LA GUERRILLA RECURRENTE. Carlos Montemayor

Sobre el presente volumen

La guerra tiene un discurso pacifista y una esmerada justificación moral.Para captar la guerra es necesario atravesar y evaluar una compleja red de versiones políticas o económicas o en ocasiones religiosas y culturales.El discurso del poder va oscureciendo su naturaleza, su desenvolvimiento, su motivación, su movilidad. Hay un velo discursivo que cubre cada paso de la guerra, cada uno de sus hechos.Para comprender la guerra, implica distinguir entre discurso y hechos, analizar con paciencia en la región o modalidad que asuma implica distinguir y desprender la película discursiva que s ele adhiere, la cubre o distorsiona, en la guerra del ejército, en la guerrilla campesina, en los objetivos de seguridad nacional, en la guerra sucia, en el combate al narcotráfico regional o internacional, como la piedra de Sísifo interminable o al menos recurrente.Lo anterior Montemayor lo explicará con los siguientes temas:

- Los movimientos armados campesinos y su interpretación militar o política.

- La seguridad nacional como actividad política o como interpretación social para asegurar la estabilidad del Estado.

- La guerra sucia en México.

- La masacre el Tlatelolco.

- El proceso de militarización contra el crimen organizado.

Capítulo 1. La guerrilla recurrente. (resumen 1)______________________________________________________________________

Visión general de la persistencia de los movimientos armados campesinos en México, ensayo de 1999.

En el Conflicto en Chiapas, confluyen varios procesos de naturaleza diversa: agraria, social, económica e incluso religiosa.

Esta superposición de ámbitos obliga a considerar el conflicto chiapaneco desde perspectivas más variadas, que las solamente bélicas, puesto que sus consecuencias afectaran cultural y políticamente en México y varios países del continente.

Antecedentes que ayudan a entender la complejidad de lo actual.

Los antecedentes vivos van definiendo su propio pasado y en función del presente o incluso en función de soluciones futuras, los antecedentes adquieren relieves y pueden tornarse útiles y comprensibles por lo que estos antecedentes serán comentados en función de cambios y soluciones:

1) Chiapas 1 de enero de 1994

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- Detonante del conflicto actual.

- Se adelanta a la reapropiación de otros movimientos guerrilleros en el país.

- Tiene una dimensión regional.

- Tiene una suprarregional: Su repercusión y ubicación dentro de los movimientos guerrilleros identificados o latentes en el territorio nacional.

Desde la perspectiva oficial, los movimientos guerrilleros forman parte de una estrategia de combate y no de un análisis para comprenderlos como procesos sociales: elimina características sociales indispensables para entender políticamente los movimientos y para planear solución a fondo, para implementar solamente medidas policiacas o militares.

El ciudadanos esta obligado a entender los conflictos sociales, más allá de las partes comprometidas en el conflicto mismo, debe esforzarse en comprender los discursos que discrepan en la reducción de causas y soluciones, como procesos de transformación vital y no sólo como incidente fugaz de inconformidad social.

Movimientos guerrilleros en México, características:

- En México son constantes.

- Como recursos del pueblo y de ejércitos regulares, vencidos o militares sublevados.

- Un elemento es el núcleo armado y otro más las circunstancias sociales en que aparecen:

El primer elemento entra en el análisis gubernamental. El segundo se elimina para lo público, pero sirve como estrategia militar

para eliminar o neutralizar una guerrilla (zona rural).

Guerrilla en México en el siglo XX:

a) Originadas y asentadas en zonas campesinas (rural) ( Lucio Cabañas, EZLN, EPR):

- No es necesaria una formación ideológica, niveles bajos o inexistentes de escolaridad, la radicalización nace de las circunstancias sociales agrarias o políticas.

- Es regional, específica de una región no fuera de ella. No sale de la región.

- Las comunidades los cubren y esto aumenta su aspecto regional.

- Ataques militares, sin mirar las cuestiones sociales.

b) Originadas y asentadas en capitales de estados o ciudades ( urbanas):- Radicalización ideológica.

- Podrían suponer causas suprarregionales y movilidad mayor de sus células.

Recurrencia de las guerrillas

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a) Guerrilla Rural:-Pobreza extrema, discriminación, aislamiento, explotación, despojo, escasa o nula procuración de justicia.-Medidas militares recurrentes: demuestran ineficacia.

Elementos concomitantes:

- Lazos complejos y firmes de parentesco.- Lazos en idioma, cultura o religión.- Lazos naturales de la producción económica ejidal.

b) Guerrilla Urbana:

- Dos dinámicas para entender con mayor objetividad la génesis y las soluciones posibles de un movimiento armado.a) Dinámica social de polarización que se desarrolla y se expresan en circunstancias especificas regionales. b) La dinámica militar que se desarrolla.

