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CAUSA AMIA: ACUSAN JUDICIALMENTE A CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER Y A ALTOS MIEMBROS DE SU GOBIERNO DE DECIDIR, NEGOCIAR Y ORGANIZAR LA IMPUNIDAD DE LOS PRÓFUGOS IRANÍES EN LA CAUSA AMIA, PREVIO A LA FIRMA DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO. LA PRESIDENTE Y SU CANCILLER TOMARON LA DELICTIVA DECISIÓN DE FABRICAR LA INOCENCIA DE IRÁN PARA SACIAR INTERESES COMERCIALES, POLÍTICOS Y GEOPOLÍTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. El plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA comenzó dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento, inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner, involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, quien era informado y consultado constantemente, y evaluaba todo lo relacionado con el plan. Mientras el Poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad. Buscaba acercase geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por granos y hasta venderle armas. Para ello, el Canciller Timerman celebró acuerdos secretos con Teherán, que luego fueron reconocidos públicamente por el ex canciller iraní Salehi, y se comprometió a dar de baja las notificaciones rojas de los terroristas iraníes prófugos, circunstancia que no pudo cumplir por la firme negativa de Interpol. Además, se descubrió que la maniobra criminal incluyó el armado de una pista falsa, basada en pruebas fraguadas, para desviar la investigación judicial hacia culpables inventados y así liberar de su responsabilidad a los acusados iraníes.

En una muy dura y grave denuncia de casi 300 páginas, el Fiscal

General de la causa AMIA, Alberto Nisman, acusó y pidió la declaración

indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de doscientos

millones de pesos de la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de

Kirchner, de su Canciller Héctor Timerman, del Diputado Nacional Andrés

Larroque, de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de

la Nación, de los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, del ex fiscal

federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y del referente comunitario

iraní, Jorge “Yussuf” Khalil, por ser autores y cómplices del encubrimiento

agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA,

hecho ocurrido el 18 de julio de 1994 y calificado judicialmente como crimen

de lesa humanidad y genocidio. La acusación abarca otros delitos conexos,

como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de

funcionario público.

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Las evidencias presentadas por el Fiscal Nisman demuestran que el plan

dirigido a borrar a Irán del caso AMIA, desincriminando a los exfuncionarios

iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la Sra. Presidente de

acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer

relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis

energética argentina, mediante un intercambio de “petróleo por granos”. Este

acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de

cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación

efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del

régimen iraní. Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la

Sra. Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo

reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes,

contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar “la

inocencia de Irán”.

Las pruebas colectadas permitieron afirmar, sin margen de duda, que –

al menos, para llevar adelante este plan delictivo- el gobierno puso en marcha

un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e

instrumentar las ordenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcanzar

los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia

paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos,

que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que

estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las

decisiones más trascendentales de la política argentina.

La calidad delictiva del encubrimiento necesitó contar con estos canales

paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para

avanzar con la impunidad de los acusados iraníes. La actividad de estos

canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, que desde las

sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y

órdenes de la Sra. Presidente.

En definitiva, el gobierno instaló y se valió de una diplomacia para-

estatal, integrada –cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia,

por el Diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D’Elía y

Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen

iraní, Jorge “Yussuf” Khalil. Estos canales para-estatales transmitieron

continuamente mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por

Andrés Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por

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Luis D´Elía, para llegar inmediatamente a Jorge “Yussuf” Khalil, y de allí

eran enviados a las autoridades persas, tanto al Encargado de Negocios en

Buenos Aires como a altos funcionarios de Teherán. Y cada paso del plan,

cada mensaje presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado

detallada y minuciosamente al prófugo Mohsen Rabbani, ex Agregado

Cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y

cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del

régimen, se ha mantenido incólumne hasta la fecha. Es decir, más allá de los

intermediarios puestos por ambos estados, los encargados que idearon y

llevaron adelante este plan criminal, terminaron acordando sus ilícitos

objetivos no solo con el estado que protege al terrorismo sino con el principal

acusado terrorista, Mohsen Rabbani.

