Revista Izquierda

Abril / 201110

Conflicto y salida negociada ¿la llave de la paz está perdida? Régimen

político y discurso El espejismo de la restitución de tierra · El

conejo de las desmovilizaciones. Otra deliberada farsa uribista

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 retórica y

recursos de un proyecto de dominación de clase.

las cifras de la Prosperidad para todos Neoliberalismo rampante la propuesta de

reforma de la ley 30: Un régimen de saber

para el gran capital · Macroproyectos de

vivienda de interés social: Gran negocio con la pobreza

Capitalismo en crisis Japón: Opción cero · libia:

Entre el imperialismo y la autocracia Nuestra América

El nuevo gobierno de brasil y el legado de lula. la continuidad

de la política económica ortodoxa. · incentivos al capital extranjero y

justicia social en Uruguay Editorial Un Estado canalla muy santo

issn- 2215-8332bOGOtá, COlOMbiA

todo el contenido de esta publicación puede

reproducirse libremente, conservando sus créditos.

Jairo Estrada álvarez DirectorJesús Gualdrón sandoval Jefe de redacción

álvaro Vásquez del real, Daniel libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva silva, María teresa Cifuentes traslaviña, nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, ricardo sánchez ángel, sergio De Zubiría samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

beatriz stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), ricardo Antunes (brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional

tatianna Castillo reyes Diseño y diagramación

Espacio Crítico EdicionesPublicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

issn-2215-8332nº 10, Abril de 2011. bogotá, Colombia

¿lA llAVE DE lA PAZ Está PErDiDA? Víctor Manuel Moncayo C. 4

El EsPEJisMO DE lA rEstitUCión DE tiErrAs Carmen Andrea Becerra Becerra 10El COnEJO DE lAs DEsMOViliZACiOnEs. OtrA DElibErADA FArsA UribistA Carlos A. Lozano Guillén 16

rEtóriCA y rECUrsOs DE Un PrOyECtO DE DOMinACión DE ClAsE. lAs CiFrAs DE lA PrOsPEriDAD PArA tODOs Jairo Estrada Álvarez 22

lA PrOPUEstA DE rEFOrMA DE lA lEy 30: Un réGiMEn DE sAbEr PArA El GrAn CAPitAl Frank Molano Camargo 30MACrOPrOyECtOs DE ViViEnDA DE intErés sOCiAl: GrAn nEGOCiO COn lA PObrEZA Paola Salazar Carreño 36

JAPón: OPCión CErO Ricardo Sánchez Ángel 42libiA: EntrE El iMPEriAlisMO y lA AUtOCrACiA Pedro Miguel Tapia 48

El nUEVO GObiErnO DE brAsil y El lEGADO DE lUlA . lA COntinUiDAD DE lA POlítiCA ECOnóMiCA OrtODOxA Marcelo Dias Carcanholo 54inCEntiVOs Al CAPitAl ExtrAnJErO y JUstiCiA sOCiAl En UrUGUAy Antonio Elías 60

Un EstADO CAnAllA MUy sAntO Jorge Gantiva Silva 64

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Profesor eméritoEx rector de la Universidad

Nacional de Colombia

Víctos Manuel Moncayo c.

¿La llave de la paz está perdida?

Superando las condiciones de estigmatización y macartización que se han venido imponiendo en nuestra sociedad para quienes insistimos en hablar del

conflicto colombiano y de las perspectivas de paz, considerados de manera simplista como vulgares terroristas o epígonos o aliados de la subversión, o bautizados despectivamente como “pazólogos”, hace pocas semanas, gracias a la hospitalidad de calificadas organizaciones y personalidades argentinas, se tuvo una oportunidad más para analizar y debatir la realidad del caso colombiano, en el contexto de la presentación de otras experiencias análogas en otras latitudes1.

Las deliberaciones y conclusiones sólo han sido consideradas de manera marginal en los medios de comunicación, como resultado de un implícito, o quizás oculto, pacto de silencio, también compartido por el gobierno y sus voceros. Sólo trascendió como noticia el insultante mensaje del expresidente Uribe contra el premio nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel, menospreciado dignamente por el agredido y rechazado con fuerza por todos los asistentes como un agravio inadmisible al destacado defensor de los derechos humanos.

1 Nos referimos al seminario “Haciendo la Paz en Colombia”, organizado por Colombianos y colombianas por la paz, realizado en Buenos Aires el 21 y 22 de febrero de 2010.

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“Le Capital dévore le monde”. Jean Vertot, Almanach Démoc-Soc dédié aux Aristos (1850), Paris, 1849

Nº 10, Abril de 2011 · Bogotá, Colombia Conflicto y salida negociada

La sociedad civil, un espacio contradictorioConcurrimos para contribuir a desmitificar el lugar común sobre la sociedad

civil y sus expresiones. Se trata, sin duda, de una categoría muy ligada a la modernidad capitalista que escinde las relaciones entre las escenificadas en la esfera política y las pertenecientes al mundo atomizado de las individualidades ciudadanas, sobre el cual está edificado todo el orden de dominación. En este sentido a la sociedad civil pertenecemos todos, pero estamos allí como parte del sistema y, por ende, como portadores de sus múltiples contradicciones e intereses. De tal forma que no se pueden considerar sus expresiones con la misma legitimidad, pues necesariamente corresponden a diferentes posiciones frente a las relaciones sociales. Gremios, organizaciones no gubernamentales, iglesias, movimientos sociales, defensores de derechos humanos, víctimas de la violencia, estudiantes, académicos, etcétera, son todos sociedad civil, pero no constituyen unidad y sus manifestaciones responden a intereses muy diferentes, en muchos casos opuestas o contradictorias. Como tales participan activa o pasivamente en el conflicto y formulan diversos entendimientos sobre su significación y las posibles hipótesis de solución.

El conflicto es indisociable de la naturaleza del orden social vigentePues bien, quienes participamos de encuentros como el realizado

consideramos que existe un conflicto en la sociedad colombiana y, a pesar de que existen matices en su comprensión, representamos una perspectiva diferente de la que sostienen quienes, también desde la sociedad civil o desde el propio Estado, lo vienen negando, para identificarlo como una simple

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anormalidad del funcionamiento social, calificada genéricamente como terrorismo, sobre todo después de los acontecimientos del 11 de septiembre, que coincidieron y se armonizaron con los inicios del régimen autoritario que enarboló la bandera del exterminio bajo el lema de la seguridad democrática.

Muchos estiman que el conflicto reside exclusivamente en la expresión de violencias físicas enfrentadas, y olvidan que tras ellas hay una causalidad superior ligada a las características de las relaciones sociales vigentes teñidas de dominación e injusticia.

En esa dirección, es necesario formular como punto de partida la tesis radical de que en todas la sociedades de nuestro tiempo hay conflicto, por cuanto todas ellas son sociedades en la cuales rige la explotación capitalista, aunque las formas de ésta hayan variado históricamente y se presenten de diferentes maneras.

Lo que ocurre, sin embargo, es que esa realidad necesariamente contradictoria y, por ende, conflictiva, siempre supone una resistencia que se expresa en las sociedades de diferentes maneras:

Una forma de manifestación es la que pudiera llamarse “normal”, “pacífica” o “civilizada”, que es la que postula y promueve el Estado al señalar que debe obrarse conforme a las reglas jurídicas y políticas del sistema, justamente para garantizar su conservación y tranquilo desarrollo. Es la aspiración permanente por el orden, para lo cual las expresiones del conflicto no pueden ser sino bajo los contenidos y formas permitidos.

Otro tipo de expresión es la que de manera momentánea o con cierta permanencia, rompe la “normalidad”, negándose a las formas institucionales de canalización, que puede incluso desconocer el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado, asumiendo como legítima la utilización de la violencia.

La particularidad violenta del conflicto colombianoEn Colombia, como en toda sociedad capitalista, hay conflicto derivado de

la esencia misma del sistema imperante, y siempre han existido resistencias. Pero, lo que es muy propio de la historia colombiana es que esas resistencias, casi que desde siempre, han transitado por la ruptura de la “normalidad”, tanto de manera individual como colectiva, bajo modalidades cambiantes de organización y presencia. Es la historia bien conocida y sufrida de las violencias, documentada y analizada en estudios académicos.

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Adam Smith. Su obra: “La riqueza de las naciones”, le concedió el título de fundador intelectual del capitalismo.


En efecto, como se repite con frecuencia, la violencia colombiana hunde sus raíces en el problema agrario no resuelto desde los comienzos del siglo XX, pero en la segunda mitad de este mismo siglo adquirió un sentido más englobante para plantearse como una vía de resistencia para transformar la sociedad, en el sendero de la estrategia de toma del poder. Claro está que ese proceso de resistencias se ha visto alterado y profundamente degradado, por la intervención de otros factores de violencia derivados del narcotráfico y del paramilitarismo, que han transformado el accionar de la subversión armada, deslegitimándola y favoreciendo la respuesta militar del Estado y del propio paramilitarismo, cuya subsistencia ya hasta el propio gobierno reconoce.

Frente a esas resistencias violentas el comportamiento del Estado siempre se mueve entre dos extremos, aunque siempre con la posibilidad de matices y combinaciones: La eliminación, es decir el exterminio, lo cual implica ampliar y profundizar el ejercicio denominado legítimo de la fuerza, proceso en el cual se pueden transitar caminos de desbordamiento por el Estado de los propios límites que el orden jurídico le impone o de apelación a modalidades paraestatales de represión; o la integración o cooptación para que las resistencias acepten tanto las vías institucionales de manejo y tratamiento de la conflictividad, como contenidos compatibles con el buen desarrollo del orden de dominación, sin alterarlo ni comprometerlo.

La inflexión guerrerista frente a la resistenciaEl Estado colombiano ha oscilado entre esas dos posiciones

y, por esa razón, durante estos largos decenios se han ensayado numerosos procesos de diálogo y paz, pero sin abandonar nunca la lógica militar. Más recientemente, la inflexión ha sido sólo guerrerista, con la pretensión de lograr la derrota de las resistencias violentas, para lograr la imposición de la “normalidad” por la fuerza. Ese ha sido el signo de la política de seguridad democrática, desplegada durante los últimos dos períodos presidenciales y

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continuada en el actual, que no deja, por lo tanto, ningún espacio para el diálogo, pues sólo se admite la derrota o la rendición. De otra parte, esta opción que es en definitiva planteada como una solución de salvamento y protección del orden, y que autoriza las formas más aberrantes de autoritarismo y de desconocimiento de las barreras institucionales, permite en muchos casos, como ha sucedido en Colombia, avanzar sin mayores controversias en las transformaciones exigidas por el sistema capitalista, como son todas las emprendidas y realizadas durante los gobiernos de Uribe para adaptarse a la nueva época histórica del capital.

La realidad actual es que, según la información aportada por los investigadores y por el propio Estado, el conflicto violento subsiste y continúa, con nuevos elementos derivados de los cambios ocurridos en el mundo del narcotráfico, de la subsistencia del paramilitarismo ahora renombrado como “bandas criminales”, de la renovación de la estrategias y tácticas de las organizaciones subversivas, de las acciones selectivas contra quienes como víctimas reivindican las tierras de las cuales fueron expulsadas, del crecimiento de la delictividad urbana, de la ampliación del espectro de la parapolítica, y del develamiento de la participación de agentes del Estado en prácticas contrarios al derecho humanitario.

¿Es aún posible hablar de paz negociada?Esa permanencia ha abierto, aunque se diga que la llave está aún guardada,

la alternativa de una respuesta a la resistencia que, aunque no renuncie al exterminio, pueda buscar canales de comunicación para una solución negociada. Del lado estatal y del orden capitalista, las necesidades del desarrollo capitalista en sectores como el minero-energético o el de la apropiación de los recursos naturales y de la biodiversidad, permitirían pensar en que la rigidez de la política guerrerista requiriera una pausa, que sería compatible con una actitud de reconocimiento por parte de la guerrilla del decrecimiento de su capacidad militar, de la pérdida de su legitimidad social y política, y del efecto de sufrimiento para amplios sectores de la población más vulnerable.

Sin embargo, esa hipotética y quizás irreal viabilidad de una negociación, no debe olvidar que las respuestas a los elementos de violencia física que caracterizan el conflicto colombiano, no conducen a la eliminación plena

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La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. El 71% de la superficie está cubierta por agua. Las propiedades físicas de la Tierra, combinadas con su órbita e historia geológica, son las que han permitido que perdure la vida hasta nuestros días.


del conflicto social y, por tanto, a la paz. Si la existencia del conflicto está asociada a la naturaleza de las relaciones sociales imperantes, mientras éstas subsistan el conflicto se mantendrá bajo otras formas, sin que pueda excluirse la reaparición de la violencia física.

En tal sentido toda paz negociada será necesariamente precaria, pues quienes concurran a lograrla tienen intereses que nunca serán coincidentes: del lado de los beneficiarios del orden existente, la paz es un instrumento para afianzarlo y profundizarlo, nunca para eliminarlo. Del lado de quienes se oponen a él, puede ser la aceptación de la cooptación o la integración, o la posibilidad para encontrar otros escenarios y otros medios para la resistencia.

Encontrar una salida, en medio de esa contradicción, de todas maneras es útil para ponerle fin al sufrimiento y a la dilapidación de los recursos destinados a la guerra que podrían tener otro uso, así éste tenga que compartirse entre el conveniente para la marcha del desarrollo capitalista y la obtención de nuevas condiciones de existencia y para reconstituir las formas de confrontación.

El seminario de Buenos Aires aportó en esa dirección y promulgó algunas líneas de acción, que están aún en la campana neumática del silencio informativo, sin que hayan producido efecto real alguno. Se trata de promover espacios que exploren la voluntad política que pudiese existir en ambas partes y de avanzar en reconocimientos comunes como el de la responsabilidad en la degradación del conflicto, en las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al propio Derecho interno, en la necesidad de abandonar todas las prácticas violentas absolutamente inadmisibles, de encontrar fórmulas novedosas de justicia transicional, muy diferentes a las que se concibieron para los paramilitares que han probado su fracaso y desfiguración, y de aceptar la mediación de instancias internacionales como UNASUR o mediadores de reconocida idoneidad y prestigio.