De la claridad o confusión de estas dos se derivan las múltiples acciones para solucionar o agravar un conflicto.

2) Posibilidades de entender mal el planteamiento:a) Desvincular el núcleo armado de la guerrilla, de las condiciones sociales en

que se contiene.b) El vínculo es casual o mecánico, no hay una integración profunda entre

guerrilla y circunstancias regionales.

3) Posibilidad:

Reconocer que hay en efecto, un vínculo entre los núcleos armados y las condiciones sociales que la sostiene e incuban. Nos llevan a considerar como procesos social complejo y no como un fugaz caso de delincuencia.

Esto llevaría a programas gubernamentales de desarrollo, reformas municipales, agrarias, educativas o electorales.

Capítulo 1 (resumen 2).______________________________________________________________________

¿Qué razones puede tener un pueblo –ancianos, niños, hombres y mujeres silenciosamente cómplices -(sobre todo, indígena) para simpatizar con el EZLN?El autor insiste en que no estamos preparados para saber qué es indígena y qué no. La cultura es un entramado complejo que abarca alimentación, parentesco, valores morales, formas de ver el mundo.

Para los pueblos indígenas de México la relación con la tierra es otra; también la relación con el tiempo. En esta relación particular con el tiempo subyacen los secretos

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de la resistencia cultura y la capacidad combativa de los pueblos. El pasado sigue coexistiendo con el presente; la memoria indígena es un proceso de revitalización del pasado que tiene un fundamental vínculo con las luchas por la tierra, es decir, el tema agrario.

Serán varios los momentos y episodios de la lucha por la tierra desde el período posrevolucionario, marcados especialmente por los decretos presidenciales que afectaron los territorios de la selva Lacandona desde 1966. Entre los motivos que propiciaron los desplazamientos de comunidades de choles, tzeltales, tzotziles y tojolabales se encuentra la construcción de hidroeléctricas, empobrecimiento de la tierra, crecimiento demográfico, posibilidad de pedir tierra para fundar ejidos, explotación de la tierra e incluso explosión de volcanes. Otro de los factores fue la cesión de tierras a otros grupos étnicos de la zona (lacandones) y de la mano de esto, el ingreso de las empresas madereras y aserraderos que fomentaron aún más el desplazamientos de los ya desplazados.

Las comunidades desplazadas por el despojo conformarían eventualmente la base social fundamental del EZLN. La superposición consecutiva de decretos presidenciales y la impericia de los gobernadores para manejar los conflictos originados por esta situación, así como su predilección por apoyar a grandes propietarios y ganaderos en detrimento de comunidades indígenas se suma a la construcción de una red que procuraba desmantelar la unidad de los pueblos al fortalecer a agrupaciones cercanas al gobierno, permitiendo la creación de guardias privadas y, finalmente, presentando a las organizaciones independientes como invasoras o mediatizaoras de derechos agrarios de otras comunidades.

Es en este período donde las comunidades de desplazados de las Cañadas y los Altos aprendieron a pensar, actuar y a organizarse. Paralelamente, esta organización se daba de la mano con los nuevos cuadros religiosos de la diócesis de San Cristóbal. En 1992 se da otro golpe a las comunidades, ya no con un decreto presidencial, sino con la modificación al artículo 27 constitucional, que entre otras cosas, legalizaba los latifundios familiares o corporativos que la Revolución se había propuesto combatir.

Los gobiernos sucesivamente se habían encargado de favorecer la propiedad de la tierra en manos de terratenientes y ganaderos, y limitar, entorpecer o negar asignación legal de tierras a comunidades indígenas. Esto es una muestra de la violencia social ejercida sobre las comunidades.

* * *

Para 1996 el gobierno decide no reconocer los Acuerdos de San Andrés; no reanudar el diálogo de paz; continuar el cerco militar en la zona de las Cañadas y no frenar el surgimiento de grupos paramilitares en el estado de Chiapas. Con esto, el mensaje fue claro, la respuesta era militar. La primera medida era reducir la naturaleza política y social del EZLN a su capacidad de fuego pues una vez derrotado, no habría razones para negociar con él. Para cumplir este objetivo, el ejército echó mano de los grupos paramilitares que bloquearían el desarrollo movilización de las bases sociales zapatistas.

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El desgaste social mediante paramilitares es una estrategia que a largo plazo es de grandes costos sociales, ejemplo de ello es la masacre de Acteal. La violencia de esta manera crece e imputa los actos violentos a las comunidades, justificando así la intervención del ejército. Se alienta desde el gobierno una violencia incontrolable que apuntala una violencia guerrillera mayor a largo plazo. Es necesario entender que se está frente a una guerra, no ya para frenar el diálogo, sino para frenar la guerra misma.

