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RIQUEZAS NATURALES Y MISERIA SOCIAL. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL SUR DE BOLIVAR, 1966-2001

“Nuestra tierra del sur de Bolívar es una tierra encantadora, muy bonita de la cual cualquiera se puede enamorar, porque es una tierra bendita donde se produce de todo, hay los diferentes climas, tenemos ganadería, pesca, agricultura, minería se

puede decir que casi toda su extensión, porque tenemos esmeraldas, tenemos oro, baldío, en fin es una tierra donde me atrevería a decir que no le hace falta nada, de

una gran riqueza hídrica, en fauna, entonces, es una tierra para vivirla, para disfrutarla.

En algunas partes viven gentes que son nativos, en otras partes hay gente que han

venido de otras regiones del país, desde cuando la famosa violencia política, ha llegado gente de los llanos, de Boyacá, del Tolima, del Meta, de todas partes

encuentra usted gente en el sur de Bolívar, no solamente nativos.

Bueno en el sur la gente comenzó a colonizar ahí, subiéndose a las partes altas de la serranía. En la Serranía San Lucas, allí la gente comenzó a abrir sus primeras fincas, eran baldías, todavía hay terrenos en cierta forma baldíos y comenzaron sus cultivos,

allí se produce de todo, yuca, plátano, maíz, tomates, fríjol, verduras, porque como hay variedad de climas, entonces es una tierra muy fértil, muy bonita para todo.

En Colombia el caso del sur de Bolívar se puede decir que era un caso único donde

se inician ese tipo de marchas con tanta contundencia y el estado comienza a mirar que allí se está gestando un movimiento bastante serio de parte de las comunidades,

ese es el objetivo por lo cual el estado comienza a golpear a las comunidades.

Por las amenazas constantes y los asesinatos se fueron diezmando las organizaciones, fueron desapareciendo poco a poco, en el sur de Bolívar es un

pecado ser presidente de Acción Comunal, es un pecado una mujer ser líder de mujeres, es un pecado incluso que sea una madre comunitaria, porque son objetivo,

un inspector de policía o corregidor tampoco pueden existir en la zona porque son objetivo militar”.

CNM. Base de Datos, Testimonio PRESENTACIÓN El sur de Bolívar se ha cauterizado por ser una de esas zonas que se a construido tramo a tramo gracias a sus habitantes, pues el abandono del estado es total, es una y por esto su dinámica a estado fuertemente por una lógica de región, pues “es una de las pocas zonas en el país donde han trabajado de manera conjunta organizaciones que en sus planteamientos políticos poseen diferencias marcadas y pese a esto fue posible hablar de una verdadera coordinación y distribución del

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trabajo”1 Como respuesta a esto la respuesta que han r4cibido del estado es la presencia de la fuerza pública no para cumplir su labor de protegerlos y garantizar que sus derechos sean respetados, sino que por el contrario lo que han recibido es un dura represión y convertirse en el blanco de múltiples asesinatos, torturas, desapariciones y otra serie de vejámenes que la fuerza pública junto con los grupos paramilitares han cometido en toda la región, panorama que es muy diferente de otras zonas del país. Pese a toda está ola de victimización a la que han sido sometidos ellos se han declarado comunidades en resistencia y por esto en el panorama de los movimientos sociales en Colombia. Para poder desarrollar las ideas antes planteadas, en el tomo que el lector tiene en sus manos encontrará una breve ubicación geográfica de lo que en la presente zona se ha denominado la subregión del sur de Bolívar, una descripción de cómo se dio el doblamiento de esta zona y cuales han sido las actividades que históricamente han soportado la economía de la región. Posteriormente se presentarán someramente los actores que se encuentran en está subregión de la zona V. En primer lugar, se relacionan los actores armados que hacen y han hecho presencia en la región, para después mostrar un breve panorama de los sectores y organizaciones CARACTERIZACION GEOGRÁFICA El departamento de Bolívar, está localizado al norte del país, limita por el norte con el mar Caribe y el Atlántico, por el sur con Antioquia, por el oriente con los departamentos de: Atlántico, Magdalena, Cesar y Santander y por el occidente con los de Córdoba, Sucre y Antioquia. El departamento de Bolívar esta conformado por 38 municipios, incluida Cartagena, capital departamental.

1 PROYECTO CNM. Testimonio Bogotá D.C., septiembre de 2006.

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El Sur de Bolívar, está ubicado en la región Caribe colombiana, entre las márgenes izquierdas del río Magdalena y la margen derecha del río Cauca al Noreste y del río Tigüi al Suroeste y un sin número de ciénagas al norte en cercanías a Mompós. Esta región comprende 18 municipios, dentro de los cuales se encuentran: Altos del Rosario, Achí, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Montecristi, Morales, Pinillos Regidor , Río Viejo, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio, con una población aproximada de 340.000 habitantes.

Municipio No. Habitantes Arenal 9.457 Cantagallo 6.996 Montecristo 10.450 Morales 22.140 Regidor 8.646 Río Viejo 30.112 San Pablo 26.247 Santa Rosa Del Sur 34.100 Simití 27.784 Tiquisio 21.690 Total 197.622

FUENTE: Proyecciones 2002, Censo 1993, DANE En el marco de la presente investigación, los municipios que comprenden la subregión denominada Sur de Bolívar y que hacen parte de la zona V, son: Regidor, Río Viejo, Montecristo, Tiquisio, Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo y Cantagallo ubicados en su mayoría en el Valle del río magdalena, con aproximadamente 198.000 habitantes. En el Sur de Bolívar se pueden diferenciar 3 zonas de acuerdo a las condiciones físicas y geográficas así: Zona de depresión momposina y el brazo de Loba: que tiene unas alturas que van desde los 35 hasta los 200 metros de altitud, está ubicada en un área integrada por ciénagas, terrenos con pequeñas ondulaciones y la conforman la conjunción de los ríos Magdalena (Brazo de Loba), y el Cauca. Una parte del municipio de Tiquisio se encuentra ubicado allí, la población rural de esta zona, deriva su sustento de las actividades de pesca, agricultura y minería. Zona de la Serranía de San Lucas: la conforman las partes altas, por encima de los 200 metros sobre el nivel del mar, llegando a los 2.310 metros de altitud, la conforman gran parte de los municipios de Tiquisio, Achí, Montecristo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales, Arenal, Río Viejo, Regidor y El Peñón. Zona de la parte plana y cenagosa de la margen izquierda del río Magdalena: presenta alturas que van de 50 a los 200 metros sobre el nivel del mar y está

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conformada por una parte de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal, Simití, Río Viejo y Regidor. Esta zona esta clasificada como bosque húmedo tropical, y una parte muy importante de su territorio, el margen izquierdo del río Magdalena es una planicie, siendo parte de ella inundable, y con lagunas y ciénagas conformando un paisaje donde se asientan la gran mayoría de los centros poblados. A nivel geográfico el sur de Bolívar tiene una gran ventaja en cuanto recursos hidrográficos y en el área de las comunicaciones y transporte, pues se encuentra en medio de dos ríos, el Magdalena y el Cauca, convirtiéndose además en un medio de subsistencia a través de la explotación pesquera artesanal. El Sur de Bolívar se destaca además por poseer una de las minas de oro más grandes de América Latina, ubicada en la Serranía de San Lucas. Igualmente hace parte de la zona del Magdalena Medio, una de las regiones más ricas en recursos naturales en todo el país que comprende parte de los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá, Cesar y Bolívar. La agricultura, pesca, ganadería y abundantes recursos hídricos, energéticos y madereros, la colocan en uno de los renglones productivos más importantes de Colombia. El Magdalena Medio ha sido centro de la industria petrolera en Colombia, cuya principal ciudad es el Puerto de Barrancabermeja. CONTEXTO REGIDOR: Este poblado se formó en 1817 y debe su nombre a un grupo indígena que habito en este territorio y al Cacique Malabú. Alcanzo la categoría de municipio en 1995 RÍOVIEJO: Su conformación obedece a la migración de los palenques negros cimarrones que huían de las tierras de Loba y Mompóx, inicialmente se conoció como San Pedro apóstol y en 1785 adquirió el nombre de Rioviejo. Formo parte de Morale4s hasta el año de 1982 cuando obtuvo la condición de municipio. MONTECRISTO: Se erige como municipio en el mes de diciembre de 1995. TIQUISIO: Erigido como municipio en el mes de diciembre de 1995. ARENAL: Este municipio se fundo entre 1540 – 1850 obedece a la ubicación de un palenque ubicado en la quebrada del arenal, dedicado a la siembra de caña de azúcar, tabaco y a la extracción de oro, esto ultimo aspecto sería el responsable del aumento de población y movimiento minero en la región. Sólo hasta 1996 dejo de ser un corregimiento de Morales para convertirse en municipio. El municipio cuenta con un Área de 1.765 km2, que se caracteriza por poseer una parte cenagosa y otra montañosa. Las actividades económicas más importantes son la agricultura, la ganadería, y la pesca. Los principales cultivos son el maíz (6.500ha), sorgo (3.500ha), plátano y arroz, también hay explotación de minas de oro y plata.2

2 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo III. IGAC Ediciones, 1996; p. 1430

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MORALES: Este es uno de los municipios más antiguos del Sur de Bolívar, su creación se remonta al año de 1616 cuando don Pedro Vicente de Morales establece un poblado la isla que se encuentra en el brazo de Morales, puesto que este era un sitio de paso obligado para los viajeros que se desplazaban entre Simití y Regidor. Jugo un papel importante en la comercialización de Tabaco y en 1886 es denominado como municipio, pero al caer este mercado para morales pierde su calidad de municipio y pasa a ser un corregimiento de Bodega Central, sin embargo en 1958 recobra su condición de municipio. El área del municipio es de 1.414 km2, su territorio en su mayoría es montañoso. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la ganadería, la minería y el comercio. Los principales cultivos son maíz (6.500ha) y sorgo (3.000ha).3 SANTA ROSA DEL SUR: Esta zona, en la época de la colonia estaba habitado por varios pueblos indígenas: alipayas y guamocoes, que fueron extinguidos por la explotación aurífera en Guamocó. Fue fundado en 1940 por los migrantes procedentes de Santander y Boyacá que huían de la violencia. En 1984 es creado como municipio. Su economía se sustenta en la minería, la agricultura y la ganadería. Los principales cultivos son maíz (141.5ha), arroz, plátano y millo y se explotan minas de plata.4 SIMITI: Este municipio se fundo en 1537 por los españoles don Antonio, Lebrija y Maldonado con el nombre de San Antonio de Toro. Su poblamiento se dio gracias a la explotación de las minas de Guamocó y la Serranía de San Lucas, lo que lo llevaría a que se convirtiera en ciudad por la importancia de la explotación aurífera. En la cabecera municipal se encontraba la casa de la moneda que recibía el oro, lo fundía y lo enviaba a Cartagena. Esta situación lo convirtió en el centro de abastecimiento de los pobladores de la zona, los mineros y los comerciantes que iban del río Magdalena a la mina. Desde estas remotas épocas se ha caracterizado por la explotación aurífera. Hacia el año de 1880 es nombrado municipio. Comprende un área municipal de 1.345 km2, principalmente montañosa. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la ganadería y la pesca. Los principales cultivos son el maíz (5.000ha), café (29ha), arroz, plátano y caña de azúcar. También existen explotaciones artesanales de minas de oro, plata y otros metales preciosos.5 SAN PABLO: Su fundación data de 1770, logro una gran importancia, ya que fue el puerto donde los primeros barcos a vapor llegaban hacer “trasbordo de carga y pasajeros, que hacían conexión con los champanes y bongos que podían navegar río

3 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p.1913 4 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p. 2073 5 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p. 2199-2200

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arriba hasta La Tora (actualmente Barrancabermeja) y Honda.”6 En 1968 es elevado a la categoría de municipio. El área del municipio es de 1.977 km2. Su economía se basa en la agricultura, la ganadería, y la pesca. Los principales cultivos son el maíz (3.250ha), sorgo (250ha), arroz, millo y plátano, además de la explotación de minas de oro y plata.7 CANTAGALLO: Se fundo en 1883 y era habitado principalmente por pescadores y leñadores para abastecer los buques a vapor que navegaban a través del río Magdalena, hasta 1943 cuando la compañía Socony encontró petróleo y transformo la vida de sus habitantes y lo convertiría en un enclave petrolero. Esta concesión después fue vendida a la Shell Condor S.A. quien exploto los pozos hasta 1985 cuando fue transferida a ECOPETROL.

Desde que se iniciaron las explotaciones aumento el número de migrantes hacia esta región y sólo hasta 1994 alcanzo la categoría de municipio.

Colonización y configuración de la región Las primeras formas de poblamiento en esta zona del país datan de la época de la colonia, producto de la explotación de las minas de oro de Guamocó y la explotación maderera. Con la presencia de los nuevos pobladores, los pueblos indígenas que habitaban desde tiempos inmemorables (como Yariguies, Malibuyes, Pantágoras, Guamocoes, Chimilas, entre otros), los asentamientos de palenques que se encontraban en la ribera del río magdalena y los españoles, se generó una suerte de mestizaje que hizo de la región un territorio multiétnico. A finales del siglo XIX se dio un importante proceso migratorio hacia la región producto de la demanda del mercado mundial de añil, quina, tagua y maderas, además de la importancia que cobró el río Magdalena como la principal arteria para comunicar las ciudades del interior con el mar y transportar las mercancías a los puertos para sacarlas al mercado mundial; este comercio se realizaba a través de la navegación de buques a vapor. Esto constituye un factor importante en la fundación de varios poblados que se encuentran al margen izquierdo del río, Simití, San Pablo, Morales, Santa Rosa del Sur, Cantagallo y Río Viejo La guerra de los mil días jugó un papel importante, pues para los liberales rebeldes el control del río magdalena era de vital importancia, motivo por el cual centraron varias de sus acciones militares y políticas allí. Cuando se terminó la guerra muchos de los que participaron en ella se refugiaron en esta zona. Otra de las formas importantes de poblamiento de la región fue la adjudicación de terrenos baldíos hecha aproximadamente en el periodo de 1901 a 1931, en el cual se asignaron entre 50.000 y 99.999 hectáreas en los municipios de Simití, San Pablo y Morales.

6 MURILLO, Posada amparo; ARCILA, Estrada María Teresa; ALONSO, Espinal Manuel Alberto; RESTREPO, Orrego Giovanni y BONILLA, Gloria Estella. “Un mundo que se mueve como el río. Historia regional del Magdalena Medio.” Editorial gente Nueva. Santa fe de Bogotá D.C., Colombia 1994. pág. 212. 7 IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p. 2135

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La llegada de empresas petroleras a la región como la Shell-Cóndor en 1940 al municipio de Cantagallo, atrajo nuevos pobladores provenientes de zonas como Santander, el gran Bolívar y el bajo Magdalena. “Aquí se debe destacar que… convertir a la región en zona de tránsito y en un enclave petrolero, limitaron las posibilidades reales de crecimiento de la región y la perfilaron como una zona periférica y marginal.”8 Cabe decir que a pesar de la presencia de estas empresas ninguna aporto en la construcción y el desarrollo de las comunidades que se encontraban alrededor de ellas. La violencia política generada después de 1948 con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, llevo a que muchos de los liberales que huían de la persecución de los conservadores se refugiaran en la región. Este hecho generó la ampliación de la frontera agrícola, los cultivos de pan coger, la pesca artesanal, la explotación de madera y la minería de subsistencia. La política de colonización dirigida, orientada desde el Estado como respuesta a la solicitud de tierras de aquellos que habían sido desplazados violentamente de su territorio, mostró al sur de Bolívar como una opción y en 1965, el INCORA, declaró parte de las tierras del municipio de San Pablo como tierras baldías. Es de tener en cuenta que estas tierras de colonización dirigida, eran zonas donde no había ningún tipo de presencia del estado, siendo el colono el que se veía en la obligación de extender la frontera agrícola y adecuar el terreno para poder asentarse junto con su familia. Posteriormente en la década del setenta, los cultivos de uso ilícito (marihuana) dinamizaron la economía de la región. La bonanza marimbera involucró directamente a la población generando unas dinámicas particulares que empezaron a romper la lógica de autonomía que hasta el momento tenían las comunidades del sur de Bolívar, como la intromisión de nuevos valores que transformarían la mentalidad de muchos habitantes de la zona. En la década de los noventa aparece la coca y se presenta ante los pobladores de la región como una respuesta a las difíciles condiciones de vida, lo que generó una nueva ola de migración. Es importante resaltar que el Sur de Bolívar, ha sido uno de los territorios que desde siempre ha acogido a hombres y mujeres, desplazados de otras regiones por motivos políticos. Situación socioeconómica: economía de la región La economía de la región se ha distinguido por ser de carácter extractivo. Una de las principales actividades desde tiempos de la colonia ha sido la explotación aurífera, además de la extracción de maderas con doble finalidad, inicialmente se utilizaba como combustible para los buques a vapor y con el paso del tiempo para el comercio de maderas finas. A comienzos del siglo XX el comercio de pieles era una actividad

8 ALONSO, Manuel Alberto. Conflicto armado y configuración regional. El caso del magdalena medio. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, marzo de 1997. pág. 26. Las cursivas son del autor.

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importante, así mismo la explotación de petróleo. Otras actividades importantes son la agricultura, la ganadería y la pesca. En esta región de colonización reciente y predominantemente campesina, se identifican dos actores importantes en la producción. Por un lado, la economía campesina; y por otro los grandes propietarios. Las principales actividades de la economía campesina son la agricultura, la minería, la pesca y en menor medida la ganadería. Los habitantes derivan su sobrevivencia de la agricultura de subsistencia que se basa en la producción de materias primas, la pequeña minería, el cultivo de fríjol, maíz, yuca, plátano, caña de azúcar y arroz, en pequeñas extensiones de tierra, con métodos de siembra rudimentarios, y pocas posibilidades de comercialización debido a los altos costos de transporte, la falta de centros de acopio, el mal estado de las vías y la falta de créditos, asistencia técnica y subsidios por parte del Estado. Desde la década de los 40s y la década del 70 el cultivo de arroz jugo un papel importante en la economía de la región, pues la demanda era grande y la producción del departamento alcanzó un poco más del 50% de la producción nacional.9 San Pablo, Morales y Gamarra funcionaban como los centros de acopio de la producción de arroz de la zona, esto atrajo muchos inmigrantes, se trabajó de tres formas distintas: núcleo familiar, aparcería y peonaje. Hacia finales de los 70s en otras zonas de la costa atlántica y del país se empezó a tecnificar la producción de arroz lo que significo el detrimento para la producción de la zona, pues no podía competir con los pecios de arroz tecnificado, esto trajo como consecuencia la caída de la producción de de arroz, de tal suerte que las tierras se dedicaron a la ganadería10. Ante la falta de garantías, los cultivos de uso ilícito se convirtieron en el soporte de la economía de la región, siendo esta una de las pocas posibilidades para sobrevivir, este negocio permaneció en la región sin ningún tipo de restricción por parte de las fuerzas públicas ni del Estado. Varios años después el Estado respondió con la implementación de una política de fumigaciones, que lejos de erradicar la coca arrasó con los cultivos de pancoger de los habitantes de la zona. Esto tuvo como consecuencia el aumento del empobrecimiento de las comunidades y la disminución de las posibilidades de subsistencia. A esto se suma el hecho de que los campesinos y mineros no poseen los títulos de propiedad y explotación de las tierras donde habitan y de las cuales derivan su sustento. Por otro lado, la ganadería no ha sido una actividad muy implementada, puesto que son muy pocas las familias que tiene ganado vacuno en sus tierras y por lo general es para el consumo familiar. Los grandes propietarios son principalmente familias adineradas de la región que tienen un amplio poder y dominio económico y político en la zona. Este control se ve representado ya sea por los grandes terrenos que poseen dedicados a la cría de ganado bovino (vacas y búfalos) de manera extensiva y a los monocultivos de palma, maíz, sorgo y millo; o jugando el papel de compradores de la producción de

9 Rafael Gómez citado por RESTREPO, Orrego Giovanni, en: MURILLO, Posada amparo; ARCILA, Estrada María Teresa; ALONSO, Espinal Manuel Alberto; RESTREPO, Orrego Giovanni y BONILLA, Gloria Estella. “Un mundo que se mueve como el río. Historia regional del Magdalena Medio.” Editorial gente Nueva. Santa fe de Bogotá D.C., Colombia 1994. pág. 212. 10 Ver apartado sobre ganadería en la región.

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los pequeños sembradores para luego comercializarla. Con respecto a este ultimo punto, es importante decir que desde el estado se les ofrece a los campesinos la implementación de monocultivo de palma de aceite, maíz tecnificado, yuca tecnificada, millo y sorgo y la cría de búfalos, como una aparente alternativa de solución, que lejos de mejorar las condiciones de vida han aumentado la dependencia y van en detrimento de las condiciones de vida digna de la población. Proyectos económicos PALMA La economía mundial determina unas políticas específicas para cada país con el fin de implantar un modelo de desarrollo. Para el caso colombiano estas políticas están sustentadas a través de un modelo agrícola sustentado en los monocultivos. Es así como para el caso del sur de Bolívar, los municipios de San Pablo y Simití fueron caracterizados por el Plante, Cenipalma y Corpoica como tierras con un alto potencial para el cultivo agroindustrial de palma de aceite, sumado a su ubicación a orillas del río magdalena lo que facilita las exportaciones de dicho producto. Uno de los cultivos que se incentiva desde las políticas agrarias es el cultivo de Palma de aceite, para el sur de Bolívar inicialmente se han propuesto 5000 has en San Pablo y Simití y 3000 en Cantagallo. Para la ejecución de este proyecto agroindustrial, existen varias fuentes de financiación: la Unión Europea “Laboratorios de Paz”, el Fondo de Inversiones para la Paz, FIP (Plan Colombia), el fondo del DRI, la inversión de empresas palmeras privadas, los recursos del estado canalizados a través de los municipios y del ministerio de agricultura. Es así como se propone que la siembra sea realizada en un máximo de 10 hectáreas por cada pequeño agricultor o usuario. La comercialización será realizada por las cuatro empresas extractoras que se encuentran en el municipio de Puerto Wilches (Santander). En lo que se refiere a la asistencia técnica, la construcción de la infraestructura, los viveros, la venta de insumos y fertilizantes y la contratación de maquinaria será realizada por el fondo DRI, Coormagdalena, los municipios, Palmas oleaginosas Bucarelia, Oleaginosas las Brisas, oleaginosas Monterrey y Palmas del Sur. En cuanto a los posibles usuarios se propone que el Incora o Incoder agilice el proceso de titulación, y un programa concerniente a las Zonas de Reserva Campesina. Se debe tener en cuenta que el margen de improductividad de este cultivo es de cinco años, ante está situación se propone como contingencia que durante este ciclo se desarrollen cultivos de ciclo corto con potencial para la región como maíz mejorado, yuca tecnificada, cacao, se debe resaltar el hecho de que estos cultivos solamente serán financiados y son los pequeños agricultores los que ponen las semilla, la mano de obra y el cuidado del cultivo, continuando así con las premisas que se han planteado desde el modelo de revolución verde. La realidad clara es que los habitantes no mejoran sus condiciones de vida y no están garantizando su autonomía alimentaría, pues no pueden sembrar alimentos para el autoconsumo, de tal suerte que el nivel de dependencia aumenta.

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En la zona existen algunos palmicultores con considerables extensiones de cultivo como Carlos Murgas que tiene sembradíos de palma en el municipio de San Pablo. Institución aportante Monto Consorcio desarrollo y paz del Magdalena Medio

$240 millones para asistencia técnica en la construcción y sostenimiento de los viveros de Cantagallo y San Pablo

Fondo de inversiones para la paz (FIP) $1.937 millones para el cultivo y $92.6 millones en acompañamiento a los socios y empresarios

GANADERÍA Este reglón de la economía durante los años 80s y 90s era una actividad desarrollada por pequeños y medianos productores, de manera intensiva, motivo por el cual los municipios de San Pablo y Simití recibían algunos depósitos de los fondos de ganaderos de Caldas, Bolívar, Antioquia y Santander, además del departamento de ganadería de ECOPETROL. Sin embargo, este auge de la ganadería entro en decadencia hacia 1982, porque dichos fondos adoptaron unos sistemas que no eran favorables para los campesinos, “según el concepto de los depositarios, el nuevo mecanismo inventado “por el gobierno y ´los grandes’”, proporcionaba excelentes ganancias para las entidades, pero resultaba desfavorable para los campesinos, razón por la cual la gente empezó a entregar los ganados.”11 Actualmente la ganadería no es una actividad muy practicada, sin embargo, en el municipio de Simití algunas partes de la región se ha empezado a implementar la cría de Búfalos. CULTIVOS DE USO ILICITO Como se había dicho anteriormente los cultivos de coca a parecieron en la región según los pobladores con unos señores de Puerto Boyacá que trajeron las primeras semillas. Como ya habíamos dicho anteriormente encontró un camino abonado por las enormes desigualdades y las necesidades insatisfechas y frente a esto esta actividad se presento como una posibilidad de subsistir y de mantener sus cultivos de pancoger. INFRAESTRUCTURA VIAL En lo que se refiere al control territorial existen proyectos para la construcción de las siguientes troncales:

11 MURILLO, Posada amparo; ARCILA, Estrada María Teresa; ALONSO, Espinal Manuel Alberto; RESTREPO, Orrego Giovanni y BONILLA, Gloria Estella. “Un mundo que se mueve como el río. Historia regional del Magdalena Medio.” Editorial gente Nueva. Santa fe de Bogotá D.C., Colombia 1994. p. 230.

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Transversal la Mojana: que permitiría comunicar las vías Panamericana y la Troncal de la Paz

Troncal Yondó-Magangue Troncal del sur de Bolívar que conectaría Barranco de Loba-Norosí-Santa Rosa

del Sur-Simití- San Pablo y Cantagallo Corrección y pavimentación de la vía Morales-Gamarra

HIDROCARBUROS PETRÓLEO En 1938 el gobierno firmo la resolución a través de la cual le otorgó a la Richmond Petroleum Company of Colombia una concesión de 49 hectáreas en la jurisdicción del municipio de Simití, corregimiento de San Pablo para la exploración y explotación petrolera en los terrenos comprendidos entre la boca del río Cimitarra y el río Santo Domingo. Poco después se otorgó otra concesión a Juan de Dios Gutiérrez por 16.936 hectáreas, para exploración y explotación petrolera en el corregimiento de Cantagallo, sin embrago fue la Socony Vacum Petroleum la que empezó a hacer las exploraciones y en 1943 encontró petróleo, lo que llevo a que Cantagallo se convirtiera en un puerto donde atrancaban los buques de las petroleras. La Socony permaneció durante 10 años y luego vendió la concesión a la Shell Condor S.A. quién permanecería hasta 1985 cuando revirtió las acciones a ECOPETROL, quien actualmente está explotando lo pozos que allí existen, estas instalaciones son custodiadas por el ejército, quien causa zozobra en la población debido a las acciones de este, pues son tratados como auxiliadores y seguidores de la guerrilla. El 70% de los funcionarios son foráneos, esto no representa para el municipio ningún tipo de desarrollo por el contrario el índice de desempleo es muy alto. GAS En el municipio de Cantagallo existe además de petróleo, explotaciones de gas; actualmente la Empresa Ecogás (ECP) es la que tiene el contrato para la operación y el mantenimiento del Gaseoducto del sur de Bolívar. El sistema del gasoducto del Sur de Bolívar está compuesto por:

Gasoducto Zona Industrial ECP - Cantagallo (Pueblo) Con una longitud de 0.384km, inicia en las instalaciones del Centro Operaciones de ECP.

Gasoducto Cantagallo (Pueblo) - San Pablo Con una longitud de 11.965 km, inicia en el municipio de Cantagallo terminando en el municipio de San Pablo.

Gasoducto Ramal a Brisas de Bolívar

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Con una longitud de 0.419 km, inicia como una ramificación del Gasoducto de la estación auxiliar Cantagallo a la zona industrial de ECP. MINERÍA Y MULTINACIONALES Los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de la historia en el Sur del departamento de Bolívar, han obedecido a una política claramente demarcada en donde los intereses económicos han jugado un papel importante. En ese sentido las multinacionales han acechado los recursos naturales que posee la región, en un afán de apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona. La serranía de San Lucas se levanta en medio de zonas planas convirtiéndose en un obstáculo para la movilidad de los actores armados entre la zona de Urabá y la frontera con Venezuela. Además, esta serranía se constituye en un eje económico estratégico por poseer recursos auríferos de gran magnitud. La producción de oro en esta región representa el 42% del total nacional, y es vista como la mayor reserva de oro en Latinoamérica, siendo los principales productores los municipios de Río Viejo, Santa Rosa del Sur, San Martín de Loba y San Pablo, en menor medida se explota oro en Achí, Montecristo, Pinillos y Tiquisio (Puerto Rico)12. Esta gran concentración mineral despertó el interés de Empresas multinacionales como La Corona Golfields de origen Canadiense y subsidiaria de la norteamericana Conquistador Mines, la Sur American Gold Corporation, inscritas en la Bolsa de Canadá, la Normandy Mining y la Archangel; estuvieron seriamente interesadas en lograr la exploración y explotación de las minas del Sur de Bolívar.

12 Ver Ministerio de minas y Energía. (Libro editado personalmente en septiembre de 2002).

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El Estado colombiano durante los últimos 15 años, ha favorecido los intereses de la multinacionales desconociendo los derechos que les deben ser reconocidos a quienes históricamente han trabajado de manera artesanal las minas y han construido sus proyectos de vida en esta región. Esta disputa por los títulos de propiedad minera empezó luego de que el Ministerio de Minas delimitara, legalizara y concediera licencias a muchos de los asentamientos mineros, otorgando a sus propietarios estatus de descubridores. La familia Illera Palacio, alegando que fue despojada de esas tierras por razones de orden público, reclamó la propiedad de las minas de San Pedro Frío y Paraíso, ubicadas en el municipio de Santa Rosa del Sur. Para este tipo de actuaciones la familia Illera Palacios contrató a la abogada Luisa Fernanda Aramburu, quien también representaba a Corona Goldfields S.A. subsidiaria de Conquistador Mines Ltda. Sin embargo, los proyectos de explotación minera que había trazado para estos dos grandes capitales se veían entorpecidos por la presencia de mineros artesanales reconocidos por la ley como los titulares de éstas. No obstante, durante la administración del presidente Pastrana se expidió un nuevo Código de Minas redactado por el grupo de abogados Martínez y Córdoba que representaba a empresas mineras incluyendo a la Ladrillera Santa Fe S.A. de propiedad del presidente Pastrana. Por medio de este código se cambió el status legal de los pequeños mineros, pues se abolió este concepto a la vez que se les obligaba a registrar y legalizar las minas, de lo contrario perderían sus derechos sobre las mismas. Cuando los mineros se desplazaron a las cabeceras municipales a realizar este tipo de diligencias, muchos fueron detenidos y asesinados. Este hecho, ligado al bloqueo de la zona por parte de los paramilitares, dio lugar a la situación

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actual donde son pocos los mineros que han legalizado sus minas y por tanto el Estado otorga contratos de concesión a empresas como la Kedahda S.A. filial de Anglo Gold13. En el nuevo Código de Minas es tipificada la explotación ilícita como un delito que ocasiona la privación de la libertad, en concordancia con el artículo 244 del Código Penal. Tal conducta es penalizada y el que haya sido condenado por aprovechamiento ilícito “quedará inhabilitado para obtener concesiones mineras por un término de cinco años”. Todo esto teniendo en cuenta que se trata de una infracción muy común entre los pequeños mineros y no de las grandes empresas. Para despojar de las minas a los pobladores de la región y crear las condiciones para la entrada de las multinacionales, el gobierno ha recurrido a diferentes formas de represión contra la población del sur de Bolívar, expresada en los continuos asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, el desplazamiento, la quema y destrucción de caseríos, etc. Esto ha traído como consecuencia para el Sur de Bolívar, que a pesar de poseer una de las mayores riquezas del mundo su población viva en la miseria como lo expone el siguiente cuadro:

Municipio NBI Población Extensión (km2)

Vivienda Inadecuada ***

Servicios Inadecuados ***

Ausencia Escolar ***

Miseria ***

ARENAL 0,86 9.651 534 ND ND ND ND CANTAGALLO

0,77 7.149 869 ND ND ND ND

MORALES 0,86 22.592 1685 ND ND ND ND REGIDOR 0,9 8.914 318 ND ND ND ND RIOVIEJO 0,9 31.045 1481 37% 37,4% 13,3% 40,2% SAN PABLO 0,77 26.820 2802 52,5% 45% 22,1% 51,1% STA. ROSA DEL SUR

0,78 34.857 2800 51% 47% 12% 50%

SIMITÍ 0,81 28.337 1238 51% 47% 12% 50%

(* * *) Censo 1993 Durante años, la extracción del oro en la zona ha sido labor de 35 mil mineros afiliados a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL, luego llamada ASOAGROMISBOL. En la actualidad existen aproximadamente 45 comités propietarios de licencias colectivas, por medio de las cuales se reconoce la exploración y explotación de las minas de San Pedro Frío, Mina Nueva, Mina Quemada, Mina Grillo, Mina Central, Mina Porrón, Mina Brecha, San Luquitas, y otros asentamientos que se encuentran en proceso de legalización. La Asociación de mineros ha denunciado reiteradamente las arbitrariedades de las empresas

13 Según cálculos de la multinacional Kedahda S.A, ésta solicitó la concesión de 1.163.000 hectáreas para trabajos de exploración y explotación de oro de los cuales ya se le ha otorgado en concesión 37.143 hectáreas y está por resolverse la solicitud sobre 1.126.531 hectáreas restantes. Sin embargo, no aparece ninguna licencia de exploración o explotación de esta empresa en el departamento de Bolívar, solamente aparece en INGEOMINAS dos licencias de explotación por parte del Gerente Suplente de la empresa Rafael Antonio Alonso Roa que suman unas 10 mil hectáreas y no las 37.143 que la empresa dice tener.

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multinacionales y la presencia de grupos paramilitares que han realizado masacres y ejecuciones selectivas de los dirigentes de organización, como la de su presidente Luis Orlando Camaño en 1997, en Aguachica (Cesar), tras participar en un foro minero donde denunció esta situación. Otras dificultades para los mineros del Sur de Bolívar se reflejan en las técnicas utilizadas en los sistemas de explotación de minerales por aluvión y por filón. Los medios para extraer el oro de la tierra y el barro son rudimentarios y la mayor parte de los frentes mineros son de subsistencia, tan sólo algunos se pueden considerar como de pequeña minería; en ellos los trabajos son artesanales y casi sin ninguna técnica, utilizando herramientas y equipos manuales. Para extraer el mineral, el material sacado de las minas es sometido a una trituración primaria que se ejecuta con molinos californianos, con grandes porras y macetas. Una vez triturado, el material es lavado para eliminar las arcillas y arenas, luego es pasado a los cocos donde se agregan cantidades de mercurio para realizar la amalgamación; todo este procedimiento se adelanta sin la observación de reglas mínimas de seguridad e higiene para los trabajadores. Realmente no se ha hecho ningún aporte externo significativo de tipo científico o técnico para explotar los recursos de esta zona minera, lo único que existe ha sido hecho por el conocimiento empírico de los mineros. El acceso a las minas de la Serranía de San Lucas es difícil, se realiza a lomo de mula o a pie. Con todo se han hecho esfuerzos importantes, como la construcción de una carretera de 30 kilómetros para el corregimiento de San Pedro Frío y el establecimiento de una cooperativa de transportadores a través de ASOAGROMISBOL. A pesar de estas iniciativas, los grupos paramilitares insistieron en frustrar los procesos populares de organización y trabajo de los mineros, bajo la mirada complaciente y abandono del Estado. En junio del 2000 paramilitares se tomaron San Pedro Frío y permanecieron allí por 56 días y dentro de este período destruyeron la maquinaria minera. Por otra parte, cabe anotar que los mineros apenas pueden aprovechar entre el 30% y el 50% del filón debido a la falta de tecnología y capacitación. La maquinaría destruida por los paramilitares en San Pedro Frío, eran equipos suministrados por entidades del Estado y el PNUD, para mejorar la extracción de oro. Toda esta persecución y victimización ha lesionado significativamente la capacidad organizativa de los mineros agrupados. Ante la imposibilidad de mejorar sus técnicas de extracción, comenzaron a cobrar fuerza los argumentos promovidos por Asocipaz y las multinacionales según los cuales la explotación minera “se efectúa por métodos primitivos y de bajo rendimiento; su impacto económico está tipificado por generar bajos ingresos, externalidades sociales negativas, así como un [...] grave deterioro ambiental” . La gran cantidad de dificultades descritas en cada uno de los sectores productivos del Sur de Bolívar conllevo a que los habitantes de la región se unieran bajo diferentes organizaciones sociales y productivas. No obstante, las organizaciones sociales han sido poco numerosas y perdurables debido a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus promotores, pues la defensa de los derechos humanos y el trabajo social siempre ha sido asociado por los intereses estatales a dinámicas subversivas. Este fue el tratamiento que recibió la Asociación de Campesinos del Sur

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de Bolívar que se conformó durante los años ochenta y que luego fue suspendida. Para 1999, el Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio contaba con el funcionamiento en el Norte y Sur de Bolívar, de 10 asociaciones de mujeres, 7 organizaciones culturales y 37 organizaciones productivas, entre las cuales, una de las más importantes era ASOAGROMISBOL (Asociación Agrominera del Sur de Bolívar)14.

PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS Presencia de grupos subversivos

Ejército de Liberación Nacional ELN El origen de este grupo está afiliado a las luchas sociales y políticas del Magdalena Medio, desde donde este grupo insurgente construyo un corredor hacia la Serranía de San Lucas. La primera incursión a la zona data de 1972 cuando el frente José Antonio Galán hizo presencia en la zona rural del municipio de San Pablo. “Este grupo estaba al mando de Fabio Vázquez Castaño, más tarde (1978), otro grupo al mando de Manuel Pérez Martínez se estableció en las cercanías de Morales. A partir de la década de 1980 se fundaron en esta misma zona estructuras militares y políticas más numerosas y estables como los frentes “José Solano Sepúlveda” y “Héroes de Santa Rosa”.”15

14 Mesa Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio. Plan de desarrollo y protección integral de los derechos humanos del Magdalena Medio, Barrancabermeja, Febrero de 1999. p. 150. 15 FONSECA, Daniel; GUTIÉRREZ, Ómar y RUDQVIST, Anders. Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: aproximación desde la economía política. PNUD – Asdi, Bogotá, abril de 2005. p.78.

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EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL ÁREA FRENTE MUNICIPIO

Héroes y Mártires de Santa Rosa

San Pablo, Santa Rosa, Simití y Morales

José Solano Sepúlveda Arenal, Morales, Simití, Regidor y Río Viejo

Darío de Jesús Ramírez Castro

Alfredo Gómez Quiñones Tiquisio

La Zona de Encuentro En el 2000 esta agrupación insurgente entro en un proceso de diálogo con el gobierno colombiano, la reunión inicial se realizó en Cuba, en se evaluaba la posibilidad de una mesa de negociaciones en una “zona de encuentro”, en la cual se diera un diálogo entre la población civil, la guerrilla y el gobierno; para tal fin se propuso que se estableciera una zona para las conversaciones con el ELN en el sur de Bolívar, ante tal situación los grupos paramilitares reclamaron los municipios de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches y San Pablo. Su negativa a una posibilidad de negociación provocó la dilación de las conversaciones y su posterior fracaso; y aunque la decisión tomada por el gobierno no encontró apoyo político, los paramilitares promovieron, e incluso obligaron a que se dieran protestas y movilizaciones contra la iniciativa gubernamental de otorgar una zona desmilitarizada. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC Este grupo apareció en la zona a mediados de la década de los 80s con el frente 24 en el municipio de Cantagallo, después hizo presencia el frente 37 en los municipios de Arenal y Morales.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia BLOQUE FRENTE MUNICIPIO Magdalena Medio 24 Simití, Santa Rosa, Morales,

Montecristo, San Pablo, y Cantagallo Caribe 37 Arenal y Morales

Ejército de Revolucionario del Pueblo ERP

Ejército de Revolucionario del Pueblo ERP COMPAÑIA MUNICIPIO Jaider Jiménez Santa Rosa, Tiquisio

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Grupos paramilitares

La presencia paramilitar en el sur de Bolívar obedece a varias razones, todas orientadas hacia un fin concreto y es abrir paso a las multinacionales para la explotación del oro que se encuentra en la serranía de San Lucas como se dijo anteriormente, además de consolidar un corredor nacional que una a Urabá con el Catatumbo, para lograr esto existen tres ejes geográficos de vital importancia por su ubicación geoestratégica en términos militares y económicos, constituyéndose estos en territorios en disputa: la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y la Serranía de San Lucas La intervención paramilitar en la zona estuvo representada por el grupo Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, quienes además de la labor de terror adelantada contra el campesinado, arremetieron fuertemente contra la resistencia que ejercían los mineros artesanales organizados a través de diferentes comités locales afiliados a Fedeagromisbol. Prueba de esto fue el asesinato en 1997 del Vicepresidente de la organización, el Presidente del Comité de Mineros de Río Viejo y más de 30 mineros, a manos de los grupos paramilitares, se suman a estos trágicos hechos las diversas masacres e incursiones a los municipios y veredas. Todos los mineros fueron señalados de colaboradores de la guerrilla por pretender

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defender la explotación de las minas para el pueblo que por tantos años las habían trabajado. El Bloque Central Bolívar es la estructura paramilitar que en los últimos años ha hecho presencia en el Sur de Bolívar, y es justamente este bloque el que ejerció el control del negocio del narcotráfico en la región. Este bloque es reconocido como la estructura paramilitar más grande del país -a mediados de 2004 se calculaba en 5.000 hombres su pie de fuerza- y tuvo presencia en 23 departamentos, principalmente en Santander, Putumayo, Caquetá y Nariño. A su vez, dicha agrupación es una de las principales integrantes del “proceso” en Ralito, toda vez que sus jefes son connotadas figuras del paramilitarismo y el narcotráfico: Julián Bolívar, anterior opositor a la zona de convivencia con el ELN; Lorenzo González Quinchía, alias Javier Montañés o “Macaco”; e Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, los tres, sentados a la mesa con el gobierno Uribe16. Los pobladores rurales fueron el principal sector golpeado en el Sur de Bolívar. En total, 233 campesinos fueron asesinados, 58 desaparecidos y 105 torturados; los principales responsables son miembros del ejército y paramilitares que actuando en forma conjunta azotaron la zona especialmente en los años de 1990, 1992, 1997 y 1998.

GRUPOS PARAMILITARES Y AUTODEFENSAS BLOQUE FRENTE MUNICIPIO BLOQUE CENTRAL BOLÍVAR BCB

Frente Sur de Bolívar FSB

San Pablo, Santa Rosa, Simití, Morales, Río Viejo, Arenal, Montecristo y Cantagallo

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)

Rioviejo

Salvatore Mancuso y Popeye Simití Autodefensas de Botero Tiquisio Los paramilitares entraron inicialmente a la región por el lado norte (Tiquisio, Rioviejo) hacia finales de 1996, principio de 1997, estos grupos provenían de la costa atlántica. Hacia 1997 hicieron la primera incursión por cerro Burgos, de allí se expandieron a San Blas, Monterrey(Simití), las sabanas de San Luis (Simití), Pata Pelada(Simití), las Ahuyamas (Simití); San Luis (San Pablo), Los Cahuises (San Pablo), No te pases (corregimiento de San Pablo), Cerro Azul, los helechales del paraíso, helechos del Boque, Pozo Azul, Bajo San Juan, Castrillón pozo Azul(San Pablo); en Cantagallo La Palua, Alto el Limón(Boca Yanacue), San Lorenzo; en Santa Rosa en el Casco Urbano (Hotel las Palmas), Buena vista, Pueblo Nuevo, Río Amarillo, El Roncador, San Juan de Río Grande, Las Brisas, San Isidro, Los Arrayanes, San Pedro Frío (tres meses con una base en 2000); Morales Alto los Pinos. En esta incursión iban pasando por los caseríos y en varios de ellos realizaron quema de viviendas, masacres, una de las modalidades más usada era asesinar a las a lo habitantes y luego decapitarlos para

16 Semana, “El misterioso avión”. Agosto de 2004, No. 1.162

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poner sus cabezas en los postes de los alambrados de los caminos. De allí se desplazaron a varios sitios donde implantaron bases, San Pablo, Monterrey y San Blas. “Subieron por la carretera de santa rosa, que va para las minas, a la serranía y de ahí en adelante por donde iban pasando, pueblo por pueblo quemaron los caseríos, se robaban la comida y las cosas de la gente, asesinaban, torturaban y señalaban a la gente de guerrilleros; y así le dieron la vuelta a la serranía, fueron a salir por el lado del cañón de Santa Domingo, eso hubo caseríos que quemaron varias veces como vallecitos y paraíso, esa ha sido una de las épocas de más terror en esta región.”17 Estos grupos instalaron sus bases en algunos lugares de la zona para poder ejercer un control militar y político y cometer Crímenes de Lesa Humanidad. Según un informe presentado por la Caravana Internacional por la vida estas fueron las bases que hallaron:

Corregimiento San Blas, del municipio de Simití: Está ubicado a una hora del casco urbano de Simití, permanecen en el caserío, allí tienen instalada una base de entrenamiento. Tienen presencia allí desde diciembre de 1998. Este es un sitio de concentración y desde allí se movilizan hacia Pueblo Gato, corregimiento de Santa Rosa, al corregimiento Monterrey de Simití, Al casco urbano de Santa Rosa, al corregimiento Pozo Azul, del municipio de San Pablo. También de allí se dirigen al casco urbano de Simití. Cuando hay operativos de la fuerza pública y la fiscalía, días antes, los paramilitares allí concentrados salen de esa base y la dejan vacía. El número de paramilitares que se calcula entre 80 y 500 de acuerdo a las acciones que vayan a desarrollar. El ejército nacional se encuentra a una hora de allí en el casco urbano de Simití, tiene presencia el Batallón Los Guanes. También allí se encuentra la policía nacional. Normalmente, el ejército nacional no desarrolla operativos hacia este corregimiento. En esta base opera el comandante Gustavo Corregimiento Monterrey del municipio de Simití: Allí se encuentra ubicada una base paramilitar desde febrero de 1999. Este corregimiento está a hora y media del casco urbano de San Pablo lo mismo que de Simití., que es un sitio de concentración, en donde se reúnen hasta 500 hombres, para moverse de allí hacia el corregimiento El Paraíso del municipio de Simití, hacia Cañabraval. Cuando los paramilitares tienen planeado algún operativo simultaneo en dos o tres sitios, el ejército se moviliza hacia los cascos corregimentales y desde allí apoyan las acciones de los grupos irregulares. Así mismo, cuando hay combates entre la guerrilla y los paramilitares, el ejército presta apoyo a estos últimos por medio de helicópteros donde les llevan material bélico. Los paramilitares se mantienen

17 Proyecto Colombia Nunca Más. Testimonio habitante de la zona.

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en el casco del corregimiento, sin embargo cuando llega el ejército, se corren a unos doscientos metros y allí se mantienen. El comandante de esta base es alias don Carlos y el segundo Barrabas. Se comenta de estos dos paramilitares llegaron de Urabá y al parecer el primero es un militar retirado. Corregimiento Buenavista del municipio de Santa Rosa del sur: La base se encuentra allí desde el año 2000, hay desde 50 hasta 200 hombres. Este corregimiento se encuentra aproximadamente dos horas del casco urbano del municipio. De allí se mueven hacia El Paraíso. Santa Rosa del Sur: en el casco urbano los paramilitares tienen presencia permanente desde principios de 1999. Allí se adueñaron de un inmueble. La casa está ubicada a escasos cien metros de la estación de policía del municipio. Allí funciona una oficina donde se mueve el negocio de la coca. En noviembre de 2001, a raíz del asesinato de dos estudiantes, la población se levanto contra los paramilitares, le quemaron algunos enseres y retuvieron a tres paramilitares, los que fueron arrebatados a la comunidad por parte del ejército y la policía. A los líderes de esta protesta posteriormente les toco pagar unos 70 millones a los paramilitares por los daños ocurridos en la casa mencionada. Es de anotar que en Santa Rosa hay presencia de la policía, el ejército. San Pablo: en este municipio los paramilitares se mantienen de civil, tiene compras de coca en el barrio nuevo y expenden los insumos para su procesamiento. Allí hay presencia de ejército y policía. Sitio No Te Pases: queda a una hora de San Pablo, allí hay una base paramilitar permanente desde principios del año 2000. En algunas ocasiones ha sido desocupada temporalmente debido a enfrentamientos con la guerrilla. Allí se mantienen unos 150 paramilitares y cuando van a actuar se concentran hasta unos 500 para salir de allí hacia El Paraíso, Cañabraval, Montecarmelo, Vallecito.

Fuerza Pública Entre las unidades militares que han actuado en el Sur de Bolívar se destaca el batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada, pero es la Brigada Móvil No. 1 que adelanta operativos contrainsurgentes en la zona, la principal responsable de crímenes de lesa humanidad en esta región en el período 1966-1998. A partir de 1991, se incrementa de manera importante la acción conjunta entre paramilitares y fuerzas militares, que vinculan de forma directa a los hombres de las Brigadas Móviles No. 1 y 2, y del Batallón Nueva Granada, así como a los miembros de la policía. Estas acciones no cesaron durante toda la década y por el contrario, con el paso de los años, fueron más devastadoras.

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FUERZA PÚBLICA MUNICIPIOS

Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Antonio Nariño

Tiquisio, Arenal

Batallón Contraguerrilla No.45 Héroes de Majagual

Arenal, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo y Cantagallo

Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada

Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Cantagallo

Batallón de Artillería Nº 5 José Antonio Galán

Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo

Brigada Móvil No. 1

Regidor, Río Viejo, Montecristo, Tiquisio, Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo y Cantagallo

Brigada Móvil No. 2

Regidor, Río Viejo, Montecristo, Tiquisio, Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo y Cantagallo

Infantería No. 40 General Luciano D’elhuyer

Regidor, Río Viejo, Montecristo, Tiquisio, Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo y Cantagallo

Batallón Los Guanes Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo

FUENTE: Proyecto CNM, 2006

PROCESOS ORGANIZATIVOS Y SUS LUCHAS

CAMPESINOS En la región sur del departamento de Bolívar la política estatal de persecución, exterminio y establecimiento de un modelo totalitario ha victimizado al conjunto de la población, especialmente a los miembros de las organizaciones naturales de la región, conformadas por los pobladores para intentar construir unas alternativas de vida digna, de satisfacción de necesidades básicas y de fortalecimiento de un tejido social basado en el respeto a la cultura, la tradición, las formas de producción y las relaciones equitativas entre ellos y con el resto de la nación. Los pobladores del sur de Bolívar históricamente han construido todo tipo de organizaciones: comités cívicos, juntas de acción comunal, comités deportivos, comités de mujeres, asociaciones de productores y en el último período (1998-2001) organizaciones para la defensa, protección y promoción de los derechos integrales de la población; entendidos estos derechos no solo como los civiles y políticos, sino incluyendo y dándole gran importancia a los derechos económicos, sociales y culturales. En su desarrollo organizativo y debido a la agresión de la que han sido víctimas durante todo el periodo, los pobladores han comprendido que estos son indivisibles e inalienables, que los primeros no tienen sentido sin los segundos y viceversa.

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Juntas de acción comunal, comités y las asociaciones Las primeras expresiones organizativas que se tuvieron en está región de colonización reciente fueron las juntas y asociaciones comunales y los comités deportivos, de mujeres, culturales, de jóvenes, etc., a través de los cuales se realizaban eventos que permitieron que los pobladores construyeran poco a poco la infraestructura con que los municipios cuentan. “La gente convocaba Mingas, mano de vuelta para construir sus viviendas, las calles, las escuelas, etc. En cada pueblo se organizaban bazares y venía gentes de otros caseríos y así se conseguían fondos para construir lo que la comunidad necesitaba. En esa época yo recuerdo que si había solidaridad, entre pueblos y comités se hacían donaciones, existió una fundación llamada Cléber, se llamaba así por que el fundador era un sacerdote francés Clemente Cléber, el ayudaba mucho a la comunidad creó fondos para capacitar a la gente y para la inversión social… el Estado, no, ese siempre ha sido el gran ausente, casi todo lo que hay en los pueblitos lo ha construido la misma comunidad.”18 LA ANUC-UR EN LA REGIÓN Uno de los pilares fundamentales en el proceso de Organización Social en la región fueron las Asociaciones y Corregimientales, estos se articularon a las luchas y reivindicaciones y se constituyeron la Asociaciones Municipales de Usuarios San Pablo quien fuera su primer presidente Eladio Cárdenas, esta municipal se articulo a la regional de la Asociación Usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción en Barrancabermeja quien jugo un papel importante en toda la región de Yondo- Antioquia, Sur del Cesar, Sur de Magdalena ,Sur de Bolívar , Santander del Sur y Norte de Santander, pues junto con otros sectores como el Movimiento A Luchar, organizaron y coordinaron movilizaciones de gran envergadura como el Paro del Nororiente. Está organización de carácter nacional fue significativa en la construcción y el fortalecimiento de lo que hoy se conoce como el proceso de las organizaciones del Sur de Bolívar. Igual se Constituyo la Primer Asociación Minera de San Pablo coordinada por José David Luna y Simiti –Cesar Torres, juntado luchas comunes, acciones reinvidicativas, años mas tarde se Construiría la Casa Campesina y Minera de San Pablo a través de la Movilización Campesina. MOVIMIENTO CULTURAL BENKOS BIOHO.

La larga historia de lucha del pueblo colombiano contra la discriminación y la intolerancia tiene antecedentes, tanto en la resistencia de los aborígenes desde mediados del siglo XVI, como a comienzos del siglo XVII en la rebeldía de los africanos esclavizados por los españoles. Como una parte de esa herencia y ejemplo nos quedó el palenque de San Basilio, fundado por Benkos o Domingo Bioho quien, luego de escapar de Cartagena de Indias con medio centenar de sus compañeros, encabezó la mayor rebelión de esclavos, a comienzos del siglo XVII.

18 Testimonio habitante de la región, Base de Datos Proyecto Colombia Nunca Más.

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Se dice que Benkos Bioho era un rey etiope, quien como otros fue cazado para venderlo en el mercado de Cartagena, destino del cual huyó mostrando con ello gran dignidad al preferir enfrentarse a las desconocidas selvas americanas antes que permitir que lo cambiaran por unas cuantas monedas como si fuera una bestia.

Este ejemplo de libertad, coraje, invito al sur a constituir este Movimiento Cultural, para recoger toda su lucha de trabajo intercultural en los años 90, retomando las poblaciones ribereñas, su ideosincracia, por la recuperación de su voz, la palabra, etnia, sus bailes, cantos, organización, realizándose en San Pablo este Encuentro Regional de Palenques, escritores, artistas, historiadores, comunidades dentro del marco del Festival del Río Magdalena. Logro converger a muchas iniciativas culturales, organizativas, e invitando al intercambio de conocimientos y sabidurías afro colombianas en la región, movimiento este, que años mas tarde seria marcatizado, perseguido por toda la arremetida paramilitar, siendo su lideres obligados a salir de la región y siendo relacionados por su nombre con el Frente Benkos Bioho del ELN, que opera en el departamento del Choco. FEDEAGROMISBOL FEDEAGROMISBOL es una organización gremial, que agrupa a los mineros y productores agrícolas de todos los municipios del sur de Bolívar. Nació a mediados de los años 90, con el nombre de Asociación Agrominera del Sur de Bolívar – ASOAGROMISBOL, cuando a raíz de la problemática que afectaba a los mineros, los productores de café y los agricultores en general, decidieron asociarse para juntos enfrentar la crisis agropecuaria que afectó al país, reclamando mayores garantías para la producción y mercadeo de sus productos; para enfrentar de manera organizada los intereses económicos multinacionales que buscaban apropiarse de la riqueza aurífera con que cuenta la región y que tradicionalmente ha sido explotada por los pobladores de ésta. Sus objetivos, sin embargo, no se limitan al aspecto reivindicativo. Fedeagromisbol contempla dentro de sus objetivos, la necesidad de adelantar un proceso de educación con los pobladores que conduzca a que tanto mineros como agricultores desarrollen nuevas formas de explotación del oro y producción agrícola que no agoten la tierra, sea por la vía de la desertificación en el caso minero o por la vía de los monocultivos en el caso de los productores agrícolas. Fedeagromisbol ha jugado un gran papel en las luchas que los pobladores de la región han emprendido para reclamar la satisfacción de sus necesidades básicas y el respeto a los derechos fundamentales de los pobladores. La Federación ha sido protagonista de primer orden en las diferentes movilizaciones realizadas en la región: la de 1996 a Cartagena, la de 1997 a San Pablo y el éxodo campesino de 1998 a Barrancabermeja, San Pablo y Bogotá. Además ha liderado la lucha en contra del nuevo código minero de Colombia, que arrebata de un plumazo, los derechos de propiedad que sobre las minas han tenido históricamente los pequeños mineros que las explotan. ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA

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La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra que agrupa 120 juntas de acción comunal de Yondó, Cantagallo, San Pablo, Remedios, corregimiento Ciénaga del Opón de Barrancabermeja en el Magdalena Medio, áreas donde el INCORA adjudicó algunas fincas y baldíos. Mesa Regional de Trabajo Permanente por la Paz en el Magdalena Medio Nació como producto de los acuerdos firmados entre los voceros del éxodo campesino y el presidente de la República Andrés Pastrana Arango el 4 de octubre de 1998. Se creó como el instrumento mediante el cual los pobladores harían seguimiento al cumplimiento o no que el gobierno nacional diera a los acuerdos. Se encargó de coordinar todas las labores de elaboración del Plan Integral de Desarrollo para el magdalena medio, definido como la forma mediante la cual se pudiera iniciar un proceso de resolver los diferentes problemas que afectan a los pobladores de la región, tanto en la satisfacción de necesidades básicas, como en el respeto a la vida e integridad física de la misma. La Mesa Regional ha desplegado una gran actividad en este sentido, llamando de manera permanente, al cumplimiento de los acuerdos de parte del gobierno nacional y denunciando a nivel regional, nacional e internacional las múltiples formas de criminalización a todos los participantes en el éxodo, independientemente de que hubieran tenido algún papel de vocería o no en el mismo. Durante los dos últimos años, la Mesa Regional ante la gravísima situación humanitaria y de derechos humanos que afrontan los pobladores, centró su labor en la denuncia de los asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, bloqueos, fumigaciones, señalamientos y desplazamientos que han concretizado la aplicación del Plan Colombia en la región. Igualmente promovió la construcción de las Comunidades en Resistencia por la Vida, como alternativa para que desde los mismos pobladores se desarrollen nuevas formas que les permitan superar esta grave crisis. Toda esta actividad tuvo su impacto tanto a nivel nacional como internacional, la situación de la región sur de Bolívar se conoció públicamente y las expresiones de solidaridad y apoyo se hicieron sentir desde diferentes partes del país y del mundo. Esto tuvo sus costos, ya que no solo se persiguió y victimizó a los miembros de ésta que estaban en la región, sino que tres de sus representantes que permanecían en Barrancabermeja en labores de vocería, interlocución y denuncia, fueron judicializados por el delito de rebelión. Zonas de Reserva Campesina ZRC La Zonas de Reserva Campesina (ZRC) fueron creadas por la Ley 160 de 1994 como una alternativa frente a la exigencia de los campesinos de una reforma agraria, que buscaba parar la concentración de la tierra y recomponer el campesinado tan fuertemente golpeado y desplazado. No obstante, sólo hasta 1997 se logró activar está figura con las marchas campesinas del sur del país. El sur de Bolívar es una de las zonas donde se han propuesto dos reservas; la ZRC del Valle del Río Cimitarra,

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que está ubicada en los municipios de Cantagallo, San Pablo (Bolívar) y Remedios y Yondó (Antioquia) creada mediante la resolución 028 de 2002 y decretada por el Incora en Diciembre de 2003 y la ZRC de Morales – Arenal creada mediante el decreto 1777, resolución 054, en julio de 1999 se formalizó su existencia con un área de 29.100 hectáreas y cerca de 12.500 habitantes (2100 familias).

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CASOS Para la exposición de los casos de Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el sur de Bolívar, se han tomado tres periodos: el primero 1966-1982; el segundo 1983-1994; y el tercero de 1995-2001. Esta periodización se hizo tomando en cuenta la historia de la región del sur de Bolívar y los procesos de movilización y resistencia que las comunidades han adelantado, donde podemos observar que la comisión de crímenes de Lesa Humanidad ha estado en gran parte dirigida a perseguir y exterminar los procesos organizativos en la región, destruir el tejido social, con el animo de imponer un modelo de desarrollo social y económico, en el cual tienen amplia cabida el establecimiento de megaproyectos y multinacionales en la zona. 1966 – 1982 Los CLH cometidos en la zona durante este periodo de tiempo, se cometieron principalmente en los municipios ubicados en la ribera del río Magdalena, es de tener en cuenta que en este periodo de tiempo, hacía presencia la multinacional petrolera Shell Cóndor en el municipio de Cantagallo, que contrario a las expectativas de los pobladores de que se diera un desarrollo en la zona, la empresa llegó estableció sus campos y no generó ningún tipo de inversión. Sin embargo, el sindicato19 de esta petrolera, Sintrashell, libro varias luchas que sobrepasaban las reivindicaciones gremiales, entre las cuales estaban las de solicitar la inversión social por parte de la empresa y gracias a la presión “en 1963 la Shell transfirió al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA-la hacienda El Tigre, propiedad de la concesión Yondó y que tenía una extensión de 1.766 Hectáreas. Los terrenos debían ser parcelados y distribuidos entre los campesinos residentes en las veredas y los de la concesión Cantagallo donde tenían problemas similares. Lo particular de esta acción aparentemente generosa, era que los terrenos entregados para parcelar estaban ubicados en un área no requerida en los trabajos de explotación de la concesión.”20

Hacia el año de 1975 la Shell ya había reducido su planta de personal y únicamente se encontraban los encargados del mantenimiento de los pozos que se encontraban produciendo y de alguna maquinaria.

Cuando la petrolera revirtió la concesión al Estado, ECOPETROL no quiso hacerse cargo de los bienes dejados por esta; motivo por el cual el ejército acepto la labor e instaló allí el Batallón Nueva Granada. Esto significó para la población una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército.

Los primeros indicios de represión popular El primer registro de crimen de lesa humanidad que tiene el Proyecto CNM en el Sur de Bolívar es el asesinato a garrote del dirigente campesino JUAN PAJARO en el mes de agosto de 1967 en terrenos de la Concesión Shell, ubicados en el entonces corregimiento de Cantagallo, municipio de San Pablo. Años después, el 9 de

19 En el medio sindical eran conocidos como los shelleros, para ver más información acerca de la Shell remitase a los textos, CNM zona 14 y un mundo que se mueve como el río. 20 CNM. Colombia Nunca Más crímenes de lesa humanidad Zona 14ª tomo II. P pendiente la página.

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diciembre de 1973, se registró en San Pablo la detención, tortura y judicialización del estudiante JORGE ROSERO VALDERRAMA, quien fue torturado mediante aislamiento e incomunicación, plantón y privación de alimentos y posteriormente trasladado a las instalaciones de la V Brigada. El mismo día en el mismo municipio fue arbitrariamente detenida SOFÍA MOLINA DE BRIGARD, por miembros del ejército pertenecientes a la V Brigada. En marzo de 1974, en el corregimiento Arenal del municipio de Cantagallo, fue asesinado el campesino CALIXTO MESTRA VERTEL. El 11 de junio de 1974, los miembros de la estación de policía del mismo municipio, asesinaron al señor CECILIO MARTÍNEZ. En febrero de 1976, ante los continuos enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla se decretó el toque de queda en los pueblos de Simití, San Pablo, Morales y Remedios, militarizando toda la zona del Magdalena Medio y ejerciendo un estricto control sobre sus habitantes21. Este excesivo control militar permitió la ejecución de varios abusos y crímenes contra la población civil. Ejemplo de esto fue lo que le ocurrió en mayo de 1976 al militante político MAXIMILIANO BAUTISTA, quien fue detenido por miembros del ejército, torturado mediante aislamiento e incomunicación, amenazas, privación de alimentos, e interrogatorios prolongados. En mayo de 1976 en el municipio de Simití, miembros del ejército Nacional, asesinaron al campesino JOSÉ MANUEL ALARCÓN. En julio de 1976, el campesino LUIS HERNÁNDEZ fue detenido arbitrariamente por miembros del ejército Nacional en el municipio de San Pablo y sometido a torturas y tratos crueles; le pusieron capuchas o capirotes (prendas que impiden la visión del detenido con el fin de desorientarlo e impedir la identificación de los victimarios), y le profirieron varios golpes, posteriormente fue judicializado e investigado, con base en las confesiones arrancadas con la tortura. El 5 de noviembre de 1976, en el sitio conocido como La Azul, zona rural del municipio de Río Viejo, el maestro GUSTAVO YEPES fue detenido arbitrariamente, por miembros de la policía de este municipio. En el mismo sitio fue detenido, el 25 de marzo de 1977, el campesino JESÚS SAN JUAN, también por miembros de la policía. El 21 de enero de 1977, el campesino GILDARDO DE JESUS IBARRA de 32 años, fue detenido con limitación de garantías procesales y torturado por miembros del ejército. Gildardo fue sometido a amenazas, golpes y plantón y su residencia allanada ilegalmente. Posteriormente fue recluido en la cárcel de Bucaramanga. Desde finales de los años setenta se registró contra los campesinos de San Pablo “la más cruda represión por parte del ejército como fruto de una política tendiente a sembrar el terror y la intimidación permanente del pueblo para ponerlo bajo control total de los militares”22. Entre las medidas para controlar e intimidar a la población está la militarización de las cabeceras municipales, el racionamiento de la comida, la imposición de salvoconductos y el establecimiento de campos de concentración en

21 VILLEGAS ARANGO, Jorge y otros. Libro Negro de la Represión: 1958-1980, Bogotá: Fundación para la Investigación y la Cultura, 1980, p. 202. 22 VILLEGAS ARANGO, Jorge y otros. Op Cit. p.159.

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Santo Domingo donde se encerraba a los campesinos que llegaban al mercado para atemorizarlos e interrogarlos. La persecución contra la población de San Pablo continuó en los años ochenta. El 14 de marzo de 1981 LISANDRO PEÑA, habitante y campesino de dicho municipio fue asesinado por oficiales del ejército. El 15 de marzo de 1981 fueron asesinados los campesinos BALDOMERO FLOREZ GARCÍA, JOSÉ DE JESÚS BARBOSA y SIMÓN ALDANA. Los habitantes del pueblo reconocieron a sus asesinos como miembros del ejército. El 6 de enero de 1982, en la vereda Cañabraval, del mismo municipio, fueron asesinados por miembros del ejército, los campesinos ÁNGEL ORTEGA, FELIPE SOTO y MANUEL SUÁREZ y un hombre conocido como “El Cachas”. Oficialmente se afirmó que estos campesinos habían sido dados de baja en combate. El 23 de marzo de 1982, fue desaparecido forzadamente el concejal por el Partido Comunista de Colombia, RAFAEL PEDRAZA. La mayoría de los crímenes que cometía el Ejército y organismos de inteligencia del Estado que actuaban de civil, los perpetraban cubriendo sus rostros para evitar ser identificados.