Los acontecimientos recientes no permiten ser optimistas, pero la perseverancia en posiciones como las presentadas en Buenos Aires seguirá siendo útil para desactivar el conflicto armado. La continuidad de la situación actual, no sólo la agrava sino que dilata cada vez más una solución humanitaria y política. Una posición de izquierda tiene que ser propositiva en esa dirección.

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Abogada especializada en

Derecho PenalSocióloga

Universidad Nacional

Investigadora del Instituto

Latinoamericano para una Sociedad

y un Derecho Alternativos - ILSA

Carmen andrea BeCerra BeCerra

El espejismo de la restitución de tierras en Colombia

La iniciativa legislativa conocida como Proyecto de Ley de tierras1, mediante la cual el gobierno Santos pretendió a

finales del año pasado canalizar el anuncio de impulsar un proceso masivo de restitución de tierras despojadas en Colombia, fue una manifestación inaugural de una propuesta formulada al margen y sin la participación de las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo y en contravía de su derecho a la reparación integral.

Esta falla de origen reveló una apuesta para abordar un proceso de restitución concebido como un mecanismo para generar seguridad jurídica a través de una titulación que permitiría liberalizar el mercado de tierras en Colombia, empatando entonces con el objetivo de ganar la confianza inversionista y de agudizar la concentración de la tierra. Vale la pena precisar que el foco de la restitución bajo tal formulación estaría distante de las víctimas y próximo a los beneficiarios actuales y potenciales del despojo.

El principio de sostenibilidad fiscal se sumaría al espejismo de la restitución al limitar presupuestalmente éste y otros componentes del derecho a la reparación de las víctimas, consolidando por esta

1 Proyecto de Ley 085 de 2010 por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras.

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Régimen político y discursoNº 10, Abril de 2011 · Bogotá, Colombia

vía la negación del derecho a la tierra y al territorio de las mujeres, los campesinos y los grupos étnicos.

El Proyecto de Ley de tierras –PL 085 de 2010– se acumuló al denominado Proyecto de reparación integral a las víctimas2, teniendo en cuenta la unidad de materia respecto a los temas abordados en una y otra iniciativa: la reparación a las víctimas. Así, las disposiciones que hacían parte del proyecto de ley de tierras pasaron a integrar un capítulo del proyecto de reparación integral. En el marco de este proyecto de ley se incluyeron además de la reparación a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, los temas de asistencia humanitaria, atención a las víctimas y protección.

A mediados del mes de noviembre de 2010 se inició en la Cámara el debate sobre el denominado proyecto unificado de reparación a las víctimas y a finales del mes de marzo se daría inicio al tercer debate en el Senado. Al comparar una versión y otra con el proyecto de acto legislativo sobre el denominado principio de sostenibilidad fiscal, es posible identificar algunos aspectos problemáticos que persisten y que distan de un verdadero propósito de restituir las tierras despojadas a las víctimas del desplazamiento forzado.

2 Proyecto de Ley No. 107 de 2010 Cámara, por la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario,

Obreros construyendo una vía férrea. El ferrocarril surgió en la primera mitad del siglo XIX durante el proceso de la Revolución industrial.

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Respecto al papel del Estado frente a la reparación, el proyecto puntualiza que las medidas de atención, asistencia y reparación en él contenidas no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado derivada del daño antijurídico imputable a éste en los términos del artículo 90 de la Constitución Nacional, como tampoco ningún otro tipo de responsabilidad para el Estado o sus agentes. Esta disposición excluye de plano la posibilidad de establecer la responsabilidad por acción u omisión del Estado en el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, restringiendo la posibilidad de investigar y juzgar tanto su responsabilidad como la de sus agentes por estos hechos.3

El proyecto diferencia entre las posibles vías de reparación a las que puede acceder la víctima, precisando que la reparación por vía judicial comprende un procedimiento especial mediante el cual se busca establecer unos topes a la indemnización subsidiaria, la cual es reconocida por el Estado ante la insolvencia o falta de bienes del victimario. Lo anterior, en la medida en que en estos casos el Estado no ha comprometido su responsabilidad. La otra vía de reparación es la administrativa, esto es, las víctimas pueden aspirar a una reparación sin que haya habido un proceso judicial y una sentencia condenatoria.

Se establece además la prohibición de doble reparación aclarando que, aunque el acceso de la víctima a la reparación por vía administrativa no le impide acudir a la vía judicial, la reparación recibida por vía administrativa se descontará de la que se defina por vía judicial. Sobre este aspecto es necesario tener en cuenta lo anotado por la Corte Constitucional en la sentencia T025, en la cual se llama la atención sobre la importancia de no confundir medidas asistencialistas a las víctimas del desplazamiento forzado –en el marco de la ayuda humanitaria– con la reparación. Esta confusión ha sido advertida en aplicación del decreto de reparación individual por vía administrativa, en virtud del cual se reconoce a título de indemnización a los grupos familiares desplazados un subsidio de vivienda. Por ello, no sería ajustado a la jurisprudencia de la Corte –que declaró el estado de

3 Entrevistas realizadas 5 a voceros y representantes de víctimas en la ciudad de Bogotá y Medellín, durante el mes de noviembre del 2010.

Mina de carbón a cielo abierto en Garzweiler, Alemania (2005). La mayor parte de la energía empleada actualmente en el mundo proviene de los combustibles fósiles.

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cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado– ni a los estándares internacionales descontar la reparación recibida por vía administrativa de la reparación judicial, cuando la primera se ha confundido con una medida de asistencialista.

El proyecto alude al principio de sostenibilidad fiscal, en aplicación del cual se establecería un tope a las pretensiones y expectativas de reparación de las víctimas a favor del interés general, siendo a la vez la justificación para continuar desconociéndoles no sólo la reparación, sino además la ayuda humanitaria de emergencia y los programas de estabilización socioeconómica. Es importante tener en cuenta que en el escenario legislativo actual, al tiempo que se debate el derecho a la reparación de las víctimas, hace carrera otra iniciativa “Por la cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado social de Derecho”; el proyecto de acto legislativo así denominado, busca modificar varios artículos de la Constitución Política a fin de incorporar la sostenibilidad fiscal como el referente para guiar las actuaciones del Estado sobre la economía y sobre los procesos de planeación y presupuestación (Estrada Álvarez, 2010: 16), estableciendo así topes al gasto social, a las medidas de reparación a que tienen derecho las víctimas por la vía judicial y administrativa y a las decisiones judiciales que ordenen en su parte resolutiva la garantía y el reconocimiento de los derechos vulnerados a la población desplazada.

En el ámbito judicial se reconoce competencia para conocer de los procesos de restitución de tierras a los tribunales superiores de distrito judicial – Salas Agrarias; estos serán competentes en única instancia para conocer y decidir, en forma temporal y hasta tanto culmine el programa de restitución, los procesos de restitución de tierras de despojados. Sobre el procedimiento para presentar y resolver

La política pública debería asumir el mandado del tribunal constitucional de garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, pero, además –ante la concentración de la tierra y el correlativo despojo y desplazamiento forzado–, dicha política y su correspondiente marco normativo deberían orientarse hacia la superación de las condiciones estructurales del desplazamiento forzado y del despojo.

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las solicitudes de restitución preocupan los siguientes aspectos: la dificultad de las víctimas para efectos de presentar los requisitos que deben anexarse junto con la pretensión de restitución, en particular ante la inexistencia de registro del inmueble objeto de restitución y, por ende, del certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria del predio, pues bajo este supuesto ha de presentarse como requisito el levantamiento topográfico y, de ser posible, la georeferenciación del predio, debiendo ser asumidos los gastos por el solicitante.

En cuanto a la información –que sería centralizada en el Registro Único de Predios Despojados y constituiría una de las fuentes para presentar solicitudes–, no se puede olvidar que parte de esta información da cuenta de procesos de legalización del despojo, en virtud de los cuales se han amparado con apariencia de legalidad negocios o tradiciones con la tierra, los cuales constan en documentos públicos o privados y certifican a los despojadores o a sus testaferros como titulares de los derechos sobre la tierra.

A estas preocupaciones se suma la definición de los mecanismos previstos para la protección de los bienes restituidos. El primero de ellos establece que para proteger al restituido en su derecho y garantizar el interés social de la actuación estatal, el derecho a obtener la restitución no será transferible por acto entre vivos a ningún título durante los siguientes dos años contados a partir de la entrega del predio, salvo que se trate de un acto entre el despojado y el Estado. De acuerdo con el segundo, una vez obtenida la restitución, cualquier negociación entre vivos de las tierras restituidas al despojado dentro de los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria de la decisión de restitución, o de entrega, si ésta fuera posterior, será ineficaz de pleno derecho,

Se hacen necesarios la investigación,

juzgamiento y sanción de los responsables

de estos hechos, la identificación de las modalidad del

despojo, la reparación de las víctimas y el establecimiento y

verificación de garantías de no repetición, aspectos a todas

luces ausentes en el espejismo de la

restitución de tierras en Colombia.

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sin necesidad de declaración judicial, a menos que se obtenga la autorización previa, expresa y motivada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, o de quien haga sus veces. A propósito de la protección de los predios es necesario tener en cuenta la brecha observada por la Corte Constitucional en al Auto 008 de 2009 sobre la protección formal de estos mediante su inclusión en el registro de predios protegidos de Acción Social y la escaza eficacia de estas medidas, ante las presiones ejercidas para que los campesinos desplazados vendan sus tierras y dejen de lado la pretensión de asentarse en los territorios que habitaban antes del desplazamiento.

Este aspecto y los otros anotados anteriormente evidencian como el marco normativo que debería orientarse a garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo limita y condiciona el derecho a la tierra y al territorio de los campesinos, así como de las mujeres y los grupos étnicos, derecho que ha sido –con anterioridad y durante el desplazamiento forzado– desconocido y vulnerado y ha estado signado por factores históricos y de desigualdad estructural; esta situación de vulnerabilidad y de exclusión es una de las causas del desplazamiento forzado en Colombia y una de las razones que da cuenta de la continuidad del mismo.

Precisamente ante la magnitud y persistencia del desplazamiento forzado en Colombia, la política pública y la legislación en materia de tierras y reparación constituyen instrumentos con los que cuenta el Estado para garantizar la obligación de reparar a las víctimas. La política pública debería asumir el mandado del tribunal constitucional de garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, pero, además –ante la concentración de la tierra y el correlativo despojo y desplazamiento forzado–, dicha política y su correspondiente marco normativo deberían orientarse hacia la superación de las condiciones estructurales del desplazamiento forzado y del despojo, así como a la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos, a la identificación de las modalidad del despojo, a la reparación de las víctimas y al establecimiento y verificación de garantías de no repetición, aspectos a todas luces ausentes en el espejismo de la restitución de tierras en Colombia.

La minería a cielo abierto utiliza, de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, que permite recuperar el oro del resto del material removido.

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Periodista. Director de VOZ.

Integrante de Colombianos

y Colombianas por la Paz

Carlos a. lozano Guillén

El conejo de las desmovilizaciones. Otra deliberada farsa uribista

“Lo que mal comienza, mal acaba”, dijo en 2003, antes que el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez cumpliera

un año, el entonces asesor de Paz para Colombia de las Naciones Unidas, James Lemoine. Apenas comenzaba a diseñarse la ley de justicia y paz y el país se preparaba para asistir en silencio, aunque en medio de las protestas de la oposición y de varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, al llamado proceso de paz de Santa Fe de Ralito con las “Autodefensas Unidas de Colombia” (“AUC”), en realidad una organización narcoparamilitar, responsable de los más execrables crímenes y masacres de que se tenga noticia en el país.

Mientras Uribe arreciaba la guerra contra la insurgencia guerrillera, basado en la delirante “seguridad democrática”, le tendía la mano a los paramilitares, inclusive con la escandalosa intención de darles reconocimiento político y de grupo insurgente. Lemoine advirtió del grave error que se cometía y abogó por una desmovilización con sometimiento a la justicia y verdad, justicia y reparación. Lo mismo dijeron reconocidos sectores democráticos, populares y de izquierda, que denunciaron la intención del gobierno de Uribe Vélez de legalizar al narcoparamilitarismo.

Los organismos de inteligencia militar y algunos expertos en el tema de seguridad, habían reportado un número de 8.000

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Régimen político y discurso

Planta para extracción de petróleo en Estados Unidos. Es un recurso natural no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía en los países capitalistas. El petróleo líquido puede presentarse asociado a capas de gas natural, en yacimientos que han estado enterrados durante millones de años, cubiertos por los estratos superiores de la corteza terrestre.

Nº 10, Abril de 2011 · Bogotá, Colombia

paramilitares, en 2002, cifra preocupante, porque además tenían presencia en casi todo el territorio nacional, con colaboración de autoridades civiles y militares, empresarios y políticos locales, como entonces ya se conocía y después se comprobó.

Sin embargo, iniciado el proceso en Ralito, declarada zona de despeje para efecto de la “negociación”, Luis Carlos Restrepo y otros voceros gubernamentales, con el respaldo de la OEA y de algunos gobiernos europeos, comenzaron a aumentar las cifras, en la medida que fueron apareciendo en la región, con uniforme militar, reconocidos narcotraficantes que fueron presentados como jefes paramilitares. Los “desmovilizados” aparecieron en masa, y aunque el gobierno reconoció la cifra de 15.000, al final llegó por extensión a 32.000 y se cree, inclusive, que en la última contabilidad de la Oficina del Alto Comisionado de Paz figuran 52.000 paramilitares incorporados a la legalidad. Es decir, reinsertados en el “proceso de paz”. En su tiempo se conocieron serias denuncias de ese abultamiento de la desmovilización paramilitar, pero todas ellas fueron desmentidas por el gobierno nacional y la oficina de la Organización de Estados Americanos en Bogotá.

