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GeoGrafía de riesGos i

Censura, silencio y miedo. El norte

mutilado

Sociedad interamericana de PrenSa Todos los derechos reservados 2010

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PresidenTe Juan Francisco ealy ortiz. El Universal, México, dF

vicePresidenTe Ulilo acevedo. Hoy Diario del Magdalena, santa Marta, colombia

MieMbros roberto rock. El Universal, México, dF carlos Salinas. El Diario de Coahuila, saltillo, coahuila, México Heriberto cantú deándar. El Mañana de Nuevo Laredo, nuevo laredo, México alejandro domínguez. Diario La Nación, asunción, Paraguay miguel Franjul. Listín Diario, santo domingo, rep. dominicana miguel Henrique otero. El Nacional, caracas, venezuela

Louis m. “Skip” Perez. The Ledger, lakeland, Florida robert rivard. San Antonio Express-News, san antonio, Texas clemente Vivanco Salvador. Diario La Hora, Quito, ecuador John Yearwood. The Miami Herald, Miami, Florida

cargos ex oFicio: vicePresidenTes regionales de coMisión de liberTad de Prensa Para:

BraSiL Sidnei Basile. Grupo Abril, são Paulo, brasil

coLomBia maría elvira domínguez. El País, cali, colombia

méxico Juan Fernando Healy. el imparcial, hermosillo, México

investigación y redacción: maría idalia Gómez / darío Fritz diseño: www.dijard.com

Foto de portada: José Luis camarillo

México, dF, septiembre de 2010. copyright sociedad interamericana de Prensa

AUTORIDADES SIp

PresidenTe honorario viTalicio Scott c. ScHUrZ

Herald-Times bloomington, indiana

PresidenTe aLeJandro aGUirre

Diario Las Americas, Miami, Florida

1er. vicePresidenTe GonZaLo marroQUin

Prensa Libre, guatemala city

2do. vicePresidenTe miLton coLeman

The Washington Post Washington, dc

Tesorero eLiZaBetH BaLLantine

The Durango Herald durango, colorado.

secreTaria Jaime mantiLLa

Diario Hoy Quito, ecuador

direcTor ejecuTivo JULio e. mUÑoZ

Ph d director ejecutivo

sociedad interamericana de Prensa

cOmISIón ImpUnIDAD AUTORIDADES

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PresenTación ...................................................................................................................................4

Tijuana: el eQuilibrisTa enseña a sobrevivir ............................................................... 7

chihuahua: donde los críMenes son Más Que esTadísTicas ..............................13

sinaloa asoMa la cabeza Para no claudicar ...........................................................23

jusTicia ausenTe. cuaTro casos eMbleMáTicos ........................................................29

Índice

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Nadie puede negar el estado de emergencia que vive México por los constantes ataques a periodistas y medios de comunicación. Los nú-meros lo pueden explicar, más de 60 muertos en los últimos años. La impunidad también: en más de 90 por ciento de los casos la justicia

no ha puesto a los agresores tras las rejas.

El narcotráfico mata, secuestra y desaparece comunicadores. Disparan o lan-zan granadas a las instalaciones de medios. Trata de extorsionar y manipular la información definiendo líneas editoriales. No todo tampoco, es responsabi-lidad de narcotraficantes. Hay policías de todos los niveles inmiscuidos en es-ta trama de corrupción y crimen. También militares que impiden el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

Hay un Estado que por sus acciones se ve ajeno, despreocupado carente de voluntad por este grave problema.

Ejercer la libertad de expresión no sólo es declamarla, sino aplicarla y ha-cerla común a todos. Las democracias pierden razón de ser sin ella. Por eso las sociedades deben incorporarse a exigirla y practicarla cuando es puesta en entredicho y pisoteada, de lo contrario caerá muy pronto en el olvido.

La Geografía de Riesgos 2010 que presenta la SIP es un proyecto integral y de gran envergadura, que documentará y exhibirá todo aquello que cerce-na la libertad de expresión en México y que representa la fuente de riesgo pa-ra los periodistas. En sus páginas mostrará cómo las redacciones de los me-dios de comunicación deben inhibirse de publicar o buscar forman distintas de hacerlo ante las agresiones a las que están sujetos, cómo el miedo parali-za a sus profesionales, cómo se lavan las manos las autoridades investigadoras, cómo las víctimas están desvalidas, cómo los propios medios y personal nece-sitan trabajar unidos y en solidaridad.

Presentación

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El trabajo implica un recorrido por más de la mitad de los 32 estados mexi-canos para conocer in situ esa realidad, testimoniar los casos, explicar con-textos de violencia, aplicar encuestas y solicitar de manera formal a las autori-dades toda la información que exista sobre las investigaciones de los casos de periodistas asesinados. Dividido en tres etapas (norte, centro y sur), el proyec-to de un año de trabajo y que cuenta con la financiación generosa de la Knigth Foundation, generará información actual, en diferentes formatos: texto, audio-visual y sonoro, y permitirá explicar con detalle riguroso la fuente de riesgos que afronta la cobertura informativa en cada estado mexicano y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

La presentación que se entrega aquí es parcial, y sólo abarca una parte sus-tancial de tres estados del norte del país (Baja California, Chihuahua y Sina-loa), como un adelanto de la variedad de información que condensará.

Esta Geografía de Riesgos permite reafirmar en la SIP su propuesta de los últimos años, en el sentido de que para disminuir las agresiones a periodistas y medios en México, se requiere de parte de Estado una real voluntad para la adopción de políticas coherentes, integrales y consistentes.

La primera tiene que ver con la federalización de este tipo de crímenes, es decir dejar en manos de la procuración de justicia federal las investigaciones de los casos para remitirlo a jueces federales, con el fin de sacarlos del ámbito local, contando para ello con una fiscalía sólida, con recursos y voluntad.

En segundo lugar porque se requiere la no prescripción de los crímenes.Por último, que las acciones criminales no solo se castiguen con toda la fuer-

za de la ley, sino con imposiciones de condenas ejemplares, sin que sean suje-tos de beneficios de libertad anticipada.

Los persistentes actos intimidatorios y de violencia contra periodistas y me-dios de comunicación han despertado en tiempos recientes una razonable ex-presión de indignación y de respuesta para decir basta a tantos atropellos. Los periodistas y editores se han manifestado por las calles de varias ciudades del país para reclamar por la libertad de expresión, y algunos medios han hecho saber a través de sus editoriales que ya no se puede seguir con esta situación de arbitrariedades contra las garantías constitucionales para ejercer nuestro trabajo.

Corresponde a todos poner un alto.

RicaRdo TRoTTiDirector del Instituto de Prensa.

Miami, septiembre de 2010.

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tiJUana el equilibrista

enseña a sobrevivir

Foto: GUiLLermo ariaS

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Los riesgos para la cobertura pe-riodística en Tijuana se asemejan a su orografía de cerros y valles que suben y bajan en oleadas. Por distintos momentos los torrentes

de violencia e incertidumbre para el ejercicio periodístico se vivieron en los años 90 duran-te el auge y apogeo de los hermanos Arellano Félix en la ciudad.

Las disputas internas del Cartel de Tijuana por el control de esta estratégica ciudad sal-dada en una pelea despiadada que dejó 1.500 muertos entre 2008 y 2009, se aventura como la última cresta de la ola que mantenía a pe-riodistas y medios, al igual que a la mayoría de los tijuanenses, con la guardia en alto.

La tranquilidad llegó en enero de 2010 cuando Teodoro García Simental, alias El Teo, instigador de unos 600 asesinatos en la zona, autor de la mayoría de las extorsiones y secuestros en el área de Tijuana, y conocido por reducir en ácido los cuerpos de sus víc-timas, fue detenido por policías federales en la ciudad de La Paz.

En medio de una batalla de terror donde la disputa se mostraba en secuestros, descuartiza-dos, personas colgadas, asesinatos múltiples, el periodismo enhebraba la información con pun-tilloso equilibrio “para que nade se cargue sobre un lado”, recuerda Dora Elena Cortés Juárez, directora de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN). Esa era la salvaguarda.

Aquella caída de “el Teo” trajo respiro a medios y periodistas. Pero era tardía para muchas víctimas, incluido el experimentado reportero Jaime Flores Martínez, a quien un amigo y abogado de narcotraficantes, Carlos Belmonte, le avisó a mediados de noviem-bre de 2004, que el narcotraficante lo busca-ba para matarlo por información que publi-caba en su columna “Cicuta”.

Flores Martínez despreció el aviso, pero quedó impactado cuando 15 días después su-po que su amigo y abogado apareció muerto en la cajuela de un auto y con un disparo en la frente. Dos semanas después él estaba hos-pitalizado con una embolia cerebral.

Las consecuencias para el reportero fue-ron la pérdida parcial de motricidad en una pierna y la decisión terminante de no volver a escribir sobre narcotráfico. Hoy publica su

columna en El Mexicano y conduce un noti-ciero radial del mediodía, aunque su princi-pal atención la dirige a la venta de seguros, que le permite vivir con tranquilidad y sin las odiseas económicas que genera el empleo pe-riodístico en Tijuana.

El periodismo tijuanense tuvo tres episo-dios claves que lo hacen mítico para muchos en México. El asesinato de Héctor “el Gato” Félix Miranda en 1988, el atentado del que salió gravemente herido Jesús Blancornelas en 1997 (su chófer perdió la vida), y el crimen contra Francisco Ortiz Franco en 2004. Los tres pertenecían al combativo semanario Ze-ta, que fue el primero en poner luz sobre el oscuro mundo de crimen, negocios y corrup-ción del narcotráfico, y los tres eran piedras fundamentales de la publicación.

Durante diferentes momentos en la vida del semanario, policías y militares se encargaron de la protección del equipo editorial, en es-pecial de su director Jesús Blancornelas. En enero de 2010, a la par de que caía El Teo, las amenazas llegaron a la redacción, y varios de sus integrantes recibieron protección.

La reportera Rosario Mosso acepta que “es una incomodidad” y “un aprendizaje”. Se de-ben adoptar nuevas “estrategias y mecanismos de trabajo”. Muchas fuentes sólo aceptan hablar en persona y sin testigos, indica, “ni siquiera con el fotógrafo que me acompaña y hay que respe-tar esas medidas de seguridad de ellos .“

En la desdicha por aquellos ataques a inte-grantes de Zetas -todos aún bajo el halo de la impunidad, y de la falta de justicia-, en Tijuana se aprendió a controlar los impulsos y publicar con cuidado pero sin arriar banderas.

La información fluyó, algunos medios pre-firieron cuidar los créditos de notas y fotos, otros sólo se quedaron con fuentes oficiales, pero el equilibrio periodístico dio sus resul-tados, coinciden una voz experimentada co-mo la de Dora Elena Cortés y la del joven re-portero de Zeta, Francisco Sandoval.

“Hemos aprendido a cuidarnos no es sólo riesgo en las calles, o en una balacera, sino también cuando publicamos. Analizo la in-formación y la confirmo”, dice Cortés, aunque siempre puede haber un imprevisto que rom-pa moldes: “cuando das el clik para subir la in-formación te persignas”, dice entre risas.

Tijuana es de los pocos lugares en México donde escribir, anunciar noticias o publicar fotos no genera tantos riesgos. Fue a base de

perseverancia –a pesar de algunos crímenes–, rebeldía y cuidados que medios y periodistas han conseguido vencer la autocensura y el miedo.

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Hubo y hay autocensura, pero es menor, dice Sergio Haro, un periodista de Zeta con mucho fuelle en el manejo de temas de inves-tigación. “Se trabaja con cautela -dice- para no ponernos en riesgo de a gratis. A veces hay detalles en un mar de información que se de-ben hacer a un lado, sin que esto signifique perder la médula de la información”.

Muro con uniForMeSi el narcotráfico es el enemigo etéreo del que se desconocen rostros y sus acciones se vuelven impredecibles, los policías munici-pales de Tijuana se han convertido en la cer-teza de sus fachadas y la arbitrariedad de sus movimientos.

Más que los narcotraficantes, los efectivos policiales de la ciudad se han transformado en un frontón de impedimentos para trabajar, en el que no escatiman golpes, advertencias, amena-zas y censura para reporteros y fotógrafos.

Lo sufrió Ernesto, un camarógrafo de Te-levisión Azteca, en noviembre de 2009, cuan-do al asistir a la cobertura de un ataque a las instalaciones de un hotel que hospedaba a miembros de la Policía Federal, fue hostiga-do por dos efectivos municipales que lo gol-pearon y apuntaron con sus armas.

Ángeles García soportó peores consecuen-cias ese mismo año cuando tomaba imágenes fuera de un hospital público donde fue inter-nado un delincuente. La fotógrafa del diario El Sol de Tijuana fue atacada por un guar-dia de seguridad que la quitó la cámara para golpearle con ella. Nadie se hizo cargo de sus gastos médicos ni del equipo destruido, aún y cuando el secretario de Salud del Estado le aseguró que recibiría ayuda.

Incidentes como esos entre policías muni-cipales y reporteros y fotógrafos se dispara-ron paulatinamente desde que el teniente co-ronel del Ejército, Julián Leyzaola Pérez, se hizo cargo de la Secretaría de Seguridad Pú-blica de Tijuana en diciembre de 2008, acu-san en los medios de comunicación.

El militar aplicó mano dura y dirigió sus ener-gías al combate al narcotráfico y la corrupción interna policial (hubo 600 ceses) ligada con el crimen organizado. Sus logros han sido aplau-didos por autoridades de seguridad estadouni-dense (FBI y Bordel Patrol, entre otras) que en septiembre lo premiaron, aunque la Procuradu-ría de Derechos Humanos de Baja California ha-bía emitido meses antes una recomendación de sustitución por denuncias de torturas.

Si hablas con Leyzazola, afirma José Luis Ca-marillo, también fotógrafo de El Sol de Tijuana, “te dice que ha dado orden de facilitar el trabajo de los periodistas, pero no la acatan”.

PerSiGan aL menSaJero. Secuencia del 3 de octubre de 2008, cuando el reportero gráfico de El Sol de Tijuana, José Luis Camarillo, fue perseguido por policías municipales de El Rosarito.

FotoS: GUiLLermo ariaS

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Precisa que el principal obstáculo para tra-bajar en la calle donde hay policías munici-pales es que “tratan de delimitar tu trabajo colocándote a 200 metros de los hechos, y si protestas te agreden verbalmente”.

“Te avientan las patrullas o las luces –aporta Guillermo Arias, de la agencia AP-. Nos blo-quean todo el tiempo”. En un accidente, un crimen o en los motines en cárceles, “la con-signa es no dejarnos trabajar”. Puede sonar pa-radójico, dice, pero “si entras a una cobertura donde hay dealers o polleros, supuestamente más peligrosos que los policías, te advertirán que trabajas bajo tu propio riesgo”

La desconfianza son mutuas, dice este fo-tógrafo premiado en 2009 con el Word Press Photo. “Puedes platicar con un policía y no sa-bes si con su celular pasa luego información a narcos u otros que te quieran agredir”.

Manuel Cordero perdió a mediados de 2009 todo tipo de acceso a la Secretaría de Segu-ridad Pública para cubrir como lo hacía des-de hace más de 32 años la información poli-cial en Tijuana. La orden de censura vino del mismo Leyzazola, acusa el reportero.

“Pedí explicaciones y no me las quisieron dar en su oficina de prensa”, afirma.

El 7 de julio del año pasado, Cordero –Pre-mio Nacional de Periodismo en 1994 por la cobertura del asesinato del candidato presi-dencial Luis Donaldo Colosio- presentó una queja ante la Procuraduría de Derechos Hu-manos del Estado, por violación a los artículos

6,7,8 y 17 de la Constitución Nacional Mexi-cana, que no ha sido resuelta.

Pero no siempre la respuesta de un poli-cía municipal pasa por la falta de cortesía, di-ce con ironía, Lizbeth Díaz, corresponsal de la agencia Reuter. Trabajando en la búsqueda de testimonios de efectivos municipales que se quejaban por la “limpieza” que estaba ha-ciendo Leyzazola en la corporación, fue a ver-lo a San Diego (EU), donde estaba recluído. Cuando promediaba la entrevista, entró un llamado al celular del policía cesado.“Llaman de parte del Ingeniero (Fernando Sánchez Arellano, líder del Cartel de Tijuana)”, le di-jo a la asombrada reportera, “para agradecer el apoyo que nos da”.

Aquel testimonio quedó en la libreta de Díaz y ya nunca se convirtió en tinta.

“Aquí podemos publicar mejor que en otras ciudades”, dice con orgullo Sandoval que cita como ejemplo a la agencia AFN, y los sema-narios Zeta y Expediente Público. “En Tijua-na se puede ir más allá de la información ofi-cial”, asegura. “La información sin contexto, con una sola fuente, expresando juicios de va-lor, sin planificación ni medición de las con-secuencias” es el harakiri, dice.

Vicente Calderón, un periodista de televi-sión que se ha independizado y tiene su pro-pio sitio noticioso, www.tijuanapress.com, afir-ma que “el riesgo muy fuerte no sólo es del crimen organizado, también hay un clima de presión del gobierno que busca maneras de controlar y sobornar al reportero con el sobre” y también “están las empresas de los medios de comunicación que no respaldan reporte-ros y crean periodistas vulnerables”.

No todo es crimen organizado, analiza Cal-derón, y ejemplifica: “en la cuestión de verifi-car el uso de recursos públicos también hay riesgos con los funcionarios”.

La credibilidad forma parte también de los galones con que un periodista puede enfren-tar la prepotencia o rechazo, tanto del poli-cía como de un ciudadano común de Tijua-na que se enoja por fotos o notas televisivas que lo perjudican.

“Cuando sales a la calle no vas de safaris ni a cazar leones, estás tratando con seres hu-manos”, dice Arias.

Vicente Calderón hace un mea culpa y acep-ta que “muchos colegas no hacen un traba-jo tan pulcro porque reciben dinero del go-bierno, una dádiva que se ha perfeccionado en las últimas administraciones del Estado. Eso compromete la credibilidad de todos, por eso cuando aparecen agresiones es difícil de-fender al periodista porque hay una cultura del soborno que se conoce”.

Mexicali

Secuestros, narcotráfico, extorsiones telefónicas, tráfico de personas, robo de vehículos, narcomenudeo. Todos negocios de la delincuencia

organizada. En Mexicali están, en Mexicali existen. Son parte del cono-cimiento general de esta ciudad, sede de los poderes del estado de Ba-ja California. Pero no es a través de los medios de comunicación que se puede saber de ellos. Sólo cuando una institución pública lo da a cono-cer, entonces adquiere el carácter de información pública.

En Mexicali, el trabajo de un reportero, un fotógrafo y cualquiera que participe en la producción informativa, “es tranquilo”, pero “porque esos temas ya no se abordan”, aceptan periodistas locales.

La información oficial no conforma a nadie, dice Carlos Lima Chávez, editor del periódico La Crónica de Mexicali. Varios medios nos hemos re-plegado para cubrir la información básica en estos temas, “pero sabe-mos que hay mucha masa detrás de ese tipo de información como au-toridades coludidas, y que ponemos en riesgo al reportero y en especial a su familia en el caso de que profundicemos”.

La apuesta está en meternos a fondo con los temas políticos y socia-les, dice Sergio Haro, periodista del semanario Zeta, porque ya hay puer-tas más accesibles a la información.

A pesar de tres lustros con el problema del narcotráfico en la ciudad, Haro dice que “el periodismo está en pañales” para cubrirlo.

las ciFras de baja caliFornia:

PoBLación: 3.100.000 hab.GoBierno: José Guadalupe Osuna Millán (PAN)aGreSioneS a PeriodiStaS denUnciadaS: 4 (2009)

resPeToLas cámaras del por-tal tijuanapress.com capturaron en febre-ro de 2010 a un poli-cía que en una calle de la ciudad acusa a los periodistas:

—ustedes nos ma-tan a los policías… bolas de chismosos..

—los matan por otra cosa – responde un reportero.

—con mentiras co-mo las de ustedes si nos matan, reafirma.

—usted no nos res-peta.

—no, no los respe-to, y digan lo que quieran que estoy arreando a la prensa, que soy prepotente, que soy un hijo de la chingada…

Fuente: http://www.ti-juanapress.com/in-

dex.php?option=com_content&view=article&i

d=3012:media-column-a&catid=42:periodista-y-

medio&Itemid=57

ciudad más violenta del país: tijuana.

lugar en presupuesto nacional para seguridad pública (2009).

lugar en tasa de muertos (320) por cada 100.000 (2009).

lugar en casos de secuestro en el país. (287)

Fuente: Informe sobre violencia entrego por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión. Reforma; INEGI, ICESI, Congreso de EE.UU, CEPET.

FuenTes de riesgos Para PeriodisTas

> Operaciones del crimen organizado> Represalias de policías municipales.> Agentes corruptos en policías municipales, estatales y federales.> Impunidad.> Falta de entrenamiento.

3a

6o

6o

4o

aLto. Un militar intenta frenar el paso de un camarógrafo en Tijuana.

FotoS: JoSé LUiS camariLLo

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cHiHUaHUadonde los crímenes son

más que estadísticas

Foto: raYmUndo ortÍZ

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Las frases eran dinamita periodís-tica pura. De esas que quedan labradas en la historia, que rom-pen moldes y esquemas. Palabras que no se lleva el viento ni que se

transforman en polvo de estrellas cada vez que ganan la calle. No es información vieja, sino compromiso permanente. Lo que hace que el periodismo se redima y la libertad de expre-sión se petrifique. Palabras sencillas y certe-ras. Preguntas categóricas e irrefutables:

¿Qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o de-jemos de publicar? ¿Qué esperan de nosotros cómo medio?

