Semanario 51

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EN ESTADOS UNIDOS YA FUERON CONDENADOS DOS EMPRESARIOS. PERO EL GOBIERNO DE CALDERÓN FUE OMISO EN LAS PESQUISAS Y LAS HEREDÓ A PEÑA NIETO

ACTA en México: ¿cómo nos afecta?SOCIEDAD |EL ACUERDO PRETENDE COMBATIR LA PIRATERÍA, PERO PARA LOS MEXICANOS SIGNIFICARÍA LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD EN INTERNET Y LA DESPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL PAÍS, SIN CONDICIONES SUFICIENTES PARA EL ACTAMariela Paredes

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DISTRIBUCIÓN GRATUITA DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 | AÑO 2 | NÚMERO 51 WWW.CONTRALINEA.COM.MX

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EDUCACIÓN FICCIÓN, OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Flor Goche

Contrabando ilegal de telas, lavado de dinero, falsifi cación de documentos y evasión fi scal, entre los delitos cometidos por una supuesta red criminal que opera en México y en Estados Unidos. En el país vecino fueron condenados dos empresarios por estos hechos, en cambio, autoridades de la Se-cretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República fueron omisas en las pesquisas. Al menos 243 cargamentos provenientes de Indonesia y Shangái habrían servido para enriquecer a unas cuantas familias Claudia Villegas

CONTRABANDISTAS TEXTILEROS

GARANTIZAN IMPUNIDAD A

LÍNEA GLOBALFIEBRE DE ORO EN HAITÍ, ¿PERO PARA QUIÉN?Haiti Grassroots Watch/Tierramérica/IPS

OPINIÓNDE VUELTA AL CAPITALISMO SALVAJEMarcos Chávez M

AGENDA CULTURALAVES Y CENIZAS, OBRA BASADA EN LA VIDA DE MARISELA ESCOBEDOOctavio Salas

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ACTA en México: ¿cómo nos afecta?SOCIEDAD |EL ACUERDO PRETENDE COMBATIR LA PIRATERÍA, PERO PARA LOS MEXICANOS SIGNIFICARÍA LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD EN INTERNET Y LA DESPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL PAÍS, SIN CONDICIONES SUFICIENTES PARA EL ACTAMariela Paredes

23Su sexenio, más letal que la guerra en BosniaEdgar González Ruiz

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OPINIÓN | Calderón: recuento del traidor a la patria

“Platillo de historia” de “revoluciones inconclusas"Álvaro Cepeda Neri

EX LIBRIS | Leyes y planes de la República Mexicana

CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 20122

El espectáculo debe continuar

PASO A DESNIVEL MIGUEL GALINDO

DIRECTORIO

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Iniciativa Mérida, un plan equivocado

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a la Comisión de Dere-

chos Humanos de Jalisco; a la Comisión de Derechos Humanos de Colima; al gobernador de Jalisco; al gobernador de Colima; a la Pro-curaduría General de la República; a las procuradurías de Justicia de Jalisco y Colima; a Amnistía Internacional:

Con profunda preocupación, la Red Mexicana de Afectados por la Minería hemos dado seguimiento a la desaparición del activista Celedonio Monroy Prudencio, que desde el 23 de octubre pasado fue secuestrado por un grupo de hombres en-capuchados en su domicilio, ubicado en la comunidad Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco; y que a la fecha no ha sido encontrado.

Celedonio Monroy Prudencio es un in- dígena nahua que representa a su co-munidad ante el Consejo de Mayores en Ayotitlán, Cuautitlán. Se ha destacado por ser un defensor de su territorio en contra de empresas madereras y talamontes clandes-tinos que operan armados dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manan-tlán.

Asimismo, ha denunciado en medios nacionales, desde hace años, las violaciones de las que ha sido víctima su comunidad por empresas mineras, principalmente el Consorcio –ítalo-argentino– Benito Juárez Peña Colorada, SA, que se ubica dentro de la zona de indefinición de límites territoriales entre Colima y Jalisco. Ha enfatizado el abandono del gobierno de Jalisco para brin- dar los mínimos servicios públicos hacia la comunidad, así como la denuncia del entor-pecimiento de cualquier obra de beneficio social por parte de la policía estatal de Colima.

Este consorcio extrae 16 mil toneladas diarias de fierro, contamina miles y miles de metros cúbicos de agua y ha dejado estériles cientos de hectáreas de tierra de cultivo. Hace un mes, indígenas de Cuautitlán denunciaron que esta empre-sa provocó un desastre ambiental y so-cial cuando se rompieron las cortinas contenedoras de lodos y residuos tóxi- cos de la mina que inundaron casas, parcelas de cultivo y corrales de animales de nueve comunidades de Cuautitlán y Cihuatlán, que desembocaron en el río Marabasco, con lo cual se contaminó la cuenca entera.

Exigimos a las autoridades locales, es-tatales y federales la intensificación de la búsqueda y localización inmediata de Ce-ledonio Monroy Prudencio y se le presente sano y salvo; se garantice la seguridad de los indígenas defensores de derechos humanos y ambientales del municipio de Cuau-titlán; se atiendan las denuncias por ecocidio y violación a los derechos humanos (por empresas mineras y madereras) que han presentado integrantes de la comunidad; y el respeto absoluto a la toma de decisiones comunitarias sobre sus territorios.

Red Mexicana de Afectados por la Minería3

Marinos no son culpables de descuido del mar territorial, considera

En relación con el reportaje “Semar abandona costas y mares me-

xicanos”, opino que no se debe culpar únicamente a una pequeña área (Pro-tección al Medio Ambiente Marino de la Secretaría de Marina) del cita- do incumplimiento. Es necesario recordar que estos cargos administrativos están cubiertos, en la mayoría de los casos, únicamente por una sola persona que debe realizar el trabajo de jefe de departamento, archivista, oficinista, etcétera (además, claro, de que deben cumplir con las diversas actividades militares asignadas). Aunado a esto, el grado militar que ostentan es risible, a pesar de que muchos de ellos cuentan con posgrados y especialidades. Por ello, estos marinos no son contemplados para representar a México ante la Orga-nización Marítima Internacional. A ese organismo internacional envían a militares que cuentan con mayor rango, pero no con los conocimientos nece-sarios (técnico-científicos) para un buen desempeño en estos eventos y su poste-rior seguimiento.

Marco Orozco3

Rubén Jaramillo debió morir luchando

Los felicito por el reportaje “Militares, autores de la masacre de Rubén

Jaramillo en 1962”. Luego de leer lo que le aconteció a ese gran revolucionario y a su familia me siento impotente. Indigna la agresión cobarde, alevosa, por parte de esos grupos militares. Me gustaría que aún vivieran Adolfo López Mateos y esos perros asesinos para que pagaran por el atroz asesinato de un revolucionario que participó en el movimiento subversivo para darnos una mejor vida. Rubén Jaramillo no merecía morir así. Rubén Jaramillo debió morir luchando con las armas contra tanta injusticia que sufren nuestros campesinos e indígenas.

Rodolfo Velázquez3

Comentario sobre el artículo “¿Quién ordenó derribar el avión espía sobre Cuba?”

Los felicito por el artículo “¿Quién ordenó derribar el avión espía sobre

Cuba?”. Es enriquecedor el esfuerzo que realiza la Revista Contralínea al ilustrar a los lectores de esta fase impor-tante de la historia denominada también “crisis de los misiles” y este episodio no lo cuentan precisamente los vencedores. Enhorabuena por este ensayo.

Genaro Rodríguez3

NUESTROS LECTORES

CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 3CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

*Periodista

Busca IFE sancionar a López Obrador

OFICIO DE PAPEL MIGUEL BADILLO*

El abusivo y descontrola-do uso de recursos financieros en la última campaña presidencial, que provocó acusa-ciones de todo tipo

entre excandidatos y partidos polí- ticos, motivó que la Cámara de Diputados acordara, hace un par de semanas, integrar una comisión especial investigadora del manejo de recursos públicos en las campa-ñas del proceso electoral 2012.

Dicha comisión revisará y anali- zará toda la información sobre las campañas de los cuatro excandidatos a la Presidencia de la Repú-blica, y espera que el Instituto Federal Electoral (IFE) le entregue las auditorías que realizó y que habrá concluido entre este diciembre y enero próximo.

Aunque una de las preocupa-ciones principales de la comisión legislativa es indagar sobre el su-puesto uso de fondos públicos en las campañas políticas, en especial la del Partido Revolucionario Institu-cional (PRI), y su candidato Enrique Peña Nieto, ahora presidente de México, lo cierto es que el IFE abrió varios expedientes y pretende sancio-nar a todos los partidos.

Uno de esos expedientes que la comisión de la Cámara de Diputa-dos debería conocer está identifi-cado con la clave Q-UFRPP59/12, elaborado por el IFE, donde hay un reporte del director general de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Alfredo Cristalinas Kaulitz, quien se empeña en sustanciar “un procedimiento administrativo sanciona-dor” promovido por el partido entonces en el gobierno (Acción Nacional, PAN) en contra de la Coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos de iz- quierda de la Revolución Demo-crática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, y de su candidato único Andrés Manuel López Obrador, “por presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del finan-ciamiento de los partidos políticos”.

Los hechos investigados, sostiene Alfredo Cristalinas en un escrito del 26 de julio de 2012, “consisten

en la presunta aportación de 90 millones de pesos mediante dos cuentas [bancarias] aperturadas a nombre de Yeidckol Polevnsky Gurwitz entre 2002 y 2010, los que –según los dichos del quejoso– fueron destinados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador”.

La exsenadora Polevnsky, una de las personas de mayor confian- za de López Obrador, rechaza la acu-sación del PAN y afirma que en sus cuentas no hay ingresos por 90 millones de pesos. Se dice molesta y extrañada porque la Unidad de Fiscalización del IFE indague sus movimientos financieros desde 2002 hasta 2010, “cuando todos sabemos que la campaña presidencial corres- ponde a años distintos a los in-vestigados”.

Asegura que ha colaborado con esa indagatoria del IFE, por lo que ordenó a su contador entregar toda la documentación financiera y personal requerida: “Que revisen todas mis cuentas y movimientos bancarios, para dejar constancia de que no hubo depósitos ni mo-vimientos por 90 millones de pesos para la campaña de Andrés Ma-nuel”.

Yeidckol Polevnsky explica que el dinero que recibe es producto de su trabajo y de su actividad empresarial: “Vengo del sector pri- vado y tengo derecho a ganar dinero, siempre y cuando pague mis impuestos”. Enfatiza que de nada pueden acusarla los auditores del IFE, por lo que está tranquila y cooperativa con esa indagatoria, aunque acepta estar molesta por los señalamientos que se han hecho en su contra.

Asegura que ya fue interrogada por la Unidad Fiscalizadora, al tiempo que precisa que no conoce la información integrada en el expediente Q-UFRPP59/12.

De manera oficial, el Instituto Federal Electoral sostiene que en breve dará a conocer el resultado de sus investigaciones sobre éste y otros expedientes abiertos. Por lo pronto, la institución que encabeza Leonardo Valdés Zurita solicitó al Servicio de Administración Tri-butaria (SAT), toda la información financiera que tenga sobre los

movimientos financieros, cuentas, ingresos y egresos de la exsenadora perredista.

En las peticiones que hizo el IFE al SAT para corroborar el su-puesto uso ilegal de 90 millones de pesos en la campaña del ex-candidato presidencial López Obrador, destaca la información de movimientos financieros sobre 26 registros federales de causantes, entre ellos el de Yeidckol Polevnsky.

Extrañamente, en el expediente abierto por el IFE en contra de la Coalición Movimiento Progresis-ta aparecen los ejercicios fiscales y todos los movimientos financieros de Polevnsky desde 2006 hasta 2011, elaborados por el SAT, y en ninguno de esos 6 años apare-cen depósitos o movimientos

bancarios por 90 millones de pesos, motivo de la acusación que hizo el representante propietario del PAN ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

Según la información acumulada en el expediente del IFE, los ingresos obtenidos por Yeidckol en su labor empresarial y como integrante de la Cámara de Senadores ascendieron, en 6 años reportados por el SAT, a 17 millones 353 mil 48 pesos; y fue 2009 el año más lucrativo para la señora, al haber percibido ingresos por 3 millones 798 mil 945 pesos.

Sólo con esta información que se desprende de la misma investigación hecha por la Unidad de Fiscalizac-ión de los Recursos de los Partidos Políticos se confirmaría el dicho

de la exsenadora, en el sentido de que jamás recibió en cuentas ban-carias personales fondos por 90 mi-llones de pesos, los cuales servirían presuntamente para financiar la cam-paña del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, habrá que esperar la resolución del Instituto Federal Electoral; pero si este órgano elec-toral busca sancionar a la Coalición Movimiento Progresista y a su excandidato presidencial, tendrá que demostrarlo con información adicional de que hubo manejos ilícitos de dinero cuyo origen se desconoce. Mientras tanto, los datos acumula-dos hasta ahora no permiten corro-borar la acusación del PAN en contra del líder de las izquierdas.3

Cerco SexenalCARTÓN AVILÉS

CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 20124 CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

CLAUDIA VILLEGAS

A pesar de la colabo-ración del gobier-no de Estados Unidos, que ya condenó a dos empresarios con-

fesos y cómplices del contrabando técnico de textiles hacia México, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la Repú-blica (PGR) fueron incapaces de juzgara una red criminal que habría lavado dinero y se beneficiaría del ingreso de mercancías asiáticas de- fraudando al fisco durante recién concluido gobierno federal.

Con la emisión de facturas y

certificados de origen falsos, empre-sarios estadunidenses participaron entre 2005 y 2009 en una red de corrupción que permitió evadir el pago de aranceles y el ingreso al territorio mexicano de al menos 243 cargamentos de textiles provenientes de Indonesia y Shangái.

Una investigación del Gru-po de Fraude Comercial en La- redo, Texas, del Servicio de In-migración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), demuestra desde 2009 que en México cuantiosas y frecuentes importaciones de textiles asiáti-cas fueron ordenadas por empre-sas fachada que ocultaban la

identidad de sus accionistas.Sin embargo, el gobierno mexica-

no fue incapaz de proporcionar información sobre el daño econó-mico que provocó al fisco este fraude y contrabando técnico. Tampoco cito a declarar a los involucrados a pesar de que autoridades estadunidenses los tienen plenamente identificados.

La PGR, a través del extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Irving Barrios Mójica, aceptó que “el monto debe ser considerable porque las operaciones ilícitas se estuvieron realizando durante mucho tiempo”.