Nunca hubo claridad en las desmovilizaciones. En ellas había desocupados, vagos, indigentes, delincuentes, sicarios, entre otros, como lo reconoce el V Informe sobre narcoparamilitares en 2010 de Indepaz. El destape de esta verdad sabida y conocida desde el comienzo de la

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Luego de 17 años, el 14 de febrero de 2010,

la petrolera Chevron ha sido condenada a pagar más de 9.000 millones de dólares,

luego de contaminar la Amazonia ecuatoriana.

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farsa de Ralito, produjo un escándalo este año, que tiene encartado al ex alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, por las investigaciones disciplinarias y penales. Según Camilo Goanzález Posso, presidente de Indepaz, “(las) falsas desmovilizaciones realizadas con la complicidad de autoridades civiles y militares, más declaraciones de varios ex narcoparamilitares que muestran el engaño no solo de desmovilizaciones montadas, como la del supuesto frente La Cacica Gaitana de las Farc, sino todas las realizadas que presentaron 32 mil ex combatientes de las ‘AUC’ y otros, cuando en realidad no eran más de 14 mil. Según han declarado ‘Don Berna’ e Iván Roberto Duque, se reclutaban desocupados para inflar las cifras y dejaron vivas estructuras encabezadas por mandos medios para que continuaran con los negocios legales e ilegales y las relaciones con los parapolíticos en los departamento, municipios e instituciones centrales del Estado”1.

Por las revelaciones de “Don Berna” e Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez), así como las declaraciones y confesiones de otros ex dirigentes paramilitares, se conoce no solo el engaño de la desmovilización de miles de embuchados, incluyendo la venta de cupos a reconocidos narcotraficantes, que fue consentida por Luis Carlos Restrepo y Sabas Pretelt de la Vega, sino también que los jefes desmovilizados dejaron sus brazos (mandos medios) que conformaron las mal

1 Véase, V Informe sobre narcoparamilitares en 2010, Bogotá, Indepaz.

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llamadas Bacrim, que no son más que el reciclaje del viejo narcoparamilitarismo con presencia en casi todo el país, así el anterior y el actual Gobierno no lo reconozcan. Estas “Bacrim”, como está comprobado, siguen actuando con complicidad de autoridades civiles y militares, empresarios y parapolíticos, que se apoyan en ellos para la guerra sucia, la lucha contrainsurgente y consolidar el poder local.

Estos grupos se han multiplicado y a pesar del esfuerzo del gobierno nacional por explicar que son delincuentes comunes al margen del Estado, no logra demostrarlo pues tienen que ver con los crímenes contra líderes sociales y son los que adelantan campañas de amenazas e intimidación a los luchadores populares. Son bandas dedicadas al narcotráfico pero a la vez instrumento de la lucha contrainsurgente y del desmantelamiento de las organizaciones sociales y populares con la casi nula reacción de las autoridades.

Es la demostración del fracaso de la desmovilización paramilitar, como lo reconocen sus propios capos en prisiones colombianas y estadounidenses, pero también de la “seguridad democrática”, soporte ideológico de la guerra uribista y del actual gobierno, así éste la acepte con actitud vergonzante.

Como si fuera poco, el escándalo se extendió a la desmovilización de núcleos guerrilleros, presentada como enorme logro por el ex comisionado Luis Carlos Restrepo. El 17 de marzo de 2006, en La Tebaida, municipio de Alvarado, departamento de Tolima, Luis Carlos Restrepo, acompañado del desertor de las FARC, Olivo Saldaña, testigo de profesión contra dirigentes de izquierda, anunciaron con bombos y platillos, en ridícula ceremonia, la entrega de las armas y la reinserción de 66 guerrilleros del frente Cacica La Gaitana de las FARC del cual nadie tenía noticias.

Los guerrilleros “desmovilizados”, encabezados por su “comandante” un guerrillero extraño de cola de caballo, vestían uniformes nuevos, botas nuevas también y estaban recién afeitados y bañados, aunque se dijo que estaban

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llegando de “una larga caminata hacia la libertad”. Restrepo y Saldaña anunciaron la entrega de un avión de las FARC y de este grupo, que según ellos operaba en Tolima, pero la aeronave estaba en un aeropuerto de la Costa Atlántica. En pocos días se demostró que el avión pertenecía a un narcotraficante de nombre Hugo Alberto Rojas a quien quisieron desmovilizar en esa oportunidad y después fue extraditado a Estados Unidos.

El semanario VOZ denunció en ese momento, lo que se conoció con pruebas cinco años después. Álvaro Vásquez, columnista, publicó un artículo, el 15 de marzo de 2006, en que señalaba sin ambages que era “un culebrón del doctor Ternura y criticaba la actitud de investigadores de la derecha como Alfredo Rangel, quien calificó el hecho falso como “el más duro golpe a las FARC en toda su historia”2. Hernando López, periodista, también en la edición del 15 de marzo de 2006, ridiculizó la farsa de La Tebaida, criticando la comedia de Restrepo y Saldaña3.

2 Semanario VOZ la verdad del pueblo. Edición del 15 de marzo de 2006. Columna Enfoque de Álvaro Vásquez, “El culebrón del doctor Ternura”, p. 7.

3 Semanario VOZ la verdad del pueblo. Edición del 15 de marzo de 2006. Artículo de Hernando López, “La historia del avión fantasma y la desmovilización del sapo”, p. 2

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Régimen político y discurso

Derrame de petróleo o marea negra sobre el Golfo de México, el 20 de abril de 2010, segundo más grande de la historia.

Nº 10, Abril de 2011 · Bogotá, Colombia

Cinco años después se comprobó la farsa y Luis Carlos Restrepo está respondiendo ante las autoridades por el despropósito y el engaño que significaron esta y otras desmovilizaciones de guerrilleros y paramilitares. Abundan las nuevas denuncias. Alías “El Tuso”, reconocido narcotraficante, reveló que compró el ingreso a las “AUC” para desmovilizarse y recibir los beneficios de la ley de justicia y paz. Asimismo, Freddy Rendón, alias El Alemán, hermano del narcotraficante “Don Mario”, también hizo denuncias similares. Y todavía el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y los principales voceros de su gobierno para esos azarosos menesteres, lo continúan negando y atribuyéndolo a “conjuras terroristas”, para justificar y defender tanto torcido ilegal en los dos gobiernos de Uribe.

Como colofón de esta historia está el fracaso de la tristemente célebre “seguridad democrática”. Uribe Vélez impuso la guerra y en ella el “todo vale” para ganarla, no importa si era necesario llevarse por delante la Constitución y la ley. Las investigaciones deben avanzar para superar la tradicional impunidad de que siempre disfrutan los representantes de la clase dominante colombiana. Y lo más importante: el nuevo gobierno debe entender que no hay salida militar del conflicto que sí existe; la única alternativa es la solución política negociada que abra el camino a una paz con democracia y con justicia social.

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De acuerdo con lo establecido en la Constitución, a más tardar, el 7 de mayo del año en curso, el Plan

Nacional de Desarrollo se encontrará aprobado por el Congreso. Como ha sido usual desde que los planes adquirieron fuerza de ley, las bancadas mayoritarias del Congreso acompañan, sin mayor controversia, el proyecto de plan presentado por el gobierno. El plan de la Prosperidad para todos no será la excepción.

A la aprobación del Plan le seguirá la disputa por la contratación que se deriva de él. El ciclo por la apropiación privada de dineros públicos continuará su curso. Los empresarios favorecidos serán probablemente otros. El país escuchará de los sucesores de los Vélez Sierra o de los Nule. Seguramente se hablará de nuevos cacaos y también de nuevos cacos. La corrupción, otra de las formas de la acumulación no legal de capital, mostrará su carácter consustancial a las condiciones de la reproducción capitalista.

Continuidad y profundización de proyecto neoliberalEmpero, un plan de desarrollo es mucho más que eso. En sentido

estricto, se trata de la síntesis de la conducción política del proceso económico por parte del Estado durante un período de gobierno, con miras a consolidar un proyecto determinado de dominación de clase. Contrario a la idea que en el país no existe planeación y que

Retórica y recursos de un proyecto de dominación de clase.Las cifras de la Prosperidad para todos

Jairo Estrada ÁlvarEz

Profesor del Departamento de

Ciencia Política Universidad Nacional

de Colombia

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Los Saltos de Guairá, el Salto de Sete Quedas (en español: Salto de las siete cascadas) o Salto Guaíra era la mayor cascada de agua del río Paraná hasta su desaparición en 1982 con la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú. En ocasiones se logra ver parte de las cascadas, cuando el nivel de agua de la represa está bajo.

Nº 10, Abril de 2011 · Bogotá, Colombia Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014

cada gobierno trae sus propias prioridades, en Colombia es evidente que durante las últimas dos décadas, con algunas discontinuidades parciales, la planeación ha respondido en lo esencial las demandas del proceso de neoliberalización de la economía y se ha constituido en un factor de gran significado para las reconfiguraciones del modelo económico y la profundización del proceso de transnacionalización y de desnacionalización de la economía.

Para quienes con desvergüenza o con ingenuidad aprecian en la presidencia de Santos una ruptura de tendencia en el régimen de dominación de clase, el plan de la Prosperidad para todos es la fehaciente demostración de que no es hora de titubeos o de quimeras al momento de indagar por el carácter del actual gobierno. A Santos hay que creerle. En lo esencial, su gobierno representa la continuidad del proyecto político-económico de la seguridad democrática. Desde luego con algunos cambios de acento y de forma.

En materia económica, es indiscutible la profundización del proyecto neoliberal y la pretensión de avanzar en su constitucionalización. El Plan debe ser estudiado como parte de un paquete de medidas que comprenden los actos

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legislativos para establecer el derecho a la sostenibilidad fiscal y reformar el régimen de regalías, el proyecto de ley que define la regla fiscal, la ley de formalización y de primer empleo, la reforma al régimen de salud, la ley de víctimas y de restitución de tierras (en sus aspectos económicos), el otorgamiento de facultades extraordinarias para reformar el Estado, el proyecto de reforma a la educación superior y los anunciados proyectos de ley de desarrollo rural y de reforma pensional, así como la reforma tributaria en ciernes, entre otros.

Estos diseños normativos muestran un reforzamiento del discurso y de la retórica de la tecnocracia neoliberal. Mucho más refinada, incluso sofisticada, y sobre todo profundamente articulada con la arquitectura diseñada por los organismos multilaterales para un sistema capitalista en crisis, que intenta rehacerse y reconfigurarse espacialmente a fin de consolidar y potenciar nuevas fuentes de valorización a escala planetaria. Es tal la proyección técnica del discurso político-económico, que –en el caso del Plan– sectores de la intelectualidad, particularmente de los economistas, parecieran haber quedado seducidos por su “limpieza disciplinar”, y su “coherencia técnica”. Se ha dictaminado que el documento sobre las bases del Plan se encuentra muy bien elaborado “técnicamente”. A tal documento debe reconocérsele, en efecto, su compromiso militante con las causas del proyecto del capital en el momento actual, expresado en un lenguaje actualizado y sintonizado con las más recientes elaboraciones teóricas de un neoliberalismo que despliega en forma incesante una indiscutible capacidad adaptativa.

Las principales cifras del PlanPara analizar los verdaderos alcances de un plan de desarrollo es

necesario examinar la relación entre su retórica y la asignación de recursos. Prosperidad para todos costará 563.9 billones de pesos. De ese total, el componente de financiación privada del Plan corresponde a 227.5 billones de pesos, 40.3 por ciento del total; el resto 336.4 billones, 59.7 por ciento, provendrán de financiación pública. Esta estructura básica de los recursos da cuenta, por una parte, de una tendencia que se ha consolidado desde tiempo atrás: planes de desarrollo desfinanciados por

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el Estado que, al depender en forma creciente de las fuentes privadas, contribuyen a allanar el camino ya recorrido de un concepto de gerencia pública que responde en lo esencial a la lógica del negocio privado; por la otra, del hecho de que a pesar de ser un plan de inversiones públicas, se le contabilizan recursos que, en sentido estricto, son de funcionamiento. Me refiero a buena parte de los recursos del sistema general de participaciones (SGP), los cuales se destinan para financiar gasto público social de los entes territoriales: en el plan actual se trata de 99.4 billones de pesos, esto es, 16.7 por ciento del total.

Plan de inversiones 2011 - 2014(millones de pesos constantes de 2010)

Pilares, objetivos y estrategias

Central DemocratizadoEntesterritoriales

Privado SGP Total

Crecimiento sostenible y

competitividad37.745.602 823.185 11.824.621 208.328.159 5.030.496 263.744.062

Igualdad de oportunidades

para la prosperidad

social

53.976.213 13.158 18.212.902 14.337.008 81.542889 168.082.169

Consolidación de la paz

76.542.685 6.061 86.131 76.634.877

Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo

17.939.616 5.399.138 5.636.344 4.769.454 33.735.552

Soportes transversales de

la prosperidad democrática

8.705.075 167.096 12.838.897 21.711.068

Fuente: Proyecto de ley por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo

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La represa hidroeléctrica de Itaipú (del guaraní, «piedra que suena»), es una empresa binacional entre Paraguay y Brasil, en su frontera sobre el río Paraná. En la construcción fue necesario extraer más de 50 millones de toneladas de tierra y piedras.

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La mayor parte de los recursos del plan, 263.7 billones de pesos, será para el componente de crecimiento sostenible y competitividad, en el cual se condensa en gran medida la estrategia económica neoliberal en su etapa actual. Allí se encuentran las locomotoras de Santos. A ellas se destinarán 234.4 billones, 41.6 por ciento del total de los recursos. Según el Plan, a la cabeza se encuentra el desarrollo minero y la expansión energética (96.6 billones – 17.1 por ciento); seguido de vivienda y ciudades amables (92.2 billones – 16.4 por ciento), infraestructura de transporte (33.7 billones – 6 por ciento) y de actividad agropecuaria y desarrollo rural (11.7 billones – 2 por ciento). Como se aprecia, se está frente a un plan de consolidación del proyecto de reprimarización trasnacionalizada, con énfasis en minería, hidrocarburos y energía hidráulica, que concede parte importante de sus expectativas al sector de la construcción. El sector agropecuario pareciera ser la cenicienta de las locomotoras.