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1983 – 1994 En el periodo comprendido entre 1982 y 1994, los sectores victimizados se diversificaron y se ampliaron hacia los líderes políticos y participantes de organizaciones con propuestas alternativas a las del bipartidismo, quienes serían objeto de ataques y agresiones. En muchas ocasiones los crímenes eran cometidos bajo la complicidad de las autoridades territoriales que en pocos y en contados casos se manifestaron frente a las arbitrariedades y la imposición de una cotidianeidad de desasosiego, promovida por las fuerzas armadas en la región. Dos ejemplos de esto fueron los asesinatos de los líderes EDUARDO ROLON, militante político del MOIR, dirigente cooperativo y sindical, y HERIBERTO MARTINEZ activista de la UP, asesinados en el casco urbano de San Pablo, el primero el 1 de julio de 1985 y el segundo el 6 de diciembre de 1986. Las formas de intervención del Estado en el conflicto armado fueron evolucionando tanto en la región del Sur de Bolívar como en el resto del territorio nacional; se pasó de la acción estrictamente de las fuerzas armadas a las acciones encubiertas y la utilización de grupos de civiles armados, operatividad encaminada a perseguir y agredir a los pobladores de las zonas donde la insurgencia tenía presencia. El período que comprende el final de la década de los ochenta, coincide con un notable incremento de los homicidios llevados a cabo por el grupo paramilitar denominado Autodefensas Unidas de Colombia. El accionar de estas estructuras paramilitares se concentró en territorios donde los narcotraficantes fueron adquiriendo propiedades, principalmente en lo que comprende el centro y sur del Magdalena Medio23. La justificación del gobierno nacional frente al proyecto paramilitar, específicamente para el sur de Bolívar, obedece a que “las autodefensas buscan disminuir la capacidad financiera, limitar las operaciones logísticas y reducir las bases de apoyo de la guerrilla, para debilitar su capacidad militar”24. Es claro que este tipo de reconocimiento prácticamente justifica la acción paramilitar. Los asesinatos y hostigamientos a la población resultan absolviéndose pues con ellos se estaría buscando la desarticulación de las redes de apoyo “que le han permitido a la guerrilla llevar a cabo los secuestros y extorsiones en las zonas planas, generalmente donde tienen lugar las economías más dinámicas”, de manera que en la versión oficial toda la población y sus dirigentes políticos, cuando no son instrumentados por el paramilitarismo, constituyen las redes de apoyo de la insurgencia y como tal se “explica” su exterminio25.

23 Por la información recogida a través de las fuentes del CINEP & JUSTICIA Y PAZ se concluye que 1988 fue un año extremo en el índice de asesinatos realizados por las estructuras paramilitares en todo el país. Los datos de la Oficina de Paz de Presidencia, por el contrario, señalan el índice más alto en el año 1991. 24 Panorama actual del Magdalena Medio. Programa Presidencial de DDHH y DIH. Op. cit. 25 Para los analistas al servicio de la Presidencia el asesinato y expulsión de alcaldes, concejales y dirigentes políticos de las localidades, que de fondo busca el control de las estructuras de poder local, se explica simplemente por que el paramilitarismo ha “buscado en los últimos veinte años neutralizar la capacidad de las guerrillas para desviar recursos de los municipios. Al argumento subyace la idea de que los alcaldes y demás representantes a los cuerpos de poder local son parte del apoyo logístico de las guerrillas. Ibid, p.9.

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Entre los antecedentes de la ofensiva paramilitar sobre la subregión del Sur de Bolívar se encuentra la formación del MAS en 1981, que dirigió sus acciones de terror y muerte a lo largo de los años ochenta, de preferencia hacia los líderes cívicos y sindicales locales más que a las guerrillas con presencia en la zona26. Aquí debe resaltarse la participación de grandes terratenientes de la región en la conformación de estructuras paramilitares, quienes las utilizaron como herramienta de fuerza para extender sus propiedades y proteger sus intereses amilanando a la población en general. Las Primeras Marchas: La marcha hacia Cartagena en 1985 Las primeras movilizaciones de los campesinos del sur de Bolívar estaban orientadas al reconocimiento por parte del gobierno central y regional de las necesidades de la región para que se brindaran respuestas estructurales que mitigaran el abandono por parte del estado. Una de las primeras movilizaciones de la que se tiene registro es la marcha que realizaron el 29 de junio de 1990 alrededor de 7.000 campesinos de los municipios de Río Viejo, Santa Rosa, Pinillos, Morales, Simití y San Pablo, reunidos en la Coordinadora Campesina del sur de Bolívar, hacia la ciudad de Cartagena. El eje central de esta marcha fue exigir la presencia del estado a través de la prestación de servicios básicos como educación, salud, acueducto y alcantarillado, electrificación rural, crédito agropecuario, la construcción de infraestructura para la comunicación y comercialización de los productos y el derecho a la vida. Para ese momento el desarrollo de las operaciones militares incluía la presencia de civiles que generalmente ocultaban su identidad, encargados de facilitar información sobre los movimientos de los diversos sectores que actúaban en la región. En no pocas ocasiones, muchos de los informantes al servicio de las fuerzas armadas aprovechaban su labor para saldar viejas rencillas, ocasionando la muerte o tortura, entre otras agresiones, a campesinos sin ningún vínculo con la insurgencia. Al mismo tiempo, múltiples asesinatos fueron cometidos en patrullajes efectuados sin el porte de distintivos; este mecanismo de impunidad acentuó las tensiones que se venían produciendo en la región, la respuesta del sector campesino estribó en denuncias y movilizaciones masivas hacia los centros urbanos de los municipios y el traslado hasta la capital del departamento, para exigir el respeto a sus vidas y mayor atención a las necesidades de infraestructura de las que adolecía en ese momento la subregión.

1985: marchando hacia Cartagena PREGUNTA: ¿Y esas marchas que empiezan a hacerse hacia Cartagena, fueron efectivas? ¿Por quienes estaban impulsadas? RTA: Inicialmente las marchas que se dieron a Cartagena, el objetivo primordial era pedir reivindicaciones en inversión social, que se hiciera inversión social en carreteras, escuelas, puestos de salud, colegios, en fin que 26 Ver ROMERO MEDINA, Amanda. Magdalena Medio. Luchas Sociales y violaciones a los derechos humanos 1980-1992. Bogotá: Corporación Avre, 1994.

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hubiera infraestructura porque no había ningún tipo de infraestructura en ninguno de los campos, mucho menos electrificación, mucho menos telefonía, esto nace porque había, hubo también la coordinadora campesina que fue la que agrupo en determinado momento todo el sur de Bolívar, que también vale decir que fue una organización aniquilada por la fuerza publica. PREGUNTA: ¿Además de esa coordinadora campesina, por ejemplo los mineros estaban organizados, los pescadores estaban organizados, o la coordinadora aglutinaba a toda esta gente? RTA: En gran parte la coordinadora aglutinaba se puede decir que a todo el mundo (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción -Parmenio Herrera, presidente-, Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal -Oscar Vidales-, Comités femeninos, entre otros), pero independientemente de eso cada sector tenía su organización, están los pescadores, agricultores, en pequeños ganaderos, los mineros también tenían su organización, regularmente había comités en cada una de las minas, regularmente había un comité de mineros por su necesidad de ellos organizar el trabajo en cada región, zona donde están. PREGUNTA: Tú hablabas que esta coordinadora campesina fue posteriormente aniquilada. ¿Esto sucede en que momento, posterior a las marchas que se realizan a Cartagena? ¿Cómo es el mecanismo de aniquilación de estos líderes? RTA: Después de la marcha de Cartagena se comienzan a producir en algunos líderes amenazas y la gente tiene que irse, algunos fueron amenazados muy duro y tuvieron que abandonar la región para salvar la vida, algunos otros fueron asesinados. PREGUNTA: ¿Tienes algún recuerdo de algún caso en especial de esa época? RTA: Hay un caso de un compañero Elías María, era un dirigente en Puerto Rico (Tiquisio Nuevo), él fue amenazado, la casa fue incendiada, por personal de la quinta brigada que estuvo en la zona y a él le toco exiliarse, él está fuera del país, era un dirigente muy activo, bastante consecuente con las comunidades y a él le toco salir del país. En Colombia el caso del sur de Bolívar se puede decir que era un caso único donde se inician ese tipo de marchas con tanta contundencia y el Estado comienza a mirar que allí se está gestando un movimiento bastante serio de parte de las comunidades, ese es el objetivo por lo cual el estado comienza a golpear a las comunidades. PREGUNTA: ¿Quiénes son los responsables de esos crímenes de lesa humanidad? RTA: El ejército.

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FUENTE: Testimonio CNM. Base de Datos. Desconociendo los acuerdos contraídos con los campesinos, el gobierno departamental persistió en el desprecio y olvido institucional, agravando los hostigamientos y avalando las primeras expresiones paramilitares en la región. En medio de este panorama, el establecimiento de una cotidianidad policiva, produjo que gran parte de las costumbres de la población rural de esta región del país, variaran progresivamente, tras el régimen de miedo-obediencia- muerte que las fuerzas militares y de policía sembraron.

La marcha a Cartagena de 1985

“A medida que las comunidades se fueron creciendo, se fueron aumentando. Ya vimos como que las necesidades en las décadas de los 80’ y 83, y las necesidades de bueno que, teníamos que hacer algo, que nos teníamos que organizar porque ya la juventud –o sea- la población iba aumentando y por lo tanto –pues-, fue como vimos la necesidad de que aquí necesitábamos escuelitas, necesitábamos vías de comunicación, necesitábamos puesticos de salud, en fin todo una cantidad, una cantidad de necesidades básicas para un desarrollo de un pueblo que apenas comenzaba, ya que teniendo en cuenta –pues- desde ese momento –pues- el Estado o más bien -o sea- como que el Sur de Bolívar no figuraba dentro de la geografía no, para el Estado, una región prácticamente olvidada, que no pues; primero que todo no había muchos habitantes, bueno –entonces- partir de las marchas ya del 83 que salimos hacia Cartagena –o sea- sale una delegación, como para poner ese punto de vista, se comienza como con las reivindicaciones sociales – no- en la región ya esto fue la marcha del 85, debido al abandono estatal, debido a que no habían oportunidades para nosotros, emprendimos la marcha hacia Cartagena en el 85 donde vimos aproximadamente más de 20.000 campesinos, en Cartagena allí logramos peliar por decirlo así con el Estado, -eh- que algunos pueblitos, algunos municipios hoy en día como es: San Pablo, Simití, Santa Rosa tenga los poquitos servicios que tienen, lo que tiene que ver con luz, puestos de salud, e igualmente para los corregimientos lo que tiene que fue Monterrey, San Blas, Pozo Azul –o sea- todo esto ha sido a costa de la lucha de diferentes marchas, diferentes movilizaciones sociales, que se han dado en la región – o sea - no ha sido fácil tener de pronto lo que hoy mas o menos tenemos o teníamos” “En el 86 es donde ya salimos, a una marcha a San Pablo-Bolívar, a Barrancabermeja, Morales o sea salen todos, compañeros del Valle del Cimitarra también que se me pasan por alto, salimos a protestar por mejores oportunidades –o sea- por una infraestructura en la región, -y- y se logró pelear con ellos, se llego a unos acuerdos, en San Pablo se hicieron los acuerdos, el Estado dijo no –pues o sea- nosotros queríamos en ese entonces, exigíamos la presencia del Estado pero no con medidas represivas, como las que tenemos hoy en día, queríamos presencia del Estado pero en inversión social -si-, lo que tiene que ver con carreteras, puestos de salud, con todo ese tipo de cosas que necesitábamos, pero no fue así, tuvimos presencia del Estado, fue a través de la represión militar en la zona, porque en ese momento –ósea- a partir de la marcha del 80, del 83, y del 86, comienzan a matar compañeros líderes, -si o sea- se desata una muerte de compañeros –o sea- unas

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muertes selectivas en la región, y fue que muchos compañeros se echaron a callar.....” FUENTE: Testimonio 0550002 CNM. Base de Datos.

Paros cívicos realizados entre agosto de 1982- agosto de 1990

FECHA MOTIVO MUNICIPIO Junio 8 de 1983 Educación y vías San Pablo Junio 7 de 1987 Desarrollo regional San Pablo, simití,

Santa Rosa del Sur, se dirigió hacia Barrancabermeja.

Fuente: Conflicto Armado y configuración regional. El caso del magdalena medio.

Tomas y movilizaciones cívicas realizadas entre agosto de 1982- agosto de

1990

FECHA MOTIVO MUNICIPIO Octubre 27 de 1988 Energía Simití

Fuente: Conflicto Armado y configuración regional. El caso del magdalena medio.

SAN PABLO El modelo represivo utilizado en este municipio se caracteriza por un amplio período de crímenes cometidos por militares quienes obraron bajo la protección institucional al considerar esta población como un área de amplia influencia guerrillera. De este modo, fueron los pobladores rurales quienes sufrieron mayoritariamente las agresiones de la Fuerza Pública, las cuales iban desde detenciones arbitrarias hasta torturas, asesinatos, desapariciones, bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, prueba de ello fue lo ocurrido el 17 de noviembre de 1984, agentes de la estación de policía de San Pablo detuvieron y desaparecieron al campesino JOSÉ RAMÓN PARRA CRUZ y a otro HOMBRE de quien no se pudo establecer su identidad. Hechos como estos obligaron a los pobladores a realizar movilizaciones hacia los cascos urbanos e incluso hasta Barrancabermeja y Cartagena, buscando protección y exigiendo el cese de las acciones militares indiscriminadas En la segunda mitad de los años ochenta continuaría la oleada de violencia. Durante los años de 1988 y 1989 se modificaron las modalidades represivas del establecimiento contra los habitantes de San Pablo. Fue precisamente en el curso de ese año cuando los paramilitares comenzaron a incursionar en la población, implementando la mal llamada “limpieza social”, utilizada por estos grupos para posicionarse ante la comunidad al legitimar su accionar con la idea de protección a la población. Protección, que pasó rápidamente de perseguir a supuestos delincuentes e indigentes a exterminar a supuestos guerrilleros, líderes sociales y políticos y en general a adelantar una “guerra sucia” legitimada con la etiqueta de lucha contrainsurgente en estrecha colaboración con las fuerzas armadas.

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En medio de la presión ejercida por las fuerzas militares como respuesta a las marcha a Cartagena el 30 de junio de 1985, el labriego MISAEL ROJAS fue asesinado por una banda de hombres fuertemente armados, que irrumpieron en su finca Altoviento; al siguiente mes, el 4 de agosto, esta banda regresó y asesinó a su hijo MISAEL ROJAS LACHE quién trabajaba la tierra junto a su padre. El 31 de octubre de 1985 con los campesinos JESÚS GARCÍA ROPERO y WILFREDO MANRIQUE, quienes fueron detenidos y torturados por miembros del ejército en San Pablo. Tres meses después de la marcha de Cartagena, el 29 de septiembre de 1985, DOS CAMPESINOS fueron detenidos por miembros del ejército de contraguerrilla en San Pablo. Los militares, con el pretexto de adelantar estos operativos en varias veredas venían deteniendo e imponiendo drásticas restricciones a los campesinos, por este motivo más de 5.000 pobladores rurales realizaron una marcha hasta el casco urbano y luego de recibir la promesa de levantar el cerco militar y liberar algunos de los detenidos, regresaron a sus parcelas. A finales de ese mismo año, en noviembre 25, TRES CAMPESINOS fueron detenidos en medio de un operativo realizado por tropas del Batallón Nueva Granada, de la Brigada XIV y de la Flotilla Naval de la Armada. Los militares iniciaron un operativo contra el campesinado de este municipio, así como del de Yondó (Antioquia) y Puerto Wilches (Santander), iniciándose un masivo éxodo hacia Barrancabermeja, a donde el 1 de diciembre llegaron más de mil campesinos y otro tanto fueron retenidos por el ejército en Cantagallo. Luego de varios días de diálogo con representantes del gobierno, los agricultores regresaron a sus parcelas con varias promesas, entre ellas que cesaría el hostigamiento. En 1988, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpieron en el corregimiento de Pozo Azul el 11 de enero, asesinaron a 7 personas, entre las que se encontraban los campesinos LUIS HERRERA ARIZA, JAIRO CAUTIAR, RAMÓN BOCANEGRA, ALBERTO MANTILLA, el inspector de policía SEGUNDO MUÑOZ y DOS PERSONAS más. Dos meses después, el 20 de marzo de 1988, un JOVEN labriego de 25 años fue asesinado por un grupo de hombres fuertemente armados que se desplazaron con total comodidad por las calles del pueblo. El 21 de mayo de 1988, el agente de la policía LUIS ERNESTO CASTELLANO CACERES, quien prestaba sus servicios de escolta al alcalde electo Vicente Gualteros de la UP, fue asesinado por varios sujetos. El agente estaba de descanso en el momento del hecho. El 2 de junio de 1988, en horas de la madrugada, el ex alcalde de San Pablo, de filiación liberal, HELIODORO SERRANO RUIZ de 49 años, fue asesinado por desconocidos de 5 puñaladas y 4 disparos en diferentes partes del cuerpo cuando entraba a su residencia. El viernes 18 de noviembre de 1988, el Teniente Henry Coronado Chávez y los agentes de policía Germán Iván Lisazo Pérez y Fernando Vargas Antolinez, torturaron y ejecutaron a los campesinos JAIME AMAYA ANAYA y HERNANDO DE JESÚS ZULETA RUIZ, aprovechando que se encontraban detenidos; posteriormente los policías abandonaron los cuerpos totalmente destrozados en un río, con la pretensión de ocultar su crimen. Los responsables dejaron los cuerpos de sus victimas en zonas de difícil acceso, en fosas comunes en parajes solitarios; en múltiples ocasiones los cuerpos fueron desechados en jurisdicciones ajenas al lugar donde se cometieron los

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crímenes. Ese mes, campesinos de la región realizaron una marcha para manifestar su repudio por estos atroces crímenes.

Actuaciones Judiciales La investigación disciplinaria la llevó a cabo la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos bajo el radicado No. 008-92314. El ente gubernamental se pronunció el 30 de septiembre de 1991 sancionando con solicitud de destitución al Teniente Henry Coronado Chávez y al agente Fernando Vargas Antolínez de la policía. A la decisión le fue interpuesto recurso de reposición, el cual se resolvió negativamente el 9 de marzo de 1992 confirmando por tanto la sanción.

A partir de febrero de 1989, se desarrolló un operativo militar en la zona, desde el área rural de San Pablo, hasta las estribaciones de la Serranía de San Lucas, y todo el valle del Río Cimitarra, ocasionando el desplazamiento de más de ciento ochenta personas que se refugiaron en el Albergue Campesino en Barrancabermeja. Durante el operativo fueron asesinadas ARSENIA LÓPEZ CAMARGO de 26 años, LUDYS PADILLA RODRÍGUEZ de 23 años y LUIS ALFONSO MÉNDEZ OSPINA de 30 años y resultaron heridos LUIS HERNANDO LINARES y ANAIS MORALES LOPEZ, de 10 años, hija de Arsenia. Los militares presentaron públicamente a los campesinos como guerrilleros muertos en combate, que le abrieron fuego al guardacostas. Las victimas eran personas habitantes de la región y plenamente reconocidas. Los cuerpos sin vida fueron llevados al cementerio de Barrancabermeja, el cual fue inmediatamente militarizado, impidiendo el acceso a los familiares que esperaban identificar los cuerpos, de modo que fue necesaria la intervención de las autoridades civiles locales para que entregaran los cuerpos a sus familiares y estos pudieran sepultarlos. El 24 de marzo de 1989, apareció el cuerpo de ISAÍAS CABRERA, conocido como “El Mello”, con tres impactos de bala 9 m.m y su cadáver fue hallado en el basurero de esta población, este señor era reconocido como delincuente por los pobladores de San Pablo. El día 14 de junio de 1989, el joven GILBERTO ANTONIO CUADROS, de 22 años, fue asesinado de 4 impactos de bala 9 mm, por hombres armados que lo interceptaron cuando caminaba por el casco urbano del municipio. El 5 de agosto del mismo año, fue asesinado PABLO EMILIO CORREA, de 22 años de edad. Los agresores le propinaron tres impactos de bala 9mm cuando se encontraba en un lugar reseñado como zona de tolerancia, dentro del casco urbano de San Pablo. Estos crímenes fueron justificados dentro de la mal llamada “limpieza social” El 12 de marzo de 1989 fue asesinado el campesino FIDELINO RODRÍGUEZ, en el sitio conocido como Tres Diamantes, donde un grupo de hombres armados le propinaron 5 impactos de bala 9mm. El 23 de junio de 1989, miembros del ejército retuvieron al Alcalde VICENTE GUALTEROS, cuando salía de su despacho. El dirigente, quien era militante de la UP,

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venía recibiendo amenazas en los últimos meses por su participación activa en las distintas movilizaciones campesinas. El 14 de febrero de 1990, en la vereda Piedras Blancas, una patrulla del ejército en una clara y abierta ofensiva contra los habitantes de Agua sucia, municipio de San Pablo, asesinó al señor JULIO DÍAZ y detuvo a DOS CAMPESINOS que lo acompañaban. Julio fue asesinado mientras dormía: “...su cuerpo lo dejaron con la cabeza semienterrada e impidieron a los vecinos del lugar acercarse para darle sepultura”. Luego fue presentado ante la prensa como guerrillero muerto en combate. Uno de los dos campesinos detenidos fue salvajemente torturado, pero posteriormente logró escapar y el otro fue desaparecido. El 30 de junio de 1990, en una incursión paramilitar, ocurrida en el casco urbano de San Pablo, fue asesinado BRICEÑO MARTÍNEZ.

Desde las primeras semanas de 1990 los miembros del ejército, la Armada Nacional y el batallón Nueva Granada (apoyados por varios helicópteros militares de la XIV Brigada), se enfrentaron contra miembros del frente XXIV de las FARC. En medio del operativo, las fuerzas militares realizaron bombardeos sobre las veredas Bagre, La Concha, Caño Don Juan, La Concepción y el corregimiento de San Lorenzo en zona rural del municipio de San Pablo. El 12 de noviembre de 1990, en ese mismo corregimiento, aproximadamente a las diez de la mañana, fueron detenidos los campesinos PEDRO VICENTE ORTIZ de 50 años y DANIEL RAMÍREZ de 30 años; los pescadores DAVID SÁNCHEZ de 55 años y RODOLFO ORDUZ de 17 años, luego de que una flotilla de la Armada con apoyo de un helicóptero ametrallara indiscriminadamente la zona donde los campesinos estaban trabajando. Las acciones militares proseguirían en el año siguiente:

“En 1991 hubo bombardeos en San Pablo y Simití, al sur del departamento de Bolívar. El 21 de mayo, aviones y helicópteros bombardearon e incendiaron grandes zonas de dichos pueblos. Una señora llamada Otilia García murió en el operativo. Los defensores de derechos humanos que han realizado un extenso trabajo de campo en la zona, afirman que los bombardeos y las quemas, que serían legítimas si fuesen dirigidas contra objetivos militares, en realidad constituyen una política de tierra arrasada”, es decir, de destruir la zona para evitar que la guerrilla pueda operar allí. Los comandantes militares, quienes asumen que en determinadas zonas todos los habitantes son guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla, no hacen ninguna distinción entre los combatientes y la población civil”27

Durante el operativo en mención, que se llevó a cabo el 29 de mayo de 1991, en el corregimiento de Cañabraval , de la vereda Aguas Lindas, dos helicópteros artillados del ejército, dispararon indiscriminadamente contra la población del sector, causando heridas graves a la señora OTILIA GARCIA de 73 años, quien se encontraba en el dormitorio de su casa. Ese mismo día fue trasladada a Barrancabermeja junto con su hijo Julio Simón Bolívar, falleciendo ella en el Hospital San Rafael de esta ciudad. Así mismo, las casas de Aguas Lindas y Cuatro Vientos, fueron requisadas violentamente

27 Ibidem. p.109

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por militares, llevándose elementos de trabajo de los campesinos y causando numerosos daños a varias pertenencias de los campesinos. El 4 de septiembre de 1990 se presentaron nuevos bombardeos en la zona rural de San Pablo. Días después de este último operativo, las tropas combinadas del batallón Nueva Granada, la Brigada Móvil y tropas de contraguerrilla, realizaron una operación rastrillo en la que resultó asesinado el dirigente campesino de La Poza, jurisdicción de Cantagallo, ARNULFO HERNÁNDEZ y SEIS PERSONAS más desaparecieron durante el operativo; además otros campesinos se quejaron de que sus casas fueron saqueadas e incendiadas28. El 10 de mayo de 1991, en el casco urbano de San Pablo fue asesinado a un hombre de unos 35 años conocido como “EL PAISA”. E 13 de septiembre de ese mismo año, aproximadamente hacia las 8:15 de la mañana, el obrero de construcción y estudiante CONRADO ÁVILA MALAGON de 23 años fue asesinado y SONIA ARIZA y una bebé de 9 meses llamada FLOR ALBA ÁVILA ARIZA, resultaron heridas cuando lanzaron a su casa, ubicada en el barrio Nuevo, una granada de fragmentación que explotó en su interior. Anteriormente el Comandante de Policía de San Pablo, Teniente Víctor Manuel Coronado, había sindicado a la familia Ávila como auxiliadora de la guerrilla, además de amenazarla con frecuencia públicamente. Antes del atentado el Oficial expresó públicamente que les “volaría la casa a punta de granadas”. El atentado ocurrió cuando tropas del ejército se encontraban a 300 metros de la vivienda. Luego de la destrucción del lugar, varios miembros del puesto policía, husmearon en los restos de la casa y penetraron al interior, robando los víveres de la tienda que funcionaba allí, junto a los objetos personales de las victimas.

Actuaciones Judiciales

La Procuraduría Delegada Para la Policía Nacional realizó la investigación preliminar el 13 de agosto de 1992 bajo el radicado No. 020-132819, formulando auto de cargos contra el Teniente de la policía Víctor Manuel Coronado, el 2 de abril de 1993. Finalmente el Oficial sería absuelto mediante providencia del 11 de marzo de 1994.

El 25 de septiembre de 1991, aproximadamente a las 11:30 p.m., el señor FERNANDO CAICEDO CHACON fue asesinado por dos policías que le dispararon en cinco oportunidades causando su muerte instantánea en la residencia del señor Guillermo Briceño. Antes de su asesinato, el 25 de agosto del mismo año, la víctima había sido detenida, golpeada y amenazada de muerte por el Teniente de la policía Víctor Manuel Coronado Mejía. Al momento del crimen, Fernando se encontraba departiendo en el solar de la casa del señor Briceño junto con María Cárcamo, Diana García y Fernando Villegas. Una vez le dispararon los policías a Caicedo Chacón apareció el ejército haciendo disparos e intimidando los testigos presenciales del asesinato. Algunos días antes del asesinato, el 18 de septiembre de 1991, más o menos a las 8:30 pm., la policía

28 Americas Watch. La Violencia Continúa. Asesinatos Políticos y Reforma Institucional en Colombia. Bogotá: TM-IEPRI-CEI, 1993, p.109

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rodeó la casa de Deisy López Chacón, hermana de Fernando, “haciéndole preguntas”. Posteriormente la señora López Chacón presentó la denuncia ante la Procuraduría Delegada para la Policía por los sucesos ocurridos en contra de su hermano cuyo autor fue el Teniente Coronado Mejía.

Actuaciones Judiciales

La Procuraduría Delegada para la Policía en radicación No. 020-120390 del 29 de noviembre de 1994 se abstuvo de abrir formal averiguación disciplinaria contra el Teniente Víctor Manuel Coronado Mejía y ordenó el archivo de lo actuado, porque según ellos, las afirmaciones de uno de los testigos de la detención, así como la discrepancia entre los testimonios de José Rivera y Germán Posada y el libro de detenidos acerca de la hora de liberación de la víctima (según éste a las 9:15 de la mañana del día siguiente), “descartan la participación del acusado y dejan una incógnita sobre los autores de los golpes”.

La Unidad de Fiscalía No. 28 de Simití abrió proceso penal contra el Teniente Víctor Manuel Coronado Mejía por el delito de homicidio en la persona de Fernando Caicedo Chacón. El Juez Promiscuo Municipal de San Pablo por el mismo hecho procedió a abrir diligencia preliminar, proceso que fue remitido por competencia al Juzgado Sexto de Instrucción Criminal de Simití.

El 28 de noviembre de 1991, JOSE DIMAS MARTINEZ miembro de la ANUC-UR- , EVELIO CORTES miembro de la Coordinadora Campesina del Sur de Bolívar, y FELIX QUIROGA, fueron detenidos, torturados y amenazados por miembros del batallón Nueva Granada y del IV Distrito de la policía.

Actuaciones judiciales La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja inició investigación bajo el radicado No. 062-06291 y el 20 de noviembre de 1992 fue enviada por competencia a la Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos. El 27 de enero de 1993 se abrió la investigación preliminar, siendo archivado finalmente el proceso por prescripción de la acción disciplinaria el 13 de febrero de 1997.

El 23 de diciembre de 1991, LUIS ALFREDO ROMAN RODRIGUEZ fue detenido por el subteniente de la policía Helvis Luna Granados, quien lo golpeó en la mandíbula y lo puso a trabajar forzosamente en las obras públicas del pueblo. El señor Luis Alfredo fue torturado e interrogado delante de dos hombres encapuchados para intimidarlo. Posteriormente lo dejaron libre con múltiples hematomas en su cuerpo.

Actuaciones Judiciales

La investigación disciplinaria se adelantó bajo el radicado 020132153. Posteriormente la Procuraduría General de la Nación en providencia de 19 de diciembre de 1996, consideró que el disciplinado no dio la orden de retener a la

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víctima, sosteniendo además que no había pruebas de la retención del ciudadano ni de los malos tratos por lo cual absolvió al Oficial de cualquier responsabilidad.

En 1992 el ejército continúa perpetrando crímenes contra los pobladores de San Pablo. EL primer crimen que se registró ese año tuvo lugar el 5 de marzo de 1992, fecha en la que los miembros del ejército asesinaron al campesino JAIME LARIOS PEINADO de 28 años. Su cuerpo fue encontrado en el muelle, testigos de los hechos aseguran que antes de ser asesinado los oficiales lo golpearon brutalmente. En mayo de 1992, la Brigada Móvil No. 2 inició operativos contrainsurgentes en el corregimiento de San Lorenzo, jurisdicción de Cantagallo. En medio del operativo dos campesinos fueron retenidos y torturados; JAIRO PICON y CECILIA SEPÚLVEDA el 21 de mayo, posteriormente fueron liberados. En un operativo militar desarrollado el 30 de noviembre de 1992, por unidades del ejército en la vereda la Floresta; fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos los miembros de la familia Panguena Salas entre los que se encontraban: ANTONIA PAGUENA SALAS de 13 años, ANASARIO PAGUENA BARRIOS, MARIA ENCARNACION SALAS FLOREZ, RAQUEL PAGUENA SALAS, ELIAS PAGUENA SALAS, MARGARITA PAGUENA SALAS, EUFEMIA PAGUENA SALAS, DANIEL PAGUENA SALAS, DELFINA PAGUENA SALAS y LUIS ANTONIO PAGUENA SALAS. Entre los miembros del ejército involucrados en estos hechos se encuentran el Sargento Segundo Robert Galvis Vargas, Teniente Alexander Rivera Jaimes, el Sargento Viceprimero Flórez Avendaño y el Teniente de Marina José Barragán, quienes ingresaron en la casa de la familia Panguena y maltrataron físicamente a sus ocupantes. Luego de retener a varios de ellos, el Sargento Segundo Robert Galvis Vargas, separó del grupo a la pequeña Antonia, a pesar de los gritos y suplicas de sus familiares que intentaron impedir que se la llevara. El militar amenazó a la niña con su arma de dotación y un puñal para conducirla a otro cuarto donde abusó sexualmente de ella. Antes de ser devuelta con el grupo la niña fue amenazada por el Sargento quien le aseguró que de contarles a sus padres lo sucedido, él y sus compañeros de tropa regresarían y los asesinarían a todos.

Actuaciones Judiciales Interpuesta la denuncia por parte de los miembros de la familia Pangena, el militar Vargas Galvis envió dinero a la familia, luego que el proceso por acceso carnal violento fuera remitido por competencia a la unidad de Fiscalías de Simití. A pesar de ser un caso de competencia de la justicia penal ordinaria, el proceso pasó a ser conocido en la Justicia Penal Militar a partir del el 17 de mayo de 1993 en el Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar, radicado en el batallón Nueva Granada, el cual inició la investigación contra el Suboficial Robert Galvis Vargas. Luego se decretó medida de aseguramiento de detención preventiva, convocando a Consejo Verbal de Guerra. El 2 de octubre de 1995 fue condenando a dos años de prisión y a la separación absoluta de las fuerzas armadas por el delito de acceso carnal violento. El Tribunal Penal Militar confirmó la sentencia condenatoria el 19 de diciembre de 1995.

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De todas maneras el proceso No. 126953 seguido contra el Sargento Segundo Robert Vargas por Acceso Carnal Violento fue remitido el 26 de agosto de 1998 a la Unidad Seccional de Fiscalías en Simití, Bolívar, por competencia, según oficio No. 6759. Por otra parte, el 22 de septiembre de 1994 la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos declaró abierta la investigación bajo el radicado No. 008-139990 y formuló pliego de cargos a varios de los militares por torturas, entre ellos a Robert Galvis Vargas y Alexander Rivera Jaimes. En 1997 hubo fallo sancionatorio. Por último, el 29 de noviembre de 1994 se instauró demanda administrativa de reparación directa por las torturas y tratos crueles e inhumanos y el acceso carnal violento, en el Tribunal Administrativo de Bolívar con el radicado No. 9939. El 14 de septiembre de 1999 se profirió fallo condenando la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

El 11 de marzo de 1993 fue asesinada GABRIELA GALVIS de 28 años y BEATRIZ DUARTE de 22 años, en un restaurante de la población de San Pablo, donde se empleaban como meseras. RIOVIEJO La comisión de CLH en el municipio de Rioviejo se desencadenó desde finales de 1986, año en el cual la fuerza pública comenzó a acometer sistemáticamente contra la población de dicha localidad, principalmente contra los pobladores rurales. A comienzos de los años noventa se intensificaron los operativos del ejército en la población, dando curso a una nueva oleada de violencia bajo la responsabilidad de la Brigada Móvil No.2, estructura que en la época señalada comenzó a operar en la zona y cuyo accionar se caracterizó por las múltiples agresiones y desmanes perpetrados por sus hombres contra los habitantes de Rioviejo. Paralelamente a los operativos desarrollados por el ejército, los grupos paramilitares dieron curso al posicionamiento y toma de control de la población. De tal manera que en la segunda mitad de la década del noventa implementaron la “limpieza social” en la zona urbana de la localidad, como mecanismo para imponer su dominio, el cual ya habían consolidado en el área rural. El primer caso de CLH registrado por el proyecto CNM en esta población, se produjo el 25 de noviembre de 1986, fecha en la que la profesora BEATRIZ CASTILLEJO y su esposo HERIBARDO CHACON fueron detenidos y torturados por miembros del ejército en el caserío Mina Estrella. Los esposos Chacón Castillejo, fueron detenidos y torturados cruelmente, antes de ser llevados en helicóptero hasta el municipio de La Gloria (Cesar), donde fueron nuevamente torturados y obligados a firmar una constancia de buen trato antes de dejarlos en libertad. Dos días después, fueron detenidos por militares los campesinos LEONARDO JIMÉNEZ, DIOMEDES HOYOS, DILSON MARTÍNEZ y DIÓGENES MUÑOZ JIMÉNEZ en la inspección departamental Norosí. Los militares saquearon sus viviendas y obligaron a los tres primeros a permanecer sentados sobre piedras calientes durante todo el día e incendiaron la casa del señor Diógenes. Los militares causaron pérdidas

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inicialmente estimadas en un millón de pesos y retuvieron las cédulas de ciudadanía de los labriegos. Leonardo Jiménez había sido detenido con limitación de garantías procesales, sometido a aislamiento e incomunicación y golpes por miembros del ejército, en marzo de 1973, en jurisdicción de Necoclí, y en esa ocasión lo tuvieron recluido en la cárcel La Ladera. El 1 de julio de 1991, la Coordinadora Campesina del Sur de Bolívar denunció el asesinato de LUIS EDUARDO NARANJO PLAYA, médico de Rioviejo, quien cayó a manos de un grupo de hombres fuertemente armados que lo interceptaron cuando transitaba por el casco urbano. Su cuerpo presentaba evidentes señales de tortura. Durante el primer semestre de 1992, las tropas de la Brigada Móvil No.2, hicieron su aparición en la zona. Desde su llegada, los miembros del ejército sembraron el terror en toda la región, promoviendo el inicio de una nueva oleada de violencia. En mayo de ese año, varios militares de la estructura mencionada, que realizaban patrullajes en el corregimiento de Norosí, desaparecieron a los campesinos LUIS ALFONSO CENTENO SÁNCHEZ, MARIO FAYAD MARTÍNEZ y a otra PERSONA. Poco tiempo después, los paramilitares arribaron a Rioviejo. En una incursión realizada en el corregimiento de Regidor el 14 de junio de 1993, asesinaron al señor EZEQUIEL QUIÑONES SIDRAY. Los paramilitares, que portaban un sin número de armas y se movilizaban con gran facilidad, no fueron controlados por la Brigada Móvil No. 2, razón por la cual los pobladores se preocuparon y alarmaron al no ver en las acciones militares interés en frenar la ofensiva paramilitar. Un mes más tarde, en julio de 1993, tropas del ejército detuvieron y torturaron en la zona urbana a un HOMBRE, a quien acusaban de ser un dirigente guerrillero de las FARC-EP. El hombre fue exhibido en público “atado con una cuerda gruesa, lacerado y golpeado con un palo por miembros del ejército”, este comportamiento fue aceptado por las autoridades civiles del municipio, quienes se abstuvieron de denunciar el hecho para que el detenido fuera puesto a disposición de un juez. MORALES La persecución sistemática contra los habitantes de Morales se manifestó durante el segundo semestre de 1986, período en el cual los, se comenzó a sembrar el terror en el área rural del municipio. Este tipo de accionar criminal se extendió durante los años de 1987 a 1990, cobrando varias vidas. Entretanto las tropas del ejército ocuparon reiteradamente algunas de las veredas y corregimientos de Morales y Rioviejo, lo cual conllevó a que los campesinos se movilizaran para expresar su inconformidad frente a los desmanes de la fuerza pública y clamar por el respeto de sus vidas. Al igual que en la localidad de Rioviejo, con la llegada de las tropas de la Brigada Móvil No 2, que hicieron su aparición en la región a comienzos de los años noventa, se desencadenó una oleada de violencia que se ensaño particularmente contra el campesinado del municipio, cuyos pobladores además de ser señalados como colaboradores de la insurgencia, fueron objeto de múltiples crímenes, entre los que cabe mencionar la desaparición de 20 trabajadores del campo a manos de la Brigada Móvil poco tiempo después de su arribo a la zona a mediados de 1992.

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En la segunda mitad de la década del noventa comenzó a hacerse frecuente el hallazgo de cadáveres en parajes solitarios del municipio. A ello se sumo la entrada y posicionamiento de los paramilitares en la zona, quienes comenzaron a ejercer el control de la población, cometiendo inicialmente una masacre, crimen que contó con la anuencia de la fuerza pública acantonada en la zona. Los paramilitares daban muerte a sus víctimas delante de los demás pobladores de Morales. Un ejemplo de ello fue el asesinato de dos personas en la plaza central del pueblo, lugar en el que se encontraba un alto numero de habitantes en el momento del crimen. El primer caso de CLH denunciado por los pobladores de Morales tuvo lugar el 12 de septiembre de 1986, día en el que JULIO CASTRO HENAO, labriego de la vereda Corcovado, fue asesinado por un grupo de desconocidos fuertemente armados, en su finca. En 1987 el ejército se concentró cerca a las veredas de Guásima, las Malvinas, la Caoba y Altamira, pertenecientes a los municipios de Morales y Rioviejo. Los campesinos, ante el temor de perder sus vidas a causa de la acción de las unidades del ejército y como forma de protesta, iniciaron el 16 de septiembre un éxodo donde participaron aproximadamente 1.500 campesinos. Cinco días después de la movilización, el 21 de septiembre de 1987, el campesino MIGUEL PRADA SANGUINO, quien se encontraba charlando con un habitante del corregimiento la Plaza, fue asesinado por un grupo de individuos que le dispararon en repetidas ocasiones. El 23 de abril de 1990, un HOMBRE fue asesinado por un grupo de hombres fuertemente armados en zona rural. La víctima vestía prendas militares, razón por la cual, fuentes oficiales aseguraron que se trataba de un guerrillero dado de baja en enfrentamientos. El 12 de junio de 1992, varias patrullas de la Brigada Móvil No.2 realizaron operativos en la zona rural de Morales. Pasadas las maniobras militares, los miembros de la Brigada detuvieron y desaparecieron a VEINTE CAMPESINOS y habitantes del municipio, en la vereda La Conformidad. Entre las personas desaparecidas se encontraban los campesinos ALVARO SAYAS, ONEIDA PEREZ SALAZAR, MIGUEL FORERO, ANTONIO SANCHEZ, EDWIN SAYAS, JOSE EXPEDMO JOEL PINEDA, una persona de nombre JAIRO, y una MENOR. Pese a que el alcalde de Morales denunció cómo el ejército realizó una cadena de crímenes y violaciones de derechos humanos contra los campesinos que viven en esta zona, y que los familiares de las victimas realizaron varias denuncias; no se adelantó investigación alguna para esclarecer el paradero de las víctimas o la individualización y castigo de los victimarios. Al contrario, las patrullas del ejército insistían en ensañarse contra los campesinos del Sur de Bolívar, que aprovechaban los operativos y acciones militares para realizar detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, asesinatos múltiples y selectivos, expandiendo estas prácticas por toda la región, sin que ninguna instancia gubernamental frenara la barbarie. Los familiares de las víctimas presentaron la denuncia ante la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos la cual delegó a la Procuraduría Provincial de El Banco para que investigara los hechos.

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SANTA ROSA DEL SUR Desde finales de los años ochenta, tanto la fuerza pública como los grupos paramilitares han hostigado y criminalizado a los habitantes de esta población, cobrando numerosas víctimas. En los primeros años de la década del noventa, el ejército implementó como modalidad represiva, la desaparición forzada. Este tipo de accionar se incrementó con la llegada de la Brigada Móvil No. 2 a Santa Rosa, al igual que en otros municipios como Rioviejo y Morales. La mayoría de las desapariciones realizadas por los miembros de la Brigada móvil se caracterizaban por la previa detención de la víctima, de la cual no se volvía a saber nada posteriormente. A medida que transcurría la década del noventa, el paramilitarismo logró posicionarse en todo el municipio y los caseríos aledaños, a través del fomento del terror, que se expresó en la innumerable cantidad de crímenes perpetrados contra los lugareños. El poderío de los paramilitares fue posible gracias a las acciones conjuntas que desarrollaron sus miembros con soldados del ejército acantonados en la región, los cuales respaldaron en todo momento la oleada criminal de las fuerzas paraestatales. Las principales víctimas de esta oleada criminal fueron los mineros, quienes eran acusados por el ejército y los paramilitares como auxiliadores de la guerrilla y por tanto debían ser eliminados. La entrada de los paramilitares en estos municipios tenía la clara intención de abrirle el camino a las multinacionales, a través de la persecución y eliminación sistemática de los trabajadores mineros. La comisión de CLH en este municipio se manifestó desde el 27 de julio de 1989, fecha en la que un HOMBRE fue encontrado asesinado y flotando en aguas del muelle de Las Flores en el corregimiento San Lucas; vestía traje de camuflaje y tenía la cabeza destrozada. Autoridades militares afirmaron que se trataba de un guerrillero del ELN muerto en combate. A finales de la década de los ochenta funcionaba en Santa Rosa del Sur el Colegio Cooperativo y como profesor de esta institución laboraba JAVIER ÁLVAREZ POSADA. El 6 de enero de 1990 Javier salió del pueblo rumbo a Bogotá pero nunca se volvió a saber de él; días después su esposa recibió una llamada anónima en la que le decían que su esposo había sido asesinado junto con otras dos personas luego de ser bajados de un bus en cercanías a Bucaramanga29. Año y medio más tarde, el 16 de agosto de 1991, en un retén militar, fue detenido el campesino JUAN DE DIOS QUINTERO, cuando se trasladaba hacia el casco urbano de Santa Rosa con el objeto de comprar víveres para su familia. Posteriormente los militares lo asesinaron. Por este hecho se abrió un proceso en la justicia Penal Militar que fue archivado por falta de mérito probatorio. Algunas semanas más tarde, el último día del mes de agosto de 1991, tropas de la brigada móvil retuvieron al campesino JOSÉ GÓMEZ CORZO; posteriormente fue llevado a la sede de esta unidad militar, donde se le vio encapuchado, y como le ocurrió a muchos campesinos de la zona, no se volvió a saber nada de él.

29 Comisión Andina de Juristas. Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio, p.136

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El 21 de octubre de 1991 a las 9:00 de la noche en el salón de billares Darmed se encontraban departiendo, el campesino NELSON NOE ROJAS OVALLE y los agentes de policía Edinson Enrique Pacheco Puche y Jaime Vanegas Serna; mientras Nelson les invitaba cerveza, los policías vieron en su poder un acta de la Junta de Acción Comunal del barrio San Isidro, en la que aparecía el nombre del presidente de la Junta, Leovigildo Chivata, quién fuera confundido por la policía con un supuesto sicario al que habían “dado de baja” en días anteriores. Inmediatamente el agente Pacheco se retiró y regresó al rato acompañado del Cabo segundo José Manuel González Tique y los agentes Nasser Rafael Hernández Barahona, Omar Antonio Padilla Cantillo y Francisco José Albarracín Romero, quienes detuvieron y condujeron a Nelson a la Subestación, por orden de su comandante Subteniente Harold Humberto Basto Correa, bajo la acusación de pertenecer al Frente XXIV de las FARC. Nelson recuerda que:

“Ocho o diez policías... se lanzaron contra mí a culatazos y patadas, diciéndome que yo era de las FARC y que confesara si era guerrillero... me tiraron al piso a golpes y patadas, me ataron de pies y de manos y sin dejar de golpearme me decían que tenía que confesar que era de las FARC... me agarraron del cabello, me golpearon contra el piso, me tapaban la boca y la nariz para asfixiarme... pasadas algunas horas de estarme torturando me dijeron que me iban a sacar en una camioneta para maltratarme si no confesaba...”.

Esa misma noche Nelson fue amarrado y llevado en una camioneta, bajo las amenazas de dos agentes vestidos de civil, hasta el distrito de policía de Simití a las 12:30 de la madrugada; de nuevo fue trasladado a la Subestación de Santa Rosa bajo las amenazas del Subteniente Basto, haciéndole firmar una constancia de buen trato para poderlo dejar en libertad, a las 4:00 de la madrugada del día 22. El Subteniente le entregó $40.000 pesos para las curaciones de las heridas, amenazándolo con la “inconveniencia” de presentar una denuncia por los hechos. A consecuencia de las brutales torturas recibidas, Nelson tenía quemaduras en sus manos ocasionados con los amarres en sus manos, así mismo presentaba fractura en el brazo izquierdo, moretones, raspaduras en la cara y peladuras en los codos, una herida de tres centímetros de largo en la cabeza y golpes de patadas en el estómago. Así fue reconocido en medicina legal, donde le decretaron una incapacidad de 50 días.

Actuaciones Judiciales La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició la indagación preliminar bajo el radicado No. 008-1450 28. Se inició formal averiguación disciplinaria el 29 de septiembre de 1994 y en la misma fecha se les formularon cargos por detención arbitraria y actos configurativos de tortura al Subteniente Harold Basto, el Cabo segundo José González Tique y los agentes Francisco Albarracín, Edinson Pacheco, Omar Padilla, Nasser Hernández y Jaime Vanegas.

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El 8 de julio de 1991, la Delegada decidió la suspensión por 30 días en el ejercicio de su cargo a los policías antes mencionados por las torturas, hallándolos inocentes de la detención arbitraria por el “uso legal de la figura de la detención administrativa preventiva” consagrada en el artículo 28 de la Constitución Política. El 21 de octubre de 1991, la Procuraduría General de la Nación resolvió el recurso de apelación interpuesto por los sancionados, confirmando la suspensión de 30 días contra el Subteniente Harold Basto y los agentes Edinson Pacheco y Jaime Vanegas, absolviendo a los demás implicados en el crimen “pues, si bien obraron en la detención del quejoso, es evidente que la prueba de su actuar como responsables no es clara”, dejando de lado la denuncia de la víctima sobre la participación de “ocho o diez policías” y la responsabilidad que le cabe a todos los policías por omisión.

El 6 de septiembre de 1992, NEFTALI MONTAÑA LEGUIZAMON fue tratado cruelmente por un soldado de nombre Alirio, quien lo agredió de forma física y verbal al punto de que le produjo un trastorno mental permanente, que posteriormente fue tratado en el Hospital Ramón González Valencia de Bucaramanga. Un año más tarde, el 4 de julio de 1993, los labriegos menores de edad ARMANDO PEREZ y JOSE RODRIGO CARO fueron detenidos, torturados y asesinados por la Brigada Móvil No. 2 en el corregimiento los Canelos. Ambos muchachos, que eran muy conocidos en la región, fueron detenidos el día 2 de julio a las 7:20 de la noche, por tropas de la Brigada Móvil No. 2 cuando veían un partido que era transmitido por la televisión, junto con otras tres personas. Los militares llegaron al sitio acompañados por un poblador de la región, de nombre Silias León, quien portaba un uniforme camuflado y una capucha sobre la cabeza. León señaló a los dos jóvenes, y de inmediato los soldados los sacaron violentamente de su vivienda, los hicieron acostar boca abajo y después de requisar el predio, los llevaron atados de las manos y del pie derecho de uno con el izquierdo del otro. El día siguiente, los militares se presentaron a la casa de un tendero a reclamar una provisión que los detenidos habían comprado y que según el ejército, era para la guerrilla; exigieron los 200 mil pesos que había costado la provisión y cargaron a los detenidos con bultos de víveres de aproximadamente 3 arrobas, dirigiéndolos hacia la vereda Las Cruces. Al llegar a esta vereda, vistieron a Pérez y a Caro con uniformes camuflados y capuchas. Ese mismo día, el 5 de julio, un helicóptero de la Brigada llegó al cementerio de Santa Rosa con los cuerpos de los jóvenes, los cuales estaban “destrozados por los tiros de fusil”, al extremo que “por los agujeros de salida podía entrar la mano”. Según la comunidad una de las víctimas era hermano de un comandante del ELN, pero afirmaban que los jóvenes nada tenían que ver con la guerrilla. Los menores de edad fueron presentados como guerrilleros no identificados, del Frente José Solano Sepúlveda de la UC-ELN, muertos en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 18 Cimarrones, adscrito a la Brigada Móvil No.2. Como antecedente, soldados de la Brigada Móvil No. 2 habían llegado a la casa del padre de Armando, el señor Eliodoro Pérez y le quitaron $500.000 pesos y la cédula. Los testigos de todos estos hechos y miembros de la comunidad se negaron a declarar por temor a las represalias ya que la zona se encontraba fuertemente

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militarizada. Por estos hechos la dirección nacional de investigaciones de la Procuraduría adelantó la indagación preliminar, siendo archivado el proceso definitivamente el 22 de febrero de 1995.

TIQUISIO: La acción del ejército como antesala del paramilitarismo El accionar represivo de la fuerza pública en esta localidad se evidenció a finales de los ochenta mediante el desarrollo de los operativos de contrainsurgencia del ejército que tuvieron lugar inicialmente en el área rural, desencadenando persecución sistemática contra los pobladores de la región, quienes bajo la acusación de ser “auxiliadores o colaboradores de la subversión”, tuvieron que enfrentar además de los señalamientos, un sinnúmero de agresiones y vejámenes que en muchos casos culminaron con la comisión de crímenes de lesa humanidad. El primer crimen de lesa humanidad que se conoce en este municipio ocurrió el 16 de noviembre de 1988 en la quebrada Santo Domingo, de la vereda Aguas Frías, perteneciente al corregimiento de Puerto Coca, cuando un grupo de hombres que vestían prendas privativas de las fuerzas militares identificándose como miembros del ejército, torturaron y asesinaron a los campesinos RAÚL VEGA MEZA de 68 años, JULIO RODRÍGUEZ ACUÑA de 16 años y MANUEL RODRÍGUEZ ACUÑA de 18 años. Los cuerpos de los agricultores presentaban señales de tortura y a los tres se les había amputado la mano derecha. Los victimarios manifestaron que el crimen obedeció a la supuesta pertenencia de estos campesinos a un comando guerrillero, pese a que los pobladores de la zona, reconocían en las victimas a personas trabajadoras que no tenían ningún vínculo con grupos subversivos. A mediados de junio de 1990 se presentaron enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC-EP y tropas del ejército en inmediaciones del corregimiento de Puerto Coca en Tiquisio. Un grupo de militares que participaba en los combates, el 20 de junio de ese año, irrumpió violentamente en la vivienda de JUAN PALENCIA ubicada en la vereda Garabatal. En la casa estaban presentes la esposa de Juan, IGNACIA PADILLA, MARIO BALMACEDA y ADAN LOPEZ, siendo todos asesinados junto al campesino. Los esposos Palencia soportaron en varias oportunidades el asedio por parte de miembros del ejército; un año atrás cuando Juan se encontraba haciendo una quema para despejar un terreno y sembrar yuca, fue detenido por militares, quienes interpretaron la quema como una señal para la guerrilla, siendo torturado por largo rato hasta que finalmente el Oficial al mando de la patrulla dio la orden de asesinarlo; entonces Juan corrió cuesta abajo por una loma logrando escapar de los militares que le dispararon destrozándole un hombro. Ya a salvo, Juan fue llevado al centro de salud de Tiquisio por su esposa pero por la gravedad de sus heridas lo remitieron al hospital de Magangué. El comandante de la patrulla del ejército que comandó la operación se presentó ante Ignacia diciéndole que lo ocurrido había sido una equivocación y que ellos cubrirían todos los gastos de hospitalización. Días después le entregaron seis mil pesos. Los vecinos de los esposos Palencia por temor a ser asesinados por los efectivos del ejército, se reunieron en un mismo lugar de la vereda, donde llegaron los asesinos amenazando y torturando a varios labriegos presentes. Cinco días después del múltiple asesinato, 39 familias abandonaron la zona por temor a nuevas incursiones del ejército.

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Algunas familias no alcanzaron a salir de la zona, siendo obligadas por los militares a permanecer allí. En 1993, LACIDES MEJIA ARRIETA, habitante de la cabecera municipal de Tiquisio, fue detenido y desaparecido por varios días por efectivos del Batallón de Infantería Mecanizado No. 2 “Nariño” que lo sacaron en horas de la noche de su residencia. Heráclides Arrieta, hermano de Lacides, acudió a Elías María Florez, para que como dirigente del pueblo lo acompañara junto con otros familiares a averiguar por la vida de Lacides. Al día siguiente, Elías Manuel reunió a otros líderes comunitarios y comerciantes, un grupo de cerca de 10 personas, entre las que se encontraban la señora Susana Márquez e Ismael Pérez Cárcamo, profesor del colegio de bachillerato de Puerto Rico (luego llamado Tiquisio) y se dirigieron a la base militar que por esos días estaba instalada en la cancha de fútbol de la población. Allí los atendió un Teniente quien les dijo que no tenían a ningún Lacides, y que “eso lo había hecho la guerrilla”. Elías Manuel respondió que “en ningún momento aceptamos esa respuesta porque ahí estaba era el ejército y ustedes tienen que respondernos por el civil Lacides”. El Teniente insistía en que no habían detenido a ningún civil, pero Elías Maria y toda la comitiva señalaba en que tenían testigos del hecho, entre ellos la señora Delfina Díaz; ante esto, el Oficial los citó a las 10 de la mañana, hora en la que reuniría a la tropa, para que esos testigos reconocieran entre sus hombres a los responsables de la detención. A las 10 de la mañana volvieron y el Teniente reunió a 25 soldados en el patio del colegio de bachillerato; luego les preguntó a los testigos quién había sido y ellos dijeron que ninguno de los presentes, entonces el Teniente se dirigió a la comitiva y les dijo que cómo se atrevían a acusar al ejército de cosa semejante, a lo que Elías Manuel replicó que “nos reunió a una parte del ejército, pero la otra parte no la reunió, y el que sacó a Lacides es el que se encuentra de guardia en el puerto del pueblo”. A pesar de vacilar por un rato, el Teniente mandó a llamar al efectivo que estaba de guardia, a quien la señora Delfina señaló diciendo “usted sacó anoche a Lacides de mi casa y me amenazó”. Este hombre reaccionó diciendo que lo estaban calumniando y que llevaría el caso ante la Fiscalía y la Procuraduría, y los testigos respondieron que allí también dirían que él fue quien se había llevado a Lacides, entonces él amenazó a Elías Manuel diciéndole “usted se calla la boca, me sigue jodiendo y le voy a pegar un tiro”. Ante la negativa de entregar a Lacides, mandaron llamar funcionarios de la Personería que tampoco lograron obtener información sobre la vida de Lacides de parte de los militares. Unos días después, el jueves, en horas de la noche apareció Lacides, quien no dirigió palabra a nadie e inmediatamente abandonó el pueblo; al parecer, ésta había sido la condición que le impusieron para soltarlo. Cuando la investigación de la Procuraduría de Magangue avanzó, le mandaron decir a Lacides que se presentara y declarara, pues de lo contrario todas las personas que habían presionado para que fuera puesto en libertad y se le respetara la vida serían acusadas de calumnia, por lo que Lacides atendió el llamado. A raíz de estos acontecimientos, muchas de las personas que integraron la comitiva para averiguar sobre el paradero de Lacides, especialmente el señor Elías Manuel,

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sufrirían intimidaciones, amenazas y hostigamientos por parte de los militares asentados en la localidad, y posteriormente de los paramilitares30. Posteriormente en la vivienda de ELIAS MARIA FLOREZ aterrizaron tres helicópteros llenos de soldados, al mando del Teniente Castillo, que sin ninguna orden revisaron la casa. Elías Manuel pensó que se trataba de una requisa de rutina, pero luego comprobó que el Teniente había mandado instalar un mortero a 10 metros de la cocina. Elías Manuel les preguntó “¿qué significa eso?”, y el Teniente le respondió que se iban a quedar allí, entonces Elías Manuel les pidió que se fueran porque eso le iba a traer problemas con la guerrilla que se encuentra en la zona cuando ellos se retiraran; el Teniente insistió en que no tuviera miedo, que no iba a pasar nada. Por mucho rato Elías Manuel solicitó que se fueran, por lo que se dirigió a la inspección de policía a poner la respectiva denuncia. Ante esto, el Inspector en compañía de un gran número de personas se dirigió a la casa de Elías Manuel y le pidieron al militar que se fuera porque ponía en peligro la vida de la familia que habitaba esa casa. Ocho días después un Coronel del ejército del Batallón “Nariño” que estaba en Magangue, citó a Elías Manuel para que le explicara por qué había hecho esa denuncia y le reprochó que no lo hubiera puesto en conocimiento de esa situación anteriormente. Tiempo después, cuando Elías Manuel se dirigía hacia el puerto de Magangue en una chalupa un policía lo separó de todo el grupo, le pidió los documentos y le exigió que lo acompañara al comando. Un muchacho que observaba lo que pasaba le hizo señas a Elías Manuel, se acercó y le preguntó qué pasaba, entonces Elías Manuel respondió que lo llevaban detenido y que no sabía por qué, entonces el muchacho que se llamaba Euclides le dijo al agente que si lo dejaba acompañar, a lo que accedió. Durante el recorrido muchas personas lograron ver lo que estaba pasando, y le avisaron a otro ex diputado llamado Augusto Salas Badrán. Una vez en el comando entraron en el despacho del Coronel y él lo reconoció diciendo “Usted es el señor Elías María, el que organiza la marcha a los guerrilleros”. Elías Manuel fue enfático en decirle que él no le organizaba marchas a nadie, que era un dirigente campesino y que todo lo hacía dentro del marco legal. Entonces el Oficial sacó de una de las gavetas del escritorio un archivo de fotos de supuestos guerrilleros y le preguntaba si los conocía. El dirigente campesino reconoció a dos personas que había conocido hacía muchos años en su pueblo y que sabía de su pertenecía al ELN. Por ello, el Coronel trató de fotografiarlo con una cámara que tenía en el escritorio, pero Elías Manuel lo impidió. No obstante aquel militar le pidió a un policía que reseñara al dirigente campesino. A pesar de que el ex diputado Augusto Salas Badrán le pidió al coronel que dejara en libertad a Elías Manuel, el coronel se comunicó con el comando del batallón Nariño “para ver qué tenía pendiente”, a donde lo trasladaron. Allí, los militares sacaron una lista de personas sobre las cuales fue interrogado; entre ellas se encontraban Lucho Prasca, minero y Arturo Rangel, jefe de personal de la Secretaría de Salud Pública de Cartagena. En medio del interrogatorio el militar recibió una llamada y dejó en libertad a Elías Manuel, instándolo a que “colabore con nosotros informándonos de la guerrilla”.

30 Queja No. 006 rendida por Elías Manuel María Flórez ante la Oficina de ACNUH recibida por Mercedes Assorati el 8 de mayo de 1997. Bogotá DC.

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Elías Manuel declaró ante la Procuraduría Departamental de Bolívar, el 3 de abril de 1997 sobre todos estos hechos para que se abrieran las investigaciones correspondientes y afirmó sentirse en una persecución política, por lo que ya había solicitado asilo en otro país. Él atribuyó esta persecución a su papel como líder en la marcha a Cartagena en 1985 y en la marcha a San Pablo, en octubre de 1996. SIMITI El 21 de marzo de 1984, JOSÉ DE JESÚS VELANDIA, un campesino que vivía sólo en una pequeña finca ubicada en zona rural, fue herido por la policía. Este campesino se vio obligado a soportar el asedio de los oficiales del puesto de policía. En los días previos a la agresión, una patrulla vestida de civil allanó su casa, robándole una escopeta y 100.000 pesos, con los cuales les pagaría a los jornaleros que laboraban junto a él en su parcela. Con la esperanza de iniciar una investigación que frenara las arbitrariedades, José contrató una abogada, quién interpuso la denuncia. Como era su costumbre, José de Jesús bajó a Simití; allí, en una conversación que sostuvo con un policía, el oficial logró verificar las condiciones en las que vivía. Esa noche, cuando se encontraba descansando en su casa, escuchó ladrar sus perros, entonces se levantó para verificar que estaba ocurriendo, al salir encontró que una patrulla de policía, comandada por el Cabo del puesto policial, hacia disparos en su dirección y uno logró impactarlo en la cadera. Al día siguiente a las siete de la mañana el campesino fue llevado al puesto de salud de Santa Rosa y de allí al hospital de Bucaramanga. Durante todo 1984 continuaron las agresiones por parte de los miembros del puesto de policía, quienes acostumbraban torturar a las personas retenidas en las instalaciones de sus comandos. No fueron pocas las ocasiones en las que a los retenidos, se les negaron sus derechos y fueron capturados sin ninguna justificación. Gracias a las denuncias constantes que emitiera el padre Clemente Berel se conoció que el 19 de octubre de 1984, los agentes de policía y guardianes de la cárcel municipal, torturaron a los campesinos JAVIER GUERRERO YARURO y SERGIO ESPINOSA ÁLVAREZ colgándolos de las vigas, golpeándolos brutalmente, y privándolos de sus alimentos. Ocho meses más tarde, el 15 de mayo de 1985, JUAN VERGARA de 55 años, ALFONSO VERGARA de 25 años, padre e hijo fueron asesinados, por 3 hombres que vestían prendas militares, en la vereda la Sabana, del corregimiento San Luis.

