Introducción

En este ensayo pretendemos demostrar si el estado mexicano del siglo XIX estaba

consolidado, para esto nos basaremos en tres puntos clave: el primero se refiere a

que un Estado es la fuente exclusiva de poder y prerrogativa de mando; el

segundo punto a tratar hace alusión a si el Estado tiene órganos legales

conformados para el diseño, aplicación y obediencia de la ley. Finalmente, se

hablará de si la ciudadanía está investida de derechos, sin que los órganos del

estado inflijan en éstos.

.

Capítulo 1. El Estado mexicano del siglo XIX, ¿era fuente exclusiva de poder

y prerrogativa de mando?

Para que un estado se considere consolidado, es necesario tener en cuenta que

debe ser la fuente exclusiva de poder y prerrogativa de mando, sin embargo, en el

México del siglo XIX el Estado no contaba con estas características, ya que tras la

guerra de Independencia, el territorio mexicano estaba dirigido por un sistema de

poder anárquico, donde las estructuras más consolidadas del territorio luchaban

por tomar el control del país. Tales estructuras eran: Iglesia, ejército, terratenientes

y burgueses, los cuales a su vez eran los principales intermediarios, pues eran

ellos quienes tenían mayor contacto tanto con el gobierno como con el pueblo.

Siguiendo a Escalante, comenzaremos hablando del poder que tenían las órdenes

señoriales, donde habla principalmente de los hacendados, quienes jugaban uno

de los papeles más importantes en la organización del país, ya que eran de las

estructuras más extensas y al mismo tiempo una de las principales formas

políticas, económicas e incluso sociales, dice Escalante (1992):

La hacienda era una forma de vida: un orden. Como lo vio José Medina

Echavarría, la hacienda era una célula del poder político y militar, era el

núcleo de una sólida estructura de vínculos familiares, encarnaba un

modelo de autoridad y un modelo cultural. Pero no a la manera de un feudo,

cerrado y autárquico; la hacienda era un nexo entre el mundo urbano y el

mundo rural, y una pieza insustituible del orden agrario. (p. 79).

Pero, ¿qué era una hacienda? Las haciendas, además de ser una empresa,

también se consideraban como un centro de vida social donde los trabajadores y

arrendatarios formaban una cohesiva comunidad. En las haciendas se resalta un

modelo cultural y de autoridad, pues también había un orden social.

Los hacendados eran los encargados de crear micro sociedades de trabajo que

unificaban a varias zonas rurales con el afán de hacer crecer su economía, pero

también, esta unificación creaba un sistema de gobierno cómodo para algunos

cuantos. Al momento que el terrateniente decidía contratar a aquellos individuos

para que trabajasen sus tierras, debía brindar a éstos la protección y los cuidados

necesarios para que pudieran continuar con sus labores.Había un poder arbitrario

dentro de las haciendas, pero al mismo tiempo buscaban justicia dentro de este

orden.

Una cosa cierta es que los dueños de las haciendas tenían un trato casi patriarcal

con respecto a sus trabajadores, pues estos últimos se sentían seguros

teniéndolos como jefes e incluso en la revolución y la guerra de independencia los

acasillados no los traicionaron. En fin, existen diferentes visiones sobre las

haciendas, una por ejemplo, dice que se abusaba de jornaleros y que incluso

existían contratos de compra-venta y otra trata de que a los peones les gustaba

trabajar en las haciendas porque ahí tenían comida, vivienda y seguridad.

Es importante señalar que la hacienda era uno de los pilares insustituibles del

nuevo orden mexicano, puesto que, gracias a la inestabilidad económica que dejó

la Independencia del país, las personas que tenían los recursos económicos y las

tierras establecían las estructuras principales dentro de la hacienda para que se

estableciera un orden, pero éste sería tiránico.

Por otro lado, las haciendas no era lo único que unificaba al territorio, junto a ella

se ubicaba la iglesia, ésta fue la única institución social existente que ayudaba a

unificar a la sociedad, en palabras de Alamán, citado por Escalante (1992):

[Queremos] conservar la religión católica -escribe Alamán-, porque

creemos en ella, y porque aun cuando no la tuviésemos por divina, la

consideramos como el único lazo común que liga á todos los

mejicanos, cuando todos los demás han sido rotos, y como el único

capaz de sostener á la raza hispano-americano, y que puede librarla

de los grandes peligros á que está expuesta. (p. 142)

Normalmente se dice que la Iglesia ha sido uno de los obstáculos más

significativos para la creación del Estado en México y que era una institución que

abogaba por que todo permaneciera como antes, sin embargo, solo una parte de

esto es verdad, la Iglesia no quería seguir con el mismo orden, pues la

modernidad le convenía más, con la Independencia ella había podido

independizarse. También es de notarse que la Iglesia comenzó a tener debilidad

en la vida política, pero seguía teniendo influencia social, por lo que la religión

católica era fuerte en México y hacía que entre los ciudadanos hubiera unión.

