Violencia contra defensores de derechos humanos en el sur de México

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brigadas internacionales de pazproyecto méxico

Boletín Informativo del Proyecto México. Especial Ayutla – Mayo 2009

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Brigadas Internacionales de Paz (PBIpor sus siglas en inglés) mantiene des -de 2003 una presencia internacionalen el municipio de Ayutla de los Libres,estado de Guerrero, acompañando amiembros de organizaciones indígenasy a abogados de organizaciones dederechos humanos que sufren gravesamenazas por su trabajo en defensa delos derechos fundamentales.

A lo largo de estos años, PBI ha sidotestigo de los esfuerzos de las diferen-tes organizaciones por hacer efectiva laDeclaración Universal de los DerechosHumanos en la región y de los logrosque han alcanzado con su trabajo. Sinembargo, también ha podido compro-bar cómo se han sucedido los asesina-tos, desapariciones y amenazas demuerte contra sus integrantes, con elobjetivo de poner fin a su actividades.

Con este boletín especial, PBI pretendeinformar sobre la situación especial-mente difícil que viven las defensorasy defensores en Ayutla1. Se han produ-cido de nuevo graves amenazas contrael Centro de Derechos Humanos de laMon taña Tlachinollan y la Organiza -ción del Pueblo Indígena Me'phaa(OPIM), ambos acompañadas por PBI.Las ataques tienen lugar precisamentecuando han conseguido importantesavances en la búsqueda de justicia uti-lizando los mecanismos del sistema

interamericano de protección y promo-ción de los derechos humanos. LaOPIM y Tlachi no llan recurrieron a lasinstancias interamericanas ante laimpunidad que rodea las violaciones alos derechos de la población indígenaen México.

En esta publicación abordamos tam-bién la situación de criminalizaciónque sufren integrantes de la OPIM asícomo la reciente desaparición y asesi-nato de los principales líderes de laOrganización para el Futuro del PuebloMixteco (OFPM). Estos hechos han sidodenunciados como parte de una estra-tegia para frenar el trabajo de losdefensores en Ayutla.

El pasado 10 de febrero de 2009, elestado mexicano aceptó ante el Con sejode Derechos Humanos de Nacio nesUnidas proteger, reconocer y apoyar alos defen sores mexicanos de de rechoshumanos, facilitando las condicionesde seguridad necesarias para su trabajoy haciendo un reconocimiento públicode su labor. De esta manera asume unavez más hacer efectiva la Declaraciónde las Naciones Unidas sobre Defen -sores de Derechos Huma nos aprobadahace más de 10 años. Sin embargo,en Ayutla, los crímenes contra losdefensores se suceden en total impuni-dad. La comunidad internacional tienela responsabilidad de monitorear elcumplimiento de las obligaciones inter-nacionales asumidas por Mé xi co y dedema ndar su cumplimiento. ■

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Índice3 Características y problemáticas

del municipio de Ayutla

4 La defensa de los derechoshumanos en Ayutla

5 Casos de violaciones sexualescontra mujeres de comunidadesindígenas ante el SistemaInteramericano de DerechosHumanos

6 La criminalización de los proce-sos organizativos en las comuni-dades indígenas

8 Amenazas y agresiones contradefensoras y defensores de dere-chos humanos

10 Trabajo de entidades internacio-nales de derechos humanos enAyutla

11 Recomendaciones

1 En adelante, y para agilizar la lectura, utili-zaremos la expresión «defensores« cuandoqueramos aludir a defensoras y a defenso-res.

Foto de portadaFuneral por los dirigentes de laOrganización para el Futuro del PuebloMixteco (OFPM) asesinados en febrerode 2009. Foto PBI.

Editorial

En el estado de Guerrero, situado en elsuroeste de México y con 3.115.202habitantes, vive una población indíge-na que asciende a unas 390.000 per-sonas. Los graves índices de pobrezay marginación que sufre el estadoafectan especialmente a las comunida-des indígenas. Así, el analfabetismoentre la población indígena era del39,7% en el 2005.1

El municipio de Ayutla pertenece a laCosta Chica, una de las 7 regiones enque se divide el estado de Guerrero.Históricamente, es conocido por serel lugar donde se elaboró el PlanAyutla, en 1854. Este es un pronun-ciamiento político que pretendía abo-lir la dictadura de Santa Ana, enton-ces presidente de México, elaboraruna nueva constitución y terminarcon el centralismo como forma degobierno del país.

Actualmente, Ayutla comparte conotros muchos municipios del sur deGuerrero las características de sufriraltos índices de pobreza y margina-ción. En Ayutla viven 55.350 habi-tantes, de ellos 15.760 pertenecen alos pueblos indígenas na savi y me'-phaa (mixtecos y tlapanecos). Casiuna tercera parte de esta poblaciónindígena no habla español (4.546). LaComi sión Nacional para el Desarrollode los Pueblos Indígenas de México,

CDI, valora que el grado de margina-ción en esta localidad es muy alto.2

En los últimos tiempos el municipioha sido objeto de titulares en los me -dios de comunicación de México y esconocido por la comunidad interna-cional de derechos humanos debido ala gravedad de los ataques que suf renlos defensores de derechos humanos.

Ayutla es uno de los municipios quemás dinero recibe en la región, princi-palmente por los altos índices depobreza que afectan en especial lascomunidades indígenas y por el inte-rés de México en enviar recursospúblicos que contribuyan al desarro-llo del municipio donde tuvo lugar lamatanza de El Charco (ver recuadro).El mal uso de estos fondos, prove-nientes del estado, y el desvío de losmismos para el enriquecimiento depersonas vinculadas al gobiernomunicipal han sido denunciados de

manera reiterada por las organizacio-nes indígenas, dando lugar a unadenuncia por malversación de fondoscontra de las autoridades municipales. Después de la matanza de El Charcoen 1998, la población de las comuni-dades indígenas en la región deAyutla y municipios limítrofes regis-tró un aumentó de la presencia delEjército Mexicano en la zona. Desdeentonces, se han repetido las protestaspor el comportamiento de las unida-des del ejército que incursionan en laspoblaciones, cometen abusos sexua-les, roban dinero o alimentos e inte-rrogan a la gente sobre una supuestapresencia de grupos armados y sobrela siembra de drogas. La Secretaría dela Defensa Nacional, por su parte,justi fica la presencia en la regióncomo parte del combate al narcotráfi-co. Las comunidades denuncian tam-bién haber sufrido divisiones internasy violencia intracomunitaria que vin-culan con la militarización de lazona.3 En toda la region existen que-jas por las actividades de grupos deciviles armados a los que se relacionacon el ejercito y con corporacionespoliciales.4 ■