El Grupo Cultural Cleber

El padre Clemente Berel, fue por los años ochenta un importante defensor de los derechos de los campesinos en Simití y realizó múltiples denuncias encaminadas a frenar las atrocidades que miembros de la fuerza pública desplegaban. Una nueva denuncia fue realizada por parte del Párroco de Simití Clemente Berel, las primeras semanas de 1987, en donde se puso en conocimiento la golpiza a la que fueron

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sometidos por parte de miembros de la policía en enero de ese año, los campesinos TRINO ROLON y su sobrino VIACIDES SALAMANCA. En este período la forma represiva utilizada por las fuerzas militares estribaba en la captura de pobladores y su sometimiento en el interior de las instalaciones militares a torturas y tratos inhumanos. Para esta época en Simití trabajaba el Grupo Cultural Cleber, que como parte de su labor editaba una publicación conocida como “El Original”, en la cual se plasmaban los acontecimientos de la cotidianidad simiteña; el colectivo de prensa había sido objeto de hostigamientos, señalamientos y, en ultimo momento, de judicialización, pues en su contra se abrió un proceso penal por calumnia. La demanda se produjo luego de que en su segunda edición, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 1987, se reseñara la muerte de un vendedor de chuzos quien fuera torturado y asesinado por miembros de la estación de policía de Simití, luego de ser detenido por “escándalo en la vía pública”, y además, se exigía que se realizara una investigación disciplinaria para esclarecer la responsabilidad de los agentes de policía en la muerte del vendedor, resaltando que dentro del proceso se presentaron varias irregularidades pues los acusados no habían tenido derecho a realizar los descargos y fue trasladado de juzgado en juzgado en múltiples ocasiones. En el segundo semestre de 1986, los “desconocidos” comenzaron a sembrar el terror en la localidad. Una muestra de ello tuvo lugar el 24 de mayo de 1986, cuando JORGE OJEDA ANGARITA fue desaparecido por varios hombres en zona rural de Simití. También en zona rural de este municipio, un hombre y una mujer que portaban pistolas 9mm y vestían prendas militares, ejecutaron el 12 de junio de 1988 al campesino ANTONIO BASTIDAS HERNÁNDEZ. El 10 de octubre del mismo año, en la vereda Solferino del corregimiento Monterrey, un grupo de desconocidos ejecutó a un joven campesino de 25 años; los familiares de RODRIGO ANTONIO HENAO LÓPEZ, no entienden las razones que pudieron motivar el asesinato de su hijo. En las primeras semanas de 1989 continuaron las ejecuciones extrajudiciales extendiéndose por gran parte de la región, bajo la modalidad de paramilitares que portaban armas 9mm; así fue asesinado el 24 de enero FABIO RIAPA, un joven campesino de 28 años, en la vereda San Lucas. Después de las elecciones de 1988, los grupos paraestatales dieron curso a una estrategia de exterminio de los militantes políticos de oposición que lograron el apoyo de amplios sectores de la población. El 21 de marzo de 1989, en zona rural de Simití, fue asesinado el Concejal de este municipio por la UP, LUIS ALBERTO NOVOA MENDEZ. El concejal fue asesinado a manos de desconocidos que le propinaron 12 impactos de bala 9mm. Luis Alberto había sido amenazado de muerte; las autoridades locales hicieron circular la versión de que había sido “ajusticiado por guerrilleros”. El 18 de septiembre de ese mismo año, un grupo de diez paramilitares fuertemente armados incursionaron en la zona rural del municipio asesinando a varios

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campesinos, entre ellos a GIL SAN ANTONIO QUIROGA, de 30 años, quien fue asesinado de cinco impactos de bala 9mm en la vereda La Fría. Ese mismo día, CLAUDIO FRANCO JIMÉNEZ de 26 años, fue asesinado en momentos en que transitaba por inmediaciones de la vereda La Unión. Tres días más tarde, el sábado 23 de septiembre asesinaron a los dirigentes campesinos FRANCISCO JIMÉNEZ y ANTONIO QUIROGA en la vereda La Fría. En el casco urbano del municipio, la misma banda paramilitar que venía azotando la zona, regresó el 1 de noviembre y torturó al joven de 17 años WILSON URREA VALEIRA. Mientras tanto, los grupos paramilitares siguieron su ofensiva en el Sur de Bolívar, entrando al corregimiento de Monterrey el 15 de agosto de 1989, donde ejecutaron al campesino URIEL BETANCUR MUÑOZ El 15 de julio de 1990, un grupo de desconocidos interceptó a DAGOBERTO HERNÁNDEZ en la vereda La Culebra, corregimiento de Monterrey- Simiti- y sin mediar palabra lo asesinaron. Al mes siguiente, el 7 de agosto, fue encontrado otro cuerpo, el de GUILLERMO MIRANDA MOLINA en la vereda Los Cedros- Simiti. Al año siguiente, el 7 de febrero de 1990, miembros del ejército pertenecientes al Batallón de Artillería No. 5 “Galán”, detuvieron, torturaron y asesinaron a los habitantes de Simití SAMUEL ALBERTO TREVIÑO ALZATE, JOSÉ VÁSQUEZ TORRES y JOSÉ IGNACIO ORTIZ MORALES. El comerciante MARIO HERNÁNDEZ VALLEJO fue detenido y torturado pero logró salvarse. Los militares, entre los cuales se encontraban el Capitán Ali Enrique Garay Saleg, y uno de apellido Leal, llegaron al corregimiento de San Blas, alrededor de las 7 de la mañana, en busca de los tres señores y obligaron a los pobladores a encerrarse en sus casas mientras ellos esperaban a sus victimas; Samuel, Ignacio, y José llegaron al corregimiento en un vehículo Toyota de color gris, el cual fue detenido a la fuerza y sus ocupantes obligados a descender del mismo, entre ellos se encontraban dos hombres que fueron acusados de ser guerrilleros por los oficiales, el conductor del vehículo y un comerciante; todos fueron golpeados, torturados y tres de ellos asesinados. A Samuel le arrancaron los labios con alicates antes de asesinarlo y a José Vásquez le sacaron los ojos. Cuando los familiares de las víctimas se encontraban velando sus muertos, integrantes de la escuadra del ejército que cometió el crimen, llegaron hasta el lugar para proferir improperios y burlas frente a los cuerpos.

Actuaciones judiciales Por estos hechos, se inició una investigación en la jurisdicción penal militar. El 9 de octubre de 1991, el Juzgado 35 de Instrucción Penal Militar se abstuvo de decretar orden alguna de detención dentro del proceso llevado en la Auditoria Principal de Guerra de la V Brigada. No se poseen mas datos del proceso.

En octubre de 1990 la Brigada Móvil No.1 llegó a San Pablo, a cargo del Coronel Carlos Castro García, con la excusa de probar la forma en que opera la denominada “narco guerrilla”. Se desarrollaron varios operativos militares en los que se descubrieron numerosos cultivos de hoja de coca, ubicados principalmente en las áreas correspondientes a las veredas El Infierno y La Culebra en el corregimiento de

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Monterrey en la jurisdicción del municipio de Simití. En la ejecución de uno de esos operativos, fueron detenidos CIENTO NUEVE CAMPESINOS entre los que se encontraban DIECISIETE MENORES. Algunos de los detenidos fueron MIGUEL RAMÓN VILLAMIZAR LIZCANO, JOSÉ ÁNGEL DUARTE, GUILLERMO ALBERTO IBARQUE, MIGUEL ÁNGEL ENCIZO NAVARRO, JOSÉ LUIS GARRIDO, WILLIAM ESCOBAR, LUIS EVELIO VARGAS, DARÍO E. CIRO, FERMÍN RODRÍGUEZ, ÁNGEL PÍO REYES, RAÚL DARÍO GÓMEZ, LUIS ANTONIO GEREZ, HUMBERTO RINCÓN MEJÍA, RUBÉN DARÍO ÁVILA, FERNANDO LOZADA DÍAZ, EUGENIO MIRANDA, LEONARDO DE JESÚS HINCAPIE, JOSÉ DE JESÚS MONSALVE, EDILBERTO VILLAMIZAR, ELIÉCER VELANDIA CAICEDO, ENALDO ARRIETA AGUAS y LUIS ALFREDO VILLAMIZAR. Los campesinos fueron concentrados en varias fincas ubicadas en zonas de fuerte cultivo de coca bajo la sindicación de narco guerrilleros; algunas de las personas detenidas antes de ser entregadas al juez fueron retenidas por un número de días mayor al permitido en el artículo 41 del Decreto 180 de 1980. Durante el tiempo de detención en los lugares determinados por la Brigada Móvil No.1, los campesinos fueron coaccionados a aceptar que eran propietarios de los predios con la esperanza de ser dejados en libertad, incluso algunos fueron presionados a firmar documentos relacionados con la propiedad de los cultivos y de buen trato, así como de respeto a los derechos humanos. “... Antes de llevárselos nos obligaron a firmar que habían respetado los derechos humanos y otros papeles más” rebela un testigo. A partir de este operativo se iniciaron una serie de allanamientos a las viviendas de los habitantes de la zona, muchos de los cuales tuvieron como resultado el robo de enseres de propiedad de los campesinos por parte de los oficiales a cargo; en otros casos los pobladores fueron forzados a suplir las necesidades alimenticias de los miembros de la tropa y, como consecuencia, aves de corral y animales domésticos fueron tomados por los militares. “Se llevaron 20 láminas de Zinc, humillaron a unos campesinos acusándolos de ser guerrilleros, quemaron una casa y se robaron 7 gallinas”, indica un testimonio. Diferentes arbitrariedades se cometieron en dichos allanamientos: varios campesinos fueron obligados a vestirse de camuflado, con capuchas y armamento para aparecer enfrente de varios medios de comunicación que registraron la noticia como la captura de varios guerrilleros. En medio de una gran militarización, el 29 de octubre de 1990, JAIRO DE JESÚS COMA PEÑA de 23 años, fue ultimado por sicarios que le propinaron 6 impactos de bala 9mm, en el corregimiento Pozo Azul. La judicialización de una conducta social como el cultivo de coca, que es una de las bases de la economía campesina del Sur de Bolívar, hizo que gran parte de los habitantes de los municipios de San Pablo y Simití fueran capturados y vinculados a procesos penales. La defensa de estos campesinos encontró múltiples tropiezos, entre otros, los impuestos por el modelo judicial. La defensa de varios de los campesinos detenidos en razón de las maniobras militares iniciadas en el mes de octubre de 1990, la asumió finalmente el abogado Fernando Marimon Romero a finales de abril de 1991, quien sólo pudo posesionarse en julio de 1991 debido a que el expediente fue retrasado por el juez sin rostro que estaba a cargo del caso. El proceso penal fue trasladado varias veces de jurisdicción, dificultando no sólo las acciones judiciales sino impidiendo la visita de familiares a los capturados. El proceso estuvo a cargo de un juez de orden público en momentos en que la justicia regional

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actuaba por medio de jueces, testigos y pruebas secretas que les impedían a los acusados defenderse. Algunos detenidos que eran administradores o propietarios de los cultivos, fueron dejados en libertad a cambio del pago de sumas de dinero; no obstante varios de ellos siguieron detenidos. El juez sin rostro No. 28 que abordó el caso, se negó a conceder la petición del abogado Fernando Marimon de renunciar al conocimiento del caso por que la conversión de las hojas de coca incautadas no era suficientes para la jurisdicción de orden público, pero el juez argumentó que si bien la legislación existente amparaba el argumento del abogado, la coca incautada era un indicio fuerte de la existencia de laboratorios. Dadas las cosas se requería de manera imperiosa un dictamen de medicina legal, pero al intentar presionar el peritaje, se develó que las pruebas se habían refundido en el Instituto de Medicina Legal. Por estas y otras arbitrariedades ocurridas en este caso, en noviembre de 1991, el abogado apeló el auto que niega la libertad a los sindicados y solicitó la intervención de la Procuraduría y un Fiscal Especial en virtud de la negligencia del juez, dado que los términos estaban vencidos. Entretanto, los pobladores de las veredas La Culebra y El Infierno detenidos fueron trasladados a un reclusorio en Barranquilla.

Actuaciones Judiciales La Juez de menores de Barrancabermeja ordenó el traslado a Simití de 17 menores en los días posteriores a su captura. La juez de orden público de Cartagena, Yolanda Berrío dio la libertad a treinta y seis campesinos en noviembre de 1990. El caso fue trasladado de Cartagena a la seccional de Orden Público de Barranquilla y quedo en manos de una juez sin rostro, juez 28 radicación 668. El abogado Jorge Gómez Lizarazo asumió la defensa desde el mes de noviembre de 1990, posteriormente se declaró ineficaz de conocer el proceso, luego de recibir dinero por su gestión, entonces el proceso fue asumido por Fernando Marimon Romero a finales de abril del año siguiente, pero éste solo pudo posesionarse en julio de 1991, debido a que el expediente fue retrasado por el juez sin rostro que estaba a cargo del caso. En agosto de 1991 el abogado pidió la división del proceso, el cual fue divido en ocho procesos, sin que se dijera cual es el número de sindicados que le correspondía a cada proceso. En octubre de 1991 el juez sin rostro negó la petición realizada por el abogado Fernando Marimón, quien solicitó al juez de orden público 28 que se declarara incompetente para seguir conociendo del proceso, y como consecuencia que el proceso pasara a Simití, con base en que las hojas de coca incautadas no eran suficientes para su competencia.

El juez expresó que si bien la cantidad incautada no era suficiente para que el proceso continuara bajo su conocimiento, las pruebas daban indicios de la posibilidad de que existiera un laboratorio. Para comprobar la veracidad de la acusación fue necesario que Medicina Legal diera su concepto. Por esto se entregó

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el proceso a la Unidad Investigativa de orden público de Cartagena, pero esta se declaró impedida por que la prueba se encontraba en Medicina Legal seccional Bogotá.

En noviembre de 1991, el abogado apeló el auto que negó la libertad a los sindicados y pidió la intervención de la Procuraduría y un Fiscal Especial en virtud de la negligencia del juez, dado que los términos estaban vencidos.

En enero de 1992 el Juez de Orden Público envió el proceso al Tribunal Superior de Orden Público de Bogotá. En abril de 1992 el Tribunal de Orden Público de Bogotá, consideró que la jurisdicción de orden público sí era competente para conocer del proceso, basándose en el decreto 3788 de 1986 que reglamenta la ley 30 de 1986 relativo a las conversiones o equivalencias de gramos en hojas de coca en gramos de cocaína. Como consecuencia del resultado de la conversión entre la cantidad incautada de cada predio previa equivalencia, es posible que salgan algunas personas. El Tribunal ordenó la inmediata separación de los procesos en el número de predios allanados.

El Tribunal decidió abrir investigación disciplinaria por parte de la procuraduría por negligencia en la tramitación del proceso en contra de los funcionarios de la seccional de Orden Público de Barranquilla.

Las acciones criminales del ejército prosiguieron durante los años siguientes. El 19 de marzo de 1991, JONNY TORRES fue detenido y torturado por miembros del ejército. El 9 de octubre del mismo año el juzgado 35 de instrucción penal militar se abstuvo de decretar orden de detención y remite el proceso a la auditoria principal de guerra de la V Brigada. La Brigada Móvil No. 2 Desde agosto de 1991 la Brigada Móvil No. 2 inició una serie de retenciones ilegales que en la mayoría de los casos fueron selectivas. En estos operativos o retenes, fue raptada gran cantidad de población rural; luego de ser detenidos los habitantes o campesinos fueron torturados, asesinados y desaparecidos. La guarnición militar de esta estructura en el Sur de Bolívar se ubicó en el municipio de Santa Rosa del Sur, la cual sirvió en múltiples ocasiones para que los militares condujeran allí a varias de sus víctimas. Los pobladores de la región donde tuvo su teatro de operaciones la Brigada para la época, reconocieron en las tropas de esta estructura militar a sus victimarios y admitieron que los retenes eran un mecanismo estratégico bastante extendido en la zona. Entre las víctimas de esta unidad militar en Simití encontramos a los campesinos JESÚS ÁNGEL TABARES y JESÚS ÁNGEL TABARES, padre e hijo, quienes fueron

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torturados el 23 de agosto de 1991 por miembros de la Brigada cuando se dirigían hacia su casa. Les taparon la boca, les echaron agua por la nariz, los patearon, amenazaron con cortarles varios miembros si no colaboraban, posteriormente fueron nuevamente golpeados, mientras los interrogaban sobre el sitio donde estaba la guerrilla. Al llegar a su casa encontraron que esta había sido allanada y sus moradores ultrajados.

Actuaciones Judiciales Por este hecho la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos abrió investigación con el radicado No. 008-116921, la cual fue archivada el 15 de junio de 1994 por no poderse determinar ni individualizar los actores del hecho. El Procurador Provincial de Barrancabermeja había subcomisionado al Personero de Simití, quien después de emitir una serie de citaciones devolvió el expediente sin tramitarlo 13 meses después, dilatando la investigación de manera negligente. Ante la insistencia de la Procuraduría (auto 13-05/93) para que iniciara la práctica de las pruebas, la Personería aseguró que no se pudo cumplir por cuanto “las personas que había que citar viven en el campo”.

De otra parte, las fuerzas militares (oficio No. 0683 del 26-03/93) manifestaron que efectivamente se había llevado a cabo una operación de registro y control en el área de Cañabrava y Simití, la cual había sido objeto de un ataque perpetrado por subversivos del Frente José Solano Sepúlveda del ELN, pero que se desconocían los nombres y apellidos de los efectivos que habían participado en dicha operación “puesto que los informes de patrullaje rendidos por los mismos fueron incinerados por término de vigencia”.

Los operativos de la Brigada Móvil se prolongaron durante el mes de septiembre. El 1 de ese mes, JAIME TORRES fue detenido y torturado por miembros del ejército. El campesino fue detenido en Simití y remitido a la sede de la Brigada en el municipio de Santa Rosa del Sur; de allí se le trasladó al corregimiento de San Blas. Los soldados entraron a una casa donde funcionaba una tienda, requisándola con el pretexto de buscar un supuesto fusil que Jaime habría dejado allí, mientras otro grupo de soldados en ese mismo instante torturaban a Jaime en el patio de esa casa. Al salir, el patio estaba mojado, en el lugar se encontró un balde con agua y una toalla con sangre. Luego entraron a otro establecimiento público y requisaron con el mismo pretexto, mientras lo golpeaban. Posteriormente fue visto con una bolsa en la cabeza, en una chalupa y gracias a la intervención de un vecino fue dejado en libertad. Días después partió hacia Bogotá y desde entonces no se volvió a saber de él. Dos días después, el 3 de septiembre, el Tesorero de la Junta de Acción Comunal de Ahuyamas, RIGOBERTO MANCO ECHEVERRY, fue detenido y torturado por miembros de la Brigada Móvil No. 2 del ejército en el corregimiento de Ahuyamas. Un soldado y un oficial lo sacaron de su casa. Lo interrogaron sobre su supuesta vinculación con la guerrilla, mientras le envolvían un trapo alrededor del cuello intentando ahorcarlo y le echaban agua por la nariz. Después lo amenazaron diciéndole que no podía salir de la zona. Cuando lo soltaron lo dejaron inconsciente. Rigoberto presentaba lesiones en la mano izquierda y dolores en pecho y la espalda. Finalmente tuvo que abandonar la región por temor a represalias.

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Actuaciones Judiciales Por estos hechos la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos abrió investigación con el radicado No. 008-117186, la cual fue archivada el 6 de marzo de 1995 por “falta de mérito”.

Mientras pasaba esto en la zona rural, en el casco urbano, el mismo 3 de septiembre, tres encapuchados que se movilizaban con total comodidad por las calles de Simití, entraron a un establecimiento de licores donde trabajaba NELLY ELIZABETH GUERRERO. Después de amedrentar a las personas que se encontraban allí y hacerlas acostar en el piso, le dispararon en tres oportunidades, luego salieron del lugar. Según denunciaron testigos presenciales en carta a la Procuraduría, la policía llegó media hora después y no hicieron ningún esfuerzo por buscar a los asesinos, pese a que para escapar, debieron pasar frente a la estación de policía. El mismo día, el minero ABEL ADAN PALENCIA fue detenido y torturado por un teniente de la policía, quien lo sindicó de ser guerrillero, el hecho ocurrió en la zona urbana. Abel fue maniatado y torturado psicológicamente mientras era trasladado al municipio de Santa Rosa del Sur. En el Comando de policía de esta población lo amenazaron con peluquearlo y vendarlo para que los llevara a los campamentos de la guerrilla. Como no declaró nada fue metido a un calabozo y al día siguiente dejado en libertad.

Actuaciones Judiciales La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos abrió investigación con el radicado No. 008-117181, la cual fue archivada el 16 de septiembre de 1993 por falta de mérito probatorio.

En los días siguientes varios comerciantes, mineros y en general habitantes del Sur de Bolívar, fueron agredidos por miembros de la Brigada Móvil No.2. El sábado 25 de septiembre fue retenido y torturado el campesino SANTIAGO MEJIA en la sede de la Brigada Móvil. En el marco de los operativos de la Brigada Móvil No. 2, en donde fueron torturados y desaparecidos habitantes principalmente de los municipios de San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, fue encontrado el cuerpo decapitado de un HOMBRE el 10 de octubre, en la Ciénaga de Simití. Tres meses más tarde, el 15 de enero de 1992, el menor de edad CARLOS SIGUA, fue torturado por agentes del estado.

Actuaciones Judiciales Por estos hechos, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, el 15 de mayo de 1992 procedió al archivo del expediente No. 008- 117181 al no encontrar mérito. A pesar de la presencia del ejército, o mejor, en medio de la gran militarización se presentaron hechos como el ocurrido el 11 de febrero de 1992, cuando los miembros de la familia campesina Barrientos fueron asesinados por un grupo paramilitar que incursionó en la vereda Vega Fonce. Los desconocidos llegaron con una lista y cuando localizaron a las personas que se encontraban en ella, acribillaron a JOSÉ PÁEZ BARRIENTOS, MARCOS PÁEZ BARRIENTOS y JOSÉ ELÍAS PÁEZ BARRIENTOS.

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Al mes siguiente, en un retén militar que se instaló en marzo de 1992, EDUARDO un conductor de bus intermunicipal fue desaparecido. Los operativos de la Brigada Móvil se atenuaron durante el segundo semestre de 1992; no obstante, a comienzos de 1993, las tropas de esta estructura militar volvieron a militarizar la población. En una operación militar que se desarrolló el 8 de enero de 1993 y en la que intervinieron tropas de la Brigada Móvil No. 2 del batallón Nueva Granada de Barrancabermeja y civiles encapuchados que actuaban como informantes, fue detenido torturado y asesinado el joven jornalero RUBÉN DARÍO DELGADO FUENTES de 17 años. El grupo de campesinos salió de Santa Rosa del Sur en un vehículo marca Toyota, en dirección a Animas Alta donde vivían los padres de Rubén Darío que para el momento trabajaba en la región. En zona rural del municipio de Simití, a la altura de la Ye de San Luis, fueron detenidos por un retén del ejército que los hizo bajar del carro. Entre los uniformados iban dos encapuchados, ante lo cual Rubén Darío comentó en voz baja a uno de los viajeros, que éstos hombres eran conocidos en Santa Rosa como informantes. Estas palabras fueron escuchadas por un soldado que procedió a apartar a Rubén Darío del grupo, llevándoselo loma arriba. Cuándo las personas que presenciaron el hecho le preguntaron a un soldado “¿qué van a hacer con el joven?”, el soldado respondió “sin comentarios”. Al resto de las personas las mantuvieron en silencio por espacio de media hora, luego les dijeron “los que van para Pozo Azul que se vayan”. Atemorizados continuaron su camino sin decir nada. El 11 de febrero, casi un mes después de su desaparición, el cuerpo de Rubén Darío fue encontrado en la finca Chaparral a 15 kilómetros de Simití. Presentaba señales de tortura como quemaduras; tenía varios tiros y un machetazo. El levantamiento lo realizó el Inspector de policía de Simití. Comentarios de la población afirmaban que los encapuchados que patrullaban con la tropa eran ampliamente conocidos, y sus identidades correspondían a Ramiro González alias “Cépita” y Alirio Sánchez, habitantes de Santa Rosa del Sur. La denuncia contra el ejército, fue presentada por los padres de la víctima ante el Juzgado de Instrucción Criminal de Simití. Testigos de los hechos temían represalias si colaboraban con la investigación. Posteriormente, fue presentada denuncia contra los militares de la Brigada Móvil No. 2 y del batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, ante el Juzgado de Instrucción Criminal de Simití, por parte de los padres de la víctima.

Mientras esto ocurría los paramilitares empezaban a hacer su trabajo realizando, con el apoyo del ejército, asesinatos selectivos, como el ocurrido el 24 de mayo 1993, cuando desconocidos dieron muerte a ÁLVARO URIBE ESGUERRA, un labriego del corregimiento de San Luis; posteriormente se encontró su cuerpo que presentaba 12 disparos de armas de diferentes calibres. Durante el período transcurrido entre enero y agosto de 1993 fueron reportados en esta región por parte de la Brigada, más de 74 guerrilleros dados de baja. De éstos la mayoría correspondían en realidad a población sometida a ejecuciones extrajudiciales. El pánico que experimentaba la comunidad, producto de las acciones militares que se venían realizando en la región, logró que la comunidad atemorizada se negara a declarar y denunciar los atropellos, vejaciones, amenazas y crímenes de

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los militares, pues temieron represalias debido a que el ejército se encontraba establecido en la zona apoyando la acción de los paramilitares. Ante la oleada de violencia, los habitantes se vieron obligados a efectuar constantes y numerosos desplazamientos forzados hacia otras regiones del país.

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1994 -2001 PREGUNTA: ¿Qué empresas multinacionales hacen presencia en el sur de Bolívar? RTA: En el sur de Bolívar, todavía no se dice hay tal empresa metida ahí, lo que sí podemos decir y lo podemos probar es que los intereses que hay allí, si detrás hay compañías multinacionales y precisamente es la Corona Golfis y que detrás de la Corona Golfis está la Mines Conquistadora, que son empresas que han estado de alguna forma impulsando el Paramilitarismo en el sur de Bolívar. PREGUNTA: ¿De qué formas hacen presencia estas empresas multinacionales, tienen oficinas, minas, algún tipo de asentamiento completo en la zona? RTA: Allí, representa un litigio entre los mineros de hecho. PREGUNTA: ¿En que parte exactamente? RTA: En la serranía San Lucas, específicamente en Mina Vieja que es lo que está más cerca de la veta de San Lucas, allí unos señores, Hilera Palacios unos señores que son de Barranquilla, que jamás saben ni han ido al sur de Bolívar, no conocen donde queda el sur de Bolívar, de pronto resultan adjudicando en las minas del sur de Bolívar, estos señores nombran unas minas incluso están en los registros del ministerio de minas y esas minas que ellos dicen son de su propiedad, no existen por ninguna parte, dan unas coordenadas o unos levantamientos topográficos que pueden caber en el sur de Bolívar o en el norte de Colombia, en Leticia, en la Guajira, en el norte de África o en el sur de Canadá, porque no son especificas, no son concretas, entonces estos señores Hilera Palacios le dan poder a una señora Luisa Fernanda Aranburo, la señora Luisa Fernanda Aranburo, es quien es contratada por el señor Ministro de Minas Villamizar Albardo González, este señor contrata a esta señora y ella es quien redacta el código de minas, el código de minas es lo que se supone que va ha regir para la forma de explotación de las minas en Colombia. PREGUNTA: ¿Al mismo tiempo que representa a los Hilera Palacios...........? RTA: Al mismo tiempo que representa a los Hilera Palacios y al mismo tiempo que es la representante en Colombia de la empresa que funda la empresa Mineros de San Lucas, ella hace parte de eso, esta firma es en compañía con, esta empresa es creada con un norteamericano Jemes Gran ....... no sé pronunciar bien, entonces estos señores crean esta empresa con 500 mil pesos, pero a su vez son los representantes de la Corona Golfis en Colombia.

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PREGUNTA: ¿En que consiste el litigio exactamente? RTA: El litigio es que los señores Hilera Palacios dicen que son los dueños de esa tierra, de esas minas. PREGUNTA: ¿Y contra quién es el litigio? RTA: Contra los mineros de la zona, que han estado tradicionalmente toda la vida en esa zona, que son aproximadamente unos 35 mil mineros. PREGUNTA: ¿Están agremiados de alguna manera? RTA: Están agremiados en la Federación Agrominera del sur de Bolívar, cuando ellos iniciaron esto se llamaba Asociación minera del sur de Bolívar, pero después por razones de que fue creciendo, entonces paso a Federación, que es el ente representativo de los mineros en este momento en el Sur de Bolívar. PREGUNTA: ¿De qué tiempo es el litigio? RTA: Este litigio tiene como unos 6, 7 años (a comienzos de los noventa), que la gente viene luchando, porque en la investigación que se ha hecho en el ministerio de Minas, ellos incluso sobreponen a una petición de 2 mineros para que sean adjudicadas las minas a los mineros de hecho y después aparece una petición de los Hilera Palacios cuando legalmente no lo podían hacer, y ese litigio ha seguido a tal grado que de la Corona Golfi llega del fasto de la Corona Golfi, llega un fasto a los mineros donde les dicen que ellos quieren que haya una concertación porque ellos no están interesados en patrocinar Paramilitarismo, pero a su vez, es 2 o 3 meses después de que los mineros en una reunión, asamblea ellos denuncian que los han amenazado, pues consideran que eso es una amenaza, allí se concreta que las intenciones de estas empresas y sobre todo los señores Hilera Palacios y de paso la señora Luisa Fernanda Aranburo, cave anotar que después de estos hechos de ellos haber denunciado en Cartagena esta cuestión, es asesinado el vicepresidente de la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar en Agua Chica, después asesinado en Río Viejo un compañero minero, le quitan la cabeza, juegan fútbol en la cancha del pueblo con la cabeza de este compañero, después la instalan sobre una estaca mirando hacía la serranía San Lucas y le dicen a la gente, que la colocan así mirando hacia la serranía porque hacia allá vamos, porque ellos le van a abrir camino a las multinacionales, porque las multinacionales si pagan impuestos, que ellos si producen plata, ellos si le traen beneficio a la región y que en cambio los mineros son auxiliadores de la guerrilla.

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FUENTE: Testimonio CNM. Base de Datos. San Pablo El 21 de febrero de 1994 en el municipio de Cantagallo, militares del batallón Nueva Granada detuvieron y torturaron a REINALDO CONDE y MARINO BETANCUR ÁLVAREZ. Un día después, militares que llegaron a la vereda Agua Sucia en San Pablo, se desplazaron a la finca La Esperanza de propiedad de Abelardo Antonio Acosta, quien era tío del joven campesino e informante del ejército, PEDRO ANTONIO MONTERROSA YAÑEZ de 18 años. Un subteniente de apellido Lozano saludó al muchacho y le pidió que devolviera todas las prendas militares y el armamento que le habían entregado en el ejército, lo que éste hizo sin oponer ninguna resistencia. Esa noche los militares amanecieron en la mencionada finca. Al día siguiente, entre las 7 y 8 a.m., torturaron a Pedro y más tarde lo asesinaron simulando un combate. El cuerpo del muchacho fue llevado en helicóptero hasta la cabecera municipal de San Pablo, por los Mayores Carlos Guillermo Narváez Arciniegas y Jairo Alonso Porras Olarte y el Subteniente Carlos Salin Halman Rojas, presentándolo como guerrillero dado de baja en combate y quien según los militares portaba dotación y armamento. El arma presentada había sido reportada dos días atrás como hurtada al batallón de Contraguerrilla No. 17, por el Mayor Narváez Arciniegas. El cuerpo del joven presentaba múltiples quemaduras de segundo grado en tórax, frente, manos y muslos, tenía la traquea y el esófago expuestos, quemadura de proyectil en el cuello, despellejado el antebrazo y un orificio de proyectil de baja velocidad en el hombro izquierdo; así mismo presentaba señales de haber estado amarrado con nailon. Algunos días antes de su muerte, Pedro recibió amenazas de un hombre que le dijo que lo iba a entregar a la guerrilla “por sapo”, por lo que el 10 de febrero buscó protección en la base militar que la Brigada Móvil No. 2 tenía en la zona. Los militares le sugirieron que les “colaborara” como informante y guía, por lo que a partir de esta fecha fue visto en varias ocasiones con prendas de uso privativo de las fuerzas armadas y en compañía de miembros de la mencionada Brigada. Según le había escrito a su madre, la víctima había decidido unirse a las filas del ejército e iba a “jurar bandera en Ocaña”.

Actuaciones Judiciales Se inició un proceso penal adelantado por la Unidad de Fiscalía Seccional 28 de Simití que inició la investigación. El 8 de noviembre de 1995, la Fiscalía Regional de Barranquilla remitió el proceso a la Justicia Penal Militar donde fue radicado en el Juzgado 36 o 39 o 109 Penal Militar de Cartagena, el cual asumió la investigación con el radicado No. 5085 Luego de conocer los hechos a través de la Personería Municipal de San Pablo, donde fue presentada la denuncia, la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja abrió indagación preliminar por el hecho, el 11 de marzo de 1994, con el radicado No. 062–006979-1994.

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El 18 de diciembre de 1996 se decretó la apertura de investigación disciplinaria en contra del Subteniente Carlos Salin Halman Rojas y el 10 de octubre de 1997 se le formuló pliego de cargos por “torturas y posterior homicidio en la humanidad del señor Pedro Antonio Monterrosa Yáñez”. El 7 de diciembre de 1998, las diligencias fueron remitidas a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, donde fueron radicadas con el No. 008-018945-1998. El 19 de febrero de 1999 esa Delegada resolvió absolver de toda responsabilidad al único sindicado, al considerar que no había forma de resolver las dudas procesales y necesariamente se debía aplicar el principio “in dubio pro reo”. El 30 de abril de 1999, la misma Delegada declaró prescrita la acción disciplinaria, por haber transcurrido más de cinco años desde la ocurrencia del crimen. Posteriormente se presentó una demanda administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, donde fue admitida y se le asignó el radicado No. 10654. Se presentaron alegatos de conclusión el 9 de agosto de 1999 y se solicitó fecha para la audiencia de conciliación el 30 de noviembre de 1999.

Paralelamente a las agresiones de la fuerza pública, se incrementaron los crímenes bajo la responsabilidad de grupos paramilitares. El 23 de abril de 1994, cuando JOSÉ VICENTE PINTO JAIMES y CESAR ALBERTO ZÚÑIGA se encontraban en el establecimiento público “El Caracol Rojo” de San Pablo, un grupo de hombres que no se identificaron irrumpió y sin mediar palabras les dispararon. La oleada de violencia cesó por un corto período de un año. No obstante, el 15 de julio de 1995 se reanudaron las agresiones contra la población. En esa fecha, un POBLADOR fue torturado por miembros de la policía. Por el hecho se abrió una indagación preliminar a cargo de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, en la cual se dictó terminación de procedimiento en 1998 al considerar la “inexistencia del hecho”. Ese mismo día fue detenido, torturado y asesinado el campesino, CARLOS ALBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ de 17 años, por miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 15 Libertadores adscrito a la Brigada Móvil No. 2. Hacia la 1:30 de la madrugada, los militares llegaron a la taberna donde se encontraba el muchacho y pidieron documentos de identidad a todas las personas. Como el joven no tenía tarjeta de identidad porque se le había perdido, salió corriendo al bar. Las Nieves y se escondió ahí, por lo que los soldados lo cogieron y le dijeron que no corriera, haciendo tres tiros al aire y llevándoselo a empujones para la calle. Carlos era pescador y comerciante de plátano entre Vijagual y Puerto Wilches (Santander). Al encontrarle medio millón de pesos en efectivo, los militares lo acusaron de ser guerrillero. El muchacho les suplicaba “de por Dios no me vayan a matar” a lo que replicaron “eche cabrón” y otros insultos, mientras transitaban por detrás del bar Hong Kong hacia una cancha en el barrio Los Lagos, donde los militares realizaron varios disparos y activaron una granada; después amarraron al muchacho y como uno de ellos no era capaz de matarlo, el otro se le acercó y le disparó haciendo mucho alboroto. Luego le pusieron un brazalete del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, una carabina y una pistola.

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A las 4 de la mañana los militares fueron a levantar el cuerpo, llevándoselo al hospital y luego al cementerio, donde lo enterraron como NN sin ataúd ni bolsa plástica. Posteriormente, en un informe militar, afirmaron haber abatido a un guerrillero conocido como “Popeye” en cumplimiento de la orden de operaciones No. 17 “contra la cuadrilla de bandoleros Luis José Solano Sepúlveda y Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN”.El operativo de registro y control en que fue asesinado el joven fue ordenado por el Mayor Alberto Bonilla Torres, Oficial C-2 y C-3, y su ejecución estuvo a cargo del Teniente Jesús Omar Contreras Bautista y el Sargento Segundo Amadeo Micolta Mesías. Siete días después, el 22 de julio de 1995, el INSPECTOR CENTRAL de San Pablo, fue asesinado por hombres de civil. El inspector se había negado a realizar el levantamiento del cuerpo de Carlos Alberto Álvarez Rodríguez y de reportarlo como guerrillero dado de baja.

Actuaciones Judiciales Por el asesinato de Carlos Alberto Álvarez Rodríguez el 25 de mayo de 2001, el Juzgado de Instancia de Brigadas de la II División del ejército, en respuesta al derecho de petición, informó que en ninguno de los Juzgados adscritos a la V Brigada, existía investigación por este hecho. Sin embargo, de acuerdo con el proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, el Juzgado Séptimo de Instrucción Penal Militar, ubicado en las instalaciones del Batallón Santander en Ocaña (Norte de Santander), inició la indagación preliminar No. 117.

El 1 de agosto de 1995, la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja inició la indagación preliminar bajo el radicado No. 062-007626-1995. El 29 de mayo de 1996, se abrió formal averiguación disciplinaria en contra del Teniente Jesús Omar Contreras Bautista y el Sargento Segundo Segundo Amadeo Micolta Mesías. El 2 de mayo de 2000, esta Provincial resolvió abstenerse de seguir adelantando las diligencias disciplinarias y ordenó el archivo definitivo del expediente, al considerar que “el actuar de estos está más que justificado por el derecho a la defensa”, decisión en la que se tuvo en cuenta únicamente la versión de los militares sobre el supuesto combate en que la víctima resultó muerta, desconociendo los testimonios de pobladores, conocidos y familiares del muchacho. El 15 de mayo de 2000, el proceso fue remitido a la Procuraduría Regional de Santander, donde se le asignó el radicado No. 072-003647-2000 para que este despacho estudiara si era viable o no revocar el auto de archivo definitivo, ya que por tratarse de las faltas de un Oficial subalterno la competencia era de la Regional (Decreto 262/2000). El 24 de agosto de 2000 esta Regional remitió el proceso a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se le asignó el No. 008-046880, al considerar que “cuando las conductas por las que se adelante la investigación sean constitutivas de grave o gravísima violación a los Derechos Humanos, su conocimiento está atribuido a las Procuradurías Delegadas”. El 27 de noviembre de 2000 la Delegada para Derechos Humanos resolvió declarar prescrita la acción disciplinaria.

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En julio de 1995, los movimientos de los paramilitares en la región se realizaron en completa libertad y sin obstáculo alguno. Un ejemplo de lo anterior fue lo sucedido el 21 de julio hacia las 9:30 de la noche, cuando el Inspector de policía FRANCISCO JAVIER MATIZ (o MACIAS) MENDOZA, de 38 años, fue asesinado en el casco urbano de San Pablo. Los hechos fueron perpetrados por cuatro paramilitares que ingresaron a la localidad, quienes además de lanzar una granada contra la vivienda de un poblador, asesinaron al inspector de policía. Después de asesinar al funcionario, los paramilitares se desplazaron por las calles y al llegar al sitio conocido como Puente San Pablito intimidaron a los transeúntes e hirieron a un poblador “porque pasaba rápido”. Continuaron caminando por la calle principal, atemorizando a los pobladores; retuvieron a Jairo Vásquez, conductor de chalupa, acusándolo de transportar a tres guerrilleros que días antes habían emboscado una patrulla militar. Simultáneamente los victimarios dispararon al aire para dispersar a la población, gritando que “era la guerrilla que se iba a tomar el pueblo”; todo esto ocurrió a cuatro cuadras del puesto de policía. Los paramilitares se llevaron al chalupero rumbo al puerto, y al pasar frente a la vivienda de su ayudante, Pedro Rojas, la víctima le pidió que lo acompañara. Durante el trayecto, uno de los agresores dijo que tenían que buscar a un señor de nombre Miguel quien “también debe saber en donde están los fusiles... entonces denle rápido a ese para ir por el otro... porque al mayor le interesan los fusiles”. Al llegar al puerto, el chalupero fue despojado de sus pertenencias, avaluadas en $500.000 pesos. Uno de los agresores dijo “matemos a esos carajos aquí ya”, así que le dispararon a Pedro en la cara; Jairo se lanzó al río Magdalena y le dispararon en la espalda. Los chaluperos quedaron heridos, pero ninguno de los dos murió, pues fueron auxiliados por la Flotilla Fluvial de la Armada y llevados luego a Bucaramanga y Barrancabermeja. A finales de ese mismo mes, el 30 de julio de 1995, el inspector de policía MANUEL QUEVEDO fue encontrado asesinado en las afueras de San Pablo. El cuerpo presentaba señales de tortura y varios disparos en la cabeza. Según la prensa, Manuel había sido secuestrado por presuntos guerrilleros de la UC-ELN, quienes habrían dejado una nota según la cual el motivo era “seguirle un juicio público por sus actuaciones, algunas de las cuales consideró irregulares”. En el resto de los municipios del Sur del departamento de Bolívar, prosiguieron las agresiones a los campesinos sin ningún tipo de discriminación, la acción institucional se evidencia en los múltiples atropellos a las viviendas y bienes de los pobladores y en las detenciones en las que se realizaron torturas; las quemas, saqueos y las detenciones comenzaron a figurar como las herramientas a través de las cuales se efectuaban agresiones que aseguraban la intimidación y desarticulación de las comunidades organizadas. Prueba de ello fue el operativo realizado en Cantagallo, municipio cercano a San Pablo, donde el 29 de septiembre de 1996, en la vereda la Concepción, miembros del ejército, causaron daños a propiedades de la población civil, en concreto al domicilio de la señora MARÍA LNÉS TOVAR. Ante la presencia de un grupo guerrillero en las inmediaciones, “una avioneta del ejército comenzó a sobrevolar y rafaguear”; sus habitantes para evitar ser heridos o muertos se refugiaron “en otra casa de la misma

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vereda en donde permanecieron hasta el 12 de octubre”, fecha en la que partieron ocho personas hacia el municipio de Yondó, en calidad de desplazados de la violencia. El miércoles 9 de octubre, la familia Tovar se enteró por vecinos y una comisión de Derechos Humanos “que el ejército había quemado la casa, donde habían dos motosierras, una bolsa con droga para el ganado, cinco cargas de maíz, una arroba de cacao en pepa, cuatro colchonetas nuevas, herramienta de trabajo: dos barretones, una fumigadora de espalda, paladraga, ocho rutas, tres monturas para bestias, tres mulas, tres caballos, un potro, cuarenta aves entre gallinas, piscos y patos, dos marranos, en general enseres de cocina y de la casa... son miembros del Batallón Palagua”31. Decenas de campesinos resultaron heridos, dado que el operativo sirvió para que las tropas avanzaran por la región agrediendo a varios pobladores. Como antecedente de estos hechos, cabe anotar lo sucedido con CATALINO GUERRA, un habitante de la vereda La Concepción, quien fue desaparecido por soldados del ejército, en la madrugada del 7 de enero de 1996. Los habitantes del corregimiento de San Lorenzo del municipio de Cantagallo, en un intento por salvar sus vidas iniciaron una travesía por el caño que lleva el mismo nombre, en donde miembros de la Armada y el ejército atacaron las pequeñas embarcaciones donde se trasportaban hombres, mujeres y niños que resultaron heridos. Una nueva víctima fue el pescador LIBARDO ORDUZ, quien después de haber sido detenido, fue despojado de los objetos de valor y dinero que portaba, sometido a múltiples torturas y asesinado, por efectivos de la Armada Nacional. Libardo fue capturado la noche anterior a su ejecución extrajudicial, cuando se desplazaba en una canoa de su propiedad por el Caño San Lorenzo, tratando de huir de los bombardeos que desde la madrugada del 6 de enero se realizaban sobre zona rural de San Pablo. Por el operativo en el que fue asesinado Libardo Orduz la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares inició una investigación para esclarecer la responsabilidad del asesinato; el 9 de mayo de 1990 fue enviado el proceso por competencia a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja. El caso de Sixto Mosquera Sarmiento El 2 de octubre de 1996, cerca de las 9:00 a.m. en la vereda San Lorenzo, municipio de Cantagallo, el campesino SIXTO MOSQUERA SARMIENTO fue detenido y torturado por miembros del ejército. Ese día los soldados llegaron a la finca de Sixto y se lo llevaron, le preguntaron que si sabía en “donde estaba la guerrilla, él respondió que hacía más o menos 15 días habían estado en un sitio denominado La Pajuila pero que de ahí no habían vuelto”; lo obligaron a ir a dicho lugar y una vez allí le dijeron que les mostrara en dónde estaba el armamento escondido, ante la cara de asombro de Sixto. Un testigo narra que a Sixto “le dieron patadas por todas partes, le amenazaban con las armas, le colocaban un poncho en la garganta y lo apretaban hasta cuando ya veían que se iba a ahogar, lo llevaron hasta una quebrada, entre seis soldados lo sostenían para que otro soldado se subiera y le pusiera una toalla mojada en la nariz para que no pudiera respirar; lo tiraron al agua y lo sacaron, iniciaron el regreso a la finca pero antes de llegar un soldado le dijo que no fuera a decir nada de lo que habían hecho porque después venía y lo mataba y a su familia”. 31 CREDHOS. Derechos Humanos en Barrancabermeja y su Zona de Influencia. Junio-Noviembre de 1996.

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Una vez en la casa la esposa de Sixto le preguntó, debido a su aspecto físico, que si lo habían torturado, entonces un soldado le dijo que “si seguía preguntando la mataban y que diera gracias, porque lo pensado era matarlo allá, que se lo habían llevado porque no les había colaborado y que sólo le colaboraban a la guerrilla... antes de salir los obligaron a firmar un documento” en el cual informaban sobre la detención de Sixto Mosquera Sarmiento y de su devolución sano y salvo. Cuando los campesinos pensaron que ya había pasado todo, vieron cómo los soldados se dirigieron a la finca del padre de Sixto, un señor de 65 años, ubicada frente a la de su hijo, lo detuvieron y se lo llevaron, para también maltratarlo. Además de las crecientes acciones paramilitares que se presentaron en 1997 en esta zona, oficiales de Armada no sólo permanecían pasivos ante la arremetida paramilitar, sino que contribuían directamente con su estrategia de expansión. Así, el 15 de junio, FABIO CANTILLO PEDROZO fue torturado por miembros de la Armada Nacional.

Actuaciones judiciales Por este hecho, la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja inició la investigación bajo el radicado No. 062-000137-1997, la cual fue archivada el 13 de abril de 1998.

Cinco días más tarde, el 20 de junio de 1997, el inspector de policía EDINSON MANUEL CANCHILA, el campesino ISMAEL GUARIN LOZADA y SEIS GUERRILLEROS (cinco hombres y una mujer) de la compañía Mariscal Sucre del ELN, fueron asesinados cerca de la cabecera de San Pablo por una patrulla militar adscrita al Batallón No. 45 “Héroes de Majagual”, compuesta por el Capitán Carlos Mario Hoyos Arango, los Tenientes Carlos Esteban Zuluaga Sierra y William Ancízar Restrepo Ramírez; y los soldados voluntarios Cornelio Marín Doria, Jamiltón Millán Flaminio, Rubén Calderón Peñaranda, Henry Miranda Vargas y Jhon Albeiro Cano Bedoya. Los insurgentes eran trasladados a recibir atención médica luego de haberse enfrentado con los uniformados en el corregimiento Carmen de Cucú, cuando fueron atacados por el ejército. Ante la solicitud de un guerrillero, los civiles se trasladaron en un tractor hasta el lugar de los combates para brindar ayuda humanitaria a los heridos en la acción bélica, quienes no se encontraban armados ni opusieron resistencia al encuentro con los militares. Los cuerpos de las ocho víctimas fueron llevados a Barrancabermeja, despojados de sus vestidos y a los civiles, además se les sustrajeron los documentos de identificación que portaban cuando decidieron ir a prestar ayuda humanitaria a los heridos, y los presentaron también como guerrilleros sin identificar muertos en el combate.

Actuaciones judiciales La investigación fue adelantada por el Juzgado 39 de Instrucción Penal Militar de San Vicente de Chucurí, a la misma fueron vinculados todos los militares que participaron en el hecho. El 19 de mayo de 1998 se emitió fallo inhibitorio en favor de los militares; no se tiene dato de su contenido.

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Un mes después, el 15 de julio de 1997, el conductor de camiones del municipio de Santa Rosa del Sur, FABIO CANTILLO PEDROZO fue torturado por miembros de la Armada Nacional, en San Pablo. El día 22 de julio de 1997, el presidente del Consejo Comunal del Carmen del Cucú CAMILO ACEVEDO ECHEVERRI, fue enterado de las amenazas que sobre él recaían, realizadas por parte de los hermanos Julio y Amaranto Olivares. Ese día, la señora Elizabeth Olivares llegó a la residencia de la víctima y le contó sobre las amenazas de muerte que los hermanos de ella profesaron contra Camilo: “mis hermanos están trabajando con el ejército... ellos juraron que lo van a matar porque usted sabía que la guerrilla iba a matar a mi hermano Emiro y no les avisó”. Ante la advertencia de la señora Elizabeth, Camilo y su esposa se desplazaron hacia San Pablo. Las amenazas que los hermanos Olivares emitieron en contra de Camilo continuaron; posteriormente los hermanos al preguntarle a un señor de la región conocido como el Negro Sierra por el paradero de Camilo, expresaron “es más fácil que se salve la vida de un marrano... que la vida de Camilo”. Poco tiempo después en Santa Rosa, el señor Camilo se encontró con Amaranto Olivares, quien hacía parte de una patrulla del ejército, el cual le expresó que “no se iba a meter con él, que se debía cuidar era de los paramilitares... por que lo tienen en una lista” afirmando también que en la patrulla hacían presencia 25 paramilitares. Este caso pone en evidencia la anuencia entre los miembros del ejército y los grupos paramilitares de la región, quienes comenzaron a implementar el uso de las “listas negras de la muerte” para eliminar a sus víctimas. El 10 de agosto del mismo año, los Tenientes Morales y Daza asesinaron en el perímetro urbano de San Pablo a LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ SERENO. Por este hecho la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja inició investigación disciplinaria bajo el radicado No. 062-000153-1997, la cual posteriormente fue archivada. Ese mismo día, un grupo de hombres vestidos con camuflado que se identificaron como miembros del ejército, pero que no portaban ningún distintivo y que se desplazaron con toda tranquilidad por el municipio, golpearon a EDUARDO EUCLIDES BARRAGAN HERRERA.

Actuaciones Judiciales Por estos hechos se inició investigación penal adelantada por la Fiscalía Local 34 de la Seccional de Fiscalías de Cartagena, donde se le asignó el radicado No. 62623. El 3 de enero de 2001, el proceso fue enviado a la Fiscalía Seccional de Simití donde se encontraba en investigación preliminar. También se adelantó un proceso disciplinario ante la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja que inició investigación disciplinaria bajo el radicado No. 062-000178-1998. No se conocen más datos sobre el proceso.

La cometida paraestatal contra los habitantes de San Pablo continuó el 7 de septiembre de 1997, fecha en la que fueron asesinados TRES POBLADORES por un grupo de paramilitares, en una zona de tolerancia del municipio.

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El año finalizó con la comisión de una masacre por parte de los paramilitares, en pleno centro de la población. El 6 de diciembre de 1997, MATIAS RAMIREZ y los comerciantes SAMUEL SARMIENTO FUENTES, de 30 años, MATIAS TELLEZ y JORGE ELIECER CABRERA VASQUEZ, de 44 años, fueron asesinados hacia la media noche, por varios hombres armados que llegaron en una camioneta de estacas hasta el parque principal de San Pablo, descendieron del vehículo y les dispararon con armas automáticas mientras las víctimas conversaban32. Tres días más tarde, el 9 de diciembre del mismo año, miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 5 “Los Guanes” abusaron sexualmente de la menor DALIDA LEAL ROVIRA, de 12 años de edad. Ese día nueve soldados llegaron a la finca Los Alpes, ubicada en la zona rural de San Pablo. En esta finca habitaba el señor Telésforo Leal Angarita con sus dos hijas menores de edad. Los soldados permanecieron en el lugar durante 8 horas, hostigaron al señor Telésforo a través de interrogatorios irregulares y luego procedieron a sacar a la menor de su casa conduciéndola hacia un sitio retirado donde fue sometida a varios interrogatorios; luego de las preguntas, tres soldados la golpearon, amenazaron, insultaron y luego abusaron de ella. Cuando los victimarios conducían a la niña de regreso a su casa, amenazaron nuevamente con matarla a ella y a su padre, si mencionaba algo de lo sucedido.

Actuaciones Judiciales La primera actuación judicial se llevó a cabo ante la jurisdicción contencioso administrativa con la presentación de una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, que fue inadmitida por no llenar todos los requisitos.

El 21 de enero de 1997, el Instituto de Medicina Legal con sede en Barrancabermeja practicó la valoración del médico legal, que confirmó el acceso carnal violento de que fue víctima la niña. En razón de este dictamen la Fiscalía 28 Delegada ante los Juzgados Promiscuos de Simití, inició la investigación previa bajo el radicado No. 214. El 24 de junio de 1998 fue archivada provisionalmente. En marzo de 1999, con ocasión de la presentación de un derecho de petición se ordenó la reapertura de la investigación. El 13 de octubre de 1999 se comisionó a la Unidad de Fiscalía Local de Rionegro (Santander) para que practicara algunas pruebas.

El 12 de febrero de 1997 se abrió indagación preliminar, en la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja con radicado No. 062- 000010-1997.

El 8 de septiembre de 1999 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, a octubre de 2000 estaba pendiente su admisión.

Del mismo modo y en aparente complicidad con las fuerzas armadas, según lo señala un testimonio, el 26 de diciembre de 1997, hacia las 8:30 p.m., un grupo de aproximadamente 100 hombres llegó al Corregimiento Carmen de Cucú y sacaron de

32 En marzo 8 del 2000, la Unidad de Fiscalía de Simití, informó que el proceso penal se encontraba suspendido.

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su casa al conductor JOSÉ DANIEL BELTRÁN VILORIA de 41 años, lo torturaron y luego lo asesinaron con armas de largo alcance, en la quebrada Santo Domingo, a dos kilómetros del corregimiento. Luego del asesinato, los agresores señalaron a los pobladores del corregimiento como auxiliadores de la guerrilla y amenazaron con efectuar una masacre. Los pobladores identificaron entre los paramilitares a los hermanos Amaranto Olivares y Julio Olivares, quienes fueron las primeras personas en identificarse como paramilitares; los también hermanos Uber Naranjo y Neder Naranjo, quienes, según testimonios de pobladores de la región, “actuaron en complicidad con las fuerzas armadas del Estado”. El 9 de enero de 1998, Lina Paola Upajita Quintero, compañera de Daniel, corroboró todos estos hechos temiendo por su vida ante la amenaza de los paramilitares33.

Actuaciones Judiciales

La Unidad de Fiscalía de Simití inició investigación previa por el hecho. El 27 de abril de 1999, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos envió a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación copia de las diligencias que este despacho había adelantado. Se abrió investigación preliminar el 8 de agosto de 2000 pero luego se suspendió.

El 9 de marzo de 1998, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició la investigación disciplinaria, bajo el radicado No. 008-010951. Para impulsar la investigación la Delegada comisionó a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja a fin de que indagara en el Batallón Nueva Granada sobre la realización de maniobras militares en el área en que sucedieron los hechos. Respondieron en la unidad que el Corregimiento de Carmen del Cucú no era de su jurisdicción sino del Batallón de Contraguerrillas No. 45 Héroes de Majagual. No obstante, al dirigirse la Provincial a dicha unidad no se pudieron realizar las pruebas ni averiguaciones pertinentes por cuanto alegaron que el Mayor encargado de responder no se encontraba en las instalaciones militares y por lo tanto no era posible dar esa información. Nunca se envió la información.

Así las cosas, al no contarse con pruebas que relacionaran la actividad de los militares en los hechos, y como la persona que instauró la queja no amplió su declaración por su propia seguridad, la Delegada resolvió archivar provisionalmente el expediente el 9 de marzo de 1999 invocando el artículo 151 de la ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único), aduciendo que “no se encontró información acerca de que en la vereda Carmen de Cucú se hubieran presentado patrullajes o que personal militar hubiese estado pernoctando en ese lugar, para la fecha en la cual tuvieron ocurrencia los hechos”. La falta de mérito probatorio para proseguir la actuación se hacía presente, debido a que los mismos militares impidieron la práctica de las pruebas correspondientes a esclarecer su responsabilidad en los hechos.

Además de los vejámenes efectuados por las fuerzas militares contra la población de San Pablo. La policía se convirtió en otro de los entes implementadores de la

33 Declaración de Lina Paola Upajita Quintero ante CREDHOS el 9 de enero de 1998 en Barrancabermeja.

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represión sistemática contra los lugareños. Un ejemplo de lo anterior tuvo lugar el 9 de abril de 1998, fecha en la que ARELYS DEL CARMEN CASTILLO fue víctima de hostigamientos por miembros de la policía.

Actuaciones Judiciales

La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja inició investigación disciplinaria por el hecho, bajo el radicado No. 062-000221-1998 contra miembros de la policía. El 28 de marzo de 2000 la investigación fue enviada por competencia a la Procuraduría Regional de Bolívar, que a su vez la remitió a la Procuraduría Regional de Santander, el 30 de mayo de 2000. La Procuraduría Regional de Santander, así mismo lo remitió a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la policía en Santander.

El 18 de febrero de 1999, JORGE EMILIO JACOME fue asesinado por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes llegaron hacia las 6:30 p.m. a la cabecera municipal. Los paramilitares pretendían asesinar al candidato al Concejo Municipal, ABIGAIL PEDROZA BALLETAS, quien resultó herido junto con un MENOR de 12 años. Cinco meses más tarde, los paramilitares cobraron una nueva víctima: El 5 de julio de 1999, el inspector de policía del corregimiento Santo Domingo, OTONIEL CARDENAS LEON de 70 años, y su hijo EDILBERTO CARDENAS AGAMEZ de 32 años, fueron asesinados por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el corregimiento Santo Domingo de San Pablo. Los paramilitares llegaron hacia las 7 a.m. a dicho corregimiento, allí le ordenaron a los pobladores que se reunieran en la plaza, el inspector y su hijo fueron sacados a la fuerza de su vivienda y llevados a la plaza. Posteriormente, los agresores les dijeron que iban a instalar una base paramilitar. Luego obligaron a las víctimas a tenderse en el suelo y procedieron a asesinarlos en presencia de los demás pobladores. RIOVIEJO El 9 de julio de 1996 los cuerpos de DOS HOMBRES, al parecer habitantes de la calle, fueron encontrados en el sitio conocido como Puente Cangrejo, en el corregimiento San Cayetano del municipio de Regidor (Río Viejo). Cuatro meses después, el 20 de noviembre de 1996, fue asesinado el profesor EVER PEREIRA RIVERA por seis hombres armados, quienes irrumpieron en su vivienda en horas de la noche, ubicada en el corregimiento de San Cayetano. Una nueva incursión paramilitar tuvo lugar el 25 de abril de 1997, hacia las 7:30 de la noche. En la hora y fecha señaladas, llegaron los paramilitares al casco urbano de la población portando armas de largo y corto alcance, chalecos color negro, con bolsillos donde llevaban proveedores, munición y portagranadas. Acto seguido, iniciaron su recorrido por la casa del Alcalde Luis Santiago de la Rosa y preguntaron por él; al no encontrarlo, dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda y la saquearon. De la misma forma fueron abaleando las casas cercanas y los establecimientos públicos, ubicados en la calle principal del pueblo, de donde sacaron por la fuerza e indiscriminadamente a varias personas incluidos mujeres y niños, ya que pensaban que el funcionario estaba escondido en ellas.

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Los pobladores fueron obligados a caminar hasta la calle principal mientras les decían “hijos de putas los vamos a levantar a tiros”, después eran arrojados al piso mientras los golpeaban con látigos a los cuales llamaban “Martín Moreno”. Una vez boca abajo, el seminarista CRISTIAN SANCHEZ, el trabajador del juzgado EDINSON ZEQUEA, el profesor NEFTALI VELEZ, el rector del Colegio Departamental de Rioviejo RUBEN DARIO MENDOZA, SATURNINA MORATO de 55 años, y OTRAS VEINTICUATRO PERSONAS, fueron insultados al tiempo que les cantaban “Martín Moreno este es el que quita lo malo y pone lo bueno” y los amenazaban con continuar con la masacre. Entre el grupo de victimarios se encontraban dos hombres encapuchados a quienes les pasaban las cédulas, para que fueran contrastadas con una lista que portaban; esta operación fue repetida en varias oportunidades y en diferentes partes del centro del pueblo. Posteriormente los paramilitares se dirigieron a las oficinas de la empresa de telecomunicaciones, Telecom, que fue saqueada y quemada, pasearon por las calles hasta llegar al estadero El Mojan, de donde sacaron a varias personas, incluido el administrador del negocio, el líder campesino y socio de la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar, ASOAGROMISBOL, JUAN CAMACHO HERRERA, quien fuera señalado por uno de los encapuchados. Inmediatamente varios paramilitares le dispararon siete tiros de fusil, delante de todos los que habían sido obligados a tenderse en el piso. Luego, el “Comandante Nelson”, les ordenó a los otros “quítenle la cabeza a ese guerrillero hijueputa” y otro de ellos sacó una machetilla, lo degolló, cogió la cabeza por el pelo y obligó a las personas que estaban tendidas en el piso “a que levantaran la cara para que vieran como iban a quedar todos esa noche”. Acto seguido “jugaron con ella como si fuera un balón, ante las miradas aterrorizadas de hombres, mujeres y niños, pasándola por encima a todos, pasándosela entre ellos y limpiándose la sangre en la ropa de los pobladores”. Luego clavaron la cabeza en una estaca mirando hacia la Serranía de San Lucas y sentenciaron que se dirigían hacia la zona minera del Corregimiento de Norosí. Pasado un rato, uno de los paramilitares preguntó quiénes eran estudiantes y profesores; las personas que alzaron la mano fueron obligados a irse. Por último, a un grupo de mujeres que habían sacado de un bar les dijeron “ustedes las meretrices váyanse y no las queremos volver a ver mañana por acá” y las dejaron ir. En el sitio todavía quedaban varias personas que fueron sentenciadas a muerte, un paramilitar afirmó “de aquí va a salir el otro que vamos a descabezar”, pero en ese momento pasó un carro que persiguieron disparándole, cuando lograron que el vehículo se detuviera, se acercaron para preguntarle al conductor de nombre LORENZO, de donde venía, él contestó que de “Buena Seña”, por lo que uno de ellos dijo, “miren, aquí tenemos otro guerrillero”, entonces procedieron a bajar por la fuerza al conductor y a los pasajeros, para hacerlos tender en el piso, uno de los encapuchados amarró al conductor con un lazo del cuello y lo ató a la parte trasera del carro para arrastrarlo pero el carro no prendió, entonces otro grupo se acercó para golpear al conductor. Decenas de familias que habitaban el municipio, aterrorizadas por la gran movilidad que lograron estos grupos en total impunidad huyeron dejando deshabitado el municipio. Dos meses después de la incursión paramilitar, el 20 de junio de 1997, el alcalde de Río Viejo LUIS SANTIAGO DE LA ROSA fue amenazado por paramilitares que lo presionaron a renunciar. Las amenazas se produjeron poco tiempo después de que

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los victimarios arribaran a la cabecera municipal, decapitaran a una persona y propinaran latigazos a varios pobladores. Las prácticas de terror y sevicia de los paramilitares en Rioviejo se reanudaron el 13 de agosto de 1997, cuando cincuenta paramilitares incursionaron en el corregimiento Regidor en horas de la madrugada, obligaron a la población a tenderse boca a bajo en la calle para luego llamar a DOS CAMPESINOS, a quienes señalaron como colaboradores de la guerrilla y decapitaron delante del resto de pobladores. El hecho provocó el éxodo inmediato de muchas familias hacia el casco urbano. El 1 de marzo de ese mismo año, un grupo de paramilitares entró al corregimiento Norosí de Rioviejo, provocando el desplazamiento de las comunidades que habían retornado en días anteriores y asesinaron a dos personas oriundas de los municipios de Puerto Rico (Tiquisio) y Santa Rosa del sur. MORALES El 2 de octubre de 1994, fueron encontrados los cuerpos de TRES HOMBRES que habitaban en el municipio. Los pobladores, afirmaron que los homicidios serían una retaliación por la emboscada que sufrieron agentes de policía en días anteriores, el 30 de septiembre, por guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC. En el primer trimestre de 1996, los paramilitares incursionaron en el área rural del municipio. El 21 de marzo de ese año, un grupo de aproximadamente 20 paramilitares, torturó y asesinó en el corregimiento Bodega Central a ocho personas entre las que se encontraban el carpintero MARCELIANO ARANGO ALFARO de 42 años, padre de 8 hijos, y el campesino GILBERTO ARBELÁEZ JIMÉNEZ de 50 años. Los paramilitares vestían jeans color azul, camisas color azul de manga larga y botas Brahma, entre ellos había tres encapuchados y un menor de edad; portaban fusiles Galil, Miniuzis, escopetas de repetición y pistolas 9mm; también portaban tres radios de comunicación de uso exclusivo de las fuerzas militares. El municipio de Morales, (en el cual se presentó la incursión), por ese entonces era una zona con presencia militar y, según testimonios de los pobladores, en el momento de los hechos se encontraban a 12 kilómetros del lugar una lancha de la Armada Nacional y un remolcador con miembros del ejército. Los paramilitares llegaron al corregimiento a las 5 a.m. en estado de embriaguez y aún llevaban botellas de ron. Se ubicaron, unos en las entradas y salidas del lugar, mientras los otros gritaban a los campesinos “levántense h.p., ¿no oyeron?”, “eso les pasa por ser colaboradores de la guerrilla”; a la vez se dedicaron a pintar letreros en las paredes como: “No más guerrilla”, “Muerte a la guerrilla”, “No más bandoleros viva el MAS”, “Afuera los sapos de la guerrilla únase a las autodefensas”. Durante el operativo, los pobladores fueron obligados a reunirse a orillas del río Magdalena, bajo un árbol que los campesinos llamaban Suan; allí los obligaron a acostarse boca abajo en la arena y fueron golpeados con el fuete que portaba uno de los paramilitares de aproximadamente 65 años. A una de las víctimas la sacaron de su casa y mientras lo conducían al sitio donde se encontraban los demás pobladores le escribieron con pintura las iniciales “AUC” en la espalda, cuando llegaron al lugar lo retiraron unos 15 metros le quitaron las esposas y le partieron la mandíbula con la culata de un fusil y lo balearon delante de los pobladores. A GILBERTO, que se

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negaba a salir de su casa, lo golpearon brutalmente hasta obligarlo a reunirse con los demás habitantes del caserío. Ya embarcados, nuevamente recibieron la orden por radio de asesinar a Gilberto, quien había quedado golpeado. Se devolvieron y le dieron muerte. Al momento de retirarse, los paramilitares dijeron que volverían en 15 días por 15 personas más, que tenían en una lista. Después de cometida la acción criminal, los agresores se dirigieron al corregimiento Lomas de Corredor, municipio de Aguachica, donde estuvieron buscando con lista en mano a unas personas. Al no encontrarlas procedieron a cortar con cuchillo los cabellos de los hombres que lo usaban largo.

Actuaciones Judiciales

La Unidad de Fiscalía de Simití inició la investigación previa. El 6 de febrero de 1998, fue remitida por competencia a la Fiscalía Regional de Barranquilla, la cual le asignó el radicado No. 9811. Posteriormente por competencia territorial fue asignada a la Fiscalía Cuarta Especializada de Cartagena, donde se adelantó la investigación previa, bajo el radicado No. 58680, “contra personas en averiguación”. El 13 de abril de 1999, la investigación fue suspendida.

