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diagnostico de la Seguridad Publica en América latina, la respercusion que a generado la seguridad privada
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Seguridad Pública y Privada en Las Américas
SEGU CAS: RIDAD PUBLICA Y PRIVADA EN LAS AMERI
DESAFIOS DEL ANALISIS INSTITUCIONAL1
LUCIA DAMMERT
Marzo, 2008
1 Documento elaborado para el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos.
Departamento de Seguridad Pública 1
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Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la posición oficial de la OEA o de sus países miembros.
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2
Resumen Ejecutivo
La seguridad pública es uno de los principales temas que enfrenta América Latina y
El Caribe para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, fortalecer la
gobernabilidad y aumentar la calidad de la democracia. El aumento sostenido de la
violencia y la criminalidad en las últimas décadas pone de relieve la necesidad de
avanzar en políticas que enfrenten los problemas socioeconómicos que las
investigaciones marcan como los principales factores de riesgo para el ingreso de
jóvenes y niños a carreras criminales. Es así como se torna clave el diseño e
implementación de políticas que disminuyan el consumo de drogas y alcohol, la
deserción escolar, el uso indiscriminado de violencia cotidiana; pero también
iniciativas que disminuyan las profundas divisiones económicas y sociales
instaladas en América Latina que instalan a la búsqueda de mayor equidad en el
centro de la agenda también de seguridad. Es cada vez más reconocido que las
instituciones del sistema de justicia criminal juegan un rol clave para enfrentar de
forma eficiente la problemática. En especial el rol de las instituciones de la
seguridad pública se convierte en clave para la determinación de las desconfianzas
ciudadanas, la percepción de impunidad e inseguridad y por ende la posible
consolidación de un paradigma integral sobre la criminalidad. Además, se observa
la necesidad de un rol cada vez más activo y legitimado por parte de las
instituciones gubernamentales responsables de las políticas de seguridad., no sólo
para limitar los posibles abusos del uso de la fuerza sino también para
profesionalizar y tecnificar el diseño de las políticas de seguridad pública en la
región.
El presente documento busca identificar los principales desafíos en la organización
institucional de la seguridad pública en América Latina, incluyendo la creciente
industria de seguridad privada, que se ha transformado en un actor de fuerte
presencia en la mayor parte de los países. Los mismos se detallan a continuación:
Carencia de políticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana con carácter de
políticas de Estado más que de gobierno.
Departamento de Seguridad Pública 2
3
Mantenimiento de estructuras vinculadas con la Seguridad Nacional más que
a la perspectiva de la Seguridad Pública.
iCarencia casi total de nformación confiable y sistemática.
Limitado desarrollo de la perspectiva preventiva, al primar un modelo
reactivo de la gestión policial de la seguridad.
Creciente numero de denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos.
Enfasis en políticas de control y represión del delito como aumento de la
dotación policial
disminución de la edad de imputabilidad de los adolescentes en conflicto con
la ley penal
aumento exponencial de la población carcelaria y por ende sistema
penitenciario colapsado
Deficiente coordinación interinstitucional.
imitadas capacidades técnicas civiles en los diversos niveles de gobierno. L
Creciente utilización de las fuerzas armadas en actividades policiales.
aInstituciones altamente influenciadas por lógicas político‐partid rias.
Los municipios carecen de competencias y recursos para enfrentar la
delincuencia.
Limitada colaboración con la Justicia.
Ausencia de programas de monitoreo, evaluación y medición de impacto de
las acciones que realizan las instituciones públicas.
Estructura policial que no incorpora elementos de gestión moderna
Falta de claridad sobre las principales misiones y funciones de la institución
policial.
Deficiente investigación criminal.
i d nCorrupción institucional zada en iversos iveles y acciones.
Grave devaluación del trabajo policial: A los bajos salarios, se une la
desmotivación y la no consideración del trabajo policial tanto desde las
instituciones como de una buena parte de la ciudadanía.
Departamento de Seguridad Pública 3
4
Deficiente infraestructura y equipamiento que puede ser solventado en parte
con el presupuesto previsto para este año.
Necesidad de regulación efectiva sobre la seguridad privada
Aumento de los niveles de formación de los guardias privados para
consolidar profesionalización del sector.
Departamento de Seguridad Pública 4
5
Introducción
La importancia de la inseguridad pública es un hecho innegable en la región. El
aumento de la violencia, los delitos, la percepción de inseguridad y la sensación
generalizada de impunidad son sólo algunos elementos de esta situación. La
respuesta pública parece ser insuficiente para enfrentar esta central preocupación
ciudadana que por ende redirecciona sus demandas a una creciente industria
privada de seguridad.
El marco del proceso de consolidación democrática que enfrenta la región, la
importancia de la seguridad pública toma especial vitalidad debido a su impacto
sobre la erosión de valores democráticos y de respecto a los derechos humanos. Es
así como se ha tornado común encontrar encuestas de opinión donde los
entrevistados reconocen estar inclinados a gobiernos de corte militar o al recorte de
ciertas libertades si estas medidas logran asegurar mayores niveles de seguridad.
Adicionalmente, el incremento de las medidas de justicia en mano propia es un
hecho alarmante en una región donde los linchamientos se han convertido en
hechos cotidianos.
Si bien la problemática tiene múltiples aristas la perspectiva de análisis institucional
brinda luces para reconocer los déficits aún presentes en la consolidación de un
sector profesional que enfrente la inseguridad pública como política de Estado. Es
en este convencimiento que el Departamento de Seguridad Pública de la Secretaria
de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA)
auspiciado por el Gobierno de Canadá desarrollo el presente estudio buscando en
primer lugar identificar los desafíos para la consolidación de espacios
gubernamentales que permitan la elaboración e implementación de políticas
eficientes, eficaces y justas de seguridad pública. Un segundo objetivo es la
descripción de la seguridad privada, su crecimiento y desregulación en la región.
Poniendo especial énfasis en la necesidad de Estados fuertes que puedan regular
efectivamente industrias cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos años.
En este esfuerzo se ha contado con la colaboración clave de diversos consultores
Departamento de Seguridad Pública 5
6
liderazgo de la OEA e
que han aportado su propia experiencia en sus respectivos ámbitos de trabajo
subregional así como en la mirada transversal de la seguridad pública y privada en
las Américas2. Para los casos Centroamericanos (El Salvador, Guatemala,
Honduras) incluidos en este estudio se contó con la colaboración de Armando
Carballido. En los países andinos (Perú, Ecuador y Colombia) el trabajo de
recolección de información nacional estuvo a cargo de Daniel Pontón. Los informes
nacionales de los países del Cono Sur (Argentina, Brasil y Chile) fue desarrollado por
Fernando Cafferata. Finalmente, la colaboración de Sheridon Hill de Trinidad y
Tobago fue vital para la consolidación de información comparada para los casos del
Caribe (Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados) donde no se elaboraron informes
sino más bien se privilegió la recuperación de información regional.