Ustedes son, en estos momentos, las auto-ridades de facto en esta ciudad.

Somos comunicadores, no adivinos.Ya no queremos más muertos. Ya no que-

remos más heridos ni tampoco más intimida-ciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones.

Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que he-mos venido desarrollando. Se trata de una tre-gua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respe-ten la vida de quienes nos dedicamos al ofi-cio de informar.

¿Qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros com-pañeros?

Fuego en cada palabra de la editorial pu-blicada el domingo 18 de septiembre de 2010 por El Diario de Ciudad Juárez. No estaba dirigida a las autoridades de la ciudad, a los poderes del Estado o al presidente de la Re-pública. No. Estaba dirigida a los grupos de narcotraficante que operan en esa zona.

Así se resumía la impotencia, el dolor y el hastío de un medio de comunicación que ha sufrido, en 22 meses, un segundo ataque directo a su equipo de trabajo: el asesina-to del reportero gráfico Luis Carlos Santia-go Orozco.

A Luis Carlos le dispararon en un estacio-namiento cuando regresaba de comer. Había llegado allí en el auto prestado del hijo de un visitador de la Comisión Estatal de Dere-chos Humanos. Tenía apenas 22 años. Nueve balas le penetraron. Junto a él, en el asiento del copiloto, estaba su amigo y también fotó-grafo Carlos Sánchez. Un impulso le salvó la vida. El joven de 18 años logró correr, esca-par del fuego y, herido, llegó hasta el centro comercial del que minutos antes habían sa-lido juntos.

No había sido la primera vez que el equi-po de El Diario de Ciudad Juárez perdía a uno de sus miembros. En la mañana del 13 de noviembre de 2008, Armando Rodríguez Carreón, el reportero más experimentado en la ciudad en la cobertura de tema policiales era acribillado de la misma manera que San-tiago, dentro de su auto cuando se aprestaba a salir para llevar a sus dos hijos a la escue-la primaria.

Tampoco la primera vez que su personal era agredido. En 2009, al periodista Jaime Mu-rrieta Briones le dispararon al automóvil en que viajaba y luego lo golpearon integrantes de un comando armado, en el que presunta-mente estaban algunos agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Y el 17 de agos-to de ese año frente a las instalaciones del pe-riódico se registró un enfrentamiento a bala-zos entre presuntos extorsionadores y agentes de la Policía Federal (PF), que dejaron impac-tos de bala en el edificio y severos daños en algunos de los automóviles de los reporteros.

Demasiada sangre, demasiado dolor, para sólo exigir justicia y esperar a que las autori-dades se excusen en promesas.

“Otra vez nos pegaron… nos sentimos im-potentes…enojados”. Así describía algunas ho-ras después del crimen, Pedro Torres Estrada, Subdirector de El Diario de Ciudad Juárez, lo que la muerte de Santiago Orozco produ-cía en la redacción del periódico.

La criminalidad y sus rastros permanentes de violencia se han apoderado de Ciudad Juárez. Periodistas y medios de comunicación

tratan de sobrevivir poniéndole dignidad y valentía a su trabajo. Narcos, policías, militares los han colocado contra la pared.

Qué quieren de nosotros, se preguntan.

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iMPlacable violenciaDurante décadas en Ciudad Juárez se ha con-vivido con diferentes manifestaciones del cri-men organizado, con una callada violencia, con estructuras invisibles pero poderosas que optaban más por un bajo perfil que protegie-ra su negocio. Pero en 2007 las cosas comen-zaron a cambiar, los códigos no escritos pero sabidos se rompieron y esta ciudad fronteri-za, de poco más de 1.400.000 habitantes, se transfiguró.

La violencia fue creciendo y se fue hacien-do más cotidiana, producto de una dispu-ta territorial de grupos. Una pelea que tocó todos los sectores sociales, que atrajo los se-cuestros, las extorsiones y los asesinatos de inocentes. Una pugna que también alcanzó a los periodistas.

Cifras serias revelan que en los últimos 3 años cerca de 230 mil personas han abando-nado Ciudad Juárez por la violencia; de ellas el 53.9% se ha refugiado en Estados Unidos y el resto ha preferido regresar a su ciudad de origen. Incluso el alcalde José Reyes Ferriz

reconoció que se han quedado solas unas 20 mil viviendas.

Aparecieron las intimidaciones, las amena-zas telefónicas y vía correos electrónicos las advertencias. En las calles o en las redaccio-nes. La respuesta fue redefinir las formas de trabajar, pero no alcanzó.

Con el asesinato de Armando Rodrí-guez, El Diario y otras empresas informa-tivas adoptaron nuevos candados de segu-ridad: dejar de firmar notas y fotos, realizar coberturas en conjunto con otros medios y no individuales, alternar fuentes, cambiar rutinas de trabajo y movimientos, esperar a que las autoridades lleguen a escenas de crímenes y accidentes para reportear, y no difundir mensajes de narcotraficantes o en caso de hacerlo, incluyendo contexto y sin detalles.

“Vives por lo que callas. Ese es el periodis-mo de Ciudad Juárez en todos los géneros”, precisa Edgar Román, jefe del Departamen-to de Noticias del Canal 44 de televisión. “No hay garantías para salir y conducirte de una

Foto: raYmUndo ortÍZ

reViSioneS Y controLeS. En 22 meses dos periodistas de El Diario de Ciudad Juárez fueron asesinados.

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forma normal de lo que exige el periodismo para señalar, investigar, informar, exigir”.

El narcotráfico se apoderó de las calles y hasta colocó la agenda en los horarios de los noticieros televisivos. La propaganda de san-gre y terror consistía en matar cuando los es-pacios informativos estaban al aire. Un rea-llity show con protagonistas reales, y alta audiencia.

Pero el peligro estaba claro que no cesaba. El editor de un noticiero de televisión se le-vantó sobresaltado una madrugada para ne-gociar la destrucción del contenido de un vi-deo por la vida de su camarógrafo retenido en una calle suburbana de la ciudad. En perso-na logró rescatar a su compañero, y al día si-guiente delante de la redacción borró el ma-terial que mostraba a los narcotraficantes: una balacera.

El Diario de Ciudad Juárez también apren-dió a callar cuando no había otra opción. Una simple nota en la ciudad de Parral de varias detenciones, escondía el lavado de dinero en casas de cambios de Chihuahua y Texas. Tras el primer texto publicado, en Parral se escucharon las amenazas telefónicas: una lí-nea más sobre el tema y moriría el corres-ponsal del periódico y sus colegas de oficina. Un reportaje investigado, revelador, se que-dó guardado.

El temor no se asocia exclusivamente a cri-men organizado. A principios de 2010, una re-portera preguntó a un detenido que era pre-sentado en conferencia de prensa, si lo habían torturado. La pregunta había sido escrita en una cartulina, porque a los periodistas no se les permitía preguntar. El detenido asintió y al día siguiente la Procuradora del Estado,

Patricia González, que estaba presente le hi-zo llegar al medio la versión de que la repor-tera estaba siendo investigada y que tenía al-go sucio que no precisaba.

“Si tiene que viajar pronto al exterior –lo cual era cierto-, mejor que adelante la partida porque puede pasarle algo”, le hicieron saber. La amenaza se denunció públicamente y ante la Comisión de Derechos Humanos de Chi-huahua. Todavía no hay respuesta.

En las diversas aristas del peligro que en-traña el trabajo periodístico en una ciudad que tiene los índices más altos de violencia en México, Alfredo Quijano Hernández, Di-rector General del matutino Norte, se preocu-pa por no quedar como “sándwich” en me-dio de los enfrentamientos entre autoridades y criminales. “El problema no es sólo evitar los roces con los delincuentes sino permane-cer al margen de las maniobras de autorida-des, jueces, ministerios públicos, que citan al personal del diario para testificar en casos de narco donde estuvieron simplemente por una cobertura periodística, porque nos hace partícipe de esta guerra.”

Mientras los reporteros y fotógrafos son citados a declarar, Quijano se pregunta có-mo confiar en autoridades estatales que no investigan ni los aportes de datos como las placas de un auto desde el cual varios des-conocidos intimidaron a un reportero de Norte por publicar información sobre nar-cotraficantes.

Cuando el periódico investigó pudo cons-tatar que el auto pertenecía a misma Procura-duría a la que solicitó dilucidar el caso. “Ob-viamente no iban a ir contra su propia gente”, se lamenta Quijano.

“levánTenMe a ese cabrón”

La presencia del Ejército mexicano ha sido rechazada por los juarenses a tal punto que el presidente Felipe Calderón

decidió tras sus dos visitas a la ciudad a principios de 2010, que desde abril ya no patrullara las calles de la ciudad.

Los reporteros, fotógrafos y camarógrafos han vivido y do-cumentando en varios casos .los abusos de efectivos milita-res, principalmente en las coberturas de calle.

La periodista Luz del Carmen Sosa, del Diario de Ciudad Juárez, perdió en 2009 las anotaciones de declaraciones de efectivos policiales federales que habían sido atacados du-rante la madrugada por narcotraficantes que dispararon a la fachada del hotel donde descansaban.

Sosa no extravió su material sino que un militar se lo quitó en el momento en que realizaba sus entrevistas. Las protes-tas de la reportera y su editor fueron respondidas por el ge-

neral Felipe de Jesús Espitia a cargo de la V Zona Militar, con asistir a la base militar a identificar al autor de la censura. “Por supuesto que no fui”, exclama la reportera.

En mayo de 2010, la reportera especializada en temas po-liciales y de seguridad, vivió un incidente más grave en el po-blado de Nueva Esperanza junto al fotógrafo Mario Bañuelos Caldera, cuando se cruzaron con un grupo de militares que via-jaban en cuatro camionetas y estos les exigieron que entrega-ran las fotos que estaban tomando.

Ante la negativas, el jefe del grupo, que no se identificó, or-denó a dos soldados: “levántenme a este cabrón”, en referen-cia a Bañuelos. Dos militares se bajaron de la unidad y se co-locaron a espaldas del reportero gráfico, mientras el autor de la amenaza insistía en que se borraran las fotos.

La resistencia de ambos y la insistencia en que estaban cometiendo “abuso de autoridad” terminó con la retirada mi-litar y una serie de insultos de éstos que fueron denunciados

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como parte del incidente ante la Comisión Estatal de Dere-chos Humanos.

Luz del Carmen Sosa es una periodista fuerte, galardonada en España con el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán 2010, que se resiste a “esquivar” la respon-sabilidad de informar aunque haya violencia y amenazas.

“Somos la única opción del ciudadano para informarse”, di-ce quien trabaja jornadas de 15 a16 horas “con el fin de procu-rarle más al lector” porque “creen en nosotros y no en la au-toridad”.

¿No es demasiado riego exponerse a tanto con potencia-les agresores?

El trabajo es estar, a pesar de los riesgos. No veo otra ma-nera de reportear.

Pero una nota, ¿vale la vida?Si trabajo con temor no tengo nada que hacer en un medio

de comunicación. No puedo trabajar con miedo, ni hacia los

grupos en pugna ni hacia el gobierno. Trato de ser profesional para no buscarme problemas.

aTroPellos Policiales01 Julio 2010. Más de 30 agentes federales del equipo táctico y de élite llegan en siete unidades, entre ellas dos blindadas, a las instalaciones de la Casa del Periodista en Ciudad Juárez, y encañonan con sus armas a los reporteros sin motivo aparen-te. Los policías federales nunca dieron explicación de ingreso por la fuerza al lugar y sin orden de cateo.

04. Julio 2010. Los fotógrafos Ricardo Muñoz y Lucio Soria denunciaron que una oficial de la Policía Federal los atacó cuan-do informaban sobre una balacera en la que uno de sus efecti-vos resultó herido. La mujer apuntó con su arma a la cabeza de Soria y golpeó a Muñoz. A la par de la agresión, pudieron escu-char insultos y el grito de un hombre: “Súbelo ya cabrón (a uno de los heridos), ahí vienen los cabrones de la prensa”.

Honor. El lugar donde trabajaba Armando Rodríguez, El Choco, en El Diario de Ciudad Juárez, asesinado en noviembre de 2008.

Foto: darÍo FritZ

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Cleofás Ledezma fue sacado de la ca-ma en la madrugada del 15 de diciem-bre de 2009 por más de diez personas

que entraron por la fuerza a su casa y le sa-quearon el cuarto de oficina donde tenía do-cumentos y videos de su programa de televi-sión en Cablemás.

Pero también se lo llevaron a tres descam-pados a bordo de su propia camioneta donde lo golpearon y simularon matarlo varias veces.

El motivo del secuestro era haber afectado “los intereses de nuestro jefe que va a ser can-didato a gobernador”, según le gritaron.

Semanas antes, el auto del periodista fue destruido fuera del canal luego de publicar una entrevista en la cárcel al supuesto autor de la muerte de una dirigente sindical de los maes-tros de la educación (SNTE). En una esquela junto al auto le advertían: “Ya bájale”.

Después de rasurarle su particular bigote que lo hacían un personaje muy reconocido en Chihuahua, y de quitarle todos los docu-

Un amigo al teléfono

SoBreViViente. Cleofás Ledezma fue secuestrado y golpeado en Chihuahua en diciembre de 2009. Tuvo que pedir perdón a sus captores y cerró su programa de televisión.

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mentos y tarjetas, además de desvestirlo, fue liberado cerca del aeropuerto de la capital. Una condición pesaba sobre él para no vol-ver a ser secuestrado: cerrar su programa te-levisivo y “pedir disculpas al jefe”.

Dos días después Ledezma cumplió con el pedido que le aseguraría la vida. Pidió discul-pas sin saber a quién se dirigía, y mandó la pantalla a negro. Desde entonces se convir-tió en un desempleado más entre periodistas, sin saber quiénes lo secuestraron.

El visitador de la Comisión Estatal de De-rechos Humanos de Chihuahua recibió su de-nuncia y emitió un exhorto a la procuraduría estatal para que le diera protección. La peti-ción fue negada porque en los casos de pe-riodistas, argumentó la oficina estatal, le co-rresponde a la Procuraduría General de la República.

Las amenazas contra periodistas han ido en aumento de forma paulatina desde 2008, explica Patricia Mayorga Ordóñez, integran-te del Colegio de Periodistas de Chihuahua. “La intolerancia de las autoridades es cada vez peor, y nunca encontramos respuestas para castigar a los autores o los policías in-volucrados”.

Desde el 2000, la Comisión Estatal de De-rechos Humanos tiene documentadas más de 22 casos de agresiones, de las cuales sólo en seis casos –uno de ellos es el de Ledezma- se ha presentado queja.

En los casos que investiga, en su totalidad, hay policías involucrados, precisa el visitador Ramón Abelardo Meléndez Durán, quien se queja de los propios periodistas agredidos. “Si tuvieran una cultura de la denuncia, y apo-yaran las investigaciones aportando pruebas, podríamos avanzar”.

Uno de ellos es Alfredo Ruiz, reportero del área policial de El Diario de Chihuahua, y periódico popular El Peso. En 2009 denun-ció a un alto cargo policial por corrupción en una columna que no firmaba con su nombre. Al día siguiente, un periodista colega, al que consideraba un amigo, le pasa una llamada de celular de “un cuate” que le quiere “pre-cisar” algo.

En la medida en que fue reconociendo la voz de su interlocutor y escuchando sus diplo-máticos comentarios, su tez morena adquirió un color cristalino, recuerda con humor.

Oye, cuál es tu problema con mi amigo – comenzó-, porqué lo andas criticando y sa-cando esas cosas… ¿a qué se debe? ¿cuál es tú problema con él?... deberías tener cuidado con tu forma de escribir y redactar…

Mira mi cuate –continuó en su discurso pausado y firme, sin insultos ni tonos de re-

gaño-, yo considero a todos los periodistas co-mo mis amigos, y no quisiera ganarme un pe-riodista enemigo. Llevémonos bien, ¿sí?, no me quiero ganar tu enemistad… te lo encar-go por favor.

Dos semanas después, aún impactado por aquella conversación con el narcotraficante “más pesado” de Chihuahua, camino a una cobertura policial y creyendo que lo iban a asesinar comenzó a grabar su despedida de la familia y los amigos. Relató aquella charla y dio nombres de quiénes creía lo atacarían. Dijo que no confiaba en las policías munici-pal y estatal porque era lo mismo que tratar con narcos. Lloró.

“Fue una psicosis que jamás olvidaré”, di-ce Ruiz. No hubo tal ataque y la grabación prefirió borrarla porque era un peligro lle-varla encima.

“Trabajar en la policial es trabajar en una guerra como dice el Presidente (Calderón)”, advierte cansado. “Hay granadas, armas de alto poder, bazucas… corridas. Es demasia-do duro para un periodista”.

Alfredo Ruiz no denunció, ni este caso ni el que compartiera con su compañero fotó-grafo en El Diario, Francisco López, un de-voto de La Santa Muerte.

Ambos fueron bajados a punta de pistola el año pasado del auto en el que se movían por la ciudad cuando tuvieron un incidente vial en el que se toparon con sicarios y custodios de un narcotraficante.

Trabajar en la policial es trabajar en una guerra como dice el Presidente

(Calderón)” “Hay granadas, armas de alto poder, bazucas… corridas. Es demasiado duro para un periodista”.

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Ciudad Juárez impresiona como una ciudad sitiada por policías y milita-res. Pasamontañas, armas largas, uniformes azules y verdes, cascos

y trincheras. No sólo se les ve recorriendo las calles o

atrincherados. La llegada al aeropuerto de es-ta ciudad fronteriza implica encontrarse de-cenas de federales y militares a bordo de sus camionetas o caminando, una vez que se pa-sa el hall de entrada del edificio y se pisa la vereda que da al estacionamiento.

Superan con creces el número de pasajeros o taxistas que se pueden ver con maletas. Na-die se queda esperando allí. Cada pasajero, ca-da taxista, a lo suyo. Subirse al auto y partir.

Ciudad Juárez es de policías y militares desde que uno sube al avión que lo lleva directo des-de la ciudad de México. A un lado de los asien-tos de un Boeing 737 a medio completar es fácil identificar a cinco de ellos: corpulentos, more-nos, con corte de cabello al rape y comentando una nota sobre armas decomisadas el día ante-rior y que pocas veces se han visto por ser de

nueva generación. Se puede comprobar su

identidad al verlos luego en la explanada fuera del aero-puerto, conversando con po-licías federales, antes de su-bir a un vehículo oficial.

Sábado 13 de marzo. 10.30 AM. En una esqui-na, policías piden documentos a los tripulantes de un auto con varios años de traqueteo.

Cuatro cuadras más adelantes son poli-cías federales con el apoyo de militares los que han detenido a otra persona a bordo de una camioneta.

El tránsito por la avenida Guerrero de Ciudad Juárez circula veloz, pero la presencia de fuerzas de seguridad es una constante. Policías (munici-pales, estatales y federales) y militares forman parte de la imagen de las principales avenidas. Nunca solos. Siempre será una o dos camione-tas que transitan con seis uniformados a bor-do de cada una. Observan, voltean a sus costa-dos y con la mano lista en sus armas.

14.00 PM. Una pareja de estadounidenses re-sulta acribillada sobre la calle que corre bajo un puente donde cientos de peatones caminan pa-ra cruzar o regresar de El Paso, la fronteriza ciu-

dad, considerada la tercera más segura de Esta-dos Unidos. La camioneta blanca, con placas de Texas, queda cruzada sobre la calles, y de su in-terior una policía retira de la camioneta a la hija de la pareja de tres meses de edad, ilesa.

En el día no se sabe la identidad de las vícti-mas, pero horas después, ya siendo el domingo 14 de marzo, se sabe que el hombre es un ofi-cial de la cárcel del condado de El Paso y su es-posa, con un embarazo reciente, es funcionaria del consulado americano, uno de los más im-portantes asentados en México por su número de operaciones y trámites que se realizan.

También se sabrá que ese sábado, cerca de las dos de la tarde, el esposo de otra emplea-da del Consulado fue acribillado y sus dos hi-jos resultaron heridos.

No parece casualidad, porque nadie en la ciudad cree en las casualidades. Detrás de ca-da crimen hay un motivo.

Salta el escándalo al mundo. —Los grin-gos ya están por invadirnos—, suelta irónica una periodista. Lo primero que se sabrá ho-ras después es que el FBI no se andará con mucha diplomacia para investigar qué pa-só esa tarde.

Tanta seguridad publicitada por los po-líticos, encabezados por el presidente Feli-pe Calderón, ha vuelto a ser puesta en tela de juicio en pocos segundos de aquella tar-de del sábado.

Policías y militares seguirán patrullando y recorriendo Ciudad Juárez. No parce que ten-gan un plan, no parece que sigan una estra-tegia utilizando información de inteligencia, da la impresión que utilizan la técnica del ga-to que persigue al ratón.

Pero las suspicacias y el pesimismo sobre la ciudad más insegura de México están a flor de piel. El ataque a los funcionarios estado-unidenses se hace a 10 días de una amena-za de bomba a su Consulado, y a sólo 72 ho-ras de que el presidente Calderón regresara a Ciudad Juárez un mes después de prome-ter que se metería en cintura a la delincuen-cia y el crimen organizado.