El 27 de marzo de 1996, seis días después de lo ocurrido en el Corregimiento Bodega Central, el mismo grupo paramilitar que realizó la incursión a ese lugar asesinó a DOS COMERCIANTES en la vereda San Juan. Ambos fueron llevados hasta la plaza principal de Morales y luego los asesinaron frente a todos los pobladores. Pese a que la avanzada paramilitar en esta subregión era de conocimiento público, no existen registros de acciones de las fuerzas militares contra la ofensiva paramilitar, omisión que facilitó el rápido dominio paramilitar de toda la región. De tal manera, la escalada de asesinatos se extendió hasta finales de 1996; el 20 de noviembre de ese año, en el casco urbano del municipio, un grupo de paramilitares le quitaron la vida al poblador del municipio, MARTÍN PINO, de 47 años. El 25 de enero de 1998 un grupo de aproximadamente 10 paramilitares asesinó en la puerta de su casa al conductor conocido como “El 21”. El conductor realizaba su recorrido en la línea Moralito Mico Ahumado y fue acusado por los paramilitares que ingresaron a la casa con una lista, de haber transportado algo para la guerrilla. El lugar del asesinato queda a dos minutos de Morales, donde se encontraba acantonado el ejército. Los victimarios eran aproximadamente 10, uno de ellos lo señaló y lo acusó de haber transportado “algo” a la guerrilla. A partir del mes de octubre de 1998 se registró una concentración de la acción paramilitar sobre el municipio de Morales. La ofensiva de este período inició a comienzos de ese mes con una incursión paramilitar en el corregimiento de Colorado donde los paramilitares asesinaron varias personas e incineraron sus viviendas. SANTA ROSA DEL SUR La avanzada sobre Santa Rosa del Sur y el territorio minero

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Desde 1994 los homicidios arreciaron en todo el Sur de Bolívar, en especial en el municipio de Santa Rosa del Sur donde fue denunciada la presencia de grupos paramilitares mientras se presentaban enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. La ola de terror y el posicionamiento del municipio como una zona de manejo paramilitar, inició con asesinatos selectivos que abrieron paso a la maquina paramilitar que posteriormente entraría realizando agresiones colectivas, entre las que se cuentan las masacres, torturas infligidas a un grupo considerable de personas y desapariciones. El asesinato del campesino JOSÉ ISRAEL BARRERA HERNÁNDEZ de 30 años, quien fue encontrado en la vereda San Francisco, el 12 de febrero de 1990, con cinco impactos provocados por pistola 9mm. Entre las acciones militares que le abrieron paso al cerco paramilitar que asedió toda la región, se encuentran las múltiples detenciones-desapariciones, agresiones realizadas por el ejército en compañía –inicialmente- de civiles que actúaban como informantes, luego las operaciones de bandas paramilitares en donde los pobladores de la zona reconocían entre los agresores a algunos soldados, o la constante connivencia entre fuerza pública y grupos paramilitares que operaban con toda tranquilidad movilizándose -no en pocas ocasiones-, fuertemente armados y a pocas calles de las guarniciones militares sin que su accionar tuviera freno. Una de las modalidades usada en Santa Rosa para reprimir a los pobladores y que más asombra por su persistencia es el asesinato selectivo. Varios campesinos aparecían muertos sin que se tuviera noticia de los responsables y los móviles del crimen. Entre 1994 y el año 2000 se registra un total de 119 asesinatos con las mismas características, un promedio de 2 asesinatos por mes. Entre estos asesinatos se encuentra el del minero JOSE ROBINSON CUBIDES VALLEJO, quien fue ultimado el 5 de julio de 1994 de 2 disparos en la vereda Villa Flor; el del campesino de 25 años HELIBERTO SANDOVAL, el 1 de enero de 1995 en el perímetro urbano del municipio; quince días después, el del agricultor JOSÉ ÁNGEL MUNAR CALDERÓN de 45 años, en el corregimiento de San Lucas y el del arriero JOSÉ BERNARDO YÉPEZ TABARDA, asesinado el 29 de enero, en el mismo corregimiento. La escalada criminal de los agentes estatales y paraestatales prosiguió durante 1995. El 22 de enero de ese año, en el corregimiento Los Canelos, el campesino CARLOS ARTURO LÓPEZ ZUVIETA de 21 años, quien trabajaba en ese lugar como aserrador, fue torturado y asesinado en el camino que de la mina El Ventarrón conduce hacia la mina Las Brujas, por miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 33 Cacique Lutaima, adscrito al Comando Operativo No. 9 del ejército, cuya sede estaba ubicada en el municipio de Zaragoza (Antioquia). El operativo estuvo al mando del Teniente Cesar Augusto Tabera Cardona, comandante de la Compañía Dragón y en el mismo participaron el Cabo Primero Gilberto Londoño Morales, el Cabo Segundo Adelmo Lucumí Puentes y los soldados John Jairo Sánchez Ospina, José Leonardo Vivas Talaga, Rubiel Acevedo Cabrera, Gregorio Calducho Tapiero, Onairo Suárez Escobar, Marcos Edgar Franco, William Javier Céspedes Hernández, José Gabriel Martínez Torres, Víctor Antonio Velásquez Vásquez, Carlos Leonardo Reyes Sánchez, Rafael Darío Vertel Teherán y Luís Eduardo Mejía Páramo.

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Carlos Arturo y otro poblador se dirigían hacia la mina aproximadamente a las 6:30 a.m., cuando tres hombres vestidos de civil y con armas cortas los interceptaron y les gritaron “alto, bájense de lo que llevan”, el campesino que acompañaba a Carlos Arturo al ver que se trataba de un asalto trató de defenderse con un revólver calibre 38 que portaba y disparó, entonces los hombres de civil gritaron “mátenlos que son guerrilleros”. Momentos después, los miembros del ejército uniformados y armados con fusiles que estaban escondidos en un lugar próximo, procedieron a disparar a los campesinos, alcanzaron a herir a Carlos Arturo en la pierna izquierda, mientras el otro campesino logró escapar. Carlos Arturo fue retenido, le preguntaron por nombres de guerrilleros, a lo que él les respondió que no sabía, que lo investigaran, que él no era guerrillero y les suplicaba que no lo mataran, fue amarrado a una palo y le dispararon en la mano derecha, así permaneció hasta aproximadamente las 9 a.m.. Luego lo obligaron a acostarse boca abajo y procedieron a dispararle; luego recogieron el cuerpo y obligaron a otros pobladores a cargarlo primero colgado en una vara y luego en una mula hasta un sitio cercano donde lo recogió un helicóptero del ejército. El cuerpo de Carlos Arturo fue presentado por los militares como el de un NN guerrillero muerto durante enfrentamiento con la tropa en desarrollo de la orden de operaciones “Meteoro”.

Actuaciones Judiciales Por el asesinato de Carlos Arturo fueron iniciadas las diligencias previas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad de Fiscalía de El Bagre (Antioquia) el 3 de febrero de 1995, bajo el radicado No. 011-1995. El 28 de abril de 1995, las diligencias previas fueron enviadas al Comando de la XI Brigada del ejército, con sede en Montería (Córdoba), la cual delegó la indagación preliminar al Juzgado 32 de Instrucción Penal Militar que le asignó el radicado No. 205. El 13 de octubre de 1998, este juzgado remitió nuevamente el proceso a la Unidad de Fiscalía de El Bagre. El 15 de marzo de 1995, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de El Bagre (Antioquia) envió a la Procuraduría Departamental de Antioquia el “Informe Mensual Violaciones a Derechos Humanos”. El 30 de mayo de 1995, el informe fue remitido a la Procuraduría Provincial de Caucasia (Antioquia). El 21 de junio de 1995 ese despacho lo remitió por competencia a la Procuraduría Provincial de Magangué, donde se le asignó el radicado No. 045-000650. El 22 de febrero de 1996, fue remitido el proceso, por competencia territorial, a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, donde se le asignó el radicado No. 062-007704. Esta provincial luego de valorar las diferentes pruebas, plantea que existe la “probabilidad de que los miembros del ejército hayan asesinado de manera brutal y bárbara al señor Carlos Arturo, esta conclusión encuentra respaldo al examinar la necropsia y el acta de levantamiento... y en especial el análisis de los tiros que se encontraron en la humanidad de Carlos Arturo, pues aparece que tiene un disparo que le quitó gran parte de la cabeza y varias otras heridas de disparos por sus extremidades y cuerpo y además su cuerpo presentaba quemaduras y una laceración, situación que fortalece aún más la tesis de que el señor Carlos Arturo fue muerto en circunstancias ajenas a un combate”. Ya que estaba involucrado en el hecho un oficial del ejército, el proceso fue remitido, el 10 de abril de 1996, a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, donde se le asignó el radicado No. 022-002539-1996, y se abrió investigación disciplinaria contra el Teniente César Augusto Tavera Cardona, el 31 de julio

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de 1997. El 23 de febrero de 1998 esta Delegada elevó pliego de cargos contra Tavera Cardona, al considerar que “pudo incurrir en irregularidades por posible extralimitación de funciones en el operativo... al permitir que personal bajo su mando diera de baja al señor Carlos Arturo, quien presumiblemente se hallaba en estado de indefensión, para posteriormente informar a sus superiores que se había dado de baja a dos subversivos como resultado de enfrentamiento armado, ocultando la verdad de lo sucedido”. El 27 de julio de 1998, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares resolvió absolver al Teniente Tavera Cardona, al considerar que “los militares reaccionaron ante la agresión... se trató ni más ni menos que de un reflejo defensivo frente al inesperado ataque... en cuanto tiene que ver con las laceraciones y aparentes quemaduras observadas en el cuerpo de la víctima, esto pudo haberse debido al hecho de que el cadáver tuvo que ser fuertemente atado y así trasladado, también amarrado sobre el ejemplar caballar que lo transportó”. El 15 de febrero de 1999, en fallo proferido por el Procurador General de la Nación se confirmó la providencia de la Delegada para las Fuerzas Militares.

Dos semanas después, el 9 de febrero de 1995 fue asesinado por desconocidos el habitante del corregimiento Los Arrayanes JUAN BAUTISTA JIMÉNEZ PINTO, de 27 años de edad. Igualmente, el 28 de febrero siguiente, sería asesinado en el corregimiento de San Pedro el minero EDUARDO MANUEL SIERRA CASTRO, también de 27 años. Quince días más tarde, el 19 de marzo de 1995, fue asesinado en el corregimiento de Buenavista el campesino JESÚS PINZON. El 9 de julio en el perímetro urbano fue asesinado el agricultor SAÚL RODRÍGUEZ ROJAS de 20 años; y al final de esa semana, el viernes 14, fue asesinado el campesino MANUEL ANTONIO MELO ROMERO de 30 años en el corregimiento Los Canelos. Nuevamente en el perímetro urbano, el 7 de octubre, fue asesinado el abuelo JUAN LEÓN TORRES SANABRIA de 82 años. Ocho días después se presentó el homicidio de una MENOR de 17 años. Para este momento en la zona la acción en contra del campesinado se extendió no sólo geográficamente, sino a otros sectores que fueron brutalmente victimizados, mineros, comerciantes, funcionarios públicos, fueron objeto de variadas agresiones en la región correspondiente al municipio de Santa Rosa del Sur. A finales de ese mismo año, el 4 de noviembre, el comerciante GAVINO MENDEZ RANGEL de 89 años, fue asesinado en el corregimiento San Pedro Frío, a manos de un grupo paramilitar. Al año siguiente, el 20 de enero de 1996, fue asesinado el minero JOSE DEL CARMEN LOPEZ GALINDO de 26 años, en el corregimiento de Los Canelos. A medida que transcurrían los días y meses del año 1996, se manifestaba con mayor crueldad la oleada de terror y muerte implementada por los paramilitares. El 22 de abril de 1996 en el corregimiento de San Pedro Frío, el joven arriero CALUDIANO VERA VANEGAS de tan solo 18 años fue asesinado. Algunos días más tarde, el 5 de mayo, en el Corregimiento Los Canelos, desconocidos dieron muerte a los agricultores LUIS ERNESTO VELÁSQUEZ ROMERO de 41 años al igual que a

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ISBELANO PEÑA. Los victimarios de la población tan sólo esperaron seis días desde su última acción criminal, para darle muerte al también poblador y agricultor ELIANO FLOREZ PATIÑO, habitante del corregimiento Los Canelos, quien fue asesinado el 11 de mayo de 1996. Mes y medio después, el 30 de junio, fue asesinado el agricultor OBDULIO GARCIA GARCIA de 63 años, en el perímetro urbano del municipio. En el segundo semestre del año se intensificaron los actos criminales de los “desconocidos”. El 20 de julio 1996, en el corregimiento Villa Flor, un grupo de desconocidos asesinó al agricultor VÍCTOR JULIO ROJAS SAMUDIO de 37 años. Veinte días después, el martes 15 de agosto, el agricultor LUIS DAGOBERTO TORO TRUJILLO de 33 años, fue asesinado por un grupo de hombres fuertemente armados que hacían presencia en el corregimiento de San José. Al mes siguiente, el 20 de septiembre de 1996, la señora CARMEN SÁNCHEZ fue asesinada por desconocidos dentro del perímetro urbano. En un nuevo ataque realizado contra la población rural, el 3 de octubre de 1996, los desconocidos acabaron con la vida del labriego FABIÁN ENRIQUE DUARTE PINTO de 27 años. A pesar de actuar de manera encubierta, “los desconocidos” eran conocidos por la población de Santa Rosa como los mismos paramilitares que a partir de 1994 comenzaron a sembrar el terror en la región. De tal manera, las operaciones paramilitares continuaron en el transcurso del mes de octubre. El día 16 se produjo nuevamente una incursión paramilitar en el casco urbano del municipio, que dejó sin vida, a MARCOS AGREDO PINZON de 25 años. Al finalizar el año, el lunes 9 de diciembre de 1996, los paramilitares acribillaron al poblador urbano LUIS ALFREDO SUESCUN de 28 años. En 1997 los paramilitares aparecieron públicamente en el municipio. El 18 de febrero de ese año, un grupo de paramilitares autodenominado Muerte a Cuatreros, MAC, asesinó en la carretera de entrada al municipio, al zapatero LUDOBERTO TORREGLOSA MARTÍNEZ de 44 años. Pocos días más tarde, el 27 de febrero de 1997, el minero ALEJANDRO MARTINEZ LONDOÑO, de 36 años, fue asesinado por desconocidos en el corregimiento San Pedro Frío. En el segundo semestre del año, el 11 de agosto, los paramilitares asesinaron al agricultor ISRAEL VALLEJO MENDOZA de 27 años, en el corregimiento de San Francisco. El mismo día pero en el perímetro urbano, fue asesinada MARIA ODALINA MARTINEZ de 72 años. Septiembre de 1997 fue también un mes marcado por la comisión de múltiples asesinatos en Santa Rosa, gracias a los cuales las estructuras paramilitares confirmaron su asentamiento en esta zona. Justo una semana después de una incursión paramilitar en San Pablo, un grupo de paramilitares inició una cadena de asesinatos selectivos, entre los pobladores. Entre ellos se encontraban el agricultor de 67 años GONZALO PIÑERES VILLAR, asesinado el 15 de septiembre; el campesino de 42 años JULIO CESAR ROJAS, asesinado en el corregimiento de Buenavista el lunes 29; el niño PEDRO ENRIQUE PINZON BERNAL de tan solo 9 años, asesinado el 30 de septiembre en el perímetro urbano del municipio, y el campesino de 22 años, RENE PACHECO, que fue asesinado el 12 de octubre también en el perímetro urbano del municipio.

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El 12 de diciembre incursionó un grupo de paramilitares en perímetro urbano, asesinando al albañil JAVIER VARGAS OSORIO, de 18 años. Cuatro días más tarde, el 16 de diciembre, asesinaron al comerciante URIEL AGUIRRE ROJAS de 24 años en el corregimiento de San Pedro Frío. Dentro del grupo de paramilitares los pobladores del lugar pudieron identificar a miembros del ejército. En 1998 continuaron los asesinatos selectivos por cuenta de los paramilitares ya asentados en el municipio de Santa Rosa del Sur. El 11 de febrero fue asesinado el agricultor JAIRO CEDIEL DUARTE de 43 años. Cuatro días después fue asesinado el campesino JOSÉ MELESIO ROJAS SAMUDIO quien tenia 30 años al momento de su muerte. La primera semana de marzo fue ultimado el cotero FRANCISCO OLMO PARADA de 23 años. El 20 de junio los paramilitares dieron muerte al comerciante ALFONSO GUERRERO de 34 años. Dos meses después, el 23 de agosto de 1998, fue asesinado GILBERTO TARAZONA PACHECO de 27 años, en el perímetro urbano del municipio. TIQUISIO El 8 de marzo de 1995, un JOVEN, quien había pertenecido a un grupo guerrillero, fue torturado por tropas de la Brigada Móvil No. 2. El joven se encontraba en un bar ubicado en la cabecera municipal de Tiquisio (Puerto Rico), donde fue detenido por los militares, quienes luego lo torturaron y le dieron un plazo para que abandonara el pueblo o de lo contrario lo asesinaban. A mediados de los noventa el ejército reanudó sus operativos en la zona, dando curso a una nueva oleada de agresiones contra la población de Tiquisio. En un patrullaje realizado el 10 de mayo de 1995, por miembros del batallón de Contraguerrillas No. 18 Cimarrones de la Brigada Móvil No. 2, al mando del Subteniente Rodrigo Medina Velasco, en el corregimiento Tiquisio Nuevo, militares adscritos a esta unidad torturaron a los campesinos, JOSE SACO y un muchacho llamado WILSON de 13 años, y a dos guerrilleros del ELN, entre los que se encontraba SANDRA MILENA VERA SALAS, conocida como “Nurys Hernández”; ambos finalmente serían asesinados a pesar de haberse rendido y entregado sus armas. Esa tarde alrededor de las 4, nueve guerrilleros se encontraban escondidos en un predio de propiedad de José. Al darse cuenta de la proximidad de la presencia militar, siete de ellos huyeron, y dos permanecieron ocultos en el zarzo de la casa. Los militares que al poco tiempo llegaron a la casa, sacaron a José, propietario del predio, junto a dos personas más que se encontraban allí; una vez fuera de la casa procedieron a golpear brutalmente a José y le quemaron con un fusil la garganta a Wilson, posteriormente iniciaron una requisa al interior de la casa encontrando a los dos guerrilleros que fueron asesinados después de haber entregado sus armas. Según testigos, “los hicieron tender en el piso y los ametrallaron”, marchándose junto con los cuerpos sin vida en un helicóptero. Los militares presentaron a los guerrilleros como muertos en combate, en hechos ocurridos supuestamente en horas de la tarde en el sitio Tres Mujeres del municipio de Río Viejo; según dicha versión les decomisaron armamento y munición. Los militares que participaron directamente en el crimen fueron el Cabo segundo Germán

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García Rodríguez, y los soldados profesionales Donaldo David Dueñas Ramos y José Humberto Tapasco Aricapa.

Actuaciones Judiciales

La actuación disciplinaria se inició el 15 de mayo de 1995 con la queja presentada por este hecho ante la Defensoría Regional del Magdalena Medio. El 22 de mayo de 1995, la Defensoría remitió la investigación a la Procuraduría Provincial de Magangué, donde se radico bajo el No. 045-000632-1996.

El 13 de agosto de 1996, la investigación fue remitida a la Procuraduría Provincial de El Banco (Magdalena), donde se le asignó el radicado No. 055-000034. El 5 de diciembre de 1996 este despacho la remitió a su vez a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, la cual le asignó el radicado No. 008-000057-1996. El 31 de marzo de 1997, la Procuraduría Departamental del Atlántico fue comisionada para realizar la práctica de algunas pruebas, pero este despacho devolvió el expediente el 20 de mayo siguiente al considerarse no ser competente (de acuerdo con la resolución 001 del 19 de enero de 1996, sobre la nueva organización territorial de la Procuraduría). El 18 de septiembre de 1997, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos remitió de nuevo las diligencias a la Provincial de El Banco, siendo devueltas el 15 de enero de 1998. El 18 de septiembre de 1998, la Delegada para Derechos Humanos ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el Subteniente Rodrigo Medina Velasco, el Cabo Segundo Germán García Rodríguez y los soldados profesionales Donaldo David Dueñas Ramos y José Tapasco Aricopa, formulando pliego de cargos en su contra el 14 de octubre de 1999. El 17 de julio de 2000, se declaró la prescripción de la acción, por haber transcurrido más de cinco años sin existir un pronunciamiento definitivo. Por otro lado, el 8 de mayo de 2001 la Unidad Fiscalías Delegadas ante el Juzgado Penal del Circuito de Magangué, informó que en sus archivos no aparecía información sobre investigación alguna por este hecho. Asimismo, el 10 de agosto de 2001, la Unidad de Fiscalías Especializada de Cartagena adujo que “hechas las averiguaciones en el centro de información de la Oficina de Asignaciones de esta Seccional, despachos Fiscales Especializados y por jurisdicción territorial (Unidad de Fiscalías Seccional de Magangué), no se encontró anotación alguna sobre los sucesos referidos”.

Las arbitrariedades y desmanes represivos de la fuerza pública prosiguieron en el segundo semestre de 1996. En agosto de ese año, el chalupero JUAN CARLOS MUÑOZ MONSALVE se enteró que en una reunión realizada en Tiquisio y donde participaron miembros del ejército, la policía, el DAS y la SIJIN, se tomó la decisión de ejecutarlo porque lo habían visto conduciendo la chalupa en compañía de

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guerrilleros, desconociendo que en esta región los campesinos se veían obligados a realizar estos servicios para preservar su vida. Era una constante que los operativos militares se desarrollaran paralelamente, o se sumaran o precedieran las confrontaciones entre paramilitares y guerrilla, o a la agresión paramilitar contra la población civil. Aún en procedimientos aparentemente rutinarios y sin que mediaran abusos expresos o abiertos contra la población, las tropas regulares podían constituirse en avanzadas de los operativos del paramilitarismo. En Las Nieves, zona rural de Tiquisio, los testimonios registraron la llegada a comienzos de 1997 de un grupo de 260 soldados adscritos al Batallón Nariño, entre quienes los testimonios dieron referencia de un Teniente de apellido Bello y un soldado de apellido Mena que permanecieron entre el sábado y domingo. Establecidos en el lugar, pidieron a los lugareños que les hicieran mandados, ir a las tiendas a comprarles ‘mecato’, y tuvieron en general buen trato para con la gente. Al día siguiente bajaron hasta el poblado e hicieron algunas compras. “Se portaron muy formales los militares, todo lo que sacaron de las tiendas fue comprado, todo lo pagaron, es más, los útiles que prestaron, como los útiles de cocina, los prestaron y los devolvieron”34. Y aunque entraron como militares, es decir, con armamento y uniformes del ejército regular, la población confirmaba que entre la tropa reconocieron al menos 8 desertores de grupos guerrilleros que estaban vinculados como paramilitares. Entre el grupo de militares, a la hora de salir, en el segundo día de estadía y sin dar justificación alguna, uno recolectó algunos nombres de los pobladores a quienes tomó nota de cómo se llamaban y su número de cédula. Las personas por quienes indagaron eran vecinos del mismo pueblo y en su mayoría mineros, algunos dedicados al comercio; además del presidente de una Junta de Acción Comunal. Para complementar la averiguación directa, los militares le hicieron preguntas a los niños respecto a las personas de la población. Para ello generaron confianza con los infantes dejándoles manipular algunos equipos, en concreto, “le prestaban los binoculares para que miraran y dijeran quienes estaban, quienes eran las personas que estaban allá” (...) “a otros niños si se les preguntaron por el señor de la tienda, quién era el Presidente de la Junta, también les preguntaron”. El testimonio de los habitantes del municipio indica que al menos a uno de los niños, “le dijeron que esa lista iba directo para los paramilitares”. Pocos días después de la llegada del ejército, el 13 de enero de 1997, se registró el asesinato de DOS CAMPESINOS a manos de paramilitares, en el corregimiento Tiquisio Nuevo. En días posteriores el poblado fue objeto de ametrallamientos desde helicópteros. Mes y medio más tarde, el 22 de marzo de 1997 en horas de la mañana, se presentó un enfrentamiento entre el ejército y guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, en el puente que comunica a Tiquisio Nuevo con Puerto Venecia (en Achí). Ese mismo día en horas de la tarde tres helicópteros y un avión hércules bombardearon los corregimientos de Dos Bocas (en Tiquisio) y Puerto Venecia; entretanto, dos aviones de guerra K-fir bombardearon el sitio llamado Puerto Mango, ubicado a 3 kilómetros del corregimiento Tiquisio Nuevo.

34 CNM, Base de Datos, Testimonio 05009

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Al día siguiente, el 22 de marzo, una parte de la tropa salió de la zona y el resto permaneció hasta el domingo 24 de marzo, quedando algunos soldados, quienes en compañía de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, comandadas por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, conocido como “El Mono Mancuso”, llevaron a cabo en los corregimientos de Coco y Puerto Coca una acción armada. El 28 de marzo de 1997, los paramilitares de las AUCC y el ejército asesinaron a los campesinos CESAR JULIO GUTIÉRREZ VERGARA de 24 años, DONALDO ANTONIO RAMÍREZ BARAONA de 25 años, ROBINSÓN ACEVEDO CHAMORRO de 22 años, DAIRO JARAMILLO ACOSTA (o ZAPATA) de 19 años, WILSON SIMANCA ACOSTA de 34 años, el comerciante WILSON GARCIA CARRASCAL de 27 años y un JOVEN no identificado. Uno de los pobladores que fue testigo de estos hechos, afirmó que “los militares del batallón Nariño, que habían estado una semana antes en El Coco... habían llegado al Coco, comandados por el Capitán Leguizamón, quien reunió a la población y habló con ella recolectando nombres con números de cédula”. Entre los paramilitares había miembros de los grupos que operaban en El Guamo, Bolívar, entre ellos uno conocido como “Rubén”, que hacía parte de una Convivir de Magangue, Bolívar, en la que se encontraban dos desertores de la guerrilla, uno de ellos conocido como “Confite”. Esta Convivir había sido organizada por los hermanos Botero (Héctor y otros), familiares del ex ministro de defensa Fernando Botero Zea, y grupos paramilitares de las ACCU de Valledupar y San Onofre, Sucre. (...) Ya concretamente cuando se comienzan los asesinatos, diga usted unos 12 años para acá, que se comienzan a producir los primeros asesinatos, el primero se lleva a cabo en Magangue cuando los señores Boteros llevan los primeros paramilitares, los primeros escuadrones de asesinos a Magangue, y comienzan a hacer ejecuciones selectivas, allá asesinan a un Chalupero, un muchacho de Chalupa, hijo de la región de Tiquiza, es asesinado un 31 de diciembre después de haberlo tenido en la finca de ellos, una hacienda que se llama la Cuqueña, que esta muy cerca de Magangue, allá lo tuvieron gozándoselo porque él tocaba guitarra y lo pusieron a que les tocara guitarra, les cantara y después de eso lo amarran y lo llevan en una camioneta de ellos mismos, de los Botero y lo asesinan en la carretera que conduce de Magangue hacía Sincelejo. PREGUNTA: ¿Quién es esa familia Botero? RTA: Estos son unos señores antioqueños, incluso uno de ellos ha sido representante a la cámara, ellos han ido apropiándose de grandes extensiones de tierra en lo que es de Magangue hacía arriba, subiendo hacia Coyongal, ahí tienen unas fincas bastante extensas y ellos son los amos y dueños de esa región. PREGUNTA: ¿Y estos señores tenían influencia directa en el sur de Bolívar o solamente en la zona de Magangue?. RTA:

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Siempre tuvieron influencia en Magangue, pero después con sus escuadrones de asesinos han ido tratando de ingresar hacia las zonas de Tiquisio que son unas tierras muy excelentes para la ganadería. PREGUNTA: La muerte de este Chalupero se produce más o menos a finales de los 80, da el comienzo de estos primeros casos de violencia, ¿cuál era el objetivo de esos hechos de violencia que se empiezan a presentar?, ¿A quién beneficiaban?, ¿Por qué se hacían? RTA: Ellos comenzaron con los asesinatos selectivos sobre todo contra los chaluperos, casi todos los chaluperos que viajaban hacia la región de Montecristo, Tiquisio, Guaranda, Puerto Rico, Sudan, eran catalogados como auxiliadores de la guerrilla por lo tanto fueron asesinando a los Chaluperos, entre esos podemos recordar a Marcos Salazar, Raúl Mesa, bueno una infinidad de Chaluperos que han caído ahí en esa briega. PREGUNTA: ¿Esos gestores de la muerte eran personas de la zona o estos señores trajeron gente de afuera para cometer estos asesinatos? RTA: Inicialmente trajeron gente de Medellín. PREGUNTA: Y, ¿cuál era la forma como se producían esos crímenes? RTA: Se dio la modalidad, que en el mismo puerto de Magangue, en el puerto de la Chalupa las personas eran asesinadas delante de todo el mundo, de día, en cualquier momento las personas estaban ahí en el puerto y llegaban 1 o 2 sicarios en una moto y cogían a las personas a balazos delante de todo mundo y se montaba a su moto delante de la policía porque la policía se la pasaba ahí o se la pasa ahí en el puerto y se iban tranquilamente y llegaban y se localizaban en las oficinas de los señores Botero, la policía nunca ha actuado, nunca ha hecho nada por tratar de contrarrestar esto, siempre a sido cómplice, complaciente ante esto. PREGUNTA: ¿Y la influencia de los Botero llega desde esa época hasta nuestros días o eso ha venido cambiando con el tiempo? RTA: No, si todavía siguen ahí y otra señora que es la dueña de una casa de apuestas, una señora que le dicen la gata, no se como es el nombre, pero le dicen la gata y es la dueña de una casa de apuestas y esta señora también hace y deshace en ese pueblo. FUENTE: Testimonio Proyecto CNM. Base de Datos.

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La acción armada fue planeada por Mancuso en una reunión en el corregimiento El Retiro de Magangué, de allí los paramilitares salieron a bordo de aproximadamente 15 embarcaciones que les retuvieron a los chaluperos de este corregimiento. El 27 de marzo, hacia las 2 de la madrugada, llegaron al corregimiento Puerto Venecia de Achí y permanecieron hasta el día siguiente haciéndose pasar por guerrilleros del XXXVII frente de las FARC-EP; pintaron las paredes del pueblo con letreros alusivos al grupo subversivo y dijeron que iban a “darle un golpe al ejército”. Para el supuesto fin, les pidieron sus motocicletas a Cesar Julio, Donaldo y otro muchacho, quienes accedieron a su petición y a acompañarlos. Horas después los cuerpos de los tres jóvenes fueron hallados abandonados en la vía entre los corregimientos Coco Tiquisio y Tiquisio Nuevo. Luego se dirigieron a la cabecera municipal de Tiquisio, donde retuvieron violentamente al CURA PÁRROCO, a otro SACERDOTE, a un ESTUDIANTE franciscano y a un MÉDICO, amenazándolos de muerte y conminándolos a abandonar la región, además preguntaron por el conductor de una chalupa, la cual destruyeron a bala. Después se dirigieron al corregimiento Puerto Coca, ubicado a 5 kilómetros del casco urbano, donde asesinaron a cuatro víctimas, en presencia de los pobladores. Durante su recorrido por la cabecera municipal de Tiquisio y los corregimientos Puerto Coca y Tiquisio Nuevo, saquearon todos los almacenes, tiendas y droguerías, dejaron una lista de 34 pobladores “condenados a muerte” y se llevaron cerca de 1.000 reses, además de dinero y joyas de los pobladores. Las pérdidas fueron calculadas por la Personería Municipal en 150 millones de pesos. Estas acciones se llevaron a cabo sin resistencia alguna por parte de miembros de la policía, que realizaba labores de vigilancia y control en la región. El ganado fue llevado a Plato, Magdalena a la finca “Jesús del Río” de propiedad del narcotraficante Miky Ramírez. En esa finca había campamentos, se realizaban escuelas de entrenamiento y era sede de una Convivir.

Actuaciones Judiciales El 28 de mayo de 1997, la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Magangué inició la investigación previa contra “desconocidos (AUC)”, bajo el radicado No. 624. El 15 de agosto de 1997, la remitió por competencia a la Fiscalía Regional de Barranquilla, donde se le asignó el radicado No. 8694. El 27 de mayo de 1998, el proceso fue remitido a la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Allí, por los hechos cursa la investigación con el radicado No. 272, encontrándose en etapa preliminar en la que se ordenaron el 18 de abril de 2005 práctica de pruebas. No se ha vinculado ninguna persona. Por otro lado, el 28 de abril de 1997 fue presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-. El 8 de mayo de 1997 la CIDH le asignó al caso el No. 11750.

La incursión paramilitar a los Corregimientos pertenecientes a Tiquisio, así como a su casco urbano, obedeció a la resistencia que los mineros artesanales pusieron a la intención de multinacionales y de la familia Illera Palacio de disputar el dominio de las minas de oro en la región, y marcó la entrada a sangre y fuego del aparato paramilitar en la zona, dejando a Tiquisio sin médicos, pues los que habían fueron amenazados y tuvieron que salir de la región; los propietarios de varios establecimientos públicos que fueron destruidos abandonaron la zona; la producción agrícola se redujo sustancialmente, por el temor de los agricultores a movilizarse a las zonas rurales. Esta situación afectó aproximadamente a 200 pobladores del

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corregimiento Puerto Coca, de los cuales el 20% eran niños de entre 1 y 12 años y el 22% adolescentes de entre 13 y 17 años. Los pobladores explican las acciones en su contra, “porque como todos los habitantes de la zona somos colaboradores por el simple hecho de estar viviendo en la zona, pues ahí nos convertimos de pronto en vinculados, pero directamente, con grupos como combatientes o algo, ni siquiera como milicianos”35. Pero desconocen que el verdadero interés de los paramilitares es económico al disputarse el comercio de coca y las minas de oro de la región. En una carta enviada el 3 de marzo de 1997, el señor Efraín Illera Palacio desde la empresa Corona Goldfiels propuso a los mineros una conciliación para apoderarse de las minas expresando: “Con esta comunicación y nuestro ánimo conciliatorio queremos que haya paz en la región, no estamos interesados en patrocinar o colaborar con grupos paramilitares o fuerzas extrañas, somos conscientes de la importancia que ustedes tienen en la región y queremos con ustedes construir un nuevo país, en donde podamos resolver nuestras diferencias a base de diálogo y conciliación, y no de confrontación.” Días después, y ante la negativa de los mineros a conciliar se presentó la incursión en Puerto Coca. Al mes siguiente incursionaron en Río Viejo, donde asesinaron al presidente del comité de mineros diciendo que ellos venían por las minas. PREGUNTA: ¿Esos combates los hacen con el ejército de liberación nacional o cómo es el mecanismo que utilizan ellos para enfrentar al ELN? RTA: Sí, efectivamente hay combates regulares en la zona entre la insurgencia llámese, ELN, FARC, o ERP, siempre hay combates con ellos, pero regularmente es unas incursiones de terror, de infundir terror a la gente, porque eso de llegar a arrasar pueblos, de bombardearlos, de ametrallarlos, porque aquí estamos hablando del apoyo de la fuerza aérea, hay pruebas concretas, hay un vídeo, hay una prueba de un vídeo de una periodista donde capta 4 helicópteros de la fuerza armada ametrallando a Pueblito Mejía. PREGUNTA: ¿Tierra arrasada? RTA: Tierra arrasada, un pueblo completamente arrasado, quemadas todas sus casas, todas sus pertenencias de los habitantes, entonces no es contra la insurgencia es contra la población civil, para que se produzca un terror y la gente abandone sus pertenencias, sus casas, su tierra, su finca, nosotros en una reunión en la procuraduría general de la nación nos dijeron que si querían que llamaran al comandante de la quinta brigada, y al señor Millán y el dice telefónicamente que él estaba emputado y disgustado porque los campesinos estaban utilizando a la prensa para decir lo que no era, que él iba al mando de esos 4 helicópteros, que eso no era cierto, que era que él tenía que llegar a poner orden porque habían combates entre 35 CNM, Base de Datos, Testimonio 05009

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supuestos paramilitares e insurgencia y resulta que nosotros tenemos la prueba de que están ametrallando al pueblo, supongamos que la insurgencia estuviera dentro del pueblo, entonces ese señor no va a venir a poner orden ametrallando y destruyendo el pueblo y asesinando a la población civil porque tiene que venir a poner orden. PREGUNTA: Las consecuencias posteriores a algún tipo de hechos como esos, como los bombardeos sobre poblaciones, incendios y todo tipo de cosas, ¿cuáles son las consecuencias, el desplazamiento directo? ¿Todo el mundo se va de la zona? ¿Quedan algunos campesinos viviendo ahí, se resisten a irse de sus tierras? ¿Cuál es el resultado de todo eso? RTA: Alguna gente se fue de la zona, hay mucho desplazado, los pueblos ahora son unos pueblos fantasmas, alguna gente ha regresado hacia los pueblos, otros se han subido hacía la parte más alta de la serranía, cada día ellos se van desplazando más hacia las partes altas, otra gente se ha quedado dispuesta a que los asesinen, a que los maten ahí, porque ellos dicen que no tienen para donde irse y que para salir a las ciudades a mendigar pues que no se van. PREGUNTA: ¿Y esos procesos de desplazamiento se dan de una manera digamos desordenada, individualizada, o hay de alguna manera procesos organizativos en torno a esos desplazamientos?; ¿se dirigen hacia zonas especificas?; ¿hay algún tipo de apoyo hacia esos desplazados, cómo es eso? RTA: La salida del personal regularmente es desordenada, salen hacia diferentes partes del país, porque no hay un ente que los apoye, el apoyo por parte del estado, primero a donde llega un desplazado los ponen a hacer cualquier cantidad de diligencias y vueltas y reseñas y más reseñas y más certificaciones de que son desplazados para ultimo decirles que les van a dar un auxilio por 3 meses como si en 3 meses se solucionara el problema, después quedan a la deriva, no los reciben en ninguna oficina y simplemente les maman gallo. FUENTE: Testimonio Proyecto CNM. Base de Datos. Bombardeos Semana Santa (1997)

...aproximadamente a las ocho de la mañana, llegó el ejército a El filo de las nieves (caserío en jurisdicción de Tiquisio) ahí permanecieron un rato, -eh- aproximadamente a las once de la mañana llamaron civiles para pedirles que les hicieran mandados a las tiendas, buscarles mecato. El domingo bajaron hasta el pueblo, estuvieron allí comprando en unas tiendas, haciendo comida,-eh- se portaron muy bien con la gente pidiendo favores, a la hora de salir en la tarde uno recolectó unos nombres... ... a las nieves llegaron 260 hombres, -eh- fueron identificados como militares, pero de parte de la población civil se confirma que hay paramilitares, porque desertores

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de parte de grupos guerrilleros están vinculados con los paramilitares y fueron con ellos, con el ejército... FUENTE: Testimonio 05500041 Proyecto CNM. Base de Datos. ... A algunos niños les estaban haciendo preguntas respecto de algunos de la población, -eh- le prestaban los binoculares para que miraran y dijeran quienes estaban, quienes eran las personas que estaban allá. Allá en el pueblo, también los dejaron, les dieron mucha confianza con los equipos y a uno de los niños les dijeron que esa lista iba directo para los paramilitares...

…Apareció un avión sobrevolando por ahí donde vivía yo, mi ranchito y dio ciertas vueltas y yo me salí afuera con el niño y mi esposa ella estaba comiendo, almorzando, como quien dice era una hora de la 1 de la tarde, ella estaba almorzando y cuando yo salí y mire el avión y le dije a ella, mija este avión es como algo que no nos trae cosas buenas, y yo me quede en el patio con el niño cargado, y en fin, el avión dio las dos vueltas y cuando sentimos fue que enseguida se puso a tirar balas, ráfagas y nosotros allí parados, yo saque como decían que uno tenía que sacar una sabana blanca, un trapo blanco para son de paz para que lo vieran y no le hicieran nada a uno, entonces yo salí, saque una sabana asustado, pero yo la saque afuera, ahí la tendí sobre una matica y que va eso no valió, nos siguió tirando bala, y nosotros al vernos en ese combate... ..., que estaban era combatiendo con nosotros porque nosotros a según las voces, la guerrilla si estaba por ahí, estaba en una cordillera, pero ellos cuando el avión llegó y nos empezó a disparar, nosotros oímos unos tiros de ellos, pero el avión siguió, fue tirándonos a nosotros y el grupo de ellos vieron que no era con ellos lo dejaron quieto y se escondieron, y por allá para ese lugar no hicieron ni un tiro a según las voces de ellos. En el municipio, corregimiento de puerto Rico Tiquisio, vereda la Luz. Y al fin yo salí huyendo porque las balas nos caían así en los pies y sentíamos que, dijimos nosotros no la única salvación para nosotros es huir pero entonces me sentía yo como un poco, o sea para salir así a correr me daba impresión porque de pronto me pueden tirar una bomba y si nos metemos a la casa también nos la destruyen; no podemos y la señora mía loca, gritando y llorando y el niño mío llorando también y después ya el avión siguió tirándonos por el camino donde nosotros veníamos, la casa la dejo, el patio todo huequiado, me daño una cama, me daño la locita, siempre me destruyo eso por ahí, siempre me tiro unas bombas, vamos a decir incendiarias, y siempre prendieron un lugar de un potrero que yo tenía allí, eso estaba todo seco en verano, prendió eso; me quemaron un poco de árboles de cedro, que por allí la madera de cedro es muy buena entonces me las terminaron, me las quemaron, y yo veía la candela pero yo no podía acercarme por allá, después salí yo para el lugarcito donde había un colegio, unos peladitos, o sea unos colegios, había una profesora que les dictaba clase y yo me reuní ahí con los niños, y nos metimos ahí toda la familia y cuando ya el avión llegó más bajito, pero entonces no nos tiro más nada, después yo regrese a la casa, pero ya no me dio animo de yo seguir en ese, vivir allá, ya la señora apenas oía un avión se atormentaba mucho, lloraba y no quería que yo saliera a trabajar, porque el deber de uno es trabajar, entonces ella, el niño traumatizado también, llorando, apenas oía un avión, mami, mami, el avión y el

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avión hecha bala y llorando todos, siempre uno el temor, porque uno nunca, nosotros nunca hemos vivido en zona de violencia. Los paramilitares llegaban hasta ahí cerquita del pueblo, como a 2 horas del lugar donde yo vivía, a 2 hora, un corregimiento. Un pueblito, se llama la Ventura. Si, Coca se llama, y acribillaron un poco de gente, la degollaron, eso la hicieron pedazos, dijeron que eran los paramilitares porque, que llegaron unos vendados y recogieron al pueblo o sea que en lugar de, eso fue un viernes y como era tiempo de semana santa todo el mundo estaba reunido por ahí jugando dominó. Si, fue al día siguiente, entonces yo no logre mirar sino nada mas lo que me contaron una cuñada mía vivía allí y nos contaba todos esos crímenes, entonces reunieron todo el pueblo y los cogieron para que miraran lo que iban a hacer para que la gente tomara algo de racionamiento sobre eso, para que no se convirtieran en guerrilleros, para que no, o sea que tuvieran temor, si, metiendo terror... FUENTE: Testimonio 0550003 CNM. Base de Datos. En la vereda Mi Chirrera, corregimiento de Coco Tiquisio, el 9 de julio de 1997, el ejército asesino al campesino y aserradero RAFAEL LEDESMA, dos días antes se presentaron en la casa de la victima un grupo de aproximadamente 10 hombres identificándose como miembros del frente Mariscal de las FARC-EP, solicitándole que los acompañará a la tienda a comprar unos víveres, el campesino inicialmente se negó, pues no quería tener problemas con la brigada móvil No.2 del ejército que se encontraba en la zona hacia varios días aparentemente realizando un operativo contrinsurgente. Sin embargo, al final el los acompaño y durante la caminata le dijeron que no eran guerrilla, lo detuvieron y lo trasladaron al campamento del ejército, allí permaneció hasta el 9 de julio cuando a las 7:20 de la mañana se escucharon tres disparos en medio de un supuesto combate en el punto conocido como Villa Doris. De allí trasladaron en helicóptero el cadáver hasta el corregimiento de La Plaza (Micoahumado) en el municipio de Morales. Pese a que al inspector de La Plaza no le correspondía hacer el levantamiento, el capitán Hernández lo obligó. Días después los familiares se acercaron al campamento del ejército, para averiguar sobre la suerte de Rafael, pero sólo recibieron evasivas; poco tiempo después de la visita de la familia de Rafael el ejército abandono la zona. Por medio de los habitantes de la zona se enteraron en donde había sido enterrado Rafael y lograron hablar con el inspector que realizó el levantamiento, este les dijo que la victima estaba vestida con un camuflado que tenía una marquilla que pertenecía al ejército y además los orificios en el uniforme no correspondían con las heridas que tenía en el cuerpo. Posteriormente el inspector fue asesinado y uno de los hermanos de la victima amenazado y desplazado. El 18 de agosto de 1998, un día después de la retirada del ejército, miembros de la II División del ejército, con sede en Barranquilla se hicieron presentes, mucho tiempo después de ser informados del arribo del grupo paramilitar. Los militares maltrataron

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a algunos residentes y acusaron a la comunidad de ser refugio de guerrilleros. El gobierno nacional había sido avisado de la presencia de grupos paramilitares en la región, en aquella ocasión se les había solicitado la protección de los pobladores de Tiquisio y los municipios aledaños. Pese a esto, las autoridades militares no intervinieron para repeler el ataque paramilitar, a pesar de que no se trataba de la primera incursión de ese año, pues los paramilitares habían incursionado ya en el corregimiento El Sudán el 4 de abril y habían asesinado a CUATRO PERSONAS. El 16 de junio hicieron lo mismo en el sitio El Chorro, donde asesinaron y descuartizaron a un CAMPESINO de 78 años36. El posicionamiento de las ACCU continuó durante el segundo semestre de 1998. En días anteriores y como preparativo a su nueva entrada, habían incursionado sobre la misma localidad saboteando el fluido eléctrico y las comunicaciones y habían montado retenes en las vías de acceso37. Durante los días que duró su patrullaje del sitio a Puerto Rico, los paramilitares sostuvieron combates esporádicos con guerrilleros del ELN y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en las áreas rurales; tal y como afirmaba Daniel Reinoso, jefe del grupo paramilitar que a nombre de las AUC se encontraba en Puerto Rico, al declarar que “hemos combatido en Coca, cerca de Puerto Rico, y en la misma cabecera”38. El grupo armado se presentó inicialmente como integrante de la Compañía Búfalos adscrita al Batallón Antonio Nariño del ejército, pero posteriormente admitieron ser un grupo de paramilitares pertenecientes a las ACCU. Durante el tiempo en que estuvieron controlando los paramilitares el corregimiento se presentaron varias violaciones a los derechos humanos. El 10 de agosto asesinaron a varios pobladores, entre los que se encontraban DONALDO CÁCERES DÍAZ, DAGOBERTO MAURES PEREZ, ARCENIO RIVERA y el campesino LIBARDO BENITEZ, a quienes después de amarrarlos procedieron a decapitarlos en presencia de los habitantes de la localidad. El 24 de agosto de 1998, el inspector de policía del corregimiento Dos Bocas, ARCESIO RIVERA, fue asesinado por paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en la vereda Garabatal, jurisdicción de Tiquisio Nuevo. Su cuerpo fue encontrado en la quebrada Santo Domingo. Desde mediados de septiembre de 1998 un numeroso grupo de paramilitares incursionó en el corregimiento de Puerto Rico. Los paramilitares ingresaron por la vía carreteable que comunica los municipios de Guaranda y Sucre con Tiquiso, permaneciendo en el lugar desde el domingo 16 hasta el sábado 21 de septiembre. Algunos días después de la masacre de Puerto Rico, los paramilitares asesinaron, el 16 de septiembre de 1998, a la anciana ANA TRINIDAD ACOSTA y el 20 de septiembre a MANUEL HERRERA, ALFONSO RODRÍGUEZ y una señora de nombre MARIA. Además quemaron la Alcaldía Municipal con los archivos que contenían toda la información del municipio: Sisben y el Plan de Desarrollo Municipal y el de Ordenamiento. También incineraron las viviendas de los señores Santiago Contreras, Jesús Gallo, Eulises Peña y Juan Belilla; saquearon varios establecimientos

36 Vanguardia Liberal, 30 de agosto de 1998 37 El Espectador, 16 de septiembre de 1998. 38 Vanguardia Liberal, 20 de septiembre de 1998.

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comerciales y viviendas, hurtando alhajas, ropa, alimentos, aves de corral, porcinos, animales de carga y electrodomésticos. Los paramilitares sometieron a los pobladores obligándolos a permanecer encerrados en sus viviendas. Además fueron obligados a prepararles alimentos a los agresores, lavarles la ropa y a asistir a varias reuniones donde los amenazaron por ser supuestos auxiliadores de la subversión. En medio de los fuertes combates que sostuvieron con la insurgencia ocuparon la Iglesia, la Casa Cural y varias viviendas; obligaron a niños, mujeres y ancianos a cargarles los morrales, alimentos y munición. En su retirada quemaron alrededor de 20 viviendas y la motocicleta de una de las víctimas, reiterando la amenaza de volver, se llevaron a CUATRO JÓVENES residentes de esa localidad para que los transportaran hasta el corregimiento Coco Tiquisio, donde incendiaron la oficina de Telecom y la Inspección de policía. Una hora después de iniciada la incursión paramilitar, el secretario del Interior de Tiquiso se comunicó con la gobernación de Bolívar por medio de comunicación radial, para solicitar la rápida presencia de la fuerza pública con el objeto de preservar la vida de sus habitantes. Un vocero campesino que visitó Tiquisio recogió la versión de los pobladores: “la gente dijo que sí hubo participación del ejército en las incursiones de Puerto Venecia y La Guaranda, porque a escasos kilómetros está la cabecera municipal y Puerto Coca, en donde hay presencia del ejército y pese a que los paramilitares duraron 8 días, nunca hubo intervención de la fuerza pública”39. En su recorrido los paramilitares pasaron el 22 de septiembre de 1998 por el corregimiento La Ventura, donde asesinaron a JUAN LEAL ARROYO, MARIA MONROY, JOSE MANUEL QUINDALA HERERRA, propietario de una taberna, ALFONSO MARTÍNEZ y a LUIS GARCIA, conocido como “Lucho Patas” y sindicado de pertenecer al Frente Luis Solano Sepúlveda del ELN. Hacia el 1 de octubre, grupos paramilitares atacaron las veredas de Colorado y Bocas de Guacamayo, cerca de allí se encontraban 200 efectivos del Batallón Nariño. En colorado asesinaron al señor OSMIDIO AMARIS, además de quemaron tres viviendas, entre ellas la de la victima y la del presidente del Consejo Municipal. Además de esto, hurtaron dos motores, electrodomésticos, joyas y dinero. En la segunda vereda asesinaron a MANUEL RAMIREZ y a sus hijos EDILBERTO Y DARWIN RAMIREZ RAPALINO, además de incinerar cuatro casas junto con todos los enseres que había en ellas. El último registró de CLH en Tiquisio en el lapso de 1966 a 1998, tuvo lugar el 11 de octubre de 1998, fecha en la que el comerciante PEDRO TORRES de 65 años, fue asesinado por paramilitares, que incursionaron en la zona rural. MONTECRISTO A diferencia de otros municipios del Sur de Bolívar, la comisión de CLH en Montecristo comenzó a evidenciarse recientemente, a finales de la década del 90, período en el cual los grupos paramilitares comenzaron a consolidar su poderío en

39 Vanguardia Liberal, 30 de agosto de 1998

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toda la región. Con la llegada de tales fuerzas irregulares tuvo lugar una escalada de violencia caracterizada por la sevicia y el bloqueo sanitario y económico contra la población, que conllevó al desplazamiento forzado de decenas de sus habitantes, quienes en el afán de salvaguardar sus vidas abandonaron sus viviendas y demás propiedades. Una de las modalidades más implementadas por los paramilitares para dar muerte a sus víctimas fue la de interceptarlos mientras se movilizaban en las chalupas. Por otra parte, en más de una ocasión los paramilitares realizaron retenciones masivas y emplearon a la población como escudo humano para salvaguardarse de los ataques con la guerrilla. Como si no bastara con la grave crisis humanitaria que se produjo mediante este tipo de hechos, la fuerza pública, lejos de proteger y ayudar a los lugareños hacia presencia en la población para respaldar a las tropas paramilitares y facilitar su huida, labor que llevaban acabo por medio de bombardeos y ametrallamientos indiscriminados. La connivencia entre el ejército y los paramilitares facilitó el que estos últimos lograran imponer su dominio y someter permanentemente a los habitantes de Montecristo. La arremetida paramilitar contra los lugareños se manifestó el 4 de septiembre de 1997, fecha en la que el chalupero RAFAEL MARTINEZ CARO fue asesinado en el corregimiento Boca de Caño de Méjico, por paramilitares que lo acusaron de pertenecer a la guerrilla. Su cuerpo fue hallado flotando en aguas del río Cauca el 7 de septiembre siguiente.

Actuaciones judiciales La Fiscalía Quinta Delegada ante el Juez Único Penal de Circuito Especializado de Cartagena, inició la investigación por homicidio agravado bajo el radicado Nº 44847, la cual se suspendió el 30 de junio de 2004.

El 31 de octubre de 1997 se registró una nueva incursión paramilitar. Ese día, el campesino MAXIMILIANO VÁSQUEZ de 76 años, conocido como “Simino”, fue torturado, asesinado y luego descuartizado por paramilitares que venían bloqueando las vías de ingreso al municipio desde finales de ese mes impidiendo el acceso al municipio de alimentos, medicamentos y en general diferentes víveres necesarios para la sobrevivencia de la población rural. El crimen fue cometido en horas de la tarde, en inmediaciones de los sitios La Tranca y Madre Vieja, sobre el río Cauca, cuando se movilizaba en una embarcación en busca de un antídoto contra la mordedura de culebras, ya que un hijo suyo había sido víctima de una mordedura. Los centros de salud de Nechí (Antioquia) le negaron la posibilidad de adquirirlo, pues éste supuestamente era solicitado sólo por los guerrilleros. Se dirigió entonces hacia Caucasia (Antioquia), encontrándose en el camino con un retén de paramilitares, quienes luego de escuchar la solicitud del poblador, quién creía que estaba hablando con miembros del ejército e iría a encontrar ayuda, lo bajaron de la embarcación y lo amarraron de manos y cintura, lo dejaron en tierra y lo obligaron a correr hasta el sitio Madre Vieja, en donde lo degollaron. Los paramilitares estuvieron cuidando el cuerpo durante un día, esperando que “los guerrilleros vinieran a recoger a su compañero”. Un día después reunieron a los pobladores del sector, y les dijeron que iban a hacer el levantamiento del cuerpo, procediendo con una sierra a cortarle brazos y piernas, y a arrojarlos

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junto con la cabeza al río. Cuando los familiares fueron en su busca, encontraron solo el tronco, teniendo que buscar en el río hasta encontrar la cabeza.

Actuaciones Judiciales

La investigación previa fue iniciada por la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena, la cual el 15 de noviembre de 2000, la suspendió y archivó provisionalmente.

Un año más tarde, el 4 de agosto de 1998, el inspector de policía del corregimiento Villa Uribe, JOAQUIN SUAREZ, quien sufría de una limitación física en sus extremidades, y el joven WILLIAM RESTREPO, quien vivía en el corregimiento El Dorado, fueron desaparecidos, en inmediaciones de una base paramilitar permanente, comandada por alias “Popeye” e instalada desde abril de 1998 en el corregimiento Caimital, en una hacienda del mismo nombre, ubicada en una de las márgenes del río Cauca. En el momento de la retención las víctimas se movilizaban en una chalupa que los transportaba desde Magangué hasta Nechí.

Actuaciones Judiciales

La Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena, inició la investigación previa Nº 45241 contra desconocidos, la cual se archivaría el 10 de marzo de 2004 mediante resolución inhibitoria.

El 22 de agosto de 1998, los paramilitares iniciaron una avanzada desde Puerto Venecia (Guaranda) hacia la cabecera municipal de Montecristo. El 26 de agosto retuvieron alrededor de una decena de pobladores de la vereda La Dorada y se ubicaron en un cerro cercano a ese caserío, donde fueron cercados por la guerrilla. El 28 de agosto un helicóptero de color blanco al servicio de los paramilitares aterrizó tres veces en el cerro, y de nuevo el 29 agosto en las horas de la mañana. Ante la crisis humanitaria que creó la acción bélica el Coronel Nicolás Jara, Comandante del Batallón Nariño, se negó a ir con sus tropas en auxilio de la población señalando que no había condiciones para entrar, y alegando velar por la integridad de los soldados bajo su mando40. Al mismo tiempo tropas del ejército arribaban al área con apoyo de helicópteros que ametrallaron y bombardeaban las posiciones de la guerrilla. El 30 de agosto se intensificaron los bombardeos. Luego de los bombardeos de la Fuerza Aérea (FAC) sobre la zona rural de Montecristo, en particular en la vereda Rangelito, los paramilitares se retiraron de la zona y a partir del día 30 los combates se desarrollaron entre el ejército y la guerrilla. Los paramilitares se retiraron por la ciénaga de Montecristo en 8 chalupas, a pesar de la presencia de la Armada Nacional que se desplazaba en embarcaciones conocidas como pirañas. En su retirada los paramilitares lanzaron panfletos en los que ofrecían trabajo a los jóvenes del pueblo y de otras poblaciones cercanas41.

40 “Ahora no hay condiciones para entrar en Montecristo, y no lo haremos a sangre y fuego, pues tengo que velar por la vida de mis hombres”, declaraba el coronel Jara. El Espectador, 30 de agosto de 1998. 41 El Espectador, 31 de agosto de 1998.

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El 3 de septiembre de ese mismo año, miembros del Batallón Antonio Nariño, de la I División, se apostaron en la Ciénaga de El Tigre, adyacente a Montecristo, y avanzaron por vía terrestre a la cabecera municipal, donde entraron al día siguiente. Además de los bombardeos de los días anteriores, las operaciones militares contaron con el apoyo de la Infantería de Marina que con “pirañas artilladas” patrulló la Ciénaga Grande, o Ciénaga de Montecristo, y los caños que conducen al río Cauca42. A propósito de las operaciones, Miguel Road Hernández, gobernador del departamento de Bolívar, señalaba que “las altas esferas del gobierno nacional han sido claras respecto de su intención de recuperar el control de la zona, y por ello se están ejecutando acciones que permitan el ingreso de tropa a la localidad”. Y respecto a los bombardeos en particular, en los que tomaron parte varios helicópteros, al lado del avión fantasma de la FAC, un oficial del batallón Antonio Nariño, de la I Brigada, precisaba “estamos tratando de recuperar la zona, militarizar la región, llegar a Montecristo y garantizar la tranquilidad de sus habitantes y de toda la zona”43. La prensa informó igualmente del uso de ametralladoras punto cincuenta en los ataques aéreos sobre Montecristo44. El terror ocasionado por la avanzada paramilitar y el pánico producido por los bombardeos originó el desplazamiento masivo hacia Guaranda, Magangué, Cartagena y Barranquilla. Algunos días más tarde, el 10 de octubre de 1998, en horas de la tarde, el educador ANTONIO JOSE CABRERA, de 32 años, quien trabajaba en la vereda Pueblo Santo y JAIRO SOTELO, de 30 años, quien trabajaba como chalupero cubriendo la ruta Villa Uribe - Regencia – Nechí, PEDRO TORRES, de 65 años, fueron asesinados por un grupo armado compuesto por paramilitares y por lo menos cuatro soldados al mando de alias “El Paca”, quienes se movilizaban en 4 embarcaciones. Antonio José fue asesinado en el corregimiento Regencia y Jairo en el corregimiento Madre Vieja. Por este crimen no se corrió investigación penal ordinaria alguna como lo informó el 17 de mayo de 2001 la Fiscalía Delegada ante del Juzgado Penal del Circuito de Magangué. A parte de las atrocidades cometidas por los paramilitares, la población debía soportar la persecución oficial que justificándose con el discurso de la “lucha antidrogas” utilizaba alta tecnología armamentista apoyada militar y financieramente por la administración estadounidense para atacar a los habitantes de la localidad. Un poblador de la vereda Rangelito narra lo siguiente, a propósito de los bombardeos realizados sobre el municipio el 30 de agosto de 1998, “Eso fue impresionante. El pueblo entero retumbaba y ya hay varias personas, especialmente mujeres, muy afectadas por la situación. Están sufriendo de los nervios... Las bombas están cayendo cerca, en el cerro de Montecristo y las montañas del otro lado. Aquí se escuchan claramente y estamos asustados”. Una señora recibió heridas cuando la onda de la explosión desbarató una parte de su casa y ella salió lastimada. Ante la ofensiva militar, los pobladores buscaron refugio en la casa cural, en la que izaron

42 El Espectador, 4 de septiembre de 1998; Vanguardia Liberal, 5 de septiembre de 1998 y El Tiempo, 7 de septiembre de 1998. 43 El Espectador, 1 de septiembre de 1998. 44 El Tiempo, 1 de septiembre de 1998.

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una bandera blanca y otros construyeron escondites debajo de sus camas. Durante las operaciones los habitantes de la localidad mantuvieron comunicación con las autoridades de la gobernación de Bolívar. “Cuando hablamos con ellos pueden oír el ruido de las bombas cayendo. Se sienten como si fueran aquí mismito. Esto está muy tenso y la gente está buscando la manera de salir de aquí”. No obstante, cuando se trata de operaciones regulares del ejército, la gente espera ser tratada con alguna consideración y no acusados o señalados de guerrilleros o colaboradores de la subversión45. Pese al clamor de la población la maquina de la muerte estatal y paraestatal siguió cobrando vidas. El 28 de octubre de 1998, DOS CAMPESINOS fueron asesinados por paramilitares, en el corregimiento Villa Uribe. SIMITI Simití es quizá uno de los municipios más asediados por la represión estatal y paraestatal del Sur de Bolívar. Los primeros indicios de dicha represión se remiten a mediados de los ochenta, período en el que la fuerza pública (principalmente los miembros de la policía) comenzó a hostigar agredir a los habitantes del municipio. Con el devenir de la segunda mitad de la década del ochenta la represión implementada por los agentes estatales ascendió considerablemente a la par con el accionar de los “desconocidos” y los grupos paramilitares que hicieron su aparición en la región; no obstante fue durante los primeros años de la década del noventa cuando se comenzó a evidenciar la persecución sistemática contra la población que fue puesta en marcha por las fuerzas del orden con la llegada a la zona de la Brigada Móvil No 2, estructura militar caracterizada por la enorme cantidad de CLH que realizó tanto en el Sur de Bolívar como en los demás territorios que comprenden la zona V (Sur de Cesar, Santander y Norte de Santander). Paralelamente a la militarización de la Brigada Móvil en toda la zona, los grupos paramilitares desarrollaron varias incursiones en el municipio, cobrando la vida de varios pobladores, ante la mirada omisa de los militares e incluso contando con su connivencia. De tal manera, entre 1992 y 1995 fueron asesinados por tropas del ejército más de 70 campesinos, los cuales fueron presentados oficialmente como “guerrilleros dados de baja en combate”. Además de las ejecuciones extrajudiciales, las tropas del Batallón Nueva Granada y la Brigada Móvil No.2 dieron curso, durante 1994, a una serie de ametrallamientos y bombardeos indiscriminados que cobraron la vida de más pobladores. En 1996 las tropas del ejército se enfrentaron con un grupo insurgente en el Corregimiento Monterrey: En los días posteriores al desarrollo de los combates, los militares llevaron a cabo allanamientos en las viviendas del lugar y torturaron a varios de los habitantes de la zona, acusándolos de “pertenecer y/o colaborar con la subversión”. La arremetida de las tropas militares contra los lugareños de tal corregimiento se prolongó durante 1997; mientras tanto los grupos paramilitares comenzaron a hacer presencia en este y otros corregimientos del municipio. 45 El Espectador, 31 de agosto y 1 de septiembre de 1998.