Aunque la investigación se ini-ció formalmente en 2010, fue hasta

2011 cuando se abrió la averiguación previa UEIDFF/ FISM08/185/2011 en México, por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios países asiáticos, en donde se adquiría la mercancía para luego ser introdu-cida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. En ese expediente, cuyas copias posee Contralínea, se establece que empre-sas estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen ampa- rados en el Tratado de Libre Comer- cio de América del Norte (TLCAN), con el fin de engañar al gobierno mexicano y avalar que dichas mercan-cías se producían en Estados Unidos

y por eso entraban exentas de impuestos.

Con base en el acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Esta- dos Unidos sobre Asistencia Mutua entre las Administraciones de Adua- nas y en apego al Plan Estratégico Bilateral del 13 de agosto de 2007, la Administración Central de Inves-tigación Aduanera mexicana solicitó el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio 800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados Unidos para verificar la existencia de las compañías estaduni-denses NY Aynilian & Co, Inc, y Lulú Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, así como para

Contrabando ilegal de telas, lavado de dinero, falsificación de documentos y evasión fiscal, entre los delitos cometidos por una presunta red

criminal que opera en México y en Estados Unidos. En el país vecino ya fueron condenados dos empresarios por estos hechos, pero aquí el

gobierno de Felipe Calderón no sólo se mostró lento, sino omiso en las pesquisas. Al menos 243 cargamentos provenientes de Indonesia y

Shangái habrían servido para enriquecer a unas cuantas familias

Impune,contrabando textil en México

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CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 5

El contrabando de textiles, que en Estados Unidos se investiga desde 2009, en México fue heredado al

gobierno de Peña Nieto

PORTADA

Los documentos falsos, emitidos por la empresa NY Aynilian & Co, eran aceptados por las

aduanas mexicanas

validar la autenticidad de facturas comerciales y certifi cados de origen expedidos por dichas empresas a favor de la compañía mexicana Comercializadora Luna Blue, SA de CV. Los avances, sin embargo, son nulos.

Así, la PGR reconoce que el caso de contrabando de textiles y corrup-ción, que en Estados Unidos se in-vestiga desde 2009, en México será heredado al próximo gobierno sinhaber sido investigado adecua-damente.

“Esperamos que el próximo go-bierno lo continúe porque es un asunto relevante que involucra miles de millones [de pesos] desde hace más de 10 años, y nos preocupa mucho”, asegura el subprocurador Barrios.

Pero en Estados Unidos, gracias al cruce de transferencias electrónicas a través de los circuitos del Valley National Bank en Wayne, Nueva Jersey, los investigadores del ICE pudieron confi rmar la participación de al menos 20 mexicanos, a quienes los documentos ofi ciales y las de-claraciones de los empresarios esta-dunidenses acusados ubican como parte de la “comunidad judía” y que habrían sido cómplices de esta red de corrupción.

Empresarios de la comunidad judía, según el ICE, habrían pagado por la emisión de certifi cados de origen que avalaron la importación de textiles estadunidenses y les per-mitió recibir en territorio mexica-no los cargamentos de productos asiáticos pero declarados estaduni-denses, con lo que recibieron ilegalmente el trato arancelario preferencial que marca el TLCAN. En México, ninguno de ellos ha sido investigado por las autoridades de la PGR, la Secretaría de Hacienda o Aduanas.

Para empezar, los empresarios involucrados habrían incurrido enun delito tipifi cado como “contraban-do por subvaluación”.

Los documentos falsos, emitidos por las empresa NY Aynilian & Co, Inc, con sede en Nueva Jersey, eran aceptados en las aduanas mexicanas, en donde, de acuerdo con expertos encomercio internacional, las autori-dades mexicanas tenían la oblig-ación de verifi car la autenticidad de los certifi cados.

Hasta ahora, a pesar de que en Estados Unidos la investigación llevó a la identifi cación de los empre-sarios presuntamente involucrados (expediente que ya fue entregado al

gobierno mexicano), las autoridades mexicanas han sido incapaces de concluir la averiguación previa y con-signarla ante un juez federal que lleve ante la justicia a unas 15 empresas y sus dueños por los delitos de fraude,

evasión fi scal, contrabando, soborno y los que resulten.

En la lista de empresarios mexica-nos que son investigados por Estados Unidos y cuyos nombres aparecen en documentos ofi ciales

del ICE fi guran José Husni Micha; Salomón Cojab Fallena; David Cojab Cohen, quien estaría involucrado en otro caso de con-trabando de textiles; Moisés y Jaime Betch, dueños de Forromex; Noel

Venado; Manolo Lua, dueño de Textiles Lua; Jack Casaab Attie, dueño de la empresa Casti y Casbo; Charlie Kim, dueño de Cini de México; Jorje Kim, de Kim Textiles y Grupo Cyprus; Mauricio y Eduardo


La Procuraduría General aceptó días antes del cambio de gobierno que no se ha llamado a declarar a ninguno de los presuntos involucrados en el fraude y contrabando de textiles

PORTADA

El Departamento de Justicia estadunidese encontró culpables de contrabando a dos empresarios; la PGR “ignora en qué momento se encuentra la investigación”

Atri; Scion Shamosh, copropietario de Loubeck; Simón Shamosh, co-propietario de Loubeck; Ronald Joseph Akiki Beirut; César y Ulises Sánchez, y Mauricio Niño Mora.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Barrios Mójica, confi rma que, a pesar de que en Estados Unidos la investigación se inició hace varios años, en México es apenas hace nueve meses cuan-do comenzó la colaboración con las autoridades del ICE.

En México, agrega Barrios Móji-ca, la investigación está viva. Las autoridades de la PGR dicen que están armando el expediente a partir de la información que proporciona la Secretaría de Hacienda pero sobre todo el gobierno de Estados Unidos.

A pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos en-contró culpables de falsifi cación ycontrabando a los empresarios Vahram Aynilian y a Fred Lukach, en México la PGR asegura que “ignora en qué momento se en-cuentra la investigación”.

En México la información sobre el caso fl uye a cuentagotas. El sub-procurador de Delitos Federales ase-gura que, por procedimiento, no se comparte toda la información hastaque se procede en contra de los responsables, con lo que se evita que, “desde México, algunos abogados ya cuenten con información para usar en los juicios [que se desahogan] allá”.

No obstante, la PGR también acepta que, hasta ahora, no se ha llamado a declarar a ninguno de los presuntos involucrados en el fraude y contrabando de textiles asiáticos, a pesar de que también podría con-fi gurarse el delito de lavado de dinero. Las autoridades esperan integrar todos los expedientes y confi rmar que son responsables para generar, entonces sí, medidas cautelares de arraigo.

“Cuando en Estados Unidos proce-sen al responsable allá de estas opera-ciones vamos a ver si podemos interrogarlo. Porque los empresa-rios judíos no son los que direc-tamente operaron esto, eso lo hizo quien está en Estados Unidos”, dice el funcionario de la PGR.

Sin embargo, desde el 3 de di-ciembre de 2009, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia dio a conocer que Vahram Aynilian y Fred Lukach fueron declarados cul-pables de falsifi car certifi cados de origen, facturas y de esquemas ilegales de exportación.

Para su defensa, Vahram Aynil-

ian contrató al despacho de Cathy Flemming, abogada que defendió al exsubprocurador General de la República, Mario Ruiz Massieu, hasta que éste se “suicidó” en terri-torio estadunidense, cuando enfren-taba un juicio por acusaciones delavar dinero para cárteles del narco-tráfi co en México.

Los agentes del ICE acordaron con la prestigiada abogada una reu-nión con el empresario acusado decontrabando de textiles para veri-fi car la autenticidad de las facturas y certifi cados de origen que tenían de membrete la fi rma de su empresa NY Aynilian & Co, Inc. El primer encuentro se realizó en Nueva York el 5 de mayo de 2010, en donde elempresario Aynilian reconoció quedichos documentos no eran autén-ticos, pero aseguró que no habían sido emitidos por él ni por su compañía, y que la fi rma en el certi-fi cado de origen era falsa.

Sin embargo, el 14 de junio de 2010, el agregado del ICE de la Embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le envió otro escrito –FRAU:1088:MX08UR 08LD0037:bs–al administrador central de Inves-tigación Aduanera de México, Al-fredo Fisher Melgar, en donde le informa que Vahram N Aynilian fi nalmente había declarado tener una sociedad con el ciudadano esta-dunidense Fred Lukach, quien en múltiples ocasiones le pagó, “en repre-sentación de terceras personas en México”, 1 mil dólares a cambio delconsentimiento de Aynilian para queempresarios mexicanos produjeran fraudulentamente un juego de fac-tura y certifi cado de origen TLCAN con el membrete de NY Aynilian & Co, como emisor de los mismos y ser utilizados en el contrabando de telas hacia México.

Fue así como Vahram Aynilian y Fred Lukach llegaron a un acuerdo con el fi scal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a fi n de declararse culpables de cometer actividades ilícitas. También habrían proporcionado información sobre sus “clientes” mexicanos que hoy forma parte de la investigación que sigue abierta en los tribunales estadunidenses.

El 8 de julio de 2010, Vahram Aynilian y Fred Lukach fueron sen-tenciados, en cada caso, a tres añosde libertad supervisada y a pagarmultas por 5 mil dólares. Adicio-nalmente, Aynilian entregó un cheque certifi cado por la cantidad de 199 mil 201 dólares como parte de

su acuerdo de culpabilidad, cantidad que fue embargada como ganancia ilícita. Quien emite un certifi cado deorigen para exportación es respon-sable, según las autoridades de Es-tados Unidos.

El expediente del ICE, así como información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, revela que Aynilian recibió al menos 199 mil 201 dólares por la emisión de cer-tifi cados de origen falsos que acre-ditaban los textiles exportados a México como productos manufacturados en la zona del TLCAN.

Vahram y Name, cómplicesGraduado en la Universidad de Nueva York, en el Instituto de la Moda de esa ciudad, el estadunidense Vahram Aynlian fundó la empresa NY Aynilian & Co, Inc, dedicada a la compra y venta de textiles sin incluir la manufactura ni producción de telas.

Ante agentes especiales del ICE, Aynilian declaró que fue en 1996 cuando conoció al empresario mexi-

cano Anuar Name, con participación en el sector textil, exsocio de Isaac Saba y presidente del grupo Name.

Name Yapur, a quien el empre-sario estadunidense identifi có como“comprador de textiles para Méxi-co”, le presentó a su sobrino Juan Name Name, quien en 1998 le pro-puso utilizar su compañía para produ-cir facturas y certifi cados de origen falsos para aprovechar, en el marco del TLCAN, las preferencias aran-celarias para la exportación de telas a México.

Aynilian aceptó –de acuerdo con su confesión ante agentes del ICE– y comenzó la emisión de facturas ycertificados que fueron utilizados paraintroducir textiles de Estados Uni-dos a México sin declarar ante las aduanas mexicanas su verdadero origen asiático.

De esta forma, Name quien ope-raba en Laredo, Texas, un negocio de almacenaje y reenvío de textiles a México, introdujo al empresario

5 mil dólares,MULTA PARA LOS

EMPRESARIOS VAHRAM AYNILIAN Y FRED LUKACH

Al menos 234 cargamentos de textiles provenientes de Indonesia y Shangái ingresaron a México por la frontera con Estados Unidos, de manera ilegal

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Los empresarios mexicanos habrían obtenido los certificados falsos para la importación de telas con el objetivo de evadir el pago de impuestos

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Irving Barrios Mójica, subprocurador de Delitos Federales

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Las facturas y certificados de origen apócrifos se amparaban en el TLC

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El Departamento de Justicia estadunidese encontró culpables de contrabando a dos empresarios; encuentra la investigación”


estadunidense en un círculo de fal-sifi cación de documentos que durantecinco años les habrían permitido evadir el pago de los impuestos co-rrespondientes. Aynilian no sólo seinvolucró en la emisión de docu-mentos falsos; también amplió su participación a la logística que permitió llevar los textiles asiáticos a México.

El sobrino del empresario tex-tilero Name Yapur le presentó a otro empresario estadunidense: Fred Lukach, quien se dedicaba, a través de la empresa DR Logisticsk, a dar servicios de almacenaje y fl etes en Laredo.

Juan Name le dijo a Vahram Ay-nilian que Lukach fungiría como intermediario en la logística de la elaboración y pago de los documentos fraudulentos. Con la participación de Lukach, Name evitaba aparecer en los registros bancarios porque era este empresario estadunidense quien enviaba a Aynilian las transferencias electrónicas que cubrían el pago por los certifi cados falsos. A los in-vestigadores del ICE, Aynilian les explicó que por cada juego de factura y certifi cado de origen falso, el mexicano pagaba 1 mil dólares.

Además de Lukach, en la trian-gulación de los pagos, el expediente del Servicio de Inmigración y Con-trol de Aduanas señala al mexicano Jesús Eduardo Magnuson Salinas, transportista con operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y dequien una Corte de Distrito del Surde Texas reporta como presunto involucrado en un caso de narco-tráfi co de al menos 50 kilogramos de mariguana. Magnuson impugnó la acusación ante el Poder Judicial de Estados Unidos.

Sobre el mexicano Jesús EduardoMagnuson, en Laredo, Texas, agen-tes especiales del ICE reportaron haber encontrado información sobre la estrategia del transportista para lograr el ingreso de los textiles al territorio mexicano.

Jesús Eduardo Magnuso, reporta un documento del ICE con fecha 5 de mayo de 2009, le pagaba a la or-ganización criminal Los Zetas paraque permitiera el cruce de los embarques a México sin ser secues-trados o robados.

Jesús Eduardo Magnuson, a quiense le identifi có con una cuenta ban-caria en HSBC México, depositaba el dinero en una cuenta bancaria y un miembro de Los Zetas le daba la autorización para introducir los embarques de textiles a México.

Además del supuesto pago a Los Zetas para lograr inmunidad, Magnuson también enviaba pagosa la compañía NY Aynilian por lacompra de documentos fraudu-lentos, y a veces escoltaba los embar-ques de textiles a la Ciudad de México.

Los agentes especiales del ICE en Laredo, Texas, notifi caron un requerimiento de información ante el Valley National Bank de Nueva York a fi n de que proporcionara

información sobre las transferencias electrónicas recibidas de 2007 a 2008 en la cuenta 41114841, que se abrió en dicho banco a nombre de Vahram Aynilian.

