Presentan diagnóstico del sistema de justicia penal en Sonora.

Hermosillo, Sonora, 12 de junio de 2007.- Como parte del proceso de reforma al sistema de justicia penal en Sonora, hoy se presentó ante diputados de la LVIII Legislatura un diagnóstico de la situación actual y un resumen general de los foros temáticos realizados en el Estado.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez resaltó la importancia del proceso iniciado por el Congreso del Estado para lograr mayores avances mediante la implementación de un nuevo modelo que representa mejoras en lo administrativo, procuración de justicia y defensoría de oficio, por mencionar algunos aspectos. Acosta Gutiérrez, en reunión pública de la Primera y Segunda Comisión de Gobernación, habló de la necesidad de lograr un pacto por la justicia en Sonora, junto a los demás poderes y la participación ciudadana, y que al interior

del Congreso del Estado se materialice como un solo tema que representa las diferentes iniciativas en esta materia. En el evento celebrado esta tarde en la sala de comisiones, el doctor Raúl Guillen y el maestro Roberto Fernández Medina, coordinador del Doctorado en Derecho de la Universidad de Sonora y especialista en el tema procesal acusatorio, respectivamente, presentaron el diagnóstico del sistema de justicia penal cuyo objetivo principal fue analizar la estructura del sistema procesal y su funcionamiento.

Asimismo, abordaron los aspectos del respeto a las garantías individuales tanto de la víctima u ofendido como del

indiciado; la actividad de defensa y del ministerio público; la identificación de las pruebas decisivas consideradas por el juez al dictar sentencia y el uso de la presión preventiva. Guillen explicó que se tomó una muestra de 20 casos de un juzgado penal en Hermosillo, 10 con sede en Obregón y 10 en un juzgado de Nogales. No se solicitó a los juzgadores un número específico ni la causa se instruyera por algún tipo penal determinado.

Entre las principales conclusiones está que el desempeño de la defensa no se realiza de forma apropiada en la etapa de averiguación cuando se nombra como defensor a una persona de confianza pero carece de formación profesional. Además, es inexistente el derecho de ofrecer pruebas por parte del indiciado en la etapa de averiguación previa cuando el ministerio público integra la averiguación previa. Es evidente la inactividad del ministerio público durante el periodo de instrucción, otro de los puntos señalados se refiere a la necesidad de que las pruebas sean desahogadas ante el juez no al ministerio público.

Acosta Gutiérrez dio a conocer que los integrantes de las comisiones encargadas de este asunto iniciarán ahora el proceso de análisis del diagnóstico y los resultados de los seis foros de consulta realizados de marzo a mayo en el estado. Inicia el trabajo de redacción para una reforma integral mediante la suma de voluntades al estar ciertos que el estado requiere para una mejor y más expedita impartición de justicia, resaltó el presidente de la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El diputado Carlos Amaya Rivera, presidente de la Segunda Comisión de Gobernación reconoció que este proceso tendrá un costo pero que es necesario enfrentar para mejorar el actual sistema de

justicia. Es grave que tengamos tanta gente en la cárcel que a veces resultan inocentes y no estén encerrados a los delincuentes peligrosos porque se siguen cometiendo ilícitos; además que las víctimas no reciben los beneficios de la justicia en ocasiones, abundó Por su parte, Daniel Nuñez Santos, Director Jurídico del Congreso del Estado, presentó un resumen de las actividades realizadas en los ocho foros de consulta en donde intervinieron 227 ciudadanos con 129 propuestas, de estas 29 corresponden al tema averiguación previa, 44 al proceso de primera instancia, 20 al de segunda instancia y 36 al juicio de amparo.

En la reunión estuvieron presentes los secretarios de ambas comisiones, los diputados Florencio Díaz Armenta, Fernando Morales Flores, José Salomé Tello Magos, Juan Manuel Sauceda Morales, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Irma Dolores Romo Salazar, Irma Villalobos Rascón y Reynaldo Millán Cota. Además, los legisladores Gui llermo Peña Enríquez y José Luis Marcos León Perea.