Revista Espacio crítico nº11. Julio-Diciembre de 2009

revista

Nº 11, julio – diciembre de 2009

ECONOMÍA POLÍTICA۰ Del pacto constitucional al acuerdo neoliberal

Multilateralismo, recentralización y fiscalidad en la era de las reformas en ColombiaJosé Francisco Puello-Socarrás

DERECHO&POLÍTICA۰ La encrucijada del Derecho Internacional: El Caso de Palestina

Ricardo Sánchez Ángel

COYUNTURA۰ Las tres dimensiones de la crisis

Claudio Katz۰ La crisis capitalista actual

Elementos para el análisis de la crisis actual desde un referente críticoMilton Rogelio Pérez Espitia

۰ Hacia un frente de transición democrática en ColombiaGuillermo Restrepo

AMÉRICA LATINA۰ Aportes para la interpretación de la nueva izquierda latinoamericana

Gabriel Becerra۰ Alan García y el APRA: Derecha disfrazada de socialdemocracia

Pável Alemán Benítez

CULTURA&POLÍTICA۰ Tesis económicas del populismo del siglo XIX

Una aproximación a los casos de Rusia y Estados UnidosJairo Estrada Álvarez

RESEÑAS۰¡Huelga!

Presentación del libro de Ricardo Sánchez – HuelgaMauricio Archila

۰ Fernando Bermúdez Ardila, Propuesta de pazSolución práctica al conflicto armado en Colombia

Alexander Díaz Piracún

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Nº 11, julio – diciembre de 2009

DirectorJairo Estrada Álvarez

EditorJesús Gualdrón Sandoval

Consejo Editorial AsesorMaría Teresa Cifuentes T., Nelson Fajardo Marulanda, Víctor Manuel Moncayo, Edgar Novoa Torres, Ricardo Sánchez Ángel, Libardo Sarmiento Anzola, Renán Vega Cantor

Asesores internacionalesBeatriz Stolowicz Weinberger (México),Claudio Katz (Argentina), Nildo DomingosOuriques (Brasil), Manuel Salgado Tamayo(Ecuador), Dietmar Wittich (Alemania)

Diseño gráficoTatianna Castillo Reyes

Edición digitalLuis Guillermo [email protected]

Una Publicación deEspacio crítico Centro de estudioshttp://www.espaciocritico.com/Bogotá D.C., Colombia

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ISSN 1794 - 8193

No. 11, junio - diciembre de 2009

Del pacto constitucional al acuerdo neoliberal Multilateralismo, recentralización y fiscalidad

en la era de las reformas en Colombia

José Francisco Puello-Socarrás

Politólogo (Universidad Nacional de Colombia), Magíster en Administración Pública y actualmente estudiante del Doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Becario CONICET. Miembro investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales, Theseus (Universidad Nacional de Colombia); la Corporación para el Desarrollo de la Investigación Social y la Formación Política, ConCiencia Política (Colombia); la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP (Argentina). Ha sido docente cátedra en la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y actúo como asesor en asuntos políticos y económicos en el Senado de la República de Colombia. Actualmente, se desempeña como asistente de docencia en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Entre sus más recientes publicaciones se encuentran: Política: mito, filosofía y ciencia (2006) y Nueva Gramática del Neo-liberalismo (2009).

Economía política

IntroducciónΩ

Después de dos décadas de iniciado el proceso de descentralización política en Colombia y, luego, con la profundización de esta tendencia vía la expedición de una nueva Carta Política en 1991 en cual se eleva a rango constitucional sus principales aspectos fiscales y administrativos, el balance en esta materia parece debatirse en una disyuntiva.

Por una parte, se reconocen avances en el sentido de consolidar un mayor protagonismo de los niveles subnacionales (gobernaciones y municipios) en el manejo de los asuntos políticos y socioeconómicos propios de sus jurisdicciones; por la otra, una oleada de intentos reformistas que sugieren, aparte de una interrupción en la tendencia histórica reciente, innegables retrocesos.

Las interpretaciones más autorizadas sobre este tema subrayan el carácter irreconciliable entre la necesidad de profundizar la descentralización como un instrumento para construir Democracia Local (política y administrativa)1 pero no advierten que, al mismo tiempo y con los detalles propios que ha exhibido este proceso, emergen nuevas exigencias centralizadoras que, específicamente en materia fiscal, están fuertemente vinculadas con varias restricciones impuestas por el contexto de la economía política global, las estructuras del régimen político y el modelo de desarrollo económico colombiano históricamente vigente.

Alrededor de las trayectorias vistas - especialmente desde la década de los noventa - se puede plantear el desdoblamiento de dos proyectos de diferente signo alrededor de este asunto: el primero, de corte “social-demócrata” y, el segundo, de raigambre neoliberal. Ambos compiten por colonizar el significado de la economía política y, desde luego, el

Ω Este ensayo se inscribe en el marco de la investigación “Reformas económicas y discursos políticos. La economía política de la política económica en las reformas estructurales en Colombia (2006-2010)”, dirigida por el profesor Jairo Estrada Álvarez y auspiciada por la División de Investigación de la Universidad Nacional (Sede Bogotá). Agradezco los comentarios realizados por los miembros del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales, Theseus (Universidad Nacional de Colombia) y del profesor Ricardo Gutiérrez (UNSAM – Argentina).1 Como plantea “en algunos casos en que hubo una crisis política muy profunda en el país -constitucional, económica, u otra - que podía generar tensiones territoriales entre distintas zonas, se adoptó la decisión inmediata de introducir la descentralización, que implicaba la pronta transferencia de un gran volumen de fondos a los niveles descentralizados -para evitar que el sistema político tradicional frenase el proceso. Los ejemplo s más claros de este tipo de procesos en América Latina fueron los de Colombia y Bolivia ( Jordana, 2001).

( 4 ) Economía políticaNo. 11, julio - diciembre de 2009

Del pacto constitucional al acuerdo neoliberal. Multilateralismo, ... José Francisco Puello-Socarrás

concepto y la realidad concreta de la descentralización. La materialización institucional producto de esta dialéctica explica gran parte de los resultados vistos.

Aquí se intenta descifrar las etapas del proceso de descentralización en Colombia advirtiendo el rol y la influencia que han desempeñado las organizaciones financieras internacionales, en particular, durante las denominadas contrarreformas a la descentralización puntualizando sus aspectos fiscales registrados durante el nuevo milenio. En esta forma, rescataría el significado económico-político de las reconfiguraciones históricas y presentes, hoy por hoy vigentes.

Nuestra tesis sostiene que las decisiones adoptadas en Colombia en materia de Descentralización (fiscal) han estado fuertemente condicionadas, en el largo plazo por la agenda de reformas neoliberales y, en el corto plazo por los ritmos de las sucesivas generaciones reformistas2. Sugiere que la evolución característica del proceso de descentralización colombiano responde - además de las coyunturas, siempre críticas, que plantea el conflicto armado – a condiciones íntimamente relacionadas con las dinámicas de la fiscalidad que afectan la distribución de poderes y recursos en diferentes trayectorias institucionales. A lo largo del proceso que aquí exponemos, estos factores resultan ser desencadenantes.

Contrario a lo que suele sostenerse en la literatura reciente, en el caso colombiano el rol de las agencias internacionales ha sido primordial. Tanto en las reformas de primera generación durante los años noventas – una verdad Perogrullo para el conjunto de países en América Latina y el Caribe, ampliamente aceptada – como en las reformas de segunda generación, una vez iniciado el presente siglo. Esta presencia interviniente últimamente ha sido puesta en duda o, por lo menos, se ha pretendido minimizar, sobre todo, en sus impactos.

A diferencia de estas posturas, las iniciativas de reforma en Colombia no emergen preferentemente como cuestiones “enteramente internas” ni tampoco responden exclusivamente a meras “prioridades domésticas”3. Sin querer desconocer el papel de estas dimensiones en las definiciones, observamos que en materia de descentralización lo sustancial del tema estuvo sometido a las arenas internacionales.

Las etapas de la descentralización y sus políticas han sido adoptadas - y, sobre todo, adaptadas - según los complejos intercambios que surgen entre las articulaciones económicas y políticas y las instancias globales y locales y, en lo fundamental para el caso

2 Sin negar el carácter compuesto de la descentralización – política (devolución) y administrativa (desconcentración) -, privilegiamos la dimensión fiscal de la misma (Jordana, 2002).3 Según Kaufman y Nelson, las organizaciones internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a diferencia del periodo anterior y en la denominada segunda generación de reformas, no tendrían aparentemente un rol activo en las principales configuraciones reformistas en el sector educativo y en salud en la región (Kaufman y Nelson, 2004, p. 488-489).



colombiano, conducidas bajo una semántica que se estructura alrededor de un paradigma en particular (neoliberal)4.

Reformas en la ‘era de las reformas’

Etapa pre-constitucional (1968-1991)

Existen diversas opiniones sobre el punto de inicio de la descentralización en Colombia. Por lo general, el tiempo ab origine del proceso se sitúa genérica e indistintamente sin diferenciar entre las dimensiones o etapas del concepto que a menudo se toma con referencia a una concepción monolítica, sin tener en cuenta la existencia de diversos tipos de descentralización. En nuestro caso, destacaremos la trayectoria histórica de este proceso vista desde sus aspectos fiscales.

El primer impulso hacia la descentralización fiscal se reseña durante la administración de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), con la creación en 1968 de los llamados Fondos Regionales para Salud y Educación, especialmente, cuando por la época se transfirieron hacia los municipios recursos correspondientes al 10% del impuesto a las ventas (Cadena, 2002, p. 2). La reforma constitucional del mismo año concibió igualmente varias innovaciones institucionales que abrieron espacios de este tipo, más allá del componente fiscal.

En la década de los ochentas, tras un proceso de airados reclamos por parte de las provincias y en medio del recrudecimiento del conflicto armado interno, la cesión de estos recursos aumentó al 50% bajo el argumento de consolidar la “autonomía de las regiones” (Revéiz 1989, 32-148). Esta respuesta estatal si bien podría ser interpretada como un avance en la descentralización fiscal derivada del aumento de los flujos dirigidos al gasto social no puede soslayar las necesidades crecientes del Estado colombiano de la época por recuperar el control territorial y la legitimidad política los cuales poco a poco se desvanecían sobre todo a nivel regional, fruto de la mayor influencia obtenida por la insurgencia en diferentes espacios sociales.

Estos intentos de descentralización se caracterizaron por estar auspiciados bajo criterios de delegación y, antes que desarrollar una transferencia efectiva, en realidad intentaron una simple redistribución de los flujos de recursos hacia niveles subnacionales pero como parte de las necesidades estratégicas del centro sin desarrollar ningún tipo de autonomía política

4 Nos referimos a “paradigma” en el sentido de Hall (1993) y Puello-Socarrás (2007, p. 86-88). Sobre el paradigma neoliberal (Puello-Socarrás, 2009).



ni tampoco administrativa. Así, pues, los municipios y departamentos aparecían como meros “agentes” del nivel nacional.

El ‘impulsivo’ rol de los organismos internacionales

El contexto en cual se desarrolla el gobierno de Lleras Restrepo (1.966-1.970) y, en particular la Reforma Constitucional de 1968 - la reordenación de las competencias y poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo que contemplaba arreglos políticos para una transición exitosa desde el final del Frente Nacional - resulta trascendental en la medida en que a lo largo de este período se animaron profundas reformas. Entre las más llamativas, una en materia económica so pretexto de sincronizar la economía colombiana con los cambios mundiales sobrevinientes.

El fortalecimiento de la conducción del Estado y en la planeación de las políticas públicas bajo una “nueva racionalidad” fue definitivamente clave. La modernización estatal planteó un nuevo estilo de gestión de la cosa pública que superaba las - ahora consideradas - viejas prácticas administrativas e influía en los aún tímidos y quizás ambiguos diseños descentralizados.

Este marco de reestructuraciones implicaba sumas considerables de recursos que fueron obtenidas en la forma de créditos (deuda pública externa) provenientes principalmente de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) - hoy desaparecida - y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Era lógico entonces que la ayuda externa otorgada al país se potenciara en esos años duplicando los niveles de la deuda externa pública en poco tiempo (crecimientos del orden del 8% anual) números que a mediados de la década ya registraban niveles próximos al 42% del Producto Interno Bruto del país.

También al inicio de la década de los ochentas – veíamos - la prioridad otorgada al gasto social obligaba al Gobierno colombiano a financiar sus estrategias nacionales y regionales a través del déficit fiscal, el cual - como en el pasado - fue cubierto casi exclusivamente con endeudamiento público externo con la diferencia que en ese momento los compromisos habían sido contratados con la banca privada internacional. En todo caso, ambas situaciones profundizaron la tendencia exponencial de la deuda externa colombiana.

En el escenario en que se desarrollan estas reformas - incluida, por supuesto, las tentativas de descentralización fiscal - advierten sobre dos hechos sustanciales: primero, la sólida convergencia entre los estilos de las agencias internacionales - quienes estuvieron encabezando el proceso técnica y, sobre todo, financieramente - y los gobiernos del Frente Nacional; y, en segundo lugar, la gran dependencia construida frente a la banca privada internacional y la asistencia técnica proveniente de los organismos asociados.



Una y otra situación terminan apuntalando una alianza tecnocrática caracterizada por poderosos vínculos trasnacionales que se “responsabilizan” del repertorio de las políticas y de los programas públicos en el país.

Poco tiempo después y ahora en medio de la crisis de la deuda en la década de los ochentas, Colombia mantuvo una relación relativamente privilegiada con las principales entidades crediticias multilaterales (el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes aceleraron desembolsos de recursos de crédito ya contratados) logrando obtener nuevos recursos de financiamiento del Fondo Monetario Internacional y la banca comercial privada que le permitieron acceder a un flujo permanente de recursos.

A pesar que el país escapaba al patrón de desconfianza prevaleciente en la región, gracias - entre otras cosas - al “buen estado” del sector externo, no tuvo un trato preferencial por parte de estos organismos.

Antes bien, las prescripciones en políticas dictadas por el FMI y el Banco Mundial se implementaron “normalmente” aunque el país no estuviera bajo el control formal de esos organismos5. De hecho, la banca condicionó la concesión de nuevos créditos a la adopción de un programa de ajuste vigilado por el Fondo Monetario Internacional.

Hacia finales de la década de los ochenta se hace evidente que una condición necesaria de la economía política colombiana para posibilitar niveles de legitimación y gobernabilidad aceptables - hacia adentro y hacia afuera – suponía la preservación de la confianza externa. Y, como es lógico, ésta sólo se garantizaría honrando los compromisos sobre la deuda y, subsidiariamente, llamando a la “prudencia y moderación” en materia fiscal (Reveís, 1989), una fórmula política en las políticas que permanece actualmente. De hecho, las conocidas prescripciones sobre políticas animadas desde estos organismos internacionales convergen como los presupuestos político-económicos de las dinámicas internas.

Al confluir natural y “virtuosamente” necesidades domésticas y preferencias externas se reforzaba un circuito de poderes que influirá notablemente sobre las trayectorias futuras del proceso de descentralización y al mismo tiempo comprometerán el sendero de dependencia en sus posteriores evoluciones.

Etapa constitucional (1991-1999)

A partir de la promulgación del nuevo orden constitucional en 1991, la idea según la cual una Nueva Constitución Nacional significaría una ruptura histórica frente al componente 5 En el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) con el Programa de ajuste macroeconómico 1984-1985, la orientación económica “coincidía en lo esencial con las estrategias del FMI” sin que el país estuviera comprometido con un Acuerdo formal con el Fondo (Estrada Álvarez, 2004, p. 69). En realidad, como se complementó en un Foro Internacional, la decisión fue optar por una “fórmula intermedia” a comienzos de 1986 bajo “un esquema de monitoria con el FMI y de seguimiento por parte del Banco Mundial al programa de inversiones públicas. Con ello se obtendría la garantía requerida por la banca comercial para efectuar el desembolso de recursos frescos” (Banco de la República, 1989).



centralizador que por más de un siglo había perdurado casi intacto con la Carta Magna anterior (expedida en 1886), toma un impulso inusitado6.

El acento férreo e inconveniente que mayoritariamente se le venía imputando al viejo arreglo institucional y que en el nacimiento republicano de la Nación recreó el lema decimonónico: “centralización política y descentralización administrativa” (Núñez) desde luego con prevalencia de la primera –, aparecía en el discurso político reinante como una fórmula obsoleta y anticuada para la construcción de un orden de distinto cuño y ajustado para una nueva época (capitalismo tardío).

El imaginario colectivo y el mismo espíritu constituyente proyectaba con la naciente Constitución de 1991 una suerte de tránsito hacia una fase, tan nueva como definitiva, de la democratización de la democracia colombiana y con ella, las bases para la superación decisiva de uno de los factores que – según las voces más generalizadas - impedían el Desarrollo nacional: el conflicto armado. Y aunque la crisis estaba constituida por diversas y complejas problemáticas, todas ellas de diferentes órdenes y dimensiones, la situación de violencia en que se debatía la nación terminó siendo el argumento por antonomasia.

Con la descentralización (en genérico) como principal instrumento, se superarían no sólo los problemas estructurales de la exclusión política sino también la desigualdad económica y social, fomentando al mismo tiempo una democracia en profundidad, integral y vigorosa.

La introducción de este nuevo marco sugería entonces un “viraje” con relación a nuevos fines, criterios y medios de intervención del Estado que tenían entre otros presupuestos fundamentales la idea de la descentralización, uno de los referentes fundamentales de la consolidación democrática. Sinteticemos algunos de ellos:

1. La esencia participativa. Una de las finalidades de la nueva concepción estatal ha puesto un énfasis central en la participación. Aunque sea “en teoría”, se ha pretendido acaparar prácticamente todos los ámbitos de la “vida económica, política, administrativa y cultural” (Constitución Política de Colombia, artículos 1° y 2°), haciendo del derecho de participación no solamente una cuestión “electoral-representativa” sino que su campo de dominio se extendía hacia las propias decisiones administrativas (Constitución Política de Colombia, artículo 40). Se reconocía el papel de la concertación, el control y la vigilancia de la gestión pública y de sus resultados a través de formas y organizaciones antes no previstas (v. gr. ONG’s, diversos tipos de asociaciones profesionales, cívicas, etc.). Otro aspecto que vale la pena destacar es la garantía de injerencia en los instrumentos de dirección e intervención del Estado de la mano de los Planes de Desarrollo tanto a nivel nacional como subnacional.

6 Opiniones próximas a organismos como el FMI y el Banco Mundial interpretan que desde la Constitución de 1991 y más aún con las reformas fiscales de principios del siglo XXI, el proceso de descentralización se ha “fortalecido” frente al período precedente de tendencia “centralizadora” (Gómez et alt., 2009, p. 1-3).



2. Eficacia, gestión y celeridad. La función administrativa del Estado se ajustaría a los criterios de eficacia, economía y celeridad que “corresponden al nuevo credo de la organización estatal en los tiempos que corren” (Moncayo 2004, p. 204). Igual rasero se introduce en relación con la eficiencia fiscal y administrativa en la distribución del gasto público social y para las transferencias de la Nación a las entidades territoriales (Constitución Política de Colombia, artículos 48, 49, 209, 350, 356, 357 y 365).

3. Poderes públicos: Mientras que mediante leyes orgánicas, esencialmente en materia presupuestal, la “autonomía” del Legislativo – el órgano por excelencia de la representación política – se hizo rígida, la del Ejecutivo se flexibilizó. Las competencias presidenciales en relación con la discrecionalidad de “crear, fusionar o suprimir” las demandas de la Administración central (Ministerios, departamentos administrativos, etc.); la asignación de funciones especiales y lo relativo a las “dotaciones y emolumentos”. Los cambios estaban previstos con el fin de facilitar soluciones de manera rápida y directa de las problemáticas concretas de la comunidad (Moncayo, 2004, p. 207).

4. Control comunitario y ciudadano de la gestión pública. El Constituyente consagró la estricta vigilancia de la gestión pública y de sus resultados, en diferentes niveles y escenarios, entendida como una expresión de la participación ciudadana y de la función electoral “ampliada y modernizada” (revocatoria del mandato, circunscripciones especiales nacionales, medidas anti-clientelistas, etcétera) (Constitución Política de Colombia, artículo 270).

5. Finanzas públicas. Escrutinio comunitario de gastos e ingresos públicos y en las relaciones fiscales intergubernamentales. El principio rector: “la íntima relación de la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales, mediante las transferencias nacionales a éstas últimas” (Moncayo 2004, 209). Entre otras cosas, existiría la posibilidad de arreglos inter-institucionales para atender responsabilidades asignadas.

En términos de la descentralización fiscal, el proceso constituyente que dio fruto a la Constitución de 1991 intentó establecer un Pacto Político que tendría en el arreglo fiscal del Régimen de Transferencias Intergubernamentales su máxima expresión7.

Este pacto, el cual puede interpretarse a la manera de un contrato social contemporáneo, inicialmente tuvo como justificación superar la situación de guerra interna y, como en el arquetipo contractualista moderno, instalar la paz y la protección de la vida. De hecho, en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente participaron algunas organizaciones armadas que en ese momento se reincorporaron en la vida civil. Precisamente, buena parte de los diseños institucionales allí previstos intentaban mejorar el cálculo entre la relegitimación del Estado versus la deslegitimación de los actores insurgentes no 7 En este sentido, se podría avalar la secuencia procesual a la que se refieren Tulia Falleti y Agrawal y Ribot (Falleti, 2001; Agrawal y Ribot, 1999).



incorporados quienes conquistaban progresivamente espacios de injerencia política y social, sobre todo, a nivel local8.

El pacto social constitucional tenía además como objetivo contribuir en la superación de los déficits presente en los derechos económicos y sociales de la población además de generar mayores equilibrios (verticales y horizontales) entre las regiones del país.

El constituyente previó entonces un pacto fiscal donde la distribución de los recursos desde el nivel central hacia las regiones tenía dos fuentes principales: (1) el Situado Fiscal: presupuesto dirigido hacia los Entes Territoriales (departamentos y municipios), el Distrito Capital de Bogotá y los Distritos Especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, el cual debía destinar el 60% de los recursos para el sector educación, el 20% para salud y el restante para “uno u otro componente”; y, (2) la Participación de los Municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN) desde donde se financiaban directamente los municipios.

El Situado Fiscal se calculaba en ese momento en 24,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación y la Participación de los Municipios (PICN), el 22% de los mismos, con lo que casi la mitad del presupuesto nacional estaría comprometido en el proceso.

Este Régimen de Transferencias Intergubernamentales se sustentaba en diferentes principios: (a) la regla general era que la financiación de necesidades básicas (educación y salud) correspondía principalmente a la Nación y conforme a ello, el Situado Fiscal trasladaría hacia los entes territoriales los montos necesarios para satisfacerlas; (b) la atención de la salud y de la educación se realizaría de manera directa por parte de los municipios; y, (c) se imponía constitucionalmente una fórmula precisa para garantizar el incremento paulatino pero significativo del Situado Fiscal (14 % en 1991) hasta el 22% en 20019.

En consecuencia, el constituyente se preocupó por precisar la estipulación de un valor creciente del presupuesto de la Nación para que fuera reservado en la atención adecuada de “los servicios para los cuales está destinado”. Desde esa época, inclusive, se advertía cierta desconfianza ante la tentación de que las fuerzas políticas reunidas en el Congreso pudieran intentar reducir (o manipular) los recursos, como en efecto sucedió posteriormente.

Crisálidas ideológicas y cristalizaciones constitucionales

¿Cuál es la razón para que al poco tiempo de haber sido instalado el proceso de descentralización y autonomía en Colombia, considerada una ruptura histórica e

8 Algunos autores han destacado, incluso, una suerte de “clientelismo armado” de la subversión (Peñate, 1999).9 El Régimen de Transferencias de los artículos constitucionales 356 y 357 se reglamentó mediante la Ley 60 de 1993. El Acto Legislativo (enmienda constitucional) 01 de 1995 estableció el régimen de transición.



institucional fruto de un nuevo marco constitucional, fuera fácilmente reversible mediante una oleada de contrarreformas constitucionales de signo contrario y centralizador?

Una de las respuestas frente a la paradoja que plantearía en principio este hecho debe ubicarse en el pacto fundacional que significó la Carta del 91 pues, desde su misma concepción, estuvo viciado. ¿Por qué?

Hacia finales de los ochenta y principios de la década de los noventa, confluyen en el país dos proyectos políticos simultáneos al mismo tiempo opuestos e incluso contradictorios. Desde luego, esta circunstancia afectaría los futuros desenvolvimientos del proceso de descentralización, especialmente, en su versión fiscal.

Uno de estos proyectos se expresa con la emergencia de la nueva Constitución: inclusiva, abierta, formalmente más participativa pero, sobre todo, garante de Derechos a través de la institucionalización del Estado Social de Derecho descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales (Constitución Política de Colombia, artículo 1°). Esta corriente estuvo basada en la incidencia que lograron diferentes posturas consideradas progresistas, al “centro” (derecha e izquierda) del espectro ideológico de los partidos tradicionales y desde las nuevas fuerzas políticas representadas en la Asamblea Constitucional.

Con antelación al proceso constituyente y en simultáneo también se manifiesta un segundo proyecto con la estructuración de distintos programas de ajuste estructural diseñados in vitro en la administración de Virgilio Barco (1.986-1990) – con la sugerente vigilancia de los organismos multilaterales – y que serían implementados in vivo como parte del nuevo modelo de desarrollo económico (la Constitución Económica), entre otras cosas, desde los Planes Nacionales de Desarrollo, el primero con César Gaviria (1990-1994) paradójicamente denominado: “La Revolución Pacífica”10.

Desde su concepción:

La dialéctica entre una nueva Constitución que reclama más Estado como mecanismo para superar la crisis institucional, y un plan de desarrollo, que diagnóstica la necesidad de menos Estado (...) el fruto de los consensos en la Asamblea fue la de ampliar las esferas de intervención del Estado… El Plan de Desarrollo se esfuerza, por el contrario, en delimitar las áreas del Estado (Ocampo, 1992).

Inicialmente, la yuxtaposición de los dos proyectos insinuaba una posible amalgama entre ambas orientaciones, la “social-demócrata” y la línea neoliberal.

10 El Plan Nacional de Desarrollo señala a) los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, b) las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y c) las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por los gobiernos durante sus mandatos. Igualmente, las entidades territoriales los “elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional” (Constitución Política de Colombia, artículo 339).



No obstante, la gramática de ésta última (el componente neoliberal), terminó fijándose transversalmente en la mayoría de las definiciones, convocando alrededor suyo el paradigma específico bajo el cual se introducirían y desarrollarían los referentes fundamentales del Estado, el sistema de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la ciudadanía, las forma de las políticas públicas, etcétera, y que fueron consignados en la Carta constitucional. Incluso, el hecho de que se “decretara” primero el componente económico de la Constitución durante el segundo semestre de 1990 y sólo posteriormente el componente político (primer semestre de 1991) fue indicador de esta dinámica11.

Más claramente:

(…) La Constitución de 1991 consagró en Colombia el Estado social de derecho y representó avances importantes en la constitucionalización de derechos económicos y sociales. No obstante, también produjo las condiciones institucionales para el afianzamiento – por vía constitucional – del proyecto político económico neoliberal durante los últimos lustros. En efecto, el margen concedido por los diseños constitucionales al poder político para configurar y desarrollar el modelo económico, habría de favorecer la consolidación institucional del proyecto neoliberal y de sentar las bases para una creciente determinación económica (en la forma de “leyes del mercado”) de la producción política. En ese mismo sentido debe comprenderse la incorporación de normativa para la “internacionalización de la economía”… (Estrada Álvarez, 2005, p. 259-320)12.

En su corta vida constitucional, el proceso de descentralización inspirado por la nueva constitución en su versión social-demócrata representaba considerables avances en términos políticos, administrativos y fiscales13.

Así desde los primeros años de la década de los noventas y hasta finales del siglo XX, el gasto descentralizado, la infraestructura social, la cobertura territorial y el acceso de la

11 Antes que ser anecdótico, esta situación fue sustancial para que la Carta del 91 no pudiera lograr “(…) su principal objetivo pacificante, precisamente porque la primera [Nota: Constitución Económica] no resolvía las tensiones sociales (…) la nueva constitución política le da un margen de maniobra al régimen oligárquico enquistado en el poder, para proseguir con el proceso neoliberalizador” (Díaz, 1996). Para un análisis de la relación entre neoliberalismo y democracia en el proceso constituyente colombiano (Jiménez Martín, 2008)12 Vale la pena anotar igualmente que este modelo “se introdujo a espaldas del país y que, según Rudolf Hommes [Nota: Ministro de Economía de la época], se impuso aprovechando el ‘efecto distracción’ de la Constitución de 1991, permitiéndole al Gobierno de César Gaviria tramitar por el Capitolio “las principales reformas legislativas del proceso de apertura [económica]” (Hommes citado por Fernández, 2009).13 “(…) se puede afirmar que dos de los tres objetivos trazados en la política pública de transferencias tienen resultados positivos como son corregir los desequilibrios fiscales horizontales y el mejoramiento de los indicadores sociales de las regiones”. (Contraloría General de la República 2006, 61) Igualmente, para esa época claramente implicaba, “el fuerte peso de las reglas formales en el campo de las relaciones intergubernamentales fiscales, hacía que la mayor parte de los recursos económicos fluyera a los niveles territoriales sin necesidad de negociaciones políticas” (Jordana 2001, p. 17).



población a los servicios sociales básicos descentralizados (educación y salud) se incrementaron notablemente; especialmente en virtud a que el Régimen de Transferencias Intergubernamentales previsto vinculaba las Transferencias a los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) y, en un escenario de buen comportamiento de la economía, más allá que subsistían grandes déficits y brechas sociales aún considerables, se consiguió garantizar mejoras sustanciales en la dirección del Estado Social de Derecho, de la mano de la función redistributiva que representaba el mecanismo (Restrepo Botero, 2005, p. 67-86).

Etapa Post-constitucional (I): Primera contrarreforma al Régimen de Transferencias

La crisis económica mundial que afectó al país entre 1997-1999 fue uno de los principales detonantes para profundizar el modelo neoliberal en Colombia. Para ese momento, ya se había recorrido una primera fase de reestructuraciones y el componente económico de la Constitución Política pudo capturar progresivamente la semántica constitucional del Estado Social de Derecho y la mayoría de sus principales definiciones en torno a las cláusulas neoliberales.

El ambiente de urgencia recreado a nivel local motivado con la nueva crisis financiera internacional (Sudeste asiático, Brasil, Rusia, México, entre otros) y el desplome de los principales indicadores económicos domésticos, primordialmente en materia del déficit fiscal, fue propicio para que las autoridades económicas aceleraran las nuevas reformas estructurales, denominadas de segunda generación14.

El ajuste fiscal no sólo se tornó una prioridad sino también la clave de las resoluciones en las alternativas para conjurar la crisis. Entre las soluciones estaba, desde luego, la modificación del Régimen de Transferencias Intergubernamentales, una reforma constitucional que parecía – según sus auspiciadores - “inminente”15.

Los principales argumentos de los defensores del modelo de desarrollo prevaleciente, bajo una visión que fácilmente puede calificarse de economicista, asociaron el diseño constitucional de 1991 como la principal fuente de las distorsiones y la causa eficiente de los desequilibrios, particularmente en materia fiscal. Bajo esta perspectiva, este diseño comprometía demasiado la estabilidad macroeconómica en vista de la creciente presión que ejercía el régimen de transferencias sobre las finanzas gubernamentales.

Ciertamente desde su aplicación las transferencias intergubernamentales representaron un componente considerable en el sector público no financiero, especialmente, dentro del gasto del gobierno central.14 La agenda incluía las reformas al sistema educativo, de la seguridad social, la descentralización del sector público, la reforma de las instituciones fiscales y la reestructuración del sector judicial, principalmente.15 Esta crisis combinó un encarecimiento del endeudamiento público y al mismo tiempo una caída en los ingresos que potenció, aún más, el desajuste fiscal.



Pero, en medio de las polémicas suscitadas, el argumento sobre la magnitud de estos recursos que obedecía al impacto fundamental y prioritario sobre la satisfacción mínima de las necesidades básicas sociales, pareció matizarse16. A pesar de ello, entre una coyuntura tan crítica como ésta y con el imperativo de no poner en peligro la seguridad económica, particularmente, la sostenibilidad de la deuda externa, se aprovechó entonces para convertir el contra-argumento en verosímil, máxime cuando se trataba de encontrar medidas tan efectivas como céleres.

En 2001 durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y mediante una reforma constitucional, el Acto Legislativo 01, reglamentado posteriormente a través de la Ley 715 del mismo año, se adelantó la reforma constitucional de los artículos 356 y 357 de la Carta Política, reemplazando el antiguo régimen de transferencias por uno nuevo, denominado ahora: Sistema General de Participaciones (SGP).

Esta reforma estableció taxativamente un período transitorio para estabilizar el flujo de los recursos que la Nación giraba hacia los entes territoriales arguyendo que el desempeño volátil de la economía en tiempos de crisis distorsionaba directamente las transferencias de los recursos, con lo cual, peligraría – incluso - el esquema diseñado en la Carta del 91 y sus objetivos.

Así las cosas, se contempló que para el período comprendido entre los años 2002 y 2008 – es decir, mientras se “superaba” la crisis – el flujo de recursos se redistribuiría de la siguiente manera:

- Entre 2002 y 2005, las transferencias intergubernamentales no crecerían con base en los Ingresos Corrientes de la Nación sino como un porcentaje del índice de inflación anual, al cual se le sumaría un porcentaje adicional del 2%. Las Transferencias así no se vinculaban más a los Ingresos Corrientes de la Nación sino que, en cambio, crecerían con relación a la inflación anual.

- Durante los años 2006 y 2008, la fórmula de cálculo sería el porcentaje de inflación más un adicional de 2.5%.

- Se convino que, en caso de que el crecimiento de la economía estuviera por encima del 4%, se contemplaría un porcentaje adicional a los recursos previstos anteriormente, en una proporción igual al crecimiento “extraordinario”.

- Una vez concluido el período de transición estipulado se retornaría inmediatamente al anterior régimen de transferencias constitucional. El monto de las transferencias no podrían ser inferior al porcentaje que había sido transferido durante el año 2001.

A pesar de que el discurso oficial tuvo la pretensión de interpretar en esta reforma una “profundización” en la tendencia descentralizadora, evidentemente no resulta tal.16 Esta idea esgrimida como “argumento” ha sido más que destituida. El déficit fiscal exponencial se explicaba fundamentalmente por el déficit del Gobierno Central.



Más que darle una “nueva forma” al anterior régimen y propiciar una fórmula renovada para distribuir los recursos hacia los entes territoriales, en medio de las dificultades de la economía, la reforma de 2001 significó una alteración de fondo (en sentido, tiempos y espacios) - aunque, para ese momento, se proponía era “temporal” - al espíritu original del pacto fiscal consagrado por el constituyente tan sólo una década atrás.

En términos fiscales estrictamente se trataba de la ratificación constitucional de un proceso re-centralizador anterior que ya se venía poniendo en marcha a nivel legal y que se inicia tempranamente en 1997 durante el final de la administración de Ernesto Samper (1994-1998) cuando se condicionaba el endeudamiento de las entidades territoriales a los llamados planes de ajuste á la FMI, después prolongado gracias al saneamiento fiscal y al pago “voluntario” de la deuda territorial impuesto por el gobierno nacional en 1999 que restringía las capacidades e iniciativas de gasto público de las autoridades subnacionales bajo la tutela del Ministerio de Hacienda y de los acreedores financieros; y, finalmente, mediante un paquete de ajuste estructural para departamentos y municipios que, entre otras cosas, los forzaba a asociarse entre ellos con el fin de lograr la viabilidad económica desde el año 200017.

Este interregno (1997-2000) no sólo preparó el terreno de esta reforma a las transferencias sino que, de antemano, ya perturbaba los escenarios en marcha de autonomía territorial, particularmente, en políticas económicas, trasladándola nuevamente desde los niveles subnacionales hacia la Nación, e incluso, hacia niveles extra-nacionales.

Sin embargo, dos razones adicionales parecen justificar la convicción centralizadora que animó esta reforma al régimen de transferencias.

De nuevo uno de los factores determinantes que desencadenaron estas medidas – y que es una vez más silenciado en la mayoría de los análisis - se relaciona con la coyuntura de corto plazo en términos del conflicto armado interno. En específico, la contraofensiva del Estado colombiano frente a la subversión (principalmente hacia las FARC) en los principios de la primera década del nuevo milenio.

Tras haber fracasado el proceso de paz iniciado en 1999 entre el gobierno de turno y la guerrilla colombiana y posteriormente con el rompimiento definitivo de los diálogos de negociación en enero de 2001, se reactivaron las confrontaciones militares e, igualmente, emergieron nuevas necesidades estratégicas, entre ellas, la renovación de recursos para propósitos militares.

Entre otras cosas, el ajuste del déficit fiscal, vía disminución de las transferencias intergubernamentales, permitía transferir buena parte del “ahorro” conseguido con la reforma hacia el gasto público en defensa militar el cual, ya por sí mismo, había venido exhibiendo una tendencia exponencial durante el pasado más reciente18.17 Leyes 358/1997, 550/1999 y 617/2000 (Restrepo Botero, 2005, p. 73-76).18 “Las cifras no permiten asignar la principal responsabilidad de las transferencias en el crecimiento del déficit. Es necesario considerar el crecimiento de otros sectores del gasto como el de defensa, policía



De otra parte, la menor erogación que conseguía el gobierno central gracias a esta reforma significaba en el largo plazo una liberación de recursos situación que le otorgaría un mayor control y discrecionalidad sobre las asignaciones de los Ingresos Corrientes de la Nación y, por lo tanto, un nivel cada vez más elevado de subordinación de los proyectos locales hacia los gubernamentales de carácter nacional – por lo general, coyunturales - en detrimento de políticas de Estado sostenibles en el tiempo (CID, 2000, p. 6).

El recorte de transferencias implicaba entonces el debilitamiento de muchos avances en materia de descentralización fiscal y, por supuesto, de las dimensiones administrativas y políticas.

Tabla 1. Evolución de las transferencias (2.002-2.007). Miles de Millones de pesos, 2006 Año Valor observado

TransferenciasTransferencias bajo

Régimen de la Ley 60 de 1.993

Diferencia

2002 14.796 15.016 2202003 15.143 15.346 2032004 15.573 16.891 1.3182005 15.966 18.389 2.4232006 16.401 19.833 3.4322007 16.990 21.816 4.826

Menor erogación fiscal por Acto Legislativo 01 de 2001 entre 2002-2007

12.422 Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Contraloría General de la Nación (2006).

nacional, justicia y seguridad social… la opción por el recorte de las transferencias es una opción política en cuanto a los sectores de gasto que deben hacer el esfuerzo de reducción” (CID, 2000, p. 3).



Igualmente gran parte del tema de la autonomía de las entidades subnacionales (en este caso, los departamentos y municipios) habría quedado resignado puesto que la financiación de las competencias territoriales en el marco del régimen político colombiano – una república unitaria - depende mayoritariamente del nivel nacional19. En este sentido, esta reforma - denominada también de descentralización autoritaria - llevó a que las decisiones principales de política (como sucedió en el caso de la Educación Básica y Media) recayeran en el gobierno central. Así los entes territoriales terminaban convertidos en simples “agentes gestores de la política del gobierno de turno” y la autonomía política y administrativa relegada a un segundo plano (Estrada Álvarez, 2002, p. 139).

Los efectos en términos del Estado Social de Derecho y en los sistemas educativos y de salud principalmente y en todos los casos, fueron claramente contradictorios.

La reforma del 2001 no sólo significaba un mero recorte en los recursos en el sentido económico del término. También un recorte en el sentido de la autonomía territorial (fiscal) y, en consecuencia, en la dimensión misma de los derechos sociales en tanto se privilegiaba un concepto - en contraste con el de autonomía - más cercano al de autarquía (“autosuficiencia”, para este caso fiscal), dimensión claramente contraria al modelo de Estado Unitario y la filosofía política que rige constitucionalmente en la República de Colombia (Sánchez, 2003).

Finalmente, los departamentos y los municipios dejaron de percibir recursos por $12.4 billones entre los años 2002 y 2008.

Etapa Post-constitucional (II): Segunda contrarreforma al Régimen de Transferencias

Desde el inicio de la primera administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) el énfasis que adquiere la violencia como constante explicativa del subdesarrollo político, económico y social del país le imprime un carácter mucho más perfilado al régimen político del momento.

Este periodo advierte no sólo una continuidad consistente con el modelo de desarrollo económico en curso. Además marca una etapa de profundización y consolidación, en particular, con el establecimiento de diferentes Tratados de Libre Comercio (denominados Acuerdos de Promoción Comercial), especialmente, los que se han venido “negociando” con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Estos Tratados Internacionales significarían un blindaje definitivo frente a las sucesivas generaciones de reformas estructurales (promovidas sobre todo a partir del Consenso de Washington) ya que por esta

19 Se trataría de un monopolio institucional distribuido, en el sentido de mantener grandes áreas de responsabilidad separadas según naturaleza de políticas públicas quedando concentrados los componentes de una política en el nivel de gobierno al que se le adjudican tales responsabilidades (Jordana, 2002).



vía se lograrían institucionalizar, en la forma de ordenamiento positivo internacional, las principales definiciones económico-políticas aplicadas desde la década de los noventas, haciéndolas relativamente irreversibles, por lo menos, desde el punto de vista jurídico-formal (Estrada Álvarez, 2004).

Precisamente, la trayectoria del proceso de “descentralización” colombiano – recordemos, ya seriamente afectado por los intentos contrarreformistas - estaría vinculado una vez más con el carácter de las configuraciones económico-políticas del nuevo milenio.

El proyecto político del Estado Comunitario de Uribe Vélez se adelanta en medio del recrudecimiento de la violencia y, en términos generales, con la intensificación del conflicto armado por parte de la guerrilla y también con la consolidación de los grupos paramilitares.

La necesidad de recolonizar los espacios territoriales teóricamente perdidos durante la época de las negociaciones de paz (debido al otorgamiento de una “zona de distensión”, por parte del gobierno anterior) y, sobre todo, la superación definitiva del conflicto interno, vía la derrota militar de la subversión, desestimando la alternativa de la negociación política, resulta ser una decisión que marca una secuencia lógica de hechos previsibles frente a las trayectorias anteriores.

La denominada política de “Seguridad Democrática” y, como en otras oportunidades, la generación de altos niveles de confianza interna aunque fundamentalmente de la externa - expresamente elevada a una política institucional: la llamada “confianza inversionista” - se traducen progresivamente en los pilares estratégicos de las políticas desde 2002. Aquí, de nuevo, convergen dos de los factores centrales de las dinámicas vistas en términos de la economía política colombiana: legitimación y gobernabilidad internas, y confianza externa.

En materia de descentralización política, el Gobierno invitaba al “fortalecimiento de la democracia local y participación de la sociedad civil en la gestión pública” subrayando la recuperación de la gobernabilidad territorial y la presencia efectiva del Estado en la totalidad el territorio nacional. Este objetivo debía conseguirse, entre otras cosas, mediante “alianzas, asociaciones y convenios de delegación” entre los niveles de gobierno (nacionales y subnacionales)20.

Desde el punto de vista administrativo y fiscal, el concepto y las estrategias no eran diferentes y los criterios antes mencionados simplemente se calcaban: la delegación de competencias hacia las regiones, la articulación de las instancias de gobierno mediante “una

20 Entre las acciones que se dirigían al cumplimiento de estos objetivos se destacaban, por una parte, el establecimiento de criterios de asignación de los recursos del presupuesto nacional para incentivar a los municipios en los propósitos de la eficiencia, entre otros y, de otra parte, planteando que las garantías de la presencia efectiva del Estado “en todo el territorio nacional” debían articular acciones conjuntas entre los diferentes niveles del gobierno a través de “alianzas, asociaciones y convenios de delegación”. (Presidencia de la República de Colombia 2002, p. 271-272).



mayor y mejor integración de los procesos planificadores” y la sempiterna sostenibilidad del ajuste fiscal territorial que acentuaba las limitaciones al endeudamiento de los entes territoriales.

A pesar de que las entidades territoriales – como se planteaba - ya habían sido sometidas a un largo y fuerte proceso de saneamiento de las finanzas subnacionales á la FMI, combinado con el efecto que representaba la reforma al régimen de transferencias, se insistía en la necesidad de seguir garantizando “la sostenibilidad de los procesos de ajuste ya emprendidos” (Presidencia de la República de Colombia 2002, p. 272).

Mientras la re-centralización de los recursos alcanzada con la reforma anterior seguía su curso, se pretendía ahora, bajo el argumento de la racionalización burocrática, la construcción del Estado Gerencial y en medio de la reforma estatal, en primer lugar, continuar delegando hacia los gobiernos subnacionales funciones que eran en ese momento ejercidas por entidades nacionales - consideradas onerosas -, incluso sometiendo a los municipios, entre otras cuestiones, a procesos de planeación general que constreñían – en principio - su autonomía en la planificación territorial21; y, en segundo lugar, acentuar todavía más la supremacía financiera del nivel central bajo la consabida relación de dependencia económica que mantenían los niveles subnacionales frente a la Nación y que había sido ya comprometida en detrimento de las entidades territoriales a través de mayores límites por parte del Gobierno al endeudamiento territorial22.

Esta propuesta de “descentralización” entonces mantiene una fuerte semántica fiscalista con grandes presiones hacia el ajuste y la concentración de los recursos económicos sujeta además a las necesidades e intereses gubernamentales del nivel nacional e igualmente sintonizado a las exigencias económicas y políticas globales.

Es así como una vez iniciado el segundo mandato de Uribe Vélez (2006-2010), la Reforma del apenas instalado Sistema General de Participaciones (SGP), se convierte - una vez más - en una cuestión perentoria.

21 La Ley 790 de 2.002 (Diciembre 7), “por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública…”, invoca – entre otros - los criterios de: (…) c) Se garantizará una mayor participación ciudadana en el seguimiento y evaluación en la ejecución de la función Pública; d) Se fortalecerán los principios de solidaridad y universalidad de los servicios públicos; e) Se profundizará el proceso de descentralización administrativa trasladando competencias del orden nacional hacia el orden Territorial; (…) g) Se procurará desarrollar criterios de gerencia para el desarrollo en la gestión pública…” (subrayo).22 Uno de los argumentos para “re-centralizar” hacia arriba fue que el modelo de organización territorial político-administrativa de Colombia tenía “una notable participación del nivel municipal, y nacional y un bajo protagonismo de las asociaciones municipales y del nivel intermedio de gobierno (los departamentos). El fortalecimiento de estas últimas instancias posibilitaría que los territorios organizados a través de redes y alianzas estratégicas aporten su potencial y alcancen una mayor competitividad y gobernabilidad” (Presidencia de la República de Colombia 2002, p. 269). Aquí vale la pena llamar la atención respecto a que proceso de reforma del Estado, una transición a otro tipo de Estado implica necesariamente el comienzo de una nueva secuencia de descentralización. Los contenidos y políticas interactúan con los sistemas económicos y políticos que están determinados por el tipo de Estado (Falleti, 2005).



Entre sus particularidades, llama la atención que en principio el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno ante el Congreso de la República expresaba, por un lado, la intención de mantener y perfeccionar el régimen de transferencias reformado vigente (SGP), bajo una “nueva” fórmula. Por otro lado, deseaba que éste fuera permanente, es decir, sin ningún límite temporal hacia el futuro, desconociendo que – recordemos – antes había sido previsto como un régimen transitorio que finalizaría en el año 2008.

Si bien esta última alternativa, si se la compara con el retorno al régimen constitucional (como estaba previsto y había sido comprometido), aumentaba el flujo de recursos, en todo caso, in extenso seguía desmejorando las transferencias intergubernamentales en detrimento de los entes territoriales. Aunque esta idea - la duración indeterminada del SGP – a la postre fue desechada, sí triunfó la de (contra)reformar de nuevo el sistema en torno a una nueva distribución de los recursos bajo otro régimen transitorio.

Tal y como sucedió con la aprobación de la primera versión de la reforma constitucional en materia de transferencias, en esta nueva versión, la intentona se gestionaba en el Congreso sin mayores contratiempos ni cambios frente al proyecto gubernamental por parte de los partidos de gobierno, más allá de las resistencias de la oposición y de las variadas movilizaciones sociales que – como en el pasado - se oponían a ella23.

Con la aprobación del Acto Legislativo 04 de 2007, la fórmula definitiva de liquidación de los recursos del Sistema General de Participaciones estableció que las transferencias hacia los entes territoriales se calcularían de la siguiente manera:

- Entre 2008 y 2009: con crecimiento del 5.3% + el porcentaje de inflación efectiva- En el año 2010: con crecimiento del 5.1% + el porcentaje de inflación efectiva- Entre 2011 y 2016: con crecimiento del 4.8% + el porcentaje de inflación efectiva

Se mantuvo - como en el pasado - que si el desempeño de la economía colombiana superaba el 4 por ciento anual, el porcentaje adicional de crecimiento económico sería incorporado en la misma proporción en el cálculo de recursos del Sistema General de Participaciones.

23 A lo largo del trámite del Acto Legislativo y gracias a varias movilizaciones nacionales, en cabeza de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), el legislativo incorporó en la fórmula porcentajes adicionales con destinación exclusiva para la educación. Sin embargo, el núcleo de la reforma a las transferencias quedó intacto y los cambios alcanzados en ese sentido pueden considerarse marginales vis-á-vis los impactos que ha generado en los sistemas de educación, salud y saneamiento básico (Ramírez Ríos, 2007).



Tabla 2. Evolución de las transferencias (2008-2016). Miles de Millones de pesos, 2006 Año/

TransferenciasSegunda Reforma (Acto Legislativo

Constitución Política de 1.991

Diferencia

2008 18.570 23.998 -5.4282009 20.056 26.400 -6.3442010 21.620 28.510 -6.8902011 23.718 30.790 -7.6122012 24.801 33.250 -8.4492013 26.537 35.910 -9.3732014 28.394 38.790 -10.3962015 30.382 41.890 -11.5082016 32.509 43.200 -10.691

76.692Fuente: Elaboración propia.

Más allá de los cálculos económicos, la reforma constitucional que modificaba nuevamente los ya reformados artículos 356 y 357 de la Carta Política implicaba, una vez más, un recorte de recursos. En base a lo previsto en la reforma anterior, en el año 2008 el régimen de transición del actual Sistema General de Participaciones (SGP) llegaba a su fin y se retornaba inmediatamente al diseño constitucional original de la Carta de 1991.

Al modificar el régimen vigente, el Proyecto gubernamental registra una disminución neta de las transferencias entre 2008 y 2016 por más de $76.6 billones, si se calcula “el ahorro”



frente a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01/2001, vale decir, retornando a la fórmula consagrada en la Constitución de 1991.

Si se contabilizan en conjunto las dos contrarreformas constitucionales y que cubren el período 2002-2016 de la etapa post-constitucional, al cálculo anterior se tendría que añadir $12.422 millones que se dejaron de transferir durante los años 2002-2008 de la mano del Acto Legislativo 01 de 2.001 (primera contrarreforma).

La pérdida total entonces se estimaría en $89 billones para la totalidad del período.Tabla 3. Pérdidas por concepto de las Reformas al Régimen de Transferencias

Concepto Recorte TransferenciasPrimera Reforma 2002-2008 $12.4 billones24

Segunda Reforma 2008-2016 $76.6 billones25

Total Reformas SGP 2002-2016 vs. Constitución Política de 1991 $89.0 billonesFuente: Elaboración propia. Cálculos con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del MinHacienda, Departamento Nacional de Planeación y Centro de Investigaciones para el Desarrollo – Universidad Nacional de Colombia. Inflación: 4% para todo el período.

24 La Contraloría General de la República calculó que con el Acto Legislativo 01 de 2.001 se logró una menor erogación por -$11 billones.25 Vale decir que si se siguen las cifras proporcionadas por el Departamento Nacional de Planeación en el Diario Portafolio, 14 de junio de 2.007, las pérdidas ascenderían a -$77.2 billones y según el Centro de Estudios para el Desarrollo (CID – Universidad Nacional) las cálculaba en 80,8 billones (Boletín CID del 14 de diciembre de 2006).



Resultaba indudable pues que los compromisos (fijos y crecientes) que las entidades tenían que asumir eran inviables sin contar con las transferencias las cuales en su dimensión económica se reducían sistemáticamente.

Desde el punto de vista del análisis de los ingresos y los gastos de los municipios y los departamentos, los recursos por concepto de transferencias son fundamentales para la sostenibilidad financiera tanto como para el desarrollo social territorial y las competencias jurisdiccionales a cargo de estos entes.

En el momento en que se tramitaba esta segunda (contra)reforma, en términos de los ingresos totales de la mayoría de los departamentos, las transferencias representaban mucho más de la mitad de sus recursos (por acercar dos ejemplos: en el Chocó significaban el 91% de sus presupuestos; en Boyacá el 59%). Desde los gastos totales, los gastos operativos en sectores sociales, es decir, educación y salud principalmente, los departamentos demandan recursos significativos (en el departamento del Chocó el 86%, Boyacá 58.6%) (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2006)26.

El mismo Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda en su Informe sobre la Viabilidad Fiscal de los Departamentos (para la vigencia 2005) ya había reconocido el hecho de que varios departamentos mantenían una alta dependencia de las transferencias para cubrir estas inversiones prioritarias, con lo cual cualquier disminución de los recursos significaba inmediatamente recortar las asignaciones en educación y salud o, por lo menos, someter a estos sectores a graves distorsiones solamente teniendo en cuenta desde el componente financiero.

Es más. Como han venido corroborando estudios recientes:

(…) La descentralización ha perpetuado las disparidades que en materia de cobertura en educación y salud existen en Colombia. La evidencia muestra una gran desigualdad en los ingresos fiscales per cápita de los entes territoriales, lo cual implica que éstos asumen la responsabilidad de prestación de servicios en condiciones muy diferentes. Gran parte de esta inequidad en el ingreso se origina en la diferencia observada en los ingresos tributarios, la cual, contrario a lo que se esperaría en un programa de equidad fiscal horizontal, no es corregida por el sistema de transferencias vigente (Bonet, 2006)

En todo caso, los hechos muestran ir en contra de cualquier avance en los procesos de descentralización y autonomía de los entes territoriales, constitucionalmente previstos, particularmente, en vista de los restringidos recursos propios de las entidades territoriales, además de las restricciones impuestas vía legal, como lo mencionamos anteriormente. En este sentido, el viraje fue claramente recentralizador27. Y lo anterior sin profundizar en el

26 Precisamente, como en Argentina, el proceso fallido de descentralización potenció las asimetrías regionales que buscaba en principio resarcir (Repetto y Alonso, 2004).27 En varios aspectos podría sugerirse un monopolio institucional distribuido como plantea Jordana (2002).



debate en torno a la inverosimilitud creciente del Estado Social de Derecho colombiano fruto de este proceso.

Hay que señalar que ambas (contra)reformas al Régimen de Transferencias Intergubernamentales (RTI) y al Sistema General de Participaciones (SGP) desarrolladas bajo los argumentos de garantizar la sostenibilidad macroeconómica y el equilibrio de las finanzas públicas más que estar animadas por el ánimo de perfeccionar integralmente el sistema se explican, en buena parte, desde las condiciones a las que ha estado sujeta la economía política colombiana de la mano de diferentes compromisos adquiridos - informales y formales - con los organismos multilaterales. En especial, los Acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y, en menor medida, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Como ya lo hemos advertido, todas estas instituciones han mantenido una proximidad influyente y característica frente a los procesos económico-políticos en el país y en los cuales el de la descentralización no resulta ser la excepción.

Tabla 4. Itinerario de reformas al modelo de descentralización

Norma Fórmula Iniciativa / Enfoque

Arts. 356 y 357 Constitución Política

Ley 60 de 1993

Participaciones parten del 14% en 1993 al 22% en 2001Situado fiscal parte del 22.1% en 1993 al 24.5% en 1996 con un máximo de 46.5%

Asamblea Nacional ConstituyenteDescentralización Fiscal

Primera ReformaActo Legislativo 01/2001

2002-2005: inflación + 2%2006-2008: inflación + 2.5%

Gobierno Nacional (/ 1)

Recentralización Fiscal Concentración del gasto

Segunda ReformaActo Legislativo 04/2007

2008-2009: inflación + 5.3% 2010: inflación + 5.1% 2011-2016: inflación + 4.8%.

Gobierno Nacional (/ 2)

Recentralización FiscalConcentración del gasto

Fuente: Elaboración propia. (/1) y (/2) previsto como condicionalidad del FMI.



Organismos ‘unilaterales’, entidades ‘multipresenciales’28

La incidencia de los organismos multilaterales a lo largo de la evolución política propia del país se caracteriza por su omnipresencia histórica.

No obstante, la proximidad con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los últimos tiempos ha sido muy especial. Particularmente, teniendo en cuenta que – por un lado - el país había sido una de las pocas excepciones en mantener relaciones formales con estas entidades en la época de mayor injerencia, permanente e institucionalizada durante la década de los setenta y ochenta en América Latina y el Caribe. Resulta entonces aún más llamativa cuando entrado el nuevo milenio, la relativa legitimidad que disfrutaban este tipo de organizaciones internacionales y la confianza depositada por diferentes gobiernos en ellas se desvanecía progresivamente en el mundo y sobre todo en la región29.

En términos del proceso de descentralización, los itinerarios más concluyentes de las (contra)reformas fiscales y administrativas han estado supeditadas a los diferentes compromisos informales y llamativamente los formales tanto con el Fondo Monetario Internacional como con el Banco Mundial, dos de las instituciones protagonistas en los ámbitos internacionales.

A través de los denominados Acuerdos extendidos y los llamados Acuerdos Stand-by - entre otros instrumentos - se ha llegado a recrear una relación de fuerte dependencia en la conducción en general del Estado y las políticas públicas (económicas, sociales, etcétera), en la medida en que los compromisos asumidos por los gobiernos responden – y en el mejor de los casos, están condicionados – a los intereses explícitos e implícitos de estas instituciones multilaterales, modelando las principales definiciones del Estado. En este caso en particular, ellos retienen un gran significado en el proceso de corto y largo plazo de la descentralización en el país.

Este apartado subraya entonces la incidencia de estas organizaciones a través de las trayectorias de influencia que anteriormente hemos descrito en torno a las reformas constitucionales, legales e institucionales y los estilos de conducción política en Colombia, con el fin de presentar esquemáticamente su impacto.

28 Este apartado se sustenta en las contribuciones realizadas por Andrea Ávila y Paula Rodríguez en el informe de investigación “Reforma al Estado en el primer período del gobierno de Álvaro Uribe” (mimeo) en el marco de de la investigación financiada por la División de Investigación de la Universidad Nacional (Sede Bogotá), “Reformas económicas y discursos políticos. La economía política de la política económica en las reformas estructurales en Colombia (2006-2010)”, dirigida por el profesor Jairo Estrada Álvarez.29 Significativamente en la época cuando Brasil y Argentina, dos de los mayores deudores del Fondo, anunciaron desembolsar por anticipado la deuda que mantenían y terminar la relación con el organismo.



El Acuerdo Extendido con el FMI

Únicamente hasta el año 1999 y por primera vez en décadas, el gobierno colombiano y el FMI formalizan un Acuerdo Extendido instaurando una serie de medidas de política económica que muy rápidamente son objeto de desarrollos legislativos y medidas económicas posteriores.

En el marco de las reformas de segunda generación este Acuerdo definió las principales directrices para la reestructuración del Estado. Entre ellas, las que apuntaban a fortalecer el sistema vigente de descentralización fiscal, mejorar la gestión pública y la política tributaria local y que - según se afirmaba - otorgarían “más autonomía fiscal a los gobiernos locales” (a través de la mencionada Ley 617 de 2000)30. Adicionalmente, determinaban un incremento de la participación del gasto en salud y educación pero condicionados a la promulgación de un paquete legislativo que incluyera la eliminación de cargos públicos y la reducción efectiva de los gastos públicos territoriales.

De esta forma se avanzaría en la meta integral de racionalización del gasto público (¡que dejaba por fuera el gasto de intereses correspondiente!). Esta pretensión tendría una respuesta institucional inmediata a través del documento del Consejo de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación (CONPES No. 3099 de 2000) (FMI, 1999, p. 8-9).

Desde el punto de vista de las contrarreformas analizadas, el Acuerdo estipulaba que antes de finalizar el año 1999 el Gobierno debía presentar ante el Congreso de la República una reforma constitucional que contemplara “desvincular” las transferencias intergubernamentales de los Ingresos Corrientes de la Nación, obligación que fue cabalmente cumplida con el Acto Legislativo 01 de 2001 y su ley reglamentaria 715 de 2001 y la creación del nuevo Sistema General de Participaciones (SGP).

En la Carta de intención al FMI, el Ministro de Hacienda de la época, Juan Manuel Santos y el gerente del Banco Central de Colombia, Miguel Urrutia (éste último, muy cercano a estas organizaciones en Washington) (Puello-Socarrás y Mora, 2005, p. 117-118) ratificaban al unísono estas obligaciones ante Horst Köhler, director gerente del Fondo:

3. La ejecución de las políticas bajo el programa del Fondo ha sido satisfactoria. El programa cuantitativo ha evolucionado como se había anticipado y varias reformas importantes han sido implementadas, incluyendo el cambio en el sistema de transferencias a los gobiernos territoriales… [Nota: Acto Legislativo No. 01 de 2001]

30 Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.



(…) El gobierno también ha presentado al Congreso un proyecto para mejorar el control y la asignación de los fondos provenientes de las participaciones en los recaudos, especialmente mediante el fortalecimiento de los controles sobre los gastos en educación y salud (reforma de la Ley 60)… [Nota: Ley 715 de 2001]31.

El Acuerdo Extendido precisaba entre otras cosas que en el caso de los gastos de seguridad y defensa no habría mayores reservas para un posible aumento del déficit del Sector Público (FMI, 1999, p. 12). Esta disposición que fue nuevamente viabilizada mediante del CONPES 3127 de 2001 en el que se especificaba que de esta manera se garantizaba la sostenibilidad macroeconómica venidera, en particular, por su impacto positivo en términos del desempeño doméstico y la seguridad y confianza económicas. No obstante, también contrastaba con la convicción de “ajuste” estructural que tan férreamente encarnaba el espíritu de los acuerdos.

Esta decisión, sin embargo, tenía sustento en razones adicionales de carácter extra-económico.

A pesar que el déficit del Gobierno Nacional registrado en el año 2002 y estimado en 4% del PIB fue visiblemente superior en 0.2% al nivel acordado con el FMI, los compromisos paralelos establecidos por el Gobierno colombiano con los Estados Unidos en el marco del “Plan Colombia” dispensaron el incumplimiento, avalando - de paso - un vertiginoso y estratégico aumento en los presupuestos en seguridad y defensa, paradójicamente dirán algunos, en época de ajustes32.

Los Acuerdos Stand-by con el FMI

El tránsito desde la administración Pastrana hacia el gobierno de Uribe Vélez no marcaba ninguna modificación sustancial en los itinerarios institucionales ya establecidos en el Acuerdo Extendido de 1999 con el FMI.

Los categóricos avances en el cumplimiento de los cronogramas y compromisos por parte del Gobierno colombiano permitieron que se vigorizara la relación con el Fondo33.

31 Así fue reproducido en una Carta de intención al FMI (20 diciembre de 2001).32 “(…) los gastos de funcionamiento aumentan 14.8% frente a la presente vigencia. Con relación a 2003, el rubro de servicios personales crece en 8.3% y los gastos generales lo hacen en 1.4%, incremento que incluye el costo de la modernización de las Fuerzas Militares y la Policía y una política salarial ajustada a las metas macroeconómicas. Este crecimiento es inferior al que se hubiera registrado de no haberse iniciado el ajuste de la renovación de la administración pública.” (FMI, 1999, p. 53).33 En abril de 2003 se produjo una nueva visita del FMI al país, en que se notificó que en “términos de la evaluación del programa destacaba que todas las metas se venían cumpliendo y que las autoridades a comienzos de año habían continuado su avance en la aprobación de las reformas estructurales”. (Junguito 2003, p. 18 y 22).



De hecho, en diciembre de 2002, uno de los primeros gestos de la primera administración de Uribe Vélez - tan sólo cuatro meses después de su posesión - fue ratificar la relación con el Fondo Internacional estableciendo un nuevo Acuerdo aunque esta vez bajo una modalidad diferente: “stand-by”.

Este Primer Acuerdo Stand-By (SBA-2002) que sería ejecutado inclusive hasta el año 2004 se basaba en la necesidad de adquirir más recursos para financiar el programa de gobierno de turno: la política de “Seguridad Democrática”, a la vez que continuaba con el desarrollo de las medidas previstas en el anterior Acuerdo Extendido, accediendo a nuevos desembolsos34. Ciertamente, la relación con el Fondo en la administración Uribe sería más próxima que nunca.

Las palabras del Ministro de Hacienda de esta época son reveladoras de cómo el gobierno de Uribe Vélez no sólo lograba el financiamiento público externo que requería en un contexto de mercados externos cerrados fruto de la crisis coyuntural sino, sobre todo, es sintomática de la relación que se renovaría desde ese momento con los organismos multilaterales35:

(…) era necesario obtener, de antemano, el apoyo al programa por parte del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de los Estados Unidos. Aprovechando el viaje de Uribe, entonces presidente electo, a Washington (…) se hicieron contactos con el FMI, así como con el Banco Mundial y el BID para iniciar el diálogo sobre las prioridades del nuevo gobierno y su estrategia económica y financiera. Dentro del país parecía necesario someter al Congreso un programa de Ley de Autorizaciones de Endeudamiento Plurianual, la cual fue aprobada mediante la Ley 781 de 2002”.

A lo cual, se agregaba, provocativamente:

(…) el presidente Bush dio instrucciones precisas de buscar apoyo financiero para Colombia a través de los organismos multilaterales de crédito, a la vez que alentó al presidente Uribe a adelantar las reformas estructurales enunciadas” (Junguito 2003, p. 18).

Fue el mismo FMI quien insistió que el “nuevo Acuerdo” - sustitutivo del anterior Acuerdo Extendido - fuese un programa Stand-by ya que la primera modalidad se reservaba para países que salían del sistema HIPIC (apoyo a países pequeños altamente endeudados) planteando mejores beneficios.

