Revista Mexicana de Sociología 76 Núm. 3 (julio-septiembre, 2014)

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UNIVERSIDAD N  ACIONAL  A UTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES MÉXICO, 2014 R EVISTA  MEXICANA  DE SOCIOLOGÍA  Año 76, núm. 3 (julio-septiembre, 2014)

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UNIVERSIDAD N ACIONAL A UTÓNOMA DE MÉXICOINSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

MÉXICO, 2014

R EVISTA  MEXICANA  DE 

SOCIOLOGÍA  Año 76, núm. 3 (julio-septiembre, 2014)

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REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA 

CD 301/R LC H8/R 

Revista Mexicana de Sociología / ed. por el Instituto de InvestigacionesSociales.-- vol. 1 no. 1 (marzo 1939- ).-- México:Universidad Nacional Autónoma de México, IIS, 1939-v-.TrimestralISSN: 0188-2503

Publicación trimestral del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, incorporada al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica yTecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a los siguientes índices, resú-menes y bases de datos:Fuentes que indizan la revista: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades(CLASE); CSA  Worldwide Political Science Abstracts; Dialnet; Google Scholar; Handbook of Latin

 American Studies (HLAS); Hispanic American Periodicals Index (HAPI); Índice de Revistas de Edu-cación Superior e Investigación Educativa (IRESIE); Internationale Bibliographie der Geistes-und So-zialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts; Scopus(2011- ); Thomson Reuters Master Journal List (2013); Scielo Citation Index.Directorios donde se encuentra la revista: Directory of Open Access Journals (DOAJ); Sistema Re-gional de Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Por-tugal (Latindex); Ulrich’s Periodical Directory.Fuentes que incluyen el texto completo de la revista:  JSTOR ; E-Journal; Redalyc (Red de RevistasCientíficas de América Latina y el Caribe); Scielo (Scientific Electronic Library Online); Portal deRevistas Científicas y Arbitradas de la UNAM.

D. R. © 2014, UNIVERSIDAD N ACIONAL A UTÓNOMA  DE MÉXICOINSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

Revista editada, impresa y manufacturada en México.ISSN: 0188-2503

Fundador: Lucio Mendieta y NúñezDirectora: Matilde Luna Ledesma

Editora asistente: Rosalba Carrillo Fuentes correo-e:<[email protected]>

Teléfono: 5622-7354 Jefa del Departamento de Publicaciones: Berenise Hernández Alanís

Cuidado de la edición: David Monroy GómezFormación de textos y gráficos: Angélica Nava Ferruzca

Portada: Cynthia Trigos Suzán Página web: <http://www.iis.unam.mx>

Certificado de licitud de título: 5547; certificado de licitud de contenido: 4292, expedidosel 8 de febrero de 1991. Reserva de derechos al uso exclusivo: 04-2006-020916530400-102,otorgada al 9 de febrero de 2014. Tiraje: 750 ejemplares. Se terminó de imprimir en juniode 2014. Imprenta: Formación Gráf ica, S.A. de C.V., Matamoros 112, Colonia Raúl Romero,C.P. 57630, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.Se prohíbe la reproducción total o parcial de los artículos de esta revista por cualquier medio(sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación u otros métodos) sin la autorizaciónprevia y por escrito del titular de los derechos de autor.

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Contenido

Perfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

 Profile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Chiapas: cambio social, migración y curso de vidaChiapas: social change, migration and life course

GERMÁN M ARTÍNEZ V ELASCO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347-382

La nacionalización de la Academia de Bellas Artesde Buenos Aires (1905-1907)

The nationalization of the Academia de Bellas Artes in Buenos Aires (1905-1907)

M ATÍAS I. Z ARLENGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383-411

 Análisis Cualitativo Comparado: las decisionesde la Suprema Corte contra el Ejecutivo en México

Qualitative Comparative Analysis: Supreme Court’s decisions against the president in Mexico 

 JOSAFAT CORTEZ S ALINAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 3 - 4 3 9

De pueblo a sociedad civil: el discurso políticodespués del sismo de 1985

 From people to civil society: political discourse after the 1985 earthquake

 A LEJANDRA  LEAL M ARTÍNEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 1 - 4 6 9

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La deliberación como mecanismo de control democrático:precisiones analíticas y cuestiones emergentes

 Deliberation as a mechanism for democratic control:

 analytical precisions and emerging issues A LEJANDRO MONSIVÁIS C ARRILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471-499

RESEÑAS

Ignacio Chávez de la Lama. La madre de todas las “huelgas”. La UNAM en 1966 (México: Universidad Autónomade Nuevo León, 2011), 176 pp.

M ARCOS CUEVA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501-505

 Alicia Ziccardi (coordinadora). Ciudades del 2010:entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social(México: Universidad Nacional Autónomade México-Coordinación de Humanidades-Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad,2012), 1109 pp.

ÓSCAR  TORRES A RROYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 5 - 5 0 9

Francisco Torres. La inserción de los inmigrantes. Luces y sombras de un proceso (Madrid:Talasa Ediciones, 2011), 297 pp.

LUIS ESCALA  R  ABADÁN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510-513

NORMAS EDITORIALES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515-521

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Perfil

La Revista Mexicana de Sociología, fundada en 1939, es la más antigua desu género y una de las más reconocidas en América Latina por su calidadacadémica. A través de su historia y de su publicación ininterrumpida, ha

reflejado tanto los cambios ocurridos en el desarrollo teórico y empíricode la sociología a lo largo de más de siete décadas, como los problemassociales más sobresalientes de cada época.

Con el propósito fundamental de difundir el conocimiento y promoverel debate académico, la revista ha tenido diferentes etapas. Actualmente,con un carácter internacional y con una periodicidad trimestral, publicatrabajos originales, que son resultado de investigación y que contribuyenal avance del conocimiento en la sociología en todos sus campos y temas,así como al abordaje sociológico en interacción con otras disciplinas y

otras ciencias sociales que la enriquecen.Incluye artículos que contribuyen al desarrollo teórico, a la innovaciónmetodológica o al avance de la comprensión de los procesos sociales dedistintos países y regiones, privilegiando siempre la calidad y el rigoracadémicos.

Su principal público lector es la comunidad de ciencias sociales dehabla hispana, entre la cual goza de prestigio y reconocimiento.

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Profile

The Revista Mexicana de Sociología, founded in 1939, is the oldest of itskind and one of the most renowned in Latin America for its academicquality. Its uninterrupted publication throughout its history reflects both

the changes in the theoretical and empirical development of sociologyin over seven decades and the most outstanding social problems of eachperiod.

 With the aim of disseminating knowledge and promoting academicdebate, the journal has gone through various stages. At present, as an inter-national, quarterly publication, it publishes original papers that are the resultof research and contribute to the advancement of knowledge in sociology, inall fields and issues and to the sociological approach in its interaction withother disciplines and social sciences that enrich it. It includes articles that

contribute to theoretical development, methodological innovation and theadvancement of the understanding of the social processes of various countriesand regions, always emphasizing academic quality and rigor.

Its main reading public is the Spanish-speaking community of socialsciences among which it enjoys prestige and recognition.

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 Palabras clave: migración, socialización, estructura de opciones, trayectorias individuales, tiemposocial.

 Key words: migration, socialization, options structure, individual trajectories, social time.

El presente texto expone la reciente trayectoria social de la pobla-ción trabajadora de Chiapas, para comprender el papel pujanteque en los últimos tiempos ha tenido la migración de dicho estado

en la escenografía internacional. La tesis fundamental consiste en que lapoblación chiapaneca sólo se insertó en un proceso de mayor envergadu-ra, la migración internacional a Estados Unidos, cuando el tiempo y elcambio social lo permitieron, no antes, aunque las condiciones socialeshubieran sido de mayores carencias e insatisfacción. La evidencia que

* Artículo con Mención Honorífica en el Premio Iberoamericano en Ciencias Socia-les, séptima edición.

** Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Investigadortitular en El Colegio de la Frontera Sur. Tema de especialización: migraciones en laFrontera Sur. Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, Barrio de María Auxiliadora,29290, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Chiapas: cambio social, migración y curso de vida*

GERMÁN M ARTÍNEZ V ELASCO**

Resumen: Ante la fuerza que recientemente hacobrado la emigración chiapaneca a EstadosUnidos, el presente artículo analiza los factores que impidieron que los chiapanecos se inserta- ran en la corriente migratoria de las primeras décadas del siglo pasado. Para ello, analiza suestructura social y su dialéctica histórica, enri- quecida con el enfoque del curso de vida, cuyavirtud consiste en permitir la intersección deltiempo del individuo con los tiempos del devenir social. Desde esta perspectiva, el entendimiento de la dinámica de la migración chiapaneca su- pera la visión económica.

D. R. © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología 76,núm. 3 (julio-septiembre, 2014): 347-382. México, D.F. ISSN: 0188-2503 /14/07603-01.

 Abstract: Given the recent increase in mi- gration from Chiapas to the U.S., this paper analyzes the factors that prevented Chiapas re- sidents from being incorporated into the migra-tion flows of the early 20th century. To this end, it analyzes Chiapas’ social structure and histo- rical dialectic; this analysis is enhanced by thelife course approach, which has the advantageof revealing the intersection of the time of the individual and the time of social change. Fromthis perspective, understanding the dynamics ofChiapas migration goes beyond a purely econo- mic approach.

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sostiene tal tesis encuentra su base en los cambios de las estructuras so-ciales, demográficas y políticas en Chiapas, sin menoscabo de lo ocurridoen el ámbito económico.

El análisis del fenómeno de la migración en Chiapas necesariamenteimplica dilucidar sus atributos sociohistóricos, que han convertido a laentidad en una de las más estudiadas. Las propiedades de su base socialha despertado el interés académico desde los ámbitos histórico, antropo-lógico, socioeconómico, político y sociodemográfico. Los procesos prove-nientes de su estructura interna —de larga data y otros de reciente ex-presión— han procreado un Chiapas prismático, móvil y versátil, queha visto modificados sus paisajes sociales: rurales, étnicos, urbanos ydemográficos, con las consecuentes implicaciones en las esferas laboral

 y política.Este texto abreva en ideas clásicas y contemporáneas de vocaciónsociológica, cuyo valor heurístico permitirá explicar un proceso de mo-dernización tardía, manifiesta en una inserción demorada de la migraciónchiapaneca en el mercado laboral de Estados Unidos.

El modelo teórico de explicación se ha construido con base en lanaturaleza misma del cambio social en Chiapas y sus correspondientes tra- yectorias migratorias, por lo que vale mencionar que esa razón epistémicase erige en el faro teórico que guía e ilumina el objeto de explicación.Con ello, se establece una distancia respecto del catálogo de artefactosteóricos ya construidos sobre migración, que sin duda también tienen susrespectivos valores heurísticos, pero que pudieran estar acordes con otrasrealidades, no necesariamente con la chiapaneca. En consecuencia, estemodelo tampoco se postula como el formato que pueda explicar otroscontextos distintos a los de la entidad en cuestión.

La lógica de argumentación se divide en cuatro secciones: en la pri-mera se exponen brevemente los principios teóricos-epistemológicos;en la segunda están los referentes primordiales de la historia reciente enChiapas, con énfasis en el cambio social, basado en información primaria y secundaria, cuantitativa y cualitativa, y sus expresiones en las trayecto-rias migratorias; en la tercera se establecen las transiciones individualesque, junto con el capítulo previo, constituyen la base para explicar lamigración internacional; la cuarta sección consiste en una interpretaciónteórica.

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349CHIAPAS: CAMBIO SOCIAL, MIGRACIÓN  Y CURSO DE  VIDA 

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PRINCIPIOS TEÓRICOS

Este apartado se centra en exponer una lógica de razonamiento que

facilite establecer las bases conceptuales para encuadrar el objeto deexplicación, consistente en la comprensión de un proceso de insercióntardía de la población chiapaneca en la migración internacional. Existela necesidad de hacer una breve exposición de la dimensión epistémicade construcción y apreciación del objeto de estudio, y recurrir a autoresclave que ilustren la perspectiva de pensamiento.

En primer lugar, se parte de superar la conceptualización de la mi-gración, yendo más allá del puro evento demográfico, que técnicamenteconsiste en el desplazamiento de un lugar a otro, cruzando límites mu-nicipales, estatales o internacionales,1 para concebirla como la revelaciónde las condiciones sociales de existencia del lugar donde los individuos seencuentran insertos y que, en ese marco, ejecutan el acto migratorio. Esteprincipio concibe la migración como un proceso social, con un atributode síntesis social, lo que la convierte en un campo observable. Al con-cebir así el acto migratorio, de manera inherente se le atribuye un carác-ter, además de procesual, existencial. Por lo tanto, se concibe el hechomigratorio como la intersección de condiciones sociales diacrónicas ysincrónicas en un espacio social determinado. La migración, como hechoexistencial, asume así la misma condición de otros eventos demográficos,como el nacimiento o la muerte, tal como fueron concebidos por Álvaro Vieira Pinto:

 Al discutir la naturaleza de la ciencia demográfica, la concebimos, filosófi-camente, como una ciencia antropológica-existencial […]. Los hechos de-mográficos habituales sólo tienen realidad cuando se refieren al hombrecomo ser, al cual hay que atribuirle la dignidad superior de existente (VieiraPinto, 1982: 235).

En el ámbito metodológico, el mismo autor menciona lo indirecto de larelación establecida de los factores sociales y económicos con la esferademográfica, pues ocurre mediante la existencia del individuo ( Ibid.), es de-cir, mediante otras representaciones sociales. A esto, Hugo Zemelman

1 Por su duración, convencionalmente se le ha llamado definitiva, temporal, pendu-lar, circular, etcétera.

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(1982) lo llamaría mediaciones2 y para Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant(1995) significaría “pensar en términos relacionales”.

Entendida entonces la migración como un acto existencial, se pasa a

considerar las relaciones sociales como las que detonan, facilitan o inhibenla generación de prácticas de existencia. Para ello, se recuperan nocionesfundamentales provenientes de Adam Przeworsky, quien señala:

Si la gente en su vida diaria, al perpetuar sus existencia biológica, procrearla vida y “hacer historia”, expresa las condiciones sociales de su existencia,debe haber algún mecanismo social por medio del cual las relaciones socia-les se expresan en la conducta individual y colectiva (Przeworsky, 1982: 61).

Puede afirmarse que en tanto el migrante ejecuta un acto de existencia,

al tiempo que es en sí mismo un portador de relaciones sociales que lodeterminan, personifica también el acontecer histórico, que en el caso deChiapas hace posible comprender por qué existía un perfil de migrante aprincipios del siglo pasado que era distinto al del migrante del presentemilenio.

Los mecanismos a los que Przeworsky se refiere consisten, en parte,en el “juego” que a los individuos se les presenta objetivamente, quienesse ven forzados a jugarlo; “las relaciones sociales son dadas así a los in-dividuos como condiciones objetivas de opción. Son independientes de

la voluntad individual porque se heredan como consecuencia de accionesanteriores” (Przeworsky, 1982: 73), o derivadas de las propias estructu-ras sociales. El autor aclara que esto no implica que las relaciones socialessean inmutables, ya que “las acciones de múltiples actores sociales tienenconsecuencias para el estado de la sociedad”.

Para comprender mejor este enunciado, es necesario acudir a lanoción de estructura de opciones, entendida como los mecanismos dereproducción social mediante los cuales los distintos grupos sociales seencuentran expuestos. Dichos mecanismos se presentan de manera di-

ferenciada según la posición que socialmente se ostente. Dependiendode la posición que se ocupe será el tipo de estructura de opciones quese tenga:

2 Zemelman dice al respecto que a través de las mediaciones se pretende conservarla riqueza de las determinaciones entre los diferentes fenómenos histórico-sociales. Estariqueza se pierde cada vez que el razonamiento es reducido a establecer relaciones direc-tas y mecánicas y se simplifican, para mayor claridad, las múltiples transiciones a travésde las cuales se produce el proceso de concreción y de relación entre los fenómenos dela realidad (Zemelman, 1982: 103).

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En síntesis, podemos considerar que las prácticas de los individuos estándeterminadas por una estructura de opciones impuesta, que constriñesus prácticas en cada circunstancia histórica.

El entorno histórico presente en el desarrollo de los procesos deestructuración de opciones es lo que llamamos tiempo social. La com-prensión de los mecanismos que hacen posible articular el tiempo socialcon los tiempos individuales está referida a los conceptos de socializacióne internalización.

“Los individuos se convierten en depositarios de relaciones sociales,las reproduzcan o no en su totalidad. De alguna manera la sociedad se vuelve interna para los individuos que realizan esa sociedad interiorizadaen sus acciones” (Przeworsky, 1982: 66). En el primer paso, asociado tí-

picamente con el proceso de “socialización”, los individuos adquieren lasactitudes, conceptualizadas como estados de ánimo o predisposiciones ala acción, que llevan en su interior por toda una variedad de condicionessociales. En el segundo paso, llevan a la acción esos patrones de conductainteriorizados. Por ejemplo: “la modernidad es una ‘actitud’ [...]: es unpatrón interiorizado de predisposiciones a una amplia gama de conduc-tas, incluyendo la conducta reproductiva” (Przeworsky, 1982: 67).

Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1986) ofrecen una extensiónmás de las nociones de socialización e internalización. Plantean que elindividuo no nace como miembro de una sociedad, sino con una predis-posición hacia la socialidad, y luego llega a ser miembro de una sociedad.En la vida de todo individuo existe verdaderamente una secuencia tempo-ral, en cuyo curso es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad.La internalización “constituye la base, primero, para la comprensión delos semejantes y, segundo, para la aprehensión del mundo en cuantorealidad significativa y social”. Solamente cuando el individuo ha llegadoa este grado de internalización puede considerársele miembro de la so-ciedad. El proceso ontogenético por el cual esto se realiza se denominasocialización, y puede definirse como la inducción amplia y coherentede un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector deésta. Dichos autores señalan que la socialización primaria es la que elindividuo atraviesa en la niñez, y por medio de ella se convierte enmiembro de la sociedad. La socialización secundaria es cualquier procesoposterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores delmundo objetivo de su sociedad (Berger y Luckmann, 1986: 166). Losindividuos seleccionan aspectos del mundo según la situación que ocupandentro de la estructura social y también en virtud de sus idiosincrasias

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individuales, biográficamente arraigadas. De esa manera, el niño de clasebaja no sólo absorbe el mundo social en una perspectiva de clase baja,sino que lo absorbe con la coloración idiosincrática que le han dado sus

padres (Berger y Luckmann, 1986: 167).También señalan que “el niño no internaliza el mundo de sus otrossignificantes como uno de los tantos mundos posibles: lo internalizacomo el mundo, el único que existe y que se puede concebir, el mundotout court” (Berger y Luckmann, 1986: 171). La socialización primariacomporta secuencias de aprendizaje socialmente definidas. A la edad A elniño debe aprender X, y a la edad B debe aprender Y, y así sucesivamente.En síntesis, en relación con la socialización y la internalización, podemoscomentar que es a través de estos conceptos que los individuos construyen

 valores y normas de conductas, acordes con el tiempo social que les hatocado vivir, y que comparten, producen y reproducen expectativas de vida, limitadas por la estructura de opciones. Así, un individuo, cuandollegue a la edad X, tendrá la opción de trabajar en tal o cual empleoacorde con su condición social, según su estructura de motivaciones.

Para comprender más las estructuras de opciones y motivaciones, y surelación con el tiempo social, introducimos la noción de curso de vida,perspectiva teórica-metodológica que nos permitirá ahondar en la com-prensión de las mencionadas estructuras y su relación con el individuo,la familia y el entorno social. Los principios de tal perspectiva son:

• El desarrollo de la vida (longlife) como un proceso del desarrollohumano multidimensional.

• Tiempo histórico y espacio como las dimensiones en que el acon-tecer humano se desarrolla.

• La acción social como la  human agency en que los individuos des-pliegan determinados cursos de acción en función de sus oportunidades y restricciones de sus contextos.

• La interacción social como el medio por el cual los individuos se

 vinculan de manera interdependiente (linked lives) y ejercen accionesrecíprocas en sus ámbitos y entornos.

• El tiempo individual o la biografía, constreñida por las estructuras y los procesos históricos, culturales, económicos y sociales (tiempo histó-rico) y que determinan el timing de la gente. Como estructura, tambiéntenemos la de la familia, lo que supone considerar un tiempo familiar(Elder, 1988, 1995).

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De acuerdo con Rodolfo Tuirán Gutiérrez (1998), algunas de las premisasbásicas de este enfoque son: 1) pone de manifiesto que el curso de vidaes un proceso compuesto por un entretejido de complejos dinamismos;

2) reconoce las relaciones recíprocas entre el individuo y el entorno ins-titucional y social; 3) recupera la historia de los individuos, sus motivos y elecciones personales, y sitúa estos elementos en el centro del análisis;4) cuestiona los modelos estáticos, enfatizando la enorme “plasticidadhumana” y la capacidad que tienen los individuos para modificar suscomportamientos.

Tanto Glen Elder (1998) como Tamara Hareven (1977), destacadosimpulsores de dicha perspectiva, ponen en el centro del análisis la com-pleja interacción de las trayectorias individuales, las familiares y el cambio

social. En palabras de Hareven:La perspectiva del curso de vida explora la sincronización entre el tiempoindividual, el tiempo familiar y el tiempo histórico, buscando integrar lospolos de las dicotomías clásicas, por ejemplo, estructura y acción, biografíae historia y procesos del nivel micro y macro (Hareven, 1977).

En este sentido, Tuirán Gutiérrez (1998) concluye que dicha perspectivaofrece el potencial para conectar el desarrollo individual y familiar conlas grandes estructuras y procesos macrosociales, cada uno operado en

su propio marco temporal (tiempo histórico).El conjunto de proposiciones teóricas que integran esta sección secompone, entonces, de un entramado de conceptos articulados que hacenposible construir un discurso argumentativo en torno a los grandes pro-cesos sociales ocurridos en Chiapas, que han venido configurando unproceso de migración tardía a Estados Unidos.

CHIAPAS, TIEMPO SOCIAL  Y TRAYECTORIAS DE MIGRACIÓN

Un pasaje literario ad hoc es el relato autobiográfico del indio chamula Juan Pérez Jolote, descrito en Chiapas a mediados del siglo pasado porel antropólogo mexicano Ricardo Pozas:

Me llamo Juan Pérez Jolote. Lo de Juan, porque mi madre me parió eldía de la fiesta de San Juan, patrón del pueblo. Soy Pérez Jolote porqueasí se nombraba a mi padre. Yo no sé cómo hicieron los antiguos, nuestros“tatas”, para ponerle a la gente nombres de animales. A mí me tocó el deguajolote.

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Conocí la tierra de cerquita, porque desde muy pequeño me llevaba mipadre a quebrarla3 para la siembra. Me colocaban en medio de mi padre

 y mi madre cuando trabajaban juntos en la milpa. Era yo tan tierno queapenas podía con el azadón. Estaba tan seca y tan dura la tierra, que miscanillas se doblaban y no podía yo romper los terrones. Esto embravecía ami padre, y me golpeaba con el cañón del azadón, y me decía:

—¡Cabrón, hasta cuándo te vas a enseñar a trabajar! (Pozas, 1959: 16).

En contraste, también por esas fechas, la escritora chiapaneca RosarioCastellanos (1957: 15) narraba lo siguiente en su novela  Balún Canán:

Mi padre recibe a los indios, recostado en la hamaca del corredor. Ellos seaproximan, uno por uno, y le ofrecen la frente para que la toque con lostres dedos mayores de la mano derecha. Después vuelven a la distancia quese les ha marcado. Mi padre conversa con ellos de los asuntos de la finca.Sabe su lengua y sus modos. Ellos contestan con monosílabos respetuosos yríen brevemente cuando es necesario (Castellanos, 1957: 15).

Dos mundos existentes en Chiapas, dos atmósferas sociales trenzadas pornecesidades mutuas: unos hombres carentes de recursos más allá de susescuálidas tierras y abundantes manos para trabajar, y otros, señores dela tierra, necesitados de manos para el cabal aprovechamiento de ésta.

Para los propósitos de esta sección, los dos relatos anteriores exhiben

cualidades sociales que permiten leerlos, desde una visión conceptual,como dos figuras sociales en plena interacción, trama de relaciones so-ciales marcadas por su tiempo histórico, personificadas en: a) el indio yb) el finquero; más aún, dos economías polarizadas y complementarias:c) una economía de sobrevivencia campesino-indígena en situacióncarente de recursos, frente a d) una ostentosa acumulación de recursosagrarios; en su interacción, habrían de generar e) una asimetría de poder,no solamente económica, sino también f) simbólica, y sus implicacionesen su g) correlación de fuerzas en el ámbito político.

Era la década de los años cincuenta del siglo pasado, habiendo trans-currido entre 30 y 40 años del pasaje revolucionario mexicano, y a unos10 años de haber concluido el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas y su sonada reforma agraria nacional.

 Ya otros autores han mencionado que en Chiapas pasó inadvertidala Revolución mexicana, y en cambio hubo contrarrevoluciones encabe-zadas por las élites agrarias teniendo como batallones a sus poblaciones

3 Arar a mano la tierra. Cuando se hace con tractor se llama barbecho.

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campesino-indígenas, muchos de los habitantes todavía en calidad depeones acasillados (García de León, 1985, Benjamin, 1995).

Según Antonio García de León (2002: 42), “la estructura agraria del

Porfiriato en Chiapas […] se hallaba bastante preservada hasta 1940”.Después de estos años se realizó un reparto poco efectivo, pero eficiente y complaciente con los grupos de poder local, como lo prueba el hechode que se desviaran las demandas de tierras mediante la colonización dela Selva Lacandona entre 1960 y 1970; según el mismo autor, el repartodespués de 1970 se dio en función de las demandas campesinas.

En otros entornos sociales de México, o tiempos sociales en distintosespacios de la vida mexicana, otros procesos detonaban, como los delos vecinos oaxaqueños que, enrolados en el Programa Bracero desde

principios de 1940,configuraban desde entonces su inserción laboral enEstados Unidos. Dos estados similares, antes como ahora con ampliascapas indígenas, compartiendo vecindad e indicadores de marginaciónpero, como veremos, de distintas características migratorias.

Como puede apreciarse en la gráfica 1, desde principios de los añosrevolucionarios en México los oaxaqueños figuraban con preponderanciaen el índice per cápita de tierra distribuida. Con excepción del periodode 1915-1934, cuando el reparto oaxaqueño fue menor al de Chiapas, de1935 a 1958 la población oaxaqueña superó en mucho a su contrapartechiapaneca.

GRÁFICA  1MÉXICO-CHIAPAS-O AXACA : TIERRA  DISTRIBUIDA  PER  CÁPITA , 1990-1992

Fuente: INEGI, 2009.

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Después, una vez que la tierra en Oaxaca se había repartido casi toda, elreparto disminuyó (con excepción de 1971-1976); en cambio, aumentóen Chiapas.

 Además, si observamos los subperiodos de 1983-1988 y 1989-1992,Oaxaca casi desaparece del reparto agrario, mientras que Chiapas semantenía preponderante, lo que significa, por una parte, que ese pro-ceso agrario había ya concluido técnica y políticamente en Oaxaca, entanto que en Chiapas se constituía en la agenda agraria de la poblacióncampesino-indígena. Finalmente, si se compara con la media nacional dela misma gráfica, sin duda alguna en Chiapas la intensidad del repartoagrario fue significativamente menor, con un despunte en el periodo de1959-1964, mientras que a nivel nacional la tendencia había descendido

temporalmente, para luego tomar nuevos bríos entre 1965-1970, y porúltimo, sufrir una caída sostenida hasta 1992.Los diferentes tiempos sociales entre Oaxaca y Chiapas también se

constatan en la participación diferenciada de ambas entidades en elPrograma Bracero. De acuerdo con el cuadro 1, se puede apreciar queChiapas es el estado de menor participación entre los 10 incluidos.

CUADRO 1BRACEROS  A  ESTADOS UNIDOS SEGÚN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

POR  ENTIDAD FEDERATIVA , 1943-1946

 Entidad/Año 1943 1944 1945 1946

Chiapas 0.03 0.26 0.00 0.00

Distrito Federal 29.18 66.94 41.21 0.00

Guanajuato 17.09 4.39 5.38 0.00

Guerrero 1.20 1.57 3.85 0.00

Hidalgo 1.40 1.48 1.65 3.83

 Jalisco 5.34 0.00 0.87 8.70

Michoacán 26.73 4.39 6.25 0.00

Oaxaca 0.00 2.04 6.35 6.56

 Veracruz 0.00 2.16 3.93 0.00

Zacatecas 5.86 1.10 8.28 37.95Fuente: Elaboración propia con base en Durand, 2007.

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Es muy posible que las bajas cifras de Chiapas en algunos añosrepresenten a aquellos residentes de origen chiapaneco que vivían enese entonces en el Distrito Federal, si consideramos que la Ciudad de

Méxi-co, en esas épocas, ya atraía población de casi todo el país, ademásde constituirse, durante unos años del Programa Bracero, en punto deacopio, concentración y salida de contingentes con destino a EstadosUnidos. Por otra parte, si comparamos las cifras de Chiapas con las deOaxaca, aun cuando esta segunda entidad no resalte tanto frente al resto,supera significativamente a la primera.

La ausencia de Chiapas del Programa Bracero alude a una serie decircunstancias estructurales que en ese entonces hacían difícil su participa-ción: 1) la lejanía del estado y de sus reservas de mano de obra respecto a

los centros de concentración, selección y contratación de aspirantes, cuyopunto más cercano durante los primeros años del programa fue la Ciudadde México, papel que posteriormente se trasladó al estado de Guanajua-to, con lo que se hizo más grande la distancia; 2) la información de queuno de los requisitos que debían cumplir los aspirantes consistía en serlectoescritores; 3) la interdependencia que la mano de obra chiapanecatenía con las plantaciones de café, basada en el enganche, y el sistemade deudas que el trabajador tenía con sus respectivos patrones.

Respecto al punto 1, la distancia en autobús directo desde San Cris-tóbal de las Casas a la Ciudad de México en 1940 implicaba un viaje de24 horas, más el respectivo costo, que solamente las clases medias y altaspodían sufragar. Para la población indígena, aparte de ese costo, tambiénhabría que considerar su traslado de las comunidades a la mencionadalocalidad de partida. En cuanto al punto 2, la tasa de analfabetismo en1940 ascendía a 75% del total de la población; en el caso de la poblaciónindígena, los bilingües hablantes de castellano representaban solamente17%. El punto 3 se explica a continuación.

 Al perfilarse el Soconusco como la región agrícola más próspera dela entidad, también se determinaba a la población indígena de la región

 Altos como su abastecedora de mano de obra,4 con lo que se creaba unarelación de dependencia laboral. Así, desde finales del siglo XIX hasta

4 El clima frío de los Altos y el escaso interés de los colonizadores por hacerse depropiedades en la región permitieron que la recuperación demográfica de los indígenasfuese más precoz y rápida que en las zonas vecinas. De esta forma, en la segunda mitaddel siglo XVII, los Altos encontraron su “vocación”: servir de reserva de mano de obrabarata para las regiones de Chiapas y de Tabasco en las que la población era escasa (Vi-queira y Ruz, 1995: 222).

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la década de los años setenta del siguiente siglo, esta fuerza de trabajode parcelas minúsculas en tierras de laderas nada fértiles con prontitudabasteció de brazos primero a las fincas del Soconusco durante un largo

periodo, y después a otras asentadas en la zona de Motozintla y Jalte-nango (Martínez Velasco, 1994),  y quedó a expensas de contratacionestemporales, aceptando cualquier tarifa salarial. Pozas (1952) escribiósobre los mecanismos de sujeción de esta mano de obra a la plantacióncafetalera, su acopio desde sus comunidades de origen, su embriaguezantes, durante y después de su estancia en la finca a base del suministrode alcohol por parte de enganchadores, las condiciones de traslado ydemás degradaciones.

En los inicios del Programa Bracero, el trabajador chiapaneco se en-

contraba en otro tiempo social, profundamente inserto en la dinámica dela producción cafetalera de la región del Soconusco, y sus preocupacionesradicaban en superar día a día las adversas condiciones salariales y detrabajo. Imperaba tan precaria situación laboral, que el 24 de diciembrede 1936 se creó una de las primeras organizaciones políticas de resisten-cia: el Sindicato de Trabajadores Indígenas (STI), en pleno casco de unafinca cafetalera llamada Maravillas, con la presencia de 25 000 indígenasalteños (Martínez Velasco, 1994).

Cuando no había sindicato todavía, no había dónde quejarse. Los engan-

chadores mandaban según sus propios caprichos. Solos nomás decidíancuánto nos iban a dar. Pero cuando llegó el sindicato, llegó la ley. Ya em-pezaron a respetarnos un poco […], allí empezamos a sentirnos más hu-manos. Se mejoró la comida en la finca, se mejoró el trabajo. Cuandono había sindicato, trabajábamos mucho más. Los finqueros antes dabanlo que querían: más trabajo, mucho más grande la tarea. También antes nospegaban los enganchadores, y hasta nos pegaban los dueños de las fincas—hasta nos daban patadas (Rus y Guzmán López, 1996: 32).

Con los logros obtenidos, las siguientes décadas transcurrieron en me-dio de una mayor efervescencia laboral, hasta que los finqueros vieronen los jornaleros guatemaltecos, cercanos a la región de Soconusco, unaforma de evadir a aquellas revoltosas masas indígenas de los Altos. En ladécada de los años setenta, no sin antes elevar airadas protestas antela Dirección General de Asuntos Migratorios por lo que ellos conside-raban un desplazamiento laboral, los indígenas chiapanecos debieronretirarse para emprender otros grandes procesos que ocuparían su agendade actividades (Martínez Velasco, 1994).

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De allí la ausencia de los chiapanecos en el Programa Bracero y de loque pudo derivar en un entrenamiento migratorio hacia Estados Unidos.El tiempo social constituido en aislamiento geográfico del centro del país,

el perfil sociodemográfico de la población, y el interés económico de losgrupos de poder local fueron factores estructurales en la retención de lamano de obra chiapaneca.

Son los años setenta y otros grandes procesos sociales comenzarían agestarse: ocupación territorial, movilización agraria y paulatina diversi-ficación migratoria laboral.

Ocupación territorial. La población indígena de la región Altos, a la parde su paulatino alejamiento del Soconusco, comenzaría a generar proce-sos de colonización del territorio chiapaneco. Los tzotziles dirigieron su

expansión territorial hacia municipios circunvecinos de las partes norte yoeste de la región, como Pueblo Nuevo Solistahuacan, Ixhuatan, Jitotol,Bochil y Soyaló (Viqueira y Ruz, 1995: 222), mientras que los tzeltales lohicieron hacia el noroeste, principalmente hacia la Selva Lacandona. Lacolonización de selvas y bosques fue la opción más fácil, a veces con laanuencia gubernamental y otras sin que mediara instancia institucional o jurídica alguna. De 1962 a 1974, a la Selva Lacandona llegaron alrededorde 30 000 indígenas de la región Altos, que levantaron 120 nuevos centrosde población (Grosser et al., 1975).

Una gran vertiente de acceso a la tierra en Chiapas fueron las selvastropicales de la entidad. En el caso de la Selva Lacandona, al encontrarseen ella unas cuantas familias del grupo lacandón, sin que éstas pudieranestablecer y resguardar sus límites, se convirtió en destino de excedentesde población agraria no sólo de la entidad, sino de otras partes del país.De 2 578 300 hectáreas de superficie arbórea existentes en 1975, se re-dujeron a 1 917 072 para 1991 (SARH, 1992). En ese lapso pasaron a sertierras agropecuarias 661 228 hectáreas de origen selvático, equivalentesa 25.6% en relación con el primer año de referencia. La deforestaciónde selvas y bosques causó que la frontera agropecuaria se ampliara enese periodo a 985 882 hectáreas, con un incremento de más de 60%en relación con 1975 ( Ibid.).

La disponibilidad de tierras tanto en manos privadas como en propie-dad federal (terrenos nacionales) levantó expectativas entre las jóvenesgeneraciones sin tierra que aún vivían en sus comunidades de origen y vislumbraron el medio para mantener su vínculo con la agricultura.

La asociación entre actividad agrícola, pobreza, carácter étnico ycrecimiento demográfico en un espacio donde todavía existiera tierra

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sin ocupar se convertiría en la fuente que diera sentido a una prácticade desplazamiento poblacional orientada a cubrir las necesidades máselementales.

 Movilización agraria. También en los años setenta, en San Cristóbal delas Casas tuvo lugar el Congreso Indígena de 1974, evento que ha sido lu-gar común para explicar la génesis de las movilizaciones políticas delos sin tierra, del empoderamiento político de las poblaciones campe-sino-indígenas y del levantamiento del Ejército Zapatista de LiberaciónNacional (EZLN). Para fines de esta narración, interesa ubicar este eventocomo una intersección de procesos: el trabajo temporal semiforzado en elmarco del desarrollo de la plantación capitalista en Chiapas, la ocupaciónagraria de terrenos privados y el proceso de colonización arriba descrito.

La estructura de opciones de participación tendió a ampliarse: ademásdel trabajo laboral de las plantaciones, también llegó la conquista de latierra, privada o vía colonización. Muchos pudieron haber alternado una,dos o tres de las opciones señaladas. En otras palabras, para este tiemposocial la estructura de opciones se había diversificado: se había transita-do de la única posibilidad de sobrevivencia existencial, a través del trabajotemporal asalariado en la finca de café, a la colonización y la lucha porla tierra, y consecuentemente la asunción como ejidatarios.

El Congreso Indígena tenía entre sus principales demandas la cuestiónagraria. La lucha por la tierra desafiaba, gobierno tras gobierno, la ina-fectabilidad de las grandes propiedades simuladas, al tiempo que era ne-cesario disminuir las presiones de los grupos de solicitantes, que cada vezmás se consolidaban como fuerzas políticas capaces de adquirir la tierrapor la vía del hecho. Antes y después de la insurrección armada de 1994,algunas propiedades privadas ubicadas en la región selva, fronteriza y Altos habían sucumbido ante las demandas indígenas-campesinas.

De acuerdo con García de León (2002), las afectaciones en Chiapasposteriores a la Revolución mexicana realmente estuvieron en prediosde menor tamaño, sin afectar a la finca agrícola y ganadera. Hubo ins-trumentos jurídicos de protección a la gran propiedad privada, como laLey Agrícola Local de 1921, y posteriormente la Ley Ganadera de 1940.Por tal situación, en ese decenio existían 733 predios con más de 1 000hectáreas cada uno, que acaparaban 2 542 526 hectáreas, equivalentes amás de la mitad de las tierras censadas en la entidad, en poder de 2.6%del total de propietarios (García de León, 2002: 51).

De acuerdo con el estudio de María Eugenia Reyes Ramos (1992),21 propietarios contaban con 857 101 hectáreas, un promedio de 40 814

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hectáreas cada uno. El caso extremo lo representaban nueve propieta-rios que acaparaban un total de 630 532 hectáreas, con un promediode 70 000 hectáreas por predio. En contraste con esta situación, 14 620

propietarios contaban con menos de 5 hectáreas y en total sólo poseían28 911 hectáreas: aproximadamente 1.9 cada uno. Así, mientras 76.9%de los productores poseía sólo 4.39% de las tierras, 2.6% de ellos tenía63% de las tierras censadas (Reyes Ramos, 1992: 65).

Hacia 1960, de acuerdo con datos de los censos agrícola, ganadero y ejidal, la situación experimentaba lentamente pequeños cambios: lospredios menores de 10 hectáreas (42% de las unidades de producción)ocupaban 0.9% de la superficie agrícola; los de entre 10 y 1 000 hectáreas(55.6% de las unidades de producción) ocupaban 40.9% de la superficie

agrícola. Dentro de este último sector había 44 latifundios que acaparabanmás de un millón de hectáreas; el tamaño promedio de estas propieda-des era de 23 000 hectáreas. Además, 41% de las tierras cultivables eranpropiedad privada y 19.2%, terrenos nacionales. Los dominios privadosdetentaban 72% de los pastos y 80% de los bosques. Para 1970, esta con-centración era casi la misma, aun cuando poco más de 635 000 hectáreashabían desaparecido del grupo de la gran superficie, convirtiéndose enejidos (García de León, 2002: 52).

Pese a la lentitud del reparto agrario, el número de ejidatarios seduplicó de aproximadamente 71 000 en 1950 a más de 148 000 en 1970(Benjamin, 1995: 54). Aun cuando el número de beneficiarios se habíaincrementado, la distribución de tierras atravesaba por periodos deestancamiento; en 1970 la Secretaría de la Reforma Agraria tenía acumu-ladas cerca de 4 000 solicitudes pendientes, consideradas en calidad de“rezago agrario”. Para el siguiente decenio, la tónica fue el burocratismo,las componendas con propietarios y líderes oficiales, además de malasdecisiones, como el doble reparto, que ocasionaba más conflicto tantoante las autoridades como en el interior de los grupos de solicitantes ysus organizaciones respectivas.

Esa situación se agravó con una serie de medidas de carácter nacional,como la extensión de certificados de inafectabilidad; por ejemplo, los 61certificados que se extendieron al concluir la administración de LópezPortillo (1976-1982). A mediados de la década de los años ochenta, enpleno auge de la reconversión de la política nacional, más de un millónde hectáreas de la superficie agrícola de Chiapas estaban ya protegidascontra la “reforma agraria de la revolución”, es decir, contra una reforma

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que en apariencia había sido impulsada por el mismo gobierno (Garcíade León, 2002: 59).

Cabe señalar que en la década de los años ochenta Chiapas se consti-

tuyó como una “pradera ardiente”, compuesta por invasiones de tierras, violentos desalojos, asesinatos de dirigentes tanto de origen campesinocomo de origen urbano (asesores que llegaron de otras partes), encar-celamientos, enfrentamientos entre campesinos, plantones, mítines,marchas campesinas en el estado y hacia la Ciudad de México. En esteescenario se amalgamaría el espíritu de lucha proclamado desde 1974 enel Congreso Indígena con las asesorías político-ideológicas de organis-mos forjados desde el acontecer de la lucha nacional; también se daríanlos primeros avistamientos político-ideológicos de mayor alcance de la

siguiente década.En 1991 el Estado mexicano, con Carlos Salinas de Gortari al frente,llevó a cabo la reforma al artículo 27 constitucional, y en 1992 expidióuna Nueva Ley Agraria. Se establecieron así los medios para atraer lainversión privada y realizar la compraventa de parcelas ejidales y comu-nales, fueran individuales o colectivas. Esto generó mayores descontentos y las consiguientes manifestaciones por parte del campesinado, temerosode que las tierras hasta en ese momento conquistadas pudiesen ser denuevo acaparadas por otra nueva generación de modernos señores de latierra. Con tantos años de lucha, expectativas y experiencias vividas, noera fácil aceptar una vuelta al pasado, cuando las percepciones objetivas y subjetivas habían ya cambiado.

