Resumen Primerasa Parcial

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Hayek El camino abandonado “Estamos dispuestos a aceptar cualquier explicación de la presente crisis de nuestra civilización excepto una: que el actual estado del mundo pueda proceder de nuestro propio error y que el intento de alcanzar alguno de nuestros más caros ideales haya, al parecer, producido resultados que difieren por completo de los esperados. Hemos estado alejándonos progresivamente de las ideas esenciales sobre las que se fundó la civilización europea. Que este movimiento nos haya abocado al horror totalitario, ha sido un choque tan profundo para nuestra generación que todavía rehúsa relacionar los dos hechos. Hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual jamás existió en el pasado libertad personal ni política. El individualismo es hoy una palabra mal vista, y ha llegado a asociarse con egotismo y egoísmo. Pero el individualismo del que hablamos, contrariamente al socialismo y las demás formas de colectivismo, no está en conexión necesaria con ellos. Los rasgos esenciales de aquél individualismo que con elementos aportados por el cristianismo y la filosofía de la antigüedad clásica, se logró plenamente por primera vez durante el Renacimiento y ha crecido y se ha extendido después en lo que conocemos como civilización occidental europea son: el respeto por el hombre individual, que hombre, es decir, el reconocimiento por sus propias opiniones y gustos como supremos en su propia esfera y la creencia en que es deseable que los hombres puedan desarrollar sus propias dotes e inclinaciones individuales. Independencia y libertad. La transformación gradual de un sistema organizado rígidamente en jerarquías en otro donde los hombres pudieron, al menos, intentar forjar su propia vida, donde el hombre ganó la oportunidad de conocer y elegir entre diferentes formas de vida está asociada estrechamente con el comercio. El reconocimiento consciente de que los esfuerzos espontáneos y no sometidos a control de los individuos fueran capaces de producir un orden complejo de actividades económicas sólo pudo surgir cuando aquél desarrollo hubo logrado cierto progreso. La posterior elaboración de unos argumentos consecuentes en favor de la libertad económica ha sido el resultado de un libre desarrollo de la actividad económica que fue el subproducto espontáneo e imprevisto de la libertad política.

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Hayek

El camino abandonado

“Estamos dispuestos a aceptar cualquier explicación de la presente crisis de nuestra civilización excepto una: que el actual estado del mundo pueda proceder de nuestro propio error y que el intento de alcanzar alguno de nuestros más caros ideales haya, al parecer, producido resultados que difieren por completo de los esperados. Hemos estado alejándonos progresivamente de las ideas esenciales sobre las que se fundó la civilización europea. Que este movimiento nos haya abocado al horror totalitario, ha sido un choque tan profundo para nuestra generación que todavía rehúsa relacionar los dos hechos. Hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual jamás existió en el pasado libertad personal ni política.

El individualismo es hoy una palabra mal vista, y ha llegado a asociarse con egotismo y egoísmo. Pero el individualismo del que hablamos, contrariamente al socialismo y las demás formas de colectivismo, no está en conexión necesaria con ellos. Los rasgos esenciales de aquél individualismo que con elementos aportados por el cristianismo y la filosofía de la antigüedad clásica, se logró plenamente por primera vez durante el Renacimiento y ha crecido y se ha extendido después en lo que conocemos como civilización occidental europea son: el respeto por el hombre individual, que hombre, es decir, el reconocimiento por sus propias opiniones y gustos como supremos en su propia esfera y la creencia en que es deseable que los hombres puedan desarrollar sus propias dotes e inclinaciones individuales. Independencia y libertad.

La transformación gradual de un sistema organizado rígidamente en jerarquías en otro donde los hombres pudieron, al menos, intentar forjar su propia vida, donde el hombre ganó la oportunidad de conocer y elegir entre diferentes formas de vida está asociada estrechamente con el comercio.

El reconocimiento consciente de que los esfuerzos espontáneos y no sometidos a control de los individuos fueran capaces de producir un orden complejo de actividades económicas sólo pudo surgir cuando aquél desarrollo hubo logrado cierto progreso. La posterior elaboración de unos argumentos consecuentes en favor de la libertad económica ha sido el resultado de un libre desarrollo de la actividad económica que fue el subproducto espontáneo e imprevisto de la libertad política.

Lo que el S. XIX añadió al individualismo del período precedente fue tan sólo la extensión de la conciencia de libertad a todas las clases, el desarrollo sistemático y continuo de lo que había crecido en brotes y al azar y su difusión en Inglaterra y Holanda a la mayor parte del continente europeo.

No hay nada en los principios básicos del liberalismo que hagan de esto un credo estacionario, no hay reglas absolutas establecidas de una vez para siempre. El principio fundamental, según el cual en la ordenación de nuestros asuntos debamos hacer todo el uso posible de las fuerzas espontáneas de la sociedad y recurrir lo menos que se pueda a la coerción, permite una infinita variedad de aplicaciones. Probablemente, nada ha hecho tanto daño a la causa liberal como la rígida insistencia de algunos liberales en ciertas toscas reglas rutinarias, sobre todo en el principio de laissez-faire.

Lo que aquí nos preocupa es mostrar cuán completamente ha cambiado nuestra actitud a la sociedad. Lo que en cada etapa de este proceso de cambio pareció tan sólo una diferencia de grado, ha originado ya en su efecto acumulativo una diferencia fundamental entre la vieja actitud liberal frente a la sociedad y el enfoque presente en los problemas sociales. El cambio supone una completa inversión del rumbo que hemos bosquejado, un completo abandono de la tradición individualista que creó la civilización occidental.

Hemos acometido la eliminación de las fuerzas y la sustitución del mecanismo impersonal y anónimo del mercado por una dirección colectiva y consciente de todas las fuerzas sociales hacia metas deliberadamente establecidas.”

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Individualismo y colectivismo

El liberalismo Hayek lo marca como opción contraria al socialismo ya que éste último parte de un fin social explícito y en función de éste articula un conjunto de medios de acuerdo a la sociedad que se procura. Los medios serían: abolición de la propiedad privada, abolición de economía privada y centralización económica.

“En este sentido, socialismo significa la creación de un sistema de economía planificada, en el cual el empresario que actúa en busca de un beneficio es reemplazado por un organismo central de planificación.

El socialismo no es sólo la especie más importante, con mucho, del colectivismo o la planificación sino lo que ha convencido a las gentes de mentalidad liberal para someterse otra vez a aquella reglamentación de la vida económica que habían derribado.

La planificación debe en gran parte su popularidad al hecho de desear todo el mundo, por supuesto, que tratemos nuestros problemas comunes tan racionalmente como sea posible y que al hacerlo así obremos con toda la previsión que se nos alcance. Lo que nuestros planificadores demandan es la dirección centralizada de toda la actividad económica según un plan único, que determine la dirección explícita de los recursos de la sociedad para servir a particulares fines por una vía determinada.

La disputa entre los planificadores modernos y sus oponentes no es, por consiguiente, una disputa acerca de si debemos guiarnos por la inteligencia para escoger entre las diversas organizaciones posibles de la sociedad; no es una disputa sobre si debemos actuar con previsión y raciocinio al planear nuestros negocios comunes. Es una disputa acerca de cuál sea la mejor manera de hacerlo. La cuestión está en si es mejor para este propósito que el portador del poder coercitivo se limite en general a crear las condiciones bajo las cuales el conocimiento y la iniciativa de los individuos encuentren el mejor campo para que ellos puedan componer de la manera más afortunada sus planes, o si una utilización racional de nuestros recursos requiere la dirección y organización centralizada de todas nuestras actividades, de acuerdo con algún modelo constituido expresamente.”

Hayek insiste en la idea de que el problema no es la planificación sino quién planifica (el Estado o el individuo)

“La argumentación liberal defiende el mejor uso posible de las fuerzas de la competencia como medio para coordinar los esfuerzos humanos, pero no es una argumentación en favor de dejar las cosas tal como están. Se basa en la convicción de que allí donde pueda crearse una competencia efectiva, ésta es la mejor guía para conducir los esfuerzos individuales. Si la competencia ha de actuar con ventaja, requiere una estructura legal cuidadosamente pensada, y que ni las reglas jurídicas del pasado ni las actuales están libres de graves defectos. El liberalismo económico se opone, pues, a que la competencia sea suplantada por métodos inferiores para coordinar los esfuerzos individuales. Y considera superior la competencia, no sólo porque en la mayor parte de las circunstancias es el método más eficiente conocido, sino, más aún, porque es el único método que permite a nuestras actividades ajustarse a las de cada uno de los demás sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad. Ésta evita la necesidad de un control social explícito y da a los individuos una oportunidad para decidir si las perspectivas de una ocupación particular son suficientes para compensar las desventajas y los riesgos que lleva consigo.

Hay buenas razones para que las exigencias negativas, los puntos donde la coerción no debe usarse, hayan sido particularmente señaladas. Es necesario, en primer lugar, que las partes presentes en el mercado tengan libertad para vender y comprar y que todos sean libres para producir. Es esencial que el acceso a las diferentes actividades esté abierto a todos en los mismos términos y que la ley no tolere ningún intento de individuos o de grupos para restringir este acceso mediante poderes abiertos o disfrazados.

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El funcionamiento de la competencia no sólo exige una adecuada organización de ciertas instituciones como el dinero, los mercados y los canales de información, sino que depende, sobre todo, de la existencia de un sistema legal apropiado, de un sistema legal dirigido, a la vez, a preservar la competencia y a lograr que ésta opere de la manera más beneficiosa posible.

Crear las condiciones en que la competencia actuará con toda la eficacia posible, complementar allí donde no pueda ser eficaz, suministrar los servicios que ‘aunque puedan ser ventajosos en el más alto grado para una sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio nunca podría compensar el gasto de un individuo o un número pequeño de ellos’, son tareas que ofrecen un amplio e indiscutible ámbito para la actividad del Estado. En ningún sistema que pueda ser defendido racionalmente el Estado carecerá de todo quehacer. Un eficaz sistema de competencia necesita una estructura legal inteligentemente trazada y ajustada continuamente.

Competencia y dirección centralizada resultan instrumentos pobres e ineficientes si son incompletos; son principios alternativos para la resolución de un mismo problema, y una mezcla de los dos significa que ninguno operará verdaderamente, y el resultado será peor que si se hubiese confiado sólo en uno de ambos sistemas. La planificación y la competencia sólo pueden combinarse para planificar la competencia, pero no para planificar contra la competencia. Toda nuestra crítica ataca solamente a la planificación contra la competencia.”

Hayek establece que la competencia no es algo que se da naturalmente sino que es un ideal regulatorio al que accedemos mediante los esfuerzos autónomos de la razón. Articula recursos escasos de la manera más eficiente, no hay ningún organismo central de planificación para conocer todos los procesos minúsculos (nivel de complejidad que escapa a un control por parte de individuo, escapa al planificador) Éste sistema no sólo es el más eficiente sino que por ser el más eficiente, es el más justo: tomar a la persona como un fin y no como un medio.

La planificación y el Estado de Derecho

“Nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario que la observancia de los grandes principios conocidos bajo la expresión de Estado de Derecho. Significa que el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano; normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de este conocimiento. Aun cuando toda ley restringe hasta cierto punto la libertad individual alterando los medios que la gente puede utilizar en la consecución de sus fines, bajo la supremacía de la ley le está prohibido al Estado paralizar por una acción ad hoc los esfuerzos individuales. Dentro de las reglas del juego conocidas, el individuo es libre para procurarse sus fines y deseos personales, seguro de que los poderes del Estado no se usarán deliberadamente para frustrar sus esfuerzos.

La distinción que antes establecimos entre la creación de una estructura legal permanente dentro de la cual la actividad productiva es guiada por las decisiones individuales, y la dirección económica por una autoridad central, es realmente un caso particular de la distinción más general entre el Estado de Derecho y el gobierno arbitrario. Bajo el primero, el Estado se limita a fijar normas determinantes de las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse los recursos disponibles, dejando a los individuos la decisión sobre los fines para los que serán usados. Bajo el segundo, el estado dirige hacia fines determinados el empleo de los medios de producción. Las normas del primer tipo pretenden ser tan sólo instrumento para la consecución de los diversos fines individuales.

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La planificación económica de tipo colectivista envuelve necesariamente todo lo opuesto. No puede sujetarse de antemano a normas generales y formales que impidan la arbitrariedad. Tiene que atender a las necesidades efectivas de la gente a medida que surgen, y para esto ha de elegir deliberadamente entre ellas. Cuanto más planifica el Estado, más difícil se le hace al individuo su planificación.

Si el Estado ha de prever la incidencia de sus actos, esto significa que no puede dejar elección a los afectados. Allí donde el Estado puede prever exactamente los efectos de las vías de acción alternativa sobre los individuos en particular, es el Estado quien elige entre los diferentes fines. Cuando al hacer una ley se han previsto sus efectos particulares, aquella deja de ser un simple instrumento para uso de las gentes y se transforman en un instrumento del legislador sobre el pueblo y para sus propios fines. El Estado deja de ser una pieza del mecanismo utilitario proyectado para ayudar a los individuos al pleno desarrollo de su personalidad individual y se convierte en una institución moral. En este sentido el nazi u otro estado colectivista cualquiera es moral, mientras que el estado liberal no lo es.

La distinción que hemos empleado entre ley o justicia formal y normas sustantivas es muy importante y a la vez sumamente difícil de expresar con precisión en la práctica.

Las normas formales indican de antemano a la gente cuál será la conducta del Estado en cierta clase de situación sin referencia al tiempo, al lugar o a alguien en particular (atañen a situaciones típicas) Las normas formales son así simples instrumentos a los fines para los que éstas personas deciden usarlos y en circunstancias que no pueden preverse con detalle.

El Estado tiene que limitarse a establecer reglas aplicables a tipos generales de situaciones y tiene que conceder libertad a los individuos en todo lo que dependa las circunstancias de tiempos y lugar, porque sólo los individuos afectados en cada caso pueden conocer plenamente estas circunstancias y adaptar sus acciones a ellas. Si los individuos han de ser capaces de usar su conocimiento eficazmente para elaborar sus planes, tienen que estar en situación de prever los actos del Estado que pueden afectar estos planes.

El Estado de Derecho, en el sentido de la primacía de la ley formal, es la ausencia de privilegios legales para unas personas designadas autoritariamente, lo que salvaguarda aquella igualdad ante la ley que es lo opuesto al gobierno arbitrario.

La igualdad formal ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad de Estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de los individuos, y que toda política directamente dirigida a un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho. No puede negarse que el Estado de Derecho produce desigualdades económicas, todo lo que puede alegarse en su favor es que ésta desigualdad no pretende afectar de una manera determinada a individuos en particular.

El conflicto entre la justicia formal y la igualdad formal ante la ley, por una parte, y los intentos de realizar ideales de justicia sustantiva y de igualdad, por otra, explica también la extendida confusión acerca del concepto de privilegio y el abuso de éste.

La cuestión de si el Estado debe o no actuar plantea una alternativa falsa. Por lo demás no hay Estado que no tenga que actuar, y toda acción del Estado interfiere con una o con otra cosa.”

En el Estado de Derecho el contenido de la ley no es tan relevante como que ésta se aplique, sea conocida y que no haya discrecionalidad en el ejercicio del poder público. Esto es lo que permite articular racionalmente los esfuerzos individuales.

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No se trata de un Estado respetuoso de la ley, sino de un Estado que se ajusta a normas formales. Hay una relación consustancial entre libertad económica y política: no se puede buscar la libertad política plena utilizando como medio la restricción de la libertad económica. Un argumento recurrente en favor de la planificación es que libera a los hombres de tener que garantizar su existencia material. Hayek dice que esto es falso porque lo económico es un factor que posibilita la persecución de los propios fines. Lo económico no puede ser separado de otros ámbitos. El dinero es el instrumento de libertad que abre a quien lo tiene el campo de las elecciones. Por esto, el papel fundamental del Estado es la regulación de la moneda y los monopolios.

Fukuyama

Yo argüía que la democracia liberal podía constituir el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, la forma final de gobierno y que como tal marcaría el fin de la historia. Mientras las anteriores formas de gobierno se caracterizaron por graves defectos e irracionalidades que condujeron a su posible colapso, la democracia estaba libre de estas contradicciones internas fundamentales.

Pero lo que yo sugería que había llegado a su fin no era la sucesión de acontecimientos, sino la historia, es decir la historia entendida como un proceso único, evolutivo, coherente. Tanto Hegel como Marx creían que la evolución de las sociedades humanas no era infinita, sino que acabaría cuando la humanidad hubiese alcanzado una forma de sociedad que satisficiera sus anhelos más profundos y fundamentales. Ambos pensadores, pues, postulaban un fin de la historia (para Hegel era el Estado liberal mientras que para Marx era una sociedad comunista) Significaba que no habría nuevos progresos en el desarrollo de los principios e instituciones subyacentes porque todos los problemas realmente cruciales habrían sido resueltos.

En Occidente nos hemos vuelto enteramente pesimistas acerca de la posibilidad de un progreso general en las instituciones democráticas.

La democracia liberal es la única aspiración política coherente que abarca las diferentes culturas y regiones del planeta.

Después de establecer las razones para plantear de nuevo la posibilidad de una historia universal, propongo, una respuesta inicial al tratar de emplear la ciencia natural moderna como un regulador o un mecanismo para explicar el carácter orientador y coherente de la historia. La ciencia natural moderna es un punto de partida adecuado porque constituye la única actividad social importante que, por consenso común, es a la vez acumulativa y orientadora, incluso si su impacto final en la felicidad humana resulta ambiguo.

El desarrollo de la ciencia natural moderna ha tenido un efecto uniforme en todas las sociedades que lo han experimentado, y ello por dos razones:

La tecnología confiere una ventaja militar decisiva a los países que la poseen, ningún Estado que aprecie su independencia puede ignorar la necesidad de una modernización defensiva.

La ciencia natural moderna establece un horizonte uniforme de posibilidades de producción económica. La tecnología hace posible la acumulación ilimitada de riquezas y con ello la satisfacción de una serie, siempre en aumento, de deseos humanos. Este proceso garantiza una creciente homogeneización de todas las sociedades humanas independientemente de sus orígenes históricos o su herencia cultural. Estas sociedades se han visto ligadas cada vez más unas con otras, a través de los mercados globales y por la extensión de una cultura universal de consumidores. Además, la lógica de la ciencia natural moderna parece dictar una evolución universal en dirección al capitalismo.

Pero mientras que el mecanismo histórico representado por la ciencia natural moderna es suficiente para explicar en gran medida el carácter del cambio histórico y la creciente uniformidad de las sociedades

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modernas, no basta para explicar el fenómeno de la democracia. Pues no hay razón económicamente necesaria de que la industrialización avanzada deba producir la libertad política.

Las interpretaciones económicas de la historia son incompletas e insatisfactorias, pues el hombre no es simplemente un animal económico. Esas interpretaciones no pueden explicar por qué somos demócratas, es decir, propugnadores del principio de la soberanía popular y de la garantía de derechos fundamentales bajo el gobierno de la ley. Por esto es necesaria una segunda interpretación del proceso histórico al tratar de recobrar al hombre entero y no sólo su aspecto económico. Para hacer esto, volvemos a Hegel y a la interpretación hegeliana no materialista de la historia, basada en la lucha por el reconocimiento.

El hombre difiere fundamentalmente de los animales en que desea el deseo de otros hombres, es decir, quiere que se le reconozca. En especial, quiere que se le reconozca como ser humano, o sea, como un ser con cierto valor y dignidad. Este valor se relaciona, en primera instancia, con su voluntad de arriesgar la vida por el mero prestigio. Pues sólo el hombre es capaz de superar sus instintos animales fundamentales – el principal de los cuales es el de conservación – en aras a principios y metas más altos y abstractos.

El deseo de reconocimiento es tan antiguo como la tradición de filosofía política occidental y constituye una parte muy familiar de la personalidad humana. La describe Platón en La República, cuando señala que hay tres partes en el alma. Además, los seres humanos buscan el reconocimiento de su propia valla; esto es en lo que nuestro actual lenguaje llamaríamos “autoestima o respeto de sí mismo”. La inclinación a buscar esta autoestima surge de la parte del alma llamada thymos.

Hegel creía que la contradicción inherente a la relación de amo y esclavo fue finalmente superada como resultado de la Revolución Francesa, a la que yo añadiría la Revolución Americana. Estas revoluciones democráticas abolieron la distinción entre amo y esclavo, al hacer a los antiguos esclavos amos de sí mismos, y al establecer los principios de soberanía popular y de gobierno de la ley. El reconocimiento inherentemente desigual de amos y esclavos fue sustituido por el reconocimiento universal en el cual cada ciudadano reconoce la dignidad y humanidad de todos los demás ciudadanos y en que la dignidad se reconoce, a su vez, por el Estado mediante el establecimiento de derechos.

Con las revoluciones americana y francesa, afirmaba Hegel, la historia llega a su fin, pues el anhelo que ha motivado el proceso histórico – la lucha por el reconocimiento – ha sido satisfecho en una sociedad caracterizada por el reconocimiento universal y recíproco. Ningún otro arreglo de las instituciones sociales humanas puede satisfacer mejor este anhelo y, por tanto, ya no es posible ningún nuevo cambio histórico progresivo.

El deseo de reconocimiento puede proporcionar el eslabón perdido entre la economía liberal y la política liberal. El deseo y la razón se bastan juntos para explicar el proceso de industrialización y una gran parte de la vida económica. Pero no pueden explicar la lucha por la democracia liberal, que en fin de cuentas se deriva del thymos, la parte del alma que reclama reconocimiento. Si los seres humanos no fuesen otra cosa que deseo y razón, se contentarían con vivir en estados autoritarios de economía de mercado. Pero poseen también un orgullo thymótico de su propia valía, y esto los lleva a pedir gobiernos democráticos que reconozcan su autonomía como individuos libres.

La comprensión de la importancia del deseo de reconocimiento como motor de la historia nos permite reinterpretar muchos fenómenos que nos parecen familiares.

La economía liberal tiene éxito, no sólo gracias a la fuerza de los principios liberales, sino que requiere también formas irracionales de thymos.

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La lucha por el reconocimiento nos permite hacernos una idea de la naturaleza de la política internacional. El deseo de reconocimiento que condujo al sangriento combate original por el prestigio entre dos individuos lleva lógicamente al imperialismo y al imperio mundial.

Pero si la motivación de la guerra es fundamentalmente el deseo de reconocimiento, parece lógico que la revolución liberal que abolió la relación de señor y siervo al hacer de los siervos sus propios señores hubiera debido tener efectos similares en las relaciones entre estados. La democracia liberal sustituye el deseo irracional de ser reconocido como más que otros por el deseo racional de ser reconocido igual. Un mundo compuesto de democracias liberales debería ofrecer muchos menos incentivos para la guerra, puesto que todas las naciones se reconocerían recíprocamente su legitimidad. Y hay en efecto, abundantes pruebas empíricas, de que las democracias liberales no se comportan de manera imperialista las unas con las otras.

Pero ¿es el reconocimiento disponible para los ciudadanos de las democracias liberales contemporáneas completamente satisfactorio? Dos respuestas:

Desde la izquierda: dirá que el reconocimiento universal en la democracia liberal es necesariamente incompleto porque el capitalismo crea la desigualdad económica y requiere una división del trabajo que implica un reconocimiento desigual. El nivel absoluto de prosperidad de una nación no proporciona solución alguna, seguirá habiendo quienes sean pobres, y por tanto invisibles como seres humanos. La democracia liberal, en otras palabras, continúa reconociendo desigualmente a personas iguales.

Desde la derecha: que se inquietaba por los efectos del compromiso de la Revolución Francesa con la igualdad humana. Nietzsche creía que la democracia moderna no representaba la propiedad de sí mismos de los antiguos siervos, sino la victoria incondicional de los siervos y un tipo de moral servil. El ciudadano típico de la democracia liberal era un último hombre que, educado por los fundadores del liberalismo moderno, abandonaba la orgullosa convicción de su propia superior valía en favor de una confortable auto conservación. La democracia liberal producía hombres compuestos de deseo y razón carentes de thymos, hábiles para encontrar nuevos medios de satisfacer una serie de necesidades nimias mediante el cálculo a largo plazo de su propio interés. Pero el último hombre no tenía ningún deseo de que se le reconociera más valor que a los otros, y sin este deseo no es posible realizar nada que le valga la pena.