La información recolectada es múltiple y en algunos casos refiere a consideraciones
de corte nacional que no permiten capacidad de análisis agregado. Es por esto que el
presente informe pone énfasis en los elementos comunes encontrados en la
perspectiva comparada. Se propone una primera aproximación a una temática que
merece un persistente y detallado análisis. Es así como el informe se estructura en
cuatro secciones:
‐ el contexto que atraviesa la región respecto a la seguridad pública
‐ los principales elementos de la estructura institucional de las seguridad
pública en los países analizados.
‐ la industria de la seguridad privada, sus espacios de acción así como la
capacidad de regulación por parte del Estado.
‐los principales desafíos relevados en ambas temáticas en formato de agenda
de trabajo no sólo para la elaboración de mejores y más detallados estudios
sino también para la posible incorporación de estos temas en una agenda de
n la temática.
2 Los informes nacionales se encuentran en versión completa en el anexo del presente informe.
Departamento de Seguridad Pública 6
7
I. Contexto
Los años 90s están marcados por el aumento de los problemas de seguridad pública
en prácticamente todos los países de la región. La información relevada en los casos
de estudio enfatiza la grave situación que enfrenta la región considerando diversos
indicadores. Ya en el año 2002 el reporte mundial de la salud de la Organización
Mundial de la Salud colocaba a la región como la segunda más violenta del mundo
tomando en cuenta las tasas de homicidios que en ese entonces duplicaban los
promedios nacionales.
Información más reciente de los países considerados en el estudio muestran
diversas tendencias como en el caso de Colombia y Argentina donde la tasas de
homicidios ha descendido notablemente en los últimos años. Pero también
situaciones, especialmente centradas en Centro América, donde la tendencia ha sido
inversa. Algunos datos de especial interés que permiten caracterizar la gravedad de
la situación se mencionan a continuación3:
Argentina
Las tendencias de crecimiento de los delitos contra la propiedad cambiaron a
partir del año 2003. Por otro lado, los delitos contra las personas no
a crisis económica del año 2002 experimentaron baja luego de l
La población penitenciaria se ha incrementado, alcanzando más de 54 mil
personas en el año 2006
La victimización en la Ciudad de Buenos Aires durante el último año alcanzó
al 25% de la población
Brasil
En al año 2006 se cometieron cerca de 46 mil homicidios, de los cuales en
75% se utilizaron armas de fuego
ntra la propiedad se han duplicado desde 1998 Los delitos co
3 Para fuentes y citas completas ver anexos.
Departamento de Seguridad Pública 7
8
En el estado de Río de Janeiro el número de civiles muertos por la policía
creció en 300% en el periodo 1997‐2003
Chile
La tasa de delitos denunciados ha crecido de forma sostenida desde
mediados de los 90s. De hecho entre el 2001 y el 2006 las denuncias de
delitos de mayor connotación social crecieron en 155%
La victimización personal se ubica alrededor del 38 % de la población
nacional que dice haber sido víctima de un delito en el último año
El porcentaje de población que tiene altos niveles de temor a ser víctima de
un delito se ubica alrededor del 20%
La población encarcelada se ha duplicado en los últimos años, llegando Chile
a tener una de las tasas más altas del mundo
Colombia
La tasa de homicidios ha disminuido desde el 2003, pero aún se encuentra en
niveles altos para el promedio mundial y regional con una tasa de alrededor
de 40 cada cien mil habitantes.
Los delitos contra la propiedad y los hurtos crecieron en 32% y 164%
respectivamente entre 1990 y 2007
La población carcelaria crece sostenidamente con un problema de
hacinamiento promedio del 21%
Ecuador
La tasa de homicidios creció de 6.4 en 1990 a 14,8 en 1999
La población encarcela creció en 126% en el periodo 2000‐2007 con una
reconfiguración del tipo de delito ya que el 60% se encuentra por temas
relacionados con el narcotráfico.
El Salvador
Departamento de Seguridad Pública 8
9
El 80% de los homicidios tienen como víctimas a hombres entre 15 y 39 años
Se calcula que hay 450 mil armas de las cuales más del 60% se encuentran en
estado ilegal
Del total de homicidios el 86% no ingresaron a tribunales por lo que no
fueron investigados
La población encarcelada creció entre 2000 y 2007 en 30%, mientras que el
personal encargado de los centros de reclusión disminuyó en 8%.
Guatemala
Entre 2000 y 2007 la violencia homicida ha crecido en 120%, además el 83%
de los hechos se realizaron con armas de fuego
En la actualidad se contabilizan más de un millón de armas de fuego de las
cuales solo una cuarta parte está registrada
Los homicidios por linchamiento creció en 35% y los lesionados en dichas
circunstancias en 81%
75% de los delitos no son denunciados ya que la población considera que es
de poca utilidad
Honduras
46% no camina en la calle por temor
Las armas de fuego están presentes en 75% de los homicidios
Entre 1990 y 2004 a población penal se incrementó en 130% con más del
60% en calidad de procesados
Perú
La población carcelaria ha aumentado en más del 110% en la última década.
La tasa de homicidios se ubica alrededor de lo 12 homicidios cada 100 mil
abitantes h
Departamento de Seguridad Pública 9
10
La información relevada previamente es sólo una muestra de las graves
circunstancias que atraviesan la mayoría de países de la región. Del análisis se
observa también la presencia de situaciones comunes a nivel subregional que
deben ser consideradas en la búsqueda de soluciones. En este sentido, se puede
afirmar que la situación centroamericana evidencia peligrosas señales de
deterioro de las formas de convivencia, aumento del uso de armas en hechos
delictuales y presencia de delitos comunes y organizados que tienen
atemorizada a la población. Todo lo anterior en el marco del desarrollo del
fenómeno de las maras, que si bien no es desarrollado en extenso en los
capítulos nacionales, se ubica como telón de fondo para la interpretación de los
fenómenos criminales en la región. Se podría consolidar este diagnóstico
incluyendo el fenómeno del tráfico ilícito de armas, drogas y personas que se
evidencia en la región y que involucra fuertemente a México en los últimos años.