La revolución zapatista de 1910 no produjo los resultados que hu-bieran esperado los campesinos chiapanecos, mucho menos para lapoblación indígena. La lucha campesino-indígena chiapaneca que dioinicio a mediados de la década de los años setenta se intensificaría aprincipios de los años ochenta, para desembocar después en una luchaétnica en 1994, mediante la cual los indígenas no sólo pedían acceso a latierra, sino también su inclusión en los asuntos públicos de la nación.

 Antes del levantamiento zapatista de 1994, en virtud de las diversaspolíticas de reparto, existía ya un absoluto predominio de la propiedadsocial, es decir, ejidal y comunal, que implicaba 52.5% de todo el terri-torio de Chiapas; menos de 25% estaba en manos privadas. Después delconflicto, esta tendencia se fortaleció con los acuerdos agrarios logradosentre 1994 y 1998. Se atendieron 2 100 casos, se firmaron 60 arreglos conorganizaciones campesinas y 95 con grupos sin organización, en beneficio

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de 60 199 demandantes, quienes se distribuían en 1209 grupos para losque se adquirieron 243 191 hectáreas (García de León, 2002, 63).

Pocos meses después de la insurrección armada de 1994, más de 1 000

predios fueron invadidos en todo Chiapas, principalmente aquellos quehabían quedado como pequeñas propiedades, que juntos sumarían, segúnalgunas fuentes, aproximadamente 96 925 hectáreas (García de León,2002: 247), dentro y fuera de la zona de conflicto. Esto generó una olaincontenible de desobediencia social y puso en entredicho los anunciosreiterados de que ya no había una demanda agraria significativa. Otrasfuentes señalan que después del conflicto de enero de 1994, 4 000 prediosde pequeña propiedad fueron invadidos, lo que afectó 16 000 hectáreas,principalmente en los municipios de mayor conflicto zapatista, como

 Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo (SRA 

, 1998). En tal caso, un largociclo de reclamos agrarios había de concluir.Paradójicamente, en 1974 se había llevado a cabo el mencionado Con-

greso Indígena, auspiciado por el gobierno mismo, en su afán paternal deescuchar los sentimientos originarios de los pueblos indios; 30 años des-pués, nuevas generaciones indias, que tal vez apenas habían nacido en ladécada de los años setenta, por iniciativa propia, con recursos propios,con voz propia, de nuevo plantearon una nueva serie de reclamos a laaltura de ese nuevo tiempo social.

La asimetría en la tenencia y en la calidad de la tierra produjo yreprodujo desigualdades socioespaciales, que originaron dos grandesmovimientos para ganarse la vida: el alzamiento agrario y la variaciónmigratoria. El primero, ya descrito, concluido básicamente a finales delsiglo pasado; la segunda, en total plenitud, de alcances insospechados,es expuesta a continuación.

 Así como la agricultura de plantación tuvo su sincronía con las débileseconomías campesinas, también la hubo entre la lucha por la tierra y lamigración. La modalidad migratoria desarrollada en ese entonces, consis-tente en salidas eventuales, le fue funcional a ese movimiento de reclamopolítico y social que demandaba mantener el vínculo con la comunidad deorigen. Después de conseguir la tierra, la migración como medio de vida,en su modalidad de migración internacional, se instauró como un habitus y cobró su propia dinámica entre las nuevas generaciones. La agriculturade plantación propició la alternancia de la economía parcelaria con eltrabajo asalariado temporal y pudo retener población. Igualmente, lalucha campesina hizo lo propio con la migración temporal.

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L A  TRAYECTORIA  MIGRATORIA : DE LA  FINCA  DE CAFÉ  A  LOS  JARDINES DE C ALIFORNIA 

Establecer un habitus migratorio implica presentar al migrante actual ensu acepción de portador de una memoria histórica, construida a lo largode un siglo mediante la sucesión de distintas experiencias migratorias.En la historia reciente de la población migrante en Chiapas, el punto departida se ubica a principios del siglo pasado, en relación con el esta-blecimiento y la consolidación de la finca de café, proceso que a la largadisparó en tiempos finiseculares otro acontecer migratorio, consistenteen la partida hacia California, para luego expandirse a buena parte dela amplia geografía de la Unión Americana.

 La migración interna. Desde 1970, a la par que la mayoría de los cam-pesinos se alejaba de la plantación cafetalera del Soconusco debido a laincorporación de mano de obra guatemalteca, algunos chiapanecos seapuntaban en las plantaciones también cafetaleras pero más cercanas asu región de origen, la zona de Jaltenango. Mientras que unos abríanbrecha colonizando selvas de la entidad, otros más se organizaban parala conquista de la tierra; sin duda, otros alternaban esas actividadescon el trabajo asalariado fuera de la entidad. En un estudio elaboradoen 1980, Robert Wasserstrom señalaba que 52% de los encuestados seempleaban en fincas de café, mientras que 25% laboraban en obras pú-blicas (caminos de mano de obra) y en la industria de la construcciónen calidad de peones de albañil en San Cristóbal de las Casas y TuxtlaGutiérrez. Añadía que otro porcentaje no especificado se dedicaba alarrendamiento de tierras ladinas para obtener maíz o frutos hortícolas.También identificó que muchas personas combinaban dos, tres o cuatroactividades (Wasserstrom, 1980: 10). Algunos chiapanecos ya aparecíancomo vendedores ambulantes, productores de aguardiente, alfareros,productores de carbón, etcétera.

 A esas alturas de la búsqueda de nuevas alternativas laborales, la

población de la región y de Chiapas en general había ya buscado formasde inserción laboral fuera de la entidad. Por ejemplo, de 1970 a 1990,la Ciudad de México se había convertido en una fuente de primeraimportancia para la entidad. Esto, sin desestimar la migración intraesta-tal, que seguía siendo importante. Al respecto, cabe señalar la impor-tancia que cobró la construcción de grandes presas hidráulicas en lasdécadas de los años setenta y ochenta, como las de la Angostura, Chi-coasén y Peñitas, en las que las poblaciones indígenas y no indígenas

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encontraron una forma temporal para subsistir en puestos de menorcalificación.

Un estudio del Banco Mundial (1982) alude a la pobre participación

de la entidad chiapaneca en los beneficios laborales y en la derramaeconómica por la extracción de petróleo:

Los descubrimientos de petróleo en el área de Reforma (Chiapas) han ori-ginado un polo de desarrollo autocontenido con trabajadores provenientesesencialmente de fuera del estado, salarios que se gastan en su mayor parteen el vecino estado de Tabasco.

De los años setenta a los noventa, al tiempo que la Ciudad de México fueel destino recurrente, también lo fueron en menor medida Tabasco y Ve-

racruz. En la siguiente década, el destino interestatal fue Tabasco, seguidodel Estado de México, y en tercer lugar el Distrito Federal. Para 2005,la distancia se había hecho más grande: Baja California, especialmentela ciudad de Tijuana, y en segundo lugar el estado de Quintana Roo,especialmente la ciudad de Cancún, las cuales se erigían como grandespolos de atracción. Estos dos últimos destinos, que habían comenzadoa delinearse como una opción más desde 1990, se consolidaron en elsiguiente quinquenio, hasta 2005, y se refrendaron en el último registrocensal de 2010 (INEGI, 1970, 1990, 2000, 2005, 2010).

 La migración internacional. La migración interna, que había consistidohasta 1990 en inserciones en el marco nacional, avanzó hacia mediadosde la década siguiente con las primeras presencias en dominios de Es-tados Unidos.

 Jan Rus y Salvador Guzmán López (1996: 3) señalan: “[En 1987] seempezaron a escuchar las primeras noticias de chamulas y zincantecos quehabían alcanzado por su propia cuenta los estados de Texas, California yOregón”. En ese mismo texto se ofrecen una serie de testimonios comoel de Santos, indio chamula, que da cuenta de sus cortos años evocando

esa vida sombría, llena de remembranzas migratorias.Cuando me criaba todavía, acompañaba a mi papá a tierra caliente, a lasfincas de café. Desde mi niñez, vi cuán difícil era el trabajo de las fincas y vique nunca ganamos mucho, que casi no podíamos vestirnos. Mi padre tam-bién se dio cuenta de que no se podía salir adelante, de que apenas ganabalo suficiente para darnos de comer a nosotros, sus hijos.

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Para fines de análisis, vale la pena identificar la introspección que Santos y su padre, migrantes internos primero, y ahora Santos migrante inter-nacional, hacen en torno a sus condiciones de vida, respecto de que ese

movimiento migratorio sólo servía para comer. “Así ha sido mi vida, hijo[...], nunca me he podido superar. Sólo me he enfermado de tanto trabajo y sufrimiento” (Rus y Guzmán López, 1996: 4).

Santos recuerda a un migrante de origen guatemalteco, también jor-nalero en las fincas de café, que les preguntó por qué siendo mexicanosno se iban a ganar más dinero en otras partes de la República Mexicana, y al que respondió: “No sé, a lo mejor será porque nadie me enseñó, ytengo miedo porque no conozco esos lugares”. Lo que precipitó que el vuelo fuese más lejano fue otro migrante chamula, quien le confirmó la

disponibilidad de trabajo en Cancún (esa zona de turismo internacionalse convirtió en un destino migratorio). Antes, Santos hizo una parada enlos platanales de Villahermosa, Tabasco.

Tenía miedo porque yo nunca había ido más que a la finca […]. [Vi] puraconstrucción, puros hoteles, puras playas […]. Cuando regresamos [a Cha-mula] todos los demás en el paraje vinieron para saber si habíamos encon-trado trabajo, y cómo era. “Encontramos”, les dijimos, “pero no es tan bue-no. No nada más está lejos, también es bien difícil, y muy peligroso”. “Noimporta”, dijeron, “si hay qué hacer, nos vamos”. Y así, después de todo, yo

regresé también (Rus y Guzmán López, 1996: 6).

En Cancún fue un guatemalteco que trabajaba allí quien le habló deEstados Unidos.

Era la primera vez que yo había pensado en Estados Unidos. No sabía bien,siquiera, dónde quedaba. “¿Se puede ir hasta allá?”, pregunté. “Se puede”,dijo, y por mi parte, yo quiero probarlo. “Ahora sólo tenemos que juntarharto dinero para el viaje”. […] “¿Pero qué esperas encontrar? Ganamosbastante aquí”, le dijo el padre [a Santos]; “no”, respondí, “quiero ver si

es mejor”. “Por favor, hijo, quédate con nosotros” (Rus y Guzmán López,1996: 6-8).

Santos y su compañero salieron de Cancún en un viaje de casi una se-mana desde ese punto extremo del territorio nacional (descubriendo ensu travesía lugares ignotos de su propio país) hasta otro punto tambiénextremo donde se ubica la ciudad de Tijuana. Llegaron con los primerosfríos del año de 1987. “Y allí por primera vez vi, junto con la bandera

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mexicana, otra bandera nueva, la de Estados Unidos” (Rus y GuzmánLópez, 1996: 10).

 Aprendió los riesgos del cruce, a cuidarse de los “coyotes” (traficantes

de personas) y de la temible migra estadounidense; conoció el pánico alextraviarse, el llanto al quedarse solo sin sus compañeros y guías y tenerque regresar a Tijuana. De nuevo, en condiciones aún más precarias,intentó otra vez el cruce y consiguió pisar terreno laboral; con ello, dejósu huella, que otros de origen chamula y de diversas etnias habrían deseguir.

Santos trabajó 18 meses en la casa del dueño de un rancho. No ga-naba mucho, pero logró ahorrar lo suficiente para pagar sus deudas enChiapas, y con eso regresó a Chamula para visitar a su familia. Empero,

después de medio año en casa, en el verano de 1990, se acabó el dinero y volvió a cruzar la frontera a California, donde sigue hasta la fecha. Aprincipios de 1991, sus hermanos Mariano y Juan también se fueron alnorte.

La historia de Mariano se anida en el sufrimiento de la finca; allí, él y su hermano Juan vislumbraron que tener más años de estudio podíaser el medio para aspirar a otros trabajos que les facilitaran la vida:

 Vamos a tener una casa con techo de tejas, y un carro y buenos zapatos yropa. Los vamos a comprar trabajando y vamos a ser como los jefes. Y no

 voy a trabajar en el sol, voy a trabajar en una oficina. Entonces entre los dosdecidimos terminar el contrato en la finca y volver a San Cristóbal a termi-nar la secundaria (Rus y Guzmán López, 1996: 17-19).

Después de pocos años de probar suerte en San Cristóbal, alternando laasistencia a la escuela nocturna con trabajos diurnos de menor rudezaque los de la finca pero insuficientemente remunerados, vieron difícilalcanzar sus expectativas. Fue entonces cuando la imagen de Santos enEstados Unidos se les vino a la mente.

La inserción laboral de los tres hermanos en Estados Unidos sin dudatuvo sus costos individuales y familiares, pero también sus beneficioseconómicos. Lo que importa resaltar es el salto cualitativo registrado demanera personal entre la población indígena de Chiapas y su apertu-ra mental hacia nuevas formas de interiorización, socialización e inserciónen territorio hasta entonces ignorado, al grado de que Juan, el hermanomenor, como ejemplo de ello, “se aventó a comprar un carro viejo enCalifornia”. “Si me accidento, si me acabo, ni modo. No me voy a quedaratrás” (Rus y Guzmán López, 1996: 22).

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Tras el comienzo de una migración furtiva iniciada por oriundos deChiapas, indígenas y no indígenas5 a mediados de la década de los añosochenta, siguió 10 años después una migración de mayor visibilidad, tal

como lo registró la Encuesta sobre Migración de la Frontera Norte (Emif),que en 1995 contabilizó 2 434 chiapanecos con intenciones de cruzar lafrontera norte; en 2006 la cifra había subido a 118 510, equivalente a uncrecimiento porcentual de 4 768.9.

La ola migratoria chiapaneca, sin lugar a dudas, revela un desfogue dela fuerza de trabajo que hasta entonces estaba contenida por una seriede circunstancias de la estructura social de la entidad, que una vez frac-turada allanó el camino para detonar una explosión migratoria tanto anivel interno como internacional. Una migración que comenzó con unos

cuantos cientos y llegó a decenas de miles de personas incursionandoen un mundo ajeno en usos y costumbres, sin medir racionalmente losriesgos inherentes en su cruce y estancia, sin reparar en lo hostil de esemundo, de idioma ininteligible, de personalidad blanca y excluyente.

Me acostumbré a ver, cada vez que iba a comer a un restaurante en SanFrancisco, los rostros oscuros de mis compatriotas asomándose desde cadacocina de cada restaurante californiano. Me acostumbré al dolor que meproducía ver esa existencia de servidumbre: los albañiles, las empleadas do-mésticas, los lavacoches, las niñeras, los cientos de campesinos que recogen

las frutas y las verduras que compramos en supermercados relucientes; los jornaleros del barrio latino que en la calle César Chávez esperan que al-guien los contrate por al menos algunas horas (Acosta, 2004).

Esa salida de chiapanecos hacia Estados Unidos implicó que a la enti-dad se le caracterizara como una entidad migratoria emergente, junto aPuebla, Veracruz e Hidalgo, concepto distinto al de otra serie de entida-des tradicionales de migración internacional, como Jalisco, Michoacán,Zacatecas, Durango y Guanajuato. El posicionamiento de la entidad serevelaba también a través de su tasa de crecimiento media anual (TCMA )de 42.3%, situación que convertía a Chiapas en una de las entidades másdinámicas. Estos datos contrastan con lo ocurrido a nivel nacional: unincremento porcentual de 96.4%, con una TCMA  de 6.3% (Emif, 1995).Otro dato que demuestra ese crecimiento inusitado consiste en que

5 Otros contingentes que comenzaron a arribar a estados cercanos a la frontera nor-te para luego cruzar a Estados Unidos estuvieron compuestos por campesinos ejidatarios y aparceros localizados en las regiones del Soconusco y la Sierra a finales de la décadade los años ochenta.

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Chiapas pasó de 0.6% a 14% de participación del total del flujo nacional(Emif, 2006).

Un reporte del Migration Policy Institute señaló que en 2008, cuan-

do en Estados Unidos se anunciaban ya severamente los síntomas de larecesión, 14.2% de la corriente mexicana hacia aquel país era de chia-panecos (MPI, 2009). En la Emif, 94.6% de los chiapanecos declarabanque el cruce a Estados Unidos lo estaban haciendo por primera vez, loque indica que año con año gran parte del flujo había estado compuestopor población que iniciaba su cruce e inserción laboral.

El proceso migratorio internacional de la finca de café a los jardines deCalifornia se convirtió en una dispersión dentro de Estados Unidos, tantoen trabajos agrícolas como en urbanos en Florida, Texas, las Carolinas

Norte y Sur y muchos otros estados de la Unión Americana, incluyendo Vermont y las islas Hawai (IME, 2007). A diferencia de lo que ocurría cuando se laboraba en las plantaciones

de café y en otros destinos nacionales, casos en los que el retorno a lacomunidad estaba programado, la Emif reportó en 2007 que 82% de losencuestados indicaba su intención de quedarse en la Unión Americanapor todo el tiempo posible.

El perfil educativo captado por el IME indica una población que cuentacon certificado de primaria, 23.2% del total de registrados; sobresale lapoblación con secundaria completa, que asciende a la mitad del total deregistros, 49.9%, y hay una apreciable proporción de 19.8% con prepa-ratoria terminada; 2.6% cursó el nivel profesional, y 3% no cuenta conestudios de ningún nivel.

TRANSICIONES PERSONALES: EL CURSO DE  VIDA 

Transfiguración de una generación de jornaleros en plantaciones de café a otra de pequeños propietarios de café. El conocimiento de la planta del cafeto y

de su cultivo solamente pudo alcanzarse y ser reproducido en el ámbitodel desempeño laboral de la finca de café por parte de las sucesivas ge-neraciones de cuadrillas.

El contexto histórico hizo también su parte. A principios de la década delos años cincuenta, el Instituto Nacional Indigenista (INI), en el marcode actividades socioeconómicas para elevar los niveles de vida de la po-blación indígena, se había instalado en San Cristóbal de las Casas. Entremuchos proyectos productivos estuvo animar una modesta plantación de

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café. De ahí que en plena región indígena de los Altos de Chiapas, en ladécada de los años cincuenta, ya se contaba con 1 269 hectáreas de café,equivalentes a 1.9% del total de la superficie sembrada; en 1970 eran

2 259 hectáreas, y para 1991, la cifra era de 32 023 hectáreas, equivalentesa 11.4%. El incremento porcentual de 1950 a 1991 fue de 2 426%, supe-rior a lo que había crecido en la entidad, 280.5%.6 Cabe precisar que lamayor velocidad alcanzada en la tasa de crecimiento para el café indígenafue entre 1970 y 1991; después, con la crisis de 1989, la velocidad bajóbruscamente, tanto para indígenas como para no indígenas.

Para pasar de ser jornalero de plantaciones de café en las cinco pri-meras décadas del siglo pasado a ser pequeño campesino parcelario decafé hacia la década de los años noventa, tuvieron que transcurrir varias

generaciones, con sus relativos impactos en las condiciones sociales deexistencia. Con base en la esperanza de vida calculada para el país paradistintos años, aun teniendo la certeza de que en Chiapas hubo de sermenor, por sus históricas condiciones de vida, podemos apuntar lo si-guiente:

Hubo una primera generación de jornaleros incorporados a la finca alos 15 años y que concluyeron su vida laboral entre 1900-1905; tuvieronque haber nacido entre 1877-1882, ya que para ese entonces, a nivel delpaís, la esperanza de vida (E) era de sólo 23.4 años, sin dejar de tomaren cuenta que pudieron dejar de ser activos cinco años antes debido aldesgaste físico ante las precarias condiciones. Una segunda cohorte, nacidaentre 1892 y 1895, hubo de reemplazar a sus respectivos padres, con unaE de 24 años, y trabajó en las plantaciones hasta 1916-1919. Una tercerageneración nacida entre 1907 y 1914, con una E de 27.4 y que trabajóhasta 1934-1939. La cuarta generación, nacida entre 1922 y1927, con unaE de 28.5 años, laboró hasta 1950-1955. Una quinta generación, nacidaentre 1937 y 1942, con una E de 39.2, se incorporó, como las otras, altrabajo desde los 15 años (1952 y 1957), y trabajó hasta 1976-1981.

Debido a una mayor extensión de su existencia, esta generación debióde contar con visos de un lejano horizonte de vida distinto. Experimentóun ensayo de plantación de café entre sus propias y minúsculas parcelasen los años cincuenta, por iniciativa propia o con la asesoría del INI, yaque cuando esta institución se estableció (1951), dicha generación yacontaba con años de vida entre el cafetal de la finca.

6 Cifras con base en INEGI, Censos agropecuarios (1950-1970), y Anuarios estadísticos deChiapas (1990-2010).

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Esta generación y la anterior también vivieron la experiencia sindi-cal en la finca (1936) y la mejora relativa en lo concerniente al trabajo y la remuneración. Sus contemporáneos comenzaron a diversificar sus

opciones de vida, al colonizar en forma incipiente tierras consideradascomo selva, o simplemente territorios “vacíos”. El campo visual tendíaa expandirse. Sus hijos (sexta generación), nacidos entre 1952 y 1957,tenían entre 22 y 27 años cuando se llevó a cabo el Congreso Indígena de1974 , por cuya edad seguramente no fueron sólo de asistentes, sino comoactores verdaderos, ya que habían transitado entre la vivencia sombría desus padres, y tal vez la suya propia en su acompañamiento infantil a lasfincas de café, más sus avistamientos de que ese estado actual de cosaspodía ser de manera distinta.

Fue esta generación la colonizadora de la Selva Lacandona y de la Sel- va de El Ocote, e invadió y/o recuperó tierras de manos privadas; además,marcó nuevas rutas migratorias laborales, dentro y fuera de la entidad.Sus nietos (séptima generación), nacidos entre 1972-1977,7 tenían entre22 y 27 años de edad el día 1º de enero de 1994, año del levantamientozapatista. La octava generación, nacida entre 1992 y 1997, a estas alturasdel tiempo (2008-2013), a edades cada vez más tempranas (16-20 años),también ha de preparar una mochila para un primer viaje a ese lejanolugar, pero con mayor conocimiento de causa, capital social y simbólico,en el marco de una todavía mayor vida laboral, ya que le aguarda unaesperanza de vida de 67 años.8 Esta última generación y las subsiguientesserán las que, por contar con un alargamiento de la esperanza de vida,tendrán la oportunidad de contar con un tiempo mayor de existenciaque les permitirá intersectarse con generaciones previas en ese mismodestino laboral.

Transiciones individuales. Los cambios registrados en las tres últimasgeneraciones, que les permitieron diversificar su actuar migratorio, nosolamente se refieren a los eventos suscitados en sus entornos sociales,sino también a una serie de transformaciones registradas a nivel indivi-dual.

En 1930, las poblaciones alfabetas casi eran inexistentes, pues porcada 100 personas que sabían leer y escribir había 1 291 personas analfa-

7 Para esta generación, parto del supuesto que haya comenzado a procrear descen-dencia ya no a los 15 años como en las anteriores, sino a los 20 años, en un contextocomo el de Chiapas.

8 Este dato sí es propio para el estado de Chiapas.

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betas. En la región Altos9, vivero de mano de obra de la entidad, en dosde sus municipios, Chamula y Mitontic, había 16 805 y 11 236 analfabetas,respectivamente, por cada 100 lectoescritores.

En la década de los años cuarenta se mantuvieron esas proporcionesde suma gravedad. De 1950 en adelante, con la presencia del INI, elproblema persistió, pero sin la intensidad de esas décadas calamitosas.En la década de los años cincuenta bajó a 793 analfabetas; en los añossesenta, a 534; como un efecto acumulado de la propagada escolar reali-zada durante dos décadas, en 1970 la cifra experimentó un significativodescenso de 144 analfabetos por cada 100 alfabetos. En los años setentase experimentó un significativo retiro de la población indígena de laplantación cafetalera y comenzaron las incursiones laborales fuera de

la entidad. Seguramente, para aquellos que probaban suerte en la co-lonización de tierras la lectoescritura no representaba un significativoproblema, al contrario de quienes salían del estado para alcanzar la Ciu-dad de México y otras entidades ya mencionadas. Saber leer y escribirles redituaba en sus negociaciones laborales y en su supervivencia en unentorno ajeno al de origen. La década de los años ochenta los instó adejar provisionalmente la escuela; el indicador se elevó a 190 analfabetas.Una vez superada esa fase, entre 1990 a 2010 el analfabetismo tuvo unatendencia sostenida a la baja, ya que ese indicador bajó a 124 en 1990 y a 81 en 2000; en 2010 había 50 analfabetos por cada 100 personasque sabían leer y escribir. Estos datos, como los siguientes, se refierena los municipios indígenas de la región Altos que, como se ha dicho, esuna de las zonas más deprimidas y gran proveedora de mano de obraal mismo tiempo.

El sistema de creencias ha sido otra de las grandes cadenas de cambio.De acuerdo con los primeros registros censales con los que se cuenta, sepuede apreciar una verdadera transformación de las creencias religiosas.De una mayoría católica en la región entre 1940 y 1950, que alcanzaba99.5% y 99.7% respectivamente, la cifra bajó a 57.4% en el último regis-tro censal de 2010. En el interior de la región, resulta interesante saberque aun en el municipio más intolerante al cambio religioso, Chamula,actualmente el catolicismo ha bajado en 69.8%, valor distinto al de 97.5%que tenía en 1970. Inversamente proporcional ha sido el aumento de lafe no católica, inspirada en las variaciones del protestantismo evangélico.

9 Para mantener la congruencia respecto a las condiciones de la mano de obra indí-gena en las fincas de café, en el promedio se omitió el valor correspondiente al munici-pio mestizo de San Cristóbal de las Casas.

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En otros municipios de menor resistencia al cambio religioso, los casosde Oxchuc y Tenejapa, la sociedad no católica actualmente asciende enel primero en 47.9% y en el segundo a 43.1%.

Sin duda, este proceso se encuentra directamente relacionado con unafractura irreversible en el interior de las comunidades, otrora idílicas paraciertas corrientes antropológicas. Parte de las grandes rupturas apuntatambién a la decadencia del sistema de cargos, mecanismo impuestopor las élites indígenas para mantener “cohesionada” a la comunidad,mientras que a la población de mayor humildad económica simplementele resultaba una verdadera carga económica. La conversión religiosa nosolamente exhibió el rechazo a ese sistema de vida, sino también a esaestructura gerontocrática y vertical de la comunidad indígena. Finalmen-

te, el proceso de secularización permitiría mantener una sana distanciaentre las actividades laicistas de sobrevivencia civil de los compromisossocio-religiosos. Esa distancia que presupone vivir sin férreas ligaduras auna comunidad religiosa consecuentemente habría de facilitar ausentarsefísica y espiritualmente de la comunidad de origen, con mayor autonomía y mayor movilidad laboral y residencial.

Como producto de la presencia escolar cada vez mayor desde me-diados del siglo pasado en el interior de las comunidades indígenas y susocialización, primero con los promotores bilingües creados ex profeso y tiempo después por personal docente de origen caxlán (ladino, mesti-zo) conductor de la educación formal, paulatinamente el individuo fueaprendiendo a lidiar en habla originaria y en castellano, sin intermediarioalguno, para interactuar laboralmente fuera del escenario acostumbradoque era la finca y hacer negociaciones en el mundo urbano.

 Así, los porcentajes de monolingüismo fueron decayendo de manerapaulatina. De una proporción de indígenas bilingües en 1940 de 17%,ésta se elevó en 2010 a 52.6%. Las poblaciones masculinas son las quemás se movilizan en los mercados de trabajo, en su afán de cumplir conla provisión de ingresos monetarios, y han experimentado un cambiotodavía más sustancial, ya que al desagregar el habla bilingüe por sexo,tenemos que del total de hombres indígenas, hay 62.2% de hablantes decastellano, mientras que en la población femenina la cifra desciende a43.2%. Otra forma de ilustrar la cuestión sería mediante su índice: porcada 100 varones bilingües hay 93 monolingües, mientras que por cada100 mujeres bilingües hay 160 monolingües. Cuestión social, cuestiónasociada con el trabajo y la migración, y sin duda con el género.

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Una forma más de percibir los cambios registrados en las comunida-des rural-indígenas de Chiapas consiste en las condiciones de estado civilreferentes a la población de 12 años en adelante. De entrada, se pueden

apreciar signos de actitudes modernizantes en el transcurso de 1940 a2010. En primer lugar, puede señalarse que mientras a inicios del periodolas poblaciones seguían un patrón inercial de contraer relaciones conyuga-les en un porcentaje de 74.9% de personas unidas, independientementedel tipo de unión que fuese (civil, religiosa o unión libre), equivalente atres tercios de la población total, en 2010 esa cifra descendió a 55.2%;se aprecia entonces un aumento de la soltería. Un indicio más de eseproceso que ha permeado los atavismos indígenas consiste en la uniónlegalizada, pues los montos de población han pasado de un porcentaje de

12.9% en 1940, para ascender a 25.8% en 1980. En sentido contrario, lasuniones consensuales, llamadas libres, propias de un mundo tradicionalcomo el del indígena, con el paso del tiempo han disminuido, al dejarde ser 62%, para descender a 35.5% en 1990.

Otro dato más en concordancia con este proceso de modernizaciónconsiste en la proporción de población soltera: mientras al inicio del ci-tado periodo era de 19.9%, al finalizar ascendía a 55.2%.10 Los divorcios y las separaciones, que son expresiones que dejan ver nuevas formas deinteracción, percepción y autopercepción personal, también se han ins-talado como opción de vida, con sus costos a nivel individual y en el delas progenies. Las separaciones, que eran inexistentes en los deceniosde 1940, 1950 y 1960, en los decenios posteriores han ido apareciendo y aumentando paulatinamente, de 0.9% en 1970 a 2.3% en 2010, lo queequivale a tener una tasa de crecimiento de 5.3% anual, casi similar alpromedio estatal, que para ese mismo periodo fue de 5.9%. Los divorcios,que estaban presentes en baja escala en 1940, para 1980 habían aumen-tado a 10.9% anual, cifra incluso superior a la del promedio del estado,que había sido de 9.1% para ese mismo periodo.

Hasta 1980, los conglomerados indígenas habían sido de poco vo-lumen y habitaban en localidades que conforman los municipios de laregión, con excepción de los municipios mestizos, como San Cristóbal,Las Rosas y Teopisca, cuyas cabeceras municipales desde cuatro décadasatrás ya estaban consideradas como urbanas.11 En cambio, a partir de

10 En la construcción de tabulados se omitieron nuevamente las ciudades mestizas deSan Cristóbal de las Casas y Teopisca, como un modo de presentar con mayor precisiónlo acaecido propiamente en las comunidades de los municipios netamente indígenas.

11 Con el criterio de 5 000 habitantes y más.

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esa década los municipios indígenas comenzaron a ampliar su volumendemográfico en determinadas cabeceras municipales. Por ejemplo, en1980 se constituyó como urbana casi una cuarta parte (24.7%) de la

población indígena; en 1990, casi un tercio (32.6%); en 2000, 39.1%, yen 2010, 41.2%, cifra cercana a la mitad de la población residente en laregión. De siete localidades que habían surgido como urbanas en 1980,el censo del 2010 cierra con 12 localidades de ese tipo.12 Esto sugiere unproceso inacabado de urbanización indígena o de concentración indígenaen centros de población que por su cuantía habrían de generar nuevosdinamismos sociales de distinta naturaleza a la ancestral aldea indígenade habitantes dispersos y dedicados exclusivamente a la agricultura. En elnuevo contexto ocurririría una intensa interacción cotidiana con centros

urbanos de mayor monta, como Teopisca, San Cristóbal de las Casas y lacapital Tuxtla Gutiérrez, y sus inherentes implicaciones en los ajustes ynuevas estructuraciones en el modo de actuar urbano-indígena.13 

Producto de una intensificación de los procesos de distribución te-rritorial de la población por parte de tzeltales y tzotziles, los primerosse encuentran ahora en 101 municipios y los segundos en 113 de untotal de 118 municipios. Esto ha sido resultado de la conquista del es-pacio social, a base de colonización de los territorios “vacíos”, accesoal reparto, invasiones rurales/urbanas, compra de tierras, o simple-mente estancias temporales o definitivas de carácter laboral. Despuésde que dichas etnias se habían concentrado por siglos en un territo-rio que se circunscribía a municipios de la región Altos, en las cuatroúltimas décadas se ha escenificado una verdadera diáspora que entérminos socioculturales bien puede concebirse como una real amplia-ción de las fronteras étnicas. Con ello, sin duda, se generó una densi-ficación de las relaciones sociales, más y distintas interacciones, lo quepermitió configurar un nuevo tipo de sujeto social de mayores capacida-des cognoscentes y de desarrollo de prácticas migratorias.

12 Para completar el panorama, basta decir que entre 1990 y 2010 el tamaño delocalidad que más ha crecido ha sido el de 5 000 a 15 000 habitantes.

13 Con referencia al clásico trabajo de Georg Simmel “La metrópolis y la vida men-tal”, sobre cómo la personalidad se acomoda y se ajusta a las exigencias de un estilode vida social urbana.  Bifurcaciones 4. Disponible en <www.bifurcaciones.cl/004/reserva.htm>.

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ENSAYO DE INTERPRETACIÓN FINAL

El hoy migrante internacional constituye el relevo de una carrera migra-

toria que ha abatido obstáculos en el transcurrir migratorio entabladodesde hace un siglo, cuando sus antecesores emprendieron su inserciónlaboral y, después de un largo tiempo, superaron las dificultades im-puestas por la finca, abriendo posterior brecha en territorios ocupadospor los señores de la tierra, o en vacantes cuando se trataba de terrenosselváticos o de tenencia federal. Luego allanaron el camino hacia distintosdestinos laborales en México, para dar el salto ante uno de los mayoresobstáculos impuestos por gobierno alguno, que es la doble malla me-tálica, o el peligroso desierto del Sásabe en la frontera estadounidensecon México. El cronómetro de esta trayectoria migratoria hubo de serdictado por el ritmo del tiempo social, que con su influjo envolvió a lasdistintas generaciones.

Bien puede considerarse que la argamasa que constituye el perfil delmigrante indígena del Chiapas de hoy está integrada por un procesosocial de larga duración que construyó un colectivo compuesto por indi- viduos depositantes del proceso histórico que transformó su existencia,pasando de un peón anclado simultáneamente a su pobre tierra y a lade la rica finca del café privado, a un pequeño productor de subsistenciabasado en el cultivo del café social. El migrante internacional de hoyal mismo tiempo es depositario de ese pasado de lucha por el espa-cio social que fue la conquista de la tierra vía recuperación, invasión,dotación, colonización o compra, y cuyo acceso le fue posible gracias a laorganización, la lucha política y el establecimiento de alianzas con otrosgrupos de campesinos mestizos.

Tras el proceso de modernización que tuvo lugar en la entidad, elmigrante indígena también es depositario de nuevas formas de sociali-zación temprana vía la educación, y de una serie de experiencias socialese individuales debido a una prolongación de la vida que le ha permitido

interactuar por mucho más tiempo con más de una generación. Igual-mente, ha sido el receptáculo de los cambios en las formas elementalesde la vida religiosa y su respectiva secularización, de las alteracionesocurridas en la otrora inercial vida marital, tanto en su iniciación comoen su disolución.

El curso de vida de la población trabajadora en Chiapas, especial-mente la indígena, tuvo su devenir de acuerdo con los tiempos históricosque se desarrollaron en un siglo; cada generación, compuesta por los

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individuos y sus familias, los interiorizaron y socializaron. La estructurade opciones se diversificó cada vez más. A inicios del siglo pasado tuvolugar la alternancia de la agricultura miserable de los lugares de origen

con el trabajo también miserable en las fincas de café. Tiempo después,con la apertura de pequeñas parcelas de cafeticultura indígena se asumióuna nueva figura, y se optó por alternar el café social con la persistenteinserción laboral en calidad de peones asalariados, aunque ya con undestino geográfico distinto debido al reemplazo de éstos en El Soconusco,por la incorporación de trabajadores guatemaltecos.

Era un tiempo intenso de cambios, ya que enseguida comenzaron aabrir brecha en la colonización de la Selva Lacandona, tras el retiro de lascompañías madereras. A finales de la década de los años cincuenta,

las opciones se habían diversificado todavía más, ya que se contaba con laposibilidad de continuar en las fincas de café, de concentrarse más enel café propio o emprender las primeras incursiones a zonas selváticas.En la década de los años sesenta sobrevino la posibilidad de insertarsetambién en los complejos de ingeniería civil aplicados en el levanta-miento de presas en la entidad, y en la apertura de caminos y carreteras.También se iniciaron las primeras incursiones en la entidad turística porexcelencia, Quintana Roo.

Los juegos aumentaron en la década de los setenta, porque ademásde todavía insertarse en la finca de café y demás actividades señala-das, se abría la alternativa de aumentar la distancia migratoria a laCiudad de México, pero también había surgido con potencia inusitadala lucha por la tierra en un terruño que reclamaba su presencia. Los añosochenta quedan marcados por la intensificación de la lucha, con sus costos ybeneficios, para alcanzar los noventa con un desfogue de las presionessociales, políticas y militares de décadas atrás mediante el levantamientoindígena. Para ese entonces, los destinos migratorios nacionales eranfamiliares. Se había experimentado un cambio existencial del colectivoindividual, en cuanto a experiencias acumuladas, transformaciones socia-les en los ámbitos de la educación, adquisición de habilidades bilingües,adscripciones religiosas y políticas, que en conjunto sirvieron como unacaja de herramientas para que el indígena se autoconstituyera en otroser, poseedor de un nuevo aparato cognitivo.

Sólo el tiempo social, constituido también por los tiempos individua-les, permitió abrir el horizonte a un destino de larga distancia y duración,aun cuando ese destino haya puesto a los indígenas más barreras quelas experimentadas por otras generaciones de otras entidades del país.

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 Así, la pobreza material y de habilidades preexistentes, más que haberdesencadenado una migración internacional de larga distancia, enel caso chiapaneco funcionó para retener esa mano de obra. Señalar

mecánicamente la pobreza chiapaneca como causa de la migración in-ternacional a Estados Unidos resulta ser algo de poca valía, ya que deser así, la migración a ese destino se hubiese disparado desde muchosdecenios atrás. De ahí que la respuesta pertinente a la inserción tardía dela migración chiapaneca a Estados Unidos resida en recuperar la frase“las condiciones no estaban dadas”.

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 Palabras clave: gobierno, Academia de Bellas Artes, modernización cultural, institución de arte.

 Key words: government, Academy of Fine Arts, cultural modernization, art institution.

La nacionalización de la Academia de Bellas Artes y Escuela de ArtesDecorativas e Industriales de la ciudad de Buenos Aires, creadapor los miembros de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes en 1878,

abre una serie de interrogantes: ¿por qué la nacionalización?, ¿por quéen ese momento?, ¿con qué finalidades? El presente artículo tiene porobjetivo principal elaborar una respuesta a estas preguntas a partir de la

reconstrucción de las tramas de sentido que estructuran los significados delos principales protagonistas de esta nacionalización. A la vez, preten-de articular esos significados con la función social que se asignó al arte

* Doctorante en Sociología por la Universidad de Barcelona. Universidad de Barce-lona. Temas de especialización: sociología, arte, cultura, historia, teoría sociológica. ERE,Of. 306, Edificio Principal, Torre 4 Planta 1, Tinent Coronel Valenzuela, 1-11, 08034,Barcelona, España.

Resumen: El presente artículo analiza los insti-tutos de enseñanza artística formal y pública dela ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante el último cuarto del siglo  XIX  , en su relación espe-cífica con el proceso de institucionalización delo estético y la formación de la institución-arte

en Buenos Aires como parte del proceso de mo- dernización cultural. Con este fin, se estudia elcaso de la Academia de Bellas Artes y Escuela de Artes Decorativas e Industriales en el mo- mento de su nacionalización (1905), en tanto articulación-realización del proyecto estético- artístico y cultural de la formación de artistas reunidos en torno a la Sociedad Estímulo de Bellas Artes.

La nacionalización de la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires (1905-1907)

M ATÍAS I. Z ARLENGA *

D. R. © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología 76,núm. 3 (julio-septiembre, 2014): 383-411. México, D.F. ISSN: 0188-2503 /14/07603-02.

 Abstract: This article analyzes public formal art teaching institutions in Buenos Aires, Argen-tina, during the last quarter of the 19th cen-tury. It specifically analyzes the institutionaliza-tion of aesthetic issues and the creation of the art institution in Buenos Aires as part of the pro-

cess of cultural modernization. To this end,the author analyzes the case of the Academia de Bellas Artes y Escuela de Artes Decorativase Industriales at the time of its nationalization(1905) as part of the coordination and realiza-tion of the aesthetic, artistic and cultural project for the training of artists attached to the Socie- dad Estímulo de Bellas Artes.

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(y a su enseñanza) de acuerdo con la coyuntura político-económica y losintereses de ciertos sectores políticos-sociales del periodo.

En este artículo se sostiene que la función social de la Academia, en el

momento de su nacionalización, estaba relacionada principalmente conun interés político-moral vinculado con su agencia civilizadora para lacohesión y la armonía social. Esta función social estaba condicionada, ensu especificidad, por la interpretación que los encargados de su naciona-lización hacían de la realidad sociopolítica y artística del país de acuerdocon ciertas ideas cercanas al positivismo de Hippolyte Taine sobre laimportancia del “medio ambiente” para el desarrollo de las Bellas Artesen tanto manifestación del grado civilizatorio de una nación; asimismo,se relacionaba con el proyecto artístico-institucional de la Sociedad Es-

tímulo de Bellas Artes, que tenía por finalidad jerarquizar la pintura eimponer las Bellas Artes, orientando su acción a partir de la recreaciónde ese “medio ambiente” a través de la creación de instituciones queayudaran a fomentarlo (Museo, Academia, becas al exterior, etcétera);también, con la influencia de los modelos de academias europeas re-formadas por el impacto de la revolución industrial y el romanticismo;con el pensamiento y el programa de un liberalismo reformista que sepreocupaba por intervenir en las cuestiones sociales bajo el leitmotiv delprogreso, encarnado en la figura de Joaquín V. González; finalmente,con la oscilación de una política educativa que apuntaba a la formaciónorientada a lo humanístico (función política) más que al quehacer prác-tico (función económica) y que, por presiones sociopolíticas, comenzóa diversificarse (lo que revalidaba la función de la Academia en tantoformadora de artistas y artesanos).