Derivado de lo anterior, el Valley National Bank de Nueva York pro-porcionó a los agentes especiales del ICE en Laredo, Texas, un listado sobre transferencias enviadas a la referida cuenta por diversas personas y compañías, entre las cuales se encuentra Jesús Eduardo Magnus-on Salinas quien realizaba pagos a nombre de terceros involucrados.

Entre las empresas y personas querealizaron transferencias electró-nicas se encuentran Platino World Limitied, SA de CV; Silvia Patricia Martínez Mancilla; Citiex Fabric; Comercializadora e Importadora Alba; Gerónimo Guevara Rodrí-guez; Alie Camara DBA PAPA; Dreamwell Collection; Adverting Creations; Paul W Huick; Deona E

Magnuson Salinas; Artemide, Inc; Oscar García; Elloise International Corporation; Ward and Co, Ltd; Tex-port, Inc; María Antonia del Rivero Díaz; Salomon James; Abdou S Ma-rong; CID Ribeiro; Proyecciones de Marca, SA de CV; Cotswold In-dustries, Inc; Libre Mercantil Mexi-cana, SA de CV, y Altex.

Vahram Aynilian siempre cobra-ba 1 mil dólares estadunidenses porcada juego de documentos frau-dulentos, con lo que manifestaba quela mercancía (que nunca había visto y que, sabía, venía de otro país) había sido manufacturada en Estados Unidos.

Ante las autoridades estaduni-denses, Lukach declaró que “el dine-ro utilizado para comprar los do-cumentos fraudulentos a Vahram Aynilian usualmente era enviado directamente por los clientes judíosa la cuenta bancaria de Jesús Eduar-do Magnuson Salinas y luego trans-ferido electrónicamente a la cuenta bancaria de Vahram Aynilian en Nueva Jersey.

El documento del ICE, fi rmado por su agregado, Jere Miles, no pre-cisa si la cuenta de Magnuson era la misma que tenía registrada en HSBC.

Así, en Estados Unidos el proceso sigue y se encuentra a cargo del fi scal Roel Canales, en el Distrito de Texas, División de Laredo. En México, tienen conocimiento de este hecho de corrupción –que sigue impune después de 10 años– el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT),Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; laprocuradora General de la Repú-blica, Marisela Morales; el subpro-curador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios Mójica; el administrador General de Aduanas, Gerardo Perdomo Sanciprián; el ad-ministrador General de Auditoría Fiscal Federal, Alberto Real Bení-tez, y el administrador Central deProgramas Especiales de la Admi-nistración Federal del SAT.

Las pruebas del contrabandoEn un escrito con clave FRAU:1081:MX 08UR08LD0037:bs, y fechadel 4 de junio de 2010, el agregado del ICE en la Embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le informa al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar:

“Investigadores del ICE adscritos

a esta Agregaduría realizaron di-versas búsquedas en las bases de datos comerciales a las que tiene acceso esta agencia respecto a la compañía estadunidense NY Ay-nilian & Co, Inc, y su propietario y presidente Vahram N Aynilian. Su domicilio se ubica en 381 Broadway St Westwoood, Nueva Jersey 07065.”

La segunda empresa es Lulú Fashions, Inc, con domicilio en 400 Broadway, Nueva York 10013, y su presidente es Vahram Aynilian. Los agentes especiales del ICE asigna-dos al Grupo de Fraude Comercial enLaredo, Texas, ya habían realizado investigaciones sobre supuestas acti-vidades ilegales relacionadas con el empresario.

Un documento de la Cámara de Diputados reconoce que al investigar el contrabando técnico –como sucedió en el caso del grupo español Inditex, operador de las tiendas Zara– la falsifi cación de los certifi cados de origen es difícil decomprobar ya que es necesario hacerla indagatoria en el país exporta-dor y en la mayoría de los casos no se cuenta con el apoyo de los países exportadores para hacer las investigaciones necesarias, sino que, por el contrario, protegen a sus productores.

Además, según la Administración General de Aduanas, no cuentan con la autoridad sufi ciente para hacer estas indagatorias en el ex-terior. El caso de la colusión entre supuestos empresarios de origen judío –tradicionalmente ligados al sector textil– es diferente porque las autoridades estadunidenses nodefi enden a los empresarios esta-dunidenses vinculados en el caso, pues no se trata de fabricantes sino de comercializadores. El camino estabalibre para que el gobierno de Felipe Calderón aplicara la justicia en este caso. Sin embargo, no fue así.

En México, además, la inves-tigación tendría que ampliarse a los compradores de esos textiles asiáticos. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara deDiputados asegura que “el contra-bando técnico es una práctica en que incurren incluso las grandes tiendas de prestigio, evadiendo los pagos arancelarios y los impuestos”. Según la Administración General de Aduanas, las investigaciones por contrabando técnico se extenderían a 3 mil casos en donde se indagó laparticipación de tiendas de pres-tigio.

Aynilian recibió al menos 199 mil 201 dólares por la emisión de certifi cados de origen falsos

PORTADA

“Los empresarios judíos no son los que directamente operaron esto, eso lo hizo quien está en Estados

Unidos”

1 MIL DÓLARES, POR CADA JUEGO DE DOCUMENTOS

FRAUDULENTOS, COBRABA AYNILIAN

La Secretaría de Hacienda, principal fuente de información para las pesquisas que realizó la PGR sobre el caso de contrabando de telas por subvaluación

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“El contrabando técnico es una práctica en que incurren incluso las grandes tien-das de prestigio, al evadir los pagos arancelarios y los impuestos”

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Autoridades aduanales, responsables de comprobar la autenticidad de los docu-mentos de importación

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FLOR GOCHE

Han pasado ya nueve meses de la entrada en vigor la reforma al Artículo 3 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, que establece la obligatoriedad

del Estado de garantizar la educación media superior. El tiempo transcurrido no ha ser-vido, sin embargo, para consolidar el mandato constitucional. El ahínco que a principios de 2012 acompañó el anuncio de la reforma, con el paso del tiempo, se esfumó.

Y es que, a la fecha, ni siquiera se han realizado las adecuaciones correspondientes a la Ley General de Educación y a otras nor-matividades, tal como lo marca el Decreto por el que se Declara Reformado el Párra-fo Primero; el Inciso C de la Fracción II y la Fracción V del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 9 de febrero de 2012 en el Diario Ofi cial de la Federación.

De acuerdo con el artículo cuarto tran-sitorio de esta disposición, “dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del

presente Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás dis-posiciones legales aplicables en la materia”.

Hugo Aboites Aguilar, doctor en educación por la Universidad de Harvard y acompañan-te del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (Maes), refi ere que durante los encuentros que recientemen-te han sostenido con diversos funcionarios delramo educativo, han logrado incorporar el tema a la agenda de discusión.

No obstante, la impresión que deja la con-versación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Subse-cretaría de Educación Media Superior “es que no previeron, no anticiparon, no han discutido con las instituciones como la UNAM [Uni-versidad Nacional Autónoma de México] o el Politécnico [Instituto Politécnico Nacional] qué en concreto va a signifi car esta reforma”.

Se advierte, asimismo, que ni siquiera cuen-tan con un proyecto respecto de cómo hacer realidad la obligatoriedad de la enseñanza

de nivel medio superior, más allá de lo que establece el propio decreto de reforma en susartículos 2 y 3 transitorios: que “será de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en susdiversas modalidades en el país a más tardar enel ciclo escolar 2021-2022”; que “en los pre-

supuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios se incluirán los recurso ne-cesarios”; y que “se establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presu-puestos plurianuales que aseguren a largo plazolos recursos económicos crecientes para infra-estructura.

“Lo único que nos han dicho es que el Conaedu [Consejo Nacional de Autoridades Educativas], que es una especie de asamblea de todos los secretarios de educación de los estados, tiene un grupo de trabajo que está tratando de ver cuáles son las implicaciones de la reforma”, agrega el también catedráti-co de la Universidad Autónoma Metro-politana (UAM).

La ausencia de un plan de trabajo concreto y coordinado entre las autoridades educativas del país en torno a esta reforma es evidente. Al respecto, José Narro Robles, rector de laUNAM, declara a Contralínea que “a lo largo de estos próximos años, meses, días, vamos a estar insistiendo reiteradamente enla necesidad de que el país cuente con un plan muy claro, a 10 años, para garantizar launiversalización de la educación media superior y la atención consecuente al cre-cimiento que vamos a tener de demanda en materia de educación superior”.

Por lo pronto, la máxima casa de estudios del país da cabida a más 100 mil estudiantes debachillerato. Anualmente recibe a unos 35 mil

A nueve meses de la entrada en vigor de la reforma constitucional que obliga al Estado a garantizar la

educación media superior, las autoridades educativas no cuentan con un proyecto para hacerla realidad. Ni

siquiera han realizado las adecuaciones legales correspondientes; además siguen aplicando mecanismos de

ingreso ilegales y discriminatorios, como los exámenes del Ceneval, aseguran especialistas

Simulación, obligatoriedad

de educación media superior

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Ausencia de un plan de trabajo completo y coordinado entre las

autoridades educativas del país, evidente


“El examen único discrimina a las mujeres, a los más pobres y a los que provienen de escuelas públicas

con menos recursos”

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La obligatoriedad es parte del Estado, nosotros no podemos recibir a todos:

Bustamente Díez, directora del IPN

alumnos de este nivel y egresa a casi 26 mil bachilleres.

Los temas que tendrán que incluirse en el proyecto que garantice el cumplimiento de la más reciente reforma al Artículo 3 dela Constitución son, a decir del rector uni-versitario, la calidad educativa, la infra-estructura y, lo más importante, la planta docente. Y es que “se puede construir rápidamente, en unos cuantos meses, un edifi cio, [pero] no se puede formar en unos cuantos meses a un profesor”.

Narro Robles apunta que aunque “la sociedad se ha acostumbrado a que nuestros derechos básicos se vuelven aspiracionales”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “ha empezado a dar señales muy claras de que la norma máxima, la Constitución, no es aspiracional; que los derechos que están contenidos en ella deben ser de cumplimiento obligatorio”.

Consultada al respecto, Yoloxóchitl Bus-tamante Díez –directora General del Instituto Politécnico Nacional–, dice que “quizá el único cambio drástico” que esta institución ha realizado “para apoyar la defi nición de la universalización de la educación media superior” es la eliminación de la cuota que antes se cobraba en el bachillerato a distancia; ahora sólo existe la fi gura de un donativo que “ellos [los estudiantes] pueden dar cuando se inscriben”.

Respecto de las medidas que se planean a futuro, Bustamante Díez explica que se aca-ba de poner la primera piedra para la cons-trucción de una unidad de nivel medio superior en Hidalgo y que próximamente se hará algo similar en León, Guanajuato. También, que el pasado 4 de septiembre esta casa de estudios fi rmó un convenio con el gobierno de Guerrero, el cual está interesado en contar con la presencia del IPN. “Quizá una de las unidades que pudiéramos construir fuese otra de nivel medio superior en Guerrero”.

Para el doctor en derecho Rodrigo Gu-tiérrez Rivas, la reforma educativa vigente desde el 9 de febrero pasado es “afortunada” pero tardía, considerando que se prevé alcanzar la cobertura total hasta 2022.

El también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ex-plica que México atraviesa por un momento coyuntural en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente, mismo que los estudiosos de las poblaciones huma-nas denominan bono demográfi co.

Por eso, “hoy deberíamos tener la po-sibilidad de dar acceso a la educación a todas esas personas, no en el año 2022 cuando ya va a empezar a disminuir ese boom generacional. Vamos a tener educación media superior garantizada para todas las personas cuando ya se pasó el momento histórico para ofrecer a los jóvenes todo ese arsenal educativo fundamental para que el país crezca, se desarrolle”.

Anticonstitucionales, cobros en el bachilleratoCon la reforma que eleva a rango constitucio-nal la obligatoriedad de la educación media superior “queda explícitamente establecido” que ésta debe impartirse de manera gratuita, apunta Rodrigo Gutiérrez Rivas.

Desde febrero pasado, en el primer párrafo del Artículo 3 de la Constitución se lee: “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado federación, estados, Distrito Fe-deral y municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, prima-ria y secundaria conforman la educación bá-sica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Más adelante, la fracción IV, señala: “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.

A pesar de la claridad de la norma jurídica fundamental, el grueso de las instituciones educativas de nivel medio superior, de carácter público, siguen cobrando cuotas como una contraprestación del servicio, algunas de ellas cuentan incluso con reglamentos de pago, asegura Aboites Aguilar.

El investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM, campus Xochimilco, refi ere lo que las autoridades educativas manifestaron alrespecto durante el encuentro que sostuvieron con miembros del Maes el pasado 21 de agosto.

En aquella ocasión, Elena Verdugo Qui-ñones, coordinadora de asesores de laSubsecretaría de Educación Media Supe-rior, de la SEP, aseguró que actualmente no se realizan cobros de manera coer-

citiva y que, en caso de existir apor-taciones, éstas deben ser voluntarias y acordadas previamente con las familias

y los estudiantes, y no requisito para la prestación del servicio educativo.

Ilegales, exámenes de selecciónA partir de 1996, nueve instituciones que ofrecen programas de educación media su-perior pública en el Distrito Federal y en 22 municipios del Estado de México delegan la responsabilidad de su ingreso estudiantil a la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Ésta,a su vez, encomienda al Centro Nacio-nal de Evaluación (Ceneval) la elaboración del mecanismo de selección de los aspirantes al bachillerato: un examen estandarizado que consta de 128 preguntas de opción múltiple.

Así, año con año, en un concurso que dura hasta cuatro horas (tiempo límite para responder a las preguntas), miles de personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes, se juegan su futuro académico.

El examen del Ceneval y en general el procedimiento de selección a cargo de la Comisión Metropolitana de Instituciones Pú-blicas de Educación Media Superior atentan contra la letra y el espíritu de la Carta Magna, aseguran especialistas e integrantes del Maes en el documento Derecho a la educación en elnivel medio superior. Algunas de sus implica-ciones.

En sus ocho cuartillas, con fecha de julio de 2012, Hugo Aboites, Rodrigo Gutiérrez

y Manuel Ulloa Herrero (investigador delCentro de Estudios en Economía de la Edu-cación) señalan que no pueden establecerse criterios adicionales a los que marca laConstitución, mucho menos si éstos con-travienen su mandato.