AL COMIENZO, EL COMBATE A MUERTE POR EL PRESTIGIO

Hegel, en contraste con Locke y Hobbes, nos proporciona una comprensión de la sociedad liberal basada en la parte no egoísta de la personalidad humana, y trata de proteger esa parte como esencia de las concepciones liberales modernas.

El “primer hombre” de Hegel difiere de los animales además en que no sólo desea que lo reconozcan otros hombres, sino que lo reconozcan como hombre. Y lo que constituye la identidad del hombre como hombre, es la capacidad del hombre para arriesgar su vida. El hombre es un animal fundamentalmente social, dirigido hacia el otro, pero su sociabilidad no lo lleva hacia una pacífica sociedad civil, sino a una lucha violenta, hasta la muerte, por el simple prestigio. Este sangriento combate puede tener uno de tres resultados:

Puede llevar a la muerte de ambos combatientes, en cuyo caso termina la vida humana, humana y natural.

Puede llevar a la muerte de uno de los contendientes, en cuyo caso el superviviente queda insatisfecho, porque ya no hay otra conciencia humana que pueda reconocerlo.

El combate puede terminar en una relación de señor y siervo, en el cual uno de los contendientes decide someterse a la esclavitud con preferencia a arriesgar la vida a la muerte violenta. El señor queda entonces satisfecho, porque ha arriesgado su vida y ha recibido el reconocimiento por parte de otro ser humano.

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En Hegel el hombre no solo está determinado por su naturaleza física o animal, sino que su misma humanidad consiste en su capacidad para supera o negar esta misma naturaleza animal. Es libre no solo en el sentido formal de Hobbes, de no verse restringido, sino libre en el sentido metafísico de ser radicalmente no determinado por la naturaleza.

Hegel no niega que el hombre tiene un aspecto animal y una naturaleza finita y determinada. Pero puede demostrarse que es también capaz de actuar de maneras que contravienen totalmente sus instintos naturales. Es por esto que la voluntad de arriesgar la vida en un combate por el prestigio tiene un papel tan importante en la interpretación hegeliana de la historia. Al arriesgar la vida, el hombre prueba que puede actuar en contra de su instinto más poderosos y fundamental, el de conservar la vida. Como dice Kojeve, el deseo humano del hombre ha de vencer a su deseo animal de conservación. La razón por la que combato es para conseguir que otro ser humano reconozca el hecho de que estoy dispuesto a arriesgar la vida y que, por tanto, soy libre y auténticamente humano.

Para Hegel, la libertad no era tan sólo un fenómeno psicológico, sino la esencia de lo distintivamente humano. En este sentido, libertad y naturaleza son diametralmente opuestas. La libertad no significa la libertad de vivir en la naturaleza o de acuerdo la naturaleza, sino que empieza donde termina la naturaleza. La libertad humana emerge solo cuando el hombre puede trascender su existencia natural, animal, y crear un nuevo “uno mismo” para sí. El punto de partida emblemático de este proceso de autocreación es el combate a muerte por prestigio.

EL PRIMER HOMBRE

Las democracias liberales contemporáneas no emergieron de las brumas de la tradición. Fueron deliberadamente creadas por seres humanos a base de ciertos conceptos teóricos sobre el hombre y las instituciones políticas apropiadas para gobernar la sociedad humana.

La similitud del estado de naturaleza de Hobbes y del combate sangriento de Hegel salta a la vista. Ambos se caracterizan por su extremada violencia; la realidad social primaria es una “guerra de todos contra todos”. Y aunque Hobbes no emplea la expresión “lucha por el reconocimiento”, lo que se juega en la guerra originaria de todos contra todos es esencialmente lo mismo que Hegel.

Ambos filósofos comprenden que el instinto de conservación es la más fuerte y la más compartida de las pasiones humanas. Tanto Hegel como Hobbes ven en el combate primigenio una tensión fundamental entre el orgullo humano o el deseo de reconocimiento, que induce a arriesgar la vida en una lucha por el prestigio, y el miedo a la muerte violenta, que inclina a echarse atrás y aceptar una vida de esclavitud a cambio de paz y seguridad. Finalmente, Hobbes aceptaría, la afirmación de Hegel de que el sangriento combate condujo a la relación señorío y servidumbre, cuando un combatiente, temiendo por su vida, se sometió al otro.

En lo que Hobbes y Hegel difieren fundamentalmente es en el relativo peso moral asignado a las pasiones de orgullo y vanidad (es decir, el reconocimiento), por un lado, y de miedo a la muerte violenta, por el otro. Hegel cree que la voluntad de arriesgar la vida en un combate por el puro prestigio es en cierto sentido, lo que hace humanos a los seres humanos, el fundamento de la libertad humana. Hegel no “aprueba” la desigual relación entre amo y esclavo, y sabe que es bien primitiva y opresora. Pero comprende que es una etapa necesaria de la historia humana. Hegel encuentra algo moralmente elogiable en el orgullo del aristócrata-guerrero que está dispuesto a arriesgar la vida, y algo innoble en la conciencia servil que busca por encima de todo la conservación de la vida.

Hobbes, en cambio, no encuentra nada moralmente compensador en el orgullo del amo-aristócrata; en realidad, justamente este deseo de reconocimiento es la fuente de toda violencia y sufrimiento en el estado de naturaleza.

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A diferencia de Hegel, Hobbes cree que el deseo de reconocimiento y el noble desprecio de la “mera” vida no es el comienzo de la libertad del hombre sino la fuente de sus desgracias.

Hegel quiere honrar y conservar cierta dimensión moral de la vida humana que falta por completo en la sociedad concebida por Hobbes y Locke. Hegel ve al hombre como un agente moral cuya dignidad específica está relacionada con su libertad interior respecto a los factores determinantes físicos o naturales. Esta dimensión moral y lucha para que se la reconozca es el motor que mueve el proceso dialectico de la historia.

HOMBRES SIN PECHO

Según Hegel, el Estado universal y homogéneo reconcilia plenamente las contradicciones existentes en la relación señorío servidumbre, al hacer de los antiguos esclavos sus propios señores. Cada individuo, libre y consciente de su propio valer, reconoce a cada otro individuo esas mismas cualidades. Al abolirse la contradicción señor-siervo, se conservó algo de cada uno de los términos: la libertad del señor y el trabajo del siervo.

Marx representó un gran polo de la crítica a Hegel al negar que el reconocimiento fuera universal, pues lo impedía la existencia de clases económicas. El otro polo de crítica fue Nietzsche: para este había poca diferencia entre Hegel y Marx, pues la meta de ambos era la misma: una sociedad que encarnara el reconocimiento universal. Ante todo, formuló la pregunta ¿Es que se merece la pena conseguir un reconocimiento que pueda universalizarse?

El último hombre de Nietzsche era el esclavo victorioso. Estaba de acuerdo con Hegel en que el cristianismo era una ideología de esclavos y que la democracia representaba una forma secularizada de cristianismo. La igualdad de todos los hombres ante la ley era una realización del ideal cristiano de la igualdad de todos los creyentes en el reino del cielo.

El estado democrático liberal no constituía una síntesis de la moral del señor y la moral del esclavo, como Hegel había dicho. Para Nietzsche, representaba una victoria incondicional del esclavo. La libertad y satisfacción del señor no se conservaban en ninguna parte.

Para Nietzsche, el hombre democrático se componía enteramente de deseo y razón, hábil para encontrar nuevas maneras de satisfacer multitud de fútiles necesidades mediante el cálculo de su interés a largo plazo. Pero carecía completamente de cualquier clase de megalothymia y estaba satisfecho con su felicidad e incapaz de sentirse avergonzado de sí mismo por ser incapaz de elevarse por encima de esas necesidades.

Hegel, en cambio, sostenía que el hombre moderno luchaba por el reconocimiento tanto como por la satisfacción del deseo, y lo obtenía cuando el Estado universal y homogéneo le concedía derechos . Una sociedad que concede este reconocimiento puede ser el punto de partida para la satisfacción del thymos, y es evidentemente mejor que una sociedad que niega la humanidad en todos sus componentes.

Nietzsche creía que no era posible ninguna verdadera grandeza, excelencia o nobleza humanas excepto en las sociedades aristocráticas. La verdadera libertad o creatividad solo podía surgir de la megalothymia, o sea, del deseo de que se le reconozca a uno como mejor que los demás. El deseo de ser reconocido como superior es necesario para ser superior a sí mismo. Este deseo no solo es la base de la conquista y el imperialismo, sino es también la condición previa para la creación de cualquier cosa que merezca la pena poseer en la vida. El thymos es la parte del hombres que busca deliberadamente la lucha y el sacrificio, que trata de demostrar que el yo es algo superior al animal temeroso. No todos sienten esa atracción, pero para quienes la sienten, el thymos no puede satisfacerse con el conocimiento de que son meramente iguales en valor a todos los demás seres humanos.

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Al poner la propia conservación por encima de todo, el último hombre se parece al esclavo en el sangriento combate de Hegel con el que empezó la historia. Pero la situación del último hombre empeora como resultado del proceso histórico entero, que ha asegurado desde entonces la compleja evolución acumulativa de la sociedad humana hacia la democracia. Según Nietzsche, una cosa viva no puede ser sana, fuerte ni productora, a no ser que viva dentro de cierto horizonte, es decir, de una serie de valores y creencias que se aceptan sin crítica y de un modo absoluto.

El hombre moderno es el último hombre porque la experiencia de la historia lo ha agotado y lo ha desengañado de la posibilidad de una experiencia directa de los valores.

La educación moderna estimula cierta tendencia al relativismo, o sea, la doctrina según la cual todos los horizontes s y todos los sistemas de valores están relacionados con el tiempo y lugar, todos reflejan los prejuicios e intereses de quienes los propugnan.

Alexandre Kojeve compartía la convicción de Tocqueville sobre la inevitabilidad de la democracia moderna, aunque comprendía en términos similares su coste. Pues si al hombre se le define por su deseo de luchar por su reconocimiento y por su trabajo para dominar la naturaleza, y si al final de la historia logra a la vez el reconocimiento de su humanidad y la abundancia material, entonces, el hombre llamado propiamente así cesará de existir porque dejará de trabajar y luchar. “La desaparición del hombre al final de la historia, por tanto, no es una catástrofe cósmica: el mundo natural sigue siendo lo que ha sido desde toda la eternidad. Y por consiguiente no es tampoco una catástrofe biológica: el hombre sigue vivo en armonía con la naturaleza o el Ser dado. Lo que desaparece es el hombre llamado propiamente así, es decir, la Acción negando lo dado, y el Error, o en general, el Sujeto opuesto al objeto”.

Entonces, volverían los hombres a ser animales como lo eran antes del combate sangriento con que comenzó la historia. Si el hombre alcanza una sociedad en la cual se haya conseguido abolir la injusticia, su vida llegará a parecerse a la del perro. La vida humana, pues, entraña una curiosa paradoja: parece que requiere la injusticia, pues la lucha contra la injusticia es lo que hace salir a la superficie lo que hay en él de más elevado.

A diferencia de Nietzsche, Kojeve no se enfurecía por el regreso a la animalidad al final de la historia.

LIBRES Y DESIGUALES

Nietzsche era un enemigo declarado de la democracia y la racionalidad en que ésta descansa. Confiaba en el nacimiento de una nueva moral que favoreciera al fuerte frente al débil, que elevara la desigualdad social y hasta fomentara una especie de crueldad.

La principal preocupación de Nietzsche podría decirse que es el futuro del thymos-la capacidad del hombre de atribuir valor a las cosas y a sí mismo-, que ve amenazado por el sentido histórico del hombre y por la extensión de la democracia.

En la medida en que la democracia liberal consigue purgar la vida de la megalothymia y sustituirla por el consumo racional, nos convertiremos en menos humanos. Pero los seres humanos se rebelaran ante esta idea. Es decir, se rebelaran ante la perspectiva de convertirse en miembros indiferenciados del Estado universal y homogéneo. Querrán ser ciudadanos más que burgueses, encontraran aburrida la vida de una esclavitud sin señores. Querrán tener ideales por los cuales vivir y morir, y querrán arriesgar la vida incluso si el sistema internacional de Estado ha conseguido abolir la posibilidad de guerra. Esta es la contradicción que la democracia liberal todavía no ha resuelto.

La naturaleza conspirará para conservar un grado sustancial de megalothymia incluso en nuestro mundo democrático e igualitario. Nietzsche tenía toda la razón al creer que cierta dosis de megalothymia es una

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condición previa para la vida misma. Una civilización en la que no hubiera nadie que deseara que se le reconociese como mejor que los demás, y que no afirmara, de algún modo, la bondad y sanidad esencial de este deseo, no tendría arte, ni literatura, ni música. La megalothymia es un fenómeno moralmente ambiguo. Tanto las cosas buenas como las cosas malas de la vida fluyen en ella, simultánea y necesariamente. La buena salud y la estabilidad de la democracia pueden considerarse que descansan, a largo plazo, en la calidad y el número de ocasiones que proporciona a sus ciudadanos para satisfacer la megalothymia.

La primera, y más importante de esas ocasiones, en una sociedad liberal, consiste en la actividad económica. El capitalismo no solo permite, sino que positivamente exige una forma de megalothymia regulada y sublimada en el esfuerzo para ser mejor que los rivales en el mundo de los negocios.

El deseo de dominar la naturaleza mediante la ciencia natural moderna, que ha estado íntimamente relacionado con la vida económica capitalista, es, por su misma naturaleza, altamente thymotico. Entraña el deseo de dominar “los materiales casi sin valor de la naturaleza” y el esfuerzo por ser reconocido como superior a los otros científicos.

La política democrática ofrece también una oportunidad a las naturalezas ambiciosas. La política electoral es una actividad thymotica, puesto que en ella se compite por el reconocimiento público a bases de puntos de vista en conflicto sobre el bien y el mal, lo justo y lo injusto.

En un mundo en el cual se ha resuelto en gran medida la lucha por todas las cuestiones importantes, un esnobismo puramente formal se convertiría en la principal forma de expresión de megalothymia, del deseo del hombre de que se le reconozca mejor que los demás. Pero el fin de la historia significaría el fin, entre otras cosas, de todo arte que pueda considerarse socialmente útil, y de ahí el descenso de la actividad artística al vacío.

El anhelo del reconocimiento como superior no ha desaparecido de la vida humana, pero sus manifestaciones y su extensión han cambiado. La diferencia entre las sociedades democráticas y las aristocráticas que las precedieron no es que la megalothymia haya sido desterrada, sino que ha sido sumergida. Las sociedades democráticas están consagradas a la presunción de que todos los hombres han sido creados iguales, y su ethos predominantes es el de la igualdad. Aunque no se impide a nadie que desee que se le reconozca como superior, a nadie se le alienta en este sentido. Así, las manifestaciones de megalothymia que han sobrevivido en las democracias modernas existen con cierta tensión con los ideales públicamente declarados de la sociedad.

“El nomos de la tierra”(Carl Schmitt)

CAPITULO I

CINCO COROLARIOS A MODO DE INTRODUCCIÓN

El derecho como unidad de ordenamiento y asentamiento

En el derecho mítico, la tierra es denominada madre del derecho. Ello señala una raíz triple del derecho y la justicia.

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La tierra fértil contiene en sí misma una medida interna, pues el esfuerzo y el trabajo que el hombre aplica a la tierra fértil son recompensados con justicia por esta mediante el crecimiento y la cosecha (todo campesino conoce la medida interna de esa justicia)

El suelo labrado y trabajado por el hombre, nuestras líneas fijas que hacen visibles determinadas divisiones, evidencian medidas y reglas del cultivo según las cuales se desarrolla el trabajo del hombre en la tierra.

La tierra lleva sobre su superficie firme vallados y cercados, casas, muros y otras edificaciones. En ellos se revela la ordenación y el asentamiento de la convivencia humana.

Así, la tierra está unida al derecho de manera triple. Lo contiene en sí misma como premio del trabajo; lo revela en sí misma como límite firme, y lo lleva sobre sí misma como signo público del orden. El orden es terrenal y vinculado a la tierra.

El análisis de la toma de la tierra como acto primitivo establece un derecho.

La toma de una tierra establece derecho en dos sentidos: 1) hacia adentro se establecen con la primera división y distribución del suelo, la primera ordenación de todas las condiciones de posesión y propiedad. Aún en el caso de que la primera división de la tierra ya establezca una propiedad privada puramente individualista o común del grupo, esta propiedad sigue sujeta a la toma conjunta de la tierra y se deriva jurídicamente del acto primitivo común. Toda ocupación de tierra crea siempre, en el sentido interno, una especie de propiedad suprema de la comunidad en su totalidad. 2) en el aspecto externo el grupo que ocupa una tierra se enfrenta con otros grupos o potencias que toman o poseen una tierra. En este aspecto, la toma de la tierra representa en dos formas distintas un título basado en el derecho de gentes: puede ser que un trozo de tierra sea separado de un espacio que hasta entonces era considerado libre o bien puede ser que un trozo de tierra sea arrebatado al hasta entonces poseedor de la misma y pase a ser propiedad del nuevo señor.

La toma de la tierra con efectos hacia adentro y hacia afuera es el primer título jurídico en el que se basa todo derecho interior. La toma de la tierra crea las condiciones para la distinción entre derecho público y privado. La toma de la tierra tiene en el aspecto jurídico un carácter categórico. Es importante aquí un enfoque doble: 1. Hemos de considerar la toma de la tierra como un hecho jurídico-histórico, como gran acontecimiento histórico, y no como una mera construcción del pensamiento. 2. Hemos de tener en cuenta que el acto de toma de la tierra también precede a la distinción entre derecho público y privado. La toma de la tierra crea el título jurídico más radical que existe.

La ocupación de la tierra precede no sólo lógicamente sino también históricamente a la ordenación que luego le seguirá. Contiene así el orden inicial del espacio, el origen de toda ordenación concreta posterior y de todo derecho ulterior.

Respecto al nomos de la tierra hay que tener en cuenta dos aspectos de la tierra:

Tierra como elemento: tomar, distribuir y trabajar la tierra.

Apunta a la tierra como planeta y por lo tanto la imagen del mundo (imagen de ordenación espacial del planeta). Establece la referencia entre mares y océanos (elementos que no pueden ser distribuidos o que por lo menos no se hace originariamente) Surge así la tensión entre el elemento terrestre y el acuático.

El derecho de gentes es el principio de la capacidad de reconocer un enemigo justo. Podemos identificar dos sentidos históricos:

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Ius gentile. es el derecho que regula la ocupación de la tierra, la edificación, etc. Apunta a la existencia de un enemigo, pero que reconoce capaces juntos de celebrar. Supone un ordenamiento superior que tiene autoridad sobre la gente (autoridad eclesiástica): unidad de gentes.

Ius inter gentes. Derecho de entre gentes sujeto a la estructura de la gente. Con la emergencia del estado moderno surge el derecho interestatal.

En el paso del derecho ius gentile al ius inter gente hay profundas transformaciones históricas. Podemos identificar entonces distintos períodos:

Pregoblal o Derecho de gentes de la Edad Media

El Imperio en la Europa cristiana de la Edad Media representaba una ordenación preglobal del espacio, pero, sin embargo, proveyó, el único título jurídico para la transición hacia una primera ordenación global del derecho de gentes. El llamado “derecho de gentes modernos”, es decir, el derecho de gentes interestatal europeo del período de los S. XVI al S. XX, surgió de la disolución de la ordenación medieval del espacio basada en el Imperio y el Papado.

La Respublica Christiana como ordenadora del espacio

La ordenación medieval surgió de los apoderamientos de tierra durante la transmigración de los pueblos. Hay unidad dada por la autoridad común (eclesiástica) y hay una comunidad de los pueblos cristianos.

La amplia unidad basada en el derecho de gentes de la Edad Media europea tenía asentamientos y ordenaciones claras. Su nomos está determinado por las siguientes disposiciones: el suelo de pueblos paganos es territorio abierto a la misión cristiana. Entonces, más allá del suelo cristiano puede entenderse que hay derecho de inter gentes porque las cruzadas son una causa justa, y dentro del territorio cristiano se produce la acotación de la guerra.

La unidad cristiana está conformada por: el orden del monasterio y el orden del sacerdocio que no se superponen. Para lo terrenal los reyes cristianos gobiernan pero envestidos por la autoridad del Papa. Esto es posible porque lo que está al fondo de estos dos órdenes no superpuestos es la idea del tiempo, que implica que el Anticristo va a llegar a la tierra (los hombres lo único que pueden hacer es retrasar esta llegada y esta fuerza histórica es el kat-echon). La respublica christiana era un orden anárquico, no había un timón superior, pero no era nihilista. Entonces, ¡cómo se disuelve? El factor común es la secularización, pero que dentro presenta varias razones:

La Corona Imperial deja de ser elevación y pasa a ser un inmueble con dominio completo del propietario.

Los soberanos europeos se entienden a sí mismos con la idea moderna de Soberanía y se sustraen de la autoridad papal.

Surgen las unidades políticas cerradas (Estados modernos)

Aparece ante Europa, América, lo cual implica grandes tomas de tierra. Esto altera toda la concepción espacial de los pueblos hasta ese momento, con lo cual cambia la imagen del mundo, se da la primera aparición de la tierra en su segundo sentido, es decir como imagen global de la tierra. Las grandes tomas de tierra en América se dan desde la perspectiva de la toma originaria del suelo (nomos de la tierra) entendido primero como la acepción más elemental de imagen del mundo y segundo, como idea, imagen del mundo. El nuevo mundo aparece como un espacio libre, muy rápidamente se da la división del nuevo suelo (por líneas globales) primero, a partir de rayas de partición y posteriormente en líneas de amistad.

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El Imperio Cristiano como barrera contra el Anticristo (Kat-echon)

En esta unidad de la Respublica Christiana, el Imperio y el Sacerdocio representaban sus formas adecuadas de ordenación, y el Emperador y el Papa eran sus portadores visibles. Lo fundamental de este imperio cristiano es el hecho de que no sea un imperio eterno, sino que tenga en cuenta su propio fin y el fin del eón presente, y a pesar de ello sea capaz de poseer fuerza histórica. El concepto decisivo de su continuidad es el de kat-echon. Imperio significa en este contexto la fuerza histórica que es capaz de detener la aparición del Anticristo. El imperio de la Edad Media cristiana perdura mientras permanece activa la idea de kat-echon.

En comparación con la teoría de Kat-echon, las construcciones políticas o jurídicas de la continuación del Imperio Romano no son algo fundamental. En la alta Edad Media habían de adaptarse a una ordenación del suelo señorial-feudal y a los compromisos personales de un sistema feudal de vasallaje, mientras que, a partir del S. XIII trataban de salvar una unidad que se desmembraba.

Imperio cesarismo, tiranía

Si el Imperio es tratado como la forma más perfecta de las comunidades humanas, este no es interpretado en el sentido de una comunidad similar a las civitas autárquicas, y aún más perfecta, sino únicamente como una unidad trascendental de índole especial que establece la paz y la justicia entre las comunidades autárquicas y que sólo por ese motivo es más elevada y más amplia.

Todas estas renovaciones prescinden del kat-echon y, en consecuencia, sólo pueden hacer surgir un cesarismo en lugar de un imperio cristiano.

En las construcciones de los juristas del derecho romano de los siglos XIV y XV ya está olvidada la unión entre imperio cristiano y el reino territorial.

A través de la desaparición de tales conceptos espaciales ya se anuncia la disolución general de la disolución medieval. Aunque continuó siendo el Emperador el conservador del derecho y de la libertad. La teoría de los juristas y los autores laicos de la Edad Media tardía (S. XIII a XV) avanza aún más en esta dirección. Se establecen conceptos universales y básicos del enemigo como tirano y pirata, toman su sentido de la ordenación concreta de un Imperio de acuerdo con el derecho de gentes y confirman la existencia del mismo mientras posean realidad histórica.

Aun cuando la potestas imperial se había convertido en la realidad en un mero nombre sin poder, la ordenación general amplia del derecho de gentes europeo medieval continuaba existiendo mientras la autoritas del Papa era suficiente para encargar misiones y ordenar cruzadas y para conceder nuevos territorios para el ejercicio de la actividad misionera. Mientras se prolongaba esta situación, la división fundamental a raíz de la ordenación del espacio, la distinción entre suelo de soberanos y pueblos cristiano y el de países no cristianos, la consiguiente acotación de las guerras, o sea la distinción entre varias clases de guerras, y con ello el orden concreto entre los pueblos, aún seguían conteniendo una porción de realidad histórica.