GOBIERNO  Y EDUCACIÓN  ARTÍSTICA 

La nacionalización de la Academia de Bellas Artes de la Sociedad Estí-

mulo en 1905 no fue el primer acto de intervención oficial en materia deeducación artística. Durante el periodo virreinal y las primeras décadasposteriores a la independencia del entonces Virreinato del Río de la Plata(1799-1835) se crearon tres instituciones oficiales que centraron su ense-ñanza en el dibujo. La primera fue la Academia de Dibujo del Consuladode Buenos Aires, impulsada por Manuel Belgrano, bajo la dirección delescultor Juan Antonio Gaspar Hernández, dependiente de la corona es-pañola, con una breve existencia entre 1799 y 1804. La segunda de las

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instituciones fue la igualmente llamada Academia de Dibujo del Consula-do de Buenos Aires, dependiente del Cabildo, reimpulsada por el padreCastañeda y dirigida primero por José Guth y luego por José Rousseau,

que funcionó de 1815 a 1821, cuando entró a formar parte, como cátedra,de la recién creada Universidad de Buenos Aires.1 Finalmente, la tercera delas instituciones fue la Cátedra de Dibujo de la Universidad de Buenos Aires, dependiente del Departamento de Ciencias Exactas, dirigida porGuth, que funcionó de 1821 a 1835.

La función social de estos establecimientos educativos está signadapor el pensamiento utilitarista, de gran influencia en Iberoaméricadesde las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII hasta las prime-ras décadas del siglo XIX. Esta corriente de pensamiento, caracterizada

por el impulso reformista, el énfasis en la educación y la experimentacióncientífica (Braun, 1992), tuvo una recepción importante en funcionarios ypensadores del Virreinato del Río de la Plata, que se trasluce en la doblefunción que tuvieron las dos Academias y las cátedras de Dibujo.

 Así, la primera de las funciones de estos establecimientos apuntabaa la enseñanza del diseño para la producción de objetos para la vidacotidiana (artesanías), para la producción de objetos singulares (obrasde arte) y la ampliación del conocimiento (a partir del ejercicio de lec-tura de planos) bajo reglas racionales. La segunda, más cercana a unafinalidad de tipo moral, tenía como objetivo convertir a los hombres alos hábitos del trabajo, para eliminar la “ociosidad”. En este sentido, sesostiene la hipótesis de que durante este periodo la enseñanza artísticaoficial en Buenos Aires (centrada en el dibujo) se relacionaba principal-mente con un interés económico-material (vinculado con el desarrollodel comercio y la industria) y moral (centrado en el intento de inculca-ción del hábito del trabajo en los habitantes) como parte del proyectode la burguesía comercial porteña. Estos proyectos educativos, inscri-tos dentro de ciertas concepciones utilitarias, racionales y científicas sobrela educación, empezaron a cuestionar los estudios clásicos, centrados enel derecho, la filosofía y la teología (Tedesco, 2003: 23-24). La finalidadde este tipo de educación es generar una mejora en la economía y lasrelaciones comerciales a partir de la incorporación de pautas racionales

1 Sobre la vida de la Academia de Dibujo en sus dos etapas resulta más que intere-sante el trabajo de Rodolfo Trostiné (1950). Sobre la labor específica de Manuel Belgra-no al frente de la Academia de Dibujo también puede consultarse el trabajo de NicolásBesio Moreno (1995).

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en los habitantes, tanto para el cultivo y distribución de la tierra comopara la realización de manufacturas.

Está pendiente la realización de un trabajo que atienda con sufi-

ciente profundidad la enseñanza artística oficial durante el periodo deconformación de los Estados nacionales en América Latina, signado porlos conflictos internos entre diferentes facciones político-sociales por elestablecimiento de un modo de acumulación y un orden jurídico esta-ble. En el caso argentino, y de acuerdo con José A. García Martínez, setiene registro de la existencia de una cátedra de dibujo en el ColegioRepublicano Federal, que dirigió primero Francisco Magesté y luego, aprincipios de 1845, Juan Camaña (quien fuera primer presidente de laSociedad Estímulo de Bellas Artes) (García Martínez, 1985). Durante este

periodo —marcado por los conflictos entre la Confederación Argentina(al mando primero de Justo José de Urquiza y luego de Santiago Derqui) y el gobierno de Buenos Aires (que no acepta restringir sus intereses enpos de los de la Confederación)— no hay registro de ningún proyectoclaro que intentara definir el lugar que deben ocupar las artes plásticasen el país y cuál debía ser la forma adecuada para su enseñanza. Aquíse sostiene que esta cuestión se debe a la imposibilidad de imponer unproyecto político-social capaz de constituir un orden jurídico estable queexpresara los intereses de algún sector social desde el cual definir unestatus para el arte y articular una política educativa acorde con éste.

Durante la primera fase de la consolidación de los Estados nacionaleslatinoamericanos, que en Argentina se circunscribe al periodo que va de1862 (momento en que asume como presidente de la nación BartoloméMitre) a 1880 (marcado por la federalización de Buenos Aires y el ascen-so de Julio Argentino Roca a la primera magistratura), la situación dela enseñanza artística cambia. En esta etapa histórica, la mayoría de lospaíses latinoamericanos asiste a un proceso de consolidación de sus Esta-dos nacionales a partir de la implantación de las condiciones materiales y jurídicas necesarias para la conformación de un modo de acumulaciónque permitiera insertar a los nacientes países en el nuevo orden mundial(Oszlak, 1978, 19-21).

En el caso argentino, en este lapso —atravesado por las presidenciasde Mitre (1862-1868), Sarmiento (1868-1874) y Avellaneda (1874-1880)—se asiste a lo que autores como Óscar Cornblit, Ezequiel Gallo y AlfredoO’Connell (1962) denominan proceso de centralización política. Orques-tado desde una provincia hegemónica, Buenos Aires, capaz de imponersu preeminencia geopolítica, este proceso supone el asiento de las bases

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político-jurídicas y económicas de un nuevo orden que se despliega y seconsolida a partir de 1880. Este proyecto, que ya se encuentra en las for-mulaciones alberdianas en el momento de la redacción de la Constitución

argentina, se centra en la creación de un régimen político estable quegarantice las libertades civiles y la inserción de Argentina en el mercadomundial a partir de la exportación agropecuaria y la captación de inmi-grantes y capitales extranjeros.

Dentro de este proyecto, el estatus de las artes plásticas se redefine y, en tanto que Bellas Artes, se les entiende como expresión última dela civilización y el progreso de una nación. Este cambio de estatus de lasartes se vincula, en parte, con la recepción del pensamiento positivista en América Latina, que significaba para políticos e intelectuales de la época

poder reconstruir una historia propia y rebasar, en un camino evolutivo,la etapa precedente vinculada con el pasado colonial (Zea, 1980: 26).Dentro de esta corriente de pensamiento, los aportes de Hippolyte

Taine en materia artística resultan fundamentales, especialmente la re-lación entre raza, arte y civilización (Taine, 1958). En este momento, lafunción social de la enseñanza artística se relaciona principalmente conla formación de artistas que puedan expresar en sus obras el grado decivilización alcanzado por la nación. Esta cuestión no es menor, puestoque para la élite gobernante es imperioso mostrar a Argentina comoun país “ordenado”, “civilizado” y en vías de “progreso”; por lo tanto,confiable para las inversiones.2 Y qué mejor expresión de aquello quemostrar sus logros en materia de arte en las grandes ferias internacio-nales, exposiciones industriales, universales, panamericanas, nacionales y regionales que se celebraban en Europa y en el propio continente casiininterrumpidamente desde mediados del siglo XIX.

Como bien señala Laura Malosetti Costa, estas ferias representabanpara las naciones industriales como Inglaterra y Estados Unidos “laconstrucción de ‘universos simbólicos’ que articularan las ideas de raza,nacionalidad y progreso de los sectores burgueses”, pero desde la perspec-tiva de los países con Estados nacionales en formación, como Argentina y otros, significaban la posibilidad de

exhibir y obtener mejores mercados para los productos nacionales […] [y]también como una búsqueda de ofrecer una imagen lo más confiable ycivilizada posible de las naciones, que las hiciera atractivas, tanto para la

2 Además de una búsqueda de legitimación interna frente a la propia nación argen-tina.

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inversión de capitales extranjeros como para la radicación de los inmigran-tes (Malosetti Costa, 2001: 117-118).

En un Estado todavía en formación, y bajo una ideología que tomabacomo modelo civilizatorio el de las principales naciones europeas, lamejor política educativa en materia de arte considerada por la élite diri-gente fue la del otorgamiento de becas para la formación en el exterior.Martín Boneo, Claudio Lastra y Mariano Agrelo fueron los tres primerosbecarios en Europa en virtud de una iniciativa de Mitre cuando aún eraministro de Gobierno de la Provincia (García Martínez, 1985). Desde esemomento, y de acuerdo con los registros aparecidos en los decretos delMinisterio de Instrucción Pública del Poder Ejecutivo Nacional, existióuna política de otorgamiento de subsidios discrecional para la formaciónen el exterior (cfr. Avellaneda, 1873). En líneas generales, esta políticafue errática hasta la creación de la Comisión Nacional de Bellas Artesen 1897. Establecida bajo la presidencia de José Evaristo Uriburu (1895-1898), esta comisión tenía por finalidad estimular “aquellas tendenciasque son causa civilizadora, factor de riqueza y gloria nacional” a partirdel otorgamiento de una subvención de 300 pesos mensuales, previo con-curso abierto, para la realización de estudios de Bellas Artes en algunasciudades europeas (Comisión Nacional de Bellas Artes, 1899: 64).3 

Otra de las políticas en materia de educación artística durante el pe-

riodo de formación del Estado argentino, propulsadas bajo la presidenciade Mitre, fue la creación de Cursos Regulares y Libres de Dibujo al Natu-ral en los recientemente fundados Colegios Nacionales. Además, durantela presidencia de Sarmiento (1868-1874), y siendo ministro de InstrucciónPública Nicolás Avellaneda, se acordó otorgar una subvención de 80 pesoscon el objetivo de crear un establecimiento para la enseñanza de dibujo y pintura “primero de esa clase en el país” bajo la dirección de MartínBoneo (Boneo, 1878: 534). Dicho establecimiento, que llevó por nom-bre Escuela Nacional de Dibujo y Pintura, tuvo una vida marcada por la

precariedad económica, desde su fundación en 1873 hasta su cierre en18884. Sin embargo, Boneo informó en 1879, con cierta satisfacción, al

3 El decreto de creación de la Comisión Nacional de Bellas Artes se puede encon-trar en la Memoria presentada al Congreso Nacional por el ministro de Justicia, Cultoe Instrucción Pública, doctor Luis Beláustegui (1897). También se puede consultar endocumentos del Poder Ejecutivo Nacional (1897).

4 Para conocer el desarrollo institucional de esa escuela se pueden consultar lasmemorias del ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública presentadas en 1874, en

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ministro de Culto, Justicia e Instrucción Pública, la existencia “de 45alumnos de ambos sexos […] que […] atento a la estrechez del local y lamodesta subvención del profesor y la carencia de modelos, no ha dejado

de haber un progreso admirable debido ciertamente a los jóvenes queella cuenta” (Boneo, 1897: 534). Hasta la nacionalización de la Academiade Bellas Artes en 1905, ésta fue la única institución oficial de enseñanzaartística que funcionaba desde el cierre de la Academia de Dibujo delConsulado en 1821.

En 1880, tres batallas se libran en Buenos Aires. Los combates de Ba-rracas, Puente Alsina y los Corrales culminan con la subordinación de laprovincia de Buenos Aires al poder político nacional. Las tropas delpresidente Avellaneda, al mando de su ministro de Guerra, Julio Argen-

tino Roca, sofocan el último levantamiento autonomista de la ciudad deBuenos Aires. Con este episodio se pone fin a la serie de conflictos inter-provinciales de Argentina y se abre paso a una nueva etapa en la historia.Poco tiempo después, Roca —quien había estado al frente de la llamadaConquista del Desierto en 1879— es nombrado presidente. Durante suprimer mandato (1880-1886) se termina de formar definitivamente elEstado nacional y el régimen político que lo hace manifiesto.

Para Cornblit, Gallo y O’Connell (1962), detrás de Roca y sus seguido-res hay un programa o proyecto de acción claro que se puede remontar alos postulados de Juan Bautista Alberdi a la hora de generar una fórmulade gobierno eficaz y a las acciones seguidas por Mitre a partir de 1862.Este programa se puede dividir en dos momentos estrechamente vincu-lados: el político y el económico. El primero tiene que ver con medidaspara la construcción de un orden político y jurídico estable que posibili-te el respeto a la propiedad privada y el movimiento libre de capitales.Este momento se lleva adelante con medidas que tienden a fortalecerel poder central (federalización de recursos de las provincias al podernacional, federalización de la ciudad de Buenos Aires) y a proveerlo delos atributos inherentes a su soberanía (organización de la municipalidad,de los tribunales de la capital y del código de procesamiento en lo civil,formulación de la ley 1130 de la moneda, creación del Banco Hipoteca-rio y Nacional, consolidación de la deuda pública, organización de losterritorios nacionales, creación de las leyes de educación común y registrocivil y adecuación de una política internacional). A su vez, el momento

1875 (Leguizamón, 1875), y en 1876 (Leguizamón, 1876). Además, el Registro Nacionalde la República Argentina (1875).

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económico (íntimamente relacionado con el político y generado poraquél) tiene como eje la expansión económica a partir de la integraciónen los mercados mundiales de mercancías y capitales (bajo un sistema

de libre comercio) a partir de la atracción del inmigrante europeo y delcapital del mismo origen, con la finalidad de explotar las enormes ex-tensiones de praderas cultivables para la exportación de materias primas(Cornblit, Gallo y O’Connell, 1962).

 Al igual que durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellanedael estatus del arte se definía en la articulación compleja entre el presti-gio y jerarquía de las Bellas Artes (horizonte deseable y esperable portodos aquellos artistas que tenían puestas su mirada en Europa y queríanemular en el país esa situación) y la política, en tanto manifestación del

grado civilizatorio alcanzado por la nación. Autonomía y función políti-ca se articulan marcando la singularidad del proceso de modernizacióncultural porteño. La política en materia de enseñanza artística continúacentrada en las subvenciones a becarios y en las instituciones existentes,que en 1880 son dos: la Academia de Estímulo y la Escuela de Dibujo y Pintura de Martín Boneo. Lamentablemente, se encuentra perdida ladocumentación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes entre los años1881-1887, que podría mostrar de forma más fehaciente la relación entreel roquismo y dicha sociedad.

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La Escuela de Dibujo, Pintura, Escultura, Arquitectura y Artes Aplicadas(1878-1904) fue la base de la Academia Nacional de Bellas Artes y Escuelade Artes Decorativas e Industriales (1905-1921) y modelo estructuran-te de la enseñanza artística pública en Buenos Aires por lo menos hasta1934. Su devenir como institución se inscribe en el horizonte más vastodel proyecto estético-artístico de la formación de artistas reunidos en

torno a la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, fundada en 1876 en Buenos Aires y en la que participan figuras como Eduardo Schiaffino, EduardoSívori, Alfredo Paris, Juan Camaña, Carlos Gutiérrez, Alejandro Sivori, Julio Dormal, Giussepe Aguyari, Santiago Vaca Guzmán, Ernesto de laCárcova, Ángel De La Valle y Reinaldo Giudice, entre otros. Como se-ñala Malosetti Costa, se puede entender a la Sociedad como la primeraagrupación independiente de artistas con características modernas yun programa explícito, con un considerable grado de “autoconciencia”(Malosetti Costa, 2001: 85-114).

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La finalidad de la Sociedad era jerarquizar el lugar de las Bellas Artesen el país a partir de la formación de unas artes plásticas modernas ynacionales, consideradas inexistentes. Los miembros de la Sociedad en-

tienden que esta ausencia se debe, sobre todo, a la falta de institucionescapaces de generar un “clima” propicio para el desarrollo de las artes.En este sentido, el grupo se formula como objetivo principal generar lascondiciones necesarias para la profesionalización y el perfeccionamientode la actividad artística en el país a partir de la creación de una red derelaciones e instituciones de legitimación para dicha actividad. Esta tareaimplica el desarrollo del “gusto artístico”, tanto de los productores dearte como del público, elevar la actividad artística a la categoría de acti- vidad intelectual, promover la conformación de un público y un mercado

para sus obras y establecer una red de vínculos con los grandes centrosartísticos internacionales que dictan los códigos de pertenencia a una di-mensión “mundial” del arte (Malosetti Costa, 2001: 97). En este sentido,la creación de la Escuela de Dibujo, Pintura, Escultura, Arquitectura y Artes Aplicadas en 1878 aparece junto a otras instituciones generadas y promovidas por los miembros de la Sociedad —como el Museo Nacionalde Bellas Artes (1895), la Comisión Nacional de Bellas Artes (1897) y elSalón Nacional de Bellas Artes— en un intento por generar el “clima”propicio para el desarrollo de las Bellas Artes en el país.

Desde el momento de su apertura en 1878 hasta su nacionalizaciónen 1905, la primeramente llamada Escuela de Dibujo, Pintura, Escultura, Arquitectura y Artes Aplicadas y luego Academia de Bellas Artes y Es-cuela de Artes Decorativas e Industriales creció en cantidad de materias,alumnos y docentes, aunque no sin pasar por momentos de penuriaseconómicas. Este periplo es mencionado por Eduardo Sívori el día dela nacionalización, cuando destacó el aumento de estudiantes “que nopasaban de una decena” y en el día de la nacionalización pasaban de 600(Sívori, 1906: 99); agregó que la Academia “no ha dejado de funcionaruna sola vez, a pesar de múltiples vicisitudes y de momentos verdadera-mente angustiosos”, y que contaba con “un cuerpo selecto de profesoresespecialistas y con un material de enseñanza que puede llamarse inme- jorable” ( Ibid.).

La continuidad de la labor de la Academia por más de 30 años noresultó un dato menor para el entonces ministro de Instrucción Pública, Joaquín V. González. Así lo afirmó en el decreto de nacionalización, en elque resaltó el mérito de la Academia por haber “conseguido arraigarse”sin la intervención directa de la acción del Estado, lo que demostraba

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“su necesidad real” (González, 1906a). En el discurso pronunciado enel momento de la nacionalización también resaltó este hecho (González,1906b). El ministro creía que la promoción oficial de este tipo de em-

prendimientos debía hacerse en el momento de madurez del conjuntosocial y no antes. El hecho que la Academia haya subsistido durante tantosaños, y que despertara un creciente interés por parte del público, resultaun dato sintomático de esta madurez.

González esgrimió este argumento, en el mismo discurso, para justifi-car la indiferencia oficial en materia de arte anterior a la nacionalización;consideró que muchas veces, por “impaciencia”, se “reclaman hechospolíticos antes de su madurez” (González, 1906b: 102). El problema deesta inmadurez, para González, tenía que ver con la distancia entre el

germen de la idea artística (a veces encarnada por largo tiempo en unsolo espíritu) y el conjunto social (que no siempre se encuentra apto pararecibirla). Para el ministro, esta distancia se podía subsanar mediante unproceso de comunicación y difusión entre los portadores de la idea y elresto del grupo social. Sin embargo, para que esta comunicación-difusiónsea efectiva, no se debe hacer sobre el vacío social. Por lo tanto, para quela comunicación acontezca, el “organismo general” debe encontrarsepreparado para sufrir los impulsos de crecimiento que el “germen artís-tico” genera en él, así “como los frutos de la selva no toman su forma yadquieren su peso antes de que el árbol pueda sostenerlos” (González,1906b: 103).

Para González, esto no podía ocurrir durante el periodo colonial ytampoco durante los primeros gobiernos patrios, ya que “el arte no seanticipa a su tiempo ni germina en la ignorancia” (González, 1906b: 104). Antes del problema de la difusión, se debía subsanar el de la “sociabi-lidad” del grupo receptor. Como bien señala Darío Roldán, ésta es unapreocupación que atraviesa la reflexión histórico-política de González(sobre todo en los escritos que dedica al examen del pasado argentino)(Roldán, 1993). González entendía, por ejemplo, que la élite rivadaviana,en los albores de la independencia, no comprendía lo suficientementebien las fuerzas reales de la sociedad en las que actuaba.

El pensamiento positivista de González lo llevó a pensar que estasfuerzas estaban condicionadas por la raza y el medio. Por lo tanto, parahacer efectiva cualquier política de gobierno se debía intervenir prime-ramente sobre estos factores; si no, cualquier empresa terminaría enfracaso. El tipo de intervención que consideró efectivo fue el que iballevando adelante su propia generación política: la educación (para que

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los impulsos del hombre puedan encontrar una adecuada contenciónen la razón) y la inmigración (para el “mejoramiento” de la raza y laconsecuente adaptación de la sociabilidad a formas constitucionales más

avanzadas). Aquí ya se puede dar una respuesta al interrogante inicial sobre elmomento de la nacionalización de la Academia de Estímulo. Para Gonzá-lez, en 1905, los factores que condicionan la sociabilidad del grupo (raza y medio) se transforman: por un lado, por la política migratoria llevadaadelante de manera intensiva desde 1880; por otro, por el “germen” yla difusión de las ideas educativas en materia de dibujo implantadas porBelgrano a finales del siglo XIX. Aquí se aprecia una relación de continui-dad y conexión entre la generación de Belgrano y la suya. Para González,

Belgrano planta la “semilla en el surco propio del único arte posible”(González, 1906b: 104). Esta “semilla” primero entra en contacto con el“medio” para luego difundirse “en el alma de un pueblo por mil con-ductos invisibles, como el limo que un río deposita en las tierras sedientas,para que brote en ellas más tarde la selva henchida de vitalidad, de fuerza y de belleza” ( Ibid.). Para que sea posible ese “brote”, resulta necesariala acción de su generación: para el “mejoramiento de la raza”, a travésde la atracción de la inmigración europea, y la educación. Por eso, paraGonzález, su presente representa el tiempo de la madurez, el momentoen que la “semilla” artística puede “brotar” en el grupo social transfor-mado “ascendiendo un plano en la escala de su civilización” ( Ibid.). Sumomento es la edad del arte.

L AS RAZONES DE LA  NACIONALIZACIÓN 

Si, de acuerdo con González, están dadas las condiciones para el de-sarrollo del arte, ¿por qué la nacionalización? ¿Por qué el Estado debeintervenir en algo que se desenvuelve sin su intervención directa? ¿Por

qué intervenir directamente? Estos interrogantes se pueden responderentendiendo las respuestas generadas por ciertos sectores de la élite di-rigente ante la crisis económico-política de 1890 y la emergencia de lallamada “cuestión social”.

Luego de terminado el primer mandato presidencial de Roca (1880-1886), asumió la primera magistratura Miguel Juárez Celman. Muchosanalistas coinciden en señalar que bajo la presidencia de éste se inten-sificaron las líneas directrices del proyecto económico-político de la

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generación del ochenta. Al año de asumir (1887), Juárez Celman lanzóun ambicioso plan para la expansión financiera del país. Este proyectoconsistía en la creación, por ley, de bancos garantidos. De acuerdo con

esta ley, cualquier banco tenía la posibilidad de emitir moneda siempreque comprara bonos del gobierno nacional, que funcionaban como res-paldo de esa emisión. Esta ley de bancos garantidos llevó a la emisióndescontrolada de moneda que, sumada al crecimiento de la concesión li-beral de créditos, terminó por sumir en la quiebra al sistema bancarioen su conjunto. Esta situación generó desconfianza en las inversionesespeculativas y un refugio en el oro, lo que derivó, finalmente, en unadesvalorización de la moneda nacional.

Esta crisis económica no hubiera resultado tan grave a no ser por el

contexto internacional. Para 1890, el saldo de la balanza comercial eradeficitario. Esto no representaría mayores problemas si esta diferenciafuera saldada por la balanza de capitales. Pero en 1890 los inversoresse dieron cuenta del carácter sobredimensionado de las expectativasde crecimiento argentino y decidieron dejar de invertir, lo que agudizóel problema. A esta crisis económica se le sumó la política. Juárez Cel-man —deseoso de identificar el poder ejecutivo con el aparato políticoadministrativo de las provincias y de concentrar el poder en su figura—generó una política de exclusión de otros sectores de la élite gobernante(como las facciones liberales del mitrismo, los gobernadores aliados conRoca y las principales facciones políticas de Buenos Aires) que, añadidaa la exclusión efectiva de la mayoría de la población de la vida política(producto del fraude y las restricciones electorales), culminó en la revolu-ción de 1890 y la posterior renuncia de Juárez Celman.

No es éste el lugar para detenerse a analizar pormenorizadamente lasconsecuencias político-económicas de esta crisis, pero sí debemos tratar deestablecer la conexión que existe entre estos acontecimientos y la nacio-nalización de la Academia. Sin embargo, resulta importante analizar unfactor más, vinculado con la emergencia de la llamada cuestión social.

De acuerdo con Eduardo Zimmermann, la cuestión social se vinculacon las ideas y las valoraciones generadas por las élites gobernantesde las principales potencias europeas durante el siglo XIX sobre el altoporcentaje de la población que vive en condiciones de miseria, productodel industrialismo (Zimmermann, 1995). En Argentina, la emergencia dela cuestión social se asocia con el conjunto de problemas derivados delproceso de migración masiva, urbanización e industrialización genera-do por las políticas económicas implantadas desde mediados del siglo

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XIX y consolidadas a partir de 1880. Particularmente, las vinculadas conlas condiciones de vivienda, sanidad y salud pública de la población, elaumento de la criminalidad urbana, y la protesta obrera.

Esta nueva “problemática” social —que para muchos se hace evidentea partir de la crisis económico-política de 1890— cristaliza, en algunosmiembros de la élite dirigente, la posibilidad de introducir “reformas”en las instituciones existentes con el fin de lograr una mejora de la si-tuación que permita garantizar el progreso de la sociedad. Como señalaZimmermann, las ideas de estos “reformistas” no se alejan mucho de lospostulados y las acciones del liberalismo decimonónico latinoamericano,sobre todo los vinculados con una política del laissez-faire en materiaeconómica, con la preocupación por el establecimiento de garantías cons-

titucionales protectoras de los derechos individuales, y con el apoyo deun proceso de secularización social que reduzca la influencia de la Iglesiacatólica, así como también con la necesidad de establecer límites al poderestatal durante el proceso de construcción de los Estados-naciones.

Sin embargo, a diferencia de los liberales clásicos, los reformistasconsideran necesaria la intervención del Estado para la solución de losnuevos problemas económicos, políticos y sociales. Este grupo de “libera-les reformistas” —mayoritariamente médicos y abogados, con una fuerte vocación por la vida intelectual y vinculaciones activas con el mundoacadémico y político— buscan una “vía media” entre “individualismo” y“colectivismo” que, iluminada por la combinación de nuevos principiosfilosóficos y científicos, culmine en una redefinición de la relación entreEstado y sociedad que permita atenuar o eliminar los rasgos más peli-grosos del conflicto social (Zimmermann, 1995).

La figura de Joaquín V. González puede incluirse dentro de estacorriente. Como ministro de Interior y posteriormente de InstrucciónPública de Roca durante la segunda presidencia de éste (1898-1904) yministro de Instrucción Pública de Manuel Quintana (1904-1906), llevóadelante una serie de reformas que tenían por finalidad la mejora polí-tica, social y moral del país. La primera de estas reformas consistía en laelaboración de un proyecto de reforma político-electoral (1901), con elfin de volver más transparentes los comicios. La segunda reforma, social,implicaba la elaboración de un Código Nacional del Trabajo (1904) quepretendía, a diferencia del Código Civil, que legislaba sobre el derechode propiedad de los bienes terminados, legislar sobre las condiciones deproducción de éstos, es decir, las relaciones entre capital y trabajo en elinterior de las industrias. Finalmente, para la reforma moral, aparece

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como herramienta privilegiada la acción gubernamental en materia deeducación, que tiene como principal objetivo la transformación de lasformas de sociabilidad de la población argentina (Roldán, 1993).

En este sentido, la función social de la educación para González esclaramente política, y está vinculada con la generación de un nuevo tipode sociabilidad democrática capaz de amoldarse a una forma de gobiernoa la que considera, pese a sus fallas, igualmente democrática. Gonzálezentiende que la garantía del orden y la continuidad del progreso depen-den de este tipo de acciones educativas. Su necesidad se presenta comourgente, más si tiene en cuenta la revolución cívico-militar del radicalis-mo de febrero de 1905 (tan sólo dos meses antes de la nacionalizaciónde la Academia). En este contexto aparece nuevamente el problema de

la sociabilidad, pero esta vez vinculado con el mantenimiento del orden.González esgrime un programa de reforma educativa que atraviesa la en-señanza primaria, normal, nacional y especial, y que tiene como corolariola creación de la Universidad Nacional de La Plata hacia finales de 1905, y donde la nacionalización de la Academia de Bellas Artes aparece tansólo como un capítulo de este periplo (González, 1905).

González, al igual que Alberdi, desconfía de algunas capacidades delos habitantes del suelo argentino. Para Alberdi, esto se manifestaba enlas incapacidades de la población para generar, de forma autónoma, undesarrollo económico y político moderno, y encontró una solución a estedilema a partir del “trasplante cultural”. Para González —a quien se lepresentan como problema las consecuencias no deseadas de esa políticade “trasplante cultural”—, la desconfianza radica en las dificultades deuna población heterogénea para adquirir pautas democráticas que secomplementen con las formas políticas existentes. González halló unarespuesta a esta disyunción en la intervención del Estado, que a través delas políticas educativas generaría las pautas necesarias para la vida demo-crática. Así se complementaría la reforma electoral, pero desde “abajo”.En este sentido, para González el Estado no sólo estaba en condicionesde intervenir en la educación artística, sino que era su deber hacerlo.

L A  FUNCIÓN SOCIAL DE LA  A CADEMIA  N ACIONAL DE BELLAS A RTES

¿Cuál es la función principal que el Estado le asigna a la educación artís-tica? La hipótesis que aquí se sostiene es que esta finalidad se encuentrarelacionada, principalmente, con un interés político-moral vinculado con

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su agencia civilizadora para la armonía social. En primer lugar, Gonzálezasigna a la educación artística un lugar central para la generación decivilidad en la población; entiende que el arte y su enseñanza legislan

sobre el dominio de las pasiones del hombre.Una de las principales preocupaciones de González en sus textoshistóricos es la de entender las formas en las que se define la sociabili-dad argentina, para extraer algunas “invariantes” que le sirvan para laacción política (Roldán, 1993). Dentro de estas “invariantes” encuentrauna “unidad del drama humano” vinculada con los sentimientos y laspasiones que, más allá de las diferentes razas y particularidades deldesenvolvimiento cultural, afecta a todos los hombres por igual. ParaGonzález, estos aspectos de la humanidad entran en abierta tensión con

la razón. El problema es cómo encauzar las primeras (las pasiones) des-de la segunda (la razón), para conducir a las poblaciones por el camino dela civilización y el progreso. Precisamente aquí es donde juega un papelclave la educación artística.

González entiende que

ciencias, artes, educación estética, desarrolladas simultáneamente y en for-ma integral, en todo un pueblo, realizan los más sorprendentes fenóme-nos de cultura y de convivencia: el sentimiento que es generador de pasiones setransforma en agente civilizador, en fuerza insuperable de cohesión y armonía social

(González, 1906c: 105; cursivas mías).

De este modo, cuando las pasiones son moldeadas por “un conceptosuperior de perfección y de belleza […] domina la moral, la educación,la vida práctica y aun la política” (González, 1906c: 106). Esto resultaposible por la “armonía” que el ideal del arte difunde en las almas, loque evita “los odios ingénitos y persistentes que llegan a veces a construirideales de vida, en familias, sectas y facciones, y a envenenar las fuentesde toda civilidad y cohesión patriótica” ( Ibid.).

Es así como, para González, el arte funciona como complementode la acción política, ya que para ésta “las leyes positivas no alcanzana la jurisdicción íntima donde los actos voluntarios tienen su primitivaelaboración […] [allí existe] el reinado de la libertad moral perfecta, in-tangible, inviolada” (González, 1906c: 107). Sólo se puede alcanzar esteideal mediante la complementación de una “política-arte” (direcciónde la sociedad humana hacia una armonía suprema) y una sociedadeducada bajo el ideal estético “para concurrir al conjunto armónico de

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sentimientos, albedríos, inspiraciones y potencias” ( Ibid.). De esta manera,para González, la educación estética, al funcionar como mediadora entrela voluntad individual interna y las leyes positivas externas, posibilita la

cohesión y la armonía del conjunto social; ésa es su agencia civilizado-ra y debe ser la principal finalidad para el Estado.Se puede argumentar que la posibilidad de “armonía” jurídico-

individual queda reservada para los pocos iniciados que accedan a estetipo de enseñanza. Sin embargo, González enumera dos mecanismos através de los cuales estos beneficios pueden llegar a difuminarse por elconjunto social. El primero se vincula con la formación de docentes parala difusión de la aptitud estética en el pueblo a través de la enseñanza delarte en las escuelas primarias, normales, nacionales y especiales.5 Esto

permitiría, por una “ley natural de densidad”, la formación, en últimainstancia, de grandes creadores en arte.6 El segundo mecanismo trabajaríaa partir de una transmisión mediada por la arquitectura, monumentospúblicos, estatuas, estilos arquitectónicos, museos y escuelas de la ciudadque, como expresión del carácter singular de la nación, cumplen la fun-ción de educar el gusto popular.

Estos mecanismos son mencionados por González como otros be-neficios, más concretos o “positivos”, para la cultura de la población.Resulta interesante resaltar que dentro de estas finalidades “positivas”se mencionan otros dos aspectos importantes debido a sus implicacionesposteriores. El primero de estos aspectos remite a la preocupación, porlo que a simple vista puede ser catalogado como un problema vinculadocon la construcción de la nacionalidad. González asigna a la educaciónartística una relevancia para la creación de un arte de tipo nacional, que

5 El 31 de julio de 1905, el pintor Martín Malharro reemplazó provisionalmente aErnesto de la Cárcova al frente de la clase de dibujo que se ofrecía en la Escuela Indus-trial de la Nación (Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1905). Tiempo después,

diseñó un programa integral de enseñanza de dibujo para escuelas primarias (Artundo,1997).

6 Para González, “una inmensa parte de los estudiantes se quedará en la primera ymás general etapa del proceso de perfeccionamiento estético; otra porción se orientaráhacia el provecho práctico o industrial, y por una ley natural de densidad, irán ele- vándose a la superficie los que hayan condensado en sí la mayor suma de la capacidadcolectiva. Entre éstos se verificará la selección superior, y serán después los que lleguena la cima, los futuros impulsores del arte, los creadores, los innovadores, los maestros,los portadores de la divina lumbre en esta agitada ascensión por una escala sin límitesconocidos” (González, 1906c: 108).

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tenga en la naturaleza su fuente de inspiraciones y en el “ambiente” (quelos fundadores han contribuido a desarrollar) su sentido crítico.

En este sentido, la Academia, para González, debe funcionar como un

catalizador para la conquista de grandes objetivos, al poder aglutinaruna serie de atributos vinculados con “las cualidades ingénitas de la razalatina, la virginidad espléndida de nuestro suelo, la robustez y juventudde la sociabilidad nacional, y la noble pasión que anima aún a los ini-ciadores de la escuela” (González, 1906c: 111). La cuestión de lo nacionalse hace más explícita cuando menciona la importancia de la preparaciónprofesional de los maestros para las escuelas públicas, ya que si “la in-fluencia modeladora de las artes del dibujo es tan poderosa en el alma juvenil, su importancia en la formación del carácter nacional no es menos

manifiesta” (González 1906c: 112). Sin embargo, siguiendo a FernandoDevoto, se puede interpretar que el problema de lo nacional en Gonzálezse vincula más con el conjunto de respuestas elaboradas por las élitesdirigentes en torno a la “cuestión inmigratoria” y la “cuestión social” quecon un incipiente nacionalismo (Devoto, 2006). Para González, al igualque para otros miembros de la élite dirigente, la idea de la emergenciade un otro amenazante (los inmigrantes) y la necesidad de construiruna identidad específica llevan a la implantación de ciertas reformasque apuntan más al intento de generar una armonía social en pos delprogreso y la civilización que hacia acciones que apuntalen la generaciónde contenidos culturales vinculados con una identidad nacional.

La cuestión nacional es un tema que florecerá con mayor ímpetu haciael Centenario. Para algunos historiadores, como Miguel Ángel Muñoz,éste resulta un momento clave para entender la formación del campoartístico porteño. En torno al Centenario se genera la primera disputapor espacios de poder entre dos proyectos sobre el arte, uno vinculadocon el nacionalismo positivista y otro con el espiritualista. Muñoz afirmaque en el interior del campo artístico se reproduce la polémica del campoliterario: una nueva generación de escritores como Ricardo Rojas, Leopol-do Lugones y Manuel Gálvez (en el campo literario) y el grupo Nexus(en el campo artístico) intentan legitimar su lugar desde un nacionalismotradicionalista, espiritualista y antipositivista con el que pretenden opo-nerse a sus predecesores y distinguirse de ellos: la generación del ochenta,entendida como materialista y cosmopolita (Muñoz, 1998).7 Estas ideas

7 Para Malosetti Costa, la oposición del grupo Nexus a la Sociedad no es estética niideológica, sino generacional. El Nexus es una generación de artistas que viene a cues-

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se consolidan e institucionalizan a partir de la creación y la reforma de laComisión Nacional de Bellas Artes en 19078 y del Salón Nacional deBellas Artes en 1911, espacios que empiezan a cumplir una función nor-

mativa, al señalar el rumbo estético del nacionalismo tradicionalista.La segunda de las finalidades “positivas” que resalta González está vinculada con la orientación industrial y decorativa de la Academia,particularmente con su capacidad de propagar directa e indirectamentela enseñanza del dibujo entre las clases obreras, lo que permite “elevarel valor específico de su labor, en el taller o en la fábrica” (González,1906c: 111). Esta finalidad puede llevar a pensar que la Academia deBellas Artes es proyectada con la intención de cumplir, como sus pareseuropeas, una función económica. Sin embargo, aquí se sostiene que este

propósito, aparentemente económico, se inscribe dentro de una funciónpolítica. Como bien sostiene Juan Carlos Tedesco, la educación media ysuperior en Argentina durante el régimen conservador tiene una doblefinalidad, relacionada con el mantenimiento de la estabilidad político-interna y con la formación de un hombre apto para cumplir papelespolíticos. Esto explica por qué la orientación general de la educación—por lo menos desde la formación de los Colegios Nacionales iniciadapor Mitre en 1863— es de base humanista y clásica, ya que se le con-sidera como preparación para la universidad (o para los puestos de laadministración pública).

Esto pone en evidencia, además, que la educación está más condi-cionada por los conflictos políticos-provinciales precedentes que por lanecesidad de adaptar la mano de obra del país a las nuevas condicionesproductivas. Pese a los numerosos intentos por diversificar la enseñanza(hacia finalidades económicas), esto no se lograría sino hasta después dela crisis de 1890. En ese momento, las élites dirigentes sintieron ame-nazado su dominio por parte de otros sectores que, formados tambiénen los Colegios Nacionales y las Universidades, reclamaban una mayorparticipación en la vida pública.

tionar a quienes ocupaban lugares de poder: la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes, la Academia, la Comisión Nacional de Bellas Artes, en las figuras de Schiaffino,Sívori, Giudici y De la Cárcova. Sostiene que esta “nueva generación” es la primera quepodía exhibir obras de verdaderos artistas (Malosetti Costa, 2006).

8 Sobre la reorganización y el cambio de finalidades de la Comisión Nacional deBellas Artes se puede consultar el documento del Poder Ejecutivo Nacional del 22de octubre de 1907.

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Dentro del sistema educativo, la salida a esta crisis se realiza a partirde la apertura de otros carriles de ascenso a través de la creación de ca-rreras técnico-profesionales. Esta nueva política se hace palpable entre

1890 y 1900 a través de la creación de escuelas comerciales y la primeraescuela industrial. En este sentido, la creación de la Academia de Bellas Artes se puede inscribir, también, dentro de esta estrategia de diversifi-cación. Esto aparece reflejado en el ordenamiento de las áreas dentro delas Memorias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de 1906.

En éstas, la Academia de Bellas Artes figura dentro del área “Esta-blecimientos de Enseñanza Especial”, junto con la Escuela de Comercio,la Escuela Nacional de Comercio de Concordia, la Escuela Comercialde Mujeres, las Escuelas Profesionales de Mujeres No. 1 y No. 2. Esta

área se diferencia de la “Instrucción Superior” (en la que están incluidasla Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional deCórdoba), los “Establecimientos Diversos” (entre los que figuran el MuseoNacional, la Biblioteca Nacional, el Observatorio Astronómico de Cór-doba, el Museo Histórico Nacional, el Instituto Nacional de Profesores,la Asociación Nacional de Profesorado y la Inspección General de Ense-ñanza Secundaria y Normal), los “Colegios Nacionales” y las “EscuelasNormales” (González, 1906b).

De acuerdo con lo expuesto, puede concluirse que para los funcio-narios del Estado la función social de la Academia de Bellas Artes, en elmomento de su nacionalización, está vinculada con finalidades políticas, y que estas finalidades se relacionan con la intención de mostrar, ante elmundo, el grado de civilización alcanzado por Argentina a partir de laformación de artistas que puedan desarrollar las Bellas Artes en el país;educar moral y civilmente a los habitantes de la nación a partir de ladifusión del “ideal estético”, y participar en la construcción de una identi-dad nacional partiendo de la creación de un modelo institucional que, alarticular los conocimientos artístico-técnicos de las principales metrópoliseuropeas con el “medio” local, sea capaz de generar las condiciones parala gestación de un arte y una escuela nacionales.

MODERNIZACIÓN CULTURAL,  AUTONOMÍA   Y FUNCIÓN SOCIAL DEL  ARTE 

La justificación en torno a la nacionalización de la Academia se conviertepara González en un catalizador de todas las problemáticas —e intentosde solución— de la sociedad argentina de entonces: el mantenimiento

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del orden político, la “cuestión social” y el problema de la inmigración.Este hecho hace pensar que, luego de la nacionalización, se produce uncambio en los contenidos curriculares y en el cuerpo docente, en el que

todos esos requerimientos y necesidades se plasman en herramientaspedagógicas concretas. Sin embargo, esto no es así. González respeta elcontenido de la enseñanza impartida hasta entonces y al cuerpo docenteexistente. Este principio de no injerencia curricular es ratificado en unaserie de decretos elaborados entre 1905 y 1906, en los que se deja enmanos de los profesores de la Academia la designación del director y del vice y la formulación de un programa y estatutos definitivos.

