Revista Envío 30
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Noticias resumen
Transcript of Revista Envío 30
Esta edición de la RevistaEnvío-Honduras es unaproducción del Equipo deReflexión, Investigación yComunicación de la Compañíade Jesús (eric-sj).Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente.
© ERIC-SJ: Apartado Postal N° 10 Teléfonos: (504) 647 4227 Fax: (504) 647 0907 El Progreso, Yoro, Honduras E-mail: [email protected] www.eric-sj.org
Consejo de redacción:Ismael Moreno SJ, Isolda Arita,Marvin Barahona, Joaquín A. Mejía R.y Eugenio Sosa.
Colaboran en este número:Ismael Moreno, SJ, Marvin Barahona,Juan Antonio Mejía Guerra,José Luis Rocha y Carlos René Sop, SJ.
Editores: Marvin Barahona e Isolda Arita
Diagramación: Oscar Alejandro Mendoza G.
Esta revista se publica con el apoyo del Gobierno del País Vasco.
Impresión:Editorial Guaymuras,Tegucigalpa, Honduras.Tiraje: 1 000 ejemplares
envio Año 9 • N° 30 • Honduras • Septiembre de 2011
Corrupción: plaga política
(...) Soy escéptico en cuanto a la ética de los políticos o de cual-quier otro grupo social, incluidos los religiosos y sacerdotes. En lo que sí creo es en la ética de la política, y no en la política. O sea, crear instituciones y mecanismos que cohíban a quien se sienta
tentado a corromper o a ser corrompido. La carne es débil, dice el Evangelio. Pero las instituciones deben ser suficientemente fuertes, las investigaciones rigurosas y los castigos severos. La impunidad hace al delincuente. Y en el caso de los políticos, a ésta se le añade
la inmunidad. ¡Viva la robadera!
De ahí la urgencia de la reforma política —un tema que pareceolvidado— y de una profunda reforma de nuestro sistema judicial. ¿Qué adelanta la Policía con agarrar a algunos, si al día siguientetodos ellos vuelven a la calle, ansiosos por destruir las pruebas?Y aun se gasta saliva en balde en cuanto al uso de los grilletes,
olvidando los millones sustraídos… y nunca devueltos a las arcas públicas.
A pesar de que el sospechoso quede en libertad, ¿por qué la Justicia no le congela sus bienes y le impide mover sus cuentas bancarias?
La parte más sensible del cuerpo humano es la bolsa. Los corruptos saben muy bien hasta dónde pueden ser beneficiados o perjudicados.
Frei Betto
Teólogo y escritor brasileño
• Los paralelismos en la realidad hondureña ...............................1
• Las nuevas incertidumbres de un gobierno ineficienteyerrático ..................................................................8
• ¡Energía limpia sí, etnocidio no! ............................................12
• Los jinetes del desarrollo en tiempos neoliberales ..................18
• Migraciones forzadas y pueblos indígenas .............................37
• Apenas fue ayer. Las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ....................40
El rumbo de este segundo semestre del año parece es-
tar condicionado y definido por una realidad paralela, que puede llegar a constituirse en factor decisivo al bloquear cualquier propuesta de construcción de la democracia y de un auténtico Estado de Derecho.
Por una parte, todos los ca-minos parecen conducir hacia el arreglo de los conflictos en el terreno político-electoral, como si estuviésemos en un estado de normalidad social y política; y, por otra, el país sigue hundiéndose en la inseguridad, la violencia y la apli-cación de la ley del más fuerte, en un Estado que promueve y protege la impunidad de los poderosos y la indefensión de los débiles.
Romper con este paralelismo es un imperativo, y en esta dirección la propuesta de un nuevo pacto social adquiere mayor fuerza, como instrumento de ruptura y elemento
Los paralelismos en la realidad hondureña:La “normalidad” política en una sociedad fallida
ISMAEL MORENO, SJ*
Todo parece conducir hacia el arreglo de los conflictos en el terreno político-electoral, como si estuviésemos en un estado de normalidad social y política. Sin embargo, el país sigue hundiéndose en la inseguridad,la violencia y la imposición de la ley del más fuerte. Este paralelismo
nos empuja hacia una sociedad fallida y a un estado de esquizofrenia política y social.
¿Quién y cómo podrá romper este paralelismo macabro?
dinamizador de una salida a la crisis social y política reinante.
LA APUESTA PORLA “NORMALIDAD”POLÍTICALa Administración Lobo Sosa
ha logrado capitalizar diversos efectos desencadenados tras el golpe de Estado de 2009. La ini-ciativa y la conducción del proceso político la tienen Lobo Sosa y los sectores aglutinados en torno de su gobierno.
Con los Acuerdos de Cartagena de Indias y el informe presentado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), de mayo y julio respectivamente, Lobo Sosa logró una reinserción exitosa del Estado hondureño en la comunidad internacional; incluso consiguió un claro reconocimiento de gobiernos que habían sostenido su cuestio-namiento y escepticismo ante un régimen que nació pocos meses después del golpe de Estado.
Los Acuerdos de Cartagena, fir-mados el 22 de mayo, representan una estrategia política coherente
con la búsqueda de la “normali-dad” política y social que el golpe de Estado cercenó de tajo. Con la anuencia plena del expresidente Manuel Zelaya Rosales y del propio Lobo Sosa —en presencia de los dos mandatarios sudamericanos que re-presentan las corrientes ideológicas y políticas confrontadas en América latina—, los Acuerdos no pudieron tener un mejor aval.
Con estos se sentaron las bases para el regreso triunfal de Zelaya Rosales, el retorno exitoso de Hon-duras a la OEA, la descongelación de las ayudas y créditos retenidos por la comunidad internacional antes de la normalización, el re-conocimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como fuerza política, y la apertura a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que incluya a los bandos enfrentados.
TODOS JUEGANSUS CARTASEl dinamismo abierto por los
Acuerdos de Cartagena desembocó en una nueva coyuntura, definida
1septiembre 2011
ACTUALIDAD
* Director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) y de Radio Progreso.
2envío
por lo político-electoral. La con-flictividad política amasada entre julio de 2009 y mayo de 2011 acabó reducida, en el segundo semestre de este año, a una tenaz lucha político-electoral en la que juegan sus cartas todos los protagonistas del espectro político: desde la extrema derecha llamada golpista, hasta los más radicales conductores del FNRP. Este ha sido, sin duda, el mayor éxito obtenido por la capacidad de maniobra de los sectores agrupados en torno de la Administración Lobo Sosa.
¿Qué busca este proceso, con-ducido por un sector político hon-dureño en alianza con un sector latinoamericano liderado previsi-blemente por Colombia, México y Brasil? Lo más obvio es que se pre-tende atar el contexto hondureño a un gobierno que parece aglutinar a diversos sectores ubicados política-mente al centro, dando así señales de que se ha logrado aislar a los extremos de derecha y de izquierda.
Aunque el gobierno de Esta-dos Unidos estuvo ausente en las conversaciones y la firma de los Acuerdos de Cartagena, la iniciati-va de agrupar a sectores políticos de centro, aislando los extremos, hace que coincida el interés político de al-gunos gobiernos latinoamericanos con el interés político del gobierno estadounidense.
LOS LOGROS DELINFORME DE LA CVREl informe de la CVR, divulga-
do en julio, vino a dar un marco de estabilidad al proceso político pues-to en marcha desde los Acuerdos de Cartagena. El informe reconoció que lo ocurrido el 28 de junio de 2009 fue un golpe de Estado, que la elección de Roberto Micheletti fue ilegal y que, por tanto, su mandato se ejerció desde un gobierno de
facto; que durante los siete meses de su gestión ocurrieron notables violaciones a los derechos huma-nos, promovidos y ejecutados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Lo más destacado de este infor-me es que propone más de ochenta recomendaciones que sugieren reformas urgentes para evitar que se repita otro golpe de Estado, para recuperar el proceso democrático y el Estado de Derecho, garantizar la vigencia y el respeto de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y el enjuiciamiento y sanción de los violadores de los derechos humanos1.
El Informe de la CVR termina donde comienza el gobierno de Lobo Sosa. Por tanto, le da una aureola de legitimidad a lo ocurrido después del 27 de enero de 2010 y entrega en bandeja la cabeza de los golpistas de pura cepa, al tiempo que le atribuye una alta cuota de responsabilidad al gobierno de Zelaya Rosales en el estallido de la crisis.
El presidente Lobo se compro-metió con satisfacer las recomen-daciones propuestas. No obstante, a dos meses de su divulgación, las instituciones indicadas a impul-sarlas aún no daban una señal de interés, y menos algún indicio de que pretendan hacerlas cumplir.
Sin embargo, el informe de la CVR logró el objetivo pretendido por sus promotores: retornar la realidad política hondureña a la “normalidad”, “darle vuelta a la página”, y así continuar orientando el proceso hacia un terreno estric-tamente político-electoral. Y, sobre todo, logró a rajatabla el cometido de la función que le asignaron sus patrocinadores: desde una apa-
ACTUALIDAD
EMO
La tarde del 7 de septiembre,
el hondureño de origen hindú
Mahadeo Roopchano Sadloo,
más conocido como Emo
y reconocido militante del
Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP), fue ultimado en
Tegucigalpa, en una llantera y
venta de rines de su propiedad.
Tenía 55 años.
Una ambulancia del Cuerpo de
Bomberos le dio los primeros
auxilios, pero al llegar al hospital
fue declarado muerto. Su cuerpo
presentaba cinco heridas de
bala en el tórax y en la espalda.
Según versiones de testigos, unos
sujetos llegaron al negocio y le
dispararon sin mediar palabra.
Luego huyeron.
Sadloo era un símbolo del FNRP
por su activa participación en
todas las manifestaciones y actos
públicos que se desarrollaron
desde el golpe de Estado de
junio de 2009, hasta el día de su
muerte. El FNRP calificó el hecho
como un asesinato político.
1 Véanse las recomendaciones de la CVR en este número de Envío-Honduras, pp. 40-52.
3septiembre 2011
riencia de verdad y objetividad, legitimar la impunidad en la que se escudan los diversos sectores oficiales y sus allegados2.
TODO HUELE ACAMPAÑA POLÍTICAA partir de este segundo se-
mestre, todo parece oler a campaña política. El Partido Nacional se esfuerza en capitalizar el ambiente de “normalidad” que ha logrado la presente Administración. Además, pareciera que Lobo Sosa intenta “heredar” su propuesta política, al trasladar su influencia a algunos de sus posibles sucesores, relegando a un segundo plano a las fuerzas tradicionalmente “oscuras” de su partido. Uno de sus favoritos es Juan Orlando Hernández, presi-dente del Congreso Nacional.
Por su parte, el Partido Liberal se afana en buscar un camino para organizar una propuesta coherente a partir de los fragmentos a los que quedó reducido desde los sucesos del 28 de junio de 2009. Y el FNRP, convertido desde junio en Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), bajo el indiscutible lideraz-go de Zelaya Rosales, está dedicado a darle formalidad institucional al instrumento político con el que se presentará a las elecciones de no-viembre de 2013.
Además de tales ofertas, se ha despertado la fiebre por nuevas opciones electorales; estas reúnen a sectores que han sido parte del tradicionalismo político, pero que, advertidos del deterioro de los par-tidos tradicionales, han decidido ex-plorar otras posibilidades. Así han nacido y florecen opciones como la candidatura del general (r) Romeo Vásquez Velásquez; o el Partido
Anti-Corrupción del comentarista deportivo Salvador Nasralla que, en apenas dos meses, logró completar los requisitos mínimos para su ins-cripción como partido político en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
LA LÓGICA DE “DARLEVUELTA A LA PÁGINA”En tanto que los Acuerdos de
Cartagena y el informe de la CVR lograron que Honduras le diera vuelta a la página, los poderes eco-nómicos capitalizan este ambiente de aparente normalidad política para lanzar sus proyectos de alta radicalidad neoliberal. En mayo tuvieron la osadía de convocar a prominentes inversionistas multi-nacionales para lanzar un operativo económico, Honduras is Open for Business, que vino a decir que la salida a la crisis económica local no se encuentra en el capital nacional y mucho menos en su mediana o pequeña empresa.
Cualquier salida a nuestra cri-sis económica, dieron a entender los empresarios y el gobierno, ha de ponerse en manos del capital multinacional. Para completar esta visión, la cúpula empresarial logró una alianza con los políticos para aprobar la legislación y los meca-nismos de implementación de las llamadas Regiones Especiales de Desarrollo o “Ciudades Modelo”, con un régimen económico muy particular, bajo una legislación no menos singular y extraña a nuestro marco jurídico, decretado exclusiva-mente para regir en determinadas porciones del territorio nacional.
En el terreno económico, la lógica de “darle vuelta a la página” pasa por la aprobación de nuevas figuras jurídicas que flexibilizan empleos y salarios para garantizar mayores facilidades a la inversión extranjera, en detrimento de la
ACTUALIDAD
IAIP ORDENA A DIPUTADOS INFORMAR SOBRE SUBSIDIOS
Mediante la resolución 123-2011
del 28 de julio, el Instituto de
Acceso a la Información Pública
(IAIP) declaró con lugar el recurso
de revisión presentado por
Revistazo.com en contra de los
diputados al Congreso Nacional
que se negaron a entregar
información sobre los subsidios
que recibieron en la primera
legislatura.
La resolución del IAIP obliga a 70
diputados a presentar un informe
de los proyectos ejecutados y de
las personas beneficiadas, así
como copias de los recibos de
entrega de las ayudas.
El recurso se presentó contra 235
diputados, y las autoridades del
IAIP dijeron que los 165 restantes
serán notificados próximamente.
A inicios de este año, el Centro
de Promoción de los Derechos
Humanos de Honduras
(CIPRODEH) informó que durante
2010 las y los congresistas
obtuvieron una asignación de
450 millones de lempiras. Ese
dinero sirve, presuntamente,
para ejecutar obras sociales
en las comunidades que estos
representan.
Sin embargo, durante 2009 y
2010, Revistazo.com realizó
investigaciones de campo y
pudo confirmar que muchos de
los proyectos para los cuales
sale dinero del Congreso, no se
ejecutaron.2 Cfr. Nuestra Palabra, editorial de Radio
Progreso del 7 septiembre de 2011.
4envío
legislación laboral nacional y de las condiciones de vida de los asalaria-dos en la industria maquiladora, el comercio, el turismo, las cadenas de comidas rápidas y otras empresas más.
LA OTRA HONDURAS,DE SANGRE EN SANGRELa “normalidad” política al-
canzada hasta ahora transcurre paralelamente a la “otra” Hondu-ras, esa que nos impacta todos los días con sus escalofriantes cifras de violencia y muerte. En este segundo semestre de 2011 ocurre un prome-dio de dos masacres por día, con 17 personas asesinadas diariamente. Estos datos nos sitúan como el país más violento de la región, por encima de Guatemala y El Salvador.
Un informe difundido a inicios de este año, originado en México, ubica a la capital hondureña y a San Pedro Sula en el exclusivo grupo de las diez ciudades más violentas del planeta3. Mientras que otro informe situaba a Honduras, El Salvador y Guatemala como el triángulo de países con mayor inseguridad en el mundo4.
A ello se agrega lo informado por un organismo estadounidense, que sostiene que por Honduras circula alrededor del 90% de la co-caína que, pasando por Guatemala y México, llega hasta los Estados Unidos5. Según diversos estudios, el promedio de muertes violentas en Honduras es de 77 por cada cien mil habitantes, pero la espiral crece con tanta aceleración, que se estima
una proyección, para fines de este año, de 86 muertes violentas por cada cien mil habitantes6.
A finales de agosto, Óscar Álvarez —quien fungió como mi-nistro de Seguridad hasta el 10 de septiembre— hizo pública una denuncia sobre avionetas que ate-rrizan diariamente en territorio hondureño transportando drogas, supervisadas por oficiales activos de la Policía Nacional.
Este dato, por sí mismo, es escalofriante; sin embargo, se hace añicos cuando, a renglón seguido, Álvarez anuncia que el combate a la delincuencia y el crimen organizado podrá ser efectivo sólo cuando él sea presidente de la República y el sub-secretario de Seguridad —también hasta el 10 de septiembre—, alcalde de San Pedro Sula. Así deja en claro que la política y la “estabilidad” quedan subordinadas a los dinamis-mos de la Honduras ensangrentada por quienes controlan los hilos de la violencia.
Mientras la izquierda se afana en recoger las firmas exigidas por la legislación electoral para inscri-bir al FARP como partido político, muchos campesinos son asesinados casi a diario en el valle del Aguán en el marco de un problema ini-cialmente agrario, que ahora se ha convertido en un conflicto entre grupos campesinos, terratenientes agroindustriales, políticos de oficio y cárteles del crimen organizado.
¿QUIÉN SERÁEL SIGUIENTE?Mientras la comunidad inter-
nacional y diversos sectores polí-ticos le dieron vuelta a la página y trasladaron los conflictos al terreno
ACTUALIDAD
¿A QUIÉN FAVORECE LA COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS?
Una investigación realizada por
el movimiento Transformemos
Honduras (TH) revela que, entre
2005 y 2010, el 57% de la compra
de medicamentos se realizó por
licitación privada y contratación
directa, lo cual no abona a la
transparencia.
Asimismo, señala que existen
214 empresas que concentran
la producción nacional y la
importación y distribución
mayorista de medicinas. Sin
embargo, en ese periodo, solo
37 proveedores (17%) recibieron
contratos de adjudicación.
Otro hallazgo importante es que,
antes de 2010, el laboratorio
Astropharma, propiedad de
la diputada nacionalista Lena
Gutiérrez, solo había recibido un
contrato por 482 mil 450 lempiras.
No obstante, en el proceso de
compra directa de ese año, logró
dos contratos: uno por 21 millones
y otro por 48.7 millones.
El documento revela que el caso
de Astropharma es único, pues
no hay otro proveedor con una
participación tan esporádica en el
mercado de medicamentos de la
Secretaría de Salud en el pasado,
y con una cuota tan sustancial
en los últimos dos procesos de
compra de medicamentos.
3 Estudio realizado por el Consejo Ciu-dadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México, enero de 2011.
4 Analítica Internacional Coppan 2050 AC, mayo de 2011.
5 Reporte Mundial de Drogas, Analítica Internacional, agosto de 2011.
6 De acuerdo con un estudio del Obser-vatorio de la Violencia en Honduras, UNAH, septiembre de 2011.
5septiembre 2011
político-electoral, los periodistas y comunicadores sociales siguen en vilo preguntándose quién será la siguiente víctima, en un ambiente donde quince de ellos han sido ase-sinados en apenas dos años.
El informe de la CVR recomien-da una atención directa a las con-diciones en que los comunicadores sociales ejercen su labor, al tiempo que demanda reformas institucio-nales para democratizar el acceso a los medios de comunicación y al pleno ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, el gobier-no se ha limitado a archivar estas recomendaciones y a dirigir todos sus esfuerzos hacia la “normalidad” política para garantizar el éxito de las elecciones generales de 2013.
LA “LEY DEL MÁSFUERTE” NO RESPETAIDEOLOGÍAS¿Cómo se explica el asesinato
de tantos periodistas? Lo primero a decir: en estos asesinatos no pesan los motivos ideológicos o la adop-ción de una determinada postura política. No se mata a periodistas porque piensen de tal o cual mane-ra, o porque militen en este o aquel partido u organización política. No se aprieta el gatillo contra un comunicador social porque sea de la Resistencia o porque haya apo-yado el golpe de Estado; aunque no se excluye que en algunos casos el argumento político o ideológico haya sido uno de los móviles para acallar una voz.
Cada una de las quince muertes ocurridas desde el golpe de Estado tiene sus propias características. Entre los asesinados hay perio-distas o comunicadores afines a la Resistencia; otros laboraban en medios de comunicación compro-metidos con el golpe de Estado; y también hay comunicadores que,
sin tener ninguna participación política directa, cayeron asesina-dos. Es decir, cada muerte tiene su peculiaridad.
Y es aquí donde radica lo más terrible. Basta que una persona utilice un micrófono, una compu-tadora o una cámara para publicar o divulgar información que afecta a los poderosos de la comunidad, el municipio o el departamento, para que su vida quede expuesta a un riesgo mortal. Y, cuanto más alejado se encuentre el comunicador de los principales centros urbanos, mayor es la amenaza mortal en su contra.
Esto es así porque en las comu-nidades, municipios y departamen-tos la institucionalidad del Estado es débil; y por ello se es fácil presa de los potentados locales. Si en un municipio un comunicador social transmite alguna noticia que afec-ta los intereses de estos poderes, entonces los afectados contratan matones para eliminarlo. El Estado y sus instituciones no sólo saben esto, sino que sus funcionarios se convierten en barrera de protec-ción para que los fuertes gocen de inmunidad y actúen con la mayor impunidad.
La relación con el más fuerte representa, para los funcionarios públicos, beneficios y prebendas económicas muy superiores a sus salarios. Y quien ejerce la “ley del más fuerte” sabe que el Estado, a lo sumo, capturará y procesará a los ejecutores del crimen, pero jamás tocará a quienes lo ordenaron. En este contexto, los más fuertes de cada localidad actúan y ejercen poder como si fuesen el Estado mismo7.
ACTUALIDAD
GASTO MILITAR
La Secretaría de Defensa se
propone adquirir cuatro aviones
Súper Tucan y tres radares con
los recursos que le asignen de la
tasa de seguridad que establece
la cuestionada Ley de Seguridad
Poblacional.
Cada avión, que viene provisto
de ametralladoras, un radar,
lanzabombas y equipo de visión
nocturna, tiene un costo de más
de diez millones de dólares (más
de 190 millones de lempiras).
Es decir, que Honduras gastará
más de L 760 millones en su
adquisición.
La justificación es que servirán
para interceptar avionetas con
droga que aterrizan en las pistas
clandestinas del país, según
declaraciones del jefe del Estado
Mayor Conjunto de la Fuerzas
Armadas, general René Arnoldo
Osorio Canales.
El oficial indicó que ellos
pretendían adquirir unos ocho
Súper Tucan, pero agregó que
son conscientes de que el país
no pasa por un buen momento
económico y se conformarían
con unos cuatro para cumplir su
misión.
7 Ejemplo de ello es lo ocurrido en la ciudad de El Progreso, en junio de 2010. Conforme a numerosos testigos oculares, un hijo de Roberto Micheletti Baín –Aldo Micheletti– provocó un
6envío
LA IMPUNIDAD, INTACTAE INTOCABLE La lógica de la ley del más
fuerte establece una enorme dis-tancia entre las decisiones forma-les y legales que se originan en la institucionalidad del Estado, y las decisiones que realmente definen la vida cotidiana en nuestra sociedad. La ley del más fuerte está en la base de la fragmentación de la sociedad y es lo que convierte a Honduras en terreno fértil para una disputa entre quienes tienen más capacidad para imponer sus propias leyes desde la violencia y bajo la media-ción de la muerte como criterio de imposición. Así, tenemos muchas “Honduras” en un solo territorio.
En este contexto de aguda precariedad y arbitrariedad insti-tucional, las muertes de periodistas y comunicadores sociales —como el asesinato cotidiano de mujeres en el marco de un auténtico fenómeno de femicidio— seguirán en la sombra de la impunidad, porque ésta es lo propio en una sociedad que se rige
por la ley del más fuerte. Por eso, hasta hoy, se siguen limando las as-perezas políticas, pero la impunidad sigue intacta y es intocable, porque representa un íntimo contubernio entre el Estado y quienes ejercen la ley del más fuerte8.
UN PARALELISMOMACABROLos Acuerdos de Cartagena y
el informe de la CVR, así como los diversos diálogos convocados por el Poder Ejecutivo desde julio hasta septiembre, han buscado legitimar uno de los rieles del dramático para-lelismo hondureño: hacernos creer que vivimos en la “normalidad” y que la política de siempre, es decir, la liderada por el bipartidismo, es donde podemos lograr acuerdos y resolver nuestras diferencias. Y mientras se afina esta vía, la otra, la de la muerte y la impunidad, sigue definiendo macabramente la vida cotidiana de nuestra gente.
Este paralelismo, definido por una aparente “normalidad” política y una realidad cotidiana de inde-fensión y sometimiento a la ley de los más fuertes, contribuye grande-mente a que nos conduzcamos hacia una sociedad fallida y a un estado de esquizofrenia política y social. Esto es lo que, en última instancia, subordina toda la institucionalidad política y jurídica a los intereses y decisiones de los actores que deci-den desde el poder, amparados por la impunidad y la fuerza.
SIGNOS DE UNASOCIEDAD FALLIDA El caso hondureño no es un
asunto exclusivamente político, que pueda resolverse sólo con las elecciones. La crisis detonada por
ACTUALIDAD
APOYO A PALESTINA
El presidente Porfirio Lobo ratificó
el apoyo de su gobierno a las
aspiraciones de Palestina de ser
reconocida como miembro de
pleno derecho de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
En el discurso que dio el 21 de
septiembre ante el 66 período de
sesiones de la ONU, en Nueva
York, el presidente dijo que,
“por encima de los intereses
geopolíticos, es inviolable e
inalienable la autodeterminación
de los pueblos...”. Y agregó que,
“en este sentido, mi Gobierno
ha reconocido a Palestina como
Estado y se identifica con sus
legítimas aspiraciones de llegar a
ser miembro de pleno derecho en
el concierto de las naciones”.
Lobo ratificó su compromiso con
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y reiteró que
en su país “no existe una política
de violación de los derechos
humanos”. Recordó que la crisis
política de 2009 heredó a su
gobierno “un grave deterioro
en la situación de los derechos
humanos”, y que superarlo
constituye una de sus más altas
prioridades.
accidente de tránsito cerca de las insta-laciones de Radio Progreso, tras el cual hubo al menos una víctima mortal y varios heridos. Las autoridades locales organizaron toda la información, hasta demostrar ante la ley que la persona que conducía el automóvil que provocó el accidente no era el hijo del exgober-nante de facto, garantizando a la vez, a quien se autoinculpó, un juicio breve y una sentencia favorable. En este caso, la ley del más fuerte establece que quienes sostienen la versión original son mentirosos y quedan expuestos a ser enjuiciados por quienes torcieron la ley. La ley del más fuerte no tiene fisuras: nadie tiene capacidad de hacer valer otra verdad que la oficial, porque la ley ya dio su veredicto inapelable a favor de quien, en los hechos, ejerce el poder en nombre del Estado.