Capítulo 2 : Los servicios de inteligencia

La aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el mes de enero de 1994, la del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en junio de 1996 y los atentados reivindicados por esta organización armada en oleoductos de Pemex en julio de 2007, demostraron, entre otras cosas, que los servicios de inteligencia en el Estado mexicano habían venido arrastrando desde hacía tiempo ciertos errores, ineficiencias y fisuras.

Montemayor explica que la caracterización de los movimientos guerrilleros desde la perspectiva oficial ya forma parte de una estrategia de combate y no de un análisis para comprenderlos como procesos sociales. Tal perspectiva elimina características indispensables para entender políticamente los movimientos armados y plantear su solución de fondo. El razonamiento oficial tiende a reducir al máximo los contenidos sociales, las motivaciones políticas y las condiciones de injusticia y desigualdad social extremas que privan en las regiones donde surge la guerrilla, pues de esa manera se favorece la aplicación de medidas sólo policíacas y militares.

Al análisis insuficiente, pues, se agrega el terror, la tortura, las desapariciones forzadas de personas, estos son rasgos característicos de una búsqueda de información que los servicios de inteligencia no podían obtener por otras vías más acordes con una estrategia que pudiéramos llamar, precisamente, inteligente.

En cierta medida, estos rasgos hablan de fallas en los servicios de seguridad nacional. El estado de excepción, la masacre, el terror, la guerra sucia son signos de la insuficiente labor de las instituciones responsables de prevenir o anticipar conflictos sociales y no solamente de planear la represión selectiva o indiscriminada, al actuar como fuerzas reactivas.

Montemayor también habla de la insuficiencia estratégica y operativa; él dice que se debe a un error de análisis, pero también se origina en cambios, fisuras, enfrentamientos o desplazamientos del personal que labora en las instituciones responsables en tales tareas. O mejor, se acentúan por el sometimiento de las funciones de seguridad nacional a los intereses políticos de los grupos de poder en turno.

Un ejemplo claro de lo anterior es que lo inesperado de la aparición del EZLN el 1 de enero de 1994, no fue una equivocación aislada, sino un eslabón conectado con otros errores no sólo graves, sino increíbles. El Ejército encontró el 29 de junio de 1993 un campamento militar de esta organización guerrillera y un mes después, en agosto, la Secretaría de Desarrollo Social decidió efectuar una derrama presupuestal importante en las Cañadas de Chiapas como un mecanismo que frenara, disuadiera o retrasara el posible levantamiento armado. Se comentó con asombro en esa Secretaría, que el

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gobernador interino de Chiapas prefirió construir con esos recursos un puente y una carretera para un rancho suyo en Bachajón. Fue un indicador claro de que en el gobierno estatal no se entendía la magnitud del movimiento social que estaba por estallar.

Las deficiencias en los servicios de inteligencia se evidenciaron de manera extrema: el secretario de Gobernación en ese momento, Patrocinio González Garrido, que había fungido poco antes como gobernador de Chiapas, no supo, no creyó o no entendió la dimensión de la movilidad social que representaba el EZLN y que lo tomó por sorpresa.

El EZLN y el EPR son instantes de una lucha social que se ha prolongado durante varias décadas en México. Su hipotético triunfo o fracaso social, no militar, no sería el éxito o el fracaso de un alzamiento, sino una nueva señal de la recurrencia de la guerrilla regional o de la continuidad secular de la resistencia indígena. Pero son episodios, igualmente, que hablan de fallas graves e históricas en las tareas y el sentido de la seguridad nacional en México.

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Se presenta el informe 2007 de Amnistía Internacional respecto a la sección México, específicamente en relación al conflicto de Oaxaca1 y San Salvador Atenco, donde se destaca que las “operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos”. Para el autor estos fueron casos singulares de la inminencia del retorno en México de una guerra sucia. Dan cuenta que la represión sangrienta sería la respuesta oficial frente a las exigencias de dignidad y paz social.

Este tipo de operativos es llamado técnicamente “control de masas”

Características: (1) Son cateos violentos e ilegales, generalmente de madrugada, cuya eficacia radica en gran parte por lo inesperado del operativo (la sorpresa como arma esencial). (2) Otro dato esencial es la (2) visible y contundente superioridad de armas. (3) Se sustentan en una violencia innecesaria desde la perspectiva de las víctimas. Esta violencia tiene la finalidad amedrentar de inmediato para facilitar las aprehensiones. Las aprehensiones numerosas conllevan devastación, robo y ultraje.

Las funciones de este tipo de aprehensiones colectivas: (1) amedrentar a la población para “disuadirla” de continuar con la “violencia social”. (2) ubicar combatientes. (3) identificar dirigentes. (4) retener a familiares de combatientes o de dirigentes. (5) seleccionar candidatos para la desaparición forzada o tortura.

