Este podría ser el lema en la CFE. La paraestatal, que aplica tarifas exorbitantes a sus clientes cautivos, no recuperará al menos 100 de los 300 millones que se robó su exfun-cionario Alejandro Morales, pupilo del defraudador fugitivo Néstor Moreno y quien fue condenado a sólo cuatro años y medio de prisión. En cambio, la cajera que descubrió y denunció el delito de Morales va a pagar su osadía con la misma pena que éste.

ÁLVARO DELGADO

Si el enriquecimiento de Néstor Moreno Díaz, el funcionario fu-gitivo que adquirió un yate y un automóvil Ferrari producto de sobornos, exhibió la corrupción en la Comisión Federal de Elec-

tricidad (CFE), un fraude por más de 300 millones de pesos cometido por uno de sus subordinados, Alejandro Morales Méndez, apunta a que el saqueo en esa institución es también una práctica impune.

En efecto, pese a estar preso, Morales Méndez logró que más de 100 millones de pesos en propiedades –casas de lujo, ran-chos, terrenos y cuentas bancarias– no le sean incautados para reponer por lo me-nos una tercera parte del dinero que robó a la CFE para adquirirlas.

Y es que al mismo tiempo que More-no Díaz recibía sobornos de la empresa Lindsey Manufacturing por otorgarle con-tratos de la CFE, como acreditó una in-vestigación en Estados Unidos, Morales Méndez robaba claves de acceso de sus

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Saqueo

impune

Néstor Moreno. Prófugo

CORRUPCIÓN

mis estados de cuenta y propiedades que ni yo ni ninguno de mis familiares nos hemos visto beneficiados.

Mi honestidad en el trabajo puede se cons-tatada no sólo por el desempeño y resultados obtenidos, sino por la opinión de mis superio-res y compañeros.

Me encuentro detenida injustamente por-que soy inocente y si tuviera que denunciar nuevamente lo haría porque creo en mis prin-cipios, en la Comisión Federal de Electricidad, en la justicia y en México.

Es por ello que desde este lugar les solicito no un favor, sino su intervención para que se me im-parta justicia y aboguen por que mi caso sea re-visado y se castigue a los verdaderos culpables.

La carta fue formalmente recibida por aquellos a quienes estaba dirigida, pero el ruego de Guerrero Escamilla fue ignorado, a pesar de que el testimonio del testigo de cargo, René Trejo Orduña, fue desacredita-do y se comprobó que su clave de acceso le fue hackeada, luego de un peritaje al siste-ma del banco.

Trejo Orduña, quien actualmente es jefe de unidad en la Subdirección de Transmisión, declaró que, en un baño, es-cuchó que Julián García Aguado, otro de los procesados, le decía a Guerrero Esca-milla que habían sido descubiertos y que debían huir, pero no quiso sostener su di-cho, según el abogado Ortega Sánchez.

Ni justicia ni nada

Luego de que el 20 de junio de 2007 Gue-rrero Escamilla descubrió las transferen-cias en curso, por casi 4 millones de pesos, lo reportó de inmediato a su jefa, Diana Patricia Gutiérrez Molina, pero la Procura-duría General de la República (PGR) proce-dió contra ambas.

A la funcionaria que hizo el descubri-miento le fincó responsabilidades por el delito previsto en el artículo 113 bis, pá-rrafo primero de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que utilizó un sistema elec-trónico interno para hacer los depósitos a través del sistema Mysap-R3 conectado a cuentas bancarias de HSBC, instalado pre-cisamente por Morales Méndez para el manejo de los recursos financieros.

Morales Méndez, quien fue deteni-do por la PGR cinco meses después de la captura de Guerrero Escamilla, el 7 de no-viembre de 2007, ya había cometido robos desde 1999, como consta en un oficio de la Dirección de Finanzas de la CFE fechado el 30 de abril de 2008.

El primer desvío lo realizó el 29 de abril de 1999 por 168 mil pesos a su cuenta en HSBC número 4009820770 y casi un año después, el 17 de mayo de 2000, desvió otros 273 mil 856 pesos a la misma cuen-ta. Y después de otras dos transferencias por alrededor de 200 mil pesos, en agosto de ese año, el 29 de noviembre aumenta la cifra: 490 mil 520 pesos.

Es decir, durante ocho años Morales Méndez pudo hacer centenares de trans-ferencias sin que los órganos de control de la CFE y del banco HSBC hayan detectado nada, lo cual implica que ha contado con complicidades, mientras que a Guerre-ro Escamilla se le acusa sólo por su clave bancaria que le fue robada, afirma el abo-gado Ortega Sánchez.

“El único sustento de la acusación y la sentencia a María Elena es que se utili-zó su password para transferencia de unos 20 millones de pesos, pero muchos datos acreditan que ella no tuvo ninguna par-ticipación. Uno de ellos es que no obtuvo ningún tipo de beneficio para ella ni pa-

ra nadie de su familia, que es un elemen-to muy importante, y otro es que ella fue la que descubrió ese tipo de transferencia, y en lugar de recibir un agradecimiento, lo que recibió fue la cárcel.”