8 Cfr. Nuestra Palabra, editorial de Radio Progreso del 23 de julio de 2011.
7septiembre 2011
el golpe de Estado es el producto de procesos continuados de acumula-ción de conflictos que convirtió a los partidos políticos, la institucionali-dad política, jurídica y económica en instrumentos obsoletos ante las demandas sociales y políticas.
Esta crisis, por tanto, no puede resolverse con una salida política que ya caducó. La comunidad in-ternacional equivocó el camino, aunque de momento parece haber “estabilizado” el entuerto hondure-ño. Lo hecho, sin embargo, repite lo ya expresado por el golpe de Estado que, como salida, sólo postergó la solución a los desafíos planteados por la realidad social, que ahora retorna bajo la forma de una acu-mulación creciente de conflictos de toda naturaleza a los que no se les dan soluciones duraderas.
En la aguda batalla por la supervivencia y la seguridad ciuda-dana se manifiestan los signos que nos están conduciendo hacia una sociedad fallida, de forma sostenida y persistente. En este contexto, lo estrictamente político y electoral servirá sólo como un factor decisi-vo de cooptación de otros caminos alternativos, al tiempo que la so-ciedad fallida seguirá conviviendo, pacientemente, con una sociedad y un Estado subordinados a la ley del más fuerte. Romper con este para-lelismo es una necesidad política de primer orden.
¿QUIÉNES ROMPERÁNESTE PARALELISMO?¿CÓMO SE PUEDEROMPER?La ruptura se ha de emprender
desde una alianza al interior de las organizaciones comunitarias, populares, campesinas, defensoras de derechos humanos, étnicas, de género y juveniles, como punto de partida hacia una propuesta de pacto social9 que comprometa al gobierno, los partidos políticos y los actores económicos y sociales en tor-no de objetivos nacionales comunes.
La lucha por este nuevo pacto social es un modo de romper con los paralelismos en que se encuentra atrapada nuestra sociedad, sobre todo si propone o sugiere conte-nidos que superen la dimensión estrictamente política de los pro-blemas nacionales. Por tanto, la lucha por un nuevo pacto social sólo puede ser liderada por los sectores populares, sustentados en alianzas específicas y a partir de sus propios contenidos de lucha.
ACTUALIDAD
TRÁFICO DE ARMAS
La cadena de noticias Fox reportó
el 10 de julio que la Oficina de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego
y Explosivos (ATF), en su división
de Tampa, Florida, organizó una
operación para infiltrar armas a
Honduras, mil de las cuales fueron
vendidas a miembros de maras o
pandillas.
En un comunicado de prensa
del 21 de septiembre de 2010,
A. Brian Albritton, Fiscal de los
Estados Unidos, afirmó que
cuatro de los acusados por la
llamada Operación Castaway
son hondureños. Y aseguró que
la investigación revela el tráfico
de armas a Honduras para luego
ser distribuidas a miembros de
cárteles del narcotráfico y grupos
paramilitares.
En una traducción libre del
comunicado de prensa que
ofreció Proceso Digital se reseña
que los acusados traficaron
pistolas Glock semiautomáticas,
pistolas semiautomáticas FN y
rifles AR-15 de cañón corto, entre
otras armas de fuego. Las FN,
en particular, son las preferidas
por los narcotraficantes y grupos
paramilitares.
Fáciles de ocultar y capaces de
disparar municiones que pueden
penetrar los chalecos antibalas de
los oficiales de la ley, las FN son
denominadas por los miembros
de cárteles como “matapolicías”.
Armas de fuego como estas son a
menudo objeto de contrabando a
través de Honduras y otros países
de Centro y Sudamérica.
9 La propuesta de un nuevo pacto social la hemos venido sustentando en las páginas de la revista Envío-Honduras desde antes del golpe de Estado de 2009. El nuevo pacto social del que hablamos se define a partir de consensos mínimos entre diversos sectores y sin exclusiones de ninguna naturaleza, que considere prioritariamente los grandes temas nacionales: agro, recursos naturales, educación, salud, vivienda, empleo, política fiscal y una institucionalidad que garantice la plena participación política de toda la ciudadanía. Esto es lo que diferencia a esta propuesta de aquellas que proponen un pacto social desde la lógica excluyente de las elites. En su dinamismo de fondo, nuestra pro-puesta fue recogida por la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), en su comunicado de febrero de 2011.
8envío
Las nuevas incertidumbres de un gobierno ineficiente y errático
MARVIN BARAHONA*
¿Cómo interpretar el remezón del 10 de septiembre en la cúpula del Poder Ejecutivo?
En una sociedad tan plagada de suspicacias e incertidumbres como la hondureña, la destitución de secretarios de Estado —una potestad del Presidente— puede provocar conjeturas, reacciones y consecuencias
insospechadas, como se advierte en este artículo.
El sábado 10 de septiembre el Poder Ejecutivo informó de la destitución del secretario de
Seguridad, Óscar Álvarez Guerrero, y de los subsecre-tarios de la misma dependencia; del canciller Mario Canahuati; del titular de la Dirección Ejecutiva de In-gresos (DEI), Oswaldo Guillén; y del director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Nasry Asfura. El anuncio sorprendió a la opinión pública y cargó el fin de semana de conjeturas, hipótesis y rumores que trataban de “adivinar” las causas de la inesperada decisión presidencial.
Hasta ese momento, Álvarez Guerrero y los subse-cretarios (Armando Calidonio y Roberto Romero Luna) que le acompañaron en sus casi veinte meses de gestión al frente de la Secretaría de Seguridad —institución clave en un país donde 86 de cada cien mil habitantes1 son abatidos por la delincuencia común y el crimen organizado—, parecían inamovibles y se mostraban seguros de los cargos que ostentaban.
ALGUNOS ANTECEDENTESPocas semanas atrás, Óscar Álvarez había anuncia-
do la alianza Álvarez-Álvarez con el alcalde del Distrito Central y presidente del Comité Central del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, para unificar los esfuerzos ministeriales y municipales en el combate a la galo-pante criminalidad que castiga a la capital hondureña, donde el miedo que predomina en sus calles contrasta con el sosiego y hasta el aburrimiento de una sociedad tradicional y escasamente moderna.
El mismo secretario de Seguridad, con la pompa del caso y su confirmada afición al espectáculo mediático, también introdujo en el Congreso Nacional un antepro-yecto de ley2 para depurar los altos mandos policiales, a algunos de cuyos efectivos denunció previamente como “controladores aéreos” de oficio de aeronaves clandes-tinas que entran y salen de Honduras para cargar y descargar toda clase de negocios ilícitos.
En esa semana, la capital hondureña fue visitada por el Comisionado Antimafias de Palermo, Italia, y por altos funcionarios del sistema judicial y los ministerios públicos de algunos países vecinos para tratar con sus homólogos la adopción de medidas similares en la región para combatir el crimen organizado.
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* Doctor en Ciencias Sociales, autor de Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica (Guaymuras, Tegucigalpa, 2004), entre otras obras de contenido histórico y coeditor de la revista Envío-Honduras.
1 Según proyecciones para 2011 del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
2 Según el artículo 213 constitucional, los secretarios de Estado no tienen iniciativa de ley, sino “…el Presidente de la República por medio de los Secretarios de Estado…”. En todo caso, el citado anteproyecto fue retirado del Congreso Nacional en la semana siguiente a la destitución de Álvarez Guerrero.
9septiembre 2011
Poco tiempo atrás, el ex secretario de Seguridad, respaldado por los poderes Ejecutivo y Legislativo, había argumentado hasta la saciedad la necesidad de crear nuevos impuestos para fortalecer la represión del crimen. Así, logró la aprobación del Congreso Nacional a la Ley de Seguridad Poblacional3, denominada por sus opositores como el “tasazo” por su manifiesta voracidad y sus consecuencias negativas sobre el bolsillo de casi todos los sectores sociales.
¿TROPEZANDO CON LA MISMA PIEDRA?El común denominador de estas acciones, medidas
y propuestas de ley es que apuestan, explícitamente, a un modelo represivo para combatir la delincuencia común y el crimen organizado, abandonando así su propia propuesta de integralidad y complementarie-dad para prevenir, investigar, combatir y penalizar la criminalidad con los recursos proporcionados por una legislación propicia para enfrentar este fenómeno.
Sin embargo, la actualización de la legislación en la materia parece ser uno de los escollos que debe enfren-tar cualquier propuesta que intente regular la acción del Estado para garantizar la seguridad interna y evitar que su institucionalidad quede a merced de poderes y fuerzas irregulares e ilícitas.
Otro denominador común a esta situación es que las medidas que surgen por iniciativa del gobernante Par-tido Nacional —tanto las relacionadas con la seguridad interna como las medidas impositivas para incrementar la recaudación fiscal—, son similares a las impulsadas por anteriores administraciones nacionalistas.
Esto se constata en la impopularidad de las medi-das económicas aplicadas durante la administración Callejas Romero (1990-1994) y las relacionadas con la seguridad interna adoptadas en la administración Maduro Joest (2002-2005), cuando la llamada Ley An-timaras no sólo provocó reacciones y controversias, sino que también contribuyó a estigmatizar a la juventud, especialmente a la más empobrecida. Sin embargo, no pudo desacelerar la evolución de las pandillas juveniles hacia el sicariato profesional que el actual gobierno pretende contener con medidas no menos ineficaces.
LO LLAMATIVO DE ESTAS DESTITUCIONESEl patrón de conducta de los gobiernos nacionalis-
tas —tres en los últimos treinta años— ha sido priorizar las reformas estructurales de la economía, aumentar los impuestos y decretar políticas represivas para garanti-zar la seguridad interna y el orden público.
Tal vez por ello resultan aún más llamativas las destituciones consumadas el 10 de septiembre, por cuanto, excepto el canciller Canahuati y el director del FHIS, los demás destituidos representaban a la cúpula de la seguridad interna y la recaudación de impuestos. Además, habría que sumar el insistente rumor que cir-culó en esos días sobre la destitución de William Chong Wong, secretario de Finanzas, y un mordaz crítico del empresariado que se opone al pago de impuestos. En otras palabras, estas destituciones tocan lo intocable de las políticas más rancias del Partido Nacional, por lo que generan incertidumbre en la opinión pública, en su propia militancia y los medios de comunicación.
Las suspicacias más sonadas señalan que la caída de la cúpula de la Secretaría de Seguridad se debe a una acumulación de hechos, entre los cuales destacan el afán desbordante del exministro por figurar en los medios de comunicación, de pretender imponer sus proyectos de ley sin consultar con el Presidente de la República, de establecer un tratado de Extradición con Janeth Napolitano, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de haber entablado relaciones y solicitado la colaboración de funcionarios del gobierno italiano. En suma, de haber implantado una autonomía personal como funcionario, más allá de lo que la figura presidencial podía tolerar.
LA VERSIÓN OFICIALNo obstante, las explicaciones oficiales, además de
tardías, han ido por caminos diferentes. Según el Pre-sidente de la República, en cadena nacional de radio y televisión, sus subordinados fueron destituidos porque “en el tema de combate a la delincuencia no se han lo-grado los resultados que el pueblo hondureño esperaba, por lo que para poderle cumplir a mi pueblo tomé la decisión de hacer los cambios necesarios”.
Asimismo, sostuvo que “necesitamos más acciones y mejores resultados, menos palabras, pero más hechos concretos”; y anunció “un reordenamiento de la Policía Nacional, con los procedimientos adecuados que nos permitan retirar a quienes, por cualquier motivo, falten a sus responsabilidades, conservando en sus filas a los mejores elementos”.
Pero, en lugar de sosegar los ánimos, esta declara-ción presidencial abrió una ancha avenida para nuevas
3 Esta Ley, aprobada por el Congreso Nacional en junio de 2011, no entró en vigencia pese a haber sido sancionada por el Poder Ejecutivo y publicada en el diario oficial La Gaceta. Fue refor-mada por el Congreso el 14 de septiembre, después de llegar a acuerdos con la empresa privada y otros sectores que rechazaron la versión original. Según el decreto, los recursos recaudados serán utilizados para combatir la delincuencia y la criminalidad.
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conjeturas y valoraciones, ya que los funcionarios destituidos no eran, ni de cerca ni de lejos, los más señalados por la opinión pública por su incompetencia o impopularidad, aunque la ineficiencia y la perezosa inercia del gobierno les arrastrara tanto como a otros secretarios de Estado y al aparato gubernamental en general.
La afirmación del mandatario de que “no se han logrado los resultados que el pueblo hondureño es-peraba” y que “necesitamos más acciones y mejores resultados, menos palabras y más hechos concretos”, aplica a toda su gestión gubernamental, que hasta la fecha ha obtenido escasos resultados y no es lo que el pueblo hondureño esperaba.
¿POR QUÉ NO MEDIR ATODOS CON LA MISMA VARA?Si se siguen los argumentos que, según el Presiden-
te de la República, justificaron su decisión de destituir a dichos funcionarios, ahora es obligado preguntar por qué no aplicó los mismos criterios al evaluar los pobrísimos resultados obtenidos por las secretarías de Educación, Salud y Obras Públicas, sólo para mencio-nar las que succionan la mayor parte del presupuesto nacional y cuya acción se vincula a factores estratégicos nacionales.
Tal vez por ello se ha desatado en la opinión pública la fiebre por la guillotina, exigiéndola ahora para fun-cionarios que gozan de escaso reconocimiento por su deficiente labor al frente de las secretarías de Cultura, Educación, Recursos Naturales y Ambiente, Obras Públicas, Salud y otras, conducidas tanto por el partido gobernante como por otros partidos que han aportado su granito de arena para imponer a la administración actual su estilo ineficiente y su verborrea de mucho decir y poco hacer.
¿MARCANDO DISTANCIAO JUGADA POLÍTICA?Para algunos actores políticos, la destitución de
estos funcionarios es una jugarreta política del manda-tario para favorecer a su posible sucesor, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, considerando que los destituidos —excepto el excan-ciller Canahuati— son políticamente afines al alcalde capitalino y precandidato presidencial nacionalista Ricardo Álvarez.
Lo antes dicho, como el hecho de que todos los defenestrados son miembros del partido gobernante, lleva la discusión al terreno partidario; para el caso, el
alcalde-precandidato, quien se siente afectado en sus intereses, declaró, con evidente frustración, que no comprende la decisión presidencial.
En su condición de presidente del Comité Central del Partido Nacional, Ricardo Álvarez enfrenta a diario la demanda de la base de su partido por obtener empleo en el gobierno. Por ello es comprensible su lamento, como el hecho de que arremeta contra los secretarios de Estado que representan a otros partidos, especial-mente contra el director del Instituto Nacional Agrario, César Ham, que también preside el izquierdista partido Unificación Democrática (UD).
Algunos secretarios de Estado, pocos en realidad, llegaron al gobierno de Lobo Sosa para concretar la estrategia presidencial de constituir un gobierno de “unidad nacional” que dejara atrás el sectarismo político y la aguda confrontación heredada del golpe de Estado de 2009. Por tal razón es que figuran en el gabinete de gobierno los ex candidatos presidenciales de la Democracia Cristiana, del PINU-SD y de UD, además de un miembro del Partido Liberal.
EN LAS DISPUTAS INTERNAS,SIEMPRE AL CENTROEn medio de la complejidad que está adquiriendo el
contexto político al acercarse el final del segundo año de la administración Lobo Sosa, su gobierno parece mantener una posición centrista en el espectro político, por lo que se ha visto asediado por la ultraderecha y la ultraizquierda que buscan llevar agua a sus molinos en distintos momentos.
En el Partido Nacional, si las destituciones del 10 de septiembre producen consecuencias, Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández seguirán apareciendo en una posición centrista, pero a la vez motivarán que el “lado oscuro” de su partido —ubicado en la extrema derecha y ansioso por retornar al poder— se reagrupe alrededor de figuras que desafíen al centrismo.
Desde esta perspectiva, las decisiones presidencia-les contribuyen a acelerar la reagrupación de fuerzas en el Partido Nacional que, en pocos meses, entrará en la carrera por elegir a su candidato presidencial a las elecciones de 2013.
En la misma fase de reacomodo se encuentra el Partido Liberal, cuya tendencia predominante, cada vez más a la derecha, ha resultado más evidente tras el anuncio de la candidatura presidencial de Mauricio Villeda Bermúdez, hijo del expresidente Ramón Ville-da Morales (1957-1963), con el aval del excandidato presidencial Elvin Santos y del exgobernante de facto, Roberto Micheletti Baín.
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11septiembre 2011
UNA TENDENCIA SIEMPRE LATENTELa reagrupación de fuerzas en los partidos mayo-
ritarios y tradicionales no trae expectativas favorables para la democracia y la gobernabilidad. Por el contrario, la punta del iceberg muestra una clara tendencia hacia un futuro endurecimiento del ejercicio del gobierno que también puede iluminar la sombra de la dictadura, una tendencia siempre latente que, de hecho, representa la cultura autoritaria, intolerante y premoderna que aún predomina como instrumento idóneo de los sectores oligárquicos y los más arcaicos de la política hondureña.
Esta tendencia hacia la dictadura y lo dictatorial se nutre y fortalece en la demanda cotidiana de seguridad y orden que emana de casi toda la sociedad, ante la cual el gobierno actual, como los anteriores, responde con una permisividad que fortalece la impunidad y debilita la ya erosionada institucionalidad del Estado.
El fortalecimiento de la vía autoritaria para re-solver los desafíos políticos y responder a la crisis multidimensional que afecta al país entró en una fase de ascenso desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, pero su caldo de cultivo en los últimos treinta años ha sido el bipartidismo gobernante, que ha ejercido una dictadura disfrazada de alternabilidad democrática en el ejercicio del poder político. Así se han creado las condiciones ideológicas indispensables para que la ciu-dadanía suponga que sólo el palo largo y la mano dura pueden resolver la crisis de ingobernabilidad y que toda solución, incluso las “alternativas”, deben emerger del bipartidismo y estar asociadas al clientelismo político y la corrupción.
Por otra parte, la reagrupación de fuerzas en los partidos tradicionales demuestra su profundo fraccio-namiento político, ideológico y social, como lo eviden-cian la migración de miles de liberales hacia el Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP) que aglutina a los partidarios del expresidente Zelaya Rosales, y el desacuerdo manifiesto del presidente del Partido Na-cional respecto de algunas decisiones del Presidente de la República. Todo ello erosiona la imagen monolítica e imbatible que, hasta hace poco, mostraban los herma-nos gemelos del bipartidismo hondureño.
¿DE NUEVO HACIA LAINESTABILIDAD POLÍTICA?Desde junio de 2009, la situación política de Hon-
duras se caracteriza por una creciente incapacidad del bipartidismo para gobernar y asegurar la estabilidad política. Esto demuestra la existencia de una crisis de conducción política en las alturas, como una aceleración de la decadencia y la inutilidad en que ha entrado el bipartidismo gobernante.
¿Por qué no se desploma de una vez? Lo más eviden-te es que las fuerzas políticas emergentes y los sectores sociales adversarios del bipartidismo no han acumulado suficiente poder político y social y no tienen capacidad para hacerse legítimamente con el poder, porque sus consignas aún no convocan a todas las clases y sectores sociales dispuestos a apoyar un proyecto político que sustituya al bipartidismo ineficiente y corrupto.
Hechos aún inexplicables, como la destitución de funcionarios, el reconocimiento de Palestina como Es-tado y la visita del mandatario a Kosovo, no dejan duda del curso errático que sigue el gobierno actual, un rasgo que también se le atribuyó a la Administración Zelaya
Y las consecuencias pueden ser nefastas, no sólo porque abre las puertas a un nuevo proceso de inestabi-lidad política, al endurecimiento de las tendencias más autoritarias que proclaman la necesidad de más orden y seguridad, y que aspiran a una remilitarización de la sociedad y al retorcimiento del proceso democrático; sino también porque cada día que pasa la ciudadanía se ve despojada de cualquier esperanza que colme sus expectativas para superar la crisis actual, además de reafirmar ese pernicioso mensaje que dice que, pase lo que pase, ninguna solución política es posible fuera del bipartidismo.
Estos dos factores, que apuntan directamente al fortalecimiento de la cultura política bipartidista y su gemela, la cultura de corrupción e impunidad, son más influyentes y decisivos que los yerros del gobierno actual y la incapacidad de sus adversarios políticos. En último término, la incertidumbre sigue campeando por todas partes, provocada, una vez más, por un gobierno ineficiente y errático.
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¡Energía limpia sí, etnocidio no!JUAN ANTONIO MEJÍA GUERRA*
La producción de energía limpia es un imperativo incuestionable en este momento crítico de nuestra historia. Pero resulta inadmisible que se
pretenda limpiar la energía a costa de la extinción los pueblos originarios y afrodescendientes, avasallados por una “lógica del desarrollo” que
proclama que quien depreda gana y quien conserva los recursos naturales pierde.
En los últimos años, en Honduras se han con-cesionado extensos territorios pertenecientes
a los pueblos originarios y afrodescendientes, y otros más están expuestos a una subasta que sólo busca beneficiar a las transnacionales que se proponen cons-truir represas hidroeléctricas. Basta con que aparezca un riachuelo en medio de algún cerro, para que de la noche a la mañana surja un empresario adjudicándose su propiedad, la que de inmediato acredita la Secreta-ría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), o la ampara algún decreto legislativo.
Políticos apátridas, empresarios perversos y funcio-narios corruptos constituyen una triada letal en este contexto, puesto que constituyen la avanzada de los depredadores que arrasan nuestros recursos naturales, sin importarles que ello implique acabar con los pueblos nativos y afrodescendientes y la riqueza multicultural que éstos representan.
1. UNA DIVERSIDAD MULTICULTURAL QUE ENALTECE A HONDURASLa multiculturalidad que se palpa en Honduras
es la respuesta de hombres y mujeres que supieron adaptar sus necesidades a los medios de vida dispo-nibles en su entorno, insertándose en la riqueza de la biodiversidad para producir una diversidad cultural igualmente fecunda.
La coexistencia de tan variados pueblos representa la convicción profunda de que se ama esta tierra y de
que se puede vivir en armonía con sus abundantes re-cursos y con la diversidad humana, de la que emergen respuestas técnicas y sociales creativas ante los retos que presentan el medio ambiente y la sociedad.
Pero, a diferencia de las muchas expoliaciones ha-bidas en el pasado, la presión actual sobre los recursos hídricos es total y permanente lo que, consecuentemen-te, conducirá a la desaparición de los pueblos originarios y afrodescendientes.
2. LA ABUNDANCIA DE RECURSOS EN SUS TERRITORIOS LES CONDENA AL ETNOCIDIOEn el cónclave internacional Honduras is Open
for Business, convocado por el gobierno y la empresa privada y realizado el 6 y 7 de mayo de este año en San Pedro Sula, la cartera de inversiones en proyectos de energía fue la más alta. Allí se puso a disposición de los inversionistas extranjeros 21 proyectos generadores de energía, con un monto de 2,007 millones 372,860 dólares, lo que atrajo al mayor número de empresa-rios, incluso antes de que el encuentro se instalara formalmente1.
El despojo de los recursos naturales comunitarios alcanza su máxima expresión con estas nuevas conce-siones: sus fuentes de agua, como sus bosques, les serán arrebatados. De la noche a la mañana estas comunida-des serán expropiadas, por obra y gracia del Congreso Nacional, bajo el supuesto de que los empresarios que
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* Docente universitario, investigador social asociado al Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).
1 Cfr: http://www.embajadahondurasrd.org/joomla/index.php/nota-de-prensa/notas-de-prensa/96-inversionistas-tienen-en-la-mira-proyectos-de-energia.html
13septiembre 2011
obtengan las concesiones producirán energía limpia. Y, además, se harán acreedores a los beneficios de los bonos internacionales del carbono.
Este aspecto resalta la incongruencia del Estado hondureño que, mientras las comunidades cuidaron sus bosques y demás recursos naturales, nunca se preocupó por otorgarles beneficios como los que se desprenden de tales bonos. En cambio, le sobra diligencia ahora que sus decretos benefician a los grandes empresarios extranjeros y nacionales.
Estas concesiones significan un tiro de gracia para los pueblos originarios y afrodescendientes al ser otorgadas por un tiempo cercano a la eternidad, con un disfraz que las presenta como vigentes durante dos o tres décadas; sin embargo, son prorrogables ad infini-tum. Y esto es así porque incluyen cláusulas en las que se establece que el Estado está obligado a ampliar los contratos, si así lo solicitan los empresarios interesados.
Esto configura la situación de etnocidio en la que se encuentran actualmente los pueblos originarios y afro-descendientes de nuestro país, lo cual ocurre cuando “a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura”2. Es decir, desde el momento mismo en que se le prohíbe producir y reproducir su vida y sus vivencias desde sus particulares visiones y modos de proceder en sus respectivos territorios.
3. ERRORES QUE INTIMIDAN Y VENTAJAS PARA LOS VICTIMARIOS¿Qué quedará de los tawahkas, pech y miskitos
cuando ya no puedan navegar libremente por el río Patuca, porque las tres megarrepresas hidroeléctricas les interrumpirán el paso? ¿Cómo podrán mantener sus nexos tradicionales, sociales y económicos con los pue-blos y comunidades con los que han estado vinculados históricamente por medio del río Patuca?
¿Qué les depara el futuro a los lencas, cuando los empresarios de la hidroenergía se apoderen masivamen-te de sus cuerpos de agua? Habiendo perdido su lengua hace ya más de un siglo, lo único que hoy les confiere unidad es su espiritualidad, vinculada íntimamente a la tierra y sus recursos. Si los ríos mueren apresados en grandes embalses, el pueblo lenca morirá con ellos.
¿De qué paz pueden gozar los garífunas, ahora que contemplan con horror los desmanes que se están
cometiendo en las cuencas hidrográficas del Caribe? Habiendo vivido por más de doscientos años en armonía con los frágiles y a la vez impredecibles ecosistemas de la Costa Atlántica, ahora temen la inminente destruc-ción de sus comunidades como efecto de los atropellos y errores de cálculo que se cometen en nombre del desarrollo. Y razones no les faltan.