Departamento de Seguridad Pública 10
Diversidad en la región
El siguiente gráfico sobre los homicidios en Colombia muestra que la situación
más crítica parece haber pasado debido a la tendencia decreciente evidenciada
desde el 2003.
Evolución de los Homicidios en Colombia 1990-2007
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1980
1984
1988
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0Número tasa x cien mil hab.
Paralelamente la información de Guatemala muestra una situación diferente con un
agravamiento de la situación a partir del 2003.
11
Departamento de Seguridad Pública 11
12
en las comisarías policia
En los países andinos se observa que la violencia homicida (excluyendo el caso
colombiano) parece tener menos presencia aunque el tráfico de drogas y todos
los derivados de esta problemática, parecen ser el problema central de la
expresión de la criminalidad y la violencia. El aumento sostenido de población
consumidora de drogas en estos países se vincula también con la presencia de
delitos contra la propiedad que en muchos casos son cometidos por adictos4.
Finalmente los países del cono sur (sin considerar Brasil) presentan menores
niveles de violencia y criminalidad. Pero con una presencia importante de delitos
sin uso de violencia y dirigidos especialmente contra la propiedad, que generan
en la población una fuerte sensación de inseguridad. El caso brasileño merece
especial atención debido a la presencia de grupos organizados con control
territorial que desarrollan acciones de violencia y criminalidad especialmente
vinculada con el tráfico de drogas y armas. Si bien la situación se concentra en
los principales centros urbanos de Brasil, en los últimos años se ha esparcido por
diversos centros de tamaño mediano con lo que la preocupación por el aumento
de la violencia se ubica en el primer tema de la agenda pública.
Estas variaciones subregionales encuentran un punto común: el incremento de
la población carcelaria. De hecho, todos los países analizados muestran un
incremento exponencial de la población encarcelada, en muchos casos sin
condena, cumpliendo tiempo en condiciones de hacinamiento y habitabilidad
que lindan con la abierta violación de los derechos humanos, la presencia de
jóvenes en espacios destinados para adultos, es otro problema relevante. Se
requieren para estudios y análisis más detallados que permitan relevar las
principales problemáticas que enfrentan los sistemas carcelarios de la región, y
que implican también un análisis de los procesos judiciales y las sentencias
asociadas. Por otra parte la práctica cada vez más cotidiana de encarcelamiento
les, las pésimas condiciones de vida, la carencia de
4 Un reciente estudio realizado en Chile mostró que más de la mitad de las personas detenidas mostraban señales de consumo previo de drogas. Ver. www.pazciudadana.cl
Departamento de Seguridad Pública 12
programas especiales para la población presa con enfermedades mentales y la
casi inexistencia de programas de rehabilitación y resocialización.
Los gráficos siguientes muestran la situación en dos contextos muy diferentes
en la región que comparten el sistemático aumento de la población penal:
Ecuador y Chile.
Evolución de la población penitenciaria del Ecuador
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2007
año
To
tal
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
Tas
a
Número promedio de internosTasa x cien mil
Evolución de la Población Penal en Chile
13
II. Seguridad Pública
Tradicionalmente entendida como un problema de la policía, la seguridad
pública desde inicios de los 90s ha cambiado el paradigma de respuesta
gubernamental. Así, durante las guerras civiles y las dictaduras militares la
Departamento de Seguridad Pública 13
14
seguridad pública estuvo dentro de la estrategia de seguridad nacional donde
militares y policías cumplían roles comunes con el principal objetivo de terminar
con el “enemigo interno”. Con el regreso de la democracia las policías se
enfrentaron a un fenómeno creciente de violencia criminal para el que no
estaban preparados. De esta forma el paradigma de seguridad nacional mutó
hacia uno de seguridad pública o ciudadana (dependiendo del contexto nacional)
que incluye el diseño de políticas de prevención con participación de la
ciudadanía así como un mayor énfasis en la relación policía – comunidad.
Los cambios paradigmáticos en la forma como los gobiernos de la región han
empezado a enfrentar la problemática no han sido suficiente. La criminalidad se
ha transformado paralelamente, incrementando el uso de la tecnología,
mejorando su capacidad de organización y en muchos casos cambiando las
formas de violencia utilizada para la comisión de los delitos. De hecho, la
presencia del tráfico de drogas, armas y personas se ha instalado en el centro de
los temas que deben ser enfrentados por las instituciones policiales de forma
cotidiana.
La seguridad es una de las principales responsabilidades del Estado. Es así como
la presencia de espacios institucionales destinados al control social y de la
criminalidad se encuentra desde el inicio de las repúblicas y con mucho más
énfasis desde el fin de las guerras civiles en Centro América y de las dictaduras
militares en la región. Así, el retorno democrático puso énfasis especial en la
necesidad de controlar a aquellas instituciones vinculadas con recientes
historias de participación en violaciones de derechos humanos así como en la
vida política mediante el apoyo corporativo a determinados partidos políticos.
En este sentido la presente sección presenta un análisis de la situación
institucional desde mediados de los años 80s en los países analizados5 en dos
ámbitos específicos: en primer lugar la institucionalidad política encargada de la
5 Mayor información histórica se puede encontrar en los anexos.
Departamento de Seguridad Pública 14
15
seguridad (Ministerios, Secretarias) y en segundo lugar las instituciones
policiales.
a. Ministerios
La institucionalidad encargada de la seguridad pública en los diversos países de
la región puede recaer en el Ministerio del Interior, Gobierno o Seguridad
dependiendo de cada contexto nacional. De hecho cada uno de estos espacios
institucionales han variado de forma sustancial en los últimos años debido a la
“urgencia” en enfrentar (real o simbólicamente) a la criminalidad de forma más
efectiva. La necesidad de limitar los amplios niveles de autonomía de las
instituciones policiales ha estado en la agenda de muy pocos países, de hecho en
la última década pocos son los cambios ejercidos con este objetivo. En la
actualidad la mayoría de políticas de seguridad son definidas por las
instituciones policiales que además establecen sus requerimientos de
presupuesto así como la forma como el mismo será implementado.
En la mayoría de casos estudiados, los Ministerios se convierten en espacios
administrativos que permiten o incluso justifican las tareas desarrolladas por la
policía. Esta situación se explica también por el limitado desarrollo de experticia
civil en la temática así como un claro alejamiento de la política. Este último
punto es de especial relevancia ya que en muchos contextos los actores políticos
claves se alejan de un problema cuyas consecuencias electorales son
potencialmente devastadoras.