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La anuencia entre el ejército y los paramilitares contribuyó a la creación de una base paramilitar ubicada en el trayecto que de Simití conduce a Santa Rosa del Sur. Desde este lugar el ejército y los paramilitares comenzaron a controlar la región implementando bloqueos, retenes e incursiones en los municipios aledaños, que en la mayoría de los casos dejaban como resultado innumerables pérdidas humanas y económicas. El accionar de los paramilitares se extendió hasta Cerro de Burgos en el corregimiento de Veracruz, lugar en el que fueron hallados más de 50 cuerpos de hombres, mujeres y niños cuyos cadáveres exhibían las enormes huellas de sevicia con las cuales fueron asesinados. Otro de los mecanismos empleados por los paramilitares para dar muerte a sus víctimas consistió en interceptar las chalupas donde se movilizaban los campesinos de la región, obligándolos a identificarse y confrontando sus nombres con las “listas negras” que portaban los victimarios permanentemente. Esta situación conllevó a que los chaluperos se convirtieran en otro de los sectores sociales altamente victimizado por los agentes paraestatales. En 1998 se evidenciaron varias operaciones conjuntas entre el ejército y los paramilitares en Simití y en el resto del Sur de Bolívar. Un ejemplo de lo anterior tuvo lugar a mediados de junio de 1998 cuando un grupo de 150 paramilitares incursionó en Cerro de Burgos, en el corregimiento de Veracruz y dio muerte a tres pobladores, asesinando con cometer la masacre más grande de la zona, intimidando a los pobladores con los hechos ocurridos en Barrancabermeja algunos días antes. A consecuencia de la operación paramilitar la población de Veracruz quedó prácticamente deshabitada. En respuesta a los desmanes represivos realizados por la fuerza pública y los grupos paramilitares en Cerro de Burgos y toda la región del Sur de Bolívar, la insurgencia llevó a cabo a finales del mes de junio un paro armado en el cual las principales vías de acceso a Simití fueron bloqueadas. La reacción de la fuerza pública y el paramilitarismo antedicho paro no se hizo esperar; en los días siguientes a su realización fueron asesinados varios de los campesinos de la zona. Reacción contra el “Paro Armado” Desde junio de 1998, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, realizaron en el Sur de Bolívar un paro armado en rechazo de las incursiones y masacres cometidas por grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, contra la población de la zona. Dicho paro armado paralizó el transporte terrestre, fluvial y aéreo mediante el control del aeropuerto de Santa Rosa del Sur y la llegada a La Ye y San Pablo, razón por la cual Cerro Burgos se convirtió en lugar de importancia estratégica para quienes se desplazaban desde y hacia Barrancabermeja, Gamarra (Cesar), San Pablo y Vijagual. Como respuesta al paro armado impulsado por la guerrilla en la región, y que tenía bloqueado el acceso a San Pablo, se adelantaron operaciones militares que buscaban garantizar la vía por Cerro de Burgos para dar paso al comercio con Barrancabermeja, Gamarra, San Pablo y Vijagual. En tal sentido la vía Gamarra-Simití-Santa Rosa del Sur, pasando por Cerro de Burgos, fue militarizada el 12 de

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julio de 1998 por la flotilla fluvial del Magdalena Medio y por tropas de contraguerrilla de la V Brigada 46. Como parte de estas operaciones el ejército creó un puesto de mando en Cerro de Burgos con tropas de los batallones Galán y Guanes. El día 16 se registraron combates en el sitio La Ye entre unidades de guerrilla del ELN y los paramilitares, y semanas después, el 27 de julio, se conocieron combates entre la misma guerrilla y el ejército en la quebrada La Indanela, por la que se va al Corregimiento de San Blas y al municipio de San Pablo. En esta ocasión, un helicóptero Black Hawk del ejército ametralló la zona, ubicada a unos 5 kilómetros de la cabecera de Simití 47. Desde el viernes 19 de junio de 1998, siete familias provenientes del Corregimiento Carmen del Cucú, llegaron al casco urbano de San Pablo, denunciando el asentamiento de una base paramilitar en la finca La Sucumbeza, ubicada en la vereda Barbú. El grupo de sesenta paramilitares que transitaba constantemente por el río Magdalena realizando retenes en la ribera de los municipios de Simití, San Pablo, Vijagual y que participaron de la incursión paramilitar del Cerro, cruzaron Bocas del Rosario, corregimiento de Puerto Wilches (Santander), hacia la vereda donde instalaron su base. Los asesinatos contra la población no se hicieron esperar. El 22 de junio los paramilitares asesinaron el campesino JOSÉ HERMES PEDRAZA CHACON. Cuatro días más tarde, el 26 de junio, la madre de José Hermes, presentó la denuncia por desaparición de su hijo ante la Personería Municipal de San Pablo. La denuncia fue remitida a la Defensoría del Pueblo regional Magdalena Medio con sede en Barrancabermeja (Oficio No. 196 de julio 2 de 1998). Diez días más tarde, el 29 de junio de 1998, los paramilitares amenazaron a un controlador del tráfico fluvial cuando se desplazaban en seis embarcaciones a la altura del corregimiento Veracruz. Una semana después, el 7 de julio, fue asesinado el conductor DANIEL DUARTE DUARTE de 33 años, en el mismo corregimiento. Ante el ascenso irremediable de la violencia parainstitucional, los campesinos profirieron una serie de denuncias ante el Estado, varías organizaciones gubernamentales y demás entes defensores de derechos humanos, con el fin de promulgar el respeto a sus vidas y el cese de los hostigamientos. Finalmente y ante el caso omiso por parte del Estado a las demandas de la población, se produjo un éxodo masivo en el cual más de 10.000 campesinos del Sur de Bolívar y el Valle del río Cimitarra se movilizaron hasta Barrancabermeja con el fin de dar a conocer la grave crisis humanitaria que vivían cotidianamente a consecuencia del posicionamiento de los grupos paramilitares en la zona con la colaboración de la fuerza pública, principalmente de los organismos de la V Brigada del ejército. El desplazamiento paramilitar Las personas desplazadas por la violencia paramilitar en el Sur de Bolívar, el 4 de julio de 1998 enviaron una carta a varios entes gubernamentales y organismos Internacionales de Derechos Humanos, además del Cuerpo Diplomático presente en

46 Vanguardia Liberal, 13 de julio de 1998 y 16 de julio de 1998. 47 Vanguardia Liberal, 28 de julio de 1998.

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Colombia, para dar a conocer la difícil situación que vivían por el continuo hostigamiento y violencia paramilitar. Expresaban lo siguiente: “Las comunidades desplazadas forzosamente del Sur de Bolívar, ubicadas en el casco urbano del municipio San Pablo nos hemos visto forzados a migrar de nuestros hogares dejando nuestra actividad económica habitual, ya que nuestra vida e integridad física corren peligro y están siendo vulneradas seriamente. En este momento cinco mil personas (mujeres embarazadas, niños jóvenes y adultos) provenientes de los Corregimientos de San Luis, san Blas Monterrey, el Paraíso, Aguas Lindas, San Joaquín y Animas Altas (Simití). Durante varios años hemos denunciado ante el gobierno la presencia de los grupos paramilitares, quienes han asesinado a más de un centenar de amigos y familiares, profundizándose así la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública en la zona. Sin embargo hasta el momento ninguna instancia gubernamental o estatal ha intervenido para salvaguardar lo más valioso que tenemos nuestra vida. … Por ello exigimos como lo manda la constitución y la ley el inmediato cumplimiento a la Acción Humanitaria de emergencia, solicitudes que le hemos hecho personalmente a los funcionarios encargados de coordinar la atención a desplazados en el Ministerio del Interior” Una vez más la respuesta del estado fue la de eliminar a los pobladores que lideraron y participaron en el éxodo, persecución que se llevó a cabo a finales de 1998 y durante todo 1999. Además de la base paramilitar de Cerro de Burgos, entre agosto y septiembre de 1998 se instaló otra base paramilitar en inmediaciones del corregimiento San Blas, en Simití. Desde este lugar, las fuerzas irregulares comandaron sus acciones criminales contra la población de la zona y establecieron permanentemente un retén en la Ye, donde interceptaban a sus víctimas. Lo mismo sucedió en Monterrey y Barranco de la Loba, donde los paramilitares asesinaron a varios habitantes frente a sus vecinos y allegados, con el fin de fomentar el terror y ejercer el control definitivo de la zona, con la colaboración de las tropas del batallón Nariño. Posteriormente las tropas paramilitares establecieron un puesto de avanzada entre la zona que comprende Micoahumado y Arenal, lugar en desde el cual comandaron el posicionamiento de sus tropas en esta región de Sur de Bolívar. A través de la puesta en marcha de su máquina de la muerte los grupos paraestatales consolidaron su hegemonía y produjeron además la muerte de centenares de habitantes de la región y el desplazamiento forzado de numerosas familias. A pesar del clamor de la población para que cesaran las acciones militares, el 11 de marzo de 1994 llegó a la vereda El Paraíso una patrulla de la Brigada Móvil No. 2 al mando de un Teniente de apellido Herrera. Hacia las 5 de la mañana, los militares irrumpieron en la vivienda del campesino HUGO QUINTERO, a quien ataron y vendaron los ojos y le pusieron una toalla empapada de agua en la cara. También

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fue golpeado con su machete y obligado a tenderse en el suelo boca abajo para saltar sobre su cuerpo. El mismo día y en la misma vereda los militares penetraron en la vivienda de EDISMER ZULETA, quien sufría trastornos mentales, acusándolo de pertenecer a la guerrilla. El labriego, fue golpeado brutalmente, posteriormente fue amenazado con ser asesinado y obligado a entregarles sus documentos de identidad. Cuando el joven Edismer logró huir, los militares retuvieron a su hermano, obligándolo a llevarlos donde su padre, a quien le informaron que Edismer había escapado y “que debía presentarlo el día siguiente a las 5 p.m.”. Al día siguiente el padre de Edismer se presentó en la base militar para informar que desconocía el paradero de su hijo y para constatar el estado de su otro hijo, quien fue liberado después de hacerle firmar y colocar sus huellas digitales en un papel en blanco. El teniente Herrera amenazó al campesino, conminándolo a abandonar la región en un plazo de ocho días, so pena de asesinar a toda la familia. Un mes después, el 18 de abril, otra patrulla del ejército, esta vez en el corregimiento de San Luis, hizo presencia en la vereda Tierra Blanca. Los militares llegaron en pequeñas lanchas al caserío donde detuvieron y torturaron en varias ocasiones a FACUNDO FERRER, un trabajador del agro, y DOS JÓVENES pobladores del caserío. Las tropas del ejército les pusieron bolsas en la cabeza; los sumergían en el agua mientras disparaban al aire. A Facundo le decían que estaban matando a los jóvenes, y que “confesara donde estaba la guerrilla”. Posteriormente, el siguiente lunes 25 de abril, los militares regresaron dirigiéndose, en esta ocasión, al club Los Sábalos. Allí torturaron nuevamente a Facundo, y acusaron a todos los pobladores de ser guerrilleros. El caso fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, Simití, el 27 de mayo de 1994, por parte de la población afectada, Junta de Acción Comunal de San Luis y el Comité de Derechos Humanos del Sur. Pocos días más tarde, el 6 de mayo de 1994, los campesinos ORLANDO CUESTA ARIA, EDINSON ZULETA GRIJALVA y JACINTO HINCAPIÉ, fueron detenidos y torturados por tropas del Batallón Nueva Granada. Los tres fueron llevados a la vereda El Paraíso, en jurisdicción de Simití, donde los amarraron y torturaron. Después fueron conducidos a la sede del batallón y posteriormente a la cárcel de esa ciudad. El 20 de mayo siguiente, aproximadamente a las 11:00 de la mañana se realizaron varios ciclos de bombardeos mientras la Brigada Móvil No. 2 desataba un ataque con ametrallamientos indiscriminados contra la población civil, generando una situación de terror y zozobra. Fuentes del ejército produjeron varias declaraciones que se contradecían; inicialmente expresaron que los ametrallamientos habían sido un error debido a una mala información, sin embargo, al mismo tiempo, reiteraron las acusaciones sobre la población; a continuación una nueva versión oficial afirmó que en el lugar hacían presencia cuarenta guerrilleros, pese a que ningún poblador advirtió la presencia de subversivos. Al día siguiente, 21 de mayo, algunos militares regresaron a la zona a recoger los escombros de un helicóptero que se cayó durante la incursión militar debido a que volaba a baja altura y terminó enredándose en las ramas de un árbol. El cubrimiento por parte de la prensa nacional afirmó que el aparato había sido derribado por miembros de un grupo insurgente, ciñéndose estrictamente a las versiones militares.

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En esta ocasión un comandante amenazó a los lugareños para que no contaran nada de lo sucedido, aunque algunos soldados les decían a los habitantes en voz baja que denunciaran. El caso fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, el 27 de mayo de 1994, por parte de la población afectada, en cabeza de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Luis y el Comité de Derechos Humanos del Sur de Bolívar. Tres meses más tarde, el 29 de agosto de 1994, fueron asesinados los campesinos LINARCO ROJAS y ÁLVARO RODRÍGUEZ, por varios hombres en el perímetro urbano del municipio. Las acciones militares de la Brigada Móvil No. 2 se extendieron hasta 1995. El 12 de febrero de ese año en horas de la madrugada en la ciénaga Popal, ubicada en la Serranía de San Lucas, militares de la V Brigada irrumpieron en la vivienda donde descansaba el menor EDI ENRIQUE GOES, hijo de TOMAS GOES RIVERA, a quien sacaron de la cama y luego “lo tomaron por el pelo y le golpearon varias veces la cabeza contra una pared, lo interrogaron por el paradero de su padre, después lo condujeron hasta el corral de las vacas y lo tiraron al suelo (...) un Teniente se le sentó encima, le levantó la cabeza y le colocó la punta del fusil en la boca, luego lo trasladaron a una casa golpeándolo en la cabeza con una linterna”. En la misma vivienda reunieron a Edi con el menor JOSÉ EDUARDO OLIVEROS CARDOZO a quien también habían sacado de su casa; posteriormente los victimarios le introdujeron en repetidas ocasiones la cabeza en un pequeño río. Cuando terminaron se llevaron a José Eduardo con rumbo desconocido. Edi fue conducido a una finca de propiedad de Wilson Pérez, allí golpearon con la culata de los fusiles a un JOVEN que se encontraba en el lugar obligándolo a pasarlos en una canoa al otro lado del río, mientras Edi fue obligado a atravesar el río nadando. Horas después, cuando llegaron a una vivienda, los oficiales volvieron a golpearlo interrogándolo por el paradero de su padre. Como Edi no les dio ninguna información los militares lo llevaron de vuelta a la finca de Wilson Pérez, allí esperaron a que amaneciera y volvieron a la orilla del río, en donde se encontraba un campesino de nombre ÁNGEL que se estaba bañando el rostro; éste al ver la tropa se asustó y se arrojó al agua, cuando sacó la cabeza, un soldado le propinó un disparo de fusil que “le voló parte del cráneo”, entonces colocaron un lazo en el cuello de Edi, obligándolo a buscar el cuerpo en el río. Posteriormente, en un lugar donde los militares creían se encontraba el señor Tomas Goes, nuevamente Edi fue obligado a lanzarse al río en búsqueda de su padre acompañado por dos soldados. Mas adelante, encontraron a Tomás, quien estaba escondido en la orilla de la quebrada, en ropa interior, sin zapatos, herido en una pierna de un disparo de fusil. Lo tendieron en el suelo boca abajo, lo golpearon mientras le preguntaban en donde estaba el arma. “Él respondió que era pescador y no tenía armas, entonces lo golpearon más y le propinaron otro disparo, el señor Goes gritó de dolor y les decía que no lo mataran porque tenía muchos hijos que mantener”. Edi fue alejado del lugar en donde era torturado su padre, “sólo escuchó lamentos, finalmente, sonaron dos disparos, una ráfaga de metralleta y «algo» que cayó al agua”; enseguida llevaron al menor a una casa en donde estaba la ropa de su padre, la de Ángel y una atarraya. Luego lo tendieron de nuevo en el piso, le quemaron la

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espalda con uno de los cañones de fusil que aún estaba caliente y le pisaron la quemadura, al tiempo que un helicóptero militar ametrallaba los alrededores. Al finalizar la tortura, Edi fue obligado a pasar por la quebrada nuevamente, donde el menor “vio el cuerpo de su padre flotando en el agua, amarrado de una mano”. Los militares regresaron a su vivienda, le hicieron firmar a la madre una hoja y se fueron. En repetidas ocasiones los militares regresaron a la vivienda de la familia Goes. Luego de la acción criminal, los campesinos fueron presentados como “guerrilleros del Frente José Solano Sepúlveda del ELN, muertos y retenidos durante enfrentamiento con tropas militares” Corregimiento Monterrey En los primeros días del mes de junio de 1996 se presentaron enfrentamientos entre tropas del ejército y un grupo guerrillero. Dentro de los patrullajes que realizaron unidades militares posteriores a los combates se produjeron varios allanamientos, que los oficiales aprovecharon para saquear la casa de un poblador del corregimiento de Monterrey y torturar a varios campesinos del lugar. El 2 de junio, la vivienda de ARGEMIRO DE JESÚS SÁNCHEZ RINCÓN, ubicada en la finca denominada La Tanga del Corregimiento de Monterrey, Simití, fue allanada y saqueada por miembros del ejército, al mando del Teniente Estrada. Argemiro se encontraba con su familia, cuando a eso de las 9 a.m. escucharon disparos producto de un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. A raíz de esta situación la familia Sánchez Giraldo salió con rumbo a Monterrey por miedo a ser víctima del fuego cruzado. Al regreso de su casa, en horas de la tarde, encontraron que ésta había sido allanada y saqueada, faltando entre otros los siguientes objetos: una escopeta, alhajas de oro, ropa, un radio, una linterna, zapatos nuevos; todo esto por un valor aproximado de $500.000. Dicho allanamiento y saqueo fue realizado por el ejército el cual se encontraba desarrollando operativos en la zona; el mismo señor Sánchez y su esposa reclamaron sus pertenencias a un Teniente de apellido Estrada, el cual los insultó y amenazó verbalmente. En esa misma fecha también fueron asesinadas SEIS PERSONAS, presuntos integrantes del ELN, en el corregimiento de Monterrey. Al día siguiente, 3 de junio, tres campesinos serían torturados por el ejército. Un grupo de 6 soldados entró a un establecimiento público donde se encontraba ARIEL TOVAR BARON, se dirigieron hacia él y lo trasladaron a la parte trasera de la casa, le preguntaron si él era “El Pájaro”, a lo que respondió que “No”, luego lo llevaron rumbo al río Bagre, hasta un puente colgante, al cruzar el puente uno de los soldados le dio una patada en las rodillas haciéndolo caer, los demás soldados lo desnudaron, le amarraron las manos con un cordón y los pies con un poncho, se le pararon en el estómago y le echaban agua en la boca, mientras le hacían preguntas acerca de la guerrilla, de caletas y de armas que supuestamente él tenía; le inyectaron un líquido con una jeringa y le untaron excremento humano en la cara. Después de 2 horas de tortura lo obligaron a firmar un papel y minutos después le dijeron que “el único hijueputa que ha resistido el récord de los torturados, porque para el norte un man sólo nos aguantó cuatro litros”. Uno de los soldados afirmó “bueno, dejemos este hijueputa ahí”; otro lo volvió a patear y se alejaron. Cuando

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iban como a 6 metros, un soldado le dijo al otro “vea la jeringa güevón”, y el segundo se devolvió a recogerla, de paso le tiro la cartera con los papeles y le dijo “suéltese si es capaz y si no ruegue a Dios que pase alguien y lo suelte”. Como pudo, el campesino dio vueltas y se soltó, la mano izquierda la tenía amoratada, debió quedarse aproximadamente media hora en el sitio porque el vómito y el dolor no le permitían caminar. Posteriormente, pasó otro campesino, quien lo ayudó llevándolo hasta una casa cercana donde le dieron una pastilla para el mareo. El campesino presentaba los siguientes síntomas: dificultad para respirar, imposibilidad para ingerir comida sólida, dolor en el pecho, las piernas y la mandíbula; por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de Simití, ingresando a éste el día 4 de junio. Ese mismo día, aproximadamente a las 10:30 a.m., EDISON ENRIQUE PATIÑO, se encontraba en un billar en compañía de su hermano, HERMES MANUEL URRUTIA RAMOS, y de algunos compañeros de trabajo; en ese momento se le acercaron dos soldados, quienes lo acusaron de guerrillero y se lo llevaron por la fuerza hasta donde se encontraban 9 soldados más, lo amarraron de las manos, le pusieron una toalla mojada en la cara y le echaban agua hasta casi ahogarlo; lo golpearon y le preguntaron por las armas y la guerrilla, luego lo vistieron de militar, le colocaron una capucha, le dieron un fusil y lo obligaron a ir con ellos al pueblo; al ver a un amigo, Edison tiro el fusil, se quitó la capucha y lo abrazo. Los militares lo separaron mientras que Edison pedía a los campesinos que se encontraban allí que no lo dejaran solo. Varios de ellos intervinieron y lograron que fuera dejado en libertad. Un hermano, al ver llegar a los militares les reclamó por el trato que le habían dado; los soldados reaccionaron, golpeándolo con las culatas de los fusiles y maltratándolo. En un certificado médico expedido el 4 de junio, en relación con el primero de los casos se señala que la víctima presentaba “dolor en diferentes partes del cuerpo, hematomas en las muñecas, dolor a la movilización extremidad inferior izquierda”; y frente al estado de Hermes anotaba que presentaba “politraumatismo, al parecer ocasionado por elemento contundente”48.

Actuaciones Judiciales La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos adelantó indagación previa bajo el radicado 008-003651-1996. Durante las diligencias previas el Segundo Comandante de la V Brigada informó a la Procuraduría que “verificados los archivos operacionales para el 3 de junio de 1996, no se adelantó operación alguna en el corregimiento Monterrey” y aunque esto contradecía los múltiples testimonios recepcionados, en que los pobladores señalaron con absoluta certeza que se trataba de miembros del ejército, la investigación fue archivada “por falta de mérito” el 27 de octubre de 1998, al considerar que existieron “pruebas que permiten establecer la ocurrencia de la conducta, pero, no obra prueba que permita emitir decisión que implique a miembro alguno del ejército (...) no se logró el objetivo al no observar interés alguno por parte de los ofendidos en que se investigue disciplinariamente a las personas que en una u otra forma pudieron haber violentado su dignidad al perpetrar sobre sus humanidades actos que constituirían, a tenor de la normatividad vigente, torturas, y que de encontrarse plenamente probados conllevarían a sancionar a las personas autoras de las mismas”.

48 Queja presentada ante la oficina del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, el 11 de junio de 1996.

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Un año más tarde, se reanudaron las operaciones del ejército en Monterrey. El 15 de febrero de 1997, el Teniente de la policía Elkin Javier Lenis, torturó a ALBERTO ANTONIO AHUMADA. Puede presumirse en este tipo de desafueros militares que su móvil fue la retaliación contra la población cuando, como en este caso, los hechos ocurrieron horas después de un combate cerca al corregimiento Monterrey, donde se enfrentaron tropas de la V Brigada del ejército con miembros del Frente Héroes de Santa Rosa del ELN. Quince días más tarde, el último día de febrero de 1997 miembros del ejército se desplazaron hasta la vivienda del señor MARCO TULIO TORRES; lo maltrataron verbalmente y amenazaron de muerte. Al día siguiente los paramilitares hicieron presencia en el casco urbano del municipio y amenazaron de muerte a los agricultores ALECIO CAÑA y GONZALO CAÑA. En la semana siguiente, el 6 de marzo, el mismo grupo paramilitar también amenazó a un señor de apellido PALLARES. Las tropas militares regresaron a la zona en el segundo semestre de 1997. El 1 de agosto, hombres del ejército hirieron al labriego GUSTAVO GUERRERO. Cerro de Burgos (Veracruz), base paramilitar en Simití Las acciones militares y paramilitares sobre Cerro de Burgos permitieron la consolidación de la base permanente de los paramilitares ubicada en el punto denominado La Ye, sobre la vía que de Simití conduce a Santa Rosa del Sur. Esta base estuvo establecida por más de año y medio. Desde allí se hicieron retenes fluviales móviles y permanentes, exigiendo identificación a todas las personas que se movilizaban por el río; los paramilitares decomisaban los alimentos y medicamentos que eran transportados a Montecristo y la zona de Caribona, advirtiendo que quienes reincidieran en aprovisionar a los habitantes de estas zonas serían asesinados, amén de los delitos de desaparición que cometieron. Desde 1995 ya se conocía el Modus Operandi de las fuerzas armadas del Estado en cooperación con los grupos paramilitares. Los militares pasaban una lista de personas que debían ser eliminadas y los paramilitares realizaban el asesinato. En la zona, más concretamente en Magangue, se sabía de la actuación de organismos del Estado en conjunto con grupos de Gonzalo Botero y de Emilce López conocida como “La Gata”. En una sola semana fueron ejecutadas 15 personas por estos grupos que cuando no actuaban en compañía de organismos de seguridad del Estado, lo hacían con su plena complacencia. El 9 de octubre de 1997, varios operarios de Telecom se trasladaban a la ciudad de Cartagena a renovar su contrato de trabajo. Se habían embarcado a las 11:00 a.m. por el río Magdalena en el corregimiento Veracruz (Cerro Burgos). A la altura del sitio El Contento, ubicado en Puerto Mosquito, a pocos minutos del municipio de Gamarra (Cesar), la chalupa fue detenida en un retén paramilitar y los pasajeros obligados a identificarse, siendo confrontados sus nombres con unas listas que los paramilitares portaban; luego de largo rato los dejaron continuar su viaje. Al llegar a Gamarra y acercarse al puerto para proveerse de combustible, un individuo se acercó a la embarcación desde una canoa y solicitó al chalupero que lo llevara hasta el municipio de El Banco (Magdalena); éste le respondió que tenía prohibido embarcar pasajeros en el camino a pesar de lo cual, el individuo se subió a

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la chalupa, sentándose al lado de LIDYS PEINADO PAYARES, operaria de la citada empresa. Durante el viaje, habló con ella, le preguntó por el estado del orden público en Veracruz y le mostró una fotografía de una persona supuestamente asesinada por la guerrilla. A las 2:00 p.m. cuando pasaban por el corregimiento Santa Teresa, del municipio Regidor, el individuo sacó un revolver y gritó “esto es un atraco”, ordenando que se acercaran a la orilla. Una vez en ella, apareció un grupo de paramilitares a los que les dijo “aquí les traigo una guerrillerita”, bajándola a empujones y apartándola del grupo. El grupo paramilitar requisó al resto de pasajeros, los obligó a identificarse, les robaron sus pertenencias y les quitaron la embarcación, las mangueras de gasolina, obligándolos a embarcarse nuevamente. Los pasajeros les suplicaban a los paramilitares que dejaran en libertad a Lidys, y el chalupero se bajó de la embarcación y se opuso a que la dejaran allí maniatada, argumentando que era su responsabilidad puesto que viajaba en su chalupa, siendo por ello, golpeado, amarrado y amenazado de muerte. Su ayudante lo auxilió subiéndolo nuevamente a la chalupa y empujando la embarcación río abajo. Cerca del lugar donde sucedieron los hechos, se encontraron con una lancha de la Armada Nacional, pero el chalupero prefirió continuar el viaje hasta el municipio de El Banco, para denunciar lo ocurrido. Según testimonios, Lidys fue arrastrada y golpeada. Al día siguiente, los familiares de Lidys iniciaron su búsqueda, encontrando el cuerpo desnudo y sin vida, con un disparo en un ojo y el dedo donde portaba un anillo de oro, amputado. En el mismo lugar fueron encontrados los cuerpos de CINCUENTA PERSONAS entre hombres, mujeres y niños, algunos de ellos mutilados, como el de una mujer a la que le faltaban los brazos y tenia el vientre abierto. Entre los cuerpos se logró identificar a EUMERLES FLOREZ, WILMAN RIOS, ALEXANDER RIVERA y DIBURSIO LAZCANO.

Actuaciones Judiciales

Por estos hechos la Fiscalía Regional de Barranquilla adelantó investigación bajo el radicado No. 10772. El 6 de diciembre de 1999, el proceso fue remitido por competencia a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena. La Fiscalía Quinta Delegada ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena abrió la investigación previa bajo el radicado No. 46566 por el delito de homicidio agravado. Esta sería finalmente suspendida el 21 de mayo de 2003.

El posicionamiento y control absoluto de la zona por parte de los paramilitares prosiguieron en los meses siguientes. El 4 de diciembre de 1997, el chalupero afiliado a COOTRAGAM, JAIDER JAVIER GUERRERO MENDOZA de 21 años, y el campesino EFRAIN PEREZ ROJAS de 20, fueron asesinados por paramilitares, en el corregimiento Veracruz (Cerro Burgos). Un grupo de aproximadamente 30 paramilitares, algunos de ellos encapuchados, montaron un retén a orillas del río Magdalena, en la Inspección de Policía Departamental Carpintero, jurisdicción de Puerto Wilches (Santander); allí detuvieron la chalupa de Jaider Javier, acusándolo de ser hermano de un guerrillero, lo obligaron a descender de la chalupa junto con su ayudante y los demás pasajeros; requisaron a todas las personas y se llevaron la chalupa; en ese momento pasaba otra chalupa que cubría la ruta Barrancabermeja -

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Magangué, la detuvieron y obligaron a sus ocupantes a descender, los requisaron les pidieron documentos de identidad y les hicieron quitar la camisa, luego de mirarlos a todos apartaron al joven Efraín, pues a juicio de ellos “era guerrillero por tener señales en la espalda, de haber cargado un morral”. Los victimarios ordenaron al conductor de la segunda chalupa que se marchara llevándose a las demás personas, dejando retenidos a Jaider Javier y a Efraín, asesinándolos a las 12:30 p.m. Posteriormente los paramilitares detuvieron otra chalupa que cubría la ruta Gamarra - Cerro Burgos, bajaron los pasajeros y ordenaron al conductor a llevar los cuerpos hasta el Corregimiento Cerro Burgos y luego volver por los pasajeros, amenazándolo de muerte si no cumplía lo ordenado. Después de poner los cuerpos en la embarcación, el chalupero se dirigió hasta Cerro Burgos para solicitar ayuda. El inspector de policía encontró una nota en uno de los cuerpos, la cual decía: “señores del Cerro los saludo cordial, así mueren los sapos, vamos uno a dos. Si así quieren así vamos”. El cuerpo de Jaider fue entregado a sus familiares en Simití y el otro fue llevado al hospital San Judas Tadeo, pues no conocían a sus familiares. En Carpintero, los paramilitares interceptaron botes, chalupas y otras embarcaciones e hicieron bajar a sus pasajeros. Igual procedimiento llevaron a cabo en la inspección departamental Badillo, del municipio de Puerto Wilches y en el corregimiento Campo Pallares de Simití. Cinco días más tarde, el 9 de diciembre de 1997, el chalupero DIVER RIVERA y DOS PERSONAS más fueron asesinadas por un grupo paramilitar que tenía una lista con los nombres de sus víctimas, a quienes señalaron como colaboradores de la guerrilla. Después de cometer el triple asesinato, los paramilitares distribuyeron panfletos amenazando a los pobladores de los municipios de Simití, Santa Rosa y San Pablo, con cometer una masacre en Navidad. Cuando apenas habían transcurrido dos días, el 11 de diciembre, los paramilitares asesinarían a DOS CAMPESINOS, abandonando sus cuerpos en un sitio apartado de la vereda Génova, donde permanecieron expuestos varios días. Paralelamente al accionar paramilitar, se desencadenó una nueva oleada de violencia, esta vez a manos de la fuerza pública. El 15 de enero de 1998, ROIMER PEDRAZA PEREZ, fue desaparecido por miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 5 Los Guanes en la vía que conduce de Simití a Santa Rosa. Según informes de miembros de la unidad militar mencionada, Roimer había estado suministrando información voluntaria sobre campamentos del ELN y laboratorios para procesamiento de Cocaína. Igualmente adujeron que para el 17 de enero de ese año se encontraba colaborando con ellos. Por otro lado, la madre de Roimer declaró que su hijo volvió a aparecer el 1 de febrero en Bucaramanga, manifestando que había sido maltratado físicamente para que confesara que era guerrillero.

Actuaciones Judiciales La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, inició investigación bajo el radicado No. 062-00182. El 20 de agosto de 1998 archivó el caso afirmando que la “declaración de la madre de Pedraza no tiene credibilidad, puesto que no concuerda con la lógica por que una persona que colabora voluntariamente con el ejército y quien posteriormente deja las instalaciones de una unidad militar en libertad, va a confesar ser guerrillero cuando eso le hubiera acarreado la cárcel”.

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Ese año, la comunidad del Carmen del Cucú, invitó a Marco Tulio Torres, delegado para los Derechos Humanos de Bolívar, a una asamblea para debatir el problema humanitario ocasionado por la operación conjunta entre miembros del ejército y paramilitares los días 5 y 6 de abril de 1998 y por las amenazas realizadas por los paramilitares de acabar con el pueblo si encontraban guerrilla. Entre las personas que firmaban esta comunicación se encontraban Genebraldo Monroy Díaz, Presidente de la Junta de Acción comunal de Rosario, José Hernández Cantillo Presidente de la Junta de Acción Comunal de Hachazo Bajo, Roger Pallares Presidente de la Junta de Acción Comunal de Caño Barbú, Edinson Canchila y EUSTAQUIO ARDILA Promotor de salud, quien fue asesinado el 22 de junio de 1998 por los paramilitares.

Actuaciones Judiciales La Unidad de Fiscalías de Simití inició la investigación. El 9 de abril de 1999 fue enviada por competencia a la Fiscalía Regional de Barranquilla. Posteriormente pasó a la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena, donde se le asignó el radicado No. 45480. Para julio 19 de 2001, se encontraba en práctica de pruebas en comisión en diversos organismos.

El 24 de mayo de 1998 miembros del ejército que se encontraban acantonados en Simití torturaron al menor NÉSTOR ALEXANDER NIZ IGLESIAS.

Actuaciones Judiciales La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja adelantó investigación disciplinaria bajo el radicado No. 062-000226-1998 contra miembros del ejército, la cual fue archivada el 3 de diciembre de 1999. En tanto, el 28 de junio de 2001, el Juzgado 34 de Instrucción Penal Milita, informó por estos hechos que “no se encontró constancia alguna de que curse o haya cursado investigación alguna”. En el mismo sentido se pronunciaron los Juzgados 37, 38 y 39 de Instrucción Penal Militar

A lo largo de 1998 se presentaron abiertas operaciones conjuntas entre paramilitares y tropas del ejército. El 11 de junio varios pobladores fueron amenazados de muerte e instados a abandonar sus tierras. Un grupo paramilitar penetró en el corregimiento de Veracruz (Cerro Burgos) de Simití, amenazando a todos los pobladores del lugar acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla, en el hecho fueron retenidos DOS CHALUPEROS que prestaban su servicio por el río Magdalena. El 11 de junio de 1998 hacia las 4 p.m., un grupo de 150 paramilitares, al mando de alias “Popeye” y de Manuel Enrique Barreto Díaz, incursionaron en el corregimiento Veracruz (Cerro Burgos) en cinco chalupas, entre ellas una afiliada a la Cooperativa de transporte de Barrancabermeja y las pertenecientes a los chaluperos Hugo Escudero, asesinado el 29 noviembre de 1996 y Jaider Javier Guerrero Mendoza, asesinado el 5 de diciembre de 1997, al parecer por este mismo grupo 49. Como en otras ocasiones en las que incursionaron sobre poblados, los paramilitares bloquearon las entradas y salidas de la localidad y reunieron a los pobladores. Luego buscaron con lista en mano a los comerciantes ANDRÉS AVELINO PINEDA MOLINA, HERMES VILLAMIZAR y OLGA LUCIA PALENCIA. Buscaron primero en la casa de

49 El Nuevo Siglo, 12 de julio de 1998.

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Andrés, que había sido amenazado en reiteradas ocasiones y quien se refugió en su vivienda y trató de defenderse con una escopeta de caza con la que dio muerte a dos paramilitares e hirió a otros dos, pero finalmente murió por efecto de una granada de fragmentación lanzada por los atacantes, quienes además demolieron totalmente el inmueble y quemaron los enseres. Los atacantes obligaron a varios pobladores a recoger a los muertos y heridos de la casa de Andrés Avelino Pineda y sacaron de su casa a la promotora de salud para que atendiera a los atacantes heridos, los que después de la atención de emergencia fueron retirados en dos chalupas que tomaron por la vía que de Cerro Burgos conduce a Gamarra (Cesar). Posteriormente, los paramilitares reunieron a un grupo de aproximadamente noventa personas en el billar que administraba Hermes Villamizar, preguntaron por éste y por otros pobladores, pero no encontraron a ninguno. A los pobladores que reunieron en el billar les hicieron comentarios como los siguientes: “Esta va a ser la masacre del año, hijueputas, si ven lo que paso en Barranca”; “se le acabo el jueguito de la guerrilla aquí”; “si no deben no teman”; “lo que les está pasando es por ser colaboradores de la guerrilla”; “Si siguen colaborándole la masacre será de mayores dimensiones”; “tenemos que entrar a Simití, Santa Rosa y todo esto de aquí arriba porque o se queda la guerrilla o nos quedamos nosotros”. Pasado un rato, los paramilitares se dirigieron a la casa de habitación de Hermes y lo obligaron a salir, lo esposaron y lo subieron a una chalupa. Olga Lucía, su cuñada, intentó oponerse, por lo que fue golpeada, ejecutada y su cuerpo lanzado al río Magdalena. Los cuerpos de Hermes y Olga fueron hallados flotando en el río los días 12 y 15 de junio, respectivamente. Adicionalmente, los paramilitares saquearon la oficina del acueducto, la Cooperativa de Transportes Santa Rosa y varias viviendas. Algunos de los pobladores que habían logrado huir de la incursión paramilitar llegaron aproximadamente a las 4:30 de la tarde, a la cabecera municipal de Simití e informaron a las autoridades civiles, policiales y militares del municipio sobre el ataque del que era víctima la comunidad de Cerro Burgos; sin embargo, a pesar que la distancia por vía fluvial o terrestre entre Simití y Cerro Burgos, se cubre en 25 minutos, la fuerza pública acantonada en el área urbana no emprendió ninguna acción. Los paramilitares permanecieron allí hasta las 7:00 p.m. Algunos pobladores y el periodista del Canal local Tele Simití se desplazaron hacia el corregimiento del Cerro de Burgos y lograron ingresar aproximadamente a las 6:30 p.m. A eso de las 7:00 p.m. los paramilitares iniciaron la retirada, utilizando las chalupas en las que habían incursionado y las de cuatro chaluperos a los que obligaron a transportarlos en sus embarcaciones desde Cerro de Burgos a Barrancabermeja. Los chaluperos, tres de ellos residentes del Cerro y otro que llegó al sitio de los hechos cuando hacía la línea de Gamarra a Simití, regresaron al lugar en la mañana del 12 de junio. Testigos afirman que el comandante paramilitar en Simití entró a hablar con el Teniente William Murcia, adscrito al Batallón Galán. La primera autoridad pública en acercarse al Cerro de Burgos fue el Fiscal local del Sur de Bolívar y uno de sus asistentes a eso de las 8:00 de la noche del día de los hechos, para practicar el levantamiento del cuerpo de Andrés Avelino; el ejército solo llegó hasta el 12 de junio a la 7:00 en la mañana, doce horas después de la retirada de los paramilitares.

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Algunos medios de comunicación que presentaron lo ocurrido como un “enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares”, desconocieron que se trató de un ataque paramilitar contra la población civil, lo cual se constató en reuniones de la comunidad con el alcalde Vicente Mejía Ortiz, la Personera Municipal María Isabel Guzmán Vuelbas, el Comandante de la policía de Simití, Capitán Fabio Rodríguez Alméciga y el Comandante de la base del ejército en Simití, Teniente William Murcia, adscrito al Batallón Galán. Posteriormente, el reportaje del diario El Tiempo del 8 de junio de 1998 hizo énfasis en que el único problema en el Sur de Bolívar tenía que ver con el cultivo de hoja de coca en la Serranía de San Lucas, utilizando en su presentación a 150 niños del corregimiento de Santa Lucia de Simití que vivían como raspachines en vacaciones escolares. El reportaje fue reforzado con la entrevista al coronel Héctor Eduardo Peña Porras, comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 Héroes de Majagual de Barrancabermeja, el cual señaló esta actividad como “único medio de subsistencia” y que “la inversión social en la zona es casi nula”, dejando de lado el problema social y económico de la región y el interés de los grupos paramilitares de hacerse con los grandes yacimientos auríferos de la zona. Las acciones de los grupos paramilitares sobre las diferentes zonas de Simití fueron en su oportunidad denunciadas por la comunidad. Desde 1996 por lo menos, fueron reportados a las autoridades los retenes en diferentes sitios del río Magdalena y en mayo de 1998 el mismo Defensor del Pueblo, Fernando Castro Caicedo, había solicitado al gobierno nacional medidas eficaces de protección para la población de Simití. En el mismo sentido, día 20 de junio, una comisión de 150 dirigentes de las comunidades de Simití, San Pablo y Santa Rosa del sur, se desplazaron a la cabecera municipal de Simití, con el fin de brindar su solidaridad a los desplazados del Cerro de Burgos y presentar públicamente las denuncias acerca de la amenaza de una nueva incursión paramilitar a los corregimientos de San Luis, Animas Altas, San Blas y la vereda el Piñal. Además, apoyaron las exigencias de los desplazados con el fin de presionar una exhaustiva investigación por la incursión paramilitar del 11 de junio. Como consecuencia de la agresión paramilitar del 11 de junio de 1998 en Cerro de Burgos, doscientas cincuenta familias residentes y domiciliadas en el corregimiento Veracruz se desplazaron a las cabeceras de los municipios de Simití y Santa Rosa del Sur. Veracruz, que contaba con una población de 1000 personas, luego de la incursión quedó deshabitado. Estas acciones fueron el preámbulo a los combates sostenidos, de una parte, por dos unidades de contraguerrilla del Batallón Galán contra guerrilleros del frente Héroes de Santa Rosa del ELN a 4 kilómetros del casco urbano de Simití y, por otra, entre paramilitares y guerrilla a 5 kilómetros de la misma cabecera municipal. EL ÉXODO CAMPESINO DE 1998 Ante la falta de atención de las administraciones municipales y el Estado y la presión de las incursiones paramilitares en sus municipios, alrededor de 10.000 campesinos del Sur de Bolívar y del Valle del río Cimitarra, se movilizaron hacia Barrancabermeja, donde se mantuvieron concentrados en varios centros educativos

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entre fines de julio y la primera semana de octubre de 1998. Los antecedentes del éxodo se remontan a las movilizaciones realizadas por los campesinos de San Pablo, en el Sur de Bolívar hasta Barrancabermeja, quienes convocaron la protesta con el fin de demandar por mejores oportunidades, la construcción de obras de infraestructura para la región y la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores. A la marcha se sumaron los agricultores del Valle del río Cimitarra quienes apoyaron decididamente la movilización. A pesar de que los campesinos concentrados debieron soportar las acusaciones de infiltración de la guerrilla en el movimiento y las continuas amenazas contra su integridad, en el municipio de San Pablo los campesinos lograron concertar una serie de acuerdos con el gobierno cuyo fundamento se centraba en una presencia del Estado no represiva sino con inversión social y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de la región, además de prevenir y sancionar cualquier conducta de los servidores públicos de asocio y apoyo a grupos paramilitares. En estos acuerdos el gobierno reconoció tener conocimiento del avance del paramilitarismo en el Sur de Bolívar y encontró que los mecanismos judiciales y disciplinarios habían sido inoperantes para frenar esta situación que dejaba cientos de víctimas, en su mayoría campesinos y mineros pobres50. El reiterado incumplimiento de estos acuerdos por parte del gobierno ha conllevado a que, sumado a la situación de violencia paramilitar que padece la región, sus pobladores se vean sumidos en una profunda situación de abandono y miseria, constituyéndose esta situación en sí misma en otra violación de los derechos humanos de estas personas. Paradójicamente el compromiso del gobierno de combatir a los grupos paramilitares trajo consigo la intensificación de las acciones de estos grupos bajo la mirada complaciente del gobierno y cooperación de las autoridades militares y civiles de la región. Así lo expresa un campesino que participó en este proceso: “...en el 96 es donde ya salimos, a una marcha a San Pablo-Bolívar, a Barrancabermeja, Morales, o sea salen todos, compañeros del Valle del Cimitarra también, que se me pasan por alto, salimos a protestar por mejores oportunidades, por una infraestructura en la región, y se logró pelear con ellos, se llegó a unos acuerdos. En San Pablo se hicieron los acuerdos. Nosotros queríamos en ese entonces, exigíamos la presencia del Estado pero no con medidas represivas, como

50 Dentro de este propósito se formuló en aquella ocasión el Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio que buscaba responder a las necesidades urgentes de la región, además de atención humanitaria en mercados y reconstrucción de viviendas, y que sería adicional e independiente respecto al monto de inversión ordinaria que se ejecuta por medio de la Nación y los entes territoriales. El gobierno de Andrés Pastrana se comprometió a financiar los costos del diseño y la financiación de los primeros cuatro años de ejecución. El mismo mes de octubre de 1998 el presidente Andrés Pastrana, viajó justo al municipio de Puerto Wilches, con el fin de hacer la presentación pública del Plan Colombia. Paradójicamente, en el punto 2 de los acuerdos del 4 de octubre de 1998, el gobierno firmó un decreto en el cual se comprometía con los campesinos a invertir los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo social de la región, incluyendo créditos agrarios y vías de comunicación diagnosticadas por los campesinos como las prioridades para la región. Pese a ello, el Plan Colombia promovido por el gobierno nacional estaba dirigido al fomento de cultivos de 200 mil hectáreas de Palma Africana en el Magdalena Medio y a incrementar las fumigaciones indiscriminadas, desconociendo las reclamaciones y necesidades de las comunidades del Sur de Bolívar.

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las que tenemos hoy en día, queríamos presencia del Estado pero en inversión social, lo que tiene que ver con carreteras, puestos de salud, con todo ese tipo de cosas que necesitábamos, pero no fue así, tuvimos presencia del Estado fue a través de las represión militar en la zona, porque en ese momento o sea, a partir de la marcha del 85, del 83, y del 96, comienzan a matar compañeros líderes, se desata una muerte de compañeros, unas muertes selectivas en la región”. “En el 98 es que se viene ya la avanzada de los paramilitares en la región. En el 97, si no estoy mal, incursionan por la parte de Puerto Coca, Puerto Coco, donde masacran una gente allí, matan a un campesino, no recuerdo el nombre, pero para ese tiempo más o menos matan a un compañero, inclusive jugaron hasta fútbol con la cabeza del compañero, el compañero era un líder de esa zona, juegan con él, bueno ese tipo de cosas e hicieron todo eso. Luego, ya en el 98, aparecen por aquí por la parte de Cerro de Burgos donde matan al compañero Molina. Aparecen por el Piñal, matan a otras personas ahí también, por el Cucú. Nosotros a raíz de eso, de ver esa situación que se nos avecinaba, no vimos la necesidad de tenernos que organizar para salir, porque ya mirábamos que ya la situación no era de pronto el abandono Estatal sino que era porque nos venían matando. Prácticamente cuando salimos a Barranca, Cartagena, Bogotá, Morales, a todos esos sitios que ustedes deben de recordar, ya no fuimos por reivindicaciones sociales, ya fue como por el derecho a la vida, o sea, como porque se nos respetara, porque nos estaban matando, y fue así como logramos estar mas de 3 meses larguitos en Barrancabermeja, y eso fue todo un proceso para poder que el Estado reconociera de que verdaderamente si existía Terrorismo de Estado y que verdaderamente si era política Estatal lo que se estaba dando en la región”. FUENTE: Testimonio 05007 Proyecto CNM. Base de Datos. En medio de la movilización campesina a Barrancabermeja, los paramilitares cometieron nuevos asesinatos. En el mes de agosto, dieron curso a una nueva oleada de violencia en incursiones que dejaron un total de 12 muertos y algunos heridos. Al mismo tiempo, del 25 de julio al 4 de octubre de 1998, en medio de la Mesa de Trabajo Permanente instalada en Barrancabermeja, fueron víctimas de ejecución extrajudicial 24 pobladores de los municipios de Tiquisio, Simití, Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el sur Bolívar. También a lo largo de 1999 se presentaron múltiples incursiones militares, paramilitares y acciones conjuntas, durante los cuales las relaciones de amistad y cooperación que incluían patrullajes conjuntos, abastecimiento, apoyo aéreo, entre otras actividades, dejaron decenas de asesinatos, desapariciones, heridos y destrozos materiales. Entre tanto, en Barrancabermeja, los paramilitares amenazaron y asesinaron a las personas que ayudaron o colaboraron suministrando alimentos y útiles de primera necesidad para los campesinos del Éxodo. De esta manera los acorralaban en su permanencia al impedirles suplir sus necesidades básicas, buscando lograr su salida de los sitios donde están albergados. El día 4 de septiembre fueron asesinados JOHN JAIRO JIMÉNEZ RAMÍREZ, EDGAR ENER JIMÉNEZ, GONZALO GONZÁLEZ CÁCERES y la señora LUZ DARY SIERRA, quienes se encontraban departiendo en una fuente de soda, ubicada en una esquina de la avenida del ferrocarril. Estas personas eran transportadores de alimentos y otros suministros para los campesinos del éxodo del Magdalena Medio.

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Las intenciones del gobierno nacional que desde hacia dos años conocía de la problemática humanitaria que afrontaban el Sur de Bolívar y la región del Valle del Río Cimitarra, mostró su verdadera cara cuando se abstuvo de interferir en las acciones criminales que los paramilitares venían desarrollando, principal razón para que los campesinos se movilizaran hasta Barrancabermeja. El gobierno no sólo no frenó los asesinatos de campesinos, sino que permitió que el conflicto se agudizara presentándose la masacre de numerosos campesinos en las zonas rurales mientras sus compañeros intentaban negociar las condiciones para acceder a una vida digna con el gobierno departamental y nacional. Una visión del éxodo campesino PREGUNTA: En 1998 cuando se produce la toma de Barranca por una gran cantidad de campesinos desplazados y movilizados se llega a un nivel de concertación con el estado, ¿cual fue el mecanismo de concertación que se da en esas negociaciones, quienes participan en esas negociaciones? RTA: Aquí por primera vez se logra sentar a los 3 poderes en la mesa, legislativo, ejecutivo y judicial, nosotros allí pedimos al estado. PREGUNTA: Y por parte de ustedes ¿quienes estaban ahí? RTA: Por parte de nosotros estábamos 8 voceros del sur de Bolívar y otros compañeros del Valle del Cimitarra, conformamos 8 voceros que fuimos los que interlocutamos con el gobierno, allí se le puso al gobierno primero, el derecho a la vida, que tenía que garantizar el derecho a la vida, segundo, tenía que haber, que se legislara sobre la tipificación de la desaparición forzada, fue un compromiso del estado, el firmo que iba a hacer una nota de urgencia al Senado para que se hiciera, se aprobara esa ley, esto nunca sucedió, después de esto se pedía también justicia y castigo contra los señores comandantes militares, que incurrieran en violaciones de los derechos humanos, no solamente en el sur de Bolívar sino en el país. PREGUNTA: ¿Estuvieron trabajando también en torno al plan de desarrollo de la zona? RTA: Después de esto se concertó un plan de desarrollo, que salía de las comunidades hacia fuera, es decir de la vereda, del corregimiento hacia la cabecera municipal, de esa forma y no al contrario que en la capital del departamento o en la capital del país es donde cualquier señor desde un escritorio dice, hombre es una planta de tratamiento de alimentos que vamos a colocar en tal sitio cuando no hay las condiciones para que esa planta sea montada, o un colegio en un sitio donde no se necesita, entonces son las comunidades que tienen que decir, necesitamos esto, y esto, y nosotros creemos que nuestro desarrollo es de esta manera.

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PREGUNTA: ¿Quién firmo los acuerdos de esa época del 14 de octubre del 98, por parte del estado? RTA: Por parte del estado el presidente de la república Andrés Pastrana, con testigos como el fiscal general de la nación, el procurador, el defensor del pueblo y con testigos de organizaciones internacionales. PREGUNTA: ¿A fecha de hoy, comienzos del año 2000, cuáles han sido las respuestas o el cumplimiento de estas promesas por parte del estado? RTA: Pues se puede decir que el cumplimento es cero, porque lo que sí ha cumplido el estado es darnos más bala, asesinar más gente, desplazar más gente, y aterrorizar más a la gente. PREGUNTA: ¿O sea que el primer punto que era el derecho a la vida ni siquiera ese punto ha sido cumplido? RTA: Eso no ha sido cumplido, en el mismo retorno de la gente, el día que se comenzó a producir el retorno ese día estaban asesinando gente. PREGUNTA: ¿Y qué ha sido de la vida de los voceros de esa mesa? RTA: Pues los voceros, la primera desgracia que se puede anotar es que las fuerzas militares detuvieron a Edgar Quiroga, supuestamente en una acción donde estaban involucrados los paramilitares, Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes, pero como explica un comandante de brigada que no tuvieron participación en el hecho cuando los testigos de la región, del sitio donde cogieron a Edgar, dicen que embarcaron a Edgar en un helicóptero, que nosotros en la mesa estuvimos denunciando un helicóptero blanco con matricula tal, y nunca nadie ha dado razón, el helicóptero, ningún militar, ningún policía da razón del helicóptero, lo cierto es que todos los días llega a Santa Rosa, todos los días pasa por San Pablo, surca el sur de Bolívar y nadie lo ve, pero nosotros los campesinos si lo vemos todos los días, y en ese helicóptero transportaron a Edgar se dice que hacia San Blas, porque tuvimos conocimiento de que a Edgar lo habían tenido en el corregimiento de San Blas y después en Santa Rosa del Sur, allí hay puesto militar y puesto de policía, pero son los únicos que no saben que fue lo que paso. FUENTE: Testimonio Proyecto CNM. Base de Datos. El 5 de octubre de 1998 la movilización campesina logró el compromiso del gobierno de crear un Bloque de Búsqueda para combatir las agrupaciones paramilitares en la

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región. Un compromiso incumplido pues tras la firma del acuerdo y del retorno de los campesinos a sus parcelas, semana tras semana se informaba sobre nuevas acciones paramilitares en la región51. La actitud de diálogo y los compromisos del gobierno fueron inmediatamente olvidados con el retorno de los campesinos. La incursión paramilitar arreció y declararon como objetivos militares a todos los líderes de la movilización campesina. Se denunciaron las amenazas contra líderes del éxodo y defensores de derechos humanos que participaron en las negociaciones con el gobierno, toda vez que los paramilitares reiteraron su consideración de ‘objetivos militares’ a las personas y organizaciones participantes52. Los líderes del éxodo campesino denunciaron en las semanas siguientes al retorno, el incumplimiento de los acuerdos y los intensos combates producidos en sus regiones. Se pensó incluso en un nuevo éxodo para demandar la protección de la población. El punto del acuerdo que causaba entonces mayor preocupación era el incumplimiento de las acciones prometidas para garantizar la seguridad de la población civil afectada por la incursión paramilitar y el conflicto armado. En el período posterior, efectivamente, se presentaron muchos asesinatos selectivos y se dieron varias incursiones paramilitares. Sin embargo, una vez más se incumplieron los acuerdos y la única respuesta estatal fue la represiva, y al igual que en marchas anteriores los organismos paraestatales comenzaron a asesinar a los líderes que convocaron y participaron en las jornadas de protesta. Luego del Éxodo, el regreso de los campesinos a la región estuvo marcado por una particular intensidad en la actividad del paramilitarismo:

“Estos señores al entrar a la zona, cuando se apoderan de San Blas, Monterrey, y parte de Pozo Azul, entran con una política bastante brava y eso de una forma como de someter a la gente, a condicionarla, con el pretexto de que, todo lo que huela a guerrilla, era lo que ellos venían a hacer: aniquilar, a matar; y todo lo que le oliera a líderes. En ese entonces hablaban de que todo el que hubiera estado en el éxodo, todo lo que oliera a éxodo campesino, o sea, que hubieran estado organizando ese tipo de cosas, a partir de ese momento éramos objetivo militar para ellos. Ellos lo dijeron varias veces. Nosotros, en vista de eso, no tuvimos más que hacer. Muchos compañeros nos tuvimos que prácticamente internar hacia las partes más altas; otros compañeros se fueron, están en algunas otras partes del país; otros compañeros se doblegaron frente a las presiones de estos señores y están ahí; otros compañeros los han desaparecido, como es el caso, lo repito otra vez, de Edgar Quiroga, -eh- el caso del compañero Oscar, que recién venido del éxodo lo mataron de San Pablo para acá...”53.

Los compromisos adquiridos por el gobierno nacional con los campesinos del Magdalena Medio, fueron vistos a la luz de la opinión nacional e Internacional como la reivindicación integral más importante lograda a finales de la década de los

51 Actualidad Colombiana. Año X, No.255, Bogotá, 1999. 52 Actualidad Colombiana. Año X, No.252, Bogotá, 1998. 53 CNM, Base de Datos, Testimonio 05007

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noventa en el país por parte de la población afectada por la violencia y el éxodo forzado. En los “Acuerdos Políticos sobre las garantías para la vida, integridad, libertad y derecho a la justicia”, que suscribió el Estado colombiano reafirmaba su obligación de “...prevenir y castigar cualquier conducta de los servidores públicos que por acción u omisión incurran en violación a los derechos humanos...”; “Poner en marcha una política de Estado contra los grupos paramilitares, que oriente a la fuerza pública en su eficaz combate y neutralización...”. El Presidente Pastrana ordenó entonces al Ministerio de la Defensa, a las fuerzas militares, a la policía, y al Departamento Administrativo de Seguridad, mediante directiva presidencial, “Intensificar acciones y mostrar resultados inmediatos y contundentes en contra de los paramilitares” y elevó a decreto la creación de un bloque de búsqueda contra los paramilitares en el Magdalena Medio. No obstante, a la postre el propio gobierno tuvo que reconocer que había incumplido en un 90% los Acuerdos de las marchas campesinas del Valle del Cimitarra y del Sur de Bolívar de 1996 y en un 100% el Acuerdo de Barrancabermeja de Mayo de 1998, justificando el incumplimiento en la falta de voluntad política, el alto nivel de corrupción, la inexistencia de un cronograma detallado para el seguimiento de cada uno de los acuerdos pactados y la incompetencia o falta de poder de decisión de los funcionarios delegados para tal fin. Es evidente que no hubo coordinación entre el gobierno nacional, los Ministerios, los entes territoriales, la Consejería Presidencial de la Costa Atlántica y las administraciones municipales para sacar adelante los proyectos y compromisos de las Marchas Campesinas. Se sabe, por ejemplo, que en algunos municipios las alcaldías no prepararon los proyectos ni ajustaron sus presupuestos a las exigencias de los acuerdos. De otra parte, la comisión de evaluación y seguimiento fue inoperante. Prueba de ello fue el hecho de que durante las sesiones del Segundo Temario de la Mesa Regional el gobierno no pudo presentar un informe completo sobre el seguimiento y el estado de los acuerdos. La falta de compromiso y voluntad política para con los pactos se reflejó en la delegación de las responsabilidades a funcionarios sin poder de decisión. El Estado descargó las obligaciones en las entidades territoriales y éstas no respondieron. Este hecho hizo desvanecer la esperanza de las comunidades en la inversión social. El gobierno nacional tampoco ofreció garantías ni condiciones reales para que los voceros de las marchas pudieran hacer seguimiento a estos acuerdos. Los paramilitares, en medio del silencio y la inacción del gobierno nacional y de las autoridades civiles y militares, quienes hicieron caso omiso de las suplicas de los campesinos para que fuesen protegidos y salvaguardados de semejante barbarie, respondieron con acciones de mayor violencia en contra de la comunidad campesina y sus dirigentes, que sin recibir protección ni soluciones eficaces por parte del Estado o de sus autoridades, quedaron a merced de sus victimarios. Oscar Saíz Peña

Oscar Saíz Peña fue uno de los primeros líderes campesinos del éxodo asesinado por los paramilitares. Su participación en el Éxodo estuvo fundada en su compromiso con la defensa de la vida, la lucha por los derechos de las comunidades y su valor a la hora de denunciar los crímenes del Estado contra el campesinado de la región. Aquí

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se transcriben algunos apartes de un testimonio suyo días antes de ser asesinado en un retén paramilitar el 30 de octubre de 1998. “…Sabíamos desde el principio que el paramilitarismo es una política de Estado, y que es el Estado el que está en la obligación de proteger nuestros derechos y no lo que está haciendo, que ha sido justamente lo contrario: violar nuestros derechos humanos.” “Hace muchos años había una tranquilidad increíble, había personas que decían que esta región era una forma de paraíso, así lo llamaban, “aquí vivimos en un paraíso”, porque la tranquilidad era excelente, todo el mundo trabajaba, ganaba plata, aunque no para enriquecerse, sí para sostenerse, para vivir de una manera más o menos bien” . “…Obviamente hay intereses de los capitalistas, de la gente que tiene abundante capital, y también de las empresas multinacionales para explotar ese oro y ese petróleo. Nosotros pensamos que si logran sembrar el terror en toda la Región, y hacer que nos desplacemos u obligarnos a que los pocos que queden trabajemos bajo la ley o bajo el dominio de ellos, tendrán opción de explotar todas esas riquezas sin que sea el campesino quien tenga derecho a esa explotación. Por ejemplo en el caso del oro; los 35.000 mineros que han venido trabajando en la Región, sacan su oro y son ellos quienes disfrutan de ese capital, al entrar una multinacional la riqueza sería para una multinacional, y obviamente el campesino tendría que trabajar ganándose un sueldo miserable como sucede en otras partes. Los campesinos que se quedaran trabajarían para ellos, bajo un sueldo que posiblemente no alcanzaría para vivir, tendrían que vivir demasiado mal, mientras que ahorita, si no tenemos ayuda del Estado, por lo menos, conseguimos para la comida, nos alimentamos de una manera normal, vestimos de una manera normal, puede tener uno esa libertad de vivir de lo que la Región produce y vestirse y comer a su gusto, y otra cosa es tener que alimentarse mal debido a un sometimiento.” “…Hay Juntas de Acción Comunal, que no están activas, y organizaciones que no están activas básicamente por temor, algunas no saben lo que piensan los paramilitares de ellas, otras han sido amenazadas, entonces después de que hay un tipo de presión de esa magnitud, cuando se trata de amenaza de la vida nadie trabaja bien …desapareciendo las asociaciones, los comités, pues se acaba el liderazgo, no habría nadie que representara a las comunidades, entonces lógicamente no habría quien tuviera iniciativa. Entonces sería mucho más fácil la labor para ellos.” “…Lo que nosotros estamos reclamando es el derecho a la vida y es justo...decirle realmente al Estado que está gobernando con unas políticas totalmente equivocadas, porque el hecho de que el paramilitarismo sea política de Estado es una equivocación grande. Yo no creo que sea un acierto el hecho de asesinar a sus propios campesinos.” “…Que la comunidad internacional nos escuche, el haber podido hacer esas denuncias ante la comunidad internacional, porque pensamos que es el mejor mecanismo que tenemos para lograr que aquí en Colombia y así haya paz, porque si del Gobierno Colombiano nada más se tratara, sería difícil.”

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“Uno como líder tiene que escuchar a la gente, recoger todas las propuestas analizando cuáles son las mejores para de pronto estar dando una orientación a la gente que no tiene claridad, es gente que sabe que hay que hacer algo, gente que sabe que no nos podemos quedar así, que este es un flagelo que nos afecta a todos y que no podemos dejarnos asesinar, pero que no tienen la suficiente claridad sobre qué hacer.” “…Porque una región sin desarrollo social, sin duda se le dificulta tener paz.” “…La gente siente temor, algunos incluso no llegan hasta sus trabajaderos (Sic), porque si un dueño de parcela se va sólo a trabajar tiene el temor de que en cualquier momento le lleguen a donde está trabajando. Nerviosismo. Eso no deja trabajar ni desplazarse tranquilo.” “… El Gobierno no nos ha mostrado que sí va, efectivamente, a garantizarnos la vida, el Gobierno no nos ha dado muestras de eso, pues todavía no hay confianza, empezando porque los paramilitares todavía están en la zona, todavía están en medio de donde están las bases militares, están muy cercanos a esas bases, a la policía, entran a los a los pueblos, a los municipios donde está la policía, incluso los han visto bebiendo con policía, duermen en las residencias de los municipios, a pocos metros de las estaciones de policía, de las bases militares.” “ Entonces la idea era retornar para arreglar nuestra zona y seguir trabajando aquí, porque aquí tenemos lo nuestro, y es que no es fácil uno irse abandonando lo único que tiene, sabiendo que no tiene a dónde llegar, sabiendo que no tiene de qué vivir en otra parte, eso no es fácil.” “Hace cinco o seis días nos amenazaron con que a los veinte días estarían en Monterrey, lo otro que se sabe es que entraron más paramilitares en la Región, aumentaron su número, según comentarios de la gente que se ha podido dar cuenta hay bastantes ya en San Blas, y algunos en Santa Rosa y en la “Y”, también adelante de San Blas se escucha decir que hay un grupo avanzando. Lo que sí se tiene bien concreto es que aumentaron su número, bastante. Se están ubicando en Santa Rosa, es más, los comandantes de los paramilitares se hospedan en el hotel Las Villas de Santa Rosa, muy cerca de la estación de policía, a pocos metros. Han bebido ahí. Creemos que debido a los acuerdos, a lo que se logró en el éxodo, eso les calmó su ánimo de asesinos, imaginamos que están con el cuento de dejando amansar las comunidades, dejando amansar a la gente y esperamos, eso es algo que uno espera en cualquier momento, la arremetida nuevamente de asesinatos. A parte de llamadas telefónicas también mandan razones a la zona. Uno sabe que de todas maneras ellos asesinan a quien les da la gana, pero sí se han oído comentarios de que el liderazgo, más que todo la gente que participó en el éxodo, “se las tiene que pagar”. FUENTE: Testimonio CNM. Base de Datos.

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LA MESA REGIONAL PERMANENTE DE TRABAJO POR LA PAZ DEL MAGDALENA MEDIO

Después del Éxodo campesino que llegó hasta Barranca, uno de los logros obtenidos por los marchantes fue la constitución de la Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, que nació como producto de los acuerdos firmados entre los voceros del Éxodo campesino y el presidente Andrés Pastrana el 4 de octubre de 1998. La Mesa Regional se creó como el instrumento mediante el cual los pobladores harían seguimiento a los acuerdos. Para tal efecto, la mesa se encargó de coordinar todas las labores de elaboración del Plan Integral de Desarrollo del Magdalena Medio, definido como la forma de iniciar un proceso tendiente a resolver los diferentes problemas que adolecieron (y siguen soportando) los pobladores de la región, tanto en la satisfacción de necesidades básicas, tendientes a saldar la deuda social acumulada, como en lo referente al respeto a la vida e integridad de los pobladores. La Mesa Regional llamó la atención de manera permanente, sobre el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional y denunció nacional e internacionalmente las diferentes formas de victimización a las que fueron sometidos los participantes en el Éxodo. En medio de esta colosal tarea los integrantes de la Mesa Regional centraron su labor en la denuncia de los asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, bloqueos, señalamientos, desplazamientos y fumigaciones que han concretado la implementación del Plan Colombia. Paralelamente, en la región del sur de Bolívar continuaba la arremetida paramilitar. El 25 de octubre 1998, un grupo de aproximadamente 80 paramilitares de las ACCU incursionaron por vía fluvial en el municipio de Altos del Rosario, corregimiento de La Pacha. Cuando promediaban las 10 de la mañana, 7 chalupas con paramilitares arribaron al puerto de la población, se la tomaron a sangre y fuego y saquearon algunos negocios comerciales. En presencia de los pobladores asesinaron a 3 personas. Seguidamente, en la cabecera municipal, con lista en mano fueron buscando a sus víctimas. Asesinaron al comerciante REINALDO MEJÍA, cuyo negocio saquearon; al ex candidato a la Alcaldía de Altos del Rosario JOSÉ ARTURO MENDOZA TAFUR, de 46 años, quien fue sacado de su vivienda –contigua a la iglesia- y conducido a la casa de ALICIA ROSALBA RIVAS, de 30 años, residente en la Playa de Mejía, donde lo asesinaron junto con esta señora, quien sostenía en sus brazos a un menor de 2 años; los paramilitares llegaron a casa del fotógrafo ABEL CASTRO CAMPO, de 42 años y lo asesinaron en presencia de su esposa y su hijo de 2 meses de nacido. Luego penetraron en la residencia de MIGUEL OSPINO CARRANZA, conocido como “Tito”, de 34 años, a quien asesinaron. DOS PROSTITUTAS que permanecían entre la muchedumbre reunida en la plaza fueron asesinadas también cerca de la tienda principal de la población. Al mismo tiempo, incendiaron la vivienda de JOSÉ POLANCO quien, luego de desocupar su pequeña droguería, fue asesinado frente al local donde se ubicaba. También fueron asesinados FIDEL CAMPO, futbolista, y el agricultor JUVENAL RODRÍGUEZ, de 48 años y Martín Calvo. En total, 11 pobladores fueron asesinados. “Volveremos... si en 24 horas no han salido, volveremos...”, fueron las frases finales de los paramilitares. En medio de las labores encomendadas por la mesa campesina fueron desaparecidos, torturados y asesinados el 30 de octubre de 1998 los líderes campesinos OSCAR DANILO ZAIS PEÑA, MARTIN MEJIA, MEIDER JOSE GARCIA

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CASTILLO y ALBEIRO VALDIRIS CHAMORRO NORIEGA, quienes se disponían a iniciar las labores contenidas en el Plan. Aproximadamente setenta paramilitares fuertemente armados y uniformados con prendas de uso privativo de la fuerza pública retuvieron, amarraron y desaparecieron a las víctimas en un retén que instalaron en el sitio conocido como Guarigua ubicado a diez minutos de la cabecera municipal de San Pablo. Los cuerpos mutilados fueron hallados posteriormente en tres fosas, según testimonios “los cortaron por las coyunturas, en las rodillas, los tobillos, en los brazos, la cabeza; les punzaron los ojos, al parecer les quemaron las manos y el cabello, abrieron las fosas colocando las partes una encima de otra”. Los paramilitares manifestaron su pretensión de asesinar a todos los voceros y líderes que participaron del éxodo.