Así, a través de canales clandestinos y por interpósitas personas, la Sra.

Presidente negoció con el prófugo Mohsen Rabbani la compra de petróleo, la

venta de granos y la mismísima impunidad. Rabbani no solo era informado de

estas tratativas, sino que –con total desparpajo- llegaba al punto de evaluarlas.

Esto ocurría mientras la justicia argentina dedicaba ingentes esfuerzos para

lograr la detención y el posterior enjuiciamiento del referido Rabbani y de los

demás imputados por el atentado contra la AMIA.

Entre los graves hechos verificados en la denuncia se destaca que la Sra.

Presidente se valió de personal de la Secretaría de Inteligencia, de su

confianza, para colaborar en la ejecución de la maniobra criminal. El personal

de inteligencia involucrado en el caso manipuló pruebas, personas y participó

activamente en la fabricación de la hipótesis falsa para desviar ilegalmente el

curso de la causa judicial, desincriminar a los acusados iraníes y –al mismo

tiempo- acusar falsamente a terceros inocentes, atribuyéndoles con pruebas

fraguadas la responsabilidad por el atentado. A pesar de lo manifiestamente

ilegal de estas acciones, el personal implicado jamás se preocupó por ocultar

su identidad y/o su proceder, lo que demostró que estaba actuando por orden

presidencial. Este personal proveyó información secreta y reservada a agentes

iraníes, y siguiendo las directivas presidenciales, abrió las puertas de las

estructuras del estado para que los representantes locales de Teherán pudieran

utilizar resortes y contactos en su favor. La prueba reunida reveló que,

producto de las negociaciones entabladas secretamente y de esta alianza

forjada sobre 85 muertes que se decidió quedaran impunes, se comenzó a dar

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una relación de apoyo y protección del gobierno a los referentes del régimen

iraní en Argentina.

Además, la presentación del fiscal hace notar que desde hace más de 20

años Irán ha venido protegiendo a los acusados y obstruyendo la

investigación. Ello ya no sorprende. Lo que resulta novedoso del caso es que a

esa histórica protección iraní se le sumó este plan de impunidad orquestado

por la máxima autoridad del gobierno argentino, Cristina Fernández, y su

Canciller Héctor Timerman. Ellos entendieron que había operado un cambio

en la situación geopolítica internacional que tornaba necesario dejar de lado

las imputaciones contra ciudadanos iraníes en la causa AMIA por su

participación en el atentado. Evaluaron que estaban “en otro país”, que era

“otra situación mundial” y que había “que trabajar en otro contexto”, es

decir, el nuevo escenario internacional exigía fabricar un nuevo culpable del

caso AMIA, distinto a Irán, cuyos funcionarios se encuentran seriamente

comprometidos por las pruebas judiciales.

En esa línea, ya en noviembre de 2012, con anterioridad a la firma del

Memorando de Entendimiento, personal de la Secretaría de Inteligencia con

directa vinculación a la Presidente y/o sus más estrechos colaboradores, se

hallaba abocado clandestinamente al armado de una pista falsa que, de modo

creíble, acusara a una “conexión de fachos locales” u a otros responsables

inventados, solo para reemplazar a los imputados iraníes, en contraposición a

lo que indica la prueba judicial. Asimismo, del armado de la hipótesis

fraguada participó el ex fiscal de la causa AMIA, Héctor Yrimia, quien aportó

valiosa información para “acomodar toda la historia” y darle verosimilitud,

dado que contaba con conocimientos precisos del expediente judicial, por

haber intervenido en el mismo. Sobre el particular, un agente de inteligencia

con activa participación en este plan criminal llegó a reconocer que se iba a

presentar “otra hipótesis con otras pruebas” inventadas, que descolocarían al

fiscal de la causa, en referencia al Dr. Nisman, “porque nunca las vio, él, las

pruebas, lo que viene ahora”. Es decir, antes de que el Memorando de

Entendimiento estuviera firmado, ya se había acordado de qué manera la

República Argentina desinvolucraría a los acusados iraníes y garantizaría su

impunidad. Alguien iba a salir “con la cara manchada” y no era precisamente

Irán. Esta hipótesis fraudulenta se articuló a través de la ya descripta

diplomacia paralela conformada por canales clandestinos de comunicación y

negociación entre las autoridades argentinas e iraníes.

