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RRRRevista evista evista evista EcoEcoEcoEcotopía topía topía topía 313131319999 UNES: 26 años de Lucha
Ambientalista
por una Sociedad Justa y Sustentable
En esta edición:
-Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demanda al Presidente guatemalteco la
suspension de la explotacion minera del Cerro Blanco.
-La Mesa de Agua. Por Luis Francisco López. Contrapunto.
-Capital financiero y cambio climático. Por Alejandro Nadal. La Jornada.
-Otro Mundo es Posible, Otra Economía es Posible. Por Henry Mora. ALAI.
ECOBREVES
-Argumento contra el CAFTA. Por Leonel Herrera. Arpas.
-Foro de Agua rechaza inclusión de ANEP en CONAGUA. Por Diario Co Latino.
-Comunidades de Usulután Piden comisión especial para investigar Enel - La
Geo. Por Zoraya Urbina. Redacción Diario o Latino.
Segunda quincena de febrero de 2013.
MMEESSAA NNAACCIIOONNAALL FFRREENNTTEE AA LLAA MMIINNEERRÍÍAA MMEETTÁÁLLIICCAA DDEEMMAANNDDAA AALL PPRREESSIIDDEENNTTEE
GGUUAATTEEMMAALLTTEECCOO LLAA SSUUSSPPEENNSSIIOONN DDEE LLAA EEXXPPLLOOTTAACCIIOONN MMIINNEERRAA DDEELL CCEERRRROO BBLLAANNCCOO
San Salvador, 26 de febrero de 2013.
Excelentísimo Sr. Presidente:
Excelentísimo Sr. Presidente de la
República de Guatemala
Otto Pérez Molina
CC
Excelentísima Sra. Embajadora de
Guatemala en El Salvador Silvia Elizabeth
Cáceres Vetorazzi
A través de la presente, queremos hacer
constar a su gobierno la preocupación de
comunidades y organizaciones que nos
oponemos a la activación de proyectos
mineros sobre las cuencas hidrográficas
que compartimos. Vemos con alarma la
presencia de aproximadamente 8
proyectos de minería metálica en las
fronteras que nuestro país comparte con la
hermana república de Guatemala y, en
particular, nos preocupa el avance del
proyecto aurífero Cerro Blanco, ubicado en
el municipio de Asunción Mita, Jutiapa,
Guatemala, a tan solo 14 kilómetros de la
frontera salvadoreña. La minería metálica
en general, y el caso Cerro Blanco en
particular, son expresiones de una
problemática que, tal como se hace constar
Foto de archivo conferencia de prensa de la Procuraduría
para Defensa de los Derechos Humanos con el Foro del
Agua y Mesa Nacional frente a la Minería referente a la
minería en Cerro Blanco.
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con estudios técnicos, podría tener un
impacto negativo en la calidad de la vida de
la población salvadoreña, por atentar
contra el sano equilibrio de cuerpos de
agua estratégicos como el Lago de Güija y
el río Lempa.
La Mesa Nacional frente a la Minería
Metálica en El Salvador es una alianza de
comunidades, organizaciones sociales y
ambientalistas, iglesias y centros de
investigación, que tienen como objetivo
común la prohibición de la extracción de
metales en territorio salvadoreño.
En El Salvador, informes técnicos, han
demostrado que la minería de metales, por
tratarse de una industria que debe
deshidratar los territorios para poder
operar, representa una amenaza directa
contra el derecho fundamental al acceso al
agua de las poblaciones y contra el
equilibrio de los ecosistemas. Por otro
lado, la estrechez territorial y la densidad
poblacional, son otros de los argumentos
inapelables que sustentan nuestro rechazo
a la minería metálica, al saqueo y la
destrucción del ambiente.
Es sabido que el Lago de Güija constituye
una cuenca hidrográfica transnacional, de
la cual la mayor parte corresponde a El
Salvador y una tercera parte a la República
de Guatemala. La extensión total de esta
zona es de 44.2 kilómetros cuadrados que
están circunscritos a la Región Trifinio,
donde convergen las fronteras de las
repúblicas de Guatemala, Honduras y El
Salvador. Además de la importante
biodiversidad existente, la relevancia
estratégica de esta región Trifinio está
dada por tratarse del área donde habitan
aproximadamente 650 mil personas,
distribuidas en 45 municipios de los tres
países. Estas comunidades dependen
principalmente de la pesca y la agricultura
y, por otro lado, el Lago de Güija es uno de
los principales tributarios del río Lempa,
que a su vez abastece de agua potable a
cerca del 37% de la población del Área
Metropolitana de San Salvador. El impacto
negativo posible a partir de un proceso
extractivo de metales sobre los sistemas
hídricos superficiales y subyacentes, podría
traducirse en una verdadera crisis a nivel
económico, pero también en el goce de
derechos fundamentales de amplios
sectores poblacionales.
Consideramos que es de suma importancia
recordar al gobierno guatemalteco de que
existen otras herramientas del derecho
internacional de las cuales se desprenden
responsabilidades insoslayables para la
preservación de zonas que como El Trifinio,
constituyen unidades ecológicas
indivisibles y de carácter estratégico para la
integración positiva de la región
centroamericana. Mencionamos, por
ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad
Biológica de Naciones Unidas y la
Convención Americana de Derechos
Humanos y el Convenio RAMSAR que
habilita, a su vez, la Convención relativa a
los Humedales de Importancia
Internacional Especialmente como Hábitat
de Aves Acuáticas. Además, cabe destacar
que la región Trifinio fue denominada
Reserva de Biósfera para el programa
sobre el Hombre y la Biósfera, de la
Organización de Naciones Unidas para la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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En materia de Derechos Humanos, tal
como se ha hecho constar en el reciente
Informe Especial sobre el Proyecto Minero
“Cerro Blanco” y las Potenciales
Vulneraciones a Derechos Humanos en la
población salvadoreña, elaborado por la
Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDDH), existen
lineamientos que establecen claramente
recomendaciones para las acciones que los
Estados deben asumir para honrar su
mandato constitucional y las obligaciones
asumidas a través de diferentes tratados
de Derechos Internacional.
Por otro lado, existen al menos dos análisis
técnicos del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) sobre el proyecto Cerro Blanco, que
resaltan las incongruencias y vacíos que
reúne el referido EIA. La Dra. Dina Larios,
salvadoreña profesora de Hidrogeología y
Geoquímica en la Universidad de Ohio en
Estados Unidos, que incluso reportó en
2010 a través de un análisis del Estudio de
Impacto Ambiental presentado por la
empresa, que el río Ostúa y el lago Güija
podrían sufrir alteraciones importantes.
Por su parte, el Dr. Robert Robertson,
investigador experto de la universidad de
Colorado Estados Unidos, ha concluido en
un estudio similar al de la Dra. Larios,
respecto al EIA presentado por la empresa
Etremares S.A., que: la mina Cerro Blanco
es un proyecto de riesgo excepcionalmente
alto.
Como Mesa Nacional frente a la Minería
Metálica, expresamos al gobierno de
Guatemala que:
Debe suspender el proyecto minero Cerro
Blanco, por las pruebas e informes técnicos
que establecen que la contaminación a
partir del proyecto minero Cerro Blanco
son una probabilidad real y concreta.
Además, rechazamos que se esté
considerando el pago de servicios
ambientales como elementos para la
negociación de problemas de
contaminación de aguas transfronterizas.
Deben considerarse, en su lugar, los
principios modernos sobre aguas
internacionales como el enfoque de
Cuencas Compartidas deben ser adoptados
y aplicados en el manejo sustentable y
compartido de las aguas transfronterizas.
Si ya somos una región empobrecida y
altamente vulnerable, debemos promover
políticas de inversión que dignifiquen a la
persona humana, en lugar de
empobrecerla y despojarla.
Los pueblos mesoamericanos estamos
alzando la voz contra la injusticia inherente
al modelo extractivista y recalcamos la
urgencia de un cambio de racionalidad
hegemónica. Si ya somos una región
empobrecida y altamente vulnerable,
debemos promover políticas que
dignifiquen a la persona humana, en lugar
de empobrecerla y despojarla.
¡Alto a la minería metálica en
Mesoamérica!
¡Alto a la mina Cerro Blanco!
¡Sí a la vida!
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
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LLAA MMEESSAA DDEE AAGGUUAA
LUIS FRANCISCO LÓPEZ. ContraPunto.
Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la
estupidez humana. Y no estoy tan seguro
de la primera. Albert Einstein
SAN SALVADOR. La reciente afirmación de
ANEP en voz de uno de sus histriones,
según la cual el proyecto de Ley General de
Aguas “busca expropiar tierras para que
sean cultivadas por ALBA Alimentos”, y que
en su agudeza investigativa también
relacionan con ENEPASA, lavado de dinero,
dumping y PDVSA, solo confirman la tesis
planteada por Einstein y no precisamente
la del universo!
Cuentan que después de lanzar la piedra se
hizo asesorar de un abogado ¡que destella
las mismas cualidades de su cliente! y
quien recomendó que fuera a la Fiscalía
para tratar de dar seriedad al asunto; en el
acto se aclaró hasta la saciedad que no era
una DENUNCIA sino un AVISO que
interponía conforme al Art. 264 del Código
Procesal Penal… pero… ¿Por qué no puso
una denuncia?, sucede que la ley aclara
que para el denunciante no hay
responsabilidad penal, salvo que lo
manifestado sea FALSO! Sin embargo,
abogado y cliente olvidaron que la
denuncia no está sujeta a formalidades y
que se compone de dos únicos elementos,
la identificación del denunciante y la
noticia criminal. Por tanto, este personaje
que ya había difamado, ahora en su
desesperación por salir ileso comete otro
delito, la Denuncia Calumniosa (Art. 303
CP). Sirva este antecedente para ver que
tipo de gente es la que está interesada en
la apropiación del agua!
El Bloque Privatizador, encabezado por
ANEP intenta de boicotear la aprobación
de la Ley General de Aguas, pues ningún
proyecto de los que se encuentran
discutiendo mercantiliza el agua; por ello,
dieron vida a un ente llamado “Mesa de
Agua” cándido nombre bajo el cual se
encubren los más oscuros intereses en
torno a la privatización del agua; empero,
les fue difícil articular un discurso que
sonara coherente, en razón a ello, lejos de
fortalecerse a la Mesa se le caen patas;
pues quienes al inicio participaban de
buena fe, al percatarse que su interés en el
agua radica únicamente para que se
introduzca en el mercado, como otra
mercancía subordinada al principio
neoliberal de libertad económica y la mal
entendida competitividad, abandonan y se
desvinculan del espacio.
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Ante la imposibilidad que conformar un
espacio aglutinador con actores claves, que
dicho sea de paso era (en el papel) su único
y principal objetivo, acudieron a los
autodenominados “tanques de
pensamiento” para que les redactaran un
planteamiento capaz de oponerse a la
inminente aprobación de la ley de agua,
camino en el cual solo perdieron tiempo,
pues los tanques no dispararon el anhelado
discurso coherente y propio, de hecho no
disparan nada desde 2008, año en que se
atrofiaron teóricamente. En otras palabras,
frente a una vergonzosa pero innegable
incapacidad, optaron por lo que bien saben
hacer, pagaron un consultor internacional
para que les escriba un guion capaz de
sobrellevar esta ofensiva, en la cual no
tienen ejercito, pero sí mucho dinero.
Según cuentan el guion está hecho, el
experto internacional recomendó alinear el
Bloque Privatizador, ahí estarán CASALCO,
ASI, FUSADES, GWP, FUNDE,
SALVANATURA, quienes deberán
manejarse con el discurso de agua como un
recurso hídrico, vital para la productividad
y crecimiento económico; deben repetir sin
cesar que la competitividad rechaza la
regulación y prefiere incentivos (si es
dinero efectivo mejor); bajo la bandera de
Gestión Integral, deberán garantizar
adueñarse de puestos de decisión,
excluyendo al Estado e incrustando a la
ANEP como supremo garante del Derecho
Humano al Agua y la Participación
Ciudadana; tendrán que evitar que el
abastecimiento de agua para la poblacional
y la sustentabilidad de ecosistemas se
sobreponga al uso industrial o comercial;
esas son las líneas gruesas. Su táctica
consiste en impedir la reforma
constitucional por el derecho humano al
agua y en alargar la discusión de la Ley
General de Aguas en la Asamblea
Legislativa, lo suficiente para que sea
absorbida por la campaña electoral, ahí
junto a ARENA y otras cajas de resonancia
corearán descréditos a la ley, vinculándola
al FMLN, ALBA, Hugo Chávez, Fidel Castro y
otros demonios!
En este espacio desmitificaremos cada uno
de sus argumentos, pero como hoy se
discute el tema de la autoridad del agua,
vale atender este punto dada la coyuntura.
El Bloque Privatizador, ha girado
instrucciones precisas a ARENA para
demandar la creación de una entidad
autónoma, marginando al Ministerio del
Ambiente y tildándole de incapaz, pero en
realidad pretenden que la nueva entidad
carezca de visión ambiental, buscan que en
la nueva institución autónoma, se imponga
la cosificación del agua regida bajo un
modelo extractivista privatizador. Para que
ello acontezca, concurrirán a garantizarse
los puestos suficientes en la Junta
Directiva, ahí donde se recetan jugosas
dietas.
Por fortuna, esta propuesta cae en un
momento donde recién se destapa la
cloaca fraguada en la intimidad de una
Institución Autónoma, denominada
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río
Lempa (CEL), y aun cuando perjuren, que
no volverán a hacer gala de su
incompetencia para llamar al “socio
transnacional estratégico” que administre
el agua, bajo un contrato que capitalice
acciones por inútiles que sean hasta
terminar adueñándose del agua, el pueblo
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les dirá que la amistad termina donde la
desconfianza empieza!
Si la Mesa de Agua en puridad busca
actores claves o si en realidad tienen
propuesta técnica, les invito a debatir en
público, frente a las comunidades que
jueves a jueves llegan a la Asamblea a
exigir la pronta aprobación de la ley, y por
favor, paguen una barra de niños yupi al
estilo mareados por la democracia, para
que no solo llegue el mismo pelón de
siempre…
Al pueblo y gente bien intencionada, pido
una última reflexión, nivel mundial la
escasez de agua afecta en la actualidad a
unos 700 millones de personas en 43
países, cifra que podría incrementar a más
de 3.000 millones hacia 2025. En nuestro
país estamos al borde del estrés hídrico y
conforme al V Censo de Población y
Vivienda (2007) efectuado por la DIGESTYC,
solo el 86% de hogares en el área urbana
cuentan con conexión dentro de la
vivienda; mientras, en el área rural se tiene
un 51% de cobertura, significando que
muchos hogares no tienen una conexión
directa de agua potable, por ello la batalla
por el agua es una lucha política, en la que
hay que tomar partido!
CCAAPPIITTAALL FFIINNAANNCCIIEERROO YY CCAAMMBBIIOO CCLLIIMMÁÁTTIICCOO
Por Alejandro Nadal. La Jornada
Las fuerzas del capital financiero harán
muy difícil frenar el cambio climático.
Algunos dicen que la estructura del sector
financiero no facilitará la transición a una
economía baja en carbono. El problema es
más grave: el sistema financiero es un
potente obstáculo para prevenir una
catástrofe derivada del calentamiento
global.
Para apreciar los alcances del peligro es
importante recordar algunos datos. En la
actualidad, la concentración de dióxido de
carbono (CO2) en la atmósfera alcanza las
394 partes por millón (ppm). El CO2 es el
gas de efecto invernadero más común (no
es el único, ni el más potente). Los modelos
más desarrollados sobre cambio climático
indican que sólo por debajo de las 450 ppm
de CO2 se tiene una alta probabilidad de
mantener el incremento de temperatura
dentro del rango de los dos grados
centígrados. Los científicos consideran que
ese umbral no debe ser rebasado si se
quiere evitar un cambio climático
catastrófico.
Estudios científicos consideran que para
aumentar significativamente la
probabilidad de permanecer por debajo de
dicho umbral la economía mundial debe
limitar sus emisiones para el periodo 2000-
2050 a 886 gigatoneladas de dióxido de
carbono (GtCO2). En la primera década del
siglo se emitieron 321 GtCO2, así que ya
solamente nos queda un volumen
disponible de 565 gigatoneladas para el
periodo 2010-2050.
Datos de la organización Carbontracker
Initiative revelan que si se extrajeran y
quemaran las reservas mundiales
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conocidas de combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas) tendríamos emisiones
superiores a las 2 mil 795 GtCO2. Es decir,
esas reservas contienen cinco veces más
carbono que el tope arriba mencionado de
565 GTCO2. Extraer y usar esas reservas
podría llevar la concentración de CO2 en la
atmósfera a las 700 ppm, lo que cambiaría
el planeta tal y como lo conocemos.
Ahora bien, las reservas de combustibles
fósiles de las 200 empresas más
importantes de carbón, petróleo y gas en el
mundo (empresas que cotizan en bolsas de
valores) tienen reservas con un potencial
de carbono de 745 GtCO2. Es decir, si estas
empresas extraen y queman sus reservas
estaríamos rebasando con 180 GtCO2 el
volumen que nos queda disponible para el
periodo 2010-2050 (las 565 GtCO2 arriba
mencionadas). El problema es todavía más
serio porque estas cifras no incluyen a las
empresas estatales y tampoco toman en
cuenta las gigantescas reservas de gas
natural de los esquistos en Estados Unidos
y numerosos otros países.
El problema es que las reservas detentadas
por estas compañías se encuentran
asentadas en sus libros y hojas de balance
con un enorme valor monetario. Un avalúo
de estas empresas asume que esas
reservas serán efectivamente realizadas, lo
que significa que serán extraídas y
utilizadas. Desde el punto de vista contable
a nadie le importa un pepino si la
utilización de esas reservas es suficiente
para sobrepasar el peligroso umbral de los
dos grados centígrados. El cambio climático
no es un concepto contable.
Para decirlo de otro modo, si existiera una
autoridad capaz de aplicar la restricción de
las 565 GtCO2 para los próximos cuarenta
años, estas compañías solamente podrían
quemar unas 150 GtCO2. El resto, carbono
no inyectado a la atmósfera, serían activos
sin valor y se traducirían en pérdidas
colosales para los inversionistas que han
comprometido recursos en esas empresas.
Esas 200 empresas del mundo de la energía
fósil tienen un valor en bolsa equivalente a
7.42 billones (castellanos) de dólares. Los
países con mayor potencial de gases
invernadero en las reservas de compañías
que cotizan en bolsa son Rusia, Estados
Unidos y el Reino Unido. Y en las bolsas de
valores de Londres, Sao Paulo, Moscú,
Toronto y del mercado australiano hasta 30
por ciento de la capitalización de mercado
está vinculada a combustibles fósiles.
Estamos en presencia de un conflicto de
dimensiones históricas: de un lado está la
comunidad científica advirtiendo no
quemar esas reservas de combustibles
fósiles y del otro están las empresas e
inversionistas que tienen interés en realizar
sus activos (extraer y usar esas reservas).
¿Quién prevalecerá? En los últimos 30
años, el sector financiero del mundo ha
sido capaz de dominar a la política
macroeconómica. En efecto, las
prioridades de la política monetaria y fiscal
del mundo entero responden hoy (incluso
en medio de la crisis) a las necesidades del
capital financiero. ¿Por qué tendría que ser
distinto en el ámbito de la política sobre
cambio climático?
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En la actualidad carecemos de un régimen
regulatorio internacional que permita
pensar que la economía mundial podrá
reducir su huella de carbono en la
atmósfera a la velocidad que se requiere. El
Protocolo de Kioto es una entelequia y lo
único que queda es un ‘compromiso’ para
llegar a un acuerdo en 2015 que deberá
entrar en vigor en 2020. En el sector
financiero anidan fuerzas que se opondrán
con todo a un acuerdo que evite el peligro
del cambio climático catastrófico.
OOTTRROO MMUUNNDDOO EESS PPOOSSIIBBLLEE,, OOTTRRAA EECCOONNOOMMÍÍAA EESS PPOOSSIIBBLLEE
Henry Mora. ALAI.
"Una «economía para la vida», aunque
parte del carácter multidimensional y
complejo de la vida humana, la analiza en
función de las condiciones de posibilidad
de esta misma vida a partir de la
reproducción y el desarrollo pleno de “las
dos fuentes originarias de toda riqueza”: el
ser humano en cuanto sujeto productor
(creador) y la naturaleza externa (medio
ambiente), “madre” de toda riqueza
social."
Indudablemente, “otro mundo es posible”,
aunque cuando decimos “otro mundo” nos
referimos en realidad a muchos otros
mundos en este mundo: un mundo que
contenga muchos mundos. “Otro mundo
es posible” es el mundo en el cual quepan
todos los seres humanos, por tanto, la
naturaleza también, porque el ser humano
es un ser natural, corporal. “Otro mundo es
posible” es la sociedad en la cual cada uno
pueda realizar su propio proyecto de vida,
con la seguridad de una vida digna con
base en su trabajo (no necesariamente,
asalariado). Que el ser humano sea libre
como sujeto en comunidad, y la comunidad
es, en última instancia, la humanidad.
Se trata, además, de la concepción de un
mundo en el cual quepan diferentes
culturas, naciones, razas, etnias, géneros,
preferencias sexuales, etc. Esto
complementa el lema del Foro Social
Mundial: “Otro mundo es posible”, y
expresa un humanismo concreto frente a
las homogeneizaciones de los humanismos
abstractos. Tanto el capitalismo como el
socialismo histórico han prometido una
solución homogénea y universal para la
totalidad de la humanidad. En un caso, el
automatismo del mercado (la gran utopía
de la sociedad burguesa), y en el otro el
automatismo de su abolición (la gran
utopía del comunismo en cuanto que
sociedad finalista). No obstante, ambos
vinculan su solución con la vigencia de un
progreso técnico ilimitado e irrestricto y
con la promesa de un futuro esplendoroso
pero indefinido, derivado de su magia.
La respuesta necesaria al mundo
dominante en la actualidad, con su
afirmación de que no existe alternativa,
sólo puede ser la de que “otro mundo sí es
posible”. No obstante también esta
respuesta se puede vaciar, si no se dice qué
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mundo es aquel del cual decimos que sí es
posible. Porque cabe la posibilidad de
mundos incluso peores que el mundo
actual al cual nos enfrentamos. Por eso,
cuando hablamos de un mundo en el cual
quepamos todos hay que aclarar de qué
mundo se trata. En particular, esto no
significa que “todo” quepa, pues
precisamente para que quepamos todos y
todas (seres humanos y naturaleza), hay
mucho que no tiene cabida. En especial, no
cabe la actual estrategia de acumulación
de capital, llamada globalización, que los
gobiernos de los países centrales imponen
por medio del Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y la
Organización Mundial del Comercio, y los
propios gobiernos neoliberales. Para que
todos quepamos, hace falta excluir esta
estrategia.
Una sociedad en la cual quepamos todos
implica una ética universal, aun así no dicta
pretendidos principios éticos
universalmente válidos; no prescribe
normas universalistas generales ni
determinadas relaciones de producción
universalmente válidas. No pretende saber
cuál forma de sociedad es la única
acertada, ni sostiene saber cómo es
factible hacer felices a los seres humanos a
partir de cierto orden social. No se
promete ningún paraíso. Frente a los
principios universalistas de sociedad, la
exigencia de una sociedad en la cual
quepan todos es más bien un criterio de
validez universal sobre la pretendida
validez de tales principios de sociedad. No
es posible sustentar este criterio por
principios abstractos, como la tasa de
crecimiento del producto social o la tasa de
ganancia del capital. Sin embargo se trata
de un criterio universalista, es el
universalismo del ser humano concreto.
Ahora bien, un mundo en el cual quepan
todos no es un proyecto y tampoco
directamente una meta factible de la
acción. Es, podríamos decir, una idea
regulativa de la acción (un imperativo
categórico de la razón práctica, de la acción
concreta), una «utopía necesaria» que ha
de penetrar la realidad de forma
transversal. Como utopía no es en sí misma
factible, es un principio orientador básico,
aunque radical. Es una finalidad, no un fin.
Tampoco es un axioma del cual se
deduzcan los subsiguientes pasos a seguir,
como si se tratara de una secuencia lógica
(principalismo abstracto) o de una
aplicación tecnológica (razón instrumental
medio-fin). No es un modelo de sociedad,
pero sí, una dimensión, la más general, de
la referencia a la crítica de la sociedad de
hoy.
La especificidad de una economía para la
vida
Una «economía para la vida», aunque
parte del carácter multidimensional y
complejo de la vida humana, la analiza en
función de las condiciones de posibilidad
de esta misma vida a partir de la
reproducción y el desarrollo pleno de “las
dos fuentes originarias de toda riqueza”
(Marx): el ser humano en cuanto sujeto
productor (creador) y la naturaleza externa
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(medio ambiente), “madre” de toda
riqueza social (Petty).
Y no se ocupa solamente del «contenido»
de la riqueza social (los valores de uso en
cuanto que satisfactores de necesidades
humanas), ignorado por la teoría
económica ortodoxa; sino sobre todo, de
las condiciones que hacen posible la
reproducción y el desarrollo de esta
riqueza social y, por consiguiente, la
reproducción y el desarrollo de sus “dos
fuentes originarias”. Pero también analiza
la «forma social» de esta riqueza (por
ejemplo, la mercancía capitalista) y su
impacto en la reproducción de las
condiciones de posibilidad de la vida
humana.
Por ello, la corporalidad del sujeto
concreto [hombre, mujer, negro(a),
blanco(a), indio(a), mestizo(a),
campesino(a), asalariado(a), anciano(a),
niño(a), migrante, trabajador(a) por cuenta
propia, desempleado(a), etc.]; resulta ser
un concepto clave para una economía
orientada hacia la reproducción de la vida;
que no puede limitarse a la «cuestión
social», por más importante que esto sea.
Y no se trata únicamente de la
corporalidad del individuo, sino de la
corporalidad del sujeto en comunidad. La
comunidad tiene siempre una base y una
dimensión corporal. Se trata del nexo
corporal entre los seres humanos y de
estos con la naturaleza. Toda relación entre
los seres humanos tiene necesariamente
esta base corporal y material, en la cual
diariamente se juega la vida o muerte de la
gente: su sobrevivencia, su actuar en
comunidad, sus condiciones de existencia.
Podemos llamar a esta red de relaciones
sociales o socio-naturales (entre los seres
humanos y de estos con la naturaleza),
Sistema de Coordinación del Trabajo Social;
y en cuanto especificación de la actividad
humana a partir del trabajo lo podemos
comprender como integrado por dos
subsistemas interdependientes y
superpuestos:
1. El subsistema de la división social del
trabajo orientado a la producción de los
valores de uso que hacen posible la vida de
los sujetos productores, esto es, el sistema
interdependiente de la división del trabajo
que produce los bienes materiales de la
sociedad. Es el «trabajo productivo»,
trabajo productor de la riqueza producida.
Más que un subsistema, es el esqueleto, la
columna vertebral de la coordinación del
trabajo social.
2. El subsistema de la reproducción de las
condiciones materiales que hacen posible
la vida humana: i) la reproducción de la
propia base económica (“aparato
productivo”), ii) la reproducción de la
infraestructura ecológica y, iii) la
reproducción de la propia vida humana y
de las relaciones sociales y los modos de
convivencia entre los seres humanos. Es el
«trabajo reproductivo», trabajo de
reproducción y regeneración de las fuentes
originarias de toda riqueza humana: el
propio ser humano y la naturaleza.
A su vez, este segundo subsistema (que
ontológicamente contiene al primero), lo
podemos analizar desde una doble
perspectiva:
2.1 Como reproducción de la naturaleza
externa al ser humano, en la medida en
que ésta es asimilada, modificada y
transformada por la actividad humana.
Implica el conocimiento, la preservación, el
cuido y el respeto de los ciclos y equilibrios
de la naturaleza;
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2.2 Como reproducción de la propia vida
humana: procreación, crianza, cuido,
manutención, trabajo familiar doméstico,
educación, socialización, afectividad,
convivencia (al interior de la tribu, el clan,
la familia u otras instituciones más
recientes como la escuela, el gremio, la
comunidad, la empresa, etc.).
Se trata en efecto de sistemas
interdependientes y superpuestos. Así por
ejemplo, muchas de las actividades del
trabajo doméstico y de cuido requieren
valores de uso provenientes del sistema de
división social del trabajo, al tiempo que
éste no puede subsistir sin el trabajo
doméstico y de cuido (reproducción de la
fuerza de trabajo, entre otros aspectos).
Igualmente, la preservación y cuido de la
Naturaleza también necesita de valores de
uso suministrados por el sistema de
división social del trabajo y éste, claro está,
exige la continua reproducción de aquella.
También tenemos interacciones e
imbricaciones entre los dos subsistemas
que delimitan la reproducción de las
condiciones materiales de la vida.
Por eso, una «Economía para la Vida» es el
análisis de la vida humana en la producción
y reproducción de la vida real y sus
condiciones de existencia, y la expresión
“normativa” de la vida real es el derecho
de vivir. Lo que es una Economía para la
Vida (en cuanto disciplina teórica), puede
por tanto resumirse así: Es un método que
analiza la vida real de los seres humanos en
función de esta misma vida y de la
reproducción de sus condiciones
materiales de existencia (económicas,
ecológicas y culturales). Este criterio de
discernimiento se refiere a la sociedad en
su conjunto y rige asimismo para la
economía.
EECCOOBBRREEVVEESS
AARRGGUUMMEENNTTOO CCOONNTTRRAA EELL CCAAFFTTAA
Leonel Herrera. ARPAS
La Asociación de Proveedores Agrícolas
(APA) y la Cámara Americana de Comercio
(AmCham) han puesto el grito en el cielo
porque el gobierno le compra la semilla
para los paquetes agrícolas a cooperativas
salvadoreñas, y no a multinacionales como
Monsanto.
Según la APA y AmCham, el decreto del
Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), que favorece a los productores
nacionales frente a las compañías
extranjeras, violenta el Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica y Estados
Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés).
La queja es porque, según el CAFTA, los
gobiernos deben dar a las empresas
extranjeras el mismo trato que las
nacionales. Es el llamado principio de
“trato nacional a empresas extranjeras”,
que limita las políticas sectoriales y
subsidiarias con las cuales los Estados
promueven la producción propia
.
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Esto confirma las consecuencias negativas
del CAFTA en el ámbito de las políticas
públicas, la autodeterminación y la
soberanía. Resulta que, bajo este principio,
el gobierno salvadoreño está obligado a
tratar de igual manera a las pequeñas
cooperativas agrícolas y a Monsanto.
Otro efecto nocivo del CAFTA lo generan
las disposiciones sobre inversiones y
resolución de controversias entre los
Estados y las transnacionales. Bajo estos
criterios el país ha sido demandado por las
mineras Pacific Rim y Commerce Group, en
el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
En este caso, el gobierno –con el propósito
de evitar un desastre ecológico– no ha
permitido la explotación minera y ha
negado los permisos a las mineras. Sin
embargo, esto está prohibido por el CAFTA
debido al principio de expropiación
indirecta.
El CAFTA considera expropiación indirecta
cualquier política pública (de protección
ambiental, laboral, de salud, etc.) que
perjudique las ganancias o las expectativas
de ganancias de las empresas.
Cuando el CAFTA estaba en discusión, las
organizaciones populares advirtieron sobre
los efectos nocivos que se tendrían con la
aplicación de los principios de “trato
nacional a empresas extranjeras”,
“expropiación indirecta”, “trato de nación
más favorecida”, entre otros, pero el
entonces presidente Antonio Saca y la
derecha legislativa no hicieron caso.
Ojalá que los evidentes daños del CAFTA,
ahora imposibles de negar, sean tomados
en cuenta por los magistrados de la Sala de
lo Constitucional ahora que analizan una
demanda de inconstitucionalidad al
respecto.
FFOORROO DDEE AAGGUUAA RREECCHHAAZZAA IINNCCLLUUSSIIÓÓNN DDEE AANNEEPP EENN CCOONNAAGGUUAA
Redacción Diario Co Latino
Representantes del Foro del Agua y de
diversos municipios del país rechazaron la
posible entrada de la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP) en la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
“Rechazamos la incorporación de la ANEP
en la CONAGUA; porque se le quite la
visión de ente público, deja una mala señal,
pues los empresarios son sujetos de
regulación en la ley, por lo tanto, al entrar
se volverían juez y parte”, dijo Carlos
Flores, del Foro.
En 2006, el Foro presentó a la Asamblea
Legislativa un proyecto de la Ley General
de Aguas, tras seis años, el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) hizo una nueva propuesta a las y
los legisladores.
En ambos proyectos se plantea la
necesidad inmediata de que el país tenga
una normativa que defina la
institucionalidad, disposiciones,
procedimientos e instrumentos para
ordenar y regular la gestión sustentable de
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los recursos hídricos de El Salvador,
“promoviendo el acceso al agua como un
Derecho Humano fundamental y como un
bien común para toda la población
salvadoreña bajo el principio de una vida
digna con calidad”, indicó el Foro a través
de un comunicado.
Flores dijo que hay una discusión sobre los
citados anteproyectos, pero esta es lenta
porque hay un estancamiento deliberado
promovido por el partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), que
también está promoviendo que ANEP se
una a la Comisión.
Según el ambientalista, esto sólo responde
a intereses económicos para beneficiar a
los grupos poderosos del país.
“Denunciamos las acciones de burla del
partido ARENA, influenciados por la ANEP.
ARENA incorpora a ANEP como miembro
de la sociedad civil, en representación de
nuestras organizaciones sociales, esa fue la
inclusión que se hizo el pasado martes,
nosotros como Foro rechazamos
enérgicamente la participación de la
empresa privada en el ente regulador”,
recalcó.
Aseguró la empresa privada es de los
sectores que más contaminan el país,
causan deterioro ambiental y tienen
injerencia en la problemática ambiental
actual. “La ANEP ha rechazado que en
otros cuerpos legales, se actué así, porque
dicen que ninguna instancia pública se
puede ser juez y parte, pero ellos sí pueden
serlo en el tema del agua. Si los incluye
ARENA es dar pie a que se continúe con la
injusticia, con la inequidad y que se
promueva un proceso de privatización
donde la empresa privada se siga robando
el agua en el país”, concluyó.
CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS DDEE UUSSUULLUUTTÁÁNN PPIIDDEENN CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSPPEECCIIAALL PPAARRAA IINNVVEESSTTIIGGAARR EENNEELL --
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Zoraya Urbina. Redacción Diario Co Latino
Comunidades de la Coordinadora por la
Defensa de la Subcuenca del Río San
Simón, del Norte de Usulután, pidieron a la
Asamblea Legislativa que forme una
comisión especial para que investigue el
contrato suscrito en el Gobierno de
Francisco Flores, entre Enel y La Geo.
“Pedimos a la Asamblea que cree una
comisión para que investigue en qué
condiciones se hizo el contrato entre La
Geo y Enel. A nosotros nos afecta, desde
2002 estamos denunciando a la empresa
La Geo, de generar situaciones de riesgo en
la zona, contaminan el agua y generan
problemas a la salud”, dijo Alma Orellana,
del Observatorio Ciudadano de Políticas
Públicas de la zona norte y de la
Coordinadora.
Las y los pobladores estuvieron
acompañados por la Red de Ambientalistas
en Acción; la Fundación de Estudios para la
Aplicación del Derecho (FESPAD) y la
Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que
expusieron que desde hace años, los
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habitantes de la zona han pedido a la
empresa que responda por los daños
provocados al Medio Ambiente, los
impactos sociales y económicos negativos
para el lugar, pero no han tenido
respuesta.
Asimismo, expresaron su rechazo
categórico al acuerdo que permitió que la
trasnacional italiana se convirtiera en socia
estratégica de La Geo, “es una burla y una
amenaza a los pobladores y pobladoras de
la zona que por años hemos recibido los
impactos del accionar de esta empresa
pública”, manifestaron.
“Pedimos también que se deduzcan las
responsabilidades que tuvieron los
funcionarios en el acuerdo, porque aunque
es una empresa de economía mixta, al
final, se quieren enriquecer con los bienes
del Estado”, dijo Zenayda Serrano, de
FESPAD.
Demandaron que se cite al ex Presidente
Francisco Flores Pérez, a Miguel Lacayo,
José Antonio Rodríguez, Guillermo Sol Bang
y a todos los que pueden estar
involucrados en la posible defraudación
pública para que den explicaciones a la
Asamblea.
También pidieron que el órgano legislativo
“revise el contrato, tomando en cuenta el
fallo que emitió la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, que
establece la inconstitucionalidad de los
artículos de la Ley de la SIGET
(Superintendencia General de Electricidad
y Telecomunicaciones) que la autorizaban a
otorgar concesiones”.
Pidieron que, como comunidades
afectadas, se les tome en cuenta y se les
permita exponer todos los impactos
negativos que les ha causado el
funcionamiento de la empresa en el
territorio. Finalmente, indicaron que los
recursos energéticos deben ser
administrados por el Estado y no por
trasnacionales.
@UNES_ElSalvador