Respecto al valor político y militar de este tipo de operativos: (1) requiere de una planificación anticipada (esa es su naturaleza táctica) (2) son resultado de una coordinación de varios sectores administrativos y políticos (esta coordinación multisectorial tampoco puede ser improvisada) (3) no son operativos de alto riesgo militar o policíaco, pero si tienen un alto riesgo político por la magnitud del mensaje social que encarnan. En esta dimensión es central la presencia de un “discurso demagógico” para deslindar a la autoridad política de la autoridad policíaca o militar. Se

1 Se constituye la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para apoyar la movilización de los docentes y exigir la renuncia del mandatario estatal donde hubo gran represión de la policía federal.

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requiere acá también una coordinación con los medios para silenciar y distorsionar lo ocurrido. (4) Se destaca que las jerarquías políticas también intervienen en la decisión del entrenamiento de los cuerpos policíacos o militares (se pone el ejemplo del entrenamiento de los Halcones en la década de los 70 por parte de EEUU).

Se señala que la Guerra sucia en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo, hubieran sido imposibles sin estos operativos.

VII

A partir de la declaración de Bill Clinton en 1995, en conjunto a los países más poderosos, referida a que “un ataque terrorista contra uno de nosotros es un ataque contra todos”, el autor señala que, el terrorismo puede pensarse como una “descalificación política unitaria” más que como un análisis social en términos reales.

El Informe global sobre terrorismo que da a conocer EEUU en el 2001 identifica 29 organizaciones terroristas en el mundo. Incluía 14 de tendencia extremista islámica y otras varias de extrema izquierda. Se incluyen entre otros a la FARC, ETA, IRA (Irlanda).

En el 2007 el Senado mexicano, en busca de una modernización de las leyes, reconoce el delito de terrorismo como una realidad mundial. Se presenta el texto central de esta reforma legislativa en México. Para el autor se trata de un retroceso legal porque se recurre a elementos ambiguos como “que produzcan alarma, terror en la población o en un grupo o sector de ella”. Para Montemayor, numerosos motivos y circunstancias que producen esos efectos no pueden tipificarse como evidencia terrorista (la invasión del ejército, el narcotráfico, los secuestros producen alarma y no se tipifican como terrorismo por ejemplo).

Lo central es que lo que se considera como “terrorista” responde a una descalificación política más que al terror mismo que producen. Y al respecto, para el autor, la seguridad nacional en México está en riesgo desde hace tiempo por el desmantelamiento del poder del Estado en el sistema bancario, por la imposible autosuficiencia alimentaria, por la expansión y hegemonía de los cárteles del narcotráfico, por el endeudamiento colosal del país, entre otras cosas.

La parte más riesgosa del asunto es el confundir el término terrorismo con la inconformidad social2. Destaca cómo, desde una visión militarista, lo que él considera como luchadores por la justicia o la libertad, se considera terrorismo. Por ejemplo la agencia noticiosa Reuters, luego del atentado de las torres gemelas, rechazó utilizar el término terrorista argumentando que, la definición de quién es o no es un terrorista, depende de una interpretación subjetiva: “lo que para alguien es un terrorista, para otro es un luchador por la libertad”. Ese riesgo de confusión se fundamenta, como se señaló, en el hecho que el término “terrorista” no explica, sólo identifica por descalificación a grupos proscritos utilitariamente. De esta manera es como EEUU 2 para mayor información sobre este tema ver “Chiapas, la rebelión indígena de Chiapas” de la misma autora.

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(y el poder dominante en general) distorsiona selectivamente las luchas de resistencia en el mundo.

El Senado mexicano en este sentido, al aprobar el término “terrorismo” como algo objetivo, comprobable y unívoco lo que hace es negar y reducir la comprensión de procesos sociales. Para Montemayor el análisis de estas organizaciones armadas tendría que ser político, económico, social y militar. El “terrorismo” como el viejo delito de “disolución social” podría abrir en el México actual las puertas a una represión con resultados imprevisibles (una represión a procesos sociales que nada tienen que ver con el terrorismo).

VIII

Este apartado se centra en el accionar del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) y su conflicto con el Estado Mexicano. El 24 de Mayo del 2007 se detienen 2 individuos en la ciudad de Oaxaca. El EPR denuncia que los detenidos pertenecen a su organización, que han sido torturados y que los medios de comunicación los censura. Frente a esto el Gobierno Federal debía demostrar que no estaba resurgiendo la guerra sucia. En el comunicado del día 10 de Julio el EPR se adjudica la autoría de dos atentados a instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro. Estos se interpretan como una demostración de la continuidad histórica de los elementos iniciales de la “Unión del Pueblo” y se revelan los objetivos precisos del EPR (no provocar muertes, afectar instalaciones estratégicas y en tal sentido Pemex representa los intereses de la Oligarquía3). Los resultados más relevantes de estas acciones es el cuestionamiento inmediato de las políticas de Seguridad Nacional. Sin embargo, Montemayor destacará que por parte de la oficialidad, el análisis de la situación sigue adoleciendo de la misma visión reduccionista militar y policial de los viejos años del siglo XX. Tal visión reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política. Las autoridades deciden aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político. No logran ver que la guerrilla es siempre un fenómeno social. Es una parte destacada y álgida de ciertos procesos regionales o suprarregionales. La opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad inexplicable.