El Acuerdo Stand-by (SBA-2002) tendría también como elemento sustancial el “fortalecimiento” de las finanzas públicas para lo cual se anunciaba mantener el propósito 34 1.548 millones de DEG (unidad de cuenta utilizado por el FMI).35 Es importante mencionar que el ministro de hacienda designado por el presidente electo fue Roberto Junguito, quien para el momento de su nombramiento se encontraba desempeñando el cargo de Director por Colombia en el Fondo Monetario Internacional (Puello-Socarrás y Mora, 2005).



del gobierno en reducir el déficit consolidado del sector público como una señal que ratificaría sus convicciones de seguir profundizando los ajustes necesarios en pos de la estabilización de la deuda pública.

Las distintas medidas adoptadas comprendían la fijación de metas cuantitativas y de “forzoso cumplimiento”, en el corto plazo (2002-2003) con topes al déficit consolidado del sector público, desembolsos de crédito externo y compromisos en relación con las metas de inflación y las reservas internacionales; en el largo plazo, enfatizaba sobre acciones “robustas y permanentes” para frenar el crecimiento de la deuda pública, particularmente el compromiso del Gobierno para incrementar sus ingresos fiscales y disminuir los gastos para asegurar las metas fiscales comprometidas. Desde luego, una vez más, “el gasto en seguridad… se exceptuará al igual que el gasto militar” (FMI 2002, p. 6).

Llama la atención cómo desde este momento las directivas provenientes del FMI eran ágilmente honradas. Mediante el CONPES No. 3266 de 2004 se dio vía para estabilizar las finanzas públicas en el mediano plazo mediante sendas reformas de ajuste en materia pensional y de la política tributaria y, desde luego, ya se empezaban a vislumbrar las intenciones de llevar a cabo una nueva reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (como se anotó, el antiguo régimen de transferencias territoriales). Los instrumentos legales introducidos por estas directrices iban preparando el terreno para una segunda contrarreforma, en la manera como se presentó anteriormente.

Para el año 2003 y en contraste con los años anteriores, lo acordado en el Acuerdo Stand-by de 2002 si bien no había sido incumplido tampoco mantenía la rúbrica de ejecución ejemplar registrada en el pasado.

No obstante, el Gobierno Nacional pudo concretar un nuevo Acuerdo con el FMI en el que, por un lado, se retomaban aquellas metas que no habían sido alcanzadas y, por otro lado, se incluían compromisos adicionales.

Este segundo Acuerdo Stand-By con el FMI (SBA-2003) contenía un riguroso diagnóstico sobre los compromisos hasta ahora adelantados con el gobierno colombiano y un nuevo cronograma de criterios de desempeño estructural de clara orientación fiscalista36. De hecho, el CONPES No. 3266 de 2004 que pretendía un diagnóstico de los Acuerdos con el FMI al final del periodo, planteaba:

(…) el balance presentado al final del 2003 se encuentra dentro del marco de sostenibilidad de deuda pública previsto en la revisión del Acuerdo Stand-By firmado con el FMI, lo cual muestra el compromiso de la presente administración con la continuidad del ajuste fiscal que se ha venido realizando en el último quinquenio” (DNP 2004, p. 25).

36 En el Memorando de Políticas Económicas del Acuerdo Stand-by con el FMI (abril 2005) se resumía taxativamente la orientación en materia de política económica: “(…) 2. Las reformas económicas – centradas en la disciplina fiscal – fueron un componente central de esta estrategia” (FMI 2005, 3).



En materia de descentralización fiscal, se reiteraba “fortalecer el sistema vigente de descentralización fiscal”, es decir, el inaugurado Sistema General de Participaciones (SGP), convocando la asistencia técnica del Fondo (Departamento de Asuntos Fiscales) para “preparar un reporte” del nuevo sistema “con miras a desarrollar opciones de reforma” (FMI 2005, p. 9).

En otras palabras: tan sólo un par de años después de haber realizado la primera reforma al régimen de transferencias ya se insinuaban – desde este lugar de enunciación - nuevas intenciones reformistas, incluso, contradiciendo con antelación la cláusula constitucional según la cual el régimen vigente era transitorio, de tal forma que una vez finalizado el período previsto en la misma reforma debía retornarse al arreglo original de la Carta de 1991.

Una vez cumplidos la mayoría de los compromisos, en 2005 y por tercera vez durante la administración de Uribe Vélez, se firmaría otro Acuerdo stand-by con el FMI (SBA-2005)37.

Se reiteraba continuar adelante con las reformas estructurales insistiendo en la evaluación del actual sistema de transferencias para lo cual se publicaría un informe hacia el final del mismo año, exigencia que hacía parte de uno de los criterios de desempeño y referentes estructurales del programa 2003-2004 que aparecían en estado de “no cumplimiento” y además sin “dispensa”.

Precisamente, en el Acuerdo en cuestión se subrayaba cuidadosamente que el gobierno se comprometería a sentar las bases para llevar a cabo “ambiciosas reformas de mediano plazo, sobre todo en áreas de impuestos, subsidios y transferencias”. Advertía de paso y preventivamente que “el mecanismo de transferencia a los gobiernos locales y regionales implica un potencial riesgo para las finanzas del gobierno central a partir de 2009”, lo cual – finalmente – desencadenaría la segunda reforma a las transferencias intergubernamentales en los términos en que lo hemos desarrollado (FMI 2005, p. 9).

Aunque el protagonismo más visible en la era de las reformas en Colombia estuvo claramente identificado con el FMI, incluso eclipsando el rol de otros organismos multilaterales que hacían presencia en el país, el Banco Mundial también tuvo gran incidencia en las definiciones complementarias derivadas de las Reformas al Régimen de Transferencias38. No obstante, el rol del Fondo, en este tema, fue más que categórico.

37 “Se han cumplido todos los criterios cuantitativos de desempeño para finales de 2004, lo mismo que la mayor parte de los referentes estructurales”, con excepción de la reforma al Régimen Presupuestal (FMI 2005, 1).38 Nos referimos a la incidencia del Banco Mundial en la reforma sectorial al sistema de “agua y saneamiento básico” (un tercer componente central en materia de las transferencias) que fue viabilizada en la Ley que reglamentaba legalmente la (segunda) reforma constitucional al régimen. La influencia de este organismos para legalizar la creación de un “mercado óptimo” en Agua Potable y Saneamiento Básico bajo una modalidad privatista fue trascendental.



Liminar

El rol y la influencia que han desempeñado en genérico las organizaciones multilaterales, y específicamente el Fondo Monetario Internacional dentro del reciente proceso de descentralización en Colombia es un hecho crucial.

El itinerario reformista en sus características básicas esenciales revela un fuerte sentido fiscalista-economicista asociado a esta situación. Igualmente, el giro recentralizador el cual confirma una ruptura de la tendencia histórica instituida con la Constitución Política de 1991, en principio, basada en los principios de la descentralización y la autonomía, los cuales finalmente quedan desvirtuados en los últimos tiempos bajo la hegemonía y la semántica que se ha impuesto con el modelo económico prevaleciente los últimos veinte años

A lo largo del proceso, las decisiones más sustantivas adoptadas respecto a la descentralización estuvieron fuertemente condicionadas por el contenido y ritmos de la agenda neoliberal que representaban estas instituciones en el marco de las llamadas reformas de segunda generación y, complementariamente, por las necesidades estratégicas del régimen político y la economía política colombianas. Así el papel que desempeñaron las agencias internacionales - en este caso - es meridiano e imposible de soslayar a la hora de analizar las particularidades del proceso39.

No obstante, a la hora de hacer un balance en este sentido vale la pena llamar la atención sobre un par de asuntos adicionales de importancia actual.

La relación inversamente proporcional entre el proceso de recentralización y la democratización del régimen, recordemos, proyecto que desde la Constitución de 1991 iba de la mano de la profundización del componente descentralizador40.

A la par de la reversión del tránsito desde la descentralización fiscal hacia la centralización de los recursos (y con ello distorsiones en las dimensiones política y administrativa mas allá de que aquí no son objeto de este examen) a través de la época de las contrarreformas al sistema de transferencias intergubernamentales, se exacerban espectacularmente los rasgos delegativos – al decir de Guillermo O’Donnell – del régimen colombiano (O’Donnell,

39 De hecho, como preventivamente advertía Jordana la no corrección de situaciones en donde avanzaba el proceso de descentralización y sin desarrollo de las relaciones intergubernamentales paralelamente pudo conducir, como en este caso, a que los procesos se desaceleren, detengan o incluso involucionen y se perciban como en crisis e incluso – como también lo advierte, conduzcan hacia la quiebra del “nuevo modelo de Estado”, el desarrollo de la Democracia, déficit de eficiencia y eficacia de las políticas públicas, deslegitimación de niveles subnacionales y, al final, creciente inestabilidad en la estructura institucional de los países (Jordana, 2002).40 Incluso, el caso colombiano comparte el diagnostico según el cual las reformas generarían una mayor fragmentación en los niveles subnacionales, derivando en una “recentralización” (en esta perspectiva, de carácter nacional) (Repetto y Alonso, 2004).



1992). Sobre todo, hacia el final de la trayectoria, con las dos administraciones sucesivas de Uribe Vélez, hoy por hoy vigentes.

El proceso de “núcleo duro” de las reformas de recentralización (vía modificaciones a la Carta Política y sus reglamentaciones legales) tanto como el “núcleo blando” (a través de directivas presidenciales, reglamentarias, etcétera) estuvieron modeladas por decisiones tecnocráticas en la forma de acuerdos con el FMI.

En este sentido planteamos el tránsito desde el Pacto (social) constitucional hacia el Acuerdo neoliberal mientras se recorren las distintas etapas del proceso en Colombia.

La mayor incidencia de los organismos multilaterales, iniciada con el primer Acuerdo extendido con el FMI en 1999 y que se institucionaliza plenamente con los sucesivos Acuerdos Stand-by, plantea una ruptura categórica entre la vigencia de la estructura, diseño y espíritu originales de la Carta del 91 (etapa constitucional) y un orden diferente que progresivamente destituye – mediante reformas sucesivas – este ordenamiento (etapa post-constitucional) en sus definiciones básicas en términos de la descentralización pero también en otros aspectos de relevancia política (politics) y de políticas (policy) relacionados.

A esto se le añade que en los trámites legislativos tanto de las reformas constitucionales y de sus leyes reglamentarias como de las reestructuraciones sectoriales - salud, educación y agua y saneamiento básico - derivadas del proceso de contrarreformas en la descentralización in extenso, el protagonismo y la incidencia del Congreso fue nulo (Kaufman y Nelson 2004, p. 475).

En las reformas constitucionales, la política oficialista estructurada alrededor de las coaliciones de gobierno (actor de las iniciativas) disfrutaba de amplias mayorías y, en general, los políticos en el Congreso, se caracterizaron por jugar un papel inicuo a la hora de introducir modificaciones a las iniciativas provenientes del Ejecutivo que a su vez se originaban en propuestas pre-elaboradas en instancias extra-estatales.

En este sentido queda claro la naturaleza delegativa y, por lo mismo, autoritaria, del régimen democrático hoy por hoy vigente en el país. En igual sentido la captura del Estado Social de Derecho por el Estado (“Acuerdo”) Neoliberal.

Finalmente, en términos del fenómeno de descentralización en Colombia habría que identificar dos invariantes históricas, las cuales - según sea la coyuntura – definen en buena parte las dinámicas advertidas en términos de descentralización.

La primera: el conflicto armado y las necesidades de generar condiciones propicias para gestionar un ambiente de gobernabilidad mínima desde el Estado y el Gobierno y que – en segundo lugar – se conjugan con las necesidades del orden internacional, principalmente, las garantías para mantener niveles de confianza externa representados, sobre todo, en honrar los compromisos de la deuda externa.



Últimamente, los desafíos derivados del conflicto armado interno y la institucionalización de la “confianza al inversionista” (externa), incluidos nuevos compromisos de deuda externa, han estado estrechamente vinculados con la profundización del modelo económico-político prevaleciente y altamente correlacionados con la consolidación de la tendencia centralizadora, particularmente, su dimensión fiscal41.

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41 El “nuevo” gobierno presidido por Juan Manuel Santos – recordemos, protagonista y actor clave durante la mayor parte de este proceso como ex Ministro de Hacienda (Administración Pastrana) y, luego, como ex Ministro de Defensa (Administraciones Uribe Vélez) – sigue profundizando aún más la lógica descrita. Recientemente, proyectos de reforma constitucional presentado por el gobierno sobre: i) reforma las regalías (Acto Legislativo No. 13 de 2010) y ii) la llamada “responsabilidad fiscal” confirman aún más el carácter neoliberal que se acentúa en el régimen económico-político colombiano.



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ISSN 1794 - 8193

No. 11, julio - diciembre de 2009

La encrucijada del Derecho Internacional: El Caso de Palestina

Ricardo Sánchez Ángel

Doctor en Historia. Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia y Titular de la Universidad Externado de Colombia. Ha publicado, entre otras: Lecturas Colombianas (1996), Perfiles Ideológicos en Colombia en el siglo XX (1995), Política y Constitución (1998) y Crítica y Alternativa. Las Izquierdas en Colombia (2002)

Derecho & Política

En mi opinión, los hechos más importantes que están sucediendo hoy en el mundo son, por un lado, el movimiento de los esclavos en los Estados Unidos, iniciado por la muerte de John Brown, y, por otro, el de los siervos en Rusia…Acabo de ver en Tribune que ha habido un nuevo levantamiento de esclavos en Missouri, aplastado, naturalmente. Pero la señal ha sido dada ahora. Si las cosas se tornan serias pronto, ¿qué será entonces de Manchester?Carta de Carlos Marx a Federico Engels, enero 11 de 1860.1

I

Lo que está en curso en este año del 2009 es la continuidad a escala ampliada de la masacre, genocidio, crimen, contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Se trata del drama humano más grave de nuestra historia contemporánea. Por la larga duración de la agresión, por lo sistemático de las acciones criminales, por la desidia e insolidaridad de los gobiernos árabes y de los pueblos del mundo.

En torno a la tragedia palestina se ha constituido la banalización de la muerte colectiva de todo un pueblo, en especial los más indefensos: niños, mujeres y ancianos. Se ha sumido en una contemplación depresiva de la humanidad, no obstante el heroísmo de los palestinos por resistir y sobrevivir.

La guerra mediática que justifica y glorifica subliminalmente los bombardeos del ejército de Israel constituye el otro frente de la infamia. Justificando las acciones de exterminio contra el llamado terrorismo de Hamas (la organización mayoritaria y legítima, que es gobierno representativo), los medios y los gobiernos de Israel y Estado Unidos, se maquillan ante lo que es un crimen de humanidad.

Es la milenaria lucha entre David y Goliat, en la que las rústicas armas de los palestinos, no compiten en nada con la maquinaria de guerra de los israelíes, que incluso poseen armas nucleares. Israel invade con un ejército y armas de destrucción masiva como las bombas de fósforo blanco. Palestina no tiene ejército y usa precarias armas convencionales. Las bombas y suicidios para matar civiles israelíes son inaceptables, además de ser estratégicamente inútiles2.

1 Ver: C. Marx y F. Engels. La guerra civil en los Estados Unidos. Buenos Aires: Lautaro, 1964. Parte II. Correspondencia, p. 265. 2 Ver: T. Segec. En Gaza, Goliat habla Hebreo. En: Le Monde Diplomatique, Año VII, No. 75, Febrero 2009.

( 39 ) Derecho & Política

Ricardo Sánchez ÁngelLa encrucijada del Derecho Internacional: El Caso de Palestina


Edward Said nos da esta pauta: “Hay una enorme diferencia entre la desobediencia organizada o la protesta masiva, por una parte, y hacerse volar uno mismo junto con unas cuantas personas inocentes, por la otra. Hay que afirmar estas diferencias de forma clara e inequívoca, y se la debe incorporar de una vez por todas a cualquier programa palestino serio.”3

No se puede vivir y sobrevivir sólo de heroísmo. El admirable pueblo palestino requiere que su justa y legítima causa sea asumida con dignidad, altivez y contundencia por todas las gentes sencillas del mundo. Debe ser una movilización tan amplia, sostenida y contundente que obligue a los genocidas a cesar en su exterminio, y coloque la causa palestina en el lugar que le corresponde: una nación laica, moderna, democrática y partícipe de la comunidad internacional, de la que ha sido excluida -sólo tolerada como paria-, a la que se le conceden migajas de la ayuda humanitaria. Ayuda que pretende disfrazar ante la opinión internacional la gravedad de lo que ocurre.

Edward Said, el gran intelectual palestino, concluyó la Introducción a sus Nuevas Crónicas Palestinas, con esta reflexión:

Para ello necesitamos ser conscientes de que Palestina es una de las grandes causas morales de nuestra época. No es una cuestión de trueques, ni de negociar intercambios, ni de hacer carrera. Es una causa justa que debería permitir a los palestinos obtener y conservar su ventaja moral.4

II

La verdadera estrategia del estado israelí es constituir el gran Israel bíblico, el sueño delirante de los sionistas, la organización conformada por fundamentalistas religiosos, grandes financieros, propietarios de medios de comunicación en Estados Unidos, comerciantes de armas…

El Estado de Israel viene de sufrir una colosal derrota por parte de Hezbolá en el 2006, cuando invadió El Líbano. Desde 1948 el Líbano fue refugio para los palestinos expulsados de su territorio, lo que se reeditó en la guerra de 1967. En 1982, el ejército de Israel realizó la matanza de Sabra y Shatila, campos de refugiados de los palestinos. Este país, ha sufrido cuatro invasiones por Israel, respaldadas por los Estados Unidos.

En esta coyuntura se ha evidenciado el carácter corrupto de sus gobernantes, como Sharon, Ehud Barak y Ehud Olmert. En la sociedad israelí hay voces de historiadores e intelectuales que realizan una desigual lucha de revisión y oposición al exterminio de palestinos y a sus pretendidas justificaciones. Es de esperar que muchos judíos en el mundo estén en contra del genocidio adelantado por sus gobernantes. Al igual que saben que somos millones los que rechazamos siempre el antisemitismo y propugnamos el no olvido del genocidio judío. 3 E. Said. La actual y clara realidad. En: El fin del proceso de paz. Nuevas Crónicas Palestinas. Nueva edición revisada y ampliada (1995-2002). Barcelona: Mondadori, 2002, p. 179-180.4 E. Said. Nuevas Crónicas Palestinas, cit. p. 34.




Situados en Nuestra América, tenemos profunda sensibilidad por estas tragedias humanas, porque hemos vivido igualmente la constelación del horror: el genocidio de nuestros aborígenes, de nuestros antepasados por parte de los colonialismos español, inglés, portugués y francés. Al igual que el otro gran genocidio: el del africano traído a nuestros países e incorporado como población esclava en el período de conformación del capitalismo mundial, con sus métodos de violencia, despojo y exterminio. En una bella novela, La Ceiba de la Memoria, el colombiano Roberto Burgos Cantor, ha recreado el círculo herrumbroso del exterminio del negro esclavo en la colonial Cartagena de Indias y el exterminio judío en el campo de concentración de Auschwitz5.

La política de Israel de convertirse en el Gran Israel bíblico descansa en dos mitos fundadores: ser el pueblo elegido por el dios de la Biblia y tener derecho a la tierra prometida: “18:En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates;19: la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, 20:los heteos, los ferezeos, los refaítas, 21:los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos”6

La líder histórica de Israel, la señora Golda Meier, dijo de manera clara y brutal: “No existe el pueblo palestino. Esto no es como si nosotros hubiéramos venido a ponerles en la puerta de la calle y apoderarnos de su país. Ellos no existen.”7

Los palestinos devienen así en los innombrables, tal cual lo eran los judíos para los nazis. A lo sumo son habitantes indeseables en los territorios ocupados colonialmente por el militarismo estatal de Israel. Y por supuesto, cada vez con más fuerza en terroristas islámicos.

Giorgio Agamben ha estudiado el asunto de las víctimas judías. Nos da esta clave, que quiero utilizar como analogía frente a los palestinos. “Lo intestimoniable tiene un nombre. Se llama en la jerga del campo, der Muselmann.” Son los humanos convertidos en cuasi humanos, en despojos, en idiotas impotentes, aislados, sin posibilidad de ser mirados ni visibilizados. Son los inexistentes que están allí, en tal situación extrema en la que lo humano es ya no-humano. Muertos de hambre de manera planificada. Concluye Agamben:

A veces figura nosográfica y a veces categoría ética, límite político y concepto antropológico alternativamente, el musulmán es un ser indefinido, en el que no sólo la humanidad y la no humanidad sino también la vida vegetativa y la de relación, la fisiológica y la ética, la medicina y la política, la vida y la muerte transitan entre ellas sin solución de continuidad. Por eso su “tercer reino” es la cifra perfecta del campo, del no-lugar donde todas las barreras entre disciplinas se arruinan y todos los diques se desbordan.8

A esta situación es a lo que conduce el mandato maldito de Golda Meier: No existe el pueblo palestino. El musulmán de Auschwitz no desapareció con la derrota nazi y la muerte de Hitler, 5 Ver: R. Burgos Cantor. La Ceiba de la Memoria, Editorial Seix Barral, Bogotá, 2007.6 Santa Biblia, Génesis XV, 18-21. Bogotá, Sociedad Bíblica Colombiana, 1960.7 Declaración al Sunday Times, junio 15 de 1969.8G. Agamben. Lo que queda de Auschwitz. Homo Sacer III. Capítulo 2: El Musulmán. Valencia: Pre-Textos, 2005, pp. 41-89.




renace de tanto en tanto y ahora lo está, en la pretensión de que sea encarnado por los palestinos. Expresión delirante del ultra racismo.

Desde la gran literatura, Vassily Grossman, en su monumental Vida y Destino, nos da esta clave sobre lo mismo:

Un Brenner experimentado puede determinar a partir de un montículo cuántos cuerpos yacen dentro de una fosa: cincuenta, cien, doscientos, seiscientos, mil…El Scharfuhrer Elf exige que a los cuerpos se les llame figuren, cien figuras, doscientas figuras, pero Rosemberg los llama: personas, hombre asesinado, niño ejecutado, viejo ejecutado…Los llama así en voz baja, de lo contrario el Scharfuhrer descargaría nueva gramos de metal contra él, pero sigue musitando obstinadamente: “Ahora sales de la fosa, hombre ejecutado…Niño, no te agarres a tu mamá con las manos, os quedaréis juntos, no te irás lejos de ella…”9

En la combinación biopolítica de dispensar muerte y vida, el Estado de Israel extermina a centenares de palestinos -al momento de escribir esto, en la ofensiva en curso van más de 1.350 palestinos asesinados y 5.000 heridos-, confina en guetos, campos de concentración a parte de la población y a la otra la expulsa como náufragos del planeta. Esta operación militarista colonial tiene cuatro caras: 1) Exterminar, 2) Invisibilizar en campos de concentración, 3) Expulsar, 4) Ocupar y anexar territorios.

III

La fundación histórica del Estado de Israel está basada en la violencia. Los acuerdos de las Naciones Unidas de 1947 para dividir Palestina, promovidos por Gran Bretaña dieron como resultado que Israel se apoderara del 78% de Palestina en 1948. El 22% restante, correspondiente a Cisjordania, Gaza, Jerusalén, Sinaí (Egipto) y los Altos del Golán (Siria), fue ocupado en 1967.

Comenzaron destruyendo 531 aldeas árabes -hecho documentado por los historiadores revisionistas judíos Bemy Morris, Ilan Pappe, Avi Schlain, Tom Seger-, y desde entonces la guerra de exterminio, expulsión, confinamiento y anexión ha sido lo permanente en la política exterior de Israel. El baño de sangre más expresivo de esta violencia fundadora fue lo ocurrido en Deir Yassin el 9 de abril de 1948, donde 254 habitantes, niños, mujeres, ancianos, hombres, fueron masacrados por las tropas israelíes (del Inguín) dirigidas por Menahem Begin.

Danilo Zolo nos recuerda lo siguiente:

Así, el pueblo palestino bajo ocupación militar es acusado de ser la cuna del terrorismo islámico, en particular del terrorismo suicida, y con ello se olvida que, entre otras cosas, los primeros actos terroristas en Palestina fueron realizados por organizaciones hebraicas, tales como la banda Stern, guiada por Yitzhak Shamir, y la banda Irgun Zwai Leumi, comandada por Menahem Begin, célebre

9 V. Grossman. Vida y Destino. Barcelona, Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, 2008, p. 245.




por la masacre de Deir Yassin. Los atentados contra la población israelita de parte de los militantes de Hamas y otras organizaciones radicales son calificados y universalmente estigmatizados como terroristas. Al mismo tiempo, las operaciones devastadoras del ejército israelita, que, violando numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, sigue ocupando los territorios palestinos, son calificadas, a lo sumo, como violaciones del derecho de guerra (o del derecho humanitario). Y esto sucede también cuando atacan indiscriminadamente a la población civil, así como en el caso de los llamados “asesinatos dirigidos”, que, además de ser ilegales en sí mismos, a menudo producen la muerte o la mutilación de numerosas personas inocentes.10

Los distintos gobiernos de Estados Unidos, republicanos y demócratas, han apoyado esta estrategia de guerra terrorista permanente de Israel, y la han dotado de jugosas ayudas. Desde 1967 al 2002, los Estados Unidos entregaron más de doscientos mil millones de dólares en ayuda económica y militar incondicional, y esta ayuda no ha cesado de fluir al día de hoy.

Los gobiernos árabes han sido condescendientes, en mayor o menor grado, de esta prevalencia israelí. Incluso humillados por el militarismo sionista como en el caso del Egipto derrotado en la guerra de los seis días de 1967 y ocupado parte de su territorio. El gobierno de Egipto es hoy el principal receptor en el mundo de ayuda militar de Estados Unidos, con dos mil millones de dólares al año. El segundo es Israel y el tercero Colombia.

Gobiernos como los de Siria e Irán, que enfrentan la hostilidad de Israel y Estados Unidos, brindan una solidaridad menor a la que sus pueblos dan y exigen para la causa palestina. En Nuestra América, los gobiernos de Brasil, Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador, así como en Centroamérica están activos en la solidaridad ante la actual agresión israelí en Gaza. Distintas movilizaciones de protesta se realizan en el mundo.

IV

El liderato palestino ha sido sometido a duro escrutinio: el forjado por Yasser Arafat y la Organización de Liberación Palestina devino en una frustración. Se conformó como una Autoridad Palestina que utilizó la represión contra su propio pueblo y los disidentes políticos, permitiendo un entorno de corrupción y haciendo gala de una gran improvisación en los asuntos del gobierno y las negociaciones de paz. La causa palestina, de obtener en los años setentas y ochentas, solidaridad y prestigio en el mundo, se vio sometida a su marchitamiento producto de cambios drásticos en la situación política mundial. Sin duda la estrechez de la Autoridad Palestina contribuyó a ese marchitamiento. Dice a favor de Arafat y la OLP, el haber retirado de su programa la consigna de: la destrucción del Estado de Israel, su desconocimiento a existir.

Tariq Ali, un experimentado militante internacionalista y coeditor de la revista New Left Review, en un reciente artículo, titulado El gueto de Gaza y la hipocresía occidental, llama la atención 10 D. Zolo. La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad. Madrid, Editorial Trotta, 2007, p. 148-149.




sobre el carácter de la nueva dirección en curso, la de Hamas. Esta organización rechazó la capitulación de los acuerdos de Oslo de 1993, aprobados por Arafat, así como los de Taba y Ginebra, claramente desfavorables a los palestinos y destinados a consolidar la paz armada de Israel.

Frente a la Autoridad Palestina financiada y apoyada por distintas fuentes, especialmente árabes, dice Tariq Ali:

Hamas ofreció la alternativa de su propio ejemplo. Sin los grandes recursos de su rival estableció clínicas, escuelas, hospitales, formación profesional y programas de bienestar para los pobres. Sus jefes y cuadros viven frugalmente, al alcance de la gente corriente. Es esta respuesta a las necesidades cotidianas la que se ha ganado amplias bases que la apoyan.11

Pero de igual manera señala como crítica esta limitación de la organización: “Hamas carga con un pasado fardo desde su formación y es la flaqueza del nacionalismo palestino: la creencia que sólo habría dos posibilidades, o el completo rechazo de la existencia de Israel o la aceptación del desmantelamiento de Palestina, hasta ser reducida a una quinta parte de su territorio.”12 Para Noam Chomsky: “permítame que lo repita: las políticas de Hamas en mi opinión son inaceptables, pero son preferibles a la vez a las de Estados Unidos e Israel”13.

En la carta fundacional de Hamas (1988) hay propósitos inaceptables, así, en el artículo primero, capítulo séptimo se dice:

El profeta, que la bendición y la paz le sean dados, ha dicho: “El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos (matándolos); hasta que los judíos se escondan detrás de piedras y árboles, los cuales gritarán: ¡Oh, musulmán!, ¡hay un judío detrás de mi, ven a matarlo! Sólo el árbol Gharkad, que es un árbol judío, no lo hará”14.

Y en el Artículo 15 dice: “Debemos grabar en las mentes de las generaciones musulmanas que el problema palestino es un problema religioso, el cual debe solucionarse sobre esa premisa”15 .

La organización Hamas haría un gran aporte a la perspectiva de la justicia si reconociera la existencia del Estado de Israel exigiendo el cese al holocausto palestino.

11 T. Alí. El gueto de Gaza y la hipocresía occidental. 04-01-09. En: www.sinpermiso.info. Además de Ali, entre otros escritores e intelectuales que han expresado su opinión sobre la tragedia palestina, están: Claudio Katz, Jean Bricmont y Diana Johnstone, Michael Warschaski, Fabián Harare, Emir Sader, Robert Fisk, Carlos Fazio, cuyos artículos pueden encontrarse en www.sinpermiso.info, www.rebelion.org, 12 T. Alí. El Gueto de Gaza y la hipocresía occidental. cit.13N. Chomsky. Palestina desde Dentro. Barcelona, Hacer editorial, 2008.14 Carta Fundacional de Hamás (1988): Muerte a Israel y a los Judíos. Tomado de Le Monde Diplomatique, Año VII, Número 75, Febrero 2009.15 Carta Fundacional de Hamás, cit.




http://www.sinpermiso.info/

http://www.rebelion.org/

V

La conciencia de los judíos aparece como trágica. De ser un pueblo sin sociedad ni Estado, errante y sumido en la existencia de guetos, ser exterminados en los campos de concentración nazi y en los gulags estalinistas, han pasado a aceptar un Estado que niega a los palestinos su vida, su territorio, su derecho a existir como sociedad y a tener un Estado.

Las horas y los días cuentan en la suerte de Palestina. Su territorio está ocupado y controlado. Su pueblo está siendo asesinado en forma permanente, sometido al hambre, la censura total y el terror psicológico. Está en curso la separación de Gaza y Cisjordania.

La política guerrerista de Israel aparece como la reedición de la estrategia de Adolfo Hitler: la solución final. El exterminio, el exterminio, el exterminio. Israel es el único Estado en el mundo que no tiene fronteras internacionales declaradas porque el anexionismo territorial es su objetivo.

El gran intelectual Judío Noam Chomsky, ante la pregunta:

M.G.: Cuando dice que las prácticas del Estado israelí son similares a las de Hitler, ¿no está justificando que lo llamen antisemita?N.C: Yo nunca he comparado las políticas de Israel ni las de ningún otro país con las de Hitler. Hitler fue excepcional. Representa un desarrollo particularmente horrendo en las cuestiones humanas. No creo que haya nadie más como él. Sin embargo, sí que digo que algunas de las políticas mencionadas resulta que se parecen a las suyas. Las palabras de Hitler al ocupar Checoslovaquia: así es como hablan las grandes potencias. Deberíamos reconocerlo. Eso no significa decir que todos los demás están cometiendo un Holocausto, claro que no, eso fue algo excepcional. Sin embargo, deberíamos reconocer las similitudes, los métodos de planificación, las formas de pensar, cuando estas están presentes.16

En su momento, Edward Said, al hacer el balance y pensar las perspectivas de los palestinos, advirtió: “Obviamente, existe la posibilidad de que los palestinos acaben de manera parecida a los indios norteamericanos; pero es probable (aunque no seguro) que la demografía, la actuación contraproducente y la estupidez de la arrogancia oficial lo eviten.”

Existe la posibilidad, esto es lo que está sucediendo, con torpeza, bestialismo y fanatismo. Pero está sucediendo el exterminio. Israel es un Estado que rechaza el Derecho Internacional y la coexistencia pacífica que ello implica, desacatando las decisiones de la ONU.

Un millón de palestinos en Cisjordania, millón y medio en Gaza, un millón doscientos mil en Israel como ciudadanos de segunda, dos millones en Jordania y una diáspora de cuatro millones quinientos mil en los territorios árabes y en el resto del mundo, constituyen la geografía humana del pueblo palestino al que se le niega a vivir en sociedad y con su propio Estado. Antes de 1948, los judíos poseían el 6% de las tierras, hoy dominan la mayoría del territorio.

16 N. Chomsky. Líbano desde Dentro. P, 104-105. Ver de Ricardo Sánchez Ángel: “El Holocausto Palestino desde Nuestra América”. En: Sin fundamento, Revista de Filosofía Colombiana, p. 87-96, No. 9, Marzo de 2008, Facultad de Filosofía, Universidad Libre de Colombia.




Los palestinos ‘viven’ en guetos dispersos y Gaza es un gran campo de concentración, con todo tipo de vigilancia y represión por parte del ejército israelí, que aplica parecidas técnicas de control y destrucción de los palestinos, a las utilizadas por los nazis contra los judíos.

VI

Los palestinos nunca han tenido un genuino proceso de paz. Lo que se les ha ofrecido por parte de los Estados Unidos, la Comunidad Europea y las naciones árabes, como Egipto, es la aceptación de las conquistas coloniales realizadas por Israel.

La ONU rechazó la violencia de Israel en la Declaración 242 de 1967, que condenó la ocupación de Gaza, Cisjordania y demás territorios. Más aún, entre 1948 y el 2003, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó más de 200 resoluciones atinentes, directamente a favor de la causa palestina, de las cuales 39 fueron vetadas por Estados Unidos17. Ninguna resolución ha sido aceptada por Israel.18 La presencia de las Naciones Unidas en Gaza ha sido boicoteada, sus instalaciones de hospitales, escuelas y centros de alimentación han sido destruidos por Israel!!

Explícitamente, los Acuerdos de Oslo de 1993, y las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton en Camp David, buscaron escamotear la devolución de los territorios a como estaban antes de 1967. Con cualquier pretexto Israel ha lanzado reiteradas agresiones, que incluyen bombardeos a la sede del gobierno, el Parlamento y la destrucción de los archivos de la identidad palestina: censo, estadísticas, organización administrativa.

Un balance que relativiza mi juicio es el de Noam Chomsky:

Los más importantes son los Acuerdos de Ginebra, hechos públicos en Ginebra en diciembre de 2003. Allí se propone una solución parecida al problema de los refugiados: algunos regresarían a Israel, otros a Palestina, de manera que se respete el equilibrio demográfico de Israel. Pero se trata de un acuerdo informal que sólo puede llevarse a la práctica si los signatarios, y el mundo, lo aceptan formalmente. Israel lo rechazó, igual que los Estados Unidos. Las negociaciones prosiguen, pero sólo producirán resultados concretos si las aceptan los Estados Unidos, y cuando estos las acepten.19

Todo el plan económico y de infraestructura en Gaza, Cisjordania, Jerusalén y otros territorios han sido desarrollados por Israel directamente, como el sistema de carreteras, el manejo de los

17 Para una relación de estas resoluciones, ver: Desprecio del Derecho, Tomado de Le Monde Diplomatique. cit,. P. 5 a 7.18 Ver: V. Tilley Palestina-Israel: Un país, un Estado. Madrid: Akal, 2008. Ver igualmente: Varios autores. “La respuesta pacifista. Conversaciones con miembros israelíes y palestinos de los movimientos por la paz”. Madrid: Catarata; Varios autores. “Historia del otro. Una doble mirada al conflicto árabe – israelí”. Oxfam; M. Warschawski. En la frontera. Barcelona: Gedisa; R Sánchez. La emancipación de los derechos humanos. Bogotá: Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia. 2007. 19 N. Chomsky. Líbano desde dentro, cit. p. 85.




acueductos y el agua, o indirectamente, como sucede con el aeropuerto internacional de Gaza, construido con financiación internacional pero con control israelí.

Las relaciones entre Estados Unidos e Israel han sido estrechas y constantes. Los capitalistas y políticos israelíes tienen grandes intereses financieros y mediáticos. Ejercen influencia y protagonismo en la Casa Blanca y en el Congreso, y por tanto, en la política de la gran potencia. Todas las mal llamadas iniciativas de paz que los gobiernos de Estados Unidos impulsan, trátese de Clinton y Bush, han estado en la perspectiva de afianzar los intereses de Israel.

El nuevo gobierno de Obama busca revitalizar iniciativas que muestren cambios a favor de la paz, sin que en esencia ocurran. Es la política del gatopardo, que la Secretaria de Estado, Hillary Clinton -declarada pro-israelí-, va a ejecutar. La política de Obama en el Medio Oriente será más multilateral, buscando apoyarse en las iniciativas de la Comunidad Europea y de Egipto, lo cual no altera la ecuación de injusticia contra los palestinos. De acuerdo a Serge Halimi, director de Le Monde Diplomatique:

Con estos respaldos, el proyecto de los grandes partidos israelíes parece claro: destruir la perspectiva de un verdadero Estado palestino cuya creación es un objetivo reconocido internacionalmente. Cortada por muros y barreras, plagada de colonias, Cisjordania seguirá siendo un conglomerado de bantustanes mantenido por goteo por la Unión Europea. Y Gaza será bombardeada cada vez que su vecino decida “responder”, de manera desproporcionada, a atentados o tiros de cohetes. En el fondo, tras sesenta y un años de derrotas, humillaciones, de exilios, de violaciones a los acuerdos firmados, de colonización, de guerras fratricidas, cuando los gobiernos del mundo entero los abandonaron a su suerte y autorizaron que el derecho internacional, incluido el humanitario, fuese pisoteado, es casi un milagro que los palestinos conserven la determinación de concretar un día su identidad nacional.

Si lo logran, no se lo deberán ni a los europeos, ni a los estadounidenses, ni a la mayoría de los gobiernos árabes. En Gaza, una vez más, todos se comportaron como cómplices del interminable despojo de un pueblo.20

La paz en Palestina requiere superar la hipocresía occidental, devolver los territorios ocupados desde 1967, la reparación y el retorno de los exiliados y el reconocimiento de los palestinos a su autodeterminación. Edward Said extrae esta lección:

Curiosamente, la milenaria historia Palestina proporciona al menos dos precedentes que permiten pensar en estos términos seculares y más modestos. En primer lugar, Palestina es y ha sido siempre una tierra de muchas historias; constituye una radical simplificación pensar en ella como principalmente -o exclusivamente- judía o árabe, ya que, aunque desde muy antiguo ha habido una presencia judía, esta no ha sido ni mucho menos la principal. No solo los árabes, sino también los cananeos, moabitas, jebuseos y filisteos en tiempos antiguos, y 1os romanos, otomanos, bizantinos y cruzados en épocas más modernas, han vivido en este lugar, que de hecho es multicultural, multiétnico y multirreligioso. En realidad, pues, apenas hay justificación histórica para la homogeneidad, como tampoco para las ideas de una actual pureza

20 S. Halimi: Un pueblo abandonado. Tomado de Le Monde Diplomatique, Op. Cit. p. 40. Ver de D. Zolo, La justicia de los vencedores: de Nuremberg a Bagdad, cit.




nacional o étnica y religiosa. Palestina es un lugar irreductiblemente mixto. En segundo término, durante el período de entreguerras, un pequeño pero importante grupo de pensadores judíos (Judah Magnes, Buber, Arendt y otros) defendían y hacían campaña por un estado binacional. Naturalmente, la lógica del sionismo aplastó sus esfuerzos, pero la idea sigue viva hoy en algunos judíos y árabes que, frustrados por las evidentes insuficiencias y depredaciones del presente, exigen una visión binacional nueva o reavivada. La esencia de dicha visión es la coexistencia y la coparticipación, de formas que requieren una voluntad innovadora, arriesgada y teórica para superar el árido punto muerto de la afirmación, el exclusivismo y el rechazo. Una vez realizado el inicial reconocimiento del Otro como igual, creo que el camino hacia delante se hace no solo posible, sino también atractivo.21

Los pueblos palestino y judío deben aceptar reconocerse en una coexistencia pacífica, laica y democrática. Un Estado con dos pueblos y dos naciones, con igualdad ciudadana y pluralismo político debe ser discutido como solución de fondo, legitimado en todos los escenarios posibles.

Hay que lograr un denominador común, discursos comunes con diferencias, buscar y construir tanto un imaginario como procedimientos y tareas para superar la exclusión y cultivar la reconciliación.

La connotada Filósofo judía Hannah Arendt, escribió:

Es cierto que muchos judíos no fanáticos de buena voluntad han creído que la partición es un medio para resolver el conflicto judeo-árabe. Sin embargo, a la luz de la realidad política, militar y geográfica, esto no se puede considerar más que una ilusión. La partición de un país tan pequeño sólo puede significar, como mucho, la petrificación del conflicto, que entorpecería el desarrollo de ambos pueblos; en el peor de los casos significaría una etapa temporal durante la que ambas partes se prepararían para una nueva guerra.22

La fuerza moral de la causa palestina debe transformarse en una fuerza política de alcances internacionales, y para ello es necesario que los judíos de todo el mundo y de Israel vean esta causa como justa y digna. La propuesta de un solo Estado y dos pueblos y naciones con pluralismo y democracia es la postura de Colombia en las Naciones Unidas, en el subcomité sobre Palestina, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez y siendo el representante de Colombia en la ONU el expresidente Alfonso López Pumarejo. Especialmente, el tercer proyecto del subcomité, donde propone un Estado democrático unitario23.

21 E. Said. Verdad y reconciliación. En: El fin del proceso de paz. Nuevas Crónicas Palestinas. cit. p. 95.22 H. Arendt. “To Save the Jewish Home-Land. There is Still Time”. En: Commentary, Mayo 1948. Ver de V. Tilley, Palestina Israel, Un país un Estado. cit.23 Le agradezco al profesor de derecho internacional de la Universidad Libre Eduardo Kronfly la indicación sobre la conducta colombiana.




Comentario Final

El balance de la reciente masacre a Palestina por parte del Estado israelí constituye una victoria pírrica para los sionistas. Aunque tampoco es el triunfo que proclaman los de Hamas.

Aparece más adecuado lo que el periodista judío Ethan Bronner sintetiza:

¿Acaso las tres semanas de apabullantes ataques israelíes en Gaza han debilitado a Hamas, o simplemente causado sufrimiento humano extremo? Israel sabía que no podía destruir todos los misiles o matar a todos los militantes de Hamas. Alegó que su objetivo principal era la disuasión. ¿Misión cumplida?

…Sea como sea, el daño real infligido a Hamas parece limitado, en parte porque el grupo actuó con cautela. La ironía es que Israel, el Estado con el ejército bien entrenado, puso todas sus fuerzas en el ataque, mientras que Hamas, la milicia islamita que presuntamente acoge la muerte, rehuyó los combates.

A decir de todos, el grupo pudo conservar una porción sustancial de su fuerza. Se reportó la muerte de cientos de combatientes de Hamas, pero de acuerdo con estimados generales, la fuerza total del grupo asciende a varios miles de individuos. Varios funcionarios militares israelíes reportaron que vieron a muy pocos combatientes en el campo de batalla. Salieron principalmente de manera individual o en grupos de dos, y sólo unos cuantos intentaron cometer bombazos suicidas.

Quienes conocen a Hamas en Gaza señalan que esto fue resultado de una estrategia cuidadosa.

“En ocasiones anteriores, los combatientes confrontaban los ataques israelíes y se arrojaban en la batalla”, expresó un hombre que se negó a identificarse. “Era especie de suicidio. Era un amor por el martirio.”

“Esta vez, fue diferente. Tienen más experiencia y han recibido entrenamiento de Siria e Irán. Les ayudaron a replantear su estrategia.”24

¿Qué seguirá? Depende mucho de la actitud de los pueblos árabes y de la movilización internacional.

24 The New York Times. Selección semanal en El Espectador, Bogotá, 26 de enero de 2008.




ISSN 1794 - 8193


Las tres dimensiones de La Crisis

Claudio Katz

Profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET y miembro de EDI (Economistas de Izquierda).

Coyuntura

Introducción

Desde el estallido bancario del 2008 han aparecido muchos signos de una crisis sistémica del capitalismo. Esta convulsión no expresa sólo el agotamiento de un régimen de acumulación o el estallido de la financiarización. Ha salido a flote una crisis múltiple de gran alcance social, geopolítico y ambiental. ¿Pero cuáles son los vínculos entre estos diversos impactos? ¿Cómo se relacionan los variados desequilibrios en curso?

En los cinco artículos que presentamos a continuación se busca clarificar estas conexiones, partiendo de una distinción entre niveles coyunturales, estructurales e históricos de la conmoción. Esta diferenciación apunta a resaltar la existencia de varios tipos de crisis que han emergido en forma mixturada.

En el primer texto se analizan las causas inmediatas del temblor, indagando como han influido la hipertrofia financiera, la sobreproducción de mercancías y los desbalances comerciales en las tensiones de corto plazo.

El segundo artículo complementa esta caracterización estudiando los efectos geopolíticos de la crisis. Se evalúan las distintas reacciones de las grandes potencias, el nuevo papel de las economías intermedias y los padecimientos de los países periféricos. En este apartado se analiza, además, el alcance y las perspectivas de las resistencias sociales contra el ajuste.

El tercer texto aborda las causas estructurales de la crisis, en función de las transformaciones registradas durante la etapa neoliberal de los últimos veinte años. Se considera que los cambios operados bajo el capitalismo durante este período han dado lugar a desequilibrios singulares, en la esfera de la demanda y en el comportamiento de la tasa de ganancia.

El cuarto artículo analiza varias hipótesis de desemboque de la crisis. Describe las condiciones para un desenlace o una prórroga de las contradicciones estructurales, puntualizando las diferencias entre un marco deflacionario y otro inflacionario. Aquí se polemiza, además, con las interpretaciones neoliberales y keynesianas de la convulsión.

El último texto investiga el alcance histórico de la crisis, subrayando las dramáticas consecuencias de la degradación ambiental. Se explica por qué razón el calentamiento global plantea una amenaza civilizatoria, comparable a otras tendencias destructivas del capitalismo. También se describe la forma en que este fenómeno se desenvuelve en trayectorias temporales autónomas del ciclo corto y de las fluctuaciones largas. El estudio concluye analizando las perspectivas de un nuevo proyecto popular anticapitalista.

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Claudio KatzLas tres dimensiones de La Crisis


Coyuntura Económica

La crisis actual irrumpió en la órbita financiera estadounidense a mitad del 2007, cuando se verificaron grandes dificultades de pago de los créditos subprime. Los préstamos otorgados a los deudores poco solventes engrosaron primero la lista de operaciones de alto riesgo y desataron posteriormente una bola de nieve de alta morosidad. Los agujeros que aparecieron en los pequeños bancos norteamericanos pasaron a las grandes entidades y finalmente hicieron temblar a todo el sistema internacional.

A fines del 2008 el quebranto de Lehman Brothers desató un colapso de envergadura, que generalizó una sensación de inminente desmoronamiento. Esta impresión se atenuó durante el año pasado, por el monumental socorro que los estados otorgaron a las entidades quebradas. Como ese alivio ha continuado en el 2010 y la distensión perdura, algunos economistas ya proclaman el fin del terremoto.

Pero muchos datos indican la continuidad de un temblor, que en el plano coyuntural obedece a las tensiones generadas por los capitales sobre-acumulados, las mercancías sobre-producidas y los intercambios desproporcionados.

Resurge el festival financiero

El rescate de los bancos socializó las pérdidas, transfiriendo la bancarrota del sector privado a las finanzas estatales. Este respiro ha creado un enorme déficit en las tesorerías de los países avanzados.

El grueso de los recursos públicos ha sido destinado a recomponer la rentabilidad de los grandes bancos. El Citigroup o el Bank of America que hace pocos meses se encontraban fundidos, ahora exhiben altos lucros en sus balances. Parecería que Wall Street comienza a salir del marasmo con el sostén del estado.

Pero ese auxilio ha resucitado un festival de especulación en las Bolsas y en los mercados de títulos sofisticados. Mientras la recuperación de los depósitos es lenta y no regenera el crédito productivo hay numerosas burbujas en gestación. No solo comienzan a rebotar los precios de las materias primas y los bienes raíces. También las monedas y los títulos de las economías intermedias están en la mira de los grandes financistas. La deuda pública de varios países se ha convertido en una presa muy apetecida por los intermediarios financieros.

Este reinicio de la especulación ha sido también incentivado por los nuevos pagos de multimillonarias bonificaciones a los directivos de los bancos. Los cuestionamientos a esos premios que afloraron durante el cenit del colapso han pasado a segundo plano.

Los banqueros aprovechan el clima de alivio para imponer un congelamiento de las iniciativas de control financiero. Los paraísos fiscales han sido maquillados y la penalización de los movimientos cambiarios quedó pospuesta. Tampoco la supresión del

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secreto bancario se mantiene en la agenda de los debates. Los micro-países que encubren transacciones sospechosas (como Gibraltar, Andorra o Mónaco), solo deberán en el futuro transparentar informaciones de escasa relevancia.

Las distintas iniciativas de supervisión de las transacciones financieras internacionales se mantienen en suspenso. Todos esperan los cambios que introducirá Estados Unidos en su normativa bancaria interna, para extender estas modificaciones al plano global. Con su típica impronta neoliberal, el FMI ha recuperado el manejo de los grandes temas.

Pero los problemas que detonaron el estallido financiero persisten sin variantes, creando la posibilidad de otro temblor. El gigantismo de las entidades ha sido potenciando con nuevas oleadas de fusiones. Los bancos rescatados del naufragio porque “eran muy grandes para caer”, ahora protagonizan unas nueva secuencia de concentración financiera y centralización de las decisiones en un puñado de ejecutivos1.

Reaparece el descontrol del riesgo

Luego de la pausa impuesta por la crisis están resurgiendo las operaciones financieras desbocadas. El principal indicador de este florecimiento son los contratos de protección a transacciones con títulos frágiles o amenazados por la cesación de pagos de los emisores (CDS). En los últimos meses se dispararon los precios y los volúmenes de estas negociaciones2

La desaprensión por el riesgo vuelve a escena, a pesar de la creciente difusión de los malabarismos contables que realizan los bancos para ocultar sus quebrantos. Ya se sabe que Lehman Brothers disfrazó en sus balances 50.000 millones de dólares de activos con problemas, durante los meses que precedieron a su colapso. Este disfraz ha sido también un hábito de muchos gobiernos, para vulnerar las restricciones del endeudamiento mediante contabilidades duplicadas.

Grecia eludió por ejemplo los controles de la Unión Europea, utilizando desde el 2001creditos con derivados provistos por Goldman Sachs y Portugal recurrió entre 1998 y 2003 a las mismas trampas contables, para tomar préstamos del Deutsche Bank. Otro canal frecuentado para eludir los registros ha sido un indescifrable endeudamiento con distintas monedas y variados seguros de riesgo cambiario.

Los fraudes que salen a la superficie ya no involucran solo préstamos abusivos o distorsiones en el manejo de los créditos. Ahora se sabe que los bancos de inversión pusieron en práctica estafas premeditadas, lanzando bonos que deformaban los datos para embaucar a los tenedores. Mediante el ocultamiento de esa información indujeron a una desvalorización de esos títulos, para engrosar sus ganancias de intermediación.1Esa paradoja es analizada por Fitoussi Jean Paul, “El sistema financiera vive un círculo vicioso”, Clarín, 22-12-09.2Hace siete años se comercializaban 3 billones de dólares en contratos CDS y en actualidad este mercado supera los 25 billones, Wall Street Journal-La Nación, 5-2-10.

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Pero la crisis ha demostrado cuán virulento es el estallido que corona estas prácticas especulativas. Los mercados realmente existentes son ajenos a las fantasías de equilibrio, racionalidad y mesura, que proclaman los manuales de economía convencional. Cuando estalla un crack, los financistas se alistan en la primera fila de los prófugos que abandonan los papeles y las monedas en riesgo, para buscar alguna protección salvadora del estado.

Estas pesadillas han sobrevolado nuevamente los mercados en los primeros meses del 2010. La cesación de pagos de una gran empresa de puertos e inmuebles localizada en Medio Oriente (Dubai World) pareció reiniciar la tormenta. En ese pequeño Mónaco del mundo árabe se concentran los despilfarros de jeques multimillonarios, que participan en todas las apuestas del momento.

El monumental default que se avecinaba pudo ser contenido, pero encendió una luz de alarma sobre situaciones semejantes en grandes firmas. Las principales preocupaciones de los expertos están actualmente concentradas en el estado contable de varias compañías de primer nivel, que afrontarían dificultades para saldar fuertes vencimientos3.

Un bazar de títulos

La vertiginosa reaparición de las operaciones especulativas ilustra el desarrollo que alcanzó la titularización de la mayoría de las transacciones. En últimos años los grandes bancos se desprendieron de acreencias dudosas, creando un gran mercado de certificados empaquetados con riesgos diversificados (CDO). Esta masiva distribución de papeles ha potenciado el desconocimiento de los montos en circulación y de sus consiguientes posibilidades de cobro.

La enorme variedad de bonos que inundan los mercados tiene incorporados seguros para hacer frente a esa ceguera. Como los financistas apalancaron sus transacciones -utilizando poco capital propio en comparación a la magnitud de los riesgos asumidos- se ha creado un incontrolable bazar de títulos. Las emisiones se han multiplicado a un ritmo sin precedentes y la ignorancia sobre los débitos y los créditos en juego es mayúscula.

Los grandes bancos continúan lucrando con este incentivo a ignorar el riesgo, que generó la flexibilización de las normas bancarias. Esa desregulación permitió repartir los préstamos en una cadena infinitas de tenedores de títulos, socavando la preocupación por la cobranza. Esta desaprensión fue acentuada por la complicidad de las agencias verificadoras, que hicieron su propio negocio otorgando altas calificaciones a las entidades insolventes. Por esta vía se avaló la circulación de bonos sin respaldo y se precipitó un caos que salió a la superficie en el 2008.

El creciente desconocimiento del riesgo crediticio es un resultado directo de las transacciones con títulos derivados. Con esos instrumentos se buscó orientar la inversión, mediante estimaciones comparadas de las probabilidades de cobro de los distintos bonos.

3Un panorama de esta coyuntura han descripto los analistas del Wall Street Journal, La Nación, 2-12-09.

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Se supuso que esta evaluación mejoraría la gestión del riesgo, olvidando que esos cálculos se realizan en un frenesí de compras, ventas y apuestas, crecientemente combinadas y diversificadas.

La propia especulación con los nuevos títulos socavó la consistencia de todas las evaluaciones. En lugar de ordenar y proteger los mercados, la introducción de esas sofisticadas operaciones multiplicó las jugadas y deterioró la administración del riesgo. Nuevamente se ha confirmado que la competencia entre los banqueros neutraliza cualquier perfeccionamiento del cálculo financiero. La tentación por obtener mayores beneficios potencia el manejo desaprensivo de los créditos.

La crisis ha corroborado, por lo tanto, la presencia de otra hipertrofia financiera, resultante de la emisión de bonos sobre bonos, en un sistema de préstamos desbordado por la expansión autónoma de las finanzas. Este tipo de coyunturas configura una situación de sobre-acumulación de capital, que repite lo ocurrido en las últimas décadas. Ya hubo mega-préstamos a los gobiernos del Tercer Mundo (1975-82), comercialización especulativa con títulos variados (desde 1980) y un boom de transacciones bursátiles asentadas en exigencias de rentabilidad de corto plazo (desde 1994).

Cada uno de estos ciclos desembocó en alguna crisis de envergadura. El aumento de las tasas de interés (1978) concluyó con el generalizado crack de las acciones (1987) y la etapa de enriquecimiento bursátil de los 90 fue cerrada con el colapso de las punto.com (2001). La conmoción en curso es un resultado de la euforia con derivados y transacciones inmobiliarias de los últimos años4.

Pero el actual estallido es más grave que las conmociones precedentes por su carácter global y por su preeminente localización en las economías avanzadas. A diferencia de lo ocurrido en México (1982 y 1994), el Sudeste Asiático (1997), Rusia (1998) o Argentina (2001), el epicentro del reciente temblor se ubicó en Estados Unidos. Además, el alcance de la convulsión en ese país superó los efectos de las últimas cuatro crisis (1974-75, 1980-84, 1987-92 y 2001-03). Como esta misma gravedad se observa en Europa y Japón, hay muchos indicios de continuidad de la tensión financiera5.

Del socorro al ajuste

Las consecuencias del rescate bancario sobre las finanzas públicas de las economías avanzadas son enormes. En Estados Unidos la deuda pública saltaría de 62% del PBI (2007) a108% (en 2014) por la multimillonaria inyección de dólares, emitidos para salvar a más de

4La dinámica de estos ciclos es descripta por Chesnais Francois, “La recesión mundial: el momento, las interpretaciones y lo que se juega en la crisis”, Herramienta n 40, marzo 2009, Buenos Aires. También Fernández Steinko Armando, “Neoliberalismo: auge y miseria de una lámpara maravillosa”, El Viejo Topo n 253, Madrid, 2009.5La mayor envergadura de la crisis actual en comparación a sus precedentes dentro de Estados Unidos es analizada por O´Hara Phillip, “The global securitized subprime market crisis”, Review of Radical Political Economics, vol 41, n 3, summer 2009.

(55) Coyuntura



700 bancos, compañías de seguros y empresas. Por esta razón el déficit fiscal ya se ubica en 11% del PBI y todas las proyecciones confirman que se mantendrá en altos niveles, durante la próxima década.El mismo panorama se verifica en la Eurozona, dónde los desbalances fiscales pasaron del 2% (2008) al 6,4% (2009) y luego al 7% (2010). La situación más crítica se verifica en Grecia (12,7%), España (11%) y Portugal (9,3%), no tanto por el porcentaje del agujero fiscal sino por las dificultades para financiarlo. Italia debe lidiar con magnitudes igualmente desbordantes, pero mayoritariamente concentradas en bancos locales y el déficit de Gran Bretaña (12,8%) sería inmanejable si el país no fuera un centro financiero mundial. Tampoco el desequilibrio de Francia (12%) es tranquilizador. Una mirada general indica que la mitad de los países de la Eurozona están actualmente amenazados por algún fantasma de default de sus pasivos estatales6.

Una situación semejante se vislumbra en otras partes del planeta. La deuda pública de Japón se ubica al tope del rojo en el ranking de los países industrializados, con porcentajes que oscilan entre el 170% y el 200% del PBI. Al cabo de muchos años de recesión, el nivel de actividad económica ha sido sostenido con una canilla de gastos que ha vaciado la tesorería nipona.

Este despegue del gasto público en todos los países avanzados está alcanzando un techo que los acreedores cuestionan duramente. Los mismos bancos que provocaron el reciente colapso ahora reclaman un ajuste, que asegure la cobranza de los títulos emitidos por el estado. La influencia de estos sectores se expresa en la creciente gravitación de los republicanos estadounidenses y los conservadores europeos.

Pero existe un gran debate en el establishment sobre el efecto que tendría un brusco recorte del sostén estatal a la economía, cuando la recesión no ha concluido y la recuperación apenas despunta. Nadie duda que en algún momento sobre-vendrá el ajuste. Pero si el apriete es aplicado a destiempo, su impacto sobre la producción, el consumo y la inversión sería fatal. Hasta el momento predomina la política de mantener el socorro, ya que todas las economías se mueven al compás de los recursos aportados por el tesoro. En las cumbres del Grupo de los 7 prevalece una corriente favorable a continuar el auxilio y posponer cualquier ajuste inmediato que pudiera precipitar un freno severo del PBI.

La mayoría de los economistas propone evitar la contención anticipada del nivel de actividad, que se produjo en Estados Unidos en la entre-guerra (1937) o en Japón durante la década pasada (1993). Pero otros consideran que la demora en iniciar el ajuste tornará inviable su manejo posterior y convocan a comenzar cuanto antes el viraje hacia la austeridad7.

6Las distintas magnitudes de estos desequilibrios son retratadas por el Wall Street Journal- La Nación, 29-12-09.7 Krugman Paul sostiene la opinión mayoritaria y Roubini Nouriel tiende a ubicarse en el segundo campo. Ver La Nación 21-3-10 y The Economist- La Nación, 13-2-10.

(56) Coyuntura



Un ensayo de la restricción será experimentado en los próximos meses en la periferia de Europa. El apretón que exigen los banqueros ya comenzó en Irlanda, Islandia y Letonia y se prepara en Grecia, Portugal y España. Allí se aplicará una reducción sin anestesia del déficit, con brutales medidas de despidos, reducción de los salarios, recortes del gasto social y contracción de la inversión pública. Los gobernantes y los acaudalados del planeta seguirán con atención el resultado de esta prueba, para definir los pasos siguientes.

El impacto productivo

Solo una fuerte reactivación inmediata (en V) -apenas mediada por alguna recaída (en W)- evitaría una aplicación del ajuste. Pero los principales datos de la coyuntura indican la preeminencia de un período de bajo crecimiento (en L). Hasta ahora la socialización de pérdidas no ha inducido una recuperación sólida del consumo o la inversión privada, en ninguna economía desarrollada8.

La crisis actual desató la recesión global más importante de las últimas décadas, con enormes frenos en la producción de Estados Unidos, Europa y Japón. Esta regresión encontró un piso a mitad del año pasado, pero el rebote hacia la recuperación no se ha consumado plenamente.

El deslizamiento hacia la depresión que se verificaba en las principales potencias ha sido reemplazado por una situación inestable de la actividad productiva. El crédito no resurge, el consumo se mantiene contraído y persiste la ausencia de inversiones. Esta coyuntura se refleja en un comentario muy popular: “Wall Street salió a flote, pero la gente común continúa en el pozo” 9.

Durante el 2009 se registró en Estados Unidos la mayor caída del PBI de los últimos sesenta años (2,4%). Este desplome ya encontró un piso y hay síntomas de reposición de inventarios y cierta reanimación del gasto privado. Pero el mercado inmobiliario continúa afectado y la inmovilidad del crédito obstaculiza la recuperación efectiva del consumo, que representa el 70% del PBI. Los alivios en la esfera financiera no se trasladan a la vida actividad económica y las expectativas en mayores exportaciones -como canal de salida de la crisis- no se han verificado en los hechos.

La economía japonesa sigue estancada y los indicios de recuperación observados a fin del año pasado (repunte del 1,1% del PBI), no remontan el gran bajón que se arrastra desde los 90. Los signos deflacionarios ilustran la gravedad de esta paralización, mientras China continúa capturando mercados nipones y se dispone a desplazar a su rival del segundo lugar en la economía mundial.

8Josuha presenta los datos de esta fragilidad. Joshua Isaac, “Crisis económica: se acerca la hora de la verdad”, Viento Sur, 2-2010, Madrid.9Es la descripción que desarrolla Robert Reich, Clarín 21-1-10.

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Pero es indudable que el área más crítica del mundo desarrollado se ubica en Europa, dónde la moderada recuperación del motor alemán, no se extiende al resto la región. El Viejo Continente ha soportado en el 2009 la mayor retracción desde la segunda guerra (4% del PBI) y padeció un desmoronamiento aterrador de su producción industrial El leve repunte que actualmente se observa en Estados Unidos y Japón no se prolonga a Europa, que mantiene cifras de aguda crisis en todos los indicadores de empleo, venta y consumo.

La marcha general de la economía mundial continúa determinada por la evolución de las tres regiones centrales que concentran dos tercios del PBI global. Los números de los países periféricos más pobres y dependientes de África, Asia o América Latina tienen escasa incidencia sobre el nivel general de la actividad productiva. Estas naciones han sido nuevamente sacudidas por una eclosión proveniente del exterior y con dramáticos impactos internos.

Esas zonas padecen el recorte de las exportaciones, la reducción de las remesas y la disminución de la ayuda internacional. Pero lo más impactante es la magnitud de ciertas tragedias sociales, como la expansión del hambre que produjo el encarecimiento de los alimentos.

La principal novedad de la crisis es la irrupción de un tercer bloque de países, que comienzan a oscilar entre los dos polos tradicionales del centro y la periferia. Por la magnitud de los recursos demográficos, naturales y militares que controlan o por su experiencia de dominación geopolítica han quedado situados en ese terreno intermedio.

Los datos del 2008-10 confirman este ascenso de las economías semiperiféricas, encabezadas por el grupo de los BRICs. El menor impacto del estallido financiero sobre estos países ha renovado el debate sobre los acoples, desacoples o re-acoples de estas regiones a la oleada descendente. En las denominadas economías emergentes se concentran los principales indicadores de una eventual recuperación. Han logrado sustraerse del vendaval, pero no podrían sustituir a las economías avanzadas como motor del PBI global.

La atención general está centrada en el futuro de China. La nueva potencia asiática se mantuvo a flote durante la crisis, aunque con tasas de crecimiento inferiores a su media de los últimos tiempos. Preserva un nivel actividad que le permite continuar duplicando su producto cada ocho años. Pero habrá que ver si logra consumar el presagiado giro hacia un mayor consumo interno, en desmedro de las exportaciones. Muchos autores anticipan este ese éxito10.

Sin embargo el proceso de restauración capitalista ha creado en China desequilibrios agrícolas, sociales y demográficos de enorme envergadura. Particularmente chocante es la sustitución de la vieja pobreza absoluta del agro por una nueva polarización social en las ciudades, que ya alcanza porcentajes latinoamericanos.

Al compás de las privatizaciones y desregulaciones, el ranking de la desigualdad trepó en el gigante oriental, hasta situarse en el segundo lugar de los 22 países de Sudeste Asiático.

10 Por ejemplo: Llach Juan, “Preocupaciones globales”, La Nación 17-3-10.

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Hay una nueva clase de multimillonarios que gana poder, junto a la consolidación de formas de explotación asentadas en el desempleo, la pérdida de derechos sindicales y la degradación de las condiciones de trabajo (especialmente entre los emigrantes internos)11.

En el comienzo del 2010 la crisis global ha desembocado en una situación productiva muy desigual e inestable. Se frenó un desmoronamiento, sin dar lugar a la recuperación generalizada de los países centrales, aumentan las desventuras del Tercer Mundo y las economías intermedias se mantienen en carrera, sin sustituir la función motriz de la Triada (Estados Unidos, Europa y Japón).

Desempleo y sobreproducción

La gravedad de la crisis se verifica en la desocupación. La destrucción de puestos de trabajo persiste a un ritmo feroz en todas las economías avanzadas y la OIT estima que solo en un escenario de gran crecimiento global, el nivel de empleo comenzaría a recuperarse en el 2013.