A manera de ejemplo, en 2007 fueron testigos de cómo la represa hidroeléctrica Las Glorias, propiedad del empresario Fredy Nasser, aún a medio construir, reventó por las corrientes de agua del río Bejucal; en aquel momento solo se dañaron los bienes y la produc-ción agropecuaria de los pobladores ubicados río abajo. Pero, ¿cuál será el impacto y los daños cuando represen mayores cantidades de agua y no logren retenerlas?
Los ingenieros que trabajan para dicho empresario argumentaron, cuando ocurrió el desastre, que en lo sucesivo no había que preocuparse, porque se trataba de un evento (la inundación) que ocurría una vez cada diez mil años. Sin embargo, en 2008, la represa se reventó de nuevo; pero esta vez no se dio ninguna explicación.
A partir de esta experiencia los empresarios apren-dieron algo más sobre los recursos hídricos y sacaron ventaja. Ahora se han protegido ante esta clase de eventos, haciendo que las concesiones aprobadas por el Congreso Nacional incluyan cláusulas que les eximen de responsabilidad en caso de ocurrir una tragedia, ya sea que ésta se deba a un huracán o terremoto, o a la negligencia de sus técnicos3.
Estamos, pues, enfrentados a una situación de etnocidio disfrazado de inversión para el desarrollo cuyos victimarios —empresarios nacionales y extran-jeros productores de hidroenergía—, cuentan con los favores de políticos y funcionarios corruptos que actúan en connivencia con un poderoso sector de la burguesía exportadora y depredadora.
4. CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS EN TERRITORIOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTESSistematizar esta información no ha sido fácil,
dado el hermetismo con que la Dirección de Energía de la SERNA maneja estos proyectos. Este hermetismo no tiene razón de ser y está reñido con la ley, puesto
2 Bonfil, Guillermo, Mario Ibarra et. al., América Latina: Etno-desarrollo y etnocidio, FLACSO, San José, Costa Rica, 1982, p. 23.
3 Ejemplo de esta irresponsabilidad empresarial es el contrato de aprovechamiento de aguas nacionales para la generación de energía eléctrica del Proyecto Hidroeléctrico del río Cuyamel, aprobado mediante decreto Nº 190-2009, publicado en La Gaceta Nº 32,082 del 7 de diciembre de 2009.
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que esta información debe estar disponible para todo ciudadano o ciudadana que la solicite.
Para presentar el mapeo siguiente solicitamos información a las organizaciones étnicas y a cada co-munidad donde, por cierto, ya hay policías y guardias de seguridad privados que prohíben a los pobladores uti-lizar el agua y el bosque; donde los ingenieros ya hacen mediciones de caudales y pendientes; o, simplemente, donde ya están arrebatando las aguas y presionando a las comunidades amerindias y afrodescendientes para despojarlas de sus recursos. De ahí que, posiblemente, haya que sumar más proyectos a los aquí descritos.
4.1. Proyectos hidroeléctricos en
territorios del Pueblo lenca
Proyecto Hidroeléctrico de San Rafael, en el mu-nicipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá. El proyecto, concesionado a la empresa PROINTER, impacta en la comunidad lenca de San Rafael.
Proyecto Hidroeléctrico Chinacla, que afecta las comunidades de San Marcos de la Sierra, Colomoncagua y Santa Elena, en el departamento de Intibucá.
Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque y que afecta a las comunidades de los municipios de Intibucá, San Francisco de Opalaca y San Francisco de Ojuera en el departamento de Intibucá.
Proyecto Hidroeléctrico Gualcarque, ubicado en el río del mismo nombre. Es impulsado por las empresas Ríos Power y ENERSA, del Grupo Terra. En seis cabil-dos abiertos, la población de San Francisco de Opalaca manifestó un No rotundo a este proyecto.
Proyecto Hidroeléctrico Las Ventanas, ubicado sobre el río Uluíta. Afecta a la comunidad lenca de Las Ventanas, San Rafael.
Proyecto Hidroeléctrico Guarajambala, sobre el río del mismo nombre. Afecta a las comunidades indígenas de los municipios de Concepción, San Marcos de la Sierra, Colomoncagua y Camasca en el departamento de Intibucá.
Proyecto Hidroeléctrico San Juan, sobre el río del mismo nombre. Afecta a comunidades de los munici-pios de San Francisco y Piraera en el departamento de Lempira, y a comunidades del municipio de Concepción, departamento de Intibucá.
Proyecto Hidroeléctrico La Aurora, en el municipio de San José, departamento de La Paz.
Proyecto Hidroeléctrico Lepasale, sobre el río del mismo nombre. Afecta a la comunidad de Las Minitas, municipio de La Paz, en el departamento del mismo nombre.
Proyecto Hidroeléctrico Sazagua, sobre el río Saza-gua. Afecta a comunidades del municipio de Santiago de Puringla, en La Paz, y del municipio de Masaguara, en el departamento de Intibucá.
4.2. Proyectos hidroeléctricos en los
territorios Pech, tawahka y miskito
Se trata de tres grandes proyectos hidroeléctricos a construirse entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, conocidos como Patuca I, Patuca II y Patuca III. Los tres se instalarán en el río Patuca, la única vía de comunicación y espacio de confluencia de estos tres pueblos originarios.
Una vez construidos, a un costo estimado de 22 mil 800 millones de lempiras, estos generarán 524 mega-vatios de energía. Patuca I generará 270 Mw, Patuca II 150 y, Patuca III, 104.
El primero en realizarse, a un costo de 350 mi-llones de dólares, será Patuca III, también conocido como Proyecto Hidroeléctrico Piedras Amarillas. Este se ubica entre los municipios de Patuca y Catacamas en el departamento de Olancho. Con la construcción de un embalse y una cortina de 57 metros de altura, se creará una caída bruta de agua de 43.5 metros. Entrará en actividad en octubre de 2013, con la producción de 104 megavatios, utilizando para ello una descarga de 135 metros cúbicos de agua por segundo4.
Al concluir el proyecto, se inutilizará alrededor de 200 kilómetros de los 350 que abarca la extensión del río Patuca, y esto se traducirá en un fuerte impacto ambiental y social para los pueblos originarios y no indígenas del área.
El proyecto Patuca III borrará del mapa, literal-mente, a unas 18 comunidades campesinas, y forzará la reubicación de 379 familias, ya que el espejo de agua de la represa será de 72 kilómetros cuadrados aguas arriba de la cortina de represamiento5.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) afirma haber realizado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), remitido a la SERNA en enero de 2008 y registrado como expediente No. 2006-A-163. Sin embargo, las poblaciones indígenas lo desconocen y aseguran que no las llamaron a parti-cipar en el estudio, como lo prescriben la Ley General del Ambiente, el Reglamento del SINEIA, el Convenio
4 Véase: http://www.enee.hn/patuca3.htm. Los datos han sido actualizado recientemente por la ENEE.
5 Cfr: http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/junio/05/istmo2788155.html. Edición 820.
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15septiembre 2011
169 de la OIT, la Resolución de la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, y la Resolución de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
4.3. Proyectos hidroeléctricos
en territorio toluPán
Proyecto Hidroeléctrico Locomapa, en el municipio de Yoro. La represa se construirá sobre el río Locomapa, en San Francisco de Locomapa, territorio de la tribu con mayor población autóctona entre las 28 tribus tolupanes.
Proyecto Hidroeléctrico Jimía, a construirse en el río Jimía en el municipio de Yoro. Afectará directamente a las comunidades de San Antonio y Jimía, pertenecien-tes a la tribu tolupán de Jimía.
Proyecto Hidroeléctrico del río Alao, en el sector Mejía del municipio de Yoro y, el Proyecto Hidroeléctri-co del río Yaguala, en los límites departamentales de Olancho y Yoro que, aunque no se ubican en territorios ancestrales de los tolupanes, afectan indirectamente a varias de sus tribus.
4.4. Proyectos hidroeléctricos
en territorio garífuna
Proyecto Hidroeléctrico La Ensenada, en el río Cuyamel; afectará a la comunidad garífuna de Sambo Creek. Su “licencia ambiental” fue otorgada por el gobierno de facto de Roberto Micheletti, en un tiempo récord de 40 días. El pueblo garífuna no fue consultado, como lo estipulan las leyes.
Proyecto hidroeléctrico Masca, sobre el río Masca. Afecta a la comunidad garífuna de Masca en el muni-cipio de Omoa, departamento de Cortés.
Proyecto Hidroeléctrico de Santa Fe, sobre el río Mármol. Afecta a la comunidad garífuna de Guadalupe, municipio de Santa Fe, departamento de Colón.
Proyecto Hidroeléctrico Ojo de Agua, sobre un afluente del río Sico. Afecta a la comunidad garífuna de Ojo de Agua, municipio de Iriona, departamento de Colón.
Proyecto Hidroeléctrico del río Sico, es una me-garrepresa a construirse sobre el río Sico. Afectará a todas las comunidades del municipio de Iriona, Colón.
5. ¿POR QUÉ SON ETNOCIDAS ESTOS PROYECTOS?El etnocidio implica la muerte cultural de un
pueblo, y la consecuencia inmediata de los proyectos hidroeléctricos mencionados —tal y como están siendo aprobados e implementados— es la destrucción cultu-ral, e incluso física, de los pueblos originarios y afro-descendientes, cuya cultura descansa en una estrecha relación material y espiritual con la naturaleza.
Las consecuencias que se enuncian a continuación demuestran que el Estado hondureño y los empresa-rios productores de energía térmica, y ahora también las empresas nacionales y transnacionales productoras de hidroenergía, incurren en etnocidio, que es sólo una variante de genocidio, el cual se define como el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial”6.
5.1. se trastoca la cultura hídrica de
los Pueblos originarios y afrodescendientes
Para muchos empresarios, funcionarios públicos y políticos de oficio, el agua no es más que un medio de producción, cuyo conocimiento debe reducirse a sus aspectos técnicos y financieros. En el extremo opuesto, para culturas tan arraigadas a sus entornos naturales, como es el caso de los pueblos originarios y afrodescendientes, el agua es un patrimonio ecológico, social y espiritual que no puede reducirse a la condición de mercancía.
La Unesco entiende por cultura hídrica “el conjun-to de creencias, conductas y estrategias comunitarias para el uso del agua que puede ‘ser leída’ en las normas, formas organizativas, conocimientos, prácticas y obje-tos materiales que la comunidad se da o acepta tener; en el tipo de relación entre las organizaciones sociales que tienen el poder y en los procesos políticos que se concretan en relación con el aprovechamiento, uso y protección del agua”7.
De ahí que, con la implementación de proyectos hidroeléctricos que rompen estas culturas especiales, se impone a cada etnia la aniquilación de su cosmovisión primaria y se le exige reestructurar sus modos propios de percibir, creer, conocer, organizarse, vivir y proyec-
6 ONU, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Resolución 260 A (III), aprobada en 1948 y puesta en vigor el 12 de enero de 1951, Art. 2. c.
7 http://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/es/inicio/cultura-del-agua.html
ACTUALIDAD
16envío
tar un futuro común. No sólo se altera la relación con el agua, sino que también se impacta toda la cultura al transformar los modos de pensar, sentir, actuar y desarrollarse de su gente.
5.2. Se deStruyen laS inStanciaS
de poder local
La ONU reconoce a estos pueblos “el derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales”8. La intempestiva irrupción con la que suelen aparecer los empresarios, la policía nacional o los guardias de seguridad privados, así como los técnicos de distintas profesiones, contribuye a conformar nuevos grupos de poder en los territorios de los pueblos originarios y afrodescendientes, avasallando a cuanta comunidad encuentran a su paso y socavando las estructuras pro-pias del gobierno local autóctono.
Estos nuevos “señores del poder” no se caracterizan por asumir una conducta dialogante, fraterna y conci-liadora, sino por su prepotencia, con la que ignoran y atropellan a las poblaciones locales. Ellos han vuelto comunes frases como: “este proyecto va, quieran o no quieran”; “sólo venimos a informarles, no a pedirles permiso”; “ustedes ya tuvieron este recurso tanto tiempo y no hicieron nada, ahora déjennos a nosotros”.
Los pueblos autóctonos y afrodescendientes ven cómo sus estructuras de gobiernos locales son reduci-ómo sus estructuras de gobiernos locales son reduci-mo sus estructuras de gobiernos locales son reduci-das a una mera pantomima, especialmente en la lucha desigual que los enfrenta a poderosos empresarios que se amparan en la impunidad impuesta por el biparti-dismo político, y llevada a término por funcionarios, operadores de justicia y políticos corruptos.
Y todo esto viola el derecho internacional, como se constata en la resolución de la OEA, que afirma: “Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales”. Esta es una manifestación concreta de la regla general, según la cual, el Estado debe garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos”, teniendo en cuenta que esta consulta debe “estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado”9.
5.3. Se corre el rieSgo de acabar con la vida
de loS puebloS originarioS
Los proyectos hidroeléctricos mencionados se realizan al margen, e incluso son contrarios a las leyes ambientales de Honduras. Al carecer de Estudios de Impacto Ambiental con el suficiente rigor técnico y científico, y considerando que los que se efectúan no son consensuados con las comunidades y que sus or-ganizaciones locales no están capacitadas para darles seguimiento, la factibilidad técnica y ecológica de estos proyectos pierde toda credibilidad. En cualquier caso, contribuyen a destruir los recursos y medios de vida estratégicos de los pueblos amerindios y afrodescen-dientes.
Los estudios relativos al proyecto Patuca III, por ejemplo, son apenas una parodia de lo que debería ser un verdadero Estudio de Impacto Ambiental. Científi-camente se requiere un estudio a escala de todo el río Patuca y no únicamente de las comunidades inmediatas a la cortina de concreto o al embalse, que es lo que ha hecho la ENEE.
Se trata de tres megarrepresas y, si una de ellas colapsara, Patuca III por ejemplo, colapsarían también las otras dos por efecto de la embestida aguas abajo. Si consideramos que Patuca III (Piedras Amarillas) alma-cenará unos 300 millones de metros cúbicos de agua, Patuca II (La Tarrosa) 600 millones de metros cúbicos y Patuca I (La Valencia) almacenará nada menos que 1,390 millones de metros cúbicos, entonces podemos comprender el elevado riesgo que ello implica para la vida de las comunidades ubicadas río abajo. Tal riesgo crece aún más cuando se constata que la distancia entre una represa y otras es de apenas 60 kilómetros, insuficiente para esperar un efecto equilibrado en las aguas (resiliencia)10.
El EIA elaborado por la ENEE ignora riesgos y situaciones ya experimentadas en otras partes del mundo. En China, en agosto de 1975, el río Huai fue testigo de la muerte instantánea de 85 mil personas por efecto del estrepitoso oleaje provocado por la ruptura de la represa hidroeléctrica de Banqiao, que continuó
8 ONU, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, del 13 de septiembre de 2007, Art. 4.
9 CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurispruden-
ACTUALIDAD
cia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA, Doc 56/09, 30 de diciembre de 2009, Párr. 273.
10 Hemos accedido a estos datos no porque el Estado hondureño los haya puesto a disposición de la ciudadanía, sino consultando la cartera de proyectos preparada por el cónclave Honduras is Open for Business para los inversionistas extranjeros. Esta información se encuentra disponible en: http://hondurasisopen-forbusiness.com/projectlist.php?id=3.
17septiembre 2011
rompiendo las represas instaladas río abajo. El número de muertes ascendió a 230 mil personas por los efectos colaterales11. ¿Qué garantías ofrece la ENEE de que esta situación no se presentará en el Patuca, si ni siquiera cuenta con un estudio a escala de este río?
Desde otra perspectiva, si estas insuficiencias se manifiestan en los EIA de la ENEE, realizados con fondos donados por el gobierno de Taiwán, ¿qué puede pasar con los EIA elaborados por cuenta propia por los empresarios de la energía? De ahí que, con sobrada razón, los pueblos originarios y afrodescendientes re-claman —sin mucho éxito hasta la fecha— participar y conocer a fondo estos estudios.
Algunos funcionarios públicos y empresarios aducen una exención para llevar a cabo los correspon-dientes EIA, invocando los beneficios otorgados por la nueva Ley de Incentivos para la Producción de Energía Renovable. Sin embargo, en esto también faltan a la verdad. La nueva ley facilita los procedimientos admi-nistrativos, pero no ignora la calidad que cada EIA debe reunir, ni elimina la participación de las poblaciones locales en su elaboración.
UNA REFLEXIÓN FINAL:QUIEN DEPREDA GANA,QUIEN CONSERVA PIERDELos pueblos originarios y afrodescendientes nos
enseñan diversas formas de convivencia armónica con la naturaleza y a producir sin destruir; nos enseñan a manejar el concepto de propiedad privada en el contexto de la propiedad familiar y comunitaria; nos enseñan que el conocimiento es patrimonio de la comunidad y la humanidad; a hacer una alianza con la naturaleza para vivir mejor y organizarnos más creativa y eficien-temente.
En el extremo opuesto, la “lógica del desarrollo” prevaleciente en Honduras proclama que quien depreda gana y quien conserva los recursos naturales pierde. Los pueblos originarios y afrodescendientes han sido buenos administradores de sus entornos naturales, y por eso ahora se les castiga, arrebatándoselos. Esta ló-gica perversa, sustentada por el empresariado nacional y transnacional, debe ser superada y, los pueblos que la sufren, resarcidos de sus nefastas consecuencias.
ACTUALIDAD
11 Cfr: International Rivers, Represas, Ríos y Gente, disponible en: http://www.internationalrivers.org/en/node/2646 .
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Politólogos expertos identi-fican tres grandes progra-
mas políticos en América Latina: el autoritario, el neoliberal y el participativo. El autoritario es el caudillismo de siempre. El mismo que —dice Vargas Llosa— dio “a nuestros países, en el resto del mundo, esa lastimosa imagen de republiquetas gobernadas por pistoleros” e inspiró, entre otras novelas, Tirano Banderas, El otoño del pa triarca, La fiesta del Chivo y Yo, el supremo. Ha sido llevado a la práctica por el militarismo de derecha o reformista, por el popu-lismo facistoide y por la sedicente izquierda de viejo y nuevo cuño.
Los jinetes del desarrollo en tiempos neoliberales
Primer jinete: los narcosJOSÉ LUIS ROCHA*
El narcotráfico ha transformado las “economías de postre” centroamericanas en “economías de vicio”, cada vez más rentables y más globalizadas.El narcomayoreo incide sobre la política y sobre los políticos, controla
nuestros Estados.El narcomenudeo y su narcofilantropía transforman municipios, promueven
desarrollo y proporcionan empleo.Los narcos son capitalistas emprendedores, competitivos y socialmente
responsables. El costo es la narcoviolencia. Y el desafío es descomunal.
Su revitalización la encarnan hoy en la región centroamericana, Micheletti y Zelaya en Honduras, Ortega en Nicaragua y Funes en El Salvador. Micheletti con su incons-titucional arribo a la Presidencia. Ortega y Zelaya con sus no menos anticonstitucionales intentos de continuismo en el poder. Todos, por sus ensayos de regímenes presi dencialistas camuflados de Estados de derecho. La más fresca escenifi cación de autocracia es el intento de Funes de guillotinar la autonomía con que cuatro jueces de la sala de lo constitucional han fallado sobre casos que sientan en el rústico banquillo de los acusados a los amigos de los poderosos que suelen calentar opulentas sillas presidenciales.
LOS NARCOS ESCRIBENDERECHO EN TORCIDASLÍNEAS
El programa neoliberal ha orquestado la contracción estatal que afecta sin excepción, aunque en grados diversos, a todos los países latinoamericanos. Nos embarga el culto al mercado, ciego como la justicia —aunque no imparcial—, voraz como Cronos, caprichoso e inescrutable como cualquier divi-nidad premoderna, supremo juez secular de vidas y haciendas.
La contracción estatal en todas sus texturas y dimensiones es la exitosa apuesta que sedimenta en ingobernabilidad de los flujos finan-cieros, privatización de la seguridad ciudadana —hay cinco y cuatro veces más guardias de seguridad privada que policías y militares en Guatemala y Honduras—, se-guridad social financiada por las
* Investigador del Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica (SJM) y miembro del Consejo Editorial de la revista Envío de Nicaragua.
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remesas, etc. A contrapelo de estos dos proyectos camina, lento e in-seguro, el proyecto participativo, promoviendo bienes despreciados y depreciados por la cultura do-minante: conciencia, intervención proactiva de los desposeídos en los procesos políticos, la posibilidad de otra globalización, otro comercio, otro mundo.
Los politólogos que estudian las relaciones entre sociedad civil y Estado se afanan por incluir los programas de las ONG, cuyas opciones —confesas o no—, coinci-den con esos tres programas. Pero, ¿dónde quedan los programas de los fundamentalistas evangélicos, los narcos y las pandillas, tres grupos —no los únicos— de amplia clientela? ¿Acaso cabe suponer que convocan sin propuesta alguna? Narcos, pandillas y fundamentalis-tas evangélicos, entre otros elemen-tos que medran a la sombra de la oquedad estatal, tienen sus propios proyectos. Son proyectos de corte diverso: apoca lípticos, parasitarios, milenaristas…
Sobre las líneas torcidas de los programas convencionales escriben los narcos unas planas rectilíneas en su acepción matemática aplicada al entorno dado: la menor distancia entre la miseria secular latinoa-mericana como punto de partida y fortunas descomunales como punto de llegada.
Hay trasvases, intercambios, absorciones y roces entre todos estos programas. Los proyectos participativos de las ONG pueden ser instrumen talizados por el pro-grama neoliberal. Los programas neoliberales y autoritarios pueden ser cooptados por los programas del narcomall en que las calles,
clubes, escuelas, universidades y discotecas centroamericanas se han convertido. Un hecho es firme: de la mano de dos actores —narcos y ONG— emergen dos programas de desarrollo: la gerencia del altruismo institucionalizado y la narcoindus-tria amalgamada con narcofilan-tropía. Analicemos en este texto la narcoindustria.
CUANDO VESCO LLEGÓA CENTROAMÉRICA...
Centroamérica dio uno de sus primeros pasos en las movedizas arenas del narcotráfico de la cons-picua e insospechable mano del presidente José Figueres cuando, el 29 de junio de 1972, el estafador y narcotraficante de 37 años, Robert Lee Vesco, aterrizó en Costa Rica.
Vesco estaba siendo investiga-do por la Securities and Exchange Comision (SEC) y venía huyendo de Estados Unidos y Suiza. Calu-rosamente acogido por Figueres, Vesco trasladó sus operaciones de Bahamas a Costa Rica y concedió un préstamo de más de dos millones de dólares a las maltrechas empre-sas de don Pepe. No demoraron las investigaciones de la SEC en revelar que Vesco había birlado 224 millones de dólares a sus an-tiguos socios en Estados Unidos. Figueres lo defendió en públicas alocuciones y, para protegerlo de la maledicencia y previsibles amagos de extradición, le otorgó la catego-ría de “rentista pensionado” que una ley de reciente aprobación había oportunamente creado para propiciar el retiro en Costa Rica de ciudadanos estadounidenses. Vesco continuó engrosando su currículum con el financiamiento a la campa-ña de Nixon y profundizando sus relaciones con el mundo del narco.
Finalmente, fue expulsado de Costa Rica bajo la administración de Ro-drigo Carazo.
Después de un intento infruc-tuoso por comprar la isla Barbuda para establecer un Estado sobera-no, Vesco fue acogido por la Nica-ragua sandinista, de donde partió hacia Cuba. En ese país residió des-de 1982 hasta su muerte en 2007, “invirtiendo” los últimos años de su vida en el narco tráfico, en negocios de medicamentos —contactó al sobrino de Richard Nixon con Raúl Castro— y en la prisión, tras haber sido condenado en 1996 por fraude y negocios ilícitos.
De acuerdo con un informe interno de la CIA, un cable de la embajada estadounidense en Ma-nagua del 8 de octubre de 1982 señaló que Vesco y Paul Atha, entonces oficial del Ministerio del Interior nicaragüense, estaban pla-nificando una operación de tráfico de drogas. Al día siguiente, otro cable enviado al cuartel general de la CIA aseguró que la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacio-nal de Nicaragua había autorizado operaciones de narcotráfico, con el ministro del Interior Tomás Borge Martínez como ejecutor, asesorado por Robert Vesco.
Inversiones H&M hizo las veces de mampara jurídica. Corn Island y el El Bluff se convirtieron en los puertos de tránsito de cocaína desde la cercana isla de San Andrés (Co-lombia) hacia las Bahamas. Tam-bién hubo reportes de que Borge comisionó a Federico Vaughan y Paul Atha para depositar 350 mil dólares en el banco Continental con fines de lavado de dólares. Ca-bles posteriores revelaron que las misiones de narcotráfico de Borge sólo eran del conocimiento de la
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Dirección Nacional del FSLN y de sus colaboradores más cercanos: Atha, Vaughan y su asistente Fran-co Monte alegre.
Estos negocios no fueron óbice para que Tomás Borge declarara, el 23 de noviembre de 1986, que las investigaciones del Ministerio del Interior habían descubierto una vasta red de narcotraficantes respaldada por la FDN (Fuerza De-mocrática de Nicaragua), MISURA (unión anti-sandinista de miskitos, sumos y ramas) y “la mafia”.
¿NARCOSANDINISMO VS.NARCOCONTRA-REVOLUCIÓN?
El informe aludido, conocido como el Informe Hitz, por Frederick Hitz, el inspector general de la CIA que condujo la investigación, se ocupó de los —¿tolerados, propi-ciados, financiados?— lazos de la tríada contrarrevolución nicara-güense/CIA/narcotráfico y develó narcoactividades en cuatro países de la región: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
La historia comienza como todas: “Había una vez… unas ho-jitas”. Con el beso de los príncipes adecuados, las hojitas se transfor-maron en pasta de coca, luego en polvo de cocaína y finalmente en crack. Hasta los años 70 el consu-mo de cocaína era un privilegio de las élites, que la habían adoptado como alternativa a la excesivamen-te popular marihuana y la muy perseguida heroína. El ingenio y la codicia descubrieron que la coca “cortada” —es decir, mezclada y cocida con bicarbonato de sodio y agua, y después fragmentada en pequeños trozos fumables— era un producto de consumo masifi-
cable. Sólo había que garantizar un abastecimiento abundante de la materia prima, un asunto de intendencia del que se ocupó Óscar Danilo Blandón, reconocido como el Johnny Appleseed del crack en alusión a John Chapman, el hombre que a principios del siglo 19 recorrió Ohio, Indiana e Illinois plantando manzanos.