Por lo tanto, para el autor, las fallas de Seguridad Nacional hay que entenderla desde una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad. Señala que el riesgo que corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas de poder político y económico que generan la corrupción en México y que han estado empobreciendo a la población mayoritaria. La guerrilla no inicia esta violencia. Para que desparezcan organizaciones

3 respecto a las consecuencias de estos atentados a Pemex, la autora también destaca, por un lado la reconversión de esta empresa, al menos como discurso presidencial, en un “patrimonio de todos los mexicanos” y, por otro, una reconfiguración de las condiciones de seguridad de la empresa. En este último sentido destaca el desarrollo desde experiencias transnacionales, de la industria de ejércitos privados para el aseguramiento de la privatización de estos bienes.

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como el EPR no bastan medidas militares. Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México ni la pobreza y la corrupción que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social.

Capítulo 3. Militarización y procesos globales (resumen 1)

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I

Este ensayo habla de las transformaciones en el sector militar. Habla de un crecimiento en la militarización a través del fenómeno de milicias privadas que son empresas que ofrecen una amplia gama de servicios: mercenarios, diagnósticos y perfiles de riesgo, asesoramiento para la compra de equipo, contingentes profesionales para la guerra o asesorías en organización militar y fuerzas de combate especiales, entre otras. Para el autor, estas fuerzas armadas privadas pueden estar incorporándose: 1) al crimen organizado y especialmente en el narcotráfico 2) sector del “terrorismo”. Ejemplo de ello pueden ser “Los Zetas”, grupo formado por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército mexicano, o la participación de mercenarios ingleses e israelíes en la protección a narcotraficantes de Colombia.

También relacionado con esta privatización de lo militar, los grupos paramilitares constituyen un segmento importante. Estos grupos armados reciben financiamiento de grandes corporaciones –especialmente estadounidenses- con el fin de socavar los movimientos sociales en áreas estratégicas para el capital y sus empresas. A nivel de la industria militar y de su comercio internacional, la privatización de ejércitos beneficia a los grandes productores de armamento, los cuales constituyen una parte esencial del poderío económico e industrial mundial. Por ejemplo la guerra contra Irak, donde destruyen para luego llevar a cabo los trabajos de reconstrucción.

II

El espionaje también ha tenido un sofisticado desarrollo. El autor menciona un artículo del New York Times (NYT) en el que se hace referencia aun acuerdo de intercambio de información de inteligencia entre los países de habla inglesa, llamado “Echelon”. Este acuerdo se trata de un programa adaptado para satélites y supercomputadoras que interceptan comunicaciones de gobiernos, empresas privadas, de consocios internacionales y de individuos que destacan por su actividad política. Cada usuario de esta alianza secreta programas de computadoras que enlistan voces, claves, nombres, teléfonos, todo lo que se pueda o deba registrar. Con este acuerdo se puede monitorear la información que producen aproximadamente 120 satélites en todo el mundo (de 1300 aprox. –dato Wikipedia--). Lo grave de Echelon es que está siendo conducido por agencias militares y de inteligencia de los principales países de habla inglesa en total secreto y sin ningún control.

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La investigación del NYT demuestra el deterioro de los valores de la democracia y de las estructuras republicanas como consecuencia del avance de estas funciones de espionaje político, militar y comercial.

III

Dentro del sometimiento financiero, industrial, diplomático, etc., existe también un sometimiento de nuestros países a las nuevas estrategias militares. En resumen, la tendencia es que EU ya no quiere invadir directamente los territorios, sino que las fuerzas armadas locales sirvan de ese mecanismo de control. Cita el caso del Plan Colombia, al que en un primer momento los países vecinos se opusieron pero que después se aplicó “con sin la solidaridad internacional”, el plan consistía en incorporar a los ejércitos latinoamericanos hacia una “seguridad hemisférica” a partir de una lucha coordinada contra el narcotráfico. Ello implicaba exponer a la milicia latina a los riesgos de la corrupción y obligarlos a desarrollar tareas policiacas que no forman parte de sus misiones. Para el autor, estas medidas son un instrumento externo en una lucha que más bien parece dirigirse a consolidar el control norteamericano de los narcóticos dentro y fuera de EU que a combatirlo ya sea dentro o fuera de sus fronteras.