Y es que, mientras el Artículo 3 cons-titucional, reformado el 9 de febrero pasado, contempla como únicos requisitos de ingreso al nivel medio superior tener la edad típica y haber concluido la educación básica, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior con-diciona el ingreso al examen que cuesta 300 pesos. Además, establece que el criterio de asignación de lugares es dar prioridad a los aspirantes que obtienen un mayor número de aciertos y dejar fuera a los que tienen menos de 30 o a quienes no entreguen su certifi cado de secundaria en el tiempo estipulado.

A la luz del Artículo 1 constitucional, que brinda un marco de igualdad al plantear que “todas las personas gozarán de los dere-chos humanos”, como lo es el derecho a la

“Tendremos educación media superior garantizada cuando ya haya pasado el momento histórico para

ofrecer a los jóvenes todo un arsenal educativo para que el país crezca”

En 2012, 42 mil 710 jóvenes que demandaron un lugar en escuelas públicas de educación media supe-rior de la zona metropolitana fueron rechazados

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EDUCACIÓN

Cualquier requisito encaminado a establecer diferencias para excluir a las personas de recibir educación, debe desaparecer

El objetivo de exámenes como el del Ceneval es, precisamente, “seleccionar a unos poquitos y excluir a una gran mayoría”

educación, Aboites, Gutiérrez y Ulloa redun-dan en la ilegalidad del proceso de selección a la educación media superior para la zona metropolitana, que se replica también en otras entidades del país.

Así en el documento, respaldado por el Centro de Derechos Humanos Fray Fran-cisco de Vitoria y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, manifi estan que cualquier requisito o práctica encaminada a establecer diferencias, preferencias o prioridades que sirvan para excluir a las personas a partir, por ejemplo, de sus posibilidades económicas o de su de-sempeño en exámenes de selección “cuyo objetivo es precisamente diferenciar entre los demandantes”, deben desaparecer.

Hugo Aboites refi ere que este punto seabordó también durante las reuniones entre el Maes y las autoridades educativas. En-tonces, los representantes de la Subsecretaría de Educación Media Superior se comprome-tieron de palabra –no quisieron fi rmar una minuta– a revisar la pertinencia de seguir aplicando este tipo de exámenes estandarizados.

No obstante, en el mismo encuentro, los funcionarios de la SEP y la Subsecretaría de Educación Media Su-perior negaron que estas pruebas atenten contra la Constitución, pues, se-gún ellos, se trata de meros mecanismos de ubicación. A partir de su experiencia en el tema, Aboites Agui-lar replica que el objetivo de exámenes como los del Ceneval es precisamente “seleccionar a unos poquitos y excluir a una gran mayoría”.

—¿A raíz de la reforma de principios de año al Artículo 3 de la Constitución Política del país, han pensado en modifi car los mecanismos de ingreso al IPN? –se le pregunta a Bustamante Díez, directora General del Instituto.

—El Politécnico está, en todas sus ac-tividades, coordinado por lo que es nuestra ley orgánica; y esta ley dice que para el ingreso a cualquiera de nuestros procesos tiene que pasarse por un examen de admisión. Y en ese examen de admisión, el número de alum-nos que son aceptados depende de la capa-cidad que tenemos en cada una de las escuelas y las carreras. El proceso se hace a través de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior; no lo hacemos directamente.

—¿La obligatoriedad de la educación media superior, plasmada en la Constitución, obliga al Politécnico a aceptar a todos los alumnos que le soliciten un espacio a nivel bachillerato?

—No, de ninguna manera. Es decir, la obligatoriedad está por parte del Estado encuanto a ofrecer la formación, pero nosotros

no podemos recibir a todos ¿En dónde losrecibimos? Cada institución tiene limita-ciones marcadas por la capacidad física de su infraestructura. Entonces nosotros recibimos a los que caben en nuestras escuelas –responde la directora del Instituto Politécnico Nacional.

Discriminatorio, examen de ingresoOtra vertiente de ilegalidad de los exá-menes estandarizados del Ceneval es la discriminación. De acuerdo con el libro Lamedida de una nación. Los primeros años de la eva-luación en México. Historia de poder, resistencia y alternativa (1982-2012), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha de-sestimado el hecho, a pesar de conocerlo desde el 8 de marzo de 1999.

Entonces, un grupo de jóvenes –respaldado por los escritores Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, ya fallecido– presentó una queja ante la CNDH en la que asegura que “constituía una violación a los derechos humanos la discriminación que venía ocu-rriendo en los exámenes estandarizados, como el examen único en contra de las mujeres, los más pobres y los que provienen

de escuelas públicas con menos recursos”.

Un mes después, un particular ingresó una queja similar al organismo autónomo. Argüía la exis-tencia de un “sesgo de género” en estos exámenes. “Lo anterior con base enque las autoridades fede-rales están utilizando un

instrumento de evaluación de un tipo que ha sido reconocido y comprobado como sistemáticamente discriminatorio de las mujeres, y que violenta el derecho huma-no elemental que éstas tienen a un trato no discriminatorio”.

Como consta en el ofi cio 00030383, fecha-do el 9 de septiembre de 1999, la respuesta de la CNDH a la segunda de estas quejas fue que “no se actualizan violaciones a derechos humanos cometidas por parte de la Secretaría de Educación Pública, en agravio de las jóvenes mujeres que participan en los exámenes que el Ceneval aplica para su ingreso a la educación media superior y superior, ya que tanto en la elaboración como en la aplicación de éstos intervienen califi cados representantes de las instituciones públicas de educación en el país aportando los criterios para determinar cuáles aspiran-tes son aceptados, vigilando y auditando el procedimiento de inicio al fi n, lo que garantiza la transparencia y honestidad del Ceneval y sus exámenes”.

No obstante, datos de la UNAM, que es la institución con más demanda, ponen en du-da tal fallo. Por ejemplo, en 1997 sólo en tres de los 14 planteles de bachillerato con que cuenta

Sólo en tres de los 14 BACHILLERATOS DE LA UNAM

FUERON ADMITIDAS MÁS MUJERES QUE HOMBRES, EN 1997

Investigador Hugo Aboites Aguilar: cualquier mecanismo de selección a la educación media superior es de facto ilegal

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32.7 de cada 100 aspirantes hombres lograron ingresar al bachillerato universitario y tan sólo 29.9 de cada 100 aspirantes mujeres

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Discriminatorios, los exámenes estandarizados del Ceneval para ingresar a las instituciones públicas de educación superior

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Cualquier requisito encaminado a establecer diferencias para excluireducación,


“No basta con ofrecer una banca a cada uno de los aspirantes; se trata de garantizar que éstos

reciban educación acorde con lo que establece la Constitución”

EDUCACIÓNLas alternativas que plantea la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior

representan una forma “burocrática” de cumplir con el derecho a la educación

esa casa de estudios (nueve preparatorias y cinco Colegios de Ciencias y Humanidades) fueron admitidas más mujeres que hombres. La tendencia se mantuvo para 2000: 32.7 de cada 100 aspirantes hombres lograron ingresar al bachillerato universitario y tan sólo 29.9 de cada 100 aspirantes mujeres.

Esta situación se extiende a otros sectores de la población: a los egresados de escue-las públicas, a los hijos de familias populares, a los aspirantes de las zonas periféricas y a los indígenas, apunta Hugo Aboites, autor del libro Viento del Norte: TLC y privatización de la educación superior en México.

Rodrigo Guitérrez, del Instituto de In-vestigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que el derecho a la no discriminación es un derecho fundamental plasmado no sólo en laConstitución Política de México, sino en diversos instrumentos internacionales signados y rati-fi cados por el Estado mexicano. Así, cualquier acto discriminatorio producido en un Estado constitucional es ilegal y, por tanto, debe ser “corregido y expulsado”.

Con base en la observación general número 20 del Pacto Internacional de Derechos Eco-nómicos, Sociales y Culturales, refi ere que el examen del Ceneval conlleva un tipo de discriminación considerada indirecta y que esmás difícil de identifi car. Consiste en que aun-que no existe una disposición explícita de que las personas de escasos recursos, las mujeres o los indígenas no pueden ingresar a la edu-cación media superior, en los hechos el propio diseño del examen les limita el acceso.

Lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas discapacitadas que desean acceder a la educación media superior y superior. No hay disposiciones legales que se los impidan, pero tampoco hay rampas en las calles o en las escuelas que les permitan moverse con fa-cilidad y, por tanto, gozar plenamente de este derecho.

—¿En términos de la actual redacción del Artículo 3 constitucional, se puede afi rmar que la aplicación de cualquier tipo de exámenes de ingreso al bachillerato es ilegal? –se le pregunta.

—En tanto la autoridad no nos demuestre de una manera más razonada, justifi cada, que explique con claridad cuáles son las razo-nes que están detrás de un examen, ese examen es ilegal.

Para Aboites Aguilar, cualquier mecanismo de selección a la educación media superior es defacto ilegal, más aún a la luz de la reforma del 9 de febrero al Artículo 3 constitucional, que establece claramente los criterios de in-greso a este nivel: tener la edad típica y haber concluido la educación básica.

El especialista en educación plantea, asi-mismo, que los exámenes del Ceneval son “irredimibles”. Sustenta su afi rmación en una serie de estudios elaborados en Estados Unidos, en donde este tipo de pruebas se aplican desde la década de 1960. A pesar de que la Educational Testing Service (el

Ceneval estadunidense) ha reformado endiversas ocasiones sus exámenes estanda-rizados con el objetivo de eliminar la dis-criminación de género y clase social, hafracasado.

—¿Si estos exámenes desaparecieran, se corre el riesgo de demeritar la calidad de la educación?

—No. Estos exámenes no se hacen para medir el nivel de calidad de conocimientos. Se trata de preguntas deliberadas, cuyo pro-pósito es que unos pocos obtengan un alto número de aciertos y una gran mayoría un bajo número de aciertos.

El profesor universitario se pronuncia por una admisión libre, es decir, sin examen, como ocurre actualmente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En caso de existir una evaluación, considera que debe

basarse en la trayectoria de las personas y contemplar, por ejemplo, el promedio de la secundaria. Éste, a diferencia del examen del Ceneval que dura cuatro horas, es fruto de tres años de exámenes, maquetas, investigacio-nes, trabajos de campo, desde unas 30 perspectivas distintas.

Más de 40 mil excluidosDurante el pasado proceso de selección de los aspirantes al bachillerato, que se celebró cuatro meses después de la última reforma al Artículo 3 de la Constitución, 42 mil 710 personas (el 13.9 por ciento), de un total de 307 mil 23 que demandaron un lugar en la educación media superior que se imparte en la zona metropolitana, no fueron asignadas a alguna opción académica.

La justifi cación de la Comisión Metro-politana de Instituciones Públicas de Edu-cación Media Superior es que estas personas no cumplieron con los requisitos: 12 mil 796 no acudieron al examen, 24 mil 449 no presentaron certifi cado de secundaria y 5 mil 462 no obtuvieron como mínimo 31 aciertos.

Javier Olmedo Badía, vocero de la Comi-sión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, aseguró que quienes sumaron menos de 30 aciertos tendrían un lugar en el sistema abierto, y que las 29 mil 973 personas que no alcanzaron el número de aciertos necesarios para la opción de su elección o que no obtuvieron un promedio mínimo de siete en secundaria y solicitaron ingresar a la UNAM o el IPN podrían elegir entre alguna de

las instituciones con espacios disponibles.Aboites Aguilar considera que las alter-

nativas que plantea la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Me-dia Superior representan una forma de cum-plir de manera “aparente”, “burocrática” con el derecho a la educación.

En lo que se refi ere al sistema abierto o a distancia, el catedrático de la UAM apunta que estas modalidades no son las adecuadas para jóvenes de 14 a 18 años de edad, quie-nes además de conocimientos requieren deprocesos de socialización y convivencia grupal para formarse como personas. Además, por-que “es muy complicado para esos jóvenes asumir individualmente la responsabilidad de su formación, porque eso requiere la educación a distancia: forzarse a leer y trabajar en soledad, sin el apoyo de un colectivo de profesores, de una institución, de un grupo de estudiantes”.

Respecto de las personas a las que se les asignarían los espacios disponibles (que son generalmente los de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial o del Co-legio Nacional de Educación Profesional Técnica), apunta que no basta con ofrecer una banca a cada uno de los aspirantes; se trata de garantizar que éstos reciban un tipo específi co de educación acorde con lo que establece laConstitución. Se trata de un “proceso de formación integral de amplios horizontes: democrático, científi co, nacional, orientado a la mejor convivencia humana, el interés general y la igualdad”, mismo que no brindan las escuelas técnicas.3

Los exámenes de admisión “no se hacen para medir el nivel de calidad de conocimientos”

Yoloxóchitl Bustamente Díez, directora del IPN

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Que la Secretaría de Educación Pública y las instituciones mexicanas propongan de inmediato una ruta que describa los pasos para lograr que a partir de 2013 opere un mecanismo de ingreso a la educación media

superior respetuoso del derecho humano a la educación y a la Constitución. Ésta debe contemplar la realización de foros públicos en donde pueden escucharse las diversas opiniones sobre las características que tendría el nuevo procedimiento.

Considerando que el procedimiento actual de ingreso al bachillerato atenta contra el derecho a la educación, que se adopten medidas paliativas e inmediatas que reparen los efectos de tal violación, como:

Establecer la gratuidad total del procedimiento y la cancelación de las colegiaturas y otros gastos en los planteles de este nivel educativo.

Garantizar que todos los demandantes registrados que cumplan con los dos requisitos constitucionales (que tengan la edad típica y que hayan concluido la educación básica) tengan un lugar en la educación media superior.

Establecer asesorías y cursos de apoyo propedéutico en las escuelas técnicas y en los planteles de otros sistemas que lo requieran, y restaurar materias como fi losofía que fueron eliminadas con la reforma integral de la educación media superior con el fi n de que los estudiantes puedan acceder a la educación de amplios horizontes que plantea la Constitución.

Reparar las desigualdades en el ingreso en perjuicio de ciertos grupos sociales. Se propone correr los techos de admisión de las personas de estos grupos hasta que se igualen las tasas de acceso.Concretar el compromiso de que este año se aumentará la matrícula en el bachillerato, particularmente en las instituciones más

demandadas.3

Pliego petitorio del Maes a propósito de la obligatoriedad del bachillerato

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ANÁLISIS

Luego del fraude electoral de 2006, perpetrado con la complicidad del Partido Revolucionario Ins- titucional (PRI) y de los poderes mediáticos, Felipe Calderón tomó posesión con el apoyo del Ejérci-

to, de la jerarquía católica y de empresarios.Su gobierno se caracterizó por el genocidio

y la represión, la agresión cotidiana contra los trabajadores y la destrucción del Estado laico. El presente texto es una breve relación de algunos de los principales desmanes del calderonismo.