Según afirman el economista Steven D. Levitt y el periodista Stephen J. Dubner en su bestseller Freakonomics, “se sospechaba que un hombre, un emigrante nicara-güense llamado Óscar Danilo Blan-dón, importaba mucha más cocaína que ningún otro narcotraficante... Blandón declararía más tarde que vendía cocaína para reunir fondos para la Contra patrocinada por la CIA en Nicaragua. Le gustaba decir que, a cambio, la CIA le guardaba las espaldas en Estados Unidos, permitiéndole vender cocaína con impunidad. Esta afirmación sus-citaría la creencia, que ha llegado hasta nuestros días, en especial entre los negros de las ciudades, de que la CIA era el principal mecenas del mercado norteamericano del crack”. ¿Lo fue?
CUANDO EL CRACKINUNDÓ LOS ÁNGELES...
Este vínculo no es sorprenden-te a la luz del apotegma enunciado por Andrés López, exnarcotrafican-te y autor de El cártel de los sapos: “Los narcos siempre han estado envueltos en negocios que transitan entre lo legal y lo ilegal”. ¿Hubo vínculos entre la CIA, los contras y los narcos? Hablan los hechos: en el invierno de 1982, el fiscal general estadounidense William French Smith envió al entonces director de la CIA, William Casey,
un memorándum de entendimien-to especificando la lista de delitos que los oficiales de la CIA estaban obligados a reportar. El mundo de los narcóticos quedó excluido y su ausencia fue denunciada por el Departamento de Justicia. En lu-gar de agregar las drogas al listado inicial, Smith se limitó a enviar una nueva comunicación al director de la CIA, dejando sentado que ningún requerimiento formal sería incluido en atención a la inveterada transpa-rencia de la CIA con la DEA. Este sabio subterfugio abrió un agujero negro por el que se colaron muchas toneladas de cocaína en los Estados Unidos.
La persona que tuvo más efecto al exponer la relación de la Contra y la CIA con el boom del crack fue Gary Webb, reportero del San Jose Mercury News, ganador del premio Pulitzer en 1990 y “suicidado” en extrañas circunstancias en 2004, años después de que fuera sometido a una granizada de ataques de parte de las “plumas cross” de Newsweek, The Washington Post y The New York Times. Su serie de tres artí-culos titulada Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion se concentró en la conducta de las agencias de inte-ligencia estadounidenses durante la guerra de la Contra en Nicaragua.
Webb reunió evidencia para mostrar que los contras —equiva-lente moral de los padres fundado-res, según Ronald Reagan— habían financiado su guerra mediante el tráfico de una cocaína que, a prin-cipios de los 80, inundó las calles de Los Ángeles en forma de crack. Basándose en la historia de Gary Webb, Universal Pictures preparó el film Kill the Messenger. Según el guionista, Peter Landesman, “es la
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21septiembre 2011
historia de un reportero asesinado por contar la verdad, una historia intensa y relevante dado que la CIA y el gobierno estadounidense continúan haciendo inicuos tratos con el mal en interés de lo que ellos suponen un bien mayor”.
LAVANDO EN LOSFRIGORÍFICOS...
Webb documentó que para avi-tuallar a la Contra, la CIA empezó reclutando personas y compañías metidas hasta los tuétanos en el narcotráfico. Hubo —no dobles, sino quíntuples— agentes que al mismo tiempo trabajaron para los cárteles, el servicio de las aduanas, la CIA, la DEA y el tráfico de coca por su propia cuenta. Una de las compañías contratadas fue la cos-tarricense Frigoríficos de Puntare-nas, dedicada al lavado de dólares y, tan eficiente en el tráfico, que logró introducir a Estados Unidos una tonelada de cocaína a la semana con el apoyo de Ocean Hunter, su polo a tierra en Miami.
A pesar de que el departamen-to de cobro de impuestos le había advertido al FBI que Frigoríficos de Puntarenas no era más que una cobertura para la narcoactividad, la compañía recibió entre enero y mayo de 1986 la suma de 231,587 dólares, de parte de la Nicaraguan Humanitarian Assistance Office, por sus servicios a la Contra. Años después, Luis Rodrí guez, copropie-tario de ambas compañías, testificó que tanto Frigoríficos de Punta-renas como Ocean Hunter eran usadas para el tráfico y el lavado de dólares. La compañía de aviación miamense DIACSA, dirigida por un veterano de Bahía de Cochinos, re-cibió 41 mil dólares de ayuda huma-nitaria para los contras, a pesar de que sus propietarios estaban siendo
acusados de haber importado 900 libras de cocaína. Para los mismos fines, Vortex Aviation recibió 317 mil dólares del gobierno estadouni-dense, ciego ante las acusaciones que enfrentaba Michael Palmer, su propietario, por haber introducido 300 mil libras de marihuana a te-rritorio estadounidense.
En alianza con Enrique Ber-múdez, cabeza operativa del frente norte de la contrarrevolución, tra-bajaron los exiliados nicaragüenses Norwin Meneses y Óscar Danilo Blandón. Meneses, conocido como “el Rey de la droga”, reclutó a Blandón —exdirector nacional de mercados de mayoreo durante el somocismo— para vender drogas a beneficio de la Contra. Meneses trabajó en la costa este y Blandón prosperó en Los Ángeles mediante una fructífera relación con Freeway Ricky Ross, un fabricante empren-dedor que, por obra y gracia de la diligencia de sus abastecedores, vendía entre uno y dos millones de dólares de crack al día. Algunos años después, Blandón, sometido a juicio por tráfico de drogas, declaró que sólo en 1981 la organización de Meneses colocó casi una tonelada de cocaína en EUA, valorada en 54 millones de dólares a precios de mayorista.
LA DÉCADA NOFUE “PERDIDA”...
El enlace en Honduras a princi-pios de los 80 era el catracho Juan Ramón Matta Ballesteros, quien a la sazón estaba bajo vigilancia de la DEA. Con el apoyo de Manuel Ángel Félix Gallardo —el Jefe de jefes, el Patrón, el Padrino—, Matta financió el golpe de Estado de 1978 contra el reformista general Melgar Castro, pasando la batuta a un triunvirato al servicio del cártel de
Guadalajara. De acuerdo con un reporte de
la DEA fechado en 1978, Matta era socio del general golpista Policarpo Paz García, con quien aceitaba el tobogán centroamericano de la cocaína entre el cártel de Medellín y el de Guadalajara. En 1983 el servicio de aduanas estadounidense y la DEA sospechaban que Matta fletaba la mitad de la cocaína que arribaba a los EUA.
En 1985 la revista Newsweek señaló a Matta como el responsable de un tercio de la cocaína introdu-cida a Estados Unidos. El teniente coronel Oliver North encontró en Matta al aliado que buscaba e hizo de su empresa, SETCO AIR, la principal abastecedora de los Contras: entre 1983 y 1985, SETCO AIR llevó millones de dólares en municiones, alimentos y uniformes para la Contra y más millones de coca al siempre anhelante mercado estadounidense.
En 1986, cuando aún levan-taba polvo el revelador reportaje de Newsweek, SETCO AIR recibió 185,924 dólares por abastecer a los “paladines de la libertad”. Los diarios de North permiten rastrear sus encargos a Matta y otros, y el peso de los narcodólares en el apoyo a la Contra. 9 de julio de 1984: traer pasta de coca desde Bolivia y llevar 1,500 kilos a los Estados Unidos. 12 de julio de 1985: 14 millones de dólares para financiar armas proceden de la venta de drogas. El efecto Matta-North significó que el tráfico de cocaína pasó de 2.3 a 9.3 toneladas entre 1985 y 1987.
El imperio de Matta llegó a valorarse en dos mil millones de dólares. Según consta en los anales de uno de los juicios USA vs. Matta
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Ba llesteros, Matta y Félix Ga-llardo llegaron a embolsarse cinco millones de dólares a la semana. La Contra, Paz García y North deben estar agradecidos por sus servicios. Pero, ¿quién servía a quién? Entre 1981 y 1989, la década quemada en guerras intestinas en Centroa-mérica, los capitalistas de la droga ganaron cerca de 14,200 millones de dólares. La llamada década per-dida no lo fue tanto para algunos: marcó el inicio de la edad del crack en Centro américa.
ARMAS VIENEN,DROGAS VAN...
Cuando el cúmulo de acusacio-nes contra los señores de la droga y sus humildes siervos políticos reba-só el ancho cántaro de la paciencia de los funcionarios estadouniden-ses, los resquemores en algunos sectores de la opinión pública dieron lugar a una investigación. El sena-dor John Kerry encabezó una comi-sión que en 1989 mostró la afilada y blanquecina punta del iceberg: bajo juramento, el narcotraficante colombiano Jorge Morales contó al senador Kerry que en 1984, mientras estaba siendo procesado por tráfico de drogas, dos agentes de la CIA le ofrecieron su libertad a cambio del depósito de 250 mil dólares mensuales en las arcas de la Contra.
Cuando la guerra en Nicara-gua terminó, Morales dijo haber donado tres millones de dólares a la causa contrarrevolucionaria. Kerry quiso constatar la veracidad de las afirmaciones de Morales. Contactó y entrevistó a Edén Pastora. Con su desparpajo habitual, el Coman-dante Cero admitió haber recibido de Morales enormes cantidades de dinero en efectivo, dos helicópteros
y un aeroplano C-47. Los dos pilotos de Morales admitieron haber rea-lizado repetidos vuelos con armas hacia Centroamérica y con drogas hacia Estados Unidos, con un lucro no menor a los 40 millones de dóla-res para la Contra.
En El Salvador, el Hangar 4 del aeropuerto militar de Ilopango era el punto de partida de los níveos fletes rumbo a Gran Caimán y luego al sur de Florida, acarreados en la avioneta pilotada por Carlos Alberto Amador. Ulteriores investi-gaciones revelaron que Amador era una de las fichas de Pastora en el frente sur de la contrarrevolución y que el Hangar 4 estaba bajo el control del teniente coronel Oliver North, comisionado por la Casa Blanca para garantizar el apoyo a los Contras.
La CIA pidió a la DEA detener las investigaciones sobre el Hangar 4, donde tenían lugar operaciones cuya legitimidad garantizaban. El Hangar 4 estaba bajo el control de Félix Rodríguez, veterano de Viet-nam, participante en un atentado contra Fidel Castro y presente en la ejecución del Che Guevara. Inte-rrogado por el ejército nicaragüense tras el derribo de la avioneta que pilotaba, el mercenario estadouni-dense Eugene Hasenfus declaró que su contacto era Félix Rodríguez, cuya mayor hazaña —de acuerdo con el fiscal de la comisión Kerry— fue introducir doce toneladas de cocaína a través de la base de la fuerza aérea en Florida.
La conclusión del informe Ke-rry de 1989 fue lapidaria: “Hay evi-dencia sustancial de tráfico de dro-gas a través de las zonas de guerra en el que participaron individuos, suplidores y pilotos de la contra;
mercenarios que trabajaron con los contras; y apoyos de la contra en la región… Oficiales estadounidenses en Centroamérica no solucionaron el problema de las drogas por temor a poner en riesgo los esfuerzos de guerra contra Nicaragua… Y los altos mandos estadounidenses que diseñaban las políticas no fueron inmunes a la idea de que el dinero de la droga era una solución per-fecta a los problemas financieros de la Contra”.
Una década después, el informe Hitz estableció que la CIA supo de tres compañías involucradas en narcotráfico contratadas para apo-yar a la Contra entre 1984 y 1988; que Edén Pastora recibió dinero y avionetas de Jorge Morales; que la CIA recibió información sobre 21 miembros de la contrarrevolu-ción —de las bases hondureña y costa rri cense— involucrados en narcotráfico; que los dirigentes de la Contra recibieron dinero del narcotráfico; que una avioneta de Pastora introducía cocaína en la capital costarricense, y que este admitió haber sido inquilino libre de renta en 1984-1987 en una de las casas de Blandón en Honduras.
CUANDO PABLO ESCOBARSE ALIÓ AL FSLN...
La Nicaragua sandinista no sólo aparece como víctima de esta conjura de balas y coca. En el otro platillo de la balanza estuvo el con-trapeso de los nexos del FSLN con Pablo Escobar Gaviria.
Federico Vaughan —brazo de mar y, por lo visto, también de aire en el Ministerio del Interior— fue filmado en el aeropuerto Los Bra-siles, junto a Pablo Escobar y José Gonzalo Rodríguez Gacha, mien-
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23septiembre 2011
tras atiborraban de cocaína una avioneta. Años después, interroga-do sobre ese episodio, Vaughan de-claró haber sobrevivido por obra y gracia de su sigilo. En 1988 un cable de la CIA informó que el grupo de Escobar había pagado tres millones de dólares al ministro del Interior, Tomás Borge Martínez, para asegu-rar a Nicaragua como plataforma de operaciones del cártel de Medellín.
El periodista estadounidense Mark Bowden, en el libro Matar a Pablo Escobar, rebela que Escobar hizo su aparición en Managua tras el aparatoso fracaso de sus relacio-nes con el general Noriega. El 25 de junio de 1984 fue fotografiado en Los Brasiles, mientras supervi-saba el embarque de un cargamento de coca en un avión piloteado por Barry Seal, un exnarcotraficante y colaborador de Oliver North, que intercambió su condena por una colaboración con la DEA, y ocultó en la cabecera del avión la cámara con la que fotografió a Escobar y a su socio Rodríguez Gacha junto a Federico Vauhgan, a la sazón responsable de las finanzas del Mi-nisterio del Interior de Nicaragua.
Una exploración en la trayec-toria de Pablo Escobar arroja luces sobre su afinidad ideológica con el sandinismo y la justificación común de su vínculo. Mario Henao, cuñado de Escobar e intelectual de izquier-da, según Bowden “le suministró a Pablo los argumentos patrióticos necesarios para justificar su negocio de tráfico y le propuso una vía hacia la honradez: el flujo de cocaína a Estados Unidos podía considerarse una táctica revolucionaria que, a la vez que absorbía dólares gringos, corrompía los cerebros y la sangre de la decadente juventud norteame-ricana”. Estos argumentos fueron
registrados por un cable de la CIA como esgrimidos por Vaughan: “La idea es inundar Estados Unidos con cocaína en detrimento de la juventud imperialista al tiempo que ayudamos a la revolución ni-caragüense”.
COCAÍNA: UNA DROGADE LA GUERRA FRÍA
El periodista mexicano Diego Enrique Osorno afirma que “el alza del narcotráfico en la cocaína está muy relacionada con las rutas de la Guerra Fría y las políticas de Estados Unidos. Es una droga de la Guerra Fría”. Esa afirmación reci-be sobrada evidencia del breve re-corrido histórico sobre los primeros pasos de la coca por Centroa mérica, episodio en el que cuatro países —El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica— estuvieron involu-crados y aportaron sus granitos de crack en el boom piedrero de Los Ángeles.
Costa Rica por haber sido pla-taforma de operaciones del foco contrarrevolucionario de Edén Pastora y de la compañía Frigo-ríficos de Puntarenas. Honduras por su narcogolpe y sus servicios como plataforma del intercambio de drogas por armas. El Salvador por los vuelos con droga desde el aeropuerto de Ilopango. Nicaragua por la lucrativa patente de corso que el FSLN extendió a beneficio del cártel de Medellín.
Pero no estaban solos los san-dinistas en su narco-canje. En esa misma época, Sendero Luminoso, en Perú, ya estaba poniendo en práctica el mismo sistema de convi-vencia pragmática con el narcotrá-fico: control conjunto de territorios estratégicos y cobro de comisiones por avionetas y protección armada
durante los traslados.Además de los dichos, existen
otros nudos en los resabios de la narcoguerra fría que, tras fallidos procesos de desmilitarización, son bocata di cardinale para los narcos: la supervivencia y saña de los kaibi-les, ahora afiliados a Los Zetas; los vastos territorios marcados por el abandono estatal, dóciles cabezas de playa para los cárteles; las re-giones maltratadas por la coerción estatal, esas villas y barriadas que sólo saben del brazo sañudo y la frente ceñuda de la ley, poblaciones para las que “ilegal” es un membre-te más de la eterna lucha contra un poder extraño y unas normas cita-dinas y capitalinas, ignorantes del lodo de las aldeas y el hacinamiento de los barrios. Unas y otros reciben insos pechadas oportunidades de la narcoindustria.
YA SOMOSNARCOECONOMÍAS
La naturaleza ilícita de la nar-coindustria hace imposible calcular sus dimensiones y beneficios. En los años 90 el experto en economía de la droga, Francisco Thoumi, sostuvo que “las ganancias del cargamento de un avión pequeño, de 250 kilos de cocaína —aun después de pagar 150 mil dólares al piloto y abando-nar un avión de 100 mil dólares—, bastaban para comprar entre 1,200 y 4,800 hectáreas”. Es decir, que la ganancia rondaba los diez millones de dólares.
La OEA, la ONU y el National Drug Intelligence Center (NDIC) aseguran que por Centroamérica pasa el 90% de la cocaína que se produce mundialmente. Expertos aseguran que, valorados en capital, por la región se mueven más de 250 millones de dólares al mes. Las
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incautaciones de cocaína dan una idea aproximada del crecimiento del narcotráfico: entre 2001 y 2006 se pasó de 15,838 a 71,829 kilogramos de cocaína decomisada.
Los efectos psicotrópicos de ese volumen se dejan sentir en todos los niveles de las economías centroamericanas. The Economist calcula que entre 250 y 350 tonela-das de cocaína pasan por territorio guatemalteco cada año. El saldo está a la vista: Petén está plagado de pistas de aterrizaje clandesti-nas para los aviones cargados de droga procedentes de Venezuela y Colombia.
GUATEMALA Y COSTA RICA:TONELADAS DE COCAÍNA YMILLONES DE DÓLARES
Los vástagos de las élites tradi-cionales estudian en los mismos colegios y universi dades exclusi-vas, frecuentan los mismos clubes, bailan en las mismas discotecas de clientela restringida, manducan en los mismos restaurantes gourmet y engullen hostias en los mismos templos que los retoños del narco-tráfico.
En las universidades Francisco Marroquín y del Valle, los colegios The Village School y The Mayan School, los clubes Hacienda Nueva y el Campestre San Isidro con su inimaginable cancha de golf, las iglesias San Martín de Porres y Nuestra Señora de la Paz se tejen las relaciones sociales donde la nar-cocracia se lava el rostro y emerge afeitada o con el colorete y el rímel que le darán carta de ciudadanía plena. La aceptación social se ven-de y se compra en los templos del saber, del placer y del Señor.
Los señores de la coca ocupan sillones directivos en las institu-ciones más respetables. Cancelan los accesos a pueblos enteros que en tardes de ocio convierten en hipódromos para hacer ostento-sas apuestas con fajos de cientos de miles de dólares. Construyen ciudadelas, como la de Bananeras. Dominan en extensos territorios: Carlos Cabal Peniche, elevado a la condición de “banquero modelo” por Car los Salinas de Gortari y luego hundido a la de prófugo de la justicia por lavado de dinero y nar-cotráfico, llegó a controlar más de diez mil hectáreas en el estratégico corredor Tabasco (México)-Petén (Guatemala). La adquisición de Del Monte Fresh Produce le permitió dominio territorial, movimiento de mercaderías y capacidad de almacenamiento, una fusión de la infraestructura y las coartadas idó-neas para el comercio de las frutas más rentables del orbe.
Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, reconoció que Centro-américa ya no es sólo un territorio de tránsito de la coca, sino un em-plazamiento para la producción, procesa miento y consumo de dro-gas. La “Suiza centro americana” rompe la habitual excepcionalidad que la distinguía del resto de ple-beyas naciones centroamericanas e inclina la cerviz ante la coca: Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad Pública, denunció que las más de cincuenta toneladas de cocaína que se negocian y trafican anualmente en Costa Rica produ-cen tales millonadas de dólares que desploman el tipo de cambio, con un efecto “terriblemente distorsio-nador sobre las variables económi-cas, en grave perjuicio del sector productor y exportador nacional”.
LOS NARCOMUNICIPIOSDE HONDURAS
Honduras, la noble cuna de Francisco Morazán, también lo fue, y no en vano, de Juan Ramón Matta Ballesteros. En marzo de 2011, una sofisticada “cocina” (narcola-boratorio) de cocaína fue descu-bierta en el sector de Cerro Negro, Omoa, departamento de Cortés. Otras cocinas, tenderetes de coca to go y caramancheles de fast-coca continúan su vida subterránea, ge-nerando empleo e infraestructura en aldeas y municipios que exultan de agradecimiento.
Los narcomu nicipios son fácil-mente identificables. Los encabeza El Paraíso, otrora olvidado rincón de abigeos y ahora frecuentado por miss Honduras y grupos musica-les de moda; es el municipio más rico del muy rural departamento de Copán. Custodiado por veinte forzudos guardaespaldas, su jo-ven alcalde, Alexander Ardón, se dirige hacia una reluciente Lexus blindada para inaugurar una calle adoquinada. Cualquiera de sus pro-yectos arranca con providenciales donativos de cientos de miles de lempiras. “Soy el rey del pueblo”, proclama ante la perplejidad de los periodistas, mientras asegura que las fortunas copanecas provienen de la ganadería y la producción lechera: es el líquido blanco y no el polvo blanco el que ha traído desarrollo al municipio.
Ese polvo cae como maná ce-lestial y se transforma en cami-nos, templos, centros comerciales, gigantescos malls, hoteles y par-ques en una Honduras donde los pobredólares de los migrantes y los narcodólares de los cocaineros se entre veran y potencian mutua-
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mente: remesas que se gastan en drogas, narcodólares que financian migraciones a “los Yunay”. Calle acoquinada, calle adoquinada. Ocho décadas de banano en la más cum-plida Banana republic no lograron una décima de lo que hoy consigue la coca.
Alta y abundante es la coca, y Morazán no vigila. Los narcojets entran y salen de los aeropuertos internacionales hondureños, con o sin credenciales, a vista y paciencia de unas autoridades cuyo celo en la captura de cargamentos de coca tie-ne muy descontentos a los oficiales de la DEA. Sonadísimo fue el caso del jet que el 24 de febrero de 2006 aterrizó en el aeropuerto interna-cional Toncontín, se presume que llevando en su interior al “Chapo” Guzmán, a quien la revista Forbes registra como uno de los 500 hom-bres más ricos del mundo y los ex-pertos pintan como protegido por el alcalde de El Paraíso y asiduo de las Islas de la Bahía y Copán Ruinas. Mientras Luis Santos, Obispo de Copán, denuncia valientemente que hay jefes policiales confabu lados con los narcos, el poder judicial deja libre a “Mamalicha”, capo que alardea de protección internacional.
NICARAGUA: AVANZA ELNARCOMENUDEO
En agosto de 2004 el nexo con Nicaragua estalla de nuevo: en la mansión que el capo Pedro García Montes mantenía en Zamorano, la policía hondureña encontró un ar-senal que Al-Qaeda envidiaría: dos fusiles M-16, 18 fusiles automáticos livianos Fal, cuatro fusiles y 18 car-gadores AK-47, 21 ametralladoras, 10 lanzacohetes antiaéreos, dos ametralladoras antiaéreas calibre 60 y una ametralladora antiaérea
calibre 50 para destruir aviones y tanques. Los artefactos provenían de Nicaragua y estaban destinados a las FARC colombianas, en un intercambio de armas por cocaína.
Un exdirector de drogas de la Policía Nacional afirmó que en Nicaragua hay alrededor de diez mil expendios de drogas. Roberto Orozco, experto nicaragüense en temas de seguridad, mencionó en una charla a Envío (diciembre 2010) que “las economías ilegales están sosteniendo la economía fa-miliar del 60-65% de la población nicaragüense y que la mayoría de las personas que viven en la econo-mía informal de Nicaragua están dedicadas a economías ilegales”.
El narcomenudeo es una de las más importantes, debido a que el hábito de pagar a los colabora-dores locales en especie y no en metálico ha incrementado la venta y consumo de cocaína y crack en la región. Juzguemos a partir de los coincidentes hallazgos de dos antropólogos que se han internado en la profundidad de los manglares caribeños o del perforado asfalto capitalino.
En 2003, Philip A. Dennis pu-blicó "Cocaine in miskitu villages", un provocativo artículo que expli-caba cómo el dinero generado por el tráfico de cocaína fue utilizado en la comunidad miskita de Sandy Bay para construir casas, escuelas e iglesias y comprar lanchas de mo-tor en un proyecto autodirigido de desarrollo, si bien a un alto costo en violencia. En “La globalización de un barrio ‘desde abajo’: emigrantes, remesas, taxis y drogas” (Envío, marzo 2004), Dennis Rodgers dio a conocer que en un pequeño barrio de Managua la pirámide laboral del
narcomenudeo incluía un narco, varios púcheres y bodegueros y 19 muleros. Los muleros, situados en el estrato más bajo de la pirá-mide, podían ganar entre 350 y 600 dólares al mes. La generación de ingresos del subsistema de la droga era significativa y su flujo podía multiplicarse al alimentar otros subsistemas. El más manido es la compra de taxis y oferta de empleo a jóvenes del barrio como conductores.
El narcomenudeo ha vivificado barrios mustios y amodorrados. Ha sacado del estancamiento a comu-nidades y familias. Con poblaciones de entre el 13% (El Salvador) y el 32% (Nicaragua) viviendo con me-nos de dos dólares al día, no es de extrañarse que el narcomenudeo sea una actividad muy recurrida. Lo es en comarcas rurales y ciudades. Bluefields es controlada por los nar-cos: colegios, parques… e incluso el Estado: el fiscal regional tuvo que ser removido de emergencia y en secreto porque no gozó de la venia de los capos locales y metió sus narices en los negocios ajenos.
CUANDO LA DROGAVIENE DEL MAR...