IV

En este apartado, Montemayor menciona que el “narcotráfico” no es un proceso simple ni uniforme, sino que tiene muchos niveles, jerarquías, funciones y facetas que van construyendo un caudal complejo y móvil. Para entender un poco el funcionamiento del narcotráfico él habla de no de países de producción y países de consumo de drogas, sino de “circuitos de producción y consumo” y “corredores de traslado”. Cita el caso de México, en el que las crisis recurrentes que enfrentan políticos y policías surgen de la protección a los “corredores de traslado”.

La complejidad para entender el funcionamiento del narcotráfico, se intensifica cuando se incorporan los grupos e intereses que confluyen en las diferentes etapas del proceso global del narcotráfico: producción agrícola y producción resultante del procesamiento químico, transportación, entrega, distribución y lavado de recursos financieros y destinos de inversión de dichos recursos. No en todos los segmentos existen enfrentamientos violentos, cada nivel y eslabón tiene nichos especializados de cabildeo y de consenso.

Las medidas por parte de los gobiernos contra el narcotráfico se reducen en: 1) se busca desactivar ciertos circuitos de producción, traslado y entrega, pero no la totalidad de los circuitos; 2) se desactiva, al cabo de ciertos periodos de administración política, segmentos de traslado y de lavado de dinero; 3) Existen núcleos especializados en la distribución del producto y en el lavado de los recursos dentro del territorio final (especialmente EU), que no competen a los núcleos que originalmente producen y trasportan y 4) la política antinarcóticos de EU en el ámbito internacional se dirige a desactivar algunos segmentos externos de la producción, traslado y entre pero no desactivar el sistema de distribución en su territorio.

El autor concluye que las políticas antinarcóticos de EU en nuestro continente aparecen como una lucha por el control monopólico de la droga pero no para su erradicación.

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V

En este apartado habla contradicción del Estado mexicano ante la “injerencia internacional”. El autor cita la negativa de la Secretaría de Defensa para firmar el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, que regula conflictos armados de carácter interno. La negativa se dio bajo e argumento de que se afectaría nuestra soberanía por facilitar la injerencia internacional, sin embargo, que el ejército esté actuando cada vez más a fondo en la lucha contra el narcotráfico es resultado ya de una injerencia internacional consumada.

VI

La militarización del país o la profusión de elementos militares en la administración pública revelan el desgaste de cuadros y de instituciones políticas en el gobierno mexicano. Ante este desgaste, los tres últimos gobiernos se han inclinado por militarizar las soluciones y dejar fuera alternativas que serían más eficaces, de naturaleza esencialmente política.

En la actualidad las acciones del ejército se han orientado a actividades policiacas, pero el ejército no puede en términos materiales y humanos, solucionar el derrumbe de las corporaciones policiacas. El ejercito no es la institución obligada ni suficiente para resolver un conflicto cuya naturaleza no es militar, sino de concepción y reorganización política.

Según el autor no hay voluntad política para enfrentar la delincuencia a nivel nacional pero si parece haberla para enfrentar a un solo segmento mínimo del universo del narcotráfico, los movimientos subversivos o la resistencia popular (Atenco y Oaxaca).

Capítulo 3. Militarización y procesos globales (resumen 2)

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I

El amplio espectro de la carrera armamentista a partir de la segunda guerra mundial, se ha caracterizado por procesos muy peculiares más allá de los niveles económico y político, hasta el social y el económico. Por ejemplo hay una no tan evidente, pero si relevante “privatización” de ejércitos. El crecimiento en esta militarización también abarca fenómenos de milicias privadas. (P.93)

Los servicios de las fuerzas privadas son más amplios que solo la aportación de millones de trabajadores –los ejércitos ocuparon en el 2004, dos millones de “trabajadores”4-, estas compañías privadas pueden aportar contingentes “profesionales” para la guerra o bien asesorías en análisis social y económico, organización militar, entrenamiento de fuerzas de combate especiales y adquisición de material bélico. (P.94)Hay necesidad de una cuidadosa legislación internacional de fuerzas mercenarias, principalmente proviene de: la presunta desaparición en los arsenales de Rusia de 38 misiles con cabeza nuclear –principios del s.XXI-; la criminalidad organizada y

4 A estos trabajadores antes se les llamaba mercenarios.

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especializada en narcotráfico y en robos a gran escalal de transportes, mercancías y migrantes ilegales; y el sector llamado desde la perspectiva estadounidense “terrorismo”, la mayor parte del cual es en realidad una amplia gama de fuerzas de resistencia social y regional ante la ocupación de territorios, la represión y la miseria. (P.93-94).