El militarismo, la tortilla y la gastritisEl 1 de diciembre de 2006, Calderón to-maba posesión con el apoyo del Estado Mayor Presidencial y pese a las protestas populares encabezadas por Andrés Ma-nuel López Obrador. Apenas cinco días des- pués, ponía en marcha sus proyectos que corresponden a las reivindicaciones históricas de su partido: el 5 de diciembre, el Eje-cutivo federal entregaba al Congreso su paquete económico para el año siguiente, donde se privilegiaba al Ejército y se recor-taban los recursos para la Universidad Nacional Autónoma de México, institución especialmente odiada por Calderón.

Desde las primeras semanas de su gobierno comenzó el despliegue de efectivos militares en entidades como Michoacán, mientras que un sector oportunista del Partido de la Revolución Democrática (PRD) brindaba su apoyo interesado al presidente ilegítimo.

Otro de los rasgos que perdurarían a lo largo del sexenio fue la conformación de un coro mediático que aplaudió sin cortapisas todo lo que hacía “el presidente”; se abstuvo de criticarlo, y se ocuparía sólo de temas que al poder le interesaba difundir, como la supuesta “lucha contra el narco”.

Enero de 2007 inició con el alza a pro-ductos básicos como la tortilla, tendencia que proseguió a lo largo del sexenio con aumentos periódicos al gas y a la gasolina. En contraste con lo que ocurría en otros sexenios, los medios de comunicación se abstuvieron de cuestionar esas medidas, mientras que el cardenal Norberto Rivera se- ñalaba que “el alza a la tortilla no es una tragedia ni el acabóse”.

En febrero de 2007, la anciana indígena Ernestina Ascensio Rosario fue violada y asesinada en la Sierra de Zongolica, Vera-cruz, por soldados que supuestamente comba- tían el narcotráfico. Vinculado a grupos de la extrema derecha católica, José Luis Soberanes, entonces titular de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), soslayaría el crimen alegando que la víctima murió “de gastritis”.

Luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en abril del mismo año, la Procuraduría General de la República y la CNDH hicieron el papel de abogados al servicio del clero, al litigar para que se derogara esa reforma que ha beneficiado a las mujeres de la capital. Enemigo del Estado laico, el gobierno de Calderón procuró obs- taculizar la aprobación de nuevas libertades como el matrimonio homosexual, a la vez que apoyó incondicionalmente las preten-siones de la jerarquía católica para intervenir en las instituciones.

En su discurso del 1 de septiembre de 2007, con motivo de su primer informe de go-bierno, Calderón abundaba en el supuesto “combate al crimen organizado”, que a lo largo de 6 años dejaría un saldo de varios miles de muertos; el tono de su alocución fue triunfalista, cargado de autoelogios; decía: “Mi administración ha dado señales claras de rumbo, de firmeza y de certidumbre… Vamos por el camino correcto” (http://primer.informe.gob.mx/mensajealanacion).

En un desplante ridículo del nuevo mi-litarismo que trata de implantar en el país, Calderón exhibió a sus hijos con uniforme e insignias militares en el desfile del 16 de septiembre de 2007. El comandante de la parada militar fue el general Tomás Ángeles Dauahare, el mismo que sería perseguido por el gobierno de Calderón en 2012, en plena época de competencia electoral.

Morelia y MouriñoEl 11 de enero de 2008, agentes de seguridad desalojaron a trabajadores de la empresa minera de Cananea, Sonora, luego de que su huelga fue declarada inexistente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; el saldo de la acción fue de 40 heridos y cinco desaparecidos.

Con el pretexto de la ineficacia de

las autoridades civiles, el 20 de enero el Ejército Mexicano asumió abiertamente las tareas de persecución de criminales en Baja California, estrategia ilegal que se iría ex-tendiendo al resto del país, con su secuela de violencia desatada y violaciones a los dere-chos humanos.

Por su parte, las tendencias confesionales del gobierno de Calderón y de otros go-biernos panistas estaban en auge. Mientras que en la Secretaría de Educación Pública (SEP) Josefina Vázquez Mota apoyaba a grupos conservadores, en abril de 2008 en Jalisco, el gobernador panista Emilio Gon-zález Márquez enfrentó protestas públicas por la millonaria macrolimosna que le dio al Arzobispado, para la construcción de un santuario dedicado a los cristeros. En respues-ta a los cuestionamientos, el gobernador prodigó una mentada pública a sus críticos.

Significativamente, el 1 de mayo Cal-derón se abstuvo de celebrar el Día del Trabajo, pues su gobierno es enemigo de los trabajadores.

En septiembre de 2008 el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, anunció que el gobierno, en perjuicio de la ciudadanía, seguiría incrementando el precio de la gasolina para reducir el “altísimo subsidio” a la importación y venta del combustible.

En un misterioso y trágico episodio, que dejó siete muertos y 132 heridos, estallaron dos granadas en la ceremonia del Grito de Independencia en Morelia, Michoacán; la entidad sería blanco de todo el acoso del poder derechista, que al final del sexenio trataría infructuosamente de imponer como gobernadora a Luisa María Calderón, herma- na del presidente espurio.

La serie sangrienta del calderonismo con-tinuaba: el 4 de noviembre murieron el secreta-rio de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y otros altos funcionarios en un inexplicable avionazo en plena Ciudad de México.

Mientras las instancias gubernamenta-les dan versiones esquivas y confusas del

hecho, algunas voces mediáticas esgrimen la absurda hipótesis de que pudo haber sido obra del “crimen organizado” y la voz popular, de manera más realista, comenta que el responsable pudo haber sido el propio Calderón, en un episodio más de un gobierno marcado por los crímenes de Estado y la política del terror.

La religión, la influenza y el SMEEn enero de 2009, Felipe Calderón y Mar-garita Zavala asistieron al Sexto Encuentro Mundial de las Familias, organizado por sectores conservadores y la jerarquía cató-lica; Calderón pronunció un discurso con referencias religiosas y donde resaltó los “valores de la familia tradicional”.

En mayo, el gobierno federal y los medios de comunicación que lo apoyan trataron de aterrorizar a la población con la amenaza de una supuesta epidemia de influenza. Con la obviedad que lo caracteriza, Calderón trató de revestirse de una imagen de “salvador de la nación”, para ganar una legi-timidad que no obtuvo en las urnas. Al descubrir el engaño, mucha gente adoptó una actitud de mayor desconfianza hacia el gobierno espurio.

El 5 de junio tuvo lugar el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora; uno de los responsables fue Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien había sido titular del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2006 a 2009. En 2012, Horcasitas, quien ha gozado de impunidad, formó parte del equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota.

Las elecciones intermedias de julio de 2009 representaron una gran derrota para el Partido Acción Nacional (PAN), mientras que el PRI ganó cinco de las seis entidades en disputa (San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Nuevo León y Campeche); al día siguiente, el presidente del PAN, Germán Martínez, renunció a su cargo. El resultado anticipaba ya el de las elecciones de 2012.

A pesar de la abrumadora propaganda que el gobierno calderonista desplegó en los medios de comunicación, mucha gente se sintió inconforme y alarmada con la supuesta “guerra contra el narco”.

A lo largo del año, el gobierno de Cal-derón lanzó una campaña de ataques mediante spots en televisión contra la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La guerra sucia contra los electricistas culminó el 10 de octubre, cuando militares y policías ocuparon LFC;

Recuento del calderonismo

Durante el mandato de Calderón se

privilegió al Ejército y se recortaron recursos para la

UNAM

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EDGAR GONZÁLEZ RUIZ* OPINIÓN

Desde 2007 se inició el alza al precio de la tortilla. El

cardenal Norberto Rivera afirmaría: el alza a la tortilla no

es una tragedia ni el acabóse

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ANÁLISIS

Calderón firmó un decreto que hizo oficial la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y el despido de unos 42 mil trabajadores.

Los abusos del bicentenarioEn 2010, el año del bicentenario de la Independencia Nacional y el centenario de la Revolución Mexicana, la derecha en el poder aprovechó la oportunidad para im pulsar una visión conservadora de la his-toria y para resaltar el papel institucional de Calderón en los festejos.

Como coordinador nacional de los festejos del bicentenario y centenario, el gobierno derechista nombró nada menos que al historiador conservador Manuel Villalpando, apologista de Calleja y de Porfirio Díaz.

El 15 de agosto de 2010, Villal-pando encabezó el traslado de los restos de mártires de la Indepen-dencia, como Hidalgo, Allende y Aldama, del Castillo de Chapul-tepec al Palacio Nacional (nada menos). Previamente, las reliquias, ahora en manos de los herederos de sus enemigos históricos, se habían mudado del Ángel de la Independencia al Castillo de Chapultepec.

Motivado por la voracidad de los derechistas, dispuestos a servirse del poder, y por la egolatría de Calderón, el monumento conocido como Estela de Luz, en la Ciudad de México, fue uno de los casos más escandalosos de los malos ma-nejos y la corrupción derechista.

Inaugurado hasta enero de 2012, a pesar de que su develación se tenía prevista para las festividades del bicen-tenario, la Estela de Luz, cuya construcción fue administrada por la Secretaría de Edu-cación Pública, que encabezaba el fallecido Alonso Lujambio, tuvo un costo de 1 mil 35.88 millones de pesos, contra los 200 millones calculados inicialmente.

Con seis mil pesos, y el “alcoholismo” de CalderónEn febrero de 2011, el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, declaró en un acto público que la gente podía vivir muy bien con 6 mil pesos al mes, palabras que reflejaban nada menos que las tendencias antipopulares del gobierno de Calderón. En 2012, Cordero fue precandidato presidencial del PAN.

En el mismo mes, la reco-nocida periodista Carmen

Aristegui fue despedida de su programa en MVS Noticias, por haberse atrevido a mencionar el alcoholismo de Calderón.

El 11 de noviembre, tres años después de la muerte de Mouriño, en otro extraño accidente,

el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, murió cuando su helicóptero se desplomó en Chalco; las versiones oficialistas aducen que sim-plemente lo tiró el aire, se lo llevó el viento; lo cierto es que es otro episodio más de la serie sangrienta del calderonismo.

La Iglesia, el papa y Josefina

En enero de 2012 se aprobó en la Cámara

de Diputados la reforma del

Artículo 24 constitucional para otorgar privilegios al clero católico bajo la fórmula de la llamada libertad religiosa. La ma-niobra contó con el apoyo de diputados del PAN, PRI y una fracción del PRD, la de los llamados Chuchos.

Esa reforma vino a ser la culminación de la labor del gobierno calderonista con-tra el Estado laico; durante su periodo, las diferentes dependencias oficiales se subor-dinaron a los intereses clericales. Cobró fuerza la injerencia del clero en los cuarteles con la complacencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el apoyo hacia la Iglesia Católica por parte de la Secre- taría de Gobernación, la SEP y otras instancias.

En marzo de 2012, visitó México el poco carismático pontífice Joseph Ratzinger. Lo hizo en el clima de la polémica sobre el Artículo 24 y estuvo sólo en Guanajuato, un estado donde todavía tiene fuerza el fanatismo católico, y el único que pudo conservar el PAN en las elecciones de 2012.

La onerosa visita contó con el apoyo de autoridades federales y locales.

Tanto la estancia de Benedicto XVI como la modificación del Artículo 24 motivaron protestas populares en varias ciudades del país.

Las elecciones de 2012 significaron la total derrota del PAN, que tuvo como preludio la desastrosa campaña de Josefina Vázquez Mota, y el cambio de bando de personajes como Vicente Fox y Manuel Espino a las filas del excandidato priísta Enrique Peña Nieto.

Luego de los comicios, que oficialmente dieron el triunfo al tricolor, hubo acusaciones de un nuevo fraude electoral en perjuicio de Andrés Manuel López Obrador; aunque en un principio Calderón aceptó los resultados, pocas semanas después trató de anular las elecciones con la obvia intención de per-manecer en el poder y mitigar el rechazo popular hacia él y su partido, desviándo- lo hacia Peña Nieto.

Sin embargo, los panistas no deben quedar impunes de los abusos que cometieron en este sexenio: miles de muertos en la falsa “lucha contra el narco”, miles de ho- gares empobrecidos por el desempleo y las políticas plutocráticas, así como la des-trucción del Estado laico, que es premisa de las libertades individuales.

Finalmente, el presidente espurio fue congruente con sus raíces cristeras al dejar un saldo tan sangriento y tan contrario al legado juarista de separación entre la Iglesia y el Estado.

Calderón y sus secuaces deben pagar por sus crímenes.3

OPINIÓN

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México


El 4 de marzo de 1933, en su discurso de toma de pose- sión de la presidencia estadu-nidense, ante una población brutalmente golpeada por el colapso del “libre mercado”

decimonónico, que arrojó a millones de personas al desempleo y al infierno de la miseria, Franklin D Roosevelt pronunció una de sus famosas expresiones: “Déjenme afirmar mi firme creencia que a lo único que hay que temer es al propio temor”, resonancias de las palabras del griego Epicte- to de Frigia, (55-135), el filósofo griego

estoico que algún tiempo fue esclavo en Roma: “No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo”. Epicteto dijo también: “¿Quieres dejar de pertenecer al número de los esclavos? Rompe tus cadenas y desecha de ti todo temor y todo despecho”. Roosevelt inicia el “nuevo trato” (new deal): la intervención activa del Estado y la regula- ción de la economía, el uso del gasto público para reducir el desempleo y superar la Gran Depresión. En 1937 lo visitaron varias

organizaciones sociales y sindicales para apoyar su “nuevo trato” y sugerirle que aplique algunas medidas progresistas. Roose- velt les dijo: “Ahora salgan a las calles y háganme hacerlo”. Lo hicieron. Se reali-zaron 4 mil 740 huelgas, con una duración media de 20 días. Y el Ejecutivo reforzó el Estado de bienestar y las leyes del empleo y la seguridad social, las bases de su legitimi-dad política.

Era otra época. Ahora es la del capitalismo salvaje que nos lleva al retorno de su primitiva caverna, a su origen despiadado.