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Este acuerdo de impunidad, negociado secretamente, no se limitó a la

construcción de una pista falsa sino que también incluyó dar de baja las

notificaciones rojas de Interpol que aún hoy restringen la movilidad

transnacional de cinco de los imputados iraníes. En otras palabras, aunque

este resultado pudo evitarse y la prioridad de búsqueda policial continúa

vigente por la firme actitud de Interpol, en el plan original la impunidad

empezaba con el cese de esas notificaciones rojas. Todo estaba arreglado y

acordado: se sacrificaría la justicia en el caso AMIA para saciar intereses

comerciales, políticos y geopolíticos de ambos países, pero fundamentalmente

de Argentina.

La denuncia revela, además, que el primer paso registrado de esta

maniobra criminal fue la reunión secreta mantenida en enero de 2011 entre los

cancilleres de Irán y Argentina en la ciudad siria de Alepo, ocasión en la que

el Ministro Timerman transmitió a Irán – en la persona del Canciller Salehi -la

decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la

causa AMIA. Esto significó un giro de 180 grados en la política que se venía

sosteniendo desde el año 2003.

En efecto, durante todo el mandato de Néstor Kirchner y parte de la

primera presidencia de Cristina Fernández, el caso AMIA fue considerado una

política de Estado, el respaldo a la investigación fue completo, se rechazaron

todos los ofrecimientos de Irán de acordar salidas políticas al caso judicial y

comerciar con Irán era considerado, sin más, casus belli. Sin embargo, en

enero de 2011, esto es, apenas un par de meses después de la muerte de Néstor

Kirchner, todo cambió. El caso AMIA dejó de ser una política de estado para

convertirse en un fusible de ajuste, una pieza descartable, para lograr el

restablecimiento de la relación comercial bilateral con Irán. Así comenzó a

negociarse la impunidad. El mayor opositor a esa impunidad, Néstor Carlos

Kirchner, había fallecido. El camino criminal que decidió transitar su esposa

había quedado despejado de su principal escollo: su difunto marido.

Cuando la impunidad había sido decidida, cuando la pista falsa ya

estaba siendo elaborada, cuando la diplomacia paralela estaba operando

plenamente, recién ahí, en enero de 2013, se firmó el Memorando de

Entendimiento, uno de los medios elegidos para instrumentar el plan criminal.

Este memorando fue ideado para brindar impunidad a los acusados iraníes y

no, como falsa y continuamente lo afirmaron la Presidente y su Canciller, para

favorecer la cooperación judicial en la causa AMIA.

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Hoy se sabe, por la prueba obtenida y aportada también por

funcionarios del Estado Argentino, que dicho Memorando de Entendimiento

no fue, en realidad, el inicio sino la culminación de una maniobra criminal que

ya llevaba más de dos años de ejecución. Este instrumento fue apenas una

parte de un plan mucho más amplio y complejo para liberar a los acusados y

fabricar la inocencia de Irán.

El Memorando de Entendimiento, y esto es esencial para la cabal

comprensión de su rol en este plan, fue la excusa esgrimida para solicitar a

Interpol que diera de baja las notificaciones rojas. Para ello, el punto séptimo

–que justamente contempla la comunicación del acuerdo a Interpol- es el

único operativo a sola firma, esto es, sin que el documento deba ser ratificado.