Moisés Arana, alcalde de Blue-fields en 2003, dio unas declaracio-nes (Envío, agosto 2003) que escla-recen los alcances del narcomenu-deo y sus efectos: “Hay que tener en cuenta que es tal el desempleo y el empobrecimiento en Bluefields que la droga permite la sobrevivencia de muchísima gente, aunque natural-mente genere también una rápida descomposición social. Cuando uno asiste a una reunión de éstas y es-cucha a la gente, que explica que si logra comer es porque vende droga, resulta difícil precisar las fronte-
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ras entre moralidad, inmoralidad, amoralidad y doble moral. ¿Cómo hemos llegado hasta situaciones como éstas? ¿A quién acudir para enfrentar adecuadamente estas realidades, a quién reclamar?”.
Arana encuentra que el arribo de la droga empalmó con la cultura local: “Hace años, los habitantes de la Costa Atlántica, tanto en el norte como en el sur, comenzaron a familiarizarse con la droga que los traficantes colombianos lanzaban al mar en sacos desde sus barcos. Al llegar a la orilla, estos bultos eran muy bien recibidos, especialmente por la etnia mískita. La cultura mískita considera que “todo lo que viene del mar, todo lo que viene del río, todo lo que viene de las aguas, es una bendición de Dios”. Y por ser bendición divina, esa droga era bienvenida. Lo sigue siendo. Exis-ten comunidades costeñas donde el reverendo, el juez y los ancianos reciben la droga que les llega por las aguas, se la reparten y después la venden. Y de un día para otro chozas pobrísimas se transforman en residencias bellísimas. Y todo mundo sabe lo que ha ocurrido”.
En los poblados de la Costa Caribe de Nicaragua corre de boca en boca todo un drogabulario. Pla-yeros: los hombres que salen noche tras noche con la esperanza de dar con un bulto de droga. Costear: la actividad de los playeros, camina tas nocturnas, búsqueda sin reposo del tesoro blanco que un día les sonríe desde un banco de arena. Langosta blanca: paquete de cocaína que una pleamar propicia, o acaso el sosiego de la estoa deposita sobre la costa. El favorecido por la benevolencia de los dioses irá a vender el paquete en 4 mil dólares a un cartelito costa-rricense especializado en proveer a
turistas. Con esa pequeña fortuna fundará una cantina. Una de las muchas que, en pueblos costeños sin agua potable, ofrecen a sus clientes botellas de Chivas Regal, Malibú, Cointreau, Napoleón…
CARTELITOS, COCINASY COCINEROS
La cocaína viaja de la Costa a Managua. El primer capo que prosperó en el barrio estudiado por el pandillerólogo Dennis Rod-gers, movía la droga mediante sus conexiones familiares en la Costa Caribe. En el Reparto Schick, como en muchos otros barrios de Managua, florecen los expendios de droga. Todos saben dónde es-tán. Desde los patrulleros locales hasta los muchachos fresones de Las Colinas y Santo Domingo, que se cuentan entre su clientela más adicta. Los “quiebres” de la policía obedecen casi exclusivamente a un servicio que policías de diverso ran-go prestan al capo-socio: sacar de circulación a sus rivales. Quiebran un “cartelito”, como suele llamarle la gente, y de inmediato surgen otros. “Cortar” un poco de cocaína y producir piedra es muy fácil y muy rentable: una tableta de pie-dra, cortada con habilidad, puede generar 500 córdobas de ganancia en una tarde. Sobran muleros para colocarla.
EL PODER DELA NARCOFILANTROPÍA
De este nada exhaustivo in-ventario de volúmenes y áreas es posible inferir la creciente le-gitimidad económica y social del narcomundo, enfrentado al cinismo de la DEA, poco popular institución que ahora demanda urgente dique al tráfico que toleró en los años 80
por cálido amor a la Guerra Fría. La legitimación crece porque la droga está generando el empleo —estable, aunque riesgoso— que los políticos prometen con megáfono y niegan con voz en off.
La coca desciende como rocío sobre las economías de Centroa-mérica y su capacidad de permear territorios y localidades sigue en expansión. Si divisas una man-sión sobre la arena, con un fondo de cocoteros, no estás en Malibú: bienvenido a Laguna de Perlas. Si te quedas boquiabierto ante un edificio municipal a medio camino entre el Partenón y el Capitolio, con helipuerto y cámaras digitales, construido a un costo de 12 millones de lempiras, estás en El Paraíso, municipio de Copán, Honduras que, a pesar de sus escasos 18 mil habi-tantes, se ríe del edificio municipal de Santa Rosa de Copán, cabecera departamental y alcaldía que vela por más de 52 mil almas con sus respectivos cuerpos mortales.
La narcofilantropía está su-pliendo la decrepitud del Estado de bienestar, ministerios de obras públicas y alcaldías. La cocaína pavimenta carreteras donde hubo angostas trochas, obsequia medici-nas a quienes no podrían pagarlas, ofrece transporte a pueblos recóndi-tos y cumple con todas las católicas obras de misericordia. Cuando en 1992 un antropólogo nicaragüense hizo su tesis sobre los garífunas del Caribe nicaragüense, su travesía entre Bluefields y Orinoco demoró 14 horas. Diez años después ese via-je se había reducido a poco más de una hora por virtud de una lancha con dos motores de 250 caballos de fuerza que un capo local puso al servicio de las narcorrutas y el pueblo llano.
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27septiembre 2011
NARCOINVERSIONES,NARCOSALARIOS,NARCOESCUELAS...
La narcofilantropía ha sido la piedra angular de la expansión de la narcoindustria. Las compañías bananeras podían desentenderse de las poblaciones que canibalizaban. Una vez concluidos sus negocios, declaraban desahuciada una región, levantaban la tienda y se iban con la música y sus maritates a otra parte. Se llevaban incluso las vías férreas. Lo hicieron varias veces en Trujillo e Isletas, en Honduras. Entre Sonaguera y Trujillo quedan algunos durmientes olvidados que atestiguan el paso de la Trujillo Railroad Company.
La familia Pellas de Nicaragua puede hacer caso omiso de los en-fermos de insuficiencia renal que hace años protestan y habitan im-provisadas tiendas de plástico negro junto a la catedral de Managua. Según la Asociación Nicaragüense de Afectados por la Insuficiencia Renal Crónica, de 2005 a la fecha han muerto 3,437 personas y se re-gistran 8,037 afectados. Los narcos no pueden vivir de espaldas a los poblados situados sobre sus rutas. Les va el negocio en ello.
El éxito de las mafias y otras sociedades secretas descansa sobre el deterioro de las autoridades estatales, la corrupción de los cuer-pos policiales y la lealtad comunal cimentada en el cultivo de una identidad local. Los narcos están obligados a invertir en las zonas bajo su dominio para incrementar su capital social. Sólo conquistando las simpatías locales pueden asegu-rar su control, permanencia y segu-ridad en un territorio. Su condición de glocales (globales y locales) es
llevada a la máxima expresión en esta estrategia: para garantizar el carácter transnacional del negocio, deben cultivar una inserción, un polo a tierra muy firme.
Los emplazamientos sobre la Costa Caribe y las relaciones con los lobos de mar, que saben moverse en aguas so se gadas o procelosas, son vitales para el negocio. Las rela ciones con pescadores de San Andrés y del litoral atlántico en Centroamérica han dado vía libre a los cargamentos. Cuando los po-blados son imprescindibles para el tránsito de la mercancía, la estra-tegia debe ser aplicada con todo el rigor del emprendedurismo. De ahí los fenómenos como el de El Paraíso y las inversiones que saltan a la vis-ta o yacen en la sombra en pueblos costeros y barriadas populares.
Un ejemplo: Roberto Orozco relata que toda la comunidad cos-teña de Walpasiksa, en el Caribe nica, daba apoyo a narcotraficantes colombianos: el cuaderno encontra-do a un narco contenía “listas de las personas de la comunidad que recibían un estipendio mensual por brindar apoyo logístico y garantizar seguridad: entre tres y cinco mil córdobas cada uno”. La lista incluía al pastor de la iglesia morava.
Otra muestra: en uno de los ba-rrios del Reparto Schick de Mana-gua el capo local daba empleo a los muchachos y les financiaba cajillas de cerveza, jamás droga. El Indio Viejo, narco del barrio estudiado por el antropólogo británico Dennis Rodgers, solía financiar el descanso de trabajadores en Montelimar, el lujoso resort de capital catalán en la costa del Pacífico nicaragüense. Una narcopandilla, los Black Disci-ples de Chicago, contabilizaban en
su columna de egre sos ciertos gas-tos imprescindibles, como fiestas y actos comunitarios protagonizados por la banda. Emulando las obras de Pablo Escobar en el municipio de Envigado, los narcos guatemaltecos construyen escuelas, centros de salud, complejos deportivos, clubes elegantes y mejoran caminos.
LOS ADMIRAN,LES AGRADECEN,LOS QUIEREN
La narcofilantropía puede ser rastreada en los orígenes del auge de la cocaína. Bowden detalla que Pablo Escobar “comenzó a gastar millones en mejorar la infraestructura de la ciudad, se preocupó por los pobres hacinados en los crecientes barrios de invasión mucho más de lo que el gobierno jamás había hecho. Donó dinero y presionó a sus asociados para que reunieran millones con los que pavimentar carreteras y erigir nuevos tendidos eléctricos, además de crear campos de fútbol por toda la región. Levantó pistas de patinaje, repartió dinero en sus apariciones públicas y luego comen-zó un proyecto de urbanización para los indigentes llamado Barrio Pablo Escobar: un sitio donde vivirían los que hasta ahora habitaban en chozas junto a los basureros de la ciudad. Pablo patrocinó exposiciones de arte con el fin de reunir dinero para la caridad. Fundó Medellín Sin Tugurios, una organización cuyo ob-jetivo era proseguir con los proyectos de urbanizaciones para pobres”. Manuel Castells recuerda que “Es-cobar incluso trató de defender los derechos humanos de sus bandas de jóvenes contra los flagrantes abusos de la policía nacional”.
Manuel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara,
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Jefe de jefes, donó dinero a varias universi dades, aportó el grueso de los fondos para la construcción de la biblioteca más grande del estado de Sinaloa y mantuvo el hospital de Culiacán y una farmacia don-de regalaba medicamentos. Este cariño de los capos a sus terruños lo confirma Andrés López en El cártel de los sapos, cuando relata los funerales del capo Urdinola en su pueblo natal, donde el carro de bomberos condujo el féretro entre una multitud de tres mil fervorosos admiradores: “A las honras fúne-bres asistió el pueblo entero, que consideraba a Urdinola como una verdadera leyenda; lo admiraban y le agradecían haberles llevado luz, agua, alcantarillado, carretera pavi-mentada y, de su mano, el desarrollo como tal”.
EMPRESAS GLOBALESCON IDENTIDAD LOCAL
Osorno visita una región bajo el control de los narcos y extrae sus conclusiones: “No es la prime-ra vez que estoy en Badiraguato. He venido otras veces y me queda claro que mucha gente aquí quiere más a los narcos que al ejército. Lo sabe todo el mundo. Y también se saben las razones: la pobreza lacerante y el abandono oficial han sido aligerados por los traficantes. ‘El señor Guzmán’, como se le dice al Chapo, además de nacer aquí en el poblado de La Tuna, es hoy día la cara principal del cártel de Sinaloa, ‘la empresa’ a la que mi-les de campesinos de Badiraguato venden sus cosechas de marihuana y adormidera”.
Según Osorno, la narcofilan-tropía obedece a un mero cálculo egoísta: “Si un traficante quería una larga carrera, debía mostrarse
filántropo, por lo menos con los de su comunidad, ya que de otra forma podía hasta ser catalogado como vulgar asesino o contrabandista, en lugar de ser ‘el señor’”.
Pero Castells encuentra que las inversiones sociales y de in-fraestructura de los narcos en las regiones y pueblos de origen son sintomáticas de un arraigo que comparten con otros actores: “El apego de los narcotraficantes a su país y a sus regiones de origen va más allá del cálculo estratégico. Es-taban/están profundamente arrai-gados en sus culturas, tradiciones y sociedades regionales. No sólo han compartido sus riquezas con sus ciudades e invertido una parte considerable (pero no la mayor) de su fortuna en su país, sino que también han recuperado las cul-turas locales, reconstruido la vida rural, afirmado vigorosamente sus convicciones religiosas y su fe en santos y milagros locales…”.
Por muy transnacionalizadas que hayan devenido sus opera-ciones, actores y estrategias, los narcos conservan sus bases étnicas, culturales y territoriales: “Ésta es su fuerza. Las redes criminales probablemente llevan la delantera a las compañías multinacionales en su capacidad decisiva de combinar la identidad cultural y la empresa global”.
NARCOENTROPÍA SOCIAL Y VIOLENCIA:DEL PÍCARO AL SICARIO
La narcofilantropía ha susci-tado una comprensible suspicacia. Gabriel García Márquez lamenta sus efectos: “Años antes los nar-cotraficantes estaban de moda por una aureola fantástica. Gozaban de
una completa impunidad, e incluso de un cierto prestigio popular, por las obras de caridad que hacían en las barriadas donde pasaron sus infancias de marginados. Si alguien hubiera querido ponerlos presos podía mandarlos a buscar con el policía de la esquina. Pero buena parte de la sociedad colombiana los veía con una curiosidad y un inte-rés que se parecían demasiado a la complacencia”. Esta aceptación ya ocurre en Centroamérica, donde los capos caminan codo a codo con los políticos y presiden clubes de élite.
La narcofilantropía fortalece lo que algunos llaman “la legitimación social de las actividades del nar-cotráfico”. Y es que la narcofilan-tropía viene en el mismo paquete que la entropía social. Castells lo advierte: “Debido a su volatilidad y a su disposición a aceptar un alto riesgo, el capital criminal sigue y amplifica las turbulencias especu-lativas de los mer cados financieros. Así, se ha convertido en una fuente importante de desestabilización de los mercados financieros y de capitales internacionales”. Repeti-mos: en la Costa Rica de hoy, hay analistas que sostienen que las narcoactividades han inyectado tal cantidad de dólares en la economía costarricense que el valor del colón frente al dólar está arti ficialmente sostenido en palmario perjuicio a los expor tadores.
El efecto más percibido de la narcoentropía social es la violencia. Se acabó la picaresca. Es tiempo de la sicaresca. La sicaresca, nos cuen-ta el profesor colombiano Omar Rincón, es “un nuevo tipo de relatos que habita la fascinación por los sicarios, la truculencia y la pasión por el exceso... El ensayista Guadi Calvo explica cómo la sicaresca es el
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29septiembre 2011
método de jóvenes que por quebrar un mancito conseguían ropa, casa para la madre, nevera, televisores, dejar a la cucha bien”.
La violencia ha sido bastante analizada, pero mal y de forma insuficiente. Se suele destacar el carácter violento de los narcos. Se los presenta como monstruos inhumanos. Y con esto no llegamos a ninguna parte. Bowden intenta penetrar un poco más: “Sus actos delictivos, por más egoístas o ab-surdos que fueran, transmitían un mensaje social. Los actos de vio-lencia y los crímenes que cometían eran ataques a un poder lejano y opresivo. El sigilo y la astucia que aquellos hombres demostraban al eludir al Ejército y a la policía eran fuente de festejos, ya que éstas habían sido desde tiempos inmemo-riales las únicas tácticas al alcance de los desposeídos”. Ésa es la razón del éxito de la Camorra y la Cosa Nostra: la indiferencia del Estado italiano, el abandono inmemorial.
De ahí el éxito sin precedentes de la ópera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni sobre un texto de Giovanni Verga. Caballerosi-dad rústica es la que protagoniza el hijo de Michael Corleone en la penúltima escena de El Padrino III, que tiene lugar en el suntuoso Teatro Máximo de Palermo, donde se dramatiza una historia de celos, honor y venganza entre campesinos de Sicilia, que llegó a constituir una mitificación del ethos mafioso.
Según el historiador de la mafia, John Dickie, “honor se traduce en este contexto como un sentimiento de valía profesional, un sistema de valores y el símbolo de la identidad de grupo de una organi-zación que se considera a sí misma
por encima del bien y del mal”. Esta obra escenifica la independencia del sistema de justicia de los aldeanos respecto del sistema estatal, im-puesto desde la Italia continental.
HAY NARCOMUNDODONDE NO HAY ESTADO
Las mafias y los capos no es-tablecen otra cultura. Se montan sobre mecanismos informales de justicia legitimados por la costum-bre. Según Bowden: “Una de las prerrogativas de los ricos y pode-rosos en la Colombia rural siempre había sido la de administrar su pro-pia justicia. Y ésta representaba el fundamento de la larga y sangrien-ta tradición de las ‘autodefensas’ o ejércitos privados”. A lo largo de la historia y la geografía, desde Sicilia hasta el Valle del Cauca o Tocoa, la tradición de “saltarse” al Estado es un patrimonio de territorios donde el sector público ha tenido una presencia famélica. El narcomundo y sus instituciones se expanden donde hay ausencia, penetración o desconfianza del Estado, donde el Estado es una empresa fallida.
En la actualidad, la privatiza-ción neoliberal coloca sus propios acentos sobre esa tradición: los ejércitos de los narcos son una ver-sión aterradora y llevada al extremo de la privatización de la seguridad personal que camina de la mano de la contracción estatal. Los narcos no improvisan una nueva cultura, se montan sobre la existente. Y la llevan al extremo.
NARCOCORRUPCIÓNY EL NARCOESTADO QUELA RESPALDA
Algunos de los personajes de la narcoguerra fría centroamericana
se reciclaron de la manera más impensable: consiguieron colarse por los intersticios de la legalidad e ingresar por la ancha puerta del Estado que tarde o temprano lleva a la perdición.
Blandón reapareció a mediados de los 90 convertido en agente de la DEA, con un salario anual de 42 mil dólares. Ostenta la única residencia permanente concedida a un inmi-grante al que le han sido probados delitos graves. Tomás Borge publicó en la editorial Siglo XXI un amasijo de loas a Carlos Salinas de Gortari, poco antes de que los narcoser vicios del mandatario mexicano salieran a flote y tuviera que refugiarse en Irlanda.
El narcogeneral Policarpo Paz García es valorado en Wikipedia como el hombre que cerró las puer-tas hondureñas al dominio militar. Edén Pastora lanzó su candidatura presidencial en 1996. Y su candi-datura a la alcaldía de Managua en 2004. Tres años después, sus enemigos jurados —un FSLN reins-talado en los tres poderes clásicos del Estado, más el poder electoral y el coercitivo— lo colocaron al frente de las operaciones de dragado del río San Juan, ruta vital para el narcotráfico.
En los países centroamerica-nos la narcoindustria explota la decrepitud estatal a dos bandas: colonizando territorios que son terra ignota para el Estado y ma-nipulando a políticos, explotando aquel descubrimiento del magnate de las mafias bananeras estadouni-denses y antiguo presidente de la United Fruit Company, Samuel Zemurray: “Una mula es más cara que un diputado”.
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Empecemos precisamente por ahí, por los padrastros de la patria. Los diputados y otros hombres de Estado usualmente sólo intervie-nen en labores auxiliares. Desde las menos riesgosas sombras, aportan su capital político. Algunos no se conforman con esa labor opaca y silenciosa. Muy satinados y es-truendosos fueron los casos de los diputados hondureños César Díaz y Armando Ávila Panchamé, proba-dos y fogueados narcotraficantes, ambos sorprendidos con las manos en la coca y condenados: el primero por un tribunal público y, el segun-do, después de padecer la suave justicia estatal, fue alcanzado por el largo brazo de la narcojusticia y baleado dentro de la prisión donde cumplía una condena de veinte años.
La narcocorrupción permeó to-dos los niveles: desde los diputados y más arriba, hasta los policías de a pie: el 10 de julio de 2009, diez oficiales de policía fueron arresta-dos en la Costa Caribe hondureña cuando transportaban 142 kilos de cocaína. Diez policías no son asunto de rasgarse las vestiduras y bañarse de ceniza. El caso destacó porque los detenidos pertenecían al Grupo de Operación Antinarcóticos de la flamante Dirección Nacional de In-vestigación Criminal. Más notorio aún fue el caso del jefe policial de Santa Bárbara, que el 27 de agosto de 2008 dejó en libertad al supues-to jefe del cártel del Atlántico y ordenó devolver las armas que sus subordinados habían incautado a los guardaespaldas del capo.
NARCOJUECES YNARCOPOLICÍAS QUELIBERAN A MEGACAPOS YCUBREN MINICÁRTELES
En su reporte de 2010, Nicara-gua. International Narcotics Con-trol Strategy, el Departamento de Estado de EUA identificó a la Corte Suprema de Justicia nicaragüense como uno de los impedimentos más preocu pantes en la aplicación de los operativos antinarcóticos: dinero y otros activos decomisados a los narcos han sido distribuidos a dis-creción de la Corte, contraviniendo la legislación que establece que la distribución debe ser equitativa y destinarse a la Policía Nacional, al Ministerio de Salud, al Consejo Na-cional de Lucha contra las Drogas, al Sistema Penitenciario y a varias ONG abocadas a la rehabilitación de drogadictos. Con frecuencia —denuncian las pesquisas del Depar-tamento de Estado— esos activos no son objeto de administración transparente y lujosos vehículos terminan como propiedad de jueces y magistrados.
El informe de 2007 señaló que los narcotraficantes capturados eran puestos en libertad por los jueces, quienes les reintegraron, deduciendo la inevitable comisión, los cientos de miles de dólares en efectivo que cargaban. El gobier-no estadounidense penalizó estos actos cortando todo apoyo directo a la Corte Suprema de Justicia y colocando los recursos de la lucha anticorrupción en la Policía Nacio-nal, alternativa que deben haber cancelado de ser cierta la versión que Wikileaks difundió de un cable del embajador estadounidense en Managua Robert Callahan a Wash-ington, refiriéndose a la represión sandinista de las manifestaciones
contra el fraude electoral de 2008 que la Policía ni siquiera intentó contener.
Otra de las revelaciones de Wikileaks es un cable donde la embajada estadounidense en Ma-nagua denuncia que el FSLN ha recibido regularmente dinero del narcotrá fico internacional para financiar sus campañas electora-les, usualmente como retribución por la misericordia que sus jueces sandinistas han mostrado hacia los narcos capturados por la policía.
Tampoco podemos dejar en el tintero el injustamente olvidado caso del narcojet del expresidente Arnoldo Alemán, un jet robado e introducido a Nicaragua sin los procedimientos que demanda la ley. En la introducción del narco-jet participaron Arnoldo Alemán, entonces presidente de Nicaragua; el ex director de Servicios Aduane-ros, Marco Aurelio Sánchez y el ex ministro de Transporte e Infraes-tructura, Edgard Quintana.
La usualmente impoluta Costa Rica reportó en 2009 el despido de 40 oficiales de policía por estar involucrados en tráfico de drogas. En Guatemala, el director de la Policía Nacional y otros altos cargos policiales fueron arrestados en 2009 por colaborar con el narcotráfico. Costa Rica y Guatemala han sido identificados como plataforma de lavado de dólares, pese a los tardíos y frágiles diques con que sus legisla-ciones parecen frenar esa actividad: hasta 2008 en Costa Rica operaban seis bancos offshore. Hasta junio de 2002 los bancos offshore con sucursales en Guatemala no eran supervisados.
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31septiembre 2011
NARCOMILITARES ENUN NARCOESTADO
Según el fiscal español Carlos Castresana, director en 2007-2010 de la Comisión Internacional con-tra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 60% de Guatemala está controlado por el narcotráfico, fundamentalmente mexicano, que reclu ta a pandilleros de la Mara Sal-vatrucha y corrompió a los cuerpos de seguridad y judicatura del país.
Aunque en su visita a Guate-mala el presidente Bill Clinton pidió disculpas por la pasada complicidad de su gobierno con el aparato mili-tar que cometió crímenes de guerra, su administración ha hecho la vista gorda ante el involucra miento del mismo aparato en el tráfico de drogas. Clinton enfatizó el rol de la narcoguerrilla colombiana en el apogeo de la cocaína, pero volteó la vista ante los narcomilitares.
Desde 1990 los agentes de la DEA llamaban a Guatemala “la bodega”. Uno de los más activos bodegueros era el teniente coronel Carlos Ochoa Ruiz, destacado alum-no de la Escuela de las Américas en 1969. Según la DEA y el periodista Frank Smyth en The Untouchable Narco-State (El intocable narco-estado), en 1990 Ochoa trasladó media tonelada métrica de cocaína desde el occidente de Guatemala hasta Tampa, Florida. Ochoa debía ser extraditado a EUA. Pero una corte militar guatemalteca reclamó jurisdicción sobre su caso y lo absol-vió por falta de pruebas, después de que el juez que inicialmente llevaba el caso fuera asesinado y el veredicto fuera rebalanceado. En 1997, cuando su estrella iba en descenso, fue nuevamente apresado y condenado a 14 años de prisión por cargar 30 kilos de cocaína.
Otros altos mandos del ejército guatemalteco han estado aún más activos y han sido denunciados sin ningún efecto. Pese a que un grupo de campesinos enviaron una comuni cación a la embajada estadounidense relatando cómo fueron expulsados de sus fincas por coroneles del ejército que esta-ban construyendo una narcorruta, ninguno de los coroneles fue pro-cesado. El general Carlos Pozuelos Villavi cencio, retirado en 1993 de su comandancia en la Fuerza Aérea, pero activo en el narcotráfico según diversas fuentes, se ufana de tener un expediente limpio como patena.
En historias como éstas se basa Castells para concluir: “Los para-digmas clásicos de la dependencia y el desarrollo han de replantearse para incluir, como rasgo fundamen-tal, las características de la indus-tria del narcotráfico, y su profunda penetración en las instituciones del estado y la organización social… En ausencia de una afirmación decisiva del poder estatal, las redes del nar-cotráfico se hacen con el control de tantas personas y organizaciones como les sean necesarias en su entorno”.
¿POR QUÉ OCURRE?
¿Por qué Colombia se convirtió en una plataforma tan propicia para la producción y el comercio de la cocaína?, pregunta Castells. Por las mismas razones que Centro-américa: por la existencia de una clase empresarial marginada, por la movilidad social ascendente a punta de bayoneta, por la tradición de vio-lencia, por la debilidad del Estado, por su baja cobertura geográfica, por las guerras intestinas que nos han resquebrajado, por las vastas zonas que grupos armados, legales
e ilegales, han controlado en los últimos cincuenta años.
Centroamérica aún padece los resabios de fallidos procesos de desmilitarización. Esos remanentes abonan una cultura de violencia que, según ha mostrado el sociólogo alemán Peter Waldmann, interac-túa con sus efectos y eleva sus re-sonancias. Waldmann explica que la cultura de la violencia en Colombia —y podemos decir otro tanto de la centroamericana— es el resultado de factores históricos y contem-poráneos: un Estado que no logra monopolizar la violencia, leyes que carecen de validación social y no se aplican, reglas del narcomundo que incluyen incentivos económicos para el uso excesivo de la violencia y tensiones de clase en naciones donde la clase media urbana está débilmente desarrollada.
Algo semejante ocurrió en la Sicilia que arrulló a la Cosa Nostra. A las puertas de la modernidad y sobre los escombros del feudalismo, “todo un abanico de hombres de distinta ralea aprovecharon la opor-tunidad para abrirse camino a tiros y puñaladas a través de la economía en desarrollo”. El Estado moderno procuraba ostentar el monopolio de la violencia y prometía hacer la guerra a los criminales. Pero las mi-licias privadas de los encumbrados señores de Sicilia no desaparecieron y se fortalecieron económicamente mediante el contrabando y la ex-torsión. Como empresarios de la violencia, los capos desafiaron a un Estado que la población sicilia-na sentía ajeno, lejano e impuesto desde Roma.
Todos estos ingredientes pro-dujeron un caldo de cultivo, de comercio y de consumo, favora-
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ble. El Estado está perdiendo —y renunciando a— un componente esencial de su soberanía y legitimi-dad: su capacidad para imponer la ley y el orden. Castells lo constató: “El Estado no sólo es eludido desde fuera por el crimen organizado: se está desintegrando desde dentro. Además de la capacidad de los cri-minales para sobornar o intimidar a la policía, jueces y cargos guberna-mentales, hay una penetración más insidiosa y devastadora: la corrup-ción de la política democrática. Las crecientes necesidades económicas de los candidatos y partidos políti-cos crean oportunidades de oro para que el crimen organizado ofrezca su apoyo en momentos críticos de las campañas políticas”.
ERRADA RESPUESTA:MÁS MILITARIZACIÓN
El saldo de la sustitución del Estado de bienestar por la narco-filantropía, el emplazamiento de narcorrutas y narco cultivos donde el Estado es una entelequia, y la compra y extorsión de funcionarios, lleva a lo que Susan George sostie-ne en el Informe Lugano: “Alguna guerras del futuro se librarán entre los Estados tradicionales y estos nuevos bárbaros; los caudillos, los barones de la droga y las bandas organizadas de todo tipo que en lo sucesivo competirán con el Estado-nación. En ciertos casos, aunque las autoridades locales se nieguen a reconocer los hechos, ya han sus-tituido al Estado o han penetrado tanto en él que ambos son prácti-camente indistinguibles. Cada vez son más los gobiernos que se ven arrollados, dirigidos o sustituidos por una asombrosa diversidad de organizaciones criminales y estruc-turas innovadoras para controlar la riqueza mediante la violencia y la coacción”.
La respuesta a estas tenden-cias ha sido la represión. El poco Estado existente se convierte en un Estado artillado. El gobierno esta-dounidense está incrementando sus intervenciones: corteja con rami-lletes de dólares a las doblemente prostituibles fuerzas del orden en la región y consigue la infiltración de los cuerpos policiales y del ejército para continuar con operativos de interdicción. Es el modelo represivo en el patio trasero de la droga, en lugar de trabajar sobre su dilatado mercado de adictos y explorar al-ternativas que podrían incluir la legalización de algunos narcóticos.
Los síntomas de una remilita-rización son perceptibles en toda la región: estado de sitio en Alta Vera-paz y Petén, acoso a los viajeros en el río San Juan nica-tico, estigmati-zación de la Costa Caribe de todo el istmo, retroceso en la agilización del cruce de fronteras en los países del CA-4, con viajeros que deben someterse a cateos exhaustivos y enfrentar intimidantes y obtusos polizontes, etc.
Las opciones militaristas son alentadas y apoyadas por el go-bierno estadounidense. La franja méxico-guatemalteca es uno de sus objetivos primordiales. En abril de 2011, el Ejército federal mexicano despliega militares en la frontera de Chiapas con Guatemala: creó dos nuevas bases militares, cada una con 600 elementos, y mantiene acantonados a 14 mil efectivos. Del otro lado de la frontera, el presiden-te Álvaro Colom busca añadir 10 mil soldados y 15 mil policías más a las fuerzas de seguridad existentes para recuperar las áreas sobre las cuales el Estado guatemalteco no tiene control.
NARCOTERRITORIOS YNARCOGUERRAS
Los cárteles mexicanos están abriendo zonas de retaguardia en Guatemala para amagar los golpes del ejército de su país en un contex-to de guerra total al narcotráfico. El intento de combatir esta cabeza de playa y otras avanzadillas de los narcos con métodos netamente represivos puede conducir a una conculcación de las libertades pú-blicas que asoman con timidez a la vuelta de la esquina de muchas décadas de represión.
La declaración en diciembre de 2010 del estado se sitio en el departamento de Alta Verapaz por el presidente Colom es uno de los indicios de ese retorno al pasado verdeolivo. Y refuerza el carácter dual del Estado guatemalteco: según el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2010: es fuerte para reprimir la disidencia e impo-ner el orden y débil para invertir en desarrollo.
El mayor logro del modelo represivo es el descabezamiento de algunos cárteles. Pero la caída de los grandes capos acentúa el carác-ter violento de la narcoindustria por dos razones elementales. Por un lado, es de sobra sabido que en la generación sucesora predominan los sicarios, una versión mucho más sanguinaria de los capos detenidos. Acostumbrados a hacer el trabajo sucio, “hablan por la boca de las ametralladoras y sus lenguas relu-cientes son las bayonetas”. No co-nocen otra forma de imponerse. Por otro lado, la narcoindustria es una rama exportadora muy territorial: muerto o apresado un gran jefe, los capos sobrevivientes se dividen y disputan las plazas a punta de me-
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tralla. En Guatemala y Honduras se empiezan a sentir las luchas por el control de territorios y políticos. Sus aldeas y junglas se han con-vertido en zonas de refrescamiento para narcos connotados que huyen del hostigamiento, a veces más mediático que policial, al que son sometidos en México por la guerra contra el narcotráfico que declaró Felipe Calderón para legitimar su ascenso a la silla presidencial con los pies hinchados de fraude.
Pero en su monacal refugio de Honduras y Guatemala, los capos a menudo sufren la vendetta de competidores que untaron más y mejor las manos de la industria sicaresca y del polifacético cártel de los narcopo líticos. En otros paí-ses, el partido político en el poder ejerce un férreo monopolio de los narcoacuerdos y garantiza un cli-ma relativamente apacible al rudo negocio de las drogas. Bajos niveles de violencia no equivalen a bajos niveles de narcotráfico.
UNA EMPRESALATINOAMERICANAEXITOSA Y RENTABLE
El modelo represivo opera de espaldas a los datos sociológicos y económicos vitales: el narcotráfico se robustece donde hay una au-sencia o desafortunada presencia del Estado. El narcotráfico es una empresa ilegal, pero es una empresa y debe ser interpretada como tal.
Manuel Castells hizo una aguda observación a la que bien harían en poner atención los expertos en narcotráfico: “A diferencia de los modelos tradicionales de internaciona lización de la produc-ción y el comercio en América Lati-na, ésta es una industria orientada
a la exportación, de control latinoa-mericano y con una competitividad global probada”.
Andrés López López, el narco arrepentido que mayores revela-ciones ha expuesto a la luz pública, ofrece un retrato de la eficiencia de la narcoindustria que muestra hasta qué punto, al menos en ese sector, nos sacudimos la típica descoor dinación y no menos fre-cuente negligencia latinoamerica-nas: “En el narcomundo uno no puede darse el lujo de suspender el trabajo por episodios como ése, ni de aplazarlo por largo tiempo porque el cumplimiento con los pedidos de cocaína debe ser exacto, ya que el transporte es coordinado en diferentes lugares, incluso fuera del país, y resulta muy complicado reorganizar una operación que haya sufrido tropiezos. Los trabajadores de un laboratorio donde se procesa cocaína tienen jornadas continuas de 18 a 20 horas con sólo dos o tres de descanso y luego regresan al trabajo”.
Estos cambios y algunos efectos del narcotráfico en la economía justifican la pregunta de Castells: “Si el narco trá fico ha invertido el modelo de dependencia, ¿es desa-rro llista?”. Hay posiciones encon-tradas que van desde la negación absoluta hasta la identificación del crecimiento de las divisas y las nuevas inversiones con el tráfico de drogas, pasando por quienes, como Castells, evalúan el impacto según el tipo de desarrollo, el segmento de la industria y la lo ca li zación geo-gráfica. Recordemos las transfor-maciones en Perú y su asombrosa inversión de capital en 1992-1996 y el crecimiento del PIB en Bogotá que fue del 12% en 1995. En Cen-troamérica, una gran porción de lo
que se contabiliza como remesas, es lavado de dólares.
En los años 90, uno de los gran-des capos del cártel del Norte del Valle, Diego Montoya, pagaba un dólar por kilo a sus fabricantes de cocaína. Puesto que una de sus “co-cinas” tenía capacidad de producir 1200 kilos al día, los trabajadores recibían 1200 dólares de salario cada día.
La cocaína es un producto ex-tremadamente sensible a la ubica-ción geográfica. Su desplazamiento hacia el norte le agrega valor. El pre-cio del kilo de coca crece exponen-cial mente a medida que avanza ha-cia el norte. Castells lo señala: “En 1991 el coste de producción de un kilogramo de cocaína en Colombia (incluido el coste de producción de la pasta de coca procedente de otros países) se estimaba en 750 dólares. Su precio de exportación desde Co-lombia estaba en torno a los 2,000. El precio al por mayor del mismo kilogramo en Miami era de 15,000 dólares; y en las calles de las ciuda-des estadounidenses, vendido por gramos, una vez convenientemente ‘cortado’ con otros ingredientes, su valor podía alcanzar más de 135,000 dólares”.
NARCOS: DE LA MISMAMADERA QUE CORSARIOS, PIRATAS Y CONQUISTADORES
Frente a esas cifras, la eficien-cia, el impacto en las economías nacionales y locales, el uso de alta tecnología y la minuciosa división del trabajo, ¿a quién le cabe duda de que se trata de una industria econó-mica de dimensiones descomunales y que merece ser considerada como tal? De los narcos podríamos decir lo que Marx sentenció sobre la
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aristocracia financiera: “No es más que el renacimiento del lumpen-proletariado en las cumbres de la sociedad burguesa”.
Los narcos son un rostro más desvergonzado de la lum-penburguesía que, a juicio de André Gunder Frank, produce lumpendesarrollo. Los narcos bien podrían hacer suya la frase de Her-nán Cortés: “Nosotros, los españo-les, padecemos de una enfermedad del corazón, para la cual el remedio específico es el oro”.
Werner Sombart, en su clásico El burgués, registra los tipos de em-presario burgués, empezando con los corsarios: “Son conquistadores de gran calibre, enérgicos aventu-reros acostumbrados a la victoria, brutales, codiciosos, un tipo que desde entonces ha ido desaparecien-do. Esos piratas geniales y despia-dados, especialmente numerosos en Inglaterra durante el siglo XVI, son de la misma madera que los jefes de banda italianos, sólo que su ánimo se haya más decididamente encaminado a la conquista de bie-nes y dinero, es decir, se hallan más próximos a la empresa capitalista que éstos”. Pablo Escobar, Miguel Ángel Gallardo y Marcola son de la estirpe de los piratas Morgan y Drake, o de los Kennedy, que hicie-ron su fortuna violando la Ley Seca en el tercer decenio del siglo 20.
“NOSOTROS SOMOSESTRELLAS, USTEDESPAYASOS”
Marcos Camacho, más conocido por el sobrenombre de Marcola, máximo dirigente de Primer Co-mando de la Capital (PCC) que trafica drogas en Sao Paulo, expone el carácter económico y la fuerza avasalladora excepcional de la
narcoindustria: «Nosotros ahora tenemos. ¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares como Beira Mar no manda? Con 40 mi-llones de dólares la prisión es un hotel, un escritorio… ¿Cuál es la policía que va a quemar esa mina de oro, entiende? Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y “colocado en el microondas”. Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, bu-rocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos transformaron en “superstars” del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayu-dados por la población de las villas miseria, por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nues-tras armas y productos vienen de afuera, somos “globales”. Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros “clientes”. Ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que provocamos».
EL CAPITALISMO HA“LAVADO” TODO ESTO
Históricamente, el capitalismo se ha valido de estos personajes geniales y despiadados, como Mar-cola y Escobar, para abrirse brecha. Recordemos cómo en Colombia la élite dirigente allanó el camino a su participación en la bonanza sin infringir la ley. El sistema bancario
se adaptó: abrió “ventanas latera-les” para la conversión ilimitada de narcodólares en inmaculados pesos colombianos. El gobierno fa-voreció el establecimiento de fondos especulativos pagando intereses estratosféricos. Bowden concluye: “Toda la nación estaba dispuesta a unirse a la fiesta de Pablo Escobar”.
Nuevas clases y nuevos países emergen de la mano de estas encar-naciones del espíritu emprendedor. Su terreno se juega en uno de los campos de acumulación originaria que Rosa Luxemburgo omitió: los mercados de lo ilegal, que van más allá de los mercados ilegales (con-trabando, mercados paralelos). La economía del vicio ilegal del habano generó poderosas ganancias a Cuba, pese a que su historia se vio plagada de prohibiciones, regulaciones ab-surdas —por ejemplo, el vulgo no podía fumar en la calle—, corrup-ción gubernamental y abusos de los hacendados sobre los pequeños vegueros, según refiere Fernando Ortiz en su insuperable Contrapun-teo cubano del tabaco y el azúcar.
Las guerras del opio tuvieron mucho que ver con los recelos de los capitales establecidos. La guerra contra los narcos es, en nuestros países, una guerra contra la gra-duación de nuevos ricos, contra los potentados sin pedigrí. Igual que para la dinastía Manchú en la China del siglo 18 e inicios del 19, por razones económicas el narcotrá-fico representa un dolor de cabeza para el imperio: millones de dólares fluyendo hacia América Latina, escapando de los mercados de las transnacionales. Dólares que no son gastados en pantalones Calvin Klein confeccionados por mano de obra a precios de miseria en Nica-ragua, en bananos guatemaltecos
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cultivados en terrenos insalubres o en camisetas de las maquilas de Ciudad Juárez tejidas por mujeres que luego aparecen destazadas, sino en costosísima cocaína, el petróleo blanco que genera ganancias mi-llonarias en la cúspide e ingresos nada despreciables en la base de la pirámide.
DE ECONOMÍAS DEPOSTRE A RENTABLESECONOMÍAS DE VICIOLa narcoindustria da un men-
tís a la tesis de los heraldos de la precariedad de las economías de postre. Las economías de vicio han probado ser muy rentables. La narcoeconomía ha puesto en jaque el decálogo del desarrollismo, tanto en su vertiente liberal como izquierdista. Hace caso omiso de las más elementales “leyes” de los manuales económicos.
Veamos cómo algunos de sus axiomas han sido vueltos del revés. La ley de la oferta y la demanda: ¿el precio disminuye si aumenta la oferta? ¿Una subida sustancial del precio disminuye la demanda? Nun-ca la oferta de cocaína ha superado la demanda. La adicción garantiza que, cuanto más se consume, más se requiere: el crecimiento de la oferta hace crecer la demanda. Y la prohibición garantiza unos precios en ascenso. Como en los bienes de consumo conspicuo, el precio puede subir sin que baje la demanda. La prohibición incrementa la deman-da. Toda prohibición expande el mercado: en 1729, cuando el primer emperador manchú ordenó estran-gular a contrabandistas y dueños de fumaderos de opio, la importación clandestina, hecha sobre todo por portugueses, ascendió a tonelada y media aproximadamente. En 1820, cuando la pena de muerte se aplicó,
tanto a traficantes como a usuarios, el contrabando subió a unas 750 toneladas, y dos décadas más tarde superó las dos mil.
¿Esta industria debería reducir sus costos mediante la sustitución de importaciones? Los bienes indus-triales esenciales —armas, lanchas, avionetas, radares, localizadores de llamadas, hasta submarinos— no pueden ser objeto de un proceso de sustitución de importaciones, pero éstos jamás generan un endeuda-miento insalvable: la balanza de pagos es positiva en su principio, en su medio y en su fin. ¿La cocaína no es un artículo de consumo básico y por eso su consumo puede desplo-marse en épocas de crisis? La droga es más requerida para superar otros efectos de la crisis. Los altos ejecu-tivos buscan el alivio de las drogas para sobrellevar crisis personales y nacionales.
PLUSVALÍA, COMPETENCIA,COSTOS, BENEFICIOS...LEYES ECONÓMICASVUELTAS DEL REVÉS
¿Los narcocapitalistas viven de la plusvalía? No: viven de los enormes márgenes de ganancia que garantiza la prohibición. Los ope-rativos de la DEA elevan los costos de producción y comercialización, pero el incremento es transferido a los consumidores, junto con el aumento salarial a beneficio de los trabajadores a cuenta del factor riesgo. El comercio de la coca es la única actividad económica donde las élites se ven forzadas a compar-tir un alto porcentaje de los bene-ficios con sus “socios minoritarios” y plebeyos que regentan pequeñas sucursales, franquicias libres de protocolo, salvo el que se refiere a previsiones contra la policía y medidas de seguridad.
¿La competencia es buena y ga-rantiza mejor calidad y precios ba-jos? No. El monopolio es preferible a la libre y asesina competencia. La competencia significa guerra entre cárteles, una situación que pone en peligro el negocio y sube los precios. Y entonces, ¿caen los beneficios? Las barreras no arancelarias de la DEA elevan los costos y encarecen los productos, pero disparan los be-neficios. Costos y beneficios suben de la mano a un superior círculo del infierno. ¿Hay que evitar la depen-dencia de los mercados estadouni-denses? Patrañas. La dependencia de los mercados estadounidenses es enormemente benéfica. De hecho, es la condición de posibilidad del progreso de la narcoindustria. Los gringos no sólo aportan el mayor mercado de consumidores, sino que también financian los opera-tivos de la DEA, que incrementan beneficios.
EL ESPÍRITU DELCAPITALISMO SE HIZOHOMBRE Y ENCARNÓ ENLOS NARCOS
El narcotráfico es una concep-ción independiente del desarrollo, que no doblega la cabeza ante los dictados de los manuales de eco-nomía en torno a qué está escrito y a los del imperio en torno a qué está permitido y qué está prohibi-do. El narcomayoreo incide sobre la política y el narcomenudeo y la narcofilantropía definen la micro-política. Al final, narcomenudeo y narcomayoreo son actividades que convocan y afectan a muchos actores, sean o no narcofraticantes, mulas, cocineros o lavanderos.
¿Debemos observar y analizar a los narcos como una anomalía, como un tumor que hay que ex-
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tirpar debido a sus estrategias homicidas? A lo largo de la historia, el Estado ha cimentado su poder mediante estrategias homicidas y, salvo los anarquistas, nadie lo considera como un tumor social que debamos extirpar. Debemos mirar hacia las raíces del éxito de la narcoindustria: los Estados famélicos o fallidos. Ahí donde el brazo de la ley no llega, el brazo de la narcojusticia garantiza el orden y obtiene la validación social que los narcos persiguen con tenacidad y a la que Habermas atribuye la genuina legitimación.
La otra vertiente reticular es el espíritu del capitalismo en su expresión actual. En Noticia de un secuestro Gabriel García Márquez detecta unos indicios: “Una droga más dañina que las mal llamadas heroicas se introdujo en la cultura nacional: el dinero fácil. Prosperó la idea de que la ley es el mayor obstá-culo para la felicidad, que de nada sirve aprender a leer y escribir, que se vive mejor y más seguro como de-lincuente que como gente de bien”. ¿Acaso mulas, capos, lavanderos y cocineros son los únicos adictos a
esa droga? De ninguna manera. Los narcos no son los únicos, pero sí los más emprendedores, competitivos y socialmente responsables de todos los empresarios que haya parido y amamantado Mamón.
Son más emprendedores: llegan donde nadie quiso llegar, utilizando medios inusitados, desbrozando es-crúpulos y montañas, decapitando obstáculos y rivales, manipulando sustancias químicas y leyes, inno-vando fórmulas y rutas. Son los más competitivos: lo son de manera lite-ral, practican la competencia salva-je del capitalismo salvaje llevada al extremo. Practican la flexibilidad neoliberal, expresada en extorsio-nes y sobornos que engrasan la maquinaria judicial hasta hacerla más flexible: en el narcomundo la flexibilidad jurídica es más impor-tante que la flexibilidad laboral. ¿Y qué es la narcofilantropía sino la manifestación más generosa, consistente e incluso lacrimógena de ese compromiso light que ahora se pide de los ricos y para cuyo cum-plimiento se les reduce la carga tri-butaria: la responsabilidad social?
La narcocultura es el espíritu del capitalismo al extremo y la nar-coindustria es un aspecto de la fase superior del capitalismo. No es una espina en el corazón del sistema. Es su expresión más pulida y tornea-da. Los atributos más encomiados en las escuelas de negocios de las universidades de élite, en sus repe-tidoras populares y en sus adefesios clones de garaje son escenificados por la narcoindustria. ¿Ser macro o micro empresario es lo máximo? Genial: capos, púcheres, mulas, etc. son microempresarios con un espíritu emprendedor envidiable. Son la caricatura del capitalismo, de sus valores y sus iconos. En el naufragio del fin del trabajo asala-riado, ahí están los salvavidas de la narcoindustria para sacar a flote a quienes han sido dotados del espí-ritu emprendedor.
Continuará con elsegundo jinete:las ONG.
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* Estudiante de Teología, Provincia Centroamericana.1 La resolución 59/174 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, celebrada el 20 de diciembre de 2004, proclamó el segun-do decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (2005-2014).
2 Trabajo de campo en varios pueblos indígenas expulsores de migrantes en los departamentos de Quetzaltenango y Huehue-tenango, diciembre de 2010.
Migraciones forzadas y pueblos indígenasCARLOS RENÉ SOP XIVIR, SJ*
Las migraciones indígenas, a partir de la llegada de los europeos a estas tierras, han sido siempre consecuencia de la exclusión socioeconómica, política y cultural. Y esto continúa siendo así, aunque el 9 de agosto de
cada año se celebre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas1. Así lo demuestran estas líneas, en las que se aborda el tema de las migraciones
indígenas forzadas desde la experiencia del acompañamiento.
Queremos cruzar a México porque acá no hay trabajo, allá es tiempo de recoger café y nos esperan en las fincas… pero el papel es muy costoso sacarlo… tenemos que hacer fila y aguantar hambre2.
Esas palabras son parte del testimonio de un padre de familia que se encontraba tramitando su credencial en una oficina de migración mexicana en el norocciden-te de la frontera terrestre entre Guatemala y México, el 19 de diciembre de 2010.
El propósito de este artículo es describir algunas realidades de las migraciones forzadas de los pueblos indígenas en distintos escenarios de América Latina: los mayas en Guatemala y las consecuencias del choque cultural y las migraciones transfronterizas; el éxodo continuo del pueblo Ngöbe-Bugle hacia Costa Rica, y el limbo legal del pueblo Embera en situación de refugio en Panamá.
MIGRACIONES MAYAS EN GUATEMALALa migración forzada indígena guatemalteca es una
realidad histórica compleja, que ha marcado profun-damente la vida de los pueblos originarios. Se podría hacer una reseña histórica muy extensa sobre cómo y
por qué se han dado estos desplazamientos forzados desde la llegada de los europeos hasta la actualidad, pero mi pretensión es abordar dos temas centrales de las actuales olas migratorias indígenas: las conse-cuencias del choque cultural en los jóvenes mayas en los Estados Unidos y el desplazamiento trasfronterizo Guatemala-México.
Las consecuencias del choque cultural en los jóve-nes mayas que han emigrado hacia los Estados Unidos se reflejan en el comportamiento de los retornados que han vivido muchos años en el Norte y que regresan a su lugar de origen.
La mayoría de los jóvenes indígenas que deciden emigrar a los Estados Unidos son campesinos; muchos apenas han cursado la primaria y otros sólo hablan el idioma materno (las lenguas mayas). Su experiencia de vida es la de vivir en un pueblo con sus actividades de-portivas, religiosas, paseos vespertinos, el trabajo, etc.
Por lo general, en los pueblos indígenas no hay discotecas, bares, centros comerciales, parques de di-versiones ni salas de cine. Sus espacios de recreación son muy sencillos. Por esta razón, al encontrarse en las grandes ciudades estadounidenses, muchos jóvenes se descontrolan y se exponen a una serie de riesgos, inclusive la muerte.
Estos cambios trastocan grandemente el modo de vida de los pueblos mayas. En la mayoría de los casos no están preparados para asimilarlos, y se da el fenó-meno de aculturación y serios problemas de identidad en los jóvenes.
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Visitando algunos pueblos indígenas del altiplano guatemalteco3 pude observar en la población retornada y sus familiares problemas graves de adicción al alco-hol, a la drogadicción, conflictos de identidad cultural, personas portadoras del VIH, sobre todo jóvenes, desintegración familiar, problemas de pandillas, sur-gimiento de cantinas y bares en los pueblos, negocios de videojuegos y mucha ociosidad, confiados sólo en las remesas mensuales. En el año 2010, dos personas del pueblo que visité habían muerto en los Estados Unidos y sus familiares estaban extraditando sus cuerpos.
Claro está que también hay cambios positivos, como mejoras en las viviendas, casas de bloque y cemento de dos o tres pisos, de estilo occidental; también se nota que las remesas se invierten en educación, pues más niños y jóvenes estudian el ciclo básico y en colegios privados.
¿QUÉ SUCEDE EN LA FRONTERAGUATEMALA-MÉXICO?El desplazamiento transfronterizo Guatemala-Mé-
xico es otra realidad migratoria forzada de los pueblos mayas. Miles de personas de las regiones suroccidental y noroccidental del país se desplazan, para emplearse temporalmente, hacia las fincas de la región fronteriza de Comalapa y Comitán. Más recientemente también se dirigen a Yucatán, Mérida y Quintana Roo para ocu-parse en trabajos agrícolas, como la cosecha de café, y últimamente en el sector de servicios y construcción; y, en el caso de las mujeres, como trabajadoras domésticas.
Pero desplazarse de Guatemala a México no es fácil. Desde mayo de 2009 el gobierno mexicano ha imple-mentado nuevas formas de control migratorio, como la “credencial”4, para los visitantes locales y trabajadores fronterizos.
Es común ver en las fronteras terrestres mexicanas pancartas con leyendas como: ¡Obtener tu credencial es muy sencillo! ¡La nueva forma migratoria hará de tu entrada más fácil y legal! ¡Por las buenas es mejor! ¡Recuerda, todos tus trámites son gratuitos!, etc. Con esta forma de presentar la obtención de la credencial
cualquiera diría que ingresar a México es facilísimo, pero no: es un trámite complicado y lento.
En primer lugar, se debe pedir cita para presentar los requisitos que solicitan, los cuales son: “Copia fotos-tática y original de la cédula de vecindad, matrícula de identificación consular fronteriza o pasaporte vigente, original y copia del pago de derechos que corresponda de conformidad a la ley Federal de Derecho. En caso de que el sujeto beneficiario vaya a recibir una remuneración igual al salario mínimo vigente de la región, oferta de trabajo en escrito libre suscrito por el empleador, dos fotografías tamaño infantil y llenar el formulario de solicitud”6. Luego, habrá que esperar de quince a veinte días para que aprueben o rechacen la solicitud. Además, el trato de los agentes de migración hacia la población indígena es pésimo, cargado de discriminación. Las filas son inmensas y las personas que no logran realizar sus trámites durante el horario de atención esperan hasta el día siguiente, y tienen que pernoctar en las calles.
Observé que estas credenciales pueden obtenerse de manera ilegal, con una buena cantidad de dinero, claro está; los taxistas y agentes de migración están bien conectados para conseguirlas casi de inmediato, lo cual es una muestra más de la corrupción, la coima y el aprovechamiento de los inmigrantes en las fronteras.
Además de todo lo anterior, los desplazados trans-fronterizos sufren muchas violaciones a sus derechos laborales: salarios mínimos o por debajo del mínimo, sin prestaciones laborales y malos tratos, más toda la problemática de la desintegración familiar.
MIGRACIÓN Y SITUACIÓNDE REFUGIO EN PANAMÁEl desplazamiento transfronterizo de los pueblos
indígenas es una realidad en casi toda Centroamérica. En Panamá se dan dos flujos migratorios de este tipo: el pueblo Ngöbe-Bugle que se desplaza temporalmente hacia las fincas agrícolas y cafetaleras de Costa Rica; y, la población Embera colombiana, que se encuentra en situación de refugio en la frontera colombo-panameña, en la provincia de Darién.
Según las autoridades costarricenses, de diez mil a trece mil indígenas panameños cruzan la frontera entre los meses de agosto a febrero de cada año. Los princi-pales problemas que enfrenta esta población —aparte de los típicos abusos laborales—, se relacionan con la deserción escolar y el trabajo infantil ya que, al despla-zarse familias enteras, los niños y niñas abandonan la escuela y se incorporan al trabajo en las fincas. Además, se da la desintegración familiar que se manifiesta, sobre
3 Es un carnet que otorga el departamento de migración mexicana; tiene una validez de noventa días, y permite el ingreso y egreso de los visitantes locales y trabajadores fronterizos, únicamente en el territorio de Chiapas. Para ingresar a otros Estados mexi-canos se necesita visa.
4 Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, delegación regional en el Estado de Chiapas. Frontera terrestre noroccidental Guatemala-México, diciembre de 2010.
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todo, en el notorio abandono de la gente mayor y de las personas con alguna discapacidad.
Si se compara con las fincas panameñas, esta po-blación recibe mejor trato en las fincas costarricenses, en cuanto a alojamiento y salud, pero no en los salarios, pues un indígena recibe un salario menor que un cam-pesino costarricense. Entonces, se hace muy notable la discriminación étnica y nacional: el extranjero siempre obtendrá menos que el nacional, aun cuando trabaja más que el nativo.
LOS INDÍGENAS COLOMBIANOS,EN EL LIMBO LEGAL A raíz del conflicto armado colombiano, de 1998
a 2004 hubo grandes desplazamientos de indígenas hacia Panamá, que actualmente se encuentran en las comunidades fronterizas, en la provincia de Darién. A muchos no se les ha resuelto su situación migratoria y se encuentran en un limbo legal. Un grupo de quince familias emberas, aproximadamente 75 personas, se encontraba perdido en las comunidades de Darién hasta que a finales de 2007 el Servicio Jesuita a Refugiados empezó a acompañarles y a visibilizar su situación.
Esta población ha recorrido un largo camino para lograr obtener su estatus de refugio en Panamá. A mediados de 2008 presentaron su solicitud formal ante la Oficina Nacional Para la Atención a Refugia-dos (ONPAR). Dos años después, esta oficina emitió una resolución rechazando la admisión a trámites de dichas solicitudes (julio de 2010). Luego se presentó el primer recurso de reconsideración, y hasta la fecha no ha habido ninguna notificación.
Mientras tanto, estas personas viven en malas con-diciones, ya que no reciben ningún tipo de asistencia humanitaria de parte del gobierno; no tienen terreno para cultivar ni casa para habitar; viven de la pesca y del jornaleo, que a veces es sólo por dos o tres días a la semana. La Iglesia católica, a través del Servicio Jesuita a Refugiados, ha acompañado a esta población desde la asistencia humanitaria y el seguimiento a sus solicitudes de refugio.
No ha sido fácil la estadía de estas personas en Panamá. Sufren maltratos de la policía fronteriza, de los agentes de migración y de las autoridades locales que, constantemente, las amenazan con deportarlas a Colombia; no les permiten cultivar la tierra y les niegan muchos servicios básicos por ser indocumentadas. Para colmo, gran parte de la población indígena que ingresa a Panamá no posee documento de identidad, y vive una si-tuación de apátrida, lo cual dificulta aún más su estadía.
A mediados del año pasado cuatro personas, que estaban cazando en la selva para el sustento alimenticio
de sus familias, fueron detenidas por la policía fronte-riza; las quisieron presentar como miembros de grupos armados irregulares, les hicieron un proceso legal in-justo, y casi las deportan. Cabe señalar que mientras esto ocurría, las cuatro personas permanecieron en la cárcel por más de dos meses.
LA POBLACIÓN INDÍGENAPANAMEÑA TAMBIÉN ES AVASALLADASituaciones similares se repiten en las comunidades
fronterizas no sólo con la población solicitante de refu-gio, sino también con la población indígena panameña, sólo por el hecho de ser indígena.
En julio del año pasado seis comunidades indígenas panameñas en el Río Tuira, Darién, se encontraban en una aguda crisis alimentaria, puesto que la policía fronteriza les había prohibido ingresar alimentación básica en sus comunidades; además, les restringió la salida de las comunidades hacia las fincas.
El argumento de la policía era que esas comunida-des colaboraban con los grupos armados irregulares del vecino país, Colombia. Por tal motivo, las comunidades vivían en un estado de sitio, sin alimentación ni comu-nicación. Vivían de lo que el río les proporcionara y de los pocos cultivos que tenían cerca de sus viviendas, pues no podían ir a las fincas a trabajar o a recoger sus cosechas.
Además, varios dirigentes indígenas fueron dete-nidos y encarcelados sin ningún motivo, simplemente por ser dirigentes. Cabe destacar que la única presencia estatal en esas comunidades es la de la policía fronte-riza, la cual se aprovecha para cometer violaciones a los Derechos Humanos de todo tipo y calibre, tanto con la población en situación de refugio como con la población local.
UNA CONSIDERACIÓN FINALDescribir estas realidades va más allá de narrar
la problemática que aqueja a los pueblos indígenas en movilidad. Es, sobre todo, visibilizar las consecuencias de la exclusión y marginación económica y sociopolítica que propician las instituciones estatales y la sociedad en general.
Ante la gravedad de estos problemas, es preciso manifestar que los pueblos indígenas soñamos con una América Latina incluyente, equitativa, con justicia so-cial, con proyectos interculturales y multilingües; que los hermanos no indígenas valoren nuestra cultura y manera de ser como pueblos originarios, así como nosotros hemos aprendido y asimilado su cultura y modo de vida.
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Apenas fue ayerLas recomendaciones del Informe
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
El pasado 7 de julio se hizo público el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Dos meses después, ha quedado remitido al pasado. Los funcionarios públicos, la comunidad internacional, los medios masivos de difusión, como los cuestionados en el oneroso Informe, leen y escuchan
sus recomendaciones de la misma manera que los amantes de la música del recuerdo escuchan las canciones nostálgicas.
El día que se difundió el Informe —en medio de alabanzas y oraciones clericales—, el presidente Lobo Sosa prometió que cumpliría a rajatabla todas sus recomendaciones. Para comenzar, la que
se refiere a la necesidad de que la Constitución establezca un juicio político, con mecanismos y procesos escrupulosos, para evitar que se repitan los hechos de capturar, secuestrar y repatriar a un presidente de la República, como ocurrió el 28 de junio de 2009.
El titular del Ejecutivo también se comprometió a acatar la recomendación de investigar, procesar y sancionar a todas las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos acaecidas desde el 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, sin excluir los máximos niveles de responsabilidad.Dos meses después, todo ha quedado en el olvido o, en el mejor de los casos, en el recuerdo. Y no podía ser de otra manera, porque el publicitado Informe de la CVR cumplió a pie juntilla su función: desde una apariencia de verdad y objetividad, legitimar la impunidad con la que se cubren los responsables del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, sería un error rechazarlo tajantemente pues, haciendo una lectura objetiva y sensata del mismo, se pueden extraer elementos importantes que deben servir a la lucha contra la impunidad y a la consecución de un verdadero Estado de derecho. De ahí la importancia de conocer e impulsar sus recomendaciones.
Principales recomendaciones de los elementospara que los hechos no se repitan1
Es nuestra convicción que este conjunto de recomendaciones ofrece un horizonte de esperanza y rumbo en una agenda de reformas sentidas y necesarias para el país y la ciudadanía, que deben ser más que una herramienta para que hondureñas y hondureños puedan reencontrarse y llegar a acuerdos que fortalezcan su convivencia y su democracia respetando sus diferencias. Esto es esencial para la reconciliación.
En el cumplimiento de nuestro mandato, los comisionados tuvimos la oportunidad de realizar pro-cesos de diálogo, consulta y participación ciudadana en los 18 departamentos del país. En cada ciudad recibimos una serie de opiniones provenientes de grupos de campesinos, maestros, trabajadores, po-
1 Tomado de: Hallazgos y recomendaciones. Para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y la Re-conciliación, Tegucigalpa, julio de 2011, pp. 33-52, disponible en www.cvr.hn.
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bladores, organizaciones de mujeres, niñez y juventud, empresarios, profesionales, autoridades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes, muchas de las cuales representan las demandas y visiones que el pueblo hondureño considera fundamentales para construir las recomendaciones que permitan que estos hechos no se repitan.
Las recomendaciones no se fraguaron en un laboratorio ni nacieron en un escritorio en la capital, se nutrieron de la propia experiencia ciudadana a lo largo y ancho del país. Nos hemos esforzado por reflejar de la manera más amplia, completa y representativa, la enorme riqueza de esas aspiraciones y objetivos ciudadanos, en la modalidad de recomendaciones de una Honduras más reencontrada. Recomen-daciones que emanaron de la propia sociedad hondureña para sí misma, como el cimiento fundamental de la reconciliación y la construcción de una sociedad más incluyente, más equitativa y más solidaria.
Estas demandas y visiones se han visto enriquecidas a través de los análisis concluidos en los di-ferentes estudios realizados por la CVR, así como con las entrevistas efectuadas con los protagonistas de la crisis.
Las recomendaciones para que los hechos no se repitan se ubican en ocho ámbitos: a) el constitucio-nal; b) el de los derechos humanos; c) corrupción; d) fortalecimiento del Estado democrático de derecho; e) el político electoral; f) el internacional; f) medios de comunicación; y, g) el de la memoria.
RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONALLa Constitución hondureña actual no tiene un procedimiento suficientemente claro de la respon-
sabilidad institucional para tratar la situación de un alto funcionario del Gobierno, como es el caso del presidente, que atentó contra las normas constitucionales positivas con el fin de buscar un cambio constitucional y la entrada a un nuevo régimen. El resultado de esta ausencia, es que los procesos de remoción pueden ser improvisados en el camino y ser, por lo tanto, objetados.
Nosotros los comisionados consideramos que, como se ha visto a lo largo de este Informe, todos los actores gubernamentales y estatales involucrados en los eventos de junio de 2009 actuaron fuera de los límites de la Constitución hondureña de varias maneras. El resultado fue una crisis constitucional extendida, la cual no solo tuvo costos sustanciales para el Gobierno y la ciudadanía de Honduras, sino que también planteó serios obstáculos al Estado democrático de derecho.
resPecto a los Procesos del ámbito constitucional
1. Respecto a la reforma constitucional, Honduras enfrenta el problema de que, paradójicamente, por la propia redacción de artículos como los 373 y 374 de la Constitución vigente, pareciera impo-sible reformar la Constitución para que se admita una revisión integral del texto a través de una asamblea nacional constituyente, pues ello podría entenderse como una modificación de artículos “inmodificables”. Para buscar una salida a este dilema, los comisionados proponemos seguir los parámetros definidos por la doctrina constitucionalista moderna, que defiende la meta-juridicidad y meta-constitucionalidad del poder originario de una asamblea constituyente.
La Constitución política debería regular el juicio político (impeachment) o separación del cargo de los miembros del Poder Ejecutivo
2. Proponemos que para evitar que las confrontaciones interinstitucionales del tipo de la que concluyó con la captura y expulsión del expresidente Manuel Zelaya Rosales vuelvan a ocurrir en el futuro, es necesario que la Constitución establezca la figura del juicio político y fijar escrupulosamente sus procedimientos.
sobre las facultades del congreso de la rePública
3. El Congreso Nacional debe adecuar la Constitución actual de acuerdo a la sentencia de la Corte Su-prema de Justicia, que declaró inconstitucional la atribución del Congreso Nacional de interpretar la Constitución de la República y debe mandar a publicar dicha sentencia.
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restricción de las comPetencias, derechos
y obligaciones de las fuerzas armadas
4. Recomendamos que en la Constitución de la República se revise la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como estable-cer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y bajo un control judicial independiente.
reformas a los llamados “remedios constitucionales”,Por medio de una reforma a la constitución
de la rePública y la ley de Justicia constitucional
5. Para hacer valer las garantías constitucionales por violación a derechos humanos por parte de la administración pública (recurso de amparo, acción de inconstitucionalidad, hábeas corpus y habeas data) recomendamos reformar la Constitución de la República y la Ley de Justicia Constitucional orientada a:
a) Crear un sistema más concentrado en relación a la jurisdiccionalidad de tales garantías. Es un sistema extremadamente “desconcentrado” con relación a la jurisdiccionalidad de las acciones de amparo, hábeas corpus y hábeas data, lo cual plantea un problema en un régimen de protección de la jurisdicción constitucional relativamente nuevo como el hondureño.
b) Transformar el sistema constitucional constitutivo en un sistema constitucional declarativo.
6. Crear un Tribunal de Justicia Constitucional con competencia para conocer la defensa de la Consti-tución contra el abuso de la ley, dirimir la competencia y los conflictos entre los Poderes del Estado y velar por la protección de los derechos humanos.
reformas a la restricción y susPensión
de derechos fundamentales
7. Recomendamos revisar la normativa constitucional y la Ley del Estado de Sitio, en lo referente a la suspensión de los derechos individuales fundamentales, especialmente el artículo 188 de la Constitución de la República, que da pie para que el Poder Ejecutivo tenga, hasta treinta días, la posibilidad de disponer de los derechos ciudadanos sin control del Poder Legislativo (que representa los intereses de los diversos sectores de la ciudadanía). El plazo para conocer, ratificar, modificar o improbar el decreto ejecutivo no debería exceder de las 48 horas, en ningún caso.
reformas Para fortalecer los mecanismos
de Pesos y contraPesos
8. Definir claramente cuáles son los alcances, límites y procedimientos del voto de censura y los me-canismos de control político con efectos correctivos.
Revisión de normas constitucionales referidas a procedimientos de control del poder o de fortalecimiento de garantías civiles y ciudadanas
9. A los efectos de ser congruentes con algunas de las reformas estructurales que se plantean en este Informe (en lo esencial, la introducción del juicio político; un sistema de interpelación con voto de censura vinculante y sancionatorio; y otra serie de medidas para fortalecer el mecanismo de frenos y contrapesos), los comisionados sugerimos una serie de reformas parciales a algunos artículos de la Constitución política hondureña. Estas harán posible armonizar las provisiones constitucionales con el objetivo de crear garantías de control del poder político, por un lado y, por el otro, perfilar algunos derechos ciudadanos de forma tal que su esfera normativa sea correctamente expresa y sus efectos jurídicos sean compatibles con las otras reformas:
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a) Reforma al artículo 45. Tal y como está redactado, presenta dos problemas. Por un lado es una norma que fija una punibilidad abierta e indeterminada (no determina el delito específico, el procedimiento ni el estrado judicial). Por otra parte, la conducta tipificada es excesivamente abierta y, por lo tanto, podría ser utilizada para fines no previstos por la norma. Características de la reforma propuesta: precisar el carácter o la tipicidad de la violación, a efectos de que sea concordante con el tipo penal específico.
b) Reforma al artículo 205. Precisar en el inciso 12, la relación de sucesión en el cargo en caso de renuncias o inhabilitaciones del presidente o designados a la Presidencia de la República, los cuales son de elección popular.
c) Concordancia con el artículo 242. Corregir el inciso 12, del artículo 205, de la Constitución política, para que sea concordante con este artículo. Existe una contradicción sustantiva.
d) Concordancia con el artículo 326. Este artículo tutela correctamente el principio constitucional. Sin embargo, justamente el cumplimiento del artículo 326, la caución que pide el artículo 58 de la Ley la Justicia Constitucional, resulta claramente inconstitucional. En tal sentido, esa caución debe eliminarse.
delito de traición a la Patria en
la constitución de honduras
10. Recomendamos realizar una serie de reformas —tanto constitucionales como legales— para limitar el delito de traición a la patria y reducirlo únicamente a lo que internacionalmente se ha tipificado como tal.
mecanismos de extensión del PresuPuesto nacional
Por Parte del congreso nacional ante demoras en
la Presentación de los ProyectoS
11. Recomendamos modificar las normas presupuestarias para asegurar que ante las demoras en la presentación del proyecto de presupuesto, se prorroga el del año anterior automáticamente, pero removiendo la participación del Ejecutivo en la declaración de esta prórroga, de acuerdo a la nor-mativa y también para garantizar la transferencia de los recursos, según el presupuesto aprobado.
RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOSLas recomendaciones que se incluyen en este apartado han sido recogidas por los consultores inter-
nacionales en derechos humanos de las respuestas que los propios hondureños y hondureñas entregaron en sus testimonios a la pregunta específica sobre recomendaciones que tuvieran a bien formularle a la Comisión y en las conclusiones de los talleres de recomendaciones que se realizaron en Tegucigalpa y San Pedro Sula con la participación de ciudadanos, víctimas, representantes de organizaciones no gu-bernamentales de derechos humanos, periodistas y funcionarios del Estado. Además, se tuvo en cuenta la evaluación que los expertos internacionales responsables de llevar a cabo la investigación, realizaron sobre el sistema de protección de los derechos humanos en Honduras.
medidas Para satisfacer el derecho a la Justicia
12. El Estado de Honduras, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, debe investigar, pro-cesar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas a partir del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, así como las responsabilidades de las personas identificadas como principales causantes de las violaciones, sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida, debiendo garantizar a las personas acusadas todas las salvaguardas del debido proceso, incluyendo su presunción de inocencia, asistencia letrada, acceso pleno al acervo probatorio y oportunidades de examen y contradicción de la evidencia. Para ello, el Gobierno de Honduras ha de dar al Ministerio Público y jueces competentes el apoyo técnico, logístico y presupuestario necesario para llevar a cabo con éxito estas investigaciones y procesamientos. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones competentes deberán cooperar oportuna y plenamente con el Minis-
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terio Público para estas investigaciones, incluyendo la identificación de sospechosos, la aportación de información y acceso a sus archivos, registros de órdenes operativas, comunicaciones e informes de inteligencia y cualquier otra documentación interna y personal que pudiera ser relevante en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.
13. Los comisionados vemos como positivo que el decreto de amnistía en su artículo No.1, excluye los delitos de lesa humanidad; en tal virtud, recomendamos al Poder Judicial que asegure su estricto cumplimiento y evitar cualquier interpretación que genere impunidad.
14. Las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben someter su actuación ante las violacio-nes a los derechos humanos derivadas del 28 de junio 2009 a un consenso nacional de la legislatura para determinar si se contrarió el derecho a la “protección judicial” reconocido por el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los comisionados recomiendan que sea el Con-sejo Nacional de la Magistratura quien deberá ser el ente responsable de la evaluación de todas las instancias, ya que será el ente responsable del nombramiento de jueces, así como de la evaluación de su desempeño y la supervisión de la carrera judicial.
15. El Congreso Nacional debe aprobar las reformas legales necesarias para que el Ministerio Público vuelva a contar con un cuerpo de investigación propio, integrado en la institución y sometido a la dirección de los fiscales, tal y como existía con la antigua Dirección de Investigación Criminal.
16. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos debe someter su actuación a una investigación independiente, comisionada por el Congreso de la República, para determinar si cumplió con sus obligaciones con la imparcialidad y diligencia que requería la situación.
17. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos debe ser evaluada a profundidad en aspectos de capa-cidad, gestión de la unidad y otros, para identificar áreas para mejorar y el Estado de Honduras debe dotarle con los recursos de investigación propios, permanentes y especializados, con un nivel suficiente para garantizar su eficacia, dando continuidad al apoyo presupuestario aprobado en 2010.
18. La Policía Nacional, incluyendo tanto la Policía Nacional Preventiva y la Dirección Nacional Inves-tigación Criminal, DNIC, deben fortalecer sus procedimientos de evaluación y control interno para excluir aquellos funcionarios implicados en prácticas irregulares o delictivas. Asimismo, debe adoptar criterios de funcionamiento y rendición de cuentas de conformidad con el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas (1979) e incluir en sus di-rectivas internas y observar los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas (1990). En particular, el entrenamiento para el uso de la fuerza y de las armas de fuego debe tener un fuerte componente práctico y renovarse periódicamente.
19. El Poder Judicial debe proceder a la designación de jueces especiales con jurisdicción exclusiva en materia de derechos humanos.
20. Las autoridades nacionales correspondientes deben reconocer a aquellos funcionarios que en las diferentes instituciones competentes han actuado de manera ejemplar en el ejercicio de sus fun-ciones, esforzándose por investigar rigurosamente las violaciones a los derechos humanos y asistir debidamente a las víctimas.
21. Garantizar a los pueblos tribales e indígenas el acceso a la justicia en su propia lengua o a través de intérpretes u otros medios eficaces, tal como se establece en el artículo 12 del Convenio Número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
medidas Para satisfacer el derecho a la reParación
22. El Gobierno y el Congreso Nacional de Honduras deben comprometerse públicamente con las víc-timas a reparar el daño que sus agentes les causaron, con criterios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, debiendo establecer un plan nacional de reparaciones para garantizar el resarcimiento integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos derivadas de la crisis política posterior al 28 de junio 2009.
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23. El Gobierno y el Poder Judicial deben garantizar la reparación integral a las víctimas de violacio-nes a los derechos humanos derivadas de la crisis política posterior al 28 de junio 2009, a cargo del Estado de Honduras o en su caso a cargo de los perpetradores de dichas violaciones.
24. El Estado de Honduras debe tomar medidas de reconocimiento público a las víctimas individual y colectivamente, tales como dar su nombre a lugares o instalaciones públicas, monumentos o placas conmemorativas, u otras pertinentes.
medidas Para satisfacer el derecho a la verdad
25. El Estado de Honduras debe reconocer públicamente que sus autoridades y agentes cometieron violaciones a los derechos humanos, pedir perdón a las víctimas y comprometerse con ellas y con la sociedad a que tales violaciones no se repitan.
26. El Estado de Honduras debe entregar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos la infor-mación que sobre ellas o sus allegados se encuentran en poder de las fuerzas de seguridad estatal y revelar la utilización que de ellas se ha realizado.
medidas de Prevención y adecuación
a los estándares internacionales
27. El Estado de Honduras debe revisar o derogar su legislación incompatible con las normas interna-cionales, en particular las disposiciones relativas a la libertad y seguridad personales, la libertad de expresión y la tortura.
28. El Congreso Nacional debe revisar la discrecionalidad que la Ley de Policía y Convivencia Social concede a la Policía para realizar detenciones en casos que no se encuentran tipificados como delitos o faltas según la legislación penal vigente. Además, se debe revisar y reformar la Ley Orgánica de la Policía, respecto al funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN) para garantizar una participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de políticas de seguridad.
29. El Gobierno debe reactivar y fortalecer el funcionamiento del Consejo Ciudadano del Ministerio Público para garantizar una participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de las políticas del Ministerio Público.
30. El Gobierno debe dar capacitación adicional específica, sobre la prohibición de la tortura y su in-vestigación, a funcionarios de Policía y otros competentes en la materia, siguiendo el Protocolo de Estambul de Naciones Unidas (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Rev. 1, 2004).
31. El Congreso Nacional debe completar la tramitación del proyecto de ley especial de audiencias pú-blicas para la selección y nombramiento de altos funcionarios del Estado, que son cargos de elección directa del Congreso Nacional: magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tri-bunal Superior de Cuentas, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, director y subdirector del Registro Nacional de las Personas, fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, procurador y subprocurador general de la República, procurador y subprocurador del ambiente, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, superintendente de concesiones, comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y otros que se establezcan en un futuro.
32. El Gobierno debe revisar la estructuración de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía, la Ins-pectoría de Juzgados y Tribunales del Poder Judicial y la Inspección de las Fuerzas Armadas, para dotarlas de las atribuciones y recursos necesarios para ejercer sus funciones de control de manera efectiva, imparcial e independiente.
33. El Estado de Honduras debe tomar las medidas correspondientes para reconocer públicamente que los defensores de derechos humanos de la sociedad civil cumplen una función de notorio interés público y asegurar que desarrollen su labor sin obstrucción ni acoso, ya sea de sus propios agentes o de particulares y vigilar porque se erradique cualquier práctica que tienda a criminalizar su trabajo.
34. Revisar y reglamentar los criterios/protocolos para la utilización de gases lacrimógenos por parte de la Policía; para ello, se debe llevar a cabo un estudio sobre los componentes de los gases lacrimógenos
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utilizados por la Policía. Este estudio dará lugar a un reporte oficial que instruya sobre la elimina-ción, cambio o confirmación de los gases lacrimógenos utilizados hasta ahora y la Policía Nacional debe instruir a sus agentes sobre el uso de gases tóxicos solo en circunstancias extraordinarias y mantener informadas a las autoridades de salud sobre las sustancias químicas utilizadas.
35. Reglamentar el Convenio 169 de la OIT para asegurar el cumplimiento de los procedimientos de consulta a los pueblos indígenas y tribales respecto al uso y explotación de los recursos naturales en sus territorios.
RECOMENDACIONES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓNLos comisionados hemos encontrado que en la crisis del 28 de junio existieron elementos de corrupción
que influyeron y agravaron directamente el conflicto. No se puede obviar que el país ha sido calificado con altos índices de percepción de corrupción, lo cual representa uno de los principales desafíos para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho y la legitimidad democrática. Asimismo, hemos encontrado que existe una serie de vacíos legales y procesales, como debilidades en las instituciones encargadas del control de la corrupción en el país. En vista de lo anterior, los comisionados considera-mos relevante presentar una serie de recomendaciones basadas en los principios contra la corrupción: transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad.
meJorar la coordinación interinstitucional
36. Los comisionados recomendamos sentar las bases para un sistema nacional de integridad contra la corrupción, para mejorar la coordinación interinstitucional, a nivel estratégico y operativo, entre los órganos de control superior, operadores de justicia y los Poderes del Estado, así como fomentar la participación y fortalecimiento de las capacidades de control de la ciudadanía organizada. En particular, recomendamos mejorar los mecanismos de coordinación entre la Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, a fin de limitar el quehacer de cada una de las instituciones encargadas del control y del ejercicio de la acción penal en materia de corrupción.
37. Retomar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC).
38. Fortalecer el régimen de carrera del Ministerio Público, a fin de que los fiscales actúen con mayor independencia y eficiencia contra los delitos de corrupción. Este fortalecimiento de los sistemas de carrera es imperante que se retomen no solo en el Ministerio Público, sino también en el Poder Judicial.
39. Crear un organismo de control e investigación de la conducta de operadores de justicia, para que de forma independiente instruya las indagaciones de ilegales conductas cometidas por miembros de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Procuraduría General de la República, a fin de conducir su actuar dentro del margen de la legalidad.
recomendaciones en los casos de corruPción
relacionados con la crisis del 28 de Junio de 200940. Los comisionados recomendamos que el Tribunal Superior de Cuentas continúe con las investiga-
ciones relacionadas con posibles actos de corrupción cometidos durante la administración de José Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti Baín vinculados a la crisis del 28 de junio de 2009.
41. El Ministerio Público, especialmente la Fiscalía contra la Corrupción, debe proceder a iniciar las investigaciones respectivas sobre las denuncias de supuestos actos de corrupción cometidos en el período del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010 y debería, si es pertinente o no, instar a la reapertura de aquellos procesos que fueron declarados nulos por la CSJ, por no estar ajustados al debido proceso.
42. Los comisionados consideramos que el fiscal especial contra la corrupción del Ministerio Público debe rendir cuentas y ser sometido a una evaluación objetiva e imparcial por su actuación, debiendo
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definirse la permanencia en su cargo, de acuerdo con los resultados de dicha evaluación y respetando lo establecido en el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y su reglamento.
43. El Ministerio Público deberá establecer políticas claras sobre la decisión de citar o no a los investi-gados a rendir declaración.
44. El Ministerio Público debe establecer términos razonables de duración de las investigaciones para evitar la duración indefinida de las mismas y la afectación de los derechos del investigado.
RECOMENDACIONES PARA FORTALECER EL ESTADO DEMOCRÁTICODE DERECHO Y LA DEMOCRACIA DURANTE UNA CRISISEste conjunto de recomendaciones está enfocado en asegurar que el Estado democrático de derecho
se proteja adecuadamente durante crisis severas de Estado. A tal fin, hacemos recomendaciones relacio-nadas con la estructura y facultades del Poder Judicial. El Poder Judicial es un importante árbitro entre instituciones durante crisis y también es un guardián crítico de derechos humanos en estas situaciones. También hacemos recomendaciones relacionadas con el sistema de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscales del Ministerio Público, la transparencia y legitimidad de la acción judicial; facultades constitucionales de la Corte Suprema de Justicia; la estructura judicial; y acciones contra la impunidad.
nombramiento de magistrados de la csJy fiscales del ministerio Público
45. Propuesta Consejo Nacional de la Magistratura: Los comisionados de la CVR, para asegurar la independencia, idoneidad e imparcialidad de los
magistrados de todas las instancias del Poder Judicial y el fiscal general, fiscal adjunto y fiscales de todas las instancias del Ministerio Público, proponemos que sean elegidos por un Consejo Nacional de la Magistratura permanente, autónomo y con patrimonio propio.
la transParencia y legitimidad de la acción Judicial
46. Recomendamos que la Constitución debiera especificar que los procesos judiciales en contra de un funcionario del Gobierno deben ser públicos y registrados, la secretividad crea la posibilidad de que observadores imparciales puedan tener dudas genuinas con respecto al inicio de procesos judiciales. Por ello, la secretividad solo puede ser admitida por vía de excepción, en la etapa de investigación.
acciones contra la imPunidad
47. Los comisionados recomendamos al Gobierno de Honduras solicitar a la Organización de las Na-ciones Unidas considerar el establecimiento de una instancia internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no debe ser inferior a cinco años de duración. Tal instancia o comisión debe someterse a un control estricto de legalidad y rendición de cuentas ante la sociedad hondureña e internacional.
recomendaciones en el ámbito Político electoral
Los comisionados consideramos que los partidos políticos juegan un rol fundamental en la demo-cracia y que su fortalecimiento es imprescindible a fin de caminar hacia una democracia real, es decir incluyente y eficaz que contribuya a resolver las demandas del país. Asimismo, consideramos que la grave crisis política que ha tenido lugar en Honduras debe servir para que los actores principales de la política y sus instituciones asuman plenamente su responsabilidad en las acciones políticas y generen cambios para que estos no se repitan. De esta manera, se presenta un conjunto de 12 recomendaciones al sistema político, los partidos políticos y las instituciones democráticas especialmente el TSE.
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cambios en el sistema Político electoral
48. El sistema político-electoral hondureño necesita dar un salto de calidad para reconducir el proceso de consolidación democrática, a tres niveles simultáneamente, que tienda a incidir en la no repetición de los sucesos de junio de 2008:• En la cultura política • En lo institucional-normativo • En el comportamiento de los actores.
49. Recomendamos incrementar la capacidad de respuesta de las instituciones, de la normativa y de los actores políticos para revitalizar el rendimiento del sistema democrático hondureño, altamente debilitado, tal como lo hemos analizado en este Informe.
50. Fortalecer mediante mecanismos institucionales que les aseguren ser estructuras democráticas y, a la vez, estar cohesionados internamente. La elección de sus autoridades internas debe someterse a la voluntad de sus afiliados.
51. Impulsar un liderazgo proactivo y estratégico, con una visión sistémica, flexible, que sepa dotarse del instrumental institucional, normativo y tecnológico, capaz de generar capacidades y sistemas de gestión incluyentes y participativos, con potencial para asumir sus propias actualizaciones y no acumule desfases, como lo ha hecho el sistema imperante.
52. Modificar los procedimientos de nombramientos de los funcionarios del TSE y RNP, reduciendo y hasta eliminando el peso que los partidos políticos tienen en la designación.
53. Es preciso el desarrollo y el fortalecimiento de un servicio civil de carrera basado en el mérito y en la competencia, que dote al personal funcionario de la estabilidad laboral necesaria para llevar a cabo sus funciones, sin la presión que actualmente supone el fin de la legislatura.
cambios en los Partidos Políticos
54. Recomendamos que los partidos políticos sean fortalecidos y modernizados a fin de cumplir su rol de mediación política entre la comunidad y el Estado, asegurando que la institucionalidad democrática es eficiente, transparente y moderna.
55. Mejorar los aspectos de uso racional y trasparente de los recursos de los partidos políticos:• Respecto a la financiación no electoral y fiscalización de los gastos, el TSE debe tener una mayor
intervención en las funciones de transparencia de las cuentas de ingresos y gastos de los partidos.• La entrega de la deuda política no debe producirse únicamente en el periodo electoral; se reco-
mienda distribuir la deuda política en varios años y ligar un porcentaje de la misma a la puesta en marcha de programas de institucionalidad de los partidos perfectamente monitoreados, transparentes y sujetos a una permanente rendición de cuentas.
cambios en la institucionalidad electoral
Desde el retorno a los gobiernos electos y hasta el año 2009, en Honduras había una trayectoria de cambios políticos de origen consensual y de acuerdos políticos como los aprobados en el año 2001 y las reformas del año 2004. No obstante, la introducción de cambios parciales en el sistema electoral y en los partidos políticos no es suficiente para modificar hábitos fuertemente arraigados en la cultura y en el modelo político hondureño.
56. Asegurar y preservar la independencia y autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), respecto a la influencia de los partidos políticos y la política, para lograr la legitimidad y la confianza en los procesos políticos electorales.
57. Recomendamos reformar el procedimiento para seleccionar a los candidatos a magistrados al TSE para fortalecer la independencia del mismo, de forma que no sea integrada por activistas o dirigentes de los partidos políticos.
58. Se recomienda el reforzamiento del Registro Nacional de las Personas en virtud de que la tarjeta de identidad es el fundamento de la seguridad jurídica personal y el instrumento de identificación para
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todas las relaciones del ciudadano con el Estado. Los partidos políticos no deberían ser gestores de la tarjeta de identidad.
59. Se recomienda mejorar los censos electorales y su actualización permanente. 60. El TSE debe tener una mayor intervención en la financiación no electoral y fiscalización de los
gastos, a fin de garantizar la transparencia de las cuentas de ingresos y gastos de los partidos.
RECOMENDACIONES PARA EL ÁMBITO INTERNACIONALPara los comisionados, dentro de este Informe, el ámbito internacional mereció un análisis amplio,
pero detallado, ya que los hechos del 28 de junio se desarrollaron en un escenario complejo, dinámico y abierto a otros actores internacionales que actuaron en la dimensión nacional. El papel y el desempeño de los actores internacionales antes, durante y después de los acontecimientos del 28 de junio de 2009 en Honduras se puede resumir: en una respuesta por parte de la comunidad internacional frente al golpe de Estado del 28 de junio que era inédita en términos de su condena, rapidez, contundencia, consenso y castigo, pero que finalmente no logró restituir al presidente Zelaya, quitar al Gobierno de facto, o fomentar una solución negociada exitosa.
caPacidades de Prevención de crisis
y resPuestas temPranas
61. Recomendamos mejorar las capacidades de prevención de conflictos, alerta y acción temprana y diplomacia preventiva. Para ello se propone retomar los siguientes puntos.
Los actores internacionales en general, y en particular la OEA, necesitan invertir más en la creación de sistemas de alerta temprana eficaces que:• Incluyan monitorear, ordenar y analizar la información sobre dinámicas de conflicto, fragilidad
y polarización de manera sistemática. • Proveer escenarios prospectivos sobre evoluciones potenciales. • Comunicar las alertas de manera eficaz y proveer a los responsables políticos con opciones de
respuesta temprana y, por tanto, permitir actuar a tiempo y de manera informada. 62. Recomendamos que el intercambio y la coordinación sistemáticos de información y análisis es crucial. En contextos con un elevado riesgo de conflicto-crisis, es recomendable establecer “foros de preven-
ción” con el fin de promover una división de trabajo eficaz conforme al valor agregado de los respec-tivos actores, sus mandatos específicos y su idoneidad para dialogar con los actores protagonistas del conflicto. El caso hondureño revela que existe un triángulo natural de socios para conformar estos foros: la OEA, grupos donantes, como el G16, y el PNUD. La moraleja es que el reto de monitoreo, así como alerta y acción temprana, ocupa no solo de los esfuerzos de la OEA, sino también de una red más amplia de actores internacionales.
63. Recomendamos mejorar la diplomacia preventiva. El secretario general de la OEA se beneficiaría de una expansión de sus buenos oficios. Requiere de acceso y movimiento libre, así como de suficiente flexibilidad para acceder a todos los actores en países que se encuentren bajo riesgo de conflictos o crisis serias. Se debería promocionar esta reforma como un proyecto de resolución para la próxima asamblea general anual de la OEA.
64. Recomendamos, como la experiencia hondureña nos ha demostrado, la revisión de la Carta Demo-crática Interamericana considerando la dinámica regional de conflictos entre Poderes.
RESPUESTAS A LA CRISIS65. Recomendamos que los actores internacionales deben partir de una base de información y análisis
sólida y equilibrada, a fin de llevar a cabo una gestión y resolución eficaz de la crisis. 66. Recomendamos que en toda crisis nacional o regional, una comisión de alto nivel (secretario general
de la OEA y embajadores) se constituya para investigar lo que está pasando y realizar un análisis integral de todos los hechos y del contexto histórico-político de la crisis, la que debe de inmediato establecer un diálogo que incluya a todos los actores relevantes que están involucrados en el con-flicto y advertirles sobre las consecuencias nocivas de una posible crisis política, para que, en última instancia, persuadirlos de buscar una solución negociada a las controversias.
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la resolución de la crisis
67. Recomendamos un conjunto de medidas incentivas y sanciones posibles que la comunidad hemis-férica e internacional pueda utilizar para conducir la búsqueda de una solución al conflicto.
68. Las iniciativas de diplomacia funcionan mejor cuando más coordinadas están entre los actores de la comunidad internacional, lo que no necesariamente significa que tienen que darse de forma conjunta.
69. Las comisiones de verificación necesitan un compromiso continuo y sostenido y deben contar con los mecanismos adecuados para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DELOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALLos comisionados recibieron en diferentes departamentos del país abundantes comentarios y plan-
teamientos sobre el papel de los medios de comunicación en la crisis del 28 de junio. Igualmente fueron numerosos los elementos recogidos en las entrevistas con protagonistas de la crisis. Los comisionados, precisamente por el papel protagónico de los medios informativos y de opinión, hemos realizado un análisis específico de su desempeño en este contexto. Así, hemos recogido una preocupación fundamen-tal respecto del necesario equilibrio entre los derechos ciudadanos de libre emisión del pensamiento y del derecho a la información, con el desempeño de las empresas y servicios de información y análisis noticioso. A partir de estos insumos, se propone un conjunto de recomendaciones:
• En su marco jurídico • Poderes del Estado • Propietarios de los medios de comunicación • A los periodistas y comunicadores sociales • A las organizaciones de la sociedad civil • A los organismos internacionales.
resPecto al marco Jurídico regulatorio
70. Se recomienda revisar la Constitución de la República (1982), actualmente vigente, en lo referente a la libertad de expresión, contenido en su capítulo II, de los derechos individuales; y de su ley se-cundaria, la Ley de Emisión del Pensamiento (1958), para resolver aparentes contradicciones entre los derechos ciudadanos a la libre emisión del pensamiento y al libre acceso a la información y las normativas vigentes en el ejercicio de las labores noticiosas y editoriales.
71. Instituir los mecanismos que garanticen la aplicabilidad y efectividad de la norma constitucional dirigida a proteger un derecho fundamental, como lo es la libre emisión del pensamiento. En este sentido, se deben fortalecer los mecanismos que garanticen el respeto de la libertad de expresión y el libre acceso a la información y que vigilen el cumplimiento de las normas legales en la materia, en el sistema de justicia, en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
al gobierno de la rePública (Poderes constituidos)72. Concluir lo más brevemente posible las investigaciones en curso sobre los delitos que se han denun-
ciado contra periodistas, en especial las muertes violentas ocurridas en diversos períodos, lugares y circunstancias, a efecto de evitar la impunidad. Una investigación efectiva, junto con otras medidas de protección, puede, de hecho, disuadir o prevenir nuevos atentados y otros incidentes violentos.
73. El Congreso Nacional debe aprobar una ley sobre la contratación de la publicidad oficial, que defina criterios claros y transparentes sobre una selección objetiva de medios, conforme a las necesidades públicas específicas, que se correspondan con una audiencia correcta y precios justos.
74. Eliminar la práctica del pago dudoso a los medios de comunicación y agencias de relaciones públicas y de publicidad para construir una imagen favorable de Gobierno o de altos funcionarios, en parti-cular de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
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75. Reformar la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en especial lo que atañe al siste-ma establecido por dicha comisión para conceder el otorgamiento de frecuencias y que no es el más adecuado para propiciar un verdadero ejercicio de la libertad de expresión y de información.
76. Prohibir la práctica de cadenas radiales y de televisión impuesta desde el Estado, con la clara excep-ción de calamidad y emergencia nacional, y evitar la cancelación de las transmisiones de los sistemas de cable y otras opciones.
a los ProPietarios de los medios de comunicación
77. Fortalecer la libertad de pensamiento y promover las medidas que coadyuven a preservar la libertad ética y profesional de sus trabajadores de la comunicación (periodistas, camarógrafos, editores, dise-ñadores, caricaturistas, etc.), entre ellos la adopción de códigos de ética formulados y discutidos con la participación de todos sus miembros y la aceptación de la “cláusula de conciencia” para normar la relación profesional entre propietarios y comunicadores.
a los Periodistas y comunicadores sociales
78. Someterse a una capacitación y refuncionalización profesional de nuevo tipo que les permita enfren-tar la censura directa, la censura sutil y la autocensura, y que promueva un uso responsable de la libertad de expresión, lo que implica respeto a la honra y al reconocimiento de la dignidad de todas las personas, independiente de su condición social, económica, política, ideológica o situación legal.
a las organizaciones de la sociedad civil
79. Crear organismos sociales de monitoreo del derecho a la libertad de expresión, incluso dentro de los propios medios (como la figura del defensor de los lectores) y asumir las denuncias a las violaciones a la libertad de expresión como parte de sus líneas de trabajo.
80. Exigir que normas como la contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se cumplan y no sean utilizadas como un instrumento político que contravenga su propósito original.
a la relatoría esPecial de la libertad de
exPresión y de oPinión de la oea y la onu81. Examinar sus programas de protección a los periodistas, a fin de mejorar la efectividad de las me-
didas cautelares que dicta para salvaguardar la vida de los periodistas y comunicadores sociales amenazados, manteniendo la práctica periódica de realizar inspecciones in situ en Honduras, para conocer la vigencia del derecho a la libertad de expresión e información.
a los organismos internacionales y multilaterales de cooPeración
82. Orientar la cooperación técnica y financiera para generar un entorno favorable a la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión, a la información y de prensa.
RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA MEMORIALos comisionados hemos reconocido y acompañamos el profundo sentimiento de la población hondu-
reña sobre el impacto y las consecuencias de los hechos, precisamente en la línea del mandato seguido por la Comisión, para que estos no se repitan. Vemos con mucha preocupación que persisten los elementos divisorios en la población que no se han podido superar. En tal sentido, hechos de esta naturaleza no deben repetirse, pues ha sido profunda la división de la sociedad hondureña. Al momento de concluir este Informe, siguen existiendo posiciones encontradas sobre lo ocurrido. Al respecto, consideramos que se debe construir una adecuada memoria sobre lo ocurrido; de esta manera, este Informe constituye un punto de partida para ello, no obstante, consideramos oportuno elaborar, de forma participativa y consensuada, una política de la memoria que permanentemente haga presente y vivifique estos aconte-cimientos. Solamente a través de este proceso el país podrá trascender el simple recuerdo de los hechos, para identificar las principales lecciones de todo en perspectiva de la búsqueda de las transformaciones necesarias para ello y el avance del país. Así, se propone lo siguiente:
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83. Elaborar de forma participativa y consensuada una política de la memoria, en un contexto de plu-ralismo y de libertad.
84. Realizar ejercicios de relatos compartidos que sirvan para interpretar los acontecimientos funda-mentales de la crisis política, procuren significado a la misma y precisar las opciones de futuro.
Hacia el camino a la reconciliación nacional2
Una característica de la institucionalidad que trabaje en el proceso de reconciliación, es su legitimidad. Para que sea legítima debe ser creada mediante un esfuerzo compartido entre el Estado y los sectores sociales, lo cual implica que puede tener un carácter no estatal, sino mixto. Dicha institución debe tener facultades de concertación y ejecución. El principio moral decisivo para el buen funcionamiento de dicha institución es la transparencia.
Nuestra tarea como comisionados fue buscar y esclarecer la verdad y generar las bases de una reconciliación nacional, que solo los hondureños pueden lograr: verdad y reconciliación. La propuesta de recomendaciones de derechos humanos y la búsqueda de la justicia, en toda su expresión, son las bases para cualquier reconciliación posible. Por eso, queremos concluir este Informe con tres propuestas concretas con relación al tema de justicia y derechos humanos:
a) La unidad de seguimiento para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, prevista en el decreto su creación (decreto ejecutivo PCM-11-2010), deberá asumir el seguimiento de la implementación de las recomendaciones en los ámbitos presentados en este informe. Esta unidad de seguimien-to ha de ser independiente, con alto nivel técnico en su personal, con capacidad de incidencia política y podrá contar con el apoyo de organismos internacionales.
b) El Estado de Honduras debe divulgar este Informe adecuadamente para que la sociedad hon-dureña pueda conocer la verdad, obtener la justicia y que nunca más se vuelva a ser víctima de violaciones a los derechos humanos, como las sufridas tras el 28 de junio de 2009.
c) Las instituciones y organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas y partidos políticos deben asumir que los derechos humanos son un valor fundamental en sí mismo, que está por encima de consideraciones políticas y debe promoverse como un espacio de encuentro, sin instrumentalización ni sectarismo.
Esto no será fácil y la propia asimilación de la verdad allana el camino hacia la reconciliación. Esta no viene con el tiempo, sino con la justicia y el esfuerzo ciudadano de lograr acuerdos de convivencia respetuosa. Como comisionados, creemos que estos hechos no se repetirán, porque mantenemos la es-peranza de que este esfuerzo realizado será una señal de luz que nos guíe hacia un futuro de justicia, reconciliación y paz.
2 En su versión original, este apartado constituye el capítulo IV del volumen Hallazgos y recomendaciones, ya citado.
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Nuestra palabra
Un regalo que compartimosLos regalos son inesperados, sorpresivos y gratos. Si se trata, claro está, de
auténticos regalos. A veces se llama regalos a los que no lo son. Por ejemplo, en nuestro ambiente político, solemos llamar regalos cuando funcionarios o aspirantes a cargos de elección popular entregan dinero, invitan a almuerzos a sus activistas o hacen donaciones a particulares, organizaciones o comunidades.
Pero esos no son regalos, porque todo mundo sabe que se hacen a cambio de lealtades y obediencias. En zonas remotas, todavía hay políticos o ganaderos que “regalan” guaro a los campesinos para mantenerlos embrutecidos, o matan y reparten una vaca a cambio de un voto.
Esos no son regalos. Esos son compra conciencias. Un regalo ocurre cuando nadie lo espera, cuando se hace sin esperar nada a cambio, y cuando compromete desde el corazón. Un regalo es una de las más hermosas expresiones en las re-laciones humanas, porque no se regula bajo ningún cálculo ni menos puede ser controlado por la oferta y la demanda. Un regalo es eso, un don, algo que se recibe sin haberlo buscado; y deja de serlo cuando, quien lo recibe, lo ha conquistado, lo ha buscado y lo ha pretendido.
Un regalo es una expresión profunda de la vida. Ese es el regalo que el equipo de Radio Progreso hemos recibido, por medio de nuestra compañera Karla Rivas, con el otorgamiento del Premio Peter Mackler 2011, anunciado por el Global Media Forum y Reporteros sin Fronteras.
La noticia nos ha llenado de alegría por lo inesperado y sorpresivo y, porque, sin duda, muchas otras personas en nuestro país estarían en mejores condiciones para ser merecedoras de este reconocimiento internacional. Y lo recibimos como parte de nuestro 55 aniversario que ya estamos comenzando a celebrar, y que culminaremos con la hermosa fiesta popular el 17 de diciembre de este año.
Agradecemos las abundantes muestras de felicitaciones que hemos recibido, y esa gratitud nos compromete para seguir siendo una Radio que se regala por entero a su pueblo en nuestra Honduras sedienta de verdad, alegría, ternura, justicia, paz y solidaridad. Queremos seguir siendo un regalo a través de nuestro compromiso en la lucha para la democratización de la comunicación, para seguir acompañando la fe, las alegrías y las tristezas de nuestras comunidades, seguir acompañando las luchas y esperanza de nuestro pueblo, para seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos, para proseguir con el análisis crítico, pro-positivo e independiente, y para seguir construyendo cultura política ciudadana.
Recibimos el Premio Peter Mackler 2011 con gratitud y lo compartimos con ustedes, porque la identidad de nuestra Radio Progreso no se podría entender jamás sin el corazón y la cercanía que ustedes nos han venido regalando a lo largo de toda nuestra historia.
Radio Progreso y ERIC-SJ27 de agosto de 2011