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En la comunidad El Charco, pertene-ciente al municipio de Ayutla de losLibres, el Ejército Mexicano rodeódurante la madrugada del 7 de juniode 1998 la escuela primaria »CaritinoMaldonado«, donde dormía un grupode personas. Según los sobrevivientes,el ejercito mató a 11 personas, hirió aotras 5 y llevó detenidas a 22, entreellas 5 menores de edad. Los deteni-dos fueron trasladados a las instala-ciones de la Novena Región Militar,donde se les retuvo durante 2 días yen donde denunciaron haber sido tor-turados. Al lugar de los hechos seimpidió la entrada de periodistas yONGs durante 2 días. Entre los asesi-nados estaba un estudiante de laUNAM y, según el Ejército Revolu cio -nario del Pueblo Insurgente (ERPI), 4eran integrantes de esta organizaciónguerrillera. El estado presentó los

hechos como un enfrentamientoentre el ejército y guerrilleros. Variosmiembros de la OIPM detenidosdurante la matanza de El Charco fue-ron asesinados más tarde por gruposparamilitares: Galdino SierraFrancisco, de Barranca de Guadalupe,miembro de las ComunidadesEclesiales de Base, en abril de 2000.Donaciano González Lorenzo, enenero de 2001, Andrés MarcelinoPetrona, dirigente mixteco de ElCharco e integrante del Comité deDefensa de los Derechos Humanos, enagosto de 2001. El cadáver de RaúlLucas dirigente mixteco, fue encon-trado el 20 de febrero de 2009.

Limeddh, La matanza del Charco, 7 dejunio de 1999, [www.derechos.org/limeddh/doc/charco.html] y LaJornada, 24 de febrero de 2009.

Características y problemáticas del municipio de Ayutla

1 Datos del XII Censo General de Población yVivienda, del año 2000, elaborado por elInstituto Nacional de Estadística, Geografíae Informática (INEGI) y del II Conteo dePoblación y Vivienda del año 2005 aplican-do la metodología que utiliza la CDI paraestimar a la población indígena.

2 Idem.3 La Jornada Guerrero, 30 de enero de 2007.4 El Sur, 19 de septiembre de 2007.

Pila de maíz de Fortunato Prisiliano e InésFernández Ortega dañado por los militares

en febrero de 2009

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Las comunidades indigenas me'phaa se oponen a la presencia militar. PBI documenta la protesta.

Pila de maíz de Fortunato Prisiliano e InésFernández Ortega dañado por los militares

en febrero de 2009

Las organizaciones indígenas de AyutlaBuscando soluciones al contexto depobreza y marginación que se vive enlas comunidades indígenas surgió laOrganización Independiente dePueblos Mixtecos y Tlapanecos,OIPMT, con una fuerte presencia enlos municipios de Ayutla y Acatepec.En 2004, nacieron de la OIPMT, laOrganización para el Futuro delPueblo Mixteco (o na savi), OFPM yla Organización del Pueblo IndígenaMe'phaa (o tlapanecos), OPIM, paraatender de manera separada a lapoblación de dos grupos que hablandiferentes lenguas.

La OPIM y la OFPM trabajan paradefender y promover los derechosfundamentales de las comunidadesme'phaa y na savi. Uno de sus objeti-vos es el de poner fin a la impunidady exigir justicia ante las violaciones dederechos que sufre la población.Atribuyen muchas de estas agresionesa servidores públicos, entre ellos lasfuerzas de seguridad del estado. Unaspecto emblemático del trabajo de laOPIM ha sido el apoyo dado a dosmujeres indígenas, que sufrieron agre-siones sexuales unidas a interrogato-rios sobre la supuesta presencia deguerrilleros en la zona. Inés Fernán -dez Ortega y Valentina RosendoCantú, apoyadas por mujeres líderesde la OPIM, han presentado denun-

cias contra miembros del ejército ydemandado una investigación de loshechos ante la justicia mexicana yante la Comisión Interamericana deDerechos Humanos.1

La OPIM y la OFPM formulan pro-puestas y plantean demandas con elfin de mejorar las infraestructuras y ladotación de obras públicas básicaspara las comunidades: vías de comu-nicación, atención médica y serviciosde educación. Solicitan a los poderespúblicos, sobre todo de ámbito muni-cipal, una distribución equitativa delos recursos económicos destinados ainfraestructura entre las comunidades,para que todos los núcleos de pobla-ción que integran el municipio tenganacceso a servicios básicos.

También han fomentado el desarrolloeconómico impulsando proyectosproductivos y denunciando la explo-tación irregular de los recursos fores-tales, especialmente en las comunida-des na savi de la región.

Tlachinollan, organización de defensade los derechos humanos y de asisten-cia legal: trabajo de sus abogados conlas organizaciones de AyutlaA partir de la matanza de El Charco,en 1998, las organizaciones no guber-namentales de derechos humanosmexicanas e internacionales comien-zan a dar seguimiento a la situaciónde Ayutla. En sus demandas de justi-cia, las organizaciones indígenas deAyutla se vincularon con varias deéllas. Una de las colaboraciones másestrechas se ha establecido con elCentro de Derechos Humanos de laMontaña Tlachinollan, fundado en1994 en Tlapa de Comonfort con elobjetivo de impulsar el respeto a losderechos humanos en la región de laMontaña. Tlachinollan mantiene

desde 2003 una oficina en Ayutlapara dar seguimiento a casos en laregión de la Costa Chica de Guerrero.

Las abogadas y abogados del Tlachi -nollan han asumido denuncias plante-adas por la OPIM y la OFPM dentrode su programa de defensa integral yles ha dado visibilidad nacional einternacional impulsándolos ante lajusticia y la opinión pública. Tlachi -nollan se ocupa del seguimiento legala las violaciones sexuales sufridas porInés Fernández Ortega y ValentinaRosendo Cantú (ver pág. 5 de estapublicación), así como a las amenazasde muerte recibidas por las dirigentesde la OPIM que denunciaron pública-mente estos casos. También se haocupado de la representación legal dehabitantes de la comunidad de ElCamalote, víctimas de esterilizaciónforzada por parte de los servicios desalud del estado de Guerrero en1998.2 En los últimos meses, trabajaapoyando legalmente a 15 integrantesde la OPIM que tienen órdenes deaprehensión en su contra y ha asumi-do la defensa de cinco de ellos, quefueron encarcelados. A raíz de losasesinatos del presidente y secretariode la OFPM, en febrero del 2009,Tlachinollan inicia la representaciónlegal de los familiares de las víctimasen sus demandas de justicia. ■

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La defensa de los derechos humanos en Ayutla

1 Entrevistas de PBI con Obtilia EugenioManuel y Andrea Eugenio Manuel en losaños 2006 y 2007 e informes anuales octa-vo y noveno del Tlachinollan de los años2001 a 2003.

