgo en la Ordenanza General de Ur-banismo y Construcciones.

En infraestructura y edificación:

• Revisión y actualización de la normativa técnico constructiva;

• Consideración de recursos especiales en nuevas soluciones habitacio-nales para “mitigar riesgos y enfrentar amenazas (subsidios para ha-bilitación de suelo, construcción de fundaciones especiales y muros de contención)” (CARMINVU, 2018, p. 1);

• Desde el año 2011 la Ordenanza General de Urbanismo y Construc-ciones “contempla normas especiales y procedimientos simplificados para permisos que se requieran en zonas declaradas afectadas por ca-tástrofe” (CARMINVU, 2018, p. 1);

• Aprobación de la norma NCh 3394 del 2016, “destinada a establecer condiciones de diseño y ejecución de proyectos dispuesto sobre suelos salinos” (CARMINVU, 2018, p. 1);

• Aprobación de la norma NCh3363 del 2015, sobre “diseño estructural y edificaciones en áreas de riesgo de inundación por tsunami o seiche” (CARMINVU, 2018, p. 1).



13 Junto a la ONEMI son los actores institucionales de mayor relevancia en la gestión de la emergencia, fase en que el MINVU tiene responsabilidades menores. Inicialmente cada institución tenía instrumentos paralelos para identificar damnificados y daños; luego de los incendios se operó con una plataforma común e integrada.

14 La Ficha Básica de Emergencia (FIBE), tiene por objetivo levantar información detallada de los grupos familiares, para dar apoyo en la respuesta de la emergencia. Este instrumento es parte del Sistema de Evaluación de Daños y Necesidades reconocidos por el Estado de Chile para situaciones de emergencias, desastres y catástrofes (DS. 156 del 2002 y D.S. 697 del 2015) y reemplaza la anterior Encuesta Familiar Única (EFU) (MIDESO, 2018).

15 La Subsecretaria de Interior instruyó a todos los Ministerios que desarrollan Planes de Respuesta.16 El Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo nace el año 2006 como una

forma de mejorar la calidad de vida de las personas a través de un proceso participativo que involucra al municipio y la propia comunidad beneficiada, permitiendo así la recuperación de los espacios públicos, el equipamiento y el fortalecimiento del tejido social (MINVU, 2018).

Respuesta ante la emergencia

• Coordinación intersectorial con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Desarrollo Social,13 para la identificación de los damnificados a través de la Ficha Básica de Emergencia14 (FIBE) y el posterior seguimiento, hasta la obtención de la vivienda definitiva;

• Fortalecimiento de la estructura institucional para la gestión de riesgo, mediante la generación de protocolos de respuesta frente a desastres y la ejecución de un programa de formación para todos los equipos regionales;15

• Incorporación del enfoque de Reducción del Riesgo de Desastre en la estrategia de intervención del Programa Quiero Mi Barrio.16

RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA

En este ámbito, donde el MINVU tiene menores responsabilidades en la gestión del desastre, el documento se-ñala diversos avances, vinculados al fortalecimiento de la capacidad institucional de reacción frente a eventos destructivos (MINVU, 2018, p. 4):



Reconstrucción • Fortalecimiento de la lógica de articulación entre actores (intersectorialidad) para el desarrollo de los procesos de reconstrucción; “ante la necesidad de aten-der a todos los damnificados y llegar a todos los territorios, se produce además la incorporación de nuevas entidades patrocinantes, empresas constructoras, pro-veedores locales, y se fortalece el vínculo con las Direcciones de Obras Municipa-les”;

• Diseño de planes de reconstrucción cuyo propósito sea “atender de manera coor-dinada, eficaz y oportuna, las situaciones urbano – habitacionales derivadas de emergencias y/o catástrofes” (CARMINVU, 2018, p. 2), y basados en los princi-pios de seguridad, calidad, intersectorialidad y participación;

• Flexibilización de los instrumentos basados en la política habitacional (subsi-dios) y mejoramiento de las soluciones habitacionales entregadas (calidad de viviendas reparadas y reconstruidas): mayor estándar constructivo y superficie; adecuación a normativas térmicas, acústicas y de resistencia al fuego; incorpora-ción de soluciones sanitarias especiales y uso de artefactos de eficiencia energé-tica; Servicios de Asistencia Técnica para el desarrollo de proyectos e inspección de obras;17

• Construcción, reposición y mejoramiento de la infraestructura urbana y barrial; el desastre adquiere así una dimensión colectiva y se pone mayor atención en el desarrollo de proyectos de ciudad y barrio, inversión en rehabilitación vial, infraestructura y espacios públicos, construcción de infraestructura para reducir riesgos.

RECONSTRUCCIÓN

Es este ámbito, se consideraron las mejoras a las “estrategias, planes e instrumentos destinados a reconstruir bajo el principio de reponer y mejorar” (MINVU, 2018, p. 4):

17 En el caso de la reposición de viviendas, el trabajo se realizó con los estándares vigentes (normativa constructiva, estándar de diseño y espacios); en el caso de las reparaciones (más complejo), elevando el estándar de las viviendas y haciéndose cargo de vulnerabilidades preexistentes (incumplimientos normativos y defectos constructivos anteriores).



18 En términos conceptuales diferimos de esta definición, pero entendemos que se vinculó al proceso de “urbanización” del sector.19 Cabe destacar que la incorporación de varias innovaciones comenzó en procesos anteriores (desde los incendios de Valparaíso,

específicamente), cuando se comenzó a considerar como principio central la pertinencia del proceso de reconstrucción.

4.2. La reconstrucción post incendios forestales: innovaciones

El conjunto de mejoras que describimos en el apartado 4.1. son frutos de la acumulación de experiencias desa-rrolladas a nivel nacional, y que –junto a las voluntades y competencias regionales– permitieron abordar el pro-ceso de reconstrucción posterior a los incendios forestales de manera más integral. Como ya comentamos más arriba, nos interesa –más que comparar los procesos posteriores a catástrofes muy distintas como el terremoto del 2010 y los incendios– analizar las innovaciones que a siete años de distancia se han integrado a la gestión del desastre en una etapa específica, la de reconstrucción.

Vale la pena recordar que los territorios afectados por el mega incendio fueron esencialmente rurales, y que en términos operativos se generaron dos grandes categorías para la intervención: por un lado, la que se deno-minó “reconstrucción urbana”18 (Santa Olga, Altos de Morán y Los Aromos) y por otro, la “ruralidad dispersa”.

Esta concentración del daño en los sectores rurales sin duda facilitó la focalización de los recursos, el des-pliegue de estrategias más pertinentes y la flexibilización de los instrumentos disponibles; al contrario, la mag-nitud del evento y la transversalidad del daño causado por el terremoto, dificultó una respuesta más integral por parte del Estado. En ese entonces, la relocalización de un número muy importante de damnificados (tanto urbanos como rurales) y la lentitud de la recuperación en contexto rural fueron quizás los mayores problemas evidenciados por el modelo de reconstrucción (Letelier y Boyco, 2011; Gac y Micheletti, 2013; Concha et al., 2015; Micheletti y Letelier, 2015; Micheletti et al., 2017).

En este sentido, según Micheletti y Letelier “las políticas públicas post terremoto operaron en Chile a través de la institucionalidad existente financiando la reposición de viviendas, sin hacerse cargo de las complejidades que significaba la reconstrucción de un hábitat, entendido como un patrimonio, con tecnologías, formas y há-bitos propios” (2015, p. 53). Los autores definieron como “neoliberal” el carácter de ese modelo de reconstruc-ción, que se condujo desde una perspectiva centralista, sectorial y urbana. Sin ahondar en el análisis específico del caso del 27F, vale la pena mencionar como “la dificultad en la captación de la demanda, su dispersión y las dificultades de acceso y comunicación en la zona rural, hicieron que reconstruir en el campo no representara un negocio atractivo para los actores privados. Ahora bien, en los casos en que los damnificados rurales fueron atendidos por el mercado, se develó la poca pertinencia ecológica e identitaria de la oferta habitacional subsi-diada por el Estado, tratándose de viviendas que poco tenían que ver con el tipo de uso y los tamaños tradicio-nales” (Ibíd, p. 54).

En cambio, el modelo de reconstrucción utilizado desde el 2017 presenta un carácter distinto. El análisis que realizamos, de hecho, da cuenta de la existencia de un conjunto de innovaciones que se han implementado para la reconstrucción posterior a los incendios, y que han generado –a nuestro parecer– un impacto positivo.19

No nos detendremos en el análisis de la etapa de emergencia, sin embargo, nos parece relevante mencionar de todos modos la mejor coordinación que se pudo apreciar durante el catastro de daños y damnificados en el uso de los instrumentos, la ya mencionada Ficha Básica de Emergencia (aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social) y la Ficha 2 (aplicada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo). La identificación de falsos damnifica-



20 Se trata de un apoyo monetario que el Estado otorga para ayudar a las familias damnificadas por el desastre, con el objetivo de reponer bienes destruidos y favorecer el retorno a la normalidad.

21 Contraloría informó que tras el incendio de Santa Olga en enero de 2017 se constataron un total de 18 falsos damnificados ins-critos en los registros oficiales: (https://www.24horas.cl/nacional/contraloria-detecta-a-18-falsos-damnificados-en-santa-ol-ga-que-recibieron-beneficios---2808429).

22 Cabe destacar en este caso la importancia de la coherencia en la calificación de damnificados que hacen todas las instituciones; las ayudas para recuperar medios de vida (ayuda humanitaria y medios económicos), y la condición de damnificado habitacional, no siempre son fáciles de conciliar, y es fuente de complejidades (por ejemplo, falsos damnificados y aprovechamiento para resolver problema de allegamiento y ocupación irregular de viviendas). Es un tema a discutir en el futuro ¿la catástrofe, es el momento para resolver todos los problemas habitacionales preexistentes? ¿A qué damnificados debe atender el Estado?

23 Cabe recordar que el trabajo de identificación y catastro de los damnificados post 27F fue un aspecto crítico no solamente por la magnitud del desastre, sino también –según consigna la Delegación Presidencial para la Reconstrucción (2014)- porque los datos oficiales disponibles en ese entonces acusaban “falta de actualización y correcta referencia, inconsistencia en las estadísticas, in-formación incompleta, estándares de medición diferentes para un mismo sector, existencia de múltiples instrumentos de registro que no “conversan”, con las consecuentes diferencias entre el nivel comunal, regional y nacional que superan el error estadístico aceptable” (Ibid, p. 27).

dos y un cierto número de Bonos de Enseres20 pendientes de entrega21 representan sin duda aspectos a mejorar en la gestión;22 sin embargo, no empañan el avance realizado en materia de diseño de instrumentos de catastro y coordinación intersectorial para la aplicación.23

Las dimensiones que más nos interesa analizar son la de reconstrucción de viviendas y la de gestión del proceso, que están vinculadas directamente al quehacer del MINVU.

Innovaciones en la gestión del proceso

• El proceso fue guiado por la consigna “reconstruir mejor”, y se basó en los principios de oportunidad, calidad, pertinencia y participación;

• Se nombró un Delegado Nacional de Reconstrucción producto de Incendios Forestales en las Regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, cargo similar a los Delegados Presidenciales de 2014 por el Incendio en Valparaíso y Terremoto Norte Grande. Esta figura fue muy relevante, ya que aseguró la coordinación entre institucionalidad pública, privada y comunitaria, y operó como enlace entre la realidad regional y equipos nacionales;

• El liderazgo del proceso de reconstrucción de Santa Olga (reconstrucción ur-bana) estuvo a cargo de una Mesa de Trabajo, que reunió a diferentes actores estatales, privados y de la sociedad civil;

• Para los casos de “ruralidad dispersa” se nombró un coordinador regional, a cargo de un trabajo muy personalizado de atención y seguimiento;

• Existió una alta participación de la estructura descentralizada del MINVU;

• El plan de reconstrucción fue desarrollado por el Estado y con un fuerte com-ponente de participación comunitaria.



24 El subsidio permitía arrendar o financiar el allegamiento (aportar económicamente al hogar que acoge).

Reconstrucción de viviendas

• Se utilizaron técnicas participativas para el catastro de damnificados y de daño, como por ejemplo el mapeo colectivo y los recorridos comentados;

• Los sistemas regulares de subsidios suspendieron los criterios socio-económi-cos de focalización;

• El subsidio Banco de Materiales, para la reparación de viviendas dañadas per-mitió la compra de materiales distintos a los contemplados inicialmente (flexi-bilización del instrumento);

• El criterio general para el caso de Santa Olga fue reconstruir en los mismos te-rrenos (incluyendo a los afectados que no tenían regularizada la propiedad), y evitar así procesos de relocalización;

• En el caso de Santa Olga, se definió generar una etapa de transición hacia la vivienda definitiva que no considerara soluciones de emergencia colectivas y tampoco la instalación en los mismos terrenos; se permitió solamente la insta-lación de una vivienda de emergencia de alto estándar (24 m2, con forro interior, instalación eléctrica, conexión a redes). Esto, para evitar problemas vinculados a la seguridad, hacinamiento, etc.; se optó así por la creación de un Bono de Arriendo24 que les permitió a las familias relocalizarse temporalmente, a la es-pera de términos de las faenas de reconstrucción;

• Se generaron una serie de adecuaciones y flexibilizaciones normativas para la construcción de las viviendas definitivas, sobre todo en las áreas de mate-rialidad, distribución de los espacios e implementación de artefactos. Las ade-cuaciones estuvieron inspiradas principalmente en un criterio de pertinencia: adultos mayores y modos de vida rural;

• El monto de los subsidios incentivó la participación de pequeños y medianos contratistas locales como “motor” de la reconstrucción en la ruralidad dispersa;

• Se coordinó y dirigió el aporte de entidades privadas, destinadas a damnifica-dos que no eran objeto de subsidios.



4.3. Los aprendizajes

Las entrevistas realizadas nos permitieron recoger la percepción de algunos expertos, funcionarios públicos, autoridades y ex autoridades también en relación a los aprendizajes que permitió el actual proceso de recons-trucción, tanto desde la perspectiva de la gestión del territorio –es imprescindible considerar las formas de pro-ducción silvícolas utilizadas en las áreas del siniestro como un elemento determinante de la catástrofe– como de la gestión del proceso de reconstrucción.

1. En primer lugar, los distintos actores asumen que hoy las comunidades y los territorios están expuestos de forma permanente al riesgo y que existen además un conjunto de nuevos riesgos asociados al cambio climático que hay que enfrentar, como, por ejemplo, las sequías;

2. Luego, emerge la consideración de la necesidad de avanzar en la aplicación de los instrumentos de orde-namiento y gestión del territorio, sobre todo en contexto rural, y también la idea de que debiera existir un correlato entre la gestión de desastre y la adecuación de las herramientas de planificación. En este sen-tido, iniciativas como el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones –con el objetivo, entre otros, de regular la interfaz rural/urbana25– son iniciativas importantes de discutir;

3. Frente a las catástrofes, aumenta cada vez más la exigencia de una respuesta oportuna y de calidad por parte de la población afectada; esto significa incorporar estándares cada vez mayores a la gestión de la emergencia y la entrega de soluciones habitacionales;

4. Aparece como aprendizaje la necesidad de focalizar –cual elemento central de las catástrofes que afectan la matriz productiva de un territorio– el tema de la recuperación o readecuación de las fuentes laborales; se trata de un aspecto crítico y paradigmático en el caso de Santa Olga, donde el recurso que sostiene económicamente la población es el mismo que la amenaza. Se releva entonces la importancia de crear una sintonía entre el proceso de reconstrucción y la estructura económica local;26

5. En este sentido, una lección importante que deja el proceso es que es posible confiar en las pequeñas y medianas unidades productivas establecidas a nivel local, para enfrentar procesos de recuperación post desastres; nos referimos especialmente al trabajo de contratistas que han permitido abordar los casos de ruralidad dispersa;

6. Una vez más, se corrobora el valor de la participación de la comunidad afectada en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las soluciones generadas. La génesis, diseño y gestión del Plan Urbano de Reconstrucción de Santa Olga representa en este caso una buena práctica que merece ser analizada en profundidad y replicada –oportunamente adecuada– en otros contextos; en los sectores rurales disper-sos, los instrumentos se definieron escuchando a la comunidad, con especial atención a las dificultades que enfrentaban los adultos mayores, la irregularidad de la tenencia de los terrenos, los casos de vivien-das emplazadas al interior de terrenos del empleador, el vínculo con pequeñas empresas locales, etc.

25 Aspecto que fue determinante en el incendio que consumió Santa Olga.26 En el caso de Santa Olga representa un tema particularmente sensible. Es posible que una vez reconstruido el poblado, no exista

plena ocupación y la permanencia en el sector de cierto número de familias dependa del acceso a un empleo.



7. Se sienta definitivamente también la idea de que es necesario regular y articular la participación de los actores privados –que sin duda representan un aporte importante– en los procesos de reconstrucción; el Estado puede y tiene que asumir el rol de liderazgo de los procesos de reconstrucción, y diseñar las con-diciones en las que empresas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, grupos de voluntaria-dos, etc. participan en ello. De lo contrario, el riesgo es que se genera una red difusa de actores que tomas decisiones y la existencia de criterios y estándares dispares, que en el mediano plazo generan problemas cuantiosos, especialmente para las comunidades.

4.4. Los pendientes: algunas sugerencias y recomendaciones

La sistematización del proceso de reconstrucción post incendios forestales en la Región del Maule es un proceso de investigación que ha permitido recopilar una cantidad importante de información, cuyo análisis tiene que profundizarse. Estas recomendaciones representan, por lo tanto, una primera aproximación a la comprensión de la experiencia.

En primer lugar, creemos fundamental recalcar la imposibilidad de entender en su complejidad los sinies-tros del verano pasado y el posterior proceso de reconstrucción –todavía en desarrollo– sin detenerse en una reflexión inicial: el modelo productivo vinculado al monocultivo de especies forestales exóticas, que hoy día ca-racteriza el paisaje del secano maulino, es frágil (en relación a su sostenibilidad económica y socio-ambiental) y peligroso (por su capacidad potencial de producir desastres). Obviar este punto sería un intento torpe por evitar uno de los mensajes más claros que esta catástrofe nos vuelve –una vez más– a recordar: los territorios que no se piensan, que no se construyen pluralmente, que no se administran, están expuestos a tendencias entrópicas u homogeneizadoras (dependiendo del/de los actor/es que ejerce/n más poder) que los vuelven riesgosos. El llamado es entonces a tomar con responsabilidad la tarea que tiene el Estado de planificar; pero también, nos interesa reforzar la idea que tanto las empresas como las comunidades tienen un rol –derechos y deberes– en la construcción de entornos que tengan funciones productivas y habitacionales compatibles con el medioambien-te y las actividades humanas.

A partir de esta constatación, surgen otras cuestiones vinculadas específicamente con la reconstrucción. La que tal vez tenga mayor contenido político, se refiere al rol del Estado. Desde nuestra perspectiva, este proceso mostró una voluntad estatal distinta a la que enseñó luego del 27F, que sería importante profundizar y que pre-senta dos vertientes principales.

La primera nos propone –con todas las dificultades y precariedades que puedan haberse dado en la fase operativa– la imagen de un Estado que lidera el proceso de reconstrucción, que articula actores, que consulta la comunidad. Evidentemente sigue habiendo en este ámbito ciertos desafíos, como la regulación – siempre di-fícil– del actuar de actores privados que desde una perspectiva filantrópica tensionan la estructura del proceso de reconstrucción27 o como el manejo de la información y los aspectos comunicacionales, considerando que las líneas editoriales de muchos medios locales y nacionales aportan muy poco en este ámbito.

27 La capacidad normativa, regulatoria, permitió durante este proceso definir reglas de participación privada, con fuerte conducción del mandante (el Estado – la ciudadanía).



La segunda, es la imagen de un Estado que confía más: en su misma estructura descentralizada, en las capaci-dades de los funcionarios públicos, en las mismas comunidades afectadas y en las pequeñas y medianas empre-sas regionales. En este sentido, se trató de una apuesta mayor: en el caso de un sistema tan centralizado como el chileno, el éxito del proceso pasa a depender de la existencia de equipos regionales calificados y competentes.

Como puntos a parte tenemos que tratar dos temas que han surgido con fuerza en el proceso de análisis y que a todas luces requieren ser considerados para futuros procesos de reconstrucción. El primero se refiere a la ausencia de un plan de contención y acompañamiento psico-social a las víctimas del incendio, que considere no solamente la etapa de emergencia. En este sentido, experiencias anteriores28 muestran la necesidad de generar un seguimiento también cuando las personas vuelvan a localizarse en Santa Olga, para favorecer la recuperación del tejido social, la nueva negociación de las normas básicas de convivencia, la relación entre vecinos y el uso de los espacios y equipamiento comunes.