Por primera vez en 26 años la tasa de desocupación alcanzó en Estados Unidos dos dígitos y en algunos países europeos como España ya bordea el 20%. Estos niveles de paro limitan la reactivación, erosionan el poder de compra y aplastan la “confianza del consumidor”, en economías sostenidas por el crédito.

Repitiendo lo ocurrido en las últimas recesiones, la reciente caída del PBI tiende a aniquilar más empleos que los generados en la recuperación subsiguiente. La furibunda multiplicación de los despidos preanuncia que el nivel de parados será muy superior al total de contratados, en la eventual reactivación.

La tasa de crecimiento en Estados Unidos durante el año en curso debería alcanzar un inesperado 5% del PBI para bajar apenas un punto el índice de desempleo. Para volver al promedio precedente de parados se necesitaría un ritmo de actividad que nadie avizora. Luego de la última recaída (2001-03) transcurrieron cuatro años hasta alcanzar la media anterior.

Un problema subyacente es el impacto de la flexibilización laboral y la segmentación del mercado de trabajo. Estas regresivas transformaciones han generalizado una despiadada competencia por empleos de mala calidad. Esta degradación constituye el aspecto más nefasto de una crisis, que amplifica la pobreza de los sectores sumergidos de la sociedad norteamericana.

11 El 52% de la industria ya ha sido privatizada y el porcentaje de mercancías reguladas por precios de mercado saltó de 3% (1978) a 98% (2003). El número de billonarios pasó de 0 (2003) a 260 (2009). Ver: Hart-Landsberg Martín, “China, capitalist accumulation and the world crisis”, XII International Conference of Economist on Globalization, La Havana, march 2010.

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La misma falta de empleos ya alcanzó en Europa un dramático promedio de 10% de parados. La falta de trabajo ha irrumpido, además, como la gran novedad en Japón, que mantuvo durante décadas un nivel de ocupación superior a la media de la OCDE.

El desempleo es un efecto directo de la superproducción imperante en la actual fase contractiva del ciclo capitalista. La masa de productos lanzados al mercado supera ampliamente su nivel de adquisición. Este tipo de sobrantes irrumpe en todas las crisis periódicas de un sistema asentado en la competencia por el beneficio. Los desempleados son las primeras víctimas de este desequilibrio, puesto que la carencia de puestos de trabajo se expande junto al volumen de productos sin vender.

Esa masa de excedentes determina un alto nivel de ociosidad de la estructura fabril, que a su vez recrea el paro. La tasa de utilización de la industria estadounidense se ubicó durante el año pasado en 68%, es decir el nivel más bajo desde 1948. Los sobrantes afectan especialmente al sector de la vivienda, a varias ramas de la industria (máquinas, edificios, fibra óptica) y a sus equivalentes de todos los servicios (hoteles, turismo)12.

Lo ocurrido en la industria automotriz es muy representativo del alcance global de la sobreproducción. Los stocks invendibles se han multiplicado significativamente, en una rama que registró significativos incrementos de su capacidad productiva en las últimas décadas. La incorporación de nuevas compañías asiáticas a la competencia que libran las firmas estadounidenses y europeas ha potenciado esta explosión de sobrantes13.

El volumen actual de excedentes supera el registrado durante el estallido del Sudeste Asiático de 1997. En esa oportunidad la sobreproducción de computadoras, chips y fibra óptica condujo a virulentas devaluaciones. Pero la desvalorización monetaria -como recurso de atenuación de los sobrantes- ha quedado limitada por el carácter global de la crisis.

La plétora de mercancías que se observa en los mercados es un efecto de la competencia global por fabricar masas crecientes de productos con bajos salarios y menores costos. En la alocada carrera por introducir nuevos bienes, la oferta se ha desgajado de la demanda provocando fuertes desajustes. Hay una frenética búsqueda de consumidores que choca con infranqueables barreras de absorción.

Los drásticos procesos de privatización, desregulación y apertura de las últimas tres décadas han potenciado este atosigamiento de mercancías invendibles. El incremento del comercio mundial por encima de la producción refuerza la competencia global y el aumento de la productividad por arriba de cualquier compensación salarial dificulta la colocación de los bienes.

Solo una vigorosa recuperación de los ingresos y del consumo permitiría la digestión pausada de estos excedentes. Pero este escenario no está a la vista. La actual reanimación frágil, lenta y desigual no desagotará sin traumas esos sobrantes.12Una descripción de esta situación presenta: Mc Nally David, “From financial crisis to world slump”, Historical Materialism Conference, London, november 2008. 13Ver Vessillier Jean Claude, “Automobile. La fin d´un cycle”, Inprecor 545-546 janvier-fevrier 2009, Paris.

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Los desbalances mundiales I

La crisis actual incluye un novedoso desequilibrio en la relación entre Estados Unidos y China. El sobre-consumo, el sub-ahorro y la sub-inversión del primer país coexisten con el bajo consumo, el sobre-ahorro y la sobre-inversión de la segunda economía. Un polo importa y digiere gran parte de los bienes que su contraparte fabrica y exporta.

Al cabo de un vertiginoso proceso de reestructuración productiva, expansión de las empresas transnacionales y liberalización comercial, Estados Unidos se ha convertido en un gran mercado de productos elaborados en Asia. Los efectos de este desbalance se verifican en tres hemorragias de la principal economía del planeta: déficit comercial, expulsión de empleos hacia el exterior y predilección de los capitales nativos por la inversión foránea14.

La contrapartida china de estos desequilibrios es un bajo nivel de consumo interior, en comparación a la magnitud de la inversión. El país ha podido preservar una elevada tasa de crecimiento en medio del vendaval global. Controla sus finanzas públicas, evita la convertibilidad de su moneda, acota el apalancamiento de los bancos y limita el endeudamiento familiar. Pero estos escudos en el plano financiero no se extienden al área comercial, donde predomina una alta dependencia de la demanda foránea.

Por esta razón la sobreproducción se traduce en una elevada sobrecapacidad de la industria china, que ha sido estructurada en las últimas décadas en torno a las exportaciones. Mientras que el promedio salarial se mantiene estancado, la altísima tasa de inversión -que bordea el 40% del PBI- ha sido modelada en función de las ventas externas15.

Toda la dinámica que asumió la economía mundial en los últimos años acentuó las asimetrías creadas por el déficit comercial norteamericano (y sus baches crediticios), frente a los excedentes exportables de China (con sus consiguientes capitales sobrantes). Las familias estadounidenses se han endeudado para consumir productos fabricados (y financiados) por el socio chino, en un circuito alimentado por las empresas transnacionales. Estas compañías han cumplido un papel de mediación estratégica entre ambos mercados y ahora afrontan las consecuencias de un modelo dañado. Los desequilibrios macroeconómicos globales que generaron los desbalances entre las dos potencias han sido determinantes de la crisis.

Estos desniveles comenzaron a proyectarse también al interior del bloque asiático, desde que China se transformó en el principal contratista de la región. Opera de hecho como un taller de ensamble de partes fabricadas en los países vecinos, en muchos rubros de la actividad fabril (electrónica, maquinaria, telecomunicaciones). Por esta razón el superávit comercial de la potencia asiática con sus socios de Occidente coexiste con cierto déficit, en los intercambios con sus abastecedores de la zona.14 Son los puntos críticos que subraya: Palley Thomas, “The limits of Minsky´s financial instability hypothesis as an explanation of the crisis”, New American Foundation, Washington, 19 November 2009.15 Los efectos de este desequilibrio son expuestos por: Yu Au Loong, “Fin d´un modele ou naissance d´un nouveau modele”, Inprecor 555, november 2009, Paris.

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China ha incrementado estas ventajas con la reciente suscripción de un tratado de libre comercio con sus socios de Asia Oriental. Está reproduciendo una división desigual del trabajo en la compra de insumos básicos y en la venta de manufacturas, mientras absorbe el grueso de la inversión extranjera externa y favorece (con subsidios y regulaciones) a sus propios capitalistas, en desmedro de los competidores foráneos. Por esta vía se refuerza la dependencia de todas las economías menores de la región, que ya perdieron significativos márgenes de autonomía monetaria y cambiaria durante la crisis del 199716.

Pero este tipo de desbalances se verifica también en otras partes del mundo. Al interior de la Unión Europea son muy visibles desequilibrios semejantes. El proceso de unificación del viejo continente estuvo caracterizado por una preeminencia exportadora de Alemania, cuyos efectos emergen a la superficie.

La crisis actual permite notar como la conformación del euro sirvió para procesar la gran reconversión de la vieja industria alemana, que renovó su perfil hasta convertirse en una arrolladora máquina de generar excedentes (las ventas externas pasaron del 20% del PBI en 1990 al 47% en el 2009).

Mientras que un anillo de economías vecinas quedó asociado a este nuevo status (Francia, Bélgica, Holanda), el grueso del continente padece los efectos de la dependencia comercial. Los más afectados por esta reestructuración (España, Grecia, Portugal) han quedado incluso sometidos a las brutales exigencias de ajuste de su socio. Mientras comienza a orientarse hacia negocios extra-continentales, Alemania exige la inmediata cobranza de sus acreencias.

La crisis ha puesto de relieve la polarización existente entre países europeos comercialmente excedentarios y deficitarios. Esta fractura estuvo inicialmente amortiguada por el ingreso al euro con devaluaciones anticipadas. Por esa vía ciertas economías pudieron contar con ciertas reservas de competitividad durante varios años. Pero un desnivel que ilustra la gran heterogeneidad de la Unión Europea ya no puede enmascarase17.

Los desbalances mundiales II

Los grandes desequilibrios en el comercio y las finanzas ya incidieron en la crisis mexicana (1994), brasileña (1999), rusa (1998), argentina (2001) y precipitaron la gran escalada de

16Ver: Jetin Bruno, “The crisis in Asia: An over-dependence on international trade or reflection of “labour repression-led” growth regime?”, International Seminar: Marxist analyses of the global crisis, 2-4 October 2009, IIRE, Amsterdam. También: Bello Waldem, “O neocolonialismo chines, IPS, 10-3-2010. Seongin Jeong, Página 12-Cash, 19-10-08.

17Un análisis general de los desbalances intra-europeos presenta: Önaran, Ozlem, “Specificity of the crisis in Europe: Will national stimulus plans be enough in the absence of an EU coordinated response?”, International Seminar: Marxist analyses of the global crisis, 2-4 October 2009, IIRE, Amsterdam. También Husson Michel, “Refundación o caos”, Viento Sur, marzo 2010 y Castro Jorge, “Alemania cada vez más inclinada hacia la demanda extra-europea” Clarín 14-3-10.

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devaluaciones y ajustes comerciales que siguió a la convulsión del Sudeste Asiático (1997). La desconfianza de los acreedores hacia las economías que financian sus compras externas con alto endeudamiento público o privado precipita periódicas corridas contra los títulos y las monedas de los países deficitarios.

Pero la gran novedad actual es la extensión de estas tensiones a Estados Unidos y a los países europeos, que acumularon grandes desbalances en los últimos años. Todos afrontan ahora el dilema de encontrar caminos para zanjar esas tensiones.

La economía capitalista siempre opera con desequilibrios sectoriales, regionales y mundiales. Hay trastornos de abastecimientos, precios o volúmenes de fabricación, entre las distintas ramas de la producción y en múltiples esferas del consumo a escala nacional. Estas tensiones se tornan más significativas en las compras y ventas entre países que comercian con niveles de productividad muy diferenciados. Bajo el imperio de la competencia estas divergencias imponen periódicos ajustes, que son solventados por las clases oprimidas.

En la crisis actual los principales desbalances afectan a las grandes potencias y exigirán sacrificios de los pueblos de estas regiones. Pero la gravedad de los desequilibrios acumulados y el entrelazamiento mundial de capitales distinto origen, tornan muy complicada la atenuación de esos desniveles.

Los economistas del establishment discuten varias alternativas, pero enfrentan un dilema semejante al recorte del socorro estatal a la economía. El problema no radica sólo en dónde ajustar, sino también cuándo hacerlo. Hasta ahora predominan genéricas convocatorias a reducir las desproporciones comerciales y financieras entre países, mediante el “rebalanceo” de las cuentas mundiales.

El punto de partida de esta solución sería un aumento simultáneo del ahorro estadounidense y del consumo chino, para frenar la adición norteamericana al consumo desmesurado e incentivar el retraído gasto asiático. El debilitamiento de dólar y el fortalecimiento del yuan permitirían acelerar esta corrección18.

Pero no es sencillo resolver este desequilibrio en los hechos. Las ganancias que aportó a las empresas transnacionales el desenvolvimiento de la mundialización neoliberal se han basado en estos intercambios desproporcionados. Mientras que el alto consumo interior facilitó la recuperación hegemónica de Estados Unidos, la pujanza exportadora sostuvo el reingreso de China al capitalismo. Un giro norteamericano hacia el ahorro y un viraje asiático hacia el gasto interno pondrían en serios aprietos a este esquema.

La superación de los desbalances globales va mucho más allá de un ajuste de políticas comerciales o financieras. Involucra cambios político-estratégicos, que son resistidos por los principales actores de la economía mundial. Aunque el modelo de consumo

18Es la propuesta que exponen: Ferguson Niall, “El matrimonio entre China y EEUU no podía durar”, Clarín, 28-12-09 y Krugman Paul, “El peligroso juego que practican los chinos”, Clarín, 17-11-09.

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norteamericano financiado por vendedores chinos ha quedado seriamente afectado por la crisis, no hay alternativas claras a este esquema.

En el escenario actual Estados Unidos no puede retrotraerse hacia el ahorro interno, sin afectar su liderazgo y China no puede sustituir a la primera potencia, como motor del consumo global. El gigante norteamericano ya no está en condiciones de dictarle a su principal socio los términos de un rebalanceo, pero tampoco su contraparte tiene fuerza suficiente para imponer su agenda.

Esta contradicción determina la sucesión de conflictos que los economistas convencionales reducen a desavenencias de aranceles, tipos de cambio o tasas de interés. No relacionan estos desbalances económicos con las desigualdades sociales que benefician a los capitalistas de ambos polos.

Un análisis de los desbalances comerciales en función de las tasas de explotación vigentes en China y de los bajos salarios predominantes en Estados Unidos exige incluir la órbita política en el análisis de la crisis. En esta caracterización hay que prestar atención a dos indicadores centrales de la convulsión actual: la cohesión por arriba y la resistencia por abajo.

Coyuntura político-social

La reacción de las distintas potencias frente al estallido financiero ha sido muy desigual. Esta intervención puso de relieve tanto la posición económica de cada país en el orden mundial, como su lugar político-militar en esa estructura. A medida que la crisis avanza se profundiza un reordenamiento de las relaciones de poder, entre los protagonistas de ese dispositivo.

Supremacía imperial

En el momento más álgido del desplome bancario prevaleció la coordinación y el socorro mutuo entre Estados Unidos, Japón y Europa. Se multiplicaron las cumbres presidenciales y predominó la decisión compartida de salvar a los bancos con gasto público e intervención del estado. Nadie actuó por las suyas violando esta agenda conjunta. Frente a una crisis de proporciones mayúsculas, la reacción de los poderosos fue intentar una respuesta internacional común. En las circunstancias más peligrosas de la convulsión se apeló al auxilio ilimitado y en los respiros se implementaron políticas anti-cíclicas relativamente consensuadas.

Esta conducta reflejó el mayor entrelazamiento del capital a escala mundial y la creciente gravitación de las empresas transnacionales. Pero reacciones de este tipo solo irrumpen en los momentos de crack. Posteriormente reaparecen los intereses contrapuestos que enfrentan a las principales potencias.

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Lo más llamativo de los sucesos del 2007-2010 ha sido el papel predominante que ha jugado Estados Unidos. Afrontó con mayor capacidad de respuesta una crisis originada en su territorio. Esta reacción expresa, en primer lugar, la gravitación que mantiene su economía. A pesar de las posiciones perdidas en las últimas décadas, el gigante del Norte continúa manejando las mayores empresas transnacionales y el principal centro financiero del planeta19.

Esta incidencia explica parcialmente la predilección por el dólar y los Bonos del Tesoro como refugios frente al desmoronamiento de los bancos. También esclarece el papel de Reserva Federal que actuó de hecho como un Banco Central global, orientando todas las variables monetarias de los mercados. Esta función contrastó con el comportamiento de las entidades japonesas que volvieron a exhibir sometimiento al padrino estadounidense y del Banco Central Europeo, que fue incapaz de adoptar alguna medida significativa.

Pero la reacción norteamericana también se explica por la magnitud del aparato estatal y de la estructura político-militar que detenta la primera potencia. Este liderazgo en el dispositivo imperialista se puso de manifiesto nuevamente en la reciente cumbre de 47 países, que discutió en Washington la agenda nuclear que estableció el anfitrión.

Como Estados Unidos ya no afronta una perspectiva de guerra con la URSS, sino el peligroso descontrol del comercio de armas atómicas, exige la supervisión ese intercambio. El Pentágono se atribuye la última palabra para definir quién accede al mortífero club, mediante una doctrina que cataloga a Irán y a Corea del Norte como amenazas, a Israel como custodio de la paz y a India o Pakistán como participes maduros del juego de la disuasión.

En Washington se definió blanquear los arsenales atómicos para impedir transferencias indeseadas e instaurar un control del stock de plutonio y uranio enriquecido, bajo el riguroso escrutinio estadounidense. Esta supervisión es exigida, además, por el Departamento de Estado ante la reactivación general del desarrollo nuclear, como fuente de energía alternativa al petróleo.

Sin gran demora en el cónclave se dispuso colocar una importante porción de todo el material dudoso bajo la supervisión norteamericana en solo cuatro años. Los más obedientes ya se anticiparon a entregar esos recursos (Chile, Canadá, Ucrania, México). En la medida que asegure su control del ajedrez nuclear, Estados Unidos podrá desarrollar los nuevos armamentos convencionales, que constituyen su apuesta estratégica para el próximo período20

La otra definición que impuso el Pentágono fue un nuevo ultimátum a Irán. Repitiendo el chantaje de Bush a Irak, las Naciones Unidas exigirán el desarme del enemigo del momento, mientras se mantiene abierta la carta de un bombardeo israelí contra las 19Hemos expuesto ciertos datos de esta influencia en Katz Claudio, “Crisis global II: Las tendencias de la etapa”, lahaine.org, 24-11-200920Un análisis de este giro estratégico en: Weltz Richard, “Obama entre el desarme y la supremacía atómica, Clarín, 11-4-10

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instalaciones persas, que ya espiaron los agentes del Departamento Estado. El objetivo es garantizar la supremacía nuclear de ejército sionista en esa región.

Europa y Japón continúan aceptado la primacía militar norteamericana en su propio interés. El Pentágono actúa como garante de un orden capitalista global, que los protege frente a los dislocamientos geopolíticos y los brotes de insurgencia popular.

Este aval fue muy visible en la Cumbre de la OTAN de Estrasburgo (2009), que convalidó todos los operativos de terrorismo de estado que implementa la CIA. La Unión Europea brinda su espacio aéreo para las operaciones encubiertas de los militares yanquis. Las principales potencias del Viejo Continente aportan tropas a las invasiones de Medio Oriente y apuntalan el intervencionismo que desarrolla la OTAN desde la guerra de Yugoslavia (1999).

El pantano militarista En plena conmoción financiera, Estados Unidos aprovechó el sostén de sus aliados para reforzar su ocupación de Irak, acentuar el despliegue de tropas en Afganistán y redoblar la presión sobre Irán. Obama se ha embarcado en una guerra infinita contra el mundo islámico, extendiendo el despliegue de efectivos, saltando de un país a otro, con operaciones crecientemente costosas y prolongadas.

En Afganistán aumentó la presencia de soldados y agencias de seguridad que desenvuelven sus propias batallas y negocios. El nivel de corrupción generado por el tráfico privado de armas y heroína bate todos los récords. En Irak la tranquilidad de los cementerios es periódicamente quebrada por nuevas masacres contra la población civil, mientras la ocupación se eterniza con incursiones hacia el Yemen y Pakistán. Reproduciendo la ampliación de la guerra de Vietnam a Laos y Camboya, toda una región ha quedado involucrada en las acciones sin fronteras, que desenvuelven los marines21.

La hegemonía de la primera potencia no está amenazada en el corto plazo por ningún candidato a tomar el comando imperial. Pero esta primacía tiende a ser socavada por la resistencia popular que desatan los brutales operativos del imperialismo.

El odio popular que se acumula frente a las masacres y ocupaciones de los marines crece día a día. El Pentágono se ha metido en un pozo de invasiones, que cuando dan respiro en Irak se agravan en Afganistán y cuándo se alivian en Palestina, irrumpen en Pakistán. Los ocupantes tapan un bache y abren otro agujero. Logran transitorios controles de los centros urbanos, perdiendo el manejo de las zonas alejadas y se recuestan en gobiernos aislados.

Pero lo más grave son las heridas creadas por las matanzas de civiles y por las catástrofes humanitarias que padecen los refugiados. La degradación moral de los invasores y sus

21 Una completa cobertura de este proceso presentan los artículos de Gelman Juan, Página 12, 13-5-09, 26-11-09, 6-12-09, 11-4-10, 7-1-10.

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mercenarios se acrecienta sin pausa. Los medios de comunicación encubren estas aberraciones, que toman estado público con los relatos de los retornados del frente.

Obama abandono todas sus promesas de acotar este salvajismo. Mantiene una rigurosa censura de imágenes de las brutalidades cometidas por sus tropas, avala la continuidad de las torturas, preserva los asesinatos selectivos en el exterior y mantiene la indefinición judicial de los secuestrados en Guantánamo. Además, recurre a los mismos fantasmas de Bin Laden que desplegó Bush, para crear miedo y justificar el curso belicista.

Solo la profesionalización de la guerra ha permitido a Estados Unidos silenciar la creciente oposición interna a esta acción imperial. El uso de contratistas y sofisticados pertrechos ha mantenido hasta ahora el número de bajas muy lejos del promedio de Vietnam. Pero este reemplazo de conscriptos por equipamiento y contratistas torna muy costosas las guerras de una potencia, que acapara el 48% del gasto militar mundial. Estos desembolsos consumen el 54% del presupuesto estadounidense contra el 6,2% de educación y 5,3% de salud22.

Estos compromisos belicistas bloquean la implementación de reformas sociales significativas dentro de Estados Unidos. El plan de salud finalmente aprobado, no es ni la sombra de lo que se había prometido. Millones de personas continúan sin seguro de enfermedad y deben adquirir costosas pólizas individuales que aseguran los negocios del lobby farmacéutico. Los republicanos esperan lucrar con los efectos políticos de estas frustraciones en el plano interno23.

Sometimientos y tensiones

Es importante notar que el aval de la Triada al liderazgo imperial norteamericano se ha mantenido sin cambios durante la conmoción financiera. Ciertamente el gigante del Norte ya no actúa con la soberbia unipolar de los años de Bush. Han aparecido muchas grietas en esa dominación. Pero esas tensiones no son novedosas. Ahora Turquía se distancia de Israel y Alemania o Japón objetan los abusos de las tropas norteamericanas en sus territorios. Pero en el pasado Francia se negaba a participar de la OTAN y muchos subordinados al Pentágono ejercitaban una diplomacia pendular24.

Con las espaldas cubiertas por el apoyo de sus socios, Estados Unidos encara la negociación más compleja con sus dos grandes adversarios en el terreno geopolítico: Rusia y China. Con el competidor eslavo suscribió un nuevo tratado de racionalización del armamento nuclear obsoleto, que no introduce ningún ingrediente de pacificación mundial.

22Página 12, 2-4-09.23Los partidarios del presidente ya están muy alarmados por estas consecuencias. Ver Stiglitz Joseph, “Obama ignora cómo ayudar a su clase media”, Clarín, 11-3-10.24 Esta subordinación al liderazgo imperial norteamericano no es percibida por los análisis que solo enfatizan las tensiones entre potencias. Un ejemplo en: Zibechi Raúl, “Grietas en el bloque occidental”, ALAI, 20-3-10.

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Simplemente se han retomado los acuerdos para aliviar el arsenal mutuo ya inutilizable, mientras se perfecciona una nueva generación de armas atómicas25.

Para alcanzar este convenio Estados Unidos debió posponer el escudo anti-misiles, que estaba desplegando en sus nuevos satélites de Europa del Este. La prioridad del momento es comprometer a Rusia en el cerco de Irán y en el control de las trasferencias atómicas a terceros países. Con este objetivo el Departamento de Estado encubre en forma descarada, todas las masacres que perpetran las tropas rusas en las republicas autónomas del Cáucaso. Estas matanzas ya alcanzan niveles terroríficos en caso de los chechenos. El reciente estallido de Kirguistán es otro indicio de la explosiva situación que se ha creado en en los corredores de Asia Central.

La misma política de convivencia geopolítica ensayada con Rusia se extiende a China. La estrategia norteamericana apunta a contener negociando a su gran rival de Oriente. Esta política persiste a pesar de las tensiones registradas últimamente (venta de armas a Taiwán, recepción al Dalai Lama, críticas a la censura informativa de Google)26.

La primacía militar del imperialismo norteamericano se nutre, a su vez, del comportamiento conciliador que exhiben las economías intermedias. Esta actitud se puso de relieve durante la crisis financiera, mediante la cooptación de estos países a la gestión global (extensión de las viejas cumbres del G 7 al nuevo G 20). Esta articulación ha sido indispensable para sostener el socorro a los bancos, asegurar el rol ordenador de la FED y apuntalar el resurgimiento del FMI ante la potencial flaqueza del dólar durante el diluvio.En ciertos planos la performance que asumen los BRICs parece desentonar con esta política que privilegia la asociación. La cumbre nuclear de Washington fue por ejemplo seguida de una reunión autónoma en Brasilia. El encuentro ratificó por un lado la existencia del grupo, pero también evidenció cuán lejos se encuentra de conformar un bloque.En el cónclave no hubo acuerdo en el tema central de Irán, ya que Rusia y China tienen sus propios intereses sub-imperiales en la zona y no quieren lidiar con la presencia de un ejército persa dotado de armas nucleares. Por estas razones, no avanza demasiado el intento de Brasil de crearse un lugar diplomático internacional, como intermediario de grandes conflictos.

En lugar de plantear algún desafío a la estrategia belicista norteamericana, los BRICs acordaron ensayar el mismo rol que jugaron Francia y Alemania frente al Irak en el 2001-2003. Complementarán un ablande de Teherán por medios diplomáticos, mientras el imperialismo multiplica sus amenazas.

Habrá que ver si el nuevo alineamiento de las economías intermedias logra consensos estratégicos o por el contrario sufre una abrupta erosión. Todos los miembros de ese núcleo 25 Se reducen las ojivas obsoletas desplegadas sin disminuir sus equivalentes almacenados, mientras avanza el proyecto de nuevo vectores X51 que alcanzarán a cualquier país en menos de una hora. También se está construyendo un nuevo submarino que transportará 6 bombas nucleares de gran impacto. Almeyra Guillermo, “El desarme nuclear de Obama”, La Jornada, 18-4-10.26 En oposición a los partidarios de estrategias más belicosas, Kissigner continúa promoviendo una asociación privilegiada con China. Kissinger Henry, “China y EEUU deben aprender a caminar juntos y al mismo ritmo”, Clarín, 1-2-10.

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sufren tentadoras ofertas de alianza bilateral por parte de Estados Unidos. Es muy significativo que durante los momentos más problemáticos de la crisis financiera, China no dudara en priorizar su relación comercial-financiera con el gigante norteamericano.

Aluviones en la eurozona

Al comienzo del 2010 el epicentro de la crisis se ha trasladado a Europa. Si Japón fue la potencia más afectada por el contexto económico de los 90, el viejo continente se perfila como la principal víctima de la convulsión en curso. Esta desventura no obedece a episodios coyunturales, desbalances fiscales o desaciertos financieros. Europa ha perdido posiciones en la reestructuración global frente a sus competidores. Este retroceso se verifica en numerosos indicadores de largo plazo.

El crecimiento de su productividad se ubica dos tercios por debajo de Estados Unidos y la inversión en investigación y desarrollo se ha situado por detrás de la primera potencia (y de Japón). Mientras que la participación europea en el comercio internacional se reduce año tras año, el envejecimiento de la población se acelera a un ritmo preocupante. En el año 2020 los mayores de 60 años duplicarán el porcentual vigente en la actualidad27.

Estos datos explican en parte la manifiesta impotencia que ha exhibido la Unión Europea frente a la crisis global. En esta convulsión se verificó la precariedad política y la profunda heterogeneidad de la asociación. En los momentos más críticos cada estado salió a defender a sus propios grupos capitalistas, expresando la ausencia de un capital genuinamente continental y la inconsistencia de los funcionarios que promueven esa articulación. La propia conformación de la Unión estuvo siempre afectada por la estrategia de grandes empresas, que internacionalizaron su actividad a una escala más global que regional.

La impotencia del Viejo Continente para lidiar con la crisis ha reforzado el discurso habitual de los neoliberales contra la “euro-esclerosis”, que atribuyen a la subsistencia del estado de bienestar. Con este mensaje oscurecen la involución en curso hacia la desregulación laboral que se está registrando en la zona, al compás del desempleo y el aumento de la pobreza. La instrumentación de estas agresiones quita actualidad a la vieja queja ortodoxa contra el “exceso de protección social”.

La principal preocupación de la construcción neoliberal europea ha sido justamente eliminar esas conquistas mediante la flexibilización del mercado laboral, la reforma del sistema de pensiones y el pago de salarios atados a la competencia con trabajadores extranjeros.

Los socialdemócratas y keynesianos han hecho la vista gorda frente a esta involución, en su mítica defensa del modelo europeo frente al esquema liberal anglosajón. Han quedado desconcertados por la virulencia que presenta la crisis en el propio corazón de la sociedad que idolatran. Ante la imposibilidad de explicar este impacto, concentran todas sus explicaciones en las dificultades coyunturales de la unificación.

27 Clarín, 14-2-10.

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Afirman que la moneda común fue adoptada en forma prematura, es decir antes de alcanzar equilibrios productivos entre los países miembros. También objetan que el euro fuera introducido sin contar con una estructura de sostenimiento del nuevo signo. Señalan que la suscripción del tratado de integración se realizó a destiempo, con asociaciones monetarias adelantadas a la convergencia de políticas fiscales y estructuras laborales28.

Otras caracterizaciones semejantes ponen el acento en la “política dogmática del Banco Central Europeo”, que forzó una alta cotización del euro. Destacan los múltiples inconvenientes creados por la vigencia de elevadas tasas de interés, que impidieron contrarrestar el desplome productivo inducido por la crisis. Explican estos desaciertos por la preeminencia de una elite de banqueros, reacia a tolerar el aumento de la demanda con mayor gasto público29.

Pero al explicar la fragilidad de la respuesta europea por equívocos de política económica, errores de coordinación fiscal o excesos de ajuste financiero, se omite caracterizar las causas subyacentes de estos desequilibrios. Europa apenas intenta construir lo que Estados Unidos ya detenta desde hace varios siglos: una clase dominante homogénea y consolidada al frente de un estado común. Solo esta configuración permite a los poderosos actuar ante grandes crisis y desenvolver operativos imperialistas en el exterior. En un período de aguda competencia global, el Viejo Continente solo construye la estructura que su competidor ya tiene aceitada.

En este marco la crisis ha servido para refutar la imagen benevolente del capitalismo europeo, como un sistema solidario con los humildes y contemplativo con los sufrimientos populares. La reacción de los líderes de la Unión frente a los países más golpeados por la convulsión, no se diferencia en nada de las brutalidades que ha exhibido siempre el neoliberalismo anglosajón. Especialmente Alemania ha planteado exigencias de ajuste, en los mismos términos que utiliza el Fondo Monetario para lidiar con el Tercer Mundo.

La agresión germana se concentra actualmente en las economías del sur europeo. Todas las miradas de los dominadores se concentran en un atropello, que marcará el tono de las próximas andanadas contra otros miembros de la Unión. Con un ajuste ejemplar se intenta evitar la contaminación de la crisis, forzando drásticos recortes de los gastos y una gran limpieza de capital. Pero la implementación de esta cirugía genera múltiples interrogantes.

Dilemas frente a próximos colapsos

El atropello que se vislumbra en Grecia ilustra el alcance del recorte en marcha. Repitiendo la receta aplicada tantas veces en América Latina se prepara una inmediata reducción de los salarios (20%), aumentos de la edad de jubilación, introducción de un sistema privado de pensiones e incrementos de los impuestos indirectos (electricidad, combustible). Con esta confiscación se busca asegurar el pago de intereses de una deuda descomunal, en un país

28Krugman Paul, Sin Permiso, 8-2-10, Krugman Paul, Clarín, 16-2-10, Cohen Daniel, La Nación, 17-2-10. 29Baker Dean, “Para dejar de llamar a esto crisis financiera”, Sin Permiso, 14-3-2010.

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que ya arrastra una tasa promedio de desempleo de 11% (25% entre jóvenes o mujeres) y una tasa de pobreza del 21% (que subiría durante el año al 29%).

Para justificar esta agresión al nivel de vida popular se recurre a los argumentos de siempre. Los acaudalados culpabilizan a los empleados públicos, a la corrupción y al gasto público de todos los males que sufre el país. Pero olvidan aclarar que suprimiendo las exenciones impositivas, reduciendo la evasión y estableciendo gravámenes a las principales fuentes de recaudación (flete marítimo, comercio y turismo), el quebranto fiscal se reduciría abruptamente30.

También España figura entre los principales candidatos al próximo ajuste. El FMI ya realizó un explicito llamado a recortar los salarios y debilitar los sindicatos. El país afronta una enorme deuda pública, sujeta al chantaje de pagos puntuales que imponen las calificadoras. Además, arrastra una burbuja inmobiliaria de mayor dimensión relativa que su equivalente norteamericana. Una economía que apenas araña la decima parte de Estados Unidos, carga con la misma cantidad de viviendas sin vender.

Desde el nacimiento de Euro, España fue un imán para los inversores inmobiliarios atraídos por la baratura de la tierra y las oportunidades de la construcción. Esta oleada condujo a un sobrante de viviendas que no encuentra desahogo. Para colmo, los bancos están muy apalancados y el endeudamiento de los consumidores no guarda proporción con la escasa solidez productiva del país. El gobierno ya comenzó el ajuste retirando el socorro crediticio que había puesto en circulación al comienzo de la crisis. Pero esta medida es apenas un prolegómeno de los próximos recortes31.

También Portugal ha sido ubicado en la cola de las víctimas por las calificadoras, que redujeron abruptamente el status de su deuda. El gobierno aceptó esta presión y prometió duras medidas de achicamiento del déficit fiscal, que caería de 9,3% a 2,8% en solo tres años.

Pero las clases dominantes del Viejo Continente carecen de un soporte continental confiable para implementar estos atropellos. La Unión Europea no cuenta con respaldo político, ni legalidad o autoridad suficiente para sostener las medidas que adopta cada gobierno. Ni siquiera tiene fuerza para exigir dureza a cambio de financiación. Por esta razón el Banco Central Europeo vacila en lanzar el plan que instrumentó hace dos décadas Estados Unidos, ante desplome latinoamericano (Plan Brady). Tampoco se atreve a repetir el auxilio que otorgó la FED a los bancos afectados por la cesación de pago de México en los años 80 y 90.

La Unión Europea está corroída, además, por los intereses financieros divergentes de sus miembros. En los momentos críticos cada potencia prioriza el salvataje de sus propios deudores. Los bancos franceses y suizos con alta exposición en Grecia chocan con los 30Los argumentos neoliberales y su refutación pueden verse en Arriazu Ricardo, “Perjuicios de gastar por encima de las posibilidades”, Clarín, 21-2-10 y Kontogiannis Sortis, En Lucha, 10-3-2010.31Un diagnóstico de la gravedad de esta crisis presenta: Suarez Jorge, Clarín, 20-12-09.

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británicos afectados por los pasivos de Irlanda y con los alemanes golpeados por la deuda de España32.

Pero todos afrontan el dilema de salvar al deudor o ser arrastrados por su quebranto. Si optan por el socorro aumentarían su propia exposición, pero si los dejan caer podrían quedar sumergidos en un naufragio general. Solo el paso del tiempo brindará respuestas a estas disyuntivas.

La Unión Europea debe lidiar con decisiones que involucran también a su futuro geopolítico. Según opte por abandonar a los ahorcados o por rescatarlos con fondos comunitarios y compartidos con el FMI, la asociación quedará fortalecida, debilitada o dislocada. El comportamiento del euro seguramente anticipará cuál de estas alternativas predominará.

En lo inmediato las distintas opciones se juegan en la reacción frente al colapso griego. Mientras que un grupo de bancos y países (encabezados por Francia) pugna por refinanciar la deuda con créditos emitidos por la propia Unión (en la perspectiva de un fondo de estabilización europeo), Alemania (con el sostén de Italia, Holanda y Finlandia) tiende a imponer una asociación con el FMI.

El objetivo germano es aligerar el monto de la carga financiera y utilizar toda la experiencia auditora que tiene el gran ajustador mundial de los países colapsados. Esta preferencia por el FMI es muy ilustrativa de la predilección alemana por una asociación con Estados Unidos, en desmedro del proyecto más autónomo que propone Francia33.

El euro seguirá a los tumbos mientras se procesen las distintas alternativas y predomine una furiosa especulación contra los títulos públicos próximos al default. Las economías que no resistan el torbellino de los próximos meses podrían ser empujadas a devaluar y a quedar fuera de la Eurozona.

Pero como lo demuestra el caso de Letonia, un ajuste en los bordes de esa asociación es tan atroz como dentro de esa estructura. La pequeña economía del Báltico -que no había ingresado a la moneda común- recurrió a una devaluación monitoreada por el FMI. El resultado fue un derrumbe del 25% del PBI y un desmoronamiento nunca visto de los salarios. Un desastre parecido se ha vivido en Hungría tras un desplome del PBI (6,3% el año pasado), que indujo a solicitar auxilios al FMI a cambio de durísimos recortes del gasto público. Otros países que aún no definieron si se sumarán al euro (Polonia, República Checa, Bulgaria y Rumania), observan de cerca cual de los dos ajustes sería más traumático34.

32Un informe de estas divergencias en: Wall Street Journal-La Nación, 8-2-10.33Soros George argumenta a favor del camino francés y Roubini Nouriel defiende el alemán, Clarín 23-2-10, La Nación, 27-2-10.

34Ver evaluación de Wilder Rebecca, “Final de partida en la Unión Europea”, Sin Permiso, 14-3-10.

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Resistencia popular

La tormenta global se ha situado en un continente con gran acervo histórico de luchas sociales. Ese legado se pondrá en juego en la batalla contra los proyectos capitalistas. Las clases dominantes apuestan a imponer sus atropellos, para relanzar otra fase de neoliberalismo.

Durante el año pasado la reacción popular fue limitada por la sorpresa que generó la crisis, entre asalariados acostumbrados a la gestión negociada de las turbulencias económicas. La expectativa de frenar la ofensiva capitalista con tratativas de los sindicatos arbitradas por los estados contuvo el inicio de la protesta, en el agobiante contexto creado por el desempleo.

Pero también influyen en las vacilaciones populares varias décadas de preeminencia ideológica conservadora. Como esta gravitación generalizó la simplificada identificación de la crisis con desgracias exclusivas del Tercer Mundo, el estallido financiero fue recibido en las economías avanzadas con estupor. Este desconcierto se reforzó posteriormente con el trato despectivo que los grandes medios de comunicación propinaron a los países más endeudados. La denominación burlona de PIGS ya no está destinada a naciones de África o Latinoamérica, sino a España, Grecia, Irlanda y Portugal.

También el clima de respiro financiero que acompañó al socorro de los bancos permitió contener la respuesta popular. Pero el ajuste que inicialmente se pospuso finalmente ha llegado y comienza a desatar el furor en las calles de Grecia.

En un país con gran tradición de izquierda, poderosos sindicatos y movimientos radicales se han realizado desde febrero tres huelgas generales y enormes manifestaciones de repudio al atropello capitalista. También en España comienzan a extenderse las protestas y los trabajadores de Francia impulsan la resistencia con paros y movilizaciones.

Estas respuestas no se ubican todavía a la altura de la agresión patronal. Marcan un primer paso, cuyo desarrollo también dependerá del cuadro político vigente en la región. La derecha en el gobierno de Alemania o Italia no disimula su decisión de atropellar a los trabajadores, pero en otras zonas ha recibido fuertes palizas electorales (Francia). La socialdemocracia que administra los países más golpeados por la crisis, repite su viejo rol sustituto de los conservadores. Grecia es el ejemplo más nítido de ese reemplazo. Por tercera vez en la historia del país, un miembro de la dinastía Papandreu es protagonista de un viraje regresivo35.

También en España un gobierno socialdemócrata acepta el ultimátum de los banqueros y negocia un pacto social para aumentar la edad jubilatoria, flexibilizar más el empleo e

35En 1944 George Papandreu se asoció con los británicos para desarmar a los partisanos antifascistas, en 1981 Andreas Papandreu dio la espalda al mandato popular manteniendo las bases de la OTAN y restaurando los negocios capitalistas. Actualmente George Papandreu Junior se hace cargo del ajuste. Ver: Petras James: “Greece: The curse of three generations of Papandreu´s“, Lahaine 21-3-2010

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imponer la austeridad contra los trabajadores. En Portugal sus colegas ya han lanzado un programa de recorte del gasto público afín a las demandas de los financistas. Este tipo de medidas conduce a la confrontación de clases.

Lo ocurrido en Islandia podría anticipar el rumbo de la reacción popular. En un plebiscito masivo se rechazó el pago de la deuda con indemnizaciones a los acreedores británicos y holandeses. Se cuestionó compensar a los clientes extranjeros de tres entidades quebradas por un monto equivalente a un tercio del producto anual de la isla.

Ese convenio ha sido impuesto por el FMI, mientras Gran Bretaña amenaza con duras represalias si persiste la negativa popular a asumir esos pasivos. Pero la resistencia a esta infame imposición ha puesto en jaque todo el sistema de bancos desregulados, que convirtió a Islandia en un refugio de la inversión extraterritorial.

La gravitación de la periferia europea aumentará a medida que se aproxime el desenlace de la crisis. Frente a situaciones de próximo default, algunos bancos exigen mayores ajustes y resguardan sus negocios liquidando los títulos públicos de los países más acosados.

En esta dramática coyuntura los neoliberales presentan el recorte deflacionario, como la única opción para administrar la crisis. Señalan que el otro camino -devaluación y abandono del euro- provocará disloques mayores. Este libreto es repetido por todos los gobiernos, que refinancian los pasivos estatales mendigando créditos a los banqueros.

Pero un vistazo a lo ocurrido en América Latina en situaciones semejantes durante la década pasada, permite reconocer la existencia de alternativas a esa extorsión. Se puede recurrir a una ruptura de negociaciones con el FMI (y sus acólitos de la UE), a moratorias de la deuda, a la suspensión de los pagos, a la introducción de impuestos progresivos y a la nacionalización de los bancos.

Este tipo de iniciativas están inscriptas en todos los programas de los movimientos sociales de Argentina, Venezuela, Bolivia o Ecuador. Luego de padecer los brutales efectos de la crisis, los pueblos de estos países lideraron la confrontación con los financistas.

En distintos análisis de la crisis financiera europea se comienza a considerar estas opciones radicales. Estas medidas son indispensables para canalizar en forma progresiva la desesperación de la población. En ausencia de esta alternativa podría exacerbarse el predicamento de la xenofobia ultraderechista, que culpabiliza a los inmigrantes del desastre social.

Varios programas de izquierda proponen refundar la construcción europea con distintas iniciativas para bloquear la especulación financiera, prohibir las operaciones con títulos sofisticados y sustituir el endeudamiento en los mercados financieros por créditos directos de los Bancos Centrales. También se propone la creación de un fondo continental para realizar la convergencia hacia arriba de los derechos sociales, instaurando impuestos

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unificados al capital y creando empleos en forma directa, mediante la reducción de jornada de trabajo36.

La experiencia latinoamericana podría resultar muy provechosa para los movimientos que encabezan la protesta en Europa. En el Nuevo Mundo los pueblos ya atravesaron por la dramática situación que hoy enfrentan los trabajadores del Viejo Continente. Hay un legado de formas de acción y proyectos alternativos que contribuirían a desenvolver la resistencia. Pero esta movilización también dependerá de las tendencias más estructurales que han aflorado con la crisis.

Etapa y contradicciones

La crisis actual asume otra escala si su estudio es abordado considerando todo el período neoliberal. En este caso los desajustes coyunturales que provocan los capitales sobre-acumulados, las mercancías sobre-producidas y los bienes intercambiados en forma desproporcional, quedan inscriptos en desequilibrios estructurales más significativos.

Estas contradicciones determinan las causas subyacentes de la crisis, que han sido generadas por las tensiones acumuladas durante dos décadas. Estos desequilibrios se procesan en la esfera de la demanda y en el comportamiento de la tasa de ganancia, en una nueva etapa del capitalismo.

Otro período, otras crisis

Desde la mitad de los años 80 la mundialización neoliberal introdujo cambios significativos en el funcionamiento del sistema, basados en la ofensiva que perpetraron los poderosos contra las conquistas sociales. Este ataque condujo al deterioro de las condiciones de trabajo en los países avanzados y al empobrecimiento de la periferia, en un marco de expansión del capital hacia nuevos sectores (privatizaciones, educación, salud, pensiones) y nuevos territorios (ex países socialistas).

El capitalismo comenzó a operar en un contexto de creciente mundialización comercial, financiera y productiva. Esta mutación fue favorecida por el desenvolvimiento de una revolución informática, que generalizó el uso de las computadoras en la actividad económica, modificando los patrones de fabricación, venta y consumo de los bienes. La misma innovación brindó a los bancos un nuevo soporte para gestionar las finanzas.

36Ver Husson Michel, “Refundación o caos”, Viento Sur 2010. También: Lapavitsas Costas, “Eurozone crisis”, RMF occasional report, march 2010

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Es importante subrayar que estas transformaciones fueron implementadas en un contexto político de repliegue de los sindicatos y reflujo de las ideas anticapitalistas. La ideología neoliberal -propagada por los medios de comunicación que maneja el establishment- alcanzó una inédita difusión37.

Otras caracterizaciones del mismo proceso resaltan la centralidad de la ofensiva patronal y distinguen la influencia económica de la globalización del impacto político e ideológico del neoliberalismo. Describen como las grandes corporaciones aprovecharon la existencia de fuertes diferencias internacionales de empleos y salarios, para acrecentar sus lucros. Estas desigualdades fueron utilizadas para introducir nuevas formas de control patronal en el proceso de trabajo, que los empresarios imponen amenazando desplazar sus firmas a otros países38.

Este diagnóstico es objetado, a veces, señalando que el nuevo modelo no ha logrado suscitar aumentos significativos de la productividad y es muy vulnerable a las burbujas financieras. Se afirma que la gravitación lograda por las empresas transnacionales está socavada por su desmesurada concentración y por la inestabilidad que genera su absorción de recursos del resto de la economía. Otro cuestionamiento plantea que el neoliberalismo no consiguió impulsar un crecimiento sostenido, por la erosión que introdujo en los mecanismos de regulación estatal39.

Pero ninguno de estos planteos desmiente la existencia de un nuevo período. Se debate su grado de consistencia, pero no la vigencia de una etapa diferenciada. Quiénes consideran que el modelo actual es más inestable que su antecesor, no cuestionan la preeminencia que ha logrado.

Estas coincidencias son mucho más importantes que las controversias sobre el grado de coherencia o el tipo de contradicciones que presenta el esquema actual. Cualesquiera sean las evaluaciones sobre su futuro, es evidente que el neoliberalismo ha consumado un cambio sustancial en la dinámica del capitalismo. La aceptación de estas mutaciones permite analizar su correlato en el terreno de la crisis.

37Hemos expuesto este enfoque en: Katz Claudio, “Capitalismo contemporáneo: etapa, fase y crisis”. Ensayos de Economía, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, vol 13, n 22, septiembre 2003, Medellín 38Mc Donough Terence, “Social structures of accumulation theory: the state of art”, Review of Radical Political Economics, vol 40, n 2, spring 2008. Mc Donough Terrence, “What does long wave theory have to contribute to the debate on globalization”?, Review of Radical Political Economics, vol 35, n 3, summer 2003.39La primera objection es de O´ Hara y la segunda de Kotz. O´Hara Phillip, “A new financial social structure of accumulation in the US for long wave upswing?”, Review of radical political economy, vol 34, n 3, summer 2002. O´Hara Phillip, “A new transnational corporate social structure of accumulation for long wave upswing in the world economy?”, Review of Radical Political Economics, vol 36, n 3, summer 2004. Kotz David, “Neoliberalism and the Social Structure of Accumulation”, Review of Radical Political Economics, vol 35, n 3, summer 2003.

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Los nuevos desequilibrios presentan una fisonomía diferente a sus equivalentes del siglo XX. Estas convulsiones incluían hipertrofia financiera, pero no los mecanismos de titularización, derivados o apalancamientos creados durante dos décadas de internacionalización de las finanzas, desregulación bancaria y gestión bursátil de las grandes firmas.

Lo mismo ocurre con la sobreproducción de mercancías. A diferencia de la norma anterior, los excedentes actuales presentan un carácter global, resultante de la competencia por abaratar costos localizando plantas en países con bajos salarios y alta explotación de la fuerza de trabajo.

También las desproporcionalidades entre China y Estados Unidos constituyen peculiaridades de un período muy distinto a la etapa clásica de posguerra (1945-73) y a la ruptura de este esquema (1973-82), que anticipó el período en curso (1982- ).¿Cómo se deberían analizar las contradicciones de la nueva etapa?

Enfatizar lo cualitativo

Muchos analistas han tratado de esclarecer los desequilibrios actuales dirimiendo si se ha consumado o no, una nueva onda larga de crecimiento económico. Algunos estiman que este movimiento ascendente se verifica desde los años 90. Presentan como indicios de este curso, las elevadas tasas de crecimiento en las actividades lideradas por las empresas transnacionales, en distintos sectores productivos y zonas geográficas40.

La tesis opuesta rechaza este diagnóstico presentando datos de bajo crecimiento en el promedio mundial, junto a evaluaciones políticas de desorden global y falta de liderazgo hegemónico. De esa caracterización deducen la continuidad de una onda descendente, que ya arrastraría más de cuarenta años41.

Pero en estos términos el debate se empantana, ya que resulta tan difícil demostrar la reaparición del floreciente período de posguerra, como corroborar la simple continuidad de una etapa declinante. Los signos de la onda ascendente contrastan con la intensidad y reiteración de las crisis coyunturales en las últimas décadas. Pero la tesis opuesta de persistente declive, eterniza esa caída y desconoce el impacto del neoliberalismo en la reestructuración del capital.

40Martins Carlos Eduardo, “Los impasses de la hegemonía de Estados Unidos”, Crisis de hegemonía de Estados Unidos, CLACSO Siglo XXI 2007. Dos Santos Theotonio. “El renacimiento del desarrollo”. OIKOS, n 1, año 9, 1er semestre 2005.41Wallerstein Immanuel Capitalismo histórico y movimientos anti-sistémicos: un análisis de sistemas -mundo, 2004, Akal, Madrid, (cap 28).

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La discusión es más conceptual que empírica, ya que no existe un dato universalmente indicativo del perfil que asume un período. Un promedio de crecimiento elevado no tiene la misma validez para fines del siglo XX, que para la mitad de la centuria siguiente o el debut del siglo en curso. Lo mismo rige para las distintas zonas. El incremento del 5% anual del PBI, que se considera elevado para Estados Unidos es muy bajo para China.

Una distinción que hemos introducido entre los conceptos de etapa y fase podría contribuir a esclarecer el problema. Identificamos la primera noción con el funcionamiento diferenciado del sistema y la segunda con el predominio de una tónica de crecimiento o estancamiento económico en el mediano plazo42

En lugar de asociar estrictamente ambos fenómenos con ondas largas, destacamos que la existencia de una nueva etapa no tiene un correlato directo en el crecimiento productivo. Con este criterio puede afirmarse que la era de posguerra ha sido totalmente sustituida, sin dar lugar a otro período general de pujanza económica. Lo importante es la existencia de una dinámica cualitativamente diferenciada y no el predominio de elevados niveles de actividad.

La vigencia de una etapa neoliberal es parcialmente independiente del ritmo de la producción. En las últimas dos décadas la dinámica de la acumulación se alteró en forma sustancial, sin configurar un patrón nítido de evolución del PBI. Se ha creado un contexto muy heterogéneo, con fuertes desigualdades regionales y sectoriales, que mixturan prosperidad y estancamiento. Las formas que adoptan las crisis están esencialmente determinadas por este inédito marco.

Los desequilibrios del período neoliberal difieren de las tensiones que afloraron en los años 60 y 70 con el agotamiento del estado de bienestar. Son contradicciones resultantes de los nuevos problemas y no arrastres de las tensiones precedentes. Quiénes interpretan al estallido del 2008-10, como otro peldaño de una larga turbulencia de cuatro décadas, observan continuidades dónde hubo rupturas. No registran que la crisis del modelo keynesiano fue cerrada con el ascenso neoliberal, que inauguró otro esquema con otros desajustes.

Es importante notar estas singularidades para evitar la simplificadora identificación del neoliberalismo con el estancamiento. El modelo en curso ha generado nuevas turbulencias porque también cobijó el resurgimiento parcial de la acumulación. Si el sistema hubiera languidecido los desajustes presentarían otro tenor.

Las nuevas contradicciones estructurales se procesan en dos esferas: la realización del valor de las mercancías y la valorización del capital. Este impacto implica una afectación simultánea de la demanda y la rentabilidad, a una escala que supera los periódicos sacudones de la coyuntura.

42Katz, “Capitalismo contemporáneo” (obra citada)

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Crisis de realización

Los desequilibrios en la esfera del consumo son claramente perceptibles. Al recortar los salarios, expandir el desempleo y multiplicar la pobreza, el neoliberalismo provocó un deterioro de los ingresos populares, que afectó el poder de compra de los trabajadores. Por esta vía se generaron obstrucciones a la materialización del valor de las mercancías y reaparecieron las dificultades para realizar en los circuitos de venta, la plusvalía que los capitalistas extraen a los asalariados.

Numerosos autores ilustran como se expandido esta contradicción durante el neoliberalismo. Estiman que un modelo de permanente atropello al nivel de vida de las masas, necesariamente desemboca en asfixias de la demanda. Los beneficios que los capitalistas consumaron reduciendo costos han deteriorado del poder de compra43.Otros analistas detallan en qué aspectos este desequilibrio distingue al capitalismo actual de su precedente. Mientras que el modelo fordista incluía significativas compensaciones salariales al incremento de la productividad, el esquema neoliberal se basa en priorizar la competencia por reducir los costos salariales, creando una fuerte brecha entre el incremento de la producción y la capacidad de consumo44.

En las últimas dos décadas esta fractura se ha verificado en forma dramática en la miseria del Tercer Mundo y en el flagelo del hambre. En las regiones más expoliadas del planeta, la degradación de los ingresos populares tuvo efectos devastadores. Esta regresión golpea a los subalimentados de África, Asia o América Latina.

El hambre aumentó sin pausa en las últimas dos décadas y en la actualidad afecta a 1.200 millones de personas. El capitalismo neoliberal amputa la fuente básica de subsistencia de una sexta parte de la población mundial. Según estimaciones del FMI solo por efecto de la crisis financiera actual otras 53 millones de personas caerán en la pobreza extrema, provocando la muerte de 1,2 millones de niños45

Pero esta limitación del consumo no ha sido el dato dominante en el resto del mundo, ni la característica central del modelo vigente. Este esquema contrarrestó mediante diversos mecanismos la compresión de la demanda.

En primer lugar incentivó el consumo de las capas altas y medias de los países desarrollados. Los protagonistas de estas adquisiciones no solo fueron sectores enriquecidos con el sufrimiento popular. También hubo importante participación de segmentos adicionales, que desplegaron sofisticadas corrientes de compra de bienes prescindibles. 43 Esta tesis postulan: Wolfson Martin, “Neoliberalism and the social structure of Accumulation”, Review of Radical Political Economics, vol 35, n 3, summer 2003. Kotz David, “Contradictions of economic growth in the neoliberal era”, Review of Radical Political Economics, vol 40, n 2, spring 2008.44Navarro Vicenc, “Las causas de la crisis mundial actual”, Sistema Digital, 3-1-2010 www.redescristianas.net45 La Nación, 24-4-10

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Este consumismo difiere del consumo de masas que amplió la canasta de los bienes necesarios durante el boom de la posguerra. El nuevo paquete de compras reemplazó las viejas adquisiciones indispensables por un gasto más voluble y adaptado al acortamiento del ciclo de vida de los productos.

La competencia neoliberal reforzó la producción de bienes sujetos a la obsolescencia acelerada de los procesos de fabricación. Con enormes dispendios publicitarios, los consumidores son inducidos a desechar los productos adquiridos antes de su utilización plena. Esta compulsión torna más vulnerable la demanda, que pierde los rasgos de mayor estabilidad que tuvo el consumo fordista.

El nuevo esquema de compras se ha expandido junto al extraordinario incremento de la polarización social (especialmente en Estados Unidos). En lugar asociar el incremento de la demanda con mejoras del ingreso popular, el nivel de compras ahora se encadena al volumen del endeudamiento.

Este nuevo patrón de consumo frecuentemente presenta también un sustento patrimonial. En este caso las compras son inducidas por la riqueza acumulada por las familias bajo la forma de inversiones en bonos o acciones. Los precios de estos papeles son más determinantes del consumo que la evolución del ingreso salarial.

Por esta razón los factores que inciden en la “confianza del consumidor” han quedado tan enlazados al vaivén de los distintos mercados financieros. Las adquisiciones de bienes se expanden junto a los ciclos de apreciación bursátil e inmobiliaria y se retraen en los períodos de pérdidas o pánico financiero. Esta relación explica el gran impacto que ha tenido el reciente estallido financiero sobre la conducta del consumidor norteamericano46.

La crisis de realización que generó el neoliberalismo fue contenida con endeudamiento familiar. Este contrapeso permitió mantener el poder adquisitivo, a pesar del estancamiento de los salarios, el aumento del trabajo precario y la extensión del desempleo. Los trabajadores recurrieron al auxilio crediticio y con este flujo de préstamos se frenó la caída potencial del consumo.

Pero como este incremento de los pasivos alcanzó cifras astronómicas, los asalariados han quedado transformados en clientes acosados por deudas. El agobio que generan los vencimientos financieros coexiste con los padecimientos que impone la explotación laboral. Mediante estos mecanismos compensatorios se mantuvo activa la demanda, en un cuadro de contracción de los ingresos populares.

Este esquema de consumo se asienta, además, en una estructura distributiva altamente polarizada a nivel global. El 5% más rico de la población mundial acapara actualmente un volumen de ingresos 114 veces superior al 5% más pobre. Son muy representativos de este

46Esta relación es analizada por: Johsua Isaac, “Capitalism: fin d´epoque?”, Contretemps, n 1, 1 er trimestre 2009, Paris.

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mapa los gastos de publicidad, que en un 75% se concentran en 8 países de Norteamérica y Europa (2003). La exigua participación del 80% de los habitantes del planeta en el 14% del consumo privado total, ilustra también esa fractura de la demanda47.

Esa brecha es un rasgo central del esquema imperante en las últimas décadas. Mientras que la mundialización generalizó la producción excedentaria de bienes y la sobre-abundancia de capitales, el neoliberalismo ha reforzado las disparidades geográfico-sociales. Esta polarización global profundizó la segmentación del consumo, acentuando la intensidad potencial de los desequilibrios de realización.

Pero estas fracturas fueron también compensadas por distintos caminos. En las últimas décadas se registró una expansión de la demanda, junto a la penetración del capital en los ex “países socialistas” y en las economías intermedias. Por esa vía importantes segmentos de la población saltaron un peldaño en la escalera del consumo, superando su vieja condición de adquirientes de productos básicos. En ciertos países muy poblados (como China e India) se forjó incluso una nueva clase media, que comienza a absorber mercancías de cierta sofisticación.

De la misma forma que la producción de bienes de capital neutralizaba los ciclos de sub-consumo durante el siglo XIX, las nuevas formas de compra han morigerado la fragilidad potencial de la demanda que introdujo el neoliberalismo. Los mecanismos de endeudamiento, financiarización y consumismo cumplen un rol compensatorio, semejante al jugado por los mercados de equipamiento durante el capitalismo naciente. Estos contrapesos han impedido hasta ahora el estallido de los desequilibrios de realización.

Crisis de valorización

El comportamiento de la tasa beneficio constituye otra contradicción estructural del esquema actual. La evolución de esta variable ha sido potencialmente socavada en las últimas décadas por la generalización de nuevas tecnologías, que disminuyen la gravitación porcentual del trabajo vivo, en que se sustenta la generación de la plusvalía apropiada por los capitalistas.

Este proceso reproduce una tendencia intrínseca de la acumulación a deteriorar la tasa de beneficio, a medida que la inversión reduce la proporción del trabajo inmediato incorporado a las mercancías, en comparación al trabajo muerto ya objetivado en fábricas, maquinarias o materias primas. Este curso de la acumulación determina un aumento de la composición orgánica del capital, que a su vez contrae tendencialmente la tasa de ganancia, asentada en la plusvalía confiscada a los asalariados. Varios autores han subrayado este origen de la crisis en desequilibrios de valorización, que el neoliberalismo ha recreado48.47 Migone Andrea, “Hedonistic consumerism”, Review of Radical Political Economics, vol 39, n 2, spring 2007.48 Explicaciones con este fundamento en: Carchedi Guglielmo, “The return from the grave, or Marx and the present crisis”, 7-7-09, www.isj.org.uk. Harman Chris, “The slump of the 1930, and the crisis today”, International Socialism n 121, London, January 2009.

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http://www.isj.org.uk/

Hay tres indicios de este incremento de la composición orgánica del capital durante las últimas décadas. En primer lugar la inversión aumentó en forma muy significativa en las economías asiáticas, que se transformaron en el nuevo taller global de la industria contemporánea. Las altas tasas de explotación alimentadas por los bajos salarios (especialmente de los trabajadores emigrantes de las zonas rurales) situaron el nivel de inversión promedio de China en elevadísimos porcentuales. Este grado de capitalización explica por qué razón afloran con tanta fuerza las situaciones de sobre-capacidad industrial en ese país, cuándo se contrae el comercio mundial49.

El mismo incremento de la proporción de maquinarias en relación a la mano de obra se ha verificado, en segundo lugar, en todas las regiones y sectores asociados con la actividad de empresas transnacionales. Estas compañías han liderado el aumento de la productividad, especialmente a través de una intensa informatización del proceso productivo.

Esta revolución tecnológica introdujo crecientes turbulencias y precipitó severas crisis (como el descalabro bursátil de las punto.com a principios de la década). El impacto de la informática sobre la tasa media de productividad de las principales economías ha suscitado fuertes discusiones entre los economistas. Pero cualquiera sea el alcance de esa transformación es indudable que induce una reducción de la plusvalía directamente generada por el trabajo vivo.

El tercer indicio de este proceso es la destrucción de empleos que genera la creciente incorporación de tecnologías capital-intensivas. El virulento incremento de la desocupación es la manifestación visible de este cambio. A medida que se expande la automatización, la pérdida de empleos supera en cada recesión la creación posterior de puestos de trabajo. Con las nuevas tecnologías, la contratación de trabajadores por unidad de capital invertido es invariablemente menor.

En todos los análisis de la desocupación norteamericana se destaca este componente estructural, que determina exigencias crecientes de incrementos del PBI para preservar el ritmo de creación de empleos. Algunas estimaciones destacan que no solo la recesión ha causado el desmoronamiento laboral. También la automatización hizo desaparecer 5,6 millones de puestos de trabajo desde el año 2000 y el crecimiento de la productividad ha bloqueado el ingreso de nuevos asalariados a la actividad corriente de las fábricas50.

Los tres procesos en curso de alta inversión externa de empresas transnacionales, revolución informática y desempleo estructural han aumentado la composición orgánica del capital y el consiguiente deterioro porcentual de la tasa de ganancia. Sin embargo, numerosas investigaciones coinciden en subrayar que este nivel de rentabilidad se ha mantenido elevado desde mitad de los años 8051.49Hart-Landsberg Martín, “China, capitalist accumulation and the world crisis”, XII International Conference of Economist on Globalization, La Havana, march 201050 Aversa Jeanine, “Por qué es tan difícil reducir el desempleo”, Clarín, 2-2-10. Goodman Peter, “La pesadilla americana de vivir sin trabajo por años”, New York Times-Clarín, 22-2-10

51Estimaciones contundentes de esa recuperación presentan por ejemplo, Moseley Fred, “The U.S. economic crisis, causes and solutions”, International Socialist Review, March-April 2009. Valle

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Otros estudios ilustran cómo esta recomposición ha sido más significativa en las empresas que operan a escala transnacional, en comparación a las firmas que actúan solo a nivel nacional. La tasa de ganancia se elevó y se bifurcó, con márgenes diferenciados en ambos tipos de corporaciones52

Estas evaluaciones indican que la recuperación de la tasa de beneficio que acompaña al neoliberalismo se ha mantenido, a pesar de todos los procesos internos de la acumulación que empujan hacia la caída de esa variable. Tal como ha ocurrido con los desequilibrios de realización, las fuerzas que contrarrestan el deterioro de la valorización del capital han frenado esa declinación. Otra contradicción central de modelo actual continúa gestándose sin llegar a la superficie.

Este contrapeso fue logrado, ante todo, mediante el incremento de la tasa de explotación. Hubo un contundente estancamiento de los salarios impuesto por la flexibilización laboral, la presión del desempleo y la pobreza de amplios segmentos de la población. La esencia del neoliberalismo radica en este atropello y las evidencias de esta agresión son abrumadoras.

El abaratamiento de materias primas ha sido otro factor compensatorio de la caída de la tasa de ganancia, que tuvo una evolución más contradictoria. Durante la mayor parte de la etapa neoliberal esta depreciación fue significativa, pero tendió a revertirse en el último quinquenio.

También ha registrado un comportamiento disímil la desvalorización de capitales obsoletos, que constituye el principal factor de contrapeso a la disminución tendencial de la tasa de beneficio. Bajo el neoliberalismo operó un proceso contrapuesto de socorro estatal a los empresarios en quiebra y reorganización de las firmas menos competitivas. En general, se verificó una importante limpieza de capitales, que dio lugar a depreciaciones de capital constante y a depuraciones de empresas obsoletas.