La consolidación de espacios fortalecidos de coordinación y liderazgo sobre las
instituciones policiales es una tarea de escaso éxito en la región (ver tabla a
continuación). De hecho las principales características de los entes
gubernamentales encargadas de la temática son:
Precariedad institucional y permanentes procesos de cambio y
redefinición
Limitada estabilidad del personal a cargo y técnico
Departamento de Seguridad Pública 15
16
Nulos espacios de seguimiento y evaluación de los programas e iniciativas
en implementación
Reciente generación de normativas legales encaminadas al
fortalecimiento institucional
Consolidación de espacios políticos a cargo de la seguridad pública cuyo
principal objetivo es la disminución de posibles focos problemáticos
Todo lo anterior presenta un cuadro de preocupación para la generación de
políticas efectivas en el control y prevención del delito así como la definición de
claras responsabilidades técnicas y políticas en la toma de decisiones del
accionar policial. Algunos ejemplos nacionales vinculados con la situación
institucional se presentan a continuación solo a manera de ejemplo.
En primer lugar cabe destacar la diferencia central de aquellos países con tipo de
gobierno de corte federal (Argentina, México, Venezuela y Brasil) de aquellos de
tipo unitario. En los primeros las problemáticas del control de las políticas de
seguridad así como su coordinación interinstitucional y la consolidación de un
liderazgo civil efectivo son mucho más complejas debido a la presencia de
múltiples niveles de gobierno que juegan roles no cooperativos e incluso
contradictorios. Así por ejemplo en Brasil a nivel nacional es la Secretaría
Nacional de Seguridad Pública (SENASP) creada en el 1997 y dependiente de
Departamento de Seguridad Pública 16
Departamento de Seguridad Pública 17
Tabla. Toma de decisiones en el sector seguridad pública
País Distribución territorial de la dotación
Funciones operativa y logística
Adquisición de infraestructura
Elaboración de doctrina institucional
Formación y capacitación del personal
Gestión de recursos humanos Ascensos y bajas
Argentina Ministerio de Seguridad Ministerio de Seguridad Ministerio de Seguridad Ministerio de Seguridad Ministerio de Seguridad Ministerio de Seguridad Ministerio de Seguridad
Barbados Primer Ministro Ministerio del Interior/a
Ministro Policía
Ministro Policía
Policía Policía Ministro Policía
Comisión de Seguridadb
Bolivia Policía Nacional Policía Nacional Ministerio de Gobierno Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Poder Legislativoe
Policía Nacional
Brasil Policía Secretaría de Seguridad Pública
Policía Secretaría de Seguridad Pública
Policía
Policía
Policía
Más alto nivel de la Secretaría Policía
S/I
Chile Policía Carabineros Policía Carabineros Policía Carabineros Policía Carabineros Policía Carabineros Policía Carabineros Presidente de la
República y Policía Carabineros
Colombia
Policía Nacional Ministerio de Defensa Poder Ejecutivo Local
Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Presidente de la República Ministerio de Defensa Policía Nacional
Costa Rica Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Ecuador Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional
El Salvador Ministerio de Gobernación Policía Nacional
Policía Nacional Ministerio de Gobierno Policía Nacional Academia Nacional de Seguridad Pública
Academia Nacional de Seguridad Pública
Policía Nacional Policía Nacional
Guatemala Ministerio de Gobernación
Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional
Honduras Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional
Departamento de Seguridad Pública 18
Jamaica
Ministro de Seguridad Nacional/C Comisionado de Policía/D
Comisionado de Policía Ministro de Seguridad Nacional
Policía Policía Policía S/I
México Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)
Nicaragua
Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Presidente de la República Ministerio de Gobierno Dir. Gral. de la Policía Nacional
Panamá
Ministerio de Gobierno y Justicia Director de la Policía
Presidente de la República Ministro de Gobierno y Justicia Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional (CSPDN).
Presidente de la República Ministro de Gobierno y Justicia Director de la Policía
Presidente de la República Ministro de Gobierno y Justicia Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional (CSPDN).
Ministerio de Gobierno y Justicia Director de la Policía
Ministerio de Gobierno y Justicia Director de la Policía
Presidente de la República Ministro de Gobierno y Justicia Director de la Policía
Paraguay Policía Policía S/I S/I S/I Policía S/I
Perú
Ministro del Interior Policía Nacional del Perú (PNP)
Director General Policía Nacional del Perú (PNP)
Director General Policía Nacional del Perú (PNP)
Director General Policía Nacional del Perú (PNP)
Director General Policía Nacional del Perú (PNP)
Director General Policía Nacional del Perú (PNP)
Presidente de la República Ministro del Interior Director General Policía Nacional del Perú (PNP)
Rep. Dominicana Presidente de la República Jefe de Policía
Jefe de Policía Secretaría de Interior y Policía
Secretaría de Interior y Policía Jefe de Policía
Secretaría de Interior y Policía Jefe de Policía
Secretaría de Interior y Policía Jefe de Policía
Secretaría de Interior y Policía
Uruguay Secretaría Policía
Secretaría Secretaría Policía Nacional Policía Nacional Secretaría S/I
Fuente: FLACSO Chile, 2007.
a/ (Minister of Home Affaire).
Departamento de Seguridad Pública 19
20
b/ Security Services Commission.
c/ Minister of National Security.
d/ Commissioner of Police Advice.
e/ Para el nombramiento de generales.
f/ En el caso de los oficiales, corresponde al Presidente de la República y al ministro del Interior, de acuerdo con Director General de la Policía Nacional del Perú (PNP). Mientras que para suboficiales y especialistas, corresponde al Director General de la PNP.
Departamento de Seguridad Pública 20
Ministerio de Justicia Federal. Esta misma organización se repite en cada uno
de los estados así por ejemplo el caso de Río de Janeiro detallado en los
anexos evidencia la presencia de la Secretaria de Seguridad de Río cuyos
objetivos y misiones son similares a la SENASP pero a nivel estadual. Otro
caso que muestra los desafíos que enfrentan los estados federales se presenta
en México donde la presencia de más de 1600 instituciones policiales
(nacionales, estaduales y locales) ha demostrado las profundas limitaciones
en la coordinación de las políticas de seguridad y aún más crítico la capacidad
del crimen organizado de penetración en aquellos espacios locales más
precarios y debilitados.