Fue una ordenación del espacio totalmente distinta la que puso fin al derecho de gentes medieval en Europa. Esta ordenación surgió con el Estado europeo centralizado, territorialmente cerrado, que era soberano frente al Emperador y al Papa, pero también frente a cualquier vecino, y que tenía abierto un espacio libre e ilimitado para adquisiciones de tierra en ultramar. Los nuevos títulos jurídicos, característicos de este nuevo derecho de gentes, pero totalmente desconocidos a la Edad Media cristiana son el descubrimiento y la ocupación. La nueva ordenación del espacio ya no está basada en un asentamiento seguro sino en un “equilibrio”.

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La aparición de inmensos espacios libres y la toma de la tierra en un mundo nuevo hicieron posible un nuevo derecho de gentes europeo de estructura interestatal. En la época interestatal del derecho de gentes, que duraría desde el S. XVI hasta fines del S. XIX, se logró un verdadero progreso, o sea una delimitación y acotación de la guerra europea. Surgió una nueva ordenación concreta del espacio, un equilibrio entre los estados territoriales del continente europeo en su concierto con el imperio marítimo británico y sobre el fondo de inmensos espacios libres. Gracias a la ordenación concreta del espacio del estado territorial, el suelo de Europa adquirió un status de Derecho de Gentes específico, y no sólo en sí mismo, sino también frente al espacio del mar libre y frente a todo suelo de ultramar, o sea no-europeo. Ello hizo posible un Derecho de Gentes común que ya no era eclesiástico ni feudal, sino estatal.

La superación de la guerra civil por la guerra en forma estatal: el primer efecto racionalizador producido por la entidad espacial llamada “Estado” consistió, en el campo de la política interior y exterior, en la “desteologización” de la vida pública y en la neutralización de las contradicciones de la guerra civil religiosa. La desteologización produjo una consecuencia evidente: la racionalización y humanización de la guerra, es decir la posibilidad de su acotación de acuerdo con el Derecho de Gentes, que consiste, en que el problema de la guerra justa es separado de la causa justa, quedando sujeto a categorías jurídico-formales. La guerra puede convertirse de esta manera en algo análogo a un desafío, un duelo entre personas morales territorialmente definidas, que determinan entre ellas el Ius publicum europaeum dividiendo entre sí el suelo de Europa, mientras que el suelo restante, no europeo del mundo es considerado en esta ordenación global del espacio, centrada aun totalmente en Europa, como libre, es decir libremente ocupable por Estados europeos. Esto significa una racionalización y humanización de efectos profundos. A ambas partes beligerantes les corresponde el mismo carácter estatal con idéntico derecho. De este modo, se hace posible distinguir entre el enemigo y el criminal. El concepto de enemigo puede adoptar forma jurídica. El concepto de iustus hostis crea asimismo el espacio para una neutralidad de terceros Estados de acuerdo con el Derecho de Gentes, lo cual contribuye también a la neutralización de la justicia sangrienta de las guerras religiosas y de partidos.Dejan de importar las diferencias entre suelos cristianos y paganos, se da una ruptura entre el Imperio y el Papado abriéndose definitivamente la separación del pensamiento teológico del jurídico.Por lo tanto, es justa en el sentido del Derecho europeo de Gentes de la época interestatal toda guerra interestatal librada en suelo europeo, según las reglas del derecho europeo de guerra, por ejércitos militarme organizados de Estados reconocidos por el Derecho europeo de Gentes.

La guerra como relación entre personas de idéntica soberanía: un paro decisivo hacia la nueva magnitud “Estado” y hacia el nuevo Derecho de Gentes interestatal consistió en representar como personas a las estructuras de poder con territorio cerrado. Para la formación de conceptos del nuevo Derecho de Gentes interestatal es importante la personificación, sólo de este modo se convierte la guerra en una relación entre personas que se atribuyen mutuamente un rango. El surgimiento de tales “personas morales” y “grandes hombres” se debe a numerosas razones histórico-espirituales, y que también ha ejercido su influencia en ello el individualismo del Renacimiento. Se trata más bien de la vinculación entre el conjunto espacial de poder y la persona representativa. El Estado, como elemento de una nueva ordenación del espacio, como nuevo sujeto jurídico de un nuevo Derecho de Gentes, ahora es cuando adquiere forma: como sujeto jurídico y “persona” soberana.

El nuevo ordo posee un carácter menos espiritual que espacial. Únicamente mediante la personificación de los Estados territoriales europeos ha podido surgir una ciencia jurídica del Ius gentes interestatal.

La ordenación amplia del espacio: el verdadero y muy efectivo vínculo, sin el cual no puede existir un Derecho de Gentes, es la fuerza conciliadora de una ordenación del espacio, centrada en Europa, que abarca a todos estos soberanos. Su nomos tiene su base en la división del suelo europeo en territorios estatales con fronteras fijas. Este suelo de estados europeos reconocidos y de su territorio estatal tiene un status especial

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basado en el derecho de Gentes. Es distinguido del suelo libre.El Estado territorial soberano y europeo representa la única estructura creadora de orden en aquel período.

La libertad de los mares

El mar permanece fuera de toda ordenación específicamente estatal del espacio. No es ni ámbito estatal, ni espacio colonial, ni tampoco es ocupable. Está libre de todo tipo de soberanía estatal del espacio. El mar no posee otras fronteras que las costas. Es el único espacio que está libre y abierto de todos los Estados para el comercio y la pesca, para un ejercicio libre de la guerra marítima y del derecho de botín en ésta.

La ordenación mundial centrada en Europa, surgida en el S. XVI, se desdobló así en dos ordenaciones globales distintas, o sea de la tierra y del mar. Por primera vez la oposición entre tierra y mar se convierte en fundamento universal de un derecho global de gentes.

La isla de Inglaterra se convirtió en eslabón entre las dos ordenaciones diferentes d ela tierra y el mar, explicándose así la posición excepcional de Inglaterra en y frente a este Derecho europeo de Gentes.

El gran equilibrio entre tierra y mar creó un equilibrio entre los Estados continentales, pero al mismo tiempo impidió un equilibrio marítimo entre las potencias marítimas. Un equilibrio entre las potencias marítimas hubiera dividido el mar y destruido el gran equilibrio entre tierra y mar que constituía el nomos de la tierra en el Ius Publicum Europaeum.

En este siglo no se impusieron en relación con los nuevos mares, categorías tradicionales de derecho romano, sino algo muy distinto: la convicción primitiva, original y elemental de que el derecho y la paz únicamente están asentados en la tierra.

Los intentos de considerar el mar como una vida de tráfico de uso común, y en este sentido como res ómnium, tropiezan con el hecho de que cada Estado tiene derecho a librar en esta vía guerras con todos los medios bélicos modernos.

El verdadero problema de la libertad de los mares reside en la cuestión de la libre beligerancia marítima y en la colisión entre esta libertad y la libertad de comercio de los neutrales referida al mismo espacio marítimo.

Pueden percibirse así las líneas histórico-jurídicas de la nueva libertad de los mares. Dos grandes etapas, caracterizadas por dos concepciones distintas de esta libertad:

En la primera etapa se impone el criterio primitivo y elemental de que el mar no es accesible del derecho y la acción humana y que representa un espacio libre para probar fuerzas (líneas de amistad). Predominan las argumentaciones jurídicas.

Posterior a la paz de Utrecht se consigue una acotación consistente en que aumenta el control de los barcos piratas por parte de los respectivos gobiernos, de manera que el corsario del estilo antiguo es degradado de pirata a criminal. Pero, no obstante, el ámbito de la alta mar continúa fuera de la ordenación estatal del espacio de la tierra firme. De éste modo surge el gran equilibrio entre la tierra y el mar que llegaría a constituir la base del nomos de la tierra durante dos siglos.

La separación entre la tierra firme y el mar libre era el principio fundamental y específico del Ius Publicum Europaeum. Esta ordenación del espacio no surgió esencialmente de ocupaciones de tierras intraeuropeas ni de modificaciones territoriales, sino de la toma europea de la tierra en un Nuevo Mundo no europeo, junto con una toma del mar libre por Inglaterra. Inmensos espacios libres hicieron posible y fueron la base del derecho interno de una ordenación europea interestatal. Ulteriormente fueron imponiéndose otras divisiones de índole espacial para la tierra firme hasta que el Derecho de Gentes se fue disolviendo, a partir de finales de S. XIX y

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principio del XX, en un international law general. Con respecto al nomos de la tierra surgen en esta época las siguientes distinciones y divisiones:

Entre el espacio de la tierra firme y el mar libre, que es de importancia para la diferencia entre guerra terrestre y guerra marítima.

Dentro del espacio de la tierra firme: distinción entre el suelo de estados europeos (territorio estatal en el sentido propio) y el suelo de posiciones en ultramar (suelo colonial), que es de importancia para la distinción entre la guerra europea y la colonial; la acotación lograda para la guerra terrestre europea sólo se refiere a guerras terrestres interestatales que sean libradas en suelo europeo o un suelo equiparado a éste.

Suelos americanos

En principio, pueden ser ocupados porque están libres desde el punto de vista de los soberanos europeos (adquisición originaria). Más adelante aparece la ocupación efectiva: la toma de América no es justa porque los habitantes sean infieles sino porque los americanos no brindan hospitalidad a soberanos europeos (libertad de comercio y poder cumplir con la misión). Al violar el derecho la conquista se realiza en virtud de una causa justa, es decir, en virtud del derecho. Se marca así la relación entre justicia y guerra: la guerra puede ser justa por su causa pero en Europa ahora es justo por la justicia del enemigo. Se reconoce como soberano al otro y entonces es un enemigo justo por las condiciones de su reconocimiento. La justicia de la guerra deja de estar atada a la causa lo cual permite acotar la guerra.

Nomos y ley

El sentido primitivo del nomos, su procedencia de la toma de la tierra aún es, perceptible. La anulación del sentido primitivo es originada por una serie de distinciones y antítesis.

La palabra nomos es aplicable para nosotros porque tiene la propiedad de proteger conocimientos que surgen de la problemática mundial actual contra un enredo positiva-legal, sobre todo contra la confusión con palabras y conceptos de la ciencia jurídica interestatal del S. XIX.

El nomos es la forma inmediata en la que se hace visible, en cuanto al espacio, la ordenación política y social de un pueblo, la primera medición y partición de los campos de pastoreos, o sea la toma de la tierra y la ordenación concreta que es inherente a ella y se deriva de ella. Nomos es la medida que distribuye y divide el suelo del mundo en una ordenación determinada, y, en virtud de ello, representa la forma de ordenación política, social y religiosa. Medida, ordenación y forma constituyen aquí una unidad espacial concreta.

“La pugna por definir el tipo de hegemonía política y un nuevo patrón de acumulación de capital” (Basualdo)

Fue un claro triunfo de la posición devaluacionista, fue la mayor devaluación del tipo de cambio real en la historia argentina.

La crisis abierta (2001/03) cuestiona el patrón de acumulación: primero se detiene el proceso de formación de capital (la tasa de inversión cae a tal punto que raya el 0) y segundo, se implementa el corralito.

El grupo devaluacionista impone su propuesta a pesar de que había perdido posición por la venta de sus activos, pone en cuestión el sistema político. A raíz de esto aparecen dos tendencias:

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Hegemonía clásica: parte del compromiso material, alianza policlasista. Basada en el crecimiento sostenido y en el aumento de demanda e inversiones. Kirchner busca recomponer la burguesía nacional (es un error de diagnóstico) pero no se da cuenta que ella es parte de la valorización financiera.

Los grupos económicos nacionales (la burguesía nacional) avanzan sobre el sector de servicios más que la industria. Los que han tenido mayor recomposición del ingreso son los principales beneficiarios del plan de promoción industrial. No hay una burguesía industrial, lo que presenta un límite para una alianza policlasista.

Económicos:

Los enemigos son el capital extranjero y dentro de ellos los acreedores extranjeros y empresas que controlan el capital de las empresas privatizadas (FMI).

Lograr el mayor crecimiento económico anual, esto genera una expansión de la economía real (producción de bienes y servicios). Esta política se vio favorecida por la autonomía relativa de la economía interna respecto del poder financiero mundial, al mismo tiempo que se incrementa la demanda de productos primario por China y otros países emergentes.

Políticos:

Lograr hegemonía clásica a través de beneficios a los diversos sectores sociales subalternos, en tanto buscan plasmar una creciente inclusión política y social de los sectores subalternos.

Durante el kirchnerismo los capitales locales avanzan en la propiedad de los servicios públicos de importancia nacional o provincial y no sobre la base de establecimientos o empresas industriales.

Sin embargo, todo parece indicar que el crecimiento económico no es el resultado de la hegemonía de un bloque social que está definiendo un nuevo patrón de acumulación de capital, sino de una enconada pugna entre dos tipos de hegemonía diferentes que están vinculadas a propuestas enfrentadas, estando ambas encarnadas en el gobierno más allá que los representantes de cada una de ellas dentro del gabinete varíen en el tiempo.

Una de ellas, predominante en esta etapa, impulsada por los grupos económicos locales intenta subordinar al sistema político y utilizar al Estado como medio para reposicionarse en la economía real, luego de haber vendido una parte de sus activos fijos al capital extranjero y haber fugado una parte mayoritaria de su capital al exterior durante la valorización financiera. La otra, busca plasmar un proyecto de expansión económica, alineado con las experiencias populares que se registraron en el país y en la región durante el siglo XX (que sí asumieron como tarea primordial el tutelaje estatal sobre los sectores populares así como, impulsar un sesgo en la distribución del ingreso en favor de la clase trabajadora).

La tendencia incipiente: nacional-popular.

La asunción de Cristina coincide con una modificación en la naturaleza del gobierno que se origina en la determinación de los sectores dominantes de subordinar al nuevo gobierno a sus intereses, dando por finalizada esa dualidad hegemónica contradictoria que caracterizaba la situación hasta ese momento. El motivo circunstancial y la base social la encontraron en el ámbito propio y tradicional de la oligarquía agropecuaria: el agro pampeano.

El planteo de los sectores dominantes no parece sustentarse como el pasado en el derrocamiento del gobierno sino más bien en disciplinarlo.

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Ya desde la dictadura la propia oligarquía pampeana se vuelve más homogénea en sus intereses y visiones acerca del proceso de acumulación del capital porque en términos de su inserción en la economía real los integrantes que habían diversificado sus inversiones hacia otras actividades vuelven a estar relativamente más recostados en la producción agraria.

La 125: sesgo primario en intereses productivos en conjunto con propietarios/arrendatarios. Es una divisoria de aguas, los que ganan en términos institucionales (la mesa de enlace) perdieron en términos orgánicos y los que perdieron en lo institucional ganan a nivel orgánico. (El gobierno). A partir de este conflicto el gobierno cambia su diagnóstico y decide que la facción de capital que debe enfrentar no es solo los acreedores externos sino también la facción del mercado nacional (el sector servicios lidera el PBI). Se presenta un dilema: devaluar la moneda incentiva la inflación, pero no hacerlo desprotege la industria local. Basualdo dice que entonces, corresponde cambiar el esquema de alianza. Ahora el sector público debería tomar el rol de agente activo en la economía (apoyar empresas de menor facturación).

El sector de servicio junto al sector primario constituyen el nuevo patrón: se aprecia la moneda interna.

“Ciudadanía y clase social” (T. Marshall)

Thomas Marshall va a establecer que la definición de ciudadanía social que da Alfred Marshall es a la que se vuelve constantemente en la actualidad. Este texto lo escribe a fines de los 40’s (posguerra) en una sociedad inglesa marcada por la presencia de clases pero al mismo tiempo con la igualación de condiciones (vinculado a la igualdad que se da en el frente de batalla que indica una dignidad común en tanto nacionales de Inglaterra). El reclamo de igualdad de condiciones se da luego por fuera del campo de batalla. Alfred Marshall no plantea el problema de la desigualdad social, al contrario, denuncia tendencias a la igualación, se pregunta si no hay límites que tengan que ser impuestos a éstas.

Alfred Marshall marca dos procesos que tienden a la igualación de la clase trabajadora. A partir de la mecanización de la producción: se corre el peso gravoso del trabajo, lo que permite que ciertas capas de la clase trabajadora alcancen ciertas actitudes de los caballeros. Esto trae las siguientes consecuencias:

Corolario económico: era posible eliminar la carga del trabajo animalizante y generar condiciones fiscales para garantizar la educación universal de los hijos de los trabajadores. No hay obstáculos para garantizar la caballerosidad.

Corolario sociológico: todos los miembros de la sociedad deben pertenecer a un mismo estatuto más allá de los distintos ingresos deben tener un igual estatuto cualitativo como miembros de la sociedad.

La igualdad humana básica de pertenencia a una comunidad a la que Marshall hizo referencia, se ha enriquecido con nueva sustancia y se ha revestido de un formidable cuerpo de derechos. Ha avanzado mucho más de lo que él preveía y se ha identificado con el status de la ciudadanía. Esto se debe a que por el proceso económico y social el estatuto de caballero parece universalizarse a la sociedad. El concepto de ciudadanía puede coexistir con las desigualdades de clase. Alfred Marshall identifica la condición de caballero con un status igual de los caballeros en términos de deberes (cortesía, virilidad, patriotismo). Es así que podemos decir que da una definición por vía de los deberes: en el pasaje de caballero a ciudadano se va a enfatizar más en los derechos (tener en cuenta la fantástica expansión que se da de los mismos)

Ciudadanía

La ciudadanía es la definición del status igual de los miembros de pleno derecho en una sociedad en términos de derechos civiles, políticos y sociales. Los derechos de la ciudadanía se corresponden a la mera pertenencia de una sociedad. La noción de ciudadanía es el resultado del proceso de desfeudalización de Europa en virtud

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del cual se descartan las pertenencias estamentales. Emerge entonces una noción de ciudadanía en el cual la pertenencia a una sociedad equivale a poseer ciertos derechos. Esto se identifica con el proceso de constitución de grandes estados territoriales-administrativos, el proceso de expansión territorial y centralización del poder y, al mismo tiempo, de diferenciación funcional entre tareas propias de administración política, administración judicial y de lo social.

Thomas Marshall propone una división de la ciudadanía en tres partes:

Civil: se refiere al desarrollo de los derechos civiles característicos del S. XVIII. Son las libertades de los modernos, las llamadas “libertades negativas”, individuales. Es cuando se da la aparición de nuevos derechos. Principalmente hay que destacar el derecho a acceso a la justicia porque es el derecho a defender todos los otros derechos. Es por esto que las instituciones directamente relacionadas con los derechos civiles son los tribunales de Justicia.

Política (S.XIX): se da una expansión de derechos que hasta entonces eran reducto de una minoría, el derecho a participar del ejercicio del poder político ya se directa o indirectamente. A partir de esto se da una expansión del electorado.

Social (S.XX): son los derechos a vivir de acuerdo a estándares predominantes de una vida civilizada (no se puede establecer lo que va a considerar cada sociedad como vida civilizada). Los derechos sociales emergen cuando cambia el signo de asistencia a los sectores más pobres de la sociedad. Se produce una valorización de los beneficios sociales invirtiéndose el signo por lo cual se empieza a considerar a estos beneficios no como una asistencia sino como derechos que se les dan a estos ciudadanos como individuos de pleno derecho.

Los derechos de ciudadanía generan nuevas pautas de desigualación que se podrían considerar legítimas: la lógica de igualación asociada a la ciudadanía no produce una igualación cuantitativa. El derecho del ciudadano es un derecho a la igualdad de oportunidades. Se trata de un derecho a desarrollar las diferencias; es un derecho igual a ser reconocidos como desiguales. Esto se observa en el sistema educativo: todos los niños que ingresan a la escuela primaria reciben la misma igualdad de oportunidades, pero a tan temprana edad ya suelen estar divididos.

Thomas Marshall conecta los deberes ciudadanos con la ética del trabajo: parte del supuesto del pleno empleo (pilar de la sociedad de bienestar) con una sociedad asociada a la ética del trabajo. Marshall concluye en que la ciudadanía es incompatible con la lógica de la sociedad de mercado y de ciertas desigualdades. Ciudadanía y clases sociales no pueden articularse por un pensamiento lógico, sólo por un pensamiento estratégico que admite principios que en el fondo son incompatibles.

Conclusión

“He querido demostrar de qué modo la ciudadanía, junto a otras fuerzas externas a ella, ha modificado el modelo de la desigualdad social. Puede que las desigualdades que la ciudadanía ha permitido, incluso moldeado, ya no sean distinciones de clase en el sentido que dieron al término las sociedades pasadas.

Deberíamos buscar los efectos combinados de tres factores. En primer lugar, la comprensión, a ambos extremos, de la escala de distribución de la renta. En segundo lugar, la gran extensión del área de la cultura y las experiencias compartidas. Y en tercer lugar, el enriquecimiento del status universal de ciudadanía combinado con el reconocimiento y estabilización de ciertas diferencias de status a través de los vínculos que unen los sistemas de la educación y de la ocupación. Los dos primeros han hecho realidad el tercero. La ciudadanía democrática concede a las diferencias de status un márchamo de legitimidad, siempre que no sean demasiado profundas y se produzcan en el seno de una población cohesionada por una civilización única, y siempre que no sean expresión de privilegios heredados, lo que significa que las desigualdades resultan

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tolerables en el seno de una sociedad fundamentalmente igualitaria, siempre que no sean dinámicas, esto es, siempre que no creen incentivos que procedan de la insatisfacción. Así pues, podría demostrarse que las desigualdades que permite la ciudadanía no funcionan en un sentido económico como fuerzas que influyen en la libre distribución de la mano de obra, o que la estratificación social persiste, pero la ambición social deja de representar un fenómeno normal para convertirse en un modelo desviado de comportamiento.

Podríamos descubrir que la única tendencia con un efecto distributivo coherente – es decir, de distribución de mano de obra a través de la jerarquía de los niveles económicos – es la ambición del estudiante de hacer bien sus deberes, aprobar sus exámenes y promocionarse en la escala educativa.

El enriquecimiento del status de ciudadanía ha hecho más difícil conservar las desigualdades económicas, porque les deja menos espacio y aumenta la probabilidad de luchar contra ellas. No perseguimos la igualdad absoluta; hay límites inherentes al movimiento igualitario, pero ese movimiento es doble. En parte opera a través de la ciudadanía, y en parte a través del sistema económico, pero en ambos casos se trata de eliminar las desigualdades que no podemos considerar legítimas; lo que ocurre es que el modelo de legitimidad es distinto en uno y otro caso. En el primero, el modelo es la justicia social; en el segundo, es la justicia social combinada con la necesidad económica. Es posible pues, que las desigualdades que permiten las dos mitades del movimiento no coincidan. Podrían sobrevivir distinciones de clase que carecen de función económica propia, y diferencias económicas que no corresponden con las distinciones de clases aceptadas.

Los derechos se han multiplicado, y son precisos, porque todo individuo sabe lo que puede reclamar. La obligación más obvia e inmediatamente necesaria para que se realice el derecho es pagar los impuestos y las contribuciones a los seguros. Pero ambas cosas son obligatorias, no dependen de un acto voluntario o de un sentimiento profundo de lealtad. La obligación de trabajar es de enorme importancia, pero el efecto del trabajo de una persona en el bienestar de toda la sociedad es tan pequeño que difícilmente creerá que está haciendo algo malo si se niega a trabajar o lo hace con indolencia.

No será fácil resucitar de otra manera, vinculándolo al status de la ciudadanía, el sentido de la obligación personal de trabajar, ni lo facilitará el hecho de que la obligación fundamental no es ya obtener un empleo y mantenerlo, sino echar el resto en él y trabajar duro.

La civilización unificada que hace aceptables las desigualdades sociales, y amenaza con hacerlas económicamente menos funcionales, se alcanza mediante un progresivo divorcio entre las rentas reales y las monetarias.

“La cuestión social y el Estado de Bienestar en el mundo poskeynesiano”(Isuani y Nieto)

Cuestión social y Estado de Bienestar son dos nociones que dependen una de la otra.

¿Qué es la cuestión social?