Esta situación se puede corroborar si se comparan el plan de estudioselaborado por los miembros de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes en

1899, cuando parece un hecho factible la nacionalización, y las materias y docentes designados por decreto para 1906.9 Detrás de esta políticade no intervención en materia de contenidos descansan algunas motiva-ciones que pueden vincularse con ciertas afinidades intelectuales entrealgunos miembros de Estímulo y González; también con las ideas queel propio González sostiene en relación con la importancia del procesode diferenciación y especialización de las sociedades modernas para su de-sarrollo; pero, sobre todo, con el nuevo lugar de  autonomía que el arteocupa en las principales naciones europeas.

La noción de autonomía es una categoría compleja que ha suscitadonumerosos debates dentro de la historiografía y teoría del arte. ParaPeter Bürger (2000), la autonomía es una categoría histórica y contra-dictoria que se refiere a la independencia relativa que alcanzó el arte—o subsistema social artístico— respecto de la pretensión de cualquiertipo de aplicación social. El momento en que esto ocurre coincide conla consolidación del dominio burgués en los principales países europeosa mediados del siglo XIX. Su complejidad radica en que esta categoríadescribe algo real, la desaparición del arte como ámbito particular de laactividad humana —vinculada con la praxis vital—, pero a la vez ocultael proceso histórico por el cual se hace posible esta separación. Estehecho lleva a Bürger a analizar el proceso de autonomización a partirde entender la función social que el arte cumple históricamente. Estascondiciones estructurales —esto es, las formas en que fueron reguladas

9 Sobre este punto se pueden consultar el decreto que organiza el personal docente y subalterno de la Academia de Bellas Artes el 22 de mayo de 1906 (Pinedo, 1906a) y eldecreto para nombrar personal provisorio (Pinedo, 1906b).

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las obras en una determinada sociedad (su estatus o función)— las definea partir del concepto de institución  arte, entendiendo por esto el aparatode producción y distribución de arte, así como las ideas que sobre el arte

dominan en una época dada y que determinan la recepción de las obras(Bürger, 2000).Bürger inscribe este desarrollo dentro de un segmento histórico es-

pecífico: el de la modernización cultural de las principales metrópolisoccidentales. Para esta tarea, examina la especificidad del arte en el pro-ceso de modernización a partir de los escritos de Max Weber relacionadoscon la religión. Weber entiende el proceso de modernización en tantodesarrollo del principio de racionalidad en Occidente. Éste supone unincremento en la facultad de dominio de las cosas a partir del principio

del cálculo, una sistematización de las visiones del mundo y la elabora-ción de un estilo de vida igualmente sistemático. Weber caracteriza elproceso de modernización de acuerdo con dos variables fundamentales:el desencantamiento del mundo y la diferenciación de esferas. La pri-mera describe el creciente declive de la explicación mágico-religiosa delos asuntos naturales y humanos, y un quebrantamiento de la concepciónmágica en que lo natural y lo divino permanecían unidos. Esta nuevasituación permite aprehender el mundo intelectualmente sin recurrir apotencias o poderes ocultos e imprevisibles que las encarnan y explican(pasaje de un conocimiento trascendente a uno inmanente). La segundade las variables da cuenta del proceso por el cual la vida social deja deser un todo homogéneo y unificado bajo el sentido de lo divino, y estallaen un conjunto de esferas vitales o subsistemas sociales diferenciados yautónomos. Este proceso de diferenciación se caracteriza por una se-paración entre lo sagrado y lo profano, a la que le sucede una divisiónentre lo teórico, lo ético, lo estético; la desaparición de una racionalidadsustantiva capaz de regir todos los órdenes de la vida (por lo que cadaesfera comienza a estar legislada por un criterio de valor y racionalidadpropios); un conflicto entre la religión y las esferas escindidas (arte, cien-cia y moral), y, finalmente, un conflicto de las distintas esferas entre ellas,producto de la diferenciación y el perfeccionamiento (Weber, 1987).

Para una teoría cultural interesada en el estudio de la función socialdel arte, Bürger considera de vital importancia analizar el proceso deracionalización weberiano. En éste encuentra una contradicción. Prime-ro, Weber entiende el arte como una esfera de la praxis social que se veafectada por el principio de racionalidad. Esta racionalidad aparece visua-lizada en el material artístico. Segundo, en su oposición a la religión, el

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arte se presenta como una instancia irracional, ya que hereda el contenidocarismático de la religión (por su capacidad creativa y anti-racional), ycomo valor expresivo “recibe la función de salvar almas” (por lo que la

experiencia artística se torna una forma de redención). Todo esto chocacon el racionalismo teórico-práctico creciente de la ética religiosa. Porello, aquí el arte aparece desvinculado del proceso de racionalidad. Laaparente contradicción entre el carácter racional e irracional del arte lepermite a Bürger reflexionar sobre la especificidad del proceso de mo-dernización y comprender problemas subyacentes de vital importanciaa la hora de su análisis (Bürger, 1992).

 A partir de estas contradicciones, Bürger deriva una serie de postu-lados que resultan centrales para entender la relación entre la Academia

de Bellas Artes y el proceso de modernización cultural en Buenos Aires,a saber: primero, dar cuenta de la diferencia entre la racionalidad delos materiales artísticos y su aplicación a una esfera que hereda los con-tenidos carismáticos y expresivos de la religión; segundo, entender quedurante la formación de la sociedad burguesa el estatus del arte sufremodificaciones, por lo que se debe poder diferenciar el estatus del arte encada momento histórico; tercero, entender que el proceso de moderni-zación no es un proceso unilineal de emancipación que culmine en lainstitucionalización de una esfera de valor que coexiste con otras esferas;por el contrario, se debe comprender como un proceso contradictoriocaracterizado por la adquisición de potencialidades y la pérdida de otras(en el que pueden convivir residuos tradicionales). Finalmente, el procesode modernización tampoco es autocontrolado, por lo que deben tenerseen cuenta los agentes sociales específicos de la racionalización en el pro-ceso histórico (Bürger, 1992).

 A partir de estas directivas se puede entender mejor el aparentecarácter contradictorio de la enseñanza artística en el momento de lanacionalización; mejor dicho, comprender la convivencia, algo conflic-tiva, de elementos vinculados con una función social específica, comola búsqueda de cohesión y armonía social a partir de la difusión de unideal estético, y un principio de autonomía que permite a los miembrosde Estímulo poder definir los contenidos específicos de la Academia.

La categoría de civilización aparece como un elemento central en elmomento de entender el proceso contradictorio de modernización cul-tural porteño durante esta fase histórica, ya que funciona como elementoarticulador entre autonomía y función social. En el ámbito de las artesplásticas, esta categoría se vincula con las prerrogativas para el desarrollo

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de una actividad que hasta entonces no había logrado un desenvolvi-miento considerable ni un lugar prestigioso en el ámbito intelectual dela ciudad. La estrategia adoptada por los miembros de la Sociedad Estí-

mulo de Bellas Artes para lograr este desarrollo aparece vinculada conla construcción de instituciones artísticas —la propia Sociedad (1876), la Academia de Bellas Artes (1878) y las gestiones para la creación del Mu-seo Nacional de Bellas Artes (1895)—, apelando a la ayuda oficial parala obtención de reconocimiento, fondos y subsidios.

Sin embargo, la Sociedad mantiene una independencia en sus decisio-nes, lo que permite a sus miembros asumir una “postura moderna” en suselecciones estéticas y formativas (Malosetti Costa, 2001). Esta autonomíarecién entra en cuestión cuando, en 1907, la Comisión Nacional de Bellas

 Artes pasa a tener injerencia y poder sobre la conducción de la Academia y el Museo Nacional de Bellas Artes, lo que provoca las renuncias deErnesto de la Cárcova y Eduardo Sívori y la asunción de Pío Collivadi-no como director de la Academia en 1908 (Malosetti Costa, 2006). Enel ámbito político, la autonomía y la consolidación de las institucionesartísticas tienen un doble efecto o función. En primer lugar, funcionancomo agentes civilizadores en pos de la armonía social. En segundo, comoelemento clave para medir el grado de civilidad alcanzado por el país.

CONCLUSIONES

El proceso de modernización cultural, de institucionalización del arte yconsagración de un tipo particular de trasmisión cultural en Buenos Airesse gesta en una dialéctica compleja entre centro y periferia. Los artistasreunidos en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, junto a algunos agentesdel Estado —encarnados en la figura de Joaquín V. González—, son losencargados de llevar adelante este proceso. La singularidad es que tantoel gobierno como los miembros de la Sociedad lo hacen bajo el supuesto

de la existencia de un terreno yermo en materia de arte en la Argentina,la conciencia de su posición marginal y la decisión deliberada del centroa partir del cual se ubican (que para ese momento histórico es la escenaartística francesa e italiana), lo cual afirma una relación de dominación y subordinación respecto de la tradición artística europea.

Para los miembros de la Sociedad, la finalidad que guía su accionarse relaciona con la generación de las condiciones de arte en el país apartir de una política de implantación de los contenidos culturales y

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se debe tener en cuenta que en el caso analizado existe una baja nor-matividad. Esto significa que la institución no es capaz de imponer, conla suficiente fuerza, un criterio excluyente que delimitase claramente un

adentro-afuera.En resumen, la relación entre enseñanza artística y mecanismos deinstitucionalización supone la reelaboración de planteamientos sobre elproceso de modernización cultural en Occidente, así como también lainclusión de otras variables vinculadas con la relación centro-periferia,intervención-espontaneísmo, el problema de la construcción de un arte(y una identidad) nacional y las corrientes de pensamiento artístico-intelectual y político del periodo.

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 Palabras clave: jueces, Suprema Corte, Poder Ejecutivo. Key words: judges, Supreme Court, executive branch.

¿En qué condiciones la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN)toma decisiones en contra del Poder Ejecutivo? ¿Por qué la SCJN decide votar contra el Poder Ejecutivo? El objetivo de este estudio

es explicar las decisiones de la Corte en contra del presidente a travésde la identificación de condiciones de suficiencia y/o necesidad (Ragin,1987). Analizamos las decisiones de la SCJN a través del control ejercidoen las controversias constitucionales, porque por medio de ellas se asig-nan facultades y competencias entre las órganos electos, se resguarda el

sistema federal y el principio de la división de poderes entre los órganosdel Estado (Cossío, 2009).

* Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España.Profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UniversidadNacional Autónoma de México. Temas de especialización: estudios legislativos y Poder Judicial. Circuito Mario de la Cueva S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México,D.F. El autor agradece a Aníbal Pérez-Liñán por su orientación en el uso del QCA  y suscomentarios a una versión preliminar. También, la lectura atenta y las sugerencias deSebastián Linares, Grisel Salazar y dos dictaminadores anónimos.

Resumen: El presente trabajo explica las con- diciones de suficiencia y/o necesidad en las cua-les la Suprema Corte de Justicia en México votacontra el presidente en las controversias consti-tucionales. Asimismo, utiliza el Análisis Cuali-tativo Comparado para comparar las decisiones durante 12 años. Así, comprueba que la Supre- ma Corte de Justicia en México se comporta de forma estratégica votando contra el presidenteen los temas de su agenda de gobierno y cuando ninguno de sus miembros ha sido nominado porel mandatario en funciones.

 Abstract: This paper explains the conditions of sufficiency and/or necessity in which the Supre- me Court in Mexico votes against the president in constitutional disputes. It also uses the Qua-litative Comparative Analysis to compare the decisions made during a 12-year period. The author proves that the Supreme Court in Mexi-co behaves strategically, by voting against the president on the issues on its political agenda and when none of its members has been nomi- nated by the incumbent president.

 Análisis Cualitativo Comparado: las decisionesde la Suprema Corte contra el Ejecutivo

en México

 JOSAFAT CORTEZ S ALINAS*

D. R. © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología 76,núm. 3 (julio-septiembre, 2014): 413-439. México, D.F. ISSN: 0188-2503 /14/07603-03.

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El referente empírico es el total de controversias constitucionales quese interpusieron en el periodo 2000-2012 entre el presidente y el Con-greso. Dado el número limitado de controversias interpuestas en ese lapso

(15), se optó por usar un enfoque cualitativo. La aportación de este textoes realizar un análisis empírico del comportamiento de la SCJN cuandoresuelve controversias que involucran al Poder Ejecutivo. Este trabajo sedistingue por el uso de la metodología conocida como Análisis CualitativoComparado, útil para encontrar condiciones de suficiencia y necesidadque llevan a un resultado determinado. La originalidad de esta aproxi-mación es la utilización de la causalidad compleja para el estudio de lasdecisiones de la SCJN; esto permite un análisis detallado de un númerorelativamente pequeño de casos.

Desde el año 2000, ningún presidente ha contado con mayoría desu partido en ninguna de las cámaras del Congreso, tendencia que noparece revertirse; de ahí la importancia de considerar la fragmentacióncomo una condición del sistema político actual. En ese sentido, se marcadistancia de aquellos autores que abordan periodos anteriores y tomanla fragmentación como una variable explicativa para el sentido de lasdecisiones de la SCJN (Ríos-Figueroa, 2007) y de aquellos que analizanlas decisiones de la Corte y su variación según el instrumento de controlconstitucional (Castagnola y López, 2012, 2013).

Cuando la fragmentación del poder político es una característica delrégimen político y el presidente no ha nombrado a la mayoría de los jueces constitucionales, se puede plantear la hipótesis general de que esmás probable que la Corte vote contra el Ejecutivo cuando la controversiaconstitucional: a) trata de un tema importante en la agenda del presi-dente, b) se refiere a un proceso legislativo, y c) ninguno de los juecesconstitucionales ha sido nombrado por el presidente en turno.

El andamiaje teórico lo proporcionan las judicial politics, en específicolos estudios de carácter estratégico que afirman que las decisiones delas cortes son interdependientes y que los jueces son actores racionalesque se ven limitados y restringidos por sus motivaciones personales, porel contexto institucional y por el ambiente en el que se desenvuelven(Epstein y Knight, 1998).

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LOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA  COMPRENDER  LAS DECISIONES DE LA  CORTE

Uno de los enfoques desde los que se ha abordado el estudio de las ins-tituciones en América Latina después de las transiciones políticas es elnuevo institucionalismo: “Los actores toman decisiones en respuesta aincentivos institucionales y hacen énfasis en el impacto causal de las ins-tituciones” (Munck, 2004: 316). En las condiciones de inestabilidad quecaracterizan a las nuevas democracias en América Latina, se ha optadopor dejar de considerar a las instituciones como variables independien-tes, para empezar a concebirlas como elementos cambiantes, sujetos areformas y modificaciones recurrentes. Su configuración y funcionamien-to dependen, entre otros elementos, de los balances de poder con quecuenten los actores, cuyas preferencias, estrategias y recursos relativos sehan colocado en el centro del análisis (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2013,Negretto, 2013). En ese sentido, el funcionamiento de las cortes supre-mas en América Latina ha estado influido de manera muy relevante porlos cambios en las correlaciones de fuerzas que han traído consigo lastransiciones y las alternancias en los partidos gobernantes.

El Poder Judicial, las cortes supremas y los tribunales constitucionalesconforman una línea de investigación con reciente fuerza en los estudioslatinoamericanos. La importancia del Poder Judicial y de las cortes comoobjetos de estudio en América Latina está relacionada con dos caracte-rísticas: a) la revitalización de la Constitución como la norma jurídicaque limita y estructura el ejercicio del poder político (Negretto, 2011;Zovatto y Orozco, 2008) y b) la revalorización del Estado de derecho comocondición fundamental para la democracia y el desarrollo económico(O’Donnell, 2004; Chávez, 2004; Mainwaring y Scully, 2008).

La concepción de la Constitución y las normas jurídicas como factoresque estructuran y constituyen un nuevo régimen político, que buscangarantizar la felicidad de la nación, renació en América Latina con las

transiciones políticas. Desde los procesos de independencia, los prime-ros constituyentes se enfrentaron con la tarea de crear un nuevo edificiopolítico, con un orden jurídico, después de tres siglos de dominaciónespañola, pero también lidiaron con el problema clásico de cómo frenar y contener el ejercicio del poder (Aguilar Rivera, 2000).

 A partir de 1978, en la región existió un nuevo espíritu constitucional, y hasta 2008 los regímenes latinoamericanos edificaron 15 nuevas Cons-tituciones (Negretto, 2011, 2013). Este dato sugiere que no solamente

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el poder necesita legitimarse y ampararse en las normas, sino que enmuchos casos se actúa estratégicamente en las reformas para favorecerintereses de algún actor político. Gabriel Negretto (2011, 2013) apunta

ejes contradictorios en esta nueva ola reformista: normas electorales quepromueven la pluralidad política pero con mayor permisibilidad en lasreglas para la reelección presidencial, y limitación de las facultades delpresidente en materia de nombramientos, pero con un fortalecimientode las facultades legislativas.

En los trabajos del Poder Judicial en América Latina sobresalen tresáreas de estudio: 1) la relación de las supremas cortes con los demáspoderes del Estado; 2) su papel como actores con poder de veto y la for-ma en la que deciden, interpretando la Constitución; 3) la clasificación

 y descripción de las estructuras de las cortes y de la forma de ejercerel control de la constitucionalidad de forma comparada (Kapiszewski yTaylor, 2008). En los estudios que abordan las relaciones de las cortescon los presidentes se busca explicar por qué fallan contra el gobierno opor qué deciden apoyarlo y bajo qué circunstancias ( Ibid.).

Existen distintos enfoques teóricos para explicar las decisiones de lascortes y de los jueces. Se pueden reconocer principalmente tres miradasteóricas: 1) el modelo legal-tradicional, que concibe que las cortes y los jueces toman sus determinaciones de acuerdo con precedentes legales yfuentes del derecho; 2) el modelo actitudinal, que centra sus explicacionesen los valores, actitudes y preferencias políticas de los jueces porque sonlas guías para entender su comportamiento (Segal y Spaeth, 2002), y 3) elenfoque estratégico que concibe a los jueces como actores que tomandecisiones de forma racional pero se ven restringidos fundamentalmentepor tres factores: 1) las interacciones estratégicas entre los jueces y losotros actores, principalmente con las ramas electas; 2) por sus objetivos y motivaciones personales, y 3) por el contexto institucional, el ambienteen el que se desenvuelven los jueces (Epstein y Knight, 1998).

La mirada teórica estratégica ha cobrado solidez en los últimos 20años, al ofrecer a los académicos distintas herramientas para entenderlas decisiones judiciales y plantear una nueva agenda de investigación enla Corte de Estados Unidos (Epstein y Knight, 2000). Los trabajos másrecientes sobre las cortes y los jueces en América Latina se han apoyadoen las herramientas teóricas y metodológicas del enfoque estratégico(Helmke y Ríos-Figueroa, 2010).

Uno de los rasgos esenciales de este enfoque es el de señalar quela decisión judicial es interdependiente: la estrategia es tanto externa

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417 A NÁLISIS CUALITATIVO COMPARADO

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como interna, las restricciones endógenas las constituye el hecho de quelos jueces toman decisiones reconociendo las preferencias de los demás jueces y de las acciones que se esperan de ellos; las externas consisten en

considerar las preferencias y las posibles reacciones del Poder Ejecutivo ydel Poder Legislativo (Epstein y Knight, 1998). Existe el reconocimien-to de hacer aceptables sus decisiones para los otros actores políticos ypara el contexto político en el que se desenvuelven.

Por qué las cortes fallan contra el presidente es una pregunta impor-tante para comprender la actuación de éstas en América Latina despuésde un pasado autoritario. Una primera condición para que las cortespuedan desafiar a los poderes electos es la independencia judicial; lasreformas judiciales de las últimas décadas en la región se orientaron hacia

este tema (Ríos-Figueroa, 2010).En México, el comportamiento de la Corte durante el presidencialismose caracterizó por no desafiar al presidente en los temas fundamentalesen su agenda (González Casanova, 1965), y que eran de importancia parael gobierno en turno, o en aquellos temas que implicaban cuestionespolíticas (Schwarz, 1975).

 V  ARIABLES DE  ANÁLISIS

Para el análisis del comportamiento de la SJCN se establecen como varia-ble dependiente sus fallos a favor o en contra del presidente cuando se hapresentado una controversia. Los factores explicativos que se consideranson los siguientes:

1. Nombramiento de nuevos jueces constitucionales. La Corte está com-puesta por uno o más jueces propuestos por el presidente y nombradosdurante la administración en turno. Hipótesis 1: Dado que durante el periodo de estudio el presidente en tur-

no nunca nombró a una mayoría de jueces, es más probable que la SJCN  vote contra el Ejecutivo cuando ninguno de sus miembros represente la visión del Ejecutivo.

Las reformas emprendidas en los últimos lustros suponen que un buendiseño institucional podría ser condición suficiente para que las ramaselectas, actores políticos y sociales, no tuvieran influencia sobre el Poder Judicial; por eso se centraron en generar estabilidad en el cargo, abrir

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la participación de las minorías y de otros actores en los procesos denombramientos de los jueces constitucionales (Ansolabehere, 2007). Lascaracterísticas institucionales para que los jueces puedan tener indepen-

dencia son: el modo de nombramiento, la duración en el cargo y losmecanismos de remoción (Ríos-Figueroa, 2010).De esta forma, un Poder Judicial aislado de influencias del poder

político y con mayor poder en sus facultades de control constitucionalfortalecería los pesos y contrapesos del sistema presidencial y fungiríacomo control de las ramas electas desde el modelo establecido por Ha-milton en  El Federalista, en los números LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI,LXXXII (Hamilton, Madison y Jay, 2001).

En México, a partir de la década de los años treinta la Corte asumió

un rol pasivo y de cercanía con el Ejecutivo (Domingo, 2000). En elperiodo de 1928 a 1946, los presidentes modificaron la Constitución,reformularon las condiciones de independencia de la Corte e integraron jueces que respaldaran su programa de gobierno (James, 2010; Cossío,2000, 2008). Desde 1946 hasta la reforma de 1994, el presidente y supartido decidieron la integración de la Corte, y el puesto de ministro erarotativo porque los jueces aspiraban a hacer política en otros espacios(Magaloni, 2003; Domingo, 2000).

El periodo de estudio de este trabajo se caracteriza por el hecho deque ningún presidente nombró a una mayoría de jueces constitucionales.El presidente Vicente Fox enfrentó a una Corte integrada en su mayoríapor jueces provenientes de la carrera judicial vinculados con el presi-dencialismo y con el ex presidente Ernesto Zedillo (Sánchez, Magaloni y Magar, 2010). No fue sino hasta 2003 cuando Fox pudo participar enla renovación de la Corte proponiendo nuevos jueces constitucionales.Su sucesor en el cargo, Felipe Calderón, participó en la renovación de laCorte hasta la mitad de su sexenio.

Si los jueces que integran la Corte negocian sus decisiones y sus vo-tos con sus pares, la llegada de un nuevo juez a la Corte reestructura ladinámica interna y las coaliciones de votación (Epstein y Knight, 1998).Los nuevos jueces constitucionales pueden representar los intereses delpresidente porque éste fue el actor que los propuso en la terna para con- vertirse en ministros; así, los jueces operan como agentes de los interesesdel Ejecutivo en turno en las negociaciones y discusiones internas. En estesentido, la literatura indica que los jueces mexicanos que se han incor-porado a la Corte después del año 2000, al inicio de su trabajo tiendena votar de acuerdo con los intereses de aquellos que los apoyaron para

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obtener dicho cargo, como es el caso del presidente (Castagnola y Ló-pez, 2012, 2013). Las coaliciones internas cambian y se aprecian nuevasalianzas entre los jueces a la hora de decidir.

De esta forma, cuando el presidente no ha nominado a ningún juez,la Corte puede no votar con él. Al no existir nombramientos, no se re-nuevan las condiciones endógenas de negociación ni se reconfiguranlas coaliciones existentes para respaldar proyectos. Los jueces están res-tringidos en sus decisiones no sólo por las consideraciones de las ramaselectas, sino por las motivaciones de sus pares y lo que se espera de ellosen su desempeño.

La integración de las cortes supremas y tribunales constitucionalesotorga la posibilidad a los actores políticos de impulsar a sus cercanos,

con los que se coincide política e ideológicamente. El Poder Ejecutivobusca tener jueces afines a sus preferencias políticas para respaldar suagenda de gobierno; de esta forma, los jueces forman parte de la coalicióngobernante (Dahl, 1957).

Históricamente, el Poder Ejecutivo nombró jueces cercanos a sus pos-turas políticas desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917 hastala reforma de 1994, en la cual tuvo que negociar algunos lugares con laoposición, en específico con el Partido Acción Nacional (PAN) (Cossío,2000; Ansolabehere, 2007; Sánchez, Magaloni y Magar, 2010; Fix-Fierro,2013).

El método de elección de los jueces constitucionales de 15 años sinposibilidad de reelección otorga al presidente la posibilidad de elegiruna terna de jueces cercanos al gobierno, aunque no se puede decantarabiertamente, ya que el Senado es el que elige de la terna presentada porel Poder Ejecutivo. Este método de elección se caracteriza por el cabildeo y la negociación entre los candidatos, los grupos parlamentarios en elSenado y el presidente (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni, 2010). Llegaal cargo el candidato que supo negociar y encabezar los intereses de losactores políticos en un ambiente determinado. En un contexto de frag-mentación política, los actores se inclinan por elegir jueces moderados,lo que genera que apoyen al régimen, no porque estén preocupados porlas sanciones, sino porque están de acuerdo con éste (Brinks, 2010). Si elpresidente no ha nombrado a ningún juez constitucional, no ha tenidola posibilidad de incorporar a sus cercanos ideológica y políticamente,ni ha podido reestructurar la lógica interna de negociación.

No se debe olvidar que la Corte que estaba activa en 2000 fue elegidacasi en su totalidad por el presidente Ernesto Zedillo, del Partido Revo-

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lucionario Institucional (PRI) (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni, 2010).Estos jueces decidieron no desafiar al mandatario en sus decisiones, pesea que tenían la posibilidad de hacerlo desde 1994. No fue sino hasta

que la fragmentación del poder político apareció que votaron contra elpresidente y su partido (Ríos-Figueroa, 2007).

2. Sentencias que se refieren al proceso legislativo. Hipótesis 2: La SCJN  vota contra el Ejecutivo cuando la controversiase refiere a proceso legislativo, para imprimir su sello en las políticaspúblicas.

En un sistema presidencial en el que el presidente no tiene mayoría, elproceso legislativo puede generar tensiones y conflictos entre las ramaselectas. Con el inicio del gobierno dividido, en 1997, el proceso legislativose ha modificado. El presidente ha dejado de ser el principal legislador, elCongreso recobró sus facultades políticas y constitucionales y se convirtióen un órgano activo en la generación de iniciativas de ley por encima delpresidente; asimismo, los actores subnacionales, como los gobernadores,ejercen una fuerte presión en la legislación (Casar, 2008; Béjar, 2012).

Es importante precisar que el Poder Ejecutivo en México, si se lecompara con los de otros sistemas presidenciales, cuenta con muy pocasfacultades constitucionales para influir en el proceso legislativo. El ins-

trumento constitucional más poderoso que tiene al respecto es el veto(Nacif, 2004).1 Un presidente sin poderes legislativos para impulsar suagenda parlamentaria, frente a un Poder Legislativo dominado por laoposición, actuó en los márgenes de la legalidad y provocó la activaciónde la Suprema Corte como el árbitro entre los poderes. La generación deleyes se convirtió en uno de los ejes tensos entre el presidente y el PoderLegislativo, por lo que ambos órganos tuvieron que recurrir a la Cortepara definir funciones, pero sobre todo para que decidiera quién estaba violentando la Constitución en la generación de leyes.2

1 En  El Federalista, el veto presidencial fue definido de la siguiente forma: “No úni-camente sirve de escudo al Ejecutivo, sino que proporciona una garantía más contra laexpedición de leyes indebidas. Con ella se establece un saludable freno al cuerpo legis-lativo, destinado a proteger a la comunidad contra los efectos del espíritu de partido,de la precipitación o de cualquier impulso perjudicial al bien público, que ocasionalmentedomine a la mayoría de esa entidad” (Hamilton, Madison y Jay, 2001: 312).

2 De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, los órganos que tienen las facul-tades de presentar iniciativas de ley son: a) el presidente de la República; b) diputados ysenadores al Congreso de la Unión, y c) las legislaturas de los estados; además, el artícu-

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Las tensiones entre el presidente y el Congreso por definir sus atribu-ciones terminaron en la Corte. Al decidir sobre el proceso legislativo, laSCJN influye en la deliberación pública e imprime su sello en las políticas

públicas. Esta función le permite poner su mirada sobre la orientacióndel Estado (Martínez-Barahona, 2010).La literatura ha ofrecido distintas respuestas al hecho de que las cortes

decidan contra el gobierno o lo respalden. Una de las hipótesis es que elgobierno dividido favorece la independencia del Poder Judicial, por loque tendrá la posibilidad de decidir en contra de los intereses del PoderEjecutivo. De esta forma, las posibles sanciones que pueden enfrentarlas cortes se vuelven endebles porque el presidente no controla al Con-greso, pero tampoco el Congreso puede implantar sanciones de forma

sencilla. Sin embargo, es importante anotar que la fragmentación delpoder, cuando ya es una característica del régimen político, no es unacondición necesaria ni suficiente para explicar por qué las cortes fallancontra el gobierno (Castagnola y López, 2013).

En su análisis sobre el poder de la Corte en Argentina y Chile, Drusci-lla Scribner (2010) demuestra que aquélla se fortalece en gobiernos en loscuales el presidente no tiene mayoría en el Congreso, una relación de cau-salidad entre fragmentación del poder y solidez de la Corte, en especí-fico en los casos de poderes de excepción del Ejecutivo. Los cambios enlos equilibrios de poder propician cortes activas y fuertes que ejercen elcontrol constitucional.

Gretchen Helmke (2005) afirma que las cortes votaron contra el pre-sidente en Argentina porque temían ser castigadas por el siguiente go-bierno, en el periodo de 1976-1999. La inseguridad y la inestabilidad enel contexto político e institucional son factores que influyen en el hechode que las cortes fallen contra el gobierno. Cuando éste va terminando y se debilita, en un contexto de fragilidad e inestabilidad política, la Cortese distancia de manera estratégica decidiendo en su contra.

lo 122 señala que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal puede presentar iniciativasde ley o decretos en temas relativos a la Ciudad de México. Según el artículo 72 de laConstitución, la formación de las leyes o decretos puede iniciar en cualquiera de las cá-maras, salvo empréstitos, contribuciones o impuestos, y reclutamiento de tropas, que sedeben discutir primero en la Cámara de Diputados. Es facultad exclusiva del presiden-te de la República presentar la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos;la cuenta pública, si bien no constituye una ley propiamente, sí es una facultad exclusivadel presidente.

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En Colombia, en las decisiones relativas al proceso legislativo, laCorte respalda al Ejecutivo cuando tiene apoyo popular y es el inicio desu mandato como presidente (Rodríguez-Raga, 2010).

Por otro lado, la Corte mexicana se ha instituido como un árbitroque resuelve los problemas entre poderes federales y locales (Magaloni,2007; Ríos-Figueroa, 2007; Sánchez, Magaloni y Magar, 2010). Despuésde la transición política, la Corte se centró en resolver las tensiones y losconflictos entre las ramas electas, y en esta tarea “la Suprema Corte no halogrado, en estos 13 años, descubrir y desempeñar el trascendente papelde la justicia constitucional en una democracia: lograr que la Constitucióngenere derecho constitucional” (Magaloni, 2007: 7).

Su diseño institucional favorece que se comporte de esa forma an-

tes que como una Corte que procura los derechos humanos (Magaloni,2007; Sánchez, Magaloni y Magar, 2010). No obstante, caracterizar a laCorte mexicana como un árbitro entre los órganos políticos ha sido unaafirmación matizada recientemente. Andrea Castagnola y Saúl Lópezapuntan que la Corte no ha sido un árbitro entre poderes sino que seha comportado favoreciendo al presidente y a su partido, y la concibencomo “[un] tribunal con un fin político y que consiste en reorganizar ladistribución de fuerzas en el tablero de ajedrez político. Con todas las ventajas y los riesgos involucrados” (Castagnola y López, 2013: 31).

3. Sentencias que se refieren a la agenda de gobierno del presidente. Hipótesis 3: La SCJN vota contra el Ejecutivo cuando la controversia se re-fiere a la agenda del presidente, para contenerlo y distribuir el poder.

La SCJN vota contra el presidente cuando se trata de un tema importan-te en la agenda de éste porque se afirma como actor relevante para laredistribución del poder y marca límites al mandatario. El presidente,al llegar al gobierno, tiene una agenda de ejes temáticos y prioridades,con la cual pretende dar respuesta a las problemáticas nacionales. En

este trabajo se entiende la agenda gubernamental como “el conjunto deprioridades que un gobierno constituido plantea a manera de proyecto y que busca materializar a lo largo de su mandato” (Casar y Maldona-do, 2010: 223). Esta variable la analizamos a través del Plan Nacionalde Desarrollo, presentado al inicio de cada sexenio.3 De acuerdo con la

3 El Plan Nacional de Desarrollo es la columna vertebral del gobierno mexicano.En éste se plasman los temas que guiarán las políticas públicas gubernamentales y losprincipales propósitos del gobierno para cada sexenio.

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Constitución, corresponde al Ejecutivo encabezar la planeación del de-sarrollo nacional y coordinar las tareas necesarias para llevarlo a cabo.4

Los presidentes Vicente Fox5 y Felipe Calderón6 llegaron al poder con

una amplia agenda de gobierno, pero se enfrentaron con un Congresoen el cual no tenían mayoría política, por lo que tuvieron que recurrira la negociación con las fuerzas políticas de oposición, pero tambiéngobernaron en los márgenes de la legalidad.

Decidir a quién le corresponde determinada facultad le permite a laCorte distribuir el poder, dar sentido a los pesos y contrapesos del sistemapresidencial. Votar con el Ejecutivo en aquellas decisiones que formanparte de la agenda de gobierno es respaldar un proyecto político co-mo parte de una coalición gobernante (Dahl, 1957), pero también votar

en contra de una agenda de gobierno en ciertos temas puede implicarcontener a las ramas electas y afirmarse como un órgano que influye enla deliberación pública.

En un país con una historia institucional en la que los pesos y loscontrapesos fueron nulificados por el presidente de la República, en laque el control constitucional fue una tarea secundaria para la Corte y nose atrevía a desafiar al presidente en los temas que implicaban cuestionespolíticas, tiene relevancia incluir la variable “agenda” para explicar lasdecisiones contrarias contra el presidente.

En Brasil, la Corte apoya a la coalición dominante gubernamental deforma sistemática, pero la desafía cuando sus intereses se ven afectadoso cuando están involucrados temas que son aceptados por un amplio

4 El artículo 26 de la Constitución Mexicana indica: “El Estado organizará un siste-ma de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la demo-cratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional conte-nidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeaciónserá democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá lasaspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de

desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamentelos programas de la administración pública federal. La ley facultará al ejecutivo para queestablezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacionalde planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinar los órganosresponsables del proceso de planeación y las bases para que el ejecutivo federal coordinemediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y conciertecon los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución”.

5 <http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/pnd.pdf>.6 <http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf>.

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sector social (Brinks, 2010). Diana Kapiszewski sostiene que el tipo decasos sobre los que se tiene que decidir explica cómo se comporta laCorte. En el caso de Brasil, ésta actúa de forma prudente, no favorece a

ningún actor de forma organizada. De esta manera, en su relación conel presidente, lo frenó pero también lo respaldó, y no existe una tenden-cia presidencial en sus fallos (Kapiszewski, 2010).

Por otro lado, en un contexto en el que los jueces no tienen estabilidaden el cargo, como en el caso del Tribunal Constitucional de Ecuador, los jueces votan de forma sincera, orientados por su ideología, para mante-ner su prestigio entre la comunidad jurídica. No hay estímulos para quese comporten de forma estratégica; su cargo está sujeto a los cambios enla administración, por lo que les conviene decidir de acuerdo con sus

 valores y concepciones. Sin embargo, esta forma de decidir repercute enla ausencia de jurisprudencia sobre los temas importantes en el Estadoecuatoriano (Basabe Serrano, 2011).

L AS CONDICIONES SUFICIENTES  Y NECESARIAS PARA  QUE LA  CORTE  VOTE CONTRA  EL PRESIDENTE

En esta sección presentamos los resultados de la estrategia metodológica y de las hipótesis planteadas. Es importante precisar que, si bien para

nuestro análisis utilizamos solamente uno de los controles constituciona-les que ejerce la Corte en México, las controversias constitucionales, elpresidente y su partido como coalición gobernante también se pueden ver implicados en acciones de inconstitucionalidad o amparos, figurasestipuladas en la Constitución.

Entre 2000 y 2012 se interpusieron 15 controversias entre el presi-dente y el Congreso, en las cuales se pedía a la SCJN que actuara comoárbitro entre poderes.7

7 La información se obtuvo de la página de Internet de la SCJN: las sentencias de2009-2012 se obtuvieron del Índice de Controversias Constitucionales resueltas a par-tir de 1995 (<http://www2.scjn.gob.mx/IndicesCCAI/ControversiasConstitucionalespub/ControversiasResueltas.aspx>), los engroses de las sentencias se obtuvieron en ConsultaTemática de expedientes (<http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/De-tallePub.aspx?Asunto>), y las controversias de 2000 a 2009 se recabaron en el Portal deEstadística Judicial (http://www2.scjn.gob.mx/alex/default.aspx). A partir de la informa-ción obtenida, se elaboró una base de datos sobre las decisiones de la Corte en materiade controversias constitucionales.

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Lo que se observa en primer lugar es que de esas 15 controversias,seis se refieren a proceso legislativo, lo que sugiere que uno de los pro-blemas más frecuentes entre el presidente y el Congreso es el proceso de

creación de leyes. El presidente, sin mayoría en el Congreso, ha tenidodificultades para impulsar sus iniciativas en las cámaras, pero también hautilizado su facultad reglamentaria, establecida en el artículo 89, fracciónX, para impulsar legislación, lo que obligó al Congreso a acudir a la Cortea dirimir tensiones. Este hecho tiene relación con un presidente débil ensus facultades constitucionales de creación de leyes frente al Congreso.8

Del total de controversias en las cuales la Corte tuvo que decidir, cincoformaban parte de la agenda de gobierno estipulada en el Plan Nacio-nal de Desarrollo. Los presidentes de la alternancia enfrentaron adver-

sidades para impulsar su agenda de gobierno en temas de orientacióndel Estado mexicano, sobre todo en materia energética y fiscal. Oncecontroversias fueron resueltas a favor del Ejecutivo y cuatro en contra.¿En qué casos la Corte falla contra el Ejecutivo? ¿Qué característicastienen esas decisiones?

Posteriormente, para comprobar nuestras hipótesis, se decidió explo-rar la combinación de condiciones suficientes y/o necesarias para que laCorte vote contra el Ejecutivo en las controversias constitucionales. Paraello, se acudió a la metodología conocida como Qualitative Comparative Analysis (QCA ) (1987, 2008; Ragin y Rihoux, 2009).9 

8 El 8 de agosto de 2012 se publicó en el  Diario Oficial de la Federación la reforma alartículo 71 constitucional para permitir que el presidente de la República tuviera ini-ciativa preferente. El artículo dice: “El día de la apertura de cada periodo ordinario desesiones el presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámitepreferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodosanteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días natu-rales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primerasunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso deser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o

decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo enel mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas”.

9 El QCA , en contraste con las técnicas de correlación, supone el estudio de cau-salidad compleja, definida como aquella en la que un resultado puede ser alcanzadopor distintas combinaciones, según el principio de equifinalidad (Mahoney y Goertz,2006: 237). Esta metodología resulta especialmente apta para casos de Ns peque-ñas, que suponen pérdida de poder explicativo para los modelos de regresión logísti-ca. Adicionalmente, el tratamiento de las variables causales es distinto: mientras queen la regresión todas las variables independientes contribuyen a la explicación de la variable dependiente en cierto porcentaje y por lo tanto “están en cierta competencia

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T ABLA  1CONTROVERSIAS  ANALIZADAS

Controversia Tema Actor que

 demanda

Sentido de la

 resolución

 Fecha de

 resolución

 A Reglamento de la Ley delServicio Público de EnergíaEléctrica

Congreso Contrael Ejecutivo

25/04/2002

B Decreto por el que se eximedel pago de los impuestosestablecidos por el Con-greso

Congreso Contrael Ejecutivo

12/07/2002

C Dictamen en el cual se ana-lizó la ratificación de tresmagistrados de los Tribuna-les Unitarios Agrarios queno fueron propuestos paradicha ratificación por el pre-sidente de la República

Ejecutivo A favordel Ejecutivo

01/07/2004

D Oficio en el cual el auditorespecial de desempeño dela Auditoría Superior de

la Federación comunica alsecretario de Hacienda yCrédito Público que el aná-lisis de la documentaciónproporcionada por la propiaSecretaría, el Instituto deProtección al Ahorro Ban-cario, la Comisión NacionalBancaria y de Valores y elBanco de México, fue par-cialmente atendido

Ejecutivo A favordel Ejecutivo

04/11/2003

E Solicitud de implementaciónde las acciones que permitansustituir los créditos o dismi-nuir de los pagarés o de lasobligaciones el monto corres-pondiente a los créditos, conrespecto a diversas institu-ciones bancarias

Ejecutivo A favordel Ejecutivo

23/06/2005

F Reglamento de la Ley Fede-ral de Juegos y Sorteos

Congreso A favordel Ejecutivo

22/01/2007

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Controversia Tema Actor que

 demanda

Sentido de la resolución

 Fecha de resolución

G Oficio dictado por el auditorsuperior de la Federacióndirigido al presidente de laComisión Reguladora paraque adopte medidas de ca-rácter administrativo dentrode los procedimientos parala expedición de permi-sos de energía eléctrica, entérminos de las recomen-

daciones y observacionescontenidas en el informedel resultado de la revisión y fiscalización superior de lacuenta pública de 2002

Ejecutivo A favordel Ejecutivo

14/08/2006

H Ley de Fiscalización Supe-rior de la Federación

Ejecutivo A favordel Ejecutivo

17/05/2005

I Acuerdo de la Mesa Directi- va de la LIX Legislatura dela Cámara de Diputados del

14 de diciembre de 2004,aprobado por el pleno dedicha Cámara en sesión dela misma fecha y notificadoal Ejecutivo

Ejecutivo A favordel Ejecutivo

15-01-2008

 J Requerimiento de revisión einforme de situación excep-cional, en el que obliga alpresidente de la ComisiónReguladora de Energía arealizar una revisión sobreel otorgamiento de permisosde generación de energíaeléctrica, sobre el cumpli-miento de las obligacionesestablecidas en los permisos,sobre la fijación de tarifas ylas contraprestaciones a par-ticulares y extranjeros

Ejecutivo A favordel Ejecutivo

24/02/2009

K Reglamento de la Ley Gene-ral de Desarrollo Social

Congreso A favordel Ejecutivo

06/12/2010

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 Aplicado a nuestro caso, la tabla comparativa que resulta del análisis delas controversias constitucionales interpuestas entre 2000 y 2012 se pre-senta en la siguiente página. Consiste en una descripción de los valoresencontrados para cada una de las variables que aplican a las sentenciasestudiadas.