En 2000, el pueblo de Cochabamba, Bo-livia, ganó la guerra del agua a la empresa Bechtel (que quería cobrar hasta la de la lluvia), al criminal dictador Hugo Banzer, al Banco Mundial y sus contrarreformas neoliberales, entre ellas la laboral y la pri-vatización de los servicios públicos. El costo fue de seis muertos, 175 heridos y un niño ce- gado por los gases lacrimógenos. Los congresistas locales huyeron como ratas y el gobernador local tuvo que renunciar. Óscar Oliva, uno de los líderes, dijo: “Si queremos un mundo más justo, más participativo, tenemos que salir afuera y obligarlos a hacerlo”.

Para utilizar las palabras del cineasta Michael Moore: las contrarreformas equi-valen al “hombre rico que te vende la cuerda para ahorcarles porque con ella van a hacer dinero”.

Cerradas todas las puertas institucionales, pacíficas y democráticas, no le dejan a la po-blación otra opción que comprarles la cuerda. Ésa será la única alternativa que tendrán los trabajadores mexicanos para enfrentar la contrarreforma neoliberal del trabajo que impondrá un golpista que aún no se va y otro usurpador que todavía no llega; la cabeza de playa de los nuevos sepultureros del Congreso del Partido Revolucionario

Institucional-Partido Acción Nacional-Par-tido Verde Ecologista de México-Partido Nueva Alianza, que tempranamente, a golpes de hacha, destruirán los derechos la-borales constitucionales y los compromisos internacionales, y labrarán el ataúd de los asalariados… Y los oligárquicos hombres de presa que, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana, elabo-raron la contrarreforma, como un traje a la medida para los inminentes muertos, y la cuerda para los asalariados, en nombre de la “productividad”, la “competitividad” y la maximización de sus ganancias.

Al defender sus intereses, como escribió Carlos Marx, “los obreros no [harán] más que cumplir con un deber para consigo mismos y para con su raza. Ellos únicamente [pueden poner] límites a las usurpaciones tiránicas del capital [que los reducirá a una condición peor] que [a] una bestia de carga, [a] una simple máquina para producir rique- za ajena. Toda la historia de la moderna industria demuestra que el capital, si no se le pone un freno, laborará siempre, implacablemente y sin miramientos, por reducir a toda la clase obrera a este nivel de la más baja degradación”.

Los cambios a las leyes del trabajo que se impondrán en México y que se aplican a escala global no son “reforma”, si lo fuera, sus prioridades serían algunas como éstas:

1) Elevar anualmente los salarios por arriba de la inflación. Si ambos suben 4 por ciento cada año entre 2013-2018, los mínimos mantendrán el 77 por ciento de su poder de compra perdido y los contractuales más de 50 ciento, niveles similares al regis- trado a mediados del siglo XX, convir-tiéndolos en los peores pagados del mundo. Si éstos se elevan 10 por ciento cada año, recuperarían cerca de la mitad de su ca-pacidad adquisitiva. En 2012 el mínimo

medio es de 60.5 pesos diarios y debería ser del orden de 180 pesos sin tal retroceso. De mantenerse el control salarial, en 2018 será de casi 77 pesos. Sin dicha pérdida sería de casi 200 pesos. Si aumenta 10 por ciento se ubicará en 107 pesos. Es decir, se recupe-raría cerca de la mitad, aun cuando no al- canzaría para cubrir los satisfactores básicos. Sin embargo, mostraría la voluntad por mejorar las condiciones de vida de las mayorías, con una ventaja adicional: ampliaría la demanda, la producción, la inversión, el crecimiento y los ingresos fiscales, según Keynes. Sólo se requiere convencer a quienes impusieron a

Enrique Peña en el gobierno, la oligarquía, para que sacrifiquen una parte marginal de sus ganancias que se compensarían con las mayores ventas, y que no traten de recu- perarlas con el alza de precios. De paso, Enrique Peña ganaría un destello de legi-timidad que no pudo obtener mediante las urnas.

2) Restaurar las leyes laborales violadas sistemáticamente por los empresarios y el propio gobierno: la estabilidad con los contratos permanentes, el pago de las pres-taciones sociales y la seguridad laboral, el

Una reforma laboral progresista es

un componente de la justicia

social exigida por 58 millones de

personas

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La contrarreforma laboral o el retorno a las cavernas del capitalismo salvaje

MARCOS CHÁVEZOPINIÓN

El obrero deberá conquistar un día la supremacía política para asentar la nueva organización del trabajo; deberá dar al traste con la vieja política que sostienen las viejas instituciones, so pena, como los antiguos cristianos –que despreciaron y rechazaron la política– de no ver jamás su reino de este mundo. Sabemos que hay que tener en cuenta las instituciones (…) en [las] que los trabajadores pueden llegar a su objetivo por medios pacíficos. Si bien esto es cierto, debemos reconocer también que (…) será la fuerza la que deberá servir de palanca de nuestras revoluciones; es a la fuerza a la que habrá que recurrir por algún tiempo a fin de establecer el reino del trabajo

Carlos Marx, discurso pronunciado en Ámsterdam el 8 de septiembre de 1872

La tendencia de la producción

capitalista no es elevar el promedio

estándar del salario, sino reducirlo a

costa de la miseria de las mayorías

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ANÁLISIS ANÁLISIS

respeto de las jornadas y los horarios de trabajo, la antigüedad, entre otras. Esto implicaría otorgarle los servicios de salud a 31 millones de ocupados, el 64 por ciento del total, que carecen de ellos. Pagarle las prestaciones a 15 millones de asalariados, el 47 por ciento del total, que no reciben nada, y darle un contrato fijo a los 18 millones, el 57 por ciento, que no lo tienen.

3) Respetar y democratizar a los sin-dicatos y la contratación colectiva, con un gobierno verdaderamente árbitro. Ello implicaría acabar con los sindicatos blancos y los charros, reducir la subcontratación al mínimo necesario, desaparecer las juntas arbitrarias y dejar de reprimir a esos organismos y los trabajadores.

4) Diseñar una política económica anti-cíclica y de desarrollo que promueva el crecimiento sostenido a largo plazo, el em-pleo estable, los salarios dignos y el bienestar; lo que supondría, además, replantear las bases de la acumulación de capital neoliberal y las formas de participación en el mercado mundial. Se requiere un crecimiento real anual mayor a 6 por ciento para crear los 1.3 millones de empleos requeridos, además de abatir el desempleo (2.5 millones), el sub- empleo (4.3 millones), a las personas que dejaron de buscar empleo (6.1 millones), la informalidad (14.2 millones) y las migra-ciones (500 mil), que suman 28 millones, el 57 por ciento de los ocupados (48 millones); mejorar los servicios sociales y estatizar los fondos de pensión, ya que al menos la mitad de los cotizantes no alcanzarán una ju-bilación ni aportará los recursos necesarios para evitar un final miserable.

Una reforma laboral progresista es un componente de la justicia social exigida por 58 millones de personas, el 51 por ciento de la población, que sobrevive en la pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Ésta ayudaría a reducir la delincuencia.

Pero lo que se impondrá es un atraco es- tructural, como dijo Porfirio Muñoz Ledo. Una contrarreforma neoliberal, anticons-titucional, que consolidará la inestabilidad y la inseguridad en el empleo. Su esencia es bestialmente sencilla: legalizar la destrucción de las conquistas laborales ganadas por la lucha obrera, consagradas por el Artículo 123 constitucional y las leyes secundarias, constantemente pisoteadas por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional y los patrones, que precariamente mediaban las relacio- nes productivas entre el trabajo asalariado y el capital. Esto, para someter completamen-te a los trabajadores a la tiranía empresarial. Destruir los contratos colectivos. Acabar con los sindicatos indóciles y sustituirlos por otros elegidos y sometidos al capitalista,

o por los corporativos. Robustecer la sub- contratación sin compromisos, sin presta-ciones sociales y sin seguridad, salvo el pago salarial, lo que implica homologar a las condiciones laborales hacia abajo, en las peores condiciones. Determinar arbitra-riamente las jornadas de trabajo, las horas y los días para ahorrarse los pagos extras. Abrir los contratos por hora (7.56 pesos) para acabar con la permanencia y la estabilidad. Reducir el costo de los juicios laborales

(salarios caídos) y los despidos (com-pensaciones), que abaratará arrojar a la calle a los trabajadores antiguos. Lo anterior implicará la caída de los salarios nominales y reales ante la ausencia o el control de las organizaciones de los trabajadores y el miedo al despido, y la crisis financiera terminal de los servicios de salud ante la pérdida de las aportaciones y que facilitará en su conversión en el seguro “popular” universal. Profundizar los retrocesos estruc-turales de la contrarrevolución neoliberal.

Será el nuevo trato del empleo indigno. Del asalariado legalmente indefenso, some- tido, “flexible”, precario, miserable, degra-dado a simple “bestia de carga”, a “máquina” productora de capital y máxima ganancia, desechable.

Con su elefantuno tacto, el Chicago Boy Agustín Carstens desnudó la esencia de la contrarreforma: la “competitividad” exige “la flexibilización de contratación, la flexibilización para despedir trabajadores,

sin que sea tan costoso para la empresas”. Es el gobierno para una minoría contra las mayorías. Su desvergonzado cinismo irritó a sus promotores, entre ellos al plurinominal coordinador de los diputados priístas, el sonorense Manlio Fabio Beltrones, que bus-can vender la contrarreforma envuelta en “bondadosas” mentiras: que generará más crecimiento, más empleos dignos, mejores salarios, más bienestar.

En 1996, Carlos Menem impuso en Ar-gentina el mismo “atraco”, con las mismas

justificaciones y la compra de legislado- res que hoy en día son procesados. Hasta el colapso de 2001-2002, la economía no creció. El desempleo medio fue de 16 por cien- to, casi 300 por ciento más que en 1980-1989. El salario mínimo y medio reales cayeron 18 y 19 por ciento. Aumentó la miseria. En un informe confidencial, el Banco Mundial aceptaba que la “flexibilidad” provocaría la caída general de salarios y la quiebra de la tradicional estructura sindical. El entonces ministro del Trabajo, Armando Caro, se-ñaló que se esperaba “una reducción en los costos laborales del 10 por ciento” y el alza “en el empleo en un 5 por ciento”. Nada dijo de los salarios (Clarín, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1996).

Argentina repitió la misma historia de la dictadura pinochetista –la partera de la contrarreforma diseñada por los Chicago Boys e impuesta globalmente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-cional– que sometió a los sindicatos a sangre y fuego. La “flexibilidad” en la eurozona sigue el mismo destino.

Beltrones, de irritante voz atildada, mo-dosita, simboliza otros rasgos del sistema político:

a) El envilecimiento de los congresistas plurinominales que no representan ni rinden cuentas a nadie, más que a sus ambiciones personales y a los de la tribu, la elite y la clase social que representan. Encarnan el reino de la impunidad.

b) La miseria de un sistema político co-rrompido, mafioso, que ya no responde al mandato delegado por la población. Que sólo puede sostenerse en el poder e imponer sus medidas antisociales con el golpismo, el deportismo, los sables.

La mentirosa contrarreforma significa la destrucción de las conquistas ganadas con las huelgas, los muertos y la sangre de los trabajadores de Cananea, Sonora, la “cuna de la Revolución” (¿es la traición o la revancha de los Beltrones?), Río Blan- co (Veracruz), la Revolución Mexicana. Es el retroceso de más de un siglo. Es el retorno al primitivo capitalismo porfirista. A escala mundial, es la demolición de los derechos que empezaron a ganar los trabajadores y sus sindicatos desde principios del siglo XIX.

Escribió Marx: “La tendencia general de la producción capitalista no es a elevar el promedio estándar del salario, sino a reducirlo”. Los menores costos del trabajo implican una mayor tasa de explotación y de ganancia, a costa de la miseria de las mayorías, de su rencor y el riesgo del estallido”.3

OPINIÓN

*Economista


MARIELA PAREDES

Luego de que en julio pasado México firmara en Japón el Acuerdo Comercial Antifalsifica-ción (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), expertos en el tema y miembros del sector digital han evidenciado los inconvenientes de dicha firma. La protección de datos personales

y la libertad y accesibilidad a internet serían sólo algunas de las áreas que quedarían vulnerables al ratificarse este Acuerdo, que supuestamente pretende combatir la falsificación y la piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas.

Desde que iniciaron las nego-ciaciones en torno al ACTA imperó la opacidad e ilegalidad. En secre-to y al margen de la ley, México dio inicio a las negociaciones el 3 de junio de 2008 y 2 años después, el 10 de febrero de 2010, fue cuando se dio aviso al Senado de la República sobre dichas negociaciones.

De acuerdo con la Ley sobre Aprobación de Tratados, vigente desde 2004, las nego-ciaciones del Acuerdo Antifalsificación estarían violando el artículo 5 que pide se notifique al Senado sobre el inicio de cualquier negociación mediante un informe que será re- querido “a las secretarías de Estado y a cualquier orga-nismo de la administración pública federal que represente a México sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado. El informe contendrá las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo, los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y un programa inicial del proceso de negociación calendarizado.” Asimismo, el artículo 8

de esta misma ley cita: “las secretarías de Estado y cualquier organismo de la administración pública federal encargado de la representación de México en las negociaciones deberán presentar informes periódicos”.

Inconsistencias y ambigüedadesIvonne Carolina Flores, abogada especialista en derechos de autor e informática explica, en entrevista con Contralínea,

que el ACTA es un acuerdo que podría funcionar para otros países, pero en México no hay condiciones suficientes hasta ahora. Habría que preparar a los órganos encargados de impartir justicia y reeducar a la sociedad sobre la importancia de respetar la propiedad intelectual y rechazar la Contralínea para que este Acuer-do pudiera funcionar.

El ACTA sugiere que los proveedores de internet identifiquen

si los contenidos que viajan por la red son ilegales, identifiquen al usuario y canalicen el caso a la autoridad competente, que en este país es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para tal efecto, el proveedor de internet tendría la facultad de vigilar, conocer los contenidos de las comunicaciones privadas entre los usuarios y rastrearlos en caso de “detectar contenidos que atenten” contra la propiedad industrial y los dere-chos de autor. Este procedimiento estaría facultando como autoridad supervisora a los proveedores y requeriría la adopción de nueva tecnología para el rastreo, revisión e

identificación de contenidos que incrementaría los costos de acceso a internet para los usuarios.

En consecuencia se dificultaría el acceso a internet para un mayor número de personas debido a los elevados

costos que se desprenderían de dichos procedimientos de vigilancia.

Por las características de este Acuerdo, la especialista en derechos de autor e informática señala que se estaría incurriendo en violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Artículo 16 señala que “las comunicaciones privadas son inviolables. La ley san-cionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”. A decir de Ivonne Carolina Flores, el ACTA favorecería prácticas de espionaje.