Más allá del tipo de organización gubernamental, un hecho presente en los
casos estudiados es la constante variación de la dependencia de los temas de
seguridad pública. Así en Argentina, la institucionalidad encargada del tema
ha sufrido de permanentes procesos de mudanza institucional y redefinición
de funciones en los últimos años, pasando de una dependencia institucional
del Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, regreso a Interior y en la
actualidad se encuentra en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos creado en el 2002. En Chile por su parte, la institucionalidad está
en proceso de transformación. Luego de 17 años de gobierno democrático se
cambió la constitución para permitir el traslado de dependencia de ambas
policías de la esfera de la Defensa hacia el Ministerio de Interior y Seguridad
Pública. Sin embargo , esto aún no ha sido concretado y se espera que las
instituciones policiales sigan dependiendo del sector defensa por lo menos
hasta inicios del año 2009. Finalmente, en El salvador en noviembre del
2006 se creó el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia encargado de todos
los temas vinculados con la seguridad. Hecho que resuelve casi una década de
marchas y contramarchas en la definición institucional que se inicia con la
firma de los tratados de paz en 1992 con el Ministerio del Interior, la
posterior creación del Ministerio de Seguridad Pública en 1994, la unificación
en el año 1999 de Seguridad Pública y Justicia para en el 2001 fusionar
Seguridad Pública, Justicia e Interior.
Departamento de Seguridad Pública 21
22
La constante mudanza de los temas de seguridad pública ha impactado sobre
el limitado espacio de liderazgo ejercido por civiles en los temas de la
seguridad pública. En los países centroamericanos donde los diversos
procesos de paz pusieron énfasis en la generación de nuevas instituciones
cuyo liderazgo civil y perfil técnico sean innegables, los retrocesos son
notorios. Así por ejemplo en Honduras, la secretaria de seguridad (que
cuenta con no más de 20 funcionarios) es la encargada de la temática pero en
la actualidad el Ministro no puede hacer cambios en las jefaturas policiales
tanto para su nombramiento ni para su remoción. Aún más complejo es el
hecho que los últimos cuatro ministros han sido militares en situación de
retiro lo cual implica una remilitarización de las políticas de seguridad.
Igualmente en Guatemala, no existe una política clara de seguridad pública y
la rotación casi anual del ministro encargado de esta cartera erosiona las
posibilidades reales de consolidación tanto de programas como políticas
institucionales.
Pero esta situación no es exclusiva de los países centroamericanos, de hecho
en Argentina se evidencia una clara delegación en las policías del tema de la
seguridad, con lo cual los procesos de modernización y cambio institucional
han tenido éxito limitado. El caso de la Policía del Gran Buenos Aires es un
claro ejemplo de la limitada capacidad de sostenibilidad de los procesos de
cambio y su vinculación casi única a la presencia de liderazgos fuertes y
sostenidos. Así durante la administración Arslanían se desarrollaron cambios
centrales para limitar la corrupción y el uso de la fuerza así como para
modernizar la institución. Sin embargo, el cambio del gobierno (mismo
partido político pero diferente referente personal) generó un casi completo
desmantelamiento de lo desarrollado previamente. De igual manera en Perú,
la llegada de cada Ministro pone en tela de juicio las acciones realizadas
previamente y adicionalmente consolida el poder de la cúpula policial
especialmente en la definición de las estrategias de control y prevención de la
criminalidad. El caso Ecuatoriano muestra hechos interesantes cuando se
analiza que el Consejo Nacional de Policía creado para supervisar la labor
Departamento de Seguridad Pública 22
23
policial, fue creado hace más de una década pero aún carece de estructura
orgánica.
Otro elemento a tomar en cuenta es la carencia de políticas de Estado que
establezcan metas y objetivos claros de las políticas en la temática. En
algunos países se han elaborado Planes Nacionales (Brasil, Argentina por
ejemplo) pero los mismos no se han visto plasmados en procesos efectivos de
seguimiento de metas o han cambiado sustancialmente en el tiempo. Otros
países no han elaborado aún instancias que presenten los diversos elementos
que componen las estrategias de política, en los casos estudiados destacan los
países centroamericanos. Dos casos de especial interés son el colombiano y
el chileno. En el primero, por la situación especial que enfrenta el país las
fuerzas policiales son dependientes del Sector Defensa. Sin embargo, se han
creado diversos organismos encargados de su control y supervisión como el
Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana creado en el 2003, así
como el Comisionado Nacional. Adicionalmente, durante al gobierno del
Presidente Uribe se promulgó la Política de Seguridad Democrática que si
bien le dio un fuerte respaldo al accionar de las fuerzas armadas en la
materia también sirvió para permitir algunos procesos de cambio en la
planificación y evaluación de las labores policiales. En el caso chileno el
Ministerio del Interior, con su Subsecretaria de Interior, es el organismo
encargado de la coordinación de las políticas de control y prevención del
delito. Aún sin una clara organización institucional dichas iniciativas se
organizan alrededor de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que
presenta los objetivos y programas desarrollados por el Estado. De hecho
esta estrategia es una de las pocas reconocidas en la región que establece
metas cuantificables para el periodo de gobierno con lo cual todos los
esfuerzos gubernamentales se alinean en torno a esta definición.
Otro elemento a tomar en cuenta es la vinculación entre la labor policial y
aquella de las fuerzas armadas. En diversos países la diferencia es notable y
no se cruzan sus misiones o funciones (Argentina y Chile entre los casos
estudiados) pero esa no es la situación más común en la región. De hecho en
Guatemala en el año 2000 se aprobó una ley que permite la participación de
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las FFAA en la prevención y control de la criminalidad. Así, se les permite la
participación en labores de patrullaje, el cuidado de fronteras y el combate al
narcotráfico. Esta definición jurídica no se está presente en otros casos
donde de hecho se realizan operativos conjuntos de forma cotidiana como
México, Honduras, El Salvador y Colombia. En cada contexto la participación
de los militares en tareas policiales se justifica por motivos diferentes, ya sea
por la debilidad intrínseca de las fuerzas policiales, o por el incremento de la
corrupción, el aumento de la sensación de inseguridad de la población, entre
otros. Como se puede observar en la tabla siguiente, diversas son las áreas de
cooperación entre las Fuerzas Armadas y las instituciones policiales. Cabe
resaltar que el mando de dichas operaciones recae en cualquiera de las
instituciones y en algunos casos, peligrosamente, en ambos.