No existe ninguna otra razón lógica para prever una comunicación con el

organismo policial. Por otra parte, el memorando permite introducir una pista

falsa, previamente armada y fundada en pruebas fraudulentas, que acuse a

imputados inventados. Con ese fin, se estipuló la actuación de la “Comisión de

la Verdad”, que no fue creada para investigar -como se dijo- sino para

introducir hipótesis falsas y deslegitimar la causa judicial, toda vez que sus

conclusiones fueron previamente arregladas entre ambos Estados a favor de

los iraníes: alguien iba a salir “con la cara manchada” y no era Irán. Poco

importaba su futura conformación, dado que las conclusiones ya estaban

arregladas de antemano, con independencia de quienes fueran luego elegidos

como sus miembros. Finalmente, la confusa y ambigua redacción del

documento y las innumerables y sucesivas fases de aplicación sin plazo

alguno previstas en su letra, pueden permitir que la impunidad rija

indefinidamente, garantizando que no se produzca ningún avance. Todas estas

maniobras y mecanismos ocultos han sido expuestos en la denuncia del Dr.

Nisman, respaldadas en las sólidas evidencias reunidas.

Más allá de ello, pudo comprobarse que, por fuera del memorando, se

acordaron pactos ilegales y secretos con las autoridades iraníes, entre los que

se destaca la ya mencionada baja de las notificaciones rojas de Interpol y el

compromiso de que, llegado el caso, Ahmad Vahidi –ex Ministro de Defensa

de Irán- nunca sería siquiera interrogado por la “Comisión de la Verdad”.

En efecto, Argentina se comprometió secretamente ante Irán a que las

notificaciones rojas caerían de inmediato luego de la firma del Memorando de

Entendimiento. Ese pacto secreto fue frustrado por la inesperada negativa de

Interpol a dar de baja las notificaciones rojas. El gobierno daba por sentado

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que el punto séptimo del memorando bajaría automáticamente las

notificaciones rojas. Llegaron a circular fuertes rumores en la Secretaría

Inteligencia que ello estaba por suceder de manera inminente luego de la firma

del acuerdo aunque, finalmente, no ocurrió. Timerman no cumplió con el

compromiso que había asumido ante el entonces canciller iraní. Se supo que

“estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares”, en alusión a

las notificaciones rojas y que “Timerman no cumplió con algunas cosas”. Pero

no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió. Esto molestó

sobremanera a las autoridades iraníes y generó el retiro del trámite de

ratificación del Memorando de Entendimiento del parlamento iraní, pese a que

ya había sido ingresado y tenía asignado un tratamiento prioritario. El agente

iraní, Jorge Khalil, al regresar de Teherán, comunicó la desazón que había por

este incumplimiento de Timerman. Se tornó evidente que sin la baja de las

notificaciones rojas, la República Islámica de Irán había perdido interés en el

acuerdo. Sin embargo, este revés no desarticuló la operación de encubrimiento

montada por las autoridades argentinas denunciadas.

Además, la denuncia descubrió un dato sorprendente. Mohsen Rabbani,

uno de los principales acusados por el atentado contra la AMIA, estuvo en

permanente diálogo con los partícipes del encubrimiento, tanto argentinos

como iraníes, que lo mantuvieron informado de todas las novedades que se

iban produciendo a medida que avanzaba el plan criminal de impunidad y con

quienes acordó –justamente- los pasos a seguir. Envalentonado por este

arreglo, y sin que ninguno de estos funcionarios le haya exigido responder por

las serias acusaciones en su contra, negoció su propia impunidad, controló el

avance del plan criminal y operó, con capacidad decisoria, como interlocutor

en las tratativas comerciales de estado a estado, para encaminar los

intercambios de petróleo por granos y nada menos que la compra de armas de

Irán a la Argentina. Se llegó a discutir si las reuniones a esos efectos se

realizarían “en Beirut o Caracas”.

Contrario a lo que se quiso hacer creer, no se estuvo nunca en presencia

de dos partes contrapuestas negociando un convenio de cooperación, sino de

dos socios que habían acordado un sofisticado plan de impunidad para destruir

las imputaciones de la causa AMIA. Los motivos para que la Presidente y su

Canciller impulsaran el plan fueron: 1) la crisis energética argentina, 2) el

nuevo alineamiento geopolítico mundial y 3) la decisión de inventar un nuevo

y falso culpable. En la presentación judicial, se acreditaron reuniones y

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contactos ejecutados por expresa orden presidencial, con el objeto de

presionar la ratificación interna del memorando por parte de Irán, a fin de

avanzar en los intercambios comerciales de estado a estado.