2 CIMAC Noticias, 16 de enero de 2008[http://www.cimacnoticias.com/site/08011611-Guerrero-indigenas.31741.0.html].

3 Entrevista concedida a PBI el 24 de julio de2007. Actualmente, Mario Patrón ya noforma parte del equipo de Tlachinollan.

»El mecanismo (de la defensa inte-gral) consiste en tomar determinadoscasos, los más representativos, queejemplifican una situación de viola-ción de los derechos humanos enMéxico y las causas estructurales queoriginan estas violaciones de derechoshumanos. Esta defensa integral presu-pone el aporte multidisciplinario pararesolver y para exigir el cumplimientode esos derechos. La herramienta jurí-dica por sí sola no es suficiente real-mente para el acceso a la justicia.Porque uno tiene que recurrir a losmismos aparatos del estado queestán montados sobre una racionali-dad que es la misma que vulnera losderechos humanos. Entonces, si a esaherramienta jurídica no la acompa-ñas de incidencia e interlocución polí-tica, de presión ante los medios decomunicación, de construcción dealianzas nacionales e internacionales,y del factor organizativo de la gente,difícilmente tienes la posibilidad deacceder a la justicia.«3

Mario Patrón – abogado del Centrode Derechos Humanos de la

Montaña Tlachinollan

Reunion de miembros de la OPIM yTlachinollan con embajadas de Alemania yFrancia en Ayutla del 17 de abril de 2009

Entre las violaciones a derechos huma-nos que han sido denunciadas en laregión destacan las violaciones sexua-

les a mujeres indígenas.1 Según infor-man Tlachinollan y la OPIM, muchasde las mujeres que sufrieron violacio-nes no han querido denunciarlas pormiedo a represalias y sufrir margina-ción dentro de sus comunidades.Estos ataques, con graves consecuen-cias en el contexto de las comunida-des indígenas, provocan la desarticu-lación familiar y comunitaria.Protegiendo su integridad física y suscomunidades, las propias mujeres sehan enfrentado a los militares envarias ocasiones, echándolos de sustierras.2

Inés Fernández Ortega denuncióhaber sido violada por militares en sucasa, en la comunidad de BarrancaTecuani, el 22 de marzo de 2002cuando tenía 24 años. Su caso fuepresentado en junio de 2004 ante laComisión Interamericana de DerechosHumanos, CIDH, junto con el deValentina Rosendo Cantú quien con17 años también sufrió una violaciónsexual en la comunidad de BarrrancaBejuco. El 12 de octubre de 2007tuvo lugar la audiencia pública de laCIDH en Washington. Cuatro mesesdespués, Lorenzo Fernández Ortega,hermano de Inés Fernández y miem-bro de la OPIM, fue secuestrado y su

cuerpo sin vida, que presentaba sig-nos de tortura, fue encontrado el 9 defebrero de 2008. Las investigacionespor este asesinato no han aclaradoninguna posible autoría de loshechos. A finales de 2008, la CIDHemitió su resolución sobre el caso deInés Fernández, que ahora espera larespuesta del Estado Mexicano.

Las denuncias por violación de InésFernández Ortega y ValentinaRosendo Cantú contra miembros delEjército Mexicano fueron examinadaspor la justicia militar mexicana que sedeclaró competente para conocer loscasos. Los recursos de amparo pre-sentadas por las víctimas que denun-ciaban una vulneración de su garantíaal debido proceso y exigían que loshechos fueran juzgados por la justiciacivil fueron desestimados. La justiciamilitar concluyó su investigaciónarchivando los expedientes alegandofalta de pruebas. En diciembre de2006, la CIDH aceptó los casos deInés Fernández Ortega (Caso 12.580)y Valentina Rosendo Cantú (Caso12.579). La CIDH emitió sus infor-mes de fondo sobre los casos de Inésy de Valentina. El 7 de mayo del2009, el caso de Inés FernándezOrtega fue enviado a la CorteInteramericana de DerechosHumanos. El caso de ValentinaRosendo Cantú está aún siendo tra-mitado ante la CIDH.

A inicios de febrero de 2009, InésFernández y su familia expresaronpreocupación y sensación de indefen-sión ante la presencia de unidades delejército estacionadas nuevamentefrente a su comunidad. Denunciaronque varios soldados entraron en sustierras, robando parte de la cosecha ycausado daños en el resto.4 ■

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Casos de violaciones sexuales contramujeres de comunidades indígenasante el Sistema Interamericano deDerechos Humanos

1 México: mujeres indígenas e injusticia mili-tar, informe de Amnistía Internacionalpublicado en noviembre de 2004.

2 Entrevistas de PBI con Obtilia EugenioManuel y Andrea Eugenio Manuel en losaños 2006 y 2007 e informes anuales octa-vo y noveno del Tlachinollan de los años2001 a 2003.

3 Entrevista de Inés Fernández Ortega conSandra Torres Pastrana para CimacNoticias, 24 de marzo de 2009 [http://www.cimacnoticias.com/site/s09032403-ENTREVISTA-No-se-q.37064.0.html ].

4 Información recabada por PBI para su tra-bajo en Ayutla junto con resumen deentrevista de Inés Fernández Ortega paraCIMAC Noticias, 24 de marzo de 2009.