Los contingentes paramilitares constituyen un segmento importante en el desarrollo de la privatización, formación o impulso de organizaciones armadas –en Colombia constituyen ahora uno de los más severos obstáculos a la pacificación del país- (p. 95).A nivel de la industria militar y de su comercio internacional legal o clandestino, esta amplia gama de privatización de ejércitos beneficia a los grandes productores de armamento en el mundo. Estos productores no son innumerables ni desconocidos; constituyen una parte esencial del poderío económico e industrial de los dueños de la guerra. Destruyen Irak para luego llevar a cabo los grandes negocios de su reconstrucción. Amenazan al mundo entero para acrecentar la industria de la devastación. (p. 96).

II

El espionaje también ha llegado a tener en las regiones del Primer Mundo un sofisticado desarrollo. A principios del 2004 Chalmers Johnson publicó un detallado libro sobre el avance del militarismo en los países que se autoproclaman defensores de la democracia. Uno de los puntos centrales de la investigación es el acuerdo de intercambio de información de inteligencia entre los principales países de habla inglesa llamado “Echelon”. Además demuestra el deterioro de los valores de la democracia y de las estructuras republicanas como consecuencia del avance de estas funciones de espionaje político, militar y comercia (p. 96-97).

Esta historia comienza en 1948, con el establecimiento de un acuerdo altamente secreto entre los principales países de habla inglesa para que sus agencias de inteligencia pudieran intercambiar información sobre países sometidos a investigación o sobre ciudadanos y líderes políticos de sus propios países, sin que esto se considerara acción violatoria de sus respectivas leyes nacionales sobre espionaje político. En 1981 se reformuló el acuerdo y se designó con el nombre en clave de “Echelon”. Se trata ahora de un programa adaptado para satélites y supercomputadoras que interceptan comunicaciones de gobiernos, de empresas privadas, de consorcios internacionales y de individuos que destacan por su actividad política, social o de liderazgo. (p. 97-98).

Ante las protestas de gobiernos y parlamentos europeos, EU e Inglaterra niegan la existencia del sistema. Echelon ha dado un gran impulso a otro aspecto de la “industria” del espionaje: los sistemas de mensajes cifrados5. Sin embargo, el aspecto fatalmente delicado de Echelon –según Johnson- es que está conducido por agencias militares y de inteligencia de los principales países habla inglesa en total secreto y con ningún tipo de vigilancia. Ahora que los gobiernos del mundo saben de su existencia, lo que queda es tomar medidas “defensivas”, ya que nada se puede hacer contra ese espionaje. (p. 98-99).

5 Particularmente los llamados “random one-time pads”, paquetes de claves de codificación que se eligen al azar y se emplean una sola vez, para eliminar así, o reducir al máximo, el riesgo de que otro “usuario” pueda interceptar la información y descifrarla.

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Los casos irresueltos de Irak, Afganistán, Palestina e incluso Al Qaeda, revelan que los socios de Echelon aun son incapaces de entender más a fondo los mensajes en lengua árabe y la resistencia real de los pueblos musumanes. (p. 99).

III

En la primer reunión de los ejércitos de las Américas en 1992, el general Barry McCafrey, a la cabeza del Comando del Sur, describió los planes militares de EU para el siglo XXI como una proyección hemisférica, esto es que durante el s. XXI los ejércitos latinoamericanos tendrían que realizar tareas distintas a las del ejército de EU 6, esta encomienda revelaba otro tipo de globalización (p. 101-102).

Ahora se trataba de convertir a los ejércitos latinoamericanos en una especie de fuerzas de complemento capaces de coordinarse con el que sería en el futuro el único cuerpo propiamente militar del continente: el ejército estadounidense. (p. 102).

Posteriormente, en la Cuarta Conferencia Ministerial de Defensa de las Américas celebrada el año 2006 en Manaos, Brasil. Se aclaró las funciones que EU deseaba que desempeñaran los ejércitos de América Latina a partir del llamado Plan Colombia. Este plan era susceptible de múltiples lecturas militares, financieras, políticas, intervencionistas e incluso migratorias. Iba no solo a afectar la composición política de amplias zonas rurales y urbanas colombianas; también alteraría la vida de diversas regionales de los países vecinos. Hubo resistencia a tal plan por parte de los representantes de Brasil y Venezuela, en primer término, y después de Panamá, Perú y Bolivia -eran explicables en este contexto-. Pero la reacción del subsecretario James Bodner fue preocupante: afirmó que el Plan Colombia se aplicaría “con o sin la solidaridad internacional” (p. 100-101).