Un fenómeno contemporáneo vinculado al ingreso de las masas a la política, y a la pobreza. Se relaciona con una determinada relación capital-trabajo que produce situaciones de pauperización.

En el S. XIX la cuestión social se de en base al conflicto capital-trabajo (vieja cuestión social: explotación)

En el S. XXI la cuestión social no se explica por las condiciones de trabajo sino que emerge como preocupación social la identificación de la cuestión no por explotación sino por exclusión.

Tres modelos de bienestar en el S. XX: distintos diagnósticos de la cuestión social

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Estado de Bienestar residual (característico del mundo anglosajón): es el que identifica las causas de la pobreza con lo que se llama “déficit de proletarización” de los sectores populares (fuente teórica: teoría normativa liberal – Hayek). Hay sectores de la población que no logran incorporarse en el mercado de trabajo como medio para subsistir por su propio esfuerzo. El mérito y esfuerzo individual son la única vía para garantizar derechos sociales sin conculcar derechos civiles (libertades individuales). El objetivo del Estado de Bienestar es la proletarización de la fuerza de trabajo (lo que pase dentro del mercado de trabajo es responsabilidad de cada uno) – cultura del trabajo (premios y castigos) MERCADO-PROLETARIZACIÓN

Estado de Bienestar Corporativo (Europa continental) parte del diagnóstico de la desintegración social: sociedades industriales en las cuales los lazos de solidaridad mecánica aparecen quebrados por la división social del trabajo, las sociedades están amenazadas por tendencias a la desintegración y exigen nuevos lazos sociales. El régimen de Bienestar apunta a la integración social por vía de restitución de lazos de solidaridad que implican la mutualización de los riesgos sociales. En el Estado Corporativo los individuos no están disgregados en la sociedad civil lisa sino que participan de diferentes colectivos, corporaciones y es en función de la articulación de la sociedad en éstas que se establecen lazos de solidaridad. Supone una sociedad de pleno empleo y articulada en pos de estas corporaciones (que se traba con el capital en conflicto). Es una sociedad en la que a diferentes colectivos corresponden diferentes grados de participación en el excedente. (fuente teórica: Durkheim) Trabajador-ciudadano. FAMILIA – INTEGRACIÓN SOCIAL

Estado de Bienestar Universalista (modelo escandinavo): parte del diagnóstico de la desigualdad: identifica la pobreza con un desigual reconocimiento de derechos de ciudadanía (). El Estado Universalista apunta al objetivo de igualar las condiciones del ciudadano en tanto que ciudadano, independientemente del lugar que ocupe en las relaciones de trabajo y las corporaciones. (fuente teórica: Marshall) Garantizar la libertad por medio de la igualdad en el mundo social. ESTADO - IGUALDAD

El Estado de Bienestar latinoamericano es un híbrido entre el Estado de Bienestar Corporativo y el Universal. 

BASUALDO. Ver si es este 

 Se abre desde el 2002 con la propuesta devaluacionista una etapa que se prolonga hasta nuestros días, en la cual los distintos estratos Ciales y fracciones del capital intentan definir un nuevo patrón de acumulación de capital. Desde esta perspectiva se guarda similitudes con la década del 30, cuando ante el agotamiento del modelo agroexportador se despliegan distintas alianzas sociales que plantean patrones de acumulación de capital alternativos.  

Sin embargo, entre ambos períodos median al menos dos diferencias que  determinan la singularidad de cada una de ellos. Mientras que los  años de la larga década de 1930 constituyen una etapa que se caracterizó por exhibir severos problemas en términos del crecimiento económico, los años que siguen al agotamiento de la valorización financiera presentan un proceso inverso, ya que el 2002 y el 2010 se registra un crecimiento económico notablemente elevado. Su particularidad se refiere a la elevada tasa de crecimiento que se alcanzan en todos ellos, con excepción de 2009 a raíz de la crisis mundial. 

La otra diferencia entre ellos radica en una instancia distinta, pero igualmente relevante, a la económica. Durante los ’30 es indiscutible la hegemonía que ejerció la oligarquía pampeana sustentada en su alianza con el radicalismo “antipersonalista”, lo cual convalidó el “fraude patriótico”. Por el contrario, en los primeros años del siglo XXI se pone de manifiesto una profunda crisis del sistema político debido al colapso de la forma de hegemonía que impuso la oligarquía, el transformismo argentino, durante la vigencia del patrón de acumulación de capital sustentado en la valorización financiera. 

Es pertinente insistir en que la debacle de la valorización financiera y del transformismo argentino sin que le suceda un nuevo patrón de acumulación de capital, da lugar a una etapa de una intensa lucha social que

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involucra tanto a los distintos estratos de trabajadores como a las diferentes fracciones del capital. No se trata de luchas sociales aislados sino estableciendo acuerdos o incluso alianzas con otros estratos sociales o fracciones del capital intentado de ese modo definir el perfil de la futura acumulación de capital y el consenso social que permita plasmarlo como una propuesta universal para el conjunto social. 

En síntesis, ahora se trata de un período en que se conjuga una acentuada lucha política y social encaminada a definir un nuevo patrón de acumulación de capital, con un acentuado crecimiento económico que permitió superar el impacto de una fuerte crisis internacional, y la irrupción de políticas que operaron como una “divisoria de aguas” entre las organizaciones populares. 

 

La herencia recibida de la valorización financiera en términos de la hegemonía política y las fracciones del capital predominantes. 

Este análisis busca determinar la incidencia relativa de las empresas controladas y vinculadas de los grupos económicos locales en las ventas de las 200 empresas de mayor facturación en la economía nacional, a lo largo de la valorización financiera. Las 200 empresas de mayores ventas conforma el núcleo central de la economía interna y del mercado formal del trabajo. 

A partir de la dictadura y en especial, a partir de los ’80 los grupos económicos locales tuvieron una acentuada expansión en términos de la facturación de las grandes firmas y es a partir de los 80 que se consolidad la valorización financiera mediante la aplicación del enfoque monetario de balanza de pagos, que impulsa la repatriación de capital extranjero industrial que provoca una profunda crisis industrial asociada a la contracción de la inversión bruta fija. 

Empresas controladas: aquellas donde su participación alcanza al 50% o más del capital 

Empresas/firmas vinculadas: donde tiene menos del 50% del capital accionario. 

La incidencia en la facturación de la cúpula empresaria de las firmas controladas y vinculadas por la fracción del capital hegemónico entre 1980 y 1983se eleva del 17,3 al 25,2. Cabe recordar, que además de expandirse en la economía real, la fracción hegemónica durante la valorización financiera tiene un papel protagónico en el endeudamiento externo del sector privado, asó como en la fuga de capitales locales al exterior. 

La trayectoria ascendente de los grupos económicos prosigue durante el primer proyecto constitucional bajo la misma forma que en la etapa anterior, es decir basada en la creciente influencia de sus firmas controladas. La participación de esta fracción del capital aumentar todavía más durante toda la década del 80 pero aún es superada por la participación de las empresas estatales, las cuales con unas pocas firmas, pero de gran facturación explicaban el 30 % de las ventas de la cúpula. 

En consecuencia, esa fracción del capital (grupos económicos) no ejercía aún en forma directa el predominio en el núcleo empresario que determina el rumbo económico del país, aunque sí lo ejerce indirectamente porque era la proveedora principal de las propias corporaciones estatales y lo que era más importante definía –con las mediaciones del caso- las acciones del Estado porque ejercía la hegemonía política. 

Durante el primer quinquenio de los 90, logra finalmente que su hegemonía política confluya con el predominio económico. En estos años, ni siquiera debe competir con las empresas estatales, porque las mismas están bajo un proceso de disgregación (privatizaciones) y por lo tanto, su participación en las ventas de las grandes firmas cae sostenidamente año tras año. 

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Ahora, la influencia de los grupos económicos sobre las empresas controladas disminuye levemente pero aumenta muchísimo en la influencia de sus firmas vinculadas.  

Sigue aumentando considerablemente la incidencia de la fracción hegemónica (grupos económicos) en la facturación de las mayores firmas de la economía argentina. (89% aumento). 

En 1995 los grupos económicos alcanza el momento culminante de su poder porque al ejercicio de la hegemonía –mediante el transformismo argentino- le suman el predominio estructural en la economía real – en tanto constituyen la fracción del capital dominante con mayor incidencia en la cúpula empresaria- y al mismo tiempo mantiene su centralidad en el proceso de endeudamiento externo y la fuga de capitales al exterior, es decir en el núcleo central de la valorización financiera.  

Desde mediado de los 90 hasta el año 2000 se registra una meteórica caída de la incidencia de los grupos económicos en las ventas de la cúpula empresaria para luego aumentar levemente y volver a descender hasta el 2008. Durante estos años, en especial entre 1995-2001 los grupos económicos resignan el liderazgo que ejercen en la economía real, el cual es asumido por las subsidiarias del capital extranjero que forman parte de la cúpula empresaria. 

Grupos empresarios: aumenta muchísimo su participación en las empresas controladas y vinculadas entre 1975 a 1995. Disminuye casi lo mismo que aumentó en esos años entre 1995 a 2008. 60% 

Es decir, se desprenden ahora de sus empresas (tenían para 1995 94 de las 200 firmas de mayor facturación. ¿Por qué? (no es por problemas financieros) Ya que con la valorización financiera tenían record de rentabilidad 

Para entender por qué las vendieron, es necesario comprender que durante la etapa analizada la transferencia de un activo fijo es asimilable a una operación para obtener un tipo específico de renta financiera y no, como lo indicaría la experiencia histórica, a una reestructuración de la propiedad en la economía real que expresa la expulsión de ciertos capitalistas que enfrentas graves problemas económicos-financieros o se desplazan a otras actividades con una rentabilidad más estable. 

El precio de estos activos fijos (empresas) conlleva altas ganancias patrimoniales, y para conservar estas ganancias en las monedas de los países centrales, lo mejor es remitirlas al exterior para independizarlas de los vaivenes de los precios relativos internos, especialmente del tipo de cambio en una etapa de creciente sobrevaluación del peso. Desde esta manera, un activo fijo (empresa) cambia de naturaleza y queda subsumido en la lógica de la valorización financiera. El dinero no se reinvertía (ese es el punto) en otros actividades. 

La debacle financiera de los grupos económicos en términos de la economía real a raíz de las transferencias de capital a los inversores extranjeros impulsa otro proceso de singular importancia histórica y actual: un acelerado retroceso en la importancia que asume la fracción hegemónica en el comercio exterior, específicamente en las exportaciones.  

Desde 2000 (quizás 1998) las exportaciones y el saldo comercial están lideradas por las fracciones del capital extranjero, poniendo de manifiesto una profunda y generalizada pérdida de predominio económico de los grupos económicos, que vuelven a niveles comparables al comienzo de la valorización financiera. 

Se concentran esta fracción del capital (grupos económicos) con la producción de bienes que exhiben ventajas naturales (agropecuarios por lo Gral.) perdiendo el predominio económico pero conservando su hegemonía político, lo cual le permite conducir la salida de ese patrón de acumulación y específicamente del régimen de convertibilidad, preservando sus intereses específicos. 

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La crisis final de la valorización financiera y el planteo inicial de la alianza   devaluacionista   en el poder  

La economía al final de 1998 comienza con una declinación que culmina en el 2001-2002 con la inflación de la Convertibilidad (tasa de cambio fija y convertible) y fundamentalmente con el agotamiento del patrón de acumulación de capital sustentado por la valorización financiera. Enorme disminución en esos años de la Inversión Bruta Fija, y por lo tanto se detiene prácticamente el proceso de formación de capital. 

La inversión neta en el 2001-2002 fue negativa (más gastos por amortización, es decir reposición de capital obsoleto que inversión misma).  Bajo estas circunstancias: Diciembre 2001 “corralito”, se restringe el acceso a los depósitos de plazo fijo y cuenta corriente y a fin de mes se declara la cesación de pagos de la deuda externa pública (por Rodriguez Saa) 

2002: Mediante Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen cambiario se deroga la convertibilidad y se pesifican los créditos y después se establece la pesificación asimétrica+ congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. 

Con la crisis de la valorización financiera se observa una paupérrima condición de vida de los sectores populares. Colapso social sin precedentes. En consecuencia: “Plan Jefes y Jefas de hogar desocupados” para paliar este colapso y asegurar la “gobernabilidad” 

Cesación de pagos+devaluación del tipo de cambio real=contundente triunfo de la alianza devaluacionista que encabezaba los grupos económicos locales (no conservaban predominio económico, pero si la hegemonía)  

 

Se replantea la relación entre el Estrado y las empresas privatizadas. Con la Ley de Emergencia, se desdolarizan y desindexan las tarifas de los servicios públicos y se fijan criterios para renegociar los respectivos contratos.  

Las empresas privatizadas más los organismos internacionales efectúan presiones sobre el gobierno para desandar este camino elegido.  

Hay contraofensiva del capital extranjero, que se observa en 2 frentes: 

Exigían que su deuda externa sea asumida por el Estado, ya que decían que la misma se había contraído para realizar obras e inversiones comprometidas en los 90 

Abierto por las privatizadas estaba encaminado a revertir el congelamiento y la pesificación de las tarifas de los servicios públicos 

La fracción hegemónica más el gobierno, como estrategia consistieron en gestos de compresión y solidaridad con las privatizada pero siguieron su política en curso. (Esto se observa, en la negociación por la deuda externa privada como en la tarifa de los servicios públicos) 

Las empresas de servicios públicos demandan al Estado (en las instituciones internacionales) 

En síntesis: la alianza devaluacionista logro imponer su propuesta alternativa ante el agotamiento de la valorización financiera. El enemigo ahora era el capital externo, en especial aquellos que controlaban el capital de las empresas privatizadas. 

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La alianza devaluacionista es la portadora del transformismo argentino, y su modos operandi consistía en distorsionar deliberadamente una serie de aspiraciones de los sectores populares al ponerlas en función de sus necesidades para ejercer la dominación social y potenciar el poder económico de las fracciones del capital que constituyen su sustento. 

La expansión económica y la crisis política como elementos clave para posibilidad la coexistencia de dos planteos diferentes de hegemonía 

Kirchenirsmo 2003. En su primer momento mantiene políticas anteriores, convalida el liderazgo de la fracción del capital que ejercía la hegemonía política. Profundizan el enfrentamiento con quienes respaldaban la dolarización de la economía, por ejemplo el FMI+empresas privatizadas. 

2 Políticas/Líneas de acción: 

Búsqueda de expansión de la economía real, es decir, la producción de bienes y servicios buscando disminuir la crisis, pero en especial la desocupación, mejorando de esa manera la distribución del ingreso. (esto se ve favorecido, por la “autonomía relativa” que adquiere la economía interno respecto del poder financiero establecido a nivel mundial 

Incremento significativo de la demanda de productos primarios (de China y otra economías dependientes) 

Otro eje: Búsqueda por lograr la hegemonía política en su forma clásica, es decir a través de otorgarle beneficios a los diversos sectores sociales subalternos. 

Es necesario rescatar el intento de restaurar la vigencia de una hegemonía clásica, por el contraste que implica respecto a las décadas anteriores donde imperaba otra forma de hegemonía que estaba sustentada en el transformismo argentino. La dirección y el ritmo de las transformaciones en ambas administraciones (dos gobiernos) están definidas por la búsqueda de consolidad una hegemonía clásica, en tanto buscan plasmar una creciente inclusión política y social de los sectores subalternos. Esto es una diferencia substancial con la administración anterior de Duhalde. 

Con el crecimiento económico y la disminución de la desocupación aumentan las presiones de la fracción hegemónica –y en Gral. De todas las firmas- para atemperar esa expansión porque al reducirse el ejercito industrial de reserva, se incrementan las reivindicaciones salariales. Con este intento de retomar la hegemonía clásica, era previsible que se desplegaran crecientes contradicciones con el transformismo argentino porque se trata de dos formas de hegemonía que son incompatibles entre sí. 

Kirchner impulsa desde el comienzo de su mandato la reconstitución de la burguesía nacional (integrante emblemático del peronismo) a partir de su inserción en la producción industrial de bienes de capital o bienes salarios no exportables cuya demanda está ligada, a la suerte económica de los asalariados. 

Sin embargo, ahora este gobierno considera (al igual que las concepciones ortodoxas del peronismo) que una parte fundamental de esa burguesía nacional es la oligarquía diversificada (grupos económicos locales), cuando en realidad siempre fue una de las fracciones del capital decisivas en las diversas alianzas dominantes que se sucedieron en el tiempo y especialmente en la que se conformó a partir de la dictadura en 1976, donde, ejerce la hegemonía política e incluso posteriormente, el predominio económico. 

Hay ciertos indicios que ahora hay un reposicionamiento de las fracciones del capital nacional, pero sesgada a los servicios y no la industria como antaño. (Telecom Werthein, Edenor Mindlin, etc) 

Los grupos económicos tienen una activa participación, al igual que las oligarquías o los integrantes más consolidados de las burguesías provinciales.  

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Se observa diferencia con primeros gobiernos peronista que impulsaban la expansión de pequeñas y medianas empresas, gran diferencia con la presencia de la burguesía nacional actual. 

Otra diferencia: durante el kirchnerismo los capitales locales avanzan en la propiedad de los servicios públicos de importancia nacional o provincial y no sobre la base de establecimiento o empresas industriales, como lo fue la experiencia peronista. 

Gran recomposición de las utilidades de la fracción del capital dominante (así como de las firmas industriales), desde 2003 en adelante. 

Kirchnerismo en línea con la posición de la fracción devaluacionista, considera que el enfrentamiento político central es con los acreedores externos y los organismos internacionales, específicamente el FMI. En este contexto, se lleva a cabo el canje de la deuda externa+rechazo a las auditorias y condicionalidades del FMI sobre la Argentina. 

Crítica a Kirchner del autor: que omite señala la participación central de los grupos económicos locales en el desarrollo de la valorización financiera, en tanto los considera como integrantes de la burguesía nacional, obviando el hecho de que fueron la fracción del capital que ejerció la hegemonía de las décadas anteriores (incluyendo la dictadura del 76) 

Impulso de incremento de ocupación vía la recomposición de la producción de bienes. Aumento del salario mínimo y salarios en general+Para los trabajadores: retorno de negociaciones salariales mediante paritarias, la cual permitió mejorar las condiciones de vida a medida que disminuye el ejército industrial de reserva y, en consecuencia, la presión para mantener bajos salarios a cambio de no ser expulsado del mercado de trabajo (garantizar el empleo) 

Esto se suma a otras reivindicaciones de neto corte político y social: anulación indulto a los represores militares, reinicio de juicio, reestructuración de Corte Suprema. 

Pero: intervención de Indec, que derrumba credibilidad de cifras oficiales. 

Relevo de ministros. Economía, Defensa, etc. 

Kircherismo 2005 debía definir que peronismo tomar. Como parte de este reposicionamiento se acentúan las concesiones gubernamentales a los sectores dominantes, especialmente a los grupos económicos locales que supuestamente forman parte de la burguesía nacional, así como a su representantes políticos en la estructura política del propio kirchnerismo. (esta etapa culmina con Kirchner como presidente del PJ en 2007/2008) 

Síntesis: Notable expansión económica impulsada por el conjunto de variables que componen la demanda agregadas. Consumo+Inversión+Exportaciones. +rentabilidad de los grupos económicos +mejores condiciones de vida de trabajadores+mejor distribución del ingreso. 

Pero esto es el resultado de una pugna entre 2 tipos de hegemonía diferentes vinculadas a propuestas enfrentadas, estando ambas encarnadas en el gobierno y no de un bloque social que está definiendo un nuevo patrón de acumulación de capital 

Una de ellas impulsada por los grupos económicos locales que intentaron subordinar al sistema política y utilizar al Estado como medio de reposicionarse en la economía real. (luego de haber vendido sus activos fijos al capital extranjero durante valorización financiera, etc. etc.) 

La otra, busca plasmar un proyecto de expansión económica+tutelaje estatal sobre los sectores populares, e impulsar un sesgo en la distribución del ingreso entre ambos términos de la ecuación capitalista, a favor de la

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clase trabajadora. Todo lo cual implica –y a la inversa de lo ocurre en el transformismo- disciplinar a las fracciones del capital dominante, restaurando la primacía de lo político sobre lo económico y en consecuencia, la autonomía relativa del Estado respecto de las fracciones de capital predominante. 

Con la idea de tomar el control de Partido Justicialista, y por lo tanto un giro en las alianzas políticas y sociales del gobierno, hay un interno de transformar al peronismo d e las últimas décadas, durante las cuales se convierte en el núcleo central del transformismo argentino 

 

La ardua constitución de un gobierno popular 

Con Cristina, hay una modificación en la naturaleza del gobierno, pero no se origina por iniciativa gubernamental sino en la determinación de los sectores dominantes de subordinar al nuevo gobierno a sus intereses, dando por finalizada esa dualidad hegemónica contradictoria que caracterizaba la situación hasta el momento. El motivo circunstancia y la base social la encontraron: en el agro argentino. 

Esto se da, por una ofensiva sobre el gobierno por la fracción que ejerció la hegemonía durante la valorización financiera, para retomar un control totalizador sobre el Estado y de esta mantera avanzar en un nuevo patrón de acumulación de capital que estuviera bajo su conducción. Esto tuvo aceptación dentro de los sectores dominante por las posibilidades que brinda el mercado internacional y por el estancamiento o la disminución relativa de la rentabilidad por las mejoras obtenidas por los asalariados al momento álgido de la crisis. 

El planteo de los sectores dominantes no era el derrocamiento del gobierno (como antaño) sino disciplinarlo, logrando que abandona su sus políticas de tipo distribucionista. 

Las nuevas condiciones económicas no le posibilitaban provocar una conmoción económica que reencauce la acción del gobierno, la alternativa estaba en la movilización social a partir de las actividades productivas donde tiene una fuerte inserción y un liderazgo. 

Conflicto con el campo. A partir de la aplicación de las retenciones móviles. Estas retenciones a las exportaciones constituyen un instrumento e política económica que tiene efectos sobre la distribución del ingreso, la conformación productiva y las finanzas públicas. 

Mesa de enlace (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO) 

Hay un nuevo comportamiento que irrumpe en el agro pampeano a partir de la dictadura militar que consiste en la vinculación de la producción agraria con la especulación financiera. A partir de la vigencia de los tipos de cambio múltiples que acompañan los comienzos de la hegemonía neoliberal a nivel internacional, irrumpen con notable dinamismo los denominados derivados (forwards, futuros, swaps y opciones). Dentro de los derivados, los más antiguos son los mercados a término de los bienes primarios, los cuales son utilizados desde hace muchas décadas en la comercialización de los productos agropecuarios pero con modificaciones significativas a partir de la dictadura militar. Tradicionalmente el mercado de futuro tenía la función para el productor de asegurarse determinado ingreso por sus productos a partir de acordar su precio futuro en dicho mercado. Posteriormente, a esa función se la agrega otra que consiste en obtener ganancias financieras. Este mutación tiende a unificar los intereses de los terratenientes y las otras fracciones del capital agrario porque todas ellas operan en esos mercados. 

Otra cuestión más: los grupos económicos en los 90 cuando venden sus empresas controladas y vinculantes para realizar ganancias patrimoniales y fugarlas al exterior pero controlando o aumentando sus propiedades agropecuarias. 

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El conflicto es inédito por su duración y su amplitud geográfica. 

La soja produce “nacionalización”, porque se expande a zonas que antes producían otro producto. Ahora, todos producen soja. 

1’Abril: Cristina defenestra a Clarín en un discurso 

Luego de meses de conflictos, paros etc. El 17 de junio la presidenta envía al Congreso un proyecto para ratificar o derogar la Resolución 125 y, eventualmente crear un Fondo de Redistribución Social con la recaudación impositiva que exceda el 3% % de las retenciones de la soja y derivados. 

A pesar de reforma que se da en el ámbito de la Cámara de Diputados a la propuesta, la FAA no la aprueba y al mismo tiempo, coincide con la caracterización del gobierno acerca de que el problema del agro se encuentra en la creciente presencia de los Pools de Siembra y los Fondos de Inversión agrícola.  

El gobierno señalaba que Pools de Siembra y los Fondos de Inversión agrícola, organizados por diversos agentes financieros, desplazan a los verdaderos productores y se apoderan de la renta agropecuaria. Sin embargo, otras evidencias censales desmienten esa identificación entre los arrendamientos y los Pools de Siembra pertenecientes al capital financiero, porque indican que los principales arrendatarios son los propios propietarios de tierras y que su incidencia aumenta a medida que se eleva la superficie arrendada. Por lo cual, esto significa que los Pools y los Fondos de inversión son poco significativos. 

 

Pequeños y medianos propietarios pampeanos están conformados por 2 estratos: un conjunto numeroso de ellos ceden su tierra y devienen en rentistas puros, mientras que el otro conjunto los, propietarios-arrendatarios toman tierra y la trabajan junto a las que les pertenecen, logrando de esta forma obtener economías de escala. Es, este último grupo quien tiene coincidencia con los grandes propietarios. Ambos sectores (de los pequeños y medianos productores) se hubieran beneficiado con la aplicación del proyecto aprobado en diputados. 

Hipótesis por la cual la FAA rechazó la propuesta: está controlada y subordinada a los intereses y las políticas de los grandes propietarios pampeanos. 

 

Con el rechazo de la 125, se abre una contradicción profunda e insuperable entre una parte significativa del establishment local y el gobierno. Se trata ahora, de un conflicto con el conjunto de fracciones del capital que conforman la oligarquía argentina (no es conflicto con capital extranjero). 

Lo notable de esta situación: es que es una ofensiva de ese establishment local sobre el gobierno para subordinarlo a fin de que actúe según sus intereses y no al revés, tras un intento por avanzar en un plan de reformas económicas. Además ciertamente, este avance sobre el gobierno es político, porque económicamente están en un momento favorable. Disputa sobre como recuperar su hegemonía+definir nuevo patrón de acumulación de capital que reconozca a esas fracciones del capital como su núcleo central. 

Cita a Gramsci y Maquiavelo. 

Gobierno los enfrenta (a ese establishment local) acentuando el carácter popular de su gestión. El gobierno actuó en consonancia con los consejos de Maquiavelo en el Príncipe (Pág. 106 de las fotocopias) 

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El gobierno busca su consolidación social y política a través de la hegemonía clásica, encuadrándose dentro de la tradición de los gobiernos nacionales y populares. Ahora el gobierno redefine su postura inicial: debe enfrentar no solamente a los acreedores externos y el capital extranjero que controla los servicios públicos sino que a ellos se les suma la fracción del capital que había sido hegemónica durante la valorización financiera: los grupos económicos locales. 

Es decir, que reconstruye el bloque de poder de la valorización financiera que aparecía fragmentado en la propuesta devaluacionista. 

El desenlace del conflicto sobre las retenciones móviles trajo aparejado la consolidación de una hegemonía clásica por parte del segundo gobierno kirchnerista y no una recreación del transformismo argentino. Esto es el triunfo de los sectores populares, y  una derrota del capital que detentó la hegemonía durante la valorización financiera, a pesar del rechazo parlamentario a la iniciativa. 

Se cierra un ciclo que se inicia con la dictara militar, cuando esa fracción accede a la hegemonía política. Pierde el predominio económico con el capital extranjero en los 90 y esta pérdida se replica en términos de la hegemonía, al diluirse la ambigüedad inicial que estaba presente en los gobiernos kirchneristas. Ahora no detenta ni el predominio económico ni la hegemonía política, siendo esta última vital para reconstituir su liderazgo económico a través del control del Estado. 

 

Apuntes acerca de los movimientos populares y nacionales 

Una característica paradigmática de los despectivamente denominados populismos, consiste en que los movimientos nacionales y populares surgen a partir de la crisis del bloque de poder que era hegemónico hasta ese momento y que es al cual enfrentan y tratan de desarticular y disciplinar. 

El kirchnerismo actual se encuentra en las antípodas del menemismo ya que enfrenta al bloque de poder que sustentaba a los gobiernos de los 90. Sin embargo, al impulsar la reindustrialización, promueve a la fracción predominante en la misma que es el capital extranjero industrial (así está escrito) 

La importancia de la autonomía estatal y el enfrentamiento con el bloque de poder hegemónico hasta ese momento indican que el propósito de los movimientos Nac. y Pop. Es desarticular un bloque de poder determinado, consolidando un tipo de Estado específico. Es decir, que la problemática popular delimita un espacio social diferente a la problemática clasista, ya que no se plantea como un primer paso hacia una revolución social que desemboque en una sociedad sin clases sociales, sino que en principio se propone instaurar un régimen específico dentro de un orden capitalista y, por lo tanto, inmerso por definición en orden clasista. 

Cita a O’Donnell y de Ipola. 

Se pueden desplegar 3 situaciones cualitativamente diferentes que pueden ayudar a esclarecer procesos relevantes de tener en cuenta acerca de los desafíos y oportunidades del kernerismo. 

Alternativas: 

Que esa alianza nacional y popular sea conducida por los intelectuales orgánicos de la clase trabajadora,, lo cual plantea la posibilidad cierta que a través de la práctica política y social pueda arribarse a un cuestionamiento de la dominación de no solo el determinado bloque de poder, sino de la dominación y la explotación que implica el capitalismo como modo de producción. WTF? 

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Que el movimiento nac. y pop. Sea conducido por la fracción de la burguesía que integra esa alianza lo cual anula las posibilidades de suturar la ruptura entre lo nacional-popular con el socialismo. 

Que la conducción de esa alianza social y política que en manos de una fracción del capital dominante que coopta a los intelectuales orgánicos de los sectores populares, tras lo cual se despliega un proceso en que un movimiento nac. y pop. Cambia su naturaleza y pasa a formar parte, a través de un transformismo de las formas de dominación del poder establecido. 

La crisis mundial y la política económico social de la segunda etapa del   kernerismo.  

Crisis septiembre del 2008, con la quiebra de Lehman Brothers. Acá, los primeros efectos se expresaron en términos del flujo del comercio exterior, pero en 2009 la situación se agrava, en tanto a la severa sequía que afecta la producción agropecuaria como a una sensible reducción del consumo privado y especialmente de la inversión. 

La política económica enfrenta el paradigma ortodoxo que establece la necesidad de reducir la demanda agregada para estabilizar el funcionamiento económico nuevo y más reducido, nivel de actividad que sería más duradero y sin riesgos inflacionarios. Así, en términos macroeconómicos el gobierno alienta la expansión de la demanda agregada y la retención de mano de obra en la producción industrial a través de un aumento del gasto público. 

Ante la crisis, gobierno busca asegurarse de recursos necesarios: reestatización del sistema previsional. Los fondos de la AFJP hacia la ANSES. Recuperación de Aguas Argentinas y el Correo Argentino, etc. 

2008 Ley de Movilidad Jubilatoria 

2009: Asignaciones familiares (universal por hijo) 

 

El impacto sobre la distribución del ingreso 

Por la desconfiabilidad en el INDEC, se consideraran tres estimaciones diferentes sobre la distribución funcional del ingreso. 

Estimación oficial realizada por Ministerio de Economía. 

Proveniente de la CIFRA de la CTA. Considera separadamente trabajadores registrados de no registrados 

Estimación propia que tiene la virtud de ser compatible con las estimaciones realizadas históricamente pero que es claramente menos sofisticada que las anteriores porque no discrimina entre trabajadores formales e informales. 

La discrepancias entre estas estimaciones radica en el nivel que alcanza la participación de los asalariados a lo largo del período considerado (1995-2010) 

La que alcanza los mayores registros es la estimación oficial. 

La estimación de la CIFRA parece más coherente. 

Ambas, tienden a converger debido al acelerado crecimiento de la participación de los asalariados a partir de 2007. 

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En síntesis, desde 2003 en adelante se registra una acentuada recomposición de la participación de los asalariados, en la cual predominó el incremento del empelo y luego el aumento de los salarios. Es durante esta última etapa que los sectores dominantes impulsan un proceso inflacionario que erosiona su crecimiento. 

Limitantes al proceso de redistribución del ingreso 

Carencia de partido propio que permita organizar y potencias la movilización popular. 

Conflicto con Clarin, para democratizar el acceso a los medios de comunicación (Clarin tiene alianzas con otros conglomerados) 

Inflación y papel que asumen las empresas oligopólicas que tiene la capacidad de definir el movimiento de precios en múltiples ramas vinculadas entre sí por las relaciones del insumo-producto y de esa manera neutralizar los esfuerzos por redistribuir el ingreso hacia los asalariados.  

 

Se da una incorporación a la cúpula empresaria de un importante número de firmas con montos significativos de ventas al exterior y elevados coeficientes de exportación (en especial, mineras y petroleras). Es decir, que las nuevas condiciones macroeconómicas que se consolidad tras la convertibilidad acentúan la tendencia a la concentración de las exportaciones en manos de las empresas líderes, reafirmando su decisiva incidencia en la provisión de divisas en el país. De esta manera, puede inferirse que las empresas de menor tamaño, a pesar del incremento de la competitividad no pudieron plasmar una inserción significativa en el mercado externo que les permitiera disminuir la brecha que las separaba con las empresas que integran las 200 firmas de mayor facturación. 

 

Las nuevas exigencias de la industrialización 

La reactivación de la producción industrial –después de décadas de desindustrialización- fue el resultado de varios procesos que tienen una importancia disímil pero siempre complementaria entre ellos. El primero, es la reapertura de un conjunto de plantas industriales de diferente tamaño. 

El segundo consiste en la instalación de nuevas plantas industriales en actividades que habían sido diezmadas por los productos importados durante el régimen de la convertibilidad, cuyo ejemplo más paradigmático fue la industria textil. 

El tercero, se registra dentro de las firmas que permanecieron en la producción industrial durante los 90, incluidas las grandes firmas oligopólica que ante la modificación de los precios relativos y el incremento de la rentabilidad encararon una ampliación de su espectro productivo. 

Finalmente, se lleva una expansión de la producción por parte de las empresas que estaban en pleno funcionamiento ante un incremento tanto de su demanda externa como interna. 

En 2008, deja la producción de bienes superar a la importancia de los servicios respecto a la evolución del PBI (se da entre 2002 y 2008) 

Esto se da por crisis + progresivo debilitamiento de la política económica que se puso en marcha a partir del agotamiento de la valorización financiera. (que tenía un elevado tipo de cambio real como pieza clave para lograr el crecimiento económico, impulsar exportaciones, etc.) 

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Lo importante a tener en cuenta es que las producciones que tiene un alto coeficiente de empelo/producto (en consecuencia, importante generadoras de empleo) y se expanden abasteciendo al mercado interno gracias a ese tipo de cambio elevado, van desapareciendo expulsadas nuevamente por la competencia externa, porque para esas producciones el tipo de cambio no opera como incentivo para exportar sino como una barrera para las importaciones. 

Todo parece indicar que se requiere una política de desarrollo que impulse la expansión de las actividades industriales más intensivas en manos de obra y abastecedoras del mercado interno, junto a mejoras significativas en la participación de los asalariados en el ingreso. 

La extranjerización como un impedimento estructural para la conformación de un proyecto popular 

Predominio de las empresas extranjeras dentro de las 200 firmas de mayor facturación es abrumador. (Por compras de activos productivos en los 90). El capital extranjero detenta un predominio inédito en la estructura productiva. 

La expansión de la incidencia del capital extranjero va acompañada de modificaciones de su país de origen. Ahora participan activamente fracciones del capital latinoamericano que se conocen como translatinas.  

Se abre con esto posibilidades de negociación que es imposible con las empresas de los países centrales. 

Notas finales 

La fracción del capital que detenta la hegemonía política de la última dictadura y logra acceder al predominio económico a mediados de los 90, lo pierde durante el segundo quinquenio de esa década en manos del capital extranjero, a quién le transfiere numerosas empresas para realizar ganancias patrimoniales y fugarlas al exterior. Durante 2do gobierno kirchnerista este retroceso se replica en términos de la hegemonía política como resultado de la ofensiva que esta fracción del capital lleva a cabo con la 125 con la intención de doblegar y subordinar al actual gobierno e imponer a partir del control estatal un patrón de acumulación de capital sustentado en la producción primaria exportadora. 

Durante primer gobierno kirchnerista se avanza sobre la base de la coexistencia del transformismo y de la hegemonía en términos clásicos. Esta coexistencia se mantiene por el crecimiento económico y sustentada por otros factores: la devaluación del tipo de cambio real más importante, política de expansión de la economía real, nuevo contexto internacional y el canje de la deuda externa. 

La posibilidad de conformar una nueva fuerza política propia que defina el neto carácter popular del proceso se frustró por la definición de que debían ser el partido peronista.  

Segundo gobierno se enfrenta a la fracción del capital que constituye la base estructural del transformismo, al lidiar con los grupos económicos y sus intelectuales orgánicos, tanto tradicionales como nuevos. 

Hegemonía clásica. 

Crisis mundial: política para atemperar su impacto interno. 

Mejoramiento condiciones de vida clase trabajadora desde 2003. 

El núcleo central de la “rueda principal” de la economía está constituido por el capital extranjero, desde mediados de los 90. Esta situación, exige avanzar en definiciones al respecto, de lo contrario se estaría consolidando un capitalismo asociado lo cual cuestionaría la sustentabilidad de una elevada participación de los asalariados en el ingreso. 

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Kirchnerismo se inserta en esta línea histórica de experiencias nacionales y populares latinoamericanas Aunque enfrentando a un bloque de poder diferente, con mayores similitudes con el correspondiente al modelo agroexportador que al de sus antecesores de la década del 60 y 70. Se trata ahora de fracciones centrales en la valorización financiera: los grupos económicos locales, los acreedores externos y el capital extranjero prestador de servicios públicos.  Somos parte de algo que podría denominarse tercer generación de gobiernos populares en América Latina: Evo, Chavez, Lula y Correa. Son experiencias diferentes pero vinculadas. 

MORRESI: “La nueva derecha Argentina” (UNIDAD 1)

1. La Teoría neoliberal

Concepto de Liberalismo para entender el del NEO: Para BOBBIO “como teoría económica defiende la economía de mercado, como teoría política que el Estado gobierne lo menos posible, un E de poderes limitados (de Derecho) y con funciones limitadas (mínimo), el liberalismo no se basa en la coacción sino del consentimiento de la población”

2. Tres modelos de liberalismo:

- Liberalismo Clásico: Iniciado por Locke. Sociedad como entidad autosuficiente y más o menos auto organizada a través de mecanismos libremente elegidos. Énfasis en las libertades civiles personales (vida, propiedad, palabra). Desconfianza en el poder político discrecional y busca limitarlo.

-Liberalismo Social: moderno, ético o igualitario. Es un liberalismo modificado por el ascenso de la democracia y la presencia de las clases populares. Estos moderno no creen que las sociedades puedan auto organizarse, el mercado requiere reglas y autoridades. El Estado como institucion para cohesionar la sociedad que sin él se fragmentaría.

-Neoliberalismo: o contemporáneo. Opción contradictoria con el liberalismo social, en el ve una desviación del modelo clásico. Ven a la desigualdad (rechazada por los liberales sociales) como el eje de dinámico de las sociedades, como estímulo para que todos compitan por llegar a sitios más elevados. La igualdad que debe defenderse es la abstracta en calidad de personas jurídicas iguales ante la ley. Respecto del rol del Estado como interventor en la economía creen que causa dos males: produce ineficiencias que se agravarán con más intervenciones, y por otro lado cuando interviene la libertad de los individuos corre riesgo de verse limitada. Pero el neoliberalismo no busca un Estado débil sino fuerte y eficaz para garantizar el orden requerido por una economía de mercado para corregir la realidad y llevarlo al ideal.

3. Los neoliberalismos. No es una corriente unívoca pero tiene rasgos distintivos: 1) percepción negativa de la igualdad socioeconómica, 2) percepción instrumental de la democracia, 3) las economías no pueden basarse en el laissez faire. Hay cuatro ramas/escuelas:

- Escuela Austríaca: fundadores. Menger: el dinero circula como resultado de la acción involuntaria de los individuos y la economía general posee leyes universales independientes de las sociedades y gobiernos. Propuso tomar como unidad de análisis los individuos perseguidores del interés propio y de la maximización de utilidades a través de un método axiomático deductivo.

- Escuela Austríaca II: Nacimiento del Neoliberalismo. Coinciden en el estudio a través de los micro fundamentos. Hayek se sintetiza en una idea simple: “las sociedades deberían articularse alrededor del mercado” ya que el mercado es una institución eficiente, si el Estado se inmiscuye el resultado será malo creando señales errada que provocarán estancamiento. El orden deriva de una interacción compleja que no puede ser aprehendida por lo que es imposible e inconveniente diseñar un orden distinto al que la humanidad

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llegó, ese orden es el capitalismo que se da porque es el más eficiente. Sin embargo el mercado es insuficiente para garantizar el orden social, una sociedad libre es igual mercado más las reglas, reglas que han llegado hasta nosotros en forma de usos, costumbres y tradiciones. Esas reglas son el derecho justo (los derechos sociales son injustos), son espontaneas y naturales. Por ello no se opone a cualquier intervención estatal sino que permite que los gobiernos provean algunos bienes públicos puros y sea garante del orden legal que permite funcionar al mercado, es un Estado mínimo pero no débil.

- Escuela de Chicago: Sigler/Friedman: acuerdan en que el ejercicio de la libertad descansa en las instituciones capitalistas y que las posturas welfaristas son lesivas a la libertad de mercado y a las libertades civiles. A través de la “economía positiva” postulan que la tarea del científico es distinguir entre los asertos teóricos y los datos, con estos últimos y la estadística es posible deducir y confiar en los hallazgos como modelo. Creían que había intervenciones más peligrosas que otras: la emisión monetaria inflacionaria (para satisfacer demandas terminaba en baja actividad) y el sistema de seguridad social (el problema es cultural porque da seguridad en toda la vida terminando con los incentivos del merito y esfuerzo). Las intervenciones solo pueden producir distorsiones ineficiencias y atraso en el desarrollo, por ello hay que establecer reglas permanentes y estables (sobre todo monetarias) por encima de las decisiones políticas, independizando la economía de la política,

- Escuela de Virginia: No es una teoría económica sino un modelo político institucional con alto contenido normativo, se basa en la teoría de la elección racional y la microeconomía, piensan los fenómenos políticos como resultado de las acciones de individuos que actúan de modo estratégico, como homoeconomicus. Hay estructuras de preferencias no predecibles, todos los hombres tienen potestad de negociar sobre las reglas del orden social y la distribución de los bienes, en el mercado. “Acuerdos políticos en el mercado”. El estado no debe comportarse como quieren los gobernantes sino como lo dicta el mercado de competencia perfecta.

- Libertarianismo: Ayn Rand: la vida libre, un individualismo basado en el egoísmo, enaltecimiento de la propiedad privada, defensa del sistema capitalista norteamericano y rechazo de las ideologías que obligan a los individuos a actuar contra sus intereses particulares. “Lo que una entidad es determina lo que debe ser” y dado que el hombre es un ser vivo debe vivir como hombre, actuar de forma virtuosa y la virtud es egoísmo: procurar su propia felicidad es su mayor deber moral. El egoísmo supone ejercer tres virtudes: racionalidad (razón como única guía moral), productividad y orgullo (no ceder ante los impulsos del auto sacrificio que niegan la individualidad). Ven a la humanidad como historia de de naciones en las que el hombre virtuoso y egoísta fue sacrificado en aras de la sociedad. La única función del Estado es garantizar el “derecho al egoísmo”. Los Estados que sobrepasan el Estado Mínimo son moralmente inaceptables porque equivalen al trabajo forzoso. Las personas tienen el derecho absoluto y exclusivo sobre su propiedad que viene de la propiedad de su cuerpo.

4. El lenguaje neoliberal: esas cuatro corrientes forman una matriz única de lenguajes y prácticas:

- El mercado: como modelo científico académico y como modelo regulador que todas las prácticas sociales deben imitar.

- El Estado: opuesto al Mercado, tiene un rol pero la primacía es del Mercado.

- Agente/hombre: auto interesados y egoístas con estructuras de preferencias racionales.

- Sociedad: dos perspectivas, una negativa (como colectivismo) y positiva (asimilada al mercado y opuesta al Estado).

- Derechos: los individuos dotados de derechos negativos, se privilegia el derecho a la propiedad.

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- Libertad: en términos negativos, como ausencia de impedimentos impuestos, de los individuos.

- Igualdad: no es equiparable a la libertad, está subordinada.

- Justicia: como imperio de la Ley, no hay lugar para la Justicia Social porque erosiona la libertad.

- Democracia: régimen como imitación del mercado.

JUAN CAROS TORRE 

Introducción 

América latina atraviesa un cambio de época por una racionalización y reducción del papel del Estado en la economía y la redefinición de las relaciones entre las economías nacionales y el mercado internacional, en favor de una mayor integración. La era del desarrollo hacia adentro y promovido desde el Estado que presidió hasta entonces el desenvolvimiento económicos y social de América latina ha entrado aceleradamente en la historia para ser reemplazada por el despliegue de un nuevo patrón de desarrollo centrado en la inversión privada, la apertura externa y las señales de mercado. 

En la década del 80, la política de transformación alteró sus objetivos y lo hizo en favor de la creación de las condiciones para la acumulación privada y el fortalecimiento de la competitividad internacional. El giro hacia las nuevas reformas estructurales se produjo para la región en su conjunto bajo el impacto de la crisis de la deuda externa. 

Las consecuencias del alza de las tasas de interés internacionales, la subsecuente moratoria de facto en sus compromisos de la deuda externa a la que se vieron forzados los países de la región y el abrupto cese de los flujos financieros voluntarios del exterior evocan los efectos que la Gran Depresión tuvo sobre las instituciones económicas de América latina. Entonces, la crisis condujo a un nuevo curso en el proceso de desarrollo, con industrialización sustitutiva que habría de consolidarse luego en los años 40.  

En momentos en que la teoría de la dependencia ha perdido el atractivo intelectual que tenía en un pasado no muy distante, nos recuerda que los cambios en el contexto internacional condicionan fuertemente las opciones de desarrollo de América latina. 

Si bien a lo largo de los años ha sido visible la convergencia en torno de políticas de austeridad fiscal, privatizacaiones, liberalización comercial y desregulación económica, la oportunidad, el ritmo y los alcances del ajuste estructural de unos y otros al nuevo escenario no fue uniforme. Para dar cuenta de esta diversidad es preciso desplazar la atención desde las restricciones externas a la consideración de factores contextuales de naturaleza interna. 

Dos órdenes de factores contextuales internos son relevantes a este respecto: 

Aquellos de carácter económico y que definen el grado diferencial de exposición al shock externo y el variable monto de recursos potenciales para reaccionar a su impacto. Estos factores incluyen tanto decisiones de política económica como formas de organización económica previas. Estos factores determinaron, junto a otros, la evolución de los 2 fenómenos económicos centrales que organizaron el comportamiento de los países en la crisis: la brecha externa y la brecha fiscal. 

De carácter político que tienen que ver con la influencia que ejercen las ideas, las fuerzas sociopolíticas y las instituciones en la decisión e implementación de las políticas públicas para responder a la crisis. El examen de estos factores es el objetivo del presente libro. 

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La consideración de los factores políticos trae al primer plano el papel central que desempeñan las elites gubernamentales. Sus percepciones, sus intereses políticos, sus recursos, son insumos cruciales en el proceso por el que se decide qué tipo de reformas serán introducidas, cuándo serán iniciadas y cómo se procurará concretarlas. 

Las elites gubernamentales ocupan una posición crítica en la conflictiva interacción que pone en marcha la crisis de la deuda externa entre el medio ambiente internacional y el ámbito nacional. Ellas reciben en primera persona las presiones de los países acreedores, los bancos extranjeros, los organismos multilaterales de crédito. Sobre ellas recaen las consecuencias de los conflictos distributivos y políticos internos provocados por los efectos del shock externo. 

Las preferencias políticas tanto de la comunidad financiera internacional como de los empresarios, los trabajadores y demás grupos de interés locales, no entran necesariamente en forma directa en el proceso de reformas; antes son filtradas por las orientaciones ideológicas y los cálculos políticos de los líderes de gobierno que son quienes sancionan y autorizan la continuidad o el cambio en las políticas públicas.  