Un informe del grupo plural de trabajo para dar se-guimiento a las negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificación (conformado por diputados de la pasada legislatura y especialistas), fechado el 20 de julio de 2011, sentencia: “la entrega directa de datos personales a otra persona diferente a la autoridad competente no es acorde con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”.

Para Ivonne Carolina Flores, especialista en derechos de autor e informática, el documento es poco específico, pues se están mezclando propiedad industrial y derechos de autor, y ambos requerirían un tra-tamiento específico y diferente. Además, actualmente los proveedores

El Acuerdo Comercial Antifalsificación firmado por el gobierno mexicano pretende,

formalmente, combatir la piratería; sin embargo, dicho Acuerdo significaría para México –

según especialistas consultados– el encarecimiento de los servicios de internet, la violación a

la neutralidad y la libertad en la web y la desprotección de datos personales de los usuarios.

La Asociación Mexicana de Internet asegura: “Nosotros todavía no hemos encontrado cómo

beneficiaría el ACTA al entorno digital mexicano”

ACTA: el negociopor encima de los derechos humanos

SOCIEDAD

2 añosDESPUÉS DE NEGOCIACIONES, SE DIO DIO AVISO AL

SENADO DE LA REPÚBLICA RESPECTO DEL ACTA

El ACTA es un acuerdo que podría funcionar para otros países, pero en México no

hay condiciones suficientes hasta ahora


Actualmente los proveedores de servicios de internet en México tienen vacíos legales

que difi cultarían la aplicación del Acuerdo La ley “implicaría riesgos derivados de su

libre interpretación”, además de que el ACTA es contrario a la Constitución Política Mexicana

SOCIEDAD

de servicios de internet en México tienen vacíos legales que difi cultarían la aplicación del Acuerdo, pues quienes ahora proveen de servicios de internet nacieron como proveedores de telefonía y “otros servicios”. Por tanto su marco legal es fuerte en materia de telefonía, pero aún existen vacíos legales en el entorno digital, pues no se especifi caron las características particulares de este tipo de servicios digitales al momento de su constitución legal, explica la abogada Ivonne Carolina Flores.

Además, en el artículo 27 el ACTA presenta ambigüedad en el uso de tér-minos como “ámbito digital” y “medidas expeditas”, al no especifi car si el ámbito digital comprende redes públicas, pri-vadas, redes entre computadoras y/o celulares, etcétera. Además no se defi ne con exactitud el alcance de las medidas expeditas, por lo que la aplicación de la ley “podría atentar contra la certeza jurídica e implicaría riesgos derivados de su libre interpretación”, cita el informe del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a las negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsifi cación.

El grupo de trabajo evidencia que , ad y a las leyes que de ella emanan: “la falta de precisión respecto a qué información y por cuánto tiempo debe tener disponible el proveedor de servicios de internet para dar cumplimiento a esta medida, y la entrega directa de datos personales a otra persona diferente

a la autoridad competente no son acordes con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ni siquiera con aquellos artículos (10, fracción, VII y 37, fracciones I y V) que permiten el tratamiento y transferencia de datos personales sin consentimiento del titular, dado que no media ninguna resolución como tal.”

Aunado a ello, el Acuerdo atentaría contra la neutralidad y el libre fl ujo de información en internet. Pues, según el

estudio del grupo plural de trabajo “todo lo que se transmite en la red se hace de la misma forma, sin discriminar ni distinguir el contenido, lo que supone aplicar a todos los datos el mismo tratamiento sin que haya prioridad ni jerarquía de unos sobre otros y que no se impida a algunos circular, de forma que el acceso a la red sea siempre igua-litario”. Y con las disposiciones del ACTA todos los paquetes de información que circu-len por internet serían, por el contrario,

vigilados y discriminados conforme a su contenido.Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana

de Internet (Amipci), en entrevista con Contralínea, expli-ca que el artículo 27 del Acuerdo Comercial Antifalsifi cación comprende disposiciones legales que no son acordes con el crecimiento y penetración de internet en México. Argumen-ta que en otros países, debido a su nivel de desarrollo, podría funcionar, pero no en México, al menos hasta ahora.

El director de Amipci evidencia además que actualmente no se tienen traducciones ofi ciales del Acuerdo, pues ori-ginalmente fue escrito en inglés.

“Lo hemos trabajado directamente del texto original en inglés y a través de traducciones ofi ciales en el sentido de que las ha realizado un perito traductor, pero son no ofi ciales porque la autoridad correspondiente nunca nos ha acercado una traducción que ellos consideren que es la buena”, explica Julio César Vega.

“Nosotros todavía no hemos encontrado dentro del texto cómo benefi ciaría el ACTA al entorno digital mexicano; por el contrario, vemos diversas disposiciones que tiene

Artículo 27DEL ACTA PRESENTA

AMBIGÜEDAD EN EL USO DEL TÉRMINO “ÁMBITO DIGITAL”

Organizaciones no gubernamentales se manifiestan en contra de la firma del ACTA que llevó a cabo el embajador de México en Japón, Claude Heller, el 12 de julio de 2012, sin consultar a la ciudadanía

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“El ACTA favorecería prácticas de espionaje”, pues el proveedor de internet podría vigilar y conocer las comunicaciones privadas entre usuarios

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CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 201218

El Acuerdo Comercial Antifalsifi cación comprende disposiciones legales que no son acordes con el crecimiento y penetración del internet en México

SOCIEDAD

El Acuerdo atentaría contra la neutralidad y el libre fl ujo de información en internet

este tratado en las cuales deja una incertidumbre jurí-dica muy grande de cómo seestaría vigilando el tráfico de con-tenidos, el libre fl ujo de loscontenidos; qué responsabili-dades tendrían los proveedores de servicios de internet, no solamente los tradicionales trans-misores de datos, sino incluso las plataformas de internet, es decir, las páginas en general”, sentencia el director de la Asociación Mexicana de Internet.

Medidas de protecciónSi bien el ACTA aún está en espera de ser ratifi cado por el Senado, expertos en eltema aseguran que en México existen leyes que pueden proteger los derechos de autor y la propiedad industrial si se fortalecen. El Código Penal Federal y elCódigo Federal de Procedimientos Pe-nales son instrumentos que pueden ser plenamente utilizados para la protección de estos derechos, asegura Julio César Vega. Sin embargo, es necesario agilizar los procedimientos para impartir justicia, pues debido a la velocidad con la que se modifi ca el entorno digital se requiere una pronta impartición de justicia para evitar que ésta se aplique cuando el daño ya se haya consumado.

El grupo plural de trabajo para dar seguimiento a las

negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsifi cación argumenta también que las con-ductas que sancionaría el ACTA ya están contempladas en la Ley de Propiedad Industrial y en el Código Penal Federal.

Hasta ahora, el Acuerdo Antifalsifi cación se mantiene a la espera de ser ratifi cado por el Senado de la República. La anterior Legislatura se pro-

nunció en contra de que fuera fi rmado por el gobierno mexicano.

De acuerdo con el nivel de penetración de internet en México –33 por ciento (cifra ofi cial de la Amipci)– se evidencia

que el entorno digital en el país está aún en desarrollo. Por ello los expertos en el tema coinciden en que el ACTA es uno de los intentos por regular este entorno, sin embargo, no es la solución, sino parte de los procedimientos que permitirán de-sarrollar futuros mecanismos efi caces.

“Vemos que más allá de defender los derechos de propiedad intelectual, lo que se está defendiendo son los modelos de negocio de las sociedades de gestión y eso es

lo que nosotros no consideramos positivo para el desarrollo de internet en México. Esto nos pone en desventaja competitiva para alcanzar los niveles que tienen otros países”, sentencia Julio César Vega, director de la Asociación Mexicana de Internet.

33%DE LOS MEXICANOS TIENE

INTERNET

En las disposiciones del ACTA todos los paquetes de información que circulen por

internet serían vigilados y discriminados conforme a su

contenido

El Acuerdo pretende combatir la falsificación y la piratería en mate-ria de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas

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El gobierno de Calderón firmó el Acuerdo Comercial Antifalsificación a espaldas del Senado, a pesar de que la Ley sobre Aprobación de Tratados obliga a las autoridades a informar incluso el inicio de nego-ciaciones

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El Acuerdo Comercial Antifalsifi cación disposiciones legales que no son acordes con el crecimiento y penetración del internet en México

19CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

Puerto Príncipe, Haití.Unos 20 mil millones de dólares en oro, cobre y plata yacen en las colinas de Haití, el país más pobre del

continente. El tesoro vale la pena para inversores de América del Norte que ya han gastado 30 millo-nes en prospección.

Según sus leyes, las riquezas del subsuelo pertenecen a “la nación haitiana”. Pero el país nada sabe sobre las perforaciones que se lle-van a cabo en el Norte de su terri-torio.

“Los minerales pertenecen al dominio público del Estado”, dice el geólogo Dieuseul Anglade, quien es-tuvo al frente de la agencia minera estatal durante los últimos 20 años y que un mes después de hacer estas declaraciones fue destituido por el nuevo primer ministro, Laurent Lamothe. “Si no se redactan leyes más fi rmes y mejores contratos,

es preferible dejar los minerales en el subsuelo”, insiste.

Ahora, la empresa canadiense Eurasian Minerals y sus sub-sidiarias locales están listas para extraer el oro del mismo suelo donde Cristóbal Colón y los es-pañoles obligaban a excavar a los indígenas haitianos hace más de 500 años.

Cuatro décadas después del de-sembarco de Colón en 1492, el duro trabajo en las minas, las matanzas y el contagio de enfermedades des-conocidas redujeron la población nativa de unas 300 mil personas a apenas 600.

Eurasian llegó a esas colinas hace poco y se dedicó a comprar licencias y concesiones. Hasta ahora posee 53 y controla los derechos de exploración o explotación de casi un tercio del Norte de Haití, considerada la zona más prometedora.

La empresa, que lleva analizadas unas 44 mil muestras, está asociada con la compañía número dos en elnegocio aurífero mundial: Newmont

Mining Corporation, con sede en Es-tados Unidos.

La fi rma canadiense, Majescor y una estadunidense más pequeña, VCS Mining, y sus subsidiarias también tienen licencias por una superfi cie de unos 750 kilómetros cua-drados.

En total, alrededor del 15 por ciento del territorio haitiano está concesionado a empresas mineras de América del Norte y sus socias.

Como sostuvo la fi lial haitiana de Majescor en una presentación

Una investigación de 10 meses sobre la fiebre del oro en Haití halló acuerdos

clandestinos, actores con fines divergentes, memorandos de legalidad cuestionable

y unas reglas de juego que no podrían ser menos equitativas

Fiebre del oro en Haití:trasnacionales al acecho

15%DE HAITÍ, CONCESIONADO A EMPRESAS MINERAS DE

AMÉRICA DEL NORTE

Haití desconoce sobre las perforaciones que se llevan a cabo en el Norte de su territorio: millones de dólares en oro, cobre y

plata yacen ahí

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LÍNEA GLOBAL HAITI GRASSROOTS WATCH, CORRESPONSALES*/TIERRAMÉRICA/IPS

CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012


Eurasian controla los derechos de exploración o explotación de casi un tercio del Norte de Haití

LÍNEA GLOBAL

En Haití, el 70% de la población económicamente activa está desempleada, la mitad de sus habitantes vive con menos de un dólar al día

corporativa, Haití es “el gigante dormido del Caribe”.

El gigante durmió en las últimas tres décadas porque era demasiado costoso explotar minerales en este país, sacudido por violentos golpes de Estado y con una importante resistencia social a la minería.

Pero el precio del oro se ha man-tenido estable por más de 1 año, arriba de los 1 mil 500 dólares por onza; y en Haití están asentados 10 mil Cascos Azules, capaces de garantizar una seguridad mínima a las empresas.

Además, en la vecina República Dominicana se empieza a explotar un yacimiento califi cado como el más grande del continente, con casi24 millones de onzas, y que se en-cuentra en el mismo cinturón geológico.

En una nación donde el desem-pleo alcanza el 70 por ciento, la mitad de la población vive con menos de un dólar al día y la mayor parte del presupuesto del Estado se cubre con ayuda extranjera, la idea de un tesoro enterrado es como la leyenda de El Dorado.

Pero no todos los haitianos son tan entusiastas. Tampoco está claro que las eventuales ganancias vayan a benefi ciar a la población.

Las empresas mineras estiman

que las colinas de Haití albergan unos 20 mil millones de dólares enoro, buena parte “invisible”, repar-tido en partículas diminutas en laroca y los suelos. La extracción sólo será posible con minas a cielo abierto.

Esta minería puede envenenar las fuentes de agua y degradar el ambiente.

Newmont sabe de minas a cielo abierto. En la década de 1960 ini-ció este tipo de explotación en el occidental estado de Nevada, en

Estados Unidos, y luego la repitió en Ghana, Nueva Zelanda, Indonesia y otros países. En Perú administra una de las más grandes del mundo: la de Yanacocha, de 251 kilómetros cuadrados.

Pero incluso con toda esa ex-periencia, sus antecedentes no están libres de fallos.

En Perú, organizaciones de agri-cultores sostienen que su suministro de agua se contaminó con cianuro, y en 2000 un derrame de un car-gamento de mercurio hizo que decenas de personas contrajeran enfermedades mortales.

En Ghana, Newmont opera un yacimiento en la región conocida como el “granero” del país. Sus ope-raciones en Ahafo del Sur han des-plazado a unas 9 mil 500 personas, casi todas dedicadas a la agricultura de subsistencia, según el Environ-mental News Service.

También allí, el agua se con-taminó por lo menos una vez, segúnadmitió la compañía. En 2010,incluso, aceptó pagar indemniza-ciones de 5 millones de dólares por un derrame de cianuro en 2009.

“Podemos asegurar que Newmont está comprometida con fuertes prác-ticas ambientales, sociales y éticas”,sostiene Diane Reberger, funcio-naria de la empresa, en un correo electrónico del 25 de mayo que responde a las preguntas para esta investigación.

La fragilidad ambiental de Haití

también cuenta, según el exministro del Ambiente, Yves-André Wain-right. De una cobertura forestal quecomprendía 90 por ciento del te-rritorio en 1492, el país sólo conserva 1.5 por ciento.