A nivel nacional la Iglesia carecía de seguidores, no obstante, en las pequeñas

localidades tenía una fuerte presencia en las decisiones políticas, puesto que era

una autoridad tradicional capaz de disolver juntas importantes o evadir impuestos

y sus fieles se amotinaban en su defensa e incluso muchas veces pagaban lo que

la Iglesia debía al Estado. La Iglesia tenía desinterés ante gran parte de lo político

mientras no la afectara a ella, todo podía transcurrir como fuera, lo que quería era

mantener su influencia social y autonomía.

Cabe destacar que si bien, la Iglesia se mostraba débil al no poder encabezar

revueltas ni tener poder jurídico, poseía una importante influencia sobre los

individuos por medio de la religiosidad y el poder económico que ésta tenía, por lo

que ni a la Iglesia ni al pueblo les convenía una separación. La Iglesia, como tal,

era una institución de costumbres tanto religiosas como económicas que la hacían

importante, más no indispensable.

Si la Iglesia era un estorbo para la creación de un Estado, el ejército terminaba

absorbiendo la poca presencia del Estado en la nación. Esta institución consumía

la mayor parte del presupuesto del Estado que iba desde una cuarta parte de éste

hasta dos tercios.

El ejército era la principal fuerza de opresión del Estado que trataba de mantener

el orden dentro de la nación, velando siempre por sus fines particulares, los

cuales, podían variar dependiendo la influencia y apoyo de sus dirigentes: “sin el

ejército no se podía gobernar, pero para contar con él había que negociar su

obediencia” (Escalante,1992, p. 172)

A pesar de ser un gasto más para aquel Estado que estaba débilmente

conformado, el ejército era también un recurso político, puesto que los jefes

manipulaban a sus tropas como ejércitos patrimoniales, de manera que podían

disponer el margen como disponer de instituciones y autoridades civiles.

En pocas palabras, el ejército era una institución parasitaria que abusaba

completamente de su fuerza pública para obtener beneficios particulares, de

manera que podían pagarle a éste tanto la seguridad de la nación como los golpes

al Estado. El ejército se constituyó a tal grado que vigilaba los puertos y caminos,

patrullaban las ciudades, manejaban elecciones, eran diputados, ministros y

presidentes. Tiene un papel imprescindible para cualquier toma decisiones, no le

basta con tener el control de un Estado, sino que también se encarga de todo lo

relacionado con las decisiones regionales; era un fastidio para los habitantes ya

que acaparaban atribuciones públicas, extorsionaban a los civiles y para que éstos

tuvieran seguridad habían de obedecer al ejército, aunque esto no les garantizaba

su cumplimiento.

Finalmente, las instituciones descritas anteriormente cumplían con el papel

principal de intermediación dentro del Estado, que carecía de autoridad para con

los habitantes del territorio nacional y solicitaba de su apoyo. En este contexto, los

poderes de intermediación eran quienes encabezaban el mando y orden del

territorio mientras que el Estado parecía invisible e inexistente.

Donde quiera que se mire, en el XIX mexicano, está el estado. Pero,

si se atiende con un poco más de suspicacia, resulta que el Estado

no está en ninguna parte: en ninguna parte hay una organización

jurídica eficiente de las relaciones sociales, ni es un hábito de

obediencia, ni siquiera hay un razonable monopolio de la fuerza

física. (Escalante; 1992, p.97).

Dentro del territorio nacional, a raíz de la Independencia, había una carente

cohesión entre los individuos y las instituciones, es más, había desconocimiento

de una república federal que unificaba a la nación, pues, ni a los políticos les

interesaba el bienestar de la población en general, ni a los propios habitantes (ya

sean indígenas, trabajadores y burgueses) le importaba la formación política de la

nación, ambos velaron siempre por sus fines individuales.

El único orden prevaleciente del entonces era una combinación del antiguo

régimen colonial, mediado por los caciques, el clero y comandantes militares, junto

con las ideas de una república federalista que trataba de hacer suyos los territorios

pertenecientes a límites territoriales.