En ese orden de ideas, las pruebas aportadas por el Fiscal Nisman

demuestran que el delito también incluyó la orquestación de una campaña

destinada a deslegitimar la investigación judicial y camuflar el plan que se

estaba ejecutando, mediante puestas en escena, maniobras ardidosas,

falsedades y manipulaciones a las víctimas del atentado, sus familiares y a la

ciudadanía toda. Tanto la Presidente como el Canciller protagonizaron esta

campaña difamatoria profiriendo numerosos engaños, como: la causa está

paralizada; no se permitirá que el caso AMIA se transforme en una pieza de

ajedrez de la geopolítica mundial; con la aplicación del memorando no hay

nada que perder; el acuerdo no tiene cláusulas secretas; el instrumento permite

recibirle declaración indagatoria a los imputados iraníes; no hay ningún interés

comercial detrás del acuerdo; no se puede comerciar con Irán porque está

prohibido por la ONU; se firmará un anexo al memorando que asegure la

vigencia de las notificaciones rojas y que las declaraciones de los acusados

sean válidas para la ley argentina; la negociación se inició a instancias de

Teherán; y el proceso comenzó en septiembre de 2012. Con estas falacias y

engaños se buscó evitar que la opinión pública conociera la verdadera

finalidad encubridora escondida detrás del acuerdo firmado con Irán.

Ello ocurrió precisamente, a modo de ejemplo, en la reunión del 28 de

septiembre de 2013, entre los cancilleres argentino e iraní en Nueva York. Fue

una mise en scene, es decir, una puesta en escena motorizada por la Sra.

Presidente y su Canciller, para que la ciudadanía crea que las negociaciones

para implementar el memorando avanzaban, que la diplomacia argentina

estaba obteniendo resultados y que Irán cedía ante el fuerte discurso de

Cristina Fernández ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto no era

así, pero debía ser aparentado. Sin embargo, lo cierto fue que las verdaderas

intenciones e ilícitas del gobierno argentino fueron transmitidas a través de los

canales paralelos de comunicación especialmente desarrollados para el plan de

impunidad. A pesar de que ambas partes se hallaban en la ciudad de Nueva

York, la negociación secreta que llevó al comunicado oficial del Canciller

Timerman de ese día, debió transitar un significativo rodeo. Así, por orden de

Cristina Fernández, se convocó a Luis D´Elía a la Casa Rosada quien, puesto

en conocimiento de la orden presidencial, la transmitió a Jorge “Yussuf”

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Khalil para que, por su intermedio, la comunicara a Mohsen Rabbani y al

Encargado de Negocios iraní en Buenos Aires, con quien Khalil reunió a

D´Elía de urgencia y quien –finalmente- la retransmitió a sus superiores.

Los engaños resultaron también palmarios cuando, meses antes de

firmar el memorando, la Presidente se comprometió a consultar a los

familiares y víctimas del atentado previo a adoptar cualquier decisión sobre

las propuestas iraníes. No solo nunca hubo consulta previa, sino que los

damnificados por el atentado debieron enterarse de la firma del acuerdo con

Irán por las redes sociales, mientras que Luis D´Elía, partícipe del plan, fue

informado directamente por el entonces Secretario General de Presidencia de

la Nación, Oscar Parrilli, con un expreso pedido de silencio por un período de

diez días para no alterar los ánimos de la comunidad judía. La promesa de

consulta previa fue otro engaño perpetrado para intentar sumar el apoyo de las

víctimas del atentado a los pasos que públicamente daba el gobierno pero,

dijeran lo que dijeran los familiares, la decisión de brindar impunidad ya había

sido tomada de antemano, estaba siendo y sería ejecutada, con o sin consenso

de las víctimas y de las instituciones damnificadas.