Actuaciones Judiciales El 2 de abril de 1998, la investigación previa fue iniciada por la Fiscalía Regional de Barranquilla, que en 1999 la remitió a la Fiscalía Sexta Especializada de Cartagena, la cual le asignó el radicado No. 45473 y comisionó al Comando de policía de San Pablo “para dar con los responsables de este hecho reprochable”. Para el 21 de junio de 2001, la Fiscalía informó que “no existen personas vinculadas pero al parecer se le atribuye este accionar a Grupos de Extrema Derecha conocidos como Paramilitares”.

Otros líderes campesinos y populares aniquilados por paramilitares con motivo de su participación en el éxodo, fueron HUGO AMADOR y PARMENIO HERRERA. El primero candidato al concejo municipal de San Pablo y elegido alcalde popular en las últimas elecciones, aunque al poco tiempo renunció era candidato al consejo municipal, fue asesinado el 12 de febrero de 1999. El segundo, líder campesino, Presidente por varios años de la Asociación Municipal de Usuarios campesinos Anuc-ur San Pablo y comerciante, de 55 años asesinado el 5 de mayo de 1999, en el corregimiento Paraíso de Montecristo. Posteriormente se pudo establecer que el carro en que se transportaba, fue hurtado por un grupo paramilitar que opera en San Pablo, sus familiares que se desplazaron hasta el municipio para indagar por su paradero, se entrevistaron con un comandante paramilitar que les respondió “no busquen más al viejo porque lo encaletamos”. De acuerdo al pronunciamiento de la Unidad de Fiscalías Especializadas de Cartagena del 10 de agosto de 2001, por este último crimen no se surtió investigación penal alguna. El mismo grupo paramilitar, que actuaba bajo las ordenes del “Comandante Carlos” y a su vez estaba a cargo de la base paramilitar establecida en el corregimiento de Monterrey cerca a San Pablo; desapareció al líder campesino EDGAR QUIROGA, el 27 de noviembre de 1999, pese a saber que Edgar se encontraba en la región cumpliendo labores contempladas en los acuerdos pactados con el gobierno. La eliminación de los movimientos y organizaciones sociales en el Sur de Bolívar Por las amenazas constantes y los asesinatos se fueron diezmando las organizaciones, fueron desapareciendo poco a poco. En el sur de Bolívar es un

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pecado ser presidente de Acción Comunal, es un pecado una mujer ser líder de mujeres, es un pecado incluso que sea una madre comunitaria, porque son objetivo, un inspector de policía o corregidor tampoco pueden existir en la zona porque son objetivo militar. Podemos hablar del caso de Arsecio Rivera corregidor del corregimiento de Dos Bocas, cuando entrado el Batallón Nariño, los supuestos 400 paramilitares que entraron a la zona de Tiquisio, esta señora encontró que tenían un comerciante amarrado a un árbol y él como autoridad fue a hablar que ese señor no era ningún insurgente, ningún guerrillero, que era un señor que tenía un almacén en tal sitio, soltaron al dueño del almacén y amarraron al corregidor, a este señor, Arsecio Rivera le cortaron la planta de los pies, lo pararon a caminar, después le cercenaron los brazos; el cuerpo del señor se encontró 8 días después completamente destruido, desmembrado, se lo habían comido los animales, porque fue tirado incluso en una ciénaga y se lo comieron entre los chulos y los pescados acabaron con el cuerpo del señor. Lo que conoce la comunidad internacional y la comunidad nacional yo creo que no es ni siquiera un 10% de lo que realmente sucede en la zona, las atrocidades que se cometen a diario, la prensa primero está cuartada, si llega en San Pablo, en Santa Rosa, en Simití les esculcan lo que llevan, lo que llevan grabado, y lo más probable es que se los quiten o simplemente no los dejan hacer su trabajo, entonces no se puede comunicar, y de por sí, en este país la prensa esta amordazada. Eso no es una mentira que aquí en Colombia los medios lo manejan los señores que tienen el poder, los señores Ardila Lule, los Santo Domingo, ellos son los que manejan los medios de comunicación y realmente en Colombia no hay una democracia para informar. FUENTE: Testimonio Proyecto CNM. Base de Datos.

LA REACCIÓN PARAMILITAR A LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA

El retén de La Ye: asentamiento paramilitar en Simití Durante los meses de agosto y septiembre de 1998 los paramilitares se instalaron en el corregimiento de San Blas, municipio de Simití, adelantando todo tipo de acciones criminales contra la población. El primer crimen perpetrado por los paramilitares de esa base tuvo lugar el 4 de agosto de ese año, cuando el campesino EDISON GODOY MOLINA fue asesinado por grupos paramilitares en la cabecera municipal de Simití. Edison, campesino oriundo de La Brisa, fue interceptado por paramilitares en el retén que establecieron en el sitio conocido como “la segunda Y”. Además informaron que la víctima fue abordada en la notaría de Simití por dos paramilitares quienes le gritaron “en la Y nos vemos”. El jefe paramilitar conocido como Popeye, al ser preguntado por algunos moradores sobre el paradero del desaparecido, manifestó que lo había asesinado y arrojado su cuerpo a un pozo de caimanes, y que había incinerado sus pertenencias e identificaciones personales. La policía tuvo conocimiento de estos hechos pero no tomo acción alguna al respecto. A los pocos días los paramilitares torturaron y asesinaron a MARCOS PARRA, dueño de la finca La Quebraona, a la vendedora de comida CECILIA ARDILA y al

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comerciante FABIO CHIVATA. Fabio, de aproximadamente 28 años de edad, fue torturado de manera atroz en presencia de la población; su cuerpo fue desmembrado y arrojado a la ciénaga de Simití. Pese a los esfuerzos de sus familiares, sus restos nunca se pudieron encontrar y, al contrario, recibieron amenazas de muerte. En tanto Cecilia fue violada y ahorcada en un árbol; luego le sacaron los ojos, la desmembraron y la enterraron en un predio aledaño al Corregimiento San Blas. Madre de 6 hijos, usualmente trabajaba hasta la 2 o 3 de la mañana y con sus esfuerzos había construido una muy modesta casa. Algunos días después, el 17 de agosto de 1998, un grupo paramilitar incursionó en la vereda Inanea, a 15 minutos de la cabecera municipal de Simití, armados con fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y armamento menor54. Al día siguiente hacia las 11:00 a.m., en la finca Destino, se llevaron al campesino JOSÉ MARIA RAMOS GUERRERO, lo torturaron para que les diera “información”, y lo obligaron a caminar con ellos por dos días. Posteriormente su cuerpo fue hallado con visibles signos de tortura. Según el concepto médico del hospital local, el cuerpo de José María presentaba evidencia de golpes severos, principalmente en la cabeza y su muerte al parecer se produjo por asfixia; “se cree que le envolvieron la cabeza con una bolsa plástica”. Frente al crimen el diario Vanguardia Liberal insinuó, por la reseña de una fuente, que la víctima de la incursión podía dar con el paradero de guerrilleros en la localidad, al manifestar que “se presume que el homicidio se pudo desencadenar por la ignorancia del campesino en la ubicación de los insurgentes”55. “Por el solo hecho de que la guerrilla en ese entonces en San Blas a toda parte llegaba, a todas las casas, entonces el argumento fue que porque la guerrilla llegaba mucho ahí, de que porque tal, que no sé qué”. Y con la justificación dada, la retienen [a Cecilia] y la trasladan a una finca cercana donde la conducen a un árbol: “primero la montan allá, la amarran del cuello y la cuelgan. Le mocharon un seno viva, le chuzaron los ojos con puñales, viva, y viva la cogieron y la rajaron, le sacaron las vísceras, qué no hicieron con ella!, y por último la acabaron de rematar y la enterraron, quedó a flor de tierra”. Luego de tres o cuatro días, los paramilitares aún impedían a los familiares y pobladores de San Blas sacar el cadáver del lugar para darle sepultura y ante la insistencia le dijeron a la gente que “dejaran de estar jodiendo, que esa vieja era una guerrillera”. Bueno, qué fue lo que no dijeron! No fue posible, pero la gente insistió y en un medio descuido que les sacaron, alistaron el cajón la envolvieron en un plástico y run... la pudieron sacar de ahí, y eso se quedó así, ni reunieron a nadie ni mucho menos”. Fuente: Testimonio Proyecto CNM. Base de datos. Hacia el día 21 de septiembre de 1998 se registraron enfrentamientos con la guerrilla en inmediaciones del corregimiento de Monterrey –desembocadura del río Boque-. Por esos días, era común ver en Simití al Comandante Popeye andando “calle arriba calle abajo, por las calles de Simití”, y sin que ninguna autoridad “le eche mano”,

54 Vanguardia Liberal, 18 de agosto de 1998. 55 Vanguardia Liberal, 18 de agosto de 1998.

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según comentario de un testigo, quien además refería cómo en San Blas “los paramilitares permanecen metidos en la población civil y nadie hace nada”56. Los nexos operativos entre militares-paramilitares volvieron a evidenciarse si se considera que, no obstante el inició de operaciones a partir del 24 de septiembre de 1998 por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Sur de Bolívar del ejército en Santa Rosa y Simití57, por esos mismos días las AUSAC mantuvieron bloqueado el paso a Simití a la altura de la vereda San Blas, y en las instalaciones del hospital San Judas Tadeo de ese municipio permanecieron hospitalizados 12 paramilitares encubiertos por la versión oficial que indicó que se trataba de raspachines de hoja de coca; versión que los campesinos desmintieron pues los combates en que fueron heridos se habían registrado en horas de la madrugada cuando no se hace labor alguna en las plantaciones de coca; además, la actividad cocalera por esos días estaba paralizada debido al éxodo campesino58. Los combates entre guerrillas y fuerzas paramilitares se sostuvieron por diversos parajes de la zona rural de Simití a lo largo de los meses de septiembre y octubre. A principios de noviembre, el día 6, volvieron los combates en disputa por el control del sitio La Ye, una zona selvática y de montaña, propicia para emboscadas, ubicada a 15 minutos de Simití y en camino hacia el municipio de Santa Rosa; un lugar, en síntesis, estratégico para el control territorial de la subregión. La situación provocó que el ejército desplazara hacia el sitio parte del Batallón de Contraguerrillas No. 5 “Los Guanes”, que hasta ese momento permanecía en la zona aledaña al aeropuerto de Santa Rosa59. Noviembre de 1998: El avance paramilitar hacia Arenal, Barranco de Loba, Río Viejo y Altos del Rosario La instalación a comienzos de noviembre de 1998 de un retén paramilitar en la vía entre Barranco de Loba y Pueblito Mejía, en el sitio conocido como La Ye ubicado en el corregimiento de San Antonio, fue el preámbulo a una sangrienta incursión paramilitar simultánea en los municipios de Tiquisio, Morales, Simití, Barranco de Loba y Arenal del sur60. Anteriormente, en el municipio de Arenal, el 20 de febrero de 1991, el dirigente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, EUSEB, licenciado en Biología y Química, VICTOR VELASQUEZ PADILLA de 37 años, fue asesinado por desconocidos que se movilizaban en una moto, por la carretera La Cordialidad, a la altura del barrio El

56 Vanguardia Liberal, 24 de septiembre de 1998, p. 4B. Como resultado de los combates entre paramilitares de las llamadas Autodefensa de Santander y Sur del Cesar (AUSAC) y los frentes Héroes de Santa Rosa del ELN y XXIV de las FARC el día 21 de septiembre, que arrojaron como saldo 18 paramilitares muertos y 22 heridos, se hallaron varios documentos con los nombres de Joaquín Antonio Martínez Guette, de 25 años, natural de Aracataca, Departamento del Magdalena, y reservista del Batallón Córdoba, y de José Eduardo Serrano Duarte, de 30 años, natural de Girón, departamento de Santander, y reservista del batallón Luciano D’Elhuyar y quien era conocido cabecilla de las AUSAC bajo el alias de “Santander”. Vanguardia Liberal, 25 de septiembre de 1998 57 Ibid. 58 Vanguardia Liberal, 25 de septiembre de 1998. 59 Vanguardia Liberal, 7 de noviembre de 1998 60 Vanguardia Liberal, 10, 11 y 22 de noviembre de 1998.

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Pozón en zona rural; junto a él se encontraba el educador ADOLFO ANGULO PARRANIAS quien resultó herido. Los dos profesores se hallaban afiliados a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. La comisión de CLH en el municipio se reiteró siete años después, el 1 de enero de 1998, en el sitio conocido como Boca la Honda en el mismo municipio, cuando miembros del ejército detuvieron y asesinaron al campesino URBANO PAYARES y trataron de ocultar su crimen arrojando el cuerpo al río.

Actuaciones Judiciales El 23 de abril de 2001 el Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga informó que en sus archivos no se encontraba información alguna de investigación por este hecho.

Meses más tarde, el 1 de noviembre de 1998, el campesino EDER MERCADO RUEDA de 25 años, fue desaparecido por paramilitares, en el sitio conocido como la Ye del Cerro, ubicado a dos kilómetros del casco urbano de Simití. La escalada criminal continuó el 6 de noviembre de 1998, fecha en la que el comerciante MICHAEL HERNÁNDEZ MEGUI fue torturado y asesinado en inmediaciones de Altos del Rosario por paramilitares que portaban fusiles y pistolas 9mm y que inicialmente se presentaron como miembros del Batallón Nariño. Los paramilitares ingresaron por el sitio Boca de las Palomas al Caño Alto, a bordo de nueve botes de motor de la empresa Cooperativa de Transporte Fluvial de Magangue. Al llegar a la cabecera municipal, con lista en mano ubicaron a Michael golpeándolo y decapitándolo frente a sus hijos. El mismo grupo se dirigió a la vereda Mina Santa Cruz de Barranco de Loba, donde se abastecieron de combustible y se llevaron al joven NILSON POLANCO quien en el corregimiento El Sudán, en Tiquisio, fue degollado frente a los pobladores y sus propios hijos tras recibir una fuerte paliza con garrote, luego asesinaron a otro joven de apellido MARTÍNEZ, de 23 años.

En el sitio conocido como La Ye, ÁNGEL PÉREZ, residente en Pueblito Mejía, propietario de una camioneta 350, fue obligado a transportar al grupo paramilitar que lo había retenido por espacio de tres días, junto con él se encontraban secuestradas SARITH, compañera del ex inspector de Pueblito Mejía; DAMARIS, residente del vecino municipio de Hatillo de Loba y vendedora de pescado en Pueblito Mejía, ellas fueron dejadas en libertad el mismo día de su detención. En combates verificados desde noviembre contra guerrilleros del ELN, los paramilitares de las ACCU buscaron afectar y castigar a la población ubicada en las zonas de confrontación, al tiempo que sostenían combates con guerrilleros en el corregimiento de Mico Ahumado, apoyadas por helicópteros artillados desde los que bombardearon. Los paramilitares incendiaban a su paso las viviendas de los moradores de la zona y en particular de la cabecera de dicho corregimiento. El 6 de noviembre un grupo de aproximadamente ochenta paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, portando brazaletes amarillos y azules, incursionaron en la vereda Simoita del municipio de Morales; donde torturaron al Fiscal NICOLAS URIBE. Según testimonios a Nicolás “lo tenían cogido del cabello, la cabeza metida en agua... le dijeron que estaba mal informado, y que iban a investigarlo, que si lo hallaban culpable lo mataban”.

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Posteriormente se dirigieron a la casa del campesino de 82 años RAMON QUINTERO PAYARES, conocido como “El Mocho”. Una vez en el lugar le dijeron “quihubo(sic) compa y como él es medio cegatón les respondió y ahí mismo lo cogieron. Ese día estuvieron en la vereda ocupando cuatro casas. Al otro día se fueron con don Nicolás, lo llevaban amarrado, después de un rato él regresa y nos dice que busquemos al Mocho, porque lo habían matado. Nos pusimos a buscarlo y un niño encontró sangre que brotaba de la tierra, llamamos a la familia y sacamos la tierra que cubría el cuerpo, estaba abierto desde el cuello hasta el tronco, separado de la cabeza y de las extremidades”.

Actuaciones judiciales El 4 de junio de 1999, la Fiscalía Sexta Especializada de Cartagena inició la investigación previa bajo el radicado No. 49506, por el asesinato de Ramón Quintero Payares, atribuyendo la responsabilidad a "grupos de Autodefensas que operan en la zona". La investigación fue suspendida el 17 de noviembre de 2000, porque "no arrojó los resultados esperados".

En medio de estas operaciones, los paramilitares instalaron en la vereda Samoita un puesto de avanzada. El sitio se ubicaba en la carretera que conduce a Corcovado, Mico Ahumado y Arenal. Desde allí, sus operativos se encaminaron a paralizar el transporte y controlar la circulación de alimentos. En sus incursiones asesinaron una PERSONA y quemaron viviendas. Su propósito contemplaba realizar operativos similares en Mico Ahumado61. El mismo 6 de noviembre, cerca de 300 paramilitares incursionaron en el corregimiento Pueblito Mejía (Barranco de Loba), reteniendo a su paso varios pobladores y sosteniendo combates con el ELN, durante los cuales asesinaron a DOS PERSONAS. Después de permanecer por transcurso de tres días saqueando los negocios y las viviendas, incineraron gran parte del caserío, además de una tienda, una bodega de gas, una bodega de cerveza y una cantina62. En la vereda La Cabaña del mismo corregimiento incineraron la finca de Amado Bermúdez y algunas casas que se encontraban en la carretera que conduce a Norosí. Luego, en las afueras del corregimiento, quemaron la Cooperativa de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, y en este lugar asesinaron a SANTOS NAVARRO, un hijo del señor Edgardo Manotas, el papá de la familia conocida como los Gumes y otra PERSONA sin identificar. Debido al temor despertado en la población fue imposible recoger los cuerpos de estas personas, por lo cual fueron devorados por perros, cerdos y buitres. Pasados tres días, los restos de los cuerpos en absoluta descomposición fueron sepultados por sus familiares. Una finca de propiedad del señor Jesús San Juan, fue incinerada a la par con otras viviendas. La incursión duró dos días. Al día siguiente, el 7 de noviembre de 1998, los paramilitares asesinaron a HECTOR MARTINEZ, CASTULO CAMPOS, EDELMIRO IBAÑEZ MENCO y a DIEZ CAMPESINOS más en el corregimiento El Sudán, municipio de Tiquisio. El mismo día los paramilitares incursionaron en el corregimiento Carnizal del municipio Arenal del Sur.

61 Vanguardia liberal, 15 de noviembre de 1998. 62 Vanguardia Liberal, 15 de noviembre de 1998.

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Ese mismo día, en la vereda la Mocha, municipio de Barranco de Loba, fueron torturados, asesinados y decapitados ARGENIDA ZAYAS, SILVANO ROMERO, LUZ MARINA ROMERO, MARIANO SALAS, IROLDO SOLA, RUBÉN FUENTES y MANUEL MÁRMOL, junto con TRES MENORES de edad. Los mismos paramilitares incursionaron en la Finca Montecarmelo, donde ANIBAL RUEDA, de 45 años, fue torturado y asesinado. Los agresores amarraron a la víctima a un árbol donde lo torturaron y luego de asesinarlo le hurtaron $2.500.000. El grupo de paramilitares permaneció durante cuatro días en este poblado y antes de abandonarlo el 11 de noviembre, incineraron alrededor de cuarenta viviendas de este caserío y las veredas aledañas: Ángeles Uno, Ángeles Dos y Ángeles Tres. Allí también retuvieron a DOCE POBLADORES, que fueron utilizados como escudos humanos en el avance del grupo paramilitar hacia Pueblito Mejía. Hasta hoy no se conoce el paradero de estas personas. En el camino que conduce a Pueblito Mejía en la vereda Canabate, fueron quemadas una casa de familia y una tienda, propiedad de Candelaria Mendoza e Israel Vanegas. También fue retenida la joven GRACIELA SALAZAR, a quien dejaron en libertad días después. Igualmente fueron retenidos en Pueblito Mejía y usados como escudos humanos, JADER URRUTIA, NOEL ROJAS, ALBERTO ARMENTA, y un señor conocido como CELIO, poblador de Santa Rosa del Sur, que laboraba en Pueblito Mejía, y SIETE PERSONAS más; en total 11 personas. Los dos primeros lograron escaparse en medio de un enfrentamiento en el puente de la vereda la cabaña, los demás fueron obligados a servirles como guías en su recorrido Pueblito Mejía - Cabañas - La Cooperativa - Mina Azul - Buena Seña - Santa Helena - las Piedras y Río Viejo; donde fueron dejados en libertad. Estas personas fueron obligadas a cargar el material de guerra y los muertos y heridos que había como resultado de los combates que sostuvieron los paramilitares con la insurgencia. Entre los días 7 y 9 de noviembre, en la cabecera municipal de Simití, 8 familias fueron expulsadas, ante la amenaza de muerte por parte del grupo paramilitar que opera en esa localidad. Las operaciones ofensivas del paramilitarismo contra el ELN a partir de noviembre de 1998 en inmediaciones del municipio de Arenal del Sur, tienen como antecedente el inicio de labores de inteligencia y apoyo montadas por unidades del ejército y la policía desde el 20 de septiembre anterior63; desde entonces, los habitantes de la zona habían expresado su temor por posibles incursiones de los paramilitares. Los primeros combates entre las ACCU y el ELN, en el corregimiento de Buenavista, se registraron el 7 de noviembre. Las operaciones sobre dicho corregimiento contaron con apoyo del ejército que se desplazaban como paramilitares en 2 chalupas y estaban adscritos a la V Brigada y al batallón “Antonio Nariño64. El 9 de noviembre, en medio de intensos bombardeos realizados por helicópteros artillados y después de un combate sostenido entre paramilitares y la guerrilla, a orillas del Río Magdalena, en el puerto de Buenavista del municipio de Arenal, los paramilitares incineraron 20 viviendas en esa población y en su avanzada al municipio de Arenal arrasaron con el corregimiento Carnizal en su totalidad65. Al tiempo incursionaron en la vereda La Mancha, donde masacraron a DIEZ PERSONAS,

63 El Espectador, 20 de septiembre 1998. 64 Vanguardia Liberal, 15 y 19 de noviembre de 1998. 65 El Espectador, 7 de octubre de 1998 y El Tiempo, 12 de noviembre de 1998.

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saquearon locales, robaron a los pobladores e incineraron viviendas66, y el 10 de noviembre, arribaron a la zona urbana del municipio Arenal del Sur, luego de intensos combates con la guerrilla, los paramilitares llegaron a las dos de la tarde y permanecieron hasta el día siguiente cuando se replegaron, justo antes de la llegada de las tropas regulares. En su retirada incineraron las instalaciones de la Alcaldía municipal, los enseres de la enfermería y 7 viviendas; además de herir a NUEVE PERSONAS, entre ellas 3 menores de edad67. Los combates proseguirían en el corregimiento Carnizal, en el mismo municipio, donde los paramilitares incursionaron desde el mismo día 7 de noviembre, por lo menos hasta el día 10. El 11 de noviembre, hacia las 12 del medio día, aterrizaron sobre el casco municipal tropas de contraguerrilla de los batallones: Héroes de Majagual de Barrancabermeja, Los Guanes de Bucaramanga y Rogelio Correa de Aguachica, que sumaban unos 100 hombres, en un helicóptero artillado Black Hawk, un helicóptero UH-60 y dos helicópteros MI68. En esos 5 días de combates con la guerrilla, los paramilitares usaron helicópteros, morteros, cohetes y artillería pesada, según lo declaraba el comandante del Bloque Norte de las AUC, Santander Lozada, a propósito de sus operaciones en el Sur de Bolívar69. Los helicópteros, uno de color blanco y otro blanco con verde, bombardearon diferentes zonas del área rural de Arenal del Sur70. El arrasamiento de los corregimientos de Pueblito Mejía y Carnizal el día 11 de noviembre por parte de las bandas de paramilitares fue simultáneo y se enmarcó en los constantes combates que por esos días sostuvieron con la guerrilla del ELN. Las acciones paramilitares se prolongaron en la zona rural del municipio de Barranco de Loba varios días más. En la vereda los Giles, Barranco de Loba, los paramilitares masacraron a SEIS PERSONAS71. Tres días más tarde, el 13 de noviembre, el mismo grupo llegó a Mina Azul, municipio de Río Viejo. En su avanzada, el grupo paramilitar que se dirigía hacia el corregimiento de Micoahumado, municipio de Morales, incineró varias viviendas. Ese 11 de noviembre cerca de las 7 de la noche, los paramilitares incursionaron en la cabecera municipal de Arenal y se identificaron como Autodefensas de Córdoba y Urabá, portando armas largas y cortas y disparando al aire, pasando casa por casa, portando una lista y preguntando por las personas que tenían allí inscritas, al tiempo que gritaban “hijueputas auxiliadores de la guerrilla, donde los tienen escondidos?”. Allí se llevaron a varios pobladores del municipio y a unos pescadores que se encontraban en el río, que está a unos 10 minutos de la cabecera municipal. Entre los pescadores se encontraba JUAN ACEVEDO FUENTES, de 40 años, quien tenía tres

66 Vanguardia Liberal, 22 de noviembre de 1998. 67 Resulta paradójico que ya antes fuera la insurgencia la que hubiese intentado quemar la misma alcaldía. En aquélla ocasión tuvieron que desistir por el reclamo vehemente “de todos nosotros, y como nos vieron que estábamos reclamando lo justo se calmaron, cosa que no pudimos hacer con los paramilitares porque ellos si no respetan nada”, Vanguardia Liberal, 12 de noviembre de 1998 y El Tiempo, 12 de noviembre de 1998. 68 Vanguardia Liberal, 9, 11 y 12 de noviembre de 1998. 69 El Tiempo, 12 de noviembre de 1998. 70 Vanguardia Liberal, 22 de noviembre de 1998. 71 El Tiempo, 14 de noviembre de 1998.

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hijos, Jhon Edison, Rafael Antonio y Luis Eduardo, de 11, 12 y 5 años con Luz Dary Gaviria Guerra, quien al ver lo que estaba pasando salió corriendo hacia la montaña con los tres niños; caminaron por más de 2 horas hasta llegar a una finca donde esperó a que amaneciera, luego abordó un motor canoa que la llevó hasta San Pablo y luego a Barrancabermeja y nunca más volvió a saber sobre la vida de su esposo, ni a recuperar sus pertenencias. Esta fue la segunda vez que Juan, Luz Dary y sus hijos sufrían los embates de los paramilitares, pues tan sólo hacía tres meses que residían en Arenal, dado que se habían desplazado de Barrancabermeja, del corregimiento de Vizcaína Baja por miedo a que se concretaran las amenazas de muerte provenientes de grupos paramilitares72. Desde el mismo 13 de noviembre se presentaron combates entre guerrilleros y paramilitares en las zonas aledañas a Río Viejo73. El propósito paramilitar era incursionar sobre el municipio de Ríoviejo que para entonces se constituyó en receptor de la población desplazada desde sus zonas vecinas como Arenal, Tiquisio, Barranco de Loba, Altos de Rosario y San Martín de Loba74. Días después, los paramilitares destruyeron la vereda Buena Seña, perteneciente a Rioviejo, donde quemaron casas y asesinaron un número indeterminado de personas. En esa ocasión el grupo paramilitar retuvo a más de 15 habitantes que luego utilizó como escudo humano para desplazarse desde el puente Los Papayos, ubicado en Pueblito Mejía hacia los corregimientos de Buena Seña y Norosí en Río Viejo75. El 14 de noviembre de 1998 los paramilitares llegaron a la vereda de Pueblo Olivares jurisdicción del municipio de Río Viejo. La vereda fue arrasada y los victimarios quemaron más de veinte viviendas del Corregimiento. El 15 de noviembre este mismo grupo, en su afán de cercar las poblaciones vecinas y no dar posibilidad de huida a la población civil, se ubicó en el sitio denominado como La Ye del Corregimiento de Buena Seña que comunica con los municipios de Río Viejo, Arenal, Barranco de Loba y Tiquisio, ubicado a un kilómetro de Buena Seña y tres kilómetros de Norosí; rodeando a la población, pues los otros dos grupos paramilitares que atacaban simultáneamente a otros poblados de la región convergerían en este lugar. El 22 de noviembre en el corregimiento de Buena Seña, incineraron la totalidad de las viviendas, este mismo día en el corregimiento de Norosí fueron quemadas 42 casas. En medio de combates entre guerrilleros y paramilitares en las zonas aledañas a Altos del Rosario y en inmediaciones de Barranco de Loba, la prensa informó que el jefe de las AUC, Carlos Castaño Gil, estaría dirigiendo personalmente las acciones76. En estos operativos los paramilitares utilizaron, como en otras ocasiones, dos helicópteros artillados, uno de color blanco y otro blanco con verde, según lo denunciaron los pobladores77. En Pueblito Mejía la incursión duró dos días. En dicho avance los paramilitares se encontraban apoyados con bombardeos y ametrallamientos desde un helicóptero de 72 Declaración de la señora Luz Dary Gaviria Guerra ante CREDHOS en Barrancabermeja. Noviembre de 1998. 73 El Tiempo, 14 de noviembre de 1998. 74 Vanguardia Liberal, 15 de noviembre de 1998. 75 Vanguardia Liberal, 22 de noviembre de 1998. 76 El Tiempo, 14 de noviembre de 1998. 77 Vanguardia Liberal, 22 de noviembre de 1998.

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color blanco, a lo cual se unieron un avión y un helicóptero negros, al parecer de las fuerzas armadas78. Un grupo paramilitar conformado por unos 120 hombres que permanecía en zonas rurales de Simití, identificándose como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, hizo presencia en el corregimiento Monterrey, ocho días más tarde, con lista en mano reunió a los pobladores que aun quedaban en el lugar y luego de verificar la identidad de varios de ellos, asesinó a los hermanos EUCLIDES ACEVEDO, MANUEL ACEVEDO, GIOVANY CONCRETO y SAMUEL ACEVEDO residente del corregimiento. Entre fines de noviembre y la primera semana de diciembre de 1998, ocurrieron fuertes enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y paramilitares de las ACCU en los municipios de Arenal, Tiquisio, Barranco de Loba, Río Viejo y Altos del Rosario, en el Sur de Bolívar. Los combates dejaron 36 civiles muertos y 13 desaparecidos. Así mismo, los paramilitares incendiaron 120 casas en la localidad de Carnizal. Pobladores de la región denunciaron que se realizaron bombardeos indiscriminados desde helicópteros de las ACCU79.

78 Vanguardia Liberal, 22 de noviembre de 1998. 79 Actualidad Colombiana. Año X, No.252, Bogotá, 1998.

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SITUACIÓN DEL SUR DE BOLÍVAR DESPUÉS DE 1998 La Operación Anaconda La Operación Anaconda fue el nombre de un operativo militar en el Sur de Bolívar que se desarrolló durante los meses de abril, mayo y junio de 1999, en los municipios de San Pablo y Simití y que tuvo el propósito público de dar con los pasajeros del vuelo de Avianca secuestrados por el ELN. Estuvo a cargo de los Comandos de Contra Guerrilla y Compañías adscritas a la V Brigada del ejército, con sede en la ciudad de Bucaramanga. En el curso de las operaciones, el ejército permaneció en el caserío Pozo Azul durante dos meses, en tanto que los paramilitares mantuvieron su concentración en Monterrey, donde se mantendrían luego de que el ejército abandonara Pozo Azul a principios de junio. A pesar del esfuerzo militar sostenido, que desde un comienzo acarreó graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores, las operaciones no condujeron a la liberación de ninguno de los secuestrados. Los operativos abarcaron desde el saqueo de casas a manos de los soldados, hasta el bombardeo de caseríos y el ametrallamiento desde aviones y helicópteros. Durante su permanencia, el ejército controló la venta de insumos para el procesamiento de la coca y la comercialización de la misma, pero no realizó acciones contra el narcotráfico. En el casco urbano de San Pablo los compradores de base de coca fueron obligados a asistir a una reunión precedida por alias Tayson, jefe paramilitar en este municipio, quien les exigió centralizar sus transacciones de compra y venta en los corregimientos de Monterrey y Pozo Azul80. Las operaciones de las unidades militares regulares en el lapso de “Anaconda” también incurrieron en delitos comunes, sobre todo en ejercicio de la práctica del botín de guerra contra los haberes y patrimonio de la población. Un ejemplo claro se presentó con la incursión de un grupo de hombres del ejército, que se desplazaba desde el corregimiento de Paraíso, al corregimiento La Virgencita, jurisdicción del municipio de San Pablo. En esta localidad procedieron a saquear las casas apropiándose de animales, joyas, enseres y otros bienes de la población que se encontraba desplazada por los continuos bombardeos que se venían presentando en la zona. Los miembros de la tropa amenazaron a la población diciéndoles que “los paramilitares se portaban bien mientras ellos estuvieran por ahí, pero que ellos no respondían por lo que pasara luego de que ellos se fueran”. El ejército hizo presencia oficial durante cuatro días en el caserío y luego salió pero, al poco tiempo

80 “El hecho que el jefe paramilitar en medio de una operación de grande envergadura pudiera sin problemas reunirse en el casco urbano de San Pablo sin intervención de la fuerza pública hace dudar de su compromiso de combatir a los paramilitares. Aunque la fuerza pública fue complaciente con alias “Tayson” durante la Operación Anaconda, éste en menos de un año caería en una “emboscada” del ejército. Tayson murió después de escaparse del coche en que viajaba con otros paramilitares quienes resultaron muertos en un supuesto enfrentamiento que sostuvieron con el Batallón Héroes de Majagual desde el interior del coche. El oficial que estaba al mando de la operación era el Coronel Jesús María Clavijo, luego retirado de su cargo debido a una investigación que adelantaba la Fiscalía donde lo acusaban de concierto para delinquir y de auspicio, fomento y patrocinio en la creación de grupos de justicia privada en los municipios de Rionegro, La Unión, Sonsón y La Ceja en territorio antioqueño. La investigación adelantada en su contra pone en entredicho la verdadera naturaleza y las razones de la acción en que murió Tayson”. GEARÓID ó LOINGSIGH, op. cit., p. 61.

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entró otro grupo armado de unos 50 hombres aproximadamente que se identificaron como “autodefensas”, vistiendo prendas militares y portando brazaletes rojos amarillos y blancos, y quienes procedieron igualmente a robar las casas que estaban deshabitadas. Según los testimonios de los pobladores, desde el día 13 de abril de 1999, fecha en que se inició la llamada “Operación Anaconda”, los pobladores del sector rural de los municipios de Simití y San Pablo quedaron totalmente incomunicados. Las vías de acceso a los cascos urbanos fueron bloqueadas por retenes militares ubicados en Pozo Azul, Cañabraval y Patio Bonito y los efectivos del ejército no dejaban ingresar alimentos a los poblados. Este cerco militar precedió a la incursión posterior sobre Vallecito:

“Cerraron todas las vías, las entradas a las veredas, la vía de Cañaveral-Patio Bonito y no dejaron pasar ninguna clase de alimento y los que pasaban de afuera para acampar no los dejaban entrar, y al que cogían ahí en el camino lo acostaban boca abajo y le hacían disparos al lado de las orejas, le cogían las orejas con tenazas, les cogían los dedos y se los doblaban para que cantaran que eran guerrilleros...”81.

“Cuando llegaron, ellos estaban en un sitio que le llaman Patio Bonito, ellos no habían ingresado a Vallecito, sino que desde ahí retuvieron todo el paso de vehículos y de personal que viniera hacia acá, entonces la gente empezó a venir al tiempo, no dejaban pasar carros, ni víveres, ni incluso un carro de la cruz roja que venía a verificar, entonces las consecuencias las vivimos nosotros en el corregimiento, porque ya los víveres se habían acabado, entonces no teníamos nada que comer, entonces algunos se decidieron a salir y otros por no dejar lo poquito que teníamos nos quedamos y fuimos los que asumimos las consecuencias, porque retuvieron el transporte y la comida”82.

Al día siguiente, 14 de abril, llegaron al corregimiento de Pozo Azul unidades de los batallones Los Guanes y Héroes de Majagual mezclados con paramilitares que habían sido vistos permanentemente en el corregimiento de Monterrey, municipio de Simití desde el mes anterior. El mismo día de su llegada se presentó un combate entre efectivos militares y paramilitares contra las FARC y el ELN, hecho que provocó el desplazamiento de varias familias de este corregimiento hacia veredas y poblaciones cercanas. Algunos miembros del grupo paramilitar fueron reconocidos por los habitantes, como en el caso de Ancízar Pareja, apodado el “Mono Pareja”, de unos 33 años, y quien trabajaba como arriero en la vereda La Culebra, en jurisdicción del corregimiento de Monterrey; dos hermanos de apellido Jiménez, también oriundos de Monterrey, quienes trabajaban como raspadores de coca; y otro sujeto de nombre Jimmy, dueño de cultivos de coca en el corregimiento El Paraíso. El día 15 de abril, a eso de las 6:30 a.m., un contingente del ejército llegó al corregimiento El Paraíso, jurisdicción del municipio de Simitì, preguntando por

81 CNM, Base de Datos, Testimonio 05031 82 CNM, Base de Datos, Testimonio 05032.

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algunos habitantes de esta localidad, le dispararon a un carro Toyota blanco que cubría la ruta San Pablo, Pozo Azul, Paraíso y retuvieron a dos personas, una de ellas apareció viva días después y se desconoce el paradero de la otra. La camioneta Toyota fue quemada al día siguiente por algunos miembros de la tropa. Durante todo el día se presentaron bombardeos en la localidad, mientras la población se desplazaba por la trocha hacia el corregimiento de Vallecito. El ejército permaneció durante 8 días y ubicó varios retenes en la carretera que conduce del Paraíso a Pozo Azul, impidiendo el acceso de alimentos para la población. El 19 de abril de 1999, un grupo paramilitar sacó a la fuerza de un billar ubicado en el casco urbano de San Pablo a los campesinos ERNESTO FERNÁNDEZ BOTERO, ISAAC RINCÓN SIERRA y AUFRODIS DURAN RODRÍGUEZ, junto con TRES PERSONAS más. Todos fueron torturados y asesinados y sus cuerpos encontrados al día siguiente en la vereda Los Caguises, ubicada a 10 minutos. Ese mismo día, siendo aproximadamente las 8:00 p.m., tres helicópteros militares bombardearon y ametrallaron el corregimiento Vallecito de San Pablo, municipio en donde se encontraban los desplazados de los bombardeos de El Paraíso y la comunidad que habitaba en este corregimiento, varias casas y fincas de la población civil fueron afectadas, y una niña salió herida de gravedad, como lo pudo comprobar la Cruz Roja Internacional. En medio de los operativos del ejército y los paramilitares, ARMANDO MIER URUETA y AMERICO N. y un POBLADOR del lugar, fueron desaparecidos y asesinados por un grupo de paramilitares, en San Pablo, entre el 3 y 18 de abril de 1999, posteriormente fueron encontrados muertos a orillas de la ciénaga de Simití. Entre el 20 y 25 de abril continuaron las operaciones por parte de efectivos de los batallones Los Guanes y Héroes de Majagual, quienes desarrollaron operaciones simultáneas. El 27 de abril ingresaron a los corregimientos de La Virgencita y Aguas Lindas donde procedieron a saquear las casas, apropiándose de animales, joyas, enseres y otros bienes de la población que se encontraba desplazada por los continuos bombardeos. Las incursiones de los paramilitares continuaron el 1 de mayo de 1999, día en el que la líder campesina LUZ MARINA TORRES NARVAEZ, de 37 años, fue retenida, hacia las 11 p.m., en la fuente de soda El Paraíso, ubicada en el casco urbano de San Pablo a 100 metros del puesto de policía, por varios hombres vestidos de civil y armados. La víctima fue trasladada al sitio Los Caguises a 4 kilómetros en zona rural de la localidad donde fue torturada por dos días y luego asesinada. Uno de los caseríos más afectados en el comienzo de las operaciones Anaconda fue Vallecito, jurisdicción del municipio de San Pablo. El 7 de mayo de 1999 desde una avioneta se dispararon ráfagas de ametralladora sobre el corregimiento. En el caserío, además de los pobladores se encontraban las familias que habían salido desplazadas de los corregimientos El Paraíso, Aguas Lindas y La Virgencita, que entre el 17 y el 27 de abril habían sufrido los operativos del ejército. Este mismo día se presentó un combate en el sitio denominado Los Corrales; el ametrallamiento aéreo y el bombardeo con rockets fue continuo, lo que obligó a un nuevo

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desplazamiento forzado de las personas allí refugiadas y de los habitantes de Vallecito. No tardó mucho tiempo la entrada paramilitar. Al amanecer del 9 de mayo las pocas familias que quedaban en Vallecito escucharon ametrallamientos y bombardeos a lo lejos y luego constataron que una de las bombas cayó en una casa del corregimiento El Diamante. Posteriormente se estableció que un comando del ejército denominado Ciclón había acampado cerca del caserío y que habían robado y matado una res de propiedad de un campesino del lugar, justificando su acción manifestando que el ganado de esta zona era de la guerrilla. Ese mismo día, aproximadamente a las 3:00 p.m. en Vallecito, un grupo de hombres uniformados y usando balacas azules con leyendas de las autodefensas, y quienes se identificaron como “Grupo Ciclón” entraron disparando al caserío, colocaron una ametralladora M60 frente a las casas y empezaron a disparar por encima de los tejados. La gente se encerró en sus hogares de donde fueron sacados por la fuerza, golpeados y obligados a reunirse en la cancha, mientras otros hombres requisaban todas las casas y robaban dinero (4 millones de pesos aproximadamente), joyas y otros artículos. La población fue rodeada, recogieron a toda la gente que estaba resguardada en sus casas y los humillaron. Mientras los trataban de “guerrilleros hijueputas”, “alcahuetas”, los amenazaban con navajas y les decían que los iban a asesinar. Mientras maltrataban a la población preguntaban por los pasajeros del avión de Avianca, por unas “caletas” y por el cuerpo de un guerrillero de nombre Ezequiel, que según ellos, había muerto en combate. Torturaron a 5 campesinos de la localidad, golpeándolos fuertemente y apuntándoles con armas a la cabeza acusándolos de ser guerrilleros, les disparaban las pistolas cerca de la cabeza. Se los llevaron aparte, les preguntan por las caletas, los sumergieron en varias oportunidades en una quebrada y los sacaban luego. Al señor CARLOS VILLEGAS, dueño de una tienda en Vallecito, le amarraron los testículos con el cordón de la pantaloneta, lo halaron, lo golpearon, lo arrastraron y lo golpearon con las culatas de las armas. Posteriormente, por la presión de la comunidad lo soltaron y él se refugió entre las mujeres que estaban reunidas en la cancha, los paramilitares regresaron a buscarlo nuevamente según decían para matarlo, pero las mujeres lo rodearon y no lo dejaron llevar. El grupo armado avisó por radio que no era posible cumplir con el encargo. El señor Villegas quedó con varias costillas fracturadas y otras lesiones graves e irreversibles. Esa misma tarde un campesino de apellido SAAVEDRA fue golpeado y además le robaron dinero, oro y dañaron sus enseres domésticos. Preguntaron insistentemente por la promotora de salud y por los heridos de la guerrilla, afirmando que ella estaba con ellos. Acto seguido, los paramilitares entraron a la casa de la promotora y la saquearon, le robaron TV, VHS, joyas y otros bienes. Igualmente arrasaron y saquearon la Cooperativa Comunitaria de Vallecito; allí violaron los candados, quebraron las vitrinas y se llevaron los objetos de valor. Los testimonios de los pobladores recuerdan ese día:

“Ellos llegaron a las 3 de la tarde y se fueron como a las 6 de aquí del mismo día. De ahí en adelante nos ultrajaron con palabras, ultrajaron a muchas personas con golpes, se fueron les quitaron las

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casas, hicieron robos, asaltaron casas, se llevaron prendas, eso se llevaron todo lo que tuvieron a su alcance, se llevaron cadenas, anillos, plata en efectivo, todo eso lo saquearon; ellos mandaron a llamar a la gente para que las casas quedaran solas, cuando las casas quedaron solas comenzaron a requisar casa por casa, a muchos se les llevaron las ollas, se comieron la comida, ... ¡tras de que el pueblo estaba con hambre!... se identificaron como paracos, traían un cordón que les colgaba que decía paramilitares. Y ellos cuando llegaron aquí al pueblo nos preguntaban: ¿esperan saber quienes somos nosotros? Con un interrogante nos preguntaban y entonces si nosotros decíamos que eran el ejército, ellos decían “nosotros no somos ejército, somos paracos” y se echaban a reír; y también la gran identificación de ellos era que vinieron con un brazalete azul, por eso se conocía que eran paracos; dentraron(sic) aquí y nos rodearon a todos y a bombas, dentraron con gran estrépito a este caserío y después que dentraron (Sic) comenzaron la plomacera y recogieron a toda la gente y nos humillaron, tratándonos de guerrilleros, de hijueputas, de malparidos, de alcahuetas. Con unas navajas en las manos, que nos juraban con mucha ira, que nos querían asesinar con unas navajas, con unos cuchillos que se veían que estaban cortantes. De esos, cogieron a muchas personas, así pobres y humildes; los cogieron a golpes a puños y los cogieron por aquí y los amarraron por el cuello y los azotaban duro a otros les daban planazos a otros los levantaron a piedra,... “Incluso ese día nosotros estábamos contentos porque era el día de las madres y nosotros con nuestras mujeres acá estábamos como con ganas de celebrar el día de la madre, y resulta que cuando vimos en la mañana una tirazón de filo a filo y nosotros como para tomarnos una anécdota y nos burlamos, entonces les dijimos a nuestras mujeres: “ve, le están festejando el día de las madres hasta con tiros”. Pero a eso de las 3 de la tarde ya fue la arremetida, que llegaron unos señores haciendo tiros y llegaron fue intimidando a la gente y nos cogieron y nos agruparon en un sitio y nos dijeron que nosotros éramos guerrilleros, que algo teníamos que ver nosotros con la guerrilla, [...] esos que llegaron primero llegaron muy arremetidamente, incluso llegaron en partes, golpeando a la gente, por lo menos a un señor lo golpearon muy duramente, que le habían maltratado los testículos, lo tiraban al agua y lo lavaban. A los muchachos también los cogieron, los maltrataban muy mal: los cogían y les ponían una granada en las pantalonetas y les decían que donde estaban las caletas, los fusiles, y los muchachos preguntaban que cuáles fusiles, y así sucesivamente fueron maltratando a la gente y llegaron al sitio en la casa donde yo vivo. Cuando pasaron, nosotros nos entramos hacia nuestras casas, varios muchachos y señoras nos dijeron: ve a estos guerrilleros les da miedo no están enseñados a escuchar las balas y pusieron una que le llaman M60, o yo no sé cómo se llama esa arma, la pusieron, es una arma que tiene una cadeneta, la pusieron al frente de la casa y eso disparaban ahí con esas metralletas [...]

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“Bueno, ahí pretendieron llevarnos a un sitio y ya iban sacando personas de ahí y las llevaban para allá y las golpeaban, les decían guerrilleros, que dijeran donde estaban las caletas, luego llegaron particularmente a la casa donde yo vivo, llegaron tres tipos de esos, a mí me pegaron en el estómago y me dijeron “negro hijueputa muéstrenos las armas”, “¿dónde están las armas?”,”las caletas que ustedes tienen aquí”, y yo le decía: “mano pero qué armas les voy a mostrar yo si soy un triste campesino yo que voy a tener”, ellos contestaron “a ver negro hijueputa donde están las armas” y de ahí uno me cogió del pelo y me metieron al cuarto. Allí en el cuarto procedió a registrar dentro de unas cajas que nosotros teníamos unas pertenencias que son de mi señora y una plata, entonces procedieron a sacarla y la verdad es que uno de esos señores comenzó a mirar cosa por cosa y en un bolsito que nosotros teníamos, las fue sacando y me las mostró y me dijo: “vea negro hijueputa pa’que vea que nosotros no vinimos aquí a robar, aquí le dejo las cosas nuevamente”. Pero la verdad es que el que me metió allá me volvió a sacar y los otros se quedaron en la puerta y me sacó hacia fuera y otros dos se quedaron adentro, cuando ya procedieron a intimidar a la gente que nos llevaron allá, entonces fue cuando yo llamé a la señora mía, para que trajera el bolsito con las pertenencias nuestras y ya cuando nos dimos cuenta ya se habían ido, las pertenencias eran dos cadenas, cinco anillos y una plata en efectivo, ellos procedieron a llevarse eso”83.

El grupo paramilitar se retiró en la noche. Al día siguiente, 10 de mayo, llegó a Vallecito un grupo de hombres que dijeron ser del ejército a cargo del Coronel o Mayor Juan Manuel Martínez. Una persona de la localidad que lo conocía desde pequeño porque habían estudiado juntos afirmó que su verdadero nombre es Hugo Zana y que está adscrito al Batallón Héroes de Majagual. Este Coronel o Mayor dijo a la población no estar de acuerdo con lo que había sucedido el día anterior y convocó a una reunión en la escuela para recoger las quejas de la actuación del grupo que se había ido y que según afirmó no estaba bajo su mando, al tiempo que anunció su intención de reparar los daños causados.

“Bueno, ellos se fueron a las 6 de la tarde de aquí, y al día siguiente (eso fue un Domingo que se metieron aquí) y el Lunes nosotros nos fuimos todos de aquí del caserío. Entonces, como venía ese Mayor con la otra tropa, entonces mandó a decir que nadie se fuera, que lo esperáramos aquí, que él venía a arreglar qué era lo que ellos habían hecho...”Bueno, llegó la tropa aproximadamente a las tres y media en adelante, como a las 5 de la tarde el señor nos reunió a todos y cada cual puso las quejas de todo: de los golpeados, de los robos, de los ultrajes, de todo lo que ellos nos hicieron aquí y los bombardeos que nos hicieron aquí en el pueblo, y todo el mundo puso la queja. Entonces él los mandó a buscar para que vinieran a entregar todo lo que se habían robado; ellos llegaron aquí el Martes, trajeron pero no entregaron todo, por ahí trajeron lo que les dio la

83 CNM, Base de Datos, Testimonio 05032

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gana y es que vinieron otros, los mismos que robaron y golpearon no vinieron [...]entregaron lo que les dio la gana, unas cuantas cosas, a unas señoras no les entregaron nada, se quedaron con las prendas, plata...El mayor del ejército dijo que a cargo de él venían 4 grupos, dijo que esa gente venía a cargo de él, pero que esa gente que había entrado aquí, los llamaba el ciclón, y que esa gente no era de ellos”84.

Ese mismo día, en las horas de la tarde llegó el comandante de la tropa que se había identificado como Ciclón y que portaba balacas de autodefensas, al cual el Coronel llamó “cabo”, siendo obligado a devolver algunas pertenencias que habían robado a la comunidad el día anterior. Devolvieron más o menos la mitad del dinero y joyas. Amenazaron a la gente diciéndoles que mejor se callaban porque no les convenía seguir hablando.

“Ya al otro día fue cuando llegaron como jefes, llegaron pidiendo disculpas, diciendo que los perdonaran, en pocas palabras dieron a entender que los que vinieron primero no eran los de ellos pero que los perdonaran, porque según ellos la entidad del gobierno no era para maltratar a la gente, que se disculpaban de todo y qué era lo que se había perdido, entonces procedimos a manifestar que era lo que se había perdido y se alcanzaron a rescatar las cosas de una señora, pero lo de nosotros no ha sido entregado, apenas nos entregaron 200.000 pesos y eso que como por subsidiar lo que se perdió, pero del todo nosotros hemos sido afectados y yo le agradecería que rescataran esto porque nosotros somos personas humildes, que desafortunadamente vivimos en esta región porque no podemos vivir en otra ciudad ni en otro pueblo grande, porque aquí es donde tenemos el sustento, que nosotros somos campesinos”85.

Tras los hechos, nuevamente se implementó el operativo de cerco alimentario:

“Dos meses sin que aquí entrara un carro, ellos no dejaban entrar un carro para acá, para que nos muriéramos de hambre porque esa era la venganza de ellos que nosotros nos muriéramos de hambre, nosotros que no tenemos nada que ver, pagamos con hambre”86.

Luego de un tiempo, disminuyó la presión, el cerco fue retirado pero se mantuvo el rumor de una posible nueva arremetida y nuevos bloqueos.

“La verdad es que nosotros quisiéramos volver a la normalidad pero la gente está toda tensa, uno enseñado a ir al pueblo a buscar sus víveres con lo poquito que uno se gana, pero con los problemas que hay ahora que uno va en el carro, uno sabe que esas personas están en la carretera, hacen retenes, bajan a las personas, las desaparecen, entonces cómo podemos nosotros vivir, sobretodo que

84 CNM, Base de Datos, Testimonio 05031 85 CNM, Base de Datos, Testimonio 05032 86 CNM, Base de Datos, Testimonio 05031

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la población infantil es la más afectada, porque el problema de una mamá o de un papá para sacar a su hijo al médico al pueblo es que no puede, por la seguridad”87.

El general Alberto Bravo Silva quien fungió como uno de los comandantes durante la Operación Anaconda, fue retirado del servicio por el Presidente Pastrana mediante decreto 1710 de 1999. Aunque el decreto no dio ninguna razón por el retiro se presume que fue por su presunta omisión en relación con una masacre de más de 20 personas en La Gabarra (Norte de Santander). El General en su defensa señaló a las organizaciones de derechos humanos Minga, Codhes, Sembrar, Cleber, Cinep, CSPP y Andas como “altisonantes voces de gratuitos detractores, que bien quisieran ver al país en manos de una orda (sic) criminal, que olvidando desde años atrás sus referentes éticos y la verdadera causa de su lucha, enrutan sus planes hacia el mezquino Interés de poder y lucro personal.”88 En un oficio enviado el día 18 de Mayo de 1999 a los Comandantes de las Compañías de Contraguerrillas “Ciclón-Demoledor-Dominante-Aguila-Delfin-Tornado-Borrasca-Bisonte-Escorpión-Relámpago” por parte del General Alberto Bravo Silva -que para la fecha fuera Comandante de la V Brigada-, el Oficial afirma: “Cumplidos 36 días de continua operación, a raíz del secuestro por parte del ELN de los pasajeros del avión de Avianca, como comandante de la V Brigada deseo resaltar el significativo esfuerzo cumplido hasta la fecha por todas las Unidades el cual ha permitido consolidar los resultados por todos conocidos y que ha sido de amplia divulgación en el ámbito nacional y de especial reconocimiento por parte de Comando General de las fuerzas militares y del Comando del ejército, nuestros naturales jefes que nos han brindado todo el apoyo y respaldo para que ustedes los valerosos combatientes conduzcan sus unidades con éxito y arrojen brillantes resultados hasta ahora registrados”89. Tiempo después el mismo General Bravo Silva hizo una serie de consideraciones que ratificaron los testimonios de la población en el documento llamado “Observaciones Operación Anaconda”, “...Veo prioritario resaltar algunas fallas graves cometidas por algunas patrullas, cuya comisión ha traído mala imagen institucional... 1. Mal trato de palabra y obra a los habitantes de vallecito, sumado a esto

indelicadezas de algunos soldados quienes abusando de la autoridad ingresaron a unas viviendas y robaron joyas, dinero y artículos personales... debiendo darse las correspondientes excusas que, sin embargo, no borran el daño causado, pues esos habitantes así fueran colaboradores de la guerrilla, debían ver en nuestras actuaciones a un ejército que los protege y respeta y no a una horda de salvajes.

2. Unidades Escorpión, que a pesar de las órdenes impartidas diariamente por el comando de la Brigada en los programas radiales, utilizaron las viviendas de los campesinos para acampar, procedimiento por demás riesgoso y atentatorio contra todas las normas de seguridad.

3. Una patrulla Demoledor durante el registro sobre El Diamante procedió a matar una vaca a tiros con el pretexto de que no aparecía el dueño del animal. Este

87 CNM, Base de Datos, Testimonio 05032 88 Carta a ONGs de DD.HH 4 de junio de 1999. Citado por GEARÓID ó LOINGSIGH, Op. Cit. 89 Ejército Nacional V Brigada, 18 de Mayo de 1999, N 040 / DIV2-BR5-CDO

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acto arbitrario y estúpido, dejó nuevamente el nombre de las tropas de la V Brigada, en el peor de los conceptos.

4. La falta de exigencia en el adecuado empleo del uniforme, pues permitieron el uso de pavas y gorras civiles capturadas al enemigo.

5. Una vez se dispuso el reajuste del dispositivo, donde la orden perentoria era efectuar exclusivamente patrullaje nocturno y no emplear trochas y caminos, Unidades Ciclón y Buitre hicieron todo lo contrario, dedicándose en un afán injustificado por llegar a nuevos puntos a marchar durante el día.

6. La actual presencia de las tropas en las áreas generales de Pozo Azul y Vallecito ha dado lugar a que los comandantes, olvidándose de las más elementales normas de seguridad permitan a las tropas acampar al descubierto sobre una cancha de fútbol e improvisar trincheras.”

Acciones Paramilitares En 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, renovaron los anuncios públicos de su intención de disputar a la insurgencia el territorio del Magdalena Medio que entonces no estaba bajo control paramilitar en el Sur de Bolívar, así como el Valle del Río Cimitarra, Puerto Wilches y Barrancabermeja. Desde 1997, los paramilitares agredieron a través de torturas, asesinatos, desapariciones, persecución política y tratos crueles a más de 500 campesinos y desplazaron a más de 30.000 pobladores rurales en Arenal, Río Viejo, Morales, Montecristo, San Pablo, Santa Rosa, Simití, Remedios, Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches y Barrancabermeja. El accionar de los grupos paramilitares direccionado a tal propósito, llevó, junto a su estela de muerte e ignominia, a desestabilizar y desestructurar el cotidiano devenir social, económico y cultural de la región. El año de 1999 no fue la excepción. En este tiempo no se registraron operativos militares contra los paramilitares. Destacamentos de las FARC, el ELN y el ERP, los enfrentaron en septiembre en inmediaciones de Arenal y al mes siguiente lo hizo el ELN en Morales. Las acciones militares más contundentes no se llevaron a cabo contra los paramilitares sino contra las FARC. Los operativos y despliegue de la tropa regular del ejército a propósito de la “Operación Anaconda” fueron un hecho que sin duda favoreció el avance de los paramilitares sobre el sur de Bolívar en el año de 1999. Con ello se arreció el cerco paramilitar sobre San Pablo y Simití, a favor del que se capitalizaron los intensos operativos militares. Amparados por el dispositivo militar, los paramilitares, entre los meses de junio y julio principalmente, concentraron los asesinatos selectivos en San Pablo, Cantagallo, Morales y Simití. Los grupos paramilitares en su avanzada sobre Simití, Morales, Arenal y Tiquisio ocuparon el corregimiento de Monterrey en marzo y allí instalaron una base permanente, la cual facilitó todo tipo de torturas y tratos crueles e inhumanos contra la población; prueba de estos fueron los testimonios que destacan la sevicia con que se cometieron los crímenes. El 8 de enero de 1999 incursionó un grupo paramilitar en el casco urbano de San Pablo. Hacia la media noche los paramilitares se acercaron por el río Magdalena en dos embarcaciones. Los agresores que llevaban prendas militares, equipos de visión

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nocturna y ametralladoras M60, tenían los rostros pintados de negro y portaban brazaletes morados. Al entrar a la cabecera municipal, se dividieron en varios grupos que se desplazaron por la calle principal de la localidad. Con lista en mano llegaron al billar Puerto Amor y a la fuente de soda El Paraíso, en donde ordenaron a los que allí se encontraban hacerse contra la pared y procedieron a ejecutarlos, dejando como resultado once personas muertas. Luego forzaron la entrada de la fuente de soda El Espejo, en donde obligaron a las personas, que aún no habían logrado salir, a tenderse en el piso y acto seguido ejecutaron a tres de ellas e hirieron gravemente a otras tres. Mientras se ejecutó la masacre, algunos paramilitares se ubicaron cerca a la estación de policía, donde realizaron tiros al aire. Las 14 víctimas de este recorrido de muerte fueron RAMIRO DEL CRISTO ULLOA MORENO, ex Rector del Colegio Departamental; FABIÁN RODRÍGUEZ CARCAMO, vicepresidente de la Defensa Civil; CLAUDIO LIEVANO MORENO de 37 años, funcionario de la Caja Agraria; RUBÉN DARÍO ENCISO ULLOA de 43 años, profesor de la escuela primaria; MATÍAS ANTONIO DÍAZ de 28 años, comerciante; MYRIAM RIOBO de 30 años, quien se encontraba en estado de embarazo; LUIS ALBERTO SERENO RAVENO de 28 años, miembro de la defensa civil; OLIMPO FUENTES, comerciante de aproximadamente 40 años y compañero de Myriam Riobo; JOSÉ DANIEL AYALA AVELLANEDA, ingeniero industrial de 30 años y candidato a la alcaldía por el partido conservador; VICENTE GUALTEROS de 60 años, ex alcalde de este municipio, perteneciente a la UP y quien había participado activamente en el pasado éxodo a la ciudad de Barrancabermeja; SAMUEL PARDO de 35 años, agricultor; REINALDO JIMÉNEZ QUINTERO de 18 años, quien trabajaba como mesero en uno de los establecimientos; JAIRO MENDOZA ORTIZ de 30 años, quien se encontraba con su pequeña hija; y, RAMIRO VÁSQUEZ LÓPEZ de 35 años. Además, resultaron heridos: CARLOS ARTURO MATIS, ISRAEL FUENTES ORTEGA y la hija de la señora Maria Riobo quien era una MENOR DE EDAD. Simultáneamente otro grupo de unos 15 hombres irrumpió en la casa de LUIS ARMANDO GIRALDO ESCUDERO, ex tesorero municipal en pasadas administraciones, a quien a pesar de las súplicas y lamentos de sus hijos, esposa y familiares se lo llevaron en su retirada hacia el municipio de Simití y permaneció retenido durante varios días y al parecer dejaron en libertad a cambio de una fuerte suma de dinero. Entre los paramilitares fueron identificados los hermanos Julio y Amaranto Olivares que, según testimonios “frecuentaban mucho el ejército”. Durante el ataque paramilitar la Armada y el ejército se habían retirado de la zona y la policía se atrincheró en la estación. De manera que el día de la masacre, inexplicablemente, no había presencia de la Armada ni del ejército que mantiene dos retenes permanentes en la vía hacia San Pablo sobre el río Magdalena. Los agentes de policía no actuaron argumentando un supuesto ataque contra las instalaciones del comando, versión que fue desmentida por los pobladores. Sin embargo, a sólo 200 metros de la sede policial fueron asesinadas algunas de las víctimas, a pesar que estaba anunciado desde julio de 1998 la realización de una incursión de estas características90.

Actuaciones Judiciales

90 Actualidad Colombiana. Año X, No.255, Bogotá, 1999.

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La Procuraduría General de la Nación asignó la radicación 001-47965/00 con el fin de investigar a generales del ejército por presunta omisión al no adelantar labores de inteligencia ni de otra naturaleza, en relación con la amenaza que concluyó con la masacre en San Pablo, Bolívar. Entre los militares que fueron vinculados a la investigación se encuentran los Brigadieres Generales Tobías Durán Quintanilla y Alberto Bravo Silva. De esta indagación preliminar se desprendió una nueva investigación 001- 59093/01, se vinculó al Brigadier General Víctor Manuel Páez Guerra, al Teniente Coronel Marcos William Duarte Valdelarma y al Teniente Coronel Joaquín Correa López. El expediente 001-47965/00 fue archivado por falta de mérito el 13 de junio de 2001 En esta fase fueron investigados los brigadieres generales Tobías Durán y Alberto Bravo.

En el corregimiento de Briceño, municipio de San Pablo, fueron asesinados por desconocidos BENICIO MUÑOZ RODRIGUEZ y BAUDELINO MUÑOZ. La fiscalía seccional de la Cruz de Nariño inició la investigación previa el 7 de febrero de 1999, pero al no existir imputado conocido fue suspendida. Tres días después, el 11 de febrero de 1999, sicarios encapuchados que se movilizaban en motocicletas, llegaron a un establecimiento en la cabecera municipal de San Pablo y asesinaron a tiros a dos comerciantes, CARLOS ABEL y un señor conocido como “EL PAISA”, ambos pobladores de la localidad.

Actuaciones Judiciales La Fiscalía Tercera Delegada ante Juez Penal del Circuito Especializado de Cartagena inició la investigación previa bajo el radicado No. 66680, la cual fue remitida, el 26 de marzo de 2001, a la Fiscalía Uno Especializada ante el grupo GAULA. No se tienen más datos del proceso.

La oleada de violencia prosiguió en las siguientes semanas de febrero. El 20 de febrero de 1999, en la cabecera municipal de Ríoviejo, fue retenida en circunstancias desconocidas LUZ CANY CAÑAS BARROSO, Secretaria del Comité Municipal del Deporte. Ocho días después, el 28 de febrero, el campesino RICARDO DELGADO de 27 años, fue torturado y asesinado por un grupo de aproximadamente 200 hombres vestidos con prendas militares que portaban armas largas de diferentes clases. Estos hombres llegaron bajo la guía de un individuo conocido como “Erlis”, entraron al caserío a eso de las 4 de la tarde procedentes de San Blas, reunieron a la población y obligaron a Ricardo a salir, tirándolo al suelo lo amarraron, lo torturaron y le patearon el rostro. En horas de la noche lo llevaron al puente vehicular y le propinaron dos disparos con pistola de 9mm. Del mismo modo fue asesinado el agricultor JAIME VALENCIA ESCUDERO, de 24 años, el 1 de marzo de 1999 en Monterrey. Antes de asesinar a Jaime este grupo armado le robó 2 millones de pesos, luego incomunicó a la población e instaló una base permanente de operaciones en dicho corregimiento. Una vez los paramilitares lograron el dominio de la región se desataron los asesinatos selectivos como en el caso de WILSON BOHÓRQUEZ, de 33 años, a quien

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el 2 de marzo de 1999 “lo cogieron ahí en Monterrey, lo amarraron, se lo llevaron para la parte baja del puente, lo torturaron, le sacaron los ojos, le sacaron los testículos, le echaron sal vivo, o sea, qué no hicieron con él, y luego lo mataron, y lo arrojaron al río Boque”. Lo mismo ocurrió el 17 de marzo en el caserío Humadera Baja con SEDULIO GUTIERREZ de 26 años: “también lo cogieron, venia de San Pablo, lo bajaron, lo tuvieron tres días amarrado junto a un palo, junto a un árbol ahí en Monterrey. La mayor parte de la gente fue a hablar por él y no fue posible, decían que no, que el que fuera, el que se pusiera a hablar por él o alguna cosa también se moría. En vista de eso la gente lo miraba ahí, pero que podían hacer, anocheció el tercer día y se lo llevaron, no sabemos que hicieron con él, se desapareció, totalmente desaparecido”. El mismo 17 de marzo de 1999, paramilitares que controlaban el extremo sur de la región, realizaron un retén a la altura del kilómetro 4 de la vía que del municipio de San Pablo conduce al corregimiento de Paraíso de Montecristo, reteniendo el vehículo donde se desplazaba el campesino MARCO TULIO PARDO DIAZ, de 30 años de edad. Lo obligaron a bajarse, luego fue golpeado en repetidas ocasiones, hasta que decidieron torturarlo sacándole los ojos mientras permanecía vivo; después le dispararon.