La tabla 3 (página 430) muestra todas las combinaciones posiblesque pueden tomar las variables explicativas. En total encontramos ochoconfiguraciones.10 El análisis arroja dos condiciones suficientes, que sereflejan en los casos (A,B).

la una con la otra” (Wagemann 2012: 59), la equifinalidad que sustenta el QCA  no invo-lucra esta competencia. Por el contrario, en el QCA  las condiciones causales constituyen

los ingredientes detrás de las diversas configuraciones complejas que pueden llevar alresultado final (Ragin, 2008: 23).

10 La columna “Núm. de casos” muestra cuántas controversias presentan cada com-binación de variables. Las columnas Y=0 y Y=1 especifican cuáles de esas controversiasllevan a la ausencia o a la presencia de la variable dependiente (voto contra el Ejecutivo).La siguiente columna muestra lo que Ragin (2006) denominó índice de consistencia, quese refiere a la identificación de condiciones suficientes. “El índice de consistencia reflejasimplemente la proporción de casos en cada grupo que ofrecen un resultado positivo.Cuando el índice es igual a 1,00, la configuración causal emerge como una condiciónsuficiente” (Pérez-Liñán, 2010, 141).

Controversia Tema Actor que

 demanda

Sentido de la

 resolución

 Fecha de

 resolución

L Ley Orgánica de la Procu-raduría de la Defensa delContribuyente

Ejecutivo Contrael Ejecutivo

24/02/2009

M Reglamento Interior de laSecretaría de Comunicacio-nes y Transportes

Congreso Contrael Ejecutivo

24/11/2009

N Reglamento de la Ley dePetróleos Mexicanos

Congreso A favordel Ejecutivo

06/12/2010

O Reglamento de la Ley Re-

glamentaria del Artículo 27Constitucional en el ramodel petróleo

Congreso A favor

del Ejecutivo

07/12/2010

Fuente: Elaboración propia.

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429 A NÁLISIS CUALITATIVO COMPARADO

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La última columna de la tabla 3 relaciona la evidencia analizada con las

configuraciones causales: si el índice de consistencia es 1,00, la confi-guración se identifica como verdadera o suficiente [V], para causar elresultado de interés. Cuando el índice es igual a (0,00), la combinaciónse establece como no-suficiente [F].11

11 Además, encontramos dos tipos adicionales de configuraciones: un caso contra-fáctico o residual [¿?] (configuración 8), que presenta una combinación para la cual noencontramos evidencia disponible, pero que podría ocurrir en algún momento, y uncaso “contradictorio” [C] (configuración 1), en el que encontramos un índice de consis-tencia de 0,50. Ello se explica porque la configuración 1 abarca dos controversias que se

T ABLA  2T ABLA  COMPARATIVA  DE LAS CONTROVERSIAS ESTUDIADAS

Controversias Decisionescontra

el Ejecutivo

 Nombramiento de jueces

Sentencias que se refieren

 al procesolegislativo

 Inclusiónen la

 agenda del

 presidente

 A 1 0 1 1

B 1 0 0 1

C 0 1 0 0

D 0 0 0 0

E 0 1 0 0

F 0 0 1 0

G 0 0 0 0

H 0 1 0 0

I 0 1 0 1

 J 0 0 0 0

K 0 0 1 0

L 1 0 1 0M 1 0 1 0

N 0 1 1 1

O 0 1 1 11= presencia de la variable, 0= ausencia de la variable.Fuente: elaboración propia.

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 Revista Mexicana de Sociología 76, núm. 3 (julio-septiembre, 2014): 413-439.

La solución arrojada por el QCA  indica que la configuración causal sufi-ciente para dar cuenta de los votos de la Corte contra el Ejecutivo es lasiguiente: cuando ninguno de los jueces de la SCJN  fue nombrado por el pre- sidente en turno, y ésta enfrenta un tema de agenda de gobierno del presidente,es más probable que vote en contra del Ejecutivo. Esta configuración causalrevela un efecto interactivo entre dos variables (nombramiento y agenda)que, combinadas, emergen como condición suficiente para crear un fallo

adverso al Ejecutivo.12  A diferencia de otros textos que toman como variable independiente

las condiciones del contexto político mexicano (Ríos-Figueroa, 2012), en

resolvieron de forma favorable al Ejecutivo (F,K) y dos controversias que se resolvieronen contra de éste (L,M). Esto implica que la configuración 1 no es suficiente para gene-rar un voto en contra del Ejecutivo.

12 Según los resultados arrojados por el QCA , la variable “proceso legislativo” noresultó ser relevante para dar cuenta de los votos de la Corte desfavorables al Ejecutivopara el caso mexicano.

T ABLA  3CONFIGURACIONES CAUSALES LÓGICAS (A NÁLISIS DE CONFIGURACIONES SUFICIENTES)

Config. X  1  X  2  X  3  Núm. de casos

Y=0 Y=1 Consistencia X->Y  

1 0 1 0 4 F,K L,M 0,50 [C]

2 1 0 0 3 C,E,H 0,00 F

3 0 0 0 3 D,G,J 0,00 F

4 1 1 1 2 N,O 0,00 F

5 1 0 1 1 I 0,00 F

6 0 1 1 1 A 1,00 V  

7 0 0 1 1 B 1,00 V  

8 1 1 0 0 --- [¿?]

X1= nombramiento de jueces; X2= la controversia se refiere a proceso legislativo; X3=la controversia se refiere a la agenda; Y= voto contra el Ejecutivo.0= ausencia de la variable, 1= presencia de la variable.[C]= configuraciones contradictorias.[¿?]= configuraciones contrafactuales o residuales.

Fuente: elaboración propia.

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este estudio la fragmentación y la imposibilidad normativa de que unEjecutivo pueda nombrar a la mayoría de los jueces de la Corte fueronpunto de partida en el análisis. Estos dos elementos son relevantes, pues

parecen constituir tendencias irreversibles en el nuevo entorno.Históricamente, la Corte votaba con el presidente en temas de im-portancia para el gobierno y en asuntos considerados políticos. Pese asus decisiones, los ministros de la Corte afirmaban que las actividadespolíticas deberían estar lejos del pleno de la misma (González Casanova,1965; Schwarz, 1975; González Avelar, 1979); los jueces constitucionaleseran parte de la coalición que estaba en el poder (Dahl, 1957). Desafiaral presidente era perder el empleo y ponerle fin a una carrera judicial eincluso académica (Cossío, 2008). Después de la reforma que modificó

el diseño institucional de la Corte en 1994, comenzó una nueva etapapolítica pero su reforma estuvo vinculada con la continuidad del viejorégimen político antes que con las nuevas condiciones democráticas delpaís (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni, 2010).

Para que la Corte se pudiera afirmar como un actor relevante en elsistema presidencial, debía dejar atrás una historia de vínculo y apegocon el presidente, y tener en consideración al Congreso como un nuevoactor político y constitucional. En este proceso se comportó de formaestratégica, porque al decidir en las tensiones entre las ramas electas optópor contener al presidente y afirmarse en el tablero político, votandocontra el mandatario en los temas referentes a la agenda de gobierno. Sipara los presidentes de la alternancia los temas prioritarios de la agendade gobierno terminaban en la Corte en tensiones con el Congreso, paradeterminar cuál de los dos poderes tenía la razón, la estrategia de laCorte fue buscar constituirse como árbitro entre los poderes, desafiandoal presidente en su agenda de gobierno.

Esta configuración causal es congruente con las hipótesis planteadasbajo el enfoque estratégico. En el interior de la Corte, los jueces nego-cian entre sus pares y deliberan sobre los temas en cuestión, como formaestratégica de conducta (Epstein y Knight, 1998). No sólo reconocen laspreferencias de las ramas electas, sino que dentro de la SCJN los juecestambién tienen preferencias e intereses entre ellos, es una decisión inter-dependiente entre lo que sus pares esperan de ellos y sus objetivos.

Castagnola y López (2012, 2013) indican que la llegada de un nue- vo juez a la Corte reconfigura las coaliciones internas. Al inicio de suslabores, los jueces tienden a favorecer al actor que los propuso para elcargo, en este caso el presidente de la República. De esta forma, si ningún

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 juez fue nombrado por el Ejecutivo en turno, es lógico el voto en contrade éste, especialmente en las controversias que se refieran a su agenda degobierno, porque no hay renovación de las coaliciones internas ni nuevas

negociaciones entre los jueces.De acuerdo con los resultados del QCA , la consideración simultáneade ambas condiciones es relevante, pues a pesar de que en la mayoría delas controversias la Corte está favoreciendo al Ejecutivo, ésta distingueentre las que se refieren a la agenda del presidente y las que no lo hacen.Un cuerpo colegiado compuesto en su mayoría por actores distintos alpresidente en turno se opone a resolver favorablemente los casos que su-pongan apoyar el proyecto de gobierno del presidente. Con ello, la Corterompe continuidades y dinámicas históricas de sumisión y debilidad.

La configuración causal revela un cambio sustantivo en el comporta-miento de la Corte: anteriormente, cuando el presidente tenía libertadpara nombrar al número de jueces que le fuera favorable, el comporta-miento de la Corte era incondicional en las decisiones que involucrabantemas cruciales para el plan de gobierno (González Casanova, 1965). Enel contexto actual, la Corte limita al mandatario en sus objetivos, lo que lepermite posicionarse como un órgano fundamental en el Estado mexica-no. Al tener libertad para votar contra el presidente en temas de agendade gobierno, la SCJN distribuye el poder institucional, imprime su selloen las políticas públicas y se afirma como un órgano fundamental para elEstado mexicano con peso en las deliberaciones sobre el rumbo del país.Las decisiones de la Corte distribuyeron el poder político y establecieronlos límites en el ejercicio de las facultades de cada poder.

La reforma de 1994, que establece periodos fijos para los jueces, limitala capacidad de los Ejecutivos para nombrar cortes mayoritarias, lo queabrió la ruta para que la Corte mexicana pudiera controlar al presidenteen temas de su agenda política. Este hecho le permite romper con la tra-dición histórica de sumisión frente al Ejecutivo en temas prioritarios y enaquellas cuestiones políticas en las que se veía involucrado el gobierno.Tenemos, pues, una Corte que participa en la orientación de las políticaspúblicas y en el debate nacional.

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CONCLUSIONES

En un contexto político en el que la fragmentación del poder político

es una condición dada y en el que ningún presidente ha nombrado a lamayoría de los jueces constitucionales, encontramos un efecto interactivoentre dos variables (nombramiento y agenda) que, combinadas, emergencomo condición suficiente para crear un fallo adverso al Ejecutivo.

La interacción y la conjugación de estas dos variables ofrecen unarespuesta que nos indica lo siguiente: la SCJN en México se comporta deforma estratégica en los temas de agenda y cuando ninguno de sus miem-bros ha sido nominado por el presidente en funciones, ya que los jueces,al inicio de su periodo, pueden representar los intereses del Ejecutivo yreestructurar las dinámicas internas de negociación y votación. Esto cons-tituye una característica endógena de la Corte en la que los jueces estánal pendiente no sólo de la persona que las impulsó para el cargo, sinode los posicionamientos de sus pares. Este primer rasgo coincide con loque señalan Castagnola y López (2013) respecto de que los jueces cons-titucionales al inicio de su mandato reconfiguran las coaliciones internasen la Corte y votan con el actor que los llevó al cargo.

La mejor ruta que tenía la Corte para afirmarse en el tablero políticonacional era decidir contra el presidente en temas de interés de éste ysobre todo de la agenda de gobierno. Históricamente, la Corte habíatenido una cercanía con el poder presidencial y respaldaba los asuntosde interés y la agenda de gobierno; romper con este pasado era funda-mental para el ejercicio de sus funciones y porque ahora un actor al quese debía considerar era el Congreso de la Unión, elemento central delrégimen político.

También podemos afirmar que en la resolución de las controversiasconstitucionales encontramos una tendencia favorable al presidente dela República por encima del Congreso. Sin embargo, este respaldo no essistematizado ni unívoco: existen varias decisiones en las cuales la Corte de-

cide de forma estratégica y vota en contra del Ejecutivo. Es importantedestacar que no todas las decisiones en materia de controversias consti-tucionales tienen el mismo peso y valor. No son iguales, ya que implicanla distribución del poder político y también el hecho de determinar laorientación del Estado mexicano en ciertos aspectos.

Después de una historia política de sumisión y marginalidad, la SCJN se convirtió en una institución fundamental. Comenzó a diferenciar los

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temas en los que respalda al Ejecutivo, imprimió su sello en las políticaspúblicas y en el equilibrio de poderes.

Por el pequeño número de controversias constitucionales que ocu-

rrieron en el periodo de estudio, no hay un panorama más amplio quenos permita explicar cómo se comporta la Corte en otro tipo de controlconstitucional, cuando los intereses del Ejecutivo y los de su partidoestán en juego. Los hallazgos de este trabajo sugieren que otra formade aproximarse a la Corte, sabiendo que la agenda y la renovación denombramientos son variables fundamentales, sería cambiando la unidadde análisis, estudiando los votos de las controversias juez por juez en cadauna de las decisiones, para ver su comportamiento en los temas y cómodistinguen su estrategia según el tema y el instrumento de control cons-

titucional que se presenta.

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 Palabras clave: sociedad civil, pueblo, liberalismo, neoliberalismo, sismos de 1985. Key words: civil society, people, liberalism, neoliberalism, 1985 earthquakes.

El jueves 19 y el viernes 20 de septiembre de 1985, la Ciudad deMéxico fue sacudida por dos intensos temblores que causaron unaenorme devastación material y muerte, especialmente en la zona

central. Miles de edificios gubernamentales, hoteles, hospitales, escuelas y viviendas se derrumbaron en unos cuantos segundos. En los días que

siguieron a la catástrofe, un número importante de la población capitalinarespondió con un despliegue masivo de ayuda y se sumó voluntariamente

* Doctora en Antropología por la Universidad de Columbia. Becaria del Progra-ma de Becas Posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, Institu-to de Investigaciones Sociales, UNAM. Temas de especialización: antropología política yantropología urbana. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, 04510,México, D.F. La autora agradece a Eugenia Allier, Antonio Azuela, Nora Rabotnikof,Nitzan Shoshan y a los miembros del seminario Tiempo y Política del Instituto de Inves-tigaciones Filosóficas de la UNAM, por sus comentarios a este trabajo.

De pueblo a sociedad civil: el discurso políticodespués del sismo de 1985

 A LEJANDRA  LEAL M ARTÍNEZ*

Resumen: Este artículo examina el surgimien-to de la idea de sociedad civil en la esfera pú-blica mexicana después de los sismos de 1985,

 así como su popularización y los cambios de sus

 significados en las siguientes décadas. Median-te el análisis de textos periodísticos producidosen torno a los sismos, el texto argumenta quela sociedad civil sustituyó al pueblo como la co-lectividad nacional legítima en el contexto dela transición al neoliberalismo. De ser el sím-bolo de la colectividad nacional, el pueblo fue

 resignificado como un actor colectivo caduco: la antítesis, así como el antecedente temporal, dela sociedad civil.

 Abstract: This article examines the emergenceof the idea of civil society in the Mexican public

 sphere after the earthquake of 1985 as well as its popularization and the transformations of its

 meanings in subsequent decades. By analyzing journalistic accounts of the earthquake, the text argues that civil society replaced the people asthe legitimate national collectivity in the con-text of the transition to neoliberalism. From be-

 ing the symbol of the national collectivity, “the people” were redefined as an obsolete actor: the antithesis, and forerunner, of civil society.

D. R. © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología 76,núm. 3 (julio-septiembre, 2014): 441-469. México, D.F. ISSN: 0188-2503 /14/07603-04.

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a los trabajos de rescate y de apoyo a las víctimas: desde brigadas queremovían escombros, proporcionaban asistencia médica o dirigían eltránsito vehicular, hasta grupos de acopio de víveres, ropa y medicinas

para los damnificados. Estas movilizaciones, representadas en la prensacomo espontáneas e independientes de los aparatos gubernamentales,entraron en la narrativa histórica de la Ciudad de México como “el des-pertar de la sociedad civil” y, por ello, como un evento crucial —inclusocomo un parteaguas— en el proceso de democratización no sólo de laciudad, sino de todo el país (Tavera-Fenollosa, 1998, 1999).

En un texto publicado a 10 años de la tragedia en 1995, CarlosMonsiváis, por citar a uno de los principales artífices de esta narrativa,escribía:

Pese a la mitología urbana, lo ocurrido a partir del 19 de septiembre supe-ra, todavía hoy, a la descripción legendaria. La respuesta solidaria es tam-bién emergencia política, desobediencia racional, fe en las resonancias delimpulso comunitario, y no exagero si califico a la gran vivencia de “sensa-ción utópica”, en el mejor sentido del término. A su modo, cientos de milesdescubren que sí hay lugar, el sitio donde los ciudadanos cuentan, la socie-dad funciona sin paternalismo. […] A la utopía la determina la redefiniciónen la práctica de un término hasta entonces no muy tomado en cuenta, la

 sociedad civil, que se va entendiendo como las acciones y las interpretacionesfuera de control del aparato gubernamental (Monsiváis, 2000: 21).

En los años trascurridos desde los sismos, la idea de “sociedad civil” seha vuelto un referente fundamental en el discurso público y en el debateacadémico mexicano. En la actualidad es utilizada, sin mayores cuestiona-mientos, para describir y analizar fenómenos muy diversos. Se usa comodescripción de la sociedad organizada al margen del Estado y poseedo-ra de una autoridad moral incuestionable (las organizaciones de la socie-dad civil), o como el ámbito de acción de los individuos autónomos, ocomo un proyecto político en construcción, o como una categoría analítica

clave para entender la acción colectiva y la transición a la democracia(Arditti, 2004; Olvera Rivera, 1999). Pero si bien es una idea ambigua,incluso imprecisa, que hace referencia a múltiples actores, la centralidad yla ubicuidad de la sociedad civil en el imaginario político contemporáneono han sido lo suficientemente analizadas.

El presente artículo busca llenar este vacío al examinar críticamenteel surgimiento de la idea de sociedad civil en la esfera pública mexica-na —concretamente, en la prensa— después de los sismos de 1985, así

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como su popularización y los cambios de sus significados en las décadassubsecuentes. Mediante el análisis de textos periodísticos producidos entorno de los sismos, el artículo demuestra que la idea de sociedad civil ha

pasado a sustituir al pueblo como la colectividad nacional legítima. Deser el símbolo de la colectividad nacional, el pueblo ha sido resignificadocomo un actor colectivo caduco: la antítesis, así como el antecedente tem-poral, de la sociedad civil. En este sentido, el artículo argumenta que lasociedad civil expresa una nueva forma de conceptualizar a la colectividadnacional —entendida como la suma de ciudadanos autónomos—, así comola pérdida de legitimidad de otras formas de pertenencia y acción colec-tiva. La propuesta es entender el surgimiento y el apogeo de la sociedadcivil como parte de la transición hacia el neoliberalismo, incluyendo la

paulatina consolidación de una visión (neo) liberal de la democracia yla ciudadanía que hoy domina el imaginario político (Aibar, 2012).Se siguen los planteamientos de los antropólogos Jean y John Co-

maroff (1999), quienes proponen entender el resurgimiento, la fuerza y la popularidad de la idea de sociedad civil en las últimas décadas delsiglo XX como parte de una serie de cambios globales asociados con elneoliberalismo. Conceptualizan este último no únicamente como unaserie de políticas públicas sino, de manera más amplia, como un cambioen las formas de gobernar y en las relaciones Estado/sociedad que secaracteriza por la redistribución de responsabilidades y riesgos desde elprimero hacia la segunda. Para estos autores, la idea de una sociedadconformada por individuos autónomos que se organizan al margen de losaparatos gubernamentales es inseparable de la crisis del Estado benefac-tor y de las formas de entender a la colectividad y al bien común que losustentaban, así como del triunfo de la ideología del libre mercado. Eneste contexto, como ha argumentado Nikolas S. Rose (1999), el ideal deun Estado robusto encargado de garantizar los derechos sociales de susciudadanos es reemplazado por formas de gobernanza que intervienen alnivel de las capacidades y las conductas individuales. El objetivo es favo-recer la formación de ciudadanos autónomos y responsables que puedandesarrollarse y prosperar sin la interferencia del Estado. Siguiendo estasperspectivas, este trabajo busca entender cómo la idea de sociedad civilrefleja y a la vez construye la transformación sociopolítica tan significativaque comienza a gestarse a partir de la década de los años ochenta.1 

1 A lo largo de la década de los años ochenta, la idea de sociedad civil comenzó aser movilizada políticamente en tres contextos distintos: los movimientos de oposición

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En México, el viraje hacia el neoliberalismo comienza con la crisis de1982 (Aitken et al., 1996). A la par del cambio de una economía protec-cionista a una economía de libre mercado, se operó una transformación

importante en los imaginarios sobre la nación. Fernando EscalanteGonzalbo (2006b), por ejemplo, ha argumentado que después de lacrisis económica de 1982 se popularizó en la esfera pública la idea deque los problemas del país, desde la hiperinflación hasta la corrupción,eran resultado del poder excesivo del Estado, que debía ser acotado porla sociedad. En otras palabras, la crisis económica se vio acompañadapor la crisis del “pacto” entre el Estado y la sociedad (es decir, el corpo-rativismo) que había sostenido al régimen durante décadas. En este con-texto comenzó a formarse un espacio de opinión y debate académico,

así como un discurso político en el que la Revolución de 1910 dejó deser una fuente de legitimidad para el Estado y sus políticas y comenzó arepresentarse como un lastre del pasado, que tendría que ser superado(Lomnitz, 2008; Rousseau, 2010).2 

La hipótesis central del presente artículo es que, al igual que laRevolución, el pueblo que había emergido de la misma como el sujetonacional legítimo —y de manera crucial como el sujeto de los derechossociales prometidos por el régimen— comenzó a ser paulatinamente re-emplazado por la figura de la sociedad civil. En efecto, como veremos enlas páginas que siguen, en los 20 años transcurridos entre los sismos de1985 y su conmemoración en 2005 el pueblo desapareció como un actorcentral del discurso público. De aparecer como el principal protagonistade las movilizaciones que siguieron a la tragedia, pasó a ser representadocomo el reducto de una izquierda corrupta, antidemocrática y ancladaen el pasado.

al socialismo autoritario en Europa del Este, las transiciones a la democracia en AméricaLatina y la crisis del Estado benefactor en Europa y Estados Unidos (Rabotnikof, 2001).

 A la par de este uso político, el término ha sido objeto de un renovado debate teórico yha sido ampliamente utilizado como una categoría analítica en la discusión sobre la de-mocracia contemporánea (tanto en los países de la transición como en las democraciasconsolidadas). Este artículo se interesa en el uso político del término en México a partirde los sismos de 1985. Para una discusión teórica del concepto de sociedad civil, véaseCohen y Arato, 2000.

2 Algunos autores ubican el origen de la crisis de la Revolución como fuente de lalegitimidad del régimen en el movimiento estudiantil de 1968. Para un análisis de la lite-ratura sobre dicho movimiento y de la cambiante representación del mismo tanto en laliteratura académica como en el discurso público, véase Allier, 2009.

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El argumento está basado en el análisis de un conjunto de textosperiodísticos (reportajes, crónicas, editoriales y artículos de opinión) pu-blicados en las semanas posteriores a los sismos, así como durante las

conmemoraciones de éstos en 1995 y en 2005.3

 Para cada periodo selec-cioné diarios de circulación nacional que expresan diversas posicionesideológicas: El Universal, unomásuno (únicamente para 1985), La Jornada y Reforma (únicamente para 1995 y 2005).4 Me aproximo a estos docu-mentos como textos en circulación en torno a los cuales se construyendiferentes públicos (Warner, 2002). Asimismo, los leo como artefactosculturales producidos en contextos sociales y políticos específicos quereflejan y la vez construyen el sentido común que se expresa en la opiniónpública (Silverstein, 1996). De este modo, más que buscar significados

fijos, analizo la ambigüedad y los diversos usos de las nociones de pueblo y sociedad civil, así como los traslapes y deslices entre ellas.El artículo está estructurado en torno de los tres periodos analizados.

En primer lugar identifico quiénes son, según la prensa, los actores quese movilizan tras los sismos, y señalo dos momentos en el discurso: elmomento de la solidaridad, cuando el actor que se moviliza es una masaabstracta e imprecisa, y el de los damnificados, una colectividad concretacon demandas específicas. Luego analizo la manera en que estos actores

3 Para 1985 seleccioné textos publicados entre el 20 de septiembre y el 22 de octu-bre, día en que se publicó un segundo decreto que expropiaba predios para la recons-trucción. Para las conmemoraciones de 1995 y 2005 seleccioné textos publicados entreel 10 y el 25 de septiembre. Los documentos fueron codificados de acuerdo con lossiguientes rubros: 1) autor; 2) tipo de texto (reportaje, crónica, opinión); 3) actores refe-ridos (brigadistas; damnificados; funcionarios públicos; empresarios); 4) temas o eventosreferidos (actividades de rescate; movilización de los damnificados; declaraciones guber-namentales); 5) términos utilizados (“el pueblo de México”, “los sectores más desposeí-dos”, “la sociedad civil”, “la ciudadanía”).

4 Fundado en 1916, durante décadas  El Universal reprodujo el discurso oficial. Apartir de 1977 dio un giro a su política editorial. Si bien siguió plasmando la versióndel régimen, comenzó a incluir editorialistas que reflejaban la creciente pluralidad del

espectro político.  unomásuno  fue fundado en 1977 por periodistas salidos de  Excélsior.Buscó desafiar la censura dando cabida a reportajes de investigación y a temas conside-rados tabú. Durante los noventa perdió su independencia y su relevancia. La Jornada fuefundada en 1984 por un grupo de periodistas desprendidos de unomásuno y se proclamóde centro-izquierda y de oposición al régimen. Dio amplia cobertura a los movimientossociales de la década de los años noventa.  Reforma apareció en 1993, como la ramanacional del periódico El Norte; siguió una línea editorial independiente, crítica del ré-gimen y alineada con una ideología liberal. Además de estos periódicos, se hizo unarevisión complementaria de las revistas Nexos y Proceso. Para una historia de la prensa enMéxico, véase Lawson, 2002.

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son representados como el pueblo o como la emergente sociedad civil.Continúo con dos secciones sobre las transformaciones de las figurasdel pueblo y la sociedad civil desde 1985 mediante una lectura de varios

textos producidos para conmemorar los sismos en 1995 y 2005.

1985: DE LA  SOLIDARIDAD  A  LOS DAMNIFICADOS 

En las semanas que siguieron a los sismos hubo una proliferación detextos en diversos medios. Los acontecimientos fueron tan intensamentereportados en la prensa que prácticamente desaparecieron otros temas ynoticias de sus páginas (Carbó, 1987). Durante los primeros días, lo quepredomina en reportajes, crónicas, editoriales y artículos de opinión,

además de un panorama de devastación, así como expresiones de duelo,es la celebración de la solidaridad de los mexicanos. En efecto, la mayoríade los textos producidos entre el 20 de septiembre y los primeros días deoctubre en diversos diarios —sin importar su posición ideológica— hablande una solidaridad espontánea y desinteresada. La principal caracterís-tica de esta solidaridad es que antepone el bien común —las necesidadesde las víctimas y del rescate— a las tragedias individuales. La solidaridadaparece también permeada por un tono religioso que hace referencia ala hermandad y a la empatía con el prójimo. Así lo expresa un artículo

de opinión en unomásuno:5 

 Asomó la solidaridad de nuevo. Todos lo vimos. Somos aún, sin exhortoni llamado que obligue, sensibles al dolor del prójimo, solidarios de veras,prestos a dar hasta lo necesario a ultranza.6

En estas manifestaciones de solidaridad parecen suspenderse las diferenciasculturales y sociales de la población mexicana. Es decir, la prensa cons-truye una especie de gran unidad nacional ante la catástrofe. Veamoscomo ejemplo un artículo de opinión en El Universal:

La tragedia, al conmover igual a todos, de alguna manera nos iguala, nos vuelve parejos. Y esa forzada, aunque pasajera democratización, que hace a

5 Por cuestiones de espacio, en la discusión que sigue se incluyen referencias ilustra-tivas de un campo documental más amplio.

6 Rafael Reyes Gómez (1985). “Dar hasta lo necesario”.  unomásuno, 20 de septiem-bre. Véase también Miguel Angel Granados Chapa (1985). “Plaza dominical”. La Jorna-

 da, 22 de septiembre.

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un lado diferencias por asuntos particulares y sobrepone lo que de comúntenemos todos, que es nuestra cercanía a través del desastre y nuestra ve-cindad en esta ciudad, constituye el mejor recurso para que logremos dejaratrás la tragedia.7 

¿Pero quién es el actor que se solidariza? Algunos textos hacen referen-cia a una serie de actores concretos, como los rescatistas voluntarios, los jóvenes que dirigieron el tránsito de la ciudad, las mujeres que llevaroncomida a las víctimas. Sin embargo, éstos se presentan como parte deuna colectividad mayor. Un reportero de El Universal escribe:

¿Quién convocó a tanto muchacho, de dónde salió tanto voluntario, cómofue que la sangre sobró en los hospitales, quién organizó las brigadas que

dirigieron el tránsito de vehículos y de peatones por toda la zona afectada?No hubo ninguna convocatoria, no se hizo ningún llamado y todos acudie-ron.8

En este caso, el pronombre todos construye un actor colectivo que trascien-de la especificidad de “tanto muchacho” o de “tanto voluntario” o de “lasbrigadas que dirigieron el tránsito”. Evoca una colectividad más amplia ydifusa, caracterizada por virtudes morales como el heroísmo. En algunostextos esta colectividad se circunscribe a los habitantes de la Ciudad deMéxico, “los capitalinos”; sin embargo, en la mayoría se hace referencia auna colectividad más amplia e imprecisa, una masa amorfa que respondede manera espontánea y unificada ante la catástrofe. Aunque aparecenmenciones a los “mexicanos” y a los “ciudadanos”, son sobre todo “elpueblo” y en menor medida la “sociedad civil” los que aparecen comoprotagonistas de la solidaridad. Este discurso es compartido por muy di- versos actores, desde el presidente hasta los partidos de oposición; desdeintelectuales cercanos al régimen hasta periodistas críticos del mismo.

Hacia finales de septiembre se diluye este discurso de la solidaridad y comienza a delinearse uno de los actores centrales de la tragedia: los

damnificados que se movilizan. Comienzan a aparecer reportajes sobrelos sobrevivientes de Tlatelolco y del Multifamiliar Juárez en la colonia

7 Raúl Trejo Delarbre (1985). “En la tragedia, solidaridad”. El Universal, 20 de sep-tiembre. Véase también Roberto Núñez Escalante (1985). “Días de luto”. El Universal, 21de septiembre.

8 Emilio Viale (1985). “El jueves negro que cambió a México”.  El Universal, 20 deseptiembre. Véase también Víctor Avilés (1985). “Toma de espacio social la participaciónde la juventud”. La Jornada, 25 de septiembre.

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Roma. En menor medida aparecen también reportajes sobre las víctimasde las colonias populares del centro de la ciudad: Guerrero, Morelos yTepito.9 Estas incipientes menciones de los damnificados se incremen-

tan después del 27 de septiembre, cuando alrededor de 3 000 personasmarchan del Ángel de la Independencia a la residencia presidencial enLos Pinos, y van creciendo conforme se consolida la organización.10 Asídescribió la marcha el unomásuno:

Habitantes de 10 colonias afectadas por el sismo del 19 de septiembre ex-hibían con grandes letras sus demandas. […] Habitantes de las coloniasMorelos, Guerrero, Valle Gómez, la unidad Tlatelolco, del barrio de Tepito,de los cuartos de azotea de Tlatelolco, entre otros, decidieron, la noche del

 jueves, realizar la marcha hacia la casa del presidente.11

Lejos de ser víctimas pasivas que reciben la solidaridad de sus conciuda-danos, los damnificados aparecen como un actor colectivo activo que tomasu destino en sus manos. Asimismo, la prensa reporta la inconformidad y las demandas de los damnificados como legítimas, contrastándolas conla pasividad gubernamental. Así lo expresa un editorial de El Universal:

Inconforme se muestra también el pueblo en general, pero muy especial-mente los habitantes de las zonas más dañadas y quienes resultaron másperjudicados por haber perdido parientes, amigos y toda clase de allegados,o sus bienes, con la conducta de los representantes populares, los dipu-tados.12 

Empieza entonces a delinearse no ya un actor colectivo abstracto sinouna serie de actores sociales específicos, los sectores populares y las clases

9 Ubaldo Espinoza (1985). “Se resisten vecinos de la Morelos a que derrumben unaescuela”. El Universal, 1 de octubre. Véase también Miguel Angel Rivera (1985). “¿Dónde vamos a vivir?”  La Jornada, 23 de septiembre.

10 A lo largo del mes de octubre, diferentes grupos de damnificados sostuvieron

reuniones que culminaron con la creación de la Coordinadora Única de Damnificados(CUD), que aglutinó a más de 40 organizaciones. Como ha argumentado Ligia Tavera-Fenollosa (1998), este movimiento utilizó las estructuras organizativas de movimientospopulares con una larga trayectoria de lucha.

11 Alicia Ortiz y Bernardo González (1985). “Viviendas provisionales en 113 edificiosdel gobierno”. unomásuno, 28 de septiembre. Véase también Juan Balboa (1985). “Mar-cha de más de 4 000 damnificados a Los Pinos”. La Jornada, 28 de septiembre.

12 “Inconformidad de los damnificados”. Editorial de  El Universal, 2 de octubre de1985. Véase también nota “Presionan inquilinos de Tlatelolco por vivienda”. unomásuno,28 de septiembre de 1985.

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medias de la zona central que perdieron sus viviendas. Si bien este actorcolectivo no es equivalente a la colectividad que reaccionó de maneraheroica ante los sismos, se establecen algunas continuidades entre ambas.

 Así lo expresa un reportero de La Jornada:De esta manera los más desprotegidos entre los afectados por los tembloresdel 19 y el 20 inauguraron la etapa de las movilizaciones: con una mez-cla de asombro e ingenuidad, prueba de que estamos en presencia de unmovimiento social en gestación, pero con un potencial inversamente pro-porcional a la ceguera y el temor de las autoridades. […] La solidaridad quese produjo de manera ampliada inmediatamente después del siniestro estáteniendo ya sus frutos en un nuevo tipo de organización social […].13 

Según el autor de este texto, en la movilización de los damnificados con- vergen la espontaneidad de la solidaridad con el surgimiento de un nuevomovimiento social que rompe con las estructuras organizativas del Parti-do Revolucionario Institucional (PRI).14 Como veremos más adelante, estaconvergencia será central en el discurso de la sociedad civil.

Mientras que la prensa representa positivamente a los damnificados,el asunto de cómo dotarlos de vivienda genera una escisión en el discurso y se convierte en objeto de disputa, especialmente tras la expedición deun decreto presidencial, el 11 de octubre de 1985, que expropiaba alre-

dedor de 5 000 inmuebles en las zonas afectadas con el fin de construir viviendas para los damnificados.15 El presidente afirmaba que se daríaprioridad a la vivienda popular;16 algunos funcionarios decían que el go-bierno “no estaba en condiciones de regalar viviendas”;17 los damnificados y los partidos de oposición demandaban la expropiación de los predios

13 Juan Angulo (1985). “Reconstruir realmente desde abajo”.  La Jornada, 28 de sep-tiembre.

14 Utilizo el término “movimiento social” no como una categoría analítica, sinocomo un término utilizado en algunos textos para describir a los damnificados. Para unadiscusión sobre los damnificados como un movimiento social, véase Tavera-Fenollosa1998, 1999.

15 Para el programa de reconstrucción de vivienda, véanse, entre otros, Azuela, 1987;Ziccardi, 1986.

16 Ángel Gómez Granados (1985). “Darán prioridad a la habitación de tipo popu-lar”. El Universal, 4 de octubre.

17 Juan Manuel Vignon (1985). “No está en condiciones de regalar viviendas el go-bierno: Carrillo”. El Universal, 10 de octubre.

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destruidos;18 el sector privado y numerosos editorialistas se pronunciabanen contra del mayor endeudamiento para financiar la reconstrucción:

Los que abogan, pues, por un mayor gasto público global y otras medidaspopulistas, con pretexto de los últimos movimientos telúricos, es como sirecetaran aceite de ricino para el alivio de una diarrea o veneno para curaruna indigestión.19 

De la celebración de la solidaridad y la unidad nacional se pasa entoncesa una contenciosa discusión sobre cómo resolver el problema de vivien-da generado —o más bien agravado— por los sismos, sobre todo en elcentro de la ciudad.

“EL HÉROE ES EL PUEBLO SOLIDARIO”

Si bien, como hemos visto, es posible diferenciar en la prensa dos tipos deactores que se movilizan tras la tragedia —por un lado, una colectivi-dad abstracta que se solidariza y por otro los damnificados que se organi-zan—, ambos son a su vez representados como el pueblo. En efecto, uno delos principales actores colectivos que la prensa construye y moviliza en losdías posteriores a los sismos es el pueblo, esa figura inherentemente

ambigua que ocupó un lugar central en el discurso político mexicanotras la Revolución de 1910 (Lomnitz, 2001).20 En primer lugar apareceel concepto abstracto de “pueblo de México”. Esta es una colectividad

18 Armando Pérez y Saúl López (1985). “En el desamparo, miles de familias dam-nificadas”. El Universal, 9 de octubre. Véase también Adolfo Sánchez Venegas (1985).“Que se expropien las vecindades que se cayeron, exige la oposición”.  El Universal, 4 deoctubre.

19 David Orozco Romo (1985). “Alquileres y populismo”.  El Universal, 10 de octu-bre.

20 En el pensamiento político moderno, el concepto pueblo hace referencia al sujeto

político colectivo que entra en la historia tras la revolución francesa; es el detentor dela soberanía popular y el elemento constitutivo de la nación y del Estado. Al mismotiempo, pueblo remite a las masas que amenazan al orden social: la plebe, el populacho(Jonsson, 2006). En América Latina a esta ambigüedad se agrega otra capa de signifi-cación: pueblo se utiliza también como referencia a localidades, así como a formas depertenencia y participación colectivas asociadas con las comunidades rurales e indíge-nas y los sectores populares urbanos (Eiss, 2010). Lejos de ser un concepto unívoco yatemporal, el concepto  pueblo aglutina múltiples significados, genealogías y “memoriasconceptuales”, para utilizar el término de Marisol de la Cadena (2009), que a menudoaparecen imbricados.

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Como lo han hecho notar varios comentaristas, el pueblo demostró una ma-durez que todavía con frecuencia se le regatea en el orden político y econó-mico. Un pueblo que se solidariza de esta manera requiere que su sentidode comunidad y su madurez le sean reconocidos en todos los órdenes.24 

Las representaciones del pueblo como la colectividad nacional, o comouna colectividad virtuosa y moral, o como un sujeto político, se deslizanhacia la representación del pueblo como los pobres o los sectores popu-lares. Esta multiplicidad de significados, inherente al concepto mismode pueblo (Illades, 2003; Ranciere, 2001), se ejemplifica una y otra vezen el discurso de diversos actores políticos que ensalzan las virtudes delpueblo como el sujeto del régimen emanado de la Revolución, sobre todocon referencia a los damnificados. Así reporta  Proceso las declaraciones

del entonces líder nacional del PRI tras el decreto expropiatorio:

 Adolfo Verduzco […] afirmó que su partido “apoya vigorosamente” la expro-piación de predios, ya que evidencia “el compromiso que el gobierno de laRevolución mantiene con el pueblo y con la procuración de justicia social”.25

La asociación del pueblo con el régimen posrevolucionario y el legado dela Revolución no es exclusiva de los representantes del régimen, como loejemplifican las declaraciones del entonces diputado del Partido Socialista

Unificado Mexicano (PSUM

) Eraclio Zepeda, reportadas en El Universal:Los mejores mexicanos —dice el chiapaneco— resistían hace tiempo la des-carada declaración de ciertos conservadores sobre la supuesta debilidad denuestro pueblo. “Es bueno para ser del país”, decían, indicando con esto undesprecio para todo lo nuestro, sin embargo, entre el pueblo nunca se dudó deque somos mucho para la derrota, lo hemos demostrado siempre en nues-tra historia. […] “Sólo los que no conocen al pueblo pueden sorprender-se de su enorme capacidad solidaria. Al fin y al cabo las revoluciones sonobra de la solidaridad, y nosotros hemos realizado tres muy profundas”.26

Pero si estas expresiones invocan a la colectividad nacional al tiempoque sugieren que el concepto de pueblo hace referencia a los sectores

24 Abelardo Villegas (1985). “La hora de la autenticidad”.  Proceso 465 (30 de sep-tiembre): 25.

25 Raúl Monje y Gerardo Galarza (1985). “La expropiación de predios, elogiada”. Proceso 467 (14 de octubre): 6-7.

26 Carlos Martínez (1985). “Sorprendente, la capacidad solidaria”.  El Universal, 24de septiembre.

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populares, hay otras representaciones que explícitamente movilizan estesegundo significado. Por ejemplo, un editorialista de  unomásuno exaltalas “manifestaciones de comprensión y colectivismo” observadas tras los

sismos, y añade que éstas “son mucho más numerosas y espontáneasentre los trabajadores y sectores más empobrecidos”.27 Otro lo expresade la siguiente manera:

La efervescencia de un pueblo que está decidido a enterrar a sus muertosno le impidió levantar la cabeza y encarar las consecuencias de un sismoque resquebrajó muchas estructuras, pero no las del pueblo trabajador.28

Estas invocaciones al pueblo se inscriben dentro de un discurso políticoque si bien se presenta como opuesto al régimen, participa de sus formas

de representar a los sectores populares como la colectividad nacionallegítima. Así lo expresa un editorialista en unomásuno:

Esta solidaridad que tuvo, tiene y debe seguir teniendo el pueblo de Méxicono es una solidaridad a secas, tiene una etiqueta: solidaridad de clase, de tra-bajador a trabajador, de pobre a pobre y oprimido… Por eso la solidaridadde clase  debe continuar para demandar y reivindicar una reconstrucciónque efectivamente sea a favor de la clase necesitada, trabajadora, la gentepobre.29

Como hemos visto, el concepto de pueblo es movilizado de maneras muydiversas. En algunos casos se presenta como una colectividad amorfa y di-fusa que reacciona de manera ejemplar ante la catástrofe, el pueblo soli-dario. En otros es representado como un actor colectivo que encarna lossentimientos de la nación. El pueblo aparece también como los sectorespopulares, sobre todo en relación con los damnificados. En algunas fuen-tes coexisten multiplicidad de significados; en otras, un significado sedesliza hacia otros a lo largo de un mismo texto. Lo que llama la atenciónes la omnipresencia del concepto en los textos producidos después de los

sismos. Este no es únicamente movilizado por el presidente, los políti-cos y los funcionarios públicos, también lo es por reporteros e intelec-

27 Marcos Tonatiuh Aguilar M. (1985). “Respondió la gente”. unomásuno, 20 de sep-tiembre.

28 Manuel Fuentes (1985). “La organización obrera, sin resquebrajaduras”.  uno- másuno, 29 de septiembre.

29  Sergio Tamayo (1985). “Solidaridad de clase. Reconstrucción sin eufemismos”. unomásuno, 29 de septiembre.

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tuales de diferentes posiciones políticas e ideológicas. La existencia yla fuerza moral del pueblo aparecen como incuestionables. Es frente alconcepto de pueblo y su vigencia en el discurso público de mediados de

los años ochenta que podemos entender el quiebre discursivo —que estambién un quiebre político— que implica la aparición y movilizacióndel concepto de sociedad civil.

