Edición No.451Septiembre/17/2014

RevistaInsurreción

EDITORIAL 4Caminos de Paz para los Trabajadores

Santos Reparte Mas Baldíos Que “Uribito” 8Autor: F. Nariño

¿Quién Seca La Rama Judicial? 10Autor: Bernardo M.

Bogotá para Todos Segregada 14Autor: J. Gaitán

El Regalo de Ecopetrol a Pacific Rubiales 17Autor: Marco Martínez

Poema dedicado a los 50 años del ELN:PALPITAR DE PATRIA 20Autor: Álvaro Quiroz

No hay duda, la paz se ha colocado como la principal aspi-ración de los colombianos al cabo de más de 70 años de guerra y conflictos que nos sacuden.

En las mayorías hay un consenso, el cual debe recrearse para hacer realidad la justicia social en un país de todos

y todas, donde el primer articulado de un nuevo pacto social debe determinar, que Colombia le pertenece a todas las personas que la habitamos en igualdad de derechos, vida digna y oportunidades, pues el neoliberalismo ha profundizado la privatización del país, ha-ciendo más grandes la brecha entre ricos y pobres.

En los actuales debates sobre la paz han estado ausentes el grueso de los trabajadores y trabajadoras, siendo uno de los sujetos más importantes de la vida económica y social del país, quienes deben participar en la construcción de las salidas políticas y por tanto ser sujetos constructores de paz.

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La economía ha crecido en los últimos diez años, a ritmo del 4 por ciento, lo que debería signi-ficar un aumento en la calidad de vida de los trabajadores, en cambio han visto disminuidos sus ingresos y garantías pres-tacionales; porque las grandes ganancias se las embolsillan los dueños de la economía, a costa de mantener salarios de sobre-explotación.

Cada fin de año el régimen hace un alza en el salario mínimo que no alcanza a cubrir los costos de la canasta familiar. Apenas el 6,15 por ciento de los trabaja-

dores del país devengan actual-mente el salario mínimo, lo que quiere decir que éste decreto de aumento salarial sólo cubre a un millón 270 mil asalariados.

Lo más dramático es que 8 mi-llones 800 mil trabajadores, el 42 por ciento del total, reciben un ingreso por debajo del sa-lario mínimo; y sobreviven con ingresos que van desde 5 mil (2,5 dólares) hasta 12 mil pesos diarios, que no alcanzan ni para comprar lo mínimo básico de su alimentación y la de su familia.

El Departamento Nacional de Es-tadística (DANE) reporta, que el

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ingreso promedio mensual por persona en el país, es de 562 mil pesos (281 dólares), dato que no tiene sustento en la rea-lidad, porque la mayoría de los trabajadores ni siquiera se acer-can a devengar este salario.

Tan sólo un 51 por ciento de los trabajadores gana más de un salario mínimo, lo que represen-ta un poco más de 9 millones de personas; la mayoría de las cuales no reciben ingresos de dos salarios mínimos, o sea un aproximado de un millón 200 mil pesos (600 dólares) mensuales.

Recientemente se le ocurrió al gobierno considerar, como po-bre, a aquella persona que ten-ga un ingreso igual o me-

nor a 208.400 pesos mensuales, menos de 7 mil pesos diarios; argumenta que con esta suma de dinero es suficiente para te-ner acceso a la canasta básica de servicios y bienes para vivir dignamente; cuando según es-tudios de la Escuela Nacional Sindical (ENS), se necesitan dos salarios mínimos para acceder a una mínima canasta familiar digna.

Debería el gobierno y los empre-sarios decirle al país la verdad; que sólo pauperizando la vida de las y los trabajadores, sólo aplicando una política restrictiva en los salarios y aumentando los niveles de pobreza, es posible para ellos seguir presentando un crecimiento económico y au-mentando sus ganancias. Quien hace rentable al empresario es la pobreza de los asalariados y la explotación al máximo a la po-blación trabajadora.

El régimen para mantener la explotación de los traba-jadores, desconoce sus derechos mínimos, im-

pide y criminaliza su derecho

de organización. Por ello sólo 4 de cada cien trabajadoras y tra-bajadores colombianos, están organizados sindicalmente, de-mostrando la política antisindical del Estado colombiano.

Sólo el 2 por ciento de la po-blación trabajadora puede pre-sentar pliegos de peticiones e intentar aumentar la calidad de vida por la vía de la negociación colectiva con los patronos.