Actuaciones Judiciales El 3 de junio de 1999 la Fiscalía Seccional de Simití inició la investigación previa bajo el radicado Nº 298; ésta Fiscalía comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo para recepcionar las declaraciones a los testigos. El 2 de agosto de 1999, el juzgado entregó los resultados a la fiscalía. No se conocen más datos.

Por el mismo hecho, el 24 de agosto de 2001, la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena inició la investigación previa bajo el radicado Nº 71461, la cual se suspendió el 27 de abril de 2004.

En la memoria de los pobladores permanecen otros nombres de personas que fueron víctimas de los paramilitares simplemente por no portar documentos de identidad cuando les fueron requeridos por estos, y que regularmente se acompañaban del saqueo a las pertenencias de la víctima:

“Él estaba un poco embriagado y le dijo que no, que no tenía papeles y que tal, que él estaba cansado de llegar ahí, que ya lo conocían, que dejaran de fregar, y enseguida ni cortos ni perezosos le propinaron, fueron tres o cinco disparos, rápidamente le quitan la botas y la cadena, le quitan la plata, 800.000 pesos tenía en el momento, le robaron, prácticamente yo podría decir que a él lo matan por robarlo, porque ese señor, como dijo el cuento, no era agua ni era pez”.

En esta ocasión, el desmán paramilitar desató la movilización de los pobladores:

“Al otro día, la comunidad de la Humareda, parte de Monterrey, de San Blas, se revolucionó, por decirlo así. La gente se tiró pa’ fuera a exigirles a ellos que porque habían matado a ese señor, a reclamarles. El pueblo se levantó prácticamente ante ellos. La única

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salida que dieron estos señores, que eran supuestamente los mandos de los paramilitares ahí, fue que para quedar bien, hicieron como Pilatos, se lavaron las manos y le pidieron al pueblo que ¿qué hacían con esos muchachos? (los que perpetraron el robo y asesinato). Entonces el pueblo dijo que se los dejaran a ellos, para ellos ver que hacían con ellos. Ellos (los paramilitares) dijeron que no, que ellos lo que iban a hacer era que en presencia de ellos los iban a ejecutar. Cogieron a los dos paramilitares que cometieron el hecho, y los amarraron, hicieron una reunión grande en Monterrey de todas esas comunidades y en presencia de todo mundo, los asesinaron. “... en Monterrey estos señores cuando se posesionan ya comienzan como a ingresar hacia la parte de Pozo Azul. Ahí en Pozo Azul también mataron, cogieron a un muchacho “Caliche” (...) lo mataron, un pelado que estaba ebrio, estaba borracho y él sufría, a raíz de un golpe que se dio al caer una vez de un zarzo, se le hundió media cabeza y él sufría de... o sea, no era normal, y cuando tomaba licor si que menos, y entonces, quien sabe quien le diría, que iban para una reunión todo el mundo, y entonces le dijeron que participara en la reunión de ellos, y entonces quien sabe que le diría y, lo cogieron y lo torturaron, le hicieron todo lo que es posible y lo mataron en presencia de todo mundo”.

El 20 de marzo de 1999, los cuerpos de DOS PERSONAS, fueron hallados con señales de tortura en la vía entre el corregimiento Veracruz (Cerro Burgos) y la cabecera municipal de Simití. Según los pobladores el doble asesinato fue perpetrado por paramilitares de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar. Algunos días más tarde, el 24 de marzo de 1999, el campesino AMOBIS CORRALES BAYONA, fue asesinado por hombres armados, en San Pablo. El 30 de marzo los transportadores PARMENIO OQUENDO CIRO y su hijo GILDARDO DE JESUS OQUENDO HIGUITA, fueron asesinados por un grupo de hombres fuertemente armados que incursionaron en un billar, en la vereda Moralito de Morales. Posteriormente, el 23 de abril, fue asesinado JOSE SAENI GONZALES GIRALDO de 33 años. Dos días después, en el corregimiento de San Lucas, fue asesinado el agricultor DARIO PEREZ RICO de 52 años. El 4 de mayo en el corregimiento Villa Flor fue asesinado el agricultor OLEGARIO JOSE OVALLE GORDILLO de 44 años. La arremetida paramilitar prosiguió en el segundo semestre del año. En junio de 1999, JAIRO RAMOS, fue torturado y asesinado por paramilitares en el corregimiento Monterrey de Simití. Jairo fue llevado a la zona del cementerio, donde le quemaron los pies con ácido y luego lo asesinaron. El 10 de junio de ese mismo año fue asesinado el comerciante VITO ELIAS FANDIÑO BERMUDEZ de 35 años, en el corregimiento de San Pedro Frío. El 24 de agosto fueron asesinados los campesinos EVER GONZALES y ALIRIO RINCON RODRIGUEZ, en el corregimiento de Buenavista. El 25 de septiembre fue asesinado el agricultor SIERVO TULIO LOPEZ CARO de 26 años, en el corregimiento San Lucas. El 9 de octubre fueron asesinados DOS HOMBRES. Cuatro días después, el 13 de octubre, fueron encontrados DOS CUERPOS en la vía que conduce al corregimiento Los

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Canelos. Los cuerpos presentaban varios impactos de fusil y se encontraron sin piernas, enterrados en un hueco e introducidos en bolsas negras. Además de la presencia permanente de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en la zona, el 5 de julio 1999 un grupo paramilitar que se identificó como AUC incursionó en el corregimiento de Santo Domingo, municipio de San Pablo, y ordenó a la población reunirse con el fin de notificarles que su intención era instalar un puesto paramilitar en el casco urbano del caserío. Terminada la reunión retuvieron al señor Otoniel Cárdenas, inspector de policía del corregimiento, y a su hijo Edilberto Cárdenas Agamez, a quienes obligaron a tenderse en el suelo y luego procedieron a asesinarlos. A pesar de reiteradas solicitudes ninguna institución oficial hizo gestión alguna para sacar con vida a la familia de estas dos personas asesinadas. Se hizo solicitud expresa a la Defensoría Regional, al Ministerio del Interior, a la Alcaldía de San Pablo y a la Cruz Roja Internacional. El 10 de julio, el domador de caballos WILSON (o WILINGTON) N., de 50 años, conocido como “El Ciclista”, y el cortador de rejos PEDRO HERRERA, de 55 años, fueron asesinados por paramilitares, en el corregimiento Cañabraval de San Pablo. Dos días después, el 12 de julio de 1999, la joven DORIS VIDAL CEBALLOS de 18 años, reconocida líder campesina y estudiantil de ANUC-UR, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Barrancabermeja, e hija de Oscar Vidal, reconocido dirigente campesino de ANUC-UR del sur de Bolívar, fue asesinada, hacia las 7 p.m., por tres paramilitares, quienes la obligaron a bajar de una motocicleta, en la que se transportaba frente a los Billares Puerto Colombia, ubicados a 100 metros de la policía guarda costa y 300 metros del puesto de policía, en el casco urbano de San Pablo. (La fecha puede ser 20 de julio de 1999). Uno de los paramilitares era de origen chocoano conocido como “Belisario”. Una semana después, el 19 de julio de 1999, FLOR MARIA ALZATE, de la vereda Aguas Lindas hija del líder Campesino Alonso Alzate , ama de casa de 34 años, y SANDRA (“Rosmari”), de 19 años, fueron desaparecidas por paramilitares aproximadamente a las 10:00 a.m., luego de ser bajadas de un camión en el que viajaban hacia San Pablo, a la altura de la finca Guarigua, en el sitio conocido como “Loma Fresca” ubicado a 6 kilómetros de la cabecera de dicho municipio. Dos kilómetros antes del retén paramilitar había un retén del ejército, donde el camión en que se transportaban las víctimas debió pagar el “impuesto de gasolina”. En el operativo participó un grupo de aproximadamente 200 paramilitares, entre ellos un ex guerrillero conocido como “David”, quienes obligaron a bajarse a la gente que se transportaba en un camión. “En un papel tenían unos nombres. Pusieron a la gente contra el camión y pidieron documentos. Un ex guerrillero alias “Deivid” estaba con ellos. El no señaló a nadie. A Flor María Alzate, una civil que había tenido un hijo con un guerrillero y viajaba con dos hermanos la llamaron. Los hermanos que iban con ella la reclamaron. Les dijeron que más adelante se la mandaban y la desaparecieron. También a otra pelada que sí era guerrillera y conocida como Rosmari, la desaparecieron. Los hermanos de Flor María se bajaron en Cañabraval y se devolvieron pero ya no estaban”. Además les robaron 500 mil pesos en joyas. Flor Maria viajaba en compañía de sus dos hermanos con una parte del mercado que se le había olvidado tras haber estado

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allí con su esposo. El hermano de Flor María, quien había reclamado cuando los paramilitares la obligaron a bajar del vehículo en que se transportaban, se comunicó telefónicamente con un amigo de San Pablo, éste a su vez hizo lo mismo con alias “Tayson”, un mando paramilitar de dicho municipio, indagándole por el paradero de Flor María, el paramilitar le dijo que se comunicaría a Monterrey, pero sin que le dieran ninguna información de lo sucedido. Posteriormente, la madre de Flor Alzate se dirigió a la casa de los paramilitares en San Pablo a indagar por el paradero de su hija, ellos la mandaron a Monterrey, donde la agredieron verbalmente y le dijeron “que no jodiera más”. Según testimonio de los pobladores, “dicen que hasta las cinco de la tarde la vieron, que ahí se perdió, se desapareció” y las personas de una casa cerca en donde ocurrieron los hechos “aseguran que la mataron, y que una parte mas abajo hay un palo y ahí la enterraron” y “…que de ahí de la casa llevaron palas”. Se afirma igualmente que en dicho lugar se encuentran enterradas otras personas en una fosa común pero de difícil acceso por cuanto había permanencia constante de paramilitares. La escalada criminal se prolongó e intensificó en la segunda semana de julio de 1999. El 25 de julio de 1999, los hermanos GIOVANNI PUELLO BRACHE, JUAN DE DIOS PUELLO BRACHE, LUIS ALBERTO PUELLO BRACHE, WALTER PUELLO BRACHE y CESAR PUELLO BRACHE, dedicados a la agricultura, fueron desaparecidos y asesinados por paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, quienes desde su base en el corregimiento de Monterrey se desplazaban tranquilamente por toda la región. Los paramilitares llegaron hacia las 9 a.m. a la vivienda de la familia Puello Brache, ubicada en el barrio El Pesebre y se llevaron a los cinco campesinos a la fuerza, posteriormente aparecieron sus cuerpos. Los familiares acudieron a denunciar la desaparición en la estación de policía, donde les dijeron “lo sentimos mucho, no podemos hacer nada”. Con anterioridad los hermanos Puello Brache habían sido amenazados por los paramilitares, quienes los tenían en una lista para asesinarlos. El día siguiente, 26 de julio de 1999, hacía las 11:30 a.m., el transportador y comerciante JOSE FERNANDO CAMACHO MANYARES de 33 años, y su conductor HECTOR MONTERO ACEVEDO, fueron asesinados por paramilitares en el sitio conocido como “La Ye de Fontes” a 30 minutos del casco urbano de Simití en la vía a Santa Rosa del Sur. Luego de perpetrado el crimen los victimarios hurtaron dos camiones de propiedad de José Fernando y la carga que transportaban. Los patrullajes de los paramilitares continuaron en la primera semana del mes de agosto. El día 2, GUSTAVO PAYARES GARCIA fue asesinado por un grupo armado, en la vereda Las Flores del corregimiento Pozo Azul, municipio de San Pablo, en momentos en que la víctima se transportaba en una motocicleta. Gustavo trabajaba en el corregimiento Monterrey, de Simití. Cuatro días después, el 6 de agosto siguiente, fueron asesinados por paramilitares los campesinos JAIRO RAMOS y PEDRO PANDOS, en la vereda Ahuyamas del municipio de Simití. La grave situación de crímenes alcanzó niveles exasperantes con la masacre del 7 de agosto, fecha en la cual los paramilitares asesinaron a seis personas en jurisdicción de Simití y al día siguiente, cinco más en San Pablo.

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El 7 de agosto, en Simití, en la vereda El Piñal del corregimiento San Luis, los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, al mando del “Comandante Carlos”, asesinaron a los campesinos MARCO TULIO ALCOCER NOGUERA de 39 años, padre de cinco hijos; MILCIADES VANEGAS SIERRA de 20 años, padre de un hijo; SIGILFREDO ARIZA CARVALLIDO de 22 años, padre de dos hijos; EDUARDO LOPEZ GARCIA de 38 años, padre de cinco hijos; RICARDO EMEL GOMEZ de 22 años; y WALFRAN NOGUERA de 35 años, padre de cuatro hijos. En esta ocasión los paramilitares contaron con el apoyo directo de militares pertenecientes al batallón Héroes de Majagual. Los asesinos, alrededor de 60 hombres, llegaron a la vereda y apartaron a los hombres de las mujeres; les dijeron a estos que fueran a ayudarles a descargar y se los llevaron a las instalaciones de Telecom, de ahí sacaron a los seis campesinos, se los llevaron para la cancha, donde fueron apuñalados, les quemaron la cara, los degollaron y les dispararon. De acuerdo a un testigo:

“... como a los quince minutos (que se los llevaron) se oían los gritos de la gente lamentándose cuando los estaban torturando, torturados primero a machete, a uno le mocharon todo esto ahí del músculo, al otro le pegaron once puñaladas, eso los volvieron nada, había gente que le mocharon la tetillas, las orejas…”.

Posteriormente dieron la orden de desocupar todo el pueblo en media hora y procedieron a quemar las casas. Según testimonios de pobladores el “Comandante Carlos” era un miembro del ejército y permanecía en el corregimiento Monterrey de Simití. Después de la masacre en el lugar se encontraron pañoletas del ejército: “Yo estaba ese día, pero como ellos llegaron, ellos siempre han pasado por ahí como ejército –entonces- el día que fueron a hacer la masacre entraron como ejército y sacaron la gente hasta cierta parte, de ahí se pusieron brazaletes de las Autodefensas…”. Los pobladores hablaban de que en ese tiempo por lo menos 30 personas fueron asesinadas de la misma manera y algunas personas fueron obligadas a enterrar algunos de los cuerpos que quedaron a la orilla del río. El mismo día, en el corregimiento Monterrey de Simití, los campesinos GUILLERMO JEREZ y WILSON JEREZ, fueron asesinados por paramilitares al mando del “Comandante Carlos”. Los campesinos fueron sacados en horas de la noche, asesinados a cuchillo y los cuerpos arrojados al río. Al día siguiente la patrulla paramilitar se desplazó hasta el municipio de San Pablo. El 8 de agosto de 1999, los campesinos JOSE MANUEL MARTINEZ OSPINO y CUATRO PERSONAS más, fueron asesinados por paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, en esa población. Los paramilitares llegaron al corregimiento Santo Domingo, y en la vía que conduce al corregimiento Pozo Azul asesinaron a José Manuel y a dos campesinos más; luego se dirigieron al sitio Bocas del Cimitarra, donde asesinaron a otros dos campesinos. La semana siguiente, el 11 de agosto, el conductor PABLO (o JOHN FREDY) BLANCO de 18 años, fue torturado y asesinado, por paramilitares en el corregimiento Pozo Azul de San Pablo. Al joven le cortaron los dedos y le arrancaron las uñas. Cuatro

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días después, el 15 de agosto de 1999, el obrero ELIGIO CUELLAR DIAZ y el empleado ELICERIO ALCOCER MORALES, fueron asesinados por paramilitares en Cantagallo. Los victimarios llegaron hacia las 12:30 a.m. a la discoteca Galaxia 2000, tres de ellos entraron al establecimiento público y otros tres se quedaron a la entrada del mismo; uno de los que entró a la discoteca señaló a las víctimas y luego procedieron dispararles. En el hecho resultaron heridos LUIS CARDENAS ORTIZ, ALEXANDER ANGULO CADENA y DANNYS JOSE GUTIERREZ. El mismo día, hacia las 2:30 a.m., en el bar Los Espejos, ubicado en el corregimiento Monterrey de Simití, paramilitares asesinaron al campesino ARIEL BETANCUR MUÑOZ de 38 años. Los victimarios luego de asesinarlo le hurtaron $600.000. Pobladores de Humadera Baja y Humadera Medía fueron a la base de los paramilitares en el corregimiento de Monterrey a reclamar sobre este hecho y como respuesta a la reclamación alias “Comandante Carlos” hizo amarrar a los dos autores del homicidio y procedió a ejecutarlos frente a la población. En este mismo corregimiento fueron asesinados el 21 de agosto, los campesinos ALVARO PADILLA de 40 años, y su hijo ALVARO PADILLA SEGUANE de 17 años. Los agricultores bajaban de su finca cuando fueron interceptados por los paramilitares, quienes luego de asesinarlos los arrojaron al río Boque. Al día siguiente cuando DAGOBERTO PADILLLA SEGUANE de 20 años, el otro hijo de Álvaro Padilla, se disponía a averiguar por sus familiares, fue igualmente retenido y asesinado, por los paramilitares en una finca de propiedad de Fabio Quintana, situada poco antes de llegar a Monterrey.

Actuaciones Judiciales El 17 de agosto de 2001, la Fiscalía Sexta Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena inició la investigación previa bajo el radicado No. 71483. El proceso sería archivado mediante resolución inhibitoria del 6 de noviembre de 2003.

Pocos días más tarde, el 25 de agosto de 1999, los jóvenes ELKIN PATIÑO de 23 años, y LUIS CARLOS PAMPLONA de 20 años, conocido como “Caliche”, fueron encontrados asesinados en el corregimiento Pozo Azul de San Pablo. Los cuerpos presentaban señales de tortura, estaban maniatados, con destrucción del tórax, cráneo y ampollas producidas por quemaduras.

Actuaciones Judiciales El 24 de agosto de 2001, la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena inició la investigación previa, bajo el radicado Nº 71486. El 4 de abril de 2004 profirió resolución inhibitoria por lo que no se abrió proceso penal.

1999: Acciones conjuntas y paramilitarismo. Barbarie y desplazamiento. La sangrienta persecución contra los habitantes del Sur de Bolívar fue dando los resultados que el diseño represivo esperaba. Los desplazamientos forzados continuaban una vez se suspendieron los operativos de Anaconda, pero el temor a salir a las cabeceras municipales luego de varios ataques del ejército y los paramilitares obligó a los campesinos a internarse en la serranía.

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Desde el 31 de agosto de 1999, a las 11:20 de la mañana, se denunció por vía telefónica ante el señor Orlando Jurado, funcionario del Ministerio del Interior, la incursión paramilitar a la cabecera de Arenal. Ese mismo día en la tarde se recibió de dicho Ministerio un informe según el cual no eran paramilitares quienes hacían presencia en el casco urbano de Arenal, sino tropas de la Fuerza de Tarea No. 27 adscritas al batallón Pantera con sede en Aguachica, y que habían detenido a tres personas, entre ellas, a Luis Antonio Serna. El día de la incursión, los militares procedieron a retener DOS PERSONAS y luego se ubicaron en el sitio conocido como La Ye donde aproximadamente a las 9 de la mañana retuvieron a Jaime Gómez, quien viajaba en un vehículo en compañía de otras personas y a quien un desertor de la guerrilla que patrullaba con los militares maltrató verbalmente con amenazas. El mando de la patrulla consultaba con este personaje sobre la necesidad de llevarse o no al detenido, hasta que el informante dijo que sí. Además en la tropa se encontraban alias “Jades” y “Jaque Rey”, paramilitares reconocidos en la región. Las demás personas fueron también obligadas a bajarse del vehículo y a tenderse en el suelo. El Sr. Gómez y otros dos retenidos fueron trasladados al municipio de Río Viejo cubriéndoles el rostro en el camino. Poco tiempo después de la incursión paramilitar, el 1 de septiembre de 1999, un HOMBRE, de aproximadamente 26 años, fue encontrado asesinado a la entrada del corregimiento Cañabraval del municipio de San Pablo. El 3 de septiembre de 1999 entre las 10 p.m. y la 1 a.m. pasaron por el municipio de Morales varias chalupas llenas de paramilitares y a su paso la policía realizó algunos disparos al aire, pero no tomaron ninguna acción eficaz para evitar la incursión al municipio de Arenal a donde llegaron a las 5 a.m. El día siguiente, 4 de septiembre, un grupo de aproximadamente ochenta miembros del ejército quienes se identificaron como paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y se movilizaban en siete chalupas, llegaron hasta la cabecera municipal de Arenal donde asesinaron con ráfagas de fusil frente a su familia al comerciante LUIS ANTONIO SERNA GANDUR de 53 años; luego se dirigieron al corregimiento Buenavista, donde ejecutaron al agricultor y propietario de un pequeño expendio de gasolina FAUSTINO CAMPO OSPINO de 49 años, y al conductor SILVESTRE BASTOS RANGEL de 50 años.

Actuaciones Judiciales El 15 de junio de 2000, la Fiscalía Cuarta Especializada de Cartagena inició la investigación previa, bajo el radicado No. 42922. Para el 21 de septiembre de 2001 se ordenó la práctica de algunas pruebas. Finalmente se suspendería la investigación el 31 de marzo de 2004.

La consolidación del poderío paramilitar en la región continuó durante las semanas siguientes. El 14 de septiembre de 1999, el ex inspector de policía de San Pablo, CARLOS JULIO CARDENAS de 35 años, fue torturado y asesinado por paramilitares, quienes lo retuvieron frente a la Casa de Apuestas El Pino, lo subieron a una camioneta, donde lo llevaron al corregimiento Canaletal y allí lo asesinaron. Su cuerpo fue arrojado a la ciénaga. Diez días antes del crimen, Carlos Julio había sido

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destituido de su cargo como inspector de policía municipal. Tres días más tarde, el 18 de septiembre de 1999, MAXIMO TORRES NIETO, quien trabajaba como vigilante del matadero municipal de San Pablo, fue asesinado por paramilitares, hacia las 10 p.m., en su lugar de trabajo. También en septiembre de 1999, un conductor conocido como “CHUCHO GUARAPO” fue asesinado por paramilitares en Simití. El conductor había sido obligado por los paramilitares a transportarlos en su vehículo y en el trayecto entre los corregimientos San Blas y Monterrey, el automotor se volcó y murieron algunos paramilitares, luego de ello Chucho fue asesinado en la carretera. El 1 de octubre llegaron al municipio de Arenal por la vía de Buenavista aproximadamente 200 paramilitares y se presentó un combate con la guerrilla. Después de su llegada continuaron los combates en La Ye que parte al corregimiento de Mico Ahumado (La Plaza). El 2 de octubre de 1999, TRES CAMPESINOS y el minero y comerciante EMIRO VILLEGAS, fueron asesinados por paramilitares de las AUC, en una incursión al casco urbano de Arenal. Emiro, quien sufría de trastornos mentales y subsistía de trabajos esporádicos, fue decapitado y tirado a la quebrada. Aproximadamente 200 paramilitares habían llegado a Arenal por la vía de Buenavista; los habitantes de la localidad afirmaron que dentro de este grupo de paramilitares venían personas que dos días antes habían estado en la población como ejército y otros a quienes no se pudo identificar pues estaban encapuchados. Emiro, fue decapitado y tirado a la quebrada de Arenal. Entre el 8 y el 10 de octubre de 1999, el campesino GILDARDO FUENTES de 18 años, y EFRAN MARTINEZ de 28 años, fueron torturados durante una acción conjunta entre miembros del Batallón No. 45 Héroes de Majagual y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Gildardo había salido de San Pablo en una camioneta cargada con mercado para el negocio de su familia ubicado en la vereda Aguas Lindas; fue detenido en un retén militar del Batallón Héroes de Majagual, en la bomba de gasolina ubicada en el sitio La Virgen, allí lo requisaron, le pidieron los documentos de identidad, revisaron minuciosamente el vehículo y la carga y luego lo dejaron seguir; minutos después a 500 metros del lugar había otro retén de las AUC, donde le hicieron detener él vehículo y lo interrogaron por la procedencia del mercado y el nombre del dueño, ante la respuesta del joven dijeron “ese es el surtido que nosotros estábamos esperando, hace ocho días le teníamos la perseguidora”. Luego fue obligado a abordar un vehículo en el que regresaron al casco urbano de San Pablo, pasaron por el retén del ejército, los paramilitares iban en las carrocerías llevando sur armas largas y cortas visiblemente y los militares los dejaron seguir tranquilamente. Al llegar al pueblo, lo llevaron al barrio Villa Josefa, allí lo tuvieron, por aproximadamente 48 horas, en el patio de una casa a la intemperie y amarrado a una silla con las manos atrás. El 9 de octubre llevaron al mismo sitio a Efrán, a quien le robaron una moto, lo tuvieron amarrado hasta el día siguiente a la media noche, en que los condujeron al sitio La Sierra, ubicado a orillas del río Cimitarra. En ese lugar a Efrán lo colocaron bocabajo y le dieron tres machetazos en la nuca, quedando tendido y supuestamente

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muerto. Acto seguido se dirigieron a Gildardo, lo pusieron a 3 metros del herido y cuando iban a hacerle lo mismo, él se levantó y les pidió que no lo mataran así, que le pegaran un tiro, mientras esto pasaba Eofrán aprovechó para escaparse. Gildardo, que se encontraba agarrado por el cuello y con un puñal en dirección del pecho, se animó a tratar de escapar, en el forcejeo con el paramilitar que lo tenía agarrado logró soltarse y tirarse al río Magdalena, logró huir sin poder salir a la superficie durante aproximadamente 90 segundos, hasta que constató que los paramilitares se alejaban del lugar. Después de dos horas nadando y todo un día de camino, descalzo, sin camisa y sin comer, se encontró con su padre que lo estaba buscando. Algunos días después, el 13 de octubre de 1999, FEDERICO CORPAS fue asesinado por paramilitares en la vía entre el corregimiento Santo Domingo vereda Las Ahuyamas jurisdicción de San Pablo.

Actuaciones Judiciales El 24 de agosto de 2001, la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena inició la investigación previa, bajo el radicado Nº 71464. El 4 de abril de 2004 profirió resolución inhibitoria por lo que no se abrió proceso penal.

El 14 de octubre de 1999, fueron encontrados asesinados en la vía entre el corregimiento Monterrey y la vereda Humareda Baja , municipio de Simití, CONCEPCION CHALA PANESSO y WILSON CHAVERRA CHALA, oriundos del departamento del Chocó. El mismo día fueron asesinados DARIO CRISTANCHO SANABRIA y ARQUIMEDES GARCIA, por un grupo de hombres armados, quienes los sacaron de sus viviendas, ubicadas en la vereda Moralito, de Morales. Los cuerpos fueron hallados en el sitio conocido como Corcovado. Dos días después, también en zona rural de Morales, el campesino FREDY ANGEL BENITEZ HERNANDEZ fue asesinado por una patrulla paramilitar, en la finca Muriba. Por otra parte, luego de su incursión en la vereda Humadera Media, del municipio de Simití, tropas de los batallones Los Guanes y Héroes de Majagual asesinaron el 17 de octubre de 1999 al comerciante EMILIO ARBELÁEZ de 55 años, y su sobrino JUAN ARBELÁEZ de 20 años; los trabajadores MARTÍN CÁRDENAS de 33 años, JOAQUÍN ÁLVAREZ de 18 años, otro conocido como “EL MONO MANTEQUILLO” de 26 años y OTRA PERSONA. Los militares venían del corregimiento Monterrey, llegaron a una bodega de propiedad de Emilio, donde cometieron la masacre. Emilio y su sobrino Juan habían venido de San Carlos (Antioquia) hacía dos meses y con ellos los cuatro trabajadores también victimizados. La patrulla obligó a los vecinos de la comunidad a abrir un hoyo y a enterrarlos a todos. Estos hechos dieron lugar a un desplazamiento total entre los corregimientos de El Paraíso, Aguas Lindas, Vallecito y veredas colindantes. Todas estas personas perdieron sus bienes y prefirieron huir ante el terror de lo que vivieron en esos días; permanecieron errantes en las montañas mientras encontraban un lugar para vivir, pues temían que si se dirigían a San Pablo, el municipio más cercano, fueran seguidos y reseñados por los militares. Nunca pudieron recibir ayuda humanitaria dado que el ejército no le permitió el paso a los vehículos de la Cruz Roja.

Actuaciones judiciales

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El 24 de agosto de 2001, la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena inició la investigación previa bajo el radicado Nº 71476, la cual sería suspendida el 27 de abril de 2004.

Al día siguiente, 18 de octubre, hacia las 7 a.m., los militares se dirigieron a la vereda El Paraíso (o Roncador), donde asesinaron a la campesina y ama de casa ANA TERESA VACCA de 55 años, cortándole la cabeza con una machete, en presencia de un hijo. La cabeza fue puesta sobre un tronco y el cuerpo fue dejado en otro sitio de la finca. El cuerpo fue enterrado en el patio de su casa. Además se llevaron, siete mulas, dinero en efectivo, “…robaron los obreros que habían ahí, eso todo lo que ellos pudieran arrancar lo arrancaban y la plata que le quedaba, un millón de pesos que ella tenía se los llevaron también, tres cadenitas que ella tenia, una manilla y me quemaron el rancho”. Posteriormente fue sepultada en Santa Rosa del Sur; su esposo, un campesino llamado Emilio, le dijo a un periodista:

“La verdad que eso no se sabe todavía nada, usted sabe que la vida es así, ya que se perdió, pues que se acabe de perder y de pronto no se sabe para adonde coger. Porque como el decir de ellos es que todos los que estamos acá somos guerrilleros, o sea, eso es lo que ellos opinan y las cosas no son así, porque uno vive es del trabajo, si nosotros somos guerrilleros talvez no nos dejaríamos matar así, porque todos tendríamos las armas en las manos”

Los pobladores de las veredas donde ocurrieron estos hechos le pidieron a las autoridades pertinentes, especialmente a la Fiscalía, que ingresara a la finca donde fue decapitada la campesina y donde los campesinos fueron enterrados en una fosa común para que hicieran el levantamiento de los cuerpos y se los entregaran a sus familiares a fin de darles una sepultura digna:

“Pedimos a la Fiscalía de que por favor esto no lo dejemos impune, que vayamos allá si es necesario para poderlos sacar (los campesinos asesinados) para que les demos un entierro digno y sagrado como nosotros los campesinos nos lo merecemos (...) Que por favor vengan ellos mismos (la Fiscalía) y verifiquen lo que uno les está diciendo, que lo que esta diciendo uno no es mentira, que es correcto, y una cosa, que a la hora que ellos lleguen, yo voy allá a que la saquemos de ahí” (refiriéndose a la finca donde se encontraba Ana Teresa Vacca).

Pese a las denuncias proferidas por los habitantes de la región, la oleada criminal continuó en los días siguientes. El 18 de octubre de 1999 fue asesinado por paramilitares DIOMEDES TARAZONA de 28 años, en el sitio Cueva de Sapo, ubicado en San Pablo, luego de ser obligado a bajar de una moto de su propiedad, de la cual se apropiaron. Le fueron cortadas las cuerdas vocales, le cercenaron los labios y lo descuartizaron. Estos hechos dieron lugar a un desplazamiento total de la población que residía entre los corregimientos de El Paraíso, Aguas Lindas, Vallecito y veredas colindantes. El corregimiento de El Paraíso fue tomado e incendiado en octubre de 1999; el

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número de muertos que dejó el crimen no se determinó pero produjo el desplazamiento de unas 1.500 personas hacia Cantagallo. Ese mismo mes, los campesinos JORGE MURILLO QUINTERO de 18 años, LUIS ALZATE y su esposa ANTONIA, fueron asesinados en la vereda Aguas Lindas de San Pablo, por paramilitares, vestidos de camuflado y con la cara pintada. A Jorge lo torturaron cortándole los dedos con machete y dejándole desangrar, “él lloraba y les pedía que no lo mataran”. Las víctimas fueron enterradas por los paramilitares. El 19 de octubre fueron asesinados por paramilitares los campesinos ALVARO VASALLOS, SAUL VASALLOS y DOS CAMPESINOS más, en el sitio Roncador de Simití. Tres días después, el 22 de octubre de 1999, GABRIEL SINU fue asesinado por paramilitares en Morales y EVELIO PEREZ y LUIS CARLOS PEREZ, en el casco urbano de San Pablo.

Actuaciones Judiciales La Fiscalía Cuarta Especializada de Cartagena inició la investigación bajo el radicado No. 44608, que luego fue allegada a la investigación preliminar que adelantaba la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, por el mismo hecho, bajo el radicado No. 774-3.

El corregimiento El Paraíso de Simití, no estuvo exento de la acción combinada de militares y paramilitares, quienes el 23 octubre llegaron allí y robaron equipos de sonido, motores y sillas de cuatro establecimientos, así como mercancías de las tiendas y almacenes del lugar. Además, robaron totalmente los bienes encontrados en 15 viviendas, destruyeron la escuela, el puesto de salud, y los bienes y enseres de los habitantes. Los paramilitares realizaron dos viajes en helicóptero y varios viajes en camionetas para trasladar su botín. En el transcurso del día torturaron a un campesino conocido como JALISCO y al día siguiente asesinaron a DOS CAMPESINOS. Saqueos y quemas en el corregimiento El Paraíso La total impunidad en sus actuaciones y la libertad de operación que las estructuras paramilitares tenían en el sur de Bolívar permitió que en ocasiones se pasara del robo masivo de ganado a la quema de viviendas como retaliación contra los campesinos. Luego de una primera incursión a El Paraíso, donde “se llevaron el ganado y todo el tipo de cosas, se van, y después dentran(sic) de nuevo ya el objetivo de dentrar(sic) al Paraíso y quemar los caseritos y matar la gente. A raíz de eso, en la próxima incursión que tuvieron, tuvieron choques cerca al caserío y esto permitió, que la gente se desplazara del caserío, se desplazaran totalmente y la gente pues se desplazó y no lo lograron. Entonces, ellos, de rabia, de berraquera, y al ver que no encontraron a ninguno entonces quemaron, se dieron por quemar las primeras casas. La primera quema, quemaron algunas casas, quemaron que yo recuerde la del señor Hugo, y quemaron otra casa de otro señor ahí, bueno, esa vez no quemaron mucho. Ya últimamente ahora, que hicieron la otra incursión, que eso ya fue... como en el 2000, cuando dentraron (sic), y quemaron prácticamente como la mitad del caserío, quemaron la mitad del caserío y la gente pues allí la orden que

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traía el señor ese, que venia al mando de esa tropa, ... y él dentra(sic) al pueblo diciendo: “bueno la orden que traemos es la de pelarlos a ustedes todos, y de quemar esta mierda”, así en esos términos. Desafortunadamente cuando llegaron, en el momento de llegar, la mayor parte de hombres estaban trabajando alrededor, o sea, en sus quehaceres alrededor, pues en el momento de la entrada había simplemente señoras, ancianos y niños. Entonces, todo el poquito de gente que había se les arrodillaba que por favor, no le iban a hacer, y entonces las señoras comenzaron con sus niños y abrazarlos, a que no les fueran a hacer eso, que por favor, que bueno, que si les iban a quemar las casas, que las quemaran pero que no los fueran a matar a ellos. Por ahí dicen de todas maneras que un paramilitar que dizque se puso a llorar, se le vinieron las lágrimas, y “hombre que no hagamos eso”. Se pusieron ellos mismos a ayudar a sacar, enseres, tenemos veinte minutos para sacar cosas, y comenzaron a ayudar a sacar cosas, y sacaron lo que pudieron y enseguida le mandaron fuego al pueblo, los dejaron en la nada, quemaron más de la mitad del caserío esa vez y se fueron”. Paralelamente al arrasamiento del caserío El Paraíso, el 24 de octubre de 1999, fue asesinado el agricultor MANUEL DE JESUS NOGUERA TORO de 22 años, en el corregimiento de San Isidro, de Santa Rosa del Sur. La población debía soportar además los efectos de la guerra que con armamento pesado y gran capacidad destructiva realizaba el ejército contra la guerrilla. Es así como el 26 de octubre de 1999, a las 2:40 de la madrugada hubo un hostigamiento de la guerrilla contra la tropa y a las 4 a.m. un helicóptero disparó ráfagas en los alrededores del corregimiento Mico Ahumado de Morales por espacio de media hora. Además del ametrallamiento se utilizaron otras armas que lanzaban proyectiles como rockets que dañaron los bienes de la población. Los daños causados fueron los siguientes: se averiaron 10 viviendas, la instalación de la porqueriza del colegio de bachillerato, las redes de alta tensión. Los sobre-vuelos de ametrallamiento y bombardeo se concentraron en dicho año en las zonas de San Pablo y Simití. El mismo 26 de octubre, el ama de casa MARTHA PEREZ de 30 años, fue desaparecida por miembros de un grupo paramilitar, quienes, hacia las 3 p.m., la sacaron por la fuerza de una cancha ubicada en la cabecera municipal de San Pablo. Dos días después, el 28 de octubre de 1999, EDUARDO FRANCO de 22 años, fue asesinado por paramilitares en San Pablo. Eduardo fue bajado de un campero Toyota en el sitio Casetabla, cuando se movilizaba hacia el corregimiento Vallecito. Luego fue asesinado, descuartizado y enterrado cerca de su casa; los familiares lo desenterraron, pero no les permitieron trasladarlo por lo que tuvieron que enterrarlo de nuevo a la orilla de la carretera. En los últimos días del mes de octubre de 1999, los paramilitares anunciaron su ‘Guerra Frontal’ contra el sur de Bolívar. En un comunicado del día 30, distribuido en la zona y entregado a los medios de comunicación en varios municipios, las AUC insistieron en “recuperar la nación Colombiana, los territorios del sur de Bolívar y principalmente, la serranía de San Lucas”. En tono victorioso anunciaban para entonces como inminente lo que sería “la batalla final entre la guerrilla y las autodefensas”, luego de que obligaran a concentrarse a cerca de 2.500 campesinos de la vereda Vallecito impidiéndoles su huída hacia la zona montañosa por los intensos combates registrados entre paras y guerrilla.

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En consecuencia, la oleada de asesinatos continuó en ascenso en el mes de noviembre. El 15 de ese mes fue asesinado el arriero LUIS SENON LINDARTE GUERRERO de 30 años, en el corregimiento de Buenavista. En fecha no precisada de ese mismo mes, fue asesinado también en el mismo lugar, JON VANO SERNA de 70 años. El mes culminó con otro hecho trágico. El 28 de noviembre de 1999, el activista de derechos humanos y miembro de la Mesa Regional Permanente por la Paz del Magdalena Medio, EDGAR QUIROGA, y el joven campesino GILDARDO FUENTES, quien lo acompañaba, fueron torturados y desaparecidos en una acción conjunta entre miembros del Batallón No. 45 Héroes de Majagual y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en la vereda La Placita del corregimiento Cerro Azul de San Pablo. Edgar y Gildardo habían llegado el día anterior a Cerro Azul y al pasar por un retén paramilitar fueron señalados por un hombre joven de apellido Pareja; posteriormente los paramilitares los llevaron a hablar con el “Comandante Carlos”, quien los interrogó sobre su presencia en la zona. Edgar les explicó que estaban adelantando una labor humanitaria y que contaban con el respaldo del gobierno. Hacia las 4 p.m. fueron subidos a un helicóptero militar que aterrizó frente a la gasolinera del pueblo donde fueron amarrados de pies y manos y golpeados. Antes de partir un paramilitar conocido como “Niche” les dijo que a Edgar lo llevaban para San Blas (corregimiento de Simití) porque “los jefes” lo necesitaban para hablar con él y que a Gildardo lo matarían inmediatamente. Desde entonces se desconoce el paradero de los líderes campesinos. Gildardo Fuentes

Hijo de los Dirigentes Campesinos Vicente Fuentes y Maria Victoria Delgado, quien de muy niño estuvo vinculado a la lucha por las reinvidicaciones sociales en la región, participo en la Marcha a Cartagena, A San Pablo- Simití, su labor fue reconocida años mas tarde por su consagración al Trabajo campesino Y productivo , su mayor ilusión era la Universidad Agraria en la región, por esos sus propuestas frente a la educación fueron contundente , el la primera Movilización a San pablo a la edad de 8 años su petición fue la construcción de

Colegio agrícola en el Municipio. En esta marcha fue afectado por la muerte de dos niños, que cayeron en el puente de tablas al regreso a Pozo Azul. Por no haber carreteras y puentes óptimos para el paso de Vehículos. Su liderazgo surgió en Pozo Azul, años mas tarde viviría en la Comunidad de Aguas Lindas, a donde se traslado su familia, luego de constantes persecuciones, sitio del asesinato de su mamá, Maria Victoria. Por su liderazgo nato fue escogido para viajar Bogota, en la búsqueda de solución a la situación humanitaria existente en la región, su conciencia era la búsqueda de soluciones con dignidad, a quienes lo conocimos desde niño enfermo en medio de la

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marcha campesina, junto a sus hermanos debajo del altar de la iglesia de San pablo, soportando sus dolores, recordamos igual su risa y coraje ante los retos de sus paisanos. “Gildardo en nuestros caminos por el Sur, encontramos allí, los puentes, carreteras en medio de la montaña, el cruce de las quebradas las que alguna vez salvaron vuestra vida, pero al igual tus semillas que regaste. Recordamos a sus hermanos y a sus padres en la búsqueda de soluciones como la Construcción de Puentes, Carreteras, para que los campesinos pudieran sacar sus productos dignamente.”91 Durante el mes de noviembre de 1999, Edgar y Gildardo estuvieron en Bogotá, hablando con representantes de diferentes instituciones estatales entre las que se encuentran Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior; acudieron igualmente a instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, para darles a conocer nuevamente lo que estaba sucediendo en la región y reclamar las acciones efectivas del Estado. Edgar había sido amenazado antes, en septiembre de 1998, por paramilitares en Barrancabermeja, cuando acompañaba a las comunidades desplazadas del sur de Bolívar. Así mismo, el 8 de octubre de 1999, Gildardo había sido torturado cuando intentaba salir del casco urbano de San Pablo.

Acciones Judiciales El 29 de noviembre de 1999, fue interpuesto el recurso de habeas corpus, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barrancabermeja, el cual fue denegado el 2 de diciembre de 1999, aduciendo que no se conocía el lugar de detención de Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes.

En junio de 2000 se ordenó por parte del Fiscal de conocimiento la apertura de instrucción dentro del radicado 650. Se profirió orden de captura contra Carlos Castaño Gil y posteriormente fue vinculado a la investigación.

El 29 de septiembre de 2000, se presentó ante la Corte Constitucional una acción de búsqueda urgente, la Corte Constitucional resolvió remitir la investigación por competencia al Fiscal General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, hasta la fecha no se ha activado el mecanismo de búsqueda urgente.

La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos inició dos investigaciones, las cuales fueron acumuladas. El 6 de abril de 2001 la investigación fue archivada por falta de mérito.

Por otro lado, el 29 de noviembre de 1999 se otorgaron medidas cautelares por la comisión Interamericana de Derechos humanos. En el año 2000 se

91 Testimonio Proyecto Colombia Nunca Más. Octubre de 2006.

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presentó una denuncia contra el Estado Colombiano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se espera la admisión del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Edgar Quiroga

En medio de la arremetida paramilitar se presentó una clara selectividad en las víctimas de asesinato, sobre todo mediante la modalidad del señalamiento. EDGAR QUIROGA, dirigente campesino del Sur de Bolívar y GILDARDO FUENTES, fueron desaparecidos el 28 de noviembre de 1999 en el caserío Cerro Azul del municipio de San Pablo, apenas cinco días después de que Edgar entregara una carta al Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, en la que denunciaba los atropellos cometidos a la población por los operativos militares en el sur de Bolívar; los desplazamientos de por lo menos 3.500 campesinos, en su

mayoría menores de edad, procedentes de las zonas rurales de los municipios de San Pablo y Simití; el incumplimiento gubernamental con los acuerdos firmados en octubre del 1998; y la desatención del gobierno de Andrés Pastrana y su ministro del interior, a la demanda de una reunión con los representantes de los campesinos a fin de tocar todos estos temas. Según testimonios, Edgar y Gildardo fueron retenidos por tropas del Batallón No 45 Héroes de Majagual en Cerro Azul y transportados después de su retención en el mismo helicóptero que los paramilitares usaron para ametrallar y bombardear el corregimiento y sus cerros colindantes días antes. A pesar de que se les informó del sitio donde estaban detenidos, la Fiscalía y el CTI se negaron a ir al sitio. Luego de varios años de desaparición, no se ha sabido de ellos, a pesar de las promesas y los acuerdos suscritos por el gobierno en los que específicamente se hablaba de proteger las vidas de los voceros del Éxodo Campesino. Antes bien, otros representantes de los campesinos han sufrido no sólo la persecución de los paramilitares sino la persecución jurídica del Estado Colombiano que, dentro de su estrategia de ilegalizar y penalizar la actividad social reivindicativa, ha acudido a los allanamientos, la expedición de ordenes de captura y el inicio de procesos judiciales contra algunos de los líderes y representantes campesinos participantes del Éxodo de 1998. La grave situación humanitaria en que dejaron sumida a la población del Sur de Bolívar tanto las operaciones militares como las ofensivas paramilitares, fue corroborada con una visita a la zona en noviembre de 1999 por una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio del Interior, el Comité Regional de Derechos Humanos de Santander (CREDHOS), la Organización Femenina Popular (OFP), el Plan de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio (PDPMM), así como por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), comisión que pudo constatar que efectivamente en muchas veredas quedaba muy poca gente y que sí hubo un desplazamiento masivo de la población. También tuvieron evidencia palmaria de la presencia abierta de los paramilitares en cercanías al casco urbano de San Pablo. Según el informe “...el ejército se encuentra en el casco urbano de San Pablo hasta la bomba de gasolina; a la altura del sitio Caguices, a los 12 minutos en camión se cruzó una camioneta con un número indeterminado de autodefensas fuertemente armados; en el caserío Cañabraval se encontró un

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nutrido número de paramilitares uniformados y con brazaletes quienes detuvieron el transporte humanitario y manifestaron pertenecer a las Fuerzas Especiales de la AUC”92. La misma comisión también recogió testimonios de las atrocidades cometidas por los paramilitares quienes en algunos casos estaban bajo el mando de Hernán Pareja, un paramilitar que había participado en las operaciones paramilitares durante la Operación Anaconda. La Comisión interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno colombiano tomar medidas cautelares para con los habitantes de Cerro Azul, después de la detención y desaparición del vocero campesino Edgar Quiroga y de su acompañante Gildardo Fuentes y a raíz de las amenazas que los paramilitares habían reiterado contra los habitantes de este Corregimiento. Por si fuera poco, en los meses precedentes, toda la región había sufrido el azote del abigeato, especialmente en el corregimiento El Paraíso, llegándose a calcular en 1.200 las cabezas de ganado robadas a los campesinos de la región. Finalizando 1999, el 27 de diciembre, el campesino ALCIDES MONCADA de 35 años, fue asesinado en el corregimiento de Monterrey de Simití. Al terminar el año, los paramilitares extendieron su zona de influencia a Puerto Wilches y Cantagallo con lo cual instauraron, inicialmente de manera coyuntural y parcial, la modalidad del bloqueo que desde principios del 2000 se volvió total y permanente. Paralelamente, se registró una arremetida paramilitar a más de 20 veredas, entre ellas Cerro Azul, Villanueva, El Paraíso, El Diamante, Humareda, Aguasucia, entre otras, pertenecientes a los municipios de San Pablo y Simití en el mes de diciembre de 1999. Esta incursión volvió a provocar el desplazamiento de miles de campesinos. Como en todas las ocasiones, los pobladores buscaron refugio no simplemente para evitar el escenario de un combate sino para huir de los ataques perpetrados contra la misma población93. Durante el año 2000 prosiguió la acometida de los agentes paraestatales. El 3 de enero de 2000, un HOMBRE de aproximadamente 30 años, fue encontrado asesinado, en San Pablo, en la vía al corregimiento Cerro Azul. Veinte días después, el 23 de enero, el campesino JUAN MANUEL SENEGAL fue asesinado por dos hombres armados con fusil, en la vereda Las Piedras del corregimiento Pozo Azul de San Pablo. El mismo día en el corregimiento San Blas de Simití fue asesinado por paramilitares el campesino ALFONSO PEREZ de 25 años. El 30 de enero, los campesinos SAMUEL BALLESTEROS, OBADEL FONSECA DIAZ y DOS PERSONAS más, fueron asesinados por un grupo armado en el corregimiento Norosí de Río Viejo.

Actuaciones Judiciales El 2 de mayo de 2000, la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena inició la investigación previa, bajo el radicado No. 48127 por el delito de homicidio

92 Informe Final de la Comisión Interinstitucional Desplazamiento Campesino Sur de Bolívar 11 – 13 de noviembre 1999. Citado por GEARÓID ó LOINGSIGH. “La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio de Colombia. Bogotá, septiembre de 2002. 93 Esta última expresión la retomamos de GEARÓID ó LOINGSIGH. Ibid.

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agravado. Para el 27 de agosto de 2001 se encontraba en práctica de pruebas.

Para el año 2000, se presentaron numerosos bombardeos y ametrallamientos por parte de la tropa regular, quienes se excusaban en la necesidad de emprender la “guerra contra las drogas”. Desde las 6 de la tarde del día domingo 16 de enero de 2000, tropas del Batallón No. 45 Héroes de Majagual con el apoyo de la flotilla fluvial de la Armada Nacional, bombardearon y ametrallaron indiscriminadamente las veredas La Victoria, Coroncoro, Yanacué, Cuatro Bocas, Bocas de San Lorenzo, Ciénaga de San Lorenzo y el corregimiento San Lorenzo, ubicadas en el valle del río Cimitarra, en jurisdicción de Cantagallo. Durante este operativo fueron ametralladas 3 casas en la vereda Ciénaga de San Lorenzo y en la vereda Coroncoros 5 viviendas y el salón sede de la Junta de Acción Comunal ametrallado y destruido por los ametrallamientos de la flotilla naval. La escuela de la vereda también fue destruida. En la vereda Bocas de San Lorenzo fueron ametralladas dos casas. Un niño resultó herido en la vereda Cuatrobocas, donde la casa del campesino Leoncio Ardila fue ametrallada y destruida totalmente por la flotilla naval el 19 de enero. De igual modo, el caserío de la vereda fue ametrallado por el llamado “avión fantasma”. A consecuencia de los hechos, los campesinos JAIME YEPES y su COMPAÑERA, fueron desaparecidos y los niños ALBEIRO GRIMALDO de 3 años, y OTRO, resultaron heridos. Durante los cinco días que duraron los operativos, los miembros de la Armada impidieron el transporte de alimentos. En el mismo hecho fueron detenidos CUATRO CAMPESINOS. Después de los bombardeos se presentó el desplazamiento forzado de aproximadamente 400 pobladores de los caseríos Los Coroncoros y Sepultura, hacia Barrancabermeja. Por otro lado, el 25 de mayo de 2001, el Juzgado de Instancia de Brigadas de la II División del ejército informó que en ninguno de los Juzgados adscritos a la V Brigada existía investigación por este hecho. En los mismos términos respondió la Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos el 19 de junio de 2001. Este operativo militar en el Valle del Río Cimitarra se ejecutó bajo los argumentos de contrainsurgencia y antinarcóticos según declaraciones a la prensa del Comandante del Batallón Héroes de Majagual, Coronel Jesús María Clavijo en las que agregaba “Aquí estamos y aquí vamos a seguir para contrarrestar a esos subversivos que convirtieron esta zona en su bastión de la droga”. Pese a las declaraciones del Coronel los resultados que dejaba para la población esta incursión militar eran los de un niño de tres años herido en una pierna y más de 400 campesinos desplazados de sus parcelas, de los cuales 35 llegaron a la ciudad de Barrancabermeja. Solo en la óptica represiva y simple que expresaba el oficial es posible confundir, como suelen hacerlo los comandantes militares, los campamentos guerrilleros, las mansiones de los grandes narcotraficantes y sus sofisticados laboratorios de cocaína con las casas humildes de los campesinos, con las sedes de las Juntas de Acción Comunal, con los caseríos y con las escuelas rurales. Paralelamente, el martes 18 de enero del 2000 arribaron al puerto de Barrancabermeja otros 50 campesinos desplazados quienes manifestaron que los campesinos LUIS MÉNDEZ, ANDRÉS MÉNDEZ, ALBERTO PINO y EDILMA GRIMALDO fueron detenidos por los militares como presuntos guerrilleros. Que el campesino Jaime Yépez y su esposa se encontraban desaparecidos y que su tienda de víveres

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había sido saqueada por los efectivos de las Fuerzas Armadas durante operativos de bombardeo y ametrallamiento adelantados por el ejército sobre diferentes poblados en la zona rural de Cantagallo. Los campesinos anunciaban entonces la llegada a Barrancabermeja de aproximadamente 250 desplazados más. Los cruentos combates en Cantagallo entre las tropas del ejército y el Frente XXIV de las FARC produjeron un éxodo masivo de campesinos hacia Barrancabermeja. La confrontación entre paramilitares y guerrillas se mantuvo a su vez en el primer semestre del 2000, en un periodo en que los combates afectaban principalmente a Simití, San Pablo, Arenal, Río Viejo y San Martín de Loba94. Los combates entre paramilitares y guerrillas se llevaron a cabo de manera sostenida entre los meses de enero a abril del 2001. Los nuevos operativos militares en el Sur de Bolívar, que incluyeron fumigaciones, se sucedieron en el mismo periodo. El 27 de enero, en el puerto de Moralito, a las 7 de noche fue asesinado el señor RAFAEL RAMOS FRANCO, cuando este se disponía para ir al río a bañarse. Llego un grupo numeroso de hombres que se identificaron como paramilitares, cogieron al señor Rafael por el cuello y le colocaron una pistola 9mm en la boca y le dieron un tiro. Después de cometer el homicidio, los asesinos se embarcaron y se dirigieron al puesto de policía que queda ubicado al frente aproximadamente a unos 300 metros. El señor Rafale había sido amenazado quince días antes por paramilitares que lo habían señalado de ser colaborador de la guerrilla. En esa ocasión tanto sus familiares como sus vecinos desmintieron las acusaciones. Rafael tenía 27 años y era directivo de la Junta de Acción Comunal de Moralito. Este hecho se denuncio ante la Cruz Roja, pues ni la policía ni el ejército se hicieron presentes para realizar el levantamiento del cadáver, esta labor la realizó la comunidad, quienes se vieron muy afectados, puesto que la victima era conocido y muy querido por los habitantes de la zona. En febrero de 2000, en la vereda Caño de Oro de San Pablo fue asesinado a machetazos por paramilitares el campesino ANDRES BLANCO de 60 años. También asesinaron y robaron nueve millones de pesos al joven CARLOS ARTURO SALINAS, de 22 años, el 14 de febrero, en el kilómetro 4 de la vía a San Pablo. Día en que también fue encontrado el cuerpo de JOSE N. y en que el campesino ORLANDO CABALLERO de 35 años, fue torturado y asesinado en la vereda Humadera Baja, en la vía al corregimiento de Monterrey en Simití. Los victimarios además amenazaron a la esposa de Orlando y hurtaron joyas por valor de 1.500.000 y 2.000.000 de pesos en efectivo. El mismo 14 de febrero en el corregimiento Buenavista de Santa Rosa del Sur, fue asesinado el campesino EDILBERTO BARRETO (o BARRERO).

Actuaciones Judiciales El 2 de marzo de 2000, la Fiscalía 28 de Simití inició la investigación bajo el radicado No. 529. Luego se remitió a la Fiscalía 6ª Especializada de Cartagena. En noviembre de 2001 se ordenó la práctica de algunas pruebas. Finalmente el proceso sería archivado mediante resolución inhibitoria del 20 de febrero de 2003.

94 Vanguardia Liberal, 18 y 19 de enero de 2000.

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El 22 de febrero de 2000, los paramilitares asesinaron al campesino JAIRO HUMBERTO ROA de 18 años, en el corregimiento Buenavista de Santa Rosa del Sur. Estos hechos sucedieron a hora y media del municipio de Santa Rosa en donde había una base militar permanente del Batallón Contraguerrilla No.45 Héroes de Majagual.

Actuaciones Judiciales El 16 de marzo de 2000, la Fiscalía 28 de Simití inició la investigación bajo el radicado No. 572. A noviembre 30 de 2001 se encontraba en etapa de pruebas.

Tres días más tarde, el 26 de febrero de 2000 hacia las 11 a.m., un nutrido grupo de paramilitares llegó al corregimiento Las Brisas de Simití. El grupo ejecutó al Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Honda, ERNESTO y a NUEVE PERSONAS más. Un grupo de más de cien pobladores fue encerrado en la iglesia, allí habían hombres, mujeres y niños, a quienes no se les permitió el ingreso de alimentos, mientras los paramilitares realizaban un censo. Los pobladores permanecieron encerrados por más de 24 horas y los cuerpos de las diez personas asesinadas permanecieron tirados en una de las calles del corregimiento. En el mismo hecho fueron destruidas varias viviendas y la población fue atemorizada, privada de alimentos e incomunicada ya que la oficina de telecomunicaciones fue cerrada.

Actuaciones Judiciales La Fiscalía Especializada de Cartagena inició la investigación bajo el radicado No. 50833 “por el secuestro extorsivo, al parecer de 120 personas, en el corregimiento Las Brisas, municipio de Simití, por parte de un grupo de paramilitares. Para julio 31 de 2001, la investigación previa se encontraba en práctica de pruebas en la Unidad Investigativa del Gaula.

Los paramilitares continuaron con la persecución contra la población, y el 6 de marzo del 2000 asesinaron al anciano, RAFAEL ARIAS, de 85 años, en el casco urbano de San Pablo. Rafael era suegro del dirigente del Sur de Bolívar Oscar Vidal. Esa misma semana una patrulla que se identificó como Batallón Colombia, manifestó que a la familia Vidal la tenían que acabar. Desde el sábado 11 de marzo 2000, se efectuó un operativo militar por parte de efectivos del Batallón Héroes de Majagual en los corregimientos de Cerro Azul, Alto San Juan, Bajo San Juan y Villanueva en jurisdicción de San Pablo. Según versiones oficiales, publicadas en la prensa local el día 15 de marzo, este operativo tenía un carácter contrainsurgente y antinarcóticos. Los efectivos de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano en desarrollo del operativo ametrallaron objetivos civiles produciendo el desplazamiento de más de 2.000 personas e hiriendo a la señora ESTRELLA NIÑO de 89 años en una pierna, la cual fue evacuada por la Cruz Roja Internacional a la ciudad de Barrancabermeja. En los mismos hechos, en el corregimiento de Villanueva de San Pablo, fue asesinado un campesino arriero el cual no pudo ser identificado, pero los testimonios de los campesinos indicaban que el arriero habría sido asesinado por la Fuerzas Armadas. Igualmente, continuaron las movilizaciones paramilitares sobre el casco urbano de San Pablo y sus ataques a las veredas del corregimiento de Cerro Azul, área rural del

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mismo municipio, y a las veredas Bajo San Juan y Alto San Juan, jurisdicción de Cantagallo, lo cual provocó el desplazamiento de por lo menos 400 familias, unas 2.000 personas aproximadamente, hacia el interior de la selva. Fue un período en el que no cesaban los asesinatos selectivos en la cabecera de San Pablo, como lo evidencia el caso del asesinato del comerciante JORGE DELGADO de 58 años, padre de 13 hijos, quien fue asesinado el 13 de marzo por paramilitares en el parque principal de San Pablo; o la desaparición de RUBEN DELGADO, quien fue retenido por paramilitares en un retén ubicado en el sitio conocido como “La Ye de Fontes”, en Simití. De igual forma fue desaparecido y posteriormente asesinado NEFTALY OYOLA, administrador de la Tienda Cooperativa de la vereda Alto San Juan, proyecto promovido e impulsado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y auspiciado por el Ministerio de Agricultura del gobierno colombiano; la misma suerte corrió HERNANDO RUIZ, conductor del camión que transportaba los víveres y alimentos desde el casco urbano hacia las veredas de San Pablo. Neftaly y Hernando fueron retenidos y desaparecidos a manos de los paramilitares el 15 de marzo de 2000, en una estación de gasolina, ubicada a 300 metros del puesto de policía de San Pablo. Ellos se encontraban en ese momento efectuando las compras en el Granero Popular para surtir la tienda cooperativa, la cual debido a la permanente presencia paramilitar y los reiterados operativos militares no había sido posible surtir en los últimos meses, por lo que se presentó un problema alimentario grave en la zona. El 28 de marzo fue encontrado flotando en el Río Magdalena el cuerpo de JHON JAIRO DUARTE, campesino de la vereda Yanacué del municipio de Cantagallo, asesinado por paramilitares. Ese mismo día en Boca de la Honda (Morales), hacia las 3 de la tarde un grupo de aproximadamente 30 paramilitares sacaron de su lugar de residencia a MANUEL DE JESÚS PALLARES, con la excusa de que los acompañará a una finca. En ese momento se encontraban en la casa su esposa y sus hijos, quienes han buscado el cadáver, pero aún no lo encuentran. Según algunas versiones al parecer lo decapitaron a cinco minutos de donde fue raptado. Manuel era directivo de la Junta de Acción Comunal, agricultor y pescador. Cerca de donde ocurrieron los hechos se encuentraban tropas del batallón Rogelio Correa Días después en el camino de la Varita, vereda el Progreso - municipio de Santa Rosa del sur, el 18 de mayo hicieron presencia un grupo de 180 paramilitares fuertemente armados al mando de “chicanero”. El primer lugar donde entraron fue a la vivienda de BERTA MORENO quien se encontraba con su hijo, los hicieron tenderse en el piso y luego los asesinaron. De ahí pasaron a donde el señor MARCO SANCHEZ a quien sacaron de su casa junto con un empleado suyo llamado ESPEDITO ROJAS, los hicieron caminar unos 500 metros y luego los asesinaron a punta de garrotazos y cuchillo. Continuaron su caminar y llegaron a la residencia de LUIS TARAZONA de donde se llevan al arriero GABRIEL GONZALEZ, a quien después le quitarían la vida con dos puñaladas una en la espalda y otra en el pecho. Los hechos anteriormente nombrados ocurrieron entre las 4 y 7 de la noche del 18 de mayo. Control paramilitar, desplazamiento y asesinatos selectivos en el Sur de Bolívar

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Durante el mes de abril del 2000, los paramilitares sembraron el terror en toda la subregión sur del Sur de Bolívar. El día 18 de ese mes, DOS HOMBRES y una MUJER fueron encontrados asesinados en el corregimiento Los Canelos de Santa Rosa del Sur. La semana siguiente, el 24 de abril de 2000, CUATRO CAMPESINOS fueron desaparecidos por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el corregimiento Cerro Azul de San Pablo. Los campesinos fueron llevados en un helicóptero con rumbo al corregimiento San Blas de Simití, donde los paramilitares tenían una base de operaciones, y desde entonces se desconoce su paradero. Los paramilitares desplazaron forzadamente a aproximadamente 160 campesinos hacia la vereda San Juan Alto e impidieron el paso de alimentos y medicinas hacia este sector, por lo que los jornaleros desplazados permanecieron en total indefensión. Los paramilitares además mantuvieron retenidos a 25 campesinos en el caserío de Cerro Azul, obligándolos a transportarles agua y a prepararles alimentos. El día siguiente fueron hurtadas por los agresores cuatro chalupas procedentes del municipio de Morales, de las cuales fueron bajados sus ocupantes procediendo a llevárselas. En horas de la noche los victimarios llegaron a Cantagallo en las chalupas que antes habían hurtado. En San Pablo continuaron los asesinatos selectivos, una muestra de ello fue lo sucedido el 13 de mayo de 2000, fecha en la que fue encontrado asesinado por seis impactos de bala JOSE ANIN CARREÑO PAEZ de 28 años, en el corregimiento Cerro Azul. Al día siguiente, en la vereda La Ye del corregimiento Cañabraval del mismo municipio fue asesinado por paramilitares JOSE IGNACIO VEGA de 48 años. Y tres días después, el 17 de mayo, se encontró una PERSONA asesinada en la vereda Caño Hondo también con seis impactos de fusil. El 19 de mayo de 2000, los obreros EXPEDITO, conocido como “Polo”, MARCOS SANCHEZ y GABRIEL N., conocido como “Palomo”, y el ama de casa BERTHA MORENO, fueron asesinados por paramilitares en el corregimiento Los Canelos de Santa Rosa del Sur. Dos meses más tarde en el mismo municipio, el 9 de julio, el obrero JOSE ALBEIRO BELTRAN URREGO de 16 años, fue asesinado por varios hombres armados en un establecimiento público en el corregimiento Buenavista. En el mismo hecho fue herido AMARILLO FRANCISCO ARRIETA. En su recorrido de muerte los paramilitares asesinaron el 24 de julio al agricultor JOSE AGUSTIN DELGADO GUEVARA de 34 años. El hecho ocurrió en el corregimiento Fátima, jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur. En junio o julio de 2000, el pequeño minero JOSE MANUEL QUIROZ HOYOS, fue torturado y asesinado, y el campesino JAIRO BERMUDEZ desaparecido por paramilitares en el corregimiento de San Pedro Frío de Santa Rosa del Sur. José Manuel fue asesinado y mutilado en presencia de la población. A Jairo los paramilitares lo habían obligado a venderles dos mulas por $700.000 (un precio muy por debajo del valor real), aún llevaba consigo ese dinero cuando lo desaparecieron; posteriormente un paramilitar comentó que para qué lo buscaban si lo habían descuartizado y arrojado en un hueco en la mina Chelín.