Tabla. Áreas de operaciones conjuntas entre policías y fuerzas armadas, según país
Área de operación conjunta Mando País
Narcotráfico Orden
público Seguridad
pública Otros FF.AA Policía Civil
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
F
uente: FLACSO Chile, 2007
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La prevención como tarea principal del Estado es reconocida en
prácticamente todos los países analizados. Incluso en los países donde se han
desarrollado las políticas de “mano dura” se encuentra la propuesta de “mano
amiga” que hace referencia a la necesidad de incluir políticas que prevengan
el inicio de las carreras criminales. Ahora bien, mucho de estas propuestas
parecen quedarse en el marco discursivo con limitado financiamiento e
impacto.
Finalmente, una de las principales deficiencias encontradas en los ámbitos de
definición de las políticas de seguridad pública es la carencia de información
de calidad. En algunos países no se cuentan con registros completos de las
acciones policiales realizadas así como integrados de los delitos denunciados
por la ciudadanía. De esta forma las políticas muchas veces se diseñan a
ciegas, es decir sin un claro conocimiento del fenómeno al que se está
enfrentando, los lugares donde muestra mayor magnitud entre otras
características. Sin mencionar la casi inexistente sistematización de los
resultados de los programas o iniciativas desarrolladas.
b. Instituciones Policiales
Las instituciones policiales en muchos países de la región datan de un origen
institucional vinculado fuertemente con las Fuerzas Armadas. Ya sea por que
nacieron al alero de la Defensa Nacional o por que sus principales creadores
tenían fuertes vinculaciones con el mundo militar. De esta forma, la presencia
de una tradición militar es un elemento innegable incluso en aquellas
instituciones que fueron reformadas a inicios de los años 90s. Especialmente
aquellas dedicadas a la prevención del delito mantienen un carácter,
formación y despliegue de tipo militarizado como la Policía Nacional de
Colombia y Carabineros de Chile. Sin embargo, es importante mencionar que
los procesos de democratización y en especial las reformas de la justicia
llevadas a cabo en los últimos años han aportado a la creación de
instituciones civiles dedicadas a la investigación como a Agencia Federal de
Investigación de México. Ahora bien, la mayoría de estas instituciones
dedicadas a la investigación cuentan con una dotación menor en
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26
comparación con las preventivas. Dotación que en algunos casos no permite
la cobertura nacional como en el caso de la Policía de Investigaciones de Chile
que lentamente ha aumentado su dotación pero que en la actualidad
interviene sólo en el 50% de las ordenes de investigar. Por otro lado, en Río
de Janeiro la policía militar cuenta con una dotación de 43 mil efectivos
mientras que la civil con 11 mil efectivos. Como se puede observar en la
siguiente tabla elaborada por FLACSO Chile (2007)6 la mayoría de
instituciones policiales de la región tienen funciones múltiples.
Tabla. Misiones y funciones
Misiones y funciones
Subregión Focalizadasa Múltiplesb
México y Centroamérica
Costa Rica México
El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
El Caribe Barbados Belice
Jamaica República Dominicana
Área Andina
- Bolivia Colombia Ecuador Perú
Cono Sur Argentina Brasil
Chile Paraguay Uruguay
Fuente:FLACSO Chile, 2007
a/ Contempla seguridad pública, orden público y prevención y control del delito.
b/ Corresponde a las misiones y funciones que realizan la fuerza policial en otros ámbitos del
quehacer del país.
Un rasgo común es la precariedad que enfrentan sus miembros en relación a
los beneficios de protección social. En muchos países los miembros de las
instituciones policiales de los escalafones más bajos (es decir la gran mayoría
de policías) tienen salarios muy bajos y además carecen de coberturas
cación y vivienda. De hecho, los estudios de caso adecuadas de salud, edu
6 Para mayor información ver el Reporte del Sector Seguridad en América Latina y El Caribe (FLACSO Chile, 2007) en www.flacso.cl
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realizados destacan la presencia de diversos mecanismos desarrollados por
las instituciones policiales para complementar el ingreso de sus miembros
mediante la contratación de personal para eventos de carácter privado. En
Chile y Colombia esta situación no se presenta con tanta agudeza y de hecho
los sistemas de beneficios de estas instituciones policiales son reconocidos
como el elemento central de su eficiencia y profesionalismo.
La presencia de una alta preocupación ciudadana por la inseguridad así como
la reconocida limitación de las fuerzas policiales para responder al
incremento del delito ha conllevado a un incremento de dotación policial y
presupuesto en la mayoría de países de la región. En Colombia la dotación se
ha incrementado sustancialmente en los últimos años pasando de 43 mil en
el año 1970 a los actuales 142 mil, de los cuales más de 106 mil es personal
uniformado. En Honduras a fines del 2007 el total de policías era de 12,301 lo
que muestra un significativo incremento en los últimos dos años ya que
contaba con 7,500 en el 2005. De igual manera en Argentina, el sistema
policial nacional aumentó su pie de fuerza entre 1999 y el 2007 de 208 mil a
250 mil es decir en 19%. Ahora bien, esta tendencia no se encuentra en los
casos de El Salvador y Guatemala donde los esfuerzos gubernamentales para
aumentar las plazas se enfrentan a una creciente falta de legitimidad y
confianza en los miembros de las instituciones policiales.
Así se identifica un circulo vicioso ya que la población reconoce que las
instituciones policiales son corruptas, abusadoras e ineficientes pero por otro
lado las principales encuestas evidencian que se reclama por más presencia
policial. Por ende los gobiernos privilegian el aumento de dotación y
presencia en la calle por encima del mejoramiento de su capacitación; es así
aliz a como se incrementa la limitada profesion ación del personal en las c lles.
Otro elemento relevante del rol de la policía en la actualidad se puede
observar a partir del análisis presupuestario. Los incrementos son
significativos en todos los países considerando el presupuesto nacional, lo
que muchas veces disfraza las transferencias realizadas desde gobiernos
locales u otros organismos que colaboran financieramente. Así por ejemplo
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en El Salvador el incremento del presupuesto es sustantivo pasando de 150
millones de dólares en el 2007 a 166 previstos para el 2008. En el Perú la
situación es similar con un presupuesto de la Policía Nacional de alrededor
de 1200 millones de dólares para el año 2007. Si bien los principales
componentes del gasto público están destinados al pago de salarios, son
varios los países donde se está poniendo especial énfasis en la compra de
infraestructura y tecnología.