Si bien el Estado no podía tener un orden jurídico sobre su población, al menos

servía como instrumento para consolidar a las redes locales y a su vez les diera

legitimidad a quienes dirigían al pueblo.

Era un sistema parasitario que a largo plazo terminaba por ser necesario, pues

aseguraba el orden político y permitió que hubiera una relación con el Estado y las

localidades. Sin embargo, los intermediarios (hacendados, terratenientes y

militares) no eran elegidos por sus capacidades, sino por medio de sistemas de

lealtad y representación política negociada con el Estado para representación de

éste.

Por medio de los intermediarios el Estado se hacía presente, pero también por

medio de éstos influían en la vida política para la elección de un gobernante, o

bien, de su representante local.

Estos fueron los pilares centrales del poder y orden dentro de la nación, sin

embargo, hay una pregunta latente: ¿y el Estado?

Retomando la idea principal de este apartado, procedemos a demostrar que el

Estado como tal no tenía fuente exclusiva de poder ni prerrogativa de mando pues

era condescendiente de las instituciones antes mencionadas.

El Estado era manipulado bajo beneficios particulares, en razón de hacendados,

las leyes se creaban en pro del desarrollo de éstos, de manera que, en algunos

casos, estos últimos tenían más poder que el propio Estado. En cuanto a la

Iglesia, permitían que ésta tuviera un cierto grado de autonomía, pues al meterse

con ella no lograban nada y conseguían un fuerte enemigo, que si bien no tenía un

poder político fortalecido, si tenía una gran influencia social que estaba dirigida por

el temor a Dios en una sociedad católica. Por otra parte, en relación con el

ejército, el principal problema es que lo dejaba tomar parte de los asuntos sociales

y políticos del país, además de que le destinaba una gran parte del presupuesto y

todo esto a cambio del mantenimiento del orden y su “lealtad”, pero era tan

permisivo que no tenía control de éste y se dejaba manipular fácilmente.

Finalmente, y como ya se expuso con anterioridad, todos éstos eran

intermediarios a los cuales el Estado acudía y les permitía ciertos privilegios, pues

sabía que eran una de las principales fuentes de relación con el pueblo para poder

llegar a sus fines.

Es así como se concluye este primer capítulo demostrando que en materia de

poder y prerrogativas de mando no existía un Estado como tal y si se dejaba entre

ver un posible Estado era muy débil y estaba en una precaria formación, pues la

anarquía del país no lo dejaba plantearse como tal. Esta no es la única

característica del Estado, por lo cual en el siguiente capítulo se hablaré de que el

estado puede visualizarse como: un conjunto de órganos legalmente conformados

para el diseño, la aplicación y la obediencia de la ley.

Capítulo 2: El Estado Mexicano del siglo XIX, ¿era un conjunto de órganos

legales?

Para que un Estado se considere consolidado, debe contar con órganos

legalmente conformados para el diseño, la aplicación y la obediencia de la ley,

pero en el México del XIX el Estado era tan débil y de recién creación, pues

acababa de surgir después de la Independencia de la nación. Lo anterior trae

como consecuencia que no contara con una estructura fija, por lo cual no tenía

poder sobre sus gobernados. Es a partir de ésto que trata de conseguir la

obediencia del pueblo a través de la negociación con los ciudadanos y con el

ejército, creando a su vez sistemas de reciprocidad.

Para comenzar hablaremos del ejército, el cual en teoría, era un recurso básico

para la aplicación y la obediencia de la ley en el pueblo mexicano, sin embargo, a

su vez éstos no respetaban las leyes establecidas y más que hacerlas valer solo

difundían miedo, principalmente en las regiones rurales para su beneficio propio.

En este sentido en palabras de Escalante, citado por el mismo (1992) nos dice

que:

Los militares usaban sus atribuciones públicas para obtener sus beneficios

particulares, en contra de mandatos legales explícitos. Cuando se

rebelaban contra la autoridad para favorecer a un grupo político, cuando

usaban su fuerza para extorsionar a los civiles, cuando intervenían con

amenazas y violencias en las elecciones. (pp. 181-182).

Lo anterior pasaba con frecuencia, pues el ejército no tenía una ideología clara,

por lo que no era leal ni a su propio dirigente. Esto nos lleva a que no se sintiera

comprometido en la obediencia para con el Estado, lo cual traía como

consecuencia un sentido antipatriótico que no le permitía sentirse atraído por la

causa de su nación.

Además, los altos mandos del ejército se aprovechaban de su puesto y

quebrantaban la ley, pues traficaban armas y uniformes, el sueldo de los soldados

y el cobro de los que ya habían desertado.