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En julio, nuevamente un grupo paramilitar incursionó en San Pablo, esta vez en el corregimiento de Vallecito, donde quemaron 35 viviendas y provocaron el desplazamiento de toda la población hacia la zona montañosa cercana. En agosto del mismo año, se agudizó la ofensiva paramilitar sobre los territorios aledaños a la Serranía de San Lucas con lo que se pretendía presionar a la guerrilla del ELN. El 21 de julio anterior, el ELN había atacado la cabecera municipal de Montecristo. En octubre 11 se volvieron a registrar enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros en los corregimientos de Paraíso, Vallecito y No Te Pases en el municipio de San Pablo. Simití y Rioviejo, la incursión paramilitar no cesa Ya instaurados en bases permanentes, los paramilitares impusieron su ley, cometiendo todo tipo de crímenes. Así, el 6 de junio de 2000 desaparecieron a MARCO AURELIO LOPEZ ROA, después de ser interceptado por paramilitares en un retén ubicado en una de las vías de acceso al corregimiento de Monterrey de Simití. Los paramilitares le exigieron a Marco la suma de 20 millones de pesos a cambio de respetar su vida y la de su familia, por esta razón le incautaron un mercado avaluado en 8 millones de pesos, y le permitieron ir a buscar el resto del dinero. Marco logró reunir otra cantidad y se devolvió a hablar con los paramilitares, sin embargo, desde ese momento se desconoce su paradero. Durante el año 2000 la arremetida paramilitar dejó como resultado varias viviendas quemadas, robos, asesinatos y torturas. Los días 8, 9 y 10 de junio tuvo lugar una nueva incursión en los municipios de Morales, Simití y Santa Rosa del Sur. Un grupo entró por Morales rumbo a la plaza del corregimiento Mico Ahumado, mientras que otro llegó por la vía de Santa Rosa del Sur al corregimiento San Pedro Frío; o por el corregimiento Las Brisas de Simití a la vereda La Unión. Luego siguieron a la vereda La Cuchilla donde quemaron casas, fincas y obligaron a desplazarse a todos sus habitantes. Saquearon las viviendas y negocios como la plaza del corregimiento Mico Ahumado y se llevaron aproximadamente 1500 cabezas de ganado que sacaron de las pequeñas fincas. Estas acciones ocasionaron el desplazamiento de unas 400 personas entre ellas niños y mujeres embarazadas. La incursión contó con el apoyo de militares y policías acantonados en los municipios de Santa Rosa del Sur, San Pablo y Arenales, quienes les facilitaron grandes remesas de alimentos y apoyo en combate tanto aéreo como terrestre. A su paso los paramilitares cometieron numerosos crímenes. En el mes de junio, en el corregimiento Mico Ahumado de Morales retuvieron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a RAFAEL RINCÓN PEÑARANDA de 45 años. Su cuerpo fue encontrado 8 días después de su retención, enterrado en una fosa.

Actuaciones Judiciales

La Fiscalía Tercera Delegada ante Juez Penal del Circuito Especializado de Cartagena inició la investigación previa bajo el radicado No. 54997, la cual fue remitida a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. En esta dependencia se le asignó a la investigación el radicado No. 857, siendo la última actuación la recepción de declaraciones.

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En ese mismo mes de junio, el día 1º ISMAEL CRUZADA y MANUEL ANTONIO PAYARES resultaron heridos cuando un grupo armado disparó contra la embarcación en que se desplazaban, a la altura del corregimiento Boca de la Honda de Morales. En junio de 2000, un grupo de paramilitares incursionó nuevamente en el corregimiento Mina Azul de Río Viejo, allí quemó 3 viviendas y una finca. Además asesinaron al minero KENEDY MARTINEZ de 30 años, el 10 de junio y seis días después al agricultor CARLOS CAICEDO GUERRERO de 32 años. Carlos fue sacado de su finca contra su voluntad y obligado, junto con su hermano Demetrio, a trasladar 18 reses de su propiedad a Pueblito Mejía. En el camino se encontraron con el señor Daniel, vecino de la región, a quien también obligaron a acompañarlos. A la mitad del camino, frente a la finca de los hermanos Amado y Eucario Bermúdez obligaron a Daniel y Demetrio a devolverse diciéndoles que Carlos se iba con ellos porque tenían unas cuentas pendientes, poco tiempo después escucharon los disparos con los que fue asesinado Carlos. Amado y Eucario fueron obligados a sepultar a orillas de la carretera el cuerpo de Carlos.

Actuaciones Judiciales El 15 de noviembre de 2000 las investigaciones fueron enviadas en comisión al Juzgado Promiscuo Municipal de Barranco de Loba y para julio 19 de 2001 aun se encontraban en comisión. Por otro lado, por el asesinato de Manuel Bohórquez, Eladio Manuel Atencia, Carlos Caicedo Guerrero, Kenedy Martínez, Jonas Urieta y Santander N., la Fiscalía Cuarta Especializada de Cartagena, el 31 de julio de 2000 inició la investigación previa bajo el radicado No. 54996, que para el 12 de septiembre de 2001 se encontraba en práctica de pruebas. La actuación se suspendería finalmente el 31 de marzo de 2004.

También en el mes de junio, el día 8 fue asesinado el obrero NESTOR FABIO ALFONSO MONROY de 17 años, en el corregimiento de Buenavista de Santa Rosa del Sur. Ese día fue asesinada una MUJER cuando los paramilitares dispararon indiscriminadamente desde la mina Mosquito hacia la mina Gaya, ubicadas en el corregimiento de San Pedro Frío del municipio mencionado. Un día más tarde, el 9 de junio, pero en la vereda La Unión de Simití, el campesino JOSE ROA, cultivador de fríjol, también sería asesinado por paramilitares. Como se ilustra profusamente en este informe, los retenes paramilitares propiciaron toda suerte de abusos, crímenes y vejámenes contra la población del sur de Bolívar. El 23 de junio de 2000, por ejemplo, MANUEL BOHÓRQUEZ MENDOZA de 32 años, conductor afiliado a la empresa VIASUR (Empresa Vial del Municipio Barranco de Loba) y el arriero, minero y líder comunitario ELADIO MANUEL ATENCIA ZAPATA de 35 años, fueron asesinados y un señor conocido como “TRINO” fue desaparecido, por un grupo paramilitar en Barranco de Loba. Manuel había sido contratado por un poblador para que le hiciera un viaje a la vereda Pueblito Mejía. En el camino, en la vereda La Soledad, se encontraron con un retén paramilitar. Allí los paramilitares amenazaron al conductor, diciéndole que no querían verlo en la zona y luego los dejaron continuar. De regreso, lo bajaron de la moto, lo torturaron dándole machetazos en diferentes partes del cuerpo y lo asesinaron. Este mismo día obligaron a salir de su finca a Eladio y lo asesinaron en la carretera por “no haber asistido a una reunión convocada por los paramilitares”.

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Los familiares fueron a recoger los cuerpos de Manuel y Eladio en la ambulancia del hospital de la cabecera municipal de Barranco de Loba, la cual llevaba unas banderas blancas. En el camino fue interceptada por los paramilitares quienes los acusaron de ser colaboradores de la guerrilla; después de confirmar que era la ambulancia del pueblo los dejaron pasar no sin antes proferir amenazas de muerte contra la Cruz Roja Internacional “que ahí los estaban esperando para cobrarles unas cuentas por sapos”. Luego dejaron que recogieran los dos cuerpos que fueron sepultados en la cabecera municipal de Barranco de Loba. Durante el sepelio, el sargento del ejército apodado “El Oso”, quien comandaba las fuerzas especiales del batallón Nariño, dijo públicamente que él no iba a permitir más “esa vaina de estar enterrando estos muertos en el pueblo, porque eso los perjudicaba a ellos, que ellos verían (los paramilitares y los familiares) donde iban a enterrar los muertos”.

Actuaciones Judiciales

Por el asesinato de Manuel Bohórquez, Eladio Manuel Atencia, Carlos Caicedo Guerrero, Kenedy Martínez, Jonás Urieta y Santander N., la Fiscalía Cuarta Especializada de Cartagena, el 31 de julio de 2000 inició la investigación previa bajo el radicado No. 54996, que para el 12 de septiembre de 2001 se encontraba en práctica de pruebas.

Finalizando ese violento mes de junio, el día 27, en el caserío El Piñal ubicado en el corregimiento de Regidor, jurisdicción de Rioviejo, se presentó una masacre donde los paramilitares asesinaron a SEIS PERSONAS. El 28 de junio a la entrada del corregimiento Mina Azul del mismo municipio, fueron encontrados los cuerpos sin vida de DOS PERSONAS más en avanzado estado de descomposición y comidos por animales depredadores, por lo que no fue posible establecer su identidad. Último Semestre del Año 2000 Si el primer semestre del año 2000 estuvo marcado por la consolidación del proyecto paramilitar en el Sur de Bolívar, el segundo evidenció el control absoluto de la zona por parte de dichos agentes, bajo la mirada cómplice de las fuerzas de seguridad estatales. El 14 de julio del 2000, TEOFILO TORRES de 45 años y su hijo DARIO TORRES, fueron asesinados por paramilitares que ingresaron a la casa de la señora Teresa Vacca (quien había sido asesinada en octubre del año anterior) ubicada en la vereda El Paraíso del municipio de Simití, donde se encontraban las víctimas. El hecho se presentó a las 6:30 de la mañana. A Darío le propinaron dos disparos, uno con arma corta y otro de fusil; mientras que a Teofilo le dieron un disparo de fusil. Ese mismo día se presentaron enfrentamientos entre paramilitares apoyados por miembros de la V Brigada del ejército (batallón Los Guanes) y la guerrilla en los corregimientos de Aguas Lindas y Vallecito de San Pablo y la vereda El Paraíso de Simití. Los paramilitares llegaron a dichos sitios y maltrataron a la población acusándola de colaborar con la guerrilla, saquearon y quemaron algunas casas, ocasionando el desplazamiento de 350 familias. Estas familias se ubicaron temporalmente en la vereda El Diamante. Un gran número de las personas desplazadas eran menores de edad y mujeres que se encontraban en estado de deshidratación y desnutrición.

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Desde el día 16 de julio de 2000, unidades del ejército regular se instalaron en Tiquisio (Puerto Rico). Estas tropas eran las mismas que llegaron a Coco Tiquisio obligando a los dueños de las embarcaciones a entrar a Puerto Rico donde les tomaron todos los datos. Entre ellos, WILMAR PEDROZO y DAVID OSPINA eran los únicos dueños de bote que llevaban remesas para los comerciantes desde El Banco, departamento del Magdalena, hacia la región de Tiquisio. Días después, el 20 de julio siguiente, mientras permanecían en El Banco, un paramilitar conocido como “Osneider” llamó a Wilman y le exigió 200.000 pesos “para arreglarle un problema”. Wilman respondió que no tenía ningún problema y acabó regalándole 100.000 pesos. Eran las 11 de la mañana y a las 12 el chalupero salió hacia el Coco. En un sitio llamado Bocas de Popayán Wilman y David fueron detenidos por presuntos paramilitares vestidos de civil entre los cuales estaba el mismo Osneider. Los agresores bajaron a los pasajeros de la canoa quedándose con Wilman y David. En el mismo bote (chalupa), se los llevaron a un pueblito llamado Chimí, donde los amarraron a todos excepto a una señora para la que no alcanzó la cuerda y que posteriormente soltó al resto. Los pasajeros se dirigieron al municipio de Barranco de Loba donde estaban el ejército y la policía. Allí le pidieron ayuda al capitán del ejército que se las negó diciéndoles que no sabía nada y que sólo podía conseguirles alojamiento. En esto llegaron tres chalupas con paramilitares al mando de “Osneider” y “Elías Pipa”. Llegaron preguntando al grupo por “El Mono” para matarlo también, pero no lo distinguieron porque el apodo era ese, por tratarse de una persona negra. Como no sabían quien era, se pusieron a tomar cervezas con el capitán del ejército. Wilman y David aparecieron asesinados a tiros al borde del mismo caño por el que los llevaron. Los hostigamientos y amenazas por parte de los paramilitares contra los habitantes de los cascos urbanos de Yondó y Cantagallo se convirtieron en una cosa de todos los días. En el año 2000 las acciones paramilitares no encontraron mayor problema para asediar la población de Yondó, siendo este año el que marcó su definitiva llegada al control de este municipio. Como en otras situaciones, la ofensiva armada comenzó en las áreas rurales y paulatinamente llegó al control de la cabecera. La ola de muerte y terror sobre los pobladores comenzó aquél año con la masacre de 4 campesinos en la vereda San Juan del Ité y La Congoja, municipio de Yondó, en el mes de enero. El 19 de julio de 2000, los paramilitares incursionaron en el Corregimiento El Diamante de Simití, y las 700 familias que vivían este lugar tuvieron que desplazarse hacia la montaña junto con las 3.500 personas que se encontraban huyendo de los corregimientos de El Paraíso, Aguas Lindas y Vallecito. Igualmente, dos días más tarde, el 21 de julio, paramilitares arribaron nuevamente a la zona rural de Santa Rosa. 150 personas desplazadas se encontraban en el casco urbano de esta localidad, y según información de la Defensoría del Pueblo, se esperaba que llegasen 1.500 personas en el transcurso del día. Al día siguiente, el sábado 22 de julio, a las 11 a.m., los paramilitares y el ejército ingresaron al corregimiento Vallecito en San Pablo, previo al reconocimiento hecho por el avión de la fuerza aérea colombiana que sobrevoló esta zona a las 10:10 a.m. y al no encontrar a sus habitantes quemó 40 casas, casi la totalidad del pueblo.

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Los paramilitares ubicaron retenes de control que impidieron el ingreso de alimentos y el libre tránsito de los campesinos en esta zona. Además, declararon objetivo militar a todas las personas que integraran comisiones de verificación o de ayuda humanitaria en el sur de Bolívar. Debido a esto el Comité Internacional de la Cruz Roja no pudo ingresar a la zona por falta de garantías para su seguridad, y los periodistas no pudieron llegar hasta los lugares donde se encontraba la población civil desplazada. Sin embargo, el comandante del ejército negó que estuviesen realizando operativos en esa zona95. Al momento de retirarse, los paramilitares minaron el sector. Debido a la intensidad de los combates que se realizaron en inmediaciones de Vallecito, sus habitantes por temor abandonaron sus casas y se refugiaron en la montaña. El 25 de julio, en el corregimiento Cerro Burgos de Simití, se presentó una nueva masacre donde CINCO CAMPESINOS Y PESCADORES, pertenecientes a una misma familia, fueron asesinados por paramilitares que los sacaron a la fuerza de su vivienda. Un caso en que miembros de la fuerza pública, esta vez de la policía, junto al personero municipal de la localidad, favorecieron con su complicidad la acción criminal sucedió el 28 de julio de 2000, cuando el joven campesino DEINER PÉREZ, poblador del corregimiento Mico Ahumado de Morales, fue torturado y asesinado, en la vereda Moralito del mismo municipio por paramilitares al mando del “Comandante Cerveza”. Deiner fue detenido por sus asesinos en horas de la mañana en la oficina de tiquetes ubicada en la cabecera municipal, en presencia de miembros de la policía; fue trasladado al corregimiento Moralito, al otro lado del río, allí se encontraba el personero municipal, en cuya presencia Deiner fue amarrado y trasladado a unos 200 metros del puerto, donde había un expendio de gasolina. Allí fue torturado y asesinado con arma de fuego. Después de asesinarlo los paramilitares regresaron a la cabecera municipal de Morales, como si nada hubiera pasado. El cuerpo de Deiner permaneció tirado en la vía pública por varias horas, hasta cuando se presentaron la policía y el personero municipal y lo llevaron al cementerio municipal. Los familiares fueron a reclamarlo para sepultarlo en el corregimiento de Mico Ahumado y los paramilitares amenazaron a los familiares que si los denunciaban ellos corrían la misma suerte del muerto. Al mes siguiente, el 16 de agosto hacia las 10 a.m., en Santa Rosa del Sur, a la salida hacia Simití donde los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, habían montado un retén, fueron asesinados los comerciantes HENRY ROJAS (o HENRY WILSON ROA CARDENAS) y su primo NELSON ROJAS (o JAIR ALFONSO ROJAS CARDENAS). Las víctimas se movilizaban en un vehículo de propiedad de Henry, en el que, al parecer, los paramilitares encontraron una bolsa de bazuco, obligándolos a descender y arrojándolos al río después de asesinarlos. Pocos días más tarde, el 20 de agosto de 2000, fueron asesinados los campesinos GILBERTO GUALDRON de 33 años, e ISRAEL, también en el perímetro urbano del municipio de Santa Rosa del Sur.

95 Esta información fue suministrada por el vocero de la fuerza pública a la oficina de ACNUR y a la Cruz Roja Colombiana.

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El 2 de septiembre, el comerciante ONALDO FLOREZ LEON de 30 años, quien trabajaba como distribuidor de cerveza, fue desaparecido por paramilitares al mando del “Comandante Cerveza”, en Morales. Los paramilitares llegaron a la Cooperativa de Transportadores, COOTRAFLUMOR, hacia las 9:00 a.m. se lo llevaron consigo y, al parecer, lo asesinaron y arrojaron su cuerpo al río Morales. Sus familiares y amigos al tener conocimiento del hecho, acudieron a las autoridades civiles y de policía de este municipio para el rescate y la búsqueda del cuerpo, pero estas se negaron a brindar su apoyo y colaboración. Una fuente indica que Onaldo fue torturado y asesinado con arma blanca, “le arrancaron las uñas y le degollaron antes de descuartizarlo”.

Actuaciones Judiciales

La Fiscalía Quinta Especializada de Cartagena abrió la investigación previa bajo el radicado No. 58034 por el delito de homicidio agravado y concierto para delinquir contra paramilitares de las AUC. Para julio 31 de 2001, la investigación previa se encontraba en práctica de pruebas en la Unidad Investigativa del Gaula Urbano de Bucaramanga (Santander). Finalmente la actuación sería suspendida, confirmándose el 30 de julio de 2004.

El 11 de septiembre de 2000, fue asesinado el agricultor CARLOS JULIO SALAMANCA TALERO de 21 años, en el corregimiento de Buenavista, jurisdicción del municipio de Santa Rosa. El día 16 de ese mes se presentó otro ataque paramilitar en Cantagallo, exactamente en un caserío de la vereda La Esperanza, donde fueron asesinados CUATRO HOMBRES y quemadas todas las casas del lugar. Cinco días después, el 21 de septiembre, moriría a manos de paramilitares el agricultor PEDRO CALDERON PARADA, de 38 años de edad, en Santa Rosa del Sur. El 24 de septiembre los paramilitares arremetieron contra Arenal y Ríoviejo. En el primer municipio asesinaron a un señor de apellido BALAUSTRE, quien era hijo de un comerciante del corregimiento Norosí, Rioviejo, a quien los paramilitares le habían quemado dos carros anteriormente. En el segundo municipio igualmente dieron muerte a al campesino MARCO TULIO ACUÑA SERPA y al mecánico y conductor UFRAN, asesinados en presencia de la población del corregimiento Buena Seña. Además del doble homicidio, hurtaron animales, prendas, motos, carros y saquearon las tiendas. Los paramilitares responsables de ambos crímenes tenían su base de operaciones en la vereda Pueblito Mejía de Barranco de Loba, sitio desde el cual, además, controlaban el mercado de coca que era sacada de la zona en helicópteros. Las operaciones de las tropas paramilitares continuaron durante todo el mes de octubre del 2000. El 8 de octubre, MILTON ALBERTO GRANADOS y otra PERSONA fueron asesinados por un grupo armado, en el corregimiento Mico Ahumado de Morales. Una semana después, el 12 de octubre, GABRIEL GALVIS VESGA fue encontrado asesinado en la vereda Cuatro Bocas del municipio de Cantagallo. El cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego.

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El 26 de octubre fueron retenidas TRES PERSONAS, siendo una de ellas asesinada, en una operación conjunta entre ejército y paramilitares en el corregimiento de Aguas Lindas, de San Pablo. Antes de hacer presencia en Aguas Lindas, tropas del Batallón Los Guanes junto a miembros de los paramilitares quemaron en el corregimiento del Vallecito -perteneciente también a San Pablo- 14 viviendas y hurtaron los materiales de los pobladores del corregimiento, los cuales habían sido conseguidos a través de organismos internacionales para la reconstrucción del corregimiento, luego de que el 22 de julio del mismo año, en otra operación conjunta entre paramilitares y ejército, éstos destruyeran 35 de las 49 casas existentes en el lugar. Previo a retirarse del corregimiento dejaron el caserío completamente minado. Estos hechos provocaron el desplazamiento forzado de los pobladores de Vallecito y de las veredas Aguas Lindas y el Diamante. Ese mismo 26 de octubre, los paramilitares asesinaron a DIDIER MODESTO RODRIGUEZ POLO en un puente peatonal en el barrio San Pablito, zona urbana de San Pablo; a PEDRO ANTONIO MENDEZ QUINTERO en la vereda Caño de Oro; y a CARLOS SANCHEZ MEJIA, en la vereda Agua Sucia, ambas veredas ubicadas en la localidad señalada.

Incendio en Vallecito “A mí la memoria ya no me ayuda mucho pero gracias a Dios desde que estaba en la escuela me aficioné a escribir y en las tardes, cuando puedo, rasguño letricas en el cuaderno que no me abandona y que siempre cargo dentro de mi mochila. Por eso les garantizo que las fechas que les cuento son exactas y no son ningún invento mío, ni de nadie. El domingo 8 de octubre [del año 2000] a las 10 a.m. en “No te pases”, sitio ubicado sobre la carretera a San Pablo, los paramilitares asesinaron a Samuel Acevedo, mas conocido como “Concreto”. La víctima era chofer de Vallecito y padre de 8 hijos. Fue detenido, torturado y degollado. Dos personas que lo acompañaban se libraron de ser asesinados, pues les vieron las manos de raspadores de coca. Enseguida cien paramilitares se instalaron en Patio Bonito. También ese día llegaron otros al corregimiento cercano de El Paraíso, del municipio de Simití. El cuerpo de la víctima fue abandonado en un potrero en donde fue prohibido por los paramilitares transitar, impidiendo así el levantamiento del cuerpo. Ese mismo día, el hecho fue denunciado a los miembros del gobierno nacional (entre ellos al Alto Comisionado para la Paz Camilo Gómez), que se encontraban en el corregimiento Vallecito (ubicado a una hora en vehículo de Patio Bonito), donde se llevaba a cabo una reunión entre representantes de la Mesa Regional, representantes de la comunidad de Vallecito, una Comisión de los países amigos del Proceso de Paz con el ELN y representante de la Red de Solidaridad Social. El tema de esta reunión fueron las alternativas ofrecidas por el gobierno por medio de la Red de Solidaridad Social para la reconstrucción del Corregimiento que fue víctima de una incursión paramilitar en una acción conjunta con ejército nacional en el mes de julio del

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presente año, incursión en la cual fueron destruidas 35 de las 49 casas que lo componen. El miércoles 11 de octubre los paramilitares llegaron al caserío de Aguas Lindas en donde hicieron tenderse en el suelo a la gente, luego los reunieron en la cancha y les dijeron que nada les iba a pasar. Saquearon y robaron, sobre todo en la tienda de Don Pedro, quien se le quejó al mando llamado “Montoya”. Este le contestó que requisara a sus hombres y si les encontraba el dinero robado se lo devolvía. Pero de ese dinero Don Pedro no volvió a saber nada. Entre los daños producidos ese día quedó un escaparate desbaratado y el robo de 50.000 pesos que la comunidad había recolectado para celebrar el día de los niños. De los paramilitares y militares que llegaron a El Paraíso después salió una parte para Monterrey. Este miércoles por la noche la guerrilla nos avisó a los pobladores de Vallecito que debíamos salir del corregimiento, como una medida preventiva ante la incursión que estaba sucediendo. Así se hizo con tiempo, por lo que alcanzamos a sacar y guardar los corotos. En medio de todo este trajín iba pensando lo difícil que se ha convertido la vida y el trabajo en estas tierras, pues en los últimos dos años nos ha tocado desplazarnos 4 veces con ésta. Después supe que estas incursiones militares y paramilitares cubrieron hasta La Plaza de Mico Ahumado en Morales y hasta Villa Nueva, cerquita de San Pablo. En los combates de La Plaza escuché que murieron 26 paramilitares. El siguiente domingo ya era 15 de octubre (2000) y como los paracos no pasaron de Mata de Coco, sobre la quebrada Cañabraval, entonces nos animamos a volver a Vallecito. Ese día nos enteramos que en El Paraíso los paramilitares también robaron en varias casas. El lunes 16 la Guerrilla atacó con morteros los sitios en que estaban los paramilitares. Nos llegó el comentario de que en los combates murió un joven guerrillero y que de parte de los paracos no se sabía con precisión el número de sus muertos, aunque se decía que los había y en cantidad. Por toda la carretera viniendo desde San Pablo para acá en donde estamos ahora, el ejército puso retenes intercalados con otros puestos de control en los que había solo paramilitares; en todos ellos bloquearon el paso de vehículos y de alimentos hacia estos caseríos internos. El primer retén está en Cueva de Sapo a cuatro kilómetros de San Pablo, otro más adelante en Casa de Tabla, enseguida está el de la curva del Guicho y luego el de Cañabraval. Para este cañón en que no hay cocales no dejan pasar nada, en cambio, para El Boque y Agua Sucia si dejan pasar alimentos, gasolina y otros insumos para procesar la coca. El Martes 17 dejaron pasar algunos mercados y se robaron otros. Cerca de las 8 a.m. del viernes 20 escuchamos desde aquí de Vallecito una explosión. Desde acá vimos los movimientos de la guerrilla en los filos de las montañas de los alrededores y comenzamos a escuchar los tiroteos. Los militares llegaron al filo que queda a una hora de camino de este poblado. De nuevo tuvimos que salir de nuestras casas y emprender otra marcha río arriba. Como la guerrilla los combatió, los detuvo y todos alcanzamos a sacar el resto de nuestras cosas. Para el Sábado 21 siguieron los combates y llega la tropa paramilitar a los alrededores de Vallecito[...] . Parece que una parte de esta tropa salió de los alrededores de Vallecito. En estos combates los paracos recibieron refuerzos en carro

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desde San Pablo y en helicóptero desde San Blas, que es el laboratorio más grande que tienen en esta región para procesar la coca. Por la mañana escuchamos un ruido sordo, como de muchos truenos juntos. Solo días después supimos que era una explosión de una mina gigante que había hecho volar por los aires a un camión que transportaba un jefe paraco y a sus escoltas que venía a hacer un paseo dominical y a inspeccionar sus tropas. Si mal no recuerdo, lo de la voladura de este camionado de paracos lo supimos hasta el Martes 24. Ese día me puse a hacer cuentas que en donde normalmente vivía una familia, ahora estamos hacinados 6 familias. Mientras tanto continuamos escuchando los combates en los alrededores de Vallecito. Por estos días me desvelé casi todas las noches. Lo malo es que el sueño le hace falta a uno y lo bueno es que en esos desvelos uno va echándole cabeza a los problemas. Una noche pensaba sobre la cantidad de gente que vino por acá a hacer promesas de ayuda a Vallecito, en los días siguientes al primer incendio del 22 de Julio. Pensé que muchos de ellos fueron sinceros en lo que prometieron y que lo que pasa es que no han podido volver a venir por acá. El Miércoles 25 [fue cuando] tuve la primera noticia de que Vallecito había sido nuevamente quemado en su totalidad y saqueado otra vez. No se contentaron con quemar todas las casas, sino que esta vez se llevaron los utensilios y materiales que habíamos conseguido para la reconstrucción, como las tejas de zinc, las vigas que habíamos alcanzado a aserrar y algunos bultos de cemento. De lo que más me dolió fue ver en el suelo a un hermoso árbol de Aceituno que todos habíamos acordado cuidar, como el símbolo de este pueblo. Los paramilitares lo derribaron con motosierra, apenas por el gusto de hacer el daño y de verlo caer encima de las casas vecinas. Al fin y al cabo zinc y cemento de alguna forma se vuelven a conseguir, pero un árbol como este nos vamos a tardar otros 30 o 40 años para tener otro símbolo como el que nos tumbaron. Este es el segundo incendio que sufrimos en menos de tres meses. Con el ansia de ir a ver como había quedado el pueblo luego de este ataque y una vez supimos que los paramilitares habían salido de Vallecito, nosotros llegamos a las carreras a las primeras calles, cuando ¡pum! Oímos una explosión y vimos caer a Vicente contra un barranco. Lo recogimos con la pierna derecha herida porque desgraciadamente él pisó una mina de las que dejaron sembradas los paracos antes de irse. En los filos y caminos de los alrededores del pueblo, estos desalmados también dejaron minas enterradas. Si no me equivoco este accidente fue el Domingo 29. Aquí se cumplió el refrán de que en nosotros “las ganas le pudieron al miedo”. Enseguida entró la guerrilla a ubicar y desactivar los minados dejados por la tropa. Los campesinos que vieron esta tropa cuando iban en retirada cuentan que unos de ellos eran del batallón Guanes del ejército que viene de Bucaramanga y que para despistar pintaron letreros en las paredes de las casas del pueblo con el nombre de AUC. En su retirada de Vallecito y ante el hostigamiento guerrillero dejaron cuerpos abandonados y otros los tiraron al río. Río abajo, los primeros de nosotros que llegamos al pueblo encontramos el cuerpo de un hombre negro con 2 tiros en el costado y otro con tiros en la cabeza. A ambos les dimos cristiana sepultura. Ese

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mismo día los paracos a su paso por el caserío de Aguas Lindas quemaron la casa de Don Marcos. Así nos cogió Noviembre en esta tragedia. El Jueves dos continuaron los combates en Aguas Lindas. El día 29 habían asesinado a Yaisir Benítez y a Leonardo, acusándolos por vender pasta de coca a las Farc. Al primero lo golpearon y luego lo ahorcaron. A Leonardo lo golpearon y lo sacaron a la carretera, en donde lo remataron a tiros. También dicen que utilizaron a varias prostitutas durante las noches y no les pagaron nada. De nuevo robaron y saquearon todo lo que se les atravesó en Aguas Lindas. Es para el Viernes 3 de Noviembre que estas bandas se salen de Aguas Lindas y se van hacia El Paraíso, en donde aún hoy se encuentran. Todos hemos regresado a Vallecito, pero nos seguimos preguntando hasta cuándo podremos resistir y por qué nos atacan, si en este pueblo lo que ha habido son reuniones para hablar de la paz. FUENTE: Relato de “El Mediquillo”, uno de los fundadores de Vallecito. Proyecto CNM, Base de Datos, Testimonio 05030. Una vez posicionados en el Paraíso, los paramilitares intensificaron su accionar en otros municipios como Cantagallo. El 1 de noviembre de 2000, JOSE SAMUDIO VANEGAS fue asesinado por un grupo armado, en la vereda Cuatro Bocas de la población mencionada. El 2 de noviembre, los campesinos YAISIR BENITEZ y LEONARDO, fueron torturados y asesinados por paramilitares en el caserío Aguas Lindas de San Pablo. Yaisir, quien tenía una tienda y una finca pequeña, fue retenido, bajo la acusación de vender coca a las FARC, y llevado a un filo cercano, donde lo torturaron toda la noche y luego lo asesinaron ahorcándolo. Leonardo fue a preguntar por Yaisir y fue igualmente retenido, golpeado y luego asesinado con arma de fuego. Durante la incursión, los paramilitares también saquearon varias casas. En diciembre de nuevo los paramilitares asesinaron campesinos en Santa Rosa del Sur. El día 18 dieron muerte a DARIO AGREDO MONTENEGRO de 29 años, y el 23 a CARLOS EDUARDO SAMUDIO RAMIREZ, de 28 años. Diez días después, el 28 de diciembre de 2000, ANIBAL GUEVARA RAMOS de 41 años, fue encontrado asesinado en aguas del río Magdalena a la altura del caserío Yanacué de Cantagallo. Aníbal residía en Barrancabermeja. Se encontraba desaparecido desde el 24 de diciembre anterior. En el año 2001 en Santa Rosa del Sur se registraron los asesinatos del ebanista NELSON CASTAÑO MARTINEZ de 28 años, el 4 de febrero. El 24 del mismo mes fue asesinado el agricultor FRAILO ORLANDO RATIVA de 33 años, en el corregimiento San Lucas; y al día siguiente el agricultor MESIAS URREGO HERNANDEZ de 32 años fue asesinado en el corregimiento San Francisco. El 8 de marzo fue asesinada el ama de casa LUZ MERY VARGAS ROMERO de 20 años en el perímetro urbano; y el 22 de agosto los paramilitares dieron muerte al agricultor EDISSON TORRES LÓPEZ de 26 años.

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ZONA DE ENCUENTRO El ministro del interior, Néstor Humberto Martínez, atendió la convocatoria del movimiento No Al Despeje cuando este organizó las primeras marchas en contra de la creación de la Zona de Encuentro. No sólo el Ministro acudió a hablar con ellos (antes no había atendido a Edgar Quiroga, vocero campesino), sino que no se utilizó la fuerza pública en contra de los bloqueos de las carreteras como suele suceder96. Sin duda, una de las razones de peso en la renuencia del paramilitarismo a la propuesta de Convención reside en lo estratégico de la región para sus intereses de financiamiento y para los intereses del capital privado internacional deseoso de invertir en la explotación de recursos naturales. De manera que la reacción paramilitar no se hizo esperar. Entretanto, los campesinos de la subregión del sur de Bolívar fueron obligados ha agitar su rechazo a las mesas de diálogo con el ELN, pues esto implicaría un retiro de las estructuras paramilitares, de las zonas que venía azotando. Anunciaron, por ejemplo, a los campesinos de una vereda de la región que “a la hora que si había un despeje en el Sur de Bolívar, tenían que prepararse pa’ 20 ataúdes, porque mataban 20, “que se preparen” si hay un despeje. Porque ellos no se van con las manos vacías. Esa fue la reunión que hizo el Comandante Carlos en Monterrey y expresó estas palabras”97. Era claro que la retaliación se tomaría contra los pobladores del Sur. Los habitantes del casco urbano de las cabeceras municipales de Santa Rosa, Simití, San Pablo, Morales, Arenal, Río Viejo, Gamarra, Aguachica y de los caseríos aledaños, fueron obligados por medio de amenazas a realizar los bloqueos de la troncal del Magdalena Medio en los sitios de Aguas Claras, San Rafael de Lebrija, La Gómez, La Mata, San Alberto (Cesar) y otros puntos. Días antes los paramilitares ingresaron en todas las viviendas de estas poblaciones, censaron a sus habitantes y según el número de personas las forzaron bajo graves amenazas de ser “declarados enemigos” a acercarse a altas horas de la madrugada a parques municipales donde los obligaron a abordar camiones y todo tipo de vehículos que los llevaron hasta los puertos fluviales; allí los embarcaron en planchones remolcadores y luego de una larga caminata los instalaron en los puntos de bloqueo. Todo este recorrido y permanencia en los bloqueos bajo la amenazante vigilancia de paramilitares, quienes contaban con listas de control de 15 personas, encargadas de darle una ficha a cada campesino para evitar que se escaparan. Evidencia del control e imposición paramilitar de estos bloqueos fue que se mantuvo como proclama la no erradicación de los cultivos ilícitos, declarando ante los medios de comunicación su insatisfacción

96 A raíz de la visita del Ministro y sus negociaciones con la mencionada organización se funda Asocipaz, que no sólo recibe un aval político con la presencia del Ministro sino según el Acuerdo de Aguas Claras firmado por el Gobierno y el Movimiento No Al Despeje “el Gobierno Nacional se compromete a promover su organización y donar un capital semilla para su adecuado funcionamiento” ambas organizaciones, como reconoció Carlos Castaño, recibieron un apoyo logístico de las AUC. Castaño reconoció en una entrevista concedida a RCN que había dado apoyo a las marchas a petición de ganaderos, comerciantes y agricultores y que ese apoyo se realizó en proveer transporte fluvial etc. (...) Yondó al igual que el Sur de Bolívar vivió la creación y movilizaciones del Movimiento No Al Despeje, sobre todo después de que el Gobierno lo ofreció como uno de los municipios de la Zona de Encuentro. Según habitantes de la zona la Alcaldía declaró un día cívico para facilitar la asistencia de empleados públicos a las manifestaciones e incluso el Secretario de Gobierno en Yondó prestó unos vehículos propiedad del municipio para transportar a los manifestantes. GEARÓID ó LOINGSIGH. Op. Cit. 97 CNM, Base de Datos, Testimonio 05006

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por la Zona de Encuentro reconocidos comerciantes financiadores del paramilitarismo y beneficiarios del tráfico y producción de cocaína, haciéndose pasar por líderes campesinos98. Si el movimiento No Al Despeje tuvo como propósito hundir la propuesta de celebrar la Convención Nacional por medio de marchas en contra de la Zona de Encuentro organizadas en las cabeceras municipales controladas por el paramilitarismo, además de bloquear carreteras, la conformación de Asocipaz estuvo encaminada a ganar posicionamiento político por parte del paramilitarismo, revestida como estaba de un lenguaje que la presentaba con fines de tipo social. Claro está, las marchas dieron más pretextos al gobierno nacional para no ceder la zona99. A pesar de que los medios masivos al servicio del establecimiento hablaron de Asocipaz y del movimiento del No Al Despeje como dos movimientos distintos, los líderes campesinos de la región ven en eso una diferencia supuesta que en realidad no existe. Para los dirigentes de la zona Asocipaz representa prácticamente a los paramilitares y recuerdan que fue creada en Aguas Lindas, en presencia del Ministro del Interior. En cuanto al movimiento No al despeje dicen:

“Está casi lo mismo relacionado, porque son los mismos. O sea, aparece Celso Martínez como presidente de Asocipaz, ¿cierto?, y aparece “Lincon” Castillo como la persona que encabeza el movimiento no al despeje, que es paralelamente la misma cosa. No hay ninguna diferencia entre ellos dos. En el caso de Celso Martínez y “Lincon” Castillo, Luis Galvis de Santa Rosa y la señora que es de San Blas, la señora Sofía, estos supuestos líderes que ellos tienen ahí del movimiento del No al despeje y Asocipaz, son comerciantes de la región, de San Pablo y con lo que ellos comercializan es con insumos. Ellos comercializan con lo que es el permanganato, con el ácido, con la soda, con ese tipo de cosas, pero de pronto no la hacen de una forma directa porque, lógico, esto repercute sobre ellos, pero tienen personas terceras trabajando, que le manejan el dinero. Lo mismo pasa también con la compra de la coca, también ponen compradores. Eso va a las arcas de Carlos Castaño, ¿porque digo esto? Porque prácticamente ellos tienen el control en la región de los insumos y de la compra de la coca, porque mucha gente que anteriormente entraba a la zona, compradores ambulantes o como lo llaman por ahí vulgarmente piratas, entraban a comprar todo tipo de cosas y han hecho todo lo imposible, han matado una cantidad de gente por quitarle las platas, o sea, por ejercer ellos el control. Lo mismo han hecho con los cultivos, también tienen gentes terceras en la región para eso. Inclusive el mismo Castaño una vez decía en una entrevista que él no negaba que un 40% de los

98 Entre estas personas se encontraban Carlos Galvis, Julio Delgado, José Coba, Delmar Burgos (secretario de gobierno de la alcaldía de Santa Rosa), Pastor García Marín (alcalde de Santa Rosa), y Loher Días (alcalde de Morales). Los cuerpos militares responsables de estas agresiones sobre los pobladores del Sur de Bolívar y Sur del Cesar durante el movimiento No al Despeje fueron las bases militares acantonadas en los municipios de San Pablo, Santa Rosa, Simití, Arenal, Puerto Rico y Montecristo, quienes colaboraron con los paramilitares. Denuncia de la Mesa Regional Permanente por la Paz y la Protección Integral de los DD HH del Magdalena Medio. Febrero de 2000. 99 GEAROID ó LOINGSIGH, Op. Cit.

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cocaleros, digo, que un 40% de la producción cocalera era para él de todos los cocaleros del Sur de Bolívar, y para nadie es un secreto de que en San Blas había una cocina de volteo de esa cosa para cristalizar, no sé si en San Pablo también. Y el medio de transporte (es) un helicóptero donde llevan el alcaloide hacia fuera, hacia otro sitio, no sé si hacia el Nudo de Paramillo, e igualmente de allá traen la plata en helicóptero para la compra (...) se reunieron con los comerciantes de San Pablo y, no sé si es cada mes, tienen que darle veinte millones de pesos a ellos, sí a los comerciantes, propietarios de negocios, de cantinas, de tiendas, todo tipo de cosas. Todo esto va a las arcas de “Lincon” Castilla y toda esa gente pa’ luego distribuirlo, pienso yo, a su jefe que es Castaño, eso es para la campaña, y lógicamente para fortalecer en lo militar, entonces, si hay nexos directos de esta gente, si están metidos en la cuestión del narcotráfico aquí en el Sur de Bolívar”100.

De ninguna manera el movimiento No al Despeje llegó a interpretar el sentimiento y anhelo del campesinado de la región, estaba lejos de ser representativo.

“Nosotros los campesinos lo que alegamos aquí en el Sur de Bolívar es el despeje, porque habiendo despeje hay vida, porque queremos que saquen de aquí a ese ejército de aquí, a esos asesinos que los saquen de aquí para nosotros trabajar. Nosotros estamos desmoralizados no podemos sembrar maíz, viene el mismo ejército y se llevan la ropa y todo, no tenemos ilusión de tener nada porque para que, para otros, los paramilitares que es el mismo ejército, a todos les decimos a las demás naciones los criminales que hay aquí, que lo denuncien, que nos ayuden a nosotros los campesinos, que nos toca morir de hambre, porque lo que trabajamos no nos alcanza (...) Con el despeje nosotros los campesinos, porque así nosotros podemos trabajar libremente sin ninguna zozobra de que nos vayan a venir a amarrar, la Convención Nacional ahí salen todos los campesinos a hablar a poner sus inquietudes. Hablar con el propio gobierno, que nos escuche nuestras peticiones”101.

Respecto a la representatividad y supuesto liderazgo de Asocipaz los habitantes de la región formulan interrogantes contundentes: “Nosotros en ningún momento podemos reconocer a esa gente como líderes, que salga algunos de ellos a decir ¿quiénes de ellos han estado en la toma de la embajada?, ¿en la movilización a Cartagena?, ¿en el éxodo campesino a Barranca?, ¿en la movilización del 96? Ellos nunca han estado”102.

Primer semestre de 2001: continúan los asesinatos Pese a las iniciativas de denuncia de los habitantes del Sur de Bolívar frente a la enorme oleada de violencia implementada por el ejército y los paramilitares, en el

100 CNM, Base de Datos, Testimonio 05007 101 CNM, Base de Datos, Testimonio 05047 102 CNM, Base de Datos, Testimonio 05048

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año 2001 continuó presentándose la comisión de CLH. El 20 de enero de 2001, PEDRO TORRES BARRETO fue asesinado por paramilitares en San Jacinto del Cauca.

La Operación Bolívar Paralelamente a las movilizaciones forzadas contra la idea de despejar un área rural a efectos de realizar la Convención Nacional, movilizaciones que ordenaron los paramilitares e impulsaron las organizaciones sociales creadas para tal fin, el ejército adelantó a comienzos del 2001 operaciones ofensivas sobre la zona requerida. La Operación Bolívar fue un operativo militar de envergadura en el Sur de Bolívar, el Valle del Río Cimitarra y parte de Antioquia. Participaron diversas unidades militares como los batallones Motilones, Bolívar, Nueva Granada y Contraguerrilla No. 45 Héroes de Majagual, de la V Brigada, la Brigada XIV y la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra103. Según el General Carreño, su responsable, el propósito de la “Operación Bolívar” era lograr el control gubernamental y eliminar los cultivos de coca de la zona en donde se podrían llevar a cabo las negociaciones de paz con el ELN, y en efecto, “Durante las primeras cuatro semanas de ésta operación, diez aviones Turbo Thrush suministrados por los Estados Unidos fumigaron con glifosato 3.600 hectáreas (aproximadamente 9.000 acres) de coca”104. A San Juan Cerro, por ejemplo, un poblado de apenas unos pocos ranchos de madera sobre un terreno de colina, en jurisdicción del municipio de San Pablo, llegaron a mediados de febrero, varios helicópteros de la policía escoltando a una que fumigó con glifosfato los cultivos, incluidos los de la coca. La acción militar fue seguida de un operativo paramilitar que duró dos meses y durante los cuales la Fuerza pública no movilizó ni uno de los batallones que estaban desplegados en la zona. A lo largo del año las bases paramilitares ubicadas en la región no fueron atacadas por la tropa regular ni mucho menos desmontadas. Solo cuando los paramilitares abandonaron la base que tenían en la vereda Cuatro Bocas, en febrero del 2001, se realizaron operativos militares con ametrallamientos y bombardeos sobre la zona que solamente provocaron más desplazamientos de la población105. Mientras aumentaba la presión política en contra de la Zona de Encuentro los paramilitares nunca dejaron de actuar en contra de la población. La mayor expresión de esta situación la constituyen los sucesos de abril del 2001 cuando los paramilitares quemaron Vallecito “por segunda vez después de ser reconstruido con ayuda internacional. Vallecito había servido como escenario de contactos entre el ELN y el gobierno nacional. También arrecieron contra El Paraíso y otros sitios que sirvieron como puntos de las concentraciones campesinas a favor de la Zona de Encuentro en medio de las marchas organizadas por movimiento No Al Despeje”106,

103 Vanguardia Liberal, 2 de febrero de 2001. 104 Estos fueron los mismos aviones que se utilizaron entre diciembre y febrero para la primera fase de la ofensiva del “Plan Colombia”, en el Departamento del Putumayo. ISACSON, A. Op. Cit. 105 GEARÓID ó LOINGSIGH. Op. Cit. 106 GEARÓID ó LOINGSIGH, op. cit.

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que se sucederían ya en febrero de año 2001 con varios miles de participantes y el bloqueo de vías principales en oposición al despeje de una zona para realizar la Convención Nacional con el ELN. En la zona de Tiquisio, fue desaparecido por paramilitares MARCELINO RUIZ VENEGAS en el corregimiento de La Pacha el 5 de abril. Días atrás, los paramilitares habían incursionado en una finca de propiedad de Marcelino, le robaron 25 reses, 1 motor de chalupa y la chalupa. Después de ocurridos los hechos, la victima se dirigió en compañía de sus hijo a instaurar la denuncia del robo en Magangue, allí le dieron un papel para que fuera a el Banco a reclamar sus bienes, ya allí Marcelino y su hijo fueron detenidos por paramilitares y posteriormente llevados al corregimiento de La Pacha, en donde dejaron libre al hijo acompañándolo hasta “Los colorados”. Los paramilitares continuaron cometiendo vejanmenes en el municipio de Tiquisio y el 11 de abril a las 11 a.m. incursionaron 100 hombres con brazaletes del batallón Nariño y las AUC (capitán Ariza, con un cabo y su teniente), a la vereda Villa Doris. Entraron en algunas casas, amenazaron a los habitantes con cortarles la cabeza y someterlos a torturas. Durante su permanencia golpearon a tres campesinos y detuvieron a ocho personas hasta las 4 de la tarde en la finca llamada el TIgre. En el transcurso de la incursión militar-paramilitar, saquearon algunas casas y se robaron bienes y dinero de los pobladores. Al momento de su retirada le dijeron a las personas que tenían detenidos: "vamos a volver, pero si encontramos a alguien lo matamos, arrastramos hasta con el perro." Posteriormente se dirigieron a un sitio llamado el Tronconal – el Playón. En consecuencia de este hecho se desplazaron 6 familias, aproximadamente 35 personas. Estas personas iban a denunciar el hecho, pero el dirigente político “Rememberto” intervino para que no se denunciara. Se entablo un diálogo entre la comunidad y el capitán García, en el cual se acordó la devolución de los bienes hurtados, pero el capitán no cumplió su palabra. En San Pablo los paramilitares continuaron haciendo retenes e impartiendo el orden en la región. El 5 de junio, los campesinos HECTOR ENRIQUE ALZATE de 29 años y OTRO, fueron retenidos y asesinados por paramilitares en el corregimiento de Aguas Lindas. Cuando Héctor Enrique llegó a dicho caserío y se percató de la presencia de los paramilitares quienes salieron de la parte posterior de la cancha, se trasladó inmediatamente a la casa de una cuñada, en donde se encontró con su padre a quien le manifestó que no tenía consigo sus documentos de identificación, el padre le dijo: “¿…qué tiene?, ¿aquí no le están pidiendo papeles a nadie”. Posteriormente, Héctor Enrique salió y le dijo a uno de los paramilitares “oiga, ¿me da permiso de ir a la casa por los papeles?” quien le respondió: “nada, los papeles es para cargarlos en el bolsillo” y lo empujó a otro lado donde se encontraban otras personas que también habían retenido. De allí fue conducido junto con otro joven a la parte de arriba de la carretera, propinándoles varios disparos en sus extremidades y diferentes partes del cuerpo, destrozándolos completamente. Tras la retención y el traslado de Héctor Enrique y el otro joven, la comunidad se estaba organizando para reclamar por el respeto a la vida de los dos jóvenes, cuando uno de los paramilitares bajo y aviso que ya los habían asesinado.

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Tras lo sucedido, un amigo de Héctor Enrique se dispuso a realizar las gestiones para el sepelio en San Pablo, de regreso al corregimiento los paramilitares le aseguraron que a Héctor Enrique lo habían asesinado por encontrarse en compañía de guerrilleros, ante lo cual él les aseguró que lo conocía y que Héctor Enrique no era guerrillero a lo que le respondieron: “bueno pues el que se muere ya no molesta más…”. El cuerpo de Héctor Enrique fue sepultado en San Pablo y el del otro joven en dicho corregimiento. En Tiquisio, el 17 de junio de 2001 entre las 2 y 3 de la madrugada, llegaron a la vivienda de ROQUE EMILIO OSPINO de 46 años de edad y conductor de una chalupa, varios hombres solicitándole que los transportará, la victima se negó porque se encontraba enfermo, ante la negativa los hombres se identificaron como paramilitares y lo asesinaron. El 16 de julio de 2001, en horas de la madrugada, el periodista y presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y la Cultura de San Pablo, EDUARDO ESTRADA GUTIÉRREZ, fue asesinado paramilitares que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, quienes le dispararon cuando se dirigía hacia su casa con su esposa, en el barrio San Pablito de San Pablo. El periodista venía impulsando la puesta en marcha de una emisora comunitaria para el municipio y hacía parte del Consejo Territorial de Planeación de San Pablo, una instancia de participación ciudadana impulsada por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Consejo Nacional de Planeación. En otros municipios también se presentaron graves agresiones, como es el caso de la abogada ALMA ROSA JARAMILLO LAFOURIE de 45 años, quien fue desaparecida, torturada y asesinada por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quienes la retuvieron entre el 29 de junio y el 1 de julio de 2001, cuando se movilizaba en un bus hacia Simití. El cuerpo mutilado de la abogada fue encontrado en el corregimiento El Dique del municipio de Morales. Alma había sido Personera Municipal de Montecristo durante el año 1996; hasta junio de 2000 trabajó en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y al momento de su desaparición trabajaba como litigante. Caravana Internacional por la Vida A comienzos del 2001 las comunidades del sur de Bolívar fueron victimas de un fuerte bloqueo por parte de los grupos paramilitares, pues estos restringieron arbitraria y absurdamente el transporte de alimentos, medicamentos, entre otros elementos necesarios para el diario vivir de los habitantes. Producto de esta situación se organizó una Caravana Internacional por la Vida en el sur de Bolívar del 6 al 15 de agosto de 2001, con el fin de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades y de llevar una ayuda humanitaria con el fin de solidarizarse y mitigar en alguna medida el fuerte impacto del bloqueo. En el marco de este evento estos fueron los hallazgos de la comisión jurídica que participo de la caravana, en lo que se refiere a los mecanismos de impunidad107:

107 Lo que muestra a continuación es tomado de las notas del del equipo jurídico que participó en la Caravana Internacional por la Vida en el Sur de Bolívar

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1. Actores del conflicto

En las cabeceras municipales es constante la presencia de la policía nacional, la cual ejerce control en la zona de puerto sobre el río Magdalena cuando su ubicación es ribereña; el ejército nacional mantiene presencia rural, mantiene un intenso patrullaje sobre el río en operaciones conjuntas con la Armada Nacional y se instala ocasionalmente también en las cabeceras municipales. Las organizaciones paramilitares están en las cabeceras municipales y concentran su acción en el control de transporte de carga y pasajeros sobre el río y en las vías de acceso a la zona montañosa, con presencia visible en los puertos. La presencia guerrillera es evidente en la zona montañosa, donde se observan puestos de control de esas organizaciones con miembros armados y uniformados y avisos sobre campos minados. El narcotráfico constituye un importante factor en el conflicto toda vez que la producción de pasta de coca representa ingresos económicos para quien controle la zona y la promoción de los cultivos ocasiona desestímulo a la producción agropecuaria y mayor vulnerabilidad al desplazamiento forzoso de la población campesina. El paramilitarismo promueve una movilización social aparentemente de oposición al despeje para los diálogos con el E.L.N. pero su papel se concentra en ser fachada legal para ejercer presión sobre las administraciones locales y autoridades de todo tipo y en liderar una campaña de desprestigio contra las comunidades en resistencia, para que de paso se legitime la agresión y el cerco a que los paramilitares someten a éstas.

2. Víctimas.

La selección de las víctimas no tiene ningún patrón determinado aunque la razón que se esgrime es siempre la de supuestos vínculos con la guerrilla. Dentro de las personas asesinadas y desaparecidas se encuentran transportadores, comerciantes, arrieros, pescadores, mineros, líderes y miembros de las juntas comunales, raspachines, compradores de pasta de coca

3. Razón de la agresión.

Algunas agresiones obedecen al sólo hecho de habitar o relacionarse con las comunidades que tienen presencia guerrillera, se persigue a líderes de comunidades organizadas a cualquier persona que preste a éstas cualquier servicio; en algunos casos la agresión se utiliza contra cualquier persona como conducta ejemplificante y terrorífica o como simple impulso para que se reconozca su poder mediante la intimidación.

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También se actúa violentamente contra las personas o sus bienes para evadir el pago de deudas, cuando se sospecha de su incursión en la compra de pasta de coca o para apoderarse de sus bienes. En algunos casos la motivación se reduce a la intención de responsabilizar a guerrilla de sus actos como estrategia de deslegitimación.

4. Forma de proceder de los actores.

Los operativos contrainsurgentes se desarrollan con fuerzas conjuntas militares y paramilitares y habitantes de la zona afirman que incluso llevan brazaletes de ambas fuerzas o se componen como grupo mixto; en algunas oportunidades se efectúa un simple cambio de brazalete por parte de los miembros del Ejército Nacional o éstos se desplazan sin ningún distintivo para presentarse de manera diferente en su paso por las comunidades. Las víctimas son sacadas violentamente de sus domicilios o lugares públicos y ejecutadas allí mismo o llevadas para ser sacrificadas en otro lugar, incluso en las zonas urbanas que tienen fuerte presencia policial o militar. En algunos casos las personas son citadas a las bases paramilitares o en sitios públicos de las cabeceras municipales; también es frecuente tomar a sus víctimas en retenes o cuando se encuentran en las poblaciones realizando cualquier diligencia personal. Las acciones contra la población casi siempre se ejecutan mediante actos de barbarie tales como decapitaciones, mutilaciones y quemaduras con ácido; se busca la desfiguración de los cuerpos para impedir su identificación o los métodos de muerte lenta que prolonguen el sufrimiento de las víctimas. La práctica más frecuente consiste en arrojar los cuerpos al río e incluso se relató el lanzamiento de una persona desde un helicóptero en vuelo. En muchos casos las personas son sepultadas por sus propios victimarios en fosas hechas por habitantes que son obligados a ello y en otras oportunidades los cuerpos son arrojados en lugares con la prohibición de que sean recogidos y sepultados, incluso con amenaza de muerte para los familiares que desobedezcan la orden o denuncien el caso. La destrucción y saqueo de cultivos, enceres y corrales forma parte de los ataques contra la población; el ganado y los animales de corral son hurtados y consumidos e incluso sacrificados masivamente a la hora de retirarse del lugar. En los casos de campos minados por la guerrilla los agresores obligan a los campesinos a ingresar en ellos con varias mulas para recorrerlo en todas las direcciones posibles y cuando las fuerzas contrainsurgentes ingresan en terreno peligroso para su seguridad obligan a un grupo de campesinos a marchar delante de ellos como escudo humano.

5. Respuesta de las autoridades.

En los casos en que las víctimas o sus familiares van en busca de las autoridades para obtener su apoyo la respuesta ha sido evasiva o intimidatoria y casi siempre

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manifiestan ser impotentes para enfrentar el problema o sirven como intermediarios o mensajeros de los criminales. Algunas personas que acudieron ante la fiscalía y la personería fueron atendidas de manera informal y cuando excepcionalmente se les tomó denuncia legal se les aconsejó evitar hacer señalamientos directos y detallados, limitándose a recoger en ella datos generales e imprecisos; a pesar de que en algunos casos los denunciantes manifestaron tener conocimiento preciso sobre la identidad de los responsables las autoridades se abstuvieron de iniciar la investigación. En varios casos en que se acudió a la policía o a los alcaldes éstos tomaban contacto directo con los paramilitares y negociaban el tratamiento de las víctimas o la entrega de los cadáveres. En varios casos los familiares deben recoger a sus muertos en parajes apartados o en las orillas del río y transportarlos a veces de un municipio a otro y la inhumación se hace sin que medie levantamiento oficial del cadáver, dictamen médico – legal o registro civil de la defunción. Sobre el particular se supo que hay recodos del río en los que flotan los cadáveres o partes de cuerpos en los que los familiares de víctimas buscan y recogen sus duelos sin que sea posible la intervención de autoridad alguna.

6. Conclusión.

La impunidad en la zona obedece a una política ejecutada de manera sistemática y en ella participan las diferentes autoridades estatales (civiles y militares) y su esquema podríamos resumirlo así: - El encubrimiento de la responsabilidad de las fuerzas armadas se logra con

las tareas encubiertas y los operativos conjuntos que ejecutan con los grupos paramilitares.

- El ocultamiento de cadáveres mediante su desfiguración, destrozo, sumergimiento o inhumación clandestina, así como con la prohibición de recoger y sepultar los cuerpos.

- La práctica sistemática de desaparición forzada y las amenazas para que la comunidad se abstenga de denunciar el hecho.

- La actitud de intermediación o de impotencia asumida por las diferentes autoridades públicas, convertida en una nueva forma de intimidación para quien pretenda denunciar, en contravención del artículo 27 del C.P.P.

- La omisión cómplice de las autoridades locales que no realizan levantamiento de cadáveres en zonas próximas al área urbana ni adelantan investigación oficiosa por hechos de público conocimiento.

- La posibilidad de inhumar cuerpos por muerte violenta sin que se presente orden judicial, tal como lo dispone el artículo 79 del Decreto 1260 de 1970, acta de levantamiento, dictamen médico – legal ni registro de defunción.

- La falta de control sobre los registros en los cementerios pese a la disposición del artículo 86 del mismo Decreto.

Comunidades en Resistencia por la Vida

“No estamos alzados en guerra, estamos

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organizados en resistencia por la vida”108 La conformación de las comunidades en resistencia en el Sur de Bolívar ha sido un proceso largo que cruza toda su historia de constitución social. En esta región la ausencia de Estado ha sido evidente, lo que ha exigido de la población un esfuerzo gigantesco para poder acceder a niveles de bienestar y desarrollo que el Estado no ha brindado. La declaración pública ante el país Por más de 20 años los pobladores de la región se han organizado en acciones comunales, en comités mineros, en comités de mujeres, de tenderos y en asociaciones campesinas. Este movimiento de organización campesina y popular ha buscado darle firmeza al tejido social, para contribuir a la calidad de vida no sólo de las personas oriundas de estas tierras, sino para todos aquellos que llegan de otras regiones como consecuencia del desplazamiento. A través de muchas manifestaciones de lucha social, marchas, éxodos, tomas masivas de instituciones, entre otras iniciativas, le han planteado al Estado reivindicaciones sociales, económicas y políticas que han sido reiteradas en cada protesta y manifestación de los sureños. La respuesta del Estado a estas demandas, se ha plasmado en incontables acuerdos incumplidos, en el asesinato sistemático de sus líderes y de los pobladores, desplazamientos, quemas de bienes y cultivos, quema de caseríos, de poblados enteros, como en el caso de Vallecito, en el cerco alimenticio a la población y la implementación del paramilitarismo. Las comunidades en resistencia por la vida (CRV) son una iniciativa que han encontrando las comunidades de esta región para defender sus vidas e identidad campesina y mantenerse en sus tierras, asegurando la existencia de una comunidad territorial; agrupándose en caseríos, corregimientos y veredas se unen alrededor de objetivos que les permitan desarrollar su vida dignamente y defenderse de las agresiones del Estado y los paramilitares. Otros propósitos son:

i. La reconstrucción de viviendas y del entorno ambiental. ii. La recuperación de los medios de producción del campesinado y todos

los habitantes del territorio. iii. Educación para niños y jóvenes, salud y seguridad alimentaria para

todos, pues “como quien dice: para vivir por lo menos hay que comer, tener un poco de salud y desarrollar nuestros conocimientos sociales”.

iv. La denuncia de todo tipo de barbarie estatal y violaciones de derechos humanos, acompañada del mantenimiento de programas de desarrollo de derechos humanos.

v. El mantenimiento de una comunicación activa con la comunidad nacional e internacional para obtener acompañamiento en la solución de los problemas de región.

vi. Mantener unidas y cohesionadas a las familias para proteger a la comunidad de la falta de identidad cultural.

Las CRV señalan al Estado como el principal responsable de la destrucción social de las comunidades del Sur de Bolívar, por su abandono, ausencia económica y cultural,

108 Esta frase como la mayoría de los datos expuestos en este aparte sobre las CRV fueron tomados del comunicado: Comunidades en Resistencia del Sur de Bolívar. Vallecito, noviembre 22 de 2000.

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por la implementación de una política agraria injusta, y por imposibilitar el desarrollo autónomo de los pobladores de esta región, además de desconocer lo que tradicionalmente son y de descalificar sus procesos comunitarios, más bien condenándolos al exterminio109. Las iniciativas del Estado han sido encaminadas a la explotación irracional de los recursos naturales y a beneficiar intereses económicos poderosos, privando del disfrute de los mismos a los pobladores de la región y el resto de colombianos. Entre las exigencias de las CRV al Estado se encuentran el cese de la represión paraestatal, el castigo a los responsables de las desapariciones, asesinatos, masacres y torturas que se han cometido y que se difunda la verdad sobre estos crímenes, el fin del cerco alimenticio, que cese el señalamiento y satanización de los pobladores de la región de “ser guerrilleros”, y que se concrete un verdadero compromiso político con las comunidades en resistencia, y todas las formas organizativas de mineros, campesinos y sectores populares, en programas de inversión social y respeto a los derechos humanos en todo el Magdalena Medio. A pesar de que en reiteradas ocasiones los campesinos de las CRV declararon que “No somos comunidades armadas ni adelantamos ninguna guerra”, sino que más bien se organizaban para resistir los embates de la represión y abandono estatal, siguen siendo víctimas de sistemáticas agresiones y de señalamientos por parte del Estado, que “nos considera agua de un pez que quiere destruir”, ahondando en la desigualdad e injusticia social, en la negación de la participación política y la desatención de las reivindicaciones sociales de los pobladores del Sur de Bolívar. Tribunal Internacional de Opinión para el Sur de Bolívar110 El Tribunal Internacional de Opinión es uno de los instrumentos internacionales de justicia popular invocados por los habitantes del Sur de Bolívar que apuntó a juzgar los CLH llevados a cabo en esta región, el cual sesionó en París (Francia) el 28 y 29 de noviembre de 2003. La ausencia de sanción a los agentes estatales y paraestatales violadores de derechos humanos hace que los pueblos generen otros mecanismos para resistirse al olvido e impunidad de los crímenes que afectan la humanidad. Los pueblos recurren entonces a lo que tradicionalmente ha constituido su fuerza: la solidaridad. De esta manera, acuden a la conciencia de la humanidad para defender la dignidad y la causa de los pueblos, denunciando públicamente las afrentas recibidas que por su carácter hieren a la humanidad en su conjunto. Este Tribunal se constituyó por la denuncia presentada por las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares agrupadas bajo la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, la Mesa Regional del Magdalena Medio, la Campaña Permanente contra la Impunidad “Colombia Clama Justicia” y La Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia. 109 En la mayoría de los comunicados emitidos por las comunidades del Sur de Bolívar se hace exige el respeto a sus derechos humanos integrales, esto quiere decir que allí los derechos humanos son concebidos integralmente y constituyen las garantías necesarias para el disfrute de una vida digna, en la que se reconozcan los derechos civiles y políticos y se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales, colectivos y del medio ambiente en el mismo nivel de importancia y desarrollo. 110 La mayoría de la información presentada en este aparte fue tomada de diferentes publicaciones hechas por la Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar.

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El Tribunal tuvo la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas en esta región entre 1996 y 1999. Sin embargo, fueron seis los casos tipo en los que se trató la responsabilidad estatal. Al finalizar el Tribunal, se pudieron comprobar múltiples masacres, asesinatos, detenciones y desapariciones forzadas, torturas, amenazas, lesiones, allanamientos sin orden judicial, destrucción de cultivos, desplazamientos forzosos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población. Todos estos hechos respaldados y corroborados a través de testimonios, peritajes y evidencias documentales. También se demostró que el terrorismo de estado es el mecanismo utilizado en esta región para desarticular y aniquilar las organizaciones comunitarias que han exigido históricamente el respeto de sus derechos fundamentales. Casos Tipo Tribunal de Opinión Sur de Bolívar

Contexto Regional Casos Tipo Lugar y Fecha 1. Incursión paramilitar Masacre de 8

pobladores Municipio de Morales, Corregimiento de Bodega Central. Marzo 21 de 1996

2. Acuerdos gobierno de Ernesto Samper municipio de San Pablo. Septiembre de 1996

Masacre de 11 pobladores

Municipio de Tiquisio. Marzo 28 de 1997

3. Incursión paramilitar Asesinato de Juan Camacho

Municipio de Río Viejo Abril 25 de 1997

4. Retorno de los desplazados (acuerdos gobierno de Andrés Pastrana)

Masacre y mutilación de Oscar Danilo Zais Peña, Meider Jose García Castillo, Valdirris Chamorro.

Municipio de San Pablo. Octubre 30 de 1998.

5. Incursión paramilitar luego del Retorno

Masacre de 15 pobladores de San Pablo

Municipio de San Pablo. Enero 8 de 1999.

6. Posterior al Retorno de los desplazados

Desaparición forzada líder campesino y defensor de derechos humanos Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes.

Municipio de San Pablo. Noviembre 28 de 1999.

Como resultado de esta experiencia se corroboró que el Gobierno y las autoridades civiles y militares tenían la responsabilidad en estas violaciones. En el encuentro participaron los representantes de diversas agencias del gobierno de Estados Unidos, como la agencia Central de Inteligencia, entidades civiles y militares

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estadounidenses, así como varios gobiernos europeos. El Tribunal Internacional de Opinión sobre el caso Sur de Bolívar alentó a llevar los hechos denunciados ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados. Finalmente, es claro que la obligatoriedad del fallo del Tribunal no es vinculante, sino que su fuerza es moral, pero se constituyó en un llamado a la opinión pública internacional para poner un alto a la violación de los derechos humanos y su impunidad. No obstante, la eficacia de estos mecanismos se evalúa en los siguientes planos:

En las alternativas de búsqueda de justicia a quienes se oponen a los crímenes de lesa humanidad.

En la legitimación fundamental de las aspiraciones universales compartidas por la mayoría de los seres humanos.

En el aporte que da a la evolución del derecho internacional. En el apoyo moral a las víctimas de los derechos humanos. En la sanción moral y la deslegitimación de los victimarios, sean personas

o estados. En el aporte a la reparación del daño causado a las víctimas