La colaboración con los gobiernos locales se ha consolidado como un
mecanismo de mejoramiento de la relación con la ciudadanía. Si bien en
países como Ecuador la historia institucional se vincula al despliegue policial
en los principales centros urbanos del país, este no es el caso de la mayoría
de países donde sólo después de los 90s se ha notado un incremento de la
colaboración entre la policía y los gobiernos locales. Casos interesantes de
este tipo de alianza se evidencian en los casos de Bogotá, Quito, Buenos Aires,
entre otros.
En líneas generales la mayoría de policías han pasado diversos procesos de
reforma. Los mismos recaen en un amplio abanico que va desde la
reestructuración completa de las instituciones realiza especialmente en los
países centroamericanos hasta cambios menores. Ejemplos del primero se
encuentra en El Salvador donde la Policía Nacional Civil se creó en virtud de
los acuerdos de paz buscando una institución que reconozca los principios
democráticos y respeto de los derechos humanos. En su estructura inicial se
contempló un 60% de civiles y 40% de ex policías y guerrilleros. En el otro
extremo en Ecuador no se evidencian procesos de reforma de importancia en
las últimas dos décadas. Incluso se han desarrollado planes de
modernización que no han logrado cumplir sus metas debido a limitaciones
presupuestarias.
Sin duda la reestructuración institucional para definir una gestión moderna y
eficaz de la seguridad pública requiere de cambios específicos en cada
contexto. Así por ejemplo los informes nacionales muestran que uno de los
principales desafíos institucionales en El Salvador es la extremada
Departamento de Seguridad Pública 28
29
concentración de poder en la figura del Director General mientras que en
Honduras no se cuenta con un Director General sino con seis mandos que
realizan las diversas labores institucionales. Ambas situaciones se presentan
como problemáticas para los procesos de modernización institucional. De
igual forma, la participación de personal policial en la vigilancia de centros
penitenciarios en diversos países de la región se presenta como un problema
potencial para asegurar la calidad del servicio.
Además de los elementos mencionados previamente se pueden mencionar
múltiples problemáticas comunes que sin duda requieren ser relevadas y
enfr tudiados: entadas en el corto plazo en muchos de los casos es
aLimitado desarrollo de sistemas de carrer policial
Poca claridad sobre el modelo policial que se quiere construir y las
estrategias policiales más idóneas para conseguirlo.
Deficiencia de mecanismos de control interno
Falta de controles externos desde el ente gubernamental y la sociedad
civil
Relevantes niveles de autonomía institucional y por ende carencia de
ar policial. balances y chequeos para asegurar un buen accion
Aumento sistemático de los requisitos de ingreso
Establecimiento de sistemas de capacitación pero poca evidencia de su
real utilización e implementación
Las iniciativas implementadas por la institución policial no son sujetas a
valuación y monitoreo e
III. Seguridad Privada
La percepción de inseguridad que viven la mayoría de latinoamericanos así
como la sensación que los gobiernos no logran impactar la tendencia de
incremento de la delincuencia ha tenido como consecuencia el incremento de
la seguridad privada. En todos los casos estudiados se presenta un
crecimiento de la importancia de la industria en promedio en 8% anual en los
últimos años.
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Crecimiento de la Industria de Seguridad Privada
por región (valores de mercado).
Región Mercado
(MM Dólares)
Crecimiento
(%)
Norteamérica 49,200 7 – 8
Europa 37,800 6 – 10
Japón 7,400 7 – 9
Latinoamérica 6,500 9 – 11
Resto del Mundo 16,200 10 – 12
TOTAL 117,100 7 – 8
Fuente: Frigo, Edgardo (2006).
Así por ejemplo en Brasil en el 2005 el sector realizó una facturación de 3
billones de dólares, lo que muestra un crecimiento anual del 12%.
Información del año 2006 En el 2006 había en Brasil 2538 empresas de
seguridad registradas así como más de 5 mil autos blindados. En Argentina, el
crecimiento es también relevante especialmente en el área de la seguridad
electrónica que se expandió entre 20% y 25% anual en los últimos años. Como
se puede apreciar en la siguiente tabla las empresas de seguridad privada del
Estado de Río de Janeiro se concentran principalmente en la cobertura de
seguridad personal con la variante más reciente del blindaje de vehículos.
Tabla. Cantidad de empresas de seguridad privada discriminadas por servicio principal ofrecido en el Estado de Río de Janeiro.
Empresas de Vigilancia
Empresas de Transporte de Valores
Autos blindados Cursos de formación de vigilantes
177 12 374 19
F
uente: Fernando Da Cruz Coelho -en base a datos del SISVIP/DPF – (2006:24).
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De igual forma en Ecuador el incremento en la cantidad de guardias
privados en el país así como las empresas encargadas de la temática es
notable y se presenta a continuación.
Número de empresas de seguridad privada acumuladas por año y tasa por cien mil hab.
0
200
400
600
800
1000
1200
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Número 1 15 54 163 390 435 487 562 648 758 849
tasa 0,02 0,18 0,56 1,52 3,28 3,58 3,92 4,43 5,00 5,73 6,29
1968 1982 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador
La fuerte presencia de guardias privados muchas veces supera
sustancialmente a la dotación de seguridad pública en toda la región. Si bien
los guardias que trabajan legalmente es estimado por las entidades privadas
que reúnen a las empresas del sector, en todos los casos estudiados se pone
énfasis en la presencia de dotaciones aún mayores en el sector informal. En
Brasil hay más de un mil millón de vigilantes de los cuales a fines de 2006
sólo 330 mil estaban trabajando en el sector formal, lo que puede implicar el
tamaño de la fuerza de trabajo que está involucrada en el sector informal. En
Argentina en la actualidad hay más de 110 mil vigilantes registrados y
legalmente trabajando. Sin embargo, estimaciones conservadoras proponen
que hay entre 75 y 110 mil trabajadores informales vinculados con la
industria en todo el país. La misma situación se repite en todos los casos
acionales estudiados. n
31
Tabla. Seguridad Privada: Organismo fiscalizador y posibilidad de personal
policial de desarrollar actividades de seguridad privada.
Departamento de Seguridad Pública 31
Organismo fiscalizador Policías pueden ejercer labores de seguridad privada
Civil Policial
Sí Ecuador México Panamá Perú Uruguay
Bolivia El Salvador Republica Dominicana
No Argentina Colombia* Costa Rica
Brasil Chile Guatemala Honduras Nicaragua
Fuente: FLACSO Chile, 2007
* En el caso de Colombia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada está adscrita al Ministerio de Defensa, pero mantiene autonomía financiera y administrativa.