IV

Lo que llamamos narcotráfico no es un proceso simple ni uniforme. No actúa bajo una misma lógica, por lo que debemos de marcar algunas delimitaciones básicas: muchos niveles, jerarquías, funciones y facetas van construyendo su caudal complejo y móvil. En donde debemos de distinguir países y regiones de transportación. Redes de distribución. Países y zonas de consumo. Canales regionales e internacionales de operaciones y traslado de recursos financieros relacionados con los circuitos de producción, transportación, o consumo. “Narcotráfico”, resulta, pues, un término de cierta simpleza. (p 103-104).

La lucha antinarcóticos –desde una perspectiva global-, aparece no como una lucha en contra de la producción y la distribución, sino contra ciertos segmentos del traslado y entrega del producto. No se manifiesta como una lucha contra la distribución en el territorio mismo de EU o no aparece, al menos, como una lucha significativa de mayor escala contra la gran red de distribución de narcóticos con que cuenta ese país. No se busca desactivar cadena alguna ni segmento relevante de distribución ni de lavado de dinero en territorio estadounidense, sino sólo de desactivar cadenas y segmentos de tales “funciones” fuera de ese territorio. Podemos concluir –enfocándonos únicamente en el aspecto financiero- que las políticas antinarcóticos de EU en nuestro continente

6 Serían operaciones de apoyo doméstico, protección del medio ambiente, administración colectiva de las fronteras, operaciones humanitarias, operaciones convencionales de los intereses de soberanía y operaciones regionales contra el narcotráfico. (p. 102).

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aparecen como una lucha por el control monopólico de la droga, no por su erradicación. (p. 107).

V

Los documentos de Inteligencia Militar que publicó Carlos Marín el 27 de julio de 1997, constituyeron una importante evidencia de los severos cambios que estaba experimentando el Ejército Mexicano. Vistos no solamente como la penetración del narcotráfico, también podían tomarse como indicadores, por ejemplo, de la formación altamente técnica de los nuevos oficiales; o de las crecientes relaciones internacionales que desde entonces poseían los militares mexicanos; la mayor cooperación con los cuadros militares y policiacos estadounidenses o de la relevancia que había adquirido en nuestro ejército los estudios de especialización militar en EU. (p. 108)

En las administraciones federales de Ernesto Zedillo a Felipe Calderón el uso del ejército en tareas policiacas y en la lucha contra el narcotráfico ha sido excesivo para la salud del Estado mismo. Durante la administración de Fox, destacó Ricardo Ravelo en la revista Proceso del 20 de mayo del 2007, sobre el ejército mexicano entre los años 2000 y 2006, “que en ese periodo surgieron brotes de corrupción que implicaron a altos mandos militares, al grado de que el 65 Batallón de Infantería, integrado por 500 soldados y oficiales de alto rango, tuvo que desaparecer por sus vínculos con el narcotráfico. (p. 111).

VI

La profusión de elementos militares en la administración pública de México pone en riesgo, de diversas maneras, la integralidad del ejército, pero revela en verdad algo más que un expansionismo militar: el desgaste de cuadros y de instituciones políticas en el gobierno mexicano. Ante esta situación los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, optaron por militarizar las soluciones y dejar fuera alternativas que serían más eficaces, de naturaleza esencialmente políticas –tres áreas del proceso de militarización: los conflictos del narcotráfico, de la guerrilla y de las diversas corporaciones políticas-(p. 111).

El proceso que actualmente llamamos de “militarización” en México no es propiamente el de un avance del ejército en la vida pública del país entero, sino, sobre todo, un proceso de repliegue de cuadros e instituciones políticas7 (p. 113).

El derrumbe de las corporaciones policiacas –incompetencia de sus cuadros, corrupción, insuficiencia de recursos materiales, retraso tecnológico, empobrecimiento del país, entre varias-, representa un grave riesgo para todos, incluso para los policías mismos. El gobierno federal y algunos estados pretenden simplificar el problema, con la más peligrosa opción: el ejército. Acudir al ejército en estas condiciones equivale a suspender tareas y responsabilidades políticas, a perder la oportunidad de reformar y fortalecer instituciones cuya integralidad no se identifique con un solo partido político o con una sola élite en el poder. (p. 113-114).

Reconozcamos que no hay voluntad política para enfrentar la delincuencia a nivel nacional como sí parece haberla para enfrentar a un solo segmento mínimo del universo

7 No hay una invasión que no esté precedida por una larga polarización y presión comercial, diplomática y política, y no hay movimiento guerrillero que no surja como la fase final de un prolongado desgaste político y social.

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del narcotráfico, los movimientos subversivos o la resistencia popular en casos como los de Atenco o Oaxaca. (p. 114).

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Es posible que en los planes estadounidenses de seguridad hemisférica y mundial se esté considerando, cada vez con mayor claridad, convertir a los ejércitos latinoamericanos en reservas domésticas.

Lo sabremos pronto!

Quizá lo saben ya los altos mandos de nuestros ejércitos. (p. 115).

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