Resumiendo, el ejército era un estorbo en el cumplimiento y obediencia de la ley,

pues más allá de la supuesta seguridad que ofertaba a la nación, fungía un

sistema de corrupción que se basaba principalmente en las “virtudes” que el

estado le atribuía, por lo cual, aprovechándose de sus posición, le era más fácil

obtener ventajas en comparación de otros sistemas de control.

Continuando, hablaremos de la ciudadanía, que presentaba un obstáculo más

para la obediencia, pues desconocía en qué consistía el Estado y aún seguía en

una lucha interna por sobrevivir. Cabe destacar que la obediencia y la legalidad

deben estar unidas para que exista una república, como dice Mora, citado por

Escalante (1992): “de nada sirven las mejores [leyes] si no hay costumbres y si

hay flojedad o desidia en los funcionarios públicos encargados de su

cumplimiento”. Por lo cual, podemos decir que si el pueblo no sabía explícitamente

que formaba parte de un Estado, mucho menos iba a entender por qué cumplir

con sus leyes.

La ciudadanía estaba dividida de una forma muy notable, encontrando que la

mayoría servían a los terratenientes y a la Iglesia, por lo cual estaban más

preocupados por acatar las leyes de sus dirigentes que las de un estado que no

tenía presencia nacional por su inestabilidad. Todo esto surgía a causa de la

moral, los campesinos preferían obedecer a aquellos, que sí les brindaban

seguridad, que obedecer a un Estado débil y que no podía cubrir sus necesidades.

Por otro lado, como ya se ha mencionado, una parte importante de la fortaleza de

un Estado para la protección y cumplimiento de la ley, se encuentra en su ejército,

quien debería responder a su deber por el amor a la nación, pero en México no

sucedía así. La mayoría de sus militantes eran mercenarios, lo que quiere decir

que solo se encontraban ahí por el interés económico, por ello y por la corrupción,

el ejército no cumplía de manera eficiente con el fin por el cual estaba dispuesto.

Ante esto, se dispuso a la formación de una especie de ejército de reserva

(milicias provinciales), pero el descontento del pueblo ante esto era generalizado,

nadie quería participar en ellas, y cuando las personas eran llamadas huían.

Con esto queda demostrado que la desobediencia del pueblo no era solamente

hacia el Estado, sino que también iba dirigida al ejército, ya que moralmente estas

estructuras no eran bien vistas, pues no tenían un compromiso con el pueblo e

incumplían con sus deberes.

Los civiles, por su parte, forman una nueva milicia, la cual era dirigida por las

autoridades locales en su comienzo, ésta era un grito desesperado por parte del

Estado para poder contrarrestar la desobediencia del ejército. Por ello no le era

agradable al ejército pensar en milicias civiles que les pudieran quitar poder, por lo

cual mostraban su inconformidad y buscaban fortalecerse más.

A pesar del aparente interés de las milicias, no faltaban los mandatarios que

buscaran disolverlas y aunque éstas se volvieran a formar, no lograron el fin de su

existencia. El problema era que éstas respondían a intereses particulares, lo cual

las hizo ineficaces y finalmente el Estado decide eliminarlas poniéndoles requisitos

que prácticamente eran difíciles de cubrir.

Finalmente, hablaremos de los sistemas de reciprocidad que surgen como una

necesidad para negociar la obediencia del pueblo hacia el estado. Estos tenían

que surgir, porque si bien el Estado debía estar compuesto de órganos legales,

encontramos que éstos eran muy inestables. Por ejemplo, el poder ejecutivo no

tenía larga duración, por lo que apenas tenía tiempo para tratar de imponer “un

orden”. Por esto, era necesario que fueran las principales fuerzas del país las que

trataran de mediar la estabilidad de la nación.

Para que el Estado pudiera contar con los recursos financieros, militares, de

obediencia y de estabilidad por parte de los intermediarios, éste debía respetar la

posición de ellos. El problema es que el Estado no solamente debía abandonar el

inexistente poder con el que contaba, sino que también debía comprar la lealtad

de los intermediarios para que a su vez, éstos le fueran obedientes y pudieran

dirigir a la población civil, ya que el Estado no tenía ningún nexo con sus súbditos.

En pocas palabras, el Estado era un sistema de gobierno que se basaba en el

crimen, pues implícitamente transigía con él para poder llegar a sus fines. Todo

esto era la única forma que encontraba para gobernar, pues el pueblo no veía en

el Estado una presencia significativa y los intermediarios solo querían

aprovecharse de éste, brindándoles su poder a cambio de favores.