Sus intervenciones han sido acotadas por una variedad de restricciones: reglas de juego políticas, capacidad burocrática y técnicas del aparato estatal, características de los alineamientos sociopolíticos, legados y circunstancias históricas, negociaciones con los organismos financieros y los acreedores externos. El liderazgo de las elites gubernamentales se juega en su habilidad para maniobrar dentro de ellos, en procura de recursos para elaborar y proponer alternativas ante la crisis que sean económica y políticamente viables. 

Hay una opinión muy difundida entre analistas económicos y financieros, según la cual la clave para explicar la capacidad para decidir e implementar reformas estructurales está en la existencia o ausencia de voluntad política en las elites gubernamentales. 

No puede excluirse que haya explicaciones políticamente motivadas frente a las cuales esa advertencia sea útil y oportuna. No obstante, esta perspectiva adolece de una visión demasiado voluntarista de la formación de las políticas públicas ya que presupone que los líderes de gobierno tienen un alto grado de control sobre el contexto institucional y político en el que actúan. El proceso de reformas no consiste sólo en la adhesión de determinado conjunto de políticas sino que también incluye la tarea de movilizar los apoyos sociales y capacidades institucionales para implementar dichas políticas y neutralizar a quienes se oponen a ellas.  

El ajuste estructural ha sido más vasto y profundo allí donde las elites gubernamentales han logrado secundar la decisión en favor de las reformas con una alta concentración del poder y la autoridad, sea por la supresión dictatorial de las libertades públicas, sea a través de la apelación a poderes constitucionales de emergencia, sea mediante mecanismos de cooptación y control político. Lo que importa es el control por los líderes de gobierno de los recursos políticos e institucionales que les permitan iniciar las políticas de reforma y sostenerlas en el tiempo, a pesar de las previsibles resistencias a sus costos distributivos.  

La opción por las reformas no es en sí misma problemática. Se parte ya del supuesto de que existe ya disponible una solución óptima a los problemas de la reorganización productiva de la región, tal como se expresa en el Consenso de Washington. De aquí se sigue que la incógnita de la ecuación reformista se reduzca a contar o no con la apropiada dosis de voluntad política en los líderes de gobierno para implementarla.  

Las soluciones a una situación problemática nunca son obvias porque el impacto de las políticas a ser adoptadas no puede conocerse por anticipado. Además, los cursos de acción que se desprenden de una lógica económica no siempre coinciden con los que resultan de una lógica política.  

El proceso de reformas no puede ser visto como un acto administrativo con un libreto prefijado. El proceso de reformas es una operación sustancialmente política. 

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El segundo punto de vista que nos interesa es el opuesto, que subraya los límites de la voluntad política. Su punto de partida es la constatación del viraje convergente de los países hacia políticas de liberalización económica. Formula un teorema en cuya premisa está el cambio de las circunstancias económicas y postula la inevitabilidad del ajuste estructural. Aquí el acento está puesto en las restricciones y se descalifica el momento de la opción política por parte de las elites gubernamentales. Así tenemos a la postura neoliberal que considera a las políticas de reforma como respuestas objetivas a una situación objetiva: el colapso del patrón de desarrollo orientado hacia el mercado interno y promovido por el Estado. Tenemos también la postura crítica que interpreta igualmente las políticas de reforma como las respuestas objetivas a una situación objetiva, sólo que dicha situación es aquí definida como la correlación de fuerzas favorable a los países acreedores y a los grandes grupos económicos externos e internos. En ambos casos, el ajuste estructural se “objetiviza” y se torna necesario y previsible.  

Al interior de esta visión que subraya el papel de las restricciones objetivas, se filtra aquí y allá la hipótesis de una margen de maniobra, la idea de la elección política. Es preciso razonar desde una perspectiva analítica que contemple la referencia tanto a los límites que ponen las circunstancias económicas como a las opciones que hacen los líderes de gobierno. 

Hay que considerar cómo las restricciones que pone el contexto son evaluadas a partir de las ideas, los intereses y los recursos de las elites gubernamentales.  

Los países se mueven hacia un repertorio común de reformas de mercado (el efecto de las restricciones) pero que esa trayectoria la recorren con diferente velocidad y distinto alcance (el efecto de las elecciones políticas hechas por los líderes de gobierno en cada país.  

El ingreso de las reformas estructurales en la agenda pública 

En el ingreso de las reformas estructurales en la agenda pública se pueden ver sucesivos fracasos en resolver un problema público políticamente relevante para las elites gubernamentales tienden a generar presiones en favor de soluciones más amplias e integrales. En esas circunstancias se crea el contexto propicio para que fenómenos de la realidad social y económica sean articulados desde nuevas perspectivas conceptuales en la busca de salidas a la emergencia. 

Un problema central ha estado en el eje de la preocupación de las elites gubernamentales: las dificultades para estabilizar las economías de la región luego del shock de la deuda externa; también ahora las limitaciones, cuando no los fracasos, de los ajustes de corto plazo implementados inicialmente fueron marcando el camino hacia la radicalización del diagnóstico de la mano de la tesis del neoliberalismo económico. 

Desde la perspectiva del neoliberalismo económico, las presiones inflacionarias terminaron siendo vinculadas al comportamiento de las instituciones económicas características del patrón de desarrollo hacia adentro y promovido desde el Estado. 

Las elites gubernamentales y la supervivencia política 

Esta versión estilizada de la incorporación de las reformas estructurales en la agenda pública puede ser reconstruida en más detalle, examinando los diversos actores y elementos involucrados en dicho proceso. Para ello ubiquemos en el lugar central a las elites gubernamentales y llamemos la atención sobre una paradoja: buena parte de los que lanzaron las políticas de reformas no llegaron a líderes de gobierno con partidarios de las tesis del neoliberalismo económico; Victor Paz Estenssoro en Bolivia y Carlos Menem en Argentina, y en menor medida Miguel de La Madrid en México y Fernando Collor en Brasil. Si hay un interés que singulariza a las elites gubernamentales ése es la estabilidad del orden institucional del que derivan poder y autoridad. Sus preferencias en materia de políticas están orientadas por ese interés primordial, por lo demás

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comprensible porque un régimen frágil o amenazado no es la plataforma más apropiada para realizar sus proyectos ideales y retribuir a sus apoyos sociopolíticos.  

Las graves emergencias económicas son fuentes de fragilidad y de amenaza que condicionan fuertemente el cálculo de supervivencia de las elites gubernamentales (presiones inflacionarias y agravamiento de los desequilibrios fiscales y monetarios). He aquí el contexto en el que madura la decisión política de los líderes de gobierno en favor del ajuste económico con el objetivo de retomar el control de la situación y conjurar el peligro de turbulencias institucionales.  

Las respuestas iniciales a la emergencia económica 

Tuvieron un alcance limitado (ajuste de corto plazo que no comportaron cambios apreciables en la organización de las instituciones económicas).  

Hacia 1985, economistas heterodoxos sostuvieron que las políticas de demanda, además de socialmente costosas, eran ineficaces para resolver en un plazo razonable el problema público que asediaba a las elites gubernamentales en países de alta y persistente inflación. 

Para salir de la emergencia era preciso hacer un corte drástico con el pasado inflacionario que revirtiera las expectativas; esto podría ser alcanzado a través de una estabilización de shock que, además de fuertes medidas para lograr un equilibrio fiscal y monetario, apelara a otros dos instrumentos: una política de ingresos, que operar como mecanismo de coordinación de las múltiples decisiones microeconómicas que, en ausencia de ella, podrían reproducir la inflación pasada, y una reforma monetaria, que evitara transferencias de riqueza de deudores a acreedores y preservara la neutralidad distributiva. 

El desenlace del aprendizaje negativo 

Los planes de estabilización heterodoxos ejecutados en Brasil y Argentina descansaron sobre medidas coyunturales que, si bien exitosas en el corto plazo, probaron ser luego insuficientes.  

Capitalizando esas sucesivas frustraciones se perfiló, a mitad de los 80, el diagnóstico neoliberal, que identificó la reforma de las instituciones del desarrollo hacia adentro y promovido desde el Estado con la solución a la inestabilidad económica. Dicho diagnóstico reflejó la vasta reorganización de las políticas públicas que tuviera lugar a fines de los 70 en la economía política internacional.  

Las dificultades para la estabilización no habían provenido sólo del alcance limitado de las políticas de ajuste. Factores que escapaban al control de los gobiernos ejercieron también una insoslayable gravitación, como el contexto de incertidumbre que rodeaba las negociaciones de la deuda externa y la evolución de las tasas de interés internacionales, así como las fluctuaciones de los términos de intercambio. Pero su relevancia no fue contemplada por el nuevo paradigma que se ofreció como alternativa al problema público que monopolizaba las urgencias políticas de las elites gubernamentales.  

El papel de las presiones políticas 

Para prevalecer, las respuestas a las crisis requieren de apoyos políticos. La alternativa finalmente triunfante es aquella cuyos adherentes tienen el poder suficiente como para transformar sus preferencias en cuestiones de política pública.  

El shock externo provocó un giro abrupto en la distribución del poder sobre la formación de la agenda económica de los países de la región. Al incrementarse las necesidades financieras de los gobiernos se volvieron insoslayables las demandas y las exigencias de aquellos actores de cuyas decisiones dependía la salud de las cuentas públicas y la actividad económica en su conjunto: los organismos multilaterales de

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crédito, los bancos y los países acreedores en el marco de las negociaciones de la deuda externa. El mayor protagonista fue Estados Unidos que por medio de premios y castigos supo aleccionar a los países endeudados sobre las ventajas de la cooperación y el riesgo de actitudes confrontativas. 

Fue así que las elites gubernamentales se comprometieron, primero, a drásticos ajustes de corto plazo con el FMI; más tarde, cuando el anuncio del Plan Baker en Septiembre de 1985 condensó el nuevo consenso de los acreedores, su compromiso se extendió a los programas de reformas administrados por el Banco Mundial.

HELD - CAP2 : La emergencia de la soberanía y el Estado Soberano 

La formación del Estado debe ser entendida en el contexto de las divisiones políticas y los conflictos religiosas que siguieron al derrumbe del mundo medieval, y las nuevas controversias en torno a la naturaleza de la autoridad política. El concepto de soberanía organizó la emergencia de Estado Moderno y enmarco el desarrollo de la democracia y los procesos que propiciaron su consolidación. 

Punto de referencia, la construcción del Estado moderno en Europa, porque la historia de la formación del EM es en parte la historia de la formación de Europa y viceversa.  

Se podría hablar de un sistema de Estados recién hacia el milenio: el papa, el sacro emperador romano y el emperador bizantino reclamaban la mayor parte del territorio, a pesar de que estas pretensiones se superponían y eran desafiadas por poderes locales y ciudades libres. El mapa de Europa habría de ser configurado y reconfigurado varias veces, llevó mucho tiempo a los Estados Nacionales dominar el mapa político. 

2.1   DE LA AUTORIDAD DIVIDIDA AL ESTADO CENTRALIZADO  

El sistema político de poderes superpuestos y autoridad dividida que dominó Europa entre los siglos VIII y XIV conocido como el feudalismo, adoptó diversas formas pero se distinguió por una red de obligaciones y vínculos ensamblados, con sistemas de gobiernos fragmentados en varias partes pequeñas y autónomas. El poder político era local y personalizado, configuraba un mundo social de pretensiones y poderes superpuestos. No había gobernantes soberanos porque no detentaban la supremacía sobre un territorio o población. 

El Sacro Imperio Romano  auspiciado por la Iglesia católica para unir y centralizar las unidades de poder fragmentadas de la Cristiandad Occidental en un Imperio Cristiano Unificado. Busco situar la autoridad espiritual sobre la secular y transferir la fuente de autoridad de los representantes mundanos a los extraterrenos. La cosmovisión cristiana reemplazo los principios terrenales de la lógica de acción política. Solo cuando la Cristiandad fue desafiada por los conflictos que surgieron con los Estados Nacionales y la Reforma pudo tomar cuerpo la idea del Estado Moderno y se creó el terreno para la nueva forma de Identidad Nacional. 

A partir del ocaso del feudalismo dos formas de régimen político se dieron en Europa: las monarquías absolutas y las republicas o monarquías constitucionales. 

El absolutismo marcó la emergencia de Estado basada en: absorción de unidades políticas pequeñas en estructuras más grandes y fuertes, capacidad para gobernar área territorial unificada, sistema legal, gobierno unitario y efectivo ejercido por una cabeza soberana única, y el desarrollo de una cantidad pequeña de Estados, diplomacia entre ellos, El absolutismo contribuyó a poner en marcha el proceso de construcción del Estado. 

El desarrollo de la soberanía estatal formó parte de un proceso de reconocimiento mutuo por medio del cual cada Estado garantizaba a los demás derechos de jurisdicción en sus respectivos territorios y comunidades. El

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absolutismo y el sistema interestatal que puso en marcha constituyen fuentes próximas del Estado Moderno, allanando el camino a un sistema de poder secular y nacional. 

La idea del Estado Moderno como tal tuvo su mayor impulso con las luchas entre facciones religiosas. Los conceptos teocráticos fueron puestos en tela de juicio como secuela de la Reforma, que no se limito a cuestionar la autoridad papal sino que planteo interrogantes acerca de la obligación y la obediencia política al poder religioso. Los poderes del Estado debían ser diferenciados de los deberes religiosos de los gobernantes, originando un orden político impersonal y soberano. 

2.2 EL ESTADO MODERNO Y EL DISCURSO DE LA SOBERANÍA 

La idea de Estado Moderno supone un orden impersonal legal o constitucional, delimitando una estructura común de autoridad, que define la naturaleza y la forma de control y la administración de una comunidad determinada. Este orden viene de las ideas de Bodin y Hobbes. Ideas construidas con el objetivo de negar al pueblo el derecho de determinar su propia identidad política con independencia de su soberano y a la vez privar al soberano del derecho de actuar con impunidad contra la población. Resulta de ello el Estado independiente de los súbditos y de los gobernantes, el Estado como “persona”, como sujeto de la soberanía. 

La idea de la soberanía está vinculada estrechamente a la de Estado Moderno, la soberanía sirvió para pensar los problemas de la naturaleza del poder y el ejercicio del gobierno. La teoría se aboco a dos problemas: Dónde reside la soberanía y que limites tiene la acción estatal. 

SOBERANÍA ESTATAL 

Bodin: una nación ordenada dependía de la creación de una autoridad central que pudiera empuñar un poder decisivo dentro de una comunidad específica. Es la primera teoría moderna de la soberanía: dentro de todo Estado o comunidad política debe existir un cuerpo soberano determinado cuyos poderes sean reconocidos por la comunidad como la base legítima o valida de la autoridad. El soberano es una cabeza legítima del Estado en virtud del cargo, no de su persona, soberanía como don temporal no como atributo personal. 

Hobbes: Naturaleza del poder público como un tipo especial de institución, un “hombre artificial”. A partir de la idea de “guerra de todos contra todos” los individuos deben transferir voluntariamente su derecho de autogobernarse a una autoridad única poderosa (en adelante autorizada a actuar en su nombre) porque, si todos los individuos lo hacen en simultaneo, se crearán las condiciones del gobierno político efectivo y la paz. Se creará una única relación de autoridad (súbdito-soberano) y quedará emplazado el púnico poder político: el poder Soberano o la soberanía. Fuera de la esfera estatal siempre existirá la amenaza de la guerra permanente, entre Estados, pero dentro es posible mantener un orden social. 

Estas posiciones resultaron controvertidas y fueron cuestionadas en dos aspectos: dónde reside legítimamente la soberanía (en el Estado, el gobernante o el pueblo) y cuáles eran los límites o alcance legitimo de la acción estatal. 

SOBERANÍA POPULAR 

Locke: la creación de un aparato gubernamental no implica la transferencia de todos los derechos de los súbditos al dominio político. Todo depende de que el gobierno se adhiera a su propósito esencial: la preservación de la propiedad, la vida y la libertad. La autoridad política es transferida por los individuos al gobierno, con ese propósito y si no se cumple, los ciudadanos pueden destituir a sus delegados y si es necesario cambiar la forma de gobierno. Las reglas de gobierno y su legitimidad descansan en el consenso   de los individuos. El poder supremo es un derecho inalienable del pueblo, el derecho de gobernar podía caducar si el pueblo no lo juzgaba apropiado.  

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Rousseau: una concepción coherente del poder político requiere de un reconocimiento de que la soberanía se origina en el pueblo y allí debe permanecer, por ello la soberanía no puede ser representada o alienada. La esencia misma de la soberanía es la creación, autorización y sanción de la ley de acuerdo con los criterios y exigencias del bien común. Solo los mismos ciudadanos pueden articular la dirección suprema de la voluntad general. Los gobiernos son legítimos solo si cumplen con las direcciones de la voluntad general. 

EN SUMA: La idea del Estado fue la fuente de la idea del poder estatal impersonal. Pero también fue el marco legitimante de un sistema de poder centralizado en el cual todos los grupos sociales procuraron participar. Cómo combinar la soberanía estatal con la popular? No se encontró una respuesta única. 

Held   –   Cap   3  

El desarrollo del Estado-Nación y la consolidación de la democracia 

Los Estados modernos se desarrollaron como Estados-nación: aparatos políticos distintos tanto de los gobernantes como de los gobernados, con suprema jurisdicción sobre un área territorial delimitad, basados en el monopolio del poder coercitivo, y dotados de legitimidad como resultado de un nivel mínimo de apoyo o lealtad de sus ciudadanos. 

Innovaciones más importantes que presenta el Estado moderno: 

Territorialidad: fronteras exactas 

Control de los medios de violencia: monopolio de la fuerza y los medios de coerción 

Estructura impersonal del poder 

Legitimidad: Cuando se desafiaron y erosionaron las prerrogativas del “derecho  divino” o el “derecho estatal”, los seres humanos, como “individuos” y como “pueblos”, empezaron a ganarse un lugar en el orden político como “ciudadanos activos”. 

Esta concepción del Estado-nación es controvertida porque en ella confluyen dos nociones del Estado moderno que en principio deberían mantenerse separadas: la noción del Estado moderno como un sistema de poder circunscrito que impone una serie de controles y mecanismos regulatorios tanto a gobernantes como a gobernados, y la noción del Estado moderno como una comunidad política democrática en que los gobernantes son representantes de los ciudadanos y responsables ante ellos. En la construcción del Estado moderno estas ideas estuvieron con frecuencia asociadas al Estado-nación democrático liberal. 

No se debería suponer que el concepto de Estado-nación implica que la población del Estado necesariamente comparta una identidad lingüística, religiosa y simbólica. 

Lo que hace de la “nación” una parte integral del Estado-nación no es la existencia de sentimientos nacionalistas, sino la unificación del aparato administrativo dentro de fronteras territoriales claramente definidas. 

Se ha sostenido que la diferencia entre el Estado moderno y el absolutista no es tan importante como se tiende a creer. Los Estados absolutistas tenían menos poder sobre la sociedad civil de lo que con frecuencia se sostiene. Los Estados modernos en pocas ocasiones están “limitados” por sus constituciones y fronteras y a menudo se han comportado como arrogantes Estados “absolutistas”, especialmente en sus relaciones con las poblaciones y culturas extranjeras.  

Formas del Estado moderno 

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Constitucionalismo o Estado constitucional: límites implícitos y/o explícitos al proceso de elaboración de decisiones político o estatal. El constitucionalismo define la forma y los límites adecuados de la acción del Estado, y su conformación a lo largo del tiempo como conjunto de doctrinas y prácticas contribuyó a inaugurar uno de los principios centrales del liberalismo europeo: que el alcance del Estado debe restringirse y su práctica acotarse con el objetivo de asegurar a cada ciudadano el máximo grado de libertad posible. 

Estado liberal: intento de crear una esfera privada independiente del Estado, liberación de la sociedad civil de toda interferencia política innecesaria. El constitucionalismo, la propiedad privada y la economía de mercado competitiva, junto con un modelo de familia específicamente patriarcal se consagraron como pilares del Estado liberal.  

Democracia liberal o representativa: las decisiones que afectan a la comunidad no las toman sus miembros como un todo, sino un subgrupo de “representantes” elegidos por el “pueblo”. Introducción de un conjunto de reglas e instituciones necesarias para su funcionamiento. 

Estado de partido único o unipartidista: (URSS) Sólo un único partido puede ser la legítima expresión de la voluntad general de la comunidad. Los votantes tienen la oportunidad de respaldar la decisión del partido y de elegir entre los diferentes candidatos del partido.  

¿De qué manera el Estado moderno se desarrolló como Estado-nación, cómo la democracia quedó sedimentada dentro del Estado-nación bajo la forma de democracia representativa liberal, y cómo este tipo de democracia llegó a predominar en el mundo político? 

Guerra y militarismo 

Lo que estaba en juego era la capacidad de los Estados para organizar los medios de coerción y desplegarlos cuando fuera necesario. La importancia de este elemento del poder estatal en la historia del Estado moderno se puede evaluar examinando el caso de Inglaterra. 

Del siglo XII al XIX, entre el 70% y 90% de los recursos financieros del Estado inglés fueron dedicados a la adquisición y el empleo de instrumentos de fuerza militar, especialmente durante las guerras internacionales.  

El desarrollo y el mantenimiento de la capacidad coercitiva fueron centrales en la evolución del Estado: si pretendían sobrevivir, los Estados debían procurarse esta capacidad y asegurar su efectividad.  

El proceso de construcción del Estado, y la formación del sistema de Estado moderno fue en gran medida el resultado del esfuerzo activo de los gobernantes por ampliar y asegurar su base de poder y aumentar su propia eficacia y discreción en el manejo y la movilización de los recursos sociales.  

La competencia entre Estados no estaba guiada sólo por las ambiciones de los gobernantes y las consideraciones internas, sino también por la misma estructura del sistema internacional: los Estados individuales, para garantizar su propia seguridad, debían prepararse para la guerra.   Los Estados se armaban y militarizaban en parte para aumentar su propia seguridad, y al hacerlo aumentaban la inseguridad de los otros Estados (“dilema de seguridad” del Estado). 

La capacidad de financiar las operaciones bélicas dependía del éxito de las actividades de extracción; de la habilidad del Estado para extraer recursos que auspiciaran sus esfuerzos. A largo plazo, los súbditos se opusieron a sacrificar sus recursos y vidas sin algún tipo de recompensa o reconocimiento, y los conflictos y las rebeliones en contra de las exacciones económicas y políticas se convirtieron en un hecho corriente. En respuesta, los gobernantes emplazaron estructuras estatales (administrativas, burocráticas y coercitivas) destinadas a coordinar y controlar las poblaciones bajo su dominio.  

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El desarrollo de ciertas organizaciones básicas del Estado moderno recibió su impulso de la intersección de la guerra y los intentos de financiarla. 

La relación entre la guerra y la construcción del Estado estuvo mediada por mecanismos de representación y consulta. Cuanto más dependía el poder militar de un Estado de su capacidad para movilizar grandes cantidades de soldados, especialmente soldados de infantería poco armados, mejores fueron las perspectivas del gobierno representativo o popular. El soldado-súbdito con frecuencia luchó hasta convertirse en soldado-ciudadano. Los países con ejércitos masivos anunciaron la era de las revoluciones democráticas. 

A medida que aumentaban los costos y las exigencias de la guerra, mayor era la necesidad de los gobernantes de negociar con sus súbditos y conquistar su apoyo. Creció la reciprocidad entre gobernantes y gobernados y, cuanto mayor era la reciprocidad, mejores eran las oportunidades de los sectores subordinados para ejercer influencia sobre sus gobernantes.  

La expansión de la ciudadanía estuvo sin lugar a dudas enlazada a los requerimientos militares y administrativos del Estado moderno y la consecuente “politización” de las relaciones sociales y las actividades cotidianas.  

La construcción de la identidad nacional formó parte del proyecto de aglomerar a la gente dentro del marco de un territorio delimitado con el propósito de afirmar o aumentar el poder del Estado. Los requerimientos de la acción política hicieron del despliegue de la identidad nacional un medio para asegurar la coordinación de las medidas políticas, la movilización y la legitimidad.  