La información comienza a fluir dentro de las agencias de investigación estadounidenses. Consideran que matarlos fue como si hubieran atacado al cónsul, el impacto es exactamente el mismo. Consideran los agentes que los respon-

Persiguiendo balas Ciudad Juárez

230 miLpersonas abandonaron

ciudad Juárez en 3 años

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sables los eligieron en Estados Unidos, identi-ficaron el blanco, dispararon y regresaron a su país. Falta saber quién lo ordenó y porqué.

Los investigadores creen estar cerca de sa-berlo, trabajan intensamente en Ciudad Juárez y El Paso. Se apresuran, porque si no respon-den esas preguntas y detienen a los responsa-bles, el resto de sus funcionarios tampoco es-tarán seguros. Un equipo de policías y agentes federales catearon casas y zonas en donde habi-tualmente se reunían integrantes de la pandilla conocida como Barrio Azteca, en El Paso.

Pero en Ciudad Juárez se sabe que reina la impunidad, que allí se instaló desde hace años atrás. Que ahora hasta bandas de jóvenes pan-dilleros, chicos que rondan los 20 años de edad, pueden secuestrar y luego negociar la liberación a cara descubierta con la familia de la víctima. Pueden acordar, a cambio de la liberación, la entrega de vehículos transferidos tras la firma de la factura aparentando una compra y luego ser vistos en la ciudad comiendo en cualquier restaurante y con su auto apropiado, sin que les mueva un pelo de temor a ser descubiertos.

Se sabe que tanto patrullaje sirve de po-co a los juarenses. Que en cualquier esquina puede darse un incidente armado. Que co-mo medida de seguridad nadie ubica su auto en paralelo a otro en un semáforo. Que na-die mira fijamente a otros pasajeros y que no se anda muy noche por las calles.

Que la corrupción se denuncia pero no se persigue.

En la televisión, la radio y los medios im-presos, ciudadanos indignados se quejan: si un auto no está legalizado porque fue importado de EU, su propietario puede ir preso -aunque la ley lo impida-. Y luego compartir una celda con narcotraficantes, pandilleros y violadores, si no paga a los policías federales o del muni-cipio cerca de mil dólares de coima.

Sobre una de las avenidas céntricas, en las puertas de un hotel, varios policías federales

están atrincherados detrás de sacos de arena de más de un metro de altura.

¿Y allí, por qué eso?, preguntamos.En la residencia de los policías federales,

ya le balacearon el hotel una vez, por eso se previenen.

Y en esta máscara de seguridad, ¿qué pa-sa con los periodistas?

—Una noche a mi me pararon unos tipos y apuntándome con una cuerno de chivo (AK 49) en la cabeza, me pidieron las fotos, que en realidad otro colega había tomado. Los con-vencí que no eran mías y me dejaron ir. Tam-poco les dije quien las había hecho—, dice un reportero gráfico.

Portar una cámara fotográfica o de video es sinónimo de sospechas. Tres policías se van sobre un transeúnte y le reclaman por-qué está tomando imágenes. Uno le llega de frente y los otros dos de costado. Las armas que le cruzan el pecho van de los hombros a las rodillas. Una tranquila y fundada expli-cación los hace alejarse.

En Juárez en realidad nadie confía en nadie. Demasiada corrupción, demasiadas violaciones a los derechos ciudadanos. Demasiada sangre. Es una sociedad cansada y lastimada.

—¿Te gusta ser camarógrafo?—, le pre-guntamos a un muchacho que no sobrepa-sa los 25 años.

—Sí, me gusta mucho—, responde son riendo.

—Diles cuántos muertos has filmado—, in-terrumpe su jefe.

—Desde que empezó todo esto, más de tres mil muertos, más o menos—, suelta con cier-ta naturalidad.

—¿Y eso no te pega? ¿Se puede trabajar así?—, curioseamos.

—Sí, porqué no. Salgo, hago mi trabajo, regreso y eso se queda en la oficina, no me lo llevo a mi casa. Y al día siguiente vuelvo a empezar—.

las ciFras de chihuahua:

PoBLación: 3.400.000 hab.GoBernador: José Reyes Baeza Terrazas.

SaLario Promedio de PeriodiStaS: 150 dlls. semanales

Fuentes: Inegi, Reforma, Icesi.

> Confrontación entre narcotraficantes> Operaciones del crimen organizado> Acciones de fuerzas armadas y corporaciones de policías

> Policías municipales, estatales y federales corruptos> Impunidad> Falta de entrenamiento

FuenTes de riesgos Para PeriodisTas

22

SinaLoa

asoma la cabeza para no claudicar

Foto: corteSÍa noroeSte

24

César López y Jesús Leal Zataráin se han curtido en el miedo en la cobertura policiaca de Sinaloa, y por eso lo respetan. Como un pescador se protege de las tor-

mentas o un campesino de la sequía, ellos se cuidan de policías y militares, o de narcotra-ficantes. Sólo es cuestión de ”parar las ante-nas” ante los detalles, como dice su colega fo-tógrafo Ricardo González.

Cuando ves un policía en una escena de crimen y te dice que ”van por un periodis-ta” o ”le va a pasar algo a un periodista”, di-ce López, ”hay que tener cuidado”, por más que parezca broma. Y le ocurre a menudo en Mazatlán, una ciudad portuaria, rica por la exportación de camarones, playas extensas y también puerta de entrada a la sierra donde se produce la marihuana y la mayor parte de campesinos y productores agrarios viven del negocio de las drogas. Porque en la ley de la oferta y la demanda, es “el mejor bussiness”, justifican los sinaloenses.

López regresó a su ciudad natal desde Cu-liacán después de que un fotógrafo, conoci-do en la capital sinaloense por sus cercanías con narcotraficantes, le advirtió que ”un pe-riodista policiaco iba a morir”. Lo tomó como un aviso personal y pidió el traslado.

La tarde del martes 30 de agosto de 2010 supieron de los dos llamados intimidatorios de una voz que advertía la proximidad de un ataque a las instalaciones del Noroeste, donde también están las oficinas de Primera Hora, el periódico popular de la empresa. Algo similar había ocurrido en febrero cuando fue coloca-da una manta frente al edificio por narcotra-ficantes que pedían al gobierno federal que

dejará de proteger al cartel del Chapo Guz-mán. Aquel día exigieron a la empresa la pu-blicación de la manta, como también lo hicie-ron en otras partes del país en una operación deliberada y organizada.

El Noroeste se negó a propagandizar los intereses del grupo mafioso.

Pero 20 minutos después de la medianoche, una ráfaga de más de 60 disparos golpeó la fachada del edificio y destruyó vidrios y mue-bles. Nadie resultó herido porque el personal del área de recepción ya no estaba. Leal y Ló-pez también se habían retirado.

Las amenazas continuaron al día siguiente, tratando de extorsionar a la empresa con el pa-go de 200 mil pesos para evitar nuevos ataques. Pero el periódico ya había fijado postura. Desde el título en su edición impresa, la editorial no de-jaba margen de dudas: ¡No vamos a ceder!.

“Fiel a los principios de quienes lo funda-ron, y como lo ha demostrado a lo largo de 37 años de haber sido creado, Noroeste se man-tiene firme en su vocación de ejercer un pe-riodismo independiente e imparcial, que no claudicará para seguir garantizando a los si-naloenses su derecho a estar informados”, puntualizaba.

Pero también dirigía la responsabilidad a los gobiernos estatal y federal, por no evitar agresiones a los medios y periodistas. Al de Sinaloa por no haber cumplido “con su obli-gación de prevenir e investigar cualquier ac-to contrario a la libertad de expresión”. Y pre-cisaba que “no sólo permanecen impunes un sinnúmero de atentados contra medios y pe-riodistas, sino que no cesa la escalada de vio-lencia contra empresas de comunicación y sus trabajadores”.

Sujeto a la tranquilidad que siempre le han tratado de imprimir los narcotraficantes nacidos en Sinaloa, el estado norteño ha roto su relativa calma en los últimos tiempos. Amenazas, agresiones y ataques a medios

e informadores son una constante. Como en Chihuahua, algunos se niegan a ceder y plantan cara a la violencia

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Al gobierno federal de Felipe Calderón le señaló su sordera por no hacer caso a los “in-cesantes” pedidos de Sinaloa para que “com-bata a fondo el crimen organizado”.

El nuevo episodio de violencia que sufría el Noroeste no distaba demasiado de los pa-decidos por El Debate, principal periódico de la competencia, y por el semanario Río Do-ce, atacados con granadas en sus instalacio-nes en 2008 y 2009.

un Mar de agresionesLos sinaloenses dicen tener un mar y una tie-rra prodigiosa. Granero del país, productor de hortalizas y frutas, principal exportador de camarón, y mujeres bellas.

Pero también es la cuna de muchos narco-traficantes: Joaquín Guzmán Loera, el Cha-po; Rafael Caro Quintero; Ernesto Fonseca , Miguel Ángel Félix Gallardo, Ismael Zamba-da García, el Mayo; Amado Carrillo Fuentes, los hermanos Arellano Félix, Carlos y Alfre-do Beltrán Leyva.

Extendido sus 58.000 km2 a lo largo del Pacífico, su forma alargada parece haber si-do creada ex profeso para que allí pudieran caber todos y aprovecharan las bondades de un clima ideal para producir marihuana y amapola.

Aún así, Sinaloa siempre ha contado con una relativa tranquilidad. Allí duermen los ca-pos, se suele decir. Pero la calma se comenzó a romper hacia fines de 2009 por la disputa entre grupos del crimen organizado. Se pa-só a la violencia y la convivencia con los crí-menes.

“Los cuerpos armados entran y salen hoy del centro de la ciudad” sin que nadie los to-que, dice Jesús Colio, redactor de policiales de El Debate de Mazatlán.

Su colega en el diario, Ricardo González, un reportero gráfico que por tener capaci-tación de la Cruz Roja se abre paso en bus-ca de noticias con sirenas en su auto, chale-co antibala y botiquín de primeros auxilios, dice que ”la policía no es garantía de nada y el Ejército no se mete porque opera fuera de la ciudad”. Ni siquiera los socorristas quie-ren retirar los cuerpos en las calles o los ca-minos vecinales porque muchas veces los si-carios llegan a rematar heridos arriba de las ambulancias.

”Los malandrines se te acerca y te dicen que no quieren que se publique el conteni-do de una manta”, relata. ”Lo que yo hago es comentárselo a mi jefe para que decida. Des-pués le hablo al malandrín y le digo que se hará como pide. ¿Cuál es el problema?”

manUScrito. Mensaje dirigido a los periodistas y dejado junto a la estación de Grupo Oír en Los Mochis, en enero de 2010. Foto: Especial

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En Sinaloa, bromea González, ”lo duro no es ser periodista, sino saber llegar a viejo”.

Mazatlán, ubicada al sur del estado, está a una hora en auto de Escuinapan la última ciudad antes de Nayarit. Allí, el 11 de julio de 2006, narcotraficantes mataron mientras cena-ba al fotógrafo de El debate, Gregorio Rodrí-guez Hernández. Aquel fue el único homicidio del año en esta ciudad de 50 mil habitantes. En 2009 creció a 14 casos.

”Gregorio hoy es sólo una misa”, dice con frustración Carolina Tiznado una periodista simpática que fue trabajadora social y ahora es la corresponsal de Noroeste. Sentada en una banca de la única plaza de Escuinapa di-ce señalando a los policías que conversan en la entrada del edificio Municipal. ”Si estos que por publicar que tomaban cervezas en las patrullas amenazaron y hostigaron a Su-jey (Sujey Estrada, del Noroeste), no les ha-cen nada, tampoco podemos esperar que re-suelvan el caso de Gregorio”.

Cuatro horas al norte, se levanta Los Mo-chis, una de las siete ciudades más seguras de México, hasta que a después de octubre de 2009 comenzaron a verse personas des-cuartizadas, asesinatos en la calle, cuerpos arrumbados en hielo. Era parte de la gue-rra entre los cárteles del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, contra los hermanos Bel-trán Leyva.

Una madrugada, 47 camionetas con nar-cotraficantes cruzaron la ciudad en una cla-ra expresión de poderío. Ninguna autoridad quiso salir a enfrentarlos. Ni policías ni mi-litares.

”Aquí vivimos un toque de queda no ofi-cial. Ahora me encierro a las cinco de la tar-de en mi casa y envío a la familia a otro lu-gar seguro”, dice el locutor Juan Bautista, un colimeño que tiene su programa de noticias al mediodía en Radio Grupo Oír. Vive a cien metros de la estación y cerca de la mediano-

che del 26 de enero de 2010 lo despertó un golpe seco y más tarde patrullas y ambulan-cias. Cuando a las 5 de la mañana llegó a la radioemisora a iniciar su turno de trabajo se encontró con un auto calcinado pertenecien-te a la empresa y un mensaje escrito a mano junto a un costal que decía: ”Esto le pasará a todos los reporteros y luego los quemaremos. Atentamente La Mochomera”.

Nunca se encontró a los autores del aten-tado. Ahora, un policía escuálido con un ri-fle tan grande como su humanidad, y una go-rra que tapa sus ojos, custodia la casa donde transmite la emisora. Si se quiere hacer una foto del lugar se esconde dentro de la propie-dad, aterrorizado de que su rostro pueda di-vulgarse.

Aquello tensó aún más a medios y perio-distas de la ciudad, que unos pocos días antes habían enterrado a su colega José Luis Rome-ro, reportero del noticiero radiofónico Línea Directa, quien había sido secuestrado el 30 de diciembre de 2009 y su cuerpo fue halla-do desenterrado 15 días después a 20 minu-tos de la ciudad.

Romero, de 44 años, era una persona reser-vada y amable, “muy campirana”, que siempre había cubierto información policial y que co-mo reportero experimentado le costaba adap-tarse a las nuevas tecnologías.

Su director, Luis Alberto Díaz, recuerda que el 17 de diciembre comentó entre colegas que había recibido una llamada amenazante pero no quiso denunciarla. Fue luego de dar a conocer un enfrentamiento entre sicarios y militares, y que los heridos, entre ellos solda-dos del Ejército, fueron atendidos en el hos-pital de la ciudad.

El día de la desaparición estaba acompa-ñado por un ex soldado michoacano cuyo cuerpo nunca fue hallado. ”La PGR intentó ensuciar el asunto”, dice Díaz, para no inves-tigar. Y sacó a relucir una supuesta investi-

la calle no es de Todos

La persistente violencia sinaloense ha creado en la pobla-ción la percepción de que una foto puede ser un delito.

”Si en la calles cubres información policíaca, cualquier per-sona te dice que no tomes foto porque te van a matar, o que te van a levantar (secuestrar en el léxico de policías y narco-traficantes). En un choque pueden decirte que te van a matar si tomas foto”, explica Ernesto Martínez Cervantes, fotógra-fo de PM en Culiacán.

Amenazas telefónicas no tenemos muchas, agrega, pero sí

hay agresividad en las calles. Nos intentan golpear y no tene-mos protección. ”La gente vive con coraje y si te atacan delan-te de un policía, da por hecho que no va a reaccionar”.

La impunidad la vive el fotógrafo al que hasta un vende-dor de pericos insulta e intenta golpear porque le toman fotos, pero también estalla en la cara de reporteros y camarógrafos que asisten impávido al secuestro de un hombre. Ocurrió el 4 de febrero pasado frente a la sede del Congreso estatal. Des-pués de una balacera y la detención de la persona por poli-cías estatales, ocho efectivos que lo interrogaban se hicieron a un lado cuando desde una camioneta se bajaron dos sica-

27

gación contra él de 2007 que nunca pudie-ron demostrar.

Díaz reclamó al aire a las autoridades por el caso de Romero. En los primeros días de enro, cuando aún permanecía desaparecido, recibió una llamada al aire en su programa: ”Pregúntale a Genaro García Castro (Direc-tor de la Policía Ministerial del Estado) quién mató a José Luis. Sigues tú, Luis Alberto”.

El asesinato de Romero y el atentado contra Grupo Oír tenía como antecedente inmedia-to el secuestro por algunas horas de otro lo-cutor, Francisco Íñiguez, a las 3 de la maña-na del 5 de noviembre de 2009. Íñiguez, hijo de un líder sindical, nunca quiso denunciar ni explicar las circunstancias de la privación de su libertad.

Con ese historial de ataques y amenazas en tan sólo tres meses, algunos reporteros de policiales solicitaron a sus empresas salir de la fuente, otro dejó su trabajo, y Luis Alber-to Díaz se tuvo que tomar varias semanas de trabajo para convencer a un colega que qui-siera ocupar el puesto de José Luis Romero en la radio.

Estos casos no eran los únicos en esta ciu-dad de poco más de 600 mil habitantes. En abril de 2007 operaba allí el Grupo Centauro integrado por policías estatales al mando del teniente Roberto Carlos Barceló Villagrán, co-nocido por trabajar al margen de la ley. Una noche de domingo, el periodista Luis Fernan-do Nájera, corresponsal de Río Doce, fue ba-jado de su auto por varios de ellos y detenido cuando quiso tomarles fotos. Fue golpeado, amenazado de muerte y detenido bajo el car-go de portación de armas. Pasó varias sema-nas detenido, y le ofrecieron dinero para que no acusara a sus torturadores. Con dificultad logró sortear la manipulación del proceso le-gal y recuperar la libertad para dedicarse a resolver un severo estrés postrauma causado por el encierro.

rios armados y encapuchados y se lo llevaron sin que hubie-se resistencia.

El periodista Javier Valdéz, autor de los libros Malayerba y Miss Narco, especializado en la cobertura de seguridad y cri-men organizado, dice que “el reto en Sinaloa es administrar los riesgos. No todo se puede publicar, si todo se publica es-tás expuesto a un homicidio. Nunca sabes en la calle quién es un protegido o no de la policía”.

Pero eso no se entiende mucho en los medios policíacos, tanto de Sinaloa como otras partes de la provincia mexicana, que recurren a la información catastrófica o sangrienta para

imponerse en el mercado.Las notas policíacas fuertes aumentan las ventas cien por

ciento, acepta Marcos editor en Culiacán de PM. ”Se vuelve una especie de evangelio para la gente que no sólo nos sigue en el periódico impreso sino también en la web, y hasta nos aporta tips de información en los post”.

”Son periódicos necesarios, porque reflejamos lo que pasa, aunque debemos ir más allá de los hecho y profundizar”, dice. Pero es allí donde ya no puede avanzar, acuerda. “Ahondar, dar nombre, descubrir, es imposible. Sólo mucho tiempo de haber pasado los hechos, y aún así limitando la información”.

las ciFras de sinaloa:

PoBLación: 2.650.499 hab.GoBernador: Mario López Valdez (PAN-PRD). Asumió en septiembre de 2010.

SaLario Promedio de PeriodiStaS: $8.000deSemPLeo: 5 de cada 100 (personas, enero 2010)

aumetaron los robos de auto con violencia

entre enero y julio 2010.

FuenTes de riesgos Para PeriodisTas

> Operaciones del crimen organizado±> Acciones de fuerzas armadas y corporaciones de policías> Policías municipales, estatales y federales corruptos.> Desconfianza de la población en la cobertura de calle.> Impunidad.> Falta de entrenamiento.

75%

6o

16o

lugar del país en datos de homicidios cometidos (datos 2008)

lugar en aporte al PBi del país.

Al año siguiente, Barceló Villagrán fue se-cuestrado, asesinado y su cuerpo destazado. Nájera, volvió a ser agredido a golpes por poli-cías municipales en julio de 2009, hoy trabaja también para un periódico local, y se mues-tra aún desdichado –como también lo expre-sa Luis Alberto Díaz en el caso de Romero-. Les cuesta entender, dicen, la actitud de los medios locales de la competencia que se ol-vidaron de la situación de ambos y sólo die-ron veracidad a la información oficial que los acusaba y denigraba.

JUSticia aUSente

cUatro caSoS emBLemáticoS

La impunidad envuelve a más del 90 por ciento de los casos de periodistas

asesinados o desaparecidos en México. Cuatro expedientes han ingresado

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las faltas de respuestas oficiales o

las irregularidades detectadas. Las investigaciones de las muertes de

Benjamín Flores (Sonora), Gregorio Rodríguez Hernández (Sinaloa),

Manuel Burgueño Orduño (Sinaloa) y Francisco Ortiz Franco (Baja California) son algunos de esos

ejemplos.

30

Martes 15 de julio de 1997, después de medio día, un hombre alcan-zó a Benjamín Flores González cuando se bajaba de su vehículo

y estaba por llegar al pórtico del periódico La Prensa de San Luis Rio Colorado, una cons-trucción sencilla de dos plantas. El descono-cido jaló el gatillo de su Ak-47 apuntando ha-cia el periodista que caminaba de espaldas. Cuando ya no salieron más balas, con mo-vimientos bruscos le dio el rifle a otro hom-bre que lo acompañaba que se había queda-do dentro de un auto y le ordenó que le diera una pistola tipo escuadra calibre 22. Corrió hacia donde estaba tirado Benjamín agoni-zando y, a muy poca distancia, le disparó en tres ocasiones en la cabeza.

En cuanto se escucharon los disparos, al-gunos compañeros de Benjamín que estaban en la redacción se asomaron por las ventanas del periódico y alcanzaron a ver algunos ras-gos del asesino: usaba cabello largo hasta el hombro, era delgado y con nariz en forma de gancho, que se había bajado de un viejo au-tomóvil Chevrolet Impala gris en el que via-jaban tres hombres más.