 A PARECE LA  SOCIEDAD CIVIL

En los días posteriores a los sismos, es sobre todo en  La Jornada, un pe-riódico que expresaba abiertamente su oposición al régimen, donde sehace referencia a la sociedad civil como un actor que se moviliza ante

la catástrofe. Sin embargo, el término aparece en múltiples textos comoindistinguible del pueblo que responde de manera solidaria. Así, porejemplo, lo expresa un editorial de dicho periódico:

La sociedad civil ha mostrado una vez más su capacidad de respuesta y en-trega ante las circunstancias adversas para socorrer infatigablemente ahí endonde es preciso y necesario. El espíritu de los millares de mexicanos queintegran las brigadas de voluntarios para el rescate impulsa a otros compa-triotas a seguir su ejemplo.30

En otras palabras, en ciertas acepciones, el concepto de sociedad civil es lacolectividad abstracta e imprecisa a la que hacíamos referencia arriba, elpueblo solidario. Pero se pueden vislumbrar otros significados: desde losdías posteriores a los sismos se suscita un debate sobre el término sociedadcivil que, como veremos a continuación, revela la crisis de legitimidad delestado posrevolucionario y del discurso oficial sobre el pueblo. Desde susprimeras crónicas sobre los sismos, Carlos Monsiváis, por citar un ejemploilustrativo, intenta dar un significado político a la solidaridad e interpretalas movilizaciones como el despertar de la sociedad civil:

No ha sido únicamente, aunque por el momento todo se condense en estapalabra, un acto de solidaridad. La hazaña absolutamente consciente y de-cidida de un sector importante de la población que con su impulso desearestaurar armonía y principios vitales, es, moralmente, un hecho más vasto

 y significativo. La sociedad civil existe como gran necesidad latente en quie-

30 “Dar eficacia a la ayuda”.  La Jornada. 23 de septiembre de 1985. Véase tambiénEduardo Huchim (1985). “El vigor del apoyo popular”. unomásuno, 20 de septiembre.

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nes desconocen incluso el término, y su primera y más insistente demandaes la redistribución de poderes.31

 Aquí la sociedad civil aparece como un actor colectivo en formación,es decir, como una colectividad que se vislumbra de manera incipientedespués de los sismos e incluye tanto a la masa solidaria como a los dam-nificados. Las movilizaciones de estos últimos son interpretadas comoun movimiento emergente con una nueva sensibilidad política. Loscaracteriza una nueva relación con el Estado, no mediada por las estruc-turas corporativas del régimen, así como la sed de un cambio político.En otras palabras, Monsiváis insiste en la emergencia de un nuevo ac-tor que no es el pueblo posrevolucionario. Es precisamente al no ser pue-blo que este actor puede demandar la democratización. Un editorialistade unomásuno expresa más explícitamente la ruptura:

[En el contexto de la crisis económica] la  gens mexicana comenzó a advertiren forma larvada, todo lo imprecisa que se quiera, los contornos del nuevopapel que le estaba tocando representar en la escena nacional. […] Eso queempezó a surgir fue un estado de conciencia general que rebasaba los límitesimplícitos en una palabra como  pueblo, o de conceptos como el de clase, yen general de todos los vocablos expresados de colectividad que, a lo largode más de medio siglo, se han aplicado a los mexicanos. Y algunos creyeroncaptar el advenimiento de otra modalidad de estar juntos en el ámbito nacio-nal, que apenas empieza a ser definida por medio de una expresión insólitapara el lenguaje político nuestro, que apenas empezó a hacer su apariciónen los últimos dos años, y que se presenta preñada de posibilidades para lareflexión, y la acción, política. Esa expresión es la de sociedad civil. Y ese sen-tirse sociedad civil frente al Estado, como lo diverso del Estado, no ha he-cho más que reforzarse a medida que el gobierno ha adoptado decisiones…o emitido conceptos en los que lo que resalta lo ya evidente, a saber: que encuanto el ejecutor de un sistema llega a su fin histórico y al reconocimientode sus límites, busca un nuevo papel en plena y directa interlocución con lasociedad civil.32

 Aquí se elabora con más detalle la transfiguración del pueblo en sociedadcivil. Según el diagnóstico de este editorialista, el pueblo —así como laorganización colectiva en torno a referentes como la clase social— ha

31 Carlos Monsiváis (1985). “La solidaridad de la población en realidad fue toma depoder”. Proceso 464 (23 de septiembre): 6-15.

32 Jorge Hernández Campos (1985). “Poder de interpelación”.  unomásuno, 24 deseptiembre.

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perdido vigencia con la crisis de legitimidad del régimen posrevolucio-nario, exacerbada por la crisis económica. Sus significados específicosaún por definirse, la sociedad civil se presenta como la colectividad de

una nueva era política. Se comienza entonces a temporalizar la relaciónentre el pueblo y a la sociedad civil, el primero ubicado como antece-dente temporal de la segunda. Al nombrar la realidad de otra manera,al insertar la movilización social en el marco explicativo de la rupturadel pacto revolucionario, el discurso público refleja y a la vez construyedicha transformación.

Nora Rabotnikof (2001a) ha argumentado que el concepto de sociedadcivil que se consolida en México durante la década de los años noventaes “resultado de la descomposición y reestructuración” de otra forma de

pensar la sociedad civil en la década de los años setenta y principiosde los años ochenta por parte de un grupo de intelectuales vinculados conla izquierda, especialmente Carlos Pereyra. Siguiendo a Antonio Gramsci,éstos definían a la sociedad civil como las asociaciones e institucionescreadas por la sociedad para organizar su participación en la vida pública.Estaban incluidos los organismos sindicales y patronales, las organizacio-nes campesinas, los movimientos sociales, los medios de comunicación.Según Rabotnikof, la categoría de sociedad civil rescataba “la densidadhistórica del pacto revolucionario” (el carácter constitutivo de la relaciónEstado-sectores populares, incluyendo la incorporación subordinada), altiempo que señalaba la ruptura de dicho pacto (Rabotnikof, 2001a: 286).Esta invocación temprana a la sociedad civil hacía una distinción entreel PRI-gobierno y el Estado. En otras palabras, si bien la reivindicaciónde la sociedad civil se inscribía en la demanda de democratización, éstano asumía una postura antiestatista.

Monsiváis, cercano al grupo de Pereyra, retomaba algo del conceptogramsciano de sociedad civil al concebirla como una formación antihe-gemónica, pero enarbolaba una bandera antiestatista. Cabe recordarque si bien desde la crisis de 1982 se hablaba de una crisis del Estado, lainacción de las autoridades y la corrupción que se evidenciaron tras lossismos exacerbaron esta narrativa. El año 1985 fue interpretado como elcolapso (el principio del fin) del Estado autoritario. De este modo, en laconcepción antiestatista de la sociedad civil que emergió en dicho con-texto —y que se consolidó en las décadas subsecuentes— convergieron

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el discurso de la izquierda33  y de algunos sectores conservadores. Porejemplo, hacia mediados de octubre de 1985 comienzan a aparecer enla prensa referencias a la sociedad civil por parte de la Confederación

Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la que declara que éstasería tema de su asamblea nacional:

La actitud de los nacionales no ha sido debidamente encauzada en las ta-reas cotidianas, por lo que la energía y la ayuda mutua desatada en losmomentos de dolor y consternación nos ofrecen una fuerza capaz de trans-formar las ruinas en una plataforma de despegue hacia los fines positivos yurgentes que necesita el país.34

En el discurso de la Coparmex, la sociedad civil aparece como la antítesis

del pueblo. Se utiliza como un concepto neutro, sin connotaciones declase, para advertir, de manera indirecta, sobre el peligro de radicaliza-ción de las movilizaciones populares que siguieron a los sismos. El año1985 aparece entonces como un momento clave en el que nuevas formasde organización social, así como nuevas formas de nombrar la realidad,coexisten con las formaciones sociales y discursivas del México posrevo-lucionario, aun si éstas han entrado en crisis. Como hemos visto, esto esespecialmente evidente en la manera en que circulan los conceptos depueblo y sociedad civil como conceptos equivalentes, al tiempo que apa-

recen como conceptos antagónicos y temporalizados, uno representandoel pasado y el otro un proyecto de futuro.

1995: LA  SOCIEDAD CIVIL MOVILIZADA 

Entre los sismos de 1985 y su conmemoración 10 años después, el paísfue escenario de cambios políticos, sociales e ideológicos significativos.Fue durante esta década que una serie de reformas de corte neoliberalfueron introducidas plenamente, intensificando la transición de unaeconomía proteccionista a una economía de libre mercado. Estos cam-bios vinieron acompañados de la resurrección del discurso liberal de la

33 A lo largo del siglo XX, la izquierda mexicana incluyó una pluralidad de corrien-tes, a menudo opuestas. Sigo a Illades (2012) para referirme a una corriente de la iz-quierda que tras el movimiento de 1968 profundizó su crítica del autoritarismo y enar-boló la democracia como su bandera de lucha.

34 Moisés Sanchez Limón (1985). “La sociedad civil, tema de asamblea de la Copar-mex”. El Universal, 9 de octubre.

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ciudadanía y la democracia. Ya desde la primera mitad de la década delos años ochenta, Miguel de la Madrid anunciaba los vientos de cambioal insistir en que su gobierno marcaba una ruptura con el “populismo”

de sus antecesores, que sería profundizada durante la presidencia de Car-los Salinas de Gortari.35 Durante esta década, la “modernización” delpaís comenzó a significar una nueva relación entre Estado y sociedad,así como la formación de ciudadanos responsables de su propio destino(Rousseau, 2010: 263).

Paralelamente, en este periodo se intensificó la movilización ciudadana y surgieron organizaciones ya claramente llamadas de la sociedad civil, queapoyaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Demo-crático Nacional en 1988. En este contexto comenzó la lenta transición a

la democracia, posibilitada por una serie de reformas políticas. Se firmóel Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá e inició ellevantamiento zapatista. Cuando se conmemoraba el décimo aniversariode los sismos, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y elgobierno federal dialogaban para la solución del conflicto en Chiapas;los partidos políticos negociaban la elección del recién creado InstitutoFederal Electoral (IFE) y el país enfrentaba una nueva crisis económica.

Durante el mes de septiembre, la prensa incluyó reportajes, crónicas,testimonios y artículos de opinión en conmemoración de los sismos, sobretodo en sus secciones metropolitanas. La mayoría de los textos reprodu-cen crónicas y testimonios de las víctimas, en los que se vuelve a poneren circulación el discurso de la solidaridad. Éste es también reproduci-do en los actos conmemorativos oficiales. Reforma reporta sobre la ceremo-nia en el Zócalo y cita las palabras del entonces regente capitalino: “Conesta ceremonia se rinde honor a quienes actuaron como héroes anónimosen solidaridad con los que se vieron en desgracia”.36 Los damnificadostambién son recordados en múltiples textos. En Reforma se escribe sobrelos casos célebres, como el famoso movimiento de las costureras, que sonabordados como historias de resiliencia y dignidad, más que como luchassociales.37 Para La Jornada, por el contrario, los damnificados son partecentral de la lucha de la sociedad civil en el presente. Así, por ejemplo,

35 Salinas logró revertir la percepción del colapso del Estado y retomó la solidaridadcomo lema central de su política social (Knight, 1996).

36 Ernesto Núñez y Francisco Almaraz (1995). “Recuerdo, en silencio”.  Reforma, 20de septiembre.

37 Daniela Pastrana (1995). “Entre engaños y promesas, Tlatelolco”.  Reforma, 15 deseptiembre.

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reporta este diario la marcha conmemorativa de las organizaciones dedamnificados:

[Se veía] la  inmensa pluralidad de dirigentes, forjada en una década de lu-cha, una década de divisiones y reconciliaciones. […] El paso de los con-tingentes es una interminable sucesión de epítetos antigubernamentales:“gobierno corrupto, por tu culpa estamos de luto”. […] Las interminablesconsignas por la vivienda comparten espacios con el más reivindicado héroerevolucionario: Emiliano Zapata. […] Los pegasos de Bellas Artes quedanmarcados por el nuevo referente revolucionario: EZLN.38

Si bien la solidaridad y los damnificados reaparecen como tema central,el pueblo prácticamente ha desaparecido como actor en el discurso. No

es ya utilizado para describir a la masa que se solidariza o a los sectorespopulares movilizados o a la colectividad nacional. Un tema que dominala cobertura, sobre todo en los artículos de opinión, es el sismo comoparteaguas en la historia contemporánea. Es decir, para 1995 el sis-mo se ha vuelto parte de una genealogía de eventos, como el movimientoestudiantil del 68, que han jugado un papel central en el camino haciala democratización. Así lo expresa el periodista Jorge Ramos Ávalos en Reforma:

Hay una serie de fechas en la historia moderna que dejan ver cómo los mexi-canos le han ido perdiendo la confianza a su gobierno. Ahí está la masacrede más de 300 estudiantes, mujeres y niños en la plaza de Tlatelolco el 2 deoctubre de 1968, el masivo fraude electoral del 2 de julio de 1988, el alza-miento rebelde-indígena del EZLN el primero de enero del 94, y los asesinatosde dos líderes priístas más tarde el mismo año. […] Pero a estos momen-tos clave de la descomposición del sistema y en la fractura del poder en Méxi-co, hay que añadir ese 19 de septiembre de 1985, después del terremoto,cuando los habitantes de la capital se dieron cuenta de que no podían dejarleal gobierno el control de los asuntos más importantes de sus vidas.39 

Por su parte, el activista Marcos Rascón, quien había jugado un papelimportante en las movilizaciones populares tras los sismos, escribía en La Jornada:

38 Alonso Urrutia y Víctor Ballinas (1995). “Pluralidad, la mayor riqueza de la ciu-dad: Cuauhtemoc Abarca”. La Jornada, 20 de septiembre.

39  Jorge Ramos Ávalos (1995). “De terremoto en terremoto”.  Reforma, 14 de sep-tiembre.

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El 19 de septiembre provocó cambios en la estructura social y política de laenvergadura de las generadas por el movimiento de 1968 […] y abrió pasoa las grandes movilizaciones ciudadanas de estos últimos 10 años. […] Elauge democrático de 1988 no podría explicarse sin el 85. [El cardenismofue] el catalizador democrático de esa nueva sociedad demandante de trans-formación, el cardenismo fue señal de que ese cambio debía ser progresista,

 justiciero en lo social, igualitario, democrático y nacionalista.40 

Mientras que en ambos textos aparece la narrativa del sismo como parte-aguas, encontramos diferencias importantes. En el primero, el periodistahabla de una ciudadanía que despierta y toma las riendas de sus vidas.En el segundo, el autor hace referencia a un movimiento popular, decorte nacionalista. Éste es un asunto central en la memoria de los sis-

mos: en 1995, la idea de sociedad civil es movilizada por una izquierdaen transición, que se distancia del nacionalismo revolucionario y a la vezreproduce su retórica; una izquierda que, ante el desmantelamiento delllamado “socialismo real”, está en busca de nuevas coordenadas. Destacauna contribución del historiador Antonio García de León en  La Jorna- da, quien ubica el surgimiento de la sociedad civil en el “macro-sismofundador”:

La vieja concepción marxiana de “conciencia de clase” queda rebasada poruna movilización que atraviesa a todas las clases sociales, cuya vertebradason las concepciones amplias inmediatas, imprescindibles de la sociedadmexicana: la transición a la democracia y un nuevo proyecto económico(demandas que unifican a un tan amplio espectro social como el que sedespliega desde la guerrilla zapatista hasta las señoras de Polanco) […].La nueva “conciencia revolucionaria” (por llamarla de alguna manera) seexpresa además en la convicción de que los individuos emancipados estánllamados a constituirse, conjuntamente, en autores de su propio destino.[…] De esa emergencia de la soberanía popular surgen las nuevas formas decivilidad y de organización política; algo que forma ya, desde el inicio delconflicto en Chiapas, una inesperada dinámica.41 

Para esta izquierda, la sociedad civil se inserta en una larga lucha de lossectores populares, pero al mismo tiempo marca una ruptura con discur-sos y formas de organización política que son vistos como obsoletos. El

40 Marco Rascón (1995). “La tragedia y la transición”. La Jornada, 19 de septiembre.41 Antonio García de León (1995). “¿Qué onda con la sociedad civil?”  La Jornada, 

17 de septiembre. Véase también Gerardo Unzueta (1995). “Hace sólo diez años...”. ElUniversal, 18 de septiembre.

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lenguaje de clases (de emancipación, revolución) va siendo sustituido porun lenguaje de derechos y de identidad. Se habla menos del movimientopopular y más de los movimientos sociales.

Pero si bien la sociedad civil aparece como una nueva cara de la iz-quierda, no es un actor exclusivo de la misma. En un artículo publicado enel periódico Reforma el 20 de septiembre, el político panista Julio Faeslerreflexionaba sobre la importancia que atribuía el gobierno del entoncespresidente Ernesto Zedillo a “la participación ciudadana en los asuntospúblicos”, a través de las declaraciones del subsecretario de gobernaciónNatividad González Parás. El articulista celebraba:

Los conceptos progresistas [de González Parás son] coincidentes con lo que varias organizaciones de la sociedad civil hemos venido planteando […] [Pa-

rás] sugirió que deben participar las organizaciones de la sociedad civil enuna amplia gama de procesos de decisión y planeación social, económica

 y política y que se abrirán los cauces para que ellas intervengan en la con-fección y seguimiento de planes y programas de gobierno. […] No debeseguir pensándose que en la “rectoría del Estado” recae toda la carga deorientar y proveer el bienestar. Éste es el resultado del esfuerzo coordinado

 y corresponsable de todos los miembros de la comunidad que se expresa enprogramas consensados, corresponsabilidades en su ejecución y exigibilida-des recíprocas.42 

Como se anunciaba ya 10 años antes, la idea de sociedad civil es movili-zada más allá del espacio político de la izquierda. El discurso neoliberalque describía al Estado benefactor como una formación que limitaba lacapacidad emprendedora de los individuos, haciéndolos dependientespor su carácter intervencionista, y que defendía la necesidad de un Estadoadelgazado y de una sociedad co-responsable de su propio bienestar, sehabía convertido en axiomas para todo el espectro político (Rose, 1999). Además, la prevalencia de estas ideas más allá de los círculos intelectualesse hacía evidente en una entrevista realizada a la conductora de televi-

sión Talina Fernández, quien vivió en carne propia la tragedia de 1985,publicada en el diario Reforma:

42 Julio Faesler (1995). “Participación ciudadana”. Reforma, 20 de septiembre.

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[En 1985] descubrimos la calidad de pueblo que somos. El pueblo solu-cionó, participó, ordenó, organizó, no esperó a que “papá Gobierno” lohiciera.43 

2005: LA  CORRUPCIÓN DEL PUEBLO

Para septiembre de 2005, la Ciudad de México tenía casi 10 años de ungobierno electo y de ser gobernada por el Partido de la Revolución De-mocrática (PRD). En el plano nacional, el PRI había perdido la presidenciaante el panista Vicente Fox y en sólo cinco años desde ese acontecimientomonumental la opinión pública había transitado de la celebración de la

transición como un hecho consumado al desencanto con sus limitaciones.El país se disponía a una nueva contienda presidencial y el empresa-rio Carlos Slim preparaba el “Acuerdo Nacional por la Unidad, el Estadode Derecho, el Desarrollo, la Estabilidad y el Empleo”, conocido como el“Pacto de Chapultepec”, que unas semanas más tarde sería celebradocomo un triunfo de la sociedad civil (Escalante Gonzalbo, 2006a).

En la cobertura del vigésimo aniversario de los sismos —compuestapor una diversidad de notas publicadas en las secciones metropolitanasde los diarios consultados— se vuelve a reproducir la narrativa central de

los mismos. Se celebra la solidaridad y se habla de los sismos como unepisodio fundacional que marca el derrumbe del autoritarismo y el iniciode la sociedad civil:

La que nació fue una sociedad más participativa, menos ingenua ante la simu-lación y el discurso manipulador de sus gobernantes, así como más vigilantede sus sistemas y procesos, hasta esa fecha sólo formales, de representacióndemocrática.44

En la ceremonia de conmemoración oficial, el presidente Vicente Fox

reproduce esta narrativa, enfatizando la emergencia de una sociedad quese hace responsable de sí misma:

43 “Miedo en los medios”. Reforma, 17 de septiembre de 1995.44 José Luis Lezama (2005). “México-USA  1985-2005”. Reforma, 18 de septiembre.

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Frente al desastre […] la sociedad decidió tomar las riendas de su destino.En ese momento México cambió para siempre, y en los días que siguieronbrotaron los valores más profundos de la sociedad mexicana.45

 Aparecen también nuevas interpretaciones y preocupaciones. Por un lado,hay voces que analizan la trascendencia política de los eventos de 1985en forma más matizada. Un reportaje de El Universal, por ejemplo, citaa algunos académicos que afirman que, más que un evento crucial en lademocratización de todo el país, las movilizaciones detonadas por lossismos fueron importantes para la Ciudad de México.46 Por otro lado,aparece el tema de la protección civil y la necesidad de una mejor culturaen esa materia.47

El cambio más significativo se encuentra en la representación de los

damnificados. Algunas voces celebran el papel de las organizacionespopulares de 1985, así como la capacidad del gobierno para negociarcon ellas, y las ven como un momento clave de la democratización. Asílo expresa un editorial de La Jornada:48 

[Los sismos] borraron el mito de que la población popular urbana era, porel solo hecho, la base militante del PRI. […] Entender que la pluralidad de

 voces y la diversidad de organizaciones sociales expresaban la aspiraciónde lograr nuevos equilibrios políticos le dio sentido a la Concertación De-

mocrática por la Reconstrucción.

49

Hay, sin embargo, otras voces que están lejos de celebrar a las organi-zaciones de los damnificados como un nuevo movimiento ciudadano o

45 Jorge Herrera (2005). “Fue el derrumbe del estado”. El Universal, 20 de septiem-bre.

46 Jorge Ramos (2005). “La primera grieta del autoritarismo”.  El Universal, 17 deseptiembre.

47 Ángeles Cruz Martínez (2005). “A 20 años del sismo, analizarán los avances en

protección civil”. La Jornada, 17 de septiembre; Sergio Sarmiento (2005). “El terremoto”. Reforma, 19 de septiembre.

48 Ante la creciente inconformidad de los damnificados a principios de 1986, elpresidente De la Madrid colocó a Manuel Camacho al frente de la Secretaría de Desa-rrollo Urbano y Ecología. Camacho coordinó la negociación entre organizaciones dedamnificados y otros actores, que se conoció como la Concertación Democrática por laReconstrucción. Para una discusión de este proceso en voz de sus protagonistas, véase Abarca Sánchez et al., 2005.

49 Alejandra Moreno Toscano (2005). “La concertación democrática 20 años des-pués”. La Jornada, 19 de septiembre.

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como la emergente sociedad civil. El escritor Rafael Pérez Gay, con laironía que caracteriza a sus textos, publica en El Universal:

Somos maestros en paradojas. El movimiento civil del año de 1985 se in-tegró o, si se quiere, se diluyó con el tiempo y al contacto con una red deorganizaciones dedicada al coyotaje, al tráfico de la mentira. […] Los polvosde aquellos lodos (no es metáfora sino alusión literaria) se han esparcido enla ardiente actualidad: en septiembre de 1985 surgió la Unión de Vecinosde la Colonia Centro, más tarde se llamó Unión Popular Nueva Tenochti-tlán. Sus líderes fueron René Bejarano y Dolores Padierna. […] Raíces ydestinos similares compartieron la Coordinadora de Residentes de Tlate-lolco, la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, Amanecer del Barrio dela Colonia Morelos, la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México. Estasorganizaciones han mostrado que todo camino es una desviación, y quetodo origen puede ser borrado con la tinta indeleble de la trampa vendidacomo lucha social.50 

De ser los protagonistas de las movilizaciones sociales de 1985, la emer-gente sociedad civil, 20 años después los damnificados se han convertidoen un legado corporativo y clientelar del régimen priísta. Dicho de otromodo, en las conmemoraciones de septiembre de 2005 las organizacio-nes populares parecen haber sido expulsadas de la sociedad civil a laque supuestamente dieron origen; aparecen como el residuo del Estado

autoritario y antidemocrático que contribuyeron a derrocar. La sociedadcivil es celebrada como el espacio de la ciudadanía organizada, pero hasido evacuada de su contenido popular.

CONCLUSIÓN: EL PUEBLO, LA  SOCIEDAD CIVIL, LA  CIUDADANÍA 

En el presente artículo he argumentado que desde su aparición en laesfera pública mexicana tras los sismos de 1985, la sociedad civil ha

pasado a sustituir al pueblo como la colectividad nacional legítima, esdecir, como el representante del  nosotros nacional. Más que una meratransformación de términos, la desaparición del pueblo refleja, al tiempoque lo ha construido, el sentido común liberal que hoy domina la esferapública, que exalta al individuo autónomo y critica formas de pertenen-

50 Rafael Pérez Gay (2005). “Piedra sobre piedra: la leyenda y la historia”. El Univer- sal, 18 de septiembre.

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cia y acción colectivas que asocia con el pasado autoritario, incluyendoaquellas estructuradas en torno de un lenguaje de clase social.

Un ejemplo de este sentido común se encuentra en un artículo pu-

blicado hace algunos años por el politólogo Leo Zuckerman en la revista Nexos. Al abordar el uso del concepto de pueblo en la esfera públicamexicana, el autor especula que los políticos hablan del pueblo comoreferencia “a la gente más pobre del país”. Zuckerman duda de la efecti- vidad discursiva de dicha invocación, con base en una encuesta en la que“a la gente de menos recursos económicos” afirma no querer definirsecomo “pobre” o de “clase baja”. Y más tarde abre la pregunta:

Más allá de la efectividad discursiva del “pueblo” como sinónimo de la clasemás pobre del país, hay una pregunta de fondo, muy relevante, para todo

país democrático: ¿Qué somos las personas que conformamos este cuerpopolítico llamado México? ¿Cómo debemos considerarnos? ¿Como pue-blo o como ciudadanía? Yo no tengo dudas: como ciudadanía (Zuckerman,2010).

Con este planteamiento, Zuckerman establece una dicotomía aparente-mente infranqueable: ni el pueblo puede ser ciudadanía, ni los ciudadanosson pueblo. Según esta visión, existe una escisión entre formas obsoletasde participación política —asociadas con las organizaciones populares,

como aquellas surgidas del sismo de 1985— y una ciudadanía idealiza-da, que aún no logra consolidarse. Este discurso está atravesado por elespectro de la Revolución mexicana y del régimen posrevolucionario quefundaba su legitimidad sobre la figura del pueblo, la colectividad nacionalemanada de la lucha armada (Lomnitz, 2001).

Como ha argumentado Paul Eiss, durante el siglo XX mexicano elconcepto de pueblo fue movilizado por los más diversos actores para lasmás diversas causas. Fue un objeto de disputa en torno del cual entraronen conflicto “concepciones divergentes de la comunidad y la colectivi-

dad” (Eiss, 2010: 5). El pueblo aparecía a la vez como un sujeto político y como un objeto de intervención por parte del Estado y sus políticasde modernización. La retórica pos-revolucionaria, así como la realidad decrecimiento económico, planteaban la futura inclusión del pueblo: sibien era necesario hacer sacrificios en el presente, el Estado lo elevaríaa la categoría de ciudadano, así como a un lugar de bienestar material yderechos sociales como la vivienda, la educación, la salud. En contraste,en el momento contemporáneo el pueblo aparece como una formación re-sidual en dos sentidos: primero, como aquellos que han quedado excluidos

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del nuevo panorama económico; segundo, como aquellos que care-cen de legitimidad como sujetos políticos. Es en este contexto que unasociedad civil domesticada, despojada de la politización que la caracterizó

en la década de los años noventa, así como de su contenido popular, ycompuesta por individuos autónomos, puede reclamar la posición delsujeto nacional legítimo (Yeh, 2009).

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 Palabras clave: deliberación, control democrático, legitimidad, sistema deliberativo, teoría norma-tiva, análisis político. Key words: deliberation, democratic control, legitimacy, deliberative system, normative theory, poli-

tical analysis.

La teoría deliberativa defiende una concepción de la democraciaen la que tienen centralidad los procesos de diálogo y justificaciónpúblicos. En vez de imaginar la democracia como un sistema para

procesar intereses que se expresan de manera antagónica y competitiva,

la democracia deliberativa apela a la construcción de foros públicos quesirvan para alcanzar acuerdos sobre la base del intercambio de razones y justificaciones (Guttman y Thompson, 2004: 13-16). Esta teoría ha contri-

* Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Profesor-inves-tigador en El Colegio de la Frontera Norte. Temas de investigación: teoría política, go-bernanza democrática, cambio institucional, rendición de cuentas. Boulevard AbelardoL. Rodríguez 2925, Zona del Río, 22010, Tijuana, Baja California. El autor agradece las valiosas sugerencias de los revisores anónimos.

La deliberación como mecanismo de controldemocrático: precisiones analíticas y cuestiones

emergentes

 A LEJANDRO MONSIVÁIS C ARRILLO*

Resumen: La teoría deliberativa continúa en- frentando un importante desafío: precisar sus aportaciones para entender mejor la democra-tización de los sistemas políticos. Este trabajo

ofrece una crítica de la democracia deliberativa y argumenta que la deliberación es un mecanis- mo clave para promover el control democrático.Se afirma que la deliberación es una práctica

 política que debe distinguirse de las normas democráticas que se emplean para analizarla. Este planteamiento permite repensar el “giro sistémico” en la literatura y proporciona algu- nas consideraciones para el renovado estudio dela política deliberativa.

 Abstract: Deliberative theory continues to face a major challenge: clarifying its analytical con-tributions to the explanation of how political

 systems democratize. Endorsing this agenda,

this paper offers a critique of deliberative demo-cracy, and argues that deliberation is a key me-chanism of democratic accountability. It assertsthe difference between deliberation as a political

 practice and the democratic norms that are usedto analyze it. Discussing the “systemic turn” inthe research agenda, this paper concludes pro-viding some considerations for the renewed stu-

 dy of deliberative politics.

D. R. © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología 76,núm. 3 (julio-septiembre, 2014): 471-499. México, D.F. ISSN: 0188-2503 /14/07603-05.

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 A LEJANDRO MONSIVÁIS C ARRILLO472

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buido a formular una comprensión normativa más robusta de la política y la legitimidad democráticas, ha dado lugar a una fructífera agenda deinvestigación sobre procesos que acontecen en las instituciones represen-

tativas y en la esfera pública, y ha servido para impulsar experimentos einnovaciones institucionales dirigidos a involucrar a la ciudadanía en losasuntos públicos y, en general, a fortalecer a la democracia.1

 A lo largo ya de casi dos décadas de debate, la teoría deliberativade la democracia ha atravesado por varias etapas de desarrollo, dandodiversos giros en las agendas de investigación (Dryzek, 2010: 3-10).2 Desde concentrarse en la formulación de las condiciones ideales de ladeliberación democrática, hasta el análisis de los efectos de diversos“minipúblicos” (Fung, 2007b), pasando por esfuerzos puntuales de for-

malización matemática (Austen-Smith y Feddersen, 2006) y sin prescindirde críticas incisivas por parte de otros especialistas (para una valora-ción de esas críticas, véase Neblo et al., 2010: 567-569). Una de las agen-das emergentes más ambiciosas en la teoría deliberativa de la democraciaes el “giro sistémico”, que invita a los teóricos y analistas a pensar en ladeliberación más allá de momentos o experiencias concretas, para en-tender sus efectos en el sistema político en su conjunto (Parkinson, 2006;Mansbridge et al., 2012; Warren, 2007).

Con todo, hay algo en el desarrollo de la teoría deliberativa que llamala atención: mientras que sus partidarios la consideran como la aportaciónmás importante a la teoría de la democracia en las últimas décadas, otroscampos del análisis político no parecen haberse percatado de la agitaciónprovocada por los giros en el enfoque deliberativo (esto lo reconoce unode sus más conspicuos promotores: Dryzek, 2009: 1379-1380). Aunqueen el campo de la política pública existen numerosas aplicaciones, enel estudio comparado del comportamiento y las instituciones democrá-ticos prácticamente no hay trabajos que incorporen la deliberación alanálisis. A diferencia de conceptos como  participación, confianza, capital social, legitimidad y otros, el concepto deliberación no ha sido incorporadoplenamente en la formulación de teorías con base empírica. Esto puede

1 Existen destacados trabajos que ofrecen una evaluación sistemática de las distintasaportaciones de la teoría deliberativa de la democracia. Entre otros, véanse Chambers,2003; Dryzek, 2010; Fishkin, 2009; Goodin, 2008; Rosenberg, 2007; Steiner, 2012.

2 En la academia latinoamericana el enfoque deliberativo también ha ganado terreno y evolucionado en sus temáticas de interés. Véanse, entre otros, Avritzer, 2002; Castaños et al., 2008; Hevia et al., 2011; Monsiváis Carrillo, 2006; Monsiváis Carrillo, Pérez y Ta- vera (en prensa); Montes de Oca, 2014.

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473L A  DELIBERACIÓN COMO MECANISMO DE CONTROL DEMOCRÁTICO

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explicarse, en parte, por lo difícil que resulta observar la deliberación enlos procesos políticos, pero también puede ser resultado de la ambigüe-dad que prevalece en la conceptualización de la deliberación y el rol que

ésta desempeña en la explicación de los fenómenos políticos. El hecho esque la perspectiva deliberativa sigue enfrentando un importante desafío:precisar las aportaciones que puede hacer el estudio de la deliberacióna entender la democratización de los sistemas políticos.

En este trabajo sostengo que la deliberación es un concepto necesariopara entender, mediante la investigación política empírica, el funciona-miento de los mecanismos de control democrático. Para avanzar por estaruta es indispensable repensar algunos fundamentos de la perspectivadeliberativa de la democracia, clarificar las expectativas normativas aso-

ciadas con este enfoque y distinguirlas de la evaluación de sus postulados.Como mostraré en el primer apartado de este texto, algunos equívocosimplícitos en la noción de la “democracia deliberativa” dificultan valorarapropiadamente el rol que puede tener la deliberación en la políticademocrática. En la segunda sección postularé que la relevancia demo-crática de la deliberación está relacionada con la posibilidad de queesta práctica contribuya al control y a la rendición de cuentas públicos.Procederé, en tercer lugar, a proponer una definición del concepto dedeliberación política que evite equiparar la calidad de la deliberacióncon la legitimidad democrática. En las últimas dos secciones del trabajodiscutiré la relación de la deliberación con las normas democráticas yrealizaré algunas consideraciones analíticas relacionadas con el estudiode los sistemas y episodios deliberativos.

M ÁS  ALLÁ  DE LA  DEMOCRACIA  DELIBERATIVA 

La democracia deliberativa es una concepción de la política que describe lamanera en deben conducirse los agentes políticos y las instituciones para

alcanzar determinados ideales políticos. Así como hay modelos de lademocracia que enfatizan los aspectos directos, participativos, liberaleso republicanos de la democracia (Held, 2006), así habría también unmodelo deliberativo que le da centralidad al debate y a la justificaciónpúblicos. Cuando se habla del modelo deliberativo de la democracia, sinembargo, se alude más a una perspectiva normativa de la política que aun sistema teórico del que se obtiene un conjunto de prescripciones opredicciones claras y unívocas (Morton, 1999).

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De hecho, si no se tiene cuidado en precisar qué relación teórica sepostula que existe entre la deliberación y la democracia, es posible incurriren dos inconsistencias concretas.

Una de ellas surge de las interpretaciones que se pueden dar a la pro-pia noción de “democracia deliberativa” (Mansbridge, 2007). Esta nociónsugiere que el modelo deliberativo puede traducirse a un sistema políticoo de gobierno. Sin embargo, hay algo equívoco en este planteamiento.La “democracia deliberativa” puede pasar por un régimen distintivo sise hace abstracción de la política empírica y se pone especial atencióna un conjunto de situaciones y procedimientos ideales. En el plano dela teoría normativa no es difícil imaginar a un grupo de individuos queadoptan decisiones colectivas empleando argumentos razonados (Cohen,

1997; Habermas, 1998; Rawls, 1971). Este ejercicio metodológico pue-de servir para analizar en abstracto los componentes normativos de ladeliberación política, pero pasa por alto un hecho trivial: que la delibe-ración no es más que un mecanismo de coordinación y decisión polí-ticas entre otros. Por lo tanto, si se quiere construir una “democraciadeliberativa” capaz de sortear las prosaicas vicisitudes de la política, esindispensable reconocer que la deliberación es un procedimiento de deci-sión colectiva como la votación o la negociación (Elster, 2001:18), y que larelación entre estos mecanismos no tiene que ser agonística, sino quepuede ser complementaria (Mansbridge et al., 2009: 65). Esto implicaque la “democracia deliberativa” tiene que enmarcarse en una teoría dela democracia más general. La diferencia es sutil, pero fundamental: unrégimen político puede tener atributos deliberativos, pero no puede sersolamente deliberativo.

Un segundo problema relacionado con la “democracia deliberativa”es la ambigüedad que prevalece acerca de la relación entre sus dos com-ponentes constitutivos: la deliberación y la democracia. Es relativamentesencillo pasar de la idea de que la deliberación contribuye a dar legitimidada las decisiones democráticas, a la tesis de que la legitimidad democrá-tica debe tener un fundamento deliberativo (Cohen, 1989: 22; Dryzek,2010: 21-24). No es poco atractiva la idea de que las decisiones políticasdeben ser resultado de un intercambio de razones, en el que los par-ticipantes presenten sus argumentos de forma que sean persuasivos parasus interlocutores, de tal modo que la decisión adoptada no solamenterepresente la alternativa más adecuada para promover el bien común,sino que extraiga además una fuerza moral del proceso deliberativo quecomprometa a los participantes con la obligatoriedad de esa resolución.

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Pero una cosa es perseguir este ideal y otra es asumir que la deliberaciónes una condición necesaria de la legitimidad democrática. Esta segundamanera de entender el rol de la deliberación puede ser normativamente

sugerente, pero restringe el potencial de la teoría deliberativa. Asumir que la deliberación y la democracia están unidas por unarelación de necesidad y/o suficiencia es incurrir en un problema de consis-tencia lógica (Christiano, 1997). De ser válido el principio de necesidad,la deliberación tendría que ir ligada con el concepto de democracia detal manera que no se podría calificar como democrático ningún régimen,proceso o fenómeno que careciera del atributo deliberativo, aunque hu-biera sufragio universal, libertades civiles y competencia política. Muchosregímenes políticos actuales no podrían ser considerados democráticos,

aunque lo sean, a menos que emplearan de forma irrestricta la delibe-ración para adoptar leyes y decisiones públicas. De manera simétrica, sirigiera el principio de suficiencia, bastaría con que estuviera presentela deliberación para que cualquier fenómeno pudiera ser consideradocomo democrático, aunque la participación estuviera restringida o la com-petencia electoral fuera limitada. Las mismas inconsistencias estánpresentes en el carácter democrático de la deliberación: sólo sería una“auténtica” deliberación aquella que fuera “democrática”; esto es, quecontara con la participación de todos los que están implicados en eltema en cuestión. Esto supondría que no podría considerarse delibera-ción el intercambio dialógico que tiene lugar en comisiones legislativas,en comités de expertos o en las instancias de carácter colegiado que seencuentran en numerosas agencias estatales.

El hecho es que la democracia puede ser deliberativa pero no dependede la deliberación para ser democracia. De igual forma, la deliberaciónpolítica puede ser  democrática, pero no tiene que serlo para que un in-tercambio comunicativo pueda ser considerado como deliberación. Laconsecuencia es clara: la democracia deliberativa no es más que unaforma de designar un ideal político en el que se espera que la delibera-ción desempeñe un rol central en la formulación de agendas públicas,leyes, políticas, programas y acciones públicos.3 Con este planteamiento,parecería que la democracia deliberativa queda despojada de la posibi-lidad de fungir como un ideal regulativo. Lo que sostengo, en cambio,

3 De manera convergente con este planteamiento, véase la crítica de Warren (2012)a la influencia que han ejercido en la teoría de la democracia contemporánea los “mode-los” de la democracia, incluyendo el modelo deliberativo.

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es que la relevancia de la teoría deliberativa no depende de que puedaexistir una “democracia deliberativa” en sentido estricto. Depende deque sea posible clarificar conceptualmente y explicar empíricamente

de qué manera la deliberación contribuye a producir bienes democráticos.En la siguiente sección argumentaré que la principal contribución quepuede hacer la deliberación a la política democrática es la de construir y fortalecer relaciones de control y rendición pública de cuentas.

CONTROL DEMOCRÁTICO  Y DELIBERACIÓN

La investigación conceptual y empírica sobre el rol que desempeña ladeliberación en la democracia no puede pasar por alto que la deliberación

es una práctica política entre otras (Warren, 2007: 287). En general, losanalistas reconocen que la deliberación no es un fenómeno que puedapresentarse de manera aislada, sino que es un elemento entre otros, quese manifiesta en el espectro amplio y heterogéneo de la política. Aunquepocas veces este supuesto aparece enunciado de manera explícita, debeser el punto de partida para una exploración analítica más extensa. Parallevar un paso más adelante el argumento, en esta sección desarrollaré elsiguiente planteamiento: La deliberación es una forma de cooperación política que puede contribuir a que quienes se ven sometidos a alguna forma de autoridad

estatal, gubernamental o pública, cuenten con mecanismos para influir en las decisiones, exigir justificaciones y poder emitir sanciones de distinta índole.