Consterna constatar que una Presidente que públicamente se ha

regodeado frente a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas por su

compromiso en la búsqueda de verdad y justicia, que ha declarado que su

gobierno no permitirá que se use el caso AMIA en el ajedrez de la geopolítica

mundial, que dijo haber tomado cartas en el asunto porque la causa estaba

paralizada, que celebró la firma de un acuerdo al que calificó “histórico”; fue,

en realidad, la principal artífice, junto con el Canciller Timerman, de la

fraudulenta desarticulación de la investigación y del encubrimiento de estos

acusados. En el discurso se hablaba de justicia y verdad. En los hechos se

acordaba impunidad.

Así, la mendacidad y el doble discurso han sido la regla en este asunto.

La gravedad de las acciones a ocultar eclipsó los medios para hacerlo. Era tan

terrible lo que se pretendía esconder -el encubrimiento de terroristas prófugos-

que se recurrió a cualquier medio para lograr ese objetivo. No se reparó en

mentir y/o engañar públicamente al parlamento, a los damnificados, a las

instituciones judías, a los familiares y a la ciudadanía toda, si ello podía

contribuir a mantener oculto el plan encubridor. Tan es esto así, que mientras

transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas, el plan de impunidad

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avanzó solapadamente a través de canales paralelos de comunicación y

negociación con Irán.

En la denuncia se llegaron a demostrar aportes concretos de los

involucrados en la maniobra delictiva. En efecto, se probó que la Sra.

Presidente decidió, ordenó y controló constantemente la articulación de este

plan criminal, involucró a un conjunto de cómplices, se sirvió de la estructura

del estado, de un ex fiscal de la causa y de recursos humanos de la Secretaría

de Inteligencia para llevar adelante su ejecución, encabezando, además, la

campaña discursiva y mediática necesaria para camuflar la perpetración del

delito.

Asimismo, numerosas evidencias exponen al Ministro Héctor

Timerman como el principal instrumentador del plan. Se probó que el

Canciller transmitió a Irán, en persona, la decisión del gobierno argentino de

abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA; que acordó la baja de las

notificaciones rojas e intentó convencer –sin éxito- al Secretario General de

Interpol que procediera en ese sentido; que signó acuerdos secretos con la

parte iraní, los cuales fueron posteriormente reconocidos por el propio

Canciller iraní Ali Akbar Salehi; que participó de las negociaciones, la

redacción y la firma del Memorando de Entendimiento; y que se involucró

personalmente en la campaña de descrédito y engaño, con el fin de camuflar el

plan de impunidad y presentar dolosamente al acuerdo con Irán como la única

vía apta para solucionar el caso.

Por otra parte, en la maniobra intervinieron un grupo de partícipes que,

consustanciados con el plan criminal, contribuyeron activamente a su

ejecución. Entre ellos, quedó demostrado el papel central que jugó el dirigente

Luis D´Elía en esta trama, autodefinido como soldado incondicional de la

Presidente, al punto de haber sido el interlocutor válido del que se sirvió la

Dra. Fernández para mantener activas las negociaciones clandestinas con Irán

por el plan de impunidad. En la denuncia se verificó que D´Elía ha tenido

contacto personal con, al menos, dos de los prófugos iraníes, y se ha mostrado

públicamente como un encendido defensor del régimen persa y de la

organización terrorista libanesa, Hezbollah, ambos involucrados judicialmente

en el atentado. Si bien en la actualidad no ejerce la función pública, mantiene

su cuota de poder dentro de la estructura gubernamental nacional, lo que le ha

permitido actuar desde las sombras. En este plan operó como nexo, recibiendo

y enviando mensajes secretos desde y hacia Irán con el propósito de

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desincriminar a los prófugos. Incluso, ha participado de las negociaciones

comerciales ligadas al plan, que involucraron al imputado Mohsen Rabbani.