Aunque doloroso, el crimen de Flores Gon-zález no sorprendió a los periodistas de La Prensa, porque era evidente que la informa-ción que publicaba el director en su colum-na lo colocaba en demasiado riesgo. Además, en los últimos meses había tenido que sopor-tar varios tipos de advertencias, desde cinco denuncias por difamación y otras hasta por sedición, junto con llamadas telefónicas con

amenazas de muerte y hasta que le colocaran, a las afueras de su casa, de animales muer-tos a balazos.

Benjamín tenía miedo, se lo confesó a algu-nos de sus amigos más cercanos, pero sentía la obligación moral y profesional de publicar lo que ocurría en su pueblo San Luis Río Co-lorado, una ciudad de Sonora que topa con el sur de Estados Unidos y que por ello se con-vierte en un corredor geoestratégico para el paso de drogas, personas, armas y dinero. Los narcóticos, por ejemplo, llegan del Golfo de California o por carretera desde el sur-pací-fico y cruzan San Luis Río Colorado para in-ternarse al estado de Arizona o California. Hay poca vigilancia y del lado mexicano muy malos equipos y salarios para los policías mu-nicipales y estatales, de quienes su salario no supera los 500 dólares.

No tenía planeado dejar de publicar La Prensa y trasladarse a otra ciudad mexicana o estadounidense, además le era imposible es-conderse en San Luis Río Colorado, por ser una ciudad pequeña (8,412 km2) y de pocos habitantes (en ese momento no más e 145 mil habitantes y actualmente 157 mil), en don-de todos se conocen; sino por sus caracterís-ticas al estar enclavada en el desierto de Al-tar, la zona más árida de México. En el mapa de la República Mexicana aparece en un rin-cón de Sonora, el lugar más alejado de Her-mosillo, la capital del estado, a ocho horas por carretera.

el arranQueBenjamín Flores, nació el 11 de julio de 1968. Era un hombre alto, sonriente, de piel more-na clara, de cabello oscuro y ondulado. Era vivaz, tenía una voluntad férrea, vivía aprisa. Apenas a los 17 incursionó en el oficio dentro del periódico Tribuna y después en El Nove-dades de Baja California, tiempo atrás había sido mesero, encargado de un puesto de hot-dog y el último trabajo que tuvo antes de fun-dar La Prensa fue secretario particular del que fuera gobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Se deslindó de la política porque que-

Justicia aletargada, después de 13 años:

Cuatro absueltos, cuatro prófugos

y sólo dos detenidos

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comBatiVo. Benjamín Flores dirigía La Prensa, de San Luis Río Colorado. Sus textos eran de investigación y denuncia.

Foto: La PrenSa

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ría tener su propio medio crítico y el dinero que había ahorrado le permitió comenzarlo y así, a los 24 años, apostó a La Prensa y bajo el cabezal colocó su compromiso y legado: “sin ataduras como el pensamiento”.

Cuando en 1992 Benjamín regresó a su pue-blo natal a hacer periodismo, tenía más volun-tad que recursos y apoyos. Consiguió una ca-sa de dos plantas en una de las muchas calles empolvadas de San Luis y allí acomodó, sin mucha estética ni modernidad, escritorios, si-llas y computadoras. Sólo le importaba tener un lugar en el que los reporteros pudieran es-cribir y ya. El 3 de julio de 1992 circuló el pri-mer ejemplar de La Prensa, primero fue un se-manario sencillo de tamaño tabloide, hasta el 26 de octubre de 1994 que logró que La Pren-sa se convirtiera en un diario. Sus instalacio-nes siempre han respondido al panorama ge-neral de la ciudad, en donde la gran mayoría

de las casas son sencillas y muchas rayan en gran pobreza, sólo muy pocas gozan de gran-des extensiones y ostentosas construcciones con albercas, canchas para deportes, salones de juego y camionetas de lujo o reciente mo-delo. La mayoría de la población no podría pa-gar algo así de forma legal, dedicándose al co-mercio, la industria, la pesca, la agricultura y la ganadería, como lo hacen. Como tampoco es sencillo entender que existan tantas casas de cambio en las calles, como si la economía de la ciudad fuera muy buena.

Uno de los negocios que más ha prospe-rado en San Luis Río Colorado ha sido el de los llamados picaderos, en donde se vende y consume droga, se calcula en más de cinco mil los adictos, además de aquellos extranje-ros que cruzan la frontera para comprar sus dosis de drogas más baratas en las llamadas tienditas.

el PeriodisMoDesde el principio La Prensa fue combativa, denunció fraudes, desvío de recursos, obras públicas sin terminar y las operaciones de la mafia en la región. Pronto se convirtió en el confidente de los habitantes de la ciudad, quie-nes a menudo agotaban la publicación que se difundía en blanco y negro.

La columna de Benjamín era permanente-mente de denuncia, se llamaba No confirmado. Tenía fuentes de primera. En ella logró evi-denciar la corrupción política y el tejido del narcotráfico en esa frontera norte y su alian-za con el poder.

En mayo de 1997 publicó, por ejemplo, la “desaparición” de casi media tonelada de co-caína de las oficinas de la entonces Policía Ju-dicial Federal (ahora Agencia Federal de In-vestigaciones) y evidenció los nombres de los posibles involucrados. También en esos meses dio a conocer un expediente militar que invo-lucraba al que fuera alcalde Jesús Bustaman-te Salcido en la construcción de pistas para el aterrizaje de avionetas con drogas.

La Prensa exhibió también a Jaime Gonzá-lez Gutiérrez como narcotraficante y líder de sus dos hermanos Gabriel e Ismael. En sus páginas expuso sus argucias para salir libre cada vez que se le arrestó y evidenció los pri-vilegios que le permitieron tener mientras es-tuvo encarcelado. Gabriel González Gutiérrez acostumbraba presentarse como periodistas de la revista Alternativa, que financiaba, que distribuía gratuitamente en la ciudad y que servía de plataforma para atacar a sus adver-sarios. Mientras, su hermano Ismael se decía integrante del “Frente Mexicano Pro Dere-chos Humanos”, organismo que ellos crea-ron para su defensa.

Jaime González Gutiérrez, llamado en la re-gión como “El Jaimillo”, fue acusado en 1992 de asesinar al policía municipal Víctor Hugo Arroyo, que lo detuvo por manejar a exceso de velocidad, pero fue exonerado bajo la pre-misa de que lo mató en defensa propia. Ese mismo año fue acusado de traficar con cocaí-na y también fue liberado del cargo por un Tribunal. Documentos de inteligencia reve-larían años más tarde que el narcotraficante recibió ayuda de funcionarios estatales que hicieron perdidizos parte de los expedientes en su contra.

En febrero del 1997 Jaime González fue de-tenido bajo una identidad falsa, portaba 100

Nunca he publicado algo de lo que haya estado consciente que era una

mentira. Cargo de conciencia sí, tal vez, porque me he excedido, porque he sido duro, pero después de tantas cochinadas que pasan en este pueblo, es mínimo lo que podamos nosotros avergonzarnos”.

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kilogramos de marihuana. Benjamín Flores lo identificó al día siguiente en La Prensa y re-cordó que tenía acusaciones pendientes; ade-más denunció los privilegios que gozó después en la cárcel y detalló su prontuario. Más de un año después, a pesar de haber sido dete-nido en flagrancia, fue absuelto porque no se demostró que “El Jaimillo” fuera el dueño de la marihuana con la que fue detenido, se di-jo en la resolución del juzgado. Para los ami-gos de Benjamín, la exoneración no la pudo evitar Benjamín, sólo logró con la informa-ción que publicó presionar a las autoridades para que no lo liberaran tan rápido. Cuando el narcotraficante dejó la cárcel Benjamín ya había sido asesinado.

Las notas que publicaba en el periódico Benjamín, en el que trabajaban menos de una decena de personas, exhibían a políticos, po-licías y mafiosos. “Era un Robin Hood”, de-cía su hermana Ofelia, aunque otras personas consideraban que en ocasiones sus denuncias no tenían tanto fundamento; sin embargo, en una entrevista que se publicó en 1995, el pro-pio Benjamín argumentó:

“¿No tienes por allí guardada Benjamín, al-gún cargo de conciencia por alguna mentiri-lla que se te haya escapado?”, le preguntó el periodista Jesús Barraza.

“Nunca he publicado algo de lo que haya estado consciente que era una mentira. Car-go de conciencia sí, tal vez, porque me he ex-cedido, porque he sido duro, pero después de tantas cochinadas que pasan en este pue-blo, es mínimo lo que podamos nosotros aver-gonzarnos”.

las hiPóTesisDe acuerdo con las investigaciones de la po-licía, el crimen fue ordenado por vengan-za ante la información que publicaba Flores González. El principal responsable fue Jaime González Gutiérrez y su hermano Gabriel se encargó de organizar y pagar el crimen. Am-bos eran narcotraficantes a quienes a menu-do mostraba Benjamín Flores en las páginas de La Prensa, porque formaban parte de uno de los grupos criminales que en esa época do-minaba la zona, algo que se confirmaría des-pués con las acusaciones y sentencias que re-cibirían en Estados Unidos.

La participación de “El Jaimillo” en el cri-men no fue confirmada con pruebas directas en el expediente, sólo con algunos testimo-

nios que lo mencionaron. El más importante fue el que rindió Ramón Gastélum, abogado de Benjamín, quien sostuvo ante los inves-tigadores que Jaime González Gutiérrez le ofreció dinero al director de La Prensa, a tra-vés de su abogado, a cambio de que dejaran de publicar notas sobre él, pero el periodis-ta no aceptó y el abogado del narcotrafican-te lo amenazó.

Sin embargo, una revisión sobre las co-lumnas y materiales publicados por Benjamín Flores en su columna muestra cómo escri-bió en más de 10 ocasiones sobre los herma-nos González Gutiérrez, particularmente “El Jaimillo”. Entre tres y cuatro meses antes de su muerte, el director de La Prensa reveló la verdadera identidad de Jaime González Gu-tiérrez a quien habían detenido bajo un nom-bre falso, eso provocó que las autoridades no lo dejaran libre tan pronto, como había pa-sado en otras ocasiones y ya en la prisión, el mismo periodista mostró cómo las autorida-des penitenciarias y del gobierno en general permitían que tuviera comodidades en su cel-da y otros privilegios en comidas, ropa y visi-tas que otros presos no tenían.

Al momento del crimen, periodistas de San Luis Río Colorado y de Mexicali denunciaron que en las investigaciones sobre el crimen no se estaban abordando otras líneas sobre fun-cionarios corruptos, por ejemplo, de quienes también hablaba Benjamín. A una semana del crimen, el procurador de Justicia de So-nora había descartado la hipótesis de que se tratara de una venganza de funcionarios o de políticos, las pesquisas se centraron en los hermanos González Gutiérrez, los agen-tes prácticamente abandonaron los nombres de otros posibles sospechosos.

Además se denunciaron irregularidades en la captura y sometimiento de arraigo de algu-nos sospechosos. Incluso se habló de un chi-vo expiatorio que había sido capturado como responsable material del crimen, esto último se demostraría casi cuatro años después.

“Nunca investigó más allá del conjunto de pruebas que se fue encontrando en el cami-no, como si hubieran sido dejadas a propósi-to”, dijo en su momento Ramón Gastélum, amigo y abogado de Benjamín Flores.

LoGÍStica criminaLDe acuerdo con el expediente integrado por las autoridades de San Luis Río Colorado los

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responsables del crimen fueron: Luis Enrique Rincón Muro, “El Chichi”; Jorge Pacheco Re-yes, alias “El Pecas”; Miguel Ángel Zamora Lara; Vidal Zamora Lara, “El Villarreal”; Jo-sé Francisco Benavides Ávila; Arsenio Pérez Lozada; Carlos Pacheco García; Jaime Gon-zález Gutiérrez, “El Jaimillo”; Gabriel Gon-zález Gutiérrez, “El Gaby”, e Ismael González Gutiérrez. Cada uno tuvo un papel específico en el asesinato, de acuerdo a las confesiones que los primeros detenidos dieron.

El lunes 14 de julio de 1997 Jorge Pacheco Reyes buscó a Vidal Zamora en su casa, pri-mero lo buscó en casa de su hermano, quien confirmó en su declaración que así fue. Cuan-do pudo llegar a la casa de “El Villarreal” eran alrededor de las cinco de la tarde. Apenas un saludo y “El Pecas” le dijo lacónico: “Te ha-bla ‘El Gaby’”.

Sin darle más detalles y tampoco pregun-tar, Vidal Zamora se subió en la Pick-Up blan-ca tipo Cheyenne que tripulaba “El Pecas” y se fueron juntos. Se detuvieron en el parque Solidaridad de San Luis Río Colorado, jun-to a una caseta telefónica, desde donde Jorge Pacheco marcó un número telefónico y tras cruzar unas palabras con el receptor, le pasó el auricular a Vidal Zamora.

“Me pasó la bocina del teléfono y reconocí la voz de Gabriel González Gutiérrez, quien me dijo ‘¿conoces la oficina donde está el pe-riódico La Prensa?’, le dije que sí, entonces me dijo ‘lleva a los compas que te diga ‘El Pecas’ a las oficinas de La Prensa, cuando vaya me voy a arreglar contigo’, ya que él está en Es-tados Unidos”, relató.

Vidal Zamora, dijo, siguió las instruccio-nes de “El Gaby”. Jorge Pacheco lo llevó des-pués a una casa en donde estaba estacionado un automóvil Chevrolet Impala gris 1971, con placas de California, junto a él estaban tres personas. “EL Pecas” le indicó que se subiera a ese vehículo y los guiara. “Villarreal” subió al volante y detrás de él José Francisco Bena-vides Ávila, Enrique Rincón Muro y Carlos Pacheco García. Siguiéndolos en la camione-ta blanca estaba Pacheco Reyes.

Después de unos 10, tras cruzar varias ca-lles de San Luis, llegaron a las instalaciones del periódico, en donde estaba una camione-ta negra Pick-Up. Se estacionaron y “El Vi-llarreal” les señaló el lugar de lejos y que esa camioneta era de Benjamín Flores, porque lo había visto alguna vez. Antes de despedirse

“El Pecas” le advirtió que pasaría por él al día siguiente, por lo que tendría que estar listo.

En su declaración Vidal Zamora aseguró que trató de que no lo encontraran al día siguien-te, porque no quería inmiscuirse, pero no pu-do evitarlo. Poco antes de la hora de la comida, “El Pecas” pasó a recogerlo a su casa y lo lle-vó al mismo domicilio del día anterior, y vio el mismo Impala gris y a los tres hombres del día anterior, José Francisco Benavides Ávila se co-locó en el asiento del copiloto y en la parte tra-sera Carlos Pacheco y Rincón Muro.

Alrededor de las 3:30 de la tarde, del mar-tes 15 de julio de 1997, Vidal Zamora vio có-mo los hombres se acomodaban con sus ar-mas en el automóvil y después le ordenaron que los llevara a La Prensa. Arrancaron de la misma forma que el día anterior.

Muy cerca del periódico, los tripulantes del Chevrolet se dieron cuenta que estaba estacio-nándose en la acera de enfrente la camioneta Pick-Up negra de Benjamín Flores, por lo que se apresuraron y le dijeron que se le empareja-ra. De la puerta izquierda trasera del automó-vil se bajó Carlos Pacheco con un Ak-47 color café, caminó hacia la banqueta, para acercarse a Benjamín Flores que ya caminaba por ese lu-gar, y a unos tres o cuatro metros de distancia comenzó a dispararle por la espalda. Benjamín sólo dio dos pasos más y cayó al piso. Cuando se terminó el cargador o se atoró, le pasó el ri-fle a Rincón Muro y éste le dio la pistola tipo es-cuadra calibre 22, cuando la tuvo en sus manos “caminó de una forma rápida hasta donde es-taba tirado en el piso Benjamín Flores y le dis-paró en tres ocasiones en la cabeza”, narró Vi-dal Zamora.

Carlos Pacheco se subió aprisa al Impala y le dijo a “El Villarreal “dale ya vámonos”. Se arrancó, relató a los investigadores hacia el rumbo de “La Grullita”, y después de viajar unos 15 minutos, incluso por un camino ru-goso y lleno de tierra, se detuvo en unos arbo-litos hasta donde los alcanzó “El Pecas”, quien siempre los estuvo vigilando y los siguió has-ta ese lugar en la Pick-Up blanca, a la cual se subieron para cambiar de vehículo y tras re-cibir su paga, a “El Villarreal” le tocaron dos mil dólares, se fueron de allí.

Jorge Reyes aseguró en su declaración mi-nisterial que conoció a Gabriel González Gu-tiérrez porque a principios de 1997 lo fue a buscar a San Luis Río Colorado, para hacer negocios con cocaína. En su declaración mi-

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nisterial relató que el 9 de julio de 1997 esta-ba en su casa y después de medio día lo fue a buscar “El Gaby”, quien le dijo que necesita-ba “que le consiguiera unos plebes para ir a matar a un compa”. Al día siguiente, añadió, lo quería ver en la habitación número tres del hotel Internacional, de San Luis Río Colora-do, donde le daría más datos.

Al día siguiente “El Pecas” lo vio como acor-daron y Gabriel González le pidió que le pres-tara la casa de su hermana para pintar un au-tomóvil en donde se moverían los hombres, quería que fueran cuatro: uno que maneja-ra, dos que dispararan y otro que guardara las armas. Estuvo de acuerdo Jorge Reyes y le propuso que fueran Javier y a Román, de quienes no se proporcionan más datos en el expediente, “El Gaby” estuvo de acuerdo y le dijo que los otros dos serían Vidal y “El Chi-chi”, el primero manejaría el auto, el segun-do “los fierros (las armas)” y los que propo-nía “El Pecas” serían lo s que dispararían. Ese mismo día le dio 5 mil dólares como an-ticipo y le dijo que le daría 60 mil pesos pa-ra que los repartiera entre los muchachos. El objetivo era matar a un periodista que era el director de La Prensa.

La declaración de “El Pecas” coincide con la de Vidal Zamora sobre lo que ocurrió el día previo al crimen y el día 15 de julio, só-lo varía en los nombres de los que participa-ron. Jorge Pacheco Reyes aseguró que en el automóvil Chevrolet viajaban Vidal, “El Chi-chi”, un tal Javier y alguien de nombre Ro-mán. Después de lo ocurrido “El Pecas” se fue a Sinaloa con su familia y Román, a bor-do de la Pick-Up blanca que también había recibido como pago por e crimen, dijo, aun-que después se retractaría y diría que se la compró a “El Gaby”.

Luis Enrique Rincón Muro. “El Chichi”, siempre negó su participación y presentó va-rios testigos y documentos que evidenciaban que el 15 de julio de 1997 estaba trabajando en el pequeño negocio de lavado de autos que él coordinaba.

En sus declaraciones tanto “El Villarreal” como “El Pecas sostuvieron que fueron tor-turados en un hotel al que los sometieron a arraigo domiciliario, el primero asegura que también lo llevaron a un rancho, donde lo en-terraron de la cintura para abajo y lo golpea-ban para que confesara. En el caso de Jorge Pacheco asegura además que siendo detenido

en Sinaloa, los agentes de ese estado también lo presionaron y cuando era trasladado a San Luis Río Colorado lo iban golpeando, cuando estuvo en el hotel, dijo, lo esposaron y los poli-cías pusieron lo que quisieron en la declaración ministerial, la cual tuvo que firmar a pesar de que en ese momento era analfabeta.

Sin embargo, a pesar de estas denuncias ante el juez que fueron torturados, en su pro-pia declaración preparatoria reconocieron que sí se comunicaron con “El Gaby” y que fue-ron al periódico La Prensa, y fueron testigos del crimen del periodista, pero por ello no re-cibieron algún pago. Entre las pruebas que confirman su dicho se encuentra el registro grabado en las cámaras cuando Jorge Pacheco cruzó en la Pick-Up hacia el sur por la Adua-na de San Emeterio, en Sonoyta.

Durante el proceso, Vidal Zamora y Jorge Pa-checo Reyes, quienes serían cómplices del cri-men, no ofrecieron pruebas sobre la tortura a la que habrían sido sometidos, sólo los testimo-nios de su familia que aseguraban que durante

el arraigo prácticamente no los pudieron visitar; aunque el Ministerio Público presentó a la en-cargada del hotel quien describió las ocasiones en que fueron visitados por sus familiares.

Aunque es evidente que en el expediente existen algunas pruebas que se practicaron durante la investigación; sin embargo falta-ron muchas más que hicieran contundentes las confesiones de los acusados. Tampoco exis-ten registros constantes de que hubieran si-do buscados las otras personas señaladas co-mo responsables.

juicios y PriMeras senTenciasEl 31 de julio de 1997, el agente Primero In-vestigador del Ministerio Público de San Luis Río Colorado, Sonora, consignó la averigua-ción previa 295/97, por los delitos de homici-dio calificado y asociación delictuosa. Solicitó una orden de aprehensión contra Miguel Án-gel Zamora Lara; Vidal Zamora Lara, alias “El

Nunca investigó más allá del conjunto de pruebas que se fue

encontrando en el camino, como si hubieran sido dejadas a propósito”

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Villarreal”; José Francisco Benavides Ávila; Luis Enrique Rincón Muro, a quien le dicen “El Chichi”; Jorge Pacheco Reyes, “El Pecas”; Arsenio Pérez Lozada; Carlos Pacheco García; Jaime González Gutiérrez, llamado “El Jaimi-llo”; Gabriel González Gutiérrez, “El Gaby”, e Ismael González Gutiérrez.

El juez aceptó el expediente e inició la cau-sa penal 239/97 girando todas las órdenes de captura, las cuales se ejecutaron el 2 de agosto de 1997 en los casos de Miguel Ángel Zamora Lara; Vidal Zamora Lara; Jorge Pacheco Re-yes; Luis Enrique Rincón Muro y Jaime Gon-zález Gutiérrez. Los cuatro primeros habían permanecido bajo arraigo varios días.

Apenas cuatro meses después fue exonera-do Jaime González Gutiérrez, el 22 de diciem-bre de 1997. Fue el primero. El Juez Tercero de Distrito de Sonora le otorgó un amparo al considerar que no existían elementos sufi-cientes para procesarlo. La resolución se hi-zo efectiva el 18 de enero de 1998, cuando fue puesto en libertad por ese delito, aunque continuó preso por la posesión de la mari-huana. Aunque su libertad que obtuvo me-ses después no le sirvió de mucho, porque el 26 de abril de 2000 fue nuevamente deteni-do por el asesinato de José Manuel Echeve-rría, a quien presuntamente mató con 27 pu-ñaladas por una deuda de droga.

Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa ya no retoma-ron el caso para obtener más pruebas que for-talecieran las acusaciones contra “El Jaimillo” y re-acusarlo. Simplemente no hicieron nada.

El resto de los acusados tuvieron que es-perar casi cuatro años para recibir una sen-tencia por parte de la juez Santa Adelina Flo-res Montoya. El 30 de abril de 2001 Miguel Ángel Zamora Lara fue dejado en libertad, también por falta de pruebas, y Vidal Zamora Lara, Jorge Pacheco Reyes y a Luis Enrique Rincón Muro se les quitó el delito de asocia-ción delictuosa, pero fueron condenados por homicidio calificado.

Rincón Muro aseguró que era inocente, que no había participado en el crimen y lo demos-traría en el amparo y así fue, en el juicio de ga-rantías que tramitó se ordenó la reposición del procedimiento para integrar pruebas que no se habían considerado. El 16 de julio de 2004, en una nueva sentencia, fue absuelto y abandonó la prisión después de siete años. Esa resolución la ratificó la Primera Sala Mixta del Supremo Tri-

bunal de Justicia de Sonora dos años después, el 30 de junio de 2006, por lo que ya no puede ser juzgado por ese delito.

Los años siguieron pasando para Vidal Za-mora y Jorge Pacheco Reyes, quienes tras rei-niciar el juicio y emitirse una nueva senten-ciados el 12 de diciembre de 2008, el juez los consideró responsables del asesinato de Ben-jamín Flores González, por lo que se les im-puso, a cada uno, 20 años de prisión (de los cuales ya han cumplido 13), una multa de 100 dólares, el pago de otros 100 dólares por la re-paración del daño moral y deberán pagar el daño material (aunque no se da alguna espe-cificación al respecto) y no podrán tener be-neficios pre-liberatorios, por lo que deberían dejar la prisión hasta el año 2017.

Entre otros argumentos, el juez consideró que en el expediente no existían pruebas que confirmaran que los acusados fueron tortu-rados o que demostrar que les fue arrancada con violencia su confesión. Para el funcionario jurisdiccional las pruebas de descargo ofre-cidas por la defensa resultaron insuficientes para demeritar las que presentó el Ministerio Público, como fue el caso de las declaracio-nes de los coacusados que coinciden, en par-te, con la de los testigos del crimen, aunado a otras pruebas, precisó el juez, “existen indi-cios suficientes” para condenarlos.

“el gaby”El 27 de abril de 2006 Gabriel González Gu-tiérrez llegó a México y fue directo a la prisión de San Luis Río Colorado. Seis días después inició el juicio en su contra por el homicidio de Benjamín Flores, radicado en la causa pe-nal 239/97 en el juzgado Primero de lo Pe-nal. Llegó al país tras ser extraditado de Es-tados Unidos, donde fue detenido junto con sus hermanos Ismael y Pablo, el 24 de febre-ro del 2000, acusado en una Corte Arizona de haber distribuido al menos una tonelada de marihuana y 245 kilos de cocaína en el área de Yuma. Fue declarado culpable y tras pa-gar su condena de seis años, fue entregado a las autoridades mexicanas para someterlo a juicio por el crimen del periodista.

Se inició el proceso, primero en San Luis Río Colorado, y después en Hermosillo, por lo que Gabriel González fue trasladado en noviembre de 2008 a una prisión en esa ciudad capital. Pri-mero consiguió un amparo que ordenaba al juez dictar un nuevo auto de formal prisión o dejar-

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lo en libertad. Se emitió un nuevo auto de for-mal prisión el 19 de octubre de 2006, en el que ya no se incluyó el delito de asociación delictuo-sa, sólo el de homicidio calificado.

Las principales pruebas de descargo que ofreció “El Gaby”, fueron los testimonios de familiares y amigos que aseguraban que es-taba en Estados Unidos trabajando cuando ocurrió el crimen y trató de desacreditar las confesiones de sus coacusados. Aseguró que era inocente y que trabajaba en un taller me-cánico en Fresno, California, donde vivía des-de 1992, cuando se casó y desde entonces no había viajado a San Luis Río Colorado, in-cluso aseguró que no tenía contacto con sus hermanos, sólo con sus padres y hermanas que también viven en el estado de California. Gabriel González sólo omitió contarle al juez que había sido sentenciado como narcotrafi-

cante en Estados Unidos.El 6 de julio de 2009 el juez determinó que

era el autor intelectual del crimen de Benja-mín y lo condenó a 22 años y seis meses de prisión, al pago de 200 dólares de multa y 120 dólares por reparación del daño moral, tam-bién a la reparación del daño material (sin es-pecificar cómo) y a no recibir beneficios de li-bertad anticipada.

Fallos exTrañosDe forma sorprendente, en 2010 Gabriel Gon-zález Gutiérrez, fue exonerado de la autoría in-telectual del crimen de Benjamín Flores, a pe-sar de que un año antes se le condenó a 22 años de prisión. La resolución de de la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del es-tado de Sonora apenas abarca 13 páginas.

En agosto de 2009 se inició la toca penal

LiBerado. Gabriel González Gutiérrez, durante su detención en 2006. Pasó menos de cuatro años en prisión, de los 22 dispuestos en su condena.

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Foto: La PrenSa

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858/2009 en la Segunda Sala Mixta, después de que apelaran la sentencia los abogados de “El Gaby”, el segundo magistrado, Francis-co Gutiérrez Rodríguez, fue designado el po-nente, el encargado de presentar ante pleno su proyecto de sentencia, la cual terminó el 22 de febrero de 2010, apenas seis meses des-pués de recibir el expediente.

De acuerdo a la resolución, el magistradoi ponente sostuvo que los testigos del crimen de Bejamín no aportan elementos sobre la res-ponsabilidad penal de Gabriel González Gu-tiérrez, porque no lo mencionan, a pesar de que la información que aporta confirma al-gunos datos como el tipo de auto utilizado, la cantidad de personas involucradas, la forma del crimen y algunos rasgos físicos del asesi-no. Sólo subraya que de sus primeras testi-moniales se desdijeron de la imputación que hacían contra “El Chichi”, argumentando que se sintieron emocionalmente presionados ante lo que ocurrió, esto último, dice el magistra-do “proporciona una idea relevante del tono y las prácticas que se uilizaron para la integra-ción de la averiguación previa, máxime que ‘El Chichi’ terminó siendo absuelto”.

Más adelante el magistrado asevera que las declaraciones ministeriales de los otros acusa-dos en la causa penal y que señalan a Gonzá-lez Gutiérrez como el autor intelectual “care-cen de eficacia para ser considerados prueba plena, porque quienes las emiten no puede decirse que gocen de probidad e imparciali-dad y buenos antecedentes”, porque alguno de ellos reconoció que consume cocaína y que fue arrestado por faltas administrativas.

Aunado a lo anterior, el magistrado señala que también esas declaraciones pierden con-sistencia ante la absolución de Luis Enrique Rincón Muro, “El Chichi”, porque lo involu-craban como cómplice y también porque tan-to Vidal Zamora Lara, alias “El Villarreal” como Jorge Pacheco Reyes, “El Pecas”, asegu-raron que fueron torturados y años después se desdijeron de sus declaraciones y careos a los que fueron sometidos durante el juicio y en los que habían confirmado la participa-ción de “El Gaby”.

El magistrado Francisco Gutiérrez Rodrí-guez también les resta validez a esas declara-ciones porque, dice, “estan involucrados” en el caso. No considera, si siquera menciona el funcionario judicial en su resolución otros tes-timonios que corroboran que se conocían en-

tre los acusados y otras pruebas que los vincu-lan y que se encuentran en el expediente.

Para exonerar a Gabriel González el ma-gistrado argumenta que el Ministerio Públi-co no se inconformó con la resolución del juez y cita una tesis de la Suprema Corte de Jus-ticia en la que se establece un criterio sobre la desestimación de declaraciones que en es-te caso no existió y no se sustenta, por lo que no puede justificarse su aplicación. Sin em-bargo, el magistrado inexplicablemente lo hi-zo por analogía.

El juez que sentenció a “El Gaby” en su momento precisó que no podrían conside-rarse válidas las declaraciones en las que ne-gaban todos los hechos los acusados, porque fueron hechas con posterioridad y no existían elementos que acreditaran su dicho; tampoco consideró que hubieran demostrado que sus confesiones fueron arrancadas con presiones y torturas, porque no habían ofrecido prue-bas de ello, pero en el expediente no existe sólo la confesión, sino también la declaración preparatoria y un careo en el que confirman la parte esencial de su confesión.

A pesar de esto, el magistrado determi-nó que todas las pruebas contra el narcotra-ficante Gabriel González Gutiérrez eran in-conducentes o insuficientes, a pesar de que en su resolución no se hace referencia a to-das las probanzas que existen en el expedien-te y que, articuladas, le permitieron al juez sentenciarlo a 22 años y seis de prisión por el crimen de Benjamín. El Tribunal, por una-nimidad, determinó que existía “insuficien-cia probatoria”.

Con este fallo “El Gaby” ya no puede ser juzgado, el caso de Benjamín se quedó sin au-tor intelectual, tampoco cuenta con el autor material, sólo están en prisión dos cómplices que todavía pueden apelar su sentencia.

Por si fuera poco existen cuatro órdenes de captura que, desde hace 13 años, no se han ejercido contra: José Francisco Benavides Ávi-la, Arsenio Pérez Lozada, Ismael González Gu-tiérrez y Carlos Pacheco García, este último sería el verdadero autor material.

La justicia para Benjamín Flores sigue aletargada.

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De noche, un domingo, en el suave calor de Sinaloa, hace seis años ma-taron a Gregorio Rodríguez Her-nández. Cuatro veces le disparó

un hombre joven, contratado para asesinar al corresponsal gráfico del periódico El De-bate de Mazatlán.

El hombre detenido y acusado de ser uno de los asesinos fue absuelto por un juez, lo mismo que dos supuestos cómplices. No ha-bía pruebas que sostuvieran su culpabilidad. El autor intelectual hasta ahora ni siquiera ha sido acusado.

En prisión, por ahora, sólo quedan cuatro personas, acusadas de estar involucradas en el crimen, pero por lo menos una de ellas pa-recería que en poco tiempo también será ab-suelta, porque habría demostrado que estaba en otro lugar cuando ocurrió el crimen.

El asesinato de Gregorio es una historia de enredos y de trozos vacíos, de grietas que la autoridad ha ido dejando. En el expedien-te hay pruebas que los investigadores no han querido encontrar. Mientras tanto, en pri-sión no está quien ordenó el crimen. Este caso es uno más en el que prevalece la impu-nidad y que la SIP, con el apoyo en la inves-tigación del periodista Cayetano Osuna, lo-gró documentar.

el FoTógraFo de la ciudadEscuinapa es un municipio del sur de Sina-loa (en el Pacífico mexicano), un lugar que se transita rápido de punta a punta, con sus ape-nas mil 600 kilómetros cuadrados de superfi-cie. Aunque pequeño, es cercano a un paraí-so, porque pisa la sierra, le cruzan varios ríos y desemboca al poniente con el mar, donde se forma el puerto de Teacapán, y hasta una

isla alcanza, la de Palmito, que está inmersa en unos manglares.

Cuando asesinaron a Gregorio en 2004, Escuinapa era un lugar generalmente tran-quilo, de apenas 45 mil habitantes. Por eso Rodríguez Hernández acostumbraba enviar fotografías de eventos públicos y problemas comunitarios a El Debate durante los casi 5 años que trabajó para la empresa. En ocasio-nes hacía llegar algunos datos para que los re-porteros en Mazatlán redactaran notas bre-ves del lugar. En sus ratos libres contrataban los servicios de su estudio de fotografía y fil-mación para fiestas de la región.

El domingo 28 de noviembre, día en que murió el periodista, lo acompañaban sus dos pequeños hijos. Cenaban los tres en el garaje de una casa acondicionada como merendero. Apenas se habían acomodado, pidieron unas gorditas de pollo y en unos segundos se apa-recieron dos hombres a bordo de una moto-cicleta, uno de ellos, vestido de oscuro, tenía en la mano una pistola 9 milímetros con la que en segundos apuntó a Gregorio. Jaló del gatillo en cuatro ocasiones. Los niños corrie-ron y se escondieron entre las mesas, mien-tras su padre caía sin vida tras los disparos certeros. Los matones huyeron.

*****Los escuinapenses indignados realizaron dis-tintas marchas luctuosas con velas encendidas para presionar y exigir a las autoridades justi-cia y el total esclarecimiento del crimen.

José Manuel Peña López y Fabián Rodrí-guez Parra, comandante en Escuinapa y coor-dinador de la Policía Ministerial de Estado (PME), en la zona sur de Sinaloa, respectiva-mente, para bajar la irritación social y la pre-

Un crimen de narcotraficantes que

la policía ensucióy la justicia no esclarece

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sión que ello significaba de pronto revelaron que tenían un testigo que les permitió des-cubrir a dos de los responsables.

Las investigaciones parecían alentado-ras entonces. El testimonio de Juan Ramón Ochoa Hernández señalaba como los asesinos a los hermanos Manuel Ulises y Abraham Er-nesto Cedano Ornelas. La averiguación pre-via consignada y registrada en la causa penal 161/2004 también vinculaba a Antonio Fraus-to Ocampo, como partícipe del crimen, pero en su caso el juez negó la orden de captura, asegurando que faltaban pruebas, algo que varios meses más tarde, tras leer el expedien-te, era inexacto ante pruebas periciales y tes-timoniales que existían como parte del legajo y que no fueron tomadas en cuenta.

El 14 de diciembre de 2004 Abraham Er-nesto Cedano ingresó a prisión y el 20 de ene-ro de 2005 fue capturado su hermano Manuel Ulises. El problema, se sabría y confirmaría tiempo después, es que se trataba de dos con-sumidores de droga y delincuentes, no de los asesinos.

Después de iniciado el juicio, la Procuradu-ría de Justicia del estado tardó unos meses en retomar las investigaciones. En julio de 2005 acusó penalmente a Abel Enríquez Zavala, ex director de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa; Marisela Machado Denis; Pe-dro Salas Franco; Elías Álvarez González y/o Efraín Contreras Hernández y Francisco Ja-vier Pineda Sarmiento, como probables res-ponsables del delito de homicidio doloso en contra de Gregorio Rodríguez Hernández. El primer detenido fue Enríquez Zavala y, días más tarde, fue capturado el resto.

*****Dos hechos importantes ocurrieron y ningu-no ha sido investigado para determinar si tie-nen relación con el crimen del reportero gráfi-co o se trata de hechos diferentes. El primero se dio 42 meses después del crimen de Gre-gorio y el segundo meses más tarde. El 6 de mayo de 2008 el comandante Peña López fue asesinado en el crucero de las avenidas Santa Rosa y Circunvalación, el modus operandi uti-lizado tuvo rasgos similares al del crimen del periodista: dos sicarios montados en una mo-tocicleta blanca se le acercaron mientras espe-raba, a bordo de su camioneta Cheyene Roja, que el semáforo se pusiera en verde.

Diez meses después, el 21 de diciembre

de 2008, cuando cenaba hot dog junto a una carreta, en la zona centro de la Sindicatu-ra de Villa Ángel Flores, La Palma, Fabián Rodríguez Parra, entonces Oficial Mayor del Ayuntamiento de Navolato, fue asesinado de cuatro balazos en el pecho, por un sujeto ar-mado con un fusil de asalto AK-47. Antes de ocupar ese cargo había sido escolta personal del ex director de la Policía Ministerial, Je-sús Antonio Aguilar Íñiguez, conocido co-mo “Chuy Toño”.

coMPlicidadesAl cumplirse dos años del crimen de Grego-rio, Fortino Bórquez Velásquez --en ese en-tonces subprocurador Regional de Justicia en la zona sur de Sinaloa--, soltó sin explicación una afirmación inesperada ante Teresa Ma-yorquín González, viuda del reportero gráfi-co: “En el crimen de sus esposo no hay au-tor intelectual”.

Fue evidente entonces que el funcionario --quien actualmente es subsecretario de Se-guridad Pública, Prevención y Readaptación Social en la entidad-- quería enterrar la hipó-tesis más sólida que se tenía en ese momento sobre el móvil del crimen de Gregorio y que aparece en el expediente: en 2004 el perio-dista habría tomado las fotografías en las que aparecen Antonio Frausto Ocampo --señala-do como narcotraficante responsable de las operaciones de la región-- y Tamar Aguilar Íñiguez --hermano del ex director de la Policía Ministerial de Sinaloa, Jesús Antonio Agui-lar Iñiguez, conocido como “Chuy Toño”--, cuando en Escuinapa fueron detenidos jun-tos por el Ejército portando armas.

En la averiguación previa ESC/I/371/2004, se suman otros datos y que se sustentan en declaraciones ministeriales que aseguran que entre septiembre y noviembre de 2004 el pe-riodista gráfico de El Debate habría fotogra-fiado y/o filmado en alguna fiesta de quin-ce años que se celebraron en Escuinapa y en el poblado de Cristo Rey, a Antonio Frausto Ocampo, donde aparece conviviendo con Abel Enríquez Zavala, entonces director de la poli-cía municipal de Escuinapa, y el propio Jesús Antonio Aguilar Iñiguez. Lo que evidencia-ría la vinculación entre funcionarios públicos y presuntos narcotraficantes.

El antecedente más directo sobre las ra-zones que provocaron el asesinato de Grego-rio se ubican en la publicación de una nota

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en el periódico El Debate, el 24 de noviembre de 2004, cuatro días antes del crimen del re-portero gráfico, en la que se daba a conocer que Antonio Frausto había herido a la espo-sa de un médico, porque éste se negó a aten-der a su hijo herido. Al momento del ataque, el presunto narcotraficante estaba acompaña-do de José Armando Estrada Soberanes, alias “el Conchillas”, así como a otras dos perso-nas conocidas con los apodos de “el Planeta” y “el Chicuco”, de quienes en el expediente no hay registro que hubieran sido buscados por las autoridades.

De acuerdo con el dictamen de balística,

el arma que se utilizó para herir a la esposa del médico, fue la misma con la que mataron a Gregorio.

A Jesús Antonio Aguilar Iñiguez se le con-sideraba pocos meses atrás un hombre con poder en Sinaloa, por tener bajo su control a toda la corporación de policías investigado-res del estado. Existían datos y referencias sobre la protección que brindaba a las orga-nizaciones de narcotraficantes que convivían en Sinaloa. Sus implicaciones con los cárte-les de Juárez y de Sinaloa se comenzarían a confirmar en 2004, poco antes del asesinato de Gregorio, en septiembre de 2004, cuando

nomBre: Gregorio Rodríguez Hernándezedad: 35 años.ProFeSión: Reportero gráfico del periódico El

Debate en Escuinapa, SinaloaFecHa deL crimen: 28 de noviembre de 2004LUGar deL crimen: Escuinapa, SinaloaHiPóteSiS: El haber tomado fotografías

que relacionaban a funcionarios con narcotraficantes y publicar información sobre este último.

ProceSo LeGaL: Hay cuatro personas sentenciadas por el crimen, aunque sobre tres de ellas existen dudas de su responsabilidad y podrían salir libres. No ha sido acusado el autor intelectual.

SitUación FamiLiar: Su esposa e hijos no reciben pensión. Ante el seguro social se calificó su muerte como “accidental” y no se la vinculó con la labor profesional. Al momento del crimen no contaba con seguro de vida personal ni de la empresa periodística para la que trabajaba. Su esposa, María Teresa González Mayorquín, ocupó su lugar en el periódico hasta el 12 de enero de 2010.

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Foto: eSPeciaL

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la Subprocuraduría de Investigación Espe-cializada de la PGR (SIEDO) inició una ave-riguación previa que se convirtió en orden de aprehensión por brindar protección a los cárteles, tras el asesinato de uno de sus líde-res: Rodolfo Carrillo Fuentes.

Antonio Aguilar Iñiguez se libró de esa acusación en 2009, gracias a un amparo, y de inmediato comenzó a vérsele por Escuinapa. La SIEDO insistió y desde mayo de 2010 apa-rece en la lista de los más buscados por esa Subprocuraduría.

se desgajan las PruebasConforme pasaba el tiempo y los testigos no se presentaban, aseguraban no haber declarado o se conocían más detalles del expediente, las pruebas comenzaron a fragmentarse.