Este postulado consta de dos elementos y una relación condicionalentre ellos. La forma condicional sirve para subrayar que el rol políticoque puede tener la deliberación depende de diversas circunstancias yotros factores políticos que deben ser identificados a partir de hipótesis y estudios concretos.

De los dos elementos referidos, el primero es la deliberación, enten-dida como una forma de cooperación política. Esta noción proviene de la

formulación que hace James Bohman, al considerar a la deliberación unapráctica dialógica implicada “en el proceso de formar una razón pública”(Bohman, 1996: 25). En la siguiente sección de este trabajo abordaréuna definición más precisa de la deliberación. En este momento hayque poner énfasis en su función política: la deliberación funge como uneslabón entre agentes que tienen intereses heterogéneos y en conflicto;es un mecanismo que permite a los agentes políticos adoptar decisionescolectivas o decidir cómo han de adoptar esas decisiones. Su carácter

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distintivo es que implica una interacción basada en el intercambio derazones y planteamientos para adoptar un curso colectivo y obligatoriode acción.

El segundo elemento es la noción de rendición de cuentas democrá-tica ( democratic accountability) o control democrático, término que utilizaréen este trabajo para referirme a este concepto. El control democrático esuna relación política que se origina en el principio de igualdad políticade todos aquellos que forman parte de algún sistema de autogobierno(Christiano, 2008: 75-128; Dahl, 1971). Si la norma básica de la democra-cia es la “inclusión empoderada de aquellos afectados por las decisiones y acciones colectivas” (Warren, 2006: 386), el control democrático suponeque la constitución de la autoridad y su desempeño deben estar sometidos

al escrutinio y a la influencia de quienes quedan sujetos a los dictados deesa autoridad. En términos de Craig T. Borowiak (2011: 9-13), parala rendición de cuentas democrática es necesario que los gobernadostengan oportunidades para sancionar y exigir respuestas de los poderesque los gobiernan. Materializar este ideal requiere una amplia variedadde mecanismos: elecciones regulares y competitivas, pesos y contrapesosestatales, órganos estatales de supervisión, interfaces socioestatales departicipación, manifestaciones sociales, entre otros (Bovens, 2010; GurzaLavalle e Isunza Vera, 2010; Mainwaring, 2003). El control democráticodemanda la operación articulada y contingente de múltiples elementos:normas políticas, conglomerados institucionales, actores políticos (par-tidos, grupos de interés, movimientos sociales…) y procesos políticos(elecciones, consultas públicas, implantación de programas, expresionesde protesta…). Se trata, en última instancia, de un proceso continuo, enel que los estándares de control se redefinen y actualizan en el curso delpropio proceso político. En pocas palabras, el control democrático seintegra de procesos que acontecen, de manera secuenciada y articulada,en múltiples foros y espacios estatales y públicos.

En este escenario, la deliberación constituye un mecanismo de con-trol político, como lo son también las elecciones, la adjudicación legalo las dinámicas asociativas. La deliberación es decisiva para difundirinformación, proporcionar voz, representar discursos o intereses, clarifi-car diferencias, construir razonamientos públicos, exigir justificaciones,generar compromisos y sostener pautas de coordinación que trasciendanla toma de decisiones concretas. El rol que puede cumplir como meca-nismo de control democrático, sin embargo, es contingente. No puedeser especificado de manera genérica y en abstracto, debido a que la

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deliberación no es un fenómeno político uniforme, que opera siemprebajo las mismas reglas y en algún locus o espacio político exclusivo. An-tes bien, como mostraré en las dos secciones siguientes, la deliberación

es una forma de comunicación política que adopta diversos formatos,cumple distintas funciones y, dependiendo de las circunstancias, puedeser regida o evaluada por normas complementarias o por normas queestán en tensión. De la misma manera, para valorar las contribuciones es-pecíficas que puede hacer al control democrático es necesario tener encuenta el carácter procesual y sistémico de los procesos deliberativos (véa-se la última sección de este trabajo). La deliberación no es simplementealgo que acontece en un momento discreto en el tiempo, en un contextodeterminado. Es un fenómeno que adopta una forma secuencial y cuyas

consecuencias pueden trascender lo que acontece en un foro deliberativoparticular.Concebir la deliberación como un mecanismo de control democrático

contribuye a poner énfasis en la manera en que la configuración deargumentaciones y justificaciones públicas forma parte de, e incide almismo tiempo en, los procesos políticos. En términos de la teoría de lademocracia, este giro permite dejar atrás la tradicional oposición entre losmodelos participativos y representativos de la democracia (Gurza Lavallee Isunza Vera, 2010; Monsiváis Carrillo, 2013). A pesar de la considera-ble influencia que ha ejercido la teoría deliberativa en el surgimiento deinnovaciones participativas y distintas modalidades de involucramientocívico (Smith, 2009; Nabatchi et al., 2012), la perspectiva deliberativano está circunscrita al campo de la democracia participativa. La delibe-ración está ligada tanto con la inclusión o la creación de formas par-ticipativas de intervención pública, como con la configuración dereivindicaciones representativas en distintos foros y espacios públicos.Bien se puede decir que deliberar es una forma de representar discursos,identidades e intereses. Probablemente el carácter estratégico de la po-lítica electoral y legislativa deje poco margen para la deliberación, peroesto simplemente invita a reflexionar sobre cómo mejorar los atributosdeliberativos de las instituciones representativas (Chalmers, 2013: 97-11).Más aún, esto invita a debatir sobre qué tipo de normas democráticas de-ben promoverse en distintos formatos institucionales, ya sean electoraleso no electorales, y qué rol deben tener en ellos las normas deliberativas.La apuesta deliberativa reside en señalar que, sea en un plano que re-basa las fronteras de los estados nacionales, en las instituciones estataleso de gobierno, y/o en la esfera pública, la configuración colaborativa de

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razones y justificaciones públicas es una tarea necesaria para promoverel control democrático.

SOBRE EL CONCEPTO DE DELIBERACIÓN

La deliberación se pone en práctica en ámbitos muy distintos: los órganosacadémicos colegiados, la junta directiva de una empresa, la intimidadde una relación afectiva entre dos personas… Incluso se puede sosteneruna deliberación en el fuero interno de una misma persona (Goodin,2000). Con todo, se trata de un fenómeno elusivo, lo cual dificulta suobservación o medición.

En particular, la conceptualización de la deliberación se dificulta por un

motivo especial: sus presupuestos normativos. Por tratarse de un conceptoestrechamente asociado con una concepción normativa de la legitimidad y la democracia, es difícil separar lo que la deliberación es de lo que ladeliberación debería ser, e incluso de lo que la deliberación debería producir.Sin embargo, el problema de definir el concepto de deliberación medianteideales normativos es que lo “estiran” más allá de sus atributos constituti- vos (Sartori, 2008; Goertz, 2006: 69-94). Entonces, por un lado, se vuelvecontrovertido qué tipo de normas deben ser consideradas deliberativas, ypor el otro, se dificulta su observación empírica en la medida en que se

confunde el proceso deliberativo con las expectativas normativas quese espera observar o constatar.

Por ejemplo, si se asume que la “auténtica” deliberación debe ser unintercambio ponderado de razones y argumentos, se puede cuestionarque esta definición está dejando fuera formas testimoniales o narrativasde comunicación política que podrían ser consideradas como elementos deun proceso deliberativo (Young, 2000: 52-76). De la misma manera, sise define la deliberación como un intercambio comunicativo que  debería regirse por los principios de razonabilidad, inclusión y publicidad, se

establece un estándar demasiado exigente. Es difícil encontrar episodiosde deliberación en los que no haya desequilibrios de poder, en los queestén incluidos todos los interesados y en los que, simultáneamente, tengalugar un debate sustantivo y abierto entre todos los participantes. Si seatenúan las exigencias normativas, en contraste se estarían devaluandolos ideales que acompañan a la perspectiva deliberativa.

 A pesar del riesgo de asociar la deliberación política con prácticas enapariencia triviales, es necesario avanzar hacia una distinción analítica.

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Lo que define a la deliberación no debe confundirse con los ideales ocriterios normativos que pueden utilizarse para evaluar su funciona-miento. Remitirse a la extensa bibliografía sirve para constatar un hecho

sintomático: no existe una definición de la deliberación que unifique lasdiscusiones normativas o la investigación empírica. Como señala DavidM. Ryfe (2005: 54), los teóricos parecen más interesados en estudiar susconsecuencias que en debatir qué es la deliberación. Esto ha cambiadoen alguna medida, pues diversos planteamientos se han formulado con laintención de discutir la forma como se define la deliberación (Bätchtigeret al., 2009; Neblo, 2007; Rosenberg, 2007), pero no se ha logrado nin-gún tipo de convergencia en torno a una conceptualización o definiciónen particular.

Para muestra, véanse algunas de las nociones empleadas en la lite-ratura, comenzando por la que formuló John Dryzek (2000: 76) y quees ampliamente utilizada: la deliberación es “una comunicación que in-duce la reflexión sobre preferencias, valores e intereses de una manerano-coercitiva”. Esta definición no contiene elementos normativos, peroresulta demasiado general y abarcativa. Lo mismo puede decirse de otrasformas de concebir la deliberación centradas en las propiedades de ladiscusión o el habla sobre asuntos políticos (Chambers, 2003: 307). Porejemplo, Michael X. Delli Carpini et al. (2004: 318-319) denominan “par-ticipación discursiva” a las formas de actividad ciudadana que implicanhablar, discutir y debatir sobre distintos asuntos políticos y sociales, quepueden tener un alcance local, nacional o internacional, y que puedenrealizarse en encuentros cara a cara, conversaciones telefónicas, intercam-bios de correos electrónicos o en foros de Internet. Del lado contrario, Joshua Cohen (2007: 219) y Dennis F. Thompson (2008: 503-504) handefendido concepciones de la deliberación mucho más restrictivas ynormativamente densas.

Para avanzar en una definición alternativa, es necesario asumir, enprimera instancia, que la deliberación es una práctica de cooperación po-lítica. Este concepto no aplica a las modalidades de deliberación políticasubjetiva, que acontecen en el fuero interno de una persona (Goodin,2000). Antes bien, describe una situación de interacción entre dos o másagentes políticos. Esta interacción, por otra parte, es de carácter coope-rativo: las acciones de los participantes siguen una pauta convergentede acción colectiva. Como proceso cooperativo, la deliberación es decarácter dialógico y comunicativo: depende del intercambio de mensajesen un código que tiene sentido para los interlocutores. El intercambio

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deliberativo es fundamentalmente lingüístico, que adopta una formaargumental, pero puede implicar también el intercambio de imágenes,signos u otras formas simbólicas. Incluso puede implicar códigos no

compartidos en tanto exista un proceso colaborativo de esclarecimientode esos códigos.Señalar que la deliberación es una forma de cooperación política que

se basa en el intercambio comunicativo es parte del proceso de definiciónde tal concepto, pero no es todavía suficiente. Una conceptualización másprecisa debe hacerse a partir de lo indicado por Thompson, quien abogaexplícitamente por una clara delimitación conceptual de la deliberaciónpolítica. Su argumento queda plasmado de la siguiente manera:

[Los investigadores] deben enfocarse en esas características de la prácticaque se relacionan directamente con el problema fundamental que la teoríadeliberativa pretende abordar: en un estado de desacuerdo, ¿cómo pue-den los ciudadanos alcanzar una decisión colectiva que sea legítima? Losprimeros dos aspectos del problema, desacuerdo y decisión, caracterizanlas circunstancias de la democracia deliberativa. El tercero, la legitimidad,prescribe el proceso mediante el cual, bajo tales circunstancias, las decisio-nes colectivas pueden ser justificadas moralmente a aquellos que quedaránsujetos a ellas. Éste es el elemento clave que define a la democracia delibe-rativa (Thompson, 2008: 502-503).

El planteamiento de Thompson es convincente, salvo por una razón enespecífico: la legitimidad de la decisión colectiva no puede ser un compo-nente del concepto de la deliberación. Las justificaciones mutuas puedenser parte del proceso deliberativo y pueden influir poderosamente en lalegitimidad de la decisión, pero la legitimidad de la decisión colectiva nopuede ser considerada un elemento necesario de la deliberación. La legi-timidad es un elemento que depende de la calidad del proceso, pero quees conceptualmente distinto del proceso deliberativo. En su planteamien-to, Thompson incurre en uno de los problemas descritos en la primera

sección de este trabajo: asumir que la deliberación es una condición necesa-ria de la legitimidad democrática. Sin embargo, con o sin deliberación,una decisión política puede ser democráticamente legítima. La legitimidaddemocrática no implica que se hayan resuelto las diferencias y los des-acuerdos. Antes bien, da respaldo moral a una de las alternativas posibles y obliga a todos los implicados a acatar los resultados de la decisión. Estose puede conseguir a través de la deliberación, pero también a través deotros mecanismos políticos.

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Mi postura es que el concepto de deliberación debe ser distinguido delas normas políticas que sirvan para evaluar su calidad o sus resultados.Por este motivo, la definición que propongo es la siguiente:

La deliberación política es una forma de cooperación política que tienecomo finalidad adoptar una decisión colectiva mediante el intercambio deargumentos y justificaciones, en una situación en la que existen desacuerdossobre cómo debe actuarse para resolver un problema colectivo.

 A partir de estas definiciones es necesario realizar una serie de preci-siones adicionales para identificar categorías que permitan distinguirdiversas modalidades de las prácticas deliberativas. El punto de partidaes que toda forma de acción política deliberativa es una instancia de

comportamiento cooperativo de comunicación entre dos o más actores.Esto permite distinguir el proceso de cooperación comunicativa de laforma y los contenidos de esa comunicación: el discurso, la argumenta-ción, la expresión de testimonios. Este recorte separa el comportamientocooperativo de la calidad de la comunicación política. De esta manera,la evaluación de la calidad de la deliberación se puede realizar medianteinstrumentos específicos (véase, por ejemplo, Steiner et al., 2005). Parale-lamente, hay que asumir que las distintas manifestaciones de la políticadeliberativa no se ubican a lo largo de un mismo continuo. Las diferencias

entre una conversación política informal, el debate en un foro público yla discusión legislativa no son simplemente de orden o grado. Son formasde interacción política cualitativamente diferentes.

Para observar las diferencias entre las distintas formas de políticadeliberativa es necesario tener presentes cuatro dimensiones.

La primera dimensión es la de autorización. Para participar en unadeliberación no hace falta ser electo ni recibir alguna designación formal.No obstante, contar con algún rol reconocido en un foro o espacio pú-blico, e intervenir en un diálogo en consecuencia con ese rol, le confiere

un estatus particular a la comunicación política. La segunda dimensiónse refiere al grado en que el diálogo cumple a la vez funciones expresi- vas e instrumentales. La función expresiva de la comunicación permiteque los interlocutores se reconozcan como contrapartes legítimas y elintercambio se base en la reciprocidad. La función instrumental del diá-logo se refiere al intento de persuadir a los interlocutores a partir de unproceso de argumentación y justificación. La tercera dimensión es elcarácter resolutivo del diálogo. Aunque la deliberación tenga lugar en

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el marco de un conflicto o un desacuerdo sobre la ruta de acción públicaque debe seguirse en caso determinado, el resultado de esa discusión notiene que ser una decisión concreta. La cuarta dimensión se refiere a la

obligatoriedad que tienen las resoluciones o decisiones adoptadas en losprocesos deliberativos.Con base en estas dimensiones se obtiene una tipología de la deli-

beración, que se presenta en el cuadro 1. Éste muestra que se puedendistinguir tres tipos generales de cooperación política dialógica.

El primer tipo es la participación discursiva. El concepto de “participacióndiscursiva” ha sido formulado por Cook et al. (2007), Delli Carpini et al.(2004) y Jacobs et al. (2009). Para estos autores, este término se definecomo “el encuentro de unos ciudadanos con otros en escenarios formaleso informales —cara a cara, o vía telefónica o por Internet— para discutirtemas locales, nacionales o internacionales” (Cook et al., 2007: 30). Desdemi punto de vista, el término de “participación discursiva” debe limitarsea las distintas formas de hablar sobre política y asuntos públicos que tie-nen lugar en los ámbitos domésticos, laborales y públicos. Es necesariodistinguir las conversaciones o discusiones sobre política que sostiene laciudadanía empleando diversos medios, de otras formas de deliberaciónque describiré enseguida. Para “hablar sobre política” no hace falta serelecto o recibir ninguna autorización en particular. Participan discursiva-

CUADRO 1DEFINIR  LA  DELIBERACIÓN: UNA  TIPOLOGÍA 

 Atributos de la cooperación dialógicaTipos

 de cooperación dialógica

 Autorización Funcionesexpresiva e

 instrumental del diálogo

 Resolutividad Obligatoriedad de la decisión

Participacióndiscursiva

No Sí No No

Deliberacióncolegiada

Sí Sí Sí No

Deliberaciónpolítica

Sí Sí Sí Sí

Fuente: Elaboración propia.

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mente quienes comunican a otros sus opiniones y convicciones políticas.Este tipo de participación tiene una finalidad fundamentalmente expre-siva, en la medida en que se comparten valores y hechos, pero también

instrumental, en tanto se busca persuadir a otros de las propias ideas.Como ha señalado Jane Mansbridge (1999: 211), el habla cotidiana sobrepolítica, aunque no sea deliberación en estricto sentido, es un elementocrucial de un sistema deliberativo.

El segundo tipo es la deliberación colegiada. Ésta se efectúa enaquellos foros que han sido constituidos con el propósito de debatirasuntos públicos y emitir resoluciones: encuestas deliberativas, conse- jos consultivos, entre otros. Esta forma de deliberación es el intercambiocomunicativo que se lleva a cabo bajo las siguientes circunstancias: quie-

nes participan en el intercambio han sido seleccionados o han obtenidoalguna forma de autorización institucional para ser parte del debate; elintercambio tiene la finalidad de que la comunicación permita expresarlos intereses, argumentos o preferencias de cada participante, y se llevaa cabo con el propósito de adoptar una resolución que no tiene un ca-rácter vinculante.

Finalmente, la deliberación política es la que se utiliza en la adop-ción de decisiones vinculantes con base en el intercambio de razones y justificaciones públicas. El hecho de que la deliberación esté ligada nosolamente con las funciones expresivas y resolutivas de la comunicación,sino también con la obligatoriedad de las decisiones, implica que quie-nes participan en este debate han recibido algún tipo de autorización,electoral o de otra índole. La deliberación política se lleva a cabo enlos parlamentos, los órganos estatales de regulación y vigilancia, y otrasinstancias con capacidad para adoptar decisiones que adquieren obliga-toriedad.

Los tres tipos identificados delimitan el dominio conceptual de lasprácticas deliberativas. Es importante notar que, conforme se incremen-tan los atributos que definen a un tipo, el conjunto de casos que puedencumplir con esos atributos se reduce. Esto es relativamente sencillo deconstatar: hablar sobre política es un comportamiento más común quelos procesos deliberativos que concluyen con una resolución vinculante.Por otra parte, dado que cada uno de los tipos de cooperación dialógicaidentificados tiene atributos particulares, es posible postular que lascondiciones que explican su operación y las consecuencias políticas quepueden tener son también distintos. Esto implica, por así decir, que losdistintos tipos de política deliberativa deben ser explicados mediante

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elementos o factores diferentes. De la misma forma, también es necesarioseñalar que dar cuenta de las relaciones de articulación o interdepen-dencia entre los distintos tipos de política deliberativa es una vía para

entender mejor el funcionamiento de los sistemas deliberativos.

DELIBERACIÓN E IDEALES REGULATIVOS

En este trabajo he insistido en la necesidad de separar, con propósitosanalíticos, la deliberación como fenómeno político de las normas oideales políticos que están implicados en los procesos deliberativos. Estadistinción no debe tomarse como una manera de restar importancia alestudio empírico de las normas políticas o a los ideales regulativos; por

el contrario, es tal su relevancia para entender la política, que deben serobjeto de un escrutinio sistemático tanto de carácter conceptual comoempírico (Bauböck, 2008; Rehfeld, 2010).

Las normas asociadas con las condiciones y las consecuencias demo-cráticas de la deliberación son numerosas. Sin pretender exhaustividad, sepodría decir que, para ser democrática, la deliberación debe ser inclusiva,en el sentido de que puedan participar en el proceso deliberativo todasaquellas personas que se vean involucradas por las decisiones colectivasque implantará la autoridad política; equitativa, en tanto que todos los

participantes puedan contar con un poder equivalente para influir en elproceso político; pública, de tal forma que el debate, los argumentos, lainformación pertinente y la decisión política puedan ser del conocimien-to de los implicados, y que incluso trasciendan la localización espacial ytemporal del proceso deliberativo; epistémicamente eficiente, lo cual implicaque la deliberación debe contribuir a descubrir o construir alternativasde acción que sean intrínsecamente mejores en términos de sus conte-nidos normativos, científicos o técnicos; colectivamente orientada, pues sepretende que las decisiones democráticas deben promover los intereses

comunes y el más amplio bienestar general; cívicamente consecuente, enel sentido de motivar a la ciudadanía a participar, tomar en cuenta losintereses de otros, ser capaces de modificar sus puntos de vista, de reco-nocer las diferencias, de aceptar las decisiones colectivas y de colaboraren la implantación de las acciones elegidas; y políticamente legítima, dandorespaldo moral a las decisiones colectivas adoptadas.

Estas y otras normas o ideales regulativos de la deliberación puedendiferenciarse por su objeto. Algunas establecen los parámetros normati-

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 vos de las condiciones en las que debe realizarse la deliberación. Otrasdefinen los criterios que deben caracterizar a una deliberación robusta y de buena calidad, en función de la manera en que se intercambian

argumentos, los contenidos del discurso, o el trato que debe prevalecerentre los interlocutores. Otras más establecen los lineamientos para va-lorar los resultados de la discusión: el cambio sincero en las preferenciasde los participantes, el consenso o el acuerdo razonado como decisiónpolítica, la legitimidad de las resoluciones adoptadas. A la par se puedeconsiderar normas para valorar las consecuencias de la deliberación: elincremento en el compromiso cívico de los ciudadanos, la elección depolíticas públicas que de forma manifiesta promueven el interés colectivo,entre otras.

De acuerdo con el planteamiento formulado en la segunda secciónde este trabajo, otras normas relevantes para evaluar la deliberación sonlas asociadas con la rendición de cuentas y el control democrático. Porejemplo, además de la legitimidad de las decisiones y acciones públicas, sepueden considerar otras: la construcción de propuestas de leyes, políticaso acciones políticas con base en justificaciones que apelan al interés pú-blico, la posibilidad de someter a un escrutinio dialógico las preferencias,las decisiones y los resultados de los gobernantes, el incremento en lacalidad de la información y el debate público debidos a los intercambiosdeliberativos entre ciudadanos, representantes y funcionarios, y más.

 Al analizar empíricamente la relación de la política deliberativa consus ideales regulativos, sin embargo, es necesario tener en cuenta diversasconsideraciones. La primera es que para conocer el rol que tienen las nor-mas en la política deliberativa es necesario considerar que los idealesregulativos no son parámetros constantes, sino fenómenos políticos cuyosatributos son variables. Las normas políticas son nociones regulativas quepueden traducirse en conceptos observables empíricamente.

En segundo lugar, es preciso asumir que los ideales regulativos de la de-liberación no pueden integrarse de manera aditiva, como si se tratarade aglomerar en torno a la deliberación el mayor número de expectativas virtuosas posibles. Por el contrario, hay que reconocer que diversos idealespolíticos pueden ser contradictorios entre sí. Una paradoja discutida porSimone Chambers (2004) ilustra este punto: la calidad de la deliberaciónpuede requerir que dos normas democráticas en apariencia perfectamen-te compatibles, la inclusión y la publicidad, tengan que ser restringidaspara que al menos una de ellas prevalezca. Según su planteamiento, ladeliberación que tiene lugar entre pocos participantes y a puertas cerra-

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das puede ser de mejor calidad que la que se realiza en un foro abiertoa numerosos interlocutores, pues entonces la argumentación se vuelvemenos compleja y más susceptible de apelar a la emotividad colectiva.

Las tensiones entre las normas democráticas y la deliberación nodeben ser consideradas un inconveniente de orden secundario. Por elcontrario, deben ser analizadas por mérito propio. Por ejemplo, la inclu-sión política es una norma democrática que podría considerarse una con-dición necesaria de toda práctica deliberativa. Si la deliberación debe serinclusiva, ¿esto significa que deben estar incluidos todos los afectados poruna decisión en el proceso deliberativo? Es decir: ¿en el debate de unaley deben participar todos los ciudadanos? La respuesta en un sentidoestricto debe ser afirmativa, si se quiere ser congruente con la norma

democrática de inclusión. Pero esto equivale a cancelar la diferenciacióninstitucional y normativa entre ciudadanos y representantes. Obviamente,se trata de un postulado inviable. Lo conveniente es asumir que la in-clusión deliberativa debe evaluarse a partir del contexto de decisión. Eneste caso, tratándose de una legislación ordinaria, la deliberación debetener lugar entre los representantes electos. Desde luego, puede exigirsea los representantes que participen efectivamente en un proceso deli-berativo antes de aprobar una ley, o se les puede requerir también queantes de debatir esa ley en el pleno hayan realizado foros de discusióncon expertos y ciudadanos.

Otras tensiones semejantes se encuentran en la relación entre ladeliberación y la equidad política. Esta última exige que los ciudadanostengan iguales oportunidades de influencia política, de tal manera quelos diferenciales en el poder social o económico no se traduzcan endiferenciales de poder económico. Esta idea no solamente es difícil derealizar en la práctica, sino que también conceptualmente es controvertida(Przeworski, 2010: 71-98). En un momento dado, se pueden presentardiferencias que no se originan solamente en el poder social o económicode los participantes, sino también en las capacidades deliberativas delos interlocutores. Dado el caso, cabe preguntarse: ¿es menos legítimauna decisión adoptada democráticamente aunque algunos participantestengan menos elocuencia y capacidad argumentativa que otros? Para lateoría deliberativa, si esos participantes no pudieron deliberar en con-diciones igualitarias, la decisión carece de respaldo moral suficiente. Noobstante, si los miembros menos elocuentes fueron representados porotros miembros mejor habilitados para el debate, la objeción deliberativadebe matizarse. Desde una perspectiva democrática, tan importante es

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que todos los implicados puedan deliberar en igualdad de condicionescomo que las decisiones colectivas se adopten en un proceso que puedarepresentar adecuadamente a las distintas posturas políticas.

La equidad política como condición deliberativa remite a otro pro-blema: los desequilibrios originados en el conocimiento experto. YannisPapadopoulos (2012) señala que entre las innovaciones institucionalesmás sobresalientes de carácter deliberativo se encuentran las que creanespacios para el debate entre expertos. Estos diseños responden a la espe-cialización y la complejidad de los asuntos de la política pública. La con-secuencia es que, al mismo tiempo que la deliberación entre expertospuede ser robusta y técnicamente sofisticada, se afianza la diferencia entrelegos y expertos, incrementando los costos del involucramiento ciudadano

en cuestiones altamente especializadas. En casos como éste, en aras defortalecer el control democrático, no es suficiente con reflexionar acercade qué mejora la calidad de la deliberación, también hay que pensarqué dispositivos políticos o institucionales pueden servir como controlesefectivos.

Finalmente, hay que considerar es que el análisis de las normaspolíticas no puede ser realizado en abstracto. Es preciso indagar quétipo de circunstancias políticas se asocian con determinadas expresionesdeliberativas y con determinados bienes democráticos. En particular, esnecesario poner atención a las condiciones institucionales en las que seproduce la deliberación (Warren, 2007). La deliberación política es unapráctica situada, que tiene lugar en escenarios diversos, los cuales tienengrados relativos de interdependencia entre sí, como los componentes deun sistema.

EL GIRO SISTÉMICO  Y LOS EPISODIOS DELIBERATIVOS

La teoría deliberativa de la democracia tiene sus raíces en la teoría política

normativa. De este impulso inicial surgieron múltiples iniciativas paraconstruir foros y experimentos deliberativos; al mismo tiempo, la inves-tigación empírica se enfocó prioritariamente en los minipúblicos y lasinnovaciones democráticas: encuestas deliberativas, presupuestos partici-pativos, consultas públicas para la reforma de diversas áreas de la políticapública, jurados ciudadanos, entre otros (Fishkin, 2009; Fung, 2007b;Smith, 2009). Pero en el origen, el interés de la teoría deliberativa esta-ba centrado en la democracia en su conjunto. Hasta puede considerarse

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irónico que una ambiciosa teoría normativa como la deliberativa haya se-guido una ruta que la llevó a desarrollar una cuidadosa taxonomía de losminipúblicos, habiendo iniciado como una reflexión sobre la naturaleza

del razonamiento colectivo, la justificación pública y la legitimidad.Tratando de recuperar la visión de conjunto, algunos prominentespartidarios de la teoría deliberativa han llamado la atención acerca de lanecesidad de estudiar los sistemas deliberativos (Dryzek, 2010; Mansbridgeet al. 2012; Parkinson, 2006; Thompson, 2008: 414-416). La noción desistema remite a la necesidad de dar cuenta de la interdependencia de unconjunto de partes y funciones. La agenda se ha orientado a conocer lamanera en que las dinámicas deliberativas se articulan unas con otras ytienen consecuencias más amplias. Con este giro se recupera la visión es-

tructural, que venía ya perfilada en el sistema de doble “carril” de JürgenHabermas (1998: 363-406), y se resalta el carácter procesual y secuencialde la política deliberativa (Goodin, 2008:186-204).

El giro sistémico en la teoría deliberativa representa un paso adelanteen el estudio de las consecuencias agregadas de la deliberación. Sin em-bargo, para dialogar productivamente con las agendas de investigaciónsobre el control democrático, es necesario hacer algunas precisiones adi-cionales. Dedicaré el resto de este trabajo a formular dos planteamientoscomplementarios. El primero está relacionado con la noción de “sistemadeliberativo”. Al respecto, sostendré que un sistema deliberativo es enrealidad un “sistema político”, en su sentido genérico. La comunicaciónpolítica y los procesos deliberativos son un componente de ese sistema. Elsegundo planteamiento introduce la categoría de “episodio deliberativo”para delimitar analíticamente los procesos en los que se ponen en juegolas relaciones de interdependencia entre los componentes del sistemapolítico-deliberativo.

Las aportaciones del giro sistémico pueden distorsionarse si terminapor prevalecer la idea de que los sistemas deliberativos tienen existenciaindependiente y separada de los conglomerados institucionales de los sis-temas políticos. No hay que pasar por alto que los procesos deliberativosestán insertos en escenarios institucionales concretos. Como ha señaladoMark Warren (2007: 287): “[…] es claro que ‘democracia deliberativa’habrá de significar un sistema deliberativo [énfasis en el original] dentro delcual múltiples variedades, modos y niveles de deliberación se distribuyena lo largo de otras instituciones y sistemas”. En la conceptualización delsistema deliberativo que realiza Dryzek (2009: 1384-1388; 2010: 10-13),por ejemplo, se distinguen espacios de formación de los discursos y la

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opinión pública, espacios “empoderados”, mecanismos de transmisiónde la deliberación entre espacios públicos y espacios “empoderados”,mecanismos de rendición de cuentas, y la decisividad que puede tener la

comunicación política o la deliberación. Aunque esta formulación tieneel cuidado de señalar que los espacios donde tiene lugar la comunicaciónpolítica son espacios con distintos atributos institucionales, es precisoponer énfasis en esos componentes: el sistema deliberativo no existe demanera independiente a los escenarios y conglomerados institucionalesen los que los actores políticos convergen y coordinan sus acciones, em-pleando elecciones, sistemas de votación, negociaciones e incluso distintasformas de coerción o coacción política.

El sistema deliberativo se constituye como sistema en la medida en

que la comunicación política, los discursos públicos y los procesos de-liberativos construyen articulaciones y vínculos entre distintos actores,foros y estructuras institucionales. Puesto este énfasis, el señalamiento deDryzek (2009: 1381-1382) adquiere mayor relevancia analítica: la tareade la investigación es analizar las condiciones en las que la deliberaciónpuede ser inclusiva, auténtica y consecuente. El reto analítico consiste enidentificar los mecanismos de articulación de distintos procesos políticos y conglomerados institucionales a través de la deliberación. La distinciónentre participación discursiva, deliberación colegiada y deliberación polí-tica debe contribuir a tender puentes entre el estudio de los minipúblicos,las dinámicas asociativas y los distintos elementos que son regularmenteel objeto del análisis político: las instituciones electorales, la represen-tación política, las relaciones entre los poderes estatales, la conducciónde las políticas públicas, entre otros. De la misma forma, es necesarioresaltar la relevancia de aportaciones que promueven el diálogo entre laperspectiva deliberativa y el desarrollo de teorías sobre las redes de po-lítica pública (De Leon y Varda, 2009), los sistemas asociativos complejos(Luna y Velasco, 2009) e incluso el estudio de los movimientos sociales(Della Porta, 2005).

La noción de “sistema” alude a las relaciones de interdependencia yarticulación entre distintos elementos de un conglomerado de actores,instituciones y procesos políticos. Sin embargo, hace falta incorporar unelemento que dé cuenta del carácter procesual de la política deliberativa.En un sistema político tienen lugar múltiples procesos de comunicación ydebate público, que corren paralelos, se intersectan, se presuponen unos aotros, o pueden ser mutuamente excluyentes. Para poder evaluar losatributos y las consecuencias públicas y democráticas de esos procesos es

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necesario contar con una herramienta que permita delimitar analítica-mente los elementos que los componen. Sostengo que la categoría deepisodio deliberativo puede cumplir con esa función.

Esta categoría tiene la finalidad de ser un instrumento para analizarel funcionamiento de los componentes de los sistemas deliberativos yestudiar sus consecuencias más amplias. Los “episodios” son “corrientescontinuas de vida social” (Tilly y Goodin, 2006: 14-16), delimitados poreventos determinados que enmarcan el funcionamiento y la articulación dedistintos mecanismos cognitivos, ambientales y relacionales en contextosparticulares. Los episodios deliberativos son instancias definidas por losdistintos momentos de discusión y debate sobre un asunto en particular.Los episodios deliberativos contienen los procesos de comunicación que

se efectúan en distintos escenarios y dispositivos institucionales. Su deli-mitación está dada por los temas y el tipo de actores e instancias que seinvolucran en el debate.

Los episodios deliberativos son unidades analíticas que contribuyena identificar cómo se construye la interdependencia entre distintos ele-mentos de un sistema político en el interior de los límites que definen eseepisodio. La delimitación del episodio deliberativo necesariamente debeser temporal, pero debe estar definida también por eventos o aconteci-mientos políticos particulares. De esta manera, será posible reconstruirlas secuencias y procesos que tienen lugar entre el comienzo y el términode ese episodio. La interdependencia se puede observar en el grado enque la agenda y los contenidos de lo que se debate en un espacio o foroinstitucional concreto están influidos por las decisiones adoptadas enotros momentos o instancias deliberativas que acontecieron previamenteo que transcurren en paralelo.

El estudio de los episodios deliberativos podría ser clave para enten-der mejor el rol que tiene la deliberación en el control democrático. Lasconsecuencias democráticas de la deliberación no se producen de mane-ra instantánea y uniforme, como resultado del funcionamiento de unainstancia deliberativa particular. Son producto de la combinación y laarticulación de múltiples procesos de comunicación política con unaamplia variedad de fenómenos políticos. El análisis de los episodiosdeliberativos requiere emplear el método, descrito por Archon Fung(2007a), de “involucramiento constructivo” entre la teoría democrática yel análisis político. De acuerdo con este autor, una forma alternativa deteorización normativa puede impulsarse a partir de la evaluación empíricade las aportaciones y consecuencias de instituciones y procesos políticos.

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Desde esta perspectiva, la categoría de los episodios deliberativos podríadar cuenta no solamente de los considerables desafíos implicados en laconstrucción de minipúblicos auténticamente deliberativos, sino también

de los mecanismos involucrados en la todavía más compleja tarea dedemocratizar los sistemas políticos.

CONCLUSIONES

La apuesta formulada en este trabajo es que la política deliberativa es unelemento que considerar en la tarea de entender y explicar el control y larendición de cuentas democráticos. Para desarrollar este planteamientohe comenzado una reflexión crítica sobre el modelo de la democracia deli-

berativa. El ideal de ésta es sin duda atractivo e influyente: que la políticademocrática esté basada en prácticas de intercambio de justificacionespúblicas orientadas a generar respuestas a los problemas colectivos, quesean a la vez más certeras y que cuenten con un respaldo público másrobusto. Pero para ser congruentes con ese ideal es necesario tratar conrigor los supuestos en los que se basa. He sostenido, en consecuencia,que para entender mejor el rol que tiene la deliberación en la políticaes necesario separar el concepto de la deliberación de las expectativasdemocráticas que la acompañan.

De esta forma, he formulado una concepción de la deliberación enestos términos: son deliberativos aquellos intercambios de razonamientosque se producen en el marco de la necesidad de resolver un problemacolectivo a través de una decisión que resulte vinculante. Ésta ha sido labase para distinguir tres tipos concretos de prácticas deliberativas: la par-ticipación discursiva, la deliberación colegiada y la deliberación política. Asimismo, he afirmado que las condiciones que favorecen la deliberación,la calidad del proceso deliberativo y sus consecuencias políticas son todoselementos que deben ser teorizados y analizados empíricamente. Para

hacerlo, uno de los retos más importantes que enfrenta la teoría delibe-rativa es ofrecer explicaciones que den cuenta de la interdependencia dedistintos escenarios, foros, diseños institucionales y procesos deliberativos.El horizonte es la integración de la democracia como sistema. La teoríadeliberativa ha aportando un detallado conocimiento del diseño y el fun-cionamiento de diversos tipos de minipúblicos; es momento de retomaruno de los impulsos constitutivos de esta teoría: la reflexión normativa yla investigación empírica sobre la democracia en su conjunto.

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La intención de este trabajo es promover una agenda de investigaciónsobre la deliberación política que sea capaz de dialogar de manera másactiva con otras áreas del análisis sociopolítico. De un lado se encuentra

la convicción de que, en los sistemas de gobierno contemporáneos, lamultiplicación de foros e instancias de gobernanza dan un rol visible yrelevante a la deliberación política. Es preciso dar cuenta, por lo tanto,de ese rol de tal forma que los estudios de las instituciones políticas, elgobierno y las políticas públicas puedan conocer con detalle qué esperarde la política deliberativa. En otro lado se encuentra la trayectoria queha tenido la teoría deliberativa de generar conocimiento a partir de unaestrecha articulación entre la reflexión normativa, las aportaciones a lapráctica y el análisis empírico. Recuperar los elementos de esta trayec-

toria es prioritario para entender los retos que enfrentan los sistemaspolíticos contemporáneos en términos de articular de manera produc-tiva las experiencias deliberativas que los constituyen, y la renovación yampliación de las condiciones democráticas en las que se desenvuelvela acción pública.

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El libro de Ignacio Chávez de laLama, dedicado a reconstruir yesclarecer en tres capítulos (“Reforma

 y planificación universitarias”, “Lanaturaleza del movimiento”, “Los pro-tagonistas”) la huelga de 1966 en laUniversidad Nacional Autónoma deMéxico (UNAM), podría parecer anec-dótico, sin serlo, y crear la impresión,como si fuera un texto “político”, de

que carece de visión sobre las funcionessustantivas de la Universidad, las aca-démicas. Por esa aparente dimensiónanecdótica, en la que se proporcionancon lujo de detalles nombres, apellidos

 y fechas, el libro podría ser tomado poruna denuncia sobre lo ocurrido en lahuelga que en 1966 provocó la renun-cia del doctor Ignacio Chávez.

Sin embargo, las anteriores críticas

no son en realidad muy justificadas: eltexto no pretende ser teórico (es un textode historia política), ni busca un dis-curso de “moral” sobre el deber ser dela Universidad. Tampoco se ciñe al tipode anécdotas que se encuentran en textosque establecen la “cronología de los he-chos”. Una reseña del texto no puedeglosarlo, y sería erróneo entrar a de-

Reseñas

Ignacio Chávez de la Lama.  La madre de todas las “ huelgas”. La UNAM en 1966 (México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2011),176 pp.

Marcos Cueva Instituto de Investigaciones Sociales

Universidad Nacional Autónoma de México

batir sobre los pormenores de esosnombres, apellidos y fechas.Una reseña crítica no debe ser mal

entendida: no se le puede pedir a untexto que haga lo que quien reseñaquisiera que haga. La crítica sería eneste caso descontextualización y procés

 d’intention, al prestarle al autor tal ocual intención, aunque no la tenga.En el libro es una ventaja que no haya

un discurso sobre lo que debe ser laUniversidad: lo suelen hacer quienesno le reconocen autonomía real a estaMáxima Casa de Estudios. Y de aquíparte el problema de fondo, tambiéndebatido en el prólogo que hizo el exrector Jorge Carpizo. La Universidadno es primordialmente política, es aca-démica, y como tal la defiende el autor,sin caer en la denuncia o la crítica ca-

rentes de elementos de prueba.Kant escribía que el militar exigeobedecer, el sacerdote, creer, y el co-merciante, pagar. ¿Qué puede exigir ununiversitario, o qué se le puede pedir?La Universidad tiene por misión elsaber, el conocimiento, el mismo quemuy desafortunadamente es rechazadocomo si practicarlo fuera encerrarse

D. R. © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología 76,núm. 3 (julio-septiembre, 2014): 501-513. México, D.F. ISSN: 0188-2503 /14/07603-06.

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en una torre de marfil. Chávez de laLama muestra lo que sucede cuandoel supuesto “realismo” —que permi-te la entrada de política y poder entodo— desplaza al saber: en vez deuna autoridad que selle y garantice estapráctica del saber, ese “realismo” llamaa considerar intereses —muchos degrupo, otros de ambiciones individua-les— y a jugar con ellos al equilibrio.¿Lo que es tal vez válido en política loes en un espacio cuya función sustan-tiva no es política? En 1966, el rectorIgnacio Chávez defendía mediantemedidas concretas una autonomía delsaber que pronto se vio sujeta a “crítica”por quienes, aparentemente “desdeabajo”, creían en nombre del antiauto-ritarismo que lo que contaba ante todoeran “los intereses”; luego entonces,“la política”.