Mario Patrón, Obtilia Eugenio, InésFernández y Valentina Rosendo en laComisión Interamericana de DerechosHumanos en Washington [CDHM Tlachinollan]

»A mí me violaron militares, el añopasado me mataron a mi hermanoLorenzo, integrante de la Organi -zación de Pueblos indígenas Me´phaa(OPIM) y quién me apoyó en todomomento para hacer mi denuncia.Además, el hermano que me queda,Ocotlán, está amenazado de muertejunto con mi esposo, dos de mis sobri-nos miembros de la OPIM estuvieronen la cárcel injustamente. Vivo conmiedo por mis hijos y por mí, no séque más quiere el gobierno, nosotroslo único que hemos pedido es justicia(…). Yo denuncié por la fuerza y elapoyo que me brindó mi familia y enespecial mi hermano Lorenzo, porqueademás yo sé que hay muchas muje-res que son violadas y no denuncianpor miedo, porque dicen »ellos traenarmas«, »a ellos los mandó el gobier-no«, »ellos fácil te matan«, eso pien-san las mujeres y hombres de lacomunidad y quiero que cambien, quedenuncien cuando se violen sus dere-chos«.3

Inés Fernández Ortega, miembro dela OPIM y víctima de violación sexual

En opinión de diferentes organizacio-nes de la sociedad civil mexicana, lasamenazas y la criminalización contraintegrantes de organizaciones indíge-nas, líderes comunitarios y defensoresde derechos humanos son una prácti-ca común en el estado de Guerrero.Los defensores de derechos humanosy sus familias son objeto de atentadoscontra sus vidas, intimidaciones,calumnias o acusaciones de delitosfalsos, sin que nunca se investigue aquienes formulan estas acusaciones.Las personas que participan en orga-nizaciones de la sociedad civil seenfrentan al dilema de desistir de susactividades ante el temor a sufrirrepresalias o seguir con su trabajoasumiendo vivir bajo estas presiones.Con esta manera de actuar, el estadoniega el derecho a denunciar violacio-nes de derechos humanos y cuestionala integridad moral de los que denun-cian. A esto se suma la impunidadcon que se cometen los delitos y queprotege especialmente a los servidorespúblicos.1

Durante los años 1996 y 1997, secree que en la región de Ayutla se

reclutó a personas para participar engrupos guerrilleros, lo que, segúnvaloración de Tlachinollan, ha lleva-do al gobierno a considerar a todoslos procesos organizativos como sub-versivos, especialmente si estos son decarácter indígena.2 A partir de esosaños, Tlachinollan documentó repeti-damente cómo los líderes comunita-rios integrantes de la OIPMT, eranacusados injustamente de pertenecer agrupos armados o a bandas de se -cues tradores, de haber cometidohomicidios o de supuestas vinculacio-nes con el narcotráfico. El resultadode estas actuaciones era la paraliza-ción de las actividades de muchas deestas personas ante el temor a serapresados por crímenes que no habí-an cometido. La OIPMT denunció,ante los medios de comunicación, ata-ques contra sus integrantes así comola presencia en las comunidades degrupos de militares y de grupos depersonas armadas que llevaban listasde nombres y preguntaban por miem-bros de la organización.3 ObtiliaEugenio Manuel, presidenta de laOPIM, denuncia que estos hechoscontinúan teniendo lugar.

Detenciones y órdenes de aprehensióncontra miembros de la OPIM 15 integrantes de la OPIM están acu-sados desde el pasado 15 de abril de2008 de ser responsables del asesina-to de Alejandro Feliciano García,cometido el 1 de enero de 2008.Entre los imputados se encuentranCuauhtémoc Ramírez, anterior presi-dente de la organización y acompaña-do por PBI, familiares de InésFernández Ortega y OrlandoManzanares Lorenzo, representantede los 14 hombres esterilizados en ElCamalote.

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Los abogados VidulfoRosales y Rogelio Téliz deTlachinollan saliendo delpenal de Ayutla tras la visita a los presos de conciencia de la OPIM enmarzo de 2009.

La criminalización de procesos organizativosen las comunidades indígenas

Durante el acto del levantamiento de la cruz de Raúl Lucas en marzo de 2009

Cinco de los imputados fueron arres-tados el 17 de abril de 2008. Losabogados del Tlachinollan interpusie-ron un recurso de amparo a favor delos 5 detenidos. Un juez federal orde-nó el 20 de octubre que cuatro deellos fueran liberados, puesto que nohabía pruebas inculpatorias. Su pues-ta en libertad se demoró cinco mesesdebido a que la Procuraduría Generalde la República apeló la sentencia.Finalmente, el amparo fue confirma-do y los cuatro miembros de la OPIMpuestos en libertad el 18 de marzo del2009. A Raúl Hernández, que conti-núa en prisión, se le denegó el ampa-ro porque dos testigos testificaronhaberle visto en el lugar de loshechos, cuando se disparó a la vícti-ma. Los otros 10 acusados pueden serdetenidos en cualquier momento.Para evitar esto y clarificar su inocen-cia, Tlachinollan ha solicitado recur-sos de amparo a favor de ellos, aúnpendientes de resolución.4

Amnistía Internacional ha revisadocuidadosamente el caso y ha llegado ala conclusión de que las pruebas con-tra estas personas fueron fabricadas.Considera también que el procesocontra ellos se debe a sus actividadesde promoción de los derechos de sucomunidad. Por eso declaró presos deconciencia a los cinco detenidos el 11de noviembre de 2008.5

La OPIM y Tlachinollan consideranque existe una voluntad de criminali-zar a los integrantes de la OPIM bus-cando cualquier excusa para ello.Denuncian que los desencadenantesde estas órdenes de aprehensión fue-ron los hechos sucedidos el 31 demarzo de 2008. En ese día 4 policíasy 1 civil fueron asesinados cuandotransportaban dinero público en elcamino entre Ayutla y la comunidadde El Camalote. Al día siguiente, laPolicía Investigadora Ministerial(PIM) registró la casa de un supuestotestigo, torturando a uno de sus fami-liares. En la tortura le preguntaronsobre Cuauhtémoc Ramírez y ObtiliaEugenio Manuel, dirigentes de la

OPIM, insinuando que tenían respon-sabilidad en el asalto.6 En los díassiguientes, se reabrió la investigaciónpor el homicidio de AlejandroFeliciano García. Así, cuatro mesesdespués del homicidio se realizó laautopsia y se libraron órdenes deaprehensión contra 15 líderes e inte-grantes de la OPIM. ■

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1 Centro de Derechos Humanos de laMontaña Tlachinollan, Tejedores deEsperanza. XI informe, Tlapa, junio 2005 amayo 2006, pp. 74 y 79.

2 PBI México, Defensoras y defensores dederechos humanos en el estado de Guerrero,diciembre de 2007, pág. 35 [http://www.pbi-mexico.org].

3 Centro de Derechos Humanos de laMontaña Tlachinollan, Octavo informeanual: El quiebre de la Justicia, Junio 2001 aMayo 2002 [ http://www.tlachinollan.org/dhginf/dhginf_08.pdf].