Wainright, agrónomo de for-mación, señala que algunas de las áreas entregadas en concesión son montañas húmedas, que cumplen “un importante papel para la con-servación de la biodiversidad y necesitan ser protegidas”. También son hogar de decenas de miles de familias de agricultores.

“Cuando pienso en la extracción minera, no estoy segura de que seaalgo bueno”, dice en entrevista laagricultora Elsie Florestan, de 41 años, activista del movimiento Tèt

Kole Ti Peyizan (Pequeños Cam-pesinos Trabajando Juntos, en lengua creole).

Ella y su familia viven y cultivan en una zona donde Eurasian y Newmont acaban de terminar prue-bas exploratorias.

“Dicen que la empresa va a usar el agua de nuestro río por 20 años, que va a quedar contaminada, y queno podremos quedarnos aquí. Si nonos organizamos y hacemos ruido,nada bueno va a pasar para noso-tros”, agrega.

Haití no fi rmó la Convención sobre Seguridad y Salud en lasMinas ni la Iniciativa sobre Trans-parencia en las Industrias Extrac-tivas, instrumentos que ofrecen algún grado de protección. Además, está clasifi cado como uno de los países más corruptos del mundo.

Hasta ahora se han emitido con-cesiones a puertas cerradas, se han sellado acuerdos en secreto y sehan realizado tareas de prospe-cción sin escrutinio público y con poco control gubernamental, según admite la propia agencia minera estatal.

“El gobierno no nos proporciona los medios para fi scalizar a las empre-sas”, dijo Anglade cuando aún dirigía la entidad.

Además, Haití cobra una de las regalías más bajas del continente:

En República Dominicana se empieza a explotar un yacimiento califi cado como el más grande del continente americano

9 mil 500 personasDESPLAZADAS DE BRONG-

AHAFO, POR LA ACTIVIDAD MINERA

David M Cole (al centro), presidente de Eurasian Mineralsw

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Las trasnacionales mineras estiman que las colinas haitianas albergan unos 20 mil millones de dólares en oro

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apenas 2.5 por ciento del valor de cada onza de oro extraída: “¡es muy baja! Debajo del 5 por ciento es ridículo para un país como éste”, dice la especialista en minería, Claire Kumar, de la organización humanitaria Christian Aid.

Las empresas mineras también tienen amigos en puestos clave.El exministro de Finanzas, Ronald Baudin, que debió sentarse a la mesa de negociación con New-mont en 2010 y 2011, pasó al otro lado del mostrador y ahora trabaja como consultor para la sociedad Newmont-Eurasian. Interrogado para este artículo sobre el evidente confl icto de intereses, responde: “Tengo que

comer, ¿verdad?”.La ley vigente estipula que

no puede efectuarse ninguna perforación antes de que se fi rme un contrato minero. El principal papel de Baudin fue facilitar un Memorando de Entendimiento que permitió a la empresa eludir la legislación y perforar de cualquier manera.

Según Baudin, el Memorando es una “exoneración” de las dis-posiciones de la ley. Juristas con-sultados confi rman lo evidente: la única forma de eludir lo establecido en una ley es mediante una reforma legal aprobada en el Parlamento.

Anglade, entonces titular de laAgencia Minera estatal, se negóa fi rmar el Memorando argumen-

tando que “era ilegal y contrario al interés de Haití”. Dos meses después, fue despedido.

De todos modos, a fi nes de marzo el Memorando se fi rmó por los entonces ministros de Finanzas y de Obras Públicas. Y el 23 de abril, Eurasian informó a sus accionistas que tenía permiso para “perforar en ciertos proyectos” específi cos, y

que ya lo estaba haciendo.*Este artículo resume una inv-

estigación de Haiti Grassroots Watch(http://www.ayitikaleje.org/18_01_ENG. HGW); es una iniciativa deAlterPresse, la Sociedad de Ani-mación de la Comunicación Social, la Red de Mujeres Radialistas Co-munitarias y emisoras de la Aso-ciación de Medios Comunitarios de Haití, así como de estudiantes del Laboratorio de Periodismo dela Universidad del Estado de Haití. El semanario Haïti Liberté se aso-ció con HGW para este trabajo, parcialmente subvencionado por el Pulitzer Center on Crisis Reporting. Tierramérica publicó originalmente esta versión en español.3

Haití no fi rmó la Convención sobre Seguridad y Salud en las

Minas “Dicen que la empresa va a usar el agua de nuestro río por 20 años, que va a quedar contaminada y

que no podremos quedarnos aquí”

LÍNEA GLOBAL

Se han emitido concesiones a puerta cerrada, se han sellado acuerdos en secreto y se

han realizado tareas de prospección sin escrutinio público

Algunas de las áreas entregadas en concesión a Eurasian Minerals son montañas húmedas que cumplen “un importante papel para la conservación de la biodiversidad y necesitan ser protegidas”, además de hogar de decenas de miles de familias de agricultores

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La minería a cielo abierto que se llevará a cabo en Haití envenarará las fuentes de agua y degradará el ambiente

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CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 201222

CRÓNICAS DE LÁTEX MANRIQUE

TEATROAves y cenizas. Relato de una verdad, de una incómoda verdad que duele. Espacio para replantear el cómo se conduce una sociedad ensimismada y egoísta. Una mujer que exige respuestas. Una adolescente en aras de enamorarse. Un muchacho impetuoso, inexorable.

Una mujer que se llamó Marisela Escobedo. Madre y esposa en una familia disfuncional que perdió a su hija en manos de un bandolero, que tuvo que iniciar –para poder dar con él– la investigación que las autoridades no quisieron o no pudieron –por falta de elementos– hacer, con sus propios recursos. Y lo encontró, lo presentó a las autoridades y luego él salió libre, después de haber confesado su homicidio y señalar el sitio donde había dejado el cuerpo yerto de Rubí…

Una adolescente que se llamó Rubí Marisol, que quería enamorarse, que era tímida, que sólo dijo que no porque no se sentía convencida de su relación con Sergio…

Un joven que se llamó Sergio Barraza. Novio iracundo, acosador, lleno de promesas huecas que se romperían en cuanto ella accediera. Un muchacho que no toleró la duda, el desafío, el rechazo. Muchacho violento, homicida…

Aves y cenizas los junta nuevamente. Tres fantasmas quellegan a relatar las horas y los días de espera, los acon-tecimientos, fantasmas que cuentan qué hicieron y sus motivaciones, que preguntan otra vez lo que en vida no pudo ser respondido.

Bajo la dirección y dramaturgia de Verónica Olmedo se presenta esta historia de desespe-ranza e impotencia de una madre, que desa-fortunadamente refleja a miles más, en esta puesta en escena. Ubicada en la ciudad de Chi-huahua, el desencuentro se incorpora en elescenario para darle voz al tesón, a la ino-cencia, al cinismo. El telón se abre para la aparición del bien y del mal en danzas rituales, y la exposición de las personas encargadas de ejercer la justicia. Están también ahí la razón y las pasiones rodeadas por un escenario

repleto de símbolos y misticismos. Participan en vivo los músicos que con tambores y otros instrumentos tocan igualmente las fibras más sensibles. Están las ropas femeninas que reclaman la presencia de sus antiguas portadoras.

Sin embargo, Alas y cenizas no es un montaje triste o pesado. Si bien es el recuento de una tragedia, es igualmen-te una reflexión que sitúa al espectador frente a lo absurdo que puede ser lo cotidiano. Es una denuncia que, quizá de tanrepetida y obtusa –y sin alguna motivación aparente– puede arrancar algunas risas: “…Y claro, lo que nos parecía de lo que estaban contestando los jueces o todo lo que sucedía, era como que rebasaba la ficción, de un absurdo, de una cosa tan terrible que estaba sucediendo y que era realidad…”, dice Verónica en entrevista con Contralínea. Aves y cenizas es un gran escenario que se mueve entre lo real y la ficción, llegando a lugares en donde lo uno pareciera usurpar el terreno de lo otro y viceversa.

Es una aproximación a la lucha de Marisela Escobedo –no es teatro documental–, basada fundamentalmente en audios y entrevistas que forman los hitos de donde se parte para otorgar un espacio a un ritual mapuche y las refl exiones y con-clusiones propias de actores y personajes de cómo fue su camino; y en la que lo más interesante, quizá, sea lo que la propia Verónica Olmedo y el reparto de actoresdesconocen, con lo que a través de este montaje pudieron des-cubrir: “¿De qué estamos hablando? Como que es un mundo de locos, que ya no sabemos qué está sucediendo... Y bueno, dealguna manera como que nos pasa que no le vemos fin a lasituación [de impunidad, corrupción, violencia contra la mujer, etcétera]…”

A decir de Olmedo, “con estos aspectos rituales, que vienen de la música, de la danza, de la imagen, podemos

llegar a los espectadores desde otro lugar. También hay ideas, también hay palabras, pero también [se puede] sentir la vibración de los tambores, ver los cuerpos de los actores. Entonces se puede compartir, igualmente, lo que nos duele, que eso es lo básico para haber montado esta obra”.

Para la artista, la premisa de esta puesta es contar la historia de Marisela Escobedo a partir de una danza ritual.

“Representar la historia de Marisela Es-cobedo era imposible, era un asun-to titánico, iba a ser terrible, porque nopodemos, en la representación, llegar hasta

donde llegóella: a ese sen-timiento, a esasensación… Si vas a contar la historia real, pues mejor te haces un documental. La idea siempre fue no contar la historia [de manera histórica o noticiosa], sino contarla a partir delo que sabemos o no. Se trata de uni-versalizar y no de representar la vidade Marisela Escobedo, sino de univer-salizar las situaciones que estamos vivien-do, a través de los actores y compartiendo con el público”.

—¿Qué esperarías que el público se llevara después de ver la obra?

—Pues una afectación comunitaria. Si logra impactar en el grado que nosotros quisiéramos, sería necesario abrir un diá-logo también. No para dolernos más, sino para acompañarnos en el dolor

—¿Qué es lo más importante de Aves y cenizas?

—Lo más importante es haber po-dido terminarla; que hubo un proceso complicado, pero ya está ahí y es momento de empezarlo a compartir.

Con las actuaciones de Carmen Zavaleta, Yanet Miranda, Luis Ernesto Verdín, Isaac Velasco, Yadira Pérez, María Huenuñir, Luciano Cerda y el grupo mu-sical El Grito. Aves y cenizas se presenta en el Auditorio Salvador Novo de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Centro Nacional de las Artes (Río Chu-rubusco 79, Country Club, jueves y viernes, 20:00 horas; sabádo, 19:00; y domingo, 18:00 horas).

AGENDA …cultura, arte y entretenimiento

no contar la historia [de manera histórica o

—¿Qué esperarías que el público se

—Pues una afectación comunitaria. Si logra impactar en el grado que nosotros quisiéramos, sería necesario abrir un diá-logo también. No para dolernos más, sino

Con las actuaciones de Carmen Zavaleta, Yanet Miranda, Luis Ernesto Verdín, Isaac Velasco, Yadira Pérez, María Huenuñir, Luciano Cerda y el grupo mu-

OCTAVIO SALAS

CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 23

CARTÓN MANRIQUE

La toma de protesta

En el mercado de los libros (porque la expresión ex libris significa: los libros que le pertenecen a alguien en particular) que recogen documentos históricos, el

Fondo de Cultura Económica (FCE) ha publicado Planes políticos y otros documentos; La caricatura política; La huelga de Cananea; Manifiestos políticos; La cuestión del yaqui o del indigenismo

en Sonora; Ocho mil kilómetros en campaña (autobiografía militar del general Álvaro Obregón); y Sonora en la Revolución, que dan un panorama de la Revolución Mexicana de 1910-1917, una revolución inconclusa en términos del espléndido ensayo del sociólogo Orlando Fals Borda Las revoluciones inconclusas en América Latina: 1809-1968 (Siglo XXI Editores). Su lectura se ha completado con el tercer tomo de

la Historia de Europa, de Herbert A L Fisher (editorial Sudamericana).

Por las revueltas contra el capitalismo y los malos gobiernos que se expanden por todo el mundo, adquiere másrelieve el concepto de “revo-luciones inconclusas”, pa-rejo al de

“democracias in-terrumpidas”, como plantea Jo Tuckman en supenetrante libro –sin tra-ducción al español– México, demo-cracy interrupted, publicado por la Yale University Press. Del cual, el politólogo y periodista Lorenzo Meyer nos ofrece una esplén-dida reseña en su columna semanal Agenda ciudadana, con el título “Demo-cracia interrumpida”, en el periódico Reforma, el 11 de octubre de 2012.

Con esta introducción presento la edición facsimilar (copia de un original de la edición de 1857) del libro Colección de las leyes fundamentales que han regido en la República Mexicana y de los planes que han tenido el mismo carácter, de los años 1821 a 1857. Contiene un prólogo insulso que puede pasarse por alto deJosé Luis Soberanes. Pero otro de indis-pensable lectura de Manuel González Oropeza.

El facsimilar inicia enseguida y es un platillo de historia como lo propuso el historiador Leopold von Ranke (ir a sus libros Historia de los papas en la época moderna y Pueblos y Estados en la historia moderna, ambos del FCE). Historia evitando ficciones, invenciones e imaginación para “sujetarme a los hechos (…), mostrar lo que de hecho ocurrió”.

En el importante contenido de la Colección destacan: el Plan de Iguala; Efemérides y Acta declarando la Inde-pendencia Nacional; Plan de Veracruz proclamando el régimen republicano; Abolición del régimen monárquico; ActaConstitutiva de la Federación: Manifiesto

del Congreso Cons-tituyente de 1824, entre

otros. Son 25 documentos que nos propor-

cionan un conocimiento histórico de cómo entre revoluciones desde 1821 hasta las vísperas del alumbramiento de nuestra gran Revolución y Constitución de 1857, se constituyó el nacionalismo mexicano, con la participación popular como protagonista; y cómo sobresalientes dirigentes republicanos y demócratas supieron conducir a la naciente naciónpor entre contrarrevoluciones delconservadurismo religioso y reaccio-nario.

Un libro para quienes buscan unafuente documental sobre los fun-damentos de la política de fines de-mocráticos a través de medios legales.3

Ficha bibliográfica:

Edición facsimilar: Ignacio Cumplido, de 1857Título: Leyes fundamentales y planes de la República Mexicana, ColecciónEditorial: Miguel Ángel Porrúa, 2009

Leyes fundamentales y planes: 1821-1857

EX LIBRIS ÁLVARO CEPEDA NERI*

*Periodista

24 CONTRALÍNEA | DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

Semanario 51

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