Las empresas militares dejaron un resultado paradójico: estimularon la formación de instituciones representativas y democráticas. Pero señalar esto no equivale a afirmar que la emergencia de estas instituciones es totalmente explicada por la intervención en la guerra. Una cosa es sugerir que en ciertos países existe una conexión directa entre la extensión del sufragio universal y la emergencia de los ejércitos de infantería modernos, y otra muy distinta es asegurar que con ella la democracia queda completamente explicada. Además, si la guerra impulsó la democracia dentro de ciertos países, los derechos y principios democráticos fueron normalmente negados de forma explícita a quienes eran conquistados, colonizados y explotados por los Estados-nación poderosos. Si bien la expansión de Europa constituyó la base de la unificación política del mundo en un sistema de Estados-nación, el principal propósito de esta expansión era ampliar el comercio y el tráfico europeos; los derechos de los súbditos en las colonias fueron un problema secundario.  

Estados y capitalismo 

¿Cómo afectan las consideraciones de las relaciones económicas, y del impacto del desarrollo del capitalismo en particular, al a concepción hasta aquí presentada de los Estados como entidades geopolíticas en competencia bajo la presión de extender el proceso de representación de todos aquellos convocados par servirlas? 

Europa estallaría e irrumpiría en todos los cuadrantes del plantea. El crecimiento de las interconexiones entre Estados y sociedades (globalización) fue progresivamente moldeado por la expansión de Europa. En sus comienzos, globalización significó “globalización europea”. Las características básicas del sistema de Estados moderno que existían de forma embrionaria en la Europa del siglo XVI se convirtieron en los rasgos sobresalientes del sistema global en su conjunto. 

La expansión de Europa por el mundo profundizó la demanda de organizaciones que fueran capaces de operar a esa escala. Todos los tipos básicos de organización de la sociedad moderna (Estado moderno, empresa moderna, ciencia moderna) fueron moldeadas y beneficiadas por ella. En particular, la expansión europea se

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convirtió en la mayor fuente de desarrollo de la actividad y la eficiencia estatales. Aquellos Estados que pudieron organizar una infraestructura administrativa sólida, contaron con la mayor población, rindieron una red impositiva efectiva y desarrollaron la industria naviera y armamentista, se pusieron en ventaja y lideraron el proceso. En los siglos XVII y XVIII eran los gobiernos absolutistas y constitucionales los que contaban con estas ventajas; en el siglo XIX fueron los Estados-nación emergentes.  

La difusión del poder europea se llevó a cabo principalmente a través de las campañas marítimas militares y comerciales; y en el proceso Europa quedó conectada a un sistema global de relaciones comerciales y productivas En el centro de estas relaciones se encontraban los mecanismos económicos capitalistas en expansión, que tuvieron su origen en el siglo XVI. El capitalismo fue desde sus orígenes un asunto internacional; el capital nunca permitió que sus aspiraciones fueran determinadas por las fronteras territoriales. La emergencia del capitalismo introdujo un cambio fundamental en el orden mundial: hizo posible que se concretaran conexiones genuinamente globales entre Estados y sociedades.  

El desarrollo de la economía capitalista mundial inicialmente adoptó la forma de la expansión de las relaciones de mercado.  

El propio desarrollo del capitalismo puede ser en parte explicado como el resultado de los cambios en la agricultura “europea” del siglo XV. 

Hacia el siglo XVII, el éxito en la conquista militar y el éxito en las empresas económicas estuvieron más directamente vinculados que nunca antes en la historia. Durante un intenso período, la globalización de las relaciones políticas y la de las relaciones económicas coincidieron en un mismo carril.  

El Estado lentamente se fue implicando en los intereses de la sociedad civil en parte por su propia salud. Si los gobernant4es y el personal estatal pretendían implementar medidas de su preferencia, entonces precisarían los medios financieros para hacerlo; y cuánto más exitosas fueran las actividades económicas desarrolladas dentro de sus territorios, mayores posibilidades tendrían de llevar a cabo sus estrategias y concretas sus intereses. A lo largo de los siglos XVII y XVIII los Estados absolutistas y constitucionales fueron cimentando una firma injerencia en la coordinación de las actividades de la sociedad civil.. El impulso de estas responsabilidades en aumento provino de los compromisos militares. Pero por debajo de este proceso operaba la necesidad general y creciente de regular la economía capitalista en desarrollo, la difusión de disputas por derechos de propiedad y las demandas de los grupos subalternos, para que la base económica del Estado mismo no fuera vulnerada. El elemento que acompaño a este proceso fue la creciente intercalación de la sociedad civil con el Estado; pues por su capacidad para estabilizar y garantizar la efectividad de la ley, los contratos y la moneda, el Estado se transformó en un objeto de especial atención para las clases y los grupos poderosos de la sociedad civil, que esperaban poder moldear la acción estatal y adecuarla a sus intereses.  

¿Cuál fue la relación entre las organizaciones estatales, las instituciones representativas y las clases en la época de la formación del Estado moderno? El desarrollo del Estado se filtró a través de las estructuras sociales de las distintas sociedades. En las regiones “capital-intensivas” (donde prevalecían las relaciones de mercado), los comerciantes y empresarios capitalistas favorecieron estructuras estatales que ampliaron la representación para incluir sus intereses. En contraste, las áreas “coerción-intensivas” (predominantemente agrícolas), los terratenientes lograron un mayor control del Estado y pudieron obstaculizar el desarrollo de asambleas o consejos representativos.  

Dentro de las mismas áreas capital-intensivas, se puede descubrir una peculiar pauta de relaciones entre los gobernantes políticos y las clases capitalistas emergentes. Weber hablaba de una alianza entre el capitalismo moderno y el Estado moderno emergente. Estas fuerzas eran, por un lado los gobernantes que querían centralizar el poder político y las organizaciones fiscales por medio del quiebre y la erradicación de los

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vestigios del poder en manos de la nobleza, la Iglesia y los distintos cuerpos estamentales y, por el otro, las clases capitalistas en ascenso que intentaban remover los obstáculos a la expansión de las relaciones de mercado basados en los compromisos comerciales impuestos por múltiples redes sociales de poder, rurales y urbanas. La alianza parece haber durado toda la primera fase de la revolución industrial, contribuyendo a la expansión del comercio y la industrialización de la economía.  

Existieron también conflictos. Las nuevas clases capitalistas no sólo lucharon contra los privilegios feudales remanentes, sino que también impulsaron la progresiva separación de la economía del Estado para que las actividades económicas se librasen de los riesgos que imponían las interferencias políticas arbitrarias. En esta coyuntura, las clases económicas en ascenso se convirtieron en las fuerzas progresistas de los siglos XVIII y XIX, que buscaron condensar la lucha por una esfera económica independiente y la lucha a favor de un gobierno representativo. El principal nexo era el intento de afirmar los derechos civiles y políticos.  

Democracia liberal y ciudadanía 

La ciudadanía es un status que atribuye a los individuos iguales derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades. Analizar la ciudadanía consiste, entre otras cosas, en examinar los tipos de lucha que emprendieron los diversos grupos, clases y ovimientos, para obtener mayores grados de autonomía y control sobre sus vidas ante las distintas formas de estratificación, jerarquía y obstáculos políticos. 

Durante la fase formativa del Estado moderno, la lucha por la pertenencia a la comunidad política fue ante todo sinónimo del intento de establecer cierta forma de soberanía popular mediante la sanción de ciertos derechos civiles y políticos.  

Los nuevos derechos autorizaban a cada persona que los ejerciera a participar como un agente independiente en la competencia económica; crearon individuos “libres e iguales en status”, un status fundante del contrato moderno. Fue un paso significativo en el desarrollo de los derechos políticos; pues una vez que el agente individual fue reconocido ocmo una persona autónoma, resultó más sencillo considerarlo una persona capaz de asumir responsabiloidades políticas.  

Los derechos políticos fueron gradualmente reconocidos como medios indispensables para garantizar la libertad individual; pues al no haber una buena razón para creer que quienes gobiernan no actuarán siguiendo sus intereses egoístas, el gobierno debe ser directamente responsable ante un electorado convocado con regularidad a decidir si sus objetivos han sido cumplidos.  

El auge del sindicalismo y el movimiento obgrero en gerneral, en alianza con sectore de las clases medias y jjunto con las luchas a favor del sufragio femenino, fue un factor crítico en el desarrollo de la ciudadanía política. La búsqueda de ciudadanía se convirtió en la promoción de las condiciones bajo las cuales los individuos pudieran disfrutar de la igualdad de status y la igualdad de oportunidades. Se había emplazado el escenario para la conquista no sólo de los derechos políticos sino también de los “derechos sociales”.  

Con la conquista del sufragio universal, la clase obrera organizada era capaz de emplear su fuerza política para combatir las desigualdades sociales y consolidar como derechos ciertas victorias sociales en el terreno del “bienestar”. Sólo a finales del siglo XIX y principios del XX se comenzó a sancionar los derechos sociales en su forma moderna, en la forma de medidas redistributivas de bienestar, seguridad social, salud pública, y nuevas formas de tributación progresiva. 

¿Cómo fue que la democracia liberal triunfó sobre las formas de gobierno alternativas? Hay 3 factores críticos: 

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la “reciprocidad del poder”, que llegó a ser reconocida a través de la creciente dependencia d  elos sistemas nacionales de regulación de la cooperación de las poblaciones dominadas 

crisis de la legitimidad política sufrida por los poderes estatales en desarrollo en el contexto del agotamiento de las formas tradicionales de legitimación, particularmente de las basadas en la religión y los derechos de propiedad.  

La democracia representativa liberal no representó una amenaza para las fuerzas de la economía de la sociedad civil. Es una democracia “inofensiva” para el mundo moderno y para la economía capitalista moderna.  

El triunfo del Estado moderno 

Se ha sostenido que los Estados-nación alcanzaron la supremacía porque triunfaron en la guerra, fueron exitosos desde el punto de vista económico, y lograron un grado significativo de legitimidad ante sus poblaciones y los demás Estados.  

La legitimidad de las exigencias del poder político quedó sujeta a la aceptación popular o democrática. Las fuerzas del gobierno democrático y la legitimidad democrática resultaron irresistibles ante la expansión del poder administrativo del Estado y la aparición de nuevas identidades políticas, el nacionalismo, la ciudadanía y la persona “pública”.

HELD. CAPÍTULO 4. EL SISTEMA INTERESTATAL 

El núcleo de la “estructura profunda” del sistema de Estados-nación moderno puede ser caracterizado por una fuerte tensión entre la consolidación de la accountability y la legitimidad democrática dentro de las fronteras del Estado y la implementación de una política de poder fuera de esas fronteras. Los orígenes de esta tensión pueden rastrearse en las primeras etapas del sistema de Estados, en la implantación de la soberanía territorial promovida por los poderes europeos para consolidad los dominios nacionales. Este proceso de implantación estableció la estructura del sistema de Estados, y definió la forma y la dinámica de las relaciones interestatales hasta bien entrado el siglo XX. Asimismo la aplicación de la estructura de ONU encima de este sistema tras la 2GM, no alteró de forma significativa sus rasgos básicos. De hecho la Carta de la ONU acentúo el papel de las grandes potencias. 

La soberanía y el orden de Westfalia 

La historia del sistema interestatal moderno y de las relaciones internacionales en general, ha guardado poca relación con los principios democráticos de organización política y social. Se dice que Hobbes comparaba las relaciones internacionales con el estado de naturaleza, caracterizando el sistema de Estados internacional como un “continuo estado de guerra”. 

En el estudio de las relaciones internacionales, la perspectiva hobbesiana fue asociada con la teoría “realista” de la política internacional. El realismo afirma que el sistema de Estado soberanos es irremediablemente anárquico, y que esta anarquía fuerza a todos los Estados, ante la inevitable ausencia de un juez supremo que sancione el comportamiento moral y los códigos de conducta internacional, a implementar políticas de poder con el objetivo de preservar sus intereses vitales. Esta perspectiva político-práctica de los Estados ha ejercido considerable influencia tanto sobre el análisis como sobre la práctica de las relaciones internacionales, ya que ofrece una explicación en principio convincente del caos y el desorden de los asuntos mundiales. Desde este enfoque, el sistema de Estados-nación moderno constituye un factor limitante que siempre desbatará cualquier intento de conducir las relaciones internacionales por una vía que transcienda la política del Estado soberano. 

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En el mundo de las relaciones entre Estados, el principio de la igualdad soberana de todos los Estados fue gradualmente adoptado como el principio supremo para gobernar la conducta formal de los Estados, independientemente de cuán representativos fueran sus regímenes particulares. 

El orden estatal fue desplazando gradualmente los principios organizativos de la Europa medieval y la sociedad cristiana internacional, y quedó fijado en un complejo de reglas que a partir del siglo XVII se orientaron a asegurar el concepto de sistema de Estados como una sociedad de Estados-nación soberanos. Al menos 3 complejos de reglas intervinieron en la definición y el mantenimiento de este orden: 

Se identifica con la “idea de una sociedad de Estados” como “el principio normativo supremo de la organización política” de la humanidad. El principio está contenido en varias reglas del derecho internacional, en especial, en aquellas que definen el Estado como el único o el principal portador de los derechos y los deberes definidos por el derecho internacional, como el único agente legal para emplear la fuerza, y como la fuente del orden y las restricciones del sistema internacional. 

Reglas de la llamada “coexistencia”. Estas especifican las condiciones mínimas para que los Estados organicen sus problemas compartidos en el orden internacional. Se refieren sobre todo al deber de cada Estado de respetar la soberanía de los otros Estado, y que haya reconocimiento recíproco. (exigencia de no interferencia en los asuntos internos) 

Determina la forma de la cooperación entre los Estados cuando las relaciones no se limitan a la mera coexistencia. Reglas que facilitan la cooperación política pero también las vinculaciones económicas y sociales 

La ausencia de una autoridad supranacional para mediar y resolver las disputas entre los estados  no implica que en el orden internacional de Estados no existan valores comunes o medios de regulación. La mayoría de los Estados respetaron las reglas anteriores, pues la razón de ser de estas reglas es asegurar la existencia de los Estados y su ventaja mutua. 

Lo que distingue el orden regulativo del sistema de Estado de sistemas internacionales anteriores es que es, en principio, un orden autoregulativo.  

La partición del mundo fue una operación de la política de poder y sus resultados fueron, finalmente, sancionados por la ley. Si bien existía una excepción importante a este criterio de dividir el mundo (la zona de altamar, considerado perteneciente a todos) el principio de la soberanía estatal se propagó velozmente por todo el planeta. 

El sistema interestatal es un modelo de orden internacional que puede ser llamado “westfaliano”, en alusión a la paz de Westfalia de 1648 que puso fin a la fase alemana de la guerra de los 30 años y estableció, por primera vez, el principio de la soberanía territorial en los asuntos interestatales. El modelo cubre un período que se extiende de 1648 a 1945. La comunidad mundial estaba constituida por Estados soberano que resuelven sus diferencias de forma privada y por la fuerza en la mayoría de las ocasiones, y siempre que pueden reducen el mínimo de acciones cooperativas, que buscan promover su interés nacional por encima de todo y que aceptan la lógica del principio de la efectividad, esto es, el principio de que el poder crea derecho en el mundo internacional. 

El mundo está compuesto por Estados soberanos que no reconocen ninguna autoridad superior (Westfalia)+ Las diferencias entre los Estados son en última instancia resueltas por la violencia, predomina el  ppio. De poder efectivo (Westfalia) 

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Lo extraño es que un sistema de Estados interconectados en constante desarrollo y expansión fortaleció el derecho de cada Estado a la acción independiente y autónoma. El mundo está constituido por poderes políticos separados, en busca de su propio beneficio, afirmados sobre su organización de poder coercitivo. 

Se trabaron una serie de alianzas y acuerdos entre las potencias que aspiraban a organizar el orden internaciones conforme a sus intereses. 

“Sistema de concierto” diseñado después de las guerras napoleónicas por Von Metternich, buscando establecer un equilibro de poder a través de la redistribución de territorios y poblaciones. Incluía este acuerdo el imperativo de la autorrestricción y la consulta mutua en caso de conflictos. Entre Austria, Rusia, Prusia e Inglaterra. Este sistema fue exitoso por 40 años 

La difusión del sistema de Estados moderno estuvo claramente marcada por la “jerarquía” y la “desigualdad”. “Jerarquía” denota la estructura de la globalización política y económica: el dominio de una  constelación de Estados-nación concentrados en el Oeste y el Norte. 

El otro lado de la jerarquía es la desigualdad. Esta se refiere a los efectos asimétricos de la globalización política y económica sobre las posibilidades de vida y el bienestar de los pueblos, las clases, los grupos étnicos, los movimientos y los sexos. La desigualdad es un fenómeno tanto del desarrollo internacional como del nacional. Debe pensarse, por lo tanto, que las categorías de la estratificación social y política denotan divisiones sistemáticas dentro y a través de los territorios y las regiones. 

El poder efectivo que la soberanía confiere a un Estado está, en importante medida, conectado con los recursos a su disposición. 

A pesar del impulso de la diplomacia y las iniciativas legales internacionales que le siguieron a la 2GM, y que se propusieron transformar el sistema de Westfalia, la independencia política conquistada por las viejas colonias a lo sumo implicó un breve alto en los procesos de marginación en el orden mundial. En países como los subsahariano, donde ejercer la autoridad central y aceptar su función nunca fue un “hábito establecido” y donde la mayoría de las necesidades humanas más elementales son desatendidas, la independencia está cargada de múltiples dificultados. Esta obstruida por la vulnerabilidad ante la economía internaciones, por la escasa disponibilidad de recursos que amenaza la autonomía de  las organizaciones políticas y por grupos sociales y étnicos completamente divididos por las miserias y las epidemias. Pero por cierto, también fue menoscabada por la estructura misma del sistema política internaciones que priva a los Estados individuales, atrapados en la búsqueda competitiva de su propia seguridad y sus propios intereses, de los medios para implementar la accountability y la regulación de algunas de las fuerzas más poderosas de los asuntos nacionales e internacionales. 

El orden internacional y el sistema de las Naciones Unidas 

Fue cuestionada después de las 2 GM’s el objeto, alcance y las fuentes mismas de la concepción westfaliana de la regulación internacional, en particular su concepción del derecho internacional. 

Ahora: 

Las personas individuales y los grupos fueron reconocidos como objetos del derecho internacional (ya no es más una cuestión de relación entre Estados) 

Se elimina la idea de que el derecho internacional se refiere principalmente a asuntos políticos y estratégicos (estatales). Ahora el derecho internacional fue progresivamente aumentando su competencia en la organización y la regulación de materias económicas, sociales y ambientales. 

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Crecimiento de actores en la política mundial: ONU, BM, FMI, etc. Se desplegaron diversas presiones para aumentar el alcance del derecho internacional 

Finalmente, es cuestionada la doctrina legal según la cual la única fuente real del derecho internacional es el consentimiento de los Estados. Hoy en día varias fuentes del derecho internacional pugnan por su reconocimiento. Ya no es cada estado individual que concientizar sobre la definición de las reglas y responsabilidades internacionales, sino que hay tratados, convenciones, prácticas y costumbres internacionales que le exigen cierto comportamiento a cada Estado. 

Fue después de la 2GM cuando se promovió y aceptó ampliamente un nuevo modelo de derecho y accountability internacional. Así lo testimonia la adopción de la Carta de la ONU. 

El giro de la estructura de regulación internacional, del modelo de Westfalia al de la Carta de la ONU, planteó interrogantes que se orientan a la posibilidad de una disyuntiva entre el sistema jurídico de los Estados-nación (del sistema de Estados) y el de la comunidad internacional más amplia. El segundo modelo, gira a favor de un principio organizativo de los asuntos mundiales alternativo: en última instancia, una comunidad democrática planetaria, compuesta por Estados con idénticos derechos de participación en la Asamblea General, regulando de forma abierta y colectiva la vida internacional y obligados a obedecer la Carta de la ONU y una batería de convenciones consagratoria de los derechos humanos. Igual sería engañoso concluir que la era del modelo de la Carta de la ONU desplazó la lógica westfaliana de gobierno internacional, y ello fundamentalmente porque el marco de la Carta representa, en varios sentidas, una extensión del sistema interestatal. 

La “arquitectura” de la ONU, fue emplazada para acomodar la estructura de poder internacional tal como se presentaba en 1945. La división del globo en poderosos Estados-nación, con conjuntos de intereses geopolíticos distintivos, fue reflejada en la concepción de la Carta. En consecuencia, la ONU fue prácticamente inmovilizada como actor autónomo en varias cuestiones apremiantes. Una de las más obvias manifestaciones de esta condición fue el poder de veto especial garantizado a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. 

La susceptibilidad de la ONU ante las agendas de los Estados más poderosos fue reforzada por su dependencia de los recursos financieros aportados por sus miembros. Esta posición de vulnerabilidad ante la política estatal se ve acentuada por la ausencia de mecanismos que garanticen algún tipo de participación directa en la ONU a las fuerzas regionales o transnacionales, funcionales o culturales. En definitiva, el modelo de la Carta, a pesar de sus buenas intenciones, no logró dar origen a un nuevo principio de organización internacional-un ppio. que pueda quebrar crucialmente la lógica de Westfalia y poner en práctica nuevos mecanismo democráticos de coordinación y cambios políticos. 

Algunas deficiencias de la ONU deberían ser vinculadas con el sistema de Estados mismo, con su profundo anclaje estructural en la economía capitalista global. 

Igual, fue innovador en varios sentidos: representó un foro internacional ante el cual todos los Estados son iguales en ciertos aspectos, un foro de particular importancia para los países en desarrollo y para aquellos en busca de una base para alcanzar soluciones de consenso a los problemas internacionales. Ofreció también un marco de descolonización y suministró una concepción, valiosa a pesar de sus limitaciones de un nuevo orden mundial basado en el acuerdo de los gobiernos y en circunstancias propicias, de una entidad supranacional en defensa de los derechos humanos en los asuntos mundiales. 

Los desarrollos del derecho y las instituciones internacionales anticipan el momento en que el Estado-nación no será más que un tipo de actor político entre otros y carente de toda clase de privilegios dentro del orden legal internacional 

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¿El sistema de Estados versus la política global? 

Que el Estado-nación goce de una persisten vitalidad, no significa que no haya sido afectado en la intersección de las fuerzas y relaciones nacionales e internacionales. Un argumento habitual de la literatura sobre la globalización antes presentada como la concepción “transformista” o “modernista” que pretende explicar la manera en que la creciente interconexión mundial puede conducir a la decadencia o “crisis” de la autoridad estatal y a la exigencia de que los Estados-nación colaboren entre sí de forma más intensa. 

Argumentos (de la concepción tranformacionista no de Held): 

El crecimiento de las organizaciones y colectividades internacionales, desde la ONU y sus organizaciones hasta movimiento sociales y grupos de presión especiales, alteró la forma y la dinámica tanto del Estado como de la sociedad. La intensificación de los procesos de interconexión regional y global y la proliferación de acuerdos internacionales erosionaron la distinción entre asuntos externos e internos, entre política internacional y doméstica. Del mismo modo, la penetración general de la sociedad civil por actores transnacionales alteró su forma y su dinámica 

Con el incremento de la interconexión global, la cantidad de instrumentos políticos a disposición de los gobiernos individuales y a la efectividad de esos instrumentos muestra una clara tendencia a declina. Estas tendencias responde, a la pérdida de un amplio espectro de controles sobre las fronteras que anteriormente habían servido para restringir la circulación de bienes y servicios, factores de producción y tecnología y el intercambio cultural y de ideas.  

Los Estados pueden experimentar una nueva reducción de las opciones debido a la expansión de las fuerzas e interacciones transnacionales que reducen y restringen la influencia a que los gobiernos particulares pueden ejercer sobre las actividades de sus ciudadanos. (Ej., el impacto del flujo de capital privado a través de las fronteras puede poner en peligro las medidas antiinflacionarias, las tasas de cambio, etc.) 

En este contexto de un orden global altamente interconectado, muchos de los dominios tradicionales de actividad y responsabilidad estatal (defensa, comunicaciones, gestión económica, etc.) no pueden ser regidos sin recurrir a formas internacionales de cooperación. Puesto que las demandas que debe atender aumentaron considerablemente en los años de posguerra. Los Estados individuales ya no son las únicas unidades políticas para resolver los problemas políticos ni para dirigir el amplio espectro de funciones públicas. 