La secuencia de bancarrotas y fusiones son ilustrativos de esta cirugía. A diferencia del capitalismo clásico, en la época actual el estado interviene directamente en el proceso de depuración de las empresas. Muchas firmas son estatizadas y reorganizadas, antes de ser nuevamente privatizadas. La secuencia de valorización-revalorización del capital se consuma a través de esta mediación estatal. Es muy discutible cuál ha sido la magnitud de este proceso, pero todo indica que ha sido suficiente para preservar la recuperación el lucro empresario durante las últimas dos décadas53.

Este ascenso también confirma, que todas las burbujas financieras registradas durante esta etapa se nutrieron de mejoras reales del beneficio patronal. La crisis del 2008-09 ha

Baeza, “Una explicación de la gravedad de la actual crisis estadounidense, XI Encuentro Internacional sobre Globalización y problemas del Desarrollo, La Habana, 2-6 marzo 2009. Husson Michel, “Le dogmatisme n’est pas un marxisme”, www NPA 2009.org52 Los datos de este proceso son presentados por Caputo Orlando, “La crisis actual de la economía mundial: una nueva interpretación teórica e histórica”, XI Encuentro Internacional sobre Globalización y problemas del Desarrollo, La Habana, 2-6 marzo 2009.53Ver: Post Charlie, “Crisis theory”, Solidarity, New York, October 19, 2008.

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provocado un desplome de esas ganancias y las pérdidas sufridas por los bancos y las Bolsas anticipan rojos en los balances de las empresas.

Pero este tipo de caídas de corto plazo acompañó hasta ahora a todos los ciclos del período neoliberal, sin afectar la recuperación estructural de rentabilidad. La gran incógnita de la crisis actual es si pondrá fin a esos contrapesos. La respuesta a este interrogante requiere evaluar distintos escenarios.

Escenarios y alternativas

Resulta muy difícil predecir cuánto tiempo podrá el neoliberalismo posponer el estallido de sus contradicciones estructurales. Pero la prorroga de estos desenlaces seguramente conducirá a conmociones más severas. Existen varias posibilidades para el desemboque de la crisis.

Otro reciclaje

Al comienzo del 2010 el ajuste comienza a reemplazar al socorro, en la gestión de la crisis. La socialización de pérdidas a cuenta del estado tiende a ser sustituida por ataques más directos a las condiciones de vida de los trabajadores. Con distinta intensidad y temporalidad, en varios países se ha puesto en marcha este giro hacia el atropello. El recorte capitalista exige depurar bancos, eliminar firmas poco competitivas, achicar el financiamiento público e introducir reestructuraciones globales, para compensar las desbalances comerciales y monetarios.

Este proceso de desvalorización de capitales obsoletos siempre se ha instrumentado con sufrimiento popular. Lo que se dirimirá en próximo período es la magnitud de una cirugía que multiplicará el desempleo, la pobreza y la caída del salario. Una hipótesis es la consumación de esta agresión repitiendo lo ocurrido en las últimas dos décadas. En este período los ajustes provocaron enormes conmociones en distintas economías, sin desembocar en una eclosión generalizada y sin modificar la tónica de la etapa.

Al cabo de serios padecimientos populares, estas sacudidas financieras concluyeron con una descompresión del temblor en los países de origen y con irrupciones en nuevas zonas. Esta trayectoria siguieron los estallidos que conmovieron a Estados Unidos (1987, 1991, 2001), Europa (1987), Rusia (1998), Japón (1993), el Sudeste Asiático (1997) y América Latina (México 1994, Brasil 1999, Argentina 2001).

Si la convulsión actual reitera esta secuencia, la reorganización de los bancos más comprometidos y de las empresas más endeudadas se consumará con transferencias de ingresos, limpiezas de pasivos y licuaciones de las deudas, solventadas en la degradación

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del nivel de vida popular. De esta reorganización surgiría un interregno preparatorio de nuevos desplomes. El ritmo de estos colapsos se ha intensificado desde mediados de los años 80, potenciando las turbulencias que entre 1970 y el 2007 derivaron en 124 crisis bancarias, 208 crisis cambiarias y 63 crisis de deuda soberana54.

Pero un escenario de este tipo exigiría también dilatar las crisis de realización y valorización del capital, mediante los mismos mecanismos que permitieron sobrellevar estos desequilibrios durante veinte años. Requeriría la permanencia de ajustes competitivos en los momentos de alivio y socorros estatales en las situaciones críticas.

La regeneración del modelo actual exigiría posponer los desequilibrios de la demanda, con otra sobrevida del consumo financiarizado fuera de Estados Unidos, ya que la convulsión actual ha golpeado como nunca a los consumidores de la primera potencia (y de otros países que abusaron del modelo crediticio, como España y Gran Bretaña). Se necesitaría incorporar al consumo financiarizado a nuevos segmentos de la clase media de la semiperferia, recurriendo a políticas económicas neo-desarrollistas55.

Esta expansión de la demanda en China, India, Brasil o Rusia podría compensar, pero no sustituir al volumen consumo del Primer Mundo. Aunque en los últimos meses se avizoran cierto cambios de roles en la economía mundial, con mayores exportaciones de los países centrales y crecientes importaciones de las economías semiperiféricas, los grandes mercados internos están localizados en el primer segmento y las posibilidades de fabricar con bajos costos se ubican en el segundo grupo.

La supervivencia de la etapa neoliberal necesitaría cimentarse también en un continuado repunte de la tasa de ganancia. Una vez superada la erosión de beneficios que generará el desplome recesivo del 2008-10, los mecanismos para sostener esa rentabilidad no diferirían de los utilizados en las últimas décadas. Pero exigirían profundizar ciertos cursos.

Un aumento de la tasa de explotación sería el principal instrumento para preservar la valorización del capital. Ya sobran indicios de esta tendencia con la arremetida reaccionaria en Grecia, España y Portugal. En estos países se procesa el gran test de un atropello, que las clases dominantes han tomado como hoja de ruta.

Otro instrumento de esta batalla serán los recortes de los convenios laborales que prepararan las grandes corporaciones, siguiendo el modelo establecido por General Motors. Una empresa quebrada es actualmente monitoreada por los delegados de un gobierno, que invirtió 50.000 millones de dólares en el rescate y ha tomado a su cargo el 60% de las acciones de la compañía. Este manejo orienta la recuperación de la rentabilidad a costa de los trabajadores. Los despidos, el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de las conquistas sociales se financian con fondos públicos.

54Ver: Le Monde, 30-3-10. 55 Escenarios de este tipo son evaluados por analistas como: Yeldan Erinc, “On the nature and causes of the collapse of wealth of nations”, Working Series n 197, PERI, Amherst, 2009.

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La posibilidad de sostener la tasa de ganancia con mayor abaratamiento de las materias primas presenta, en cambio, mayores dificultades. Estos insumos se han encarecido en el último quinquenio como reacción cíclica a la desvalorización precedente, Como existe, además, un contexto de escasez de los productos básicos demandados por las economías intermedias es improbable un retorno a las bajas cotizaciones de los años 90.

Tampoco es nítido el nivel que alcanzaría la depuración de empresas. Los procesos de fusión y concentración de firmas coexisten con socorros estatales, que a veces reciclan el dinamismo inversor y en otros casos deterioran los patrones de competitividad que instauró el neoliberalismo.

Contexto de desenlace

Otro escenario de la crisis es un agravamiento sin respiro de todos los desequilibrios, con pocas compensaciones y virulentas definiciones. En este caso, tendería a producirse una confluencia de los desarreglos coyunturales del 2008-10, con las crisis de realización y valorización de las últimas décadas. Este empalme sería factible por la magnitud de una conmoción que afectó en forma simultánea a las economías desarrolladas, introdujo un contagio global y desató recesiones más acentuadas.

En este escenario la crisis asumiría una intensidad mayúscula, que podría emular lo ocurrido durante la depresión del 30 o asemejarse a la stanflation de los años 70. La deflación constituiría el rasgo típico del primer sendero. Supondría una virulenta caída del poder adquisitivo, junto a la masificación del desempleo en las economías centrales. Esta declinación de los precios introduciría un mecanismo de ajuste para desvalorizar la fuerza de trabajo y depurar los capitales. Un desemboque inflacionario conduciría por otro camino, a esa misma adaptación de los precios a los nuevos valores de las mercancías56.Las tendencias más recientes de Europa y Asia parecen indicar cierta preeminencia del recorrido inflacionario, que en todo caso será anticipado por las políticas económicas de los gobiernos. En Estados Unidos ha comenzado una discusión sobre la forma de reducir la deuda pública y muchos economistas se inclinan por repetir su licuación, mediante el mismo aumento de los precios que se registró en la posguerra. Pero ese procedimiento requeriría, además, una elevada tasa de crecimiento que resulta muy improbable57.

También podría irrumpir una combinación de ambas variantes, adaptada a la actual etapa de capitalismo mundializado. Pero cualquiera de estas alternativas conduciría a colapsos mayúsculos. Lo ocurrido en los años 30 y 70 demuestra, además, que este tipo de crisis

56La diferencia entre ambas variantes es parcialmente expuesta por Arrighi Giovanni, “The winding paths of capital”, New Left Review 56, March April 2009. 57Entre 1946 y 1956 la deuda pública del país pasó de 271.000 millones de dólares a 274.000, pero como el PBI se duplicó y se registró una inflación del 40%, la deuda quedó reducida en forma drástica. La repetición de este esquema enfrenta enormes obstáculos en la actualidad. Ver: Krugman Paul, “La deuda de Grecia, una espiral mortal hacia el default”, Clarín, 10-4-10.

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puede desembocar en giros cualitativos de la dinámica del sistema, que en la actualidad tendrían connotaciones planetarias58.

Resulta imposible anticipar cuál será el desenlace final de la eclosión del 2008-10. En los primeros meses de la crisis parecía inminente un desplome mayor, pero el alivio del 2009 moderó esta impresión. Entre los marxistas existen distintos presagios sobre la envergadura de esta eclosión59.

Ortodoxos y heterodoxos

Los debates sobre la crisis han concentrado la atención de todos los economistas. Los neoliberales ya dejaron atrás su desconcierto inicial y recitan nuevamente la mitología del capitalismo eterno. Consideran que este sistema retomará su marcha floreciente, luego de corregir las imperfecciones que desencadenaron el transitorio desplome financiero del 2008-1060.Pero este tipo de fábulas han perdido credibilidad. Es evidente que la magia del mercado no remonta espontáneamente las crecientes recaídas de la economía. Además, ya no es tan fácil encubrir los terribles padecimientos sociales que rodean a esas convulsiones. A medida que los ajustes se tornan más virulentos, el mensaje neoliberal pierde argumentos, encuentra menor auditorio y se torna más pragmático.

También los heterodoxos exoneran al capitalismo, con sus propuestas de regulación financiera y supervisión de los bancos. Atribuyen exclusivamente la crisis al descontrol de las finanzas y proponen enmendar esta inoperancia con reglamentos y puniciones a los movimientos especulativos. Estiman que estas normas permitirán encarrilar la economía, si se reinstalan segmentaciones operativas en la actividad financiera con cierta primacía de la banca pública. Otras propuestas añaden el desmantelamiento de los grandes bancos y una restricción de operaciones que reduzca la gravitación de los inversores institucionales, en los mecanismos del capitalismo patrimonial61.

En los momentos más álgidos de la crisis, estas medidas fueron discutidas en las cumbres presidenciales. Allí se consideró reformar el FMI para reafirmar su rol supervisor del

58Esta nueva proyección espacial es analizada por Harvey David. Los límites del capitalismo y la teoría marxista, Editorial Fondo de Cultura Económica; 1990 (cap 13- Punto 6 y cap 10).59Pantich estima que tendrá un alcance limitado y Brenner que producirá un desmoronamiento mayúsculo. Panitch Leo, Konings Martijn, “US Financial power in crisis”, Historical Materialism, vol 16, Issue 4, 2008 Brenner Robert, “Un análisis histórico-económico de la actual crisis”, Sin Permiso, 22-2-09.60Una apología de este tipo plantea: Sorman Guy, “El sistema capitalista no muere, siempre rebota”, Clarín, 28-10-09

61Esta visión es expuesta por: Orlean André, “La crise moteur du capitalisme”, Le Monde, 30-3-10. También Ghymers Christian, “Una visión europea”, XI Encuentro Internacional sobre Globalización y problemas del Desarrollo, La Habana, 2-6 marzo 2009. D´Arista Jane, “Limitar el apalancamiento”, Página 12, 26-5-09.

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capital financiero internacional. También se ha evaluado la introducción de una tasa Tobin, para acotar los trastornos que genera la vertiginosa movilidad de los fondos circulantes62.

Pero con el alivio que siguió al socorro estatal, estas propuestas han perdido predicamento en las cúpulas del poder. Las convocatorias a la regulación siguen en carpeta, pero nadie obstruye la continuada preeminencia del liberalismo financiero. La prohibición de los paraísos bancarios ha pasado a segundo plano, junto a la prometida supresión de las bonificaciones a los directivos. La reforma de entidades que promueve Obama es una versión tan light de la iniciativa original, como la tasa Tobin que propone Brown en Inglaterra.

Sin embargo la sola intención de introducir ciertas restricciones a la actividad de los bancos ha desatado una fuerte presión de Wall Street, que mantiene bloqueado un proyecto para limitar el tamaño de las entidades y transparentar los riesgos involucrados en las operaciones con títulos complejos. También se propone introducir alguna protección a los pequeños tenedores de bonos y otorgar poder a los accionistas para limitar los premios de los ejecutivos.

Pero hasta ahora existe poca predisposición del establishment norteamericano para implementar estos cambios. Algunos teóricos heterodoxos cuestionan la impotencia gubernamental frente a estas presiones. Despotrican contra la insensibilidad de Wall Street y la corrupción de Washington, pero no indagan las razones que condujeron a reemplazar el añorado modelo de posguerra por la desreglamentación liberal.

Especialmente ignoran el papel que asumió la propia competencia entre los bancos, en la primacía de este curso. Esa rivalidad es una característica del capitalismo, que invariablemente socava las regulaciones estatales. La propia expansión de los negocios incentiva este deterioro, a medida que aumenta la búsqueda de nuevas fuentes de provisión crediticia.

Los determinantes capitalistas de la hipertrofia bancaria son desconocidos por todos los analistas que fetichizan las regulaciones y desconocen el basamento social de estas normas. Como suponen que el estado es una institución neutra al servicio de la sociedad (y no de las clases dominantes), vislumbran a los reglamentos como un equitativo paraguas que cubre a la comunidad (sin favorecer a los poderosos).

En los genéricos elogios a futuras regulaciones financieras nunca se aclara quién será beneficiado y afectado por estas reglas. Se omite explicar, que si favorecen a los banqueros no implicarán cambios significativos y si apuntalan a otros sectores (como los industriales), abrirán una pugna competitiva para la recomposición ulterior del poder financiero.

Los keynesianos más afamados y amoldados al poder se han resignado al funcionamiento regresivo del capitalismo. No solo convalidan la gravitación de los banqueros, sino que 62 Estos planteos han sido formulados por Krugman Paul, “Es hora de reflotar la tasa Tobin”, Clarín, 28-11-09 Krugman Paul, “Los dilemas de nacionalizar”, Clarín, 7-3-09. También: Stiglitz Joseph, “Un nuevo sistema de crédito es vital para frenar esta crisis”, Clarín, 11-4-09. Lavagna Roberto, “La crisis global reclama reformas no cosméticas”, Clarín, 24-2-09.

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aceptan la tormentosa expansión del desempleo. Esta actitud los sitúa muy lejos de la “eutanasia del rentista” y muy cerca de las posturas conservadoras. Su apoyo al socorro estatal de los bancos es un ejemplo de esa adaptación.

Esta orientación actualiza el patrón de estrategias macro-económicas, que en la postguerra adoptaron en común los keynesianos y los neoclásicos. Esas convergencias se repitieron posteriormente, mediante regulaciones adaptadas a los principios del libre-mercado y políticas anti-cíclicas amoldadas a los criterios neoliberales.

¿Capitalismo humano?

Otras vertientes heterodoxas discrepan con esa confluencia y proponen una remodelación progresiva del capitalismo, mediante la reducción de la desigualdad. Convocan a revertir el modelo anglosajón a favor de un esquema socialdemócrata para sustituir el neoliberalismo financiero por algún relanzamiento productivo.

Ciertas versiones de este enfoque sugieren introducir de inmediato medidas de protección de los grupos más afectados por la crisis (frenar desalojos, aumentar el seguro de desempleo, introducir un ingreso mínimo universal), junto a reformas sociales (especialmente en salud y educación) que permitan restablecer el destruido estado de bienestar. Otros postulan recrear el espíritu del laborismo y la estrategia de la economía mixta63.

Estas visiones no ocultan su nostalgia por el esquema que naufragó en los años 70. Pero convocan a resucitarlo sin explicar las causas de su hundimiento. Cuestionan en forma simultánea al liberalismo y a la gestión colectivista, destacando el carácter fallido de ambos experimentos. Pero olvidan agregar que la estrategia socialdemócrata fue ensayada en mayor escala durante gran parte del siglo XX. No se entiende por qué razón exceptúan a ese esquema de las grandes frustraciones de la centuria pasada.

Muchas de estas vertientes comparten la expectativa de humanizar al capitalismo. Consideran que este sistema perderá su impronta brutal, a medida que las reformas sensibilicen a las elites que comandan el sistema64.

Pero este tipo de llamados nunca encuentra eco entre los altos funcionarios de los estados. Estos directivos suelen amoldar el sistema a las cambiantes necesidades de las clases dominantes. Propician acotadas mejoras sociales en los momentos de gran descontento popular y anulan estas reformas en los períodos de reflujo de la resistencia. Lo mismo ocurre con las regulaciones financieras. El capitalismo incorpora ciertos controles que abandona cuando se diluyen las tensiones.63Blackburn Robin, “La crisis de las hipotecas subprime”, New Left Review, n 50, 2008. Boyer Robert, “Hoy el estado está en mejor posición para definir el futuro”, Página 12, 29-12-08. Hobsbawn Eric, “Si el socialismo colapsó y el capitalismo está en bancarrota: ¿qué viene después”. 29-9- 2008 www.kaosenlared.net64Una proyecto de este tipo expone: Ricupero Rubens, “De la crisis global surgirá un capitalismo mucho más humano”, La Nación, 3-6-09.

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Lo que torna imposible la gestación de un “capitalismo humano” es la continuada rivalidad por el beneficio. La búsqueda de este inalcanzable objetivo conduce a la dilapidar las energías transformadoras de la población. Un sistema asentado en la explotación del hombre por el hombre no puede ser humanizado, ya que vulnera el principio básico de la convivencia entre individuos. Mientras que la competencia por la ganancia impide generar relaciones de cooperación, la ambición por el lucro impone una despiadada cultura de arribismo, egoísmo y darwinismo social.

Estos pilares del sistema explican también la periódica recreación de esquemas regulados y liberales. Cuando el principio de la rentabilidad es afectado por el primer curso se abre una traumática sustitución hacia el segundo y en condiciones inversas opera la tendencia complementaria.

La compulsión de los dominadores a agredir a los trabajadores constituye un rasgo intrínseco del capitalismo y no un defecto exclusivo del modelo anglosajón. La conducta conservadora que adoptan los socialdemócratas cuando asumen el gobierno es una prueba contundente de esta dinámica. Lo único que puede limitar los atropellos de los dominadores es la resistencia social de los oprimidos y la gestación de estrategias políticas anticapitalistas.Un nuevo tipo de socialismo

La visión heterodoxa convencional es impugnada por muchos analistas radicales, que cuestionan los remiendos superficiales a la misma estructura de dominación. Resaltan la profundidad de la crisis actual, destacando la multiplicidad de sus impactos y objetando la simple apelación a las regulaciones. Consideran que el estallido del 2008-10 ha puesto contra las cuerdas a todo el régimen de acumulación instaurado por el neoliberalismo65.

Este enfoque evalúa acertadamente la magnitud del temblor, pero no explicita las conexiones existentes entre este esquema y sus pilares capitalistas. La convulsión actual presenta un doble alcance: afecta las estructuras del neoliberalismo, pero socava al mismo tiempo sus cimientos capitalistas.

Es un error divorciar ambas facetas, aludiendo de forma genérica al carácter sistémico de la crisis, sin precisar su naturaleza capitalista. Hay que subrayar cuál es el modo de producción corroído por esa eclosión. Si se recurre a múltiples términos y calificaciones sin mencionar a este sistema, resulta imposible comprender el sentido de la crisis.

La principal implicancia de esta caracterización es su corolario. Cuándo se resalta el carácter capitalista de la crisis se pone también sobre la mesa la necesidad de una opción socialista. El capitalismo no es una variante de las relaciones entre la sociedad civil y el estado, que podría mejorarse perfeccionando una u otra entidad. Es un régimen asentado en la propiedad

65Ver por ejemplo: Guillen Arturo, “En la encrucijada de la crisis global”, ALAI, 18-6-09 También Kregel Jan, “Regulaciones para después de la crisis”, Página 12, 26-5-09. Kregel, Jan, “Taming the bond market vigilantes: gaining policy space”, XI Encuentro Internacional sobre Globalización y problemas del Desarrollo, La Habana, 2-6 marzo 2009.

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privada de los medios de producción y en la explotación del trabajo asalariado, que solo puede erradicarse con iniciativas de construcción socialista.

El significado de esta meta ha generado muchos interrogantes desde el colapso del denominado “socialismo real”. Este desplome introdujo gran desconfianza en la posibilidad de gestar una sociedad que supere las desgracias del capitalismo. Pero la reaparición de la crisis vuelve a poner en debate esta opción.

Hasta los fanáticos defensores del orden vigente, reconocen en la actualidad, que el capitalismo ha perdido la atracción que reconquistó luego de la implosión de la URSS. En otros textos hemos explicado por qué razón ese derrumbe coronó el fracaso de una experiencia incompatible con un genuino proyecto socialista. También señalamos en qué medida resulta indispensable reconstituir esta meta sobre nuevos pilares democráticos y revolucionarios66.

Un horizonte de este tipo presupone propuestas anticapitalistas, también ajenas al “socialismo de mercado”, que planteó inicialmente la irrupción de China en el escenario global. Las referencias a ese proyecto han declinado en los últimos años, con la consolidación de una clase dominante que afianza la conversión de ese país en una típica potencia capitalista. Este acelerado viraje torna particularmente ilusorias las expectativas de forjar un “consenso de Pekín” progresista y favorable, en contraposición al regresivo “consenso de Washington”67.

Ningún dato de la política internacional de China avala esta creencia. Al contrario, todas las iniciativas que adopta el gigante oriental en Asia, África o América Latina están guiadas por cálculos de rentabilidad y ambiciones de dominación. En los tratados comerciales, en los convenios de inversión y en las definiciones geopolíticas, no existen diferencias significativas entre China y Estados Unidos, Europa o Japón.

El socialismo es un proyecto a recrear desde abajo, con experiencias que abran horizontes anticapitalistas. En estas acciones comenzarían a vislumbrarse los contornos de un futuro de igualdad, democracia y libertad. Se han propuesto muchos términos para definir ese porvenir, pero el socialismo continúa aportando la denominación más certera. El desafío es adaptar esa meta a un nuevo tipo de cataclismo, que amenaza a la sociedad contemporánea.

66 Katz Claudio El porvenir del socialismo. Primera edición: Editorial. Herramienta e Imago Mundi, Buenos Aires, 2004. Segunda edición: Monte Avila, Caracas, 2006 67Esta tesis Arrighi Giovanni, Adam Smith en Pekín, Akal Madrid, 2007 (epílogo).

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Civilización y medio ambiente.

Durante el año pasado proliferaron las cumbres presidenciales para lidiar con la crisis. Hubo encuentros para coordinar el socorro de los bancos (Londres), reuniones para compatibilizar las acciones militares (Estrasburgo) y convites para tratar el cambio climático (Copenhague). Por primera vez la temática ambiental quedó equiparada en la agenda mundial con otros problemas prioritarios.

Esta relevancia confirma la gravitación que tiene el trastorno ecológico. Numerosas reflexiones vinculan la crisis económica global con el desarreglo climático, pero pocos análisis resaltan el origen capitalista de ambas convulsiones y el alcance histórico que presenta la destrucción de la naturaleza.

La degradación ambiental

El desastre climático desborda los desequilibrios corrientes del capitalismo. El dramático impacto del calentamiento global ya es incluso reconocido por los escépticos, que durante años relativizaron la gravedad del problema. La contaminación ha obligado a presidentes, ministros y ejecutivos a discutir cómo se reduce la emisión de gases y de qué forma se reemplaza a los combustibles fósiles68.

El tema es abordado por las clases dominantes ante el agravamiento de las sequías, los tsunamis, las inundaciones, los ciclones y el aumento del caudal de los ríos. La propia noción de cambio climático -que evoca una transformación gradual del medio ambiente- no expresa la vertiginosa destrucción de la biodiversidad.

En los últimos años el deshielo de los glaciares del Ártico y el incremento del nivel agua en las costas del Sudeste Asia provocaron una brusca aceleración del deterioro ambiental. Existe gran coincidencia en pronosticar que traspasado cierto punto, estas trasformaciones tendrían un efecto irreversible69.

La emisión de dióxido de carbono se consuma a un ritmo que supera en un 44%, el volumen de gases que el planeta puede reabsorber. Esta desproporción va forjando una huella ecológica de creciente dimensión. La cantidad de recursos que se necesita para reproducir la vida reabsorbiendo los desechos se incrementó al doble entre 1961 y 2005. En la actualidad equivale a 1,2 planetas y en el 2030 supondría dos planetas. Otros cálculos de esta biocapacidad para reproducir las condiciones de la vida presentan resultados más alarmantes70.

68Un ejemplo de este giro del escepticismo a la preocupación expresa: Fridman Thomas, “Un ataque preventivo vale la pena”, La Nación 16-12-09. 69Dos análisis completos de este impacto pueden consultarse en Tanuro Daniel: “Rapport sur le changement climatique et les taches anticapitalistes”, Inprecor n 551-552, juillet-aout 2009-08. Foster John Bellamy, “The vulnerable planet fifteen years” Monthly Review n 7, vol 61, december 2009.

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Es completamente falso atribuir este deterioro a la “irresponsabilidad de los hombres”, “al olvido de la naturaleza” o a las “manipulaciones de la ciencia”. La crisis ambiental es consecuencia de un sistema social asentado en el apetito por el lucro. Durante más de 200 años la competencia por la ganancia provocó la aniquilación de los recursos naturales, sin alterar la continuidad de la acumulación. Esta reproducción ha quedado amenazada en la actualidad.

El desarrollo capitalista se basa en una matriz energética de combustión de los recursos no renovables (primero carbón, luego el petróleo), que junto a la deforestación y la emisión de gases han desencadenado el recalentamiento global. La utilización del medio ambiente natural como un simple insumo de la acumulación ha conducido a la demolición progresiva de ese entorno.

El patrón de rentabilidad indujo también a descartar un desarrollo de la energía solar, que hubiera protegido a la naturaleza. Cuándo el carbón y el petróleo empezaron a escasear se desenvolvió el sustituto nuclear con efectos potencialmente más catastróficos.En las últimas décadas el neoliberalismo acentúo estos descalabros, al propiciar una sobreproducción de mercancías basada en la utilización creciente de materias primas. La liberalización de los intercambios, la mundialización del transporte, la producción just in time y el incremento de la urbanización han acentuado el sobreuso de los recursos naturales. Particularmente nocivos son los agro-fertilizantes y los agro-carburantes.

El neoliberalismo oxigenó al capitalismo socavando los pilares materiales del sistema. Este deterioro se consumó en la carrera por aumentar la productividad reduciendo costos, incrementando la velocidad de circulación del capital y acortando el ciclo de vida de los productos71.

La propia dinámica de la valorización conduce a vulnerar los límites de la naturaleza. El capitalismo se desenvuelve como una fuerza devoradora. Promueve un crecimiento ilimitado que desconoce las restricciones energéticas y materiales. Esta depredación ha sido muy visible en la utilización del petróleo. En tan solo un siglo (1930-2030) se ha dilapidado el grueso de las reservas de ese combustible.

El capitalismo trata a la naturaleza como una externalidad cuyo costo debe ser reducido sin reparar las consecuencias del drenaje. Absorbe crecientes cantidades de todos recursos omitiendo su escasez potencial. Pero como no puede desenvolverse sin sustentos materiales esa destrucción afecta su propia continuidad72.

70 Una medición en hectáreas globales indica la existencia de una regresión de 2,7 gha (13,2 billones de global-hectáreas dividido 6,3 billones de habitantes) en 1990, a 2,1 gha en la actualidad. Esta medida es utilizada para mensurar el grado de destrucción del planeta. Amin Samir, “Capitalism and the ecological footprint” Monthly Review n 6, vol 61, november 2009 También: La Nación, 24-11-09.71Ver: Chesnais Francois, “Orígenes comunes de la crisis económica y la crisis ecológica” Herramienta n 41, julio 2009. Dierckxsens Wim, “Política económica en la transición al socialismo del siglo XXI”, Foro Social Mundial, Nairobi 2007.72Esta caracterización desarrollan: Vega Cantor Renan, “Crisis civilizatoria”, Herramienta n 42, octubre 2009. Antunes Ricardo, “Introducción”, La crisis estructural del capital, Ministerio del

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Compromisos bloqueados

Los principales gobiernos discuten desde hace años alguna salida al deterioro ecológico. Pero todas las posibilidades de acuerdos han sido bloqueadas por la invariable negativa de las potencias a cargar con el costo de atenuar el desastre. No logran conciliar la meta de reducir el calentamiento (evitar un aumento de la temperatura de 0,7 a 2 grados centígrados por encima de 1850). Al ritmo actual de emisiones podrían incluso irrumpir escenarios más dramáticos (4 o 6 grados), si no se suscribe algún compromiso para disminuir la generación de los gases corrosivos.

El impacto recesivo de la crisis global es visto por muchos economistas como una oportunidad para comenzar esa reducción, aprovechando la caída del nivel de actividad. Pero nadie encuentra la forma de concertar un acuerdo entre los países avanzados, que provocan el 70% de la contaminación y cargan con la responsabilidad histórica de la degradación ambiental.

Para rescatar a los bancos las principales potencias acordaron rápidos auxilios, pero para salvar al planeta no exhiben la misma urgencia. La dimensión de las contradicciones en juego determina estas diferencias. Existe una vasta experiencia de intervencionismo estatal para lidiar con las crisis financieras, pero nadie sabe qué hacer frente a la convulsión climática. En este terreno solo predominan los interrogantes.

La reunión de Copenhague fue un retrato de este impasse. Concluyó peor de lo esperado, con total ausencia de objetivos o cronogramas para reducir las emisiones. Tampoco se definió como se distribuiría, financiaría o controlaría un eventual acuerdo. Solo se consensuaron mecanismos de intercambio de información. El gran problema de esta parálisis radica en que la permanencia por debajo de los 2 grados del calentamiento, no se improvisa. Se requieren iniciativas que ningún gobierno está dispuesto a instrumentar73.

Estados Unidos sigue apostando a trasladar el descalabro a la periferia, potenciando la injusticia climática. El mayor impacto del desastre ambiental recae desde hace años sobre los pueblos con menor responsabilidad en el problema. Las grandes sequías y contaminaciones azotan a los países que tienen escasa incidencia en la combustión global.

Pero como se demostró durante la catástrofe del Katrina el desastre también golpea en las puertas de los países desarrollados, afectando especialmente a la población más humilde. La política imperial de trasladar a la periferia un problema planetario tiene poca viabilidad.

Estados Unidos bloquea cualquier tratado global por una simple razón: con el 5% de la población mundial utiliza el 25% de los recursos petroleros. No acepta cargar con el ajuste que le correspondería. Frustró las conferencias de la ONU (1992) y se negó a ratificar el primer convenio de restricción de las emisiones (Kyoto 1997). Los voceros de la primera

Poder Popular, Caracas, 2009.

73Un balance de la reunión de Copenhague exponen: Tanuro Daniel “Derrota en la cumbre, victoria en la base”, Viento Sur, 24-12-09. Vivas Esther, “El clima en jaque”, Diagonal 13-11-09.

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potencia suelen enunciar vagas promesas de futuras auto-limitaciones, mientras impulsan los agro-carburantes, las plantas nucleares y las manipulaciones genéticas.

El gigante del Norte tiende a establecer a veces alianzas con Europa y Japón contra las economías intermedias y en otras ocasiones tantea acuerdos inversos. Obama parece empeñado en recuperar el terreno que perdió Bush frente a sus rivales de la tríada, en la carrera por desenvolver tecnologías verdes. Como tarde o temprano habrá que poner en práctica alguna iniciativa, Estados Unidos se prepara para ejercer el arbitraje global.

La forma en que Obama encara las tratativas ilustra el grado de continuidad que mantiene con su predecesor. Abandonó el coqueteo con varias iniciativas ecológicas y volvió a darle oxigeno al lobby de los 25 estados norteamericanos que producen carbón. A diferencia de la Unión Europea, ni siquiera restringe el incremento de las emisiones.

Pero no será gratuito seguir pateando para adelante alguna solución. El problema se agrava día a día, especialmente desde que las negociaciones desbordaron a la Tríada. China se ha convertido en un emisor del mismo porte que Estados Unidos (cada uno es responsable del 22 % del total de gases) y se resiste a limitar su crecimiento o a considerar controles externos sobre sus emisiones. También Rusia e India son partícipes importantes de la contaminación (5% cada uno) y Brasil pesa como gran absorbente potencial del calentamiento.

La incorporación del problema ambiental al ajedrez geopolítico internacional fue muy visible en Copenhague, cuándo Estados Unidos relegó a Europa, buscó una negociación directa con China y rompió el bloque de los países subdesarrollados.

Pero todo indica que el tema permanecerá en total irresolución, hasta que alguna devastación mayor impacte sobre los centros imperiales. El Katrina ya situó a una localidad estadounidense, en el nivel de tragedia que se vive desde años en el Océano Pacífico, Birmania o Bangla Desh. Sin embargo esta advertencia ha sido insuficiente.

Para fijar un techo al incremento anual de las emisiones se requieren drásticas medidas de limitación de la competencia capitalista y de moderación del derroche consumista. Solo un desmoronamiento ambiental más virulento induciría a la adopción de esas iniciativas.

Capitalismo verde

La calamidad ambiental ha sido tradicionalmente ignorada por los economistas ortodoxos, que están incapacitados para comprender estos trastornos. A diferencia de los científicos que han seguido detalladamente la evolución del problema, oscilan entre la negación y el escepticismo. No pueden percibir el deterioro del medio ambiente desde el momento que excluyen a la naturaleza de su abordaje de la economía.

Los teóricos neoclásicos consideran que ese cimiento opera como sustento de una ilimitada circulación de flujos mercantiles. Por eso desconocen la existencia de un conflicto entre la

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valorización del capital y su soporte material. En lugar de reconocer las contradicciones que oponen a estas dos dimensiones, imaginan una compatibilidad espontánea que permitiría el crecimiento irrestricto.

Los ortodoxos suponen que el mercado puede resolver cualquier anomalía de la ecología y como razonan en horizontes de corto plazo se despreocupan por las perturbaciones del futuro. También ignoran los temas ambientales por simple insensibilidad ética frente a las tragedias humanas de la periferia74.

Los neoliberales afrontan la degradación ambiental con el optimismo vulgar que han mostrado frente a la crisis financiera. Suponen que ambos procesos son pasajeros y serán espontáneamente superados por algún equilibrio de la oferta con la demanda. Pero si el entrecruzamiento de estas dos variables no alcanza para remontar las recaídas de la economía, no se entiende como podrían aportar algún remedio al descalabro ambiental.

El grueso de los economistas heterodoxos espera soluciones de algún logro tecnológico. Las principales expectativas están puestas en los nuevos usos de la energía nuclear y en los alimentos genéticamente modificados. Con argumentos malthussianos, atribuyen la degradación ecológica al incremento de la población o a erróneos modelos de industrialización75.Una versión muy popular de este enfoque apuesta a la disipación de la contaminación, mediante la reconversión automotriz eléctrica, olvidando el agravamiento del problema que genera la propia fabricación de esos vehículos76.

La carrera que ha comenzado por la búsqueda de tecnologías verdes opera como un factor de contaminación. Esta competencia incentiva, además, la multiplicación de aprendices de brujo que experimentan con innovaciones riesgosas. Esta improvisación introduce amenazas suplementarias, al terrible costo de mantener el sistema social que origina el colapso ambiental.

Los keynesianos coinciden con sus adversarios neoliberales en el intentar de salir del laberinto ecológico con proyectos de capitalismo verde. El principal mecanismo que avizoran es un mercado de emisiones, que penalizaría a los contaminadores y premiaría a los protectores del medio ambiente. Las versiones más ingenuas de esta propuesta estiman que su implementación será gratuita. Suponen que no exigirá inversiones desmedidas, ni reducirá el crecimiento. Los más cautelosos condicionan en cambio este éxito, a la superación de los desacuerdos entre potencias que impiden la instrumentación de los bonos eclógicos77.

74 Ver: Foster John Bellamy, “Capitalism in wonderland”, Monthly Review n 1, vol 61, may 200975Es la tesis de Gray John, “Planeta en riesgo”, La Nación, 15-11-09.76Ver: Sachs Jeffrey, “Está naciendo un nuevo modelo de capitalismo”, Clarín, 14-2-09.77Krguman sostiene la primera postura y Stiglitz la segunda. Krugman Paul, “Solución a la vista”, La Nación, 8-12-09. Stiglitz Joseph, “Seguimos sin un acuerdo para salvar el planeta”, Clarín, 8-1-10. Otra variante de la misma propuesta en Giddens Anthony, “El clima definirá otra economía”, Clarín, 17-3-09.

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La aparición de estas iniciativas confirma que la degradación ambiental no será superada con leves impuestos al uso del petróleo o el carbón, ni con proyectos aventureros de captura e inyección del carbono en sitios de almacenamiento. También corrobora que las salidas individuales son inefectivas. Es obvio que no tiene sentido promover el uso bicicletas, mientras se acelera la construcción de autopistas. A medida que los efectos de la contaminación se acentúan, decrece el margen para instrumentar paliativos (como limitar la deforestación) y aumenta la necesidad de reducir drásticamente la emisión de gases.

Los proyectos de capitalismo verde rehúyen estas exigencias con ilusiones mercantiles. Los ejemplos más corrientes de esta ensoñación son las campañas conservacionistas (estilo Gore), que impulsa el ambientalismo capitalista. Intentan demostrar que la polución será superada, transformando a la ecología en un gran negocio para el “desarrollo sustentable”. Especialmente las grandes empresas transnacionales están empeñadas en publicitar ahorros de energía, comidas orgánicas y experimentos con fuentes solares. Con estos mensajes buscan mercantilizar cualquier abordaje del descalabro climático78.

Pero solo con fanática idolatría por el régimen vigente se puede suponer que el capitalismo verde resolverá los desequilibrios ambientales, mediante energía limpia, vehículos ecológicos o bonos de contaminación.

Es evidente que un mercado de créditos de ese tipo incrementaría la polarización mundial. Si cada país intercambia compromisos de preservación ambiental en proporción a sus espaldas financieras, las economías desarrolladas tenderán a desentenderse del problema, descargándolo sobre la periferia. Este propósito de los capitalistas de la Tríada coexiste con su intención de frenar la industrialización de ciertos países dependientes, para convertirlos en un campo de deshechos de las fábricas metropolitanas.

La concreción efectiva de cualquier proyecto de capitalismo ambiental enfrenta otros obstáculos mayúsculos. Se requeriría cierta organización global de la inversión, para penalizar las ramas consumidoras de energía en favor de los sectores ahorradores y se necesitaría reorientar las finanzas hacia el crédito en tecnologías verdes. También habría que introducir una política impositiva internacional de eco-tasas, para favorecer la transición hacia alguna norma de consumo que reemplace los hábitos actuales por alguna selectividad verde.

Las barreras que bloquean la implementación de estas estrategias son incontables. El impedimento más obvio es la ausencia de un poder global, capaz de imponer estas políticas de concertación a las empresas rivales de las principales potencias. Tampoco es sencillo generar las condiciones de rentabilidad requeridas para el shock inversor de semejante reconversión. El capitalismo ha registrado varias mutaciones de gran alcance en el pasado, pero no se avizoran por el momento las condiciones para un viraje de este tipo79.Crisis de civilización 78 Es la evaluación crítica de Kempf Hervé, “Por primera vez la humanidad se topa con el límite de los recursos naturales”, Página 12, 11-1-10. También: Wallis Victor, “Capitalist and socialist responses to the ecological crisis” Monthly Review n 6, vol 60, november 200879Es la evaluación de Husson Michel, “Un capitalisme vert est-il posible?”, Contretemps, n 1, 1 er trimestre 2009, Paris.

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El colapso ambiental presenta una dimensión superior a los temblores coyunturales (típicos de la acumulación) y a las crisis estructurales (específicas de cada etapa del capitalismo). Por esta razón no se equipara con la eclosión financiera del 2008-10, ni con los desequilibrios que generó el neoliberalismo en las últimas dos décadas.

El alcance histórico del desastre ambiental se mide por su impacto sobre el futuro de la sociedad humana. Si el calentamiento global continúa profundizando la huella ecológica, podría desatar un descalabro que dejaría atrás todas las convulsiones conocidas. La devastación de la naturaleza no genera simplemente otro deterioro social. Introduce una forma de corrosión que puede demoler los pilares de la vida colectiva.

Todo proceso de valorización es intrínsecamente depredador del medio ambiente y afecta los basamentos materiales de la reproducción económica. La compulsión competitiva vulnera siempre los límites del entorno, pero nunca amenazó tanto al patrón crecimiento vigente desde hace dos centurias. Los cimientos de este esquema han quedado severamente cuestionados.

El desastre ambiental tiende a quebrar los equilibrios ancestrales, que permitieron construir sociedades basadas en el intercambio del hombre con la naturaleza. Acompaña la irrupción de otros fenómenos que rompen estructuras inmemoriales de convivencia humana. La urbanización contemporánea es un ejemplo de estos cataclismos. Por primera vez en la historia, más del 50% de la población mundial ha quedado aglomerada en atosigados e ingobernables centros ciudadanos.

La envergadura de la conmoción ambiental ha tornado muy corriente su identificación con una crisis de época o de civilización. Ambos términos aluden a dos rasgos del problema: su magnitud y multiplicidad. Cuándo se realza las potenciales consecuencias del desastre, predomina el primer sentido y cuándo se destaca la convergencia del trastorno climático con el temblor financiero (o la tragedia alimentaria), prevalece el segundo significado.

Las distintas caracterizaciones de la crisis civilizatoria suelen enfatizar uno u otro plano. Pero todas resaltan la amenaza que afecta a la propia supervivencia de la especie humana. En este sentido la debacle ambiental presenta semejanzas con el escenario de demolición humana, que irrumpió con la aparición de las armas nucleares.

El desastre ecológico es civilizatorio, desde el momento que involucra contradicciones seculares. Expresa, además, tendencias destructivas que escapan al control de los beneficiarios del régimen actual. Los propios capitalistas no pueden manejar los efectos que genera la primacía de la ganancia sobre cualquier otro parámetro social. Este comportamiento “zombie” ilustra como las monstruosidades del sistema agobian a sus propios creadores. La continuidad del capitalismo puede desembocar en un desastre sin retorno80.

80Harman Chris Zombie capitalism, Bookmarks, 2009, Klein Naomi, “Capitalismo estilo Sara Palin”, La Nación, 4-11-09

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Las crisis históricas siempre han implicado enormes destrucciones de recursos. El capitalismo nació demoliendo a las civilizaciones circundantes y nunca pudo sustraerse a los grandes cataclismos. Se gestó durante los siglos XVII y XVIII con el pillaje de la acumulación primitiva y la expropiación de los campesinos. Introdujo un terrible nivel de devastación entre las poblaciones originarias, que sufrieron la apetencia de músculos, sangre y oro de los conquistadores. En esa época se registró la mayor masacre demográfica de la historia.

Durante la era colonial el sistema se expandió con el crimen de la esclavitud, que impuso la involución del continente africano y bloqueó el desarrollo endógeno de todas las regiones subordinadas a las metrópolis. Finalmente el capitalismo maduró en la centuria pasada con la tragedia de dos guerras mundiales, que ocasionaron la muerte de millones de individuos, en la mayor carnicería organizada que ha sufrido el género humano.

La debacle ambiental puede inscribirse en esta secuencia de colapsos mayúsculos, que han rodearon a cada período del capitalismo. Nadie sabe cuál es la escala del peligro actual, como tampoco eran previsibles las distintas tragedias del pasado. Pero tomando en cuenta esos precedentes, no son exageradas las advertencias de una posible hecatombe ambiental81.

Temporalidades discordantes.

La crisis histórico-ecológica está enlazada con el estallido financiero coyuntural y con las tensiones estructurales del neoliberalismo, pero sigue una trayectoria temporal autónoma. Procesa desequilibrios que no están sujetos a la periodicidad del ciclo corto o a las fluctuaciones largas. Únicamente en su maduración, las tensiones ecológicas podrían conectarse en forma directa con los desajustes inmediatos de la acumulación o con las tensiones de la etapa.

Pero ciertos vínculos ya cobran forma a través de dos efectos de la mundialización neoliberal: la sobreproducción de mercancías y la sub-producción de los insumos, requeridos para sostener la nueva escala de productividad global. La penuria de abastecimientos comienza a verificarse en numerosas ramas y refleja la depredación acumulativa que ha sufrido el medio ambiente. La escala de este ahogo es por el momento desconocida, pero el agotamiento de los recursos naturales generado por la producción sobrante, ya es indicativo de la gravedad del desarreglo actual.

Esta combinación de producción excedente y recursos faltantes introduce una fractura de consecuencias imprevisibles sobre la dinámica de la acumulación. Los desequilibrios clásicos de realización y valorización, comienzan a operar sobre una plataforma natural seriamente dañada.

Pero estos cruces entre la crisis coyuntural, estructural e histórica no diluyen la dinámica diferenciada de estos desequilibrios y su procesamiento en ritmos discordantes. La convulsión

81Un ejemplo de estas advertencias en: Chesnais Francois, “Socialismo o barbarie: las nuevas dimensiones de una alternativa”, Herramienta n 42, octubre 2009.

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del capitalismo es múltiple y sus diversas aristas no se han amalgamado. Es cierto que la eclosión financiera expresa una quiebra del capital, entrelazada con signos de debacle ambiental. Sin embargo este proceso se desenvuelve como una tendencia, que no se tradujo hasta ahora en convergencia temporal de las tres conmociones. ¿El temblor financiero del 2008-2010 marcará el inicio de esta confluencia?

Por el momento ese empalme constituye solo una hipótesis. La catástrofe ambiental continúa asediando al capitalismo como una amenaza en ciernes. Mantiene una discordancia paralela a los trastornos coyunturales de las finanzas, la producción y el comercio, que no han hecho eclosionar los desequilibrios estructurales del neoliberalismo. El capitalismo contemporáneo está afectado por una sucesión variada de conmociones, que se desenvuelven sin fusionarse en una crisis convergente82.

La tendencia a este empalme es un ingrediente explosivo de todas las conmociones de las últimas décadas. Pero como esa imbricación no se ha consumado, el capitalismo encuentra formas de recreación periódica, al cabo de grandes trastornos.

Una fusión de estos puntos críticos se concretaría, por ejemplo, si la actual recesión se prolonga, no solo bloqueando las distintas salidas al desmoronamiento financiero, sino desembocando también en una sepultura del neoliberalismo. Otra convergencia de mayor alcance se consumaría, si un gran desastre ambiental –como el descongelamiento del casquete polar del Ártico- impacta de lleno sobre el ritmo de la actividad económica.

Eco-socialismo

La resolución del problema ambiental con distintas variantes de capitalismo verde es el único horizonte avizorado por los neoliberales, los keynesianos y muchas corrientes del ecologismo militante.

Estas últimas vertientes aspiran a sensibilizar a los capitalistas, para inducirlos a proteger el medio ambiente en su propia conveniencia. Suponen que los grandes empresarios y banqueros terminarán comprendiendo que el respeto a la naturaleza es indispensable para la continuidad de sus empresas. Con esa expectativa, muchas ONGs ambientalistas endulzan el negocio verde, sin cuestionar la incompatibilidad existente entre la protección ambiental y el reinado de la ganancia.

Esta postura impide encarar una lucha consecuente por la defensa de la naturaleza, ya que la súplica al capital conduce al auto-engaño. Los dueños del mundo no necesitan consejos de sus víctimas para gestionar su dominación. Es inútil solicitarle que sean más razonables y tomen conciencia de sus intereses de largo plazo. La depredación de la naturaleza no proviene de esa ignorancia. Simplemente obedece a la destrucción objetiva que impone un sistema guiado por la competencia de beneficios surgidos de la explotación.

82La discordancia temporal entre las distintas contradicciones que corroen al capitalismo fue conceptualizada por Bensaid, Daniel. Les discordance des temps. Les editions de la Passion, Paris, 1995.

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En lugar de atender las peticiones del reformismo ecologista, las clases dominantes encaran el problema con los mismos criterios que afrontan cualquier inconveniente surgido de la acumulación. Buscan transferir la cuenta a los trabajadores y exigen sacrificios al resto de la sociedad, como si no tuvieran ninguna responsabilidad en el desastre.

El principal mensaje de los economistas ortodoxos frente al descalabro ambiental es un llamado general al ajuste, para costear con más desempleo (y quizás menor producción) una reconversión a las tecnologías verdes. Exigen buena letra para que los patrones introduzcan las inversiones requeridas para ese cambio. Pero estas medidas presuponen que los beneficios no se tocan y que las soluciones surgirán de utilizar las mismas recetas que provocaron la contaminación.

Otros defensores del orden vigente proponen inducir el decrecimiento económico y la contracción absoluta del consumo, para frenar la devastación de la naturaleza. Pero omiten la existencia de alternativas progresistas. Es perfectamente factible desenvolver modelos de crecimiento selectivo, que jerarquicen la generación bienes sociales en desmedro de las mercancías prescindibles. Este proceso permitiría, además, sustituir paulatinamente los combustibles no renovables por la energía solar.

Este viraje podría incluso comenzar reduciendo la fabricación de los productos que agreden al medio ambiente y retrayendo el consumismo privado. El ejemplo más evidente de este giro sería un progresivo reemplazo del automóvil individual por formas de transporte colectivo.

Las propuestas más interesantes son impulsadas por los teóricos del eco-socialismo. Han demostrado que no existe ninguna necesidad de reducir el nivel de vida de población si se redefine el significado de los bienes, diferenciando los productos necesarios de los prescindibles y creando sistemas de información que reemplacen a la publicidad. Estas iniciativas se enmarcan en la perspectiva de creciente control social de los recursos y selección popular de alternativas de producción y consumo, junto al establecimiento de formas de planificación democrática a escala global. Son ideas que contemplan un horizonte socialista de respuestas al desastre ambiental83.

Este enfoque se opone también a los planteos neo-desarrollistas, que en las economías intermedias relativizan la gravedad del tema ecológico, presentándolo como un problema de los países centrales. Sus voceros rechazan cualquier limitación de la minería extractiva, la siembra con agro-tóxicos o la industrialización contaminante. Intentan hacer la vista gorda frente a calamidades que provocan estas actividades en los segmentos más humildes de la población.

Varios autores críticos han comenzado a difundir la necesidad de un cambio radical de las concepciones imperantes, para sustituir el utilitarismo antropocéntrico por una visión

83Ver especialmente los trabajos de Lowy Michael, “Changement climatique: Contribution au débat”, septembre-octobre 2009 n°553-554.

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http://orta.dynalias.org/inprecor/~18424d3d8c971c92802e52e8~/article-inprecor?id=783

http://orta.dynalias.org/inprecor/~18424d3d8c971c92802e52e8~/article-inprecor?id=783

biocéntrica, que reconozca los derechos de la naturaleza. Fundamentan su visión en el concepto del “buen vivir”, que desarrollaron los pueblos originarios del continente84.

Pero es importante situar estos planteos en el contexto de la crisis histórica del capitalismo, ya que cualquier disociación de este pilar impide comprender el origen de los peligros actuales y sus eventuales soluciones. Por esta razón es decisiva la conciencia anticapitalista que comienza a ganar influencia en las movilizaciones del ambientalismo.

En la cumbre de Copenhague más de 100.000 personas se movilizaron demandando la adopción de medidas de defensa de la naturaleza. Las marchas contaron con gran participación de jóvenes de todos los países e incluyeron cuestionamientos frontales al socorro de los financistas. “Si el clima fuera un banco, ya lo hubieran rescatado”, gritaron los concurrentes a esas manifestaciones85.

Este tono anticapitalista es el dato más prometedor de la batalla actual. Planteos de este tipo han presidido la reciente cumbre de Cochabamba (Bolivia), que reunió un importante número de militantes de 42 países. Se resolvió exigir una drástica reducción de las emisiones (50% entre 2013 y 2020), crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática, implementar un referéndum mundial en defensa de la naturaleza y demandar transferencias de los países desarrollados hacia la periferia para saldar la deuda climática. La perspectiva eco-socialista comienza a corporizarse en movimientos populares y propuestas políticas.

Bibliografía adicional

• Arriola Joaquín, “Crisis monetaria, crisis de acumulación” El Viejo Topo 253, 2009.• Beinstein Jorge, “Las crisis en la era senil del capitalismo” El Viejo Topo 253, 2009. • Di Leo Petrino, “The return of Keynes” , International Socialist Review, January-

February 2009.• Fine Ben, “Looking at the crisis through Marx”, International Socialist Review, March

April 2009• Geier Joel, “Capitalism´s worst crisis since the 1930s”, International Socialist Review,

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ISSN 1794 - 8193


La crisis capitalista actual Elementos para el análisis de la crisis actual

desde un referente crítico

Milton Rogelio Pérez Espitia

Estudiante de Ciencia Política, Departamento de ciencia política, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá

Coyuntura

Introducción

Generalmente, se ha analizado el fenómeno de la crisis del sistema capitalista desde dos referentes teóricos, estos derivan del referente de la economía clásica inglesa (A. Smith, Th. R. Malthus, D. Ricardo y J. S. Mill). El primer referente que emerge de la economía clásica inglesa es el neoclásico (W. S. Jevons, C. Menger, A. Marshall y M-E. L.Walras), el cual asume que la crisis es una cuestión accidental, ya que la crisis obedece a disfuncionalidades transitorias entre la oferta y la demanda, y a la postre el sistema retornara al equilibrio, por cuanto es su estado natural. El segundo referente proveniente del pensamiento clásico es el marxista (K. Marx, F. Engels, y en lo que tiene que ver con la teoría económica encontramos a P. Sraffa, R. Rosdolsky, D. Yaffé, E. Mandel y A. Shaik), el cual nos indica que la crisis se debe a los límites del sistema mismo, por la incapacidad del sistema para resolver los problemas de su funcionamiento. Ambas teorías arrojan explicaciones, pero es la primera una explicación que justifica y pretende darle viabilidad al sistema, la segunda por su parte le da una explicación con el objetivo de transformar al mismo1.

El referente de la economía clásica inglesa tiene como problema fundamental de estudio la producción, distribución y redistribución de las relaciones de poder. No obstante, el referente neoclásico frente a la preocupación de la economía clásica propone resolverla mediante la asignación eficiente de los recursos para los agentes económicos, es decir, maximizar y posibilitar recursos limitados o escasos entre agentes representativos.

Frente a la economía clásica inglesa el referente marxista comparte tres postulados básicos pero crítica uno fundamental para la comprensión de la crisis capitalista. Los marxistas y los clásicos comparten que la unidad de análisis es la clase social, que el problema se ubica en el proceso de la producción, distribución y reproducción del dominio de clase, y que la distribución depende de las relaciones de poder. La crítica a los clásicos por parte de Carlos Marx se dará en la teoría del valor-trabajo, donde la mercancía es la unidad fundamental del modo de producción capitalista, de esta forma es preciso hacer una distinción entre el valor de uso en el que la utilidad de una mercancía esta en virtud de sus condiciones intrínsecas y el valor de cambio esta determinado por la cantidad de trabajo/tiempo empleado para su producción. Pero Marx no se detiene al desnaturalizar el intercambio, además problematiza sobre el tipo de sociedad al diferenciar una sociedad mercantil simple de una sociedad

Ensayo presentado en el marco del seminario Crisis capitalista, orden mundial y América Latina, en el primer semestre del año 2010. Departamento de ciencia política, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.1 Notas de clase, seminario Crisis capitalista, orden mundial y América Latina, 2010-I (08/02/2010). Véase también a Victoriano Martín El pensamiento clásico, 38-4; Carlos Berzosa, El marxismo, 76-87; y Fernando Méndez Ibisate, El enfoque macroeconómico: marginalismo y neoclásicos, 90-137 (En: de la Iglesia:1994)

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Milton Pérez EspitiaElementos para el análisis de la crisis actual desde un referente crítico

No. 11, julio – diciembre de 2009

capitalista, en las que la distinción se da si hay o no acumulación, factor fundamental para -como se mostrara- el entendimiento de la crisis capitalista desde un referente crítico.

A pesar de que el referente marxista como teoría económica positiva, en los que las proposiciones aportadas por Marx se pueden probar acerca de los hechos históricos, sociales, políticos y económicos, es el referente neoclásico como teoría económica normativa, es decir, sin pretensiones de hacer una representación valida de la realidad, la que se ha ubicado como el referente dominante en el entendimiento de los fenómenos económicos. Empero las crisis económicas revelan los limites del referente neoclásico y se recurre al referente marxista que aunque crítico, se presenta como la teoría que mejor explica las crisis, y la crisis actual no es la excepción, ahora bien, el referente crítico ha sido nutrido en su capacidad de análisis.

El propósito de este escrito es el de mostrar los elementos fundamentales del marxismo en el entendimiento de las crisis capitalistas para luego explorar y evidenciar los avances o complejización del referente crítico para el análisis de la crisis capitalista actual. La tesis que emerge para guiar el escrito propone que las teorías económicas de la crisis son incompletas en la contemporaneidad para explicar el fenómeno de la crisis capitalista en toda su complejidad; una segunda tesis resulta para orientar la discusión, ya que ante la exigencia de la complejidad del análisis, las explicaciones actuales de la crisis se han complejizado, tanto los análisis marxistas como los que no los son, pretenden responder a una realidad contemporánea desbordando la dimensión económica; una tercera tesis continua orientando este escrito, la crisis del sistema capitalista tiende a buscar el equilibrio pero requiere del desequilibrio para la reproducción del mismo, pero las implicaciones de esto se manifiestan en los límites del sistema mismo en múltiples aspectos; finalmente, la tesis con se quiere cerrar es que en la crisis actual a pesar de que los limites del sistema a los que se han llegado, desbordan las posibilidades de existencia del sistema capitalista, empero se prepara una nueva ofensiva del capital para darle viabilidad al sistema.

De esta forma, el lector encontrara el artículo seccionado en cuatro apartados: las tres primeras partes se dedicaran al desarrollo teórico de las tesis expuestas en el párrafo anterior, en las que se intentara responder por cuál es la caracterización de la crisis actual, cuáles son las dimensiones y manifestaciones de la crisis actual, qué motiva la búsqueda de estabilidad del sistema, y cuáles son las apuestas políticas en juego para la resolución de la actual crisis del capitalismo; por ultimo, se presenta un apartado con consideraciones finales sobre lo tratado y lo que dejo de tratarse en el trabajo.

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La crisis y sus explicaciones: referentes y análisis crítico.

La primera tesis -y además precursora de este trabajo- es que las teorías económicas de la crisis son incompletas en la contemporaneidad para explicar el fenómeno de la crisis capitalista en toda su complejidad, por cuanto estas corresponden al modelo instrumental de la física newtoniana y la mecánica clásica, respondiendo “al espíritu de una época –la modernidad–”. De acá que el modelo biologista y ecologista hubieran incursionado en las explicaciones de los fenómenos de los sistemas sociales aportando un mayor nivel de complejidad en los análisis, lo que ha permitido reconocer “la importancia de la acción colectiva y de la racionalidad colectiva” (Maldonado: 2009, 148 y 149). Ante esta tesis es importante reconocer que la dialéctica marxista es un importante avance en la complejización de los análisis sociales, de esta forma el análisis dialéctico del desarrollo capitalista permite observar el permanente y continuo conflicto de contrarios, donde el papel del proletariado como el sujeto revolucionario por excelencia tiene su más alta significación.

La dimensión económica

El desarrollo de una teoría de la acumulación ha sido de gran utilidad para la compresión de las crisis capitalistas. Por cuanto es la acumulación la que permite definir la forma de producción capitalista, es decir, permite comprender las condiciones de producción de excedente. Pero además del proceso de diferenciación de la producción, la teoría de la acumulación permite ubicar los procesos de expropiación mediante diversas “formas de subyugación”, especialmente, de la explotación de una clase proletaria por una clase capitalista en la búsqueda de ganancia. Para nuestros propósitos es importante resaltar que “existen fuerzas en el interior de la acumulación normal que socavan en forma progresiva su solidez y que eventualmente dan origen a la crisis”, estas son las fuerzas internas de la acumulación, lo que se ha denominado como leyes generales de la acumulación capitalista, siendo estas (véase Marx: 1999, 517-547; Shaikh: 1990, 27 y ss.):

a. la concentración y centralización de capital: concentración de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, y la centralización de capitales ya existentes por medio de la concurrencia de otros capitales en uno mayor o por medio del crédito, esto conduce finalmente a una sobreacumulación;b. el ejército industrial de reserva: en la acumulación capitalista y los procesos de concentración de capital, se produce un exceso relativo de la población que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cada vez menor salario, es decir en una superpoblación obrera que por su disposición se constituirá en un ejército industrial de reserva, por cuanto, su disposición/adquisición esta determinada por la periodicidad de ciclos económicos; c. la tasa decreciente de ganancia: es la ley más importante, porque es ésta la contradicción intrínseca del capital, pues ampliar la producción implica aumentar la tasa de explotación del trabajador o bajar la composición orgánica del capital o ambas a la vez, disminuyendo siempre el valor de la fuerza de trabajo como factor en el proceso de

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producción, y como el proletario no sólo produce sino que además valoriza capital, al reducir el valor de la fuerza de trabajo se reduce la rentabilidad.

En este análisis de la crisis se nos sitúa en un escenario en el que el capital es “una estructura históricamente especificada de relaciones sociales, que entrañan diferentes elementos de reproducción social y los convierte en recursos para la obtención de sus propios fines”. He aquí la primera acotación: aunque se analice la crisis en términos económicos, desde el referente marxista, la crisis capitalista siempre abocara a relaciones sociales. Seguidamente, se nos recuerda sobre lo que Marx advirtió en su momento, pues la sociedad capitalista es una sociedad de clases, siendo ésta “en las que la imposición de un grupo de gente sobre otro que se fundamenta sobre un tipo particular de división social de trabajo” a sido el carácter explotador del capital en la búsqueda de ganancia (Shaikh: 1990, 27-30).

Movimientos y fuerzas del sistema capitalista

La teoría de la acumulación capitalista nos sitúa en dinámicas y movimientos de un sistema, en este sentido las leyes generales de la acumulación capitalista, son leyes de movimiento. La tasa decreciente de ganancia revela “ritmos de largo plazo de la acumulación capitalista: largos periodos de crecimiento acelerado que van seguidos necesariamente por periodos correspondientes de crecimiento desacelerado y probables convulsiones económicas de gran alcance”. Es decir que el sistema capitalista pasa por periodos de acumulación, y también, por periodos de estancamiento económico y crisis. No obstante, es preciso diferenciar entre dos tipos de crisis, unas crisis parciales según los ciclos económicos que serian el “método intrínseco del sistema para reintegrar el choque periódico entre el deseo individual de ganancia y la necesidad objetiva de la división social del trabajo”, y otras crisis generales que serian el “vasto colapso de las relaciones de producción económicas y políticas” (Shaikh: 1990, 53 y 251).

A partir de Marx la teoría de la acumulación reviste un particular cuidado sobre la tasa de ganancia (rentabilidad), expuesta en razón a sus tres factores determinantes (fuerzas endógenas):

1. la fluctuación de la composición orgánica de capital (capital constante/capital variable: el calculo se refiere al precio del equipo utilizado, más los costos de las materias primas y la energía, dividido por los salarios);

2. las fluctuaciones de la tasa de plusvalor (tasa de explotación del trabajo excedente no remunerado); y

3. las fluctuaciones de la tasa de circulación de capital. Los tres factores determinantes de la tasa de ganancia son fuerzas que actúan y suscitan el ascenso o descenso de la misma en los movimientos cíclicos en una onda larga de los movimientos del sistema capitalista (Mandel: 1986, 8 a 13).

Los movimientos cíclicos de la industria y el comercio, y los tres factores señalados en el apartado anterior, definen la tasa de ganancia en la economía capitalista, por tanto se reconocen unas “leyes del movimiento del sistema sobre la lógica interna del capitalismo”:

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• La fase de auge y prosperidad en una onda larga es expresión de un ascenso en la expectativa y realización de la ganancia y de un ascenso de la tasa de acumulación de capital productivo (aumento de la inversión). El ascenso de la tasa media de ganancia es característica de una onda larga de signo expansivo, causada por la actuación fuerte y sincronizada de las fuerzas endógenas que la determinan: una desaceleración de la tasa de incremento en la composición orgánica del capital, un incremento en la tasa de plusvalor y una aceleración de la circulación de capital. • La fase de crisis y depresión aguda en una onda larga es expresión de un descenso en la expectativa y realización de la ganancia y de un descenso de la tasa de acumulación de capital productivo (caída de la inversión). El descenso de la tasa media de ganancia es característica de una onda larga de signo depresivo, causada porque los tres factores determinantes de la tasa de ganancia son débiles, escasos o actúan de forma menos sincronizada (Mandel: 1986, 9 y 13).

Ante los presupuestos anteriores, las crisis económicas han sido teorizadas de dos formas: una teoría de la posibilidad y otra teoría de la necesidad:

• En las teorías de la posibilidad, se hace un análisis desde el resultado de tendencias conflictivas dentro del sistema capitalista y las posibles soluciones desde el Estado; las teorías del subconsumo-estancamiento suponen que hay una competencia insuficiente pues hay una brecha en la demanda, y la respuesta a este subconsumo es la salida keynesiana: salarios-consumo, ahorro-inversión; la teoría de la presión salarial, por su parte, asume que es el trabajo el que se halla detrás de la crisis, por cuanto el aumento de los salarios y la disminución de la amplitud e intensidad de la jornada laboral ha reducido la tendencia potencial de la tasa de ganancia, la respuesta a este problema la ofrece nuevamente la salida keynesiana: un consenso entre el capital y el trabajo mediado por el Estado. • Desde la teoría de la necesidad se hace un análisis sobre la manifestación de una “tendencia intrínseca dominante”, la tasa de ganancia decreciente revela una crisis de rentabilidad, donde el subconsumo y la presión salarial son apenas manifestaciones de ésta, y la salida a esta crisis desde el mismo sistema capitalista ha implicado la destrucción masiva de los capitales más débiles (concentración y centralización del capital) y la intensificación de ataques contra el trabajo (aumentar el ejercito industrial de reserva y su pauperización) (Shaikh: 1990, 57-64).