Se comprobó que Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil ha sido el referente

más importante de las autoridades del régimen iraní en la Argentina: voz y

oídos de Irán en el país. Completamente consustanciado con las ideas y la

política del régimen, se ha reconocido como agente “orgánico” del mismo y

ha sido una pieza de importancia fundamental en la ejecución del plan

criminal pergeñado por las más altas autoridades del gobierno argentino.

Militante a tiempo completo de los intereses persas, ha sido el interlocutor

iraní clandestino en Buenos Aires para cumplir con el iter criminis de la

impunidad. Al no tener una función oficial, su figura ha encajado a la

perfección en esa tarea, oficiando de canal de comunicación para recibir y

entregar los mensajes secretos y clandestinos que se enviaron encubridores y

encubiertos. Justamente, fue quien mantuvo constantemente informado de los

avances y vaivenes del plan a Mohsen Rabbani.

En suma, la denuncia corroboró que tanto Luis D’Elía como Jorge

“Yussuf” Khalil fueron operadores cuidadosamente seleccionados para oficiar

de nexos clandestinos en el plan de encubrimiento. Una de las cualidades que

comparten es que, pese a la profunda consustanciación con los gobiernos a los

que representan y la confianza que inspiran en sus mandantes, no son figuras

oficiales. No ejercen cargos públicos ni tienen responsabilidades políticas

visibles en los gobiernos a los que sirven. Pero como denominador común,

operan muy cerca del poder, son de confianza del poder y, valga la

redundancia, poseen -en sus respectivos ámbitos- mucho poder.

Ahora bien, en el marco de este plan, estos personajes no podían

aparecer vinculándose con las autoridades de ninguno de los gobiernos. De allí

que, en Argentina, para intermediar entre los autores del plan delictivo y

varios de sus ejecutores, se recurrió a una persona cercana y de confianza de la

primera mandataria y que –fundamentalmente- pudiera dar cuenta, con

facilidad, de sus contactos tanto con unos como con otros. Este nexo

fundamental para la articulación del plan fue el Diputado Nacional Andrés

Larroque, quien transmitió las decisiones presidenciales a sus ejecutores, a

sabiendas de lo delictivas que eran.

En suma y en el marco de este plan, el Diputado Larroque actuó como

nexo entre la Sra. Presidente y Luis D´Elía, llevó mensajes e indicaciones al

agente iraní Jorge Khalil y se mantuvo en comunicaciones con Fernando

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Esteche. También fue necesario en la articulación de las cuestiones

comerciales subyacentes al encubrimiento y operó para evitar complicaciones

que pudieran dañar el acercamiento con Teherán.

Por su parte, el dirigente Fernando Esteche fue un activo impulsor del

plan criminal, sumó a varios de los cómplices y realizó aportes que

redundaron en el perfeccionamiento de la pista falsa para desviar la

investigación. Por un lado, posibilitó la vinculación del agente iraní en Buenos

Aires, Jorge Khalil, con funcionarios del gobierno argentino, contactándolo

con agentes de la Secretaria de Inteligencia y con el Dr. Héctor Yrimia,

quienes participaron, entre otras cuestiones, del armado de la falsa hipótesis

destinada a desplazar a la que involucra a los iraníes encubiertos. Por otro

lado, se comprobó que Esteche, personalmente, contribuyó con ideas

específicas para la construcción de la hipótesis falsa.