32
En muchos países la participación de personal militar o policial en retiro es
un hecho innegable. En Ecuador el actual reglamento establece que en el acta
constitutiva de las compañias debe constar al menos un ex miembro de las
fuerzas del orden público. Así como se establecía que el 25% del personal
contratado debía ser ex integrante de la fuerza pública. En Guatemala por su
parte, en la actualidad el 75% de las empresas son dirigidas por ex militares y
el restante 25% por ex policías. Pero además de la pertenencia de las
empresas por parte de personal vinculado con las fuerzas del orden, se puede
mencionar que todos los países estudiados existen prohibiciones para la
participación de policías en activo en acciones privadas. Sin embargo en
algunos países la precariedad del salario policial ha tratado de ser paliada
con mecanismos de financiamiento paralelo llamado adicionales en
Argentina o bolsa de trabajo en El Salvador. En este último caso, en el año
2001 se aprobó un decreto que regula la industria privada de seguridad que
estipula que hay inhabilidad de aquellas personas vinculadas con las fuerzas
armadas o las policías para participar de las empresas en por lo menos tres
años luego de haber cesado sus funciones. Sin embargo, en el 2002 existe la
bolsa de trabajo policial donde los policías inscritos pueden ser contratados
para actos masivos o espectáculos, en la actualidad un 10% de la fuerza
policial pertenece a dicho programa. En Brasil, la Ley promulgada en el año
Departamento de Seguridad Pública 32
33
1983 (durante el gobierno militar) no contempla si es posible la contratación
de vigilantes privados por parte de las empresas estatales. Práctica que se ha
tornado cada vez mas cotidiana en todo el país a nivel de los gobiernos
estaduales, locales e incluso federal.
De hecho uno de los principales déficits respectos de la industria de la
seguridad privada es su limitada o nula regulación. En el caso brasileño el
control de estas empresas está en manos de la Delegación de Control de
Seguridad Privada dependiente de la Policía Federal. Esta institución está a
cargo de darle seguimiento al accionar de las empresas privadas y
adicionalmente entrega la capacitación para avalar a los guardias privados.
Como en el caso Brasileño, en Argentina existen también niveles de
regulación en el ámbito federal y estaduales con diversos niveles de
regulación que va de leyes, decretos y convenios. En Ecuador, por su parte, no
existe una única entidad que regule su accionar, a ley de seguridad privada
aprobada en el año 2003 establece que la regulación se reparte en múltiples
instituciones de acuerdo a su especificidad funcional. Adicionalmente, dicha
ley no ha sido aún reglamentada. En Chile es Carabineros la institución
encargada de entregar permisos para el funcionamiento de dichas empresas
pero se está legislando en una posible superintendencia de seguridad privada
que aumente los niveles de monitoreo de las acciones desarrolladas por
dichas empresas
En Honduras no se cuenta con regulación específica en la materia, las
empresas de seguridad se regulan a través de la ley orgánica de la Policía
Nacional. Uno de los elementos permitidos es que cada empresa puede
proveer su propia seguridad sin necesidad de licencia si tiene menos de 100
empleados. En la práctica la Policía no ejerce el control ni la supervisión
sobre la capacidad y formación de los empleados y agentes que laboran en
estas empresas. La situación salvadoreña descrita previamente no es un caso
excepcional, por el contrario es una constante en una región donde se han
dispuesto limitados recursos humanos y financieros para regular y
monitorear el desarrollo y trabajo de los servicios de seguridad privada.
Departamento de Seguridad Pública 33
34
La capacitación de los guardias privados es un área aún más precaria. En
Argentina por ejemplo se estipula que son 100 horas de formación necesarias
para poder acceder al titulo de vigilante privado. La capacitación puede ser
entregada por Centros de Capacitación para Vigilantes aunque instituciones
públicas como la Secretaria de Interior pueden organizar cursos. Los
desafíos en términos de la capacitación de los guardias privados son
múltiples en primer lugar en muchos casos se solicita un nivel educativo de
primaria completa, en segundo término no existen sistemas de revisión de las
materias y herramientas prácticas entregadas para cada uno de los guardias.
Esta situación es especialmente compleja por que en múltiples países de la
región se permite el porte de armas de alto calibre para guardias que no han
recibido la preparación necesaria.
IV. Desafíos
El análisis institucional desarrollado previamente evidencia la presencia de
múltiples espacios que deben ser enfrentados rápidamente para lograr una
efectiva prevención y control de la violencia y la criminalidad. Más allá de
los diversos temas propuestos a lo largo del presente documento así como
en los capítulos nacionales en el anexo se torna prioritario reconocer los
siguientes temas pendientes:
Carencia de políticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana con
carácter de políticas de Estado más que de gobierno.
Mantenimiento de estructuras vinculadas con la Seguridad Nacional
más que a la perspectiva de la Seguridad Pública.
mática. Carencia casi total de información confiable y siste
Limitado desarrollo de la perspectiva preventiva.
Enfasis en políticas de control y represión del delito como aumento de
la dotación policial, disminución de la edad de imputabilidad penal y
aumento de la población carcelaria.
i tDeficiente coordinación nterinsti ucional.
Limitadas capacidades técnicas civiles en los diversos niveles de
gobierno.
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Sistema penitenciario colapsado.
Creciente utilización del ejército.
Instituciones altamente influenciadas por lógicas político‐partidarias.
Los municipios carecen de competencias y recursos para enfrentar la
delincuencia.
Limitada colaboración con la Justicia.
Ausencia de programas de monitoreo, evaluación y medición de
impacto de las acciones que realizan las instituciones públicas.
Estructura policial que no incorpora elementos de gestión moderna
Falta de claridad sobre las principales misiones y funciones de la
institución policial.
e la seguridad. Prima un modelo reactivo de la gestión policial d
Deficiente capacidad de investigación criminal.
Corrupción institucionalizada en diversos niveles y acciones.
Grave devaluación del trabajo policial: A los bajos salarios, se une la
desmotivación y la no consideración del trabajo policial tanto desde
las instituciones como de una buena parte de la ciudadanía.
Deficiente infraestructura y equipamiento que puede ser solventado
en parte con el presupuesto previsto para este año.
Necesidad de regulación efectiva sobre la seguridad privada
Aumento de los niveles de formación de los guardias privados para
consolidar profesionalización del sector.
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ANEXOS
Departamento de Seguridad Pública 36
![Seg vial ..[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/557bd2b4d8b42abd548b4ef8/seg-vial-1.jpg)