La crisis económica más allá de la economía

Ante la pregunta por el cambio de “rumbo frente a crisis anteriores”, ya que las manifestaciones de la crisis que señala James O’Connor -de carácter social, político y cultural- van más allá del mero aspecto económico. El autor deduce que la crisis moderna del capitalismo emerge en 1960 como una crisis renovada. La implicación de esta conjetura es la exigencia de la renovación empírica-teórica sobre el tema de la crisis. No obstante, lo que encuentra O’Connor es una fragmentación de la ciencia social que empantana una “teoría de campo unificada” sobre el tema (O’Connor: 1989, 21 y 55).

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Las manifestaciones de la crisis económica de los 60’s2 empieza por un entendimiento del capitalismo como sistema internacional, en el que las tendencias económicas tienen un alcance mundial y que las causas se desprenden del desorden internacional, económico, financiero y político. La interpretación de estos elementos supuso la falta de jerarquía en el sistema internacional, la falta de disciplinamiento de la fuerza de trabajo y el bajo crecimiento de la productividad por una elevada especulación. Esto permitió abonar el terreno para el surgimiento de una ideología-política sobre “una mezcla contradictoria de neo-liberalismo, neo-conservadurismo y neo-individualismo” (O’Connor: 1989, 23 a 38).

Para O’Connor, hay una teoría económica de la crisis económica promovida por la ortodoxia marxista y una teoría social de la crisis económica impulsada por una parte de la neo-ortodoxia marxista. La primera responde a pensar la teoría de la crisis sobre teorías de sobreproducción de capital y/o la tasa decreciente de la tasa de ganancia. La segunda tiene como centro “la teoría de la crisis como teoría del capital y la teoría del plusvalor como teoría de la revolución”. No obstante, para O’Connor la primera teoría adolece de un profundo determinismo económico, la segunda por su parte “descuida las condiciones culturales e ideológicas de la reproducción capitalista y su relación con las causas y las consecuencias de la crisis económica y la lucha de clases” (O’Connor: 1989, 64).

En la teoría social de la crisis económica, en el que la lucha de clases es el elemento central, la crisis se presenta como solución a la restauración del equilibrio de fuerza de las clases por medio de la explotación del capital sobre el trabajo. De acá que la teoría económica de la crisis económica evoca la contradicción lógica sobre la sobreproducción en consecuencia a la falta de ganancias realizadas; por otro lado, en la teoría social de la crisis económica, la contradicción lógica sería de subproducción en consecuencia de la falta de ganancias producidas (O’Connor: 1989, 66 y ss.).

James O’Connor al reseñar los orígenes y las funciones estructurales de la crisis reconoce en éstos las contradicciones lógicas del capital. No obstante, para el autor es preciso identificar las posibilidades lógicas tanto como las probabilidades lógicas de los orígenes de la crisis, además de entender que la crisis económica implica ir más allá de explicar los cambios en la composición del capital y por tanto determinar la tasa de ganancia en el que la fuerza de trabajo humana es un mero objeto del capital, y por el contrario, se requiere entender la tasa de ganancia de acuerdo a la tasa de explotación en la que la fuerza de trabajo es sujeto de intercambio y trabajo.

La resolución de la crisis -aun si la crisis tiene orígenes económicos- es de doble naturaleza -o mejor, las funciones tienen un carácter dialéctico-: en cuanto a las relaciones cuantitativas (entre las variables principales del modelo de acumulación) y las relaciones cualitativas (intra-clases e inter-clases), por cuanto las tendencia neutralizadoras de las barreras al capital implica entender el rol del ejercito industrial de reserva, las dinámicas de fragmentación-reestructuración-expansión geográfica del capital, y el papel contradictorio

2 La nueva división internacional del trabajo, el endeudamiento condicionado del tercer mundo, la reindustrialización o reubicación geográfica del capital, el creciente poder de las corporaciones internacionales, las inversiones cuidadosas y gastos austeros, el descenso en el consumo y la reducción del nivel de vida, son algunas de las manifestaciones de la crisis económica (O’Connor: 1989, 38 a 47).

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de las políticas del Estado, pues estos son palancas para la reestructuración del capital y en consecuencia para la acumulación capitalista (O’Connor: 1989, 71 y 105).

La crisis sus manifestaciones y sus dimensiones.

De acuerdo con lo evidenciado en el apartado anterior, surge una segunda tesis, donde se nos advierte que ante la exigencia de la complejidad del análisis, las explicaciones actuales de la crisis se han complejizado, los análisis del referente crítico -tanto marxistas como no marxistas- pretenden responder a una realidad contemporánea desbordando la dimensión económica. La crisis actual se ha salido del determinismo económico en la que se ha querido situar por los académicos neoclásicos, por lo innegable de las manifestaciones de la crisis actual en el terreno de lo social, lo político, lo espacial, lo ecológico, lo subjetivo, y lo cultural, de esta forma se ha diversificado el análisis para abarcar múltiples dimensiones.

La dimensión social

James O’Connor propone primero una distinción entre una crisis objetiva (económica, social y política) y una crisis subjetiva (de la sociedad y el individuo) como “aspectos diferentes de un mismo proceso histórico”, y segundo que la crisis sea pensada como un “punto decisivo” en el que se ven amenazadas las relaciones sociales dominantes. Se rescata así la importancia del antagonismo fundamental en las relaciones sociales en el capitalismo formulada por Marx entre producción social y apropiación individual, entre propietarios y desposeídos. De esta forma, las crisis son construidas socialmente, en el que la crisis social es lucha y reintegración social (O’Connor: 1989, 160 y 161).

Se presenta dos teorías de la crisis social marxista ortodoxa. La primera, concibe la crisis social como causa de la crisis económica donde las condiciones ya están dadas y el problema esta en la conciencia y la voluntad de clase, por tanto la necesidad es de una “subjetividad organizada” es decir, del partido (Lenin), sin embargo, hay un problema con la subjetividad no sólo en términos de una crisis de instituciones, sino también de una crisis de la persona humana, entonces el problema esta en el “desarrollo de la conciencia revolucionaria”, por cuanto, hay una realidad social capitalista que por medio de una ideología hegemónica (Gramsci) coloca en crisis la conciencia sobre la crisis, por la falta de un ajuste adecuado entre la teoría marxista y la practica de la clase obrera (Korsch) en la reforma de la conciencia (Lukacs). La segunda entiende la crisis social y la económica como procesos simultáneos que tiene una fuente común, la critica de la ideología capitalista (O’Connor: 1989, 128 y ss.).

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Las teorías neo-marxistas, por su parte, van desde la preocupación por la existencia de un antagonismo estructural en un sistema de relaciones complejas (la fabrica social) en el que hasta el capital define lo que seria una crisis; implica también perspectivas sobre los limites del Estado para resolver las contradicciones económicas (Habermas - Offe) porque las políticas de Estado son incoherentes con las necesidades del capital y/o los problemas en la racionalidad administrativa terminan por decantar en problemas de legitimidad (Wolfe - Offe), por cuanto se advierte una interpenetración del Estado y el capital, la política y el mercado; finalmente, se señala una sociedad administrativa con formas de control social (Touraine), dominación política (Hirsch), y asistencialismo social (Habermas). Lo que se sugiere entonces, es una articulación entre economía, Estado e ideología, y una interpenetración entre normas políticas, económicas y sociales, y los problemas que estas relaciones suscitan (O’Connor: 1989, 138 a 147).

Lo que no se puede perder de vista en el análisis de la dimensión social de la crisis, es la contradicción fundamental del modo de producción capitalista que subrayara Marx, la producción social y la apropiación individual del producto social, lo que implica revisar la propiedad individual y la lucha de clases. Es importante, señalar la ofensiva del capital contra el trabajo en términos de la intensificación de la jornada de trabajo o desempleo y la descentralización y dispersión geográfica del trabajo. Esto le permite inferir a O’Connor que la crisis es socialmente producida y que producir una profunda recesión le permite al capital disciplinar al trabajo (O’Connor: 1989, 34 y 35).

La dimensión política

Si para O’Connor a partir de finales de los 60’s se da un cambio de rumbo frente a crisis anteriores, para István Mészáros se da una nueva forma de ser de la crisis, por cuanto “al interior de los países capitalistas centrales, los mecanismos de “administración de las crisis” serían cada vez más recurrentes –y también cada vez más insuficientes–, una vez que la disyunción radical entre producción para las necesidades sociales y autoreproducción del capital cambiaba la tónica del capitalismo contemporáneo de nuestros días, generando consecuencias devastadoras para la humanidad”, al parecer del autor, se ha llegado a una “depressed continuum, que exhibe las características de una crisis estructural”, posiblemente no se vuelva a una fase expansiva del ciclo económico (Antunes: 2009, 50 y ss.).

No obstante, para darle viabilidad al sistema se ha acudido a tres vías de escape. Primera vía de escape: la reestructuración neoliberal, con el objetivo de darle viabilidad al capital se acude a medidas políticas que eliminen las restricciones de movilidad de capital y una redistribución regresiva del ingreso bajo el presupuesto de que el rico invierta para que el pobre tenga trabajo. Segunda vía de escape: la globalización o “acumulación extensiva”, es decir darle viabilidad al capital espacialmente mediante la integración de áreas de explotación de recursos y nuevos mercados, esta integración se logra a través de la conocida formula liberalización del comercio-del capital global-de la inversión extranjera. Tercera vía de escape: la financiarización en el capitalismo contemporáneo ante la larga caída de la tasa de rentabilidad, se le da viabilidad al capital atando los procesos

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productivos de la economía industrial a la economía financiera especulativa (Bello: 2009, 353 y ss.).

A partir de la década de los 70’s se ha instaurado una ofensiva sin precedentes del capital -a escala global- hacia el trabajo para permitir la tendencia de acumulación. La reestructuración neoliberal buscaba una reconfiguración del poder de clase que permitiera la consolidación del poder de la clase capitalista. Tan solo hay que observar los programas de reformas estructurales impulsadas por las IFI’s (Instituciones Financieras Internacionales) en América Latina, entre las más lamentables son la llamada “flexibilización laboral” y el desmonte de la propiedad social mediante una política social neoasistencial. En cuanto a la globalización y la financiarización estos son dos dispositivos que se han constituido en respuesta al “problema de absorción de excedente”, el primero implica la construcción de infraestructura y responde a la “solución espacial” del capital, y el segundo implica el vinculo Estado-finanzas que permite la “acumulación por desposesión” a través del crédito y la deuda publica y privada. De todas formas, “no se saldrá de esta crisis con una crisis de la clase capitalista; se saldrá de ella con una consolidación todavía mayor de esa clase” que se evidencia en los paquetes de salvamento de los gobiernos para las grandes empresas (Harvey: 2009, 37 y ss.)

En este contexto, ha surgido “un proceso de descomposición de las organizaciones obreras y del trabajador industrial del tipo clásico”, y “una descomposición de los mecanismos de dirección de la sociedad”. La ofensiva del capital ha implicado el traslado del trabajo de sectores de la economía como la industria y la agricultura hacia el sector servicios; se ha promovido una política de consumo mediante la expansión del crédito, en la que “los trabajadores se transformaron en animales agarrados al carro del consumo y prisioneros de sus deudas”; y se ha arrimado a “un proceso global de privatización de todos los individuos en la sociedad contemporánea”, donde “cada uno atiende su esfera privada sin preocuparse por lo que pasa afuera”. En la sociedad contemporánea se ha situado el acceso al poder: a través de la capacidad de moverse en las disputas de las mafias políticas, de la mediatización y del lobby, y la corrupción que “se convierte en algo central en la vida política, ya no es una noticia policial, es un fenómeno sistémico y estructural”. “Y en todo esto, evidentemente, acaba por constituirse un círculo vicioso: la población mira este tipo de fenómenos, se hace cada día más cínica, y hace suya el credo de que cada cual atienda sus cosas” (Castoriadis: 1996, 5-11).

La dimension geopolitica

Si hay un cambio de rumbo frente a crisis anteriores, y una nueva forma de ser de la crisis, Robert Brenner nos hablara de la larga caída que significa “el debilitamiento a largo plazo de la economía real desde 1973”, esto por una sobrecapacidad industrial a nivel mundial. El intento de capotear la sobrecapacidad por medio de la innovación tecnológica y el creciente endeudamiento han empeorado el problema, de ahí que la necesidad de la hegemonía estadounidense se reclame en función de garantizar el orden mundial y dar viabilidad a la acumulación de capital global generando condiciones estables: un keynesianismo de precios de activos (endeudamiento para estimular el consumo) y neoliberalismo para el flujo de capitales (Brenner: 2009, 19 y ss.).

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La geopolítica se convierte en una dimensión fundamental para darle viabilidad al capital en las crisis del capitalismo, más cuando en la contemporaneidad la solución espacial y política a la crisis desde el capital se da en expresiones globales. En estos términos el análisis de la crisis ha implicado también la revisión de significaciones como imperialismo, dominación, hegemonía y dependencia, entre otros.

El término imperialismo vinculándolo al de capitalismo, evidencia una lógica del territorio y una lógica del capital del poder, por cuanto la acumulación de capital implica la expansión territorial del mismo. El capital se desplaza sobre el espacio, pero para ello se requiere de infraestructura física en el mismo. La infraestructura además absorbe el capital sobreacumulado, lo que Harvey denomina la “solución espacial”. La solución espacial tiene una relación con los cambios de hegemonía, por cuanto el peso de un centro de poder se mantiene o pone en duda con la competencia internacional sobre los proyectos de solución espacial a las crisis de sobreacumulación. Pero es en la deuda pública que se evidencia un centro capitalista emergente, así como su escala y ámbito territorial, ya que su capacidad para absorber el excedente de capital revela la capacidad de adelantar soluciones espaciales o por el contrario de una acumulación por desposesión.

El análisis de la geografía histórica del capitalismo mundial le permite a Giovanni Arrighi proponer que en un ciclo hegemónico corresponde a un ciclo sistémico de acumulación. Todo ciclo hegemónico tiene las siguientes características (Arrighi: 2005):

1.va de una expansión material que exige una solución espacial en infraestructura, pasa por una expansión financiera que promueve un endeudamiento privado sin precedentes y una consecuente acumulación por desposesión, y concluye con una nueva expansión material pero sobre un endeudamiento publico que es cubierto -por lo general- por el centro emergente de poder; 2. la sucesión hegemónica de centros capitalistas líderes siempre implica “una serie de soluciones espaciales de escala y ámbito cada vez mayor” que las producidas por el centro de poder antecedente al vigente, creando las condiciones para la “resolución de la crisis de sobreacumulación precedente y el despegue de una nueva fase de expansión material”;3. las guerras desempeñan un papel decisivo en la solución geopolítica de la crisis al permitir la expansión territorial del capital y al homogenizar a nivel global las políticas que le dan viabilidad al capital global, además “fueron ingredientes esenciales del cambio de guardia en el puesto de mando del capitalismo mundial”; 4. la expansión del territorio controlado por el centro de poder parece ser un plus necesario para darle estabilidad a todo el sistema capitalista global, pues al crecer el centro se puede estabilizar la estructura en su conjunto;5. finalmente, la antesala de todo cambio de centro de poder geopolítico es la época de oro de la hegemonía, la belle époque de la solución capitalista impulsada por un hegemón es el pico máximo en la economía, la tecnología y la capacidad de absorción de capital de un proyecto de sociedad planteada desde el capitalismo.

La hegemonía estadounidense como centro de poder emergente en la lucha interestatal por el poder, empieza con su expansión material gracias a su densidad, aislamiento, gran

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tamaño territorial y el acceso a los dos océanos más grandes, expansión facilitada por la revolución en los transportes y la industria de la guerra. La hegemonía estadounidense se propuso desde el idealismo de Roosevelt un estado mundial, un New Deal global para el mundo, no obstante con Truman adquiere unos visos más realistas. Se institucionalizo el control sobre el sistema monetario con el patrón dólar-oro y luego con el patrón dólar, y sobre el sistema interestatal con el creciente poder militar concentrando los medios de violencia. La moneda y el ejército estadounidenses se convirtieron en los instrumentos de y para esa hegemonía. La legitimidad en el orden internacional estuvo motivada por el ofrecimiento estadounidense en cuanto a protección, ya que se presentaba como un Estado que había neutralizado o eliminado sus rivales dentro y fuera de su territorio, exigiendo recursos por la organización de la protección legítima y su papel como policía del mundo. La belle époque de esta hegemonía se da hasta finales de los 70’s, con la crisis económica, la caída del Bretton Woods y la crisis de Vietnam, de esta forma empieza la larga caída del dólar y de la credibilidad en el ofrecimiento de protección legitima. La hegemonía estadounidense empieza a perder legitimidad.

El cambio del papel de EEUU en cuanto a su fracaso como centro de la economía política global implico la política neoliberal que intensificaría la expansión financiera y su correlato la acumulación por desposesión, además, sobre el neoconservadurismo y la política paranoica estadounidense la protección ofrecida no sólo se hacia costosa sino que además consistía en peligros que el mismo EEUU había propiciado, la percepción internacional es que la protección ofrecida se ha vuelto contraproducente.

La deflación del poder de EEUU se da en tres instancias: a. en “la transformación de su hegemonía en pura dominación” dando al traste con la influencia estadounidense y el papel de policía del mundo por la persistencia del síndrome de Vietnam; b. en la situación de “dominación sin «hegemoney»”, ya que “no cuenta con un imperio territorial del que extraer los recursos necesarios para mantener su preeminencia político-militar en un mundo cada vez más competitivo” y el dólar como moneda internacional pierde relevancia en el sistema monetario mundial; c. el “siglo estadounidense” puede ser más bien el “siglo chino”, ya que la influencia de China crece rápidamente a nivel global (Arrighi: 2005).

Pero aunque EEUU “ya no sea hegemónico en el sentido [gramsciano del termino] sigue siendo la principal potencia militar del mundo y mantiene una considerable influencia en el nuevo «equilibrio del terror» que vincula su política económica a la de sus financiadores y competidores extranjeros”. El poder de EEUU aunque es residual tendrá relevancia por un tiempo más, exhibiendo el comportamiento de otras hegemonías de poder de acuerdo a los “procesos históricos que subyacen a la relación entre capitalismo e imperialismo”. Según Claudio Katz se evidencia “una crisis de la dominación estadounidense, pero ya se vislumbra una contraofensiva” (Katz: 2009).

Por otra parte, para el caso latinoamericano, no se puede pasar por alto la política subimperialista de Brasil en la región, agregando un tercer elemento a la relación centro-periferia: la semiperiferia, complicando aun más la necesidad de una autonomía periférica. En todo caso, cualquier posible escenario que resulte de la crisis capitalista responderá a acontecimientos políticos. Se resaltan tres tendencias en la política regional: una que reclama una autonomía regional o “independencia zonal”; otra que busca el papel de Brasil

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en la región; y otra que pretende mantener la incidencia de EEUU. De un escenario posible de autonomía es importante resaltar que “un desmoronamiento económico en el centro del capitalismo, no amplia necesariamente los márgenes de acción de la periferia” ante la incidencia de Brasil y el papel de los buenos aliados de EEUU en la región (Katz: 2009, 43 y ss.).

El escenario multipolar (independencia zonal y posicionamiento global de Brasil) podría inducir al error de pensar en el declive de la dominación estadounidense. Brasil “busca ocupar los espacios creados por la crisis de dominación estadounidense” e integrarse al imperialismo colectivo, presentándose como un “gran candidato a comandar una multipolaridad opresiva en Sudamérica”, gracias a la expansión y consolidación de las transnacionales brasileras en la región. A esto le sigue un creciente militarismo, la necesidad de un arbitraje de los negocios en la región, el posicionamiento en instancias globales como el Consejo de Seguridad y regionales como la conducción de MERCOSUR, y otras acciones que permita mantener la política de las corporaciones en la región. La respuesta de EEUU a la pretensión brasileña no ha sido de hostilidad, por el contrario acuerdos de agro-combustibles y de cooperación militar entre los dos países permite suponer una asociación real (Katz: 2009, 53).

El subimperialismo de Brasil para la región tiene como papel el horizonte planteado por intereses regionales, caben dos acotaciones sobre el respecto, la primera obedece a que el subimperialismo brasilero no es una simple delegación de poder de EEUU a Brasil; segundo, el poder subimperial obedece a una mayor autonomía de las clases dominantes brasileras. Por tanto un orden semiperiferico revela las situaciones intermedias de la dominación en la historia del capitalismo en América Latina y la inserción no de países, naciones o Estados, sino de clases capitalistas regionales al capitalismo global (Katz: 2009, 53-58).

La dimensión ecológica

James O’Connor nos reiterara que el proceso de acumulación capitalista no solo tiene costos sociales sino que además tiene costos ecológicos. En su economía política ecológica, O’Connor propone que el análisis histórico materialista y teórico de la acumulación de la crisis se complemente con el “análisis de los sistemas ecológicos y el de los sistemas de termodinámica y de producción y consumo de energía”, lo que implica proponer una segunda contradicción del capital. En este sentido ya no solo basta con analizar la contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, sino también de las condiciones de producción (el trabajo como condición personal, la tierra como condición natural, y la infraestructura como la condición general). De esta forma, al capitalismo mundial le es inherente una crisis de sobreproducción que destruye capital, y una crisis de subproducción que destruye la naturaleza y la gente, por un lado se analizan los costos de los elementos del capital y por el otro los costos de reparar o restaurar las condiciones de producción de capital (O’Connor: 2001, 155-163)

La crisis capitalista es recurrente en sus manifestaciones, pero la tesis de la saturación del sistema no es fácil de despreciar, en la medida en que el capitalismo actualmente se

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enfrenta con los límites de sus posibilidades. Como lo explicara Renan Vega Cantor, el capitalismo ha llegado a sus límites extractivos de racionalidad destructiva, ya que el ecosistema es un sistema cerrado, imposibilitando la idea de un desarrollo capitalista ilimitado. Se debe reconocer que el sistema capitalista no conoce satisfacción, más las posibilidades de su crecimiento están limitadas en un mundo finito. Aparece aquí la idea de “destrucción creativa” schumpeteriana que significa “la aniquilación sistémica de fuerzas productivas, mercancías, el despido de trabajadores del proceso productivo, el deterioro aun mayor y acelerado del nivel de vida de los sectores populares y el arrasamiento del medio ambiente” (Vega Cantor: 2009, 61 y ss.).

Desde la dimensión ecológica se evidencia que la crisis actual es una crisis civilizatoria por cuanto: es una crisis energética por el agotamiento de los recursos naturales (especialmente los minerales que impulsan el capitalismo actual); es una crisis alimentaría por la destrucción de las economías campesinas; es una crisis hídrica por la mercantilización, apropiación y contaminación del agua, así como por los procesos de urbanización y el uso en los procesos tecnológicos; es una crisis ambiental por la huella ecológica y la lógica de crecimiento ilimitado del capitalismo frente a unos recursos limitados que han destruido las condiciones de producción y de vida (Vega Cantor: 2009, 72-91).

Ante el agotamiento de las condiciones materiales de existencia, el capital ha volcado el uso de la tecnología en la búsqueda de sintéticos para reemplazar los recursos naturales. Las telas sintéticas y los alimentos transgénicos son apenas algunos ejemplos de como entiende el capital el problema del agotamiento de los recursos y las condiciones vitales y de producción. La apropiación de recursos vitales como el agua evidencia además que lo potalizado se embotelle y la exportación de alimentos deshidratados y enlatados sean pensados para el consumo a los sectores de la población mundial que ya agotaron con los recurso propios, pero que tienen la capacidad adquisitiva para tener siempre a su disposición dichos recursos vitales, justificando además los procesos de acumulación y con éste las contradicciones intrínsecas del capital.

La dimensión cultural, antropológica y psicológica

El cambio de rumbo frente a crisis anteriores que registrará O’Connor, Cornelius Castoriadis lo registraría como “el giro del capitalismo contemporáneo”, y el análisis de sus múltiples efectos le permitirá a Castoriadis postular una “crisis antropológica”, por cuanto, “toda sociedad produce un tipo de individuo capaz de hacerla funcionar. Los individuos funcionando producen y reproducen ese mismo tipo de sociedad [y] la sociedad capitalista pudo funcionar gracias a cierto número de tipos antropológicos, de los cuales no había creado ninguno. Los ha heredado de sociedades anteriores, y poco a poco los fue destruyendo”. De esta forma la producción de subjetividad en el capitalismo contemporáneo también es una preocupación, y así como el keynesianismo requirió un sujeto consumista por vía de política social para resolver la crisis de comienzos del siglo XX, la respuesta a la crisis actual implicara una transformación en el mismo sentido (Castoriadis: 1996, 12).

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La crisis actual se manifiesta en la destrucción de tres tipos de individuos y de tres tipos de instituciones de socialización positiva. Se ha destruido al artesano, es decir, al obrero responsable de su trabajo; al funcionario competente e íntegro; y al empresario inventor, innovador y emprendedor. Esto porque “la gente que verdaderamente quiere ganar plata se dedica sobre todo a la especulación. Y la especulación no es productiva ni siquiera desde el punto de vista capitalista. Es parasitaria y desestabilizadora”. En cuanto a las instituciones que fabrican los individuos en una sociedad, se han desgastado la familia “no tanto porque aumente la tasa de divorcio, sino porque hombres y mujeres ya no saben lo que es un hombre y una mujer, en qué consiste el rol del hombre y de la mujer en la vida en general y en la familia en particular. No saben sobre todo en qué consiste el rol de padres”; la crisis de la escuela, más exactamente de “la instrucción y la educación a todos los niveles. Ya la escuela está completamente deformada porque está absolutamente instrumentalizada”; y el porvenir, hoy “se sabe que quizás haya nuevas medicinas, nuevos medicamentos, avances técnicos, pero no hay ningún proyecto de porvenir” (Castoriadis: 1996, 12-14).

Para Cornelius Castoriadis ante la crisis antropológica el proyecto de autonomía social e individual por el momento “parece haber perdido la eficacia social y haberse escabullido entre los escombros del movimiento obrero revolucionario: ahogados por el ruido de esta sociedad de consumo masa mediática los individuos están privatizados; los lugares de socialización, de socialización positiva, desaparecen” (Castoriadis: 1996, 15-16).

Al poder de subyugación que tenia la clase capitalista sobre el proletariado y el campesinado pobre3, se le suma en el capitalismo contemporáneo el del biopoder4 que le permitirá el gobierno de la población a nivel global. La implicación fundamental de las características contemporáneas del poder, es la reproducción inconsciente de las condiciones macrosociales de dominación interiorizándolas en lo microsocial, por cuanto en las mentalidades de los hombres funcionan mecanismos de obediencia y disciplina, y que con el biopoder cada vez se requieren de menos instituciones que vigilen y controlen a la población, por el contrario, la población se autosomete, se autoobserva, se autocontrola y se autodisciplina frente a lo que indica el poder.

Frente lo anterior, Félix Guattari nos indica que la crisis actual no solo es una crisis de la economía material, sino también de la economía del deseo, según el autor, la premura del 3 Según Kafka el poder en la modernidad tiene cuatro características: 1. el poder es una “institución laberíntica” -mundo como institución-, es decir es un mecanismo que se presenta con cierta autonomía de la voluntad humana; 2. el poder se ha deificado -mundo seudoteológico- y la existencia del hombre se ha representado ficticiamente en el expediente, por tanto su realidad esta en otra parte, en lo que se dicen en los archivos de la institución; 3. por el miedo que el castigo supone luego de la acusación que desde el poder se hace, el acusado termina por solicitar que se le reconozca como culpable -mundo de autoculpabilización-, aunque éste no cometiera crimen alguno -culpabilidad ficticia-; 4. la vida se hace broma más es trágica para quien la vive aunque divierta a los otros -mundo tragicómico-. De esta forma en lo kafkiano se describen las tendencias sobre lo procesos históricos que en la sociedad concentra y diviniza el poder, burocratiza la actividad social constituyendo una institución laberíntica despersonalizando al individuo (Kundera: 1987).4 En la actualidad, la vida moderna carece de la distinción entre la vida como vida natural y la vida como forma de vivirla, la biopolítica, es decir, la politización de la vida natural, ha supuesto el uso complementario entre técnicas de subjetivización individuales y procesos de totalización objetivos, lo que permite definir a las instituciones jurídico-institucionales no sólo en términos del control espacial-territorial, sino también poblacional. El biopoder potencia la vida y los sujetos para dejarlos morir: hacer vivir para dejar morir (Agamben: 1998, 9-67).

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sistema para solucionar el problema de acumulación ha hecho que la velocidad de lo deseable vaya más rápido que la velocidad de lo deseado. Pero también hay un problema en el deseo colectivo, por cuanto los procesos de subjetivización capitalista son individuales, las luchas se encuentran delimitadas a condiciones específicas por el sistema. En la respuesta a la crisis actual se entreteje de forma asimétrica una respuesta molar5

(contrarrevolucionaria o reformista) con una respuesta molecular6 (de revoluciones múltiples y hasta contradictorias). A esta dificultad de la revolución molecular como respuesta al sistema capitalista, se le suma el proceso de subjetivización rutinario que ante la falta del estimulo creativo que permita la singularidad, las redundancias encubren el conflicto social y reduce la contingencia de los comportamientos frente a la crisis (Rolnik y Guattari: 2006, 21 y ss.)

Pero es la crisis con su manifestación de marginalidad, de cada vez mayores estratos y componentes de la sociedad, lo que permite engrosar las minorías que cada vez son mayores y que alimentarían la revolución molecular. Teniendo en cuenta que el capitalismo como salida a las crisis ha procedido a alimentar la segmentaridad de los sujetos, las luchas proliferan y las salidas a la crisis utilizando ese mecanismo se hacen cada vez más difícil, por lo que el capitalismo mundial acudirá al desarrollo de lo artificial con mucha mas frecuencia, permitiendo el aliento del sistema pero postergando un doloroso declive. La crisis actual es más bien una “gigantesca reconversión” del sistema capitalista sobre nuevas bases, y aunque puede concretarse tal intención en un nuevo status quo social, los grandes trastornos socio-políticos nutren la necesidad de un orden diferente al dominante mediante una subjetivización singular de los sujetos (Rolnik y Guattari: 2006; & Guattari: 2004).

Finalmente, la trascendencia del poder conduce al caos, sin embargo el caos capitalista es gestionado por un mercado y un Estado que reducen la lucha de clases, la revolución molecular y la democracia, a un microfascismo, a una revolución molar y el autoritarismo. Las respuestas del caos capitalista desde el capital intentan reducir la relación compleja entre el individuo, lo social y lo artificial, a una relación jerárquica, tratando de eliminar la transversalidad de la relación. Una forma de ver la reducción de la complejidad en una crisis capitalista es pues observar los flujos materiales y semióticos para la producción de subjetividad a gran escala de grupos sociales sometidos, grupos que sean dóciles desde el exterior y que estén dominados por su ego desde el interior (Guattari: 2004).

La crisis y la búsqueda de estabilidad

La tercera tesis orientadora de este ensayo, es que la crisis del sistema tiende a buscar el equilibrio pero requiere del desequilibrio para la reproducción del sistema mismo, lo que 5 el orden molar corresponde a las estratificaciones que delimitan objetos, sujetos, las representaciones y sus sistemas de referencia6 el orden molecular es el de los flujos, los devenires, las transiciones de fase, las intensidades

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se conoce como “depuración” del sistema (Brenner: 2009, 29) y de “destrucción creativa” schumpeteriana (Stolowicz: 2009, 286; Vega Cantor: 2009), no son más que la función del sistema para que este pueda desplegar nuevas posibilidades de acumulación capitalista, no obstante, las implicaciones de esto -como se anotó en los apartados anteriores- se manifiestan en los límites del sistema mismo en múltiples aspectos. De acá que en la crisis actual a pesar de que los limites del sistema a los que han desbordado las posibilidades de existencia del sistema capitalista mismo, se prepara una nueva ofensiva para darle viabilidad al capital.

Orígenes de la crisis actual

A comienzos de este escrito reseñábamos que la teoría de la acumulación capitalista nos sitúa en dinámicas, movimientos y fuerzas en un sistema capitalista. Por tanto el sistema capitalista pasa por periodos de acumulación, y también, por periodos de estancamiento económico y crisis. Este comportamiento cíclico da lugar a dos tipos de crisis, unas crisis parciales que serian el “método intrínseco del sistema para reintegrar el choque periódico entre el deseo individual de ganancia y la necesidad objetiva de la división social del trabajo”, y otras crisis generales que serian el “vasto colapso de las relaciones de producción económicas y políticas” (Shaikh: 1990, 53 y 251). Ahora bien, desde el referente dominante de teoría económica, el neoclásico, se ha tratado de sostener que todos los periodos de crisis obedecen a ciclos económicos que tenderán al equilibrio más optimo; si la crisis se vuelve inocultable, desde el referente neoclásico se acudirá a respuestas de política económica lascivas contra el trabajo y benévolas para el capital, en todo caso nunca se reconocerá que la crisis es del sistema y que el problema no es el de acumulación.

Pero como se ha resaltado, la crisis actual tiene un límite en las posibilidades lógicas determinadas por la sobreacumulación agudizada por una crisis de sobreproducción o de sobrecapacidad. “Se trata de la tendencia del capitalismo a generar, en el contexto de una aguda competición intercapitalista, una tremenda capacidad productiva, la cual rebasa holgadamente la capacidad de consumo de la población debido a las desigualdades de ingreso que limitan el poder adquisitivo popular. Lo que trae consigo una erosión de la rentabilidad y conduce a una espiral económica bajista” (Bello: 2009, 323).

Recordemos que el capitalismo encuentra límites a su viabilidad en las leyes internas de la acumulación o las contradicciones fundamentales del capital: de la riqueza socialmente producida pero apropiada individualmente, de la concentración-centralización del capital, y la tasa decreciente de ganancia. Asimismo, los límites se ubican en las fuerzas endógenas de la tasa de ganancia: la fluctuación de la composición orgánica de capital, las fluctuaciones de la tasa de plusvalor y las fluctuaciones de la tasa de circulación de capital. Pero también en mecanismos exógenos donde se reconoce que las fluctuaciones en las tasas medias de ganancia esta determinada también por factores extraeconómicos o exógenos a la economía, estos factores son “cambios radicales del medio general, social y geográfico, en el que opera el modo de producción capitalista” (Mandel: 1986, 19-25).

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En el ejercicio de reconstruir una dialéctica de los factores del desarrollo histórico del sistema capitalista, se describen las tendencias de los factores del sistema capitalista en su incidencia en las fluctuaciones de la tasa de ganancia (Mandel, 1986, 26-82):

1. Tendencia a largo plazo de la competencia capitalista internacional, a escala estatal. Es un factor determinante en las fluctuaciones de las tasas medias de la ganancia el establecimiento o no de un hegemón a nivel internacional, ya que “el sistema económico mundial se torna inestable mientras no exista algún país que lo estabilice”;

2. Tendencia a la utilización permanente de la inflación. Esta tendencia implica el crecimiento de la tasa de ganancia al debe (en relación a la tesis de Marx sobre la tendencia a la caída de la tasa media de ganancia). Tendencia del capitalismo de emplear la inflación con el fin de apalear las cada vez más explosivas contradicciones del sistema, tendencia que empezó a adquirir un crecimiento acelerado desde la fase depresiva de finales de los sesenta y comienzos de los setentas;

3. Tendencia a proletarizar el trabajo científico. Significa la subordinación de la ciencia a las necesidades del capitalismo: a. para lograr más plustrabajo, más plusvalor y por tanto más ganancia; b. la tendencia es motivada por la competencia intercapital (K-K) y por la lucha de clases (K-W). La apropiación de la ciencia por el capital se da en dos fases: a. por contribución directa del trabajador, los avances tecnológicos producto de la experimentación pragmática de los trabajadores en el proceso de producción; b. por contribución de la ciencia aplicada, la mecanización de las operaciones de trabajo por la observación experimental de ingenieros. Las implicaciones de la innovación científica subordinadas a las necesidades del capital son la constitución de una relación de subordinación entre el proceso de acumulación de capital, la lógica de las revoluciones tecnológicas, un tipo especifico de sistema de maquinaria y una forma especifica de organización del proceso de trabajo;

4. Tendencia siempre decreciente de los costos y la rentabilidad de las tecnologías. El carácter innovador de una tecnología (experimentación e introducción inicial) tiende a elevar el costo en la inversión así como la tasa media de ganancia, pero en su forma generalizada y vulgarizada tiende a rebajar y mantener a la baja sus costos y la tasa media de ganancia;

5. Tendencia general descendente en la utilización del capital. Tendencia a la sobreproducción por una crisis de sobreacumulación más una crisis de subconsumo. Es una tendencia en que se da cada vez más una creciente dificultad para mantener en alza la tasa de acumulación de capital, una creciente no realización de las mercancías, y una creciente discrepancia en el desarrollo de la capacidad productiva y el poder adquisitivo de los consumidores finales;

6. Tendencia del capital a rebajar las tensiones sociales “cuando la tasa de crecimiento es elevada y cuando dispone de medios materiales para conceder algunas reformas a la clase obrera”. Esta tendencia genera las tensiones en lo que Mandel denomina como “ciclo largo de lucha de clases” alterando los ritmos de las ondas largas, haciendo de éstas movimientos asimétricos sin tiempos específicos. Se reconoce que las tendencias subjetivas gozan de una relativa autonomía de tendencias precedentes: primero, el factor subjetivo de la historia (consciencia de clase y

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liderazgo político) esta determinado por factores socioeconómicos; y segundo, a largo plazo el factor subjetivo no esta directa e inmediatamente determinado por el desarrollo económico.

Las tendencias descendentes (paso de una onda larga expansiva a una depresiva) son determinadas generalmente por mecanismos endógenos; las tendencias ascendentes son determinados por factores exógenos y por tanto dependen de “los cambios radicales que se producen en el medio histórico y geográfico general capitalista”, en todo caso “cambios que puedan inducir un ascenso fuerte en la tasa de ganancia” (Mandel: 1986, 49).

Los límites señalados anteriormente señalan lo que O’connor afirmaban eran posibilidades lógicas, ahora bien, en cuanto a la definición de probabilidades lógicas para la viabilidad del capital tenemos que considerar:

a. “el límite energético, relacionado con el agotamiento del petróleo, el gas y el carbón;

b. el límite científico y tecnológico, el cual supone reconocer en la práctica el carácter restringido y relativo de cualquier solución basada en los desarrollos de la ciencia y la tecnología como panacea para solucionar algunos de los problemas creados por la sociedad capitalista;

c. el límite ambiental, los recursos naturales se encuentran en un momento crítico en razón del ritmo desenfrenado de explotación a que han sido sometidos en los últimos decenios, junto con la extinción de miles de especies;

d. el límite demográfico, producto del crecimiento de la población, el capitalismo buscara salidas maltusianas a la reducción de la población (epidemias, hambrunas, guerras y otros mecanismos);

e. límites sociales y laborales, la crisis acentúa las diferencias de clases, la explotación y diversas formas de opresión que, de seguro, originarán resistencias, rebeliones, revoluciones y estallidos sociales” (Vega Cantor: 2009, 91 y ss.).

Es importante no perder de vista la relación entre las tendencias generales del desarrollo económico y las tendencias ideológicas predominantes. Mandel afirma: “no fue la doctrina económica predominante lo que cambio la realidad económica, fue el cambio de la realidad económica lo que cambio la doctrina económica predominante”. Según Mandel el paso de una onda larga a otra, y dependiendo de su sigo expansivo o depresivo, también implica un cambio de prioridades e imperativos que están justificados desde alguna doctrina económica pero que son mediados por la lucha de clases (Mandel: 1986, 85 a 91).

Las respuestas a la crisis desde el sistema capitalista

Aunque se teorice mucho sobre la salida a la crisis, ésta solo será posible en el terreno de la política. Y así como la ofensiva en los 70’s del capital hacia el trabajo se dio bajo la triada neoliberalismo, globalización, financiarización, como salida a la crisis de aquella década, las respuestas para la actual crisis desde la clase capitalista no se ha hecho esperar. Luego de la crisis que empieza a emerger a finales de la década de 1990’s se da un ambiente de ingobernabilidad y desconfianza, de aquella crisis emerge la propuesta posliberal para darle

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continuidad al poder de clase y posibilidades al capitalismo, bajo el titulo progresista se inicio un reformismo del sistema bajo la formula: neodesarrollismo sin tocar la propiedad privada y social-liberalismo como la única posibilidad de un tipo de socialismo real sin transformar el sistema de (re)producción-acumulación capitalista (Stolowicz: 2009).

Es preciso resaltar el proyecto de la Social Democracia Global (SDG) frente a la izquierda que emerge en América Latina (Bello: 2009, 328-335):

a. mientras la SDG busca gestionar la crisis por medio de política social, la izquierda tiene que proyectar y hacer realidad un proyecto de emancipación social;

b. la SDG hará gestión mediante el poder burocratizado, la izquierda tendrá que avanzar hacia procesos de democracia participativa;

c. la SDG busca reformar el sistema capitalista para darle viabilidad globalmente, la izquierda tiene que buscar transformar el sistema dominante siendo el primer paso avanzando en el problema de la propiedad;

d. la SDG necesita perfeccionar la globalización, la izquierda requiere fortalecer los procesos locales;

e. la SDG propone un futuro con un “capitalismo verde”, la izquierda debe exigir “la descapitalistización como condición previa a cualquier organización social planetaria ecológicamente benigna”;

f. la SDG tiene el propósito de revigorizar el capitalismo, pero no es la única apuesta política del capital, pero la izquierda sólo tiene estos espacios de crisis como oportunidad de transformar el sistema y será juzgada por su capacidad “de articularse con una visión programática fundada en la igualdad, la justicia y la democracia participativa que resulte atractiva para el pueblo en un período de crisis grave y duradera”, antes que otras apuestas desde el capital lo llenen el vacio de proyecto de sociedad.

Anudado a la SDG se ha impulsado una especie de Neokeynesianismo que no es un programa estructural sino una técnica coyuntural, embrollada además por la globalización de la economía, lo que dificulta darle viabilidad a las economías nacionales. De todas formas, de los Estados céntricos y semiperifericos se iniciado los siguientes movimientos en cuanto a política económica que evidencia el camino que se sigue en la resolución a la actual crisis del capitalismo:

1. “endeudamiento mediante un gasto con déficit, el gasto masivo en estímulos a niveles record;2. reprivatización o nacionalización de algunos recursos naturales y financieros, para sanearlos y luego pasarlas a manos privadas nuevamente;3. neoinstitucionalismo o capitalismo de alianza entre el mercado y las instituciones estatales e internacionales para asegurar los beneficios del mercado controlando sus excesos” (Bello: 2009, 328-335)

No obstante, algunos autores afirman que “la discusión sobre un posible renacimiento del keynesianismo es irrelevante. No se asoma en el escenario de la economía internacional ni la reversión de las privatizaciones, ni la recuperación de los sistemas estatales de seguridad social y mucho menos el mejoramiento de la demanda salarial. La burguesía transnacional

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sigue apostando por el neoliberalismo. Un cambio de modelo solamente podrá abrirse como posibilidad cuando la crisis económica se transforme en crisis de dominación política” (Libreros & Sarmiento: 2009, 260).

De una u otra forma, las respuestas a la crisis se han dado en el marco de gestión de la misma, de crear las condiciones de confianza que permitan el flujo de capitales y que aseguren la acumulación de capital, a pesar de que algunos autores aseguran que el capitalismo se encuentra en su etapa senil. Sin embargo, el capital mantiene su vigor e iniciativa, por cuanto se reitera el movimiento del capital de producir una crisis que permita (re)construir su posibilidades de acumulación y el consecuente movimiento de (re)formar el sistema para mantener a la raya el descontento social que provoque su deceso.

Consideraciones finales.

Lo primero que hay que considerar es que las teorías marxista han realizado aproximaciones a otras dimensiones de la crisis (específicamente la social, la política y la ecológica), no obstante, se mantiene la preponderancia al análisis de las manifestaciones y explicaciones económicas de la crisis, dificultando una explicación completa y compleja de la realidad del fenómeno. El énfasis económico no es por descuido ni limitación del desarrollo analítico de Marx como algunos autores sustentan, sino porque la discusión sobre la crisis se ha situado en esos términos, ya que el correlato marxista, el neoclásico, ha logrado conducir y legitimar la dimensión económica en los debates sobre la crisis, esto es entendible por cuanto es el referente dominante en las explicaciones de la crisis. De esta forma una resolución de la crisis que poco se tiene en cuenta es la exigencia en un cambio de referente explicativo de la crisis para darle viabilidad a respuestas mucho más elaboradas de las que puedan resultar de la complejización matemática.

La segunda consideración tiene que ver con el intento en las ultimas tres décadas de complejizar los análisis en aspectos científicos pero no necesariamente matemáticos, sin embargo, el intento de ruptura no ha logrado consolidar una “teoría de campo unificado” -para usar la expresión de O’Connor- que permita realizar y presentar un análisis multidimensional y coherente de la crisis. Lo que ha sucedido es que se presentan análisis sectorizados o localizados en diferentes dimensiones sobre la crisis, donde se profundiza en una de las dimensiones y se reseñan las otras sin desarrollarlas en una relación de intrincamiento; iniciativas de análisis que indican la necesidad de responder a una realidad contemporánea que desborda las explicaciones económicas. Curiosamente, los análisis de teorías de economía crítica frente al referente neoclásico, vuelven la mirada a la propuesta analítica de Marx sobre el entendimiento de la crisis y que por diversas razones habían sido pasadas por alto, al mismo tiempo, se retoman las propuestas y se intentan llevar un paso más adelante para la explicación de la crisis actual.

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Un tercer punto tiene que ver con las explicaciones de la crisis actual y la viabilidad del sistema capitalista. Se presenta una contradicción sobre la (re)producción y acumulación de capital en términos de que es el desequilibrio el que permite garantizar la rentabilidad del capital, sin embargo los desequilibrios han implicado el choque entre las posibilidades de la rentabilidad del capital y los limites de la acumulación capitalista, en un ecosistema empujado al agotamiento. En todo caso se ha resaltado a lo largo del escrito que la respuesta a una crisis económica obedece al aspecto político, y es en aquel terreno en el que la lucha se intensifica, y donde no se han estudiado las experiencias de luchas pasadas por el poder en tales términos.

Finalmente, es importante resaltar que se propone analizar lo subjetivo desde el examen de la singularidad, la irregularidad, la incertidumbre y lo contingente. La micropolítica es una (sub)dimensión política poco tratada en el análisis de la crisis, y saber que hay una reconfiguración de las subjetividades a partir de la crisis no es suficiente, es importante empezar a ver los procesos de subjetivización y sus implicaciones en el devenir de la crisis actual, esta será una primer tarea para próximas disquisiciones, además de hacer una distinción adecuada del caos que produce el capital para permitir su reproducción, del caos que se traduciría en su guillotinazo final, lo que implica desarrollar variados aspectos como la idea de la subjetivización singular y la concatenación de la revolución molecular -dispersa- como un solo deseo alimentado por múltiples fuerzas e ir más allá de la relación entre potencia y acto que depende de cómo pensar la existencia y autonomía de la potencia de los sujetos colectivos e individuales.

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ISSN 1794 - 8193


Hacia un frente de transición democrática en Colombia

Guillermo Restrepo

Profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle (Cali - Colombia)

Coyuntura

Introducción

Independientemente de los resultados electorales en las elecciones presidenciales para elegir el nuevo Presidente de Colombia para el período 2010-2014, lo que resalta es el derrumbe moral, político y económico de un régimen político autoritario. Es cómplice de graves violaciones de los derechos humanos y de la legalidad democrática, al amparo de la Constitución de 1991, legítima por muchos títulos democráticos. Algo similar, con sus características propias en cada caso, ocurrió en Sudáfrica, Argentina, Chile y Uruguay. En estos países se salió de la crisis de legitimidad por medio de un proceso tortuoso de transición democrática en el cual la lucha política asumió las formas electorales en el marco de un orden constitucional modificado.

Si algo ha mostrado estos procesos es que vivir una transición democrática es experimentar un cambio en la forma de vivir. Han sido una praxis fundante de nuevos significados, contenidos y sentidos del vocabulario político y de la vida cotidiana. Estos proceso significaron trascender el presente, el aquí y ahora, para abarcar la dimensión total del tiempo de una nación, incluyendo de una manera creadora su pasado y su futuro. Durante el proceso, el pueblo tomó conciencia de que la crisis había destruido y seguía destruyendo el sentido de nación, de colectividad cultural. Y a la vista del abismo, del despeñadero que aterra, se puede revivir los ideales de la solidaridad despedazada por el individualismo rampante, estimulado por las pseudoteorizaciones apologistas de libre mercado que lo han consagrado en principio de la justicia y acicate fundamental de la creatividad humana.

En las transiciones democráticas se vive un compromiso del alma con el imperio de la legalidad amparada en ordenamientos constitucionales justos y democráticos, en oposición a quienes quieren utilizarla como esquema fraudulento para mantener los privilegios del antiguo régimen.

Las transiciones democráticas son procesos políticos en los cuales se supera la hegemonía de las clases dominantes por medio de dictaduras abiertas o veladas. En el fondo son procesos de evolución revolucionaria, lo que no es otra cosa que la voluntad del pueblo puesta en acción para profundizar la democracia y acrecentar su poder político. Es evidente que una condición necesaria para el inicio de un proceso de transición democrática es la acumulación de un poder organizado de las fuerzas políticas que se oponen el régimen autoritario con capacidad política suficiente para hacer prevalecer un ordenamiento constitucional centrado en el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos y una orientación de la actividad económica en función de la satisfacción de las necesidades sociales básicas de toda la población.

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Guillermo Restrepo s.Hacia un frente de transición democrática en Colombia


En Colombia han fallado los intentos de transición democrática precisamente porque la oposición no ha podido conformar un bloque de poder capaz de hacer un contrapeso efectivo a la dominación de las élites tradicionales.

En los últimos años, las luchas del Polo Democrático Alternativo, el Partido Liberal y diversos sectores de la vida nacional contra el régimen iniciado por Uribe en el 2002, han preparado el camino de una transición democrática en Colombia. Otros actores se han ido incorporando a esta lucha. Se destaca La Corte Constitucional que asumió con entereza sus responsabilidades constitucionales al declarar inexequible el referendo reeleccionista del Presidente Uribe. Las elecciones presidenciales del 30 de mayo 2010 han mostrado que es posible canalizar el descontento popular. El nuevo Partido Verde, centrista, logró cerca del 25% de los votos y ganó el derecho de disputar en la segunda vuelta la jefatura presidencial a la derecha. El partido Cambio Radical de derecha, dejó vislumbrar que entre su militancia hay un profundo descontento con el régimen. El Polo Democrático Alternativo, de izquierda, mostró que es posible progresar en el apoyo popular con un discurso alternativo claro. El Partido Liberal, representante de un abigarrado espectro de ideologías políticas, mostró que tiene un sector consecuente con la lucha por una transición democrática, a pesar de su menguada capacidad electoral.

Entre las posibilidades políticas reales que abren en la vida nacional se destaca la realización de una Transición Democrática. Hemos aprendido y estamos aprendiendo que la base de esta construcción es el lenguaje de la amplitud que acoge a todas las fuerzas democratizadoras y el clamor por la Reconciliación Nacional. La semántica de la transición democrática se resume en las palabras verdad, diálogo y comunicación, ciudadanía y republicanismo, respeto a los derechos humanos y justicia social.

Con expresiones de angustia de la militancia del PDA, cabe esperar que este proceso marque el fin del narcisismo de sus dirigentes, el comienzo de la valorización del trabajo colectivo y ordenado y la toma de conciencia de la imperiosa necesidad de representar y orientar la nueva conciencia democrática que aflora en el pueblo colombiano. Ante todo, es necesario frena las ambiciones personales de los barones electorales de la izquierda. Porque no conviene buscar el propio interés, pues cada hombre tiene interés por los demás, lo que implica que es necesario disolver el Ego en el alma del Otro, parafraseando a San Pablo.

Es inobjetable que Antanas Mockus del Partido Verde, sin haber participado activamente en las luchas de oposición al régimen, logró comunicarse con esa conciencia lacerada de los colombianos que había sido extrañada de la vida colectiva, la ciudadanía y la legalidad y que afanosamente se apegaba a la familia y la subjetividad como último refugio. Precisamente, su vibrante discurso sobre la ciudadanía, la legalidad y la ética pública y su condena encendida de las masacres y falsos positivos, fue asimilado por la conciencia popular como el mensaje de la redención de lo principios de la vida en común, sintetizados en la modernidad en los conceptos de nación y legalidad democrática. El proceso desencadenado por los Verdes ha comprometido a la juventud y amplias capas de la población con sus objetivos. Parece ser irreversible, pero lleno de incertidumbres y obstáculos que la izquierda debe contribuir a elucidar y darle salidas constructivas.

Nos proponemos en este artículo repasar los procesos de transición democrática en algunos países y después tratar de avizorar las características del proceso de transición

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democrática que se ha venido gestando en Colombia en los últimos años. Al mismo tiempo insinuaremos a lo largo del texto un contexto ideológico y político propicio para una Transición Democrática en Colombia.

Las transición democrática en algunos paises

Vamos a hacer un resumen de los procesos de transición democrática en Sudáfrica, Argentina, chile y Uruguay, tratando de elucidar sus peculiaridades.

La transición democrática en Sudáfrica

El Congreso Nacional Africano (CNA) comenzó un proceso de resistencia en 1955 contra el racismo y la exclusión, que culminó con su ilegalización en 1960, lo que dio origen a la violencia política popular como método de resistencia a la violencia oficial para reprimir las luchas pacíficas. Hace unos meses, los sudafricanos conmemoraron el 50 aniversario de la masacre de la localidad de Sharpeville, en donde efectivos de la Policía abrieron fuego contra una manifestación pacífica que comunicaba su repudio a las leyes de la discriminación, dejando un saldo violento de 69 personas muertas y 189 heridos. Siempre quedará sin respuesta los argumentos de pacifistas dogmáticos que condenan toda forma de violencia para lograr fines políticos, incluyendo la llamada violencia de respuesta a la violencia ilegítima. Justificar la violencia en nombre de una teoría ética no religiosa es una tarea casi imposible porque, a diferencia de las metafísicas religiosas, no desconocen las perplejidades del hombre concreto en situaciones extremas de vida o muerte física o espiritual.

El desprestigio internacional del régimen racista en Sudáfrica, su crisis económica y política y la lucha popular unificada llevaron a un ablandamiento del gobierno que en 1983 culminó con la abolición de las leyes contra el empleo de los no blancos y la sanción de una nueva constitución. Pero se aumentó al mismo tiempo la represión, justificada ahora como una estrategia global contra la subversión comunista, es decir, contra el Mal, según las teologías de los ideólogos de la Guerra Fría y de la libertad de los mercados. La crisis no amainaba, lo que provocó un cambio de gobierno dirigido por el conservador F. Klerk, quien liberó a los presos políticos y entre ellos a Mandela y legalizó el movimiento de oposición. Este fue el comienzo del desmantelamiento del sistema político del Apartheid.

En 1991 se abolió todo el sistema legislativo de la discriminación y la exclusión de los negros y comenzó el proceso de negociaciones con Partido Congreso Nacional Africano (CNA). Así había comenzado el proceso de transición democrática. Atrás quedaba, apenas como recuerdo repudiable, aquel régimen político que empezó su existencia formal en

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1948, cuando gana las elecciones el Partido Nacional (PN) y se consagra el racismo y la discriminación racial como ideologías del nuevo estado.

El PN y el CNA se reunieron formalmente durante tres años, traban conocimiento entre ellos y ponen en claro que hay dos concepciones sobre la orientación futura del Estado y la Sociedad. La derecha se mantenía en una posición de orientación neoliberal de la economía y en una negociación por lo alto de partido a partido. La izquierda exigía una asamblea nacional constituyente, rechazo total a la ideología racista como componente de las orientaciones del nuevo estado, un Estado unitario de ciudadanos iguales ante la ley, abolición de la legislación del estado de apartheid, liberación de los presos políticos. En las calles el CNA propició una estrategia de confrontación y turbulencia y el fracaso de esta estrategia tuvo un lado positivo porque fortaleció las negociaciones. En 1993 acordaron el CNA y el PN repartirse el poder durante cinco años y establecer un Consejo Ejecutivo de Transición que debía preparar la elección de la Asamblea Constituyente.

El CNA triunfa en las elecciones de 1994 con el 63% de los votos. Pero esta cifra es insuficiente para legitimar la redacción de una nueva constitución que demandaba una mayoría de los dos tercios de los votantes. Esta indefinición en el ejercicio del poder entre izquierda y derecha dilató y entorpeció una política clara de justicia. La amnistía y el indulto era el eje de la lucha de la derecha para favorecer a los responsables de crímenes atroces. El nuevo presidente Mandela rogaba a las multitudes en mayo de 1994 perdonar y proponía una ley de amnistía para los crímenes y delitos políticos, lo que era ya parte integral de la propuesta de una nueva Constitución provisoria. Lo original de la propuesta era que la amnistía dejaba de ser una prerrogativa del ejecutivo y se convertía en objeto de estudio por comisiones de expertos amparados por normas constitucionales legitimas compartidas por toda la nación. Esta comisión se llamó Comisión de la verdad y la Reconciliación.

El resultado fue la impunidad. En 1995 se publicó una lista con 3500 nombres de miembros de la fuerza de seguridad beneficiados con la impunidad. Entre ellos estaban tres altos oficiales y numerosos escuadrones implicados en la creación de escuadrones de la muerte enemigos del CNA.

La comisión tenía por misión revelar la verdad histórica sobre la violencia política en Sudáfrica, pero pronto se convirtió en lo algunos llamaron “la comisión de lágrimas”. Las víctimas, durante horas interminables, contaban a los miembros de la comisión sus sufrimientos padecidos y los de sus familiares, como una catarsis redentora que habría de llevar a estados de sosiego que servían de antesala al perdón y el olvido. Las víctimas se organizaron y nombraron representantes para participar en audiencias públicas, pero no es logró conformar una fuerza colectiva que exigiera justicia y transformaciones sociales con garantía de no volver a repetir el pasado oprobioso de la discriminación racial. A esas audiencias asistían muchas veces los victimarios. Algunos pedían perdón, pero otros no sentían remordimientos.

El informe final se entregó en 1998 en cinco volúmenes. El régimen de apartheid es denunciado como el principal responsable de violaciones de los derechos humanos. Al CNA y otros movimientos de liberación se les imputa una responsabilidad moral y política. No acepta la comisión la teoría de la guerra justa propuesta por los miembros del CNA. Pero no se admite la equivalencia de las luchas de los opositores y defensores del

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apartheid, como si fueran demonios iguales que recurren a la violencia, tal como se hizo en Argentina. Se invalidó la argumentación de “la lucha sincera contra el comunismo”, pues se estimó que era pura argucia para ocultar la defensa de los privilegios de la minoría blanca. El resultado del informe poco ayudó a la reconciliación, pues los partidos se atrincheraron es sus propias versiones de la historia que protagonizaron. La “verdad histórica” de la comisión tenía una “objetividad” ajena a las preocupaciones políticas e ideológicas de los contendientes.

Lo que quedó en claro es que la verdad histórica no es solamente un asunto académico de historiadores y comisiones de veracidad, pues está implícita una exigencia de justicia. Esta puede ser una justicia de castigo a los responsables individuales o una justicia abarcadora y global de cambio de las circunstancias históricas que propiciaron los crímenes y la violencia. La primera convierte la justicia como un corolario de la verdad judicial. La última fue la justicia que se implanto en Sudáfrica a partir del régimen político de Mandela y cuyo fundamento es la verdad histórica y política. No es que estas concepciones de veracidad se contrapongan desde un punto de vista epistemológico, sino que sus dimensiones no son comparables.

La transición democrática en Argentina

En Argentina, en marzo de 1976 una sublevación militar derrocó a la Presidenta María Estela Martínez de Perón instalando una dictadura de tipo permanente (Estado burocrático autoritario) auto-denominada «Proceso de Reorganización Nacional», gobernada por una Junta Militar que, al igual que la dictadura anterior, sancionó un Estatuto con jerarquía jurídica superior a la Constitución y empezó el llamado «Proceso de Reorganización Nacional». Para ello llevó adelante una guerra sucia en la línea del terrorismo de Estado que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de ciudadanos. Internacionalmente, la dictadura argentina y la violación de derechos humanos contó con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos y la tolerancia de los países europeos, la Unión Soviética y la Iglesia Católica, sin cuya inacción difícilmente hubiera podido sostenerse. Asimismo, en ese momento se instalaron con apoyo estadounidense dictaduras militares en todos los países del Cono Sur de Sudamérica (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) que coordinaron entre sí y con Estados Unidos la represión, por medio de una organización terrorista internacional denominada Plan Cóndor.

En octubre de 1983 triunfa en las urnas Raúl Alfonsín del Partido Radical ampliamente sobre el candidato peronista. Su campaña se basada en las premisas del Estado de Derecho y lo derechos humanos. El régimen militar desacreditado por la guerra de las Malvinas, hizo propuestas de paz que fueron rechazadas por la oposición. En abril de 1983 la Junta Militar emite el documento “documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” en el cual trata de imponer sus condiciones sobre la transición, reconoce los errores de la “guerra sucia”, que como toda guerra, según ellos, rebasa los límites de los derechos humanos y ponen a Dios y la Historia como tribunales supremos para juzgar los actos cometidos. Dicho documento reconoce que la guerra sucia había sido autorizada por los comandantes de las tres armas, propone que los desaparecidos sean considerados como caídos en combate a efecto de todos los fines legales y administrativos y emite una ley

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general de Pacificación Nacional con amnistía general para los actos de la subversión y “los excesos de la fuerza pública” de 1973 a 1983

Alfonsín derogó esta ley y promulgó dos decretos: uno de procesamiento de los nueve miembros de las tres primeras juntas; el otro de procesamiento de los siete principales jefes de la guerrilla de extrema izquierda. Es decir, ponía en pie de igualdad el ‘terrorismo de estao’ y ‘el terrorismo contra el estado’. Este enfoque se llamó teoría de los dos demonios. Así se plasmó en la práctica del deseo de Alfonsín de impartir justicia, pero con el agravante de que el régimen militar se consideró legítimo por su origen. El golpe de estado de 1973 se justificó plenamente. Alfonsín creó en 1985 la comisión CONADEP (comisión nacional sobre desaparición de personas) que fue inoperante. El 5 de diciembre de 1986 se emitió la ley de Punto final bajo la presión militar para lograr la reconciliación entre militares y civiles. El pueblo no la aceptó y a raíz de su promulgación se generaron intensas movilizaciones en toda Argentina de los trabajadores, los piqueteros y las madres de los desaparecidos. La Masacre de Avellaneda de junio de 2002 rebozó la copa, hasta el punto que gobierno de Kirchner empezó en el 2003 con una política activa de promoción de los derechos humanos y enjuiciamiento de los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años 70 por el Gobierno de la Reorganización Nacional. Para llevar a la práctica esta política fueron anulados las leyes de la Obediencia Debida y Punto final, las cuales tenían frenados dichos juicios desde el gobierno d Alfonsín. Hoy la mayor parte de los miembros de la cúpula militar que participó en el régimen milita han sido juzgados y condenados a pagar muchísimos años de cárcel bajo el gobierno de las Señora Kirchner.

La transición democrática en Uruguay

A partir de 1955 empieza una aguda crisis económica en Uruguay debido al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. La crisis se profundizó a lo largo de los años, hasta el punto que a partir de 1962 las tasas de crecimiento del PBI per cápita fueron negativas. La inflación comenzó a crecer gradualmente hasta llegar a valores superiores a los tres dígitos en 1968. Las tasas de desempleo, aumentaba, lo mismo que el crecimiento de las actividades no productivas. El sector agropecuario mostró una baja notable y perdió su importancia relativa como fuente de trabajo debido al carácter extensivo de su producción. En este contexto local y el creado por la revolución cubana surge el movimiento político, romántico y foquista de los Tupamaros que empezó a actuar como guerrilla urbana a partir de 1960. Sus objetivos eran la toma del poder por medio de la lucha armada. Para doblegar la insurgencia, con la asesoría de los Estados Unidos, el gobierno empezó a aplicar los métodos de torturas y escuadrones de la muerte experimentados en Vietnam. El régimen militar uruguayo fue el producto de un influjo creciente de las fuerzas armadas sobre los gobiernos civiles a partir de 1960.

Por la misma época, en 1971 se funda el Frente Amplio, una coalición política d izquierda y Centro-izquierda que se propone desarrollar su proyecto político por la vía electoral. Su influencia en los procesos transición democrática fue enorme1. Desde un principio el FA

1. El 5 de febrero de 1971 la izquierda uruguaya en su conjunto consolida su mayor anhelo, nace el Frente Amplio. En el documento previo a su fundación en 1970 se hace un llamado a “todas las fuerzas

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se declaró heredero de la tradición artiguista. Su programa contemplaba: Restablecimiento del Estado de Derecho, Redistribución del ingreso, elevación del bienestar social y participación Popular y saneamiento de la administración pública.

El presidente Bordaberry empieza a perder la apoyo político a principios de 1970 y paulatinamente los militares copan al Estado y exigen libertades para combatir la subversión. En 1972 se produce la derrota milita de la guerrilla y empieza la represión generalizada. En febrero de 1973 se produce en Uruguay una crisis política ante el desconocimiento por parte del Ejército y la Aviación, del nuevo Ministro de Defensa y meses después, junio de 1973, se produce el golpe de Estado que disuelve el parlamento, proscribe los partidos políticos declara ilegal las organizaciones sindicales y estudiantiles. Al mismo tiempo comienza la implementación del neoliberalismo económico. De este modo, por la vía militar, se resolvió la crisis de dominación de la burguesía uruguaya. Toda la dirigencia de los Tupamaros fue detenida, torturada y confinada en celdas carcelarias bajo condiciones infrahumanas.

El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechaza el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen dictatorial, dando comienzo a un lento proceso de apertura política. Las luchas populares se reactivaron finalmente, hasta que el primero de marzo de 1985 el gobierno retornó a los civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti como Presidente. En un acuerdo por dejar atrás el pasado y retornar en paz al sistema democrático, los partidos políticos mayoritarios acordaron votar una ley de amnistía que extinguió todos los delitos cometidos a partir del 1º de enero de 1962 en relación a las acciones subversivas, pero excluyendo a texto expreso los funcionarios policiales y militares que hubieran cometido delitos relacionados con la lucha antisubversiva.

De este modo, En 1985 se regresa a la Democracia Parlamentaria, se liberan los presos políticos, los tupamaros deciden optar por la acción política legal y se integran al Frente Amplio de manera informal. Empieza así el proceso de la justicia de transición.

La justicia de transición uruguaya se estableció conjuntamente por las Fuerzas Armadas que preparaban la salida y algunos partidos opositores. Ello quedó reflejado en el Acuerdo del Nogal de julio de 1984. La oposición adoptó una plataforma en la cual pedía que las violaciones a los derechos humanos debieran ser sancionadas y castigadas. Las elecciones de 1984 llevaron al poder a M. Sanguinetti, representante de una fracción del Partido Colorado. Se posesionó en 1985 y acto seguido promulgó una ley de Pacificación Nacional o ley de la caducidad de las pretensiones punitivas del Estado, en la cual se propugnaba por la repatriación de los exiliados políticos, se derogaban las medidas adoptadas bajo el régimen militar, se otorgaban indultos y liberaciones condicionales, “amnistía para todos los crímenes políticos y los de derecho común y militar conexos cometidos a partir de 1962. Su misión fue solución política al problema uruguayo.

El proceso de reconciliación fue largo y no tuvo un carácter punitivo. En 1986 17 generales proclaman públicamente su responsabilidad en la violación de los derechos

políticas del país que se opongan a la conducta antipopular y antinacional del actual gobierno, con vistas a establecer un programa destinado a superar la crisis estructural que el país padece, restituirle su destino de nación independiente y reintegran al pueblo la plenitud del ejercicio de las libertades individuales y sindicales”

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humanos cometidos por sus subordinados. En 1987 el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos apelaron al referéndum de iniciativa popular para impugnar la ley de caducidad. Gracias al Frente Amplio y sus redes sociales, comunistas, socialistas y tupamaros y amplios sectores de la población, lograron sobrepasar este número, pese a la oposición y hostigamiento de las fuerzas armadas. Pero las votaciones de abril de 1989 confirmaron la ley de caducidad con el 57% de los votantes. La ley de caducidad de las pretensiones punitivas del Estado se sancionó de una manara definitiva en 1989.

Sin embargo, se creó una comisión parlamentaria privada de justicia, paz y verdad histórica totalmente inoperante, a diferencia de CONADEP (comisión nacional sobre desaparición de personas) creada en Argentina en 1985 por Alfonsín. A cambio, en Uruguay operó una comisión privada el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) de inspiración cristiana creada en 1981. Su informe titulado Uruguay nunca más, se publicó en 1989 con el apoyo financiero de algesias extranjeras, la ONU y organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Este documento adopta la posición argentina de la teoría de los dos demonios, tanto Fuerzas Armadas como Tupamaros cometieron excesos y violaciones de los derechos humanos. Los sucesivos gobiernos del Uruguay a partir de 1983 adoptaron una estrategia de reconciliación diferente a la estrategia de aquella basada en “justicia, paz y reconciliación”. “Uruguay nunca más” se convirtió en el distintivo de las campañas presidenciales del Frente Amplio con Tabaré Vásquez y Pepe Mujica. El 2007, el presidente uruguayo Tabaré Vásquez estableció a través de un decreto que, además de la fecha del nacimiento del prócer G. Artigas, el 19 de junio será el "Día del Nunca Más": nunca más al enfrentamiento y a la violencia entre uruguayos, según el texto de la norma.

En un artículo reciente de la Revista Estudios del Partido Comunista del Uruguay se expresó con claridad: "Los uruguayos no necesitamos inventar de urgencia un modo para profundizar la democracia y avanzar hacia el socialismo". Esta es la justicia histórica que se merecen las víctimas del despotismo y que los uruguayos están impartiendo con firmeza.

La transición democrática controlada en Chile.

Acerc ndose a las elecciones de 1964, la Guerra Fr a est en su auge y el crecimiento del socialismoá í á

de Allende parece imparable. Es as que la figura de Eduardo Frei M ontalva emerge como la formaí

de detener al FR AP 2. Con su lema de "Revoluci n en Libertad", Frei logra sumar adherentes a suó

proyecto de reformas profundas al pa s, sin someterlo a la influencia sovi tica, como supuestamenteí é

har a Allende, y logra que en un par de a os el Partido De m crata Cristiano (DC) se convierta en elí ñ ó

principal referente poltico de los a os 1960.í ñ

La derecha atemorizada, con una posible victoria de Allende, apoya masivamente a Frei. Este recibió también el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Frei obtiene un 56%

2. Frente de Acción Popular (FRAP) coalición de partidos políticos de izquierda de Chile vigente entre 1956 y 1969. Sus antecedentes están en el Frente Nacional del Pueblo. Es reemplazado por la Unidad Popular en 1969 que llevo como candidato a la presidencia a Salvador Allende en 1958 y 1964.

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de los votos (una de las más altas mayorías en la historia electoral chilena) mientras Allende obtiene el 40%.

Eduardo Frei lleva a cabo una política de reformismo moderado, en la que se destacan la construcción de miles de viviendas, modernización del aparato estatal, la reforma educacional (obligatoriedad de 8 años), fortalecimiento de las organizaciones de base y la ampliación de la Reforma agraria. Esta última se convirtió en uno de los temas más delicados ya que, a diferencia del gobierno de Alessandri, se incluyen expropiaciones de las grandes haciendas, lo que lleva a enemistarse con los políticos de derecha que asumen esto como una traición a su apoyo en la elección presidencial. Por otra parte, el gobierno inicia el proceso de "Chilenización del Cobre" y se comprometió con un programa de construcción de obras civiles de gran importancia como el metro de Santiago. Sin embargo, en 1967, se comienza a resquebrajar la Democracia Cristiana mientras el gobierno debe asumir el rechazo tanto de la izquierda como de la derecha. En 1968, las huelgas comienzan a propagarse, mientras las reformas a las estructuras políticas de los alumnos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica producen serios enfrentamientos entre los estudiantes y el gobierno. La crisis se agudizó en 1969 y la UP (unidad popular) se fortalecía con la adhesión del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), proveniente del ala radical de la DC.

Las elecciones de 1970 dieron la victoria a la UP con Salvador Allende como presidente de los chilenos. La votación por Allende no fue abrumadora, lo que dificultó la realización práctica de los programas de la UP durante su gobierno.

Salvador Allende asume el 3 de noviembre de 1970 e intenta construir una nueva sociedad basada en el socialismo a través de la democracia, una experiencia única a nivel mundial. Entre sus primeras medidas continua el proceso de reforma agraria y se inicia un proceso de estatización de empresas consideradas clave para la economía nacional. A partir de ciertos resquicios legales, basados en un decreto ley de 1932, si una empresa detenía su producción podía ser intervenida por el Estado, por lo que el gobierno de la UP incita a que los trabajadores detengan sus actividades y así, estatizar las empresas.

Después del segundo año de gobierno de Allende, la inflación y el boicot internacional generan una profunda crisis económica y política que es capitalizad por la derecha para deslegitimar al gobierno. Las clases dirigente chilenas buscaron en las fuerzas armadas el salvavidas de sus intereses y conspiran activamente para provocar un golpe de estado.

El golpe de Estado acaecido en Chile el 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende tras un período de alta polarización política y convulsión social. Fue planeado por un sector de la Armada de Chile con el apoyo de la CIA y los servicios de inteligencia de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos mediante la creación del organismo de fachada, Cofradía Náutica del Pacífico Austral. Fue ejecutado por los generales de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y dirigido por el General de Ejército Augusto Pinochet. Apoyado por el presidente Nixon y diversas compañías como Chase Manhattan, International Telephone and Telegraph Corporation.

Al inicio fue creada oficialmente la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) que tenía facultades para detener y confinar personas en sus centros operativos durante los estados

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de excepción. Como estos estados duraron casi toda la dictadura, la DINA tuvo estas facultades durante toda su existencia. Esta organización tuvo la tarea de enfrentarse a un enemigo que, de acuerdo a la visión política de la Junta Militar, era la sedición marxista. Entrenados en la Escuela de las Américas, los agentes de la DINA iniciaron una campaña de represió generalizada contra los amigos personales de Allende, el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario), el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista. La DINA empleó el secuestro, la tortura y el asesinato. Tenía también agentes internacionales, siendo el más destacado el estadounidense Michael Townley, quien asesinó a Carlos Prats en Buenos Aires y a Orlando Letelier en Washington, DC. Su otro dispositivo internacional era la Operación Cóndor, de cooperación entre los diversos organismos de contrainsurgencia de las dictaduras latinoamericanas, con el objetivo de contener cualquier elemento de izquierda.

En 1978 el régimen militar entró en una profunda crisis cuando recibió la condena mundial por el asesinato de Orlando Letelier en Washington DC, la polémica con el general Leigh y su expulsión y el clímax del Conflicto del Beagle con Argentina que casi desemboca en un enfrentamiento bélico.

Es este el contexto en el cual se da en 1978 la apertura que empezó al conceder una amnistía general que cobijaba a todos los responsables de hechos punitivos. Es importante observar que una ley de amnistía es un reconocimiento de culpabilidad posible en el ejército. Pero los posibles responsables estaban casi todos en el exilio. Además, cuando se invocó la ley de amnistía, los tribunales se negaban casi siempre a poner término a los procedimientos. Un punto de inflexión se produjo cuando se aplicó a 38 militares a quienes se les cerró el proceso judicial de inmediato.

En el mismo año se presenta el proyecto de una nueva constitución en la cual fue aprobada en el plebiscito de 1980 ganado por los partidarios del régimen. Entre otras cosas, se estableció un plazo de transición a la democracia: durante ocho años Pinochet gobernaría como presidente, y cuando terminase ese período la Junta pondría un candidato (que sería Pinochet posteriormente) para que lo aprobase en un nuevo mandato de 8 años o lo rechazase. La Concertación de Partidos de izquierda moderada rechazó en 1988 la postulación de Pinochet para ocupar la presidencia mediante un plebiscito nacional. Ala convocar a elecciones, La Concertación proclamo a Patricio Aylwin como su candidato.

El programa electoral de Patricio Aylwin, candidato de la Concertación publicado en 1988 contenía un punto central, la derogatoria de la ley de amnistía, dado que era ineficaz en la práctica. Su triunfo en las elecciones de 1989 presagiaba un cambio sustantivo. Pero no fue así, porque el proyecto de transición democrática de La Concertación había sido pactado con Pinochet. Una transición negociada tenía que tomar en cuenta a las Fuerzas Armadas Chilenas, el enorme poder político de Pinochet y la legalidad del régimen anterior encarnada en el aparato judicial y la Corte Suprema hostiles al tránsito hacia la democracia. Además, sancionar la ley era casi imposible habida cuenta del control del congreso por la derecha ayudada por los senadores vitalicios designados por Pinochet. La derecha seguía en la práctica pertrechada en el poder i obstruía de manera obsesiva el ejercicio de la justicia. La Corte Suprema reinterpretó la Ley de Amnistía de una manera amplia para favorecer a los militares y favoreció la jurisdicción militar. Muchos militares declarados culpables en tribunales civiles o destituidos por el gobierno fueron declarados

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inocentes. P. Aylwin, tiró la toalla expresando simplemente sus deseos de que se impartiera justicia. Empezaba una transición sin la componente de justicia y sin verdad.

En 1993 Aylwin presentó un proyecto de ley destinado a acelerar los procesos judiciales y establecer la verdad. Creo entonces una especie de “Ley de verdad” por la cual se designaban jueces especiales para establecer la verdad en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Se trataba de conocer la suerte de los desaparecidos y localizar sus cuerpos al margen de todo procedimiento judicial. La Concertación reprobó esta acción de Aylwin.

En 1990 propuso Aylwin la llamada Comisión Nacional de verdad y Reconciliación (CNVR). De la derecha no se hizo esperar la oposición. La llamaron la “comisión de venganza y resentimiento”. Fue integrada por personas de prestigio y autoridad moral designadas por el Presidente de la República de derecha y de izquierda y se llamó misión RETTIG. Aylwin hacía notar que la verdad sola era inoperante para crear un clima moral indispensable para exorcizar la violencia y ambientar la paz y la reconciliación. Seis meses a partir de su promulgación, la comisión debía presentar un informe que expresamente excluía todo lo relacionado con las torturas y los procedimientos ilegales. La comisión no debería entrar en cuestiones político-filosóficas sobre la legitimidad de la violencia, violencias buenas y malas. No debía entrar en el terreno de la diabolización. No obstante, expresamente se le encargó investigar la violencia de los “subversivos”. En 1991 pudo informar de las tumbas colectivas de Pisagua. Su efecto político fue demoledor y puso a la derecha a la defensiva. Las dos cámaras apoyaron al presidente al saberse que de más de dos mil asesinatos, el 70% de ellos habían sido cometidos por las fuerzas de seguridad y el 50% habían sido desapariciones forzadas. Se dejaba sentada la responsabilidad de las instituciones militares y por tanto la responsabilidad moral del Estado. Curiosamente Allende no sale bien librado, en cuanto que ayudó a promover la polarización política, lo que llamó el comité “un ambiente propicio a la guerra civil”. Por supuesto, la crítica al sistema judicial es justa por no asumir la defensa franca de los derechos de las víctimas y soslayar las responsabilidades de los victimarios.

En medio de la pompa mediática se hizo entrega formal del informa, poniendo el acento en la verdad, la reconciliación y el perdón. El presidente pidió perdón a las víctimas en nombre de la nación. La derecha sólo atinaba a decir “nadie en Chile había advertido la amplitud de las violaciones de los derechos humanos”. Las fuerzas armadas rechazaron el informe. Pinochet alcanzó a decir con cinismo y desfachatez: “el Ejército de Chile no ve ninguna razón para pedir perdón por haber tomado parte en esta tarea patriótica de restablecimiento de la paz social y la democracia”. Nada de justicia real. El camino de la justicia que se abrió fue el de la justicia simbólica o justicia moral. Diversos actos conmemorativos como los funerales oficiales de Salvador Allende y creación de diversas asociaciones relacionadas con los desaparecidos y detenidos (AFFDD, AFDE). En 1992 se creó la ley llamada Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, cuya función era llevar a la práctica las recomendaciones de la misión Rettig. Cada familia de desaparecidos empezó a recibir 2500 francos mensuales, prestaciones médicas y becas educativas y exención de servicio militar para los hijos de los desaparecidos. Tres mil familias se beneficiaron [unos tres billones al año].

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En el modelo de transición democrática de Chile hubo verdad y reparación pero no hubo justicia. Ha quedado patente que una transición dirigida por el antiguo régimen no es compatible con políticas de justicia.

La Elección de Frei en 1993 y de nuevo la política de justicia de transición fue un nuevo fracaso. En un discurso de 1995 Frei reconoció que la reconciliación no se había alcanzado. Intentó nuevamente pasar en el Congreso una ley que preveía investigaciones judiciales sobre las desapariciones y mantenía en secreto las identidades de los culpables y los testigos. En vano, todo siguió igual. En las elecciones de 2010, el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, representante de la Coalición por el Cambio que agrupó a las fuerzas políticas pinochetista, derrotó a las fuerzas de La Concertación con el 51,6% de los voto. Él se convirtió así en el primer presidente centroderechista desde 1958 que logra ser electo presidente de Chile. Asumió el cargo en marzo de 2010, rompiendo así una sucesión de veinte años de gobiernos de La Concertación. Habrá que esperar ahora, hasta cuando el infierno se congele, que la justicia por los crímenes cometidos bajo el régimen espurio de Pinochet sea una realidad.

Queda el recurso de la justicia histórica, aquella que surge del clamor de las víctimas que lucharon por un mundo mejor. La izquierda chilena, si mira hacia atrás, podría escuchar a quienes reclaman justicia, los que piden transformar las condiciones presentes para que no se repitan las mismas o peores atrocidades. La cohabitación con la derecha durante veinte años, bajo la intimidación de un régimen que no se resigna a desaparecer, no debe ser óbice para recobrar la senda democrática del marxismo: la “evolución revolucionaria” y la profundización de la democracia en la lucha diaria, constante y consecuente.

La transición democrática en Colombia

El caso colombiano es atípico en muchos aspectos. No encaja dentro de los esquemas de transición de regímenes autoritarios y dictatoriales a otros de democracia representativa y garantista de los derechos civiles e individuales fundamentales. Nuestra hipótesis es que estamos entrando en un proceso de transición democrática de un régimen autoritario, formalmente democrático, violador sistemático de los derechos humanos y envuelto en una profunda crisis de legitimidad, a un régimen de democracia representativa real en el cual se rescatan los valores cívicos republicanos, la legalidad y la ciudadanía activa y responsable. Seguramente, en el desarrollo de esta transición se crearán las coniciones para una solución política del Conflicto Armado colombiano.

Los últimos cincuenta años de la historia colombiana han estado signados por la continuidad de gobiernos cuya legitimidad proviene del veredicto de las urnas y al mismo tiempo son excluyentes de los movimientos de oposición política que buscaron discurrir por los cauces de la legalidad institucional. Señalaremos varios aspectos de este proceso.

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La conformación de una doctrina contrainsurgente de derechaque arraigó en la conciencia popular.

Cuando el General Yarborough llegó a Bogotá en 1962 como emisario de la Escuela de Guerra Especial de los Estados Unidos, no se imaginó que sus palabras serían acogidas con tanto beneplácito por la oligarquía colombiana. Dijo que en Colombia había que crear un personal civil y militar clandestino especializado en operaciones de represión para impulsar, entre otras cosas, “actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del comunismo”. Y comunistas había en las organizaciones sindicales y agrarias, los movimientos estudiantiles, los partidos legales de oposición, los grupos defensores de los derechos humanos y los sectores de la Iglesia seguidores de la Teología de la Liberación. No menos complacido que la oligarquía colombiana con el citado informe estuvo la cúpula militar del ejército colombiano que había participado como aliado de Estados Unidos en la Guerra de Corea con el Batallón Colombia3.

Empieza entonces un proceso de modernización del ejército según las orientaciones norteamericanas. Con el transcurso de los años, el ejército hará sus propias elaboraciones adaptadas a las condiciones de la lucha popular en Colombia, las cuales han quedado consignadas en los manuales de contrainsurgencia. Las presiones de los militares para darle piso constitucional a las recomendaciones de la misión Yarborough quedaron plasmadas en el Decreto 3398 de 1965 que reorganizó la Defensa Nacional, con lo cual se daba cumplimiento a compromisos internacionales adquiridos. En este decreto ya se insinúa la utilización de civiles en tareas militares con la correspondiente dotación de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Ese fue el piso legal para la creación del paramilitarismo en Colombia y el ejercicio del Terrorismo de Estado. Se complementó con la Ley 48 de 1968 que autorizaba al Ministro de la Defensa a dar apoyo en armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas a particulares y al Gobierno Nacional a utilizar la población civil en actividades de orden público. El Estatuto de Seguridad de 1978 del gobierno de Turbay Ayala marca el comienzo del “Terrorismo de Estado” en Colombia. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 33 del Decreto 3398 por cuanto contradecía el principio constitucional del monopolio de las armas de guerra por parte del Estado, el único responsable de mantener el orden público.

El marco histórico de referencia del paramilitarismo en Colombia y América Latina fue la confrontación militar, política e ideológica, entre el capitalismo y el socialismo representados cada uno en los polos Estados Unidos-Unión Soviética, lo que se conoce con el nombre de Guerra Fría. Sus líneas estratégicas eran dictadas por los teóricos de la Doctrina de la Seguridad Nacional del Departamento de Estado de Estados Unidos y enseñadas a los ejércitos de América Latina en las Conferencias bianuales de los ejércitos latinoamericanos de USA. La Doctrina contrainsurgente del estado colombiano divulgada en los manuales y textos de estudio y entrenamiento militar a partir de 1962, define al “enemigo” como una persona o grupo social que proponga una alternativa de nacionalidad o de resistencia al gobierno local de turno. En enemigo no es algo externo a la nación sino una realidad inmersa en el seno mismo de la nación y cuya exterioridad es una frontera ideológica inmaterial. La acción preventiva contra este “enemigo” debe ser integral y

3. Referencias extensas a esta misión se pueden encontrar en el texto del Cinep Paramilitarismo de Estado en Colombia11988-2003. En este texto hay una bibliografía extensa de los manuales de contrainsurgencia del ejército colombiano desde 1962.

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procurar el apoyo popular. El blanco fundamental de la acción contrainsurgente es la población civil, la cual debe ser hostigada, atropellada, interrogada, requisada y controlada, aun a riesgo de negarle los derechos constitucionales más elementales. La mera neutralidad es sospechosa o negativa. La guerra psicológica no debe pararse en pelillos para obtener información y reeducar a la población según actitudes y valores acordes con el régimen político. Atemorizar mediante la circulación de listas negras, rumores y acciones punitivas es parte del arsenal de tácticas psicológicas. La Ley 48 de 1968 autorizaba a los comandantes a entregar armas de uso privativo de las fuerzas armadas a los civiles y al gobierno a convocar a la población civil para acciones armadas. Organizar a la población civil en forma militar para que se proteja de la acción guerrillera como juntas de autodefensa es parte del abecé de la instrucción militar contrainsurgente. Redes y más redes de juntas de autodefensa controladas por el Mando militar, operaciones de control y registro de la población, en veredas y poblados.

Testimonios de esta doctrina contrainsurgente se encuentran en los artículos y libros de los generales que han ocupado la cartera del Ministerio de Guerra o han sido comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Asquea leer sobre la depuración de los “idiotas útiles” que desde las toldas de la democracia desprestigian al ejército y vilipendian al gobierno; el adoctrinamiento ideológico anticomunista de soldados y comandantes; combate a la insurgencia en lo militar, político, económico, laboral y judicial; arreciar la lucha la Unión Patriótica, por cuanto es un partido legal surgido de un fallido proceso de paz con el gobierno; combate a las ONG por ser agentes de la subversión; la necesidad absoluta de cambiar la mentalidad de las masas populares, para lo cual sugiere una ofensiva ideológica intensa y sostenida, sembrar dudas sobre la constitución de 1991 por ser más peligrosa que las minas quiebra- patas.

En 1997 ya había cristalizado la doctrina de los nuevos analistas militares del Ministerio de que el trabajo de la subversión desarmada es más significativo que el de la guerrilla misma. Y agregan que es el pueblo el verdadero actor en la lucha y derrota de la subversión. De lo que se trataba ahora era erradicar la parte política de la subversión influenciada por las ONG- es nacionales e internacionales. Se había llegado, finalmente, a la conformación de una doctrina político-militar que confunde a los grupos legales de oposición política con la subversión armada.

Contrainsurgencia, narcotráfico y latifundio

Hemos señalado que, desde sus inicios, el paramilitarismo ha sido una estructura político-militar ligada a la lucha contrainsurgente del Estado con el apoyo de los Estados Unidos. Mostraremos que esta estructura no nació y se desarrolló en el vacío, al margen de las relaciones sociales.

Empecemos con una descripción breve de las organizaciones terroristas tenebrosas aparecidas en 1977, parecidas a los escuadrones de la muerte que hicieron carrera en Brasil, Argentina y Uruguay, al amparo de repulsivas dictaduras militares que las legitimaron por ser parte activa de la “lucha anticomunista americana”. Su diferencia fundamental es que el paramilitarismo colombiano es de tipo mafioso y ligado al latifundio ganadero. Esos grupos armados paramilitares prestaban su colaboración al

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ejército, cuidaban las haciendas ganaderas y escoltaban a los narcotraficantes. Después adquirieron un status político-militar como fuerza militar de la burguesía agroindustrial y que servía para proyecta interese políticos y económicos propios de una clase social.

La creación del MAS (muerte a secuestradores) en 1981 marca un punto de inflexión en el proceso de desarrollo del paramilitarismo. Es el comienzo de la creación de ejércitos privados de la mafia para la seguridad de las familias mafiosas y de sus propiedades. Este grupo tenebroso se regó por todo el país con el apoyo de la fuerza pública dejando una estela de muerte y desolación bajo el signo de la justicia privada y clandestina. Todo está bien documentado en el informe del Procurador General de la Nación del 20 de febrero de 1983. De los 59 militares mencionados en el informe del Procurador ninguno fue procesado o llamado siquiera a calificar servicios. Por el contrario, el Congreso de la República aprobó ascensos y honores a muchos de ellos que en lo sucesivo serían los encargados del manejo del orden público. El paramilitarismo creció monstruosamente bajo el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) en Puerto Boyacá al amparo del Batallón Bárbula comandado por fanáticos de la doctrina de la Seguridad Nacional y con el apoyo económico de los ganaderos y terratenientes de zonas aledañas hastiados de pagos de vacunas a la guerrilla. De las entrañas de la oligarquía colombiana había nacido un Frankestein tenebroso ávido de víctimas.

El MAS cambió su sigla por AUTODEFENSAS, grupos de civiles armados coordinados y entrenados por el ejército. Eran rabiosos anticomunistas que con sevicia delirante perseguían, torturaban y asesinaban a cualquier sospechoso de tener vínculos con la guerrilla, ya sean familiares o políticos o de amistad personal. Al mismo tiempo, canalizaban recursos para la población civil y movimientos políticos como MORENA con una ideología de extrema derecha que pretendía cubrir con un velo de legitimidad política a las experiencias paramilitares. El modelo paramilitar de Puerto Boyacá se repitió de ahí en adelante en muchas regiones de la geografía nacional. Las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) empezaron a desarrollar acciones conjuntas con los militares de las Brigadas y los Batallones.

Uribe Vélez: el paramilitarismo en el poder

El 11 de febrero de 1994, el gobierno colombiano expidió el decreto 0356 por medio del cual autoriza la creación y funcionamiento de “servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada”. Era lo que faltaba. Que la población civil se involucrara directamente en el conflicto al lado del las fuerzas militares formando cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, en el seno de las comunidades, dotadas de armas de uso restringido para la fuerza pública. De este modo se revivió un entorno legal para el paramilitarismo como una clara política estatal bajo la sigla de las CONVIVIR. Las normas que crearon la Convivir fueron declaradas constitucionales por la Corte Constitucional en 1997. La Fiscalía General de la Nación informó en 1997 que bajo el manto de las Convivir se cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad. Así lo han confirmado los paramilitares desmovilizados congregados en San José de Ralito4 y comprometidos con un proceso de paz han manifestado públicamente los vínculos del paramilitarismo con el

4. Es el nombre del lugar donde se iniciaron las negociaciones con los paramilitares en 2004.

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Estado. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la "estrecha relación de trabajo entre las Fuerzas Militares y las CONVIVIR es lo que permite bajo las circunstancias analizadas dar a los miembros de las CONVIVIR estatus de agentes estatales", tanto durante sus actuaciones legales como ilegales

En 1996 y 1997, el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y el vicegobernador Pedro Juan Moreno defendieron la organización y operación de las CONVIVIR locales en su departamento, con base a las reglas establecidas por la administración central del estado. La alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, criticó la organización de las CONVIVIR en su municipio y consideró que, además de innecesaria, era perjudicial para la gobernabilidad. El 4 de diciembre del 2006, en una entrevista radial, Uribe reiteró su anterior apoyo a las CONVIVIR, negó que fueran parte del inicio del paramilitarismo, y afirmó que él asumió la responsabilidad de los 60 o 70 grupos CONVIVIR que operaron en el departamento durante su gobernación.

Las CONVIVIR fue un instrumento fundamental en la política de pacificación de Urabá cuando era gobernador de Antioquia el Doctor Álvaro Uribe Vélez. Él , junto con el General Rito Alejo del Río, son los llamados “pacificadores de Urabá”. No vale la pena señalar la trayectoria extremista del General del Río. Su vida militar está íntimamente ligada al paramilitarismo desde 1978. Fue artífice de la creación del MAS. El carácter sanguinario del General es bien conocido en Antioquia. Abundan los testimonios que corroboran esta apreciación. Cuando en 1987 llega a Urabá para hacerse cargo de la Brigada 17 del ejército, ya tenía un prontuario tenebroso. Pero allí lo ratifica y lo potencia. Las masacres y las desapariciones forzadas de campesino sospechosos de ser colaboradores de la guerrilla aumentaron exponencialmente. A sus subalternos les inculcó la convicción de que los paramilitares eran un factor positivo de seguridad ciudadana. Testimonios de lo dicho aparecen en las denuncias de la Alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, en abril de 1997 ante la Fiscalía General de la Nación.

El paramilitarismo como proyecto político-militar de la oligarquía colombiana ha sido un fracaso político y humano. Es la expresión del derrumbe moral de las clases dirigentes colombianas que no vacilaron en justificar el crimen y las masacres para mantener su hegemonía. A partir de 2002 empieza la decadencia del paramilitarismo, cuando es evidente que las clases dominantes colombianas le estaban retirando su apoyo, habida cuenta del enorme desprestigio en que había caído el Estado colombiano ante la comunidad internacional por sus nexos con grupos terroristas que había cometido crímenes de lesa humanidad. Había llegado entonces el momento de destruir al paramilitarismo para asegurar su supervivencia.

El procedimiento seguido fue la negociación política por medio de la cual se le daba un tratamiento de combatientes políticos a bandas de delincuentes que fueron utilizadas por las Fuerzas Armadas de Colombia y el establecimiento para combatir a las organizaciones políticas, sindicales y populares en lucha por la democracia. La “mesa de negociaciones” instalada el 1° de julio de 2004 en la zona de distensión de Santa Fe de Ralito, municipio de Tierra Alta, marca el intento de legalización del paramilitarismo. Después de apropiarse por la fuerza de más de 600 kilómetros cuadrados de las mejores tierras y con las fortunas del negocio del narcotráfico intactas, se disponen todos los jefes a ingresar con todas las de la ley a los exclusivos espacios del poder económico y político en pie de igualdad con las burguesías financieras e industriales ya consolidadas.

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El intento falló. Las exigencias del gobierno eran "absoluto respeto por la vida y la libertad de los ciudadanos; abandono total de las actividades de narcotráfico; abstenerse de homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, presiones e intromisiones en las actividades de las instituciones legítimamente constituidas, de las organizaciones políticas o sociales; expandirse territorialmente o reclutar nuevos miembros; bloquear la libre circulación de alimentos o medicinas"5. Eran exigencias muy laxas que soslayaban los problemas de justicia y reparación a las víctimas. Además, entre los desmovilizados habían reconocidos narcotraficantes pedidos en extradición por Estados Unidos. Por ello y mucho más el proyecto recibió fuertes críticas, lo que obligó al Estado a modificarlo y convertirlo en un “proyecto de justicia y paz”, lo que no era parte de las conversaciones informales entre representantes del gobierno y las AUC.

Por los medios de comunicación circulan todavía mensajes de confesiones amañadas y peticiones de perdón de tartufos que se camuflaron de políticos anticomunistas en alianza don la derecha colombiana. Sus allegados continúan orondos con el negocio del narcotráfico defendido por bandas paramilitares. Algo cambió. La clase dirigente colombiana agobiada por la profunda crisis de legitimidad del Estado que defiende sus privilegios ha logrado librarse un poco del socio malo e incómodo con la esperanza de darle un nuevo aire de legitimidad a un régimen social y económicamente resquebrajado, inmerso en el cinismo de la retórica pragmatista y carente de los valores mínimos de veracidad exigidos por la democracia a los gobernantes en la comunicación con los ciudadanos.

Es el gobierno del “todo vale” para lograr fines políticos. En las clases dominantes amparadas por un estado que perdió el distintivo de la legitimidad democrática, predomina el todo vale: la violencia para despojar a los campesinos de sus tierras, el soborno y el robo de los bienes públicos y las violaciones sistemáticas del ordenamiento legal.

Las elecciones del 4 de junio

Los colombianos nos hemos cansado de caminar con las narices tapadas. Partidos políticos como el Polo Democrático Alternativo y El Verde encarnan, en estos momentos de recuperación de la dignidad ciudadana, el asco que produce en Colombia el miasma de la descomposición del régimen.

Las elecciones del 30 de mayo de 2010 marcan el comienzo del proceso transición democrática en Colombia. Es un proceso desde abajo, desde la conciencia lúcida de un amplio sector de ciudadanos. Desde las honduras de la conciencia ciudadana aflora un proceso accionado por la repugnancia ética que produce el actual régimen. Pero su lógica más profunda está anclada en un programa mínimo aun no plenamente elaborado cuyos ejes son:

1. El avance de una democracia formal del todo vale a una democracia representativa exigente con la legalidad en los aspectos procedimentales del Estado y en la educación de los ciudadanos para que respeten y acaten las leyes justas.

5. María Isabel Rueda, Revista Semana, julio de 2004.

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2. La valorización de la vida, la mía y la del otro, como un bien supremo que hay que respetar y promover como un imperativo ético incondicionado.

3. Valoración de la educación y la salud como derechos sociales fundamentales, lo cual debe reflejarse en la creación de sistemas públicos basados en esta premisa.

4. La superación de la influencia de la mafia sobre el Estado Colombiano.

5. Defensa de la verdad, la justicia y reparación relacionados con los crímenes de lesa humanidad y el cese del hostigamiento al poder judicial, a los partidos de oposición y a los movimientos sociales.

Y sobre todo, esta nueva conciencia ciudadana que se ha venido forjando en medio de riesgos y amenazas y que cristalizó en las elecciones del 30 de mayo, tiene un ingrediente nuevo: es una conciencia liberada que perdió el temor al régimen y está cargada de una enorme voluntad política de cambio y redención de las víctimas de la violencia.

Los procesos de paz en Colombiano han conducido a procesos de transición democrática

Como ocurrió en todos los países que atravesaron por un período autoritario y dictatorial y tuvieron que encarar la lucha popular, la diabolización de la oposición era el punto de partida en el orden ideológico, para combatirla y reducirla a la impotencia. Incluso en Chile, donde las fuerzas de oposición se mantuvieron dentro de la legalidad, la sevicia de destrucción y muerte fue inaudita y execrable. El oponente fue reducido a enemigo diabólico y robado de su condición humana. En todos los casos aparece el gobierno de los Estados Unidos como el ángel del bien movido por los afectos lascivos al poder y el lucro. De modo que si la oposición era armada o legal, el efecto era el mismo si sus compromisos políticos eran con la profundización de la vida democrática de los pueblos.

Nadie podrá, pues, tachar de insensata la afirmación de que las FARC- ep han sido y siguen siendo una excusa de las clases dominantes colombianas para legitimar indebidamente por medio del miedo sus propuestas políticas de hegemonía. Además, hace cincuenta años no existían las FARC, pero sí existía el Frente Nacional como forma organizada y duradera de la dominación oligárquica.

Mostraremos que los procesos de paz que se han ensayado en Colombia no han conducido a un proceso de transición democrática, como muchos esperaban que ocurriera. Tal hipótesis es puro espejismo. Se han invertido las relaciones implicativas y de causalidad. En los casos de transiciones democráticas que hemos analizado, son estas las que conducen a la paz y no a la inversa.

(A) Rojas Pinilla y la entrega de armas de la guerrilla liberal

Aquel General e Ingeniero Gustavo Rojas Pinilla que se alzó con el poder el 15 de Junio de 1953 con el apoyo de las clases dominantes y de vastos sectores de la población, no

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imaginó que sería el iniciador de un proceso de modernización del país de largo alcance y de unificación de la dominación oligárquica en Colombia. Su llegada al poder fue legitimada por una Asamblea Nacional, la guerrilla liberal accedió a deponer las armas y todo indicaba que se vivía un auténtico proceso de reconciliación nacional. Pero quedó en el campo un rescoldo de pensamiento socialista y de democracia directa basada en el autogobierno que no ha desaparecido.

Todo empezó a cambiar cuando envió militares a recuperar las propiedades que habían sido abandonadas por latifundistas en su huida de la violencia propiciada por la lucha entre liberales y conservadores. La respuesta que encontró por parte de los campesinos organizados en comunas de autodefensa armada fue la llamada a la reforma agraria. Atrás quedaron sus veleidades populistas al estilo D. Perón en Argentina y G. Vargas en Brasil plasmadas en un partido llamado Tercera Fuerza, cuya inspiración política era la ideología social católica de encíclicas pontificias y el pensamiento bolivariano interpretado desde la derecha. No se avinieron las élites agrarias y los partidos tradicionales con la amenaza real de ser desplazados del escenario político nacional. Rojas es depuesto el 10 de mayo de 1957 y la clases dirigentes colombianas se comprometen con un ordenamiento jurídico nuevo surgido de un procedimiento plebiscitario en el mimo año.

En el texto de Sitges, firmado por los ex Presidentes, Gómez y Lleras, encontramos el verdadero espíritu del Frente Nacional, donde claramente se manifiesta que la paz de la República es su objeto sine qua non: "… se ve claramente que todo lo que se propone a la consideración de los partidos no tiene otra meta que la de alcanzar la paz para Colombia y afianzarla perdurablemente, convirtiéndola en el primer objetivo de las fuerzas tradicionales de la opinión Republicana…". Sus planteamientos básicos los podemos resumir en los siguientes aspectos: refundar la República acudiendo al pueblo como detentador del poder político; reafirma el papel de las Fuerzas Armadas cómo defensoras de la nación; crear una sucesión de Gobiernos fruto de la coalición de los partidos liberal y conservador obre la base de un entendimiento entre ellos; erradicación de la violencia armada; rehacer la administración pública sobre bases de eficiencia y honestidad; mejorar el nivel económico de los colombianos.

Es, pues, el Frente Nacional, una respuesta oligárquica a la crisis política y económica de la época. Es un pacto excluyente compacto que excluyó a la oposición de la política al no permitir en la administración pública personas no militantes en los partidos conservador y liberal. El compromiso militarista de acabar con la insurgencia por la vía de la guerra y no por la vía de la negociación política y de las reformas sociales, preparó el ámbito de la nueva violencia de carácter social instalada en la historia nacional a raíz de la creación del pacto reaccionario del Frente Nacional y cuyo conjuro ha resistido los más variados ensayos del régimen.

La paz de Belisario Betancourt y el genocidio de la Unión Patriótica

Durante la administración de Turbay Ayala (1978-1982) no hubo una política de paz. Las consignas del alto gobierno se podían resumir en una sola palabra: represión. En sus políticas represivas se reflejaba la autonomía que otorgó a los militares en el manejo del

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orden público a través del Estatuto de Seguridad. De este modo se legitimó el control coercitivo del descontento popular que se había expresado en el paro de 1977. A esta política represiva se sumó el respaldo que el bipartidismo otorgó al gobierno en aras de “la defensa de la democracia” y el apoyo de los dirigentes gremiales y los medios de comunicación del establecimiento a los militares.

Pero el deterioro progresivo del régimen de Turbay, se abrieron para el logro de una apertura democrática. La misma oligarquía empezaba a hablar de un hundimiento institucional a raíz de las connivencias del régimen con las orgías plutocráticas de los banqueros que llevaron a la quiebra del sector financiero y con los escándalos del lavado de dólares en la “ventanilla siniestra del Banco de la República. Como si esto fuera poco, arreciaron las críticas nacionales e internacionales por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos con denuncias concretas sobre la complicidad del Estado. En este nuevo escenario, los grupos guerrilleros enarbolan de una manera explícita un discurso de paz que pone en entredicho las políticas represivas del gobierno. Estas son las circunstancias que movieron a Turbay a crear una comisión de paz y declarar una desvaída amnistía por estado de sitio con vigencia limitada de treinta días que fue interpretada como puro truco oportunista.

No es de extrañar entonces que la paz se haya convertido en el tema central de la contienda electoral para el período 1982-1986. Y Belisario Betancourt supo sacar provecho de las circunstancias. Sus objetivos fueron el Cambio con Equidad y la paz como corolario de la erradicación de los factores objetivos de la violencia larvados en las desigualdades sociales. Sin maquinaria política, el pueblo lo apoyó para expresar su hastío con el clientelismo, sus dudas sobre los métodos represivos de la administración y el continuismo que ofrecía el candidato del oficialismo.

Elegido por el “Movimiento Nacional”, Betancourt presentó al Congreso de mayoría liberal un proyecto de amnistía e indulto, más generoso que el proyecto similar adoptado por el Gobierno de Rojas en 1.953, según la opinión de los voceros del establecimiento, y que llevó a la desmovilización de las guerrillas liberales. Amnistía, diálogo nacional y apertura política eran los ejes del proyecto de paz de Betancourt. Sus palabras calaron hondo en la conciencia de los colombianos: “Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos“. En medio de una aceptación popular sin precedentes, la Ley de Amnistía fue aprobada por el Congreso en 1982.

No se logró la paz. Era obvia la asincronía entre las propuestas de paz de Betancourt y las realidades de la guerra: tanto la guerrilla como el ejército nacional se habían preparado a partir de 1978 para la confrontación. Tal propuesta no encajaba en la lógica de la confrontación en ese momento. Betancourt estaba al tanto de la nueva estrategia paramilitar y de los planes del ejército. Sabía que políticamente estaba poniendo contra la pared a la guerrilla, pues la paz se convirtió en una bandera política nacional. Haciendo de la necesidad virtud, la guerrilla aceptó la propuesta de amnistía, y en marzo de 1984 firmó el Acuerdo de la Uribe.

Fruto de la tregua precaria y los acuerdos de paz, la FARC lanzaron el partido político llamado Unión Patriótica. Con ingenuidad e idealismo dijeron que “la Unión Patriótica es hija del proceso de paz, surge de los acuerdos de la Uribe y de nuestro compromiso histórico de organizar y unir al pueblo para que sea el garante y protagonista de los

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cambios que hagan posible un país con paz, bienestar y liberta” . Varios de los dirigentes políticos que participaban en representación de las FARC en los diálogos nacionales fueron destinados a la organización de este movimiento. Se dedicaron al trabajo político abierto bajo la protección mágica de unos acuerdos que no eran aceptados por los enemigos del movimiento guerrillero, entre los cuales se destacaban el ejército con sus organismos y los paramilitares. En el lapso mayo-octubre de 1985 fueron asesinados 165 miembros de la Unión Patriótica, casi todos por paramilitares.

La izquierda había entendido mal la realidad del momento. Creía que el estado colombiano estaba comprometido con una política de garantías a los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida y a la seguridad, sin parar mientes en que los gobernantes de turno, legitimados en las elecciones, eran cómplices del plan siniestro de exterminio de la izquierda.

En las elecciones presidenciales de 1986, Virgilio Barco, dirigente liberal, salió ungido como presidente para el período 1986-1990. La UP se convirtió en la tercera fuerza política del país con el 11% de la votación. Contra ella se volcaron las fuerzas organizadas del terrorismo de estado bajo la modalidad paramilitar. El paramilitarismo emprendió una campaña de exterminio de activistas agrarios motejados de comunistas. Las direcciones locales de la UP fueron diezmadas. En el primer año de gobierno de Barco fueron abatidos por sicarios cerca de 300 dirigentes de la UP, entre ellos Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, en 1987. Siguieron luego Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la UP, Carlos Pizarro, máximo dirigente del M-19 y Manuel Cepeda, Secretario General del Partido Comunista. Y otros. La lista es larga. Hacia 1995 la UP ya estaba exterminada.

Es un grave error político y una falta a la verdad histórica atribuirle al narcotráfico los más de 3.500 asesinatos de militantes y amigos de la Unión Patriótica. Porque se ha demostrado hasta la saciedad que la eliminación sistemática de un partido político democrático como la UP, fue el resultado de las relaciones simbióticas entre el paramilitarismo y los organismos del Estado colombiano, sobre todo del ejército.

La constitución de 1991 y el proceso de paz con el M-19.

Como consecuencia del fraude electoral en 1970 contra el general Gustavo Rojas Pinilla, en 1974 varios jóvenes de la izquierda colombina provenientes de las clase medias (Jaime Bateman, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina , etc), conformaron el Movimiento 19 de Abril M-19 y adoptaron la vía armada urbana como método fundamental de su lucha política. Realizaron muchas accione espectaculares, entre las cuales se destaca la toma del Palacio de Justicia en 1985. La subsecuente reacción del ejército provocó l palacío, en medio de la cual cayeron la mayoría de los miembros del comando guerrillero y -según los cálculos oficiales- otras 53 personas civiles, incluyendo a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debido al fuego de los militares y del M-19 considerarse como una masacre.

En el proceso de negociaciones de paz durante el mandato del presidente Virgilio Barco Vargas, el grupo guerrillero había hecho énfasis insistentemente en que uno de los

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principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la constitución, la cual hasta entonces no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. Esta exigencia fue reforzada por una fuerte presión estudiantil surgida a raíz del asesinato del líder liberal Luis Calos Galán Sarmiento, logrando que se realizara una Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la llamad Constitución de 1991. El 8 de marzo de 1990 realizaron la entrega de armas en su campamento de Santo Domingo liderados por su entonces comandante máximo Carlos Pizarro León-Gómez y se desmovilizaron para convertirse en grupo político que se conoció como Alianza Democrática M-19. En las elecciones de 1990 tenían como candidato a la presidencia a Carlos Pizarro, pero éste fue asesinado el 26 de abril de 1990 dentro de un avión en pleno vuelo, al parecer por sicarios a órdenes del estado. En su remplazo se presentó Antonio Navarro Wolf, quien ocupo el tercer lugar con cerca de 880.000 votos.

Dos fueron los objetivos fundamentales de la Asamblea: democratizar la vida política de la nación, ante todo mediante la creación de nuevos espacios para que puedan participar válidamente en la vida pública todos los sectores de opinión que así lo deseen y romper la separación entre el Estado y el Ciudadano; modernizar el aparato estatal y colocarlo en condiciones de cumplir, eficientemente, sus atribuciones esenciales, con aceptables niveles de rendimiento en los campos económico y social, gracias a las actividades que realice y, sobre todo, a las que promueva 6. Se reconocen varios aportes de la Constituyente. Entre ellos se destacan: el haber servido como un instrumento eficaz de paz y reconciliación con algunos sectores guerrilleros y su incorporación a la vida civil y política; se garantiza constitucionalmente el respeto a las diferencias étnicas y culturales, con lo cual se avanza notablemente en la secularización de las instituciones nacionales; se reconoce la propiedad de los pueblos indígenas, la autonomía de sus gobiernos, el respeto a sus tradiciones y religión; se refuerza la justicia, creando la figura de la Fiscalía Nacional como ente acusador; se establece la Tutela, como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo que ha permitido que cualquier persona pueda demandar la protección de sus derechos fundamentales violados, o incluso amenazados, ante cualquier juez de su jurisdicción.

Sin embargo, hoy a casi veinte años de haber sido promulgada la Constitución de 1991 y pese a todas las esperanzas que diversos sectores colocaron en ella, en Colombia continúan entronizados la anomia, violencia, la violación de derechos humanos y la desigualdad social rampante. Nos enorgullecemos de una Seguridad Democrática ficticia impuesta a costa de una militarización creciente de la vida nacional y un aumento desmedido de los gastos militares, sin que a vislumbre la terminación del Conflicto Armado por la vía militar.

La actual Constitución continúa perpetuando entonces la tradición colombiana del constitucionalismo aparente, hasta el punto de que sus dos objetivos principales continúan lejos de cumplirse. Es bien sabido que para que una constitución tenga algún efecto, debe reflejar los factores reales de poder y tener como base una sociedad dotada de virtudes cívicas. Hoy como ayer sigue el predominio de la cultura del atajo y del individualismo enfermizo e insolidario creado por el neoliberalismo y el narcocapitalismo.

6. Jaime Castro. La Asamblea Constituyente una necesidad nacional, Plaza & James editores.

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Se tenía la esperanza del inicio de un proceso de transición democrática. Pero faltó un ingrediente fundamental: la existencia de un movimiento popular fuerte de oposición al régimen potenciado por partidos democráticos que hicieran de la constitución un instrumento eficaz de transición democrática hacia formas más avanzadas de democracia y de modificación de las condiciones sociales existentes signadas por la pobreza y la exclusión. Ante el colapso del Estado, se trato de fundar un nuevo pacto social envuelto en la atmósfera de una ideología contractualista, propia de la filosofía política liberal del estado, que hizo concesiones a todos: a los neoliberales, a la burguesía gansteril, a un pequeño sector de la burguesía industrial y al radicalismo ingenuo pequeños sectores de las clases medias. Ello permitió que esos sectores, en el marco de un acuerdo promovido por el Estado (la constituyente) plasmaran en la constitución sus propios intereses. De ahí que esta postule tanto principios de corte socialdemócrata como neoliberal en lo económico, y principios liberales y democráticos en lo político. A esa indefinición ideológica constitucional se le llama pomposamente pluralismo.

Es el momento de una transición democrática en Colombia

Ante el agotamiento de la fuerza civilatoria del capitalismo, que ha entrado en una fase de barbarie, el republicanismo es un retorno a las ideas de la democracia radical implícitas en los ideales libertarios e igualitarios iniciales de los convencionistas de Virginia de 1776 y expresadas con mayor vigor y convicción posteriormente por los dirigentes de la Revolución Francesa de 1789. La democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo se expresa en el nuevo republicanismo como una reconstrucción de los vínculos sociales del hombre reducidos por el capitalismo a meras relaciones de intercambio. En suma, la democracia republicana se propone la restauración de la comunidad política, las virtudes ciudadanas y la libertad positiva que saca al individuo del espacio reducido de lo privado y lo ubica en el centro del espacio público donde reside de verdad la vida política. La axiomática de la versión hobsiana del liberalismo en su versión neoliberal, tiene una alternativa en el proyecto político, cívico, humanista y republicano que reconoce la esencia política del hombre que participa activamente en cuanto ciudadano en la esfera pública. Es la versión moderna de la afirmación aristotélica según la cual el hombre es un animal político que no puede alcanzar su excelencia sino y por la condición de ciudadano.

El pensamiento de Marx no es ajeno al republicanismo en cuanto a forma de pensamiento político. Por supuesto, son ajenos al pensamiento republicano los problemas de la distribución en la sociedad moderna capitalista. En ella, la distribución se hace según los mecanismos conocidos de explotación que respetan la libertad individual ficticia de los trabajadores asalariados y que son avalados por los estados capitalistas en sus textos constitucionales (la propiedad privada es el derecho más importante) y la legislación laboral. Pero en la concepción de la política desde un perspectiva republicana, el marxismo tiene un interés fundamental en la búsqueda de una comunidad política en el seno de la sociedad moderna. Este es el contenido de las repetidas expresiones de Marx en el sentido de que el hombre moderno debe traspasar los estrechos límites de la emancipación política mediante la emancipación social, que no es otra cosa que la superación del antagonismo estructural entre el capital y el trabajo instalado en el corazón

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de la sociedad moderna capitalista. De este modo se realizaría la utopía marxista de una sociedad sin clases en la cual se pueda realizar la identidad entre la existencia privada y la existencia pública.

El republicanismo es parte medular de la cultura política de los colombianos. Constituye la esencia del pensamiento político de Bolívar. Él fue un hombre de su tiempo que estudió con detenimiento el pensamiento de los representantes del republicanismo cívico de la época. Su preocupación fundamental expresada en el Discurso de Angostura de 1819, era encontrar una respuesta teórica y práctica sobre el modelo constitucional más adecuado para La Gran Colombia. Y la encuentra en el modelo republicano de J. Adams, quien afirmaba que mejor sistema político para lograr el bienestar, la seguridad y la libertad de los pueblos es el modelo republicano como la antítesis del despotismo. De Montesquieu retoma la idea de que la calidad y excelencia de un gobierno no deriva de su carácter teórico, ni de su forma, ni de sus mecanismos, sino de su capacidad para reflejar la naturaleza y las modalidades de la nación para la cual se constituye. Además, las leyes deben ser propias para el pueblo que las hace. Estas ideas constituyen el hilo conductor del pensamiento político de Bolívar con miras a encontrar una forma de gobierno estable que conciliara la libertad, el orden legítimo y la justicia social. De manera realista resume las condiciones políticas de América Latina de su época. Somos americanos por nacimiento y europeos por derechos. No se hace ilusiones sobre el pueblo, pues es una población escasa y heterogénea de blancos, negros e indios y de castas intermedias que ha sido corrompido por el triple yugo de la tiranía, la ignorancia y el vicio. Aprendió a obedecer víctima del engaño y la fuerza, no recibió durante la dominación colonial el ejemplo y la educación para la libertad y la autodeterminación. Por tanto era necesario partir de la igualdad para una refundación democrática de la naciente república de Venezuela con un Estado fuerte capaz de asegurar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de la nación. Retoma de Rousseau la idea de que un pueblo corrompido, si alcanza la libertad, tendrá grandes dificultades para mantenerse libre. Por ello Bolívar ahincadamente aboga por la educación popular en una perspectiva liberadora, como una condición fundamental para lograr los fines de la república.

Un punto de partida para la construcción de un FRENTE DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN COLOMBIA, en las condiciones actuales es el repudio a la tesis neoliberales de Juan Manuel Santos, cuya hoja de parra es el discurso de la “tercera vía”. La conciencia popular ha sido corrompida con ese discurso que establecer una conexión natural entre democracia y mercado, entre capitalismo y libertad, ignorando deliberadamente que se trata de conceptos que se aplican a realidades totalmente distintas. No entienden que el mercado organiza el tráfico de intereses privados, mientras que la democracia ordena el interés común de los políticamente iguales. Ellos son los enemigos reales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero no se atreven a confesar públicamente sus verdaderas devociones. Estos conceptos fundamentales de la democracia, entre otros, son reemplazados por las tecnocracias al servicio de los intereses de las grandes corporaciones por el lucro, la competitividad y el consumismo.

Desde Aristóteles, la democracia es fundamentalmente el gobierno del pueblo. Pero bajo la égida del neoliberalismo el pueblo desaparece como actor político y los técnicos al servicio de las grandes corporaciones deciden la orientación económica de los gobiernos. En Colombia, la ideología comunitarista del uribismo ha reducido al pueblo a mero objeto

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del asistencialismo demagógico a los pobres, meros sujetos de favorcitos. El pueblo como sujeto de transformaciones sociales desaparece mágicamente. Los pobres se convierten en potenciales consumidores que sólo requieren de un poco de ayuda para que puedan ingresar a la economía de mercado y así ser reconocido como ciudadano pleno de una sociedad plutocrática.

En Walter Benajamin la utopía tiene un profundo vacío que la protege del historicismo. La frontera de este vacío aparece justo en el momento en que parece disolverse la diferencia entre el presente y el futuro. Es la utopía que se mueve hacia el futuro en contravía del deseo profano de felicidad, lo que incrementa la fuerza del impulso mesiánico. Es el momento de preservar la utopía, pero despojada de su encanto idealista. Miremos el pasado y a los que han luchado por la democracia en Colombia, muchos de ellos muertos en la lucha. De ese modo evitamos que los adivinos que contrata la clase dirigente colombiana para adivinar el futuro puedan manipularlo. La labor realmente ardua es la de predecir el presente y pronosticar el pasado, descifrando sus imágenes antes de que se hundan en la memoria involuntaria7. La memoria de los ancestros esclavizados no puede sustituirse por el sueño de los nietos liberados porque el futuro nunca borra el pasado. Hay que estar en guardia para no abrir sin más la puerta del futuro al Mesías. Porque nuestra imagen de felicidad está indisolublemente ligada a nuestra imagen de redención. Y esta imagen debe ser diáfana para que pueda dar nombre y significado a la negatividad del sufrimiento histórico sin borrarlo por la vía positiva de la utopía.

Un presente fecundado por el recuerdo del sacrificio de un pasado revolucionario ya no es idéntico a sí mismo, pues ha roto el hechizo del Mesías desaparecido. Este presente puede ser pobre, pero es la única posibilidad de consultar el pasado y hacer que las sombras de los muertos aparezcan en sus bordes. Las situaciones trágicas no son modificables para las víctimas. Pero siempre existe la esperanza de la vida después de la vida si redimimos el pasado. Para ello hay que imbuirlo de significado retrospectivamente y darle valor mediante la acción revolucionaria.

No importa que estas redenciones sean parciales. La visión de Marx es que La Revolución es un proceso evolutivo revolucionario hacia la democratización de la vida social. La Revolución como una realidad fáctica no existe, es una utopía que ilumina el futuro pero no deja ver su rostro. Y la utopía hay que preservarla del historicismo como nos aconsejaba Benjamin.

7. Ver el libro WALTER BENJAMIN o hacia una crítica revolucionaria de Ferry Eagleton publicado por Ediciones Cátedra (1998).

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Aportes para la interpretación de la nueva izquierda latinoamericana

ESTADO DEL ARTE

Gabriel Becerra

Abogado y estudiante de segundo semestre de la Maestría en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Miembro de la Dirección Nacional del PDA.

ISSN 1794 - 8193

No. 11, julio - diciembre de 2009 América Latina

Introducción

El objetivo de este ensayo es presentar un estado del arte sobre el debate de la nueva izquierda latinoamericana1 a partir de una selección general y representativa de textos, producidos por intelectuales y dirigentes políticos de la región con perspectivas y enfoques diversos. A través de ellos, se refleja una activa polémica que tiene en cuenta un proceso político en pleno desarrollo y disputa, no un hecho pasado e inmóvil. Su elaboración hace parte de la primera etapa de la investigación sobre el PDA y la Nueva Izquierda Latinoamericana.

Metodológicamente se ha optado por dividir la presentación en cuatro partes. En primer lugar, se sugiere una clasificación de las razones sobresalientes que justifican la aparición de la nueva izquierda latinoamericana, en especial, los elementos de contexto de donde emerge. En segundo lugar, se aborda el aspecto de su caracterización y clasificación como tendencia política, campo en el cual existe una renovada polémica, sobre todo, cuando se suponía el triunfo del “fin de las ideologías” y la pérdida de vigencia de las categorías izquierda y derecha. En tercer lugar, se resalta el debate sobre las experiencias de gobierno de la izquierda y finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre el Polo Democrático Alternativo (PDA) y su perspectiva como referente nacional de la nueva izquierda latinoamericana.

Contextos y razones de la Nueva Izquierda Latinoamericana

América Latina es en la actualidad el continente, desde el punto de vista político, donde más desarrollos se presentan en el terreno de la transformación social, identificados con la izquierda. ¿Qué es lo qué explica ese viraje a la izquierda en América Latina?, ¿Cómo interpretarlo a tan poco tiempo del proclamado fin de las ideologías? La revisión hecha a una parte de la literatura existente sobre el tema permite identificar al menos los siguientes factores explicativos destacados:

1 Se acoge la precisión hecha por Cesar A. Rodríguez en su texto sobre la nueva izquierda colombiana al utilizar la calificación de “nueva” en un sentido descriptivo, no evaluativo.

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Gabriel BecerraAportes para la interpretación de la nueva izquierda latinoamericana - Estado del arte


Crisis capitalista y fracaso neoliberal en la región

En el centro de los estallidos sociales y de la crisis que favoreció el viraje a la izquierda en Latinoamérica se encuentra, en primer lugar, el descalabro de las recetas económicas neoliberales aplicadas por la mayoría de los gobiernos durante las dos últimas décadas. Esta fórmula tuvo sus inicios en el Chile de Pinochet con el asesoramiento y las recetas de los Chicagos Boys, y progresivamente se ha extendido a todo el continente, con excepción de Cuba. El neoliberalismo representa los postulados del consenso de Washington que políticamente exige regímenes autoritarios (Ahumada, 1996); fue a su vez, la respuesta al periodo desarrollista impulsado por la CEPAL, identificado con la sustitución de importaciones y la industrialización dependiente promovida por las burguesías nacionales después de la crisis capitalista de la década del treinta, con la ilusión de superar la economía primaria exportadora heredada del siglo XIX (Sader, América Latina en el Siglo XXI, 2006).

Un reflejo del descalabro económico al que han sido sometidos los países de la región con el neoliberalismo, quedó en evidencia con la experiencia de México, durante el periodo de 1982 al 2003, cuando obtuvo tan solo un 0.3% de crecimiento per cápita, a pesar de la entrada en vigencia en 1994 del TLC con Norteamérica, promocionado por sus defensores como la salida definitiva a la crisis. Estos negativos resultados se presentaron al mismo tiempo que más de diez millones de ciudadanos mexicanos emigraron.

El fracaso se extendió por el continente y se agudizó con los llamados planes de “ajuste y estabilización”, posteriores a las dictaduras militares, aplicados por las nuevas democracias de estirpe liberal, mediante las recetas del “capitalismo democrático”, vaciadas de contenido social e inservibles para solucionar los problemas de pobreza, empleo, educación y seguridad social de millones de habitantes (Borón, 2004).

Sobre este último aspecto relacionado con el fracaso de las fórmulas del “capitalismo democrático”, es importante resaltar la opinión y el cuestionamiento que hace de las mismas el dirigente cubano Roberto Regalado, que las presenta como parte de una nueva orientación de dominación de los Estados Unidos, posterior a la llamada doctrina Johnson (1964) que primó durante la guerra fría para contener en la región la “amenaza comunista”.

El responsable de liderar la nueva doctrina, recién derrotada la URSS, fue George H. Bush (1989-1993), mediante la retoma del culto a la “democracia” y a los “derechos humanos” en el hemisferio. El objetivo de fondo fue imponer la cláusula democrática basada en la defensa exclusiva de la democracia representativa como expresión de un pacto transnacional entre elites dirigida a evitar el triunfo de nuevas revoluciones o procesos políticos populares. (Regalado, América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de izquierda, 2006)2. 2 En su texto Regalado plantea de manera precisa lo siguiente. “No es casual que el fin de la bipolaridad y el reflujo de la ola revolucionaria coincidieran con el mal llamado proceso de democratización. En la medida en que emergía el Nuevo Orden Mundial, que las organizaciones insurgentes desaparecían o se convertían en partidos políticos, y que el sistema de dominación socavaba la independencia de la región, el imperialismo norteamericano decidió sustituir la oposición a todo triunfo electoral de izquierda, por un modelo, en apariencia más flexible, de gobernabilidad democrática, que impone tantas restricciones a la capacidad de decisión y acción soberana de los Estados, que ya el problema no es tanto quien ejerce el gobierno, sino que respete las “reglas de juego”.




Curiosamente, desde otra perspectiva ideológica y política, el ex izquierdista venezolano Teodoro Petkoff, al ubicar el surgimiento de la nueva izquierda continental, coincide con Roberto Regalado al reconocer que sin la existencia de la URSS, los Estados Unidos “dejaron de percibir en los gobiernos de izquierda en América Latina y el Caribe una amenaza a sus intereses estratégicos. Ya no había un gran rival del cual se temiera que pudiera instrumentalizarlos”. Petkoff reconoce que el imperio cambió de táctica, pero no como una nueva cara de la dominación, sino como una simple situación favorable “para que la izquierda restablezca su autonomía ideológica y política de la URSS”. (Petkoff, 2005).

En resumen, unas décadas de neoliberalismo no ayudaron a superar el atraso y a recuperar el desarrollo en la región, por el contrario, lo que entró a primar fue la regresión política, económica, social y cultural en la vida de los pueblos, que terminó favoreciendo los cambios políticos con líderes de izquierda en posiciones de gobierno obtenidas mediante la vía de las elecciones.

Luchas y actores sociales; el nuevo topo latinoamericano

Un segundo factor que sobre sale en el contexto de crisis de la receta neoliberal es el identificado con el surgimiento de un nuevo sujeto político; su aparición se podría interpretar como una síntesis entre los acumulados históricos de lucha de la izquierda, con sus fracasos y éxitos durante el siglo XX, y las nuevas formas y sensibilidades emanadas de las transformaciones económicas, ideológicas y políticas de principios del siglo XXI.

Al respecto, Emir Sader, utilizando la metáfora de Marx que hace referencia al “viejo topo” que destruye los cimientos del capitalismo, en su más reciente libro sobre los caminos de la izquierda latinoamericana, se pregunta por ese sujeto de la lucha antineoliberal actual. Su punto de partida es la revolución cubana, hito histórico y primer eslabón por donde se rompió el control imperialista en América Latina aquel primero de enero de 1959. Sader, resalta el elemento popular de las luchas continentales para recordar que la fuerza de ese topo está en la tradición de resistencia a la cual los pueblos no renuncian, desde Tupac Amarú y Tupac Catari en la lucha contra la invasión colonial, pasando por el legado de los libertadores, dignamente representados en Bolívar, durante las guerras de la independencia contra el colonialismo a inicios del siglo XIX.

Ya en el siglo XX, el nuevo topo persiste en las victorias representadas en la revolución mexicana; el gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas, México (1934); Juan Domingo Perón, Argentina (1946); Getulio Vargas, Brasil (1950); Velasco Alvarado, Perú (1969); la revolución cubana (1959); el gobierno de la Unidad Popular en el Chile de Allende (1973), que encuentran continuidad en la diversidad de procesos que se presentan hoy en América Latina, representados en al menos diez gobiernos con influencia directa sobre doscientos cincuenta millones de habitantes.

Del enfrentamiento al modelo neoliberal ha emergido un sujeto plural que incorpora nuevos actores sociales representados, por ejemplo, en los piqueteros de la Argentina, los movimientos juveniles de resistencia, y las luchas inspiradas en las reivindicaciones de




género, opción sexual, etnia, lengua, etc. todas ellas, articuladas al emergente movimiento antiglobalización. A su lado, persisten las fuerzas sociales y políticas históricas como los campesinos brasileros y mexicanos, los indígenas bolivianos, ecuatorianos y colombianos, y también los antiguos partidos comunistas y organizaciones de izquierda que lograron subsistir al derrumbe de la URSS. Sumado a sectores intermedios, venidos a menos por la voracidad del modelo, por ejemplo, los que se manifestaron con los cacerolazos en Argentina o las huelgas de médicos en El Salvador. (Borón, 2004).

Asumiendo la existencia de está diversidad, pero desde otro enfoque, Jorge Lazo Cividanes los identifica genéricamente como la pluralidad antineoliberal, a partir de una polaridad entre neoliberales (ellos) y antineoliberales (nosotros) (Cividanes, 2007).

Desde otra mirada, la socióloga e investigadora chilena Martha Harnecker, resalta el papel de los movimientos populares, nuevos y viejos, con la característica que los partidos políticos y el movimiento obrero tradicional, muy golpeado por las medidas económicas, pierden su protagonismo de primera línea. En sus palabras “se trata de movimientos muy pluralistas donde coexisten componentes de la teología de la liberación, del nacionalismo revolucionario, del marxismo, del indigenismo, del anarquismo.” (Harnecker, 2009).

Una buena parte de esas nuevas formas de resistencia dieron origen al movimiento “antiglobalización” o de lucha contra el neoliberalismo que se fue extendiendo desde Seattle, Washington, Nueva York, París, Génova, Gutemburgo, hasta desembocar en el movimiento de los Foros Sociales como espacios de articulación de luchas comunitarias y procesos políticos. Se destaca que estos movimientos sirvieron de recipientes para que veteranos dirigentes marginados, aislados, inclusive desencantados, retomaran la lucha política, y sobre todo, para que se incorporaran miles de jóvenes que hoy sobresalen en las movilizaciones y protestas latinoamericanas y mundiales.

Reinventando la participación, más allá de las formas tradicionales

El tema de la crisis de las formas tradicionales de representación política, en la derecha y en la izquierda, también es ubicado por algunos autores como Atilio Borón y Beatriz Stolowicz, como parte de las razones que explicarían el proceso de cambios políticos analizado.

Al respecto Beatriz Stolowicz señala:

“A finales de la década de los noventa, la crisis del sistema representativo alcanza también a aquellos partidos de izquierda que se subordinan a esas reglas del juego3

para la gobernabilidad. Esto ocurre con diferencias en los países en función de los

3 La autora se refiere a las reglas impuestas por el modelo político predominante en América Latina después de las dictaduras o autoritarismos civiles, identificado como democracia liberal, democracia representativa, o mejor, democracia gobernable. Sistema en el cual al sistema de partidos le corresponden dos funciones: 1. Ser vehículos de selección de las élites (elecciones); 2. Actuar como filtro para impedir que los intereses contrarios a los objetivos capitalistas puedan convertirse en políticas estatales. Los partidos tienen como función filtrar la representación de intereses subalternos, pero también impedir que sus portadores se organicen para expresarlos como demandas.




arraigos sociales que tienen, que obligan a los partidos a una mayor independencia política. Pero ninguno pudo evitar contaminaciones con las prácticas sistémicas, que invariablemente fueron objeto de críticas. Esta es una de las principales razones del alejamiento de sectores de izquierda respecto de los partidos, llegando incluso a manifestarse como un rechazo genérico a ‘la política’. Es un fenómeno de dimensiones no desdeñables pues involucra a una izquierda no partidaria que tiene importante capacidad de convocatoria social.” (Stolowiicz, 2004).

Por su parte, Atilio Borón hace énfasis al menos tres aspectos que explican los cambios en la “base social” típica de los partidos que él llama populistas y de izquierda: a. la creciente heterogeneidad del “universo asalariado”; b. la declinante gravitación cuantitativa del proletariado industrial en el conjunto de las clases subalternas; c. la aparición de un voluminoso “subproletariado”- denominado “pobretariado” por Frei Betto - que incluye desocupados permanentes, trabajadores ocasionales, precarizados e informales, y en general, a toda una gran masa marginada por el sistema. (Borón, 2004).

Estas características se integran a la multiplicidad de identidades (sexuales, étnicas, lingüísticas, regionales, culturales, de género, etc.) que emergen en la complejidad del mundo contemporáneo trasladando o disminuyendo la centralidad y la relevancia que en la lucha política tenían las variables exclusivamente clasistas. A lo que se suman las limitaciones propias de las organizaciones tradicionales del sindicalismo y las militancias de izquierda, para interpretar correctamente los cambios sociales y adecuar sus estructuras y prácticas organizativas.

¿De qué izquierda estamos hablando?

El análisis de la nueva izquierda latinoamericana también implica más allá de identificar el contexto de su surgimiento, una revisión, así sea general, de la renovada polémica sobre el significado actual de la izquierda como categoría política. A continuación se presenta una panorámica general de algunas reflexiones, a partir de un grupo de autores destacados.

Como ya es conocido, la izquierda y la derecha son dos categorías ideológicas y políticas surgidas en la modernidad e identificadas a partir de la ubicación espacial de jacobinos (izquierda) y girondinos (derecha) en la Convención Nacional Francesa de 1791. Ya adentrándose en la identidad de la categoría política “izquierda”, es muy útil pedagógicamente, la visión panorámica que ofrece el trabajo de Mauricio Archila presentado en la quinta versión del Seminario Marx Vive, dedicado al estudio de la izquierda y el socialismo en América Latina (Archila, 2008)4. Él plantea tres niveles de análisis para su distinción: los principios políticos, las formas de acción y los

4 Esta ponencia es la base de la introducción del reciente libro sobre la izquierda editado por el CINEP: “Una historia inconclusa, izquierdas políticas y sociales en Colombia” (2010). En ella se presenta una aproximación teórica que va desde la distinción que gira alrededor de la igualdad, muy propia de Bobbio, hasta la que introduce un componente emocional identificado con la noción de “vida buena”. Más allá de esta nota de pie de página no se alcanzo a incluir en el presente estado de arte.




comportamientos; veamos la clasificación que sugiere teniendo en cuenta sólo el primer nivel.

Izquierda y derecha son ante todo dos polos plurales. No hay una sola izquierda como tampoco una sola derecha. Son categorías históricas y como tales sus significados han variado de acuerdo a la época y también a los contextos. Archila clasifica los siguientes niveles de distinción: Espacial: Es el referido al origen topográfico y horizontal de la categoría, dependiendo de la ubicación durante la instauración de la Convención Nacional Francesa. Temporal: Aquí la izquierda es lo revolucionario, moderno, depositario de lo nuevo, utópico y joven; en cambio la derecha lo contra-revolucionario o reaccionario, lo tradicional, lo pasado, realista y viejo. Científico-cultural: Ser de izquierda implica ser materialista y racionalista ante una derecha idealista ligada a un pensamiento mítico. En el campo de la ética, según Sartori, la “izquierda es hacer el bien a los demás, la derecha el bien para si”, o sea, la distinción está “entre interés general e intereses particulares”. Ideológico: Hay ideología de derecha y de izquierda como concepciones del mundo. La revolución vs la reacción. La izquierda sería la identificada con el socialismo y la derecha con el capitalismo. El poder: La derecha conserva y la izquierda cambia. Está distinción también expresa una diferencia clave dentro de la izquierda misma que se traduce en reforma o revolución, también involucra otros problemas recurrentes en la izquierda como las formas de lucha, las vías de la revolución, la concepción misma de poder y su relación con el Estado.

Lo público. La izquierda en su tradición enfatiza lo colectivo y la solidaridad, la derecha lo individual y el egoísmo, aspecto relevante en la sociedad capitalista basada en la propiedad privada. Representación de clase: Un extremo representa la clase obrera en alianza con los campesinos y los sectores populares y el otro, la derecha, a las clases reaccionarias, la burguesía y los terratenientes. Lo que cada bloque representa no son las clases de carne y hueso, sino sus intereses.

Con estos niveles de distinción se facilita una caracterización sobre la izquierda en contraste con la derecha; sobresaliendo la distinción hecha por Norberto Bobbio (Bobbio, 1995) adoptada por Mauricio Archila y muchos otros autores y círculos políticos, en la cual, el punto central de la diferencia es la opción de la izquierda por la igualdad - no el igualitarismo. Al optar por la igualdad y no por la libertad como punto de distinción resurge la crítica que reclama a la izquierda la defensa de una democracia que implique no solo la igualdad, sino también la garantía de la libertad. La reacción a esta separación entre libertad e igualdad encontraría como alternativa integradora lo que Alex Callinicos denomina egaliberté, que traduce equilibertad. Otro punto, según Archila, que no alcanza a incluir Bobbio en su diferenciación es la ampliación de la idea de igualdad más allá de la connotación de clase, en perspectiva de una “igualdad en la diversidad y la diferencia”, opción que en su criterio distingue a la “nueva” izquierda de la “vieja”, y, a la vez, de la derecha, que se queda en la reivindicación de la homogeneidad. En síntesis, lo sobresaliente desde la perspectiva de este análisis en la distinción derecha - izquierda, es el principio de la igualdad, articulado con el de la libertad y el de la diferencia.

Ya en el campo propiamente político, existen otros niveles de caracterización o distinción de la izquierda, en gran medida coincidentes entre varios autores durante los últimos años. Como muestra de ello, se transcriben los diez ejes de conflicto o de antagonismo político




que señala Manuel Alcántara, catedrático de la Universidad de Salamanca, en la introducción de su texto La escala de la izquierda:

1. Libertad frente a igualdad, siendo la igualdad en mayor medida patrimonio de la izquierda y la libertad de la derecha. (Esta es la distinción hecha por Bobbio)

2. Autonomía individual frente a colectivismo, donde las posturas favorables a la autonomía individual estarían más identificadas con la derecha y lo colectivo con la izquierda, aunque esta poco a poco se ha ido apropiando de reclamos individualistas.

3. Monocultura frente a multiculturalismo, siendo la defensa de la multiculturalidad sobre bases lingüísticas, étnicas y de género un valor en alza en la izquierda, frente a las visiones más homogeneizadoras de la derecha.

4. Desarrollo insostenible frente a ecologismo. La apuesta por el desarrollo entendido como crecimiento a cualquier precio es una posición clásica de la derecha, mientras que la reivindicación del desarrollo sostenible y cuidadoso del medio ambiente es un nuevo valor de la izquierda.

5. Clericalismo frente a laicismo. El rol privilegiado de la Iglesia como orientadora moral y educativa constituye un valor de la derecha, mientras que la izquierda reivindica la separación real y efectiva de la Iglesia y el Estado.

6. Mercado frente a Estado, una diferenciación clásica que ubica a la derecha como defensora del libre comercio y a la izquierda a favor de un mayor intervencionismo estatal.

7. Democracia representativa frente a democracia participativa, en donde la izquierda es más proclive a esta última, ya que considera que la sociedad debe representarse a sí misma, mientras que la derecha sostiene una posición de mayor frialdad institucional ante las instancias participativas.

8. Partido político frente a movimiento social. La izquierda reivindica el papel de los movimientos sociales como ámbitos de expresión más auténtica y menos mediatizada, frente a la apuesta por la institucionalización organizada de la derecha a favor del partido.

9. Librecambismo frente a nacionalismo económico. La derecha reivindica los tratados de libre comercio, fundamentalmente, aunque no solo, con Estados Unidos, mientras que la izquierda plantea el retorno a patrones nacionalistas o el desarrollo de nuevos esquemas regionales.

10. Antiglobalización frente a internacionalización de la globalización. Paradójicamente, la internacionalización, antes una bandera de la izquierda, hoy es un estandarte de la derecha, al tiempo que la izquierda se identifica con los postulados contrarios a la globalización. (Sáez, 2008, págs. 73,74)




Demetrio Boersner, político de la IV república, internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, a su vez resalta los siguientes rasgos que definen y caracterizan a la izquierda en el mundo:

1. Una identificación con los intereses generales o «históricos» de las clases trabajadoras y populares, incluidas las capas medias de condición modesta, y la convicción de que la defensa de dichos intereses no debe hacerse por vía paternalista, sino mediante luchas y presiones organizadas de «los de abajo» contra «los de arriba» que, como grupo, no renunciarán voluntariamente a privilegios incompatibles con la equidad social.

2. La aceptación dialéctica de la democracia liberal o «burguesa» como etapa histórica en el avance humano que, no obstante su «agotamiento» o sus arcaísmos, ha creado valores de libertad, igualdad y solidaridad siempre válidos, y que deben ser defendidos a todo trance contra retrocesos autoritarios o fascistas.

3. La propuesta de ampliar la democracia del ámbito meramente político y formal al de las relaciones económicas, sociales y culturales, para que sean regidas por los intereses históricos de las mayorías. Con esa finalidad, se propone la modificación, o sustitución, de la economía de mercado capitalista, y el sometimiento del proceso de producción a mecanismos de control y planificación social manejados con criterios, no sólo de producción eficaz, sino también de equidad distributiva.

4. El internacionalismo y la solidaridad entre pueblos en lucha por su emancipación nacional y social, el rechazo a la guerra y el armamentismo, una profunda fe en la igualdad y hermandad de etnias y culturas y en la posibilidad de una futura democracia universal.

5. El internacionalismo esencial de la izquierda no excluye, de ningún modo, el apoyo e incluso el liderazgo de movimientos de liberación nacional dirigidos contra casos específicos de dominación imperial o colonial, siempre que se evite toda actitud chovinista contra el pueblo de la potencia imperial a la que se combate, sino más bien se enfatice la conveniencia de buscar la amistad y comprensión de éste en contra de los factores de opresión. Los clásicos del socialismo inicialmente pensaban que el colonialismo y el «imperialismo liberal» tenían un contenido progresista porque destruían formas sociales arcaicas y, al globalizar la economía capitalista, preparaban la revolución obrera mundial.

Sin embargo, a partir de las rebeliones anticoloniales de China, India e Irlanda entre 1855 y 1867, Marx y Engels entendieron la importancia del movimiento anticolonialista o de liberación nacional como indispensable fuerza auxiliar de la clase obrera de los centros industriales en la lucha contra el poder capitalista.

Esa estrategia de alianza entre el socialismo y el nacionalismo antiimperialista fue desarrollada más adelante en todas sus dimensiones por Lenin y el movimiento comunista, así como por la socialdemocracia de inspiración tanto kautskiana como austromarxista. Los clásicos señalaron que, para llegar al pleno internacionalismo, hay que pasar por etapas nacional-liberadoras previas.




Estas ideas siempre han sido claras para la mayor parte de la izquierda en América Latina, y el planteamiento «nacionalrevolucionario» forma parte esencial de sus programas de lucha en nuestra región.

6. Por último, un elemento importante en el desarrollo de la izquierda en escala mundial, ha sido su necesidad y determinación de deslindarse de movimientos populistas autoritarios o bonapartistas y de denunciarlos y combatirlos. Desde Napoleón III hasta los fascismos del siglo XX y los militarismos populistas de América Latina, la izquierda lucha por impedir que las masas populares renuncien a su autodeterminación y a una acción movilizada desde abajo, para seguir dócilmente al caudillo carismático. (Boersner, 2005, págs. 100,103)

Desde otra perspectiva, que muy poco incluyen los investigadores revisados, el profesor Sergio de Zubiría Samper, enuncia algunas visiones de lo que se puede comprender por izquierda, resaltando las miradas clásicas de Lenin y Gramsci como exponentes representativos de una tradición en el pensamiento crítico del siglo XX. Zubiría lo sintetiza en los siguientes términos:

“De Lenin heredamos el legado de una tradición de izquierda, que plantea la necesidad de un claro contenido anti-capitalista en todo programa emancipatorio y la preocupación incesante por la conformación cuidadosa de la conciencia de clase socialista y comunista. Inaugura tres ejes de intensa discusión en la tradición crítica desde el siglo XX: la apropiación por las masas de la teoría socialista para convertirla en poder material, la naturaleza del partido revolucionario y el tipo concreto de educación política para la emancipación”.

Esta perspectiva anti-sistémica alimenta una intensa tradición de debate en la izquierda con autores como Rosa Luxemburgo y León Trotsky, sobre temas ya clásicos como: reforma y revolución y la democracia socialista. En cuanto Gramsci resalta:

“ (sus) aportes a la tradición de la izquierda occidental son invaluables y demarcan una tradición que otorga al pensamiento político unas marcas indelebles: la relevancia de la teoría del poder y la hegemonía en los procesos de transformación social; la presencia necesaria de las dimensiones educativa, cultural, moral e ideológica en las luchas políticas contemporáneas; la compleja distinción entre “sociedad política” y “sociedad civil” y la preeminencia de esta última en las condiciones de las transformaciones actuales”. (Zubiría, 2007).

En suma, es imposible dejar de reconocer que las categorías derecha - izquierda siguen estando activas y vigentes en el medio académico y político latinoamericano y mundial. Ser de izquierda a inicios del siglo XXI mantiene su validez e implica una apasionante tarea de reconstrucción ideológica y política que cuenta con un escenario privilegiado en la realidad actual del continente.




Algunas cuestiones sobre la nueva izquierda latinoamericana

Después de reseñar los factores más destacados que han favorecido el surgimiento de la nueva izquierda y algunas precisiones sobre el significado de la categoría en general, se presentan a continuación algunos núcleos de debate que se logran identificar:

a. La nueva izquierda: ¿Fenómeno coyuntural o tendencia histórica?

Una tesis fuerte es la que defiende los cambios políticos que se viven en América Latina como una tendencia histórica y no simplemente como un fenómeno coyuntural. Su manifestación tiene raíces profundas en la prolongada crisis de la región y los fracasos de varios moldes de control y dominación imperialista. No son simples o casuales cambios electorales por agotamiento de las versiones tradicionales. Por el contrario, son la reacción a las crisis económicas, políticas y sociales acumuladas en las sociedades del continente, lideradas por sujetos del campo popular que han sabido canalizar el descontento y el inconformismo por la vía electoral. Lo que no significa que estas experiencias sean imbatibles, todo lo contrario, sus propias limitaciones y contradicciones indican que también se agotan y deberán asumir duras pruebas de cara a la superación definitiva de las inequidades, que a pesar de ellas sobreviven, sino quieren perecer en el intento, ahogados en fórmulas posibilistas.

Todo dependerá entonces, de varios factores internacionales y nacionales, difíciles de predecir, enmarcados en una fuerte lucha de clases. En palabras de Beatriz Stolowicz, asistimos a una creciente recomposición de la capacidad de resistencia al neoliberalismo y hay que hacer énfasis en la capacidad de construir una fuerza política suficiente que mantenga los cambios.

“El accionar político de izquierda es mucho más vasto que la disputa electoral. (…)Sin embargo, la probabilidad de convertir esos avances electorales en posibilidades de cambio de la realidad latinoamericana actual no se reduce a tener numerosas representaciones parlamentarias o ganar gobiernos municipales y hasta nacionales. Éstos también dependen de la gestación de una fuerza política suficiente, es decir, de una voluntad colectiva organizada capaz de cambiar las relaciones de poder con las que el capitalismo neoliberal se reproduce en todos los ámbitos de la vida social”. (Stolowiicz, 2004, pág. 4)

En está misma dirección sobre las perspectivas de los procesos de la nueva izquierda, Roberto Regalado afirma:

“la pregunta es hasta qué punto cada fuerza de la izquierda que accede al gobierno acepta ejercerlo como un fin en si mismo, y en qué medida está decidida a quebrar la hegemonía neoliberal. (…) de esta historia viva que, con sus virtudes y defectos, con sus aciertos y errores, escribe día a día la izquierda latinoamericana de carne y hueso, es que nacerá ese otro mundo posible que demandan nuestros pueblos”. (Regalado, Los gobiernos de izquierda en América Latina, 2008, págs. 45,47)




b. ¿Dos izquierdas o las izquierdas latinoamericanas?

Este núcleo de discusión surge de la tendencia a encasillar fenómenos políticos o sociales, en este caso a la izquierda latinoamericana, en marcos de análisis o referencia bastante estrechos. Muchas de estas valoraciones provienen de reconocidos ex izquierdistas, entre ellos, sobresalen el ex canciller mexicano Jorge Castañeda con sus tesis de una izquierda “pragmática”, “sensata” y “resignada”, y otra, “demagógica”, “nacionalista” y “populista”; o la del el ex-guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, que diferencia entre la “izquierda religiosa” y la “izquierda radical.

Como ilustración, precisemos lo que plantea otro ex izquierdista, Teodoro Petkoff, en su texto precisamente titulado Las dos izquierdas. Según él, por un lado estaría la izquierda identificada con el reformismo avanzado, moderna y democrática, que “compatibiliza la sensibilidad social con la comprensión de que las transformaciones en la sociedad pasan por el desarrollo económico con equidad y por el fortalecimiento y profundización de la democracia”. En esta versión clasificarían los presidentes Lula, Kirchner y Tabaré. La otra corriente, a la cual se refiere despectivamente, es la señalada como la izquierda borbónica, conservadora y no democrática, representada por los gobiernos de Venezuela, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, y lógicamente Cuba, junto a algunos movimientos sociales como los Sin Tierra y los Piqueteros. El principal vaso comunicante y factor cohesivo entre estas dos corrientes sería el rechazo a la política exterior norteamericana, sobre todo la de la era Bush, más allá, las identidades serían mínimas.

Pero hay clasificaciones para todos los gustos. Wilfredo Lozano, dominicano y ex secretario general de Flacso, nos habla de reconocer al menos tres grandes categorías de movimientos políticos de izquierda: Primero la izquierda fundamentalista, caracterizada por la confrontación abierta a la globalización como expresión actual del imperialismo y que asume la democracia como medio, dividida a su vez en dos versiones, una , tipo FMLN, según él, radicalizada, y otra, cercana a los nuevos tiempos, identificada con el zapatismo del sucomandante Marcos. Otra sería la izquierda populista5, que acepta los riesgos de la globalización, asume la democracia y es clientelista; ubica aquí a Chávez y a Evo Morales. La última versión, es la de la izquierda reformadora que le apuesta a la democracia y decide aceptar los riesgos de la globalización, evitando entrar en choque con la derecha conservadora. Esta opción acepta el neoliberalismo y reconoce sus limitaciones en el campo social; aquí ubica a la Concertación chilena y al PT de Brasil.

El punto central de la distinción estaría entonces en el ámbito político, “pues mientras el fundamentalismo de izquierda asume la democracia como un medio, y el populismo izquierdista no la define en términos de las instituciones que caracterizan dicho régimen, solo la izquierda reformadora sostiene una perspectiva de la democracia como un compromiso institucional y ciudadano” (Lozano, 2005). La tesis central es bastante polémica, al limitar a la izquierda a la defensa de la llamada gobernanza democrática,

5 A propósito de esta clasificación, vale la pena resaltar el texto de Ernesto Laclau, profesor de la Universidad de Essex, Reino Unido, “La deriva populista y la centro izquierda latinoamericana” (Laclau, 2006) que ayuda a entender la categoría populismo utilizada comúnmente con un sentido peyorativo. Él es enfático al afirmar que “Si hay un peligro para la democracia latinoamericana, viene del neoliberalismo y no del populismo”.




aceptando con “realismo” las incertidumbres de la democracia, o sea, las reconocidas “imperfecciones” que mantienen la exclusión.

La tesis de las dos opciones, es igualmente utilizada desde el campo de la izquierda, contribuyendo a reducir el debate y convirtiéndolo en un puro recurso de confrontación ideológica. Es por esto que en una visión crítica, autores como el sociólogo ecuatoriano Franklin Ramírez Gallego ejerce un cuestionamiento y entra a descalificarla al afirmar que:

“Para comprender con mayor rigor el ascenso de las izquierdas en América Latina se requiere, por el contrario, explorar los particulares contextos de su emergencia, los bloques de poder sobre los que se apoyan y los márgenes de maniobra que dejan las herencias institucionales forjadas en el largo periodo neoliberal. Hacerlo permitirá verificar que en América Latina no solo coexisten más de dos izquierdas, sino que ellas comparten un conjunto de procesos y propuestas que autorizan a hablar de un ciclo político común”. (Gallegos, 2006).

Desde esta óptica, más que limitarse a reconocer dos o más tipos de izquierdas en los procesos políticos que vive el continente, lo importante sería reconocer y analizar las especificidades de cada uno de ellos, sus circunstancias históricas, las configuraciones económicas, políticas y sociales; la conformación de los nuevos sujetos transformadores que han emergido; sus formas organizativas y de lucha; cada uno, con dosis admirables de autenticidad, favoreciendo una mirada más integral de los fenómenos sociales y políticos que se encuentran en marcha, sobreponiéndose al molde simplista de encasillarlos dentro de categorías instrumentales como “modernos” o “radicales”. Seguramente, esto implique esfuerzos mayores, pero también, más certezas en el análisis y las conclusiones de los sucesos.

c. ¿Reforma o revolución?

Esta diferencia clásica del debate del movimiento comunista internacional sigue siendo muy vigente en varias elaboraciones sobre la izquierda latinoamericana. Es un núcleo de debate valido en la medida que para autores como Roberto Regalado, después de hacer un interesante recuento de las luchas políticas del continente durante el siglo XX, en especial del papel de la dominación imperialista estadounidense y su adecuación después del fracaso de la URSS, concluye ilustrando una contradicción que la justifica: “tarde o temprano, el contenido popular y la “envoltura” capitalista de los procesos políticos desarrollados hoy por la izquierda latinoamericana entrarán en una contradicción insostenible: solo una transformación social revolucionaria, cualesquiera que sean las formas de realizarla en el siglo XXI, resolverá los problemas de América Latina”.

Su tesis, desde un análisis marxista de la lucha de clases, parte de asumir que el actual proceso de democratización no representa una apertura de espacios a la reforma progresista del capitalismo, posible, según la experiencia histórica, únicamente en los lugares donde es compatible con el proceso de reproducción del capital, circunstancia inexistente en el continente; por lo tanto, los actuales procesos tienen que ver más con una nueva forma de imposición imperial que utiliza un nuevo concepto de democracia, la democracia neoliberal, capaz de “tolerar” a gobiernos de izquierda, siempre que se comprometan a




gobernar con políticas de derecha. Esta reestructuración en la estrategia de dominación pasa por al menos tres pilares: el pilar político, derivado del fin de la “bipolaridad”, que se encuentra atado a la “democracia representativa” como única forma de gobierno aceptable y legitima para la región, lo que conllevaría al aislamiento del país que no la adopte como sistema de gobierno; el pilar económico, mediante la imposición de tratados de libre de comercio regional o bilaterales, y el pilar militar, mediante el aumento de la presencia armada directa o el control sobre las fuerzas de la región, bastante evidente con la imposición de las bases militares en Colombia y con la activación de la IV flota de la armada estadounidense.

Un primer balance general presentado por el autor, indicaría que la camisa de fuerza que han querido imponer las elites tuvo que enfrentarse a las resistencias de las fuerzas populares, colocando en aprietos las premisas de la “gobernabilidad democrática”. (Regalado).

Pero para otros autores como Boaventura de Sousa Santos, con su propuesta de construcción de pluralidades despolarizantes para fortalecer la acción colectiva de la nueva izquierda latinoamericana, (Boaventura de Sousa Santos, 2005) este tipo de temas como el socialismo, el papel del Estado y reforma o revolución, son improductivos. Lo productivo en la izquierda, según él, deben ser las cuestiones que tengan consecuencias directas en la concepción y el desarrollo de la acción colectiva como lo sería: el Estado como aliado o como enemigo; las luchas locales, nacionales y globales; la acción institucional, la acción directa; las luchas por la igualdad y por el respeto a la diferencia.

Reforma o revolución desde esta perspectiva, es una cuestión polarizadora por su pasado e irrelevante para el presente y futuro próximo. Lo que propone Boaventura es dejar el tema en un estado de suspensión, traducido en aceptar que las luchas sociales nunca son esencialmente reformistas o revolucionarias. Plantea que se han presentado cambios en los conceptos durante las tres últimas décadas, convirtiéndolos en poco fiables como principios orientadores de la acción social.

Los Gobiernos de la Nueva Izquierda

Uno de los indicadores más importantes sobre las limitaciones y posibilidades de la nueva izquierda tiene que ver con el balance de las administraciones municipales o nacionales que han estado a su cargo. Al respecto, sobresalen los textos de Beatriz Stolowicz con la participación de profesionales de Cuba, Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, México, Colombia y Chile, dedicados al balance político de las mismas6. También se encuentran textos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y algunos artículos en revistas de análisis político como Nueva Sociedad. A nivel nacional, sobresale el dossier dedicado al aspecto electoral que hace parte del cuaderno No. 4 de estudios

6 Los dos textos a los que se hace referencia son: Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio, México, Plaza y Valdés, 1999. Y, Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político, Bogotá, Ediciones Aurora, 2007.




latinoamericanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Externado, y algunos textos de la revista Colombia Internacional en su edición No. 66, producida por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

El balance en sí mismo es un campo de batalla político e ideológico entre las fuerzas que se disputan el control de los gobiernos. Abarca desde posiciones totalmente descalificadoras, pasando por quienes se limitan a diagnósticos cuantitativos parciales, hasta quienes prefieren, como beneficiarios de los mismos, no discutir nada, porque hacerlo, implicaría entrar en el juego de la derecha.

En esta oportunidad se quiere resaltar el enfoque propuesto por la profesora Stolowicz, coincidente con otros autores ya mencionados como Atilio Borón y Emir Sader. El punto de partida de esta perspectiva ubica a los gobiernos de la izquierda dentro de las limitaciones impuestas por el modelo hegemónico de la “democracia gobernable”, concebida como la realización histórica más conservadora de la democracia liberal, que “Sustrae a la economía del debate político bajo el supuesto de que éstas son decisiones incontrovertibles del mercado y, más aún, de la “globalización” que es presentada como una fuerza metafísica ajena a las relaciones de poder. Haya o no “consenso estructural”, la derecha liberal impone como consenso que nadie puede torcer el derecho impuesto por el mercado. (Stolowicz, 2004, pág. 9).

Esta circunstancia es contradictoria, porque a la vez que la crisis del modelo de democracia liberal conlleva al descontento y a la construcción de alternativas políticas identificadas con la nueva izquierda, ésta, no ha podido salirse del molde heredado; pareciera ser que “esas son las reglas de juego a que debe someterse la izquierda para ser aceptada por el sistema con el status de pares respetables. El sometimiento incluye chantajes y presiones, cooptaciones mediante prebendas, y la interiorización de las concepciones liberales - conservadoras de la política.” (Stolowicz, 2004, pág. 9)

Desde esta visión crítica no se desconocen los avances obtenidos por los nuevos gobiernos en materia social, democratización de la riqueza o recuperación de la autonomía frente a los poderes externos con impactos positivos en la vida de millones de ciudadanos, sobre todo, en los más excluidos. A pesar de ello, no dudan en evidenciar preocupaciones latentes como el poder de chantaje o condicionamiento de los mercados y del gran capital sobre gobiernos con economías muy débiles; el alejamiento progresivo de los movimientos sociales y de los sectores populares que sirvieron de base para la llegada a los gobiernos; las imposiciones de los tecnócratas, heredados de administraciones anteriores, como principales referentes a la hora de la toma de decisiones; la amenaza directa del imperialismo mediante antiguos y nuevos instrumentos de saboteo y desestabilización, y sobre todo, la ausencia de fuerzas políticas organizadas que contribuyan a ejercer una labor de control y ajuste permanente.

Pero todas estas amenazas y circunstancias propias de un proceso de cambio histórico, con flujos y reflujos, si no se saben enfrentar y asumir, tienen un riesgo mayor, el llamado por Atilio Borón como el “posibilismo Conservador”, tesis en la cual, ya en el gobierno las fuerzas que lograron alzarse con triunfos electorales importantes, terminan concluyendo que nada es posible de cambiar y adaptándose a la reglas impuestas por el modelo. (Borón, 2004).




Con este cuadro de los acontecimientos en pleno desarrollo, Beatriz Stolowicz y su grupo de trabajo, opta por un criterio ético de la izquierda para pensar su ejercicio al frente de los gobiernos de América Latina, La izquierda busca “la emancipación humana, que implica necesariamente igualdad social. Ésta es una definición de principio de una opción ética con fundamento racional. Y que en América Latina es indisoluble de la conquista de la independencia y el antimperialismo, de la reconstrucción y defensa e la identidad cultural en su diversidad, (…) Estos fines emancipatorios, igualitarios y liberadores, sólo pueden llevarse a cabo con la consecución y acrecentamiento del poder político, económico, social y cultural de las grandes mayorías.”

Es entonces a partir de ese “deber ser” de la izquierda, desde donde se evalúan las experiencias y la direccionalidad de los gobiernos y procesos, sus avances, obstáculos, posibilidades y dificultades, así como también las acciones de quienes dicen representarlo. Sus avances o retrocesos conllevan serias implicaciones, porque “sin el cambio necesario están comprometidos la vida de millones, los países mismos y esta región pródiga del planeta. Razones poderosas como para afirmar, en consecuencia, que no se es de izquierda tan sólo por así declararse, sino que se es de izquierda por lo que se hace en pos de estas transformaciones y construcciones necesarias. Es así que se llega a ser de izquierda”. (Beatriz Stolowicz (coordinadora), 2007, pág. 15).

La lucha por mantener ese imperativo ético, implicaría evitar que la izquierda, que ha logrado ganar batallas electorales, hasta el momento muy heterogénea en sus orígenes, composición y desarrollo, se institucionalice en ese sistema de la democracia liberal. Algunos síntomas de esa institucionalización se traducirían en la “amplitud” que conlleva al pragmatismo de conquistar votos sin respetar límites, aún con posiciones que pueden llegar a ser contradictorias y hasta antagónicas; o la inclusión en los principales cargos de gobierno de dirigentes reconocidos de la derecha, que de manera abierta representan orientaciones contrarias a la izquierda. El llamado que se hace de la mano de la ética, implica un reclamo para que la izquierda haga valer su voluntad política por el cambio, para que sí se la juegue por él, y desde ésta subjetividad, lidere la construcción de nuevas relaciones sociales, políticas e institucionales de poder.

Otra sugerencia en el análisis es pensar a la izquierda gobernante, la “izquierda realmente existente” en relación con las estrategias de la derecha, pues la izquierda no es inmune a sus tácticas de cooptación mediante sus fórmulas posliberales que critican al neoliberalismo y proponen ir más allá de él, pero sin tocar el capitalismo mediante el llamado “consenso posliberal” que conlleva, por ejemplo, a ciertos sectores de izquierda a pensar que por haber sido aceptados en el sistema representativo, los cambios institucionales son posibles sin importar la correlación de fuerzas sociales; en consecuencia, en la medida que sube la fuerza electoral de la izquierda, disminuye su presencia y capacidad de movilización social, siendo progresivamente más importante el acercamiento al mundo empresarial que el fortalecimiento del actor popular que los llevó al gobierno. Otro anzuelo es la desarticulación ideológica de la izquierda para entrar en el juego de atraer la mayoría de votos posibles, mediante la atracción del “centro”, lo que implica aceptar que los cambios que propone serán dentro del capitalismo, sin aclarar si es porque no existen las condiciones suficientes para ir más allá, por ahora, o porque definitivamente se ha renunciado a construir un proyecto anticapitalista de sociedad.




Otro aspecto interesante del análisis es la referencia crítica al discurso de lo social como el elemento distintivo de los gobiernos de izquierda. Y no hay duda que donde gobierna la izquierda la mayoría de la gente tiende a vivir mejor y el gasto social es significativamente mayor al de los gobiernos de la derecha, pero, no hay que pasar por alto, que la derecha también hace esfuerzos en lo social y por lo tanto, no toda política social va dirigida a generar las transformaciones necesarias.

En consecuencia, lo esencial desde ésta visión serían las realizaciones que logre materializar la izquierda, no perder la perspectiva de los cambios y actuar, a pesar de los contextos impuestos por el molde de la democracia liberal y sus condicionamientos económicos, por construir una nueva correlación de fuerzas hasta lograr las transformaciones antisistémicas que son necesarias.

Es ésta una perspectiva revolucionaria que asume que no es un momento para revoluciones y por lo tanto es realista el “gradualismo político” (Stolowicz, 2004) o el llamado reformismo, como posibilidad para avanzar (Borón, 2004), más no se debe, como lo recuerda Atilio Borón, confundir la necesidad con virtud y renunciar a la exigencia ética y política de la izquierda de luchar por transformar la realidad, deponiendo por anticipado las armas en medio de la batalla.

“De modo que nadie crea que al hablar de reformas se piensa en un debate cortesano y caballeresco acerca de los bienes públicos. Quien invoca a la reforma en América Latina conjura en su contra a todos los monstruos del establishment. En América Latina el camino de las reformas está lejos de ser un paseo por un prado rebosante de flores”. (Borón, 2004, pág. 8).

Hasta aquí queda expuesta una mirada sobre las características y los desafíos de la nueva izquierda y sus gobiernos, que compagina también con lo planteado por Emir Sader y su Nuevo Topo. Emir Sader advierte a la nueva izquierda que debe estar preparada para una “disputa hegemónica prolongada”, la cual, no será ni sometimiento a las burguesías dominantes -como ocurrió durante el periodo reformista-, ni eliminación del adversario -como en la clásica forma de la lucha insurreccional armada-; lo que él sugiere es un “reposicionamiento de la disputa hegemónica como guerra de posiciones en el sentido gramsiano, pasando por la conquista de gobiernos, por programas que reviertan los procesos mercantilizadores y retomen la capacidad reguladora y de implementación de medidas sociales por parte del Estado, que impulsen la recomposición de sujetos sociales antineoliberales y anticapitalistas y, en una etapa posterior, a partir de un Estado refundado, cristalicen la nueva relación de fuerzas y de poder entre los grandes bloques sociales” (Sader, El Nuevo Topo, los caminos de la izquierda latinoamericana, 2009, pág. 195).




El PDA: la nueva experiencia unitaria de la izquierda colombiana

La izquierda en Colombia irrumpe como una fuerza política con identidad propia a partir de las primeras décadas del siglo XX, en el contexto de la expansión de las ideas socialistas después de la revolución rusa de 1917; la caída de la hegemonía conservadora y el proceso modernizador capitalista, impulsado por la Revolución en marcha bajo la administración de López Pumarejo. En una primera etapa, estuvo dominada por la presencia del Partido Comunista de Colombia (Medina, 1980), y se fue diversificando en la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de nuevas organizaciones influidas por experiencias de otros países, o como reflejo de divisiones del movimiento revolucionario internacional, además de las circunstancias propias de la lucha política colombiana.

Su presencia se desarrolló entre la naciente clase obrera, la intelectualidad progresista, el campesinado y los movimientos populares de diversa índole, que fueron emergiendo en las luchas urbanas durante el transcurso del siglo XX. Su actividad, con muy pocas excepciones, se ha ubicado en el campo de la oposición y la resistencia al régimen bipartidista, impuesto desde las elites económicas y las clases dominantes, mediante métodos diversos, que incluyen desde el uso de la violencia, hasta las cooptaciones de sus principales organizaciones y dirigentes.

Las experiencias de alianza o procesos de unidad más representativos de la izquierda que sobresalen en el transcurso de su historia son: el Frente Unido del Pueblo (1965); la Unión Nacional de Oposición, UNO (1972-1975); la Unión Patriótica (1985-1994); la AD-M19 (1991-1995); el Frente Social y Político (1999-2002) y el Polo Democrático Alternativo (2005). Esto no significa que sean las únicas experiencias unitarias en la historia de la izquierda colombiana; sería muy larga la lista de siglas con los nombres de todos y cada uno de los esfuerzos realizados, una buena parte de ellos, muy esporádicos y con poca trascendencia política. Igual hay que registrar, que desde campos distintos al estrictamente político partidario, la izquierda ha constituido otros procesos de alianzas como la Central Unitaria de Trabajadores, en el movimiento sindical, o la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar entre las guerrillas (Vásquez, 2007).

Cuantitativa y cualitativamente, cada experiencia o periodo merecería un análisis particular, por lo tanto, no es aconsejable caer en las generalizaciones que reducen los fenómenos a hechos o protagonistas aislados de las circunstancias y los contextos. Autores como Gerardo Molina, Medófilo Medina, Ricardo Sánchez, Mauricio Archila, Fabio López, Orlando Fals Borda y Eduardo Pizarro, entre otros, y desde diversos enfoques ideológicos, han contribuido a la historiografía de la izquierda colombiana, donde es justo reconocer, existe todavía un vasto campo por explorar para la investigación social.

En lo que respecta al PDA específicamente, su relevancia surge, en primer lugar, de la amplitud y la diversidad de corrientes que logran reagruparse a pesar de sus diferencias a partir de los acuerdos firmados en 2005. El Polo, como proceso de convergencia, se constituye en la expresión de una necesidad histórica que reclamaba




superar la tradición de dispersión de las fuerzas de la oposición, pertenecientes a casi todas las tradiciones de la lucha de la izquierda, a la vez que se constituía en el paraguas perfecto para enfrentar las exigencias impuestas por la reforma política del 2003. En segundo lugar, y como resultado de esa unidad, el PDA logró convertirse en un referente político nacional, más que organizativo, logrando obtener los mayores éxitos electorales de toda la historia de la izquierda colombiana, muy por encima de las experiencias de la AD-M-19 a inicios de los noventa y de la Unión Patriótica en la segunda mitad de los años ochenta7.

Esta nueva etapa de la política de unidad y alianzas en la izquierda colombiana, representada en el PDA, con sus antecedentes más inmediatos en el Frente Social y Político, el Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática, ha transcurrido en un periodo muy corto, y por lo tanto, todavía son pocas las elaboraciones que al respecto se puedan ubicar. Sobresalen los aportes de algunos dirigentes políticos del propio PDA, construidos al calor de la militancia y consignados en las revistas o documentos políticos de las organizaciones y tendencias que lo componen8. También, desde esta misma perspectiva, han sido producidos ciertos textos que abordan el debate de la unidad de la izquierda en la última década, sobresaliendo los libros de Luis Sandoval (Sandoval, 2009), Alfredo Holguín (Holguin, 2007), Orlando Fals Borda, Ricardo Sánchez y Jorge Gantiva (Orlando Fals Borda, Ricardo Sánchez, Jorge Gantiva, 2003) que se complementan con algunos cuadernos de debate producidos oficialmente por el PDA.9

En un campo más académico, vale la pena destacar algunas ponencias del Seminario Internacional Marx Vive, en su quinta versión (Jaime Caycedo Turriago, Jorge Gantiva Silva, Mario Aguilera Peña, Nelson Raul Fajardo Marulanda, Luis Humberto Hernández, Ivan David Ortiz Palacios, 2008, págs. 307-403); el análisis de Cesar Rodríguez Garavito incluido en el libro “La Nueva Izquierda en América Latina” del editorial Norma (Garavito, 2004, págs. 191-238); el ensayo de Érica Rodríguez-Pinzón sobre la “nueva izquierda” en Colombia (Rodríguez-Pinzón, 2008, págs. 109-118); la ponencia del profesor Jairo Estrada, en el libro sobre un balance político de los gobiernos de izquierda en el continente (Beatriz Stolowicz (coordinadora), 2007, págs. 285-321), el articulo de Juan Carlos Rodríguez Raga en la revista Colombia Internacional, No.66 sobre los rasgos sociodemográficos del espectro ideológico del país (Raga, 2007, págs. 184-193) y el reciente texto del profesor Jaime Caycedo Turriago, en la compilación América Latina hoy ¿Reforma o revolución? , del editorial Oceansur (Turriago, 2009, págs. 157-180).

También es importante reseñar que como tema de investigación, el PDA y la última etapa de la izquierda en el país, ha sido abordado en algunas monografías de estudiantes de pregrado o postgrado con ejercicios interesantes de política comparada y de análisis

7 Sobre la experiencia electoral del PDA se sugiere consultar el análisis de Constanza Sánchez y William Pérez en el Dossier que sobre el giro a la izquierda de América Latina en las elecciones, presenta el Cuaderno de Estudios Latinoamericanos No. 4 de la Academia Diplomática San Carlos y la Universidad Externado de Colombia. (Constanza Sanchez y William Pérez, 2008)8 Vale la pena resaltar un número variado de artículos de análisis en revistas como CEPA, TALLER, DESLINDE, orientadas por corrientes y organizaciones integrantes del PDA. 9 A la fecha se han producido cinco cartillas distribuidas masivamente y de fácil consulta en la dirección electrónica: http://www.polodemocratico.net/-Documentos-




http://www.polodemocratico.net/-Documentos-

específico en algunos campos de su desarrollo.10 Una referencia más detallada sobre el PDA escapa a los objetivos propuestos para el presente texto. A pesar de ello, es conveniente dejar enunciados algunos temas a partir de los cuales se están abordando los estudios, análisis y debates:

a. Los factores económicos, políticos y sociales que explican el surgimiento de los nuevos procesos de unidad en la izquierda colombiana En este aspecto, más allá de los factores coincidentes con las demás experiencias de la región latinoamericana alrededor de los efectos del neoliberalismo, las crisis económicas y sociales, y la quiebra de los partidos tradicionales, entre otros; el PDA emerge dentro de un contexto nacional propio, de guerra interna, donde la derecha retoma la iniciativa en la conducción del país y trata de perpetuarse con un rediseño del modelo reaccionario sustentado en las tesis de la guerra contra el “terrorismo” y la profundización del modelo neoliberal.

b. La evolución y la experiencia de la unidad de la izquierda. Aquí se aborda el análisis sobre las diversas formas y alianzas que durante los últimos años se han configurado, profundizando especialmente en las limitaciones que existen en campos como la articulación con el movimiento social, las prácticas políticas, la construcción de una base organizativa sólida, entre otros temas, reflejados en los debates de los dos congresos del PDA que han transcurrido hasta el momento.

c. Los aspectos programáticos de la izquierda y su papel en la salida a la crisis. En este campo es más clara la identificación de las corrientes internas que subsisten. Unas, abiertamente inclinadas hacia posiciones conciliadoras con el statu quo, para lograr sobrevivir y mantenerse como proyecto político; otras, defienden mantener un perfil propio, “sin sectarismos y sin ambigüedades” en palabras de Carlos Gaviria, que no tema reclamarse de izquierda y presentarse como opción alternativa al proyecto en marcha que se viene imponiendo desde el establecimiento.

d. El balance de los avances electorales y de las experiencias de gobierno. Para muchos éste será el principal indicador que defina las posibilidades a futuro del proyecto unitario de la izquierda. Los debates reflejan que no es claro que en los espacios de gobierno se hayan logrado marcar grandes diferencias con las prácticas de las administraciones tradicionales. Han sido importantes los énfasis en los

10 En la revisión bibliográfica general realizada para la preparación del presente estado del arte, al menos se lograron ubicar las siguientes monografías de Maestría: -Título: El Frente Amplio y el Polo Democrático Alternativo una comparación / Claudia Lucía Rodríguez Quiñones; director Juan Carlos García Hoyos. En: Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana.-Título: El Polo Democrático Alternativo en Colombia entre la nueva izquierda latinoamericana y un proyecto político de personalismos 2008 / Anmadio Alberto López Osorio; directora Consuelo Ahumada Beltrán. En: Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana-Título: Fracciones y tendencias del Polo Democrático Alternativo PDA / Rafael Andrés Sandoval Fernández; director Alberto Enrique Cienfuegos Rivera. En: Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana-Título: Consolidación el Polo Democrático Alternativo como partido de oposición en Colombia/ Adriana Ruth Iza Certuche; director Eduardo Pizarro Leongoo mez. En: Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana-Titulo: Tendencias políticas en América Latina: ¿Democratización de la izquierda o izquierdización democrática? / Lwinnith Giovanna Suárez Plazas; director Rubén Sánchez. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá 2007.




programas sociales, pero estos son insuficientes si se enmarcan en una perspectiva transformadora de la institucionalidad.

Al igual que en el resto de América Latina, en Colombia el futuro de la izquierda no dependerá exclusivamente de los éxitos electorales, sino de la consecuencia con las ideas de la transformación social que dice representar. Todo indica que sus experiencias de gobierno y su práctica parlamentaria se agotaron y es necesario ir más allá; el PDA entra en una nueva etapa definitiva para su sobrevivencia, seguramente habrá nuevos desprendimientos y nuevos reagrupamientos, en un contexto de desgaste del bloque de la derecha que quiere perpetuarse, sirviendo de base al intervencionismo estadounidense en la región. Hay que espantar el regreso de los fantasmas de la desunión y la dispersión, recuperando una senda que incluya el protagonismo popular en la primera línea de los cambios, y no las falsas ilusiones que “desde arriba” será posible conquistar la paz y la democracia tan esquivas, que el país nacional continúa anhelando.

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ISSN 1794 - 8193


Alan García y el APRA Derecha disfrazada de socialdemocracia

Pável Alemán Benítez

Investigador Agregado del Centro de Estudios sobre América. Profesor Adjunto de Teoría Sociopolítica por la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU), la Latin American Studies Association (LASA) y la Cátedra Haydeé Santamaría de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

América Latina

Introducción necesaria para comprender al aprismo.

Escribir sobre el sistema de partidos políticos en el Perú contemporáneo implica hacer referencia a su fuerza política más antigua, cuya trayectoria histórica ha estado matizada por las polémicas en torno a su carácter1 y que ameritan otro artículo. El Partido Aprista Peruano (PAP), fundado en 1930, fue la concreción práctica de aquella idea expresada por el líder populista peruano Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924 de crear un frente continental de trabajadores manuales e intelectuales para luchar contra los imperialismos y por la unidad política latinoamericana. El PAP era la vertiente peruana de la Alianza Para la Revolución Americana (APRA) y su fundador lo describiría como un “partido democrático de izquierda”.2 El propio Haya de la Torre estuvo a punto de ser presidente del Perú en los inicios de aquella década y un fraude electoral que favoreció al dictador Sánchez Cerro lo impidió, dando paso a la búsqueda del poder por la vía armada, fracasada tras la sublevación de sus militantes y de elementos de la armada en Trujillo, ciudad costera del norte peruano e histórico bastión político del aprismo, lo que gravitó negativamente en las relaciones de este partido con las fuerzas armadas peruanas en la mayor parte del siglo XX.

En las décadas siguientes el aprismo partidista transitó paulatinamente de una postura de radicalismo antioligárquico y antiimperialista hacia posiciones conciliadoras con la oligarquía aliada y subalterna a los intereses de las potencias capitalistas. Como rechazo a la llamada Convivencia que existía entre la dirección del PAP y el gobierno derechista de Manuel Prado3, el sector aprista más radical bajo el liderazgo de Luis de la Puente Uceda creó el APRA Rebelde en 1959 y tres años más tarde se transformó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), iniciando una lucha guerrillera a mediados de los años sesenta que aunque fracasó militarmente alimentó la conciencia crítica de los oficiales que junto a Juan Velasco Alvarado protagonizaron la Revolución Militar Peruana desde 1968

1 Jorge Turner: “Notas sobre El antiimperialismo y el APRA”, en Ruy Mauro Marini y Margarita Millán (Coordinadores): La Teoría Social Latinoamericana Tomo I: Los orígenes, Ediciones El Caballito, México D.F., 1994, Pág.67 a 82. Ver también Christine Hatzky: Julio Antonio Mella (1903-1929). Una biografía, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2008, Pág.305 a 319.2 La República: Dossier, Lima, 2 de agosto de 2009, Pág.2.3 En 1962 la progresiva domesticación del APRA le valió estar a las puertas de la presidencia por segunda ocasión, pero las fuerzas armadas ejercieron su poderoso veto y reclamaron la existencia de un supuesto fraude electoral favorable a los apristas. Esto le abrió el camino a Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular a su primera gestión como mandatario. El posterior acercamiento del APRA y AP puede haber sido uno de los móviles menos visibles pero más urgentes para decidir al grupo de oficiales vinculados a Velasco a deponer a Belaúnde Terry en 1968.


Pável Alemán BenítezAlan García y el APRA: Derecha disfrazada de socialdemocracia


hasta finales de los setenta.4 De La Puente Uceda, pese a su origen político, es al mismo tiempo una víctima de la alianza entre el aprismo y los partidos oligárquicos en el legislativo peruano, pues la muerte cruenta que recibió, su decapitación y posterior desaparición de sus restos mortales, pudo ser consecuencia del proyecto de ley presentado por la bancada aprista que establecía “la pena de muerte para todos los insurrectos del 65”.5

Es importante señalar que la animosidad entre el APRA y las Fuerzas Armadas era recíproca, compartiendo por regla general los apristas la oposición al gobierno velasquista junto a la oligarquía. La excepción fue el ex guerrillero mirista Carlos Delgado, ex secretario personal de Haya de la Torre, quien trabajaría en el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), la entidad política que a falta de un partido creó el gobierno de Velasco para establecer una relación eficaz con la población. Aunque Haya de la Torre trataría de establecer un acercamiento con los velasquistas, a quienes consideraba ejecutores de parte de las propuestas históricas del aprismo, llegando a afirmar públicamente:

“...a los que han tomado el gobierno por la fuerza, (…) podemos decirles: los podemos ayudar (…) no se nos califique de partido hostil, hostil no podemos serlo contra un programa del que nosotros somos padres y creadores.”6

Sería el sucesor de Velasco Alvarado, el general Francisco Morales Bermúdez quien daría un giro a la derecha y en 1976 comenzaría a tratar con el PAP un retorno del gobierno a manos civiles.7 Ello le posibilitó a los apristas controlar el proceso constituyente, presidido por Haya de la Torre y donde el joven Alan García ya jugaba un papel protagónico como delfín del fundador del APRA, que tuvo como culminación la aprobación de una Constitución Política en 1979. Sin embargo Haya enfermó gravemente antes de concluir la redacción de la Carta Magna, perdiendo el PAP su mejor opción para la candidatura presidencial en los comicios de 1980 donde resultaría electo por segunda ocasión Fernando Belaúnde Terry.8

4 Patricia Caycho: “El sepulcro escondido”, Caretas No.1889, Lima, 2 de setiembre de 2005, Pág.24 a 31 y 87.5 José Luis Renique: “De la traición aprista al gesto heroico – Luis de la Puente y la guerrilla del MIR”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Vol.15 No.1, Universidad de Tel Aviv, 2004, Pág.111.6 Fragmento de un discurso pronunciado en febrero de 1974 citado en Carlos Reyna Izaguirre: La anunciación de Fujimori. Alan García 1985-1990, DESCO, Lima, 2000, Pág.19.7 Dirk Kruijt: La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar, FLACSO-Mosca Azul Editores, Lima, 1991.8 Julio Cotler: “De Velasco a Belaúnde: el problema de la construcción nacional y la democracia en Perú”, en Pablo González Casanova (Coordinador): El Estado en América Latina: Teoría y Práctica, Siglo Veintiuno Editores, México, 1990, Pág. 349 a 366.




El primer gobierno del APRA: ¿“sólo el APRA salvará al Perú”9?

El voto favorable a un presidenciable aprista en 1985 de casi el 50% del padrón electoral reflejaba un castigo hacia la derecha conservadora responsable de la desacertada respuesta estatal a la violenta irrupción del Partido Comunista de Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) en la escena pública a partir de 1980. Sin embargo, el APRA era corresponsable de haber apoyado con su bancada parlamentaria al sector oficialista de Acción Popular en el Senado cuando propuso que la subversión armada (‘terrorismo’) debía ser considerada como “traición a la patria”.10

La población peruana tuvo la posibilidad de definir un presidente con un discurso clasista (Alfonso Barrantes de Izquierda Unida) o la opción aprista que desde lo nacional y popular aparecía distanciada de la polarización social y a favor de la estabilidad. Cuando Alan García asumió la presidencia por primera vez en 1985 venía rodeado de un discurso progresista y de transformación social que generó expectativas de cambio. Uno de los actores del conflicto armado interno, el insurgente Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), anunció el día de su toma de posesión que no realizaría inmediatamente acciones militares contra este.11 En relación a las amplias facultades que había otorgado el gobierno de Belaúnde a las fuerzas armadas y policiales para reprimir la “guerra popular” de Sendero Luminoso, el nuevo presidente criticaba la sistemática violación de los derechos humanos y de las normas de derecho internacional humanitario que afectaban especialmente a la población civil no combatiente de origen indígena que habitaba en los departamentos andinos. Alan García anunciaba en su primer discurso como mandatario:

“La ley será aplicada con severidad, también para quienes violen los derechos humanos mediante la muerte, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura y por abuso de su función, pues para luchar contra la barbarie, no es preciso caer en la barbarie.”12

Sin embargo, este enunciado a favor de la legalidad en la actuación de las fuerzas militares y policiales en la represión de los actores armados antigubernamentales fue puesto a prueba. El gobierno de Alan mostró rápido una predisposición a calmar la desconfianza histórica de las fuerzas armadas hacia el aprismo autorizando o tolerando los excesos que se cometieron en su primer mandato. Consta que en más de una ocasión las tensiones entre los uniformados y el Ejecutivo estuvieron a punto de desembocar en un golpe de Estado.

Por esa época el PAP se distanció del discurso y creó su propia organización paramilitar, el Comando Rodrigo Franco (CRF), que utilizó para victimar a quienes consideraba partidarios o aliados del PCP-SL, incluyendo militantes de las diversas organizaciones que componían a la Izquierda Unida. Así es como bajo el liderazgo de Agustín Mantilla 9 Consigna política histórica en la militancia aprista.10 Eduardo Toche Medrano: Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional, DESCO-CLACSO, Lima, 2008, Pág.225.11 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO): Violencia política en el Perú 1980-1988, T.I, DESCO, Lima, 1989, Pág.191.12 Comisión de la Verdad y Reconciliación: Informe Final, Sección 2da Tomo III Capítulo 2, Lima, 2003, Pág.5.




Campos, quien sería el Ministro del Interior en el primer gobierno de Alan García, el PAP organizó a partir de 1983 el reclutamiento de estudiantes afiliados al aprismo en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega para crear ‘cuerpos de seguridad’ que protegieran a los líderes del aprismo. A partir de 1985, convencidos de que el marco jurídico era insuficiente para amparar a las fuerzas estatales en su enfrentamiento contra la insurgencia armada del PCL-SL y del MRTA13, estos militantes apristas con la participación minoritaria de elementos de las fuerzas policiales se constituyeron en escuadrón de la muerte amparados de impunidad “pues estos casos siempre se investigaron deficientemente sin que se haya impuesto sanción alguna por los mismos.”14

La debilidad de Alan frente a las fuerzas armadas, tan evidente en las ironías del suplemento humorístico ¡No! Del semanario ¡Sí! que dirigía el periodista César Hildebrant o en los análisis de la revista de DESCO Quehacer, quedó expuesta durante la crisis de los penales en 1986. En el mes de junio de ese año se reunió en Lima el XVII Congreso de la Internacional Socialista (IS), momento aprovechado por los senderistas presos en los diferentes penales limeños para reclamar sus derechos, tomando rehenes en cada centro penitenciario, lo que desembocó en uno de los hechos más sangrientos registrados durante los años más intensos del conflicto armado interno.

La represión desatada por las fuerzas armadas, especialmente por la infantería naval de la Armada Peruana, provocó un amplio rechazo por la ejecución extrajudicial de muchos presos de SL que se rindieron ante la superioridad de los militares. Sólo en años recientes se filtró a la prensa peruana que la ejecución de los prisioneros casi fue sugerida de modo ambiguo por el propio presidente Alan García en una reunión de emergencia del Consejo de Ministros el 16 de junio de 1986. Unos días después el presidente aseguraba que “el orden había sido restablecido y la autoridad restaurada en los penales, a un costo muy elevado de muertos, lo que significa un precedente de cómo debe actuar un gobierno democrático en el marco de la ley, pero con autoridad para restablecer el orden”15 (subrayado mío). El venezolano Carlos Andrés Pérez fue en esas circunstancias el aliado más solícito de Alan García, obrando de vocero ad hoc del gobierno peruano ante los delegados al Congreso de la IS.16 No es de extrañar que autorizara una represión peor: la del “Caracazo” en 1989.

En opinión del periodista peruano Gustavo Gorriti, la matanza acaecida en los penales es un momento cumbre para el PAP y Alan García. Este comprendió que la herencia histórica de lucha armada del APRA no era suficiente capital simbólico, ni como referente para

13 Como cuestión anecdótica habría que apuntar que el líder histórico del MRTA, Víctor Polay Campos, quien guarda prisión actualmente, proviene de una familia aprista. Su padre fue uno de los fundadores del APRA junto a Haya de la Torre. Polay y Alan García fueron compañeros de militancia y de estudios en la juventud. Veinte días antes del traspaso de gobierno de Alan García a Alberto Fujimori, 48 presos del MRTA (incluido Polay) realizaron una fuga espectacular de un penal de máxima seguridad, especulando varias fuentes la posible influencia de los apristas en ese hecho. Pero este detalle nunca fue confirmado y ha sido refutado por varios académicos y analistas de la realidad peruana ante la ausencia de elementos probatorios.14 Comisión de la Verdad y Reconciliación: Informe Final, Sección 4ta Tomo VII Capítulo 2, Lima, 2003, Pág.202.15 “Asociación Americana de Juristas presenta denuncia ante la Fiscalía de la Nación”, La República, 5 de mayo de 2001.16 “Incómodos bajo la carpa”, Cambio, No.11, Lima, 26 de junio de 1986, Pág.7




interpretar al PCP-SL ni para negociar con esta fuerza política. Y en ese sentido, prevaleció en ese instante una vertiente ‘fascista’.17

En el marco de una investigación congresional presentada por la minoría de izquierda y bajo la dirección de Rolando Ames, se presentó un informe que estableció la responsabilidad de mandos militares y funcionarios civiles de alto rango en la comisión de delitos de lesa humanidad durante el operativo militar de recuperación de los penales. Dicho informe fue archivado por la mayoría aprista en el legislativo peruano. Al inicio del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, los legisladores de izquierda presentaron varias acusaciones constitucionales contra Alan García que fueron archivadas por un acuerdo político de los bloques legislativos del PAP y de Cambio 90 (el movimiento que aglutinó al fujimorismo naciente), con el apoyo de diputados del Partido Popular Cristiano - PPC (a quien pertenecía Lourdes Flores Nano, la actual líder de Unidad Nacional – UN, quien si fue partidaria de acusar a Alan García por corrupción).18 La colaboración entre el aprismo y el fujimorismo se remonta al apoyo que los primeros otorgaron a Alberto Fujimori para que derrotara a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta electoral.

Al finalizar su primer mandato, Alan había logrado disolver las simpatías que generó al ganar las elecciones. Dejaba un país sumido en una de las mayores hiperinflaciones que recuerde la historia mundial (7600%). Su intento de ganar protagonismo internacional quedando bien con deudores y acreedores, con la tesis de limitar los pagos anuales de la deuda externa al 10% de las exportaciones, había arruinado la posibilidad de concertar una posición común de los países deudores al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) para declarar ilegítima e impagable la deuda externa, pese a lo cual fue aislado por ambas instituciones. Súmese a ello un país sumido en el caos de una sociedad sometida al fuego cruzado del terror estatal de las fuerzas armadas de un lado y del terror polpotiano de Sendero Luminoso como contraparte.

Alan casi salió de la escena política por corrupción y el PAP pasó una etapa incierta de supervivencia luego del autogolpe fujimorista de 1992. Acusado el primero, asumió el papel de perseguido político y comenzó un largo exilio en Colombia que duraría nueve años. En el pasado Víctor Raúl Haya de la Torre había tomado la decisión de permanecer a resguardo de la persecución política, luego del fracaso de la insurrección armada de 1948, en la embajada de Colombia en Lima. ¿Paralelismo histórico casual o imitación del líder histórico del aprismo para presentarse como heredero legítimo de su épica? A beneficio de inventario quizás la primera, pero sospechemos de la segunda.

17 Es más prolijo decir autoritaria, pues aunque existen paralelos entre el aprismo y el peronismo, sería un error desconocer sus diferentes orígenes e historia. Ver: Gustavo Gorriti: “”El prólogo de la gran violencia”, en Roland Forgues, Perú, entre el desafío de la violencia y el sueño de lo posible, Editorial Minerva, Lima, 1993, Pág.141.18 Tulio Mora: Días de barbarie, APRODEH, Lima, 2003, Pág. 41 y 91.




Crisis del aprismo en la década de los 90’ y resurgimiento postfujimorista

En las elecciones de 1990, aquellas en las que un desconocido ingeniero agrónomo de origen japonés saldría vencedor, el PAP comenzó una década tortuosa. Su candidato, Luis Alva Castro apenas consiguió el 22% de los votos en primera vuelta, quedando fuera de la segunda votación que ganaría Alberto Fujimori frente a Mario Vargas Llosa, quien se había postulado por el Frente Democrático (FREDEMO), una alianza de derecha que prometía como programa económico un severo ajuste económico neoliberal.

Sin embargo, pese a la derrota de su candidato el aprismo se veía así mismo como una fuerza con la que el nuevo presidente tendría que contar, por su fuerza en el legislativo bicameral: 54 diputados de un total de 180 y 16 senadores de los 60 electos. La esperanza del PAP se difuminó luego del autogolpe que Fujimori propinó con sectores de las fuerzas armadas el 5 de abril de 1992, para deshacerse del freno que constituía para él la oposición legislativa.

Disuelto el congreso y sustituido por el Congreso Constituyente Democrático –CCD, fue redactada y votada la constitución vigente en 1993. A partir de ese momento, el aprismo pasó momentos difíciles. En 1995 su candidata a la presidencia, Mercedes Cabanillas Bustamante no pasó de obtener un paupérrimo 7,1% de los votos en las presidenciales, muy alejada del segundo candidato más votado, el ex Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar con 22%. De igual forma, en el nuevo legislativo unicameral, el PAP con 6,5% de los votos lograba solo 8 escaños en un congreso de 120 miembros. Peor fue en las elecciones del 2000, porque a pesar de ser notorio el fraude de Fujimori para reelegirse, el conteo de votos fue tan desfavorable para el candidato del aprismo que quedó en sexto lugar y perdieron dos puestos en el congreso. Es cierto que la candidatura de Alan no pudo ser inscrita por una prohibición legal que fue levantada por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2001. Esto le permitió a Alan García presentarse como candidato por el PAP a las nuevas presidenciales donde fue electo Alejandro Toledo en segunda vuelta con un 47,5% de votos favorables al aprismo, que además ganó 29 de los 120 puestos congresionales.19

El retorno de Alan García a la política se produce después de una autocrítica a su gestión como mandatario ante los medios. Alan cuestionó varias medidas de su quinquenio de gobierno, declarándose partidario de un ajuste fiscal que no hizo y rechazando la estatización de la banca privada que implementó en su mandato:

“Otro concepto que requiere una revisión profunda es el concepto de la nacionalización de tierras e industrias. En un mundo caracterizado por la

19 Alberto Adrianzen et al (Coeditores): Países andinos: los políticos, Ediciones Nova Print S.A.C., Lima, 2008, Pág. 309 a 312.




disminución de las barreras entre los países (…) hablar de la nacionalización ya suena casi obsoleto.”20

Aunque se mostró bastante cercano a la política económica de Alejandro Toledo, haciendo recomendaciones ocasionales, lo que si irritó profundamente a García fue la decisión de Toledo de ordenar la detención de los oficiales que participaron en la operación “Chavín de Huántar”. Y es que en 2001 y 2002 afloraron detalles de las ejecuciones extrajudiciales de al menos ocho tupacamaristas luego de su rendición tras la retoma de la residencia del embajador japonés en Lima en abril de 1997. Esta posición de ‘solidaridad’ con las fuerzas armadas también podría interpretarse como un velado respaldo a los crímenes de lesa humanidad que se imputan al ex presidente Fujimori.21

El retorno de Alan: ¿segundas partes fueron buenas?

En abril de 2006 la oligarquía transnacional peruana se horrorizaba cuando al término de la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales quedaba en primer lugar un casi desconocido candidato nacionalista cuyo pasado era militar: Ollanta Humala. Para la segunda vuelta se tejió una alianza para respaldar con los votos de la derecha a Alan García, nuevamente candidato del aprismo quien disputaría con Ollanta la presidencia del Perú. Los votos de Unidad Nacional y de la Alianza para el Futuro (fujimorista) tendrían un peso decisivo en el resultado final, confirmando la capacidad de la derecha de coyunturalmente cerrar filas en torno a un candidato que representa la continuidad del proyecto económico neoliberal iniciado por Fujimori y continuado por Toledo.

En el debate presidencial de Humala y Alan García el 21 de mayo de 2006, dos elementos trascendían. Aunque se trataron una diversidad de temas, Alan García fue muy cuidadoso de no pronunciarse sobre la cuestión de la ratificación del TLC firmado con Estados Unidos. En relación a la derogación de la Constitución de 1993, considerada ilegítima por haber nacido de un golpe de Estado, expresó:

“… estoy seguro que esa Constitución del 79 por la que voy a luchar y pelear, para que se restituya, no va a permitir ninguna dictadura ni autoritarismo.”22

Al cabo de casi cuatro años de su segundo gobierno, Alan García no ha promovido ningún proceso que culmine con la derogación de la Constitución de 1993, y su sustitución por la de 1979 o por una nueva nacida de un proceso constituyente. La Constitución vigente le ha facilitado la promulgación de normas jurídicas complementarias que legalizan la represión en contra de sus opositores.

20 César Levano: “la obsesión del voto escondido”, Caretas No.1661, Lima, 15 de marzo de 2001, Pág.19.21 “Alan García dice que el gobierno pretende destruir a las Fuerzas Armadas”, La Razón, Lima, 21 de mayo de 2002.22 Debate Presidencial, Lima, 21 de mayo de 2006, Pág.23




En relación al ‘libre comercio’ entre Perú y Estados Unidos, el PAP ya había dejado por sentado en su programa de gobierno para las elecciones de 2006 su proclividad a apoyar el TLC con el país norteño. De forma cuidadosa y como parte de sus objetivos de ‘integración continental’, se enunció que en caso de convertirse en el partido de gobierno, el PAP aprobaría “…el TLC previo estudio a fondo de sus costos y beneficios para el país, para lo que se requiere la más completa información al respecto.”23 En el debate programático, uno de los dos representantes por el APRA, Enrique Cornejo, fue más explícito:

“Vamos a apoyar un TLC con los Estados Unidos, pero un TLC que sea para todos y no para unos pocos, eso significa, TLC con compensaciones para los agricultores que pierden por los subsidios norteamericanos, (…)Con este esfuerzo lograremos un desarrollo con justicia social, con gobernabilidad democrática y paz social para que vengan las inversiones.”24

Quizás por esas indefiniciones tanto Lourdes Flores Nano como Ollanta Humala, opuestos partidariamente, reclamaron definiciones sobre el tema a Alan García cuando fue electo mandatario por segunda ocasión.

Pero en política la práctica es la que da la última palabra, más allá de los discursos y las declaraciones públicas. El 14 de diciembre de 2007, Alan García confirmó su giro cada vez más hacia la derecha y en alineación con Washington cuando firmó el TLC con su homólogo estadounidense. Por cierto, el ex presidente Bush. Jr, en funciones de mandatario en aquella época, luego de la firma y de un diálogo bilateral sobre la agenda internacional se refirió elogiosamente sobre el presidente peruano al decir: “¡Este es un hombre que sí entiende de las cosas!”.25 Proviniendo la frase de un estadista tan ‘erudito’ no queda claro si Alan García tomó la frase como un halago o un insulto.

Para implementar jurídica y políticamente el TLC con Estados Unidos, valga decir, eliminando las resistencias de la oposición nacionalista y de la movilización social, el gobierno de Alan García no encontró una mejor vía que la de criminalizar la protesta. A ese efecto previamente aprobó 11 decretos legislativos (los comprendidos entre el 982 y el 992) en julio de 2007. A esos efectos, autorizó la inmunidad para la represión, cuando modificó el Código Penal y eximió de responsabilidad penal a las fuerzas armadas y policiales:“Artículo 20º.-InimputabilidadEstá exento de responsabilidad penal:(…)11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte.”26

Pero también prohibió la participación de los funcionarios públicos en la protesta social, bajo la amenaza de inhabilitarlos políticamente, lo que sin dudas va dirigido en primer lugar a los congresistas y alcaldes del Partido Nacionalista Peruano y de los partidos de izquierda. 23 Partido Aprista Peruano: Plan de Gobierno 2006-2011, Lima, Febrero de 2006, Pág.48.24 Debate Programático, Lima, 28 de mayo de 2006, Pág.12.25 “Operativo TLC”, Caretas No.2007, Año LVII, Lima, 20 de diciembre de 2007, Pág.16.26 Decreto Legislativo No. 982, El Peruano, Año XXIV, No.9909, Lima, 22 de julio de 2007, Pág. 349719.




Para la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH queda claro que semejantes decretos constituyen una “fuerte vulnerabilidad sobre los derechos humanos de los ciudadanos peruanos.”27

Este cambio del marco jurídico afectó posteriormente a las ONG’s internacionales que tienen a su vez domicilio legal en el Perú y que apoyan a las organizaciones sectoriales en el reclamo de sus derechos. El presidente Alan García remitió al congreso peruano un proyecto de ley para disolver las asociaciones que ha denominado ‘ONG’s violentistas’, porque según consta en la exposición de motivos estas personas jurídicas pueden desarrollar “actividades que contravengan no sólo el orden público o las buenas costumbres, sino también la soberanía nacional, la seguridad del Estado y el principio de no intervención en los asuntos internos”.28

La poca capacidad o el interés nulo por solucionar mediante el diálogo los reclamos de las comunidades indígenas y los trabajadores peruanos afectados por la aplicación del TLC se hicieron evidentes en el manejo de la crisis que se provocó en Bagua en junio de 2009. En el 2008 Alan García se refirió peyorativamente sobre los sectores de la sociedad que se cuestionaban la forma en que debía ser armonizado el sistema normativo peruano para cumplir con las exigencias del TLC con Estados Unidos, calificándolos de “perros del hortelano”.29 Para finales de ese año aprobó dos decretos legislativos, el 1064 (Régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario) y el 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), con los que lesionaba los intereses de las comunidades amazónicas.

La intransigencia del gobierno aprista, desnuda en las agrias sesiones de debate en el congreso30, donde rechazaron reconsiderar el tema, incluso ante la inminencia del escalamiento del conflicto, llevó a un callejón sin salidas. Y aún después de la masacre de indígenas y policías, la bancada aprista con el apoyo de las bancadas fujimorista y la de Unidad Nacional sólo accedieron a suspender ambos decretos leyes en vez de derogarlos, “para dar paso a las consultas necesarias que permitan implementar los compromisos asumidos” 31 en el TLC. Y de paso ante las protestas de varios congresistas nacionalistas que permanecían en el hemiciclo, la Mesa Directiva del Congreso decidió sancionarlos a 120 días de suspensión.

Conclusiones.

El giro a la derecha del APRA, sinuoso desde la época de Haya de la Torre, es ahora inequívoco. Alan García incluso ha reinterpretado el pensamiento de Haya, en una suerte de

27 Wilfredo Ardito Vega et al: Serios peligros para los derechos humanos. Los 11 decretos del gobierno de Alan García, APRODEH, Lima, 2007, Pág.27.28 Congreso de la República del Perú: Proyecto de Ley No. 2872/2008, Lima, 19 de noviembre de 2008, Pág.529 Alan García Pérez: “El síndrome del perro del hortelano”, El Comercio, Lima, 28 de octubre de 2007.30 Congreso de la República del Perú: Diario de los Debates, Lima, 4 de junio de 2009, Pág.5 a 10.31 Congreso de la República del Perú: Diario de los Debates, Lima, 10 de junio de 2009. Ver también Congreso de la República: La Voz del Parlamento, Año I No.25, Lima, junio de 2009.




revisionismo y nueva interpretación dialéctica de la historia del APRA. En su libro “La revolución constructiva del aprismo”, García trata de establecer una continuidad entre su pensamiento y el de Haya para legitimar sus actuales decisiones políticas.32

A los problemas de orden interno, agravados por una política confrontacional que recurre con facilidad al uso de la fuerza, habría que agregar una política exterior alineada a Washington. A los frecuentes exabruptos con los gobiernos de cambio más radicales (con Venezuela por el asilo a varios opositores prófugos de la justicia; con Bolivia por su supuesta intromisión en los asuntos internos), se une el respaldo al presidente Uribe en el tema de las bases militares estadounidenses en Colombia (a las que se unirán otras que virtualmente ya operan en Perú).

Al parecer la mutación del APRA es definitiva con el liderazgo de Alan García.33 Alejada de su historia primigenia, se ha convertido en la antítesis de la fuerza política que necesita el Perú del siglo XXI para superar la violencia del pasado, los miedos del presente y las incertidumbres del futuro. No hay voluntad política en el aprismo para reducir la exclusión social y terminar con la fragmentación regional del país. El APRA gobernante garantiza la política neoliberal del fujimorato y la represión. Alan García criticaba la derechización del laborismo británico de Tony Blair, diciendo que no era de la tercera vía sino que había descubierto la ‘cuarta vía’. Tan juicioso distanciamiento es insuficiente para esconder a la luz del sol el transfugismo político del APRA y de su líder, derecha disfrazada de socialdemocracia.

32 Enrique Chávez: “La arqueología del discurso”, Caretas No.2021, Año LVII, Lima, 3 de abril de 2008, Pág.76 a 78.33 Antonio Zapata: “¿El último viraje del APRA?”, Bajo la Lupa No.8 Año 2, Lima, junio de 2008, Pág.30 y 31.




ISSN 1794 - 8193

No. 11, julio - diciembre de 2009 Cultura & Política

Tesis económicas del populismo del siglo XIX Una aproximación a los casos de Rusia y Estados Unidos

Jairo Estrada Álvarez

Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, Director de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos

Economista, Ph. D. en Ciencias Económicas de la Hochschule für Berlin; candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia.Director del Grupo interdisciplinario de estudios políticos y sociales - Theseus. Coordinador del Grupo de trabajo de CLACSO Economía mundial, economías nacionales y crisis capitalista. Director de la revistas Izquierda y Espacio crítico (www.espaciocritico.com). Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA). Coordinador académico del Seminario internacional Marx vive.

http://www.espaciocritico.com/

Introducción

El presente trabajo tiene como propósito principal realizar una aproximación a las tesis económicas del populismo, considerando los casos de Rusia y de Estados Unidos, durante el siglo XIX. Para el caso de Rusia se han tomado como punto de referencia las formulaciones de Alexander Herzen y del Nikolai Chernyshevski, en consideración a que se trata de quienes podrían ser considerados como los principales teóricos del populismo ruso. Tales formulaciones son examinadas en la primera parte del trabajo. El estudio de la experiencia de los Estados Unidos se ha elaborado con base en una revisión de las propuestas programáticas de los movimientos que podrían inscribirse dentro de la trayectoria populista en ese país. Esas propuestas programáticas son abordadas en la segunda parte del texto. Por último, a manera de consideraciones finales se intentan algunos planteamientos en perspectiva comparada. Debe advertirse que el estudio de las tesis económicas no se ha realizado en relación con otros planteamientos del ideario populista, pues ellos rebasan los propósitos específicos del texto. En ese aspecto, lo que aquí se presenta es un acercamiento parcial a la temática propuesta, con algunos elementos de lo que podría considerarse como historia intelectual y del pensamiento económico populista.

Las tesis económicas el populismo ruso

Las tesis económicas del populismo ruso fueron desarrolladas por Alexander Herzen y Nikolai Chernyshevski y responden, en principio, a dos momentos distintos tanto de la situación socioeconómica y política de Rusia, como de la misma conformación de las tesis populistas. En efecto, mientras que Herzen formulará sus tesis en el período posterior a la fallida conspiración decembrina, en momentos de interesantes discusiones sobre la valoración de los alcances de la revoluciones burguesas en Europa Occidental y sobre el destino que Rusia habría de seguir, en medio de un clima intelectual de disputa entre los eslavófilos y los “occidentalistas” y de posterior examen a los resultados de la revolución francesa de 1848, Chernyshevki contará con un camino ya abonado –intelectual y políticamente- que le permitirá incidir, relativamente, tanto sobre la trayectoria del proceso político y social de la Rusia zarista (especialmente en un contexto de discusiones sobre la forma como habría de realizarse la liberación de la servidumbre), como sobre las mismas tendencias organizativas que habrá de desarrollar el movimiento populista sobre todo en la década de 1860. Si Herzen alcanzó a considerar los previsibles impactos del desarrollo del capitalismo sobre la aldea rusa, Chernyshevski pudo formular con mayores certezas los

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Tesis económicas del populismo del siglo XIX. ... Jairo Estrada Álvarez

efectos que producía la expansión del capitalismo industrial en Occidente y las amenazas que con creciente fuerza se cernían sobre la Rusia de entonces. Para la época de Chernyshevsky, sin haberse desplegado aún las fuerzas arrasadoras del capitalismo ruso, ya era más evidente el proceso de maduración de las relaciones capitalistas, uno de cuyos requerimientos correspondía justamente a la tarea burguesa, asumida por el Estado absolutista, de crear “hombres libres”, precisamente a través de la liberación de la servidumbre. Por otra parte, como es bien sabido Herzen es considerado como la semilla sobre la cual se creó y extendió el ideario populista en la Rusia zarista de la última década de la primera mitad del siglo XIX (Venturi). Chernyshevski, por su lado, ha sido definido como el “político” del movimiento populista (Venturi).

La formulación de planteamientos económicos por parte de Herzen puede considerarse desde dos perspectivas interrelacionadas. Por un lado, como componentes de un necesario acercamiento al conocimiento de la realidad socioeconómica y política de Rusia. Por el otro, en términos de la conceptualización del proyecto de un “socialismo populista” (o agrario).

A pesar de que Herzen era tributario del pensamiento filosófico y sociopolítico occidental, como buena parte de los intelectuales rusos de la época, es evidente que la recepción de tal pensamiento no era de simple exégesis. En Herzen debe valorarse precisamente su preocupación no tanto por adaptar, como por desarrollar un pensamiento propio, acorde con las condiciones de Rusia. En ese sentido, deben apreciarse sus consideraciones sobre las transformaciones y la propiedad sobre la tierra, que para su momento histórico ya empezaban a colocarse en el centro de la discusión política e intelectual y darían lugar tanto a tesis acordes con el liberalismo económico, como a una defensa conservadora del status existente. Venturi advierte precisamente que “como había ocurrido ya en la revolución francesa, el proyecto de una transformación de la tierra replanteó el problema de las ideas generales que orientarían la distribución de la propiedad y la igualdad de hecho. Y en Rusia, donde parte notable de la tierra se distribuía periódicamente entre los miembros de la comunidad campesina (obshina), se planteó por primera vez claramente el problema de las relaciones entre la voluntad de igualdad y este primitivo colectivismo agrario, entre la reforma agraria y la obshina, entre las ideas de la pequeña minoría ilustrada y el mundo de la aldea rusa1. Al conocimiento de la obshina, Herzen llegó a través de dos caminos. Uno, el de los eslavófilos, que habían puesto sus ojos –nostálgicamente- en la comarca rusa. Dos, a través de Haxthausen, quien se había dedicado a estudiar la aldea rusa, sus usos y costumbres y había asumido una defensa de la vida patriarcal contra el Estado moderno, no con el propósito de reivindicar la nobleza, sino más bien la comunidad campesina. El conocimiento de la obshina llevaría a Herzen a la preocupación por su preservación, por su inserción en una evolución moderna del Estado y la sociedad rusa. “La apología del mundo patriarcal iba transformándose en su mente en una visión populista del futuro de la campiña rusa”2.

Herzen habría de proyectar los alcances de la obshina más allá de la simple constatación de su existencia. Con ella se estaba en presencia de un acumulado político y cultural, de

1 Venturi, Franco, El Populismo ruso, Tomos 1 y 2, Madrid, Alianza Editorial, 1975, p. 1032 Ventura, p.125.



indudable importancia económica, que podría ser reelaborado en la perspectiva del proyecto del socialismo ruso. La obshina se constituía sí en el germen del socialismo populista. A partir de la valoración de las experiencias –hasta donde pudieron ser conocidas- de Europa Occidental, de los efectos del desarrollo del capitalismo industrial, Herzen encontró en la obshina una reserva que señalaba la posibilidad de transitar un camino distinto: la opción de un socialismo basado en la propiedad colectiva campesina sobre la tierra y en un principio de distribución acorde con ella, que además permitiría evitar el tortuoso camino del capitalismo. Sin poseer un pensamiento económico sistemático, es evidente que Nikolai Chernyshevski no sólo desarrolló las tesis de Herzen sobre la obshina, sino que incursionó en otros campos de la economía, que le darían mayor consistencia al proyecto político de los populistas rusos. A ello contribuyó la intensa discusión que Chernyshevski libro contra las corrientes liberales, que propugnaban por un desarrollo capitalista en Rusia a la manera de Europa Occidental. Como se aprecia en el cuadro 1, Chernyshevski abordó el estudio de la problemática rural en Rusia, en especial participó activamente en la discusión sobre la liberación de la servidumbre. En esa discusión, además de asumir una postura a favor de la “liberación con tierras”, perfeccionó su defensa de la obshina, como forma de propiedad colectiva que consideraba superior a la propiedad individual. Pero además avanzó en la formulación de nuevas calidades de la obshina, que trascendían su entendimiento como opción de vía rusa al socialismo para obviar la tragedia que producida el capitalismo. Se trataba de la obshina como garantía del derecho al trabajo, como seguro contra la miseria, con distribución igualitaria, de filiación voluntaria; sin excluir la existencia de la propiedad la propiedad. Estas consideraciones sobre la obshina llevaron a Chernyshevski a examinar el papel del Estado en la economía. De entrada su posición se encontraba contrapuesta a las tesis del liberalismo económico, como ya se dijo. Según este populista, no debería existir cuestionamiento alguno respecto de la intervención del Estado en la economía (toda la evidencia empírica demostraba su importancia) y de lo que se trataría sería más bien de definir sus objetivos y modalidades.

La existencia de tesis económicas más elaboradas se aprecia en los planteamientos de Chernyshevski sobre una economía política del trabajo. En este punto, apelando al utilitarismo inglés, la teoría clásica del valor trabajo y el socialismo utópico, Chernyshevski habla de una “ciencia del bienestar material del hombre”, de una economía política que debe oponérsele al capital. Esa economía política sería precisamente la del socialismo ruso, que a partir de las cooperativas3 –como unidades económicas fundamentales- contempla la intervención del Estado para lograr ese difícil equilibrio entre igualdad y eficiencia, según los códigos del lenguaje actual. Sin elaboraciones explícitas, Chernyshevski distingue entre socialismo y comunismo. Respecto del primero advierte sobre la dificultad para alcanzarlo, considerando que “los intereses que tienden a defender la actual organización social son extraordinariamente fuertes”4. Sobre el segundo señaló: “No hay que hacerse ilusiones sobre la facilidad con que las mentes de la masa se ven atraídas por las ideas comunistas en 3 La noción de cooperativas comprende no sólo las cooperativas agrícolas; también las industriales. En ese sentido Chernyshevski redefine la visión inicial de la obshina. 4 Venturi, ibid…, p. 319



los momentos de conmoción social. Las costumbres, los usos, las ideas necesarias para la vida comunista están muy lejos de las ideas, usos y costumbres de la gente que hoy vive. A los primeros intentos de construir su vida según estas tendencias comunistas, la gente descubrirá que esas concepciones que tan rápidamente la habían atraído no son adecuadas para ella. Expresado vulgarmente, la masa sentirá muy pronto que ha salido del lodo para caer en el arroyo”5.

Los resultados del proceso político distarían mucho del sentir de Chernyshevki y producirían un cierto desencanto que además se extendió de manera extrema hacia otros sectores de la inteligentsia. Como lo señala Venturi: “La reforma se realizaba (y en sustancia ya estaba preparada a finales de 1858) sin afectar a ninguna de las bases del régimen político ruso: ni el absolutismo, que podía decirse incluso que salía reforzado de la lucha contra los nobles que hubieran querido conservar la servidumbre, ni el poder social de la nobleza, que había conservado sus tierras y haría una fructífera operación económica, ni las condiciones de las grandes masas campesinas que Chernyshevski preveía que no mejorarían, ni la censura, que incluso en la fase final de la reforma se mostró más rígida que en años anteriores”.

Cuadro1 - Populismo ruso – Tesis económicas principales Tesis principales

Alexandr Herzen Transformaciones de la agricultura• Contribución al debate en torno a las transformaciones y la propiedad sobre la tierra; en especial un debate que será clave para la inteligentsia rusa: ¿liberar a los siervos <sin tierra>, convirtiéndolos en braceros y arrendatarios, o liberarlos <con tierra>, asignándoles en propiedad parcelas más o menos extensas?• En tales transformaciones, ¿qué lugar se le concede al colectivismo agrario?• Reconocimiento de la obshina a través de los eslavófilos y de Haxthausen

Obshina y socialismo populista• Obshina, ocupa en lugar central en la formulación de las tesis del socialismo populista.• Especificidad rusa a utilizar frente a la experiencia (negativa) del desarrollo capitalista en Occidente • Forma de propiedad y de distribución que se constituye en base de la organización económica del socialismo ruso• Opción de tránsito al socialismo sin pasar por las vicisitudes del capitalismo

Nikolai G. Chernyshevski

Transformaciones y propiedad sobre la tierra y “vía rusa” al socialismo• Participación activa en el debate sobre la liberación de la servidumbre• Postura a favor de la liberación con tierra• Reivindicación de la obshina• Defensa de la obshina (como forma de defensa de los intereses de los campesinos)• Con la obshina introduce un principio socialista en la discusión (superioridad de la propiedad colectiva sobre la propiedad privada)• Necesidad de adecuar la obshina como opción de un desarrollo hacia el socialismo antes de que se produzca el triunfo definitivo del capitalismo

5 Ibid., p. 305



(una especie de “vía rusa” sin las vicisitudes del capitalismo occidental) • Obshina como base de realización del derecho al trabajo• Propiedad colectiva como seguro contra la miseria (oposición frente a propiedad individual)• Principio de distribución igualitaria de las parcelas; a desarrollarse voluntariamente.• Considera la posibilidad de una economía mixta (mientras los capitales encontrarían un empleo en la propiedad privada, las tierras colectivas seguirían siendo patrimonio de todos)

Estado y economía• Clara posición contra el laissez fair (“el libre cambio es siempre en sí mismo una opresión”; “cuando el trabajo sea verdaderamente libre podrá haber cierto laissez fair)• Problemas de la reforma campesina lo colocan frente a la necesidad de la intervención del Estado.• El inmenso poder del Estado es un hecho (política fiscal, financiera, aduanera); es evidente en momentos de transformación.• En lugar de discutir la intervención del Estado, definir objetivos y modalidades de la intervención.• Intervención para desarrollar derechos (y bienestar) no para limitarlos.• Destruir los monopolios creados por la competencia• “El Estado debe intervenir donde es económicamente necesario y políticamente justo”.

Fundamentos de economía política• Necesidad de formular una economía política del trabajo, contrapuesta a la del capital (darle una economía racional a al socialismo o comunismo de las clases populares, a los movimientos sindicales)• Fuentes: Utilitarismo, teorías del valor-trabajo, socialismo utópico • “Ciencia del bienestar material del hombre en cuanto éste depende de las cosas y de las situaciones creadas por el trabajo”• Intervención estatal tendente a asegurar la igualdad y al mismo tiempo el máximo de economía posible• Cooperativas agrícolas e industriales protegidas y eventualmente dirigidas por el Estado • Socialismo como opción real, comunismo como meta más lejana • Dificultades del camino al socialismo (“los intereses que tienen a defender la actual organización social son extraordinariamente fuertes”)

Fuente: Cuadro elaborado por el autor con base en Franco Venturi, El Populismo ruso, 1, Madrid, Alianza Editorial, caps. 1 y 5, 1975

Las tesis económicas del populismo estadounidense

La formulación de tesis económicas en el populismo estadounidense guarda una relación estrecha con la construcción de las plataformas programáticas de los movimientos reivindicativos que se constituyen en organizaciones políticas y darán lugar al origen y posterior desarrollo del populista durante las últimas tres del siglo XIX en los Estados Unidos. En este trabajo se ha hecho un recorrido por las propuestas programáticas de las siguientes organizaciones:

a) Movimiento la Grange



b) Partido del Greenbackc) Alianza de los Granjeros (Farmer’s Alliance)d) Partido del Pueblo (People’s Party)e) Partido Progresista

Tales propuestas se han organizado de manera sistemática en el cuadro 2.

El trasfondo sobre el cual se formularán las tesis populistas puede caracterizarse de la siguiente manera:

Crisis económica de carácter cíclico, iniciada hacia finales de las década de 1860, que conducirá a un largo período recesivo caracterizado por la depresión de los precios. Tal crisis ha sido caracterizada por los historiadores económicos como una crisis de sobreproducción y la última del capitalismo de la libre competencia.

Efectos considerables de la crisis sobre los aparatos productivos, industrial y agrícola, acompañados de un deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora urbana y rural.

Prevalencia de los principios del liberalismo económico para atender las demandas regulatorias de la economía. En consecuencia, limitado papel del gobierno para asumir los problemas generados por la exposición de la economía al “libre juego” de las fuerzas del mercado.

Inicio de la transición hacia un capitalismo monopolista (como salida a la crisis), cuyo soporte consistió en las fusiones y alianzas capitalistas en carteles y sindicatos de empresarios6.

Consolidación de rasgos corruptos y clientelistas del régimen político7, que denotan además una fuerte alianza entre política y negocios capitalistas sin pulcritud alguna.

Existencia de un sistema político bipartidista (Partido Demócrata y Partido Republicano), que dificultaba el desarrollo de terceras fuerzas dados los rasgos de la representación política y era expresivo de un problemática alianza entre política y negocios sin ninguna pulcritud.

Dadas las condiciones mencionadas, los planteamientos populistas se irán perfilando en el seno de los granjeros estadounidenses y de sus organizaciones, como propuestas de carácter reivindicativo. No pueden considerarse, por tanto, como planteamientos antisistémicos; tal vez, tímidamente reformistas. Si se aprecia el conjunto de las propuestas elaboradas por las diferentes organizaciones, la mayor parte de ellas se mueve en el terreno de la política económica (ver cuadro 2). Sin entrar en los detalles de las formulaciones programáticas de cada movimiento, en una lectura transversal se podría afirmar que las expresiones populistas estadounidenses tendrán como común denominador las demandas por una intervención del Estado en la economía. Tales demandas sugieren diversos ámbitos de la intervención, que tienen formulaciones distintas según la madurez del movimiento.6 La transición al capitalismo monopolista fue magistralmente examinada por Lenin en su conocida obra, El imperialismo, fase superior del capitalismo.7 En 1873 Mark Twain y Charles Dudley Warner publicaron la novela The Gilded Age (La época dorada). El libro describía una época de corrupción, codicia personal y vulgaridad social generalizadas. Véase George B. Tindall y David E. Shi, Historia de los Estados Unidos, Bogotá, Tercer Mundo Editores, Tomo II, p. 31.



En primer lugar, deben señalarse las demandas por una política monetaria expansiva, que en principio se encuentran ya desde el movimiento de la Grange y se sostendrán a los largo de las últimas décadas del siglo XIX. Tales demandas guardan relación con los efectos que producían las políticas restrictivas sobre la liquidez de los negocios, los precios, el crédito y el costo de la deuda que tenían que pagar los granjeros. Como parte de este requerimientos deben comprenderse las exigencias por una libre acuñación de la plata (que además favorecía a los productores de ese metal).

En segundo lugar, se encuentran los requerimientos por la baja en los aranceles, como parte de una política de mejoramiento de las condiciones de los granjeros. La fórmula populista parecía consistir en combinar la inflación interna para mejorar los precios de los productos agrícolas, con reducción de precios de bienes importados (medios de producción), para bajar los costos de producción. En suma, se trataba de la pretensión de un aumento de la rentabilidad por partida doble.

En tercer lugar, deben mencionarse las demandas por la nacionalización de los ferrocarriles, el telégrafo, el teléfono, el correo; su conceptualización como componentes de una esfera de lo público. En esa misma dirección, se encontraban las exigencias por una política de tierras que impidiera la monopolización en manos de las corporaciones y estimulara la propiedad de los colonos.

En cuarto lugar, deben considerarse las exigencias de controles al funcionamiento del mercado con miras a impedir una concentración de la propiedad industrial y agraria por parte de las corporaciones privadas.

En quinto lugar, debe señalarse que los populistas formularon propuestas programáticas tendientes a imposiciones a la renta, son base en criterios progresivos. Así mismo, propugnaron por la creación de nuevas instituciones del Estado para atender aspectos de la regulación de la economía.

Finalmente, probablemente de manera tardía, incorporaron algunas demandas (laborales y de seguridad social) para mejorar las condiciones de los trabajadores urbanos.

Aunque lograron constituirse en un movimiento de masas, al promediar las década de 1890, los populistas perdieron la importancia que alcanzaron a tener en el período precedente. El hecho de circunscribir al movimiento a la lógica electoral lo termino atrapando

Cuadro 2 - Propuestas programáticas de carácter económico en el populismo de Estados Unidos



Organizaciónaño de formulación Propuestas programáticas

Movimiento la Grange

Resoluciones de la convención de Springfield 1873

• Contra formación de monopolios• Contra manejo privado de los ferrocarriles; deben servir intereses públicos• Por regulación estatal de tarifas de carga y pasajeros• Por penalización a funcionarios públicos que reciban prebendas de los dueños de los ferrocarriles • Contra impuestos de protección a materiales (hierro, acero, madera) utilizados en la construcción de ferrocarriles, barcos o instrumentos agrícolas• Por la organización de cooperativas para la obtención de precios más bajos en insumos y equipos.

Partido del Greenback

1875

• Expansión del dinero circulante• Acuñación libre e ilimitada de la plata

Alianza de los Granjeros (Farmer’s Alliance)

Plan del Subtesoro 1890

• Almacenamiento de cosechas en bodegas gubernamentales • Aseguramiento de préstamos del gobierno hasta por el 80% del valor de la cosecha a 1% de interés• Mejoramiento de precio de venta de la cosecha para pago de deudas• Estímulo a la inflación monetaria para devaluar las deudas

1890

• Regulación de los ferrocarriles• Departamentos estatales de agricultura• Leyes antimonopolio• Crédito agrario

Demandas de Ocala, diciembre de 1890

• Abolición de bancos nacionales( privados)• Aumento constante del circulante• Acuñación libre e ilimitada de la plata• Prohibición de propiedad de extranjeros sobre la tierra• Recobrar tierras de compañías de ferrocarriles y entregar a colonos• Impuestos a la renta y a artículos de primera necesidad en proporción a las condiciones de la población• Manejo moderado y honesto del tesoro nacional• Control sobre medios de comunicación y transporte (en caso de abuso, a manos del gobierno)

Partido del Pueblo (People’s Party)

Plataforma de 1892Del Preámbulo:



“Nos reunimos en una nación traída al borde de la ruina moral, política y material. La corrupción domina las urnas electorales, las legislaturas, el Congreso y toca incluso la justicia del tribunal. En gran medida los periódicos están subvencionados o amordazados, la opinión pública silenciada, los negocios postrados, las casas hipotecadas, la fuerza laboral empobrecida y la tierra concentrándose en las manos de los capitalistas… Se ha organizado una vasta conspiración contra la humanidad… Si no se le enfrenta y derrota de inmediato, ésta presagia convulsiones sociales terribles… o el establecimiento de un despotismo absoluto”

• Reivindicación de la unión de las fuerzas del trabajo para rescatar la república y elevar la raza humana• Declaración de que la riqueza es de quien la crea• Declaración de identidad de intereses en la ciudad y el campo; idénticos son los enemigos

Finanzas Públicas• Impuesto a la renta (gradual)• Ingresos por este impuesto para reducir cargas impositivas de industrias internas• Rechazo a apoyos o subvenciones a corporaciones privadas• Manejo austero y honrado de los gastos del gobierno

Moneda y finanzas• Moneda nacional sana, segura y flexible• Monopolio estatal sobre la emisión• Pago total y legal de todas las deudas• Plan del subtesoro• Acuñación libre e ilimitada de plata y oro a razón de 16:1• Incremento de la cantidad de dinero en circulación

Transporte y comunicaciones• Nacionalización de los ferrocarriles• Nacionalización de los sistemas de teléfonos, de telégrafos y de correo• Se trata de actividades públicas

Tierras• Tierra y recursos naturales son patrimonio del pueblo• Contra la concentración de la tierra en ferrocarriles y corporaciones Contra la propiedad de tierras por parte de extranjeros• Tierras deben ser entregadas a colonos para que las trabajen

Laboral• Jornada de 8 horas• Leyes de restricción a las inmigraciones

1896

Con miras a participar en las elecciones en alianza con el Partido Demócrata los populistas ceden en sus propuestas de reforma para impulsar la candidatura de los “defensores de la plata” William J. Bryan. Con ello, firmarían también su “muerte política”

Partido Progresista

Plataforma de 1912 El 5 de agosto el Partido Progresista anuncia su pretensión de constituirse en alternativa frente a los “viejos partidos”: el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Tal anuncio posee tres componentes principales. En primer lugar, la “Declaración de principios”, en la que el PP se autodefine como producto de la “conciencia del pueblo”, se reafirma la soberanía popular y la existencia del partido dentro de la Constitución. En segundo lugar, una crítica a los viejos partidos, a los que les acusa de apartarse de la tarea de “ejecutar la voluntad” del pueblo y de constituirse una especie de gobierno invisible con base en la alianza entre “empresas corruptas” y “política corrupta”. En tercer lugar, se trata la plataforma programática propiamente dicha.



Organización institucional del EstadoLa plataforma propone la creación de varias instituciones, entre otras:

• Departamento del Trabajo• Servicio Nacional de Salud (unión de todos los órganos existentes en el gobierno federal)• Comisión de Comercio Interestatal (para valuar la propiedad física de los ferrocarriles).• Servicio de Paquetes Postales• Así mismo, reivindica hacer valer la Ley del Servicio Civil. • Por otra parte, también se habla de crear los mecanismos para supervisar las inversiones (algo semejante a la supervigilancia y control).

Trabajo y seguridad social (incluidas salud ocupacional y pensiones)• Estas propuestas se mueven en el terreno de los mínimos, pretenden las regulación de la jornada (8 horas), el descanso (1 día de cada 7 de trabajo), la prohibición del trabajo infantil y de la trabajo nocturno (mujeres y jóvenes), el establecimiento de mínimos de seguridad y salud, compensaciones por muerte en accidentes y por daños y enfermedades laborales, entre otros. Se incorpora igualmente una propuesta de pensiones para soldados y marinos y paras sus viudas e hijos.

Regulación de las corporaciones• Se trata de propuestas que bien pudieran inscribirse dentro de la noción de “función social” de la propiedad (la prueba de eficiencia de las corporaciones estaría en la capacidad de “servir mejor al público; las corporaciones deben compartir con el público “los frutos obtenidos”). Así mismo se trataría de expedir reglamentaciones para impedir la concentración.• Por otra parte, el PP se compromete a promulgar una ley de patentes “que haga imposible su supresión o utilización en contra del bienestar público y en interés de monopolios perjudiciales”

Estímulo al comercio exterior• La plataforma expresa la necesidad de estimular el comercio. “Para el bienestar de nuestro pueblo es necesario que ampliemos el comercio exterior”. La ampliación del comercio debería hacerse siguiendo el ejemplo alemán (una especie de mercantilismo tardío), esto es, con apoyo del Estado.• (En materia comercial se presentan en la plataforma algunas contradicciones. Por una parte se señala que el PP cree en “aranceles proteccionistas que igualen las condiciones de competencia entre los Estado Unidos y los países extranjeros, tanto en agricultura como en manufacturas, y que mantengan un nivel de vida adecuado en la clase obrera”. Pero por la otra, se exige una revisión de los aranceles por cuanto los actuales serían injustos para el pueblo. Para ello proponen la conformación de una comisión técnica). Por otra parte se exigía la derogatoria de la Ley de Reciprocidad con Canadá.

Costo de vida y política monetaria• El PP llama la atención sobre las causas del costo de vida (mundiales y locales) y considera que las medidas propuestas en la plataforma acabarían por sí solas las “causas artificiales”, esto es, las medidas sobre aranceles, trusts y la conservación.• En materia monetaria se aboga por el monopolio estatal de la emisión; se critica en consecuencia la emisión privada.

Política tributaria • La plataforma contiene la propuesta de impuesto gradual a las herencias, el cual es concebido en perspectiva redistributiva.

Conservación de recursos naturales• Sin que se trate expresamente de propuestas de política sobre medio ambiente, en la plataforma existen formulaciones sobre la conservación de los recursos naturales.• Igualmente se exige que “el carbón y los recursos naturales de Alaska deben abrirse inmediatamente al desarrollo”.



Vías de comunicación• En este aspecto la plataforma aboga específicamente por las vías fluviales. “Exigimos que (los ríos) sean abiertos al tránsito, como partes indispensables de un gran sistema nacional de transporte del que el Canal de Panamá sea vínculo central” (al parecer no les disgustaba esa “anexión”). Sobre el Canal se decía que como éste había sido pagado por el pueblo norteamericano, debía ser usado para su beneficio.

Fuente: Cuadro elaborado por el autor con base en: George B. Tindall y David E. Shi, Historia de los Estados Unidos, Bogotá, Tercer Mundo Editores, Tomo II, pp. 31-60; EUA. Documentos de su historia política, selección de Silvia Núñez García y Guillermo Zermeño Padilla, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Tomo III, 1988;

Consideraciones finales

A manera de consideraciones finales en perspectiva comparada se puede afirmar lo siguiente:

1.- Mientras que las tesis económicas principales de los populistas rusos fueron formuladas por dos de los más destacados representantes de la inteligentsia rusa, en consecuencia por miembros de una élite intelectual8; las propuestas económicas de los populistas estadounidenses responden a la dinámica propia de un movimiento político que participa en elecciones y construye su plataforma “desde abajo hacia arriba”.

2.- Las tesis económicas de los populistas rusos deben considerarse especialmente en el ámbito de la economía política, tienen el propósito de avanzar en la caracterización de la formación socioeconómica de su país y de contribuir a la formulación de las bases de una sociedad alternativa; las propuestas de los populistas estadounidenses son más bien de política económica, no pretenden una superación del orden establecido, más bien su reforma.

3.- Las tesis de los populistas rusos reflejan los problemas propios de un régimen absolutista en trance de reformas burguesas, sin un desarrollo pleno del capitalismo, con la posibilidad de obviarlo –según su criterio- mediante un socialismo basado en la propiedad colectiva sobre la tierra; las tesis de los populistas estadounidenses se corresponden con una sociedad capitalista en transición a su fase monopólica, que a su juicio puede ser reversada mediante controles y medidas intervencionistas de Estado.

4.- El sujeto político de las tesis populistas rusas es el campesino de la obshina; el sujeto de las tesis estadounidenses es el granjero, propietario individual de tierra, que agobiado por el peso del desarrollo capitalista encuentra en las cooperativas (con poco éxito) una forma de resistencia a su ruina.

5.- Las tesis de los populistas rusos se tratan de promover a través de diversos métodos de lucha, desde la educación, la agitación y la propaganda, hasta el terror; las tesis de los populistas

8 No obstante, según Campos, esta inteligentsia se encuentra “conformada no necesariamente por intelectuales en el sentido occidental, sino, y ante todo, por individuos altamente ideologizados y con un profundo compromiso con la bondad y los desvalidos (…)”; por la parte más culta de la nobleza; más tarde, por hijos de sacerdotes de la iglesia, de los burócratas, de los maestros abogados y médicos, hasta incorporar a hijos de los campesinos liberados por las reformas de Alejandro II. Se trataría de una fuerza social con representantes de todos los estamentos de la sociedad. Véase, Atanasio Campos Miramontes, “La ciudad de aire. Tributo a San Petersburgo”, Metrópolis Revista Internacional, No. 2, junio de 2004



estadounidenses se tramitan a través de los procesos electorales. El populismo ruso muere bajo los escombros del terror. El populismo estadounidense muere bajo los escombros de la debacle electoral de 1896.

Bibliografía consultada

Berlin, Isaiah, Pensadores rusos, México, Fondo de Cultura Económica, 1980 (1992). Documentos de su historia política, selección de Silvia Núñez García y Guillermo Zermeño

Padilla, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Tomo III, 1988 Venturi, Franco, El Populismo ruso, Tomos 1 y 2, Madrid, Alianza Editorial, 1975 Tindall, George B. y Shi, David E., Historia de los Estados Unidos, Bogotá, Tercer Mundo

Editores, Tomo II, p. 31. Ulianova, Olga, Experiencias populistas en Rusia, Santiago de Chile, Revista de Ciencia

Política, volumen XXIII, No. 1, 2003 Campos Miramontes, Atanasio, “La ciudad de aire. Tributo a San Petersburgo”, Metrópolis

Revista Internacional, No. 2, junio de 2004



ISSN 1794 - 8193


¡Huelga! Presentación del libro de Ricardo Sánchez – Huelga

Mauricio Archila Neira

Profesor del Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, investigador del Cinep

Reseña

Tengo el agrado de presentar el libro de Ricardo Sánchez Ángel, titulado !HUELGA¡ Luchas de los trabajadores en Colombia, 1975-1981,1 que fue originalmente su tesis en nuestro doctorado en Historia.

El texto en cuestión es un estudio de algunos conflictos laborales clave en la historia reciente del país, en particular entre 1975 y 1981. Está estructurado en dos partes: en la primera hace unas consideraciones de tipo teórico y conceptual sobre el paradigma de la lucha de clases como explicación histórica sin dejar de enmarcarlo en el contexto del desarrollo capitalista. En la segunda parte realiza la narración analítica de seis “huelgas” (en realidad cinco más un paro cívico), precedida de un estudio general de las tendencias del conflicto social en los años estudiados. Microhistorias llama él a sus reconstrucciones monográficas, tal vez porque pretende comprender a partir de los detalles de una huelga lo ocurrido en las estructuras macro de nuestra sociedad. Son seis los conflictos narrados y analizados: azucareros de Riopaila en 1975, textileras de Vanitex, bancarios de distintas entidades financieras oficiales y trabajadores del Seguro Social en 1976 y marinos de la Flota Mercante Grancolombiana en 1981, a los que se agrega el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977. Pudieron ser más pero, además de correr el riego de aumentar el ya voluminoso texto, los conflictos escogidos son suficientemente representativos del paradigma que el autor quiere reivindicar.

Como escribí en el Prefacio del libro, éste es una contribución a la Historia Social, una subdisciplina que brilló en la segunda mitad del siglo XX y fue hegemónica hasta hace un par de decenios y hoy está sometida a distintos fuegos y para algunos está en retirada, afortunadamente no para Ricardo Sánchez. De una forma detallada y argumentada él reclama la vigencia del conflicto de clase en la lectura del pasado. Lectura que podría entenderse como lo hace Walter Benjamin: “la lucha de clases, que el historiador educado en Marx tiene siempre ante sus ojos, es una lucha por las cosas rudas y materiales, sin las cuales no hay las finas y espirituales”.2 Pero Ricardo Sánchez no reivindica a ultranza dicho paradigma, sino que lo hace construyendo puentes y dialogando con nuevas tendencias historiográficas, incluida mi propuesta de estudio desde la perspectiva de los movimientos sociales, que incluyen los de clase pero los amplían. Por supuesto considero que mi enfoque es más comprensivo que el clasista pues hoy la conflictividad social no se explica solo por las contradicciones que se generan en la esfera productiva, pero este es un asunto para debatir en otros espacios. Dicho lo anterior, reitero que en su libro Ricardo Sánchez se

1 Editado en Bogotá, por la Universidad Nacional, 2009.

2 Walter Benjamin, La dialéctica en suspenso, fragmentos sobre la historia, Santiago de Chile, Arcis, sin fecha de edición, posiblemente 1995, p. 49.

No. 11, julio – diciembre de 2009 Reseña

Mauricio Archila Neira¡Huelga! Presentación del libro de Ricardo Sánchez – Huelga

acerca a reflexiones contemporáneas de historiadores como William Sewell Jr.,3 quien habiendo participado del “giro lingüístico” hoy llama la atención sobre la necesidad del volver a incluir las “estructuras” en los estudios del pasado. Sin la comprensión de tales “estructuras”, nos dice Sewell, el análisis discursivo queda en el aire y pierde su potencial crítico, desarmándolo políticamente, “giro” que precisamente pretende hacer el pensamiento único que hoy tiende a imperar en el planeta.

Pues bien, continúo releyendo mi Prólogo, el libro de Ricardo Sánchez es un llamado de atención sobre la vigencia de esos paradigmas sociales rápidamente desechados por ciertas modas posmodernas. Como digo, no es un reclamo que quiere echar de para atrás la rueda de la Historia, sino que es un elaborado intento de diálogo con otras corrientes historiográficas contemporáneas. Así el autor no solo nos recuerda las dinámicas generales de la acumulación capitalista en Colombia y las características del régimen político en el segundo lustro de los setenta y comienzos de los ochenta, sino que llama la atención sobre aspectos particulares como el “capitalismo marino” o la “proletarización” creciente de las capas medias y profesionales como los bancarios y los trabajadores de la salud. Pero su análisis no se circunscribe a las dimensiones económicas y políticas de los conflictos laborales, sino que incursiona en aspectos novedosos en términos historiográficos como lo étnico (en el caso de los azucareros y marineros especialmente), el género (en las textileras de Vanitex principalmente, pero por la vía familiar en todos los conflictos estudiados); lo jurídico (en el contexto de la disputada legislación laboral); lo cultural y festivo en las huelgas (al respecto es muy ilustrativo el material fílmico que el autor anexa sobre la huelga de Riopaila); los medios de comunicación externos y propios de los trabajadores; y lo religioso (en particular la relación entre la huelga bancaria y sectores del clero influidos por la Teología de la Liberación). Todo ello enmarcado no solo en el contexto nacional y global sino en los ámbitos local y regional de cada conflicto. Se aportan también algunos perfiles biográficos de dirigentes sindicales hoy ignorados, en contraste con los vívidos recuerdos que la gran prensa hizo de los poderosos del momento. Cuando escribí el Prefacio me refería a los panegíricos que se escribieron a propósito de las muertes de Julio César Turbay y de Alfonso López Michelsen. Concluía ese escrito con unas consideraciones sobre el trabajo empírico a partir de precarias fuentes, pero bien explotadas por Ricardo Sánchez. De esta manera, decía, el autor asumió el desafío que en su momento lanzara E. P. Thompson: sacar del olvido histórico a los hombres y mujeres del común que también contribuyeron a construir el presente.

Hoy quiero complementar ese Prefacio con algunos comentarios como colega historiador, más allá del papel de Director de Tesis que plasmé en ese concepto. Y comienzo por donde terminé en esa ocasión: el reto que Thompson lanzara a los historiadores: rescatar a los subalternos del olvido para entender su contribución al presente. Los de hoy no son tiempos fáciles para un historiador social y para un intelectual crítico como lo es Ricardo Sánchez, pues no desconozco su previa trayectoria política y su actividad profesional y académica en las lides del derecho. Bueno, nunca han sido fáciles los tiempos para los intelectuales críticos, pero hoy en Colombia sí que es difícil estar a contrapelo del pensamiento oficial.

3 Me refiero a su reciente libro, Logics of History, Social Theory And Social Transformation, Chicago, The University of Chicago Press, 2005.



Por fenómenos que es difícil sintetizar en pocas palabras, ejercer la crítica a los poderes institucionales, extrainstitucionales y de facto, es una tarea no solo desalentadora en nuestro medio sino muy riesgosa. Y es que hoy en Colombia el solo hecho de buscar la paz es tachado de subversivo. Al pesimismo de la posmodernidad y el triunfalismo del neoliberalismo hay que agregarle la estigmatización que hoy tiene el pensamiento crítico en nuestra sociedad, de lado y lado del espectro político. Porque cuando digo pensamiento crítico me refiero a la inconformidad que intelectuales como Ricardo Sánchez manifiestan no solo ante el autoritarismo uribista –un tipo de bonapartismo según el mismo autor en otro texto–4 sino ante al autoritarismo y desmanes de la insurgencia, por no hablar de otras expresiones parecidas en los países vecinos. Por tanto, es de alabar que haya intelectuales como él que no sucumben a los cantos de sirena de los poderes del presente, como desafortunadamente lo han hecho muchos colegas que es mejor no nombrar.

Ese inconformismo llevó a Ricardo Sánchez a estudiar la Historia con un entusiasmo que desafiaba todo pesimismo. En ese sentido hizo suyo el consejo que otro gran historiador, Marc Bloch, le hiciera a su hijo a fines de septiembre de 1939, cuando había sido movilizado por el ejército francés justo al comienzo de la segunda Guerra Mundial en la que encontraría la muerte:

“…no caigas en la costumbre de estar sin hacer nada y sobre todo de aburrirte. No sabes lo feliz que soy aquí –viendo a mi alrededor– por no saber aburrirme. Escribo, agrega proféticamente Bloch, un poco por mi cuenta una introducción sobre el método de la historia –para una historia de Francia que quizá nunca escribiré–. Pero eso no es todo: sostengo la idea de que un historiador no puede aburrirse, porque por su profesión se interesa en el espectáculo del mundo”.5

Con similar entusiasmo Ricardo Sánchez se enroló en los estudios del Doctorado en Historia, los que asumió con un rigor y una seriedad notables. Si bien en los seminarios y talleres de tesis sostenía sus argumentos con la vehemencia de un viejo zorro de la política, también con humildad de un estudiante dispuesto a aprender aceptaba las críticas y las incorporaba en su nueva elaboración teórica e historiográfica. Esa mezcla entre la experiencia de lo vivido y la sed de conocer, enmarcadas siempre en un inconformismo a toda prueba, lo llevó a buscar lo que, según Bloch, era “la ley irresistible del cambio (la revolución) por la que el mundo pertenece a aquellos que aman las cosas nuevas”.6 A su modo también Ricardo Sánchez hizo suyo el reclamo de otro maestro del pensamiento histórico, el ya citado Walter Benjamin también afectado trágicamente por la segunda Guerra Mundial, en sus famosas tesis sobre la Historia: “Solo tiene el don de encender en el pasado la chispa de la esperanza AQUEL historiador que esté traspasado por (la idea de

4 Ricardo Sánchez, Bonapartismo presidencial en Colombia, Bogotá, Uniediciones, 2005.

5 Citado en Massimo Mastrogregori, El manuscrito interrumpido de Marc Bloch, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 39.

6 Ibíd., p. 50.



que) tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer”.7

Tal es el contexto pesimista de nuestra sociedad y el subtexto esperanzador del libro de Ricardo Sánchez ¡HUELGA¡ que en hoy lanzamos y al que le deseamos buen viento y buena mar ante las tempestades del presente y las que seguirán en el inmediato futuro si no cambiamos el rumbo de nuestra historia. ¡Huelga a los autoritarismos de todo tipo para que el mundo sea de quienes amamos la libertad y así nuestros muertos puedan estar a salvo¡

Bogotá, septiembre 3 de 2009

7 Benjamin, Op. Cit., p. 51.



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Fernando Bermúdez Ardila, Propuesta de paz Solución práctica al conflicto armado en Colombia.

Centro De Estudios Políticos e Investigaciones Históricas, 2008

Alexander Díaz Piracún

Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional. Estudiante maestría en historia, Universidad Nacional de Colombia e integrante del equipo de trabajo Viento Del Sur.

Reseña

Fernando Bermúdez Ardila, Propuesta de paz. Solución práctica al conflicto armado en Colombia. Centro De Estudios Políticos e Investigaciones Históricas, 2008.

IEl Centro de Estudios Políticos e Investigaciones Históricas de Colombia – CEPIH, busca conformar un grupo de “intelectuales y pensadores” que asesoren al Congreso de la República para desarrollar y elaborar el trámite del proyecto de Ley “PROPUESTA DE PAZ, SOLUCION PRÁCTICA AL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA”, inspirado en el libro del mismo nombre, el cual será presentado el próximo 20 de julio de 2010. Dado el alcance y pretensiones de este texto, y el que su autor fuera nominado por el Comité Noruego, al Premio Nobel de Paz, que se realiza la presente reseña1.

II En su prologo, el autor inicia su planteamiento señalando que su libro “se suma a la corriente de buenas intenciones de los últimos gobiernos en lo que se refiere a procesos de paz”. Sin embargo no deja de impactar que considera el actual gobierno a la cabeza de Alvaro Uribe Vélez como una intención de paz, pues desconoce que la política de seguridad democrática sí por algo se caracteriza, es por su direccionamiento hacia el uso de la “mano dura”, lo cual además es expresión de su política guerrerista y de tierra arrasada, basta con mencionar solo el caso de los falsos positivos. Además afirma que “su propuesta es justa, equitativa y realizable, pero que depende fundamentalmente de la voluntad del gobierno”, la pregunta que suscita dicha afirmación es: ¿Está el gobierno a la cabeza de Alvaro Uribe y su continuador Juan Manuel Santos con la intención de iniciar un proceso de paz con los actores del conflicto armado en Colombia?, las evidencias son innumerables para responder claramente un NO. Hacerlo implicaría reconocer que existe un conflicto armado, pera además considerar a los actores del conflicto como interlocutores validos, lo cual sería una total incoherencia con la política de seguridad democrática. En este sentido, el análisis del autor es erróneo, descontextualizado y débil en veracidad, pues más que ser una propuesta de paz, es una apología a la política de seguridad democrática que coloca a esta doctrina como único escenario idóneo y posible para dar viabilidad a su propuesta.

1 El comité noruego nominó al autor del libro al premio Nóbel de paz de 2010.

Fernando Bermúdez Ardila, Propuesta de paz. ... Alexander Díaz Piracún


IIIEn su capitulo I, titulado Caminando hacia el presente, el autor plantea que Colombia se ha caracterizado por vivir largos periodos de violencia hasta nuestros días, desde el siglo XIX hasta la actualidad dicha situación ha sido un común denominador. Sin embargo no deja de llamar la atención la falta de rigurosidad histórica para hacer dicho balance, pues el libro brilla por la falta de referencias bibliográficas para reafirmar página tras página dicha tesis. El tratamiento de la información es inequitativo, personalista y lo más preocupante anacrónico, es decir que no son claras las fechas y procesos sociales trabajados y además el manejo de la información es genérico y sin análisis e interpretación. Por ejemplo, considera las primeras décadas del siglo XX, como tiempos de calma relativa, lo cual es bastante debatible pues precisamente en estas décadas al llegar el capitalismo a Colombia, se presentaron fuertes protestas por parte de los pobladores de la época en diferentes partes del país, y cuya respuesta por parte del estado pasó por la represión, la muerte y la desolación, todas expresiones del uso de la violencia. Menciona la masacre de las bananeras como un hecho aislado del momento, pero ¿es esto cierto?, porque no menciona el papel desarrollado por Estados Unidos y sus intereses sobre el país, y su implicación y responsabilidad política en dicho suceso. Llegando a la mitad del siglo XX, es preocupante el olvido que el autor tiene con relación al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y todo lo que implicó este hecho para el país y precisamente para el conflicto armado. Para el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla fue de pacificación, además el Frente Nacional, brilla por su ausencia, ¿Historiador? Finaliza diciendo que en Colombia algunos inconformes terminan conformando los primeros grupos de delincuencia común, que generaron desplazamiento hacia las ciudades. Por más simpatía política con el régimen actual, desde ningún punto de vista se puede justificar una propuesta de paz que sea construida desconociendo la historia social y política de nuestro país, por eso no puede ser real dicho proyecto, pues desconociendo el pasado no es posible construir escenarios de paz.

Otro de los temas abordados en este capitulo son los procesos de paz, inicia en 1983 con la presidencia de Belisario Betancourt, terminando en 1998 con la negociación en el gobierno de Andrés Pastrana. El autor ubica como elemento común la falta de compromiso de las Farc, para llevar a feliz termino dicho proceso. Sin embargo en el análisis desconoce otros intentos de procesos de paz con otros actores armados insurgentes y las dinámicas que han entretejido todas las negociaciones. Pero, en una negociación se necesitan dos, el Estado brilla por su ausencia, como sí los gobiernos de turno en verdad se hubieran caracterizado por su voluntad política. Esto es difícil de creer, pues al autor también olvida mencionar que estos gobiernos en términos generales tampoco buscaban la paz, esperaban entrega de armas sin discutir a profundidad las reformas estructurales que necesitaba y hoy necesita Colombia para en verdad poder estar en un posible escenario de paz, por ejemplo reforma agraria, educativa, económica, política y social.

Uno de los puntos que inquietan en este capítulo, es considerar que además de las guerrillas un segundo actor del conflicto es el narcotráfico, lo cual hace parte de la problemática, pero desconoce que este “fenómeno” es parte de la naturaleza misma del Estado colombiano, es decir el narcotráfico no es un fenómeno aparte del Estado, el Estado mismo ha sido parte por acción y omisión de éste, se ha beneficiado de él e incluso importantes narcotraficantes han sido y son en la actualidad parte del Estado. El autor defiende la tesis de la



narcoguerrilla, pero nuevamente olvida hablar del narcoestado o estado mafioso. Tantos olvidos no son casuales, sino que son intencionales, pues hacer referencia a ellos, implicaría reconocer la inviabilidad de su propuesta, pues defiende a capa y espada la institucionalidad democrática colombiana, que sí bien puede ser legal, no es legítima, ya que en la práctica es una democracia interesada, incrédula, parcial y antidemocrática, sobro todo a partir del año 2002 hasta la hoy.

Un tercer actor es el paramilitarismo, el cual referencia a partir de los años 80 con la creación del MAS (muerte a secuestradores), justificando su creación a raíz de las acciones de la guerrilla, los cuales afirma recibieron apoyo para su creación de terratenientes y ganaderos. Aquí hay dos puntos problemáticos, en primer lugar olvida la relación entre paramilitarismo y Estado, desconoce que este fenómeno fue una política de Estado que tenía como objetivo principal no solo convertirse en un grupo ilegal contrainsurgente, también eliminar cualquier tipo de pensamiento disidente fuera legal o ilegal. Esto en pro de la construcción de un modelo de país que garantizara el mantenimiento de ciertas clases dominantes en el poder, asegurando la inversión extranjera y la implantación y mantenimiento del status quo; de esta manera alejando el fantasma comunista y la posibilidad de un país justo, democrático y equitativo. En segundo lugar, es el tratamiento de la información con relación a los paramilitares, cinco párrafos que no superan las treinta líneas, cuestionan y llevan a pensar ¿Por qué considerar a los paramilitares como parte del conflicto armado, si no hay nada que decir? Es innegable que sobre ellos hay mucho que decir, sobre todo porque a pesar de que el autor cree en su proceso de desmovilización, las evidencias contradicen esta tesis, están más activos que nunca. ¿Es viable una propuesta de paz, teniendo en cuenta la farsa del proceso de desmovilización anterior? Finaliza el capitulo afirmando que los actores principales del conflicto armado son: el narcoparamilitarismo, la narcoguerrilla y la delincuencia común dedicada al narcotráfico, lo que según él “convierte al país en una narcosociedad”. Sin embargo, nuevamente brilla por su ausencia hacer referencia a un actor también histórico e innegable el narcoestado, fortalecido a desde el año 2002 y como van las cosas, hasta quién sabe cuando.

IVEl capitulo II titulado Una Paz Minada, no es más que la reafirmación de lo dicho y no dicho en el primer capitulo, sin embargo llama la atención la consideración que hace sobre los “importantes esfuerzos de los últimos dos gobiernos por alcanzar la paz”, con la ironía de soportar esta afirmación con estadísticas del Ministerio de Defensa, en donde todas las cifras con relación al conflicto han bajado. ¿Es posible si quiera considerar dicha afirmación?, mencionemos solo los casos de los falsos positivos, el incremento del desplazamiento y la pobreza tanto en el campo como en la ciudad, el asesinato de sindicalistas, la arremetida contra organizaciones defensoras de derechos humanos, la persecución al opositor y pensamiento disidente y otras situaciones que dejan en entredicho esta consideración. Más bien, es todo lo contrario, han sido proyectos de guerra que pretenden consolidar y reafirmar el status quo, y por eso no es casual que el próximo dictador colombiano siga con las políticas de crimen del señor Alvaro Uribe Vélez.



Otro de las tesis que nos llaman la atención es la afirmación hecha por el autor que plantea que mientras existan cultivos ilícitos, habrá conflicto armado en Colombia. Lo cual es preocupante porque es pensar ingenuamente que al eliminar los cultivos ilícitos los problemas de la sociedad colombiana acabarían. ¿En verdad el problema de Colombia son los cultivos ilícitos?, los demás problemas denunciados por las comunidades y los sectores más pobres de nuestro país no existen, son una invención la necesidad de una reforma agraria, la redistribución equitativa de los recursos económicos, los altos índices de desplazamiento forzado, el terrorismo de Estado, la falta de garantías para la oposición y en síntesis, la necesidad de hacer las reformas estructurales que necesita nuestro país. Sería correcto pensar que todo esto se acabaría al poner fin a los cultivos ilícitos e incluso prolongarlo hasta el fin del conflicto armado, sin dudarlo, es una afirmación incoherente y sin evidencia histórica.

Por ultimo, en el marco de una propuesta de paz, no deja de llamar la atención que el autor considere al Plan Patriota como parte de este proyecto de salida al conflicto, pues nuevamente vuelve a ser contradictoria, una propuesta de paz trabajada desde un proyecto de guerra, en donde no solamente la intención es “arrasar” con los integrantes de las Farc. El autor olvida las denuncias que se han hecho de la constante violación de derechos humanos hacia la población civil, inmersa en los territorios en donde opera dicho plan. Sumado a lo anterior el autor considera el proceso de Justicia, Paz y Reparación, como una solución transitoria al conflicto, cuando en la práctica esta ley brilla por su nivel de impunidad con las víctimas, en donde no solo no se ha hecho efectiva, sino que ha sido una completa farsa. Por ejemplo, con el proceso de desmovilización de los paramilitares, la desmovilización como tal no es real, además las víctimas no saben la verdad y mucho menos han sido reparadas. Así, ¿En qué medida, dicho proceso puede considerarse como un avance hacia la paz? O más bien, es un distractor más para hablar de paz, mientras a las espaldas se designa amplio recurso económico y militar para continuar la guerra. Y por eso debemos preguntarle al autor del libro ¿Qué entiende por paz?, ¿Qué entiende por solución práctica? y ¿Cómo entiende el conflicto armado en Colombia?

VEl tercer y último capitulo titulado Solución práctica al conflicto armado, el autor lo inicia planteando “que sí en verdad se quiere construir una propuesta de paz en el país se debe recurrir al indulto”, planteamiento que recoge de Alvaro Uribe Vélez. En el contexto actual colombiano, el costo de esta propuesta está en el marco del perdón y olvido, lo cual implica altos niveles de impunidad, y la imposibilidad para acceder a la verdad sobre las causas y razones de diferentes sucesos. Por ejemplo, las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y los casos de falsos positivos y el terrorismo de Estado; pero también incluye no acceder a una reparación de las víctimas e inevitablemente continúan los interrogantes al autor ¿Es viable un indulto con las particularidades del conflicto colombiano?, ¿La paz se construye teniendo como base el perdón y olvido?

La propuesta como tal planteada por el autor, inicia con la conformación de 25 colonias, llamados “laboratorios de paz”, con 10.000 damnificados y sus familias en cada una, para un total de 50.000 personas por cada colonia y las tierras en donde se ubicarían están



colonias, serian las tierras ocupadas por los actores del conflicto. Sobre esto, ¿Estarían los terratenientes, hacendados, narcotraficantes y gobernantes (que pueden ser todos a la vez) que hoy en día ocupan estas tierras en disposición de entregarlas a los actores y víctimas del conflicto armado? En la situación actual colombiana no es difícil pensar en la inviabilidad de esto, pues estos territorios hacen parte del modelo de acumulación, explotación de recursos naturales y megaproyectos, de importantes sectores de las clases dominantes colombianas que no estarían dispuestos a hacer este tipo de concesiones.

Partiendo del hecho que esto fuera real, se plantea una segunda fase en donde las comunidades ubicadas en estos laboratorios de paz, iniciarían un proceso de comercialización de productos para su sostenimiento, estos productos serian la palma africana y caña de azúcar, según el autor del libro porque son dos de los productos que representarían mas altos ingresos para las familias, además por su importancia hacia el exterior. Los vacios saltan a la vista, pues Colombia es un país en donde su seguridad alimentaria está amenazada y en donde son más las importaciones de alimentos que las exportaciones, por lo tanto, ¿no sería conveniente en el marco de un proceso de paz real, tomar esto como una oportunidad para propender por una seguridad alimentaria soberana e independiente? ¿Qué tipo de “paz” le juega al neoliberalismo inhumano y asesino?

Vale la pena referenciar que en términos de financiación, el Estado cubriría estos gastos en una primera fase y en una segunda de comercialización, cada familia seria autosuficiente. En términos territoriales a cada familia se le entregarían 10 hectáreas, 6 de ellas para el cultivo de uno de estos productos (palma africana y caña de azúcar), y las otras distribuidas en la siembra de alimentos de pan coger y su vivienda. Todo esto en el marco de un programa de educación ambiental custodiados por las Fuerzas Militares, la policía y las instituciones del Estado. Un nuevo interrogante: ¿Uno de los actores del conflicto armado en Colombia, custodiando a los que tomaron la vía de la paz, qué funciones cumplirían y cómo actuarían en el incumplimiento a las normas establecidas? En definitiva, esta propuesta es a claras luces inviable, irrealizable y sin ningún efecto práctico al corto y largo plazo, por lo tanto, ¿Qué puede estar detrás de una propuesta de paz, que se plantea como una solución práctica al conflicto armado colombiano y que se encomienda al continuador de la política de seguridad democrática, realidad que en su totalidad es contraria a la paz?

VISu último apartado titulado: La actualidad de Colombia hoy, breve reseña histórica (marzo 2006-enero de 2008) el autor termina haciendo una oda a la política de seguridad democrática del dictador Alvaro Uribe Vélez. ¿Por qué el libro termina precisamente con este apartado?, ¿Por qué realizar una propuesta inviable? ¿Acaso estamos asistiendo a un nuevo show en el que nos dicen que quieren un proceso de paz para quitarse el rotulo de criminales de guerra y mostrarle a la comunidad internacional que aquí si hay democracia? Al respecto, consideramos la siguiente frase bastante disiente: “el país no debe permitir que un esquema político que ha brindado una mínima seguridad en los últimos años, sea relegado por el próximo presidente, aunque el panorama político actual hace pensar que Uribe dejará un sucesor que comparta su ideología y pensamiento”. Blanco es y frito se come… Más de lo mismo: Guerra y Desigualdad.



Revista Espacio crítico nº11. Julio-Diciembre de 2009

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