El Estado, si bien poseía un sistema de órganos legales bien estructurado y con

un buen diseño en materia de la legalidad, en la práctica terminaban por ser

simples decretos disfuncionales en la moral civil.

Entonces, para puntualizar, el Estado carece de fuente exclusiva de poder y

prerrogativa de mando, así como de un órgano burocrático practicable dentro del

mismo, sin embargo no todo está perdido, falta conocer si el Estado cumple con

su parte al dotar de derechos al ciudadano y el cumplimiento de éstos.

Capítulo 3: Los ciudadanos y sus derechos.

Para que un Estado se considere consolidado debe contar con ciudadanos

investidos de derechos que no puedan ser infligidos por los órganos del Estado.

La sociedad civil dentro del territorio nacional, muchas de las veces sentían

confusión por el papel que jugaban dentro del Estado y teniendo muchas veces

solo nociones de la importancia de su lugar en el país. Los ciudadanos se hacían

ajenos a las instituciones políticas muchas de las veces por desconocimiento de

sus derechos, así como de su papel dentro del Estado y las ventajas que la misma

ciudadanía ofrece.

Aunque había algunos ciudadanos que sí pensaban pronunciarse en favor de sus

derechos, tal era el caso de los campesinos. Una de las medidas que ellos

tomaron fue el envío de documentos, en el cual solicitaban la intervención del

Estado en la defensa de los pueblos. Pero, como raramente el pueblo mostraba

interés por el Estado, éste tampoco mostraba interés por ellos.

El problema es que el Estado infligió sus derechos, pues no les hacían caso a las

demandas de los campesinos y abusaban de la lealtad de los mismos, además de

que por el abuso de su poder les quitaban sus tierras, pero a pesar de esto los

campesinos se sentían parte del Estado mexicano, aunque en la realidad

desconocían la mayor parte de las políticas nacionales.

Si bien los ciudadanos respetaban sus obligaciones y pagaban las contribuciones

al Estado, estaban en desacuerdo con que éste último no cumpliera con la

protección hacia ellos y elevara los impuestos para poder despojarlos de sus

tierras, teniendo así una excusa más explicable para adueñarse de sus

propiedades. El Estado, lejos de ofrecer protección para los ciudadanos, los

oprimía mediante el uso del ejército, cosa que ya describimos con anterioridad.

Por su parte, la ciudadanía buscaba adjuntarse a la sociedad política para la

obtención de beneficios grupales por medio de representantes, ya que ellos

contaban con un sistema político propio y se desentendían de la política nacional,

en este aspecto nos dice Escalante (1992): “los campesinos participaban en la

política nacional, pero lo hacían a su manera: sin actitudes cívicas, sin entusiasmo

partidista y, sobretodo, obediente sólo a sus líderes y autoridades tradicionales”.

(p.72)

Por otro lado, nos encontramos que no solo los campesinos estaban enajenados

respecto a sus derechos, los propietarios y negociantes se ubicaban en las

mismas condiciones, solo que a diferencia de los campesinos no se interesaban

por jugar un papel dentro de la política mexicana, por temor a ser desarraigados

de sus propiedades.

Los propietarios tenían un escaso sentimiento patriótico y no se comprometían con

ningún tipo de gobierno, en la única etapa en la que mostraron interés fue durante

el porfiriato junto con la Iglesia y el ejército, en busca de un desarrollo tecnológico.

Ellos en esta etapa se habían beneficiado, se dieron cuenta de que podían

obtener ventajas de cualquier régimen político, y por ello más adelante mostraron

poco compromiso.

La clase política no se interesaba en la elaboración de leyes para beneficio

general, sino únicamente para enriquecimiento propio. Según Jean Meyer, citado

por Escalante (1992), nos explica que:

Toda la conducta de los gobiernos revolucionarios de este país ha

sido y sigue siendo, no de legislar sobre principios sanos y para bien

del país, sino para los beneficios individuales de sus empleados. Las

leyes se hacen y los impuestos se imponen, no para la ejecución

bona fidede la primera, o la colecta de los segundos, sino para los

sueldos de los que hacen las leyes y los recaudadores. Altos

derechos son decretados no para beneficio del gobierno sino para

recaudadores y colaboradores. (pp. 211-212)

Claramente podemos observar que a la ciudadanía en general se le infligen sus

derechos por medio del decreto de leyes para beneficios particulares y no

generales.