De este modo, los Estados han debido aumentar el nivel de integración política con otros Estados (a través de redes regionales como la UE, el Mercosur, etc.) y/o impulsar acuerdos multilaterales para poder controlar los efectos desestabilizadores que acompañan la interconexión 

El resultado fue un importante crecimiento de instituciones y organizaciones que sentaron las bases para organizar los asuntos globales, esto es, el gobierno mundial 

Lo que estos argumentos sugieren es que el significado de instituciones políticas actuales debe ser explorado en el contexto de una sociedad internacional compleja y de un amplio espectro de organizaciones internacionales y regionales, existentes y emergentes, que trascienden y median las fronteras nacionales. 

Desde la perspectiva de la concepción tranformacionista, el Estado moderno está cada vez más atrapado en redes de interconexión mundial permeadas por fuerzas cuasisupranacionales, intergubernamentales y transnacionales, y es cada vez menos capaz de determinar su propio destino. La globalización es retratada como una fuerza homogeneizadora que lima la diferencia política y las capacidades de los Estados-nación de actuar de forma independiente en la concreción y la articulación de sus objetivos de política doméstica e internacional: El Estado-nación parece afrontar la decadencia o la crisis. 

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De todas maneras, la era del Estado-nación no está en absoluto agotada. Si el Estado-nación territorial está en decadencia, se trata de un proceso desigual, particularmente restringido al poder y alcance de los Estados-nación dominantes del Oeste y del Este. 

La importancia del Estado-nación y el nacionalismo, la independencia territorial y el deseo de lograr, reconquistar o mantener la soberanía no parecen haber disminuido en épocas recientes. Más aún, algunas crisis regionales no escapan a la puja por la soberanía (Cisjordania, ex Yugoslavia, etc.) 

Además, parece razonable pensar que la globalización de los dominios de las comunicaciones y la información, lejos de crear una estructura de propósitos, intereses y valores común a toda la humanidad, ha servido para reforzar el sentido de la importancia de la identidad y la diferencia, ofreciendo un nuevo estímulo de “nacionalización” de la política. 

Quizás se puede entender mejor los cambios de la actualidad, s se conciben más que como el fin de la era del Estado-nación como un desafío a la era de los Estados hegemónicos (un desafío que está lejos de articularse de forma completa) 

El Estado moderno, todavía es en principio capaz de determinar el aspecto más importante de las condiciones de vida de las poblaciones. 

Quienes presagian el fin del Estado dan por supuesta con excesiva rapidez la erosión del poder estatal ante las presiones de la globalización y no logran reconocer la persistente capacidad del aparato estatal para moldear la dirección de la política doméstica e internacional. 

Por otra parte debe destacarse que los procesos de globalización en sí mismo no conducen necesariamente a una mayor integración global, esto es un orden mundial caracterizado por una sociedad y una política homogéneas y unificadas. La transformación local es tanto un elemento de la globalización como la extensión lateral de las relaciones a través del tiempo y el espacio. 

En suma 

El Estado moderno llegó a ser la forma suprema de Estado porque logró organizar exitosamente los medios para financiar la guerra, los recursos económicos y las pretensiones de legitimidad. 

La consagración del sufragio universal, entre otras instituciones democráticas liberales, se puede relacionar con la búsqueda de lealtad y recursos que emprendió el Estado cuando debió hacer frente a la presiones más intensas (antes, durante y después de las guerras) y con la reivindicación estatal de una forma de legitimidad distinta. 

El sistema interestatal se desarrolló en el contexto de 2 procesos clave: la afirmación de la soberanía estatal y la difusión global de las nuevas relaciones económicas a través de los mecanismos económicos capitalistas. El “dilema de seguridad” (resuelto por Westfalia, cada Estado tiene derecho a gobernar en sus propios territorios) atrapó a todos los Estados en situación de conflicto, real o potencial 

El desarrollo de sistema de Naciones Unidad no alteró de forma fundamental la lógica y la estructura de orden westfaliano. Los Estados poderosos aumentaron su autoridad mediante la arrogación de facultades especial. No obstante, el sistema de la ONU contiene dentro de él el desarrollo político y legal que apunta a la posibilidad de un nuevo principio organizativo de los asuntos mundiales. (en clara tensión con la forma y dinámica del sistema de los Estados) 

La globalización, sigue configurando y reconfigurando la vida política, económica y social, aunque sus impactos son diferentes en cada uno de los Estados individuales. La expansión de relaciones sociales

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mediante una variedad de dimensiones institucionales crearon nuevos problemas y desafíos para el poder del Estado y el sistema interestatal. La efectividad y la vialidad del Estado-nación territorialmente demarcado y soberano parecen sufrir importantes alteraciones. Cual es la magnitud de estas alteraciones es un problema todavía pendiente, principalmente porque el Estado-nación sigue concentrando lealtad, como idea e institución. 

 HELD – CAPITULO 5 

La Democracia, el Estado-Nación y el orden global I 

Este capítulo traza un mapa de la naturaleza y el alcance contemporáneos de la autoridad soberana de los Estado-nación. Para ello, habría que analizar las disyuntivas “internas” y “externas” entre el dominio formal de autoridad política que los Estados-nación reclaman para sí mismos y las prácticas y estructuras reales del sistema político y el sistema económico en los niveles nacional, regional y global. Los poderes de los partidos políticos, las organizaciones burocráticas, las corporaciones y las redes de poder corporativo son algunas de las múltiples fuerzas que influyen en la gama de decisiones que se pueden tomar dentro de un Estado-nación. 

El siguiente análisis se centrará en las disyuntivas “externas”. Se trata de señalar las diferentes perspectivas desde las cuales puede decirse que la globalización constituye un haz de restricciones y límites a la agencia política en un conjunto de esferas clave; y en qué medida se ha alterado y transformado la posibilidad de una comunidad política democrática. 

La soberanía se ve erosionada sólo cuando es desplazada por formas de autoridad “más elevadas” y/o independientes que recortan la base legítima del proceso de elaboración de decisiones en el marco nacional. La soberanía es la autoridad política de una comunidad que tiene el derecho reconocido de ejercer los poderes del Estado y determinar las reglas, regulaciones y medidas dentro de un territorio determinado. La doctrina de la soberanía tiene dos dimensiones distintas: el aspecto “interno” de la soberanía y el “externo”. 

La primera implica la creencia de que un cuerpo político soberano ejerce legítimamente el “control supremo” sobre una sociedad particular. El gobierno debe gozar de la “autoridad última y absoluta” dentro de ese terreno. La segunda, la externa, implica la pretensión de que no existe ninguna autoridad última y absoluta más allá del Estado soberano. Los Estados deben considerarse independientes en todos los asuntos de política interna y en principio deben ser libres para determinar su propio destino dentro de este plano. La soberanía externa es un atributo que cada sociedad detenta de cara a las demás sociedades; está asociada con la aspiración de cada comunidad política a determinar su propio destino y sus propias políticas, sin verse obstaculizadas indebidamente por otros poderes. 

La soberanía debería distinguirse de la “autonomía” estatal, o la capacidad de los encargados y las agencias del Estado para poner en marcha sus preferencias políticas sin recurrir a ninguna forma de colaboración o cooperación internacional. La autonomía del Estado puede distinguirse por su “alcance” y por los “dominios” dentro de los cuales se ejerce. “Alcance” se refiere al nivel o la intensidad de las restricciones que pesan sobre los representantes y el personal del Estado, que fracturan la posibilidad de que las preferencias políticas nacionales se traduzcan en medidas efectivas. “Dominios” son las áreas temáticas o los espacios políticos sobre los cuales operan dichas restricciones.  

La soberanía es el derecho del Estado de gobernar sobre un territorio delimitado y la autonomía denota el poder real con que cuenta un Estado-nación para articular y llevar a cabo sus metas políticas de forma independiente. 

Disyuntiva 1: Derecho Internacional 

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El desarrollo del derecho internacional sometió a los individuos, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales a nuevos sistemas de regulación legal. El derecho internacional reconoció poderes y limitaciones, y derechos y deberes, que trascienden las pretensiones de los Estados-nación y que, aunque pueden no estar respaldados por instituciones dotadas de poderes coercitivos de ejecución, tienen consecuencias de vasto alcance. 

A lo largo del SXIX, el derecho internacional se concibió como un derecho que regulaba las relaciones entre los Estados. Durante el SXX se cuestionó y socavó la exclusión de los individuos de las provisiones del derecho internacional (tratados de las minorías, Declaración Universal de los DDHH, etc.) que reconocen que los individuos tienen derechos y obligaciones irrenunciables aunque no estén definidos por sus propios sistemas constitucionales y políticos. 

Existen situaciones en que el individuo debe observar una obligación moral que claramente trasciende su obligación como ciudadano de un Estado, abriendo de esa manera una brecha entre los derechos y deberes contenidos en la ciudadanía y la consagración en el derecho internacional de nuevas formas de libertades y obligaciones. 

Los resultados del Tribunal Internacional de Nuremberg dictaminaron que cuando las normas internacionales que protegen valores humanitarios básicos entran en conflicto con las leyes del Estado, cada individuo debe transgredir el derecho estatal.  

 El respeto de la autonomía de los sujetos, y de una amplia gama de derechos humanos, crea un nuevo conjunto de principios ordenadores de los asuntos políticos que puede delimitar y reducir el principio de la soberanía estatal.  

Hay 2 reglas legales que respaldan la soberanía nacional: inmunidad jurídica e inmunidad de las agencias estatales. La primera prescribe que “ningún Estado puede ser demandado ante los tribunales de otro Estado por actos realizados en calidad de soberano”; la segunda, que “si un individuo llegara a quebrantar la ley de otro Estado al actual como agente de su país de origen y fuera obligado a comparecer ante los tribunales del Estado huésped, no puede ser juzgado “culpable” porque él no actuó como un individuo privado sino como representante de su Estado”.  

El propósito que subyace es proteger la autonomía de los gobiernos en todas las cuestiones de política exterior y prevenir que los tribunales domésticos regulen el comportamiento de los Estados del resto del mundo. 

Estos pilares legales de la soberanía internacionalmente reconocidos fueron progresivamente cuestionados por las cortes occidentales. Muestra de ello son los esfuerzos destinados aumentar la accountability de los líderes políticos por delitos cometidos en ejercicio del cargo (intento de romper con la inmunidad de los líderes de Estado extranjeros ante las acusaciones civiles por actos ilícitos.  

En el derecho internacional contemporáneo también se puede vislumbrar la tendencia a dejar de considerar el Estado como una entidad legítima por el mero hecho de reivindicar el poder público. Se tiende a rechazar todo principio de legitimidad que sea indiferente a la naturaleza, forma y operación del poder político. Se pone en práctica la concepción de que el Estado legítimo debe ser un Estado democrático que propugna ciertos valores comunes. 

La Convención Europea sobre DDHH es explícita en la conexión entre democracia y legitimidad estatal; también lo es el estatuto del Consejo Europeo, que hace del compromiso con la democracia una condición para entrar a formar parte de él. Pero uno de los indicadores más significativos del desgaste de la aceptación inco0ndicional de la soberanía estatal en el derecho internacional proviene del desafío al principio y la práctica de la no interferencia en los asuntos internos del Estado. La declaración de la Conferencia sobre

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Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) de 1992 declara que los Estados reconocen su accountability ante cada uno de los demás y subrayan los derechos de los ciudadanos a exigir respeto por las normas y los valores democráticos.  

Estos compromisos señalan una nueva aproximación al concepto de poder legítimo en el derecho internacional. En el corazón del derecho internacional clásico, la tierra, el mar y el aire eran recursos legítimamente asignados a la autoridad soberana de los Estados. Si bien el principio de la soberanía estatal fue extendido recientemente y llegó a cubrir el control de los recursos de una variedad de dominios, incluidas la plataforma continental y las “zonas económicas”, en 1967 se propuso un nuevo concepto como vehículo para repensar la base legal de la apropiación y explotación de recursos: el “patrimonio común de la humanidad”. La introducción de este concepto se orienta a la posibilidad de establecer un orden legal basado en la equidad y la cooperación. 

Disyuntiva 2: internacionalización del proceso de elaboración de decisiones políticas 

Una segunda gran disyuntiva entre la teoría de la soberanía estatal y el sistema global contemporáneo radica en el amplio tejido de regímenes y organizaciones internacionales que se establecieron para administrar áreas acotadas de actividad transnacional y problemas políticos colectivos.  

El desarrollo de los regímenes internacionales y las organizaciones internacionales provocó importantes cambios en la estructura de elaboración de decisiones de la política mundial. Emergieron nuevas formas de política multilateral y multinacional y, con ellas, estilos distintivos de adopción de decisiones colectivas que involucran a gobiernos, organizaciones intergubernamentales y una gran variedad de grupos de presión transnacionales y organizaciones no gubernamentales internacionales. 

Dentro del especto de agencias y organizaciones internacionales se encuentran aquellas cuyo principal cometido es técnico (Organización metereológica mundial). En el extremo opuesto se hallan las organizaciones como el Banco Mundial, el FMI, la UNESCO y la ONU misma que, preocupadas por cuestiones más centrales referidas al manejo y distribución de reglas y recursos, han sido controvertidos y politizados. Estas organizaciones se instalan en el centro del continuo conflicto por el control de la política regional y global. Con el tiempo todas estas organizaciones se han visto favorecidas por cierto “apuntalamiento de la autoridad” que les ha conferido algunos poderes de intervención. 

A todo gobierno que pretenda obtener su ayuda financiera, el FMI le requerirá que restrinja la expansión del crédito, achique el gasto público, limite los salarios y los empleos en el sector público, devalúe su moneda y reduzca los programas de asistencia social. Las condiciones de un empréstito internacional suelen equivaler a un “tratamiento de shock” en el país que lo recibe, lo cual disloca gravemente sus instituciones y costumbres.  

Ha surgido una notable tensión entre la idea de Estado y la naturaleza del proceso de elaboración de decisiones a nivel internacional. Mientras la soberanía de jure puede no ser directamente quebrantada, el proceso de toma de decisiones del FMI plantea serias dudas sobre las condiciones bajo las cuales una comunidad política es capaz de determinar sus propias medidas y su propio rumbo. 

Como en el FMI, los derechos de voto de los miembros del Banco Mundial son distribuidos principalmente de acuerdo con las contribuciones financieras individuales. Se considera que el Banco Mundial impone sus propios estándares económicos y políticos (criterios del Norte) a las naciones en dificultades, sin prestar la más mínima atención a las circunstancias y los intereses locales. 

La Unión Europea ofrece una importante ilustración adicional de los temas planteados por las organizaciones internacionales. Sin embargo, su significación es mayor que la de cualquier otro tipo de organización

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internacional debido a su derecho e sancionar leyes que pueden ser impuestas a los Estados que la componen; más que cualquier otro cuerpo internacional, la UE justifica el rótulo “supranacional”. 

Las presiones provienen de la confluencia de las restricciones impuestas por la estructura del sistema internacional, particularmente por la organización de la economía global y, por el otro, por las políticas y las actividades de las agencias y organizaciones líderes, tanto regionales como internacionales. Esta combinación de factores opera con mayor intensidad en países como los de África subsahariana, donde el reconocimiento de los límites de sus poderes se conjuga con el reconocimiento generalizado de la bancarrota de muchas de sus economías. 

Disyuntiva 3: Poderes hegemónicos y estructuras de seguridad internacional 

Una disyuntiva adicional contrapone la idea del Estado como un actor militar y estratégico autónomo al desarrollo del sistema global de Estados, caracterizado por la existencia de grandes potencias y bloques de poder, cuyas operaciones a menudo recortan la autoridad e integridad estatales. La inserción de un Estado individual dentro de la jerarquía de poder global impone restricciones sobre el tipo de políticas exteriores y de defensa que su gobierno, en particular si fue electo democráticamente, puede llevar a cabo.  

Desde el fin de la 2° guerra mundial hasta 1989, la naturaleza de la seguridad nacional estuvo moldeada por la “Gran Contienda” entre los EEUU y la URSS. La capacidad el Estado para implementar políticas exteriores particulares estaba limitada por su lugar dentro del sistema internacional de relaciones de poder.  

La seguridad de Europa dependió durante la mayor parte del período de posguerra del funcionamiento de la OTAN y el Pacto de Varsovia. La soberanía de un Estado nacional se ve decisivamente condicionada cuando sus fuerzas armadas quedan comprometidas en un conflicto de la OTAN.  

En lugar de bipolaridad, el sistema global ahora exhibe importantes características de una distribución multipolar del poder político y económico. Dentro de esta estructura más compleja, las opciones de política exterior y estratégica de un Estado individual todavía son definidas por su posición dentro de la jerarquía de poder internacional; las relaciones de poder globales siguen ejerciendo una profunda restricción sobre la acción estatal.  

Algunas de las consecuencias más corrosivas de esta organización responden a la dinámica de los mismos Estados; estos es, a los “efectos interactivos” que los dispositivos de seguridad de los Estados tienen unos sobre otros. Desde los albores del moderno sistema de Estados, la “seguridad” fue siempre la preocupación cardinal de los Estados individuales en el orden internacional. Y la perpetua búsqueda de la seguridad parece sólo haber engendrado inseguridad crónica. 

La interconexión de los Estados y las sociedades implica que la política de seguridad de un país tiene consecuencias directas para la de otro; y la dinámica del sistema de seguridad del orden global como un todo tiene consecuencias para cada una de las naciones. Al tomar decisiones en materia de seguridad nacional, un Estado no sólo se gobierna a sí mismo sino que también gobierna para los demás. Si varias naciones diferentes pueden desplegar en cualquier momento sus armas nucleares y no nucleares de destrucción masiva, ningún país puede mantener su propia seguridad si ignora o inadvertidamente aumenta la inseguridad de otras sociedades. La proliferación de armas de destrucción masiva aumenta radicalmente las probabilidades de inestabilidad política y la inseguridad de todos. 

El actual sistema de seguridad nacional impugna las distinciones simplistas entre “amigo” y “enemigo”. Bajo las condiciones de la moderna tecnología bélica, el impacto de una guerra puede ser tan devastador para un “amigo” como para un “enemigo”.  

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La lógica de la seguridad estatal tiene profundas consecuencias para los sistemas nacionales de accountability, y para la democracia en general. Primero, niega la democracia en el plano internacional al reforzar el sentido de desunión entre los Estados soberanos y su responsabilidad última en cuanto a su propia defensa y seguridad. De este modo, los Estados no asumen la más mínima responsabilidad por las poblaciones de los otros países. Segundo, socava la democracia dentro de los Estados-nación al legitimar instituciones jerárquicas, que alimentan el secreto y que, en una era de armas de destrucción masiva, confieren a un diminuto grupo de personas el poder de decidir el futuro de la vida misma. 

La lógica de seguridad del Estado ha creado un ciclo de violencia y preparación para la violencia en el sistema internacional que impide el desarrollo de medidas – nacionales, regionales o globales – que garanticen una paz duradera.  

HELD – CAP6 : UNIDAD 2 

La Democracia, el Estado-Nación y el Orden Global II 

La intensificación de los procesos de globalización y regionalización contribuyó simultáneamente a la expansión de las responsabilidades funcionales del Estado democrático liberal y a la erosión de su capacidad para atender solo, de forma efectiva, las demandas planteadas por sus poblaciones Los movimientos y las relaciones sociales y las redes transnacionales proliferan en casi todas las áreas de actividad humanada, las fronteras territoriales resultan cada vez más insignificantes. 

6.1 DISYUNTIVA 4: IDENTIDAD NACIONAL Y GLOBALIZACIÓN DE LA CULTURA 

La consolidación de la soberanía estatal contribuyó a promover la identidad del pueblo como sujeto político, como ciudadanos. La formación de las identidades nacionales se dio por la lucha por la pertenencia a las nuevas comunidades políticas y por la lucha de las elites políticas y los gobiernos para crear una nueva identidad para legitimar el Estado Moderno. 

 Las tecnologías mecanizadas de comunicación labraron la formación de las identidades políticas, contribuyeron a la formación de fuentes colectivas de información. 

 El impacto globalizante de los medios de comunicación modernos, las personas no solo están más al tanto de los desarrollos regionales y globales sino que también tienen acceso a un recurso a través del cual pueden ampliar el conocimiento de su sociedad y las extranjeras. 

El desarrollo de nuevos sistemas de comunicación crea un mundo en el que las particularidades e individualidades están medidas por redes de comunicación regionales y globales. Los productos culturales pueden ser producidos y difundidos a través de todos los territorios separados. Pero estas redes son fundamentales en los desarrollos legales, organizaciones y militares que transforman las comunidades políticas modernas y el sistema de Estados en general. 

El vínculo tradicional entre ambiente físico y la situación social está roto, los nuevos sistemas de comunicación crean nuevos marcos de significación independientemente del contacto directo entre las personas. Estos sistemas operan en forma independiente al control del Estado, son poco dóciles a su regulación 

Las culturas y las identidades nacionales están profundamente arraigadas por lo que no es probable que la impronta de la cultura masiva global pueda extinguirlas, sin embargo, el crecimiento de las comunicaciones globales abre a las personas nuevos caminos para ver y participar en los desarrollos globales, crea la posibilidad de nuevos mecanismos de identificación. Problemas que antes eran distantes ahora inciden

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inmediatamente en la vida cotidiana de varias regiones del mundo. Se producen desarrollos de movimientos transnacionales y vulnerabilidad de las lealtades nacionales. 

Las nuevas comunicaciones abren la posibilidad de la cooperación y el desarrollo político, pero también permiten la conciencia de la diferencia, que puede conducir al entendimiento o a la acentuación de lo diferente fragmentando aun más la vida cultural. 

Es tan improbable que surja una cultura global como que las identidades nacionales se mantengan inalteradas a pesar de su inmersión en estructuras de comunicación abarcantes. El resultado es incierto como la futura posición cultural de los Estados-Nación porque esta está siendo re articulada por fuerzas sobre las cuales tiene influencia limitada. 

6.2 DISYUNTIVA 5: ECONOMÍA   MUNDIAL  

Se plantea una clara disyuntiva entre la autoridad formal del Estado y el alcance espacial de los sistemas contemporáneos de  producción, distribución e intercambio, cuyas operaciones con frecuencia limitan la competencia y efectividad de las autoridades políticas nacionales. Dos aspectos de los procesos económicos internacionales son centrales: la internacionalización de la producción y de las transacciones financieras, organizadas en parte por las compañías multinacionales. 

Los sistemas productivos y financieros están siendo reconfigurados por el cambio tecnológico. EL impacto es doble, aumenta el ámbito de interconexión económica y estimula la rápida intensificación de las pautas de interconexión, del volumen y la velocidad de las transacciones. 

Es posible hablar de la emergencia de un mercado financiero global único que opera día y noche sin detenerse, el fin de la geografía. Aun cuando mantengan identidades distintivas los mercados y sociedades con cada vez más sensibles los unos a los otros, La posibilidad de llevar a cabo políticas nacionales de objetivos económicos está reducida, las medidas monetarias y fiscales suelen estar dominadas por los movimientos de los mercados financieros internacionales.  

Las normas y los sistemas de regulaciones nacionales destinados al control y la promoción de los mercados perdieron su significado tradicional, la idea de monopolio carece de sentido en el contexto de competencia internacional. La competencia se ha intensificado, los ciclos de vida de los productos se ha reducido, y las corporaciones deben combinar su maestría para poder sobrevivir a la competencia. La regionalización de las secciones de la economía mundial agrupadas en polos (europeo, NAFTA, etc.) abren cierto espacio a la regulación de las tendencias económicas. 

Aunque los estilos nacionales distintivos de gestión económica subsisten y los gobiernos siguen aplicando opciones políticas, la internacionalización erosiona la capacidad de un Estado individual para controlar su propio futuro democrático.  Es posible decir que se registra una disminución de la autonomía estatal en la esfera de la economía política y una brecha entre la idea de comunidad política que determina su propio futuro y la dinámica de la economía política contemporánea. 

EN SUMA: DISYUNTIVAS 1-5 

Las 5 disyuntivas (derecho, comunidad política, seguridad, identidad y economía) destacan las cambiantes pautas de recursos y restricciones que están redefiniendo el Estado-Nación. Las relaciones internacionales erosionaron los poderes del Estado soberano moderno: La operación de los Estados en un sistema internacional cada vez más complejo limita su autonomía (en ciertas esferas radial) y menoscaba progresivamente su soberanía. La soberanía tiene que ser entendida hoy en día como una facultad dividida

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entre múltiples actores nacionales, regionales e internacionales, y limitada por la naturaleza misma de esa pluralidad.