La coerción estatal contra la aso-ciación sindical, le suman el te-rror de Estado contra los dirigen-tes sindicales para silenciarlos. Según estadísticas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en 2013 fueron asesinados 36 sindicalistas y en 2014 hay re-gistrados 18 nuevos crímenes. El Estado colombiano ha sido varias veces condenado como violador sistemático de los De-

rechos Humanos, porque ade-más del asesinato de hombres y mujeres trabajadoras, mantiene una política de destierro, ame-nazas, hostigamientos y ani-quilación de las organizaciones sindicales.

Una política de paz seria y de transformaciones debe cambiar esta situación radicalmente y orientarse a hacer posible una vida en dignidad a partir de un trabajo decente, que respete y promueva de manera efectiva el ejercicio de los derechos colecti-vos, sociales, laborales y políti-cos de los trabajadores y traba-jadoras, reconociendo su papel de primera importancia en la construcción del país; por esto, las políticas neoliberales hacia el empleo, los ingresos y la des-regulación laboral de- b e n ser radicalmente cambiadas.

F. Nariño

El 3 de Octubre del presente año, mientras las organizacio-nes agrupadas en la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular se preparaban para la instalación de la Mesa Úni-ca Nacional de Interlocución y Concertación, Juan Manuel Santos encargaba a su Ministro del Interior Juan F. Cristo,

para presentar el proyecto de Ley sobre Baldíos, el cual no es otra cosa que una nueva contra reforma agraria. De esta manera San-tos no sólo trata de engañar al movimiento agrario, sino que de paso le hace un esguince a los preacuerdos de La Habana, algunos de ellos, referidos a la democratización del acceso a la tierra.

Lo que salta de nuevo a la vista es que Santos maneja una doble agenda, porque habla de paz y equidad social, mientras sigue im-pulsando las políticas de despojo, tan en boga desde hace varios años. Por otra parte, esta Ley de Baldíos, le da continuidad a la locomotora agroindustrial y al Pacto Agrario acordado con los pa-trones en 2013, donde planteó la productividad de “un campo sin campesinos” y la reforma a la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Según informaciones de prensa, este nuevo engendro de Ley es un reencauche de la derrotada Ley de Desarrollo Rural del ex ministro Juan Felipe Arias (Uribito), la cual fue declarada inconstitucional, por ir en contra vía de los derechos fundamentales del campesina-do y la sociedad, y por afectar la seguridad y soberanía alimen-

Santos Reparte Mas Baldíos Que “Uribito”

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taria. Ese proyecto planteaba que los campesinos propieta-rios podían arrendar sus tierras para el desarrollo de proyectos agroindustriales, con el agra-vante, que durante la fase pro-ductiva perdían su derecho a decidir sobre su predio, derecho que pasaba al socio inversionis-ta; en proyectos forestales o de palma aceitera implicaba per-der el derecho sobre las tierras, durante 20 o más años.

La actual Ley de Baldíos está hecha con el mismo espíritu con-centrador y despojador de “Uri-bito” y se mete a fondo con el ordenamiento territorial rural, al plantear la definición de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE), las cua-les se constituyen con la fusión de tierras para la producción a gran escala, donde los cam-pesinos ponen la tierra y los inversionistas el proyecto. Pla-neación Nacional y el Ministerio de Agricultura dejan para sí, la definición de cuáles regiones y qué tierras se constituirán como ZIDRE, luego de excluirlas como aptas para la economía campe-sina.

Colombia sigue necesitando de una reforma agraria integral y los baldíos deberían incorporar-se, junto a los latifundios, a las tierras que deben ser entrega-das al campesinado, quien ha sido permanentemente des-pojado y empujado a los már-genes de la frontera agrícola desde los años 50, del siglo pasado. Hoy se hace todo lo contrario a las necesidades del país, porque con éste proyecto de Ley se pretende legalizar el despojo de tierras, playones de los ríos, sabanas comunales y ciénagas, para entregarlas a empresas privadas, segu-ramente transnacionales, las cuales ya dieron sus primeros zarpazos hace unos años en la altillanura oriental, cuando empresas como Cargill, Mónica Semillas y los ingenios azucare-ros, adquirieron de forma frau-dulenta, miles de hectáreas de ésta región.

Con este nuevo raponazo, San-tos está sembrando nuevas décadas de conflicto social y armado.

Se cumplen más de cuarenta días del paro de las y los trabajadores de la rama judicial convocado por Asonal ju-dicial. Exigen nivelación salarial, estabilidad laboral de los funcionarios de la Fiscalía y continuación de los juzgados de descongestión. Sumado a lo anterior, las y los guardias

del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (INPEC) efectúan desde hace dos meses un “plan tortuga” denominado Plan regla-mento, con el que ponen en evidencia la grave crisis carcelaria.