4 El 21 de abril de 2009, el Juzgado Octavode Distrito con sede en Acapulco, concedióel amparo a favor de cinco de ellos.

5 Amnistía Internacional, Comunicado dePrensa, CPAIMX/31/2008, 11 de noviembre2008.

6 Según documentó el Centro de DerechosHumanos de la Montaña Tlachinollan,Yesenia Tórnez denunció estas torturas einterpuso una queja ante la ComisiónEstatal de Defensa de los DerechosHumanos (CODDEHUM), en contra de laPolicía Investigadora Ministerial (PIM) deAyutla, la Policía Preventiva Estatal deChilpancingo y el agente del MinisterioPúblico de Ayutla, por tortura, abuso deautoridad, ejercicio indebido de la funciónpública, allanamiento de morada y priva-ción ilegal de la libertad. La CODDEHUM leotorgó medidas cautelares así como a susfamiliares.

7 Entrevista de Orlando Manzanares Lorenzocon Zacarías Cervantes para El Sur deAcapulco, 24 de abril de 2008.

Orlando Manzanares Lorenzo, ex-preso de concienciaOrlando Manzanares Lorenzo, uno delos presos liberados, ve en las acusa-ciones contra los miembros de laOPIM un intento para desbaratar a laorganización. Explicó que fueron dete-nidos en un retén de militares y policí-as el 17 de abril de 2008 en el caminoa la comunidad de El Camalote, dedonde proceden: »Nos decían muchascosas, que somos delincuentes y quesomos gente mala«. Los policías lesimpidieron que hablaran en su idiomaentre ellos »nos dijeron que no querí-an que habláramos me'phaa, yo les

dije que hay algunos compañeros queno entienden el español«. Fueron inte-rrogados, después de un día de cami-no en la comandancia de policía deAyutla: »Yo fui el último y me dijeronque mis compañeros habían dicho queyo había matado a Alejandro FelicianoGarcía. Yo les dije que no, que ese díayo estuve trabajando en Barranca deGuadalupe, que soy albañil«. Cuandono se declaró culpable le pidieron quefirmara un documento en el que cul-paba a sus compañeros, diciéndoleque a él lo iban a dejar libre pero senegó7.

Orlando Manzanares, expreso de conciencia laOPIM

Existen numerosas referencias a ata-ques y agresiones contra miembros dela OPIM y la OFPM y, anteriormen-te, de la OIPMT que se remontan alsurgimiento de estas organizaciones.Así, a título de ejemplo, el 18 de abrilde 2008 más de 100 efectivos delEjército Mexicano, de la PolicíaEstatal, de la Policía InvestigadoraMinisterial y de la Agencia Federal deInvestigación entraron en la comuni-dad de El Camalote intimidando a lasfamilias y paralizando a la población.Un grupo de informantes del Ejércitodifundió el rumor de que los militaresiban a detener y a matar a todos losintegrantes de la OPIM.1

Las amenazas y ataques contra inte-grantes de la OPIM han sido denun-ciados ante la justicia mexicana deforma reiterada sin que los agredidoshayan sido informados de ningúnavance en las investigaciones. Por lasamenazas recibidas por su trabajodentro de la OPIM, la CIDH conce-dió, en enero de 2005, medidas caute-lares a favor de Obtilia EugenioManuel, su hermana Andrea EugenioManuel, su esposo CuauhtémocRamírez y sus hijos. Otras medidascautelares fueron concedidas el 4 deseptiembre de 2007 a favor de InésFernández Ortega, su esposo Fortu -nato Prisciliano Sierra y sus hijos, queestaban siendo amenazados por subúsqueda de justicia ante la CIDH.

Tras el asesinato en febrero de Loren -zo Fernández Ortega, hermano deInés Fernández Ortega e integrante dela OPIM, y las órdenes de aprehen-sión y detenciones de abril, el 27 dejunio de 2008 se otorgan medidascautelares a favor de 41 miembros dela OPIM, entre ellos las cinco perso-nas que fueron encarceladas. Ademásse ampliaron las que ya estabanvigentes desde 2005 y 2007. Una vezla CIDH otorga las medidas cautela-res, la manera en que se implementanestas, se negocia y pacta entre el esta-do mexicano y las personas amenaza-das. Obtilia Eugenio Manuel halamentado reiteradamente la inefica-cia de las medidas que le fueron con-cedidas frente a las amenazas quesufre y la falta de im pacto en su situa-ción de inseguridad.2 Debido a lasamenazas y agresiones que han tenidolugar en febrero y marzo de 2009contra integrantes de la OPIM, laOFPM y Tlachinollan, la presidenciade la Corte Interamericana deDerechos Humanos ha concedidomedidas urgentes para garantizar lavida y seguridad de todos ellos.3

Amenazas contra Obtilia Eugenio ManuelObtilia Eugenio Manuel ha recibidoamenazas de muerte desde su partici-pación en el aniversario de la matan-za de El Charco del año 2002. Estasamenazas se intensifican cuando ini-

cia su trabajo como traductora deInés Fernández Ortega, que no hablaespañol. En los primeros seis meses de2002 fue amenazada en cuatro oca-siones. En diciembre de 2004 recibióun anónimo con una amenaza demuerte donde se hacía referencia a sudenuncia de los casos de InésFernández y Valentina Rosendo en unforo público. Desde entonces, lasamenazas, seguimientos, vigilancia desu casa, llamadas telefónicas intimida-torias, etc. se han repetido en variasocasiones cada año.

Su elección como presidenta de laOPIM el pasado 24 de enero de 2009tuvo como efecto un aumento en laintensidad de estas agresiones e inti-midaciones. PBI ha documentadodesde el 24 de enero un total de 7amenazas graves. Citamos comoejemplos los hechos sucedidos el 24de enero, cuando se dirigía a una reu-nión de la OPIM. En el camino fueseguida por tres camionetas y amena-zada de muerte por uno de los ocu-pantes, como denuncia AmnistíaInternacional en una acción urgentefechada el 12 de febrero: »¿Te sientesmuy valiente, que eres de verdad unamujer? Ojalá tu también te vayas a lacárcel [...] Si no se van a la cárcel losvamos a matar«.4

Tras los asesinatos de los líderes mix-tecos, el acoso por medio de llama-das, escritos y personas que le trasmi-