En octubre de 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 8/2006, en la que evidencia-ba distintas irregularidades e inconsistencias en las investigaciones seguidas por el homici-dio de Gregorio Rodríguez. Exigió que se in-vestigara a fondo, porque existían pruebas de que eran más los funcionarios posiblemente involucrados en el asesinato.

La CNDH mostró, por ejemplo, que no se investigó a fondo quién y porqué se ordenó lavar el lugar en donde había sido asesinado Gregorio, siendo que todavía no se practica-ban las diligencias necesarias.

Tampoco, sostiene la Recomendación de la Comisión, se ratificó y asentó debidamen-te en el expediente el informe que rindieron el 11 de junio de 2005 los agentes adscritos a la Subprocuraduría Regional de Justicia Zo-na Sur de Sinaloa, en el que se asentó que en la edición del 12 de marzo de 2005 del dia-

rio El Debate, se publicó información sobre la detención de Francisco Pineda Sarmien-to, Pedro Salas Franco y Benjamín Contre-ras Hernández y/o Elías Álvarez González, por el delito de robo violento y robo de vehí-culos, “y que se les encontró entre sus per-tenencias un croquis de ubicación del domi-cilio de Miriam Navarro y Ramón Eduardo Guevara, reporteros de dicho diario y com-pañeros de Gregorio Rodríguez Hernández. En consecuencia, obtuvieron las fichas sig-nalécticas de dichas personas, así como va-rias fotografías, mismas que mostraron a los señores Rufino Cortés Prado, Sergio Eliuth Cortés de los Santos, José Ramón Lerma Pra-do y José Manuel Tiznado Prado --vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos--, quienes identificaron a Pedro Salas Franco y Elías Ál-varez González como las personas que parti-ciparon en los hechos, y a este último como el que disparó en varias ocasiones en contra de Gregorio Rodríguez Hernández. Final-mente, se indicó que otros testigo presencia identificó a Pedro Salas Franco como la per-sona que acompañaba a Elías Álvarez Gon-zález y/o Efraín Contreras Hernández, quien disparó al reportero”.

Las investigaciones de la CNDH evidencia-ron también la protección institucional que tenía Antonio Frausto Ocampo. En su decla-ración ministerial, establece la Comisión, un agente municipal aseguró el 8 de diciembre de 2004 cuando fue al poblado de Teacapán, a entregar un citatorio, se percató que el se-ñor Antonio Frausto Ocampo se encontraba en el interior de una marisquería y que otro agente municipal, Nicolás Rojas, no le permi-tió pasar al comandante cuando se acercó, “ya que al parecer lo estaba cuidando”, detalla la Recomendación.

Un oficio de investigación fechado un día después, el 9 de diciembre, firmado por los integrantes del Grupo Delta II, adscrito a la Coordinación Especial de Investigación de Homicidio Doloso Zona Sur de Policía Mi-nisterial de Sinaloa y ratificado ante el Mi-nisterio Público, los agentes aseguraron que “se recibió una llamada anónima en la que se informó que el policía municipal de nom-bre Nicolás Rojas Coronado pagó a los seño-res de apodos ‘El Charapillo’, ‘El Sandrillo’ y ‘El Tumbaaviones’ para que mataran al se-ñor Gregorio Rodríguez Hernández”. En el documento, de acuerdo a las investigaciones

Se recibió una llamada anónima en la que se informó que el policía

municipal de nombre Nicolás Rojas Coronado pagó a los señores de apodos ‘El Charapillo’, ‘El Sandrillo’ y ‘El Tumbaaviones’ para que mataran al señor Gregorio Rodríguez Hernández”

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de la CNDH, también se especificaba que en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsi-to Municipal de Escuinapa había un agente, Nicolás Rojas.

Mientras tanto, el juicio en contra de los acu-sados continuó y las inconsistencias que prime-ro fueron rumor y después confirmación plena quedaron asentadas en el propio expediente, cuando en diciembre de 2006 el juez mixto de Primera Instancia del Ramo Penal en Escuinapa, Daniel Armenta Rentería, ordenó la libertad in-mediata de los hermanos Cedano Ornelas, por falta de pruebas. Casi dos años tardaron en de-mostrar que no eran los asesinos y lo lograron. El entonces Procurador de Justicia del Estado, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, tuvo que aca-tar el fallo, pero eso lo obligaba a reabrir las in-vestigaciones y revisar todas las pruebas, algo que no ocurrió.

Pruebas sin considerar Francisco Javier Pineda Sarmiento, “El Gor-do”; Pedro Salas Franco, “El Cabezón”, y Elías Álvarez González, “El Benja”, fueron senten-ciados el 31 marzo de 2008 como copartícipes del crimen del reportero gráfico, de acuerdo al juez Armenta Rentaría.

La sentencia impuesta fue de 11 años, 11 meses, 18 días de prisión para “El Gordo”, El “El Cabezón” y “El Benja”, por el asesinato de Gregorio Rodríguez Hernández y el deli-to de evasión de reos, perpetrado en el penal de aquél municipio del sur del estado de Si-naloa. También Abel Enríquez Zavala recibió una pena de 11 años y 6 meses por su presun-ta participación en el crimen.

Así, jurídicamente se determinó que entre las seis y siete y media de la tarde-noche del domingo 28 de noviembre de 2004, “El Gordo” habría llevado en una camioneta a “El Benja” y a “El Cabezón” hasta la calle Juventud, con-tigua a la cenaduría de Teresa Guerra, enton-ces ubicada en esquina de Aquiles Serdán y Paz, en Escuinapa, donde Gregorio cenaba en compañía de sus hijos y cuando conside-raron que era su oportunidad se acercaron al periodista y uno de ellos le disparó.

Pero esa referencia de los hechos tiene al-gunas inconsistencias respecto a testimonios que sostienen que los asesinos llegaron a bor-do de una motocicleta y un pequeño incon-veniente más grave, que de acuerdo con otra causa penal, la número 89/2004, desde el 17 de agosto de 2004 –es decir tres meses antes

del crimen de Gregorio-- y hasta el 1 de fe-brero de 2005, “El Gordo” estuvo preso jun-to con su cómplice Miguel Humberto Maris-cal Herrera, por el delito de robo calificado perpetrado en Acaponeta, Nayarit, en agra-vio de los taxistas Martín Ruiz Flores y Car-los López González.

“¿Cómo es posible que el 28 de noviembre de 2004, Francisco Javier Pineda Sarmiento, estando encarcelado en Acaponeta, Nayarit, haya viajado hasta Escuinapa, Sinaloa, a ase-sinar a Gregorio Rodríguez Hernández, y lue-go lo hayamos vuelto a encerrar?”, dijo a la fa-milia de “El Gordo” el juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Penal de Acaponeta, Na-yarit, René Margarito Gómez Ramón, quien tenía a su cargo la causa penal 89/2004.

Nicanor Bautista Hernández, abogado pe-nalista mazatleco que había presentado ante la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Jus-ticia del Estado de Sinaloa, una lista de agra-vios que el juez Armenta Rentería había co-metido contra “El Gordo”, dijo:

“Una de dos: o ‘El Gordo’ es un ‘David Co-pperfield’ que atravesó las rejas de la cárcel de Acaponeta, Nayarit, para venir hasta Escui-napa, Sinaloa, a matar a Gregorio o las auto-ridades nayaritas lo liberaron para que lo hi-ciera y volvieron a encerrarlo, y si ocurrió esto último, entonces hay que investigarlas por co-rruptas y cómplices de un asesinato”.

Esa inconsistencia fue suficiente. El 8 de marzo de 2009, la Tercera Sala del Supre-mo Tribunal de Justicia del Estado, revocó la sentencia condenatoria contra los inculpa-dos y ordenó al juez Daniel Armenta Rente-ría que repusiera el juicio y subsanara las de-ficiencias. En pocas palabras debía corregir lo que parece irregular.

Los argumentos esgrimidos por el magis-trado para revocar la sentencia se entraron en los careos que no se habían realizado entre los testigos de cargo y los presuntos homici-das y el hecho del que “El Gordo” no pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo.

Casi un año después, el 25 de abril de 2010, Pineda Sarmiento, Salas Franco y Álvarez Gon-zález, aseguraron que su defensora de oficio Fran-cisca Toledo había viajado desde Escuinapa has-ta el penal de Mazatlán para proponerles que se declararan culpables del crimen, argumentan-do que con esa estrategia de defensa saldrían libres en un año, pero si seguían alegando ser inocentes su cautiverio duraría más años.

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“Ni madres, nosotros no matamos a ese se-ñor y aunque es injusto que tengamos cinco años en la cárcel mientras los verdaderos ase-sinos andan sueltos, no se va hacer que nos echemos la culpa de un crimen que no co-metimos ”, reviraron los reclusos a Toledo, de acuerdo a su propio relato.

La defensora de oficio ni se inmutó con la renuencia de los reos y se despidió invitán-dolos a reflexionar la propuesta del “mal me-nor” con la promesa de regresar la siguien-te semana, para que una vez que decidieran hacer la declaración de culpabilidad quedara formalmente firmada, relataron los tres acu-sados entrevistados por el semanario Riodo-ce, a quien aseguraron que la abogada prome-tió llevarles tamales de camarones barbones para festejar después de que ellos declararan por escrito que habían matado a Gregorio. Ya no regresó.

Personaje claveHan pasado seis años y Antonio Frausto Ocam-po sigue sin ser acusado penalmente por el asesinato del reportero gráfico. Las pruebas periciales que lo vinculan y las declaracio-nes y datos que existen en el expediente, no han sido suficientes para las autoridades de Sinaloa y soliciten a un juez la orden de cap-tura en su contra.

La principal prueba es el dictamen pericial de balística comparativa, número de folio 12501 y con, clave 11-29-32, en el que los especialis-tas concluyeron que el arma 9 milímetros que el 21 de noviembre de 2004 hirió a Laura Ra-mos Bibriesca, esposa del médico José Ascen-ción Domínguez Saucedo, en Teacapán, Escui-napa, fue la misma que siete días después, el 28 de noviembre, privó de la vida al fotorreporte-ro de El Debate de Mazatlán.

Eran las 11 de la noche del 21 de noviembre de 2004, se afirma en la averiguación previa ESC/I/371/2004, cuando Domínguez Saucedo y su esposa Laura fueron agredidos a balazos por Antonio Frausto Ocampo, porque aparen-temente el médico se negó a curar la mano le-sionada de su hijo apodado “El Tony”.

Según el reporte policíaco firmado por Marco Antonio Medina Bulgara, en ese en-tonces comandante de la policía municipal asentada en Teacapán, esa noche “El Tony” llegó acompañado de su primo. Tripulaban un Jeep rojo. Arrogantes, gritaban palabras altisonantes frente a la casa del médico, pa-

ra que éste lo atendiera urgentemente. Do-mínguez Saucedo aceptó hacerlo siempre y cuando no lo ofendiera verbalmente delan-te de su familia.

El doctor --continúa el informe policial-- acercó la mano al barandal de su casa pa-ra acercarse y en ese momento “El Tony” sa-có de entre sus ropas una navaja y lo hirió en una mano. En poco tiempo apareció Antonio Frausto Ocampo, a bordo de una camioneta color negro, tipo Avalanche, acompañado de tres hombres: “El Planeta”, “El Chicuco” y “El Conchilla”. Sin soltar alguna advertencia, comenzó a dispararle a Domínguez Saucedo, pero sólo logró herir en el hombro derecho a Laura Ramos, esposa del médico.

Fue atendida de emergencia y por las ca-racterísticas del ataque por oficio se inició la averiguación previa contra Frausto Ocampo y sus cuatro cómplices. En el expediente quedó asentado el reporte de balística que detalla-ba el tipo de arma y los rastros que dejó en la bala. La información quedó registrada y así fue como se estableció la comparación con el arma con la que se asesinó al reportero grá-fico siete días después.

Por esa razón, “El Gordo”, “El Cabezón” y “El Benja” exigieron insistentemente que la Procuraduría General de Justicia del es-tado y Procuraduría General de la Repúbli-ca (PGR) detuvieran a Frausto Ocampo y lo carearan con ellos, porque así mostrarían su inocencia.

Al menos oficialmente sí lo han buscando, aunque no con mucha insistencia. El primero de diciembre de 2004, la Procuraduría de Jus-ticia giró el oficio número 3314/2004, dentro de la averiguación previa ESC/371/2004, di-rigido al comandante de la Policía Ministerial en Escuinapa en el que le ordenaba:

“Por medio del presente oficio le solicito a usted se sirva presentar en días y horas hábi-les ante esta representación social, al C. An-tonio Frausto Ocampo, quien puede ser lo-calizado en el domicilio de su conocimiento o cualquier lugar de la vía pública a fin de que declare en relación a los hechos que se vie-nen investigando”.

Con base en ese documento y el estudio de balística comparativa, el 1 de diciembre de 2004 las autoridades investigadoras catea-ron la casa ubicada en la esquina de las calles Michoacán y Mateo Camacho, junto al núme-ro 703, en la comunidad de Cristo Rey, Es-

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cuinapa, para presentar a Frausto Ocampo, pero logró huir y sólo encontraron a su ser-vidumbre. Ya no se registró mayor búsqueda del presunto narcotraficante.

Antes y después del crimen de Gregorio la comunidad de Escuinapa comentaba que Frausto Ocampo residía en algún lugar de los Estados Unidos y regularmente visitaba Cristo Rey y Escuinapa, con conocimiento de las corporaciones policíacas municipales y estatales, y hasta de la PGR. En enero de 2009 fue detenido en el estado de Nebras-ka, Estados Unidos, junto con su sobrino José Rigoberto Frausto Díaz y Jorge Alber-to Hernández Campos, por su presunta res-ponsabilidad en el delito de distribuir, ar-mado, metanfetaminas. Se declaró culpable de vender drogas sintéticas ante una Cor-te de Omaha y, cinco meses después, el 17 de junio, Frausto Ocampo fue sentenciado a 14 años de prisión, y al pago de una mul-ta por 4 millones de dólares.

Karin Spencer, reportero del diario Oma-ha Herald, describió a Frausto Ocampo como “un sicario en apuros” cuando el juez le pre-guntó si había conspirado para repartir dro-gas y el primero le respondió entre suspiros y una pequeña sonrisa irónica “les ayudo so-lamente para hablar el uno (José Rigoberto Frausto Díaz) al otro (Jorge Alberto Hernán-dez Campos) en el teléfono”.

Según el cronista, la declaración de cul-pabilidad del detenido fue importante para los funcionarios locales en la administración de justicia contra implicados en delitos fede-rales sobre drogas, porque Antonio Frausto Ocampo estaba considerado como un blan-co internacional y un traficante en grande de metanfetaminas que nunca había sido conde-nado por un crimen de drogas.

Carlos Monzón de Lincoln, abogado de-fensor de Frausto Ocampo, se dijo sorprendi-do de las declaraciones de su cliente, agregó Spencer, porque la estrategia para defenderlo consistía en alegar que su cliente nunca ha-bía estado implicado por delitos de drogas o cualquier otro crimen, pese a que agentes an-tidrogas de la DEA habían afirmado que era sicario de un cártel.

En México, en ese entonces el subprocura-dor de justicia en la zona sur de Sinaloa, Mar-tín Flavio Leal Armenta, declaró al periódi-co Noroeste Mazatlán que Frausto Ocampo no estaba exonerado del crimen de Gregorio Ro-

dríguez Hernández. Advirtió que si se encon-traban elementos de su probable responsabi-lidad se solicitaría su extradición de Estados Unidos hacia México.

“Se sigue investigando y son procedimien-tos que todavía no se encuentran con toda cla-ridad definidos”, dijo vagamente el fiscal.

Tal parece que no se han sumado las prue-bas suficientes o no han querido ver aqué-llas que contiene el expediente porque casi seis años después todavía no existe una or-den de aprehensión contra del narcotrafi-cante, mucho menos la solicitud de su extra-dición a México.

aPesTa la jusTicia“Tenemos muchos buenos recuerdos de nues-tro papá, de cuando jugaba con nosotros”, re-lataron Perla y Leonardo, hijos del reportero gráfico al semanario Ríodoce, que entrevistó a la familia de Gregorio cuando se cumplie-ron cinco años de su crimen.

Ahora los pequeños superan los 10 años, siguen bajo tratamiento porque “están enfer-mos hasta la fecha y los está tratando un si-cólogo que dice que tienen un trauma inolvi-dable y que quizás ya que tengan cierta edad, olviden lo que presenciaron”, explica su abue-la doña Petra Hernández.

La mujer también carga la tristeza toda-vía y sólo le salen frases cortas cuando habla de Gregorio, a quien le reza diario un Rosa-rio completo para que sea la justicia divina la que se aplique a su hijo, porque la de los hombres, asegura sin dudarlo “apesta a po-dredumbre”.

“¿Qué le pide usted a Dios en sus oracio-nes?”, se le preguntó.

“Le pido que nos haga justicia divina y que ésta alcance a quienes la merezcan por la muer-te de mijo”, respondió doña Petra.

“¿Ustedes no han sabido la verdad de por qué fue asesinado?”

“No, nada. Tal vez fue por decir la verdad. Alguna verdad que dijo le molestó al ‘patrón’. Esa fue, porque no creo que mi hijo haya ma-tado a alguien.”

La madre de los niños y esposa de Grego-rio, María Teresa González Mallorquín, dijo a la SIP para esta investigación que “el caso no se llevó bien desde el principio”, pero siente peligro si presionara a las autoridades y la jus-ticia para su esclarecimiento: “tengo temor si me meto a ver. Por mi vida y mi familia.”

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Manuel Burgueño Orduño era pe-riodista y lo mataron. En su casa, frente a su familia le dispararon. Así lo ordenó un comandante de

la policía en Sinaloa que trabajaba para un cártel de las drogas, porque escribió sobre corrupción, delató la impunidad y los nego-cios sucios entre el narcotráfico y la política. Lo acallaron.

La indiferencia lo ha sepultado de a poco. La impunidad cavó una tumba más profunda: escapó de la cárcel uno de los acusados, un tribunal absolvió a cuatro de los sicarios y la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa omitió cumplir la orden de captura contra el autor intelectual, a pesar de que desde hace nueve años está preso por otros delitos.

Ya prescribió el caso y nadie resultó culpa-ble. Apenas quedó el eco de un clamor por la justicia que no llegó y de esa indolente omi-sión que da permiso a la impunidad.

el Poder de un coMandanTeOcurrió en 1988 en Sinaloa, un estado ubica-do al noroeste del territorio mexicano. Un lu-gar en el que el cultivo y venta de drogas tiene historia añeja, desde principios del siglo pa-sado, y que ha sido cuna de gran parte de los narcotraficantes considerados por las autori-dades como los más importantes del país.

Allí nació Manuel Burgueño, en la ciudad de Mazatlán, un puerto de mucha importan-cia, turístico y pesquero. Un hombre senci-llo, de familia y constructor de generaciones de periodistas como profesor en la Universi-dad Autónoma. Era crítico, agudo y congruen-te en sus publicaciones. Escribía su columna semanal, lo hizo en los periódicos Noroeste y El Sol del Pacífico.

Sus ingresos apenas le permitieron tener

un patrimonio sencillo, una casa de interés social en la colonia Infonavit Playas de Mazat-lán, en la calle de Cruces número 407.

Tanto en sus columnas, como en su pe-queña y sencilla publicación llamada Des-linde, Burgueño Orduño habló de política, pero sobre todo denunció insistentemente la corrupción, la presencia de narcotraficantes en Mazatlán y sus negocios, también la vin-culación, cada vez más notoria, entre autori-dades y capos.

Escribió muy claro y directo contra Hum-berto Rodríguez Bañuelos alias “La Rana”, entonces comandante de la Policía y encar-gado de la zona de Mazatlán. Advirtió de la protección que brindaba a Manuel Salcido Uzeta, llamado “El Cochiloco”, considerado entonces por las autoridades como el narco-traficante más poderoso de la región.

*****Burgueño estaba en casa ese 22 de febrero de 1988, se reponía de una operación en la espalda y parte de su familia los acompaña-ba, alguna de sus hijas y nietos, también un amigo. Se disponían a comer. Eran casi las tres de la tarde.

Dos hombres, con paliacates hasta la mi-tad del rostro, entraron súbitamente en el de-partamento, preguntaron quién era Manuel Burgueño y cuando lo supieron le dispararon sus armas tipo escuadra. Muy cerca, directo, sin fallar un solo tiro.

Salieron corriendo y afuera los supervisa-ba Rigoberto Rodríguez Bañuelos, agente de la Policía Judicial del estado, quien los vio su-birse a un automóvil Atlantic color verde y vi-drios polarizados. A media cuadra de la casa del periodista aguardaba el comandante Hum-berto Rodríguez Bañuelos junto con Sergio Patiño Ramírez. Así quedó asentado en el ex-pediente. Lo habían planeado bien.

Manuel Burgueño agonizó. Aunque ya ma-yor, su fortaleza le permitió llegar al hospital, pero no sobrevivió. Murió antes de ser some-tido a cirugía. Las balas lo habían destroza-do por dentro.

El crimen indignó a periodistas y estu-

Manuel Burgueño Orduño:

Permiso para la impunidad

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Por la forma de

escribir con la verdad, Burgueño buscaba compulsivamente que lo mataran… no estaba bien de sus facultades mentales”

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cLaro Y directo. Burgueño había denunciado a un jefe policial que

trabajaba para el narcotráfico.

Foto: eSPeciaL

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diantes. Salieron a las calles de Mazatlán y Culiacán a exigir justicia, a gritar la impo-tencia de la muerte. El gobernador Francis-co Labastida se comprometió a investigar y detener a los culpables. No lo cumplió, por el contrario, sus funcionarios enrarecieron el ambiente, incluso el entonces subpro-curador de la zona sur del estado, Manuel Sánchez Guzmán, mencionó entre líneas la posibilidad de que los responsables fueran periodistas por las rencillas personales que tenían, aseguró.

Después, el mismo funcionario declaró con desparpajo: “Por la forma de escribir con la verdad, Burgueño buscaba compulsivamen-te que lo mataran… no estaba bien de sus fa-cultades mentales”.

Tres días más tarde, el 25 de febrero, de acuerdo a la información periodística, Arturo Moreno Espinoza, entonces director de la Poli-cía Judicial del Estado en Sinaloa, declaró que el móvil del asesinato había sido la venganza por lo que Manuel Burgueño publicó.

Lo único que pasó entonces fue que Sánchez Guzmán fuera despedido poco después.

cadena de iMPunidadEn septiembre de 1988, el jefe de la Policía Judicial, Arturo Moreno Espinoza, presen-tó a Antonio Flores Ramírez. Aseguró que era el responsable del crimen. Pero la acusa-ción se diluyó.

En diciembre de 1989, 22 meses después del crimen, el Ejército detuvo a cuatro personas quienes confesaron ante los militares y luego lo ratificaron en la Procuraduría, de acuerdo con el expediente, que integraban un grupo denominado “el escuadrón de la muerte” que operaba en la zona sur de Sinaloa y cometía asesinatos por contrato, principalmente pa-ra narcotraficantes, aunque también parti-cipaban en robos y asaltos.

Sus nombres: Antonio Cordero Lamadrid, ex agente de la Policía Judicial del estado; Ser-gio Patiño Ramírez; Lorenzo Zataráin Félix y Juan Francisco Cortés.

Algunos de ellos confesaron y dieron deta-lles del crimen de Manuel Burgueño y de va-rios más, al menos así lo hicieron Patiño Ra-mírez y Cordero Lamadrid. Los documentos se integraron a la averiguación previa y el 22

exPediente. A pesar de

las primeras condenas en

el caso del periodista de

Sinaloa, el principal autor del asesinato,

Humberto Rodríguez

Bañuelo, alias La rana, no está siendo juzgado

por el crimen.

49

de enero de 1989, Alfredo Franco Rodríguez, entonces subprocurador del sur de Sinaloa, declaró públicamente que eran responsables del crimen del periodista, junto con los her-manos Humberto y Rigoberto Rodríguez Ba-ñuelos, el primero como autor intelectual y el segundo como cómplice.

*****Las investigaciones castrenses mostraron que las policías en Sinaloa no eran confiables, que brindaban protección a narcotraficantes que operaban en el estado y hasta participaban de en sus delitos. Por eso, el 9 de abril de 1989 un cuerpo especial del Ejército llegó por sorpresa a las instalaciones de la Policía Municipal de Cu-liacán y detuvieron al director, Robespierre Li-zárraga, y a otros funcionarios. Aunque todos ellos quedarían libres poco después.

En un hecho que nunca se explicó pública-mente, después de que fue desarticulada esa red de protección desde la policía, un grupo especial de la Policía Judicial de Sinaloa via-jó al estado de Sonora, donde detuvieron a Rigoberto Rodríguez Bañuelos por el homi-cidio de Burgueño y otros delitos.

Rodríguez Bañuelos confesó, al menos hay una declaración en el expediente que así lo muestra, que su tarea fue verificar que los dos sicarios mataran al periodista y se fueran en el Atlantic verde. Dijo que vigilaban la acción, a una cuadra de distancia por lo menos, Hum-berto Rodríguez Bañuelos y Sergio Patiño.

El ex agente Rigoberto fue encarcelado en el Centro de Readaptación Social de Mazat-lán en junio de 1989, pero no llegó a diciem-bre. Una fuga bien planeada y pagada per-mitió a 97 presos salir de ese Centro. Uno de ellos era Rodríguez Bañuelos. Fue el 14 de noviembre de 1989. Sólo cinco meses estu-vo recluido.

Se ha dicho, apenas como rumor nunca confirmado, que al ex policía lo mataron años después. Cierto o no, nunca volvió a pisar la cárcel por el crimen del periodista.

*****El expediente que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa consignó al

Juez Tercero Penal (causa 144/89) por homi-cidio calificado a Humberto Rodríguez Bañue-los, Rigoberto Rodríguez Bañuelos, Antonio Cordero Lamadrid, Sergio Patiño Ramírez; Isaías Mar Hernández, Luis Alfonso Sámano

Calderón, Sergio “El Guamuchilito” y Artu-ro “El Guamuchilito”.

No fueron acusados del crimen de Burgue-ño ni Lorenzo Zataráin Félix ni Juan Fran-cisco Cortés, quienes se supone también in-tegraban “el grupo de la muerte”.

El proceso penal se inició contra Cordero Lamadrid y Patiño Ramírez. Ofrecimiento de pruebas, documentos y testigos, que transita-ron durante 21 meses, hasta que el juez emi-tió su fallo: por su participación en el crimen de Manuel Burgueño Orduño a los dos se les condenó a 31 años y 8 meses de prisión.

Una sentencia contundente, sólo posible con las pruebas suficientes. Un día de fiesta, el 30 de octubre de 1990 cuando el juez la firmó.

Pero fue un festejo corto, demasiado breve. En un año ya estaban libres. El 2 de octubre de 1991, la Primera Sala del Supremo Tribu-nal de Justicia de Sinaloa revocó la sentencia del juez y declaró su absolución por falta de pruebas, en la toca penal 49/91.

Así, sin más, se fueron a su casa. No había pruebas, argumentaron, a pesar de antes el juez consideró que había suficientes.

*****El 26 de noviembre d 1990, un mes después de la absolución de los dos únicos detenidos, casi como un regalo, fue capturado en Gua-dalajara, Jalisco, Isaías Mar Hernández. Tam-bién confesó. Además confirmó en su declara-ción la participación de Humberto Rodríguez Bañuelos y todos los que aparecían en el ex-pediente. El motivo, dijo: en venganza por-que Burgueño hacía constantes señalamien-tos contra el comandante.

Otro más fue capturado: Sámano Calde-rón. Los dos fueron enviados al Centro de Re-adaptación Social y se inició el proceso por el crimen de Burgueño.

Su juicio fue más lento, más desgastante, pero contundente para el juez. El 24 de junio de 1993 los declaró culpables como los auto-res materiales y por asociación delictuosa. A Luis Alfonso Sámano lo condenó a 32 años y 6 meses, una pena muy cercana a la máxi-ma de esa época (el Código Penal estipulaba hasta 40 años de prisión), y a Mar Hernández a 27 años con 6 meses de cárcel.

Pero la cadena de impunidad continuó. Nue-vamente la Primera Sala del Supremo Tribu-nal de Justicia de Sinaloa, absolvió a los dos acusados, en la toca penal 941/1993 se argu-

JUSticia aUSente

50

mentó nuevamente que no había pruebas su-ficientes.

Nada pudo hacer la Procuraduría Gene-ral de Justicia del estado, pero tampoco in-tentó hacer más., Ni reabrir las investigacio-nes para hacer más sólidas las acusaciones, ni buscar a Humberto ni Rigoberto Rodrí-guez Bañuelos. El expediente no mostró mo-vimiento alguno.

Fue más fácil dejar pasar y, quizá, apos-tar al olvido.

*****Esa apuesta a la indiferencia funcionó. Fue el último eslabón de la cadena de impunidad.

Humberto Rodríguez Bañuelos fue deteni-do en Tijuana, Baja California en marzo de 2001. Se identificaba con el nombre de Carlos Durán Montoya. En esa ocasión se le acusaba de matar y herir a policías municipales.

Al principio nadie lo reconoció. Era otro. Tenía otras facciones en el rostro y un cuerpo más estrecho. Se había practicado una ciru-gía plástica e injertó cabello y se sometió una liposucción que le permitió reducir, de acuer-do a las autoridades, unos 40 kilos.

Tres meses después, tras una llamada de un delator, la Procuraduría General de la Repú-blica confirmó, con estudios de ADN y hue-llas, que se trataba de Humberto Rodríguez Bañuelos. Así lo informó la dependencia y aseguró que se trataba de uno de los princi-pales sicarios del cártel de los hermanos Are-llano Félix.

Se lo llevaron de inmediato a un penal más seguro y confiable: el de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Rápido le ca-yeron las acusaciones.

Humberto Rodríguez Bañuelos era agen-te y llegó a ser comandante de la Policía Judi-cial de Sinaloa (ahora Policía Ministerial). En se entonces era un hombre grueso, de cabe-llo entretejido, ojos caídos y mirada agria. Por su complexión le apodaron “La Rana”, pero también le decían “H-1” y “Don H”, depen-diendo de quien le hablara.

Las autoridades aseguran que era un hom-bre despiadado y vengativo, características que le sirvieron cuando abandonó la corpo-ración y se sumó de lleno a la organización de “El Cochiloco”, de Miguel Ángel Félix Gallar-do y después de los hermanos Arellano Fé-lix, de acuerdo con las fichas elaboradas por las autoridades.

En todas las organizaciones ocupó puestos de importancia, de acuerdo a la PGR, porque además de encargarse de supervisar el trasie-go de drogas, también eliminaba a los enemi-gos que le ordenaban.

En 2001, ya preso lo sometieron, en princi-pio, a cuatro juicios, en los que se le acusaba del crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y del procurador de Jalisco Leobar-do Larios Guzmán, así como de 17 crímenes más, secuestros, portación de arma de fuego, posesión y tráfico de drogas, asociación delic-tuosa, entre otros.

Por esas fechas, el 3 de mayo de 2001, nue-vamente cayó preso Antonio Cordero Lama-drid en Sinaloa. Ahora se le acusaba de robo de vehículos. Nuevamente salió libre, apenas en seis días. Formalmente no encontraron pruebas en su contra. La Procuraduría Ge-neral de Justicia no aprovechó la oportunidad para reacusarlo por el crimen de Manuel Bur-gueño o, por lo menos, interrogarlo.

En el caso de Humberto Rodríguez Bañue-los, las autoridades de Sinaloa borraron de su memoria que existía pendiente una orden de captura en su contra por el crimen del perio-dista. No hicieron nada.

El director del semanario Zeta de Tijua-na, Jesús Blancornelas escribió en una de sus columnas que no necesariamente era olvido: “supe que ya encarcelado Rodríguez Bañue-los envió un mensaje a funcionarios estata-les de Sinaloa. No acusarlo formalmente en el caso de don Manuel Burgueño. No le pre-ocupa tanto el de Sergio Galindo (otro pe-riodista)”.

También sufrieron amnesia las autorida-des federales, a pesar que desde 1988 en un informe interno de la Secretaría de Goberna-ción, entre los asesinatos de periodistas que se reconocía fueron cometidos por su ejerci-cio profesional se encontraba el de Manuel Burgueño.

Periódicos de Sinaloa denunciaron que no se acusaba a “La Rana” del delito. Tam-bién lo hizo insistentemente la Sociedad In-teramericana de Prensa (SIP). Pero las autori-dades, todas, guardaron silencio y perdieron memoria.

*****En esa larga cadena de impunidad, las au-toridades pretendieron colocar el último es-labón el 7 de septiembre de 2007, cuando la

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JUSticia aUSente

NOMBRE FECHA ALGUNOS DATOS SITUACIÓN LEGAL

Vicente García Medina

26 de marzo de 1971

Unos policías le dispararon Los responsables fueron sentenciados

Mario Carlos rodríguez falcón

31 de julio de 1977

Las acusaciones señalan que soldados le dispararon impune

Luis roberto Martínez Montenegro

1978

reportero de Noroeste, especializado en temas vinculados al narcotráfico, se señaló públicamente al entonces delegado de la PGr en sinaloa como el

responsable, pero fue una hipótesis que aparentemente nunca se investigó

impune

José Guadalupe Mendívil

agosto de 1979 impune

aarón Casimiro flores Heredia 1980

Las sospechas públicas de la época se dirigieron contra el entonces gobernador alfonso G. Calderón y el

comandante de la policía Guillermo Casillas romero. Nunca se investigó

impune

Jesús Michel Jacobo

17 de diciembre de

1987

asesinado en el centro de Culiacán, era también abogado defensor de los derechos humanos. se vinculó su

muerte a las denuncias de corrupción y contra el crimen organizado que publicaba

impune

Gregorio rodríguez Hernández

28 de noviembre de

2004

fue asesinado mientras cenaba con sus hijos. Las autoridades sostienen en el expediente que el autor

intelectual fue un narcotraficante de la región a quien le tomó una fotografía con un comandante, hoy preso

falta por ser detenido el autor intelectual

oscar rivera inzunza

5 de septiembre

de 2007

Por varios años fue reportero de el Noroeste, se convirtió en vocero de la Procuraduría del estado. se cree que por su trabajo de difusión lo mataron y se vincula su caso al

narcotráfico

impune

La memoria, antÍdoto contra La imPUnidadCASoS oCuRRiDoS EN SiNAloA

Procuraduría General de Justicia de Sinaloa decretó “el sobreseimiento por prescripción de la acción penal a favor de los cuatro acusa-dos: Rigoberto Rodríguez Bañuelos, Humber-to Rodríguez Bañuelos, Sergio alias ‘El Gua-muchilito” y Arturo alias ‘El Guamuchilito’, como consecuencia de ello, los mandamien-tos judiciales que existían en su contra que-daron sin efecto”.

Eso respondió formalmente la Procuradu-ría ante una petición de información (la nú-mero 4117) que tramitó la SIP con el apoyo del periódico El Noroeste.

En mayo de 2008, el entonces alcalde de Cu-liacán, Jorge Abel López Sánchez inauguró la pavimentación de la calle Manuel Burgueño, en la colonia Libertad de Expresión. Un homenaje

de unos metros para la memoria de un perio-dista que no ha encontrado justicia.

Aunque la Procuraduría de Justicia ha preten-dido así cerrar el caso, lo cierto es que la legis-lación y los tratados internacionales ratificados por México establecen que en este caso falta por investigar quiénes y porqué no cumplimentaron las órdenes de aprehensión que existían contra los Rodríguez Bañuelos, principalmente contra “La Rana”, cuando se sabía públicamente que estaba preso desde 2001.

Falta por saber quiénes son los responsa-bles de que se dejara de profundizar en las investigaciones, para fortalecer las acusacio-nes contra los responsables.

Preguntas que la ley obliga a responder todavía,

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Reveló sus nombres, reveló sus fotos y lo mataron. Una operación llena de complicidades, bien planeada y ejecutada, tanto que después de seis

años el asesino, sus cómplices y los narcotra-ficantes que lo ordenaron no han sido some-tidos a la justicia.

Ocurrió el 22 de junio de 2004, de maña-na, en una calle de poco tránsito de Tijuana, cuando Francisco Ortiz Franco estaba con sus dos hijos pequeños. El crimen fue pre-ciso y rápido, pero por ello más doloroso pa-ra sus compañeros en el semanario Zeta, que en ese entonces ya habían sufrido dos ata-ques graves.

El periodista nació en el estado de Gua-najuato en 1955, pero desde adolescente se mudó junto con su familia a la ciudad de Ti-juana, Baja California, en donde cursó la preparatoria y comenzó a trabajar en un dia-rio que se llamaba ABC, del cual renuncia-ron varios periodistas por lo que considera-ron un ataque a la libertad de expresión por parte de las autoridades estatales, y partici-pó en la fundación del semanario Zeta de Ti-juana en 1970.

Estudió la licenciatura en Derecho y se dedi-có brevemente a litigar y ejercer paralelamente el periodismo, pero renunció a lo primero y desde 1980 sólo combinó el periodismo con dar clases a estudiantes de bachillerato.

Ortiz Franco era un hombre de rutinas, su natural forma de ser organizado, de llegar puntual a las citas, de cumplir con su traba-jo y sus compromisos, hacía que su vida fue-

ra muy habitual. Generalmente se levantaba muy temprano y casi toda la semana salía a las seis y media de la mañana para dar clases a los alumnos de la preparatoria, en donde también daba clases algunos días por las tardes.

A medio día recogía a sus hijos y los dejaba en casa de algún familiar, para después ir al Semanario, de donde salía a comer y regresa-ba más tarde. A su casa llegaba noche.

Era de tez morena clara, ojos cafés, cabe-llo ondulado que asomaba ya algunas canas y que usaba barba que mantenía muy pulcra. Sus familiares, amigos y colegas lo describen como una persona muy reservada, honesta, seria y congruente.

LaS raZoneSDesde 1997, cuando fue asesinado Héctor Fé-lix Miranda, codirector del semanario Zeta, Ortiz Franco dio seguimiento al caso como parte de su trabajo, lo mismo ocurrió cuando sufrió un atentado Jesús Blancornelas, tam-bién codirector del semanario. Desde enton-ces tuvo que aceptar una escolta que cons-taba de dos policías municipales, no podía negarse, lo consideraban indispensable ante el peligro que representaba lo que revelaba semana tras semana el semanario el semana-rio Zeta sobre el crimen organizado, particu-larmente el cártel de Tijuana.

De todas formas, Ortiz Franco ya estaba muy enfadado con la escolta y en los últimos siete meses evitaba que los agentes estuvie-ran con él todo el tiempo, entre otras razones porque tenía que pagarles su gasolina. Ade-más, pensaba que la presencia de los policías no impediría cualquier ataque.

En su columna y en reportajes abordaba te-mas políticos y de seguridad, siempre de for-ma crítica y mesurada. Además, el papel de Ortiz Franco era muy importante en el sema-

Francisco Ortiz Franco:

seis años de espera

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JUSticia aUSente

La nota. Una investigación de Francisco

Ortiz Franco que ponía en evidencia a nuevos

personajes del Cartel de Tijuana, habría sido el

detonante de su asesinato en junio de 2004.

Foto: Semanario Zeta

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nario como editor, porque era el brazo dere-cho del director y revisaba gran parte del ma-terial que se publicaba semanalmente.

El último reportaje sobre narcotráfico que publicó apareció en el semanario el 14 de ma-yo y mostraba las 76 fotografías que días an-tes el FBI había mostrado sobre los nuevos integrantes del cártel de los Arellano Félix y cómo habían obtenido credenciales muy si-milares o idénticas a las de la Policía Minis-terial de Baja California (policía investigado-ra). En su reportaje Ortiz Franco detalló que a cambio de estas credenciales se pagó a fun-cionarios de la Procuraduría más de 70 mil dólares, también dio algunos nombres de ex agentes que trabajaban al servicio del cár-tel y que aparecían en la información difun-dida por la agencia estadounidense, y señaló que probablemente esas fotografías se toma-

ron el mismo día, puesto que casi todos usa-ron el mismo saco y corbata. El material pe-riodístico apareció a detalle en dos planas y varios de los rostros eran la primera vez que aparecían.

Para el 9 de junio de 2004, el periodista sufrió una “parálisis facial periférica” por el “exceso de estrés”, de acuerdo a la valoración del médico que lo atendió. En ese momento no sólo el trabajo era el problema para Ortiz Franco, sino el impacto que le causó el suici-dio de Iván, uno de sus más entrañables ami-gos, quien se había quitado la vida unos días antes al saber que tenía cáncer.

El médico le recomendó descanso total, por lo que el comunicador pidió un permiso especial en el semanario, el cual le fue con-cedido por algunas semanas, para atenderse

médicamente. En ese momento le pidió a la escolta que ya no lo acompañaran, porque no los necesitaría y les avisaría cuando retorna-ra a sus labores cotidianas.

El 15 de junio, un mes después de publi-cado el reportaje, acudió con un especialista para iniciar una terapia. Acordó con el médi-co verse cuatro días a la semana a las 10:30 de la mañana. Su primera cita fue el jueves 17 de junio. En la siguiente cita, declaró su esposa ante el Ministerio Público, “cuando llegó (a la casa) de la terapia (me contó que) se había sacado un susto ya que al estarse bajando de su carro se le acercaron dos sujetos los cuales parecía que iban hacia donde estaba él, pero se fueron de paso, no los describió, pero a él se le hizo muy raro y le llamó mucho la aten-ción porque no vio de donde salieron”.

de MañanaHabían pasado unos días y la mejoría de la pa-rálisis era evidente. El 22 de junio de 2004, Ortiz Franco debía dejar a sus dos hijos de 11 y 8 años de edad con su cuñada, porque es-taban de vacaciones, pero se le hizo tarde y prefirió llevárselos a su terapia. Llegaron los tres al consultorio pasadas 10 de la mañana, pocos minutos después inició su terapia que duró unos 45 minutos. Al terminar habló con el médico para ver la conveniencia de acudir diariamente, porque se sentía mucho mejor con las cuatro sesiones que llevaba. Acorda-ron que así sería y se despidieron.