Para continuar, cabe resaltar que no solo los campesinos y los pillos formaban

parte de la ciudadanía mexicana, pero la parte restante no tenía una posición

clara. En este sentido hablaremos de la opinión pública.

La opinión pública se refiere principalmente a la prensa y la influencia que tenía

ésta en la ciudadanía. Comenzaremos por describir las características de la

prensa y si estaba investida de derecho. Aparentemente, parecía ser que la

prensa comenzó a ser una estructura libre en sus comienzos, pues su modelo a

seguir era el europeo, en el cual se trataban asuntos como revoluciones, golpes

de estado, guerras y algunos otros temas que mantenían la atención.

Lo anterior trajo como consecuencia que la población tuviera más consciencia

sobre sus actos y el interés por ingeniar su participación en los asuntos políticos.

Pero, lo importante no eran los periódicos, sino las lecturas en voz alta de los

diversos artículos, ya que muchas personas se reunían para conocer qué era lo

que sucedía. Parafraseando a Carl Christian Sartorius, Escalante (1992, p.)

comenta lo siguiente, “la plaza pública viene a ser para el mexicano lo que para

los romanos era el foro…” es ahí donde se escuchaban los acontecimientos y se

discutían más allá de aquellos de la elite lectura. Sin duda, los espacios tal como

los que mencionamos, forman parte fundamental para que los individuos

comiencen a conocer los problemas de su país y a pesar de no tener conocimiento

del aparato jurídico, hablaban de sus derechos como ciudadanos, de los fraudes

electorales y todo lo relacionado con el Estado.

La mayor parte de la opinión pública del pueblo tenía características similares a la

de la voluntad general, tales como la justicia y la razón; además era verdadera,

firme y unánime, lo cual trae como consecuencia, que el pueblo tenga un arma en

contra del despotismo y genera el comienzo de la ilustración. Sin embargo, no

tardó mucho tiempo para que la contraparte de la sociedad comenzara a

molestarse y a quejarse contra la prensa buscando poder comprarla o censurarla.

Además, la prensa que no accedía a esto era calumniada o se le imponían multas

demasiado elevadas que eran impagables. Esto provocó que el gobierno tuviera

una estrategia para poder ganarse al pueblo y mantenerlo una vez más alejado de

sus derechos a estar informado y poder expresarse.

Pero la opinión pública no cesó tan fácilmente y algunos ciudadanos comenzaron

a especular que la prensa estaba comprada, tal es el caso de Juan Bautista

Morales, el cual citado por Escalante (1992), nos dice que imaginó a un periodista

improvisado de la siguiente manera:

-Luego tú vas a escribir y salga lo que saliera.

-No, no te salga lo que saliere; porque precisamente ha de salir dinero para

mí; por lo demás poco me importa que se lleve el diablo á la opinión

pública, á la nación y al gobierno. […] Los periódicos como el mío son los

que hacen grandes revoluciones, los que sostienen á los pronunciados, los

que dan de costillas con los gobiernos, los que levantan otros nuevos, los

que elevan á los periodistas al fastigium de los empleos y de la riqueza. (p.

277)

Para finalizar con la opinión pública, hablaremos del papel que tomaban los

políticos en la prensa. Cabe mencionar que la mayor parte de los periodistas

letrados fungían un doble papel, pues también se involucraban en cargos públicos,

lo cual traía como consecuencia que la mayoría de éstos no pudieran generar una

independencia ideológica. Además, el gobierno era el que generaba que la prensa

lograra subsistir, ya que eran los mayores suscriptores, llegando incluso a pagar

los de la oposición para poder manipularlos.

Aunado a esto, hay que destacar la importancia que tenía la participación del

pueblo dentro de la vida política, limitada al simple entretenimiento sin fines de

instruirse políticamente. La ciudadanía en general tenía el poder de fungir un

cargo imprescindible dentro de las decisiones nacionales, aunque éstas fueran

manipuladas por terceros, el pueblo hacía denotar su presencia dentro de la

política. El pueblo era la mayoría y la mayoría escogía siempre lo que era “mejor”

para sí, sin embargo, era muy fácil hacer cambiar la opinión de esta mayoría, si se

le otorgan fines particulares a cada uno de los individuos, podemos crear una

conciencia capaz de hacer de una voluntad particular a una general.

La opinión pública tenía precio, precio que podían pagar fácilmente los políticos

comprando a la prensa y demás intermediarios para crear una ideología

determinada a la sociedad. Hemos hablado profundamente de esto en capