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INFORME DE PARTICIPACIÓN Reunión conjunta de las comisiones de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Sen. Juan José Jiménez Yáñez 04 y 05 de julio de 2019 Ciudad de Panamá, Panamá

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INFORME DE PARTICIPACIÓN

Reunión conjunta de las comisiones de Energía y

Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño

Sen. Juan José Jiménez Yáñez

04 y 05 de julio de 2019

Ciudad de Panamá, Panamá

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Informe de Participación como integrante a la reunión conjunta de las comisiones de Energía y

Minas y de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) 1

CONTENIDO

I. Introducción ........................................................................................................................................ 2

a. Marco Jurídico ....................................................................................................................................... 2

b. Sobre el Parlamento Latinoamericano y Caribeño................................................................................ 3

c. Sobre la estructura del Parlatino ........................................................................................................... 4

La Asamblea .......................................................................................................................................... 4

La Junta Directiva .................................................................................................................................. 5

Las Comisiones Permanentes ............................................................................................................... 6

d. Sobre las leyes marco o leyes modelo del Parlatino ............................................................................. 7

II. Participantes ...................................................................................................................................... 8

III. XXXIII Reunión de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento

Latinoamericano y Caribeño. ............................................................................................................. 9

Primer proyecto: ...................................................................................................................................... 9

Intervención .............................................................................................................................................. 9

Resolución ............................................................................................................................................... 11

Acta de la reunión. ................................................................................................................................. 11

IV. Reunión conjunta Comisión de Medio Ambiente y Turismo y Comisión de Energía

y Minas ..................................................................................................................................................... 12

Primer proyecto: .................................................................................................................................... 12

Resolución ............................................................................................................................................... 12

Segundo proyecto: ................................................................................................................................. 13

Intervención ........................................................................................................................................ 13

Resolución ........................................................................................................................................... 15

Acta de la reunión. ................................................................................................................................. 15

V. Reflexiones Finales ......................................................................................................................... 16

VI. Galería Fotográfica ....................................................................................................................... 17

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I. Introducción

a. Marco Jurídico

El artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

faculta al senado de manera exclusiva para: Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales

que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al

Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo

Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar,

retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

Por otro lado, el Título Noveno, Capítulo Primero del Reglamento del Senado de la

República señala las disposiciones reglamentarias acerca de la Diplomacia

Parlamentaria y las Relaciones Internacionales.

El artículo 280 del mismo ordenamiento, define en su numeral 1 a la diplomacia

parlamentaria como: La actividad desarrollada por el Senado, por sí mismo o como parte del congreso de la Unión, en

sus relaciones con parlamentos, congresos, cámaras o asambleas legislativas de carácter nacional

de otros países, y con las organizaciones internacionales que los agrupan.

Y puntualiza en el numeral 3 que: "la diplomacia parlamentaria y las relaciones

internacionales que realiza el Senado se apegan a los principios normativos de política

exterior".

El artículo 281, numeral 1 fracción III, establece que la diplomacia parlamentaria incluye

la "presencia y el trabajo en foros multilaterales convocados por organizaciones

internacionales de carácter gubernamental".

Asimismo, el artículo 282 numeral 1, señala que en apoyo a la diplomacia parlamentaria

"y a las relaciones internacionales del Senado, se cuenta con el Centro de Estudios

Internacionales Gilberto Bosques".

Por otro lado, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República en el oficio

JCP/ST/LXIV/388/19 autorizó la participación del Sen. Juan José Jiménez en calidad de

integrante a la reunión conjunta de las comisiones de Energía y Minas y de Medio

Ambiente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

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b. Sobre el Parlamento Latinoamericano y Caribeño Nota: Se incluyen en esta sección fragmentos de la información proporcionada por

parte del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) es un Organismo autónomo de

carácter regional, el cual, desde su fundación, ha buscado ser un mediador en los

distintos conflictos entre sus países integrantes, es también un defensor de los principios

de integración, no intervención, y autodeterminación de los pueblos que se encuentran

en el centro de la política exterior de sus miembros.

El Parlatino cuenta con 23 Países Miembros: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile,

Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Isla de San Martín,

Surinam, Uruguay y Venezuela.

Los idiomas oficiales de trabajo son el español y el portugués, y su sede actualmente se

encuentra en Panamá.

Este foro se constituyó formalmente el 10 de diciembre de 1964 mediante la Declaración

de Lima, y el 16 de noviembre de 1987 se firmó del Tratado de Institucionalización del

Parlamento Latinoamericano, en cuyo Artículo 1° quedó establecido como “(…) un

organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los Parlamentos Nacionales

de los países soberanos e independientes de América Latina y el Caribe, elegidos

democráticamente mediante sufragio popular (…)”. Sus principios permanentes son:

• La defensa de la democracia;

• La integración latinoamericana y caribeña;

• La no intervención;

• La autodeterminación de los pueblos;

• La pluralidad política e ideológica como base de una comunidad latinoamericana democráticamente organizada;

• La igualdad jurídica de los Estados;

• La condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia política y la integridad territorial de cualquier Estado;

• La solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales;

• La prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.

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Entre sus propósitos, están:

• Velar por el estricto respeto a los derechos humanos;

• Defender la plena vigencia de la libertad, la justicia social, la independencia económica y el ejercicio de la democracia representativa y participativa, con elecciones libres y transparentes y con estricto apego a los principios de la no intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos y la vigencia del Estado de Derecho;

• Fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana y pugnar porque alcance la plena integración económica, política, social y cultural de sus pueblos;

• Luchar por la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, racismo y cualquier otra clase de discriminación en América Latina y el Caribe;

• Estudiar, debatir y formular políticas de solución a los problemas sociales, económicos, culturales, ambientales y de política exterior de la comunidad latinoamericana y caribeña;

• Contribuir a la consecución de la paz, la seguridad y el orden jurídico internacionales, denunciando y combatiendo el armamentismo y la agresión de quienes sustenten la política de la fuerza, que son incompatibles con el desarrollo económico, social, cultural, tecnológico y ambiental de los pueblos de América Latina y el Caribe;

• Propugnar por el fortalecimiento de los parlamentos de América Latina y el Caribe, garantizando así la vida constitucional y democrática de los Estados,

• Impulsar la armonización legislativa mediante la elaboración de proyectos de leyes modelo.

c. Sobre la estructura del Parlatino El artículo V del Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano estipula la composición y las funciones de los órganos que componen el Parlatino: la Asamblea, la Junta Directiva, las Comisiones Permanentes y la Secretaría General.

La Asamblea

La Asamblea es el órgano principal del Parlatino y está integrada por todos los Estados Partes del Tratado de Institucionalización, los cuales se reúnen ordinariamente cada año en la Sede Permanente. Las delegaciones nacionales están compuestas por un número máximo de doce miembros que deben ser proporcionales a los partidos políticos o grupos parlamentarios de sus respectivas legislaturas las cuales cuentan con derecho a voto.

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Para sesionar la Asamblea requiere de la asistencia de más de la mitad de los Parlamentos miembros, cuyos delegados representen, por lo menos, un tercio del total de votos.

La Asamblea elige al Presidente, al Presidente Alterno, al Secretario General, al Secretario General Alterno, al Secretario de Comisiones, al Secretario de Relaciones Interparlamentarias y al Secretario de Relaciones Interinstitucionales del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

La Junta Directiva

La Junta Directiva está integrada por un Presidente, un Presidente Alterno, un Secretario General, un Secretario General Alterno, un Secretario de Comisiones, un Secretario de Relaciones Interparlamentarias, un Secretario de Relaciones Interinstitucionales, un Presidente Delegado y 23 Vicepresidentes (uno por cada Congreso miembro). La Junta se reúne dos veces al año y es la máxima autoridad cuando no esté sesionando la Asamblea. Como parte de sus funciones, la Junta Directiva deberá promover el acercamiento e

ingreso de los Parlamentos Nacionales de los Estados latinoamericanos y caribeños que

no forman parte de la Organización; resolver las solicitudes de admisión o ingreso;

transmitir a la Asamblea la solicitud de suspensión por cinco o más Parlamentos

miembros en contra de algún Parlamento; y elaborar o encomendar la preparación de

los documentos de trabajo sobre los temas de las agendas.

Actualmente la mesa directiva se conforma por los siguientes miembros:

Miembros de la Mesa Directiva 2019-2021

Presidencia Sen. Jorge Pizarro Soto-Chile

Presidencia Alternativa Asamb. José Serrano –Ecuador

Secretaría General Dip. Pablo González-Uruguay

Secretaría General Alterna Sen. Lucía Meza Guzmán-México

Secretaría de Comisiones Dip. Rolando González Patricio-Cuba

Secretaría Alterna de Comisiones Sen. Silvia Del Rosario Giacoppo-Argentina

Secretaría de Relaciones

Interparlamentarias

DIp. Karine Niño Gutiérrez-Costa Rica

Secretaría de Relaciones

Interinstitucionales

Dip. Leandro Ávila-Panamá

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Las Comisiones Permanentes

Las trece Comisiones Permanentes son consideradas en su conjunto como el órgano especializado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, siendo responsables del análisis, estudio e investigación sobre sobre temas políticos, sociales, económicos, culturales, jurídicos, laborales, derechos fundamentales, sanitarios, ambientales, agropecuarios, servicios públicos, corrupción y todos aquellos que en común interesan a América Latina y el Caribe. Están integradas por un Presidente y por dos Vicepresidentes designados por la Junta

Directiva para un periodo de dos años. Cabe mencionar que, por resolución de la XIX

Asamblea Ordinaria del Parlatino celebrada en São Paulo los días 7 y 8 de noviembre

del 2002, la Junta Directiva decidió reducir de 21 Comisiones Permanentes a solo 13

Comisiones, las cuales están integradas en los Artículo Quinto del Tratado de

Institucionalización a saber:

• Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional.

• Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración.

• Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias.

• Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación.

• Comisión de Energía y Minas.

• Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos

• Comisión de Medio Ambiente y Turismo.

• Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud.

• Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias.

• Comisión de Salud.

• Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor

• Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y el Crimen Organizado.

Particularmente, la Comisión de Energía y Minas atiende el estudio y genera recomendaciones en lo referente a las fuentes convencionales y no convencionales de energía; las políticas y procedimientos de exploración y explotación minera; el impacto ambiental y el agotamiento de recursos no renovables y recursos estratégicos.

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d. Sobre las leyes marco o leyes modelo del Parlatino El Parlatino, fundamentalmente a través de sus Comisiones Permanentes y con apoyo

de los Organismos Internacionales con los que tiene acuerdos de cooperación

interinstitucional, ha elaborado proyectos y propuestas de Leyes Marco o Leyes Modelo

en temas tan diversos como la salud, el crimen cibernético, comunidades indígenas,

afrodescendientes, derechos de la Madre Tierra, gestión de riesgo de desastres,

protección contra la violencia feminicida, derecho a la alimentación, combate y

prevención de la trata de personas, cambio climático, pesca artesanal entre otras.

La expresión "Ley Marco” comprende todo acto legislativo aprobado por los Órganos del

Parlamento Latinoamericano con el objetivo de establecer criterios normativos para

alcanzarse en los Países Miembros en favor de la armonización legislativa, pilar

ineludible de la integración y la cooperación entre legisladores de la región en la

construcción de normas de avanzada tendientes a reafirmar los principios y propósitos

del Parlamento Latinoamericano. (Art. 1 Res. AO/2008/01). No obstante, las Leyes

Marco no tienen carácter vinculante y dependerá de casa país, adoptarlas, acoplarlas

y aprobarlas para convertirlas en ley.

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II. Participantes

A la Reunión de la Comisión de Energía y Minas participaron los siguientes miembros

(ordenados en orden alfabético por país):

Sen. Dalmacio Mera

Argentina

Dip. Edgar Mejía Aguilar

Bolivia

Dip. Issa Kort (Presidente)

Chile

Sen. Yaël Plet

Curazao

Sen. Stephen Walround Curazao

Asamb. Dennis Marin

Ecuador

Dip. Gerardo Fernández Noroña

México

Sen. Juan José Jiménez

México

Dip. Jorge Pozzi

Uruguay

Asamb. Oscar Figueroa Venezuela

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III. XXXIII Reunión de la Comisión de Energía y Minas del

Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

La reunión de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y

Caribeño tuvo lugar con representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Curacao, Ecuador

México, Uruguay y Venezuela, además del Secretario de Comisiones del Parlatino, el

Dip. Rolando González.

Dentro del orden del día de la reunión se desarrolló la discusión de diversos temas, y se

presentó un proyecto para su aprobación.

Primer proyecto: Prohibición a importar autos a Latinoamérica con motores a NAFTA y GASOIL.

El Dip. Jorge Pazzi detalló la propuesta haciendo especial énfasis en el uso de la energía

en temas de transporte a partir de la realidad latinoamericana y decisiones que han

tomado otros países o regiones.

El Dip. Issa Kort, presidente de la Comisión, planteó una acción en el sentido de redactar

un proyecto de resolución y en paralelo avanzar con un proyecto de Ley Modelo sobre el

mismo tema.

Intervención

Dentro de este primer tema a discusión transcribo aquí mi participación:

Nuestro organismo es muestra de la voluntad de nuestros pueblos para promover la

integración latinoamericana y caribeña.

El tema a discusión no es un tema menor para la región. Los vehículos a nafta y a gasoil, es

decir, a gasolina y diésel, son los causantes del 23% de las emisiones globales de Dióxido

de Carbono (CO2), según el Banco Mundial; y en nuestra región más de 100 millones de

personas habitan en áreas susceptibles a la contaminación del aire.

La Organización Mundial de la Salud, afirma que cada año 7 millones de personas mueren

como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica. En latinoamérica,

donde 8 de cada 10 latinoamericanos viven en las urbes, la contaminación del aire no sólo

es un tema ambiental, sino también un asunto de salud pública.

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Respecto al panorama de vehículos de importación, nuestros marcos normativos difieren en

cuanto a la importación de vehículos usados, provenientes en su mayoría de Japón, Estados

Unidos, Tailandia, Reino Unido y Alemania. En algunos países de la América del Sur se ha

incorporado la norma “Euro 3” sobre la importación de vehículos ligeros. También, la

prohibición de vehículos usados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y

Venezuela, es un ejemplo para el fortalecimiento del mercado interno de vehículos usados,

así como la disminución del riesgo ambiental al importar nuevos.

Ahora bien, para México, esta proposición a la prohibición de importación de vehículos a

gasolina y diésel, resulta de especial interés porque en 2017 representamos al séptimo

productor mundial de vehículos, y al 1er productor de América Latina, de acuerdo a la

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Esta industria contribuye al 2.3% del PIB

del país.

Sin embargo, el fortalecimiento del mercado mexicano, y del latinoamericano, se ve

aminorado por la entrada de los llamados vehículos “chatarras”. Este fenómeno ha inhibido

en México el crecimiento potencial del mercado nacional de vehículos nuevos y usados. De

hecho, una de las prioridades para la industria son las medidas de control en la importación

de vehículos usados. No sólo por las repercusiones económicas, sino también por las

consecuencias ambientales y de seguridad pública.

En el periodo de 2005 a 2017, los vehículos usados se importaron en un 55% con respecto

a los vehículos nuevos. Esto nos ha llevado a que el 25% del parque vehicular de unidades

ligeras en 2017, lo conformen vehículos de más de 15 años; mientras que en unidades

pesadas, el 50% tienen más de 15 años. Esto muestra la posible amenaza que representarán

para la industria, el ambiente y la seguridad de los habitantes. En este sentido, propongo

asegurar una transición energética no antes del 2050 para reducir la importación de

productos de nafta y gasoil a Latinoamérica. Esta acción tiene que ser realizada a largo plazo

para no tener un impacto económico negativo en la industria automotriz, pero sí ser claros

en que es urgente transitar hacia la producción de vehículos que funcionen con energías

alternativas.

En segundo lugar, y como una medida necesaria y efectiva para combatir el deterioro

ambiental en las ciudades de la región, propongo que los países aquí reunidos, busquemos

alternativas para reducir la importación de vehículos usados en un mediano plazo.

Me gustaría comentarles que los vehículos usados han sido señalados como una

problemática en las reuniones de 2013 y 2015 de la Red Regional Intergubernamental de

América Latina y el Caribe sobre Contaminación Atmosférica. En la reunión de 2015, se

acordó un Plan de Acción Regional sobre Contaminación Atmosférica, que se comprometió

a reducir el fenómeno contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

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Una de nuestras metas a mediano plazo, como lo mencioné anteriormente, sería reducir el

10% del total del parque vehicular de unidades ligeras de más de 15 años de uso, y el 20%

en el caso de vehículos pesados con la misma condición, comprometiéndonos a lograr esto

en un periodo no mayor a 10 años.

En tercer lugar, con el mismo propósito de cuidar el medio ambiente, propongo priorizar los

medios de transporte público en las urbes de América Latina. Crear leyes que permitan

diseñar un transporte público eficiente, eficaz y funcional adecuado para las demandas de

cada urbe en Latinoamérica. Utilizar el transporte público significa menos automóviles y por

lo tanto menos contaminación. Debemos de repensar nuestras ciudades y planificarlas para

las personas, para transportes alternativos y no para los automóviles.

Con estas propuestas, me sumo al diálogo en espera de sus consideraciones y aportaciones

para enriquecer el tema que nos convoca esta reunión de trabajo.

Después de la intervención de un servidor, los Diputados Mejía, Pozzi y el Secretario de

Comisiones continuaron el debate con miras a detallar los puntos de una posible

resolución.

Resolución

La resolución propuesta fue aprobada de manera unánime por la comisión respecto al

primer proyecto. El resolutivo se presenta de manera íntegra a continuación:

La Comisión de Energía y Minas, […], han acordado la siguiente declaración:

[…]

RESUELVE

Manifestar la importancia para esta comisión de buscar diversas y actuales regulaciones

legislativas o normativas a la importación o producción de vehículos con motores que

consuman hidrocarburos, buscando desalentar el uso de vehículos que utilicen

combustibles fósiles; en un proceso paulatino donde cada país establezca una fecha para

alcanzar este objetivo.

Solicitar a la Junta Directiva del PARLATINO tenga a bien evaluar, discutir y aprobar este

Proyecto de Resolución y sea incorporada a la propuesta formal y final que éste haga a

la Organización de la COP 25 próxima a desarrollarse en diciembre de 2019 en Santiago

de chile.

Acta de la reunión. Al final de este documento se anexa el acta correspondiente a la reunión.

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IV. Reunión conjunta Comisión de Medio Ambiente y

Turismo y Comisión de Energía y Minas

La reunión conjunta de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo y la Comisión de

Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, tuvo lugar con

representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Curacao, Ecuador, Guatemala, México,

Uruguay y Venezuela.

Dentro del orden del día de la reunión se desarrolló la discusión sobre dos proyectos a

discutir, a continuación se da cuenta de ambos.

Primer proyecto: Creación de un Tribunal Ambiental Latinoamericano.

El diputado Gerardo Amarilla de Uruguay expuso el proyecto en cuestión e

inmediatamente después fue sometido a votación, y fue aprobado por unanimidad.

Resolución

La resolución propuesta fue aprobada de manera unánime por los legisladores de ambas

comisiones. El texto íntegro del resolutivo se presenta a continuación:

Los legisladores de las Comisiones de las Comisiones de Energía y Minas y Medio

Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y del Caribe (sic), […] adoptan de

común acuerdo la siguiente declaración:

[…]

RESUELVE:

1. Formalizar una propuesta de crear un Tribunal Ambiental Latinoamericano y Caribeño,

así como una Convención Regional Ambiental que establezca normas a ser cumplidas

por nuestros países.

2. Solicitar a la Junta Directiva del PARLATINO tenga a bien evaluar, discutir y aprobar

este Proyecto de Resolución y que el mismo sea incorporada a la propuesta formal para

presentar a la Organización de la COP 25 próxima a desarrollarse en diciembre de 2019

en Santiago de Chile.

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Segundo proyecto: Proyecto de Ley Modelo de Gestión integral de Riesgos

La Sen. Sigrid Kunath de Argentina y la Asambleísta Ana Belén Marín de Ecuador,

presentan el proyecto destacando la necesidad de un abordaje integral y articulado entre

los distintos organismos, jurisdicciones y organizaciones civiles que fortalezcan y

optimicen las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la

recuperación.

Intervención

Dentro de este segundo proyecto, transcribo aquí mi participación:

Con el permiso de la junta directiva, saludo a todas y todos mis colegas legisladores de

los Estados miembros del Parlamento Latinoamericano, miembros de estas comisiones.

Nuestro organismo es muestra de la hermandad de nuestros pueblos y nuestra voluntad

para promover la integración latinoamericana y caribeña, así como la pluralidad política e

ideológica como base de una comunidad latinoamericana democráticamente organizada.

Ahora bien, me gustaría destacar la importancia del tema que nos atañe en este

momento. De acuerdo con la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de

Desastres, foro reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre 1998

y 2017, los peligros naturales climáticos y geofísicos mataron a 1.3 millones de personas

y dejaron a cerca de 4.4 billones heridos, sin hogar, desplazados o en necesidad de

asistencia de emergencia.

La trascendencia de establecer sistemas integrales para la gestión integral de riesgos ha

sido promovida a nivel internacional desde los años 90 por parte de la ONU. Hemos

transitado a nivel internacional desde la “Estrategia de Yokohama para un Mundo más

Seguro” en 1994, hasta suceder el Marco de Hyogo por el actual “Marco de Sendai para

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030”.

Los cambios más importantes incluidos en este nuevo marco son precisamente el énfasis

en la gestión del riesgo de desastres y no en la gestión de desastres. Incorpora también

principios rectores como la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y reducir

el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del

Estado.

Dentro de las siete metas establecidas en el Marco de Sendai, destaco la prioridad de

incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de

reducción de riesgos de desastres a nivel nacional y local para 2020.

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Por otro lado, este Parlamento Latinoamericano también ha asumido su responsabilidad

con los Marco Internacionales, al contar con la Ley Marco sobre “Mitigación de Desastres”

para América Latina, aprobada en Panamá el 3 de diciembre de 2010. Esta ley se refiere

a la declaración del estado de emergencia o las situaciones excepcionales por desastres;

el sistema de medidas de protección civil; los responsables de las medidas de protección

civil y el aviso a la población; las reservas materiales para situaciones de desastres; las

fases de peligro; y cómo implementar los principios de mitigación de desastres.

Compañeras y compañeros legisladores, me gustaría ahora compartir la experiencia de

México en esta Materia. Destacando dos instrumentos importantes, el Sistema Nacional

de Protección Civil, y el Fondo de Desastres Naturales. El Sistema Nacional de Protección

Civil, incluye el Atlas de Riesgos, y el marco normativo incluye un tiempo máximo para

actualizar la información y así detectar oportunamente las zonas peligrosas en el territorio.

Sin embargo, como en todos los marcos normativos existentes, México presenta grandes

retos en materia de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres. De hecho, el marco

normativo existente, si bien es sólido, no es integral. Por eso, en un esfuerzo conjunto,

ambas cámaras del Congreso Mexicano, estamos realizando un esfuerzo para aprobar

una nueva Ley General para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección

Civil.

He tomado parte en este esfuerzo de manera personal, al pertenecer a la Comisión de

Gobernación del Senado de la República, quien, en conjunto con la Comisión de

Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados está coordinando

a académicos, funcionarios públicos federales y locales, organismos internacionales y

sociedad civil interesada, en tomar parte en esta nueva ley como un ejercicio de

parlamento abierto.

En este tema, he subrayado dos elementos que comparto con ustedes. El primero, la

necesidad inequívoca de incluir un Enfoque Basado en Derechos Humanos en la

prevención integral del riesgo. Para ello, consideramos las Observaciones Generales

realizadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; del Consejo

Económico y Social de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas

observaciones dan cuenta dan cuenta de la relación que debería de existir entre la gestión

integral de riesgos de desastres y el ejercicio de los derechos humanos consagrados en

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Considero de especial importancia la perspectiva de juventud y de género en el ejercicio

del derecho humano a la salud y a la educación. La gestión integral de riesgos debe de

garantizar que en las situaciones de desastres las mujeres jóvenes tengan garantizado el

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, pues como lo indica el Fondo de

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Población de las Naciones Unidas, es en situaciones de riesgo donde las adolescentes

son más vulnerables ante la violencia física y sexual.

El segundo aspecto que destaco de la experiencia de México, es la propuesta de incluir

la participación de las autoridades de protección civil en la planificación de las ciudades,

particularmente en el desarrollo de nuevas unidades habitacionales. Y aquí comparto el

caso del Estado que Represento ante el Senado de México. Querétaro, es un estado con

un crecimiento económico y poblacional considerable, por arriba de la media nacional. Y

si bien es un aspecto favorable para la calidad de vida de sus habitantes, nos estamos

enfrentando a cuestiones de desarrollo habitacional sin precedentes. Por lo que, ante una

falta de planificación urbana adecuada, las inundaciones en temporada de lluvia son un

fenómeno que continúa afectando a nuestros habitantes.

En resumen, abordar la gestión integral del riesgo es una prioridad internacional

estructurada hace casi 30 años. Y a pesar de ser relativamente reciente, instrumentos

como el Marco de Sendai, han fijado metas específicas a las cuales se han sumado

esfuerzos regionales como el realizado por este Parlamento Latinoamericano. La

experiencia de México en esta materia, presenta la oportunidad de contar con un Sistema

de Protección Civil Adecuado para la detección oportuna de zonas de riesgo, y la

necesidad de incorporar el Enfoque Basado en Derechos Humanos así como la

planificación participativa de las ciudades en la Gestión Integral de Riesgos de Desastres.

Es en este tenor que tomo parte en este diálogo hacia esta propuesta de Ley Modelo

sobre la Gestión Integral de Riesgo, con un enfoque de prevención y asegurando así, el

bienestar de los pueblos de nuestra América Latina.

Resolución

Los miembros de ambas comisiones acordaron la conformación de un Grupo de Trabajo

integrado por los Senadores Sigrid Kunath y Dalmacio Mera de Argentina, y de la

Asambleísta Ana Belén Marín de Ecuador, a fin de unificar los proyectos de leyes

modelos sobre la gestión integral de riesgos presentados por las legisladoras Kunath y

Marín en la reunión de la Comisión llevada a cabo el día 5 de julio en la Ciudad de

Panamá. El documento preparado por el Grupo de Trabajo será sometido a debate y

votación en la próxima reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo a

desarrollarse en Guatemala los días 15 y 16 de agosto del corriente año.

Acta de la reunión. Al final de este documento se anexa el acta correspondiente a la reunión conjunta de las

comisiones del parlatino.

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V. Reflexiones Finales

Realizar un ejercicio de Diplomacia Parlamentaria significa representar dignamente los

intereses de México en la arena internacional. Considerando los principios de política

exterior establecidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tomé parte como

integrante de la Comisión de Energía y Minas y la reunión conjunta de la Comisión de

Medio Ambiente y Turismo y la Comisión de Energía y Minas, del Parlamento

Latinoamericano y Caribeño.

Es un honor haber continuado con el papel que México ha desempeñado en la región de

América Latina, contribuyendo al liderazgo de nuestro país en la búsqueda de

consensos. Este ejercicio de diplomacia parlamentaria reúne a legisladores de toda la

región y es una muestra del multilateralismo. Todas y todos los participantes nos

dedicamos a buscar el diálogo y construir propuestas concretas para el beneficio de

nuestros representados.

Como parte de la comisión de energía, es necesario mencionar el reto que supone

alcanzar la sustentabilidad energética en América Latina, tomando en cuenta el estado

actual del consumo de combustibles fósiles en el parque vehicular. La resolución

adoptada por la comisión fue un interés común por desalentar el uso de vehículos que

utilicen hidrocarburos para su funcionamiento, poniendo de manifiesto la importancia de

encontrar energías alternativas para el transporte en la región.

Por otro lado, en la reunión conjunta de comisiones, las y los legisladores presentes

manifestamos nuestro compromiso de formalizar una propuesta para crear un Tribunal

Ambiental Latinoamericano y Caribeño, así como una Convención Regional Ambiental.

Esto es un primer paso para perseguir los delitos en contra del medio ambiente en la

región. Sin duda es una propuesta a la que daré seguimiento puntual desde el Senado

de la República.

Con esta participación, doy certeza que el consenso prevalece entre los parlamentarios

de la región. Cada proyecto fue aprobado sin menoscabo a las prioridades de política

exterior de México; de hecho, los acuerdos fortalecen nuestro compromiso como país

por alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030 de la Organización de las

Naciones Unidas. Ante los retos de Latinoamérica y el Caribe, el Parlatino deja de

manifiesto que la Diplomacia Parlamentaria es una herramienta para superarlos.

Ha sido un honor para mí representar a nuestro país.

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Informe de Participación como integrante a la reunión conjunta de las comisiones de Energía y

Minas y de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) 17

VI. Galería Fotográfica

Foto 1: Integrantes de la Comisión de Energía y Minas del PARLATINO

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Informe de Participación como integrante a la reunión conjunta de las comisiones de Energía y

Minas y de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) 18

Foto 2: Desarrollo de la discusión en el Parlatino

Foto 2: Desarrollo de la discusión en el Parlatino 2

Foto 3: Desarrollo de la discusión en el Parlatino 3