El periodista debió esperar unos minutos más para enfriar los músculos un poco. Salió con sus hijos del consultorio alrededor de las 11:30 de la mañana. Caminaron casi una cua-dra para encontrarse con su automóvil mar-ca Chevrolet Corsa, color azul que allí habían estacionado. Primero abrió la puerta de los niños y los acomodó atrás, después se subió y cuando se estaba acomodando el cinturón de seguridad llegó una camioneta que se en-frenó, bajo un hombre con capucha y disparó en cuatro ocasiones una pistola semiautomáti-ca calibre 38. Los disparos fueron directos, a menos de 30 centímetros de la cabeza del co-municador. Ninguno de los disparos dañaron a los niños, quienes sólo escucharon el vidrio del auto que se estrellaba y del que les caye-ron algunos vidrios. Vieron al hombre y co-menzaron a llorar.

El sicario tardó unos 10 segundos en ha-cer los cuatro disparos y subirse a la camio-

El sicario tardó unos 10 segundos en hacer los cuatro disparos y subirse

a la camioneta para huir. En ese momento los niños se bajaron del automóvil y comenzaron a llorar y gritar pidiendo ayuda. La empleada de un consultorio los escuchó y los metió en el local y vio que el niño mayor sangraba de un brazo, porque los vidrios del auto le habían caído sin que le ocasionaran heridas graves.

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JUSticia aUSente

neta para huir. En ese momento los niños se bajaron del automóvil y comenzaron a llorar y gritar pidiendo ayuda. La empleada de un consultorio los escuchó y los metió en el local y vio que el niño mayor sangraba de un bra-zo, porque los vidrios del auto le habían caí-do sin que le ocasionaran heridas graves. Uno de los niños dijo que le habían disparado a su papá y no sabían si estaba bien. Tenían mu-cho miedo y estaban angustiados.

La empleada pidió ayuda por teléfono. La policía llegó en menos de 20 minutos al lugar y comenzaron a buscar en los alrededores a los posibles asesinos, pero no tuvieron éxito.

Los primeros testimonios revelaron que la camioneta en la que viajaban los sicarios vi-gilaba a Ortiz Franco horas antes, cuando sa-lió de su terapia lo identificaron pasando muy cerca de su automóvil, mientras él acomodaba a sus hijos en el asiento trasero. Los sicarios dieron vuelta más adelante, lo alcanzaron y se colocaron al lado para dispararle.

invesTigacionesLa Unidad de Homicidios Dolosos de la Pro-curaduría General de Justicia del estado de Ti-juana inició la averiguación previa 132/04/201 por homicidio doloso contra quien resulte responsable.

Los agentes cercaron el lugar en donde es-taba el automóvil y el cuerpo de Ortiz Franco. Los peritos comenzaron a recoger las pruebas y reconstruir lo que había ocurrido a partir de las declaraciones de testigos, de los pocos datos que ofrecieron los niños y de la recons-trucción de hechos.

En el expediente quedó asentado por los investigadores que minutos después del cri-men, cerca de las 11:40 de la mañana, dos hombres se bajaron de una camioneta Che-rokee negra, no tuvieron el cuidado de apa-gar el motor ni cerrar las portezuelas. Huye-ron. La mayoría de los vecinos del lugar no se percató a detalle de este movimiento, pero sí se dieron cuenta de lo extraño de que un ve-hículo se quedara en doble fila encendido y con las puertas abiertas. Nadie denunció in-mediatamente.

Fue hasta las 14:00 horas, de acuerdo al ex-pediente, cuando los vecinos de la calle Ba-rranquitas comenzaron a preguntarse cómo podía estar tanto tiempo encendido una ca-mioneta, así que llamaron a una patrulla que pasaba cerca, la cual reportó el hallazgo. Su-

pieron entonces que esa Grand Cherokee color negra, modelo 1995, con placas fron-terizas 679-NWG-8 del estado de Baja Cali-fornia, era en la que habían huido los hom-bres contratados para matar a Ortiz Franco y la abandonaron apenas a dos cuadras de dis-tancia del crimen.

En el interior del automotor, justo en el asiento del conductor, los investigadores en-contraron mucho papel de baño, con el que seguramente trataron de borrar las huellas. Los peritos establecieron en principio que fueron dos agresores los que viajaron en la camioneta.

Al realizar un estudio detallado, encontra-ron en la Cherokee varios fragmentos de hue-llas y encontraron un papel color azul con el número de folio 491932, en su parte central 25 centavos y en la parte inferior la leyenda: “Indiana Ticket CO”. Descubrieron un núme-ro celular escrito atrás, que fueron analizados por peritos de Estados Unidos, pero en la pri-mera parte del expediente a la que se tuvo ac-ceso no aparecen los resultados obtenidos.

El 28 de junio de 2004 en el oficio 3593/IC3/04 del expediente se hace constar que los fragmentos de huellas dactilares que fueron encontradas en el vehículo Cherokee con pla-cas 679-NWG-8 fronteriza del estado de Baja California, fueron ingresados al Sistema Na-cional de Seguridad Pública (Sistema Auto-matizado de Huellas Dactilares) para su cote-jo, pero no arrojó resultados. Quedaron a la espera de la información proveniente de Es-tados Unidos.

El 1 de julio de 2004 la Procuraduría envió al FBI los originales de las huellas que encon-traron en las camionetas y los casquillos que encontraron en la escena del crimen encon-trados. No se conocen los resultados.

Los especialistas detectaron que la camio-neta había sufrido el cambio de la batería y encontraron algunos fragmentos de huellas en ella, por lo que comenzaron a investigar ambas cosas. Esto permitió establecer a los investigadores que la Cherokee permaneció escondida varios meses y posiblemente sólo se utilizó para ejecutar el plan contra Ortiz Franco. Localizaron la refaccionaria en don-de fue comprada la batería, se llamaba Del Valle, pero hasta donde llega la primera par-te del expediente no se muestran avances en este punto.

Los policías verificaron los números de se-

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rie y encontraron que existía una averigua-ción previa que señalaba que la camioneta fue robada mientras estaba estacionada el 10 de marzo de 2004, casi tres meses antes del crimen del comunicador, en la misma ciudad de Tijuana.

Pero después los agentes detectaron in-consistencias en el supuesto robo, porque la llave que estaba en el switch era la original y ninguna de las puertas había sido violada en su cerradura. Descubrieron que ya antes ha-bía sido robada esa misma camioneta, en di-ciembre de 2003, pero apareció en menos de una semana más tarde. Presentaba fallas en el motor y tenía la pintura rayada, la dueña le reclamó al seguro pero no le cubrió los daños. Como ya no quería en ese estado el vehícu-lo y para cobrar el seguro, el 10 de marzo de 2004, la propietaria le entregó la camioneta a Juan Guillermo Muñoz Zanoja, esposo de una amiga, para que “le desmantelara el auto”. Al día siguiente la dueña presentó la denuncia del supuesto robo ante el Ministerio Público. Un mes después el seguro le pagó.

Los investigadores estuvieron vigilando la casa de Alma Delia Lizárraga Flores, amiga de la propietaria de la Cherokee, para encon-trar a Muñoz Zanoja, pero no tuvieron éxi-to. Así que interrogaron a Lizárraga Flores quien confirmó la simulación del robo de la camioneta, pero aseguró que ella creía que su esposo sí la había desmantelado. Sostu-vo en su declaración que ya se había separa-do de Juan Guillermo Muñoz Zanoja por su violencia y adicción a las drogas; reconoció que su esposo en ocasiones tenía mucho di-nero, pero que no conocía porqué negocios. Los agentes continuaron buscando a Muñoz Zanoja, por ser un personaje clave, algo que no consiguieron hasta que se llevó el expe-diente la SIEDO.

Al revisar los casquillos percutidos que utilizó el asesino, se determinó que el arma no había sido utilizada en otro crimen en Ba-ja California, de acuerdo con la base de da-tos, de todas formas se solicitó el apoyo para buscarlos en otros casos en México o el ex-tranjero.

En el expediente se establece, en uno de los documentos en el que se da cuenta el es-tado que guarda la averiguación previa, que firma el titular de la Mesa II de la Unidad Or-gánica de Homicidios dolosos, el Ministerio Público Emigdio Gutiérrez, señala textual:

“Existen elementos o indicios que hacen pre-sumir que los hechos delictivos que motivaron el inicio de la presente indagatoria se encuen-tran vinculados con el crimen organizado, ya que por la forma tan peculiar en que fue loca-lizado el cuerpo sin vida de quien llevara por nombre Francisco Ortiz franco, siendo esto a las 11:30 horas del día sobre Av. Río Bravo de la Colonia Revolución de esta ciudad (Ti-juana) a bordo de su vehículo y cuando éste lo había abordado en compañía de sus meno-res hijos se le aproximó un sujeto encapucha-do quien disparó en contra de su humanidad en cuatro ocasiones, lesionándole en la cabe-za, tórax y brazo, para posteriormente huir a bordo de un vehículo que dejaron abando-nado unas cuadras adelante, y toda vez que vienen a ser estos métodos muy particulares utilizados por personas dedicados al crimen organizado para obtener determinada infor-mación y posteriormente privarlos de la vida, consecuentemente el suscrito tiene a bien re-mitir la presente indagatoria en original y tres copias al carbón a la Unidad Especializada contre el Crimen Organizado (UECCO) de la Procuraduría General de Justicia del estado, para efecto de que sea el titular de la misma quien continúe con su integración”.

Francisco Castro Trenti, director de Servi-cios Periciales de la Procuraduría del estado en el momento del asesinato, afirmó en entre-vista que las personas que participaron en el ataque contra el comunicador no eran nova-tos, sino gente especializada planear y en dis-parar, porque fueron tiros precisos, mortales y lo realizaron a plena luz del día, cerca de la Procuraduría y de los lugares de tránsito.

invesTigaciones PeriodísTicasDespués del crimen, los reporteros del se-manario Zeta comenzaron a investigar las posibles causas del asesinato de su compa-ñero y los posibles involucrados. Así en la siguiente edición del 25 de junio, después de que revisaran las últimas publicaciones de Ortiz Franco y consultar distintas fuen-tes, el semanario publicó que los sospecho-sos eran tres:

Miembros del grupo Los Zetas contrata-dos por el cártel de los hermanos Arellano Félix, por la precisión y forma en que se co-metió el crimen.

Un grupo del barrio Logan contratado por el mismo cártel, o el empresario Jorge Hank

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JUSticia aUSente

Rhon, porque el periodista revisó unas sema-nas atrás el expediente del crimen de Héctor Félix Miranda, en el que se presume podría estar involucrado Hank.

A la semana siguiente, en la edición del semanario, la que comenzó a circular el 2 de julio de 2004, se precisa: “Los asesinos: Un hombre de apellido Lazcano y otros dos del grupo los zetas; surge la hipótesis de varios informantes temerosos; las líneas de Zeta no cambian”.

En un oficio sobre el avance de la investi-gación, con registro “remisión 177”, que ela-boraron los agentes de la Policía Ministerial del estado, Jaime Batista López y Javier Cas-tillo García, del12 de julio de 2004, semanal que llevaron a cabo diligencias para determi-

nar líneas de investigación sobre el crimen de Ortiz Franco, “sobresaliendo entra otras dos principales:

A) Cártel de los Arellano Félix, y B) Grupo conocido como los Zetas.Sobre la primera línea de investigación,

los policías señalan que revisaron las publi-caciones recientes del periodista y su agenda personal, y en ella se da cuenta que le daba seguimiento a un juicio que se siguió con-tra Jorge Eduardo Ronquillo Delgado, alias “El Niño”, acusado de homicidio. Al respec-to mencionan:

“’El Niño’ es un gatillero que trabaja co-mo lugarteniente y ejecutor del cártel de los Arellano Félix y estuvo detenido como res-ponsables del homicidio Alejandro Manja-

NOMBRE ESTADO CASO SITUACIÓN

Héctor félix Miranda Tijuana, Baja California 11.739 desde septiembre de 2007 no existe respuesta por parte del estado mexicano

Víctor Manuel oropeza Ciudad Juárez, Chihuahua 11.740 desde septiembre de 2007 no existe respuesta por parte del estado mexicano

alfredo Jiménez Mota Hermosillo, sonora en trámite

francisco ortiz franco Tijuana, Baja California en trámite

CASoS quE lA SoCiEDAD iNTERAMERiCANA DE PRENSA TRAMiTA ANTE lA CoMiSióN iNTERAMERiCANA DE DERECHoS HuMANoS (CiDH)

eScena deL crimen. Ortiz Franco acababa de salir de ver a su médico terapeuta, cuando fue sorprendido por un sicario.

Foto: Semanario Zeta

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rréz, siendo liberado el 15 de enero del 2003 por resolución de amparo y revocación de sen-tencia. Los suscritos (agentes) al efectuar la investigación y dentro de lo manifestado por los testigos presenciales de la escena del cri-men (de Ortiz Franco) del día 22 de junio del 2004, en los cuales se determinan que el vic-timario es una persona de complexión del-gada, estatura regular y con el rostro cubier-to quien por la precisión de los disparos, la complexión física y la destreza para llevar a cabo la ejecución se presume que el homici-da pueda ser Jorge Eduardo Ronquillo Del-gado, alias ‘El Niño’”.

Más adelante, los agentes investigadores pre-cisan que Ronquillo Delgado “participa opera-tivamente” dentro de la “célula ejecutora” del cártel de los Arellano Félix que dirige Artu-ro Villarreal Albarrán, alias “El Nalgón”, que mató al ex subprocurador de Tijuana, Roge-lio Delgado Neri, en enero de 2004 en un bar

de Tijuana. Los policías incluyen en el expe-diente fotografías y nombres de los integran-tes de esta célula, porque en la misma agenda de Ortiz Franco encontraron que el periodis-ta investigaba a Víctor Magno Escobar “Lu-na”, a quien relacionan como “integrante de la célula ejecutora del cártel de los Arellano Félix que dirige ‘EL Nalgón’”. (Ver documen-tos anexos de la averiguación previa).

Los policías explican en el informe que también han dado seguimiento a las denun-cias anónimas que se reciben en la Procu-raduría en el programa “yo sí denuncio” y en el que se ha informado que “Jorge Briceño, alias ‘El Cholo’, Jorge Zapata y “El Cris”, in-tegrante del cártel Arellano Félix “están rela-cionados con la muerte del periodista del se-manario Zeta”.

Sobre la segunda línea de investigación

vinculada con el grupo de “Los Zetas”, los agentes no profundizan en ese informe, sólo hacen referencia a lo publicado por el sema-nario; así como, a una denuncia anónima que acusa a una persona de nombre Felipe de Je-sús Bates, a quien vinculan con esa organi-zación originaria de Tamaulipas.

En su edición del 9 de julio, el Semanario Zeta publicó un artículo firmado por Jesús Blancornelas en el que revela quiénes fueron informantes de Ortiz Franco, por lo que debían ser investigados, se trataba de David Candela-rio Valle García, quien era socio del despacho del subprocurador asesinado Delgado Neri, y José Encinas Filatoff, ex comandante que fue vinculado posteriormente al cártel de los Are-llano Félix a quienes les brindaría protección. El periodista Blancornelas insiste en la posi-ble participación de Jorge Eduardo Ronqui-llo “El Niño” y Heriberto Lazcano.

En la primera parte del expediente los agentes lo mencionan en sus informes, pe-ro no hay registro de que hubieran investi-gado. Se desconoce si la PGR continuó con esas hipótesis.

Sobre el último reportaje publicado por Or-tiz Franco, cinco semanas antes de ser asesina-do y que sería el detonante, los investigadores revisaron la información y concluyeron:

“Los datos que fueron revelados en ese re-portaje fueron:

Identificación de nombres, alias, nexos y fun-ciones dentro del cártel de Tijuana de varias de las personas cuya fotografía fue publicada; Par-ticipación de personal de la Procuraduría en la venta de dichas credenciales; Intervención de un sicario de Ismael Higuera Guerrero ‘El Mayel’, actualmente detenido, en la credencia-lización, quien a su vez es hermano de ‘El Pali-llo’; La participación activa como escoltas que actualmente algunos agentes de la Policía Mi-nisterial del estado prestan a lugartenientes del Cártel, incluso mencionando nombres; Expli-ca y fundamenta la hipótesis de que la mayoría de las fotografías fueron tomadas en una mis-ma sesión, ya que se observa el mismo saco y corbata en los fotografiados”.

Para los agenTes esa Publicación MosTraba: 1) “En la nota hace referencia, identifica y des-cribe las funciones dentro del cártel de Mario Alberto Rivera López ‘El Cris’, autor de ho-micidios y secuestros, según la nota, ordena-

Existen elementos o indicios que hacen presumir que los hechos

delictivos que motivaron el inicio de la presente indagatoria se encuentran vinculados con el crimen organizado, ya que por la forma tan peculiar en que fue localizado el cuerpo sin vida...”

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JUSticia aUSente

dos por Efraín Pérez Pasuengo, ‘El Efra’, re-cientemente detenido por la SIEDO (por otros casos) y quien al parecer actualmente estaba ocupando el puesto que ‘El Efra’ dejara acé-falo después de su captura. ¿El Cris’ fue ase-gurado por la AFI (Agencia Federal de Inves-tigaciones) lo cual implica que Francisco Ortiz Franco publicó datos fundamentados y acer-tados: el aseguramiento de ‘El Cris’ fue dos días después del homicidio del periodista me-diante un enfrentamiento con la AFI;

2) Se denota en el reportaje publicado que el periodista tenía informantes, esto es perso-nas que le proporcionaron datos sobre los fo-tografiados y sobre la forma, tiempos y costo de la credencialización de sujetos que según el FBI son miembros del cártel;

3) El desarrollo y la publicación del repor-taje implica también que su autor desarrolló un trabajo de investigación en el cual contactó a informantes, se documentó en datos publi-cados por el FBI y relacionó a algunos de los fotografiados en custodias y hechos crimina-les como homicidios y secuestros”.

ÚlTiMos daTosAsí, el expediente que construyó la Procura-duría del estado en sólo 50 días, antes de en-viárselo a la SIEDO, se definieron líneas que vinculaban a policías y ex policías estatales, sicarios y operadores del cártel de los Arella-no Félix, sin descartar la posible participa-ción de integrantes de “Los Zetas”.

Una de las últimas actuaciones de la Pro-curaduría del estado, que ya en ese momento había designado a un fiscal especial para in-vestigar el crimen, fue la declaración ministe-rial que rindió Alejandro Manuel Gómez Ru-valcaba, “El Aguacate”, quien era ex policía y confesó trabajar para el cártel de los Arella-no Félix, ofreció detalles de las operaciones y de los funcionarios corruptos.

“El Aguacate” confirmó que “El Cris” era el jefe principal y rendía cuentas directamen-te a Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, el líder del Cártel; y que operaban en diferentes célu-las dando los nombre de cada uno entre ellos Jorge Eduardo Ronquillo y Arturo Villarreal, como operadores en diferentes zonas de Baja California y quienes son los principales seña-lados por el crimen del periodista.

El testigo ofrece también un dato relevante, pues menciona el impacto que tuvo la nota de Ortiz Franco en la organización, ya que cuenta

que tenían credenciales de corporaciones poli-ciacas y un día “El Tigre” ordenó que se deshi-cieran de ellas “porque se había puesto ‘caliente’ ya que salieron en la prensa muchas fotografías de los miembros de nuestra organización; acla-rando que ‘Lalo’ actualmente cuenta con pro-tección de miembros de algunas corporaciones del gobierno principalmente con las personas que ya mencioné quienes se encargan de escol-tar nuestros carros en nuestros operativos pa-ra que en caso de que nos detenga alguna pa-trulla de la policía ministerial ‘charoleen’ con sus placas metálicas y así poder trabajar tran-quilamente”, declaró Gómez Ruvalcaba el 5 de agosto de 2004.

Sobre el asesinato de Ortiz Franco, “El Agua-cate” dijo que escuchó días después de ocurrido que “entre los jefes comentaron que al principio le echaban la culpa a Hank Rhon pero poste-riormente supe que se lo adjudicaban al ‘Cho-lo’ el asesinato, porque fue al puro estilo en el carro y con arma de fuego y al parecer había sido por una mujer, lo que le comentó su com-padre alias K-1”. Después el mismo testigo de-talla: “se dice que ordenó la muerte del perio-dista ya que al parecer tuvo un problema con un pariente o novia de ‘El Cholo’”.

La Procuraduría de baja California ya no con-tinuó. No pudieron retener más tiempo el expe-diente que desde el 5 de julio le había solicitado la SIEDO para continuar esa oficina federal las investigaciones. El 11 de agosto de 2004 se decla-ró la competencia a favor de la PGR y ese mismo día se envió el expediente de casi 500 cuartillas a la Subprocuraduría de Investigación Especia-lizada en Delincuencia Organizada, en respues-ta al oficio CGA/F2/1126/2004. La SIEDO re-cibió el material al día siguiente.

En entrevista Antonio Martínez Luna, quien era procurador en Baja California cuando ocu-rrió el crimen, sostuvo que en el expediente que se entregó a la SIEDO había ya nombres de posibles responsables materiales e intelec-tuales y pruebas periciales importantes. Esa información, añadió, apuntaba al crimen or-ganizado que habría asesinado a Ortiz Fran-co por motivos de su trabajo.

Desde el 11 de agosto de 2004 hasta la fe-cha, la SIEDO no ha acusado penalmente a alguna persona por el crimen de Francis-co Javier Ortiz Franco, ni mucho menos se han girado órdenes de aprehensión. Nunca ha presentado un informe y se niega a ofre-cer cualquier dato.