Y destaca una paradoja: Aunque Mo-rales Méndez está preso, logró que le de-volvieran muchas de las propiedades que adquirió con el dinero robado a la CFE, porque ganó un amparo a la PGR.

“En un principio le aseguraron sus bie-nes, más de 50 casas, cinco ranchos y di-nero en efectivo que tenía en las cuentas –más de 20 millones de pesos–, que suma-ban más de 100 millones, que del gran to-tal que se había sustraído a CFE era más de 30% pero, a través de un juicio de am-paro, Alejandro Morales logró un desase-guramiento”, puntualiza.

Ortega Sánchez trató de evitar que se devolvieran los bienes producto del deli-to al exfuncionario, para tener pagada la reparación del daño y obtener la libertad de Guerrero Escamilla, pero el juez le dijo que sólo lo podía promover la parte ofen-dida, la CFE.

–¿Y lo hizo la CFE?–No lo hizo, no entendemos por qué la

CFE no pidió que se aseguraran los bienes de Alejandro Morales. Se ve una protección desde dentro de parte de funcionarios, y contra ellos no se fue la CFE. Al contra-rio, inventaron un testigo con una versión completamente falsa. No hay duda: Había una línea para irse en contra de la gente de abajo y no ver a la gente de arriba, la que realmente lo estaba ayudando a llevarse esos casi 300 millones de pesos.

Insiste: “¿Cómo los taparon? Agarran-do a los de abajo que había involucrado el propio Alejandro Morales a través de su password. Ahí se ve claramente la protec-ción, que también se ve a él porque no le quisieron asegurar sus bienes. ¿Cómo los va a repartir después? No sabemos qué ti-po de compromisos haya adquirido”.

El caso de Guerrero Escamilla es com-plejo, porque ahora resulta que un ma-gistrado consideró que el delito que se le imputa no es del fuero federal, sino co-mún, lo que implicaría iniciar un nuevo proceso después de cuatro años de estar presa.

Y mientras se resuelve este conflic-to de competencias en el Cuarto Tribunal Colegiado, cuya magistrada ponente es El-via Díaz de León, Guerrero Escamilla ya perdió también su empleo sólo por haber descubierto y denunciado el fraude por más de 300 millones de pesos.

Ortega Sánchez promovió una de-nuncia contra Morales Méndez por el ro-bo del password de Guerrero Escamilla y otra contra el testigo Trejo Orduña por dar falso testimonio, pero la PGR no ha hecho nada. “Ahí no actúan, no hay justicia ni hay nada”.

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Kessel, Calderón y Elías Ayub. No hubo control

CORRUPCIÓN

empleados para hacer transferencias de recursos de la paraestatal a cuentas ban-carias suyas y de sus familiares.

De acuerdo con el expediente del caso, que ocurrió durante la gestión de Alfredo Elías Ayub como director de la CFE, Mora-les Méndez, encargado del manejo de re-cursos financieros de la Subdirección de Transmisión, transfirió 308 millones de pe-sos de la cuenta de la paraestatal en HSBC a las suyas y las de algunos parientes, entre 2003 y 2007, aunque luego se supo que esa práctica la venía realizando desde 1999.

Así como los órganos de control de la CFE no detectaron los sobornos a More-no Díaz, director de Operación nombrado por Elías Ayub, tampoco lo hicieron con las operaciones financieras de Morales Mén-dez hasta que una cajera, María Elena Gue-rrero Escamilla, descubrió y denunció el fraude.

Pero la justicia en México cometió una aberración: La sentencia a Morales Mén-dez por el robo de los más de 300 millo-nes de pesos a la CFE, cuatro años y seis meses, es la misma que se impuso a Gue-rrero Escamilla, que sólo tiene en contra pruebas como su clave de acceso bancaria (password) que le fue hurtada y el testimo-nio de un empleado de Noé Peña –un al-to exfuncionario allegado a Moreno Díaz– que resultó ser falso.

“Es una sentencia absurda, porque son cuatro años y seis meses para el que se ro-bó 300 millones de pesos y se benefició a él y a su familia, que para María Elena, que no tiene un cinco en su bolsa ni en su única cuenta bancaria ni de sus familia-res. ¡Es una incongruencia del juez!”, afir-ma Alejandro Ortega Sánchez, abogado de Guerrero Escamilla.

–¿Es un caso parecido al del premiado documental Presunto culpable?

–Es peor –dice el abogado–, porque Ma-ría Elena no sólo es inocente, sino que des-cubrió cómo se estaba robando a la CFE, detuvo las transferencias que estaban en curso y presentó la denuncia.

Pero mientras la cajera ha sido privada de su libertad a pesar de ser inocente, Mo-rales Méndez no tiene de qué quejarse, di-

ce el abogado: “Si dividimos 300 millones de pesos entre los cuatro años y seis me-ses de la sentencia, veremos que él gana cinco millones y medio cada mes. Le con-viene estar en la cárcel”.