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»Cuando ayudé a Inés como traducto-ra, viene la amenaza a mí. Encuen troa un señor en la calle [...] que es indí-gena y sabemos que es parte pues demilitar y me dice en la calle: »Yo tedigo por tu bien cuídate, no andesdenunciando porque lo que dicen lasseñoras no es cierto, tu dices purasmentiras pero los que son acusadosestán muy enojados, quieren vengarseyo te lo estoy diciendo por tu bien yporque te conozco, que te cuides«. Yono le respondí nada a ese señor y vie-nen los anónimos. En base a eso yoestoy recibiendo las medidas cautela-res que me otorgaron (…) Me quierenmeter miedo para no organizar más ala gente y es el miedo que ellosmeten. Y sabemos que el gobiernotiene de su parte gentes, grupos para-militares, y sabemos quiénes son por-que son indígenas. Para que el gobier-no pueda decir, cuando hay muertes:pues entre ellos, entre ellos se estánpeleando porque son indígenas«.6

Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la OPIM

Amenazas y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos

Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, OPIM

ten mensajes intimidatorios en la callese multiplicó. El 17 y 20 de marzorecibió mensajes de texto en su celu-lar en donde se le comunica que ellapodría ser la siguiente en ser desapa-recida, torturada y ejecutada comosucedió con los dirigentes de laOFPM. En estas amenazas se leadvierte de que, el apoyo de organiza-ciones como el Centro de DerechosHumanos de la Montaña Tlachi -nollan, no la salva de que le »atrevie-sen las balas«. Ante esta situación,Obtilia Eugenio Manuel ha tenidoque abandonar la región.5

Asesinato de Raúl Lucas Lucía yManuel Ponce Rosas, cargos directivos en la OFPM Raúl Lucas Lucía fue uno de lossupervivientes de la matanza de ElCharco. Desde 2007 ocupaba el cargode presidente de la Organización parael Futuro del Pueblo Mixteco. Desde1998 había sido amenazado y agredi-do al menos en cuatro ocasiones. En1999, el Ejército Mexicano lo torturóy amenazó. En septiembre de 2001nuevamente fue torturado por milita-res en su comunidad, junto a sus her-manos y cuñado. El 18 de octubre de2006, después del paso de La OtraCampaña por la comunidad mixtecade El Charco, recibió amenazas de lossoldados. Por último, el 15 de febrerode 2007, fue herido de bala en el cue-llo durante una emboscada que casi lecostó la vida. Pese a que estos hechosfueron denunciados, los mismos per-manecieron en la impunidad. El 13 defebrero de 2009, Raúl Lucas Lucía yManuel Ponce Rosas, secretario de laorganización, fueron secuestrados portres personas armadas a las 13.15horas de la tarde, durante un actopúblico en el que participaban autori-dades municipales de Ayutla de LosLibres. El domingo 22, familiares delas víctimas identificaron los cuerpossin vida de los dos dirigentes quehabían sido hallados con visibles hue-llas de tortura y en avanzado estadode descomposición la noche del vier-nes 20.7

Dos meses después, los abogados delTlachinollan, que representan a lasfamilias de los fallecidos, han comen-tado la lentitud y falta de resultadosde la investigación que realiza el apa-rato de justicia del estado de Guerr -ero, competente para investigar yenjuiciar estos hechos. Lamentan quenadie haya sido imputado por loshomicidios. Critican también que laProcuraduría General de Justicia de

Guerrero (PGJE) no haya consideradola posibilidad de que los crímenesestén vinculados con su trabajo comodefensores de derechos humanos,como principal línea de investi ga -ción.8 Por esto solicitan que estosdelitos sean juzgados por tribunalesfederales, de los que esperan unactuar más eficaz para esclarecer loshechos.

Guadalupe Castro Morales y CarmenLucas Lucía, viuda y hermana deRaúl Lucas, han sido víctimas deamenazas en las que se les exige quecesen en sus demandas de investiga-ción. Según han informado a BrigadasInternacionales de Paz, el estadomexicano les ofreció una escolta poli-cial, que rechazaron. Explicaron quela escolta de hombres policías habíasido otorgada sin considerar sus nece-sidades. Indicaron que esta medida notenía en cuenta su realidad cultural ysocial como mujeres indígenas. Lospolicías que debían protegerlas llega-ron a sus casas mientras realizabanlos ritos funerarios por sus familiares.

Las amenazas contra el Centro deDerechos Humanos de la MontañaTlachinollanEl Centro de Derechos Humanos dela Montaña Tlachinollan tiene entresus ejes básicos de actuación las acti-vidades desempeñadas por sus equi-pos de abogados. Éstos, llevan a cabola defensa jurídica de los casos quetanto la OPIM como la OFPM hanplanteado ante la justicia mexicana yante el Sistema Interamericano deDerechos Humanos ofreciendo tam-bién apoyo psicológico a las víctimasy sus familiares. Por este trabajo, losintegrantes de Tlachinollan y susfamiliares han sido objeto de unaserie de agresiones, amenazas y actosde hostigamiento, especialmente enlos meses de febrero y marzo de2009. Como ejemplo de estos hechos,

el día 18 de marzo de 2009, un equi-po de ocho miembros de Tlachinollanque visitó Ayutla fue perseguidodurante el viaje de regreso por otrovehículo desde el que se efectuarondisparos al aire. En días posteriores,Tlachinollan dio a conocer el cierretemporal de su oficina en Ayutla anteesta situación de riesgo, denunciandoque no había condiciones para el tra-bajo de la defensa de los derechoshumanos.10 ■

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1 La Jornada Guerrero, 18 de marzo 2008.2 Brigadas Internacionales de Paz: informa-

ción recabada directamente de las perso-nas acompañadas.

3 Corte Interamericana de DerechosHumanos, resolución Asunto FernándezOrtega y otros respecto México, 9-04-2009. www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_01.pdf

4 Amnistía Internacional, Acción Urgente,AMR 41/006/2009, 12 de febrero de 2009.

5 FIDH, Acción Urgente- MEX004/0309/OBS O55, 30 de marzo de 2009.

6 PBI México, Defensoras y defensores dederechos humanos en el estado deGuerrero, diciembre de 2007, pág. 43[http:// www.pbi-mexico.org].

7 La Jornada, Opinión, 24 de febrero de 2009.8 Centro de Derechos Humanos de la

Montaña Tlachinollan y 111 organizacionesmás, Se intensifican agresiones contradefensores de derechos humanos enGuerrero, 25 de marzo de 2009[http://www.tlachinollan.org/notbp/notbp090325.html].

9 Extractos de esta entrevista se puedeencontrar en la publicación de PBI MéxicoDefensoras y Defensores de DerechosHumanos en el Estado de Guerrero disponi-ble en [http://www.pbi-mexico.org].

10 Proceso.com.mx, Cierra centro de derechoshumanos en Guerrero por amenazas, 25 demarzo de 2009 [http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67424].Rueda de prensa en versión completa dis-ponible en [http://www.fundar.org.mx/boletines2009/24marzo.htm].

Raúl Lucas Lucién, presidente de laOFPM, asesinado en 2009En julio de 2007, Raúl Lucas, en entre - vista con miembros de PBI, resumíaalgunos de los ataques sufridos por ély su familia desde que tuvo lu gar lamasacre de El Charco en 1998.»Después de la masacre del Charco yaempezó el ejército a hostigarme ... queyo era un líder, que muevo a los com-pañeros y que me van a matar. Fueroncuatro veces a mi casa y ya de ahítene mos amenaza de muerte ... des-pués dispararon a mi esposa y no vi -

mos ninguna justicia. En este año, 15 defebrero de 2007, tuve un atentado ...me pegaron un balazo en el cuello. Ytambién ahí no tuvimos ni un apoyode la policía, no se hizo justicia. Antesdel disparo [el 18 de octubre de 2006]me empieza a hostigar: Tú conoces turegión y dónde siembran las drogas, ydónde andan los en capuchados (gue-rrilleros) [...] Pero tú debes de saber y sino sabes nosotros vamos ha hacer elrecorrido. Y si encontramos algo direc-tamente vamos contigo«.9

Organizaciones internacionales de derechos humanosLas organizaciones indígenas y dederechos humanos han establecidotambién vínculos con organizacionesinternacionales, que han acompañadosus procesos de denuncia y han reac-cionado ante las agresiones de las quehan sido víctimas, entre ellas PBI yAmnistía Inter nacio nal. PBI comenzósus actividades de acom pañamientointernacional en México en 1999 y afinales de 2003 empezó a acompañar alos integrantes de Tlachinollan que tra-bajaban en la oficina de Ayutla. Afinales de 2004, Tlachinollan y la pro-pia OPIM, plantearon a PBI la situa-ción de riesgo en que se encontrabanlos dirigentes de la organización me'phaa por su trabajo no violento endefensa de los derechos humanos y susdemandas de mejoras en la situaciónsocial de las comunidades. En especialse expusieron a PBI las amenazas quesufrían Obtilia Eugenio Manuel yAndrea Eugenio Manuel como traduc-toras y defensoras de Inés FernándezOrtega y Valen tina Rosen do Cantú.PBI empezó a acompañar a ObtiliaEugenio Manuel, Andrea Euge nioManuel y Cuauhté moc RamírezRodríguez, miembros de la mesa direc-tiva de la OPIM. Asi mis mo, ha segui-do acompañando a Tlachi nollan y hamantenido una estrecha relación conlos integrantes de la OPIM y de laOFPM, dos de cuyos líderes han sidorecientemente asesinados.

PBI ha establecido una presenciaregular en el municipio de Ayutla yha elaborado publicaciones traduci-

das a varios idiomas donde se presen-tan el trabajo y las demandas de lasorganizaciones acompañadas. Estetrabajo se ve respaldado por redes deapoyo internacionales en 16 países enEuropa, Norte América y el Pacifico.PBI ha mantenido una intensa laborde sensibilización dentro y fuera deMéxico sobre los problemas de segu-ridad que afrontan los defensoresamenazados ante las autoridades civi-les y militares mexicanas, el cuerpodiplomático, entidades de derechoshumanos dentro de Nacio nes Unidas,la Unión Europea y el Sistema Inter -americano de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional ha dado segui-miento y apoyo a las demandas de laOPIM y de la OFPM a través de susacciones urgentes. AI ha expresadopreocupación por la seguridad de losintegrantes de la OPIM desde 2005 yde la OFPM en 2009. El pasado 11 denoviembre de 2008 declaró presos deconciencia a los 5 miembros de laOPIM detenidos el 18 de abril de 2008y realiza desde entonces una cam pañapor la libertad de todos el los. Unadelegación de Amnistía In ter na cio nalvisitó a la OPIM y a las organizacionesde derechos humanos en Ayut la losdías 5 y 6 de febrero de 2009.

Organizaciones internacionales dederechos humanos como la Coordi -nación Alemana por los DerechosHumanos en México, el Servicio Civilpor la Paz (SIPAZ), Frontline,Washing ton Office on Latin America(WOLA), Latin America WorkingGroup y Agir Ensemble pour les

Droits de L’Homme han manifestadoante las autoridades mexicanas supreocupación por las agresiones con-tra integrantes de la OPIM y de laOFPM, recordando el deber de lasautoridades de brindar protección alos defensores de derechos humanos.

Después del asesinato de Raúl LucasLucía y Manuel Ponce Rosas, dirigen-tes de la OFPM, las organizaciones nogubernamentales como Human RigthsWatch (HRW), Fundación para elDebido Proceso Legal, Latin AmericanWorking Group (LAWG) y Washing -ton Office on Latin America (WOLA),enviaron un comunicado expresandosu preocupación y pidiendo a la auto-ridades mexicanas una rápida investi-gación de los hechos y el castigo delos responsables. Otras 140 organiza-ciones mexicanas e internacionalesemitieron un pronunciamiento pidien-do también que se proteja a las fami-lias de las víctimas y expresando preo-cupación por la seguridad de los inte-grantes de la OFPM y la OPIM.

Actuaciones de EntidadesInternacionalesDesde hace varios años la ComisiónInteramericana de Derechos Huma nos(CIDH) ha concedido medidas caute-lares para la protección de los miem-bros de la OPIM. También ha investi-gado los casos de Inés Fer nán dezOrtega (Caso 12.580) y ValentinaRosendo Cantú (Caso 12.579). Losasesinatos de los dirigentes de laOFPM y las circunstancias que losrodean provocaron también unaamplia reacción de repulsa por partede organismos internacionales: laOficina del Alto Comisionado paralos Derechos Humanos de las Na cio -nes Unidas en México (OACNUDH),la Comisión Interamericana de Dere -chos Humanos y la Unión Eu ropea através de su presidencia, condenaronlas muertes y demandaron una investi-gación ágil y detallada de los hechos.