Por otro lado, existe desde nuestro punto de vista un pendiente importante vinculado a la integración del enfoque de género al proceso de reconstrucción. Hay que considerar que los liderazgos sociales que emergen –tanto formales como informales– en este tipo de situaciones son esencialmente femeninos, y esto requiere en-tonces de un trabajo específico. Pero, sobre todo, a la hora de generar soluciones habitacionales y de otra índole, es importante fortalecer una perspectiva que permita reconocer diferencias a nivel de género. Temas como la violencia hacia las mujeres, la exclusión desde algunos espacios laborales o eventuales problemas en el ámbito de salud se pueden exacerbar a partir de la toma de decisiones poco integrales. En una situación de desastre, y tal como plantea Castro García (2005, p. 2, cit. en Agrupación de Mujeres del Maule, 2012, p.16) esta diferencia genérica “afecta directamente el desarrollo de la participación de las mujeres, ya que a pesar de que las mujeres dedican gran parte de su tiempo en las tareas de cuidado y de administración de sus hogares, tienen, además, una mayor disposición para ejercer adicionalmente una doble y hasta triple jornada de trabajo cotidiano: asala-riado, activismo político, sindical y como participante dentro de los grupos voluntarios de la comunidad, lo cual no siempre es plenamente valorado y reconocido”.

28 Son evidentes los problemas de convivencia que han vividos muchas comunidades que luego del terremoto se conformaron bajo la modalidad de las Construcciones en Nuevos Terrenos (CNT); para hacer frente a los casos más complejos, a partir del 2014 la Delegación Presidencial para la reconstrucción y el FOSIS adaptaron el programa “Acción en Comunidad” y lo implementaron en diferentes comunas de la Región Metropolitana, del Libertador O’Higgins, del Maule y del Biobío.

Conclusiones | 85

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN POST INCENDIOS FORESTALESSISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN POST INCENDIOS FORESTALES

Para concluir esta síntesis de resultados, y conscientes de que el proceso de reconstrucción no ha terminado y no se acabará hasta que el último damnificado cuente con una solución definitiva, queremos volver al origen del estudio. Creemos que las hipótesis que arriesgamos en un comienzo (no obstante, las complejidades concretas propias de una experiencia como ésta) han encontrados confirmación. A pesar de los posibles errores, de algu-nas descoordinaciones y de un conjunto de ámbitos donde quedan pendientes importantes, la sistematización da cuenta de que efectivamente hubo un esfuerzo del Estado, orientado a resguardar los derechos humanos de las comunidades afectadas en la etapa de emergencia y reconstrucción posterior a los incendios forestales en la Región del Maule. Pero, sobre todo, corroboramos que en la medida en que el Estado asume el liderazgo que le es propio en un contexto de catástrofe, estas garantías se incrementan.

La nuestra es una consideración técnica, pero también política. El modelo de reconstrucción que se adoptó luego del terremoto del 27F nos había mostrado un Estado endeble, sobrepasado no solamente por la magnitud de la catástrofe sino también por los intereses individuales de los actores privados que regulan el mercado de la vivienda y el suelo. Esta experiencia de reconstrucción, nos permite entonces volver a encontrarnos con ciertas señales importantes, que nos hablan de un Estado más atento a no re-victimizar a los damnificados del desas-tre, más flexible y abierto a la participación, más confiado en las capacidades de sus autoridades locales, de la comunidad y de las pequeñas y medianas unidades productivas.

Queremos decir esto con el respeto que merecen las víctimas de este desastre y sus vivencias tan íntimas y particulares, que en algunos casos las harían disentir de muchas de nuestras conclusiones. Esperamos, humil-demente, que este trabajo ayude a la reflexión sobre la gestión del riesgo de desastres, propiciando la consolida-ción de estándares mínimos a respetar durante los futuros procesos de reconstrucción, sobre todo en ámbitos tan sensibles como los derechos humanos, la adaptación y flexibilización de los instrumentos estatales de inter-vención, el rol de las comunidades, etc.

De todos modos, y para cerrar, no hay que eludir el gran tema de fondo que los incendios han iluminado; este desastre, como la mayor parte de los desastres, tiene un origen mucho más antrópico que natural. No nos referimos con ello a los eventuales pirómanos que hayan multiplicados los focos en el seco verano del 2017, sino a la gran deuda que tenemos como sociedad en relación a cómo construimos y gestionamos los territorios que habitamos, especialmente en los sectores rurales.

Conclusiones

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https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/DPM-10-2014-0201

https://www.cepal.org/es/publicaciones/5749-politicas-publicas-la-reduccion-la-vulnerabilidad-frente-desastres-naturales

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SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN POST … · 2018-10-06 · La línea de tiempo:...

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