Por otra parte, es importante señalar que las locomotoras serán financiadas en un 80.9 por ciento (189.7 billones) con inversión privada. Y el resto, 19.1 por ciento (44.7 billones), con inversión pública. Se trata, en lo esencial, de las inversiones que harán las transnacionales en minería, hidrocarburos, represas e hidroeléctricas, y en agrocombustibles. Asimismo, de la inversiones del sector financiero en vivienda (incluidos los megaproyectos de vivienda social) y de aquellas de contratistas de obras de infraestructura.

Al soporte social del plan denominado igualdad de oportunidades para la prosperidad social, se le destinarán 168.1 billones de pesos (29.8 por ciento del total). Cerca de la mitad de esos recursos (81.5 billones) corresponde al SGP que, como ya se dijo, financia sobre todo funcionamiento; 14.4 billones (8.6 por ciento) provendrán del sector privado y el resto (72.2 billones) del gobierno central y de los entes territoriales. Este componente desarrolla con plenitud las concepciones

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neoliberales que en materia social ha venido imponiendo el Banco Mundial durante los últimos lustros bajo el concepto del manejo social del riesgo: organización de la protección social de acuerdo con la lógica del negocio del aseguramiento y atención a las víctimas del mercado con subsidios a la demanda. Todo ello, unido a un entendimiento de los derechos reducido al acceso o a las oportunidades, en el que cada uno termina como responsable de su propio destino, en función de sus capacidades de autovalorización del capital humano o de emprendimiento.

Pese a la declaratoria oficial de un (inexistente) posconflicto, lo cual ha tenido otros desarrollos legales, como la Ley de víctimas y de restitución de tierras, en el Plan no se observa consecuencia alguna en términos de recursos con ese anuncio: durante el gobierno de Santos, se destinarán 7.96 billones (1.4 por ciento del total de los recursos del Plan) para atender a la población víctima del desplazamiento forzado.

La consolidación de la paz, con 76.6 billones de pesos (13.6 por ciento del total del Plan), representa a la vez el componente que será financiado casi en forma exclusiva con aportes del gobierno central (ver cuadro de las cifras del Plan). La composición de los recursos de este componente es ilustrativa por sí sola. 59.5 billones para seguridad (77.7 por ciento); 16 billones para justicia (20.9 por ciento) y 1 billón de pesos (1.4 por ciento) para derechos humanos y derecho internacional humanitario –¡en cuatro años!–. El cinismo al extremo: la financiación de la guerra como política de paz. La

Contrario a la idea que en el país no existe planeación y que cada gobierno trae sus propias prioridades, en Colombia es evidente que durante las últimas dos décadas la planeación ha respondido en lo esencial las demandas del proceso de neoliberalización de la economía y se ha constituido en un factor de gran significado para las reconfiguraciones del modelo económico y la profundización del proceso de transnacionalización y de desnacionalización de la economía.

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demagogia de Angelino, el vicepresidente, sobre los compromisos del Estado colombiano con los DD.HH. y el DIH al desnudo.

El componente de la sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo le quita con suma prontitud la máscara a quien según Al Gore podría ser el presidente del cambio climático, y demuestra que no es suficiente el beneplácito de los mamos de la Sierra. De los 33.7 billones de este rubro, 25.8 billones corresponden a la respuesta a la ola invernal y el resto (7.8 billones) a gestión ambiental para el desarrollo sostenible. De estos últimos, el 93 por ciento será provisto por las corporaciones regionales y los entes territoriales, y sólo el por 7 ciento por el gobierno central. El sector privado está totalmente ausente. Estremecedor, dada la economía extractiva y de producción de energía en pleno proceso de despliegue. Neoliberalismo rampante, depredador.

Por último se encuentra el componente de los soportes transversales de la prosperidad democrática, una mezcla de la retórica del buen gobierno y la nueva gerencia pública, con políticas de profundización de la inserción neoliberal en el mercado mundial y apoyos al desarrollo regional. Se trata de una reafirmación de la concepción neoliberal del Estado y de su correspondiente organización institucional. A este componente se le destinarán 21.7 billones de pesos, 3.8 por ciento del total. De ellos, 16 billones (73.7 por ciento) serán para apoyo regional, el cual será financiado en un 80 por ciento con recursos del SGP. El resto se reparte principalmente entre recursos para el buen gobierno (5 billones) y los planes de consolidación (3.2 billones), parte integral de la estrategia de guerra.

En síntesis, con la Prosperidad para todos se está en presencia de un plan de desarrollo concebido para fortalecer la estrategia de acumulación de largo plazo, diseñada en el Plan 2019. El plan se fundamenta en lo esencial en la inversión transnacional y garantiza su protección militar. Y, claro está, comprende diseños de política social de regulación neoliberal del mercado de trabajo y de la protección social.

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Ivy Mike fue la primera bomba termonuclear de fusión nuclear. Se probó en 1952 y produjo una fuerza aproximadamente 650 veces más grande que la de las armas desarrolladas por Oppenheimer durante la Segunda Guerra Mundial. Realizó una bola de fuego de 5 km de diámetro y una nube de hongo de unos 17 km de alto en menos de 90 segundos de su detonación, la cual dejó un cráter de 1.9 km. de diámetro y 50 m de profundidad en Elugelab (parte del atolón de Enewetak)

Nº 10, Abril de 2011 · Bogotá, Colombia Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014Nº 10, Abril de 2011 · Volver

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Docente de ciencias sociales

Universidad Distrital Francisco José

de Caldas

Frank Molano CaMargo

Todo régimen de saber se funda en la instauración de un estatuto de verdad que impone un conjunto

de ideas para organizar y administrar la sociedad. En los últimos años el capital monopólico imperialista ha venido conformando su propio régimen de saber, y las reformas educativas son parte de tal nuevo estatuto de verdad.

En ese sentido se propone analizar la propuesta de Reforma de la Ley 30 de Educación Superior, presentada por el gobierno de Santos, que entre sus principales argumentos plantea que “… si queremos dar el salto al desarrollo y ser la promesa cumplida de los CIVETS y hacer realidad los pronósticos del HSBC, Colombia necesita un sistema de educación superior acorde a nuestras realidades y metas. ( …) Y porque de hecho, para ingresar a la OCDE, esa organización de países con buenas prácticas a la que estamos postulando, debemos mostrar mejores indicadores en

La propuesta de reforma de la Ley 30: Un régimen de saber para el gran capital

La reforma de la conciencia consiste sólo en hacer consciente al mundo de sí mismo, en

reactivarle de su aturdido replegamiento sobre sí, en explicarle sus propias acciones.

Carlos Marx (Anales Franco Alemanes)

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Cápsula de combustible preparada para el reactor de fusión, rellena de deuterio y tritio. Uno de los desarrollos en energía nuclear después de la segunda guerra mundial.

Nº 10, Abril de 2011 · Bogotá, Colombia Neoliberalismo rampante

cuanto a formación académica”. (MEN, La inversión en educación, el mejor negocio que puede hacer un país, marzo 2011).

Esta es la más osada propuesta de transformación capitalista de la universidad; ninguno de los anteriores gobiernos neoliberales se había atrevido a tanto. En esencia, la reforma articula aspectos de orden económico, administrativo, político e ideológico para pasar de una subordinación formal de la universidad a la subordinación real de la universidad al gran capital.

La universidad en el capitalismoDesde que se empezó a consolidar en el siglo XIX el sistema universitario de cada

nación, ha existido una relación entre capital y universidad, la cual se contextualiza en las diferentes formaciones sociales, ya sean éstas Estados imperialistas o naciones dominadas y según sea la correlación de fuerzas en la estructura de las clases dominantes: por eso hay universidades burguesas, otras clerical-feudales y otras más de tipo gamonal-terrateniente.

El siglo XIX vio los procesos de centralización y secularización de las universidades como parte de la construcción de identidades nacionales modernas, necesarias para la

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expansión capitalista. Durante gran parte del siglo XX se produjo un mayor acople entre mercado y universidad, en cuyo marco ésta última aportaba elementos para el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo y la diseminación de la ideología burguesa. Algunos teóricos llegaron a proponer una distinción entre universidades y empresas –en ese momento de Estados de bienestar– y modelos desarrollistas en el Tercer Mundo, caracterizando a las universidades como “organizaciones suaves” en contraste con las organizaciones duras: empresas propiamente capitalistas guiadas por criterios de desempeño económico y rentabilidad, en tanto las primeras eran sistemas “flojamente acoplados” al mercado, pues su configuración y legitimidad estaban soportadas en la aceptación social y oferta de diversas propuestas en un amplio espectro de saberes provenientes del arte, la ciencia y la cultura, es decir, sin una determinación directa del mercado capitalista.

En la fase neoliberal, que corresponde a las nuevas demandas derivadas de la modernización y desarrollo capitalista en momentos en que el imperialismo transita a un momento de mayor concentración de capitales en unos pocos megamonopolios que se expanden a nivel global, se está poniendo fin a la distinción entre organizaciones sociales débiles y fuertemente acopladas al considerarse que todas las organizaciones, e incluso los sujetos y sus subjetividades, son empresas mercantiles.

Es ahora cuando la Universidad es convertida por el capitalismo en una de las manifestaciones más simbólicas del saber burgués y la expresión más ideológica del poder del capital, ya que transitando hacia una racionalidad gobernada por la lógica de la empresa y la ganancia garantiza la diseminación ampliada del conocimiento y de la ideología, aspectos que son validados como los más pertinentes para las necesidades de la globalización capitalista, restringiendo y silenciando aquellos que no concuerdan con los intereses del modo hegemónico de conocer y dominar.

Al establecer una correlación entre

el Plan nacional de Desarrollo

“Prosperidad para todos”, la Reforma

de la Ley 30 y la Ley de Primer empleo

y Formalización y Arremetida,

encontramos que se trata de la

instauración de un nuevo régimen de

saber que socava la función formativa de

la universidad.

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Las tendencias globales de reforma de los sistemas universitariosLa Reforma de la Ley 30 hace parte del ciclo de reformas de última generación

que se imponen a escala global, las cuales están promoviendo una nueva división internacional del trabajo universitario requerida para esta fase de hiperconcentración monopólica del capital. Es así como se establece que la producción de conocimientos de punta y la preparación de los cuadros científicos y dirigentes de alto nivel queda a cargo de los sistemas de educación superior de Europa central y Estados Unidos, dejando una categoría intermedia de científicos y decodificadores del conocimiento de punta en las economías capitalistas de segundo orden y emergentes, mientras que a las fronteras del “Tercer Mundo”, donde se encuentran los nichos de riqueza estratégica (recursos naturales, paraísos turísticos, enclaves manufactureros y nuevos segmentos de población para el consumo de servicios), se le asigna como tarea del sistema de educación superior el lugar de traducción y consumo de los saberes expertos, la producción masiva de sus cuadros técnicos y profesionales de nivel medio y la masificación de trabajadores flexibles, precarizados y con dosis básicas de capital humano.

Lo anterior aparece claramente en varios apartados del articulado de la propuesta de Reforma de la Ley 30. Veamos:

En primer lugar un lenguaje plagado de llamados a no quedar por fuera de los beneficios de la globalización capitalista, restringiendo términos y categorías que relacionen educación superior y cuestiones nacionales.

Creación de condiciones jurídicas para transformar el carácter de las instituciones de educación superior, convirtiéndolas en empresas mixtas que tienen la exigencia de atraer inversores privados (criollos y extranjeros) para dar cumplimiento a la nueva propuesta misional: generar rentabilidad.

Diversificación y flexibilización de la oferta educativa sin cuestionar el lugar asignado en al división internacional del trabajo educativo, expandiendo con ayuda del capital privado y con el estímulo de obtener lucro y ganancia las opciones de estudio, diferenciación de planes y programas, ampliación de las trayectorias educativas, modalidades de estudio flexible en grados diversos de tiempo y espacio, pero –como lo establece el Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos”– reduciendo el horizonte formativo a la trasmisión de competencias para el trabajo en función de las “5 locomotoras”. Esto busca generar modos de autocoacción y presión de la institución y del profesorado para sacar provecho de las funciones

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Paisaje del Eje cafetero Colombiano.

Fotografía: Xavier Corredor Llano

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lucrativas implicadas en esta más estrecha supeditación al mercado, desestimulando relacionamientos académicos, culturales y políticos que pongan en riesgo la tasa de ganancia.

La transformación de la universidad en empresa educativa conlleva a que estas unidades de maximización de ganancia busquen reducir los costes laborales, abaratando y entrabando el incremento salarial de los educadores y de los recursos pertinentes para la investigación, la extensión y la docencia. A su vez, la propuesta de reforma se centra en un concepto de calidad como sinónimo de los resultados en la evaluación y en los procesos de acreditación, pero contempla, en nombre de la transparencia y la equidad, convocar un ente acreditador privado que transfiera, regule y califique a partir de su experticia en procesos de calidad asociados como hecho natural al sector privado.

Se pone fin de una vez por todas a la autonomía universitaria, imponiendo desde el Estado el tipo, carácter y composición del gobierno universitario que deben tener las instituciones de educación superior.

En materia de inversión, condiciona el aporte estatal a los desempeños y cumplimiento de indicadores por parte de cada institución educativa. Es decir, premios para los que se comporten como empresas capitalistas y castigos y sanciones para los que no lo hagan. Esto permite ligar el sistema de financiamiento a los resultados de evaluación, acreditación y rendición de cuentas. Además, el gobierno aspira a que simultáneamente sea aprobada la Ley de Sostenibilidad Fiscal, que consagra el “buen manejo” de las finanzas y la macroeconomía como principio constitucional y derecho de derechos, lo que quiere decir que el Estado, los entes territoriales e incluso las mismas Instituciones de

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La producción en cadena, producción en serie o fabricación en serie fue un proceso revolucionario en la producción industrial cuya base es la cadena de montaje.


Educación Superior no pueden generar gasto público que conlleve a déficits fiscales. Más claro no puede ser: no habrá inversión en educación superior, así que les corresponde a las IES cotizarse en el mercado para atraer inversión de capital.

Al establecer una correlación entre el Plan nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, la Reforma de la Ley 30 y la Ley de Formalización y Primer empleo, encontramos que se trata de la instauración de un nuevo régimen de saber que socava la función formativa de la universidad, uno de cuyos logros y tareas en América latina fue posibilitar a los estudiantes y maestros relacionarse críticamente con el conocimiento universal y público de la experiencia y de la reflexión de la humanidad a lo largo de la historia para fortalecer el conocimiento de los estudiantes. La Universidad es entendida como mediadora crítica de la utilización del conocimiento, es decir, en medio de la tensión entre reproducción y cambio social.

Nº 10, Abril de 2011 · Bogotá Colombia Neoliberalismo rampante Volver

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Politóloga , estudiante de la maestría

en Historia Universidad Nacional

de Colombia

Paola andrea Salazar Carreño

Macroproyectos de vivienda de interés social:Gran negocio con la pobreza

El Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) del gobierno de Juan Manuel Santos ha definido el sector de

Vivienda y Ciudades Amables como una de sus locomotoras y le ha destinado una inversión total de 56 billones de pesos1. Uno de los aspectos centrales en este campo se encuentra en el propósito de revivir los denominados Macroproyectos de Vivienda de Interés Social Nacional2 (MISN), propuestos por primera vez en el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007 del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

Tal artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-149 de 2010 al considerar que dichos macroproyectos (MISN) “desplazan las competencias asignadas a los concejos municipales o distritales en materia de adopción, elaboración, revisión y ejecución de los planes de

1 Departamento Nacional de Planeación (2010). “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: prosperidad para todos. Plan Plurianual de Inversiones”. Bogotá, D.C. p.581.

2 Congreso Nacional de la República. (2010, 13 de Diciembre), “Proyecto de Ley 208 de 2010 –Senado- por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable”, en Gaceta del Congreso, núm 1.078. Bogotá, D.C

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Vista aérea de la ciudad de Chicago. Estados Unidos.


ordenamiento territorial (POT), en asuntos de alto impacto para el desarrollo de los municipios o distritos”. El artículo desconocía las competencias atribuidas a los entes territoriales por la Constitución Política así como los principios de descentralización territorial y autonomía, excluyéndolos además de su derecho a participar en este tipo de políticas.

No obstante, el gobierno de Juan Manuel Santos ha revivido la propuesta bajo el proyecto de ley 208 de 2010 (Senado) “Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable”, y pretende subsanar la inconstitucionalidad ya señalada. La nueva propuesta busca promover este tipo de macroproyectos incurriendo en las mismas fallas que señaló la Corte, dado que la autonomía de los entes territoriales queda reducida a su posibilidad de concertar con el gobierno el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas, sin que ello implique una formulación y participación más decisiva. Por otra parte, el proyecto de ley propone una categoría de MISN para ajustar las disposiciones del POT, es decir, abre la posibilidad de ajustar el ordenamiento territorial cuando se requiera.

Más allá de las discusiones sobre las evidentes violaciones a la autonomía de los entes territoriales, en este artículo se realiza un análisis crítico del mencionado proyecto de ley con el propósito de proponer una discusión más amplia, que trascienda (y desmienta) el discurso paternalista del gobierno frente a los denominados MISN, como generadores de oferta de vivienda a la población en situación de pobreza.

En ese sentido, debe señalarse, en primer lugar, que en el proyecto de ley no es clara la definición de macroproyecto, lo cual impide su diferenciación de otros planes y proyectos de vivienda. Esta indefinición le es útil a los propósitos del gobierno al desconocer

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Palma de cera. Son aprovechadas para la obtención de cera vegetal, confección de

adornos y ramos para la época de “Semana Santa”, llevándolas al borde de la extinción.

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los lineamientos de política establecidos en el Conpes 3583 de 2009 para la habilitación de suelo y generación de oferta de vivienda3, pues no lo compromete específicamente con la generación de Vivienda de Interés Social (VIS) ni Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Haciendo referencia únicamente a “Vivienda” se deja abierta la posibilidad de generación de grandes proyectos que tengan poco o nada que ver con el propósito de beneficiar a la población de bajos ingresos en los municipios o distritos del país donde se concentra el déficit habitacional4.

En segundo lugar, el proyecto contempla “otros usos del suelo”5 no necesariamente ligados a la vivienda dentro de los MISN. De esa forma, el gobierno tendrá la facultad de reglamentar la cantidad de suelo que puede ser destinado al establecimiento de zonas francas o comerciales para incentivar la inversión privada en el sector, bajo el pretexto que estos usos pueden generar una mayor rentabilidad comparada con la simple construcción de Vivienda de Interés Social. Asimismo, cabría preguntarse si estos “otros usos” son compatibles con la vivienda y las condiciones socioambientales y salubres óptimas para el asentamiento de un gran número de familias.

En tercer lugar, la localización de los macroproyectos se ubica de manera preferencial en “zonas de expansión urbana o rural” que, en otros términos, se refiere a la periferia de las grandes o medianas ciudades. De esa manera, se generan las condiciones para una reconfiguración del territorio que favorece la construcción de bolsones de pobreza alejados de los centros urbanos y cuya implicación fundamental sería el estímulo a la expansión de las grandes ciudades agravando los problemas de planeación ya existentes y provocando la

3 Departamento Nacional de Planeación- Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2009, 28 de Abril) Conpes Número 3583 “Lineamientos de política y consolidación de los instrumentos para la habilitación de suelo y generación de oferta de vivienda”. Bogotá, D.C.

4 Ibídem.5 Proyecto de ley 208 de 2010, ob. Cit., artículos 1 y 2.

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Niveles de polución en China. Imagen satelital.


marginación socioeconómica e incluso estigmatización social, tal y como ha ocurrido en el caso chileno.

Por otra parte, aunque se advierte que dichas zonas deberán tener infraestructura vial, transporte, servicios públicos, espacios públicos y equipamientos colectivos6, la pregunta que debe plantearse en términos económicos es, por un lado, si la infraestructura para la habilitación del suelo incidirá en la elevación desmedida de las tarifas de servicios públicos para los habitantes del lugar y, por el otro, en qué medida los terrenos destinados para esos macroproyectos estarán acondicionadon debidamente con agua potable y otros recursos necesarios para la vivienda.

En cuarto lugar, la ubicación de los macroproyectos está prevista en terrenos que tienen riesgo de padecer catástrofes naturales. Un ejemplo entre los 10 MISN que se adoptaron7, es aquel de Ciudad verde de Soacha, de financiación totalmente privada, ubicado en un terreno con riesgo de inundaciones, plenamente identificado en los estudios previos. Esto cuestiona directamente los estándares de calidad para la ubicación de dichos macroproyectos al señalar que no basta identificar “suelo barato” para poder generar vivienda, sin tener en cuenta los eventuales riesgos de la población. Al mismo tiempo, la falta de especificidad sobre los parámetros a considerar hace necesario replantear los criterios evaluados por los estudios técnicos hasta el momento realizados para soportar la “habilitación del terreno” y asegurar de igual manera, que las características de las viviendas permitan formas de viviendas dignas para las familias asentadas.

En quinto lugar, los macroproyectos se ubican como una solución específica de vivienda urbana o semiurbana. La selección de los municipios o centros urbanos está limitada evidentemente por las restricciones a la participación de los mismos en el proceso. Lo anterior, genera inquietudes, por un lado, sobre la posible exclusión de los municipios pequeños o medianos y, por el otro, sobre el impacto socioeconómico que

6 Ibíd.., artículo 1.7 Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Información

disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=871&conID=3595. Consultado Marzo de 2011.

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El sapo dorado fue visto por última vez el 15 de mayo de 1989. Desde 1980 se registra un creciente declive en las poblaciones de anfibios en todo el mundo.

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puede provocar la migración de la población hacia las grandes ciudades o la periferia de las mismas dado éste tipo de iniciativas. Estas consideraciones pueden tener como consecuencia una migración poblacional significativa, así como el aumento de las cargas de bienes y servicios para los municipios o distritos receptores de esa población, entre otros.

Por otra parte, el proyecto de ley no prevé las medidas necesarias para evitar la especulación del precio de las tierras; no se contempla un mecanismo efectivo de congelación de precios para evitar que los valores de los terrenos donde se van a construir los macroproyectos se eleven desmedidamente, aún antes de adquirirlos. Esto implica, en otras palabras, la ausencia de mecanismos para impedir el enriquecimiento de los propietarios de los terrenos donde se propone la generación de los grandes proyectos de vivienda. En el mismo sentido, la propuesta se establece para privilegiar principalmente a los urbanizadores y los constructores privados cuyo aporte se estima por lo menos en 34 billones de pesos8, para el conjunto del sector vivienda.

Como se ha señalado, el proyecto de ley hace caso omiso a los lineamientos de política y estrategias establecidos por el Conpes 3583 de 2009 que resalta la necesidad de integridad de los MISN y los define como planes de acción que permitirían promover procesos de producción de VIS y VIP a gran escala, con el propósito de facilitar el acceso al mercado formal del suelo y de vivienda a la población de bajos ingresos en los municipios o distritos del país donde se concentra el déficit habitacional9. Los macroproyectos no se inscriben dentro de una política pública nacional de vivienda porque no son propuestas urbanas integrales y no necesariamente se dirigen a

8 “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (…)”, ob. cit, p. 580.9 Conpes Núm 3583, ob. Cit..

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Polución en Bogotá D.C., Colombia.


favorecer a la población de bajos ingresos. En ese sentido, apenas se aproximan a las mismas políticas neoliberales de reducción de la pobreza.

De hecho, una falencia central del proyecto es no contemplar instrumentos de demanda importantes para eliminar las barreras financieras y permitir que la población en situación de pobreza pueda acceder a este tipo de viviendas (trabajadores del sector informal que conforma el 70% de la demanda, población desplazada o de SISBEN 1, población vinculada a Ahorro Voluntario Contractual o Subsidio de Vivienda Familiar)10. Este desajuste entre la oferta y la demanda impide considerar una estrategia central para subsanar los problemas principales detectados, entre los que se cuentan: “i) restricciones de liquidez, ii) altos precios del suelo urbano y de expansión para la construcción de vivienda popular y, iii) escasa flexibilidad de la oferta habitacional para estos hogares”11.

En suma, los macroproyectos de vivienda de interés social son una estrategia gubernamental que busca favorecer principalmente a los inversores privados vinculados al negocio de la vivienda (incluyendo las instituciones financieras), así como a los especuladores de la tierra, vulnerando la planeación y la autonomía de los entes territoriales, y presionando procesos de reordenamiento socioespacial y económico en función de la acumulación de capital en zonas urbanas. Sus impactos saltan a la vista: afianzamiento de la marginación, aislamiento y estigmatización socioeconómica de las familias asentadas en estos conglomerados urbanos; así como la pretensión de imponer un concepto de regulación política de la pobreza a partir de precisas definiciones geográficas. Es suma: estamos asistiendo a la proyección de un gran negocio con la pobreza.

10 Ibid.11 Citado en ibid., p. 3.

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Japón: Opción Cero

Doctor en HistoriaProfesor Universidad

Nacional

RicaRdo Sánchez ángel Se calcula que la cifra de muertos puede llegar a diez mil y a trece mil la de los desaparecidos,

según lo dicho por las autoridades japonesas, en la región de Tohoku, Isla de Honshu al Norte, como consecuencia de un devastador terremoto y posterior tsunami, uno de los más gigantescos de la historia del planeta Tierra. Con cada día que pasa aumenta en forma dramática el número de muertos.

La escasez de alimentaos y agua –algunos contamiados–, la destrucción de viviendas, edificios públicos, hospitales, centros de educación e infraestructura de todo orden, el colapso en las comunicaciones, el cese de actividades de parte significativa de la industria y el circuito económico, además del pánico general y la confusión generada, forman parte del balance de lo acontecido.

Otros desastres tristemente célebres son los generados en Chile en 1960, los cuales tuvieron impacto en Filipinas y Hawai y dejaron cerca de 6 000 muertos; el de Filipinas en 1976 causó 8 000 muertos; el del Sudeste

“Hay lágrimas en los ojos de los peces”Basho, Matsuo*

*Sendas de Oku. Versión castellana de Octavio Paz y Eikichi Hayashiya, Fondo de

Cultura Económica, 2005

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Kilimanjaro, Febero 1993 Kilimanjaro, Febero 2000

Nº 10, Abril de 2010 · Bogotá, Colombia Capitalismo en crisis

Asiático en el 2004 con 230 000 muertos; el de Indonesia en 2006 con 700 muertos y el de Chile en 2010 con 555 muertos. Hay que incluir el sismo de Haití en 2010 con más de trescientos mil muertos. En nuestro país, en 1979 hubo 360 muertos en Nariño y estamos conmemorando con tristeza los 25 años de la destrucción de Armero con más de 23 000 muertos. Y este inventario es incompleto.

Las causalidades de estos desastres son de origen natural y están articuladas a otras originadas en el aparato económico del capitalismo. La interacción de los modelos y modos de producción con tecnologías polucionantes y destructivas altera profundamente el comportamiento y la historia natural del planeta. El paradigma del dominio de la naturaleza ha llevado a su adecuación y transformación y, simultáneamente, a su expoliación y destrucción.

En esta interacción se han construido las sociedades y las civilizaciones, pero se acentuó su aspecto destructivo, cuando el capitalismo instauró su dominio internacional industrial a comienzos del siglo XIX. Desde entonces no ha cesado de “desarrollar” destruyendo.

Lo que era necesario, separarse de la naturaleza para construir cultura y civilización, se volvió destrucción. No operó el sentido virtuoso de una praxis adecuada a los intereses de la vida planetaria como unidad holística. La

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alienación específica que implantó el capitalismo en lo humano, frente a la naturaleza, consistió en negarle a la humanidad su carácter natural, biológico. Este homocentrismo negó la jerarquía de la vida natural plena.

James Lovelock propuso la formulación de Gaia, así la bautizó el Nóbel de literatura Wiliam Golding, la cual se define como una entidad compleja que comprende la biosfera de la tierra con su atmósfera, océanos, suelos, “el conjunto que constituye un sistema de realimentación o cibernético que busca un entorno químico y físico óptimo para la vida en este planeta. El mantenimiento de las condiciones relativamente constantes mediante control activo se describe acertadamente como homeostasis”1.

El archipiélago del Japón ofrece una gran fragilidad en la cadena geológica y oceánica, sin duda acentuada por los impactos devastadores de las bombas atómicas sobre Nagashaki e Hiroschima en 1945, que produjeron centenares de miles de muertos. La militarización del Japón por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como consecuencia de la derrota de este imperio oriental ha contribuido a deteriorar aún más el ambiente natural, dado el cambio de la geografía natural de ensenadas, playas, bahías y ecosistemas y la polución concentrada que generan los combustibles tóxicos utilizados. Además, las bases norteamericanas tienen armas atómicas y nucleares.

Sin duda, que las pruebas nucleares y atómicas que durante décadas realizó Francia en el Pacífico tuvo consecuencias nefastas sobre los equilibrios, afectando la ley básica de la unidad holística.

El capitalismo limpio que se instauró en Japón como modelo propio no superó los efectos sobre la inevitable polución y

1 Dobson, Andrew. Pensamiento Verde: Una Antología. Valladolid, Trotta, 1999, p. 295).

“El movimiento a favor de la paz

se fundamenta en la más simple de las premisas: en la defensa de

la civilización, en la defensa

de la ecosfera, en el imperativo

ecológico humano”. (E.P. Thompson)

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Oscurecimiento global es un término que describe la

reducción gradual de la cantidad de luz solar observada que

alcanza la superficie terrestre desde los años cincuenta.

Se piensa que ha sido provocado por un incremento de partículas

de hollín (negro de carbón, carbonilla) en la atmósfera

debido a las actividades humanas, principalmente la

combustión, tanto industrial como en el transporte.


calentamiento de la atmósfera. Las defensas de infraestructura y de planeación antidesastres son eficaces y serias en el Japón, logrando disminuir, pero no de manera significativa, la tragedia humana.

Se debe analizar como parte de estas dinámicas y causalidades la explosión en los reactores por el sobrecalentamiento generado y el colapso en la refrigeración, con lo que, además de cuatro heridos, se produjo un escape radiactivo que obligó a la declaratoria de Alarma Nuclear dada la situación de emergencia. Comenzó en la planta nuclear de Fukushima y se extendió a las de Onagawa y Tokai. Hoy existe un verdadero pánico en el Japón y en los medios de comunicación sobre las consecuencias dañinas de la expansión radiactiva, que se está extendiendo a otros países. En la edición virtual de El Tiempo (lunes 14 de marzo), se da cuenta de la encrucijada de las autoridades: “La población japonesa, jalonada por un sector de la prensa, es cada vez más escéptica ante los mensajes de su Gobierno, que a veces son percibidos como contradictorios. Y es que, al tiempo que se insiste en que la situación está bajo control, se revelan nuevos datos alarmantes”. Este párrafo no se publicó en la versión escrita del mismo diario.

Sólo hace doce años, el 30 de septiembre de 1999, en Tokaimura, Japón, hubo una fuga de Uranio en la central nuclear que dejó como resultado dos obreros muertos y 438 más contaminados, además de la evacuación de 320 000 personas. El otro antecedente es el de 1988 en Chernobyl, Ucrania, con 200 mil muertos y 93 000 enfermos de cáncer, que causó una gran conmoción mundial y abrió un debate en la opinión pública sobre la validez de la energía nuclear para fines civiles.

La energía nuclear se utiliza para instalaciones de guerra y sus armas son devastadoras. Sus plantas y arsenales acompañan la militarización de la escena mundial, pero, por otra parte, también ha generado numerosos movimientos pacifistas de carácter internacional en la historia del siglo XX, los cuales lograron detener, por ejemplo, el inminente empleo de la bomba

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atómica por parte de Estados Unidos en la guerra de Corea. Por su lado, los reactores nucleares para generar energía para “fines pacíficos” son una amenaza, como lo muestra lo que sucede en Japón. La nuclear es una tecnología de alto riesgo capaz de evadir los controles, una especie de Frankenstein científico y tecnológico que la humanidad debe prohibir. Además sus desechos tóxicos son abundantes y de alto poder contaminante. La energía nuclear es demandada por el modelo consumista, depredador y de desperdicio del capitalismo actual.

Los pacifismos han sido internacionalistas y antiguerra. En la actualidad forman parte de los movimientos alternativos de mujeres y ecologistas, de trabajadores y de la juventud. Afortunadamente, en Japón existe un vigoroso movimiento contra la militarización, pero por desgracia el gobierno ha sido el principal opositor a la adopción de medidas globales contra el calentamiento y la destrucción de la capa de ozono, tal como lo hicieron en las conferencias sobre cambio climático en Copenhague y Cancún en 2009-2010. Una conducta antiética y científicamente irresponsable con la humanidad, que contrasta con la postura del gobierno de la República de Bolivia en la vocería de Evo Morales, quien propueso un pacto de respeto a la naturaleza.

Un pacifista de nuestro tiempo, el gran historiador E.P. Thompson, escribió en su obra que recoge sus experiencias y reflexiones sobre el pacifismo: “El movimiento a favor de la paz se fundamenta en la más simple de las premisas: en la defensa de la civilización, en la defensa de la ecosfera, en el imperativo ecológico humano”2. ¡Una buena recomendación a seguir!

2 Opción Cero, Editorial Crítica, 1983, p.12.

La interacción de los modelos

y modos de producción con

tecnologías polucionantes y

destructivas altera profundamente el comportamiento y la historia natural

del planeta. El paradigma del dominio de la naturaleza ha

llevado a su adecuación y

transformación y, simultáneamente,

a su expoliación y destrucción.

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Norte de Sendai, Japón. Vista satelital al día siguiente del terremoto y tsunami ocurrido en la costa Pácifica. Imagen original de: http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html

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Libia: Entre el imperialismo y la autocracia

Investigador Social independiente

PedRo Miguel TaPia

El 18 de marzo de 2011, por medio de la Resolución 1973, las Naciones Unidas

acuerdan la “Zona de Exclusión aérea” y la autorización de la intervención militar, constituyéndose la coalición de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Qatar, España y Canadá, con el apoyo de monarcas, jeques, emires y sultanes mandamases del mundo árabe, y otros gobiernos lacayos del mundo, como el colombiano. El supuesto objetivo es frenar el bombardeo de las tropas de Gadhafi contra la población civil en las regiones controladas por los rebeldes.

Este ataque es una descarada intervención imperialista, que busca asegurar el control geopolítico y los recursos en petróleo, gas y agua de este país, además de pretender controlar y direccionar los movimiento de oposición democráticos del mundo árabe. Además de rechazar la agresión de la coalición imperialista y la OTAN, es importante apoyar al pueblo libio en sus demandas de carácter democrático y en el cuestionamiento al régimen de Gadafi.

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Glaciar Perito Moreno. Ubicado en el oeste de la provincia argentina de Santa Cruz. Es el único en toda la Patagonia que no ha decrecido en los últimos años.


El origen de Libia modernaEl uso del término Libia para designar el territorio y nación de 1 759 000 kilómetros

cuadrados al norte de África, en el cual habitan 6 millones 500 mil habitantes, es reciente: Durante la segunda guerra mundial los sanusiya, hermandad musulmana clandestina, cooperaron con los aliados, lo que les valió que los ingleses nombraran a Idris como Emir de Cirenaica. Terminada la guerra, los imperialistas se reparten Libia: la zona de administración inglesa queda conformada por las provincias de Tripolitania, de predominio bereber, al Oeste, y Cirenaica, de predominio beduino, al Este, mientras que al Suroeste la provincia de Fezzah queda como zona de los franceses, que la administraron desde Chad. , Después de la segunda guerra mundial, en 1949, por resolución de la ONU, se creó el reino independiente de Libia, cuyo trono fue ocupado por Idris al-Sanusi.

Idris montó un gobierno al servicio de las potencias extranjeras en especial Estados Unidos y Gran Bretaña, de las compañías petroleras y de las familias turco-libias, detentadores de la renta petrolera. Los beduinos estaban interesados en una acción contra la entrega del país a los imperialistas. Una de esas personas fue el teniente Muanmar al-Gadhafi, quien inspirado en la política del egipcio Abdel Nasser funda en 1966 en Londres la Unión de Oficiales Libres, regresa a Libia a hacer trabajo político en el ejército y, en 1969, inicia en Sebha, el sur de Libia, una insurrección que derrocó la monarquía.

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Las transformaciones económicas y sociales de GadhafiPresidido por Gadhafi, se funda el Consejo de la Revolución que se

proclama como musulmán, nasserista y socialista. Esto significó el retiró de las bases militares de los EEUU y Gran Bretaña de Libia, y el gobierno asume el control de la producción de petróleo sin romper totalmente con las compañías extranjeras.

Gadhafi se propuso un plan de modernización haciendo uso de la renta petrolera: enfatizó la reforma agraria y, como es un país con el 80% de su territorio desértico, abrió más de 1.500 pozos artesianos, transformando tierras estériles en fértiles y entregándolas a campesinos. A los obreros industriales les concedió una participación del 25% en las ganancias de las empresas. Se impulsó un sistema de previsión social con asistencia médica gratuita y de estímulos a las familias numerosas y educación sin costo alguno. Este desarrollo económico, el mejor de la región, llevó a un producto per cápita de 5 000 dólares anuales, el más alto de África. Fueron transformaciones en sentido popular revolucionario no vistas antes en la región.

En 1973 publicó el Libro Verde que ordena crear Comités Populares y el Congreso General del Pueblo en la orientación de la llamada democracia directa, sin intermediarios entre el Estado y el pueblo, lo que significó la abolición y prohibición de los partidos políticos y las organizaciones sociales, proclamando el “tercer camino”: ni capitalismo ni marxismo. En 1977, Libia pasó llamarse a llamarse “Yamahiriya” Libia Árabe Popular Socialista de masas.

Gadhafi se opuso a la alianza entre Israel y Egipto, lo que lo enfrentó a los sauditas, Los Emiratos y al rey de Marruecos. En la OPEP defendió precios justos para el petróleo y se opuso a las maniobras de los monopolios petroleros imperialistas. Debido a esta posición, el Presidente de los EEUU, Reagan, impulsó una campaña contra Libia, calificando a Gadhafi de “financiador del terrorismo internacional”, justificando el incremento de ayuda militar a Egipto, Sudán, Marruecos, Túnez, los regímenes del Golfo y a Israel.

Libia vira, entonces, en sus relaciones políticas y diplomáticas hacia la URSS, el África subsahariana y América Latina. Son los momentos de apoyo a movimientos revolucionarios de varios países, como al Frente Polisario del Saharaui, los de Medio Oriente y guerrillas de América Latina. Los Estados Unidos bombardean Trípoli y Beghasi en 1986 como represalia. La repuesta

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de Libia fue apoyar ataques a aviones comerciales con saldo de numerosas víctimas. La ONU respondió con un prolongado embargo comercial y de armas.

Los giros politico-ideologicos de GadhafiCon la caída del bloque soviético, Gadhafi mantiene acuerdos

con el nuevo gobierno ruso e inicia pactos políticos, económicos y financieros con el FMI, el Banco Mundial, la UE, China y los EEUU; con Egipto firmó un acuerdo para controlar los palestinos en la franja de Gaza. La ONU, por su parte, levanta el embargo en 2004 a cambio de los siguientes compromisos:

Resarcir a los familiares de las víctimas de los atentados de Lockerbie (Escocia), entregando 1 500 millones de dólares.

Participar en la “guerra contra el terrorismo” iniciada luego de los atentados de 2001. En 2008 se restablecen las relaciones exteriores con varios países, como los EEUU, quienes lo sacan de la lista de países “auxiliadores del terrorismo”. Gadhafi reconoció la ejecución de 1 200 presos políticos comunistas e islamistas en la cárcel de Abu Salim en 1996, esto a cambio de contratos de inversión con chinos y europeos. Al Reino Unido entrega listas con los republicanos irlandeses entrenados en Libia, a los EEUU entrega listas de activistas de la Yihad orientados por Alqaeda.

Gadhafi acepta ser el gendarme del lado sur del Mediterráneo para reprimir a los migrantes que toman a Libia como país de tránsito hacia Europa a cambio de la indemnización de 5 mil millones de dólares que Berlusconi le entregó por los años de represión de Italia sobre el pueblo libio.

En 2009, Gadhafi firma con los Estados Unidos un acuerdo militar con el Comando Conjunto de Africom, que busca, junto a Francia y Alemania, el control de los recursos de África. Todas estas medidas llevaron a que los Estados Unidos con la Exxon e Italia con la ENI entraran a competir en la carrera por los contratos petroleros con los ya existentes de Alemania, Francia (Total), Inglaterra (BP y Shell), España (Repsol), Rusia (Rusia

Libia es una región clave para las potencias imperialistas por su ubicación geoestratégica, pues tiene límites al oriente con Egipto y al occidente con Túnez, buen lugar para avanzar una contrarrevolución en el mundo árabe. Libia es también importante por sus recursos en petróleo, gas y agua. Es el cuarto productor de petróleo en África

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Petroleum) y la Oil OM de Austria: una verdadera feria de los recursos del pueblo libio. Se disputan 43 000 mil millones de barriles de reservas probadas y un millón de barriles de producción diaria y 1 540 billones de metros cúbicos de gas. Además son estratégicos los abundantes recursos hídricos en el subsuelo libio. También existe la “Asociación Comercial EEUU-Libia” compuesta, entre otras, por las empresas Halliburton, Shell, Raytheon, Dow Chemical, y Chevron.

Agudización de las contradicciones internasEn este contexto, Gadhafi realizó las restructuraciones

impuestas por el FMI y el Banco Mundial, tales como privatizaciones, reducciones del tamaño del Estado, recortes de derechos económicos, elevación de los precios de los alimentos y combustibles, dando lugar a una tasa de desempleo del 25% de la población económicamente activa, una inflación del 20% que afectó el crecimiento del PIB y a la represión contra los opositores de Hamas, islamistas, comunistas, etc.

En este proceso se agudizaron las contradicciones con las tribus más poderosas en relación con el control de los recursos y el poder en manos de una familia. En Libia, la estructura del Estado está organizada sobre las tribus y los clanes, algo así como un Estado burocrático-tribal. Según se dice, Gadhafi considera las tribus del oriente de la región de Cirenaica como feudos del islamismo salafista, mientras que las tribus de la región de Tripolitania son apoyadas por Gadhafi. Son tribus económicamente muy poderosas, que mantienen lazos con los imperialistas y los gobiernos de la región.

Por lo tanto, se presentan varios factores en la rebelión libia: luchas en el seno del gobierno por la relación con los imperialistas, luchas intertribales, pugnas entre las diferentes potencias imperialistas por repartirse el país, luchas en el

Se presentan varios factores en la rebelión

libia: luchas en el seno del gobierno por

la relación con los imperialistas, luchas intertribales, pugnas

entre las diferentes potencias imperialistas

por repartirse el país, luchas en el ejército

entre las facciones que corresponden a las

tribus y luchas de las masas libias contra

el régimen autoritario y autocrático de

la familia Gadhafi y contra los

imperialistas.

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El Upsala, segundo glaciar más largo de Sudamérica. Los brazos de este glaciar (áreas violetas en la foto de 2005) se están debilitando y el frente se está retrayendo considerablemente producto del derretimiento (colores más verdes y azules). Fotografía: América Latina y el Caribe. Atlas de un ambiente en transformación 2010


ejército entre las facciones que corresponden a las tribus y luchas de las masas libias contra el régimen autoritario y autocrático de la familia Gadhafi y contra los imperialistas.

La rebelión estalló el 25 de febrero, cuando un abogado defensor de los familiares de prisioneros ejecutados en 1996 fue detenido, promoviendo un auge de protestas, que condujeron a su liberación, pero arreciaron con posterioridad. Desde ese momento, no han cesado los combates y las luchas populares. La oposición, compuesta por laicos, islamistas, republicanos, nacionalistas, monárquicos y pro yanquis, controla la región de Cirenaica al este del país donde están las ciudades de Benghasi, Al Baida y Tobruk y también el puerto de Ras Lanuf, todos centros petroleros, mientras que la ciudad de Zawiya está en disputa, y Trípoli, la capital, está controlada por Gadhafi.

Pero si Gadhafi se ha mantenido al lado de los intereses de los imperialistas en los últimos veinte años, ¿por qué la intervención? Libia es una región clave para las potencias imperialistas por su ubicación geoestratégica, pues tiene límites al oriente con Egipto y al occidente con Túnez, buen lugar para avanzar una contrarrevolución en el mundo árabe. Libia es también importante por sus recursos en petróleo, gas y agua. Es el cuarto productor de petróleo en África.

Además la intervención busca impedir la posible constitución de un sultanato en la región de la Cirenaica con algunos descendientes de los Sanusiya y otros poderosos de las tribus, todos pro imperialistas, pero abrigan el temor de que aquel pueda ser islámico fundamentalista. El asunto ahora es el desenlace: o los pro imperialistas sacan a Gadhafi, o los sectores democráticos logran el triunfo. Este es el principal conflicto que enfrenta el pueblo libio.

1979 2007

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Doctor en Economía de la UFRJ – Universidad

Federal de Río de Janeiro, profesor de la Facultad de Economía de la UFF – Universidad Federal Fluminense, miembro del Grupo de Trabajo

CLACSO “Economía mundial, economías

nacionales y crisis capitalista” e investigador

del PNPD – IPEA.

Marcelo Dias carcanholo

El nuevo gobierno en Brasil y el legado de Lula.La continuidad de la política económica ortodoxa

El gobierno de Lula (2003 – 2010) finalizó con una aprobación del 80 por ciento, hecho que, incluso, ayuda a explicar la victoria de la candidata oficial Dilma Roussef

en las elecciones presidenciales del año pasado. La economía brasileña creció 7,5 por ciento en 2010, afianzando con eso la convicción de que el gobierno Lula habría representado un avance frente a la hegemonía neoliberal que azota nuestra región desde los años de 1990. Sin embargo, esto es sólo una apariencia.

Lula no rompió con la estrategia neoliberal de desarrollo. Al contrario, se mantuvo en la defensa de la estabilización económica (control inflacionario y ahorro en las cuentas públicas para el pago de intereses al capital financiero) y de las reformas estructurales a favor del mercado como camino para retomar el desarrollo. Sobre esa base, se dio continuidad a la gestión convencional de la política económica y a la lógica mercantil de sociabilidad para garantizar el sostenimiento del bloque de poder hegemónico.

Esa estrategia de desarrollo no sólo se mantuvo sino que agudizó los factores que habrían de aumentar la vulnerabilidad externa estructural de la economía brasileña. Los problemas no

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Pascua–Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo e involucra a Chile y Argentina. Se trata de una mina a cielo abierto de la que se extraerá oro, plata, cobre y otros

minerales, ubicada a 4500 msnm en territorio fronterizo. En Chile, se sitúa en la Región de Atacama, específicamente en la Provincia de Huasco, mientras que en Argentina se sitúa

en la provincia de San Juan. Imagen original de: http://www.barricksudamerica.com/

Nº 10, Abril de 2010 · Bogotá, Colombia Nuestra América

se hicieron manifiestos durante su gobierno debido al escenario externo en extremo favorable que permitió el aumento de las exportaciones y una fuerte entrada de capital extranjero que alivió, coyunturalmente, la balanza de pagos y posibilitó un cierto manejo populista de las políticas sociales. Con el cambio de escenario, surgido a partir de la crisis del capitalismo mundial, el cuadro se revirtió y el gobierno de Dilma empezarían a convivir con diversos problemas.

Tal vez unos de los pocos consensos en el debate actual sobre la economía brasileña sean la constatación de la sobrevaluación del real frente al dólar, el deterioro de las cuentas externas y la presión inflacionaria. En 2010, el saldo de las transacciones corrientes del país cerró con un déficit de 47.500 millones de dólares, un récord histórico. El déficit no fue mayor debido a que la balanza comercial registró un superávit de 20.270 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra es la peor desde 2002. Se espera que la balanza comercial sea nuevamente deficitaria en 2012. La inflación oficial llegó, en 2010, a cerca del 6%, por encima de la meta prometida por el Banco Central. En suma, todos los indicadores apuntan a que el crecimiento de la economía brasileña en 2010 estuvo por encima de lo que sería posible, incluso en virtud de la tentativa desesperada del gobierno por aliviar los impactos de la crisis mundial, aun más en año electoral. El debate actual en Brasil está asentado, precisamente, en las razones de esos problemas y cómo enfrentarlos.

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Comenzando por lo menos polémico, la sobrevaluación del tipo de cambio en Brasil refleja el aumento de la oferta de dólares en el mercado mundial, en gran parte, como resultado de la respuesta de Estados Unidos a la crisis. Esa respuesta anticíclica de la economía estadounidense, que eleva la reserva de su moneda en los mercados internacionales, implica la desvalorización del dólar en todos esos mercados, inclusive en Brasil. Además, la política monetaria brasileña, debido a su tendencia ortodoxa, ha venido implementando medidas de restricción de la oferta monetaria. La combinación de la política monetaria restrictiva de Brasil, con la de carácter más expansivo de la autoridad monetaria estadounidense, nos permite entender la escasez relativa de la moneda local frente al dólar en el mercado de cambio brasileño. Pero no se trata sólo de eso.

Hay un exceso de dólares en los mercados internacionales, hecho que presiona la sobrevaluación de la tasa de cambio frente a otras monedas. Sin embargo, es de anotar que la actual sobrevaluación del mercado de cambio brasileño está entre las mayores de la economía mundial y eso se debe la fuerte entrada de dólares en la economía de Brasil. Además de las divisas que entran por el comercio de bienes y servicios, se encuentra el hecho que ese ingreso está marcadamente determinado por un flujo de capitales que registra una tendencia a la entrada líquida cuando existe una expectativa de mayor sobrevaluación de la tasa de cambio en el futuro y/o cuando se eleva la diferencia entre la tasa local de intereses y las tasas internacionales.

Cuando se espera que la tasa de cambio continúe sobrevaluándose, significa que la misma cantidad de moneda local al cambio de hoy, equivaldrá a un mayor valor en dólares en el futuro. De esa manera, la mera expectativa de valorización en el futuro conlleva al ingreso de una cantidad de recursos (en dólares) en esa economía con la única intención de apropiarse de la diferencia cambiaria en el futuro, cosa que puede incluso sancionar, en el presente, aquella valorización que era esperada. Por otra parte, cuando la diferencia entre la tasa local de intereses frente a las tasas internacionales se eleva, la rentabilidad de los activos denominados en moneda local crece en comparación con los otros, determinando la compra de los primeros (entrada de recursos) y forzando la valorización de la moneda local. Lo que se debe explicar aquí es el porqué del crecimiento de la diferencia entre las tasas de interés locales e internacionales. Probablemente resida en esta explicación el centro de la controversia actual sobre la política económica brasileña.

La respuesta convencional que ha caracterizado a la política económica brasileña desde ya hace un tiempo, afirma que las tasas de interés en Brasil son altas básicamente por dos razones. En primer lugar, las tasas de interés nominal serían altas porque las

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expectativas inflacionarias también lo son. De esa forma, dado el compromiso del Banco Central con el régimen de metas inflacionarias, el aumento de las tasas básicas de interés buscaría contener la presión de la demanda sobre la inflación. En segundo lugar, y este sería el factor determinante inclusive de los choques inflacionarios, la persistencia de los déficit públicos y el crecimiento de la deuda pública exigen mayores tasas reales de interés para su puesta en vigencia en el mercado de títulos públicos. Mientras no se resuelva el problema de la deuda pública, las tasas de interés locales no podrán bajar. En función de ese raciocinio, el pensamiento económico convencional subordina la reducción de tasas de interés a la disminución de la reserva de la deuda pública con relación al PIB, cosa que sólo podría obtenerse por medio de medidas de ajuste fiscal que produjeran superávit primarios consistentes. Se trata de la vieja y convencional receta de reducción del gasto público. El nuevo gobierno, en una tentativa de responder a los resultados negativos que ya se presentan, anunció, recientemente, un corte en el gasto público de cerca 50 mil millones de reales. Sólo para que se tenga una idea del tamaño del ajuste fiscal, el total gastado en el famoso Bolsa Familia1 durante todo el gobierno Lula llegó a 60 mil millones de reales. Es como si 83 por ciento del principal programa social del gobierno Lula se eliminara en tan sólo un año.

Lo que el pensamiento tradicional omite es que la reducción del gasto público puede obtenerse tanto por la reducción del gasto no financiero, como por el ajuste del gasto financiero. Esta última variable no es tratada, porque pondría en evidencia otro sentido en la relación entre deuda pública y tasas de interés, así como entre los sectores que se benefician de ese modelo económico.

El aumento de las tasas de interés implica directamente un pago mayor del servicio de esa deuda y, por lo tanto, un aumento de los gastos financieros. De esa manera, el tratamiento ortodoxo, cuando relaciona las altas tasas de interés a una baja credibilidad proveniente del peso elevado de la deuda pública,

1 Creado por el Gobierno Lula en 2003, el Programa Bolsa Família (Beca Familia) consistió en un proceso de entrega de recursos económicos a familias de baja renta (con ingresos per cápita de entre 70 y 140 reales o inferior a 70 reales) a cambio de que mantengan a sus hijos en la escuela y con sus vacunas al día (N. de T.).

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invierte la relación más obvia, según la cual, la deuda pública crece debido al aumento de las tasas de interés. Cuanto mayores sean estas últimas, mayor será el gasto financiero y, por lo tanto, la necesidad de emisión de nuevos títulos. Las tasas de interés influyen, de esta forma, directamente en el servicio e indirectamente en la reserva de la deuda pública.

Al contrario del pensamiento convencional, los saldos primarios se hacen necesarios, no directamente, debido a la credibilidad requerida por los inversionistas que, en caso contrario, exigirían mayores tasas de interés. El superávit primario es, por lo tanto, la restricción de la política fiscal como instrumento de política económica; es necesario porque las tasas de interés (crecimiento del gasto financiero) superan la tasa de crecimiento de la economía y, por lo tanto, aumentan el gasto financiero del Estado, exigiendo un esfuerzo fiscal en el lado no-financiero (educación, salud, bienestar social). Como el tratamiento ortodoxo de la cuestión toma el gasto financiero como un dato, incluso para garantizar la creciente remuneración de la oligarquía financiera, esta obvia relación, en el mejor de los casos, acaba por ser omitida.

Al observar tanto el tono teórico-ideológico del equipo económico del gobierno de Lula, como sus prácticas efectivas, y las señales dadas por el nuevo gobierno, se concluye con facilidad que la terapia siguió y continuará siendo el libreto convencional. Por un lado, la autoridad monetaria ya señaló la reducción de la inflación-meta, que obviamente se habría obtenido con más ajuste monetario y el aumento de los intereses locales. Ya en 2011, las tasas básicas de interés fueron aumentadas alcanzando el 11,75 por ciento anual en marzo y la expectativa es de mayores alzas a lo largo del año.

La justificación del gobierno para el ajuste fiscal y monetario es que eso desaceleraría la economía y contribuiría a la estabilización macroeconómica permitiendo no sólo el control inflacionario sino también la corrección de los desequilibrios externos.

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Son conocidas comúnmente como frailejones y forman una parte importante del medio ambiente y la biodiversidad de los páramos de Venezuela y

de Colombia. Fotografía: Xavier Corredor Llano.


Entre tanto, el impacto que eso genera sobre la tasa de cambio es el mantenimiento de la sobrevaluación, hecho que profundizaría aún más los problemas externos. El propio gobierno se da cuenta de eso cuando se siente en la obligación de adoptar medidas paliativas en el mercado cambiario (compulsorias en las posiciones de cambio de los bancos, reanudación de las subastas en el mercado futuro de dólares, reglamentación para la actuación del fondo soberano). El hecho es que mientras la diferencia entre las tasas de interés locales e internacionales se mantenga elevada, el flujo líquido de capital continuará –salvo en un escenario de recrudecimiento de la crisis mundial–, manteniendo la sobrevaluación de la tasa de cambio. El (nuevo) gobierno continúa apostándole a que la reducción de las tasas de interés sería consecuencia de un ajuste fiscal que controle la deuda pública. En términos de gestión de la política económica, nada sería más convencional.

Por si fuera poco, lo que está señalado en adelante en términos de reformas estructurales es la aceleración de reformas a favor del mercado, principalmente en los planos laboral y del bienestar social. Las reformas a favor de los trabajadores tales como la reforma agraria, para citar sólo un ejemplo, ni siquiera hacen parte del discurso oficial del gobierno, mucho menos de su práctica.

Política económica contraccionista, intereses en alza, contención de las reposiciones salariales, mantenimiento y profundización de las reformas a favor del capital, he aquí el balance al inicio del nuevo gobierno. Habrá en el futuro, quien diga que Dilma rompió con el legado de Lula. En realidad, éste simplemente se mantuvo, sólo que en un escenario externo distinto.

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Profesor de la Universidad de la República, Uruguay

Miembro de la Red de Economistas de Izquierda

antonio elías

Incentivos al capital extranjero y justicia social en Uruguay

El presidente de Uruguay, José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo reafirmaron en días pasados, cada uno a su manera, que

las “reglas de juego” favorables a los inversores se mantienen en todos sus términos y que las exenciones tributarias al gran capital, particularmente extranjero y transnacional, continuarán.

El presidente Mujica sostuvo: “Si sacrificamos la inversión ahora en algún punto por atender la equidad, temo que después no podamos mantenerlo y entonces perderemos más equidad”. Dilema que no existe y argumento insostenible en la medida que el incremento sustancial de la inversión extranjera no ha redundado ni redundará en mayores niveles de equidad.

En 2009, el 10 por ciento más rico de la población disponía del 31,9 por ciento del ingreso total; el 10 por ciento más pobre sólo accedía al 2.2 por ciento. El ingreso sumado de los seis primeros deciles apenas alcanzó el 30,8 por ciento. Debe aclararse, además, que el ingreso dentro de cada decil no se distribuye de forma homogénea, lo que implica, seguramente, que el uno por ciento más rico haya recibido más del 12 por ciento del ingreso.

La desigualdad en la redistribución del ingreso se refleja directamente en los indicadores de pobreza más dolorosos: la pobreza infantil. El 37,8 por ciento de los niños menores de seis años son pobres; la cifra sube fuertemente en Montevideo al alcanzar 44,1 por ciento. La situación de pobreza de los niños de

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Páramo de San Turbán. Los vacíos en la legislación y la presión del gran capital han provocado que sobre los páramos colombianos existan actualmente 391 títulos mineros, que afectan 108.972

hectáreas del valioso terreno natural. Imagen tomada de: / http://www.flickr.com.


seis a doce años es similar: 36,2 por ciento en el país y 43,7 en Montevideo. Cifras totalmente explicables sabiendo que el veinte por ciento más pobre de la población recibe sólo el 5,7 por ciento de los ingresos totales.

Ya en la campaña electoral Mujica había considerado que “la primera política de Estado es pelear por meterle inversión al país”. Danilo Astori por su parte afirmó: “El país no puede seguir apostando a este régimen de estímulo de la inversión y llenarse de zonas francas, entre otras cosas porque esto es objeto de negociación internacional en la región, en el Mercosur (...). Como no podemos hacer eso, el actual régimen de promoción de inversiones incluye estímulos que se acercan muchísimo a los que se obtienen en materia de zonas francas”.

Las políticas de subsidios al capital cuestan muchísimo dinero a los uruguayos. La Dirección General Impositiva1 presentó un estudio en el que constata que en 2009 se dejaron de recaudar, por lo que ellos denominan “gasto tributario” o “sacrificio fiscal”, 38.134 millones de pesos, que equivalen al 5,36 por ciento del producto bruto interno. De esta cifra 19.923 millones de pesos y 2,81por ciento del PBI corresponden a impuestos directos.

¿Quiénes son los beneficiarios de ese gasto tributario? En esencia, los dueños de las riquezas del país; una buena parte de ellos extranjeros, que se ven beneficiados con exoneraciones y subsidios por el 98 por ciento del impuesto al patrimonio, el 55 por ciento del impuesto a la renta de las actividades económicas y el 44,1 por ciento del impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF) que pagan las rentas derivadas del capital.

Asimismo, se dejan de cobrar 10.420 millones de pesos por el impuesto a la renta de actividades económicas (IRAE), cuyos principales beneficiarios son las empresas instaladas

1 Estimación del gasto tributario en Uruguay 2005 - 2009”, http://www.dgi.gub.uy/wdgi/Informe+Gastos+Tributos+2009.pdf

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en zonas francas (por 3.730 millones de pesos) y las que reciben los beneficios de la promoción de inversiones (con 3.007 millones). Por su parte, por el impuesto al patrimonio se dejan de cobrar 7.972 millones de pesos. Téngase en cuenta, además, que ya las tasas de este impuesto son bajísimas y pretenden que desaparezca, lo cual no se compadece con la consigna “que pague más el que tiene más”. Estos datos no incluyen la información sobre las exenciones del Impuesto de Primaria que beneficia al sector rural, dado que lo recauda primaria y no la DGI.

Las exenciones que recibe el capital en los impuestos directos son mayores que el ingreso que recibe el diez por ciento más pobre de la población (2,2 por ciento del producto). Con el subsidio a las grandes empresas se podría duplicar el ingreso de aproximadamente 400 mil personas2. En atención a estos datos parece muy difícil sostener, como se afirma desde sectores gubernamentales, que quienes reclaman cambios económicos son inmediatistas y oportunistas.

En el segundo gobierno del Frente Amplio la piedra angular de la propuesta de “desarrollo económico” sigue siendo atraer inversores extranjeros. El modelo que impulsa es conocido; es el mismo que aplicaron blancos y colorados. Sus fundamentos son elementales. Se asume como premisa que el crecimiento de un país depende de las inversiones (argumento indiscutible, aunque debería precisarse el tipo, calidad y objetivo de las mismas) y se afirma que los inversores vendrán al país si se cumplen ciertas condiciones imprescindibles: estabilidad macroeconómica, cumplimiento estricto de las reglas de juego, aval del Fondo Monetario Internacional y “generosas” exenciones tributarias.

La idea fuerza central que ordena la “consistencia y coherencia interna” del equipo económico del gobierno es tan simple al igual que cualquier reducción de problemas complejos a una sola variable, que se expresa en la consigna: ¡No se hará nada que pueda afectar la credibilidad del país ante el capital extranjero! En función de ello se asumen los siguientes “mandamientos”: cumplirás los contratos; no tocarás las administradoras de ahorro previsional (AFAP); asociarás al estado con el capital privado; eliminarás o reducirás al mínimo los monopolios públicos; honrarás la deuda externa y ahora se agrega: privatizarás los Ferrocarriles de Uruguay (AFE).

2 Para ampliar ver “La torta y las migajas”, Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, Ediciones Trilce, 2010.

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La apertura indiscriminada de la economía y los subsidios otorgados se reflejan en el cuadro siguiente.

Inversión Extranjera Directa en Uruguay (En millones de dólares)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

235 273 297 194 416 332 847 1.493 1.329 1.841 1.139

Fuente: Cepal, “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2009”, Santiago de Chile, Mayo/2010

La inversión extranjera directa se concentra en los sectores industriales intensivos en el uso de recursos naturales, en particular la elaboración de pasta de celulosa, la industria alimenticia, particularmente en el sector cárnico - con un importante ingreso por compra de frigoríficos y arrocero. La venta de tierras, el proceso sojero y la minería a cielo abierto son mojones del proceso de extranjerización que genera cambios estructurales de enorme significación. Aumenta la dependencia y vulnerabilidad de la economía uruguaya, entre otros aspectos, por el retraso relativo en rubros decisivos para una inserción dinámica y competitiva en el mercado mundial, tales como la incorporación del conocimiento científico tecnológico y el desarrollo industrial.

Las exenciones tributarias controlan una parte significativa del ahorro generado localmente; lo que hagan con sus utilidades tendrá un impacto significativo en las futuras tasas de crecimiento de la economía nacional y en las características del modelo productivo. Hasta ahora el gobierno no ha definido ninguna norma para controlar y regular el uso de los beneficios obtenidos por las empresas transnacionales.

La creciente presencia de empresas transnacionales - protegidas muchas de ellas por acuerdos bilaterales de protección “recíproca” de inversiones - implica un incremento histórico, sin precedentes, en la capacidad del capital para impedir y/o eludir regulaciones del Estado, cuya magnitud e implicancias deben ser analizadas en profundidad.

Este proceso y las recientes declaraciones que lo reafirman, demuestran, una vez más, que la derrota electoral de los partidos políticos tradicionales no implicó una capitulación ideológica de la ortodoxia económica y del pensamiento único. Habría que preguntarse: ¿Si otros países captan inversión extranjera poniendo condiciones mucho más severas, por qué no se puede intentar lo mismo en Uruguay? ¿Quién y cómo demostró que son imprescindibles estas exenciones tributarias para captar inversiones extranjeras?

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Un Estado canalla muy santoJorge gantiva Silva

A diferencia de quienes simulan una paz nacional, un nuevo estilo y un nuevo ambiente por parte del gobierno del presidente Santos, hoy el país no parece

recuperarse de la horrible noche a la que ha sido sometida por la violencia y la corrupción. Más allá de la maquinación santista, el desangre entre los colombianos continúa; la filtración y el control de las mafias, de la parapolítica y de los carteles de la corrupción convierten a Colombia en un estado canalla que ha socavado profundamente el ya precario Estado social de derecho, y sigue postergando la posibilidad del bienestar y la prosperidad, el respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de los colombianos. Al Estado colombiano no le fueron suficientes sus victorias militares; sino que ahora se empeña en completar su estrategia eliminando derechos, conquistas sociales, territorios ancestrales, privatizando el agua, los recursos naturales, la educación pública; acompañada de una nueva ola de violencia contra comunidades, líderes sociales, jueces, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas de los crímenes de estado. Este ambiente santista no deja de sorprender al mundo democrático, pese a la “santurronería angelical” de querer pasar gato por liebre con la simulación de la conciliación y el consenso nacional.

Este mes que acaba de terminar ha sido particularmente tenebroso. El asesinato de la jueza en Saravena, Gloria Gaona, es un crimen que avergüenza a Colombia ante el mundo; el asesinato y la violación de niñas y niños; la desaparición de varios líderes sociales, la eliminación física de dirigentes de las Comunidades de Paz, la muerte de campesinos que reclamaban la devolución de sus tierras, el ataque sistemático al movimiento de las víctimas de los crímenes de Estado, son manifestaciones reales y concretas del estado de excepción permanente en el cual vive Colombia. El país sigue ocupando el nada honroso primer lugar del mundo por el desplazamiento forzado, que supera la cifra de 5.000.000; el asesinato, las amenazas y el destierro de sindicalistas alcanza también la cima del ranking mundial. El informe de la Fiscalía General de la Nación reporta que en los últimos lustros se registraron unos173.000 asesinatos por parte de fuerzas (para)militares. La ONU acaba de señalar el incremento de las masacres cometidas por grupos criminales, comprobándose la participación de miembros de las fuerzas armadas del Estado que pasaron de 27 en 2009 a 38 en 2010. En las dos décadas de la Constitución de 1991, la cifra de desaparecidos sobrepasa los 250.000. A la fecha se han encontrado unas 300 fosas con restos de personas asesinadas por paramilitares y fuerzas armadas; la situación de violación de los derechos humanos y la cantidad de presos políticos en Colombia que alcanzan los 7.500, evidencian el carácter demofascista de la democracia colombiana.

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DATOS IMÁGENES Y ALGUNOS TEXTOS

Las imágenes y textos presentados y editados en este número fueron

tomados de las siguientes fuentes:

WIKIPEDIAhttp://es.wikipedia.orghttp://en.wikipedia.org

FLICKR.COMhttp://www.flickr.com

TARINGA.NEThttp://taringa.net

XAVIER CORREDO LLANOIngeniero de sistemas

Universidad Nacional de Colombia

*En bandera: ThE NEW YORK TIMES

http://www.nytimes.com/interactive/

*En esta página: Caricatura. Autor: QUINO.

Tomado de: www.foroambiental.org.ar

Todos los números de la publicación se pueden consultar en www.espaciocritico.com

El Estado canalla cuenta además con una cualidad particular: la corrupción. Solo en el gobierno de Uribe, la corrupción alcanzó topes inimaginables en instituciones como Agro Ingreso Seguro, las empresas prestadoras de salud, el Banco Agrario, la DIAN, el Incoder, el departamento de estupefacientes, la Superintendencia de Notariado y Registro. Son solo algunas manifestaciones del gran carrusel de la corrupción, el robo de los dineros públicos, sin contar el crimen de cuello blanco en los gobiernos regionales, el reparto de las regalías, el abuso y robo en varias universidades e institutos gubernamentales. Según la encuesta de Gallup, 63 de cada 100 colombianos piensan que en materia de corrupción el país va muy mal. De acuerdo con The Economist, Colombia quedó como el segundo, de un total de ocho países, en materia de fraude; e indicó que el 88 por ciento de los ejecutivos encuestados manifiestan que sus empresas están expuestas al incremento del fraude.

Colombia que pretende celebrar los 20 años de la Constitución, dista mucho para merecer el calificativo de democracia viable y respetable. Se mantiene en pie en virtud del apoyo financiero y militar del Imperio, de las jugosas ganancias de las empresas transnacionales y del poder plutocrático que juegan con el destino de un pueblo que se resiste ante el oprobio y la indignidad, que lucha por la vida y sus derechos, defiende la vida y el patrimonio público de la nación, de la salud, de las empresas estatales fundamentales para el bienestar de los colombianos, los territorios, la educación y la universidad pública.

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