En contraste, apenas el miércoles 28 de septiembre Guerrero Escamilla fue no-tificada por el Órgano Interno de Control de la CFE de su destitución definitiva de su puesto de cajera, junto con otros 13 invo-lucrados en la investigación, incluido Mo-rales Méndez, el beneficiario del fraude.

Encubrimientos

Esta historia del mayor fraude documen-tado en la CFE, dirigida durante 12 años por Elías Ayub –desde el gobierno de Er-nesto Zedillo hasta marzo de este año–, no se explica sin la protección al más alto ni-vel de la que aún goza Morales Méndez, dice Ortega Sánchez.

Es la misma protección, relaciona el abogado, que se le dio a Moreno Díaz, quien recibió sobornos entre 2002 y 2009 y que las autoridades mexicanas sólo intervinieron hasta 2010, cuando se conoció públicamen-te la investigación que se hizo en Estados Unidos por la violación de la Ley de Prácti-cas Corruptas en el Extranjero.

Morales Méndez, quien jerárquicamen-te dependía de Moreno Díaz, trabajó en la CFE hasta 2005 y dos años después seguía haciendo transferencias de la cuenta de la paraestatal en el banco HSBC a sus cuentas personales, aun en horarios inusuales, sin que los órganos de control de ambas ins-tancias las percibieran.

“Hay protección al más alto nivel de la CFE, desde luego, porque los flujos de di-nero tenían que ser detectados”, insiste el abogado, quien dice que el propio banco entregaba estados de cuenta a la paraes-tatal donde se establecía, inclusive, que las transferencias se hacían en horario no previsto en el contrato con HSBC.

En efecto, conforme a los registros ob-tenidos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los que Proceso tiene copia, hay transferencias rea-

lizadas a las cinco, seis y siete de la ma-ñana a cuentas de Morales Méndez, su esposa Dora Alicia Hernández García y de su primo Crisógomo Morales González.

Por ejemplo, el 6 de julio de 2006, cuando ya no era funcionario, Morales Méndez transfirió de la cuenta de CFE a una suya en HSBC 1 millón 875 mil 489 pesos, a las 7:19 de la mañana; el 15 de agosto siguiente hizo otra transferencia, a las 6:48 AM, por 758 mil pesos, y al día siguiente realizó una más, a las 6:18 ho-ras, por 1 millón 689 mil 521 pesos.

El mismo 6 de julio de 2006, Mora-les Méndez realizó otras dos transferen-cias, a las 7:22 y 7:26 de la mañana, pero a una cuenta de su primo Crisógomo Mo-rales González: una fue por 1 millón 452 mil 781 pesos y la otra por 1 millón 874 mil 512 pesos.

Justamente a la cuenta de Crisógomo fueron a parar varias de las transferencias que supuestamente hizo la cajera Guerre-ro Escamilla en julio de 2006, quien sin em-bargo se percató del fraude sólo hasta el año siguiente, el 20 de junio de 2007, cuan-do llegó a su oficina y vio que su compu-tadora estaba encendida y estaban en pro-ceso transferencias.

Ella misma narró cómo ocurrieron las cosas en una carta manuscrita que en-vió a Felipe Calderón el 23 de agosto de 2007 desde la penitenciaría de Santa Mar-ta Acatitla, que también dirigió al enton-ces procurador Eduardo Medina Mora, a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y a Elías Ayub, director general de la CFE:

El pasado 20 de junio de 2007, me percaté de un cuantioso fraude que se estaba llevando a cabo en la caja de la Subdirección de Transmi-sión, Comisión Federal de Electricidad, en don-de presto mis servicios desde hace 21 años e in-mediatamente lo denuncié ante mis superiores.

Al participar en la investigación, grande fue mi sorpresa al descubrir que se había utilizado, entre otros, mi password para realizar transfe-rencias indebidas a cuentas personales, desta-cando entre ellos a quien fue mi jefe inmediato anterior. Ese mismo día por la noche fue robado de mi computadora el disco duro, el cual conte-nía información vital para mi defensa.

El Ministerio Público decidió cambiar mi si-tuación jurídica de testigo a indiciada, termi-nando en mi detención, y deseo ratificar ante ustedes mis declaraciones hechas anteriormen-te, en el sentido de que jamás proporcioné mi password a persona alguna y niego tajante-mente haber participado en ningún tipo de frau-de en contra de la Comisión Federal de Electrici-dad, empresa a la que respeto profundamente, pues me ha dado sustento a mí y a mi familia, y nunca mantuve ninguna relación de amistad ni comercial con las personas que se vieron benefi-ciadas económicamente con el desvío de dinero.

Como se ha comprobado, no poseo bienes muebles e inmuebles y los que tengo son pro-ducto de mi salario. He demostrado a través de

CFE. Robos sin castigo