Representantes diplomáticos de losestados miembros de la UniónEuropea visitaron el estado deGuerrero los días 16 y 17 de abril de2009, reuniéndose con los defensoresasí como, con las autoridades estata-les y municipales y recabando infor-mación sobre la situación. Esta visitatuvo lugar a petición de BrigadasInternacio nales de Paz. También laOficina del Alto Comisio na do paralos Derechos Humanos en Méxicovisitó Ayutla durante el mes de marzocon los mismos objetivos. ■

Silenciados Brigadas Internacionales de Paz

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Trabajo de entidades internacionalesde derechos humanos en Ayutla

Reunión de representantes de embajadas deAlemania y Francia con OPIM y Tlachinollanen Ayutla, 17 de abril de 2009

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La OACNUDH consensuó con elgobierno de México en el 2003»Definir y aplicar un programa deacción integral en materia de las y losdefensores de los derechos humanosque comprenda la protección a sufunción y el reconocimiento a sulabor«, dentro de su Diagnósticosobre la Situación de los DerechosHumanos en México.1

México, por su parte ha elaborado unPrograma Nacional de DerechosHumanos, publicado oficialmente elpasado 29 de agosto de 2008. En elPrograma se prevé: »Definir lossupuestos y las modalidades en que sedeba otorgar protección especial a lasy los defensores de los derechoshumanos«. Se planea igualmente quela Procuraduría General de laRepública será encargada de»Establecer un protocolo específicoque permita la investigación de ilíci-tos cometidos en contra de las y losdefensores de derechos humanos« yde »Impulsar un marco normativo deprotección a las y los defensores dederechos humanos«.2 Igualmente, haaceptado proteger y apoyar el trabajode defensa de los derechos humanosante el Consejo de Derechos Huma -nos de las Naciones Unidas el pasado13 de febrero de 2009, en el marcodel Examen Periódico Universal.

PBI considera que estos compromisosnecesitan ser urgentemente implemen-tados en la región de Ayutla, donde laviolencia contra las y los defensoresestá limitando gravemente el trabajode la la OPIM, Tlachinollan y OFPM. Por esto pedimos a la comunidadinternacional:

En lo referente a los crímenes contraRaúl Lucas, Manuel Ponce y LorenzoFernández, miembros de la OFPM y dela OPIM, transmitir al Estado Mexicanopreocupación por la impunidad querodea estos asesinatos, solicitando quelos mismos sean investigados y los res-ponsables llevados ante la justicia.

Sobre las acusaciones contra RaúlHernández y otros 5 miembros de laOPIM, solicitar que el proceso contraRaúl Hernández, preso de concienciade Amnistía Internacional3, sea trami-tado con celeridad y respeto a lasgarantías del debido proceso.Igualmente solicitar una rápida resolu-ción de las solicitudes de amparo pre-

sentadas contra las órdenes de apre-hensión de integrantes de la OPIM.

Respecto a las amenazas y la situaciónde riesgo en que viven los miembrosde la OPIM y la OFPM:Pedir que las amenazas contra ObtiliaEugenio Manuel, contra los abogadose integrantes del Tlachinollan, contrael resto de los integrantes de la OPIM ycontra Guadalupe Castro Morales yCarmen Lucas Lucía, viuda y hermanade Raúl Lucas de la OFPM, sean investi-gadas y los responsables llevados antela justicia.

Así mismo, demandar una proteccióneficaz para las dirigentes de la OPIMObtilia Eugenio Manuel, AndreaEugenio Manuel y sus familias asícomo para Inés Fernández Ortega, susfamiliares y el resto de los integrantesde la OPIM. Para ellos, las autoridadesmexicanas deben favorecer el diálogocon las personas amenazadas consen-suando instrumentos eficaces para suseguridad.

Demandar que las acusaciones y losprocesos judiciales en contra de defen-sores que la justicia declare infunda-dos sean investigados y los autores delos mismos sancionados.

Monitorear la implementación de laslineas de acción para la protección delos defensores previstas en el vigentePrograma Nacional de DerechosHumanos de agosto de 2008 y loscompromisos asumidos en la materiadurante el Examen Periódico Univer saly en base a esto, solicitar reconoci-mientos públicos al trabajo que llevana cabo los defensores.

Si usted desea apoyar a los defensoresde derechos humanos en Ayutla y eltrabajo de PBI consulte nuestra pági-na Internet www.pbi-mexico.org ycontáctenos. En particular, PBI invitaa juristas y abogados interesados enla materia a monitorear la situaciónde riesgo que sufren los abogados deTlachinollan.

Recomendaciones

El Boletín Informativo del ProyectoMéxico es una publicación elaboraday editada por PBI México.PBI México no se hace responsablede las declaraciones vertidas por ter-ceros en esta publicación.

Diseño y maquetación:Wolgang Ecker und Tess TreiberImpresión: Gráficas Luna Fotografías: PBI y Centro de DerechosHumanos Tlachinollan

México, junio de 2009.

Foto de contraportada: Protestas por el asesinato de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM)en febrero de 2009. Foto PBI.

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Oficina de PBI en México DF Calle Medellín 33Colonia Roma06700 México D.F.Tel. / Fax: +52 1 55 55 14 28 55pbidf@pbi-mexico.org

1 Oficina del Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los DerechosHumanos en México, Diagnóstico sobre laSituación de los Derechos Humanos enMéxico, México, oacnudh, 2003, recomen-dación nr. 7 pp.7.

2 Programa Nacional de Derechos Humanos2008-2012, Diario Oficial Viernes 29 deagosto de 2008.

3 Amnistía Internacional, Comunicado dePrensa, CPAIMX/31/2008, 11 de noviembre2008.

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización no guber-namental que mantiene equipos de acompañantes internacionalesen México desde 1999. Siempre a petición local, el objetivo de PBI esla protección del espacio político de las personas y organizacionesque promueven los derechos humanos de manera no violenta y quesufren represión por su trabajo. El acompañamiento internacionales una herramienta de transformación de conflictos mediante laque terceros contribuyen a crear las condiciones necesarias para labúsqueda de soluciones a los mismos. PBI no pretende suplantar enningún momento las iniciativas mexicanas que promueven el respe-to a los derechos humanos sino que se limita a apoyarlas con la pre-sencia de voluntarios internacionales que acompañan a las perso-nas u organizaciones amenazadas, realizan visitas periódicas azonas en conflicto, distribuyen información y realizan tareas deinterlocución con autoridades civiles y militares para promovercobertura internacional.

Se puede obtener más información sobre el trabajo de PBI enMéxico consultando nuestra página Internet: www.pbi-mexico.org