Por otra parte, se probó que de la maniobra participó el ex fiscal de la

causa AMIA y ex juez Héctor Yrimia, quien en razón de sus conocimientos

del expediente y su experiencia en la práctica del derecho penal, aportó

valiosa información para “acomodar toda la historia”, es decir, para el

armado de la hipótesis falsa, a fin de tornarla verosímil y adaptarla a la

realidad procesal de la causa. En otras palabras, Yrimia puso al servicio de la

maniobra de encubrimiento su conocimiento sobre la causa AMIA, obtenido

en el ejercicio de su anterior cargo como Fiscal Federal especialmente

designado para intervenir en la investigación del atentado. En esa condición

conoció los hechos en detalle, vio las pruebas, las declaraciones testimoniales,

los peritajes, los informes técnicos, el resultado de los allanamientos, escuchó

las versiones de los primeros imputados. Este minucioso grado de cognición

tornó al Dr. Yrimia en un actor fundamental para el buen desarrollo del plan

en el armado de la hipótesis falsa, dado que estuvo en condiciones de indicar

con certeza si tal o cual teoría resultaba verosímil o no, si encajaba con las

probanzas con que cuenta el expediente, si se debía modificar algún punto,

etc. Es decir que, valiéndose de la información obtenida en ocasión de ejercer

la función pública, se abocó a esta participación criminal. Incluso, Yrimia

preparó una coartada para el caso de ser descubierto, ya que enmascaró sus

actividades delictivas detrás de cuestiones lícitas y legítimas que operaban

como meras “excusas”: realizaron reuniones y contactos para el acercamiento

entre la Iglesia Católica y el chiismo, detrás de los cuales camuflaron las

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acciones criminales del plan encabezado por la Sra. Presidente y el Sr.

Canciller.

Además y como ya se mencionó, la Sra. Presidente de la Nación se

valió de cierto personal de la Secretaría de Inteligencia, con acceso a

información privilegiada, para que opere como nexo con el referente local de

Irán, Jorge Khalil. Siguiendo órdenes de la Sra. Presidente, el personal de

inteligencia involucrado en la maniobra impulsó, desde las sombras, las

acciones que aportaron al plan de impunidad. Detalló también los pasos del

gobierno, reveló información sensible y secreta a agentes al servicio de una

potencia extranjera y viabilizó la ejecución del encubrimiento, participando,

en especial, en la fabricación de un nuevo acusado por el atentado contra la

AMIA. Asimismo, la denuncia aportó elementos que el personal de

inteligencia implicado en el caso viajó a la Triple Frontera para avanzar con el

plan, así como a Suiza, donde se realizaban los encuentros diplomáticos

oficiales entre ambos países, previo a la firma del acuerdo. Uno de los agentes

de inteligencia con más activa y probada participación en el plan, festejó junto

a un agente iraní la firma del memorando con Irán: “Ya ganamos” afirmó,

como si fuera un defensor más de los prófugos.

Cabe, finalmente, aclarar que la denuncia se sustenta en un contundente

conjunto de elementos probatorios, entre los que se encuentra el producido de

intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente. El contenido de estas

comunicaciones resultó ser sumamente verosímil, dado que luego se

comprobó un fuerte y concluyente correlato entre lo conversado y hechos de la

realidad. Más aún, las conversaciones interceptadas dan respuesta a

prácticamente todos los interrogantes que la ciudadanía se había planteado

desde un inicio sobre este oscuro Memorando de Entendimiento, cuya sola

lectura despertó inmediatas y fundadas suspicacias.

De hecho, circunstancias y referencias que surgen de las

comunicaciones registradas pudieron ser corroboradas, ya sea porque tomaron

estado público o bien, porque se condicen con hechos o manifestaciones

posteriores que también trascendieron al conocimiento de todos. En otras

palabras, referencias, circunstancias, fechas, episodios, posicionamientos

políticos, es decir, un conjunto heterogéneo de cuestiones mencionadas en los

intercambios telefónicos aportados en la denuncia, tuvieron correlato en la

realidad y ello ha redundado en la verosimilitud de las conversaciones

registradas.

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En consecuencia, las conclusiones de la denuncia, lejos de basarse en

inferencias o suposiciones, responden a hechos y circunstancias fácticas muy

difíciles de controvertir de acuerdo a los principios de la lógica racional y la

experiencia. Es más, las circunstancias acreditadas, de por sí sumamente

graves, apenas constituyen el piso probatorio desde el cual deberá partir la

investigación. La trama que evidencian es aún mucho más grave.

Por último, la denuncia destaca la inusitada gravedad institucional de

este plan criminal, que no solo buscó destruir la investigación judicial del

mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país, sino que en su ideación,

planificación e instrumentación han participado algunas de las más altas

autoridades del gobierno nacional, incluyendo la cabeza del Poder Ejecutivo.