El libro tiene una tesis contunden-te: en 1966 se cerró sobre la UNAM unapinza en la cual actuaron los intereses

de sectores de derecha e izquierda(más o menos radicales, en todo casode los llamados “acelerados”) paradestronar cualquier autoridad quequisiera para la Universidad una au-tonomía real. La tesis sostiene quesectores del alemanismo y de la iz-quierda coincidieron cuando se tratóde sacar a una autoridad para meter lapolítica, no cualquiera, además: era la

del activismo que en sus dos versiones(la porril contra la que alertaba JoséFranco Serrato, a la sazón abogadogeneral de la UNAM, o la de agitación

 y propaganda del Partido ComunistaMexicano) consideraba que saber noimporta; cuenta, para retomar a Kant,obedecer o desobedecer, creer o nocreer, pagar o no pagar. Hasta la fecha,

cuando se examina el pasado univer-sitario reciente, impera el mito queoscurece el conocimiento y ni siquieraconsidera evidencias. Así, por más queparezca un libro de denuncia, de críticao de política, el de Chávez de la Lama,el primero en abordar un asunto quetal vez algunos consideren preferible“no tocar”, no es nada de lo enume-rado: como texto académico, permitesaber con toda certeza —porque estánlas evidencias,  res ipsaloquitur— quéfuerzas confluyeron para paralizar,abierta o solapadamente, las funcionessustantivas de la UNAM. ¿La pieza claveen 1966? Lo que el autor llama “elconsorcio izquierdo-alemanista”. Noes nueva la idea de que los extremosse tocan: faltaba decirlo y demostrarlocontra los mitos en boga. No estánpresentadas en realidad anécdotas: secolocan sobre la mesa pruebas, frutode una larga y minuciosa investigación,incluyendo archivos (algunos hasta hoy

desconocidos) y datos poco conocidos, y que no se ha sabido o no se ha que-rido buscar.

Dejemos al lector que vaya enbusca de nombres, apellidos y fechas.En un espíritu que a su modo recogetambién el prólogo de Jorge Carpizo,el libro expone en conclusiones la te-sis central: “Los acontecimientos quepusieron fin al rectorado del doctor

Ignacio Chávez en 1966 fueron pro-ducto de una lucha faccional por laRectoría, que enfrent[ó] a los partida-rios de la universidad política con lospartidarios de la universidad acadé-mica” (p. 113), apoyados los primerosdesde altas esferas extrauniversitarias.Desde el punto de vista metodológico,cabe preguntarse si no valía decir des-

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de la introducción lo afirmado en laconclusión. En realidad, el libro ganaen suspenso lo que parece perder enorden. Al no anteponer la tesis cen-tral, sino presentar primero los datos(irrefutables también), no deja lugar adudas: no es entonces prejuicio ni es-tereotipo del autor contra ninguno delos participantes en ese “consorcio”.

Tal vez quepa lamentar un pocoque el autor no ponga más énfasis enlos parecidos entre los integrantes deeste mismo “consorcio”: hay similituden un discurso que cuestiona todaautoridad en nombre de “los princi-pios”, y lo hay en una práctica queen ambos casos no duda en recurrira la violencia. Con todo, en lo quese refiere a este “método” —que pre-siona para lograr posiciones, comosi la Universidad fuera un campo debatalla por el poder y nada más—,el autor encuentra en otro texto unbuen comienzo de explicación, el de

la llamada “alumnocracia”, que calcasobre el campo del saber algo que esde la política, no del conocimientoque supone experiencia acumulada y,por ende, jerarquías, y graduaciones(en toda la extensión de la palabra):si el alumno “está abajo”, luego en-tonces la autoridad “está arriba”, y loque está abajo tiene razón automática(es democrático lo que “está abajo”),

como el de arriba está descalificadode entrada (es autoritario lo que “estáarriba”) y puede ser objeto de desafíoo hasta ser transgredido, sin que seanecesario hacerse la menor pregunta,ni tener el menor saber.

 Vale la pena reproducir, como lohace el autor, los pasos de este “méto-do” que pretende ser infalible: según

 Jesús Bravo Baquero, hay en el “mé-todo” la tendencia a considerar a laUniversidad como una institución quedebe tener un sentido de asistenciasocial, a manera de llenar expedientespara obtener el título sin necesaria-mente aprender; está la falsa idea deque la misión principal de la Uni-

 versidad y los estudiantes es hacerpolítica, léase politiquería, dentro yfuera de ella: existe la correspondien-te tendencia a usar a los alumnos enuna labor de oposición al gobierno, loque genera una actitud a veces polí-ticamente anarquista e irresponsabledesde el punto de vista pedagógico;se produce la intromisión de partidos

 y grupos políticos en la vida interna dela Universidad; se usan la demagogia

 y la simulación como armas predilec-tas; se recurre finalmente a métodosde presión. La alumnocracia, aunqueparezca gobierno de los alumnos, esel gobierno escondido de algunos

adultos, que adulan a los alumnos cul-tivando la noción de supremacía deéstos en la vida de la Universidad y lesobsequian concesiones en lo acadé-mico, para contar con su apoyo y diri-gir o seguir dirigiendo pero sin dar lacara. Tal vez sea ésta una pista que Chá-

 vez de la Lama no explora lo suficiente(el supuesto es que los alumnos sondemocráticos, y cualquier otro es au-

toritario), aunque, insistamos, no es supropósito.

¿Puede haber algo más en el ori-gen del “consorcio”? Creemos quesí. Sucede en primer lugar que en launiversidad pública de un país atrasa-do no es raro que el Estado reclute afuturos políticos-funcionarios, lo queconvierte a esa misma universidad en

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el muy conocido “trampolín”; en elmismo país atrasado, una izquierdaque no puede calar en ninguna clasesocial (porque no hay proletariado in-dustrial, o porque no tiene influencia,por el atraso campesino, etcétera…),“compensa” esta notoria debilidadcon la agitación estudiantil, entre

 vacía y proclive a ser usada tambiéncomo “trampolín” (es la vieja creenciaen el “carril izquierdo para rebasar”).Hay así una hipertrofia política en laUniversidad que no corresponde a la vi-da real del país atrasado, aunque sí alas ambiciones de unos y otros. A esterespecto, el autor incorpora anexoscon documentos —en particular delPartido Comunista Mexicano—, variosinéditos, en los cuales el lector puedeadvertir que hay “lenguaje sin discur-so”: dicho de otro modo, activismo

 y adjetivaciones sin análisis ni de laUniversidad ni del país real. A faltade sujetos sociales concretos, se apela

a “masas”.Identificada la tesis, queda un ele-

mento de suma importancia que elautor no desarrolla, aunque lo presentade entrada: es justamente el proble-ma de la masificación, frente al cualel rector Ignacio Chávez buscó unarespuesta académica, que pasara porla planificación, que también es unsaber, en este caso un “saber hacer”. El

fracaso del rector Chávez (cuya refor-ma es hasta hoy casi desconocida) enla búsqueda de academizar la UNAM ymantenerla como lo que es, una insti-tución del saber, marca el comienzo deun fracaso de mayor gravedad, aunqueno lo parezca: el error de quienes pre-sionan desde la “simetría invertida”está en el uso de la masificación para

la maniobra política, aprovechandoque hay “material”: la masa. Aquí, ladirección tomada ya es contraria a toda

 vocación por el conocimiento, puestoque esa masa, mientras menos sabe,más maniobrable es. A la larga, se abreel interrogante ante una política que,entrometida en una casa de estudios,la cree siempre disponible, aunque laagota y la desprecia en el saber queparece cosa de “idealistas”, como si elsaber no tuviera intereses propios. Así,desde mediados de la década de losaños sesenta, en las condiciones de so-brepoblación escolar, falta de recursos yescasez de académicos capacitados quedescribe el autor en el primer capítulo,parece natural que la respuesta esté enla política. El resultado es la impro-

 visación en el espacio académico quesobrevive como le es posible —a veceslanguideciendo— a esta concepciónerrónea del lugar de la Universidad,que siempre se debe a todos, menos,

extrañamente, a sí misma.El rector Chávez, luego de intentar

el cambio académico desde 1961, fuelúcido como para ver qué sucederíasi se imponía el activismo: “Si nome ayuda usted en esta ocasión”, ledecía en 1966 al presidente GustavoDíaz Ordaz, “el año próximo tendráusted una hoguera en cada una de lasuniversidades de la República”. No

fue profecía, fue sentido común, y lahoguera se prendió no un año, pero sídos años después.

 A raíz de esa “madre de todas lashuelgas” se quiso responder casi siem-pre a la necesidad de una reformaacadémica con medidas políticas quele cerraron el paso a aquélla. ¿Estápor ello mejor la Universidad? El li-

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bro abre desde luego un interrogantesobre el estado actual y el futuro dela Universidad, al cabo de varias dé-cadas de los más distintos activismos

 y las más diversas presiones, y de unapenas disimulado menosprecio porlas funciones sustantivas y los interesesacadémicos.

Este libro representa un importanteesfuerzo para reunir múltiples mi-

radas en torno a las nuevas dinámicasurbanas y sociales en América Latina

 y el mundo. Se divide en siete grandesapartados, orientados a reflexionar

sobre las problemáticas comunes y es-pecíficas de las ciudades y metrópolisen pleno siglo XXI.

En el primer apartado, los autoresreconocen los cambios urbanos y su re-lación con contextos estructurales enun proceso de urbanización sin prece-dentes en la historia de la humanidad,que según Manuel Castells se mani-fiestan en “regiones metropolitanas”

o configuraciones urbanas en red enla que varias zonas metropolitanasse incluyen en una unidad espacial.Las causas no sólo se explican por laglobalización de los servicios avanza-dos, generadores de riqueza y poder,sino también por una lógica global deredes que conectan lugares selectiva-mente y que se convierten en nódulos

con infraestructura de conectividad y comunicaciones y personal especia-lizado.

La transformación urbana tambiénes explicada por Carlos A. de Mattosmediante una serie de factores relacio-nados con una fase de modernizacióncapitalista reflejada en reformas es-tructurales e impulsadas por diferentespaíses, así como en el desarrollo denuevas tecnologías de información ycomunicación.

En el contexto de crisis económicamundial a finales de 2008, ManuelPerló Cohen explica cómo las dife-rencias del impacto de la recesión

económica en las ciudades no sólo serelacionan con sus atributos específicos(dimensión demográfica, composicióneconómica, nivel de escolaridad, ca-pacidad de respuesta pública y gradode integración internacional), sinotambién con el tamaño de ciudad, el“efecto país”, el estado de la econo-mía local y la fuerte especialización

 Alicia Ziccardi (coordinadora). Ciudades del 2010: entre la sociedad del conoci- miento y la desigualdad social (México: Universidad Nacional Autónomade México-Coordinación de Humanidades-Programa Universitario deEstudios sobre la Ciudad, 2012), 1109 pp.

Óscar Torres Arroyo Facultad de Arquitectura

Universidad Nacional Autónoma de México

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económica ligada con los sectores másafectados por la crisis.

Gustavo Garza se refiere a loscambios urbanos en las actividadescomerciales y de servicios que se con-centran en un núcleo central hegemó-nico durante un periodo de recu-peración económica (2003-2008),imprimiendo en la ciudad un patrónde decreciente producción terciariadel centro a la periferia. Emilio Du-hau y Angela Giglia abordan el nuevo“orden metropolitano” en la Ciudad deMéxico, que refleja un tejido urbanofragmentado en el que persisten enrealidad diferentes “órdenes” vincu-lados con distintas modalidades deproducción y organización del espaciourbano.

 Adrián Guillermo Aguilar y Jose-fina Hernández Lozano abordan lacentralidad de la Ciudad de Méxicocomo forma territorial que se expresaen una estructura urbana policéntrica o

multimodal a través de la formación dedistintos subcentros, pero en términosde una especie de “desconcentraciónconcentrada”. Sergio Flores y EftychiaBornazou muestran cómo la zona cen-tral de la Ciudad de México sufre unareestructuración urbana debido a laimplantación de una política de reden-sificación y repoblamiento promovidapor el gobierno del Distrito Federal a

partir del año 2000, con el propósitode frenar el deterioro ambiental y elcrecimiento desordenado en la perife-ria de la urbe, así como para atraer alos sectores de menores recursos.

En el segundo apartado, los au-tores profundizan sobre la cuestiónambiental y la calidad de vida en unmundo en el que buena parte de la

población vive en condiciones de vul-nerabilidad, precariedad y exclusiónno sólo por el progresivo deterioroambiental, sino también por el re-crudecimiento de las desigualdades.Pedro Roberto Jacobi y Gina RizpahBesen estudian el impacto ambientalen la salud de la población de la regiónmetropolitana de São Paulo ante lafalta de planeación urbana integral yla carencia de medidas puntuales paraenfrentar los efectos socioambientales

 y sanitarios del calentamiento global.En el ámbito de los servicios urbanosen América Latina y de algunas res-puestas frente a procesos de exclusión

 y mercantilización de dichos servicios,Pedro Pírez aborda experiencias enBuenos Aires, donde un conjunto deactores y procesos intervienen en laproducción de servicios urbanos.

Diane E. Davis y Mia Charlene White analizan el surgimiento de losfideicomisos de propiedad comuni-

taria en distintas ciudades (Londres,Chicago y San Juan) como figuras depropiedad colectiva y recursos parareducir la pobreza urbana y brindaracceso equitativo a la vivienda entresectores marginados.

Boris Graizbord y Esthela Soteloanalizan cómo los sectores popularesen los municipios de Naucalpan y Chi-malhuacán (Estado de México) recu-

rren a diversas estrategias de gestiónque exigen un despliegue de recursosa través de varios “mecanismos socialesde ajuste” que operan en medio de va-cíos legales, que constituyen mercadoslocales del agua no regulados. ArsenioE. González Reynoso plantea un “en-samble artificial” de las cuatro cuencashidrológicas (Valle de México, Lerma,

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Cutzamala y Tula), relacionadas con elabastecimiento de agua y el traslado deaguas residuales y pluviales a través de laoperación “fragmentada” de la red hi-dráulica de la Zona Metropolitana del

 Valle de México.En el tercer apartado, los autores

realizan análisis de actores y procesosde políticas sociales urbanas desde laperspectiva de gestión local y metro-politana, visualizando los obstáculosestructurales y sus impactos sociote-rritoriales. De acuerdo con Édgar E.Ramírez de la Cruz, los gobiernosmunicipales en México cuentan concapacidad y facultades para formarcooperación intermunicipal o crearinstituciones de gobernanza metropo-litana. Sin embargo, la fragmentaciónpolítico-administrativa en las áreasmetropolitanas se refleja en la escasacoordinación y cooperación entre muni-cipios.

 Arturo Alvarado Mendoza y Raúl

Lemus reflexionan sobre la gobernan-za relacionada con la problemáticade la delincuencia en tres entidadesfederativas (Estado de México, Ciudadde México y parcialmente Hidalgo) yla capacidad institucional para enfren-tarla. Fernando Carrión presenta unanálisis de los tipos de financiamientoen diferentes centros históricos de

 América Latina (Ciudad de México,

Bogotá, Quito, Santiago, Buenos Aires y Olinda), para establecer su relaciónintrínseca con la política urbana. MaríaElena Ducci realiza una aguda críticasobre las políticas de vivienda en Amé-rica Latina aplicadas desde mediadosdel siglo XX, y que tienen un impor-tante papel en la continuidad de lascondiciones de pobreza, segregación

 y desigualdad en la región, por lasformas de enfrentar las necesidades de

 vivienda para los sectores de escasosrecursos.

En el cuarto apartado, el derechoa la ciudad es la herramienta analíti-ca frente a la necesidad de ciudadesincluyentes, equitativas y justas. JordiBorja se refiere al contexto de efectoscontradictorios de las actuales dinámi-cas territoriales sobre las ciudades, lainnovación política en las ciudades yla necesidad de “hacer ciudad”. Desdela realidad brasileña, Raquel Rolnik y

 Jeroen Klink se cuestionan por quélas ciudades continúan siendo tan pre-carias en un contexto de crecimientoeconómico y desarrollo urbano, yreflexionan sobre los obstáculos pararesponder al desafío del derecho a laciudad. La pobreza y la desigualdadsocioespacial son abordadas por Adol-fo Sánchez Almanza como fenómenosgeneralizados en muchas metrópolis y

en la Ciudad de México, por lo que seplantea los principales problemas dela capital en el marco de los modelosnacionales de desarrollo y los retosque enfrenta desde un enfoque dederechos.

En el quinto apartado, los autoresreflexionan sobre procesos de apropia-ción, empleo y disputa por el espaciopúblico que se relacionan con temas

de inclusión social y derecho a la ciu-dad para los diferentes sectores de lasociedad. En un contexto de pobrezaurbana, segregación y degradaciónsocial en la Ciudad de México, ArturoMier y Terán, Isabel Vázquez y AliciaZiccardi analizan mediciones sobrepobreza y los casos de las colonias deConciencia Proletaria y Tizapán, ubica-

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das en la delegación Álvaro Obregón,en los que se implantó el ProgramaComunitario de Mejoramiento Barrial(2007-2012) para mejorar y construirespacios públicos mediante la partici-pación comunitaria con el propósito depromover prácticas deportivas, cultu-rales y recreativas.

 Ana Falú analiza la violencia desdeuna perspectiva de género y a partirde las transformaciones urbanas en

 América Latina que restringen el uso,disfrute y apropiación de la ciudad.Indica la necesidad de aplicar políticasde seguridad ciudadana con un enfo-que de género como alternativa parala equidad en el territorio urbano. Entorno a la población indígena en laCiudad de México, Natividad GutiérrezChong analiza los espacios restringidosa la etnicidad de las comunidades auto-segregadas, los museos donde la etni-cidad, por su exhibición artificial, estolerada, y la plaza pública como es-

pacio simbólico recuperado por vocesindígenas que expresan resistencia o

 visibilidad frente al rechazo oficial. Porúltimo, Joan Subirats estudia el espaciopúblico y el debate sobre ciudadaníaen un contexto de nueva modernidadque abarca nuevas oportunidades, perotambién nuevas formas de desigualdad

 y desequilibrio.En el sexto apartado, ciertos au-

tores profundizan sobre la diversidadétnica y cultural en pueblos originariosde la Ciudad de México, la migracióninternacional frente a un contexto dedesigualdad social y segregación resi-dencial, y las realidades dispares re-flejadas en los habitantes de sectoressociales opuestos. Marcelo Balbo pre-senta una reflexión sobre la migración

internacional y el impacto que generaen el conjunto de la sociedad, en tér-minos de las tensiones entre residentese inmigrantes, en el que resurgen temascomo la multiculturalidad, la identi-dad, la inclusión y la pertenencia. Enel contexto mexicano, Carlos Martínez

 Assad realiza una revisión histórica dela inmigración y sus impactos cultu-rales en nuestro país, principalmenteen la Ciudad de México, que adquiereuna gran relevancia por la diversidadétnica y el cosmopolitismo que carac-terizarán a la capital, a pesar de suescasa presencia comparada con la deotros países.

Desde otras disciplinas, Lucía Álva-rez Enríquez y Patricia Ramírez Kuriabordan la diversidad cultural y lascondiciones de desigualdad en los pue-blos originarios de la Ciudad de México.Carlos Fidel, Raúl Di Tomaso y CristinaFarías explican los resultados de unaserie de entrevistas realizadas a dos

conjuntos de actores —personas encondiciones de pobreza y personas queoperan en la esfera de la produccióno comercialización de bienes y servi-cios—, para abordar problemáticasurbanas comunes y conocer las formasde accionar. Héctor Padilla analiza aCiudad Juárez como una ciudad decontrastes e improntas generadas porla fragmentación, la polarización y la

pobreza. La informalidad y las prácticasdelictivas forman parte del escenariocotidiano de la ciudad y son produc-to de la integración subordinada alproceso de globalización y la falta de

 voluntad política o incapacidad institu-cional para contrarrestar sus efectos.

En el séptimo y último apartadose abordan algunos retos en la gober-

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nanza para dar forma al derecho a laciudad y la gobernabilidad democráti-ca en el marco de la globalización, asícomo ciertas innovaciones en la ges-tión urbana junto a pendientes en laagenda para avanzar hacia una ampliademocratización en las ciudades. Alrespecto, Carlos Mario Yory reflexionasobre la construcción de un “modelode desarrollo urbano a escala humana”en la ciudad de Bogotá, al representarun ejemplo de un modelo de gestiónpública participativa y de construcciónde ciudadanía.

En el contexto mexicano, EnriqueCabrero Mendoza y María José Montielpresentan un panorama general delestado de la gestión urbana en Méxicopara analizar la estructura y las fun-ciones de los gobiernos locales parala construcción de políticas urbanas.De acuerdo con los autores, un rasgocaracterístico de los gobiernos localesmexicanos es su debilidad institucional,

por lo que señalan la necesidad deuna urgente reforma de los gobiernosurbanos. A partir de ciertos casos en

 Argentina y Brasil, Beatriz Cuenyaescribe acerca de “grandes proyectosurbanos” orientados a la transforma-ción de áreas estratégicas, al fungircomo herramientas de creación y re-cuperación de plusvalías urbanas por

su peculiar proceso de producciónurbana.

En el contexto brasileño, TamaraTania Cohen Egler y Fabiana Mabelde Oliveira analizan el discurso oficialsobre los beneficios que los juegostendrían para la ciudad brasileña, laproducción y la apropiación social delequipamiento en los proyectos y la pro-puesta de política pública en el marcode una ciudad democrática. LucianoFedozzi reflexiona sobre la figura delos presupuestos participativos en Brasilcomo un proceso de innovación de lademocracia contemporánea. Al respec-to, se plantea un análisis sobre algunas

 variables condicionantes para la crea-ción y sustentabilidad de esta forma dedemocracia participativa. Priscilla Con-nolly abre una discusión crítica sobre laincorporación de las nuevas tecnologíasde comunicación e información geo-gráfica en la gestión y el gobierno delas ciudades, dado que se emplean en

ámbitos militares y policiacos, políticassociales, planeación estratégica y orde-namiento territorial, entre otros, paramanejar cualquier información espa-cialmente localizada. En este contexto,se exploran posibles impactos de lasnuevas tecnologías en la gestión urbanaa partir de visiones opuestas sobre suempleo y sus alcances.

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¿Qué es la integración? es el título deun influyente libro relativamente

reciente de la intelectual francesa Do-minique Schnapper, en el que planteaesta interrogante sobre la condiciónque guarda la integración de los inmi-

grantes en sus lugares de llegada. Lapertinencia de esta pregunta es claraa la luz de la intensificación del movi-miento de personas a lo largo y anchodel planeta, las cuales en su mayoríase establecerán eventualmente en unpaís distinto al suyo. Sin embargo, lapregunta dista de ser algo circunscritoa las discusiones relativas a los estudiossobre migraciones internacionales:

remite a la reflexión sobre las nuevasformas de convivencia generadas por lamodernidad en las sociedades contem-poráneas. Ciertamente, preguntarsesobre la integración de los inmigrantesforma parte de una reflexión más vas-ta sobre la integración social, que hasido uno de los ejes clásicos del pensa-miento sociológico desde los iniciosdel siglo XX (véanse, por ejemplo, los

planteamientos de Émile Durkheimsobre la construcción del lien social), yque hoy constituye uno de los debatescontemporáneos centrales en torno a lainclusión y la exclusión social.

En la literatura sobre migracionescontemporáneas, una parte importantede los análisis realizados se han enfo-cado en la movilidad de las poblacio-

Francisco Torres. La inserción de los inmigrantes. Luces y sombras de un proceso (Madrid: Talasa Ediciones, 2011), 297 pp.

Luis Escala Rabadán El Colegio de la Frontera Norte

nes, la conformación de vínculos entrelugares de origen y destino (lo queconstituye la propuesta del transnacio-nalismo y sus derivados), o las accionesque emprenden los Estados nacionalespara la gestión de dichos movimientos.

Sin embargo, no ha habido la necesariaatención académica hacia los procesosrelativos al eventual pero inexorableestablecimiento de los inmigrantes enlas localidades y naciones de llegada,los retos que enfrentan, y las iniciati-

 vas que ponen en marcha (o no) losgobiernos locales o nacionales parafacilitar su incorporación a sus nuevassociedades.

En ese sentido, este libro de Fran-cisco Torres (sociólogo de la Univer-sidad de Valencia, España, cuya largatrayectoria como analista de las migra-ciones se ha plasmado en un cúmulode obras de todo tipo) constituye unaaportación importante a nuestro co-nocimiento sobre la inserción de losinmigrantes en los lugares de arribo.Este texto nos presenta un conciso

recuento, basado en la experiencia deEspaña, sobre la inserción de los in-migrantes y la gestión de este procesodentro de la sociedad española de lasdos últimas décadas.

El libro está integrado por cincocapítulos. En el primero se presentala discusión teórica que sirve de marcopara el despliegue del argumento a lo

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largo del texto. El punto de partida espor demás sugerente en este capítulo,al establecer una distinción entre inser-ción inmigrante (al nivel del análisis)e integración (al nivel normativo),

 ya que esto permite observar, por unlado, lo que ocurre en el ámbito de loreal, y por otro, lo que se plantea alnivel del “deber ser”. Asimismo, estecapítulo presenta una bien logradasíntesis sobre los modelos de inclu-sión inmigrante prevalecientes en elmundo: la llamada Anglo-conformity deEstados Unidos, la propuesta republi-cana de Francia y el multiculturalismode otras naciones. De esta forma, lapropuesta de Torres (al igual que la deSchnapper) apunta a concebir esteproceso de manera compleja, y noreducirlo, por ejemplo, a detectar loque los inmigrantes hacen por inser-tarse (y, de ser posible, eventualmenteintegrarse de manera efectiva) a sussociedades de llegada, sino también

 y sobre todo lo que dichas sociedadeshacen por integrarse a estos nuevosmiembros.

En el segundo capítulo se describe y analiza la transformación de Españacomo nueva sociedad de inmigración.Tras años del arribo de inmigrantessolos (en su mayoría hombres), conperspectivas de estancias temporales, elfin del siglo XX y el inicio del XXI die-

ron paso a un incremento importante y una creciente diversificación de dichoflujo en términos de su perfil y de susorígenes, enfocada al establecimiento,inserta en nichos laborales precariza-dos, con la prevalencia de su condiciónindocumentada. Al respecto, Torresanaliza la inserción de estos “nuevos

 vecinos” en los ámbitos del trabajo, la

 vivienda, la convivencia en espaciospúblicos y como usuarios de servicios.

 A la luz de esta creciente presencia enla sociedad española, es también en esteperiodo que el gobierno de España poneen marcha nuevas iniciativas para sugestión. Este proceso de inserción se

 verá afectado por la crisis económica,en la recta final de la primera décadadel siglo XXI, lo que desestabiliza loslogros alcanzados en materia de la in-serción inmigrante de años previos.

En el tercer capítulo se aborda lainserción laboral de los inmigrantes,a partir de la comparación de las con-diciones prevalecientes para los tra-bajadores españoles emigrantes duran-te la década de los años sesenta y lascondiciones actuales, caracterizadas pormercados de trabajo precarizados encontextos políticos más restringidos, yque han conducido a una creciente pre-sencia de la condición indocumentadade los trabajadores inmigrantes. Frente

al crecimiento de sectores demandantesde mano de obra poco calificada, eltrabajo inmigrante presentó tambiénun incremento importante desde losaños noventa y a lo largo de buenaparte de la primera mitad del siglo XXI,lo que condujo a la formación de una“estructura laboral etnofragmentada”,particularmente útil para los empresa-rios de dichos sectores, y que resultó

plenamente funcional hasta la llegadade la crisis económica. Ante ello, To-rres nos explica cómo esta crisis y susimpactos se tradujeron en importantesretrocesos en los logros obtenidos porlos trabajadores inmigrantes en el mer-cado laboral de España.

El cuarto capítulo se enfoca en lainserción urbana de los inmigrantes,

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muy en el estilo de la tradición dela Escuela de Chicago. Para ello, elautor analiza esta inserción a partirde dos modelos (copresencia y se-gregación), utilizando para ello loscasos de Valencia y Barcelona parael primer modelo, y Murcia y Alme-ría para el segundo. La copresencia,como lo señala atinadamente Torres,es el factor dominante en ciudades ypueblos españoles, y supone una con-

 vivencia pacífica pero distante, y quepodría ubicarse así como propia de losdistintos multiculturalismos pero queno llega a constituir una verdaderainterculturalidad. En cambio, la segre-gación está presente en localidades deagricultura intensiva, muy visible enel ámbito residencial. De esta forma,la comparación entre ambos modelos

 y contextos permite reflexionar sobredónde viven los inmigrantes, cómo vi-

 ven y sobre el estado de sus relacionescon los demás.

Finalmente, el quinto capítulo seenfoca en la revisión de las políticasde inmigración que revelan el mode-lo de gestión que ha implantado el go-bierno español, incluyendo las políticasrelativas a la integración inmigrante

 y al control de sus flujos (es decir, lapolítica de extranjería). Estas últimasse centran en la regulación laboralde los inmigrantes dentro del modelo de

España, lo que se traduce en una seriede estatus diferenciados, lo que a su vezsignifica la configuración de distintostipos de inmigrantes, con una crecientepresencia de inmigrantes irregulares, ycon ello distintas posibilidades de inte-gración efectiva dentro de la sociedadespañola. Por otro lado, la revisión delas políticas de integración permite

apreciar no solamente la normativi-dad existente (la inclusión inmigrante“deseable”), sino también qué se haceal respecto, por parte de qué actoressociales (por ejemplo, el destacadopapel de las organizaciones sociales) ycómo se hace esta “buena inserción” delos inmigrantes.

Si bien la estructura del libro tie-ne una marcada ausencia (la faltade una sección de conclusiones, quepermita hacer un necesario recuentodel análisis desplegado en esta obra),el texto constituye un notable logroa partir de sus varias contribuciones.Ciertamente, la primera y más obviaes presentarnos una panorámica ge-neral sobre la evolución y el estadoque guardan los procesos migratoriosen el contexto europeo de las últimasdécadas, utilizando para ello el casode España como referente central, en-focándose desde luego en las diversasdimensiones involucradas en el proce-

so de integración de los inmigrantesen la sociedad española. Esto no espoca cosa, puesto que constituye unasíntesis que resulta especialmente útilpara los analistas sociales en contex-tos como México, más habituados alos debates y referencias centrados enNorteamérica.

No obstante, me parece que la con-tribución fundamental del texto es su

propuesta analítica: tal como lo sugiereel subtítulo (“Luces y sombras de unproceso”), Torres nos invita a pensarel concepto de inserción inmigrante nocomo un componente unidimensional,sino como un proceso que debe ser des-agregado en diferentes vertientes, paralo cual nos propone seis dimensionesde análisis (jurídica-legal; laboral-

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económica; residencial; acceso y uso deservicios públicos; cultural-identitaria,

 y política). La adopción de esta rutaanalítica permite al autor precisamentecaptar las diversas dinámicas socialesinvolucradas en la paulatina inserciónde los inmigrantes en sus lugares de re-sidencia, de trabajo y de convivencia, loque hace posible evidenciar los logros

 y las limitaciones al respecto, y con ellodetectar los contrastes entre el ámbi-to de lo real y el “deber ser” normativode las políticas que buscan gestionar di-cho proceso. Una tercera aportaciónsingular la constituyen los datos y lasreferencias empíricas utilizadas porel autor, muchos de los cuales son elresultado de su larga labor de investi-gación sobre la presencia inmigranteen el ámbito urbano y rural de distintaslocaciones en España y otros lugares.

Este libro de Francisco Torres cum-ple con su doble cometido de docu-mentar y analizar los cambios en elproceso de inserción de los inmigrantesen la España de las últimas décadas, ya la vez presentar esta discusión desdela primera página como parte de “unfenómeno social total”, en el que ladeliberación sobre la presencia de losinmigrantes en nuestras sociedadesconfluye con la de la inclusión y exclu-sión social de estos y otros grupos, ycon ello sobre su condición ciudadanaen el mundo de hoy y el futuro. Loslectores interesados en temas de in-clusión y cohesión social, así como enmateria de estudios sobre las migracio-nes contemporáneas, encontrarán aquíuna propuesta por demás sugerentepara la reflexión o para investigacionessobre dichas vertientes.

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Normas editoriales

El Comité Editorial de la Revista Mexicana de Sociología sólo someterá adictamen de su cartera de especialistas artículos que no hayan aparecidoen publicaciones impresas o en línea y que no estén en proceso editorial enotras revistas o libros.

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No es necesario enviar textos impresos; sin embargo, si se requiere

mandar correspondencia, la dirección física de la RMS es:R EVISTA  MEXICANA  DE SOCIOLOGÍA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

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C.P. 04510, MÉXICO, D.F.

 Artículos

IMPORTANTE: el documento deberá presentar las siguientes especifica-ciones formales:

La página será tamaño carta (21.5 x 28 cm).1.Cada artículo tendrá una extensión mínima de 8 000 palabras y2.una máxima de 10 000, incluidas las referencias, notas, cuadros y figuras.El margen izquierdo será de 2.5 cm y el derecho, de 3 cm.3.

Los párrafos deberán ir indicados sin espacio, con sangría, salvo4. cuando se trate de los que siguen a títulos o subtítulos.El artículo deberá estar escrito a espacio y medio entre líneas y5.en 12 puntos.Presentará numeración ininterrumpida.6.

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Reseñas

Las reseñas consistirán en un ejercicio crítico de la obra presentada.

Tendrán una extensión de entre 1 000 y 2 000 palabras, con las mismascaracterísticas de presentación que los artículos.

Datos del autor

La primera hoja del artículo habrá de incluir título (que no debe ex-ceder de 10 palabras) y nombre del autor (o autores), así como sus datospersonales, a saber:

a) título académico y universidad donde lo obtuvieron;

b) institución donde laboran;c) dirección completa a la que se les enviará correspondencia;d) temas de especialización;e) número telefónico;f) correo electrónico;g) una breve declaración que indique que el artículo es original y

que no ha sido publicado y no está siendo considerado en ningúnotro lugar.

Estos datos son indispensables para la revisión de los artículos.No se aceptarán epígrafes ni dedicatorias.

Resumen y palabras clave

1. El resumen del artículo no deberá rebasar las 100 palabras.2. En cuanto a las palabras clave del trabajo, no deben utilizarse

más de seis conceptos. Sugerimos consultar el tesauro en líneaEurovoc: <http://europa.eu.int/celex/eurovoc/> o las indicaciones

del Centro de Información y Documentación Científica: <http:// www.cindoc.csic.es>.

Notas, citas y bibliografía

1. Notas de pie de página: a) irán a espacio y medio, b) con nume-ración consecutiva, y c) en caracteres arábigos (“voladitos” o ensuperíndice), sin punto en la llamada.

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517NORMAS EDITORIALES

2. Citas textuales: cuando rebasen cinco renglones, a) irán a espacio y medio, b) no llevarán comillas, c) irán en tipo normal (no encursivas) y d) con sangría sólo en el margen izquierdo.

3. Citas bibliográficas: en el texto, deberán incluir el apellido delautor, la fecha de publicación de su obra y el número de la(s)página(s) citada(s); todo ello entre paréntesis. Por ejemplo:(Touraine, 1986: 73).

IMPORTANTE: compruebe que las citas incluidas en el texto coincidan contodos los datos aportados en la bibliografía.

4. Bibliografía: se presentará en orden alfabético según el apellidode los autores (en versales y versalitas); cuando aparezcan variasobras de un mismo autor, se repetirá el nombre del autor o autores y se ordenarán cronológicamente: de la publicación más alejadaen el tiempo a la más reciente. En todo caso, se seguirán los crite-rios establecidos por The Chicago Manual of Style. Ejemplos:

 A) Un autor 

 A RMSTRONG, Paul (1992). Lecturas en conflicto. México: Universidad Na-cional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.

 B) Dos autores 

 W ELLEK , René, y Austin Warren (1996). Teoría literaria. Madrid: Gredos.

C) Compiladores 

DIAMOND, Larry, y Marc F. Plattner (compiladores) (1996). El resurgimiento global de la democracia. México: Universidad Nacional Autónoma deMéxico-Instituto de Investigaciones Sociales.

 D) Organismo, institución o asociación como autor(a) 

COMISIÓN ECONÓMICA  PARA  A MÉRICA  L ATINA   Y  EL C ARIBE  (CEPAL)(2000). Inversión extranjera directa en América Latina. Santiago de Chile:Cepal.

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 E) Artículo en un libro compilado por otro(s) autor(es) 

BLACK , Max (1983). “¿Cómo representan las imágenes?” En  Arte, per-

cepción y realidad, compilado por Maurice Mandelbaum, 127-169.Barcelona: Paidós.

 F) Artículo de publicación periódica 

FREY, Herbert (1991). “Las raíces de la modernidad en la Edad Media”. Revista Mexicana de Sociología 4, vol. 53 (octubre-diciembre): 3-44.

G) Artículo de periódico 

FINNONIAN, Albert (1990). “The Iron Curtain rises”. Wilberton Journal. 7de febrero, última edición.

 H) Materiales no publicados 

1. Tesis

CONTRERAS, Óscar (1999). “Empresas globales, actores locales. Produc-ción flexible y aprendizaje industrial en las maquiladoras”. Tesis dedoctorado en Ciencias Sociales. México: El Colegio de México.

2. Ponencias

GEREFFI, Gary, y Jennifer Bair (1999). “Mexico’s industrial developmentin the past 25 years: climbing ahead or falling behind in the worldeconomy?”. Ponencia presentada en el encuentro Mexico in the In-

tegration XXX, Center for the US-Mexican Studies, Universidad deCalifornia en San Diego, La Jolla, 3-5 de junio.

 I) Citas de material obtenido de Internet 

En el interior del texto, las referencias se citan de la manera habitual:Gibaldi (1998), (Gómez et al., 1999).

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519NORMAS EDITORIALES

Si se desconoce el nombre del autor del documento, se pondrá ladirección de Internet encerrada entre los símbolos < >. Deberá trans-cribirse exactamente igual que el original, respetando las mayúsculas y

las minúsculas. Ejemplos: 

1. Textos electrónicos

Oxford English dictionary computer file: on compact disc (1992). 2ª ed. [CD-ROM]. Oxford: Oxford University Press.

 Repère: index analytique d’articles de périodiques de langue française [en línea].Montreal: Services documentaires multimédia (1980-). Disponible en:<http://www.bibl.ulaval.ca/repere/> [Consulta: 6 de julio de 1996].

PRITZER , Thomas J. An early fragment from Central Nepal [en línea]. Dispo-nible en: <http://www.ingress.com/~astanart/pritzker/pritzker. html>[Consulta: 8 de junio de 1995].

2. Bases de datos

US DEPARTMENT OF EDUCATION [en línea]: Home Page. US Departmentof Education, 29-09-1999. Disponible en: <http://www.ed.gov/index.

html> [Consulta: 1 de octubre de 1999].SCHEIDERMAN, R.A. (1998). “Librarians can make sense of the Net” [en

línea]. En San Antonio Business Journal, núm. 31, vol. 11, p. 58. EBSCO database (masterfile). Disponible en: <http://www.ebsco.com> [Con-sulta: 27 de enero de 1999].

3. Artículos y contribuciones

BOUDON, Raymond (1996). “L’Objectivité des valeurs” [en línea]. En Si-“L’Objectivité des valeurs” [en línea]. En Si-

mon Langlois e Yves Martin. L’horizon de la culture: hommage à Fernand  Dumnot. Disponible en: <http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/pul/dumont/fdhap13.html> [Consulta: 2 de octubre de 1997].

HERRINGTON, TyAnna K. (1996). “Being is believing” [en línea]. Kairos: A Journal for Teaching Writing in Webbed Environments, 1.1. Disponible en: <http://www.apa.org/journals/jacobson.html> [Consulta: 25 deenero de 1996].

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R EVISTA  MEXICANA  DE SOCIOLOGÍA 520

Cuadros, gráficas, mapas, esquemas e ilustraciones

Deberán incluir su respectiva fuente y aparecerán en hojas numeradas,

después de la bibliografía.  El autor enviará también los datos numéricos a partir de los cuales se generaron las gráficas. Todos los materiales gráficosirán respaldados en formatos .jpg o .gif; las gráficas deberán ser enviadasen Excel. En el texto, el autor indicará el lugar donde entrará cada unode ellos, mediante la siguiente instrucción: “Entra figura N”.

Proceso de revisión

Para ser incluido en nuestra publicación, todo artículo será sometido auna fase de selección y a un proceso de dictamen. En todo caso, la eva-luación será inapelable.

En la primera fase, el Comité Editorial seleccionará los artículosque corresponden con la línea editorial de la RMS y que cumplen conlos requisitos indispensables de un artículo académico. Con la finalidadde proporcionar una respuesta lo más expedita posible, en esta fase noes posible proporcionar a los autores comentarios detallados sobre sutrabajo.

En la segunda etapa, los trabajos seleccionados serán dictaminadospor dos o más especialistas en la materia, quienes emitirán su juicio

de manera anónima, con base en los siguientes criterios y otros que juzguen pertinentes: a) relevancia temática y originalidad, b) consis-tencia de acuerdo con los objetivos planteados, c) suficiencia de ladiscusión en la materia y contribución para el avance de la disciplina,d) correspondencia de la metodología con los objetivos de la investigación y/o la reflexión teórica, e) correspondencia de la argumentación y/o la evi-dencia empírica con la fundamentación de las hipótesis que se sostienen, y f) uso adecuado y actualidad de las fuentes de información. El resultadopuede ser: a) publicable, b) no publicable, c) sujeto a cambios.

 Artículo aceptado para publicación

Una vez completo el proceso de revisión externa, el autor recibirá los co-mentarios de los dictaminadores. Si el resultado de la evaluación externano es favorable, se le comunicará al autor. Si el resultado es en generalfavorable, se le solicitará al autor que resuelva debidamente las observa-

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521NORMAS EDITORIALES

ciones planteadas por los dictaminadores en un plazo determinado. Cabemencionar que muy rara vez el trabajo es aceptado sin modificaciones.

El trabajo revisado por el autor deberá estar acompañado de una

carta al director(a) de la RMS, en la que resuma los cambios realizados y justifique debidamente las observaciones que por alguna razón no fueronatendidas. La versión debe seguir estrictamente las normas editoriales.

El Comité Editorial revisará los dictámenes, así como la carta delautor, y podrá dar su visto bueno para que el trabajo pase a la fase deplaneación de su publicación o, en su caso, sea sometido nuevamente auna revisión externa.

IMPORTANTE: una vez aprobado el artículo, no se aceptará ningún cambioen el texto.

Cesión de derechos

El autor se comprometerá a firmar una carta de cesión de derechos deexclusividad a la RMS y a dar su autorización para que, eventualmente,el artículo sea reproducido en formato impreso o electrónico.

El autor o autores recibirán a vuelta de correo dos ejemplares delnúmero de la revista en la que aparezca publicado su trabajo, así como

10 separatas.

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