De acuerdo con la Constitución vigente, Colombia es un Estado so-cial de Derecho con centralización política y descentralización ad-ministrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial, y diversos órganos de control. Es llamativo que una de las ramas del poder público, en-tre en cese de actividades por falta de recursos; el fondo de esta problemática es toda una crisis estructural acumulada por años y la manera cómo la agrava, la concepción de justicia desarrollada por el Estado burgués, en contra de un sistema de justicia al servicio del pueblo, que se base en principios de solidaridad y dignidad humana.

Sistema justiciero

Uno de los elementos del terrorismo de Estado de las clases domi-nantes, ha sido la promulgación indiscriminada de normas lesivas

Quién Seca La Rama Judicial?

Bernardo M.

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de los intereses de los sectores populares, que son aplicadas conscientemente por un sector considerable de jueces, fisca-les y magistrados, quienes a su vez, son adoctrinados por con-ferencistas estadounidenses de la USAID.

El aparato de justicia ha sido funcional a las políticas del ré-gimen tendientes a reprimir a la población colombiana. Sumado a lo anterior, los sonados es-cándalos de magistrados de las altas Cortes no son casos ais-lados, sino que obedecen a la instrumentalización del derecho al servicio de los detentadores del poder, cuya esencia es el control social mediante el poder judicial.

Es evidente que la Corte Supre-ma de Justicia de hoy, no es la misma que investigó y condenó a un número considerable de políticos por sus vínculos con el narco paramilitarismo; situación que originó que fuera hosti-gada durante el gobierno de Uribe (2002-2010). Relaciones desquebrajadas que fueron reparadas de forma inmediata por Santos durante la primera etapa de su primer periodo de gobierno (2010-2014), con la intención de controlar la rama judicial, para desarrollar su pro-puesta de gobernabilidad a es-paldas del pueblo colombiano.

La eficacia del sistema judicial colombiano es selectiva; mien-tras que el nivel de impunidad en casos graves de violaciones de Derechos Humanos es suma-mente alto, en los procesos pe-nales contra opositores políticos es efectiva, acudiendo a la cri-minalización de la protesta so-cial y en general a la aplicación de un derecho penal contra el “enemigo interno”. Igual función cumple el derecho civil al servi-cio del sistema financiero, en detrimento de las y los colom-bianos que aspiraron a obtener vivienda propia.

“Se corrompió la sal”

La Corte Constitucional no es la misma de sus inicios en 1991; porque cedieron sus posturas a concepciones reaccionarias, producto de su apoderamiento por parte de sectores políticos de ultraderecha; o que decir del magistrado Alberto González señalado de apropiarse de los recursos de una viuda producto de una demanda administrati-va.

Otro caso emblemático es el papel que jugaba el magistra-do Villarraga del Consejo de Estado, encargado de dirimir los conflictos de competencia a favor de la justicia penal mili-tar, en los casos de ejecuciones extrajudiciales denominados

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mediáticamente como “Falsos Positivos”, según denuncia del coronel Gonzales del Río.

A lo anterior se suma los escán-dalos de los magistrados que cumplen su periodo en una Cor-te y automáticamente ingresan a otra corporación o dependen-cia del Estado, tal como sucedió en la Procuraduría con Ordoñez quien fungió anteriormente como magistrado del Consejo de Estado.

Crisis que se agrava además con el nepotismo, la corrupción de alto nivel y nombramientos de magistrados respondiendo a favores políticos.

Funcionarios y trabajadores precarizados

La situación laboral de los fun-cionarios de la rama Judicial no es igual para todas y todos; es conocido que los derechos ad-quiridos por estos es a partir de un decreto de nivelación sa-larial, expedido durante el go-bierno de Samper (1994-1998), cumpliéndose parcialmente, en el que un citador de un juzgado municipal recibe un salario men-sual de 800 mil pesos, mientras un magistrado o magistrada de las altas Cortes recibe más de veinte millones.

Igual situación ocurre con el “plan tortuga” de las y los miembros del Inpec; quienes exigen mejores condiciones la-borales, porque sufren una so-brecarga de trabajo, debido al hacinamiento carcelario e ines-tabilidad laboral, generados por el proceso de privatización con la reciente reforma al Códi-go penitenciario.

No podemos perder de vista que el Inpec es acusado de co-meter sistemáticamente viola-ciones de Derechos Humanos, contra la población privada de la libertad, quedando claro que en las reivindicaciones gremia-les de los guardia prima el con-cepto de seguridad por encima del tratamiento digno a las y los presos.

Crisis carcelaria

La situación de las 112 cárceles del país es grave debido al ha-cinamiento de un 54 por ciento, donde prisiones como la Mode-lo de Bogotá y Bucaramanga, el índice de hacinamiento supe-ra el 300 por ciento, producién-dose una crisis estructural pro-ducto de la Política Criminal de Estado, que pretende resolver los conflicto sociales con nuevos tipos penales e incremento de las penas para los delitos exis-

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tentes, con aplicación por regla general, de la privación de li-bertad preventiva sin importar la condición subjetiva del proce-sado o procesada.

Es indiscutible que la mayoría de las y los trabajadores de la base de Asonal y del Inpec le sobran razones para salir a paro. En común soportan sobre-carga laboral; proliferación de enfermedades de origen profe-sional en especial siquiátricas e inestabilidad en sus puestos de trabajo, además de la precari-zación de sus condiciones labo-rales. Todo porque el régimen prioriza el presupuesto para

sostener el aparato de guerra por encima del mejoramiento de las condiciones laborales de las y los funcionarios públicos.

Es necesario que las reivindica-ciones de carácter económico pasen a posturas políticas, que cuestionen de fondo las institu-ciones diseñadas para reprimir al pueblo colombiano, con lo que se origine un salto cualita-tivo, necesario para la construc-ción de una nueva sociedad. Esta pretensión no es quiméri-ca, ya Asonal en otro momen-to de su existencia realizó una práctica sindical de clase.

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En los últimos días el alcalde de Bogotá Gustavo Petro informó sobre la ejecución de un plan de adjudicación de casas para familias víctimas del conflicto, con la construcción de viviendas en lotes de terreno propiedad del Distrito, donde hoy funcio-nan parqueaderos, en los barrios El Chicó y Santa Bárbara,

zonas clasificadas en estrato 6.

Clasificar para menospreciar

Este anuncio suscitó diversas reacciones de los grandes medios de comunicación y residentes de estos sectores. Las expresiones fue-ron de asombro y rechazo, manifestando con indignación que no es posible la convivencia de las personas que allí habitan con víctimas del conflicto, porque según aquellas, esto significa desvalorización de las viviendas allí construidas, además que “no es posible reunir en un espacio geográfico personas de diferente condición social”.

Queda evidente el segregacionismo como política para el acceso a los recursos básicos como la vivienda, el trabajo, la salud, educación y el sufragio político; así como en otras facetas como la separación de barrios residenciales en las ciudades. Esto debido a las dife-rencias económicas, de clases sociales, de raza y nivel educativo, que en este caso opone a las llamadas clases “cultas y educadas”, con el pueblo “iletrado e inculto”, basada en que es una condición sagrada e intocable, que los ricos deben vivir en sus mansiones

J. Gaitán

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y zonas residenciales, mientras los pobres habitan en zonas marginadas de laderas y en los terrenos no aptos para vivir.

En las declaraciones de los po-bladores de estos barrios de ricos, se muestra tal y como es nuestra realidad, las dificulta-des para edificar una Colombia en paz, con justicia social e in-cluyente, que se cimente en la igualdad, que supere los odios y el desprecio hacia los pobres. Nada tiene de democrática una sociedad que dice serlo, cuando en la práctica se ve el menos-precio hacia las mismas víctimas del conflicto, que dice reconocer.

Constantemente se des-alojan barrios enteros ubicados en sectores populares, apoya-dos por el Escuadrón móvil anti disturbios (ESMAD), con el fin de construir conjuntos residenciales, centros comerciales o alguna in-fraestructura que benefi-cie los intereses de las cla-ses altas y de empresas constructoras recono-cidas de la mafia de la construcción, perte-necientes a familias de la oligarquía co-lombiana; moda-lidad silenciosa y permanente que

no dan a conocer los grandes medios de comunicación social, quienes también se hallan invo-lucrados.

Derechos de papel

La Declaración Universal de los derechos Humanos en su ar-tículo 25, reconoce el derecho de toda persona a gozar de un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que incluye su ali-mentación, vestido y vivienda, con lo que se logre una mejora continua de las condiciones de existencia. Contemplando de este modo, el derecho humano a una vivienda adecuada, como

componente funda-mental del disfru-

te de todos los dere-chos eco-nómicos, sociales y cultu-rales.

La igualdad se debe construir reconociendo la condición bási-ca del ser personas con iguales derechos y deberes, de allí el sentido de nuestra lucha como insurgencia y de la mayoría del pueblo por una nueva na-ción edificada sobre bases de la fraternidad, la solidaridad, la justicia y el amor, con los que se superen la segregación, la desigualdad y la estigmatiza-ción contra las y los pobres de la patria.

Una vez más se evidencian los grandes obstáculos para ade-lantar una verdadera política de vivienda y hábitat en las ciuda-des, que contemple la democra-tización de los espacios públicos y del presupuesto nacional.

Reafirmamos con nuestras reali-dades concretas que el modelo de ciudad promovido, alimen-tado e instaurado por la lógica capitalista en nuestro país, ha generado una marcada división social que reproduce la estruc-tura de clases, la exclusión y donde predomina fundamen-talmente la industria y los ser-vicios; por esto los derechos ya no son derechos sino servicios a favor de ciertos intereses, que no representan las mayorías del pueblo colombiano.

Es necesario y urgente seguir en la reflexión, debate y construc-ción de un nuevo modelo de ciu-dad, con políticas incluyentes y democráticas, donde quepamos todos y todas para el Buen Vivir.

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En Colombia ningún proyecto político, económico, militar o técnico se ejecuta sin antes contar con el aval y permiso de los EE.UU. Ésta ha sido una política aceptada históricamente por los diversos gobiernos nacionales, quienes mantienen una relación de dependencia con el imperio norteamerica-

no. Llevando a que la más mínima obra de infraestructura o proyecto económico se defina de acuerdo a los intereses extranjeros y no de acuerdo a los intereses y necesidades de la nación.

En el corazón del despojo

Durante años hemos escuchado que Barrancabermeja está ubicada en el corazón de Colombia, tanto por su ubicación geográfica y estra-tégica, como por el papel que juega en la industria de hidrocarburos. Esto ha hecho de la ciudad un centro de disputa permanente.

Hoy el control político y militar de Barrancabermeja está en manos del Estado y sus paramilitares, quienes se apoyan en informantes e infiltrados en empresas y organizaciones sociales y en cobros ex-torsiones al comercio. Bajo tal control territorial, el Estado y sus pa-ramilitares adecuaron para Ecopetrol y la Occidental Petroleum los viejos campos petroleros de La Cira y Tora en el Magdalena Medio, mediante masacres y desplazamientos de las sus poblaciones.

El objetivo principal al que responde la ofensiva militar y paramili-tar es garantizar las grandes inversiones y proyectos extractivistas;

Marco Martínez

El Regalo de Ecopetrol a Pacific Rubiales

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como son: la Hidroeléctrica del Río Sogamoso, con una inversión de 2 billones de pesos, cuyo embalse entrará en operación comercial a finales del 2014; la Ruta del Sol que cuenta con una inversión de 6 billones de pesos, que une el centro del país con la costa Atlántica; la Gran Vía Yuma, con una inversión de 260 mil millones de pesos, que conec-tará el oriente con el occidente del país; la Plataforma Logística Multimodal, el Plan Maestro de Industria, el Plan Portuario para Barrancabermeja y lo que se ha denominado la Súper Vía, que es la conexión Barrancabermeja-Bucaramanga.

La modernización de la Refinería de Barranca

A la par con el inicio de estos proyectos se encuentra, el Plan de Conversión y Modernización de la Refinería de Barrancaber-meja 2011-2015, que dispone de una inversión por 3.386 millo-nes de dólares, unos 6,8 billones de pesos, aprobada por la Jun-ta Directiva de Ecopetrol el 13 de mayo del 2011.

Las instalaciones quedarán en capacidad de procesar más de 180 mil barriles diarios de cru-dos pesados, y proveer hasta 50 mil barriles diarios de Nafta, un diluyente requerido para el

transporte de crudos pesados. Es decir, que Barranca alcanzaría una capacidad de refinación de 430 mil barriles diarios (BD), 250 mil de crudo liviano y 180 mil BD de pesados.

La capacidad actual de refinación de Colombia es de 342 mil BD, si le sumamos los 180 mil BD que se obtendría con las mejoras a la refinería de Barranca, y otros 20 mil BD de Reficar en Cartagena –una asociación Glencore-Eco-petrol-, sumaría 542 mil BD de refinación de gasolina y diésel.

Para quién trabaja La estatal petrolera

Con estas ampliaciones Colom-bia aumentaría en un 58 por ciento su capacidad de refina-ción, que poco beneficia al país, ya que el consumo y demanda interna está en 308 mil BD, sin contabilizar los 40 mil BD de ga-solina que entran de contraban-do desde Venezuela.

La nueva capacidad refinación de 200 mil BD de crudos pesa-dos, sólo va a beneficiar los inte-reses de Pacific Rubiales, de sus socios canadienses y derechistas venezolanos, que en conjunto son quienes producen estos cru-dos y quienes podrán exportar excedentes de crudos livianos de mejor calidad, que tienen un me-jor precio internacional.

Pero el negocio no se queda sólo en la refinación de los cru-dos pesados de Pacific, sino que hacen otro excelente negocio, con la producción de los 50 mil BD de Nafta diluyente, que les servirán para transportar por el Oleoducto Bicentenario (OBC), sus crudos pesados hasta Ba-rrancabermeja y Coveñas, evi-tando así importaciones de Naf-ta altamente costosa para esta compañía.

Esta situación deja ver como Pa-cific Rubiales es una de las em-presas protegidas por Ecopetrol y el Estado, emblemática en la sobre explotación de sus traba-jadores, impulsora y financiado-ra de grupos de paramilitares, para el control de sus operacio-nes petroleras en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.

Como si fuera poco

Los siguientes regalos, comple-tan el panorama entreguista del régimen, con la multinacional Pa-cific Rubiales:

; Entrega del campo petrolero de Puerto Gaitán en el Meta a Pacific, tras haber sido des-cubierto por Ecopetrol y ésta haber asumido los costos de exploración. Fue un negocio hecho entre el ex-presidente de Ecopetrol Yanovich y Efra-movich dueño de Avianca, negocio en el que después

resultaron enganchados los canadienses y los derechis-tas venezolanos como diri-gentes de este campo, que es actualmente el de mayor producción de crudo pesado en Colombia.

; La construcción del Oleoduc-to Bicentenario, para trans-portarle el crudo pesado, desde los llanos orientales hasta Barrancabermeja y al Puerto marítimo de Coveñas.

; La conversión y moderniza-ción de las refinerías de Ba-rrancabermeja y de Carta-gena, para procesar 200 mil BD más de crudos pesados y obtención de Nafta, que sólo beneficia a esta empresa.

Finalmente, hay que decir que Pacific Rubiales y Ecopetrol, han presionado a la Cancillería co-lombiana, para que le propu-siera al Gobierno venezolano, que el Oleoducto Bicentenario –cuyo frente de construcción se encuentra Arauca-, pueda pasar por territorio venezolano-, ma-niobra que sobre la que existe un Memorando de intención fir-mado entre las dos Cancillerías; todo con la finalidad de esquivar los sabotajes de la guerrilla.

No hay que olvidar que dentro de Pacific Rubiales se agrupan y esconden todos los gerentes derechistas, acérrimos enemigos

del Gobierno Bolivariano de Venezuela, como Luis Giusty, Arana, etc. Antiguos directivos de PDVSA, la estatal petrolera venezolana.

Queda esperar cómo responde el pueblo colombiano ante la pérdi-da del campo petrolero entregado por Ecopetrol a Pacific, y frente a la generalización que ésta hace de la dañina tecnología del fractura-miento hidráulico (Fracking).

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Me enseñaste a cantarlea mariposas que alborotan atardeceres

con sus colores sobrevolando el perfume.

En tu vientre se encuentra lo más triste de la historia;

el grito de dolor profundoque serpentea la patria como río anónimo;

la cara del niño, huérfano de besos y de pan.

En tu vientre ésta, la tragedia heredadageneración tras generación;

la ceniza y sus huellas en el viento,la noche y la rabia

y la luna girando alrededor de poemas y reencuentros.

Palpitar de PatriaPoema dedicado a

los 50 años del ELN

Álvaro Quiroz

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Llegué a tia volver a nacera caminar al compás de la auroray del rocíomiro cómo nacen pajaritos rojos y negrosy blancosen tu bandera, sembrada en el alma de la patria.

Me enseñaste el amor más allá de la aldeay a andar por vericuetos de la geografíade la esperanza.

Me regalaste otra familia cargada de abrazosy ese corazón tuyocon cincuenta años de palpitar de patriay amaneceres.

Me enseñasteque morir por los infinitos prójimoses continuar la vidaen cada grito que sigueen cada ceniza insurgentey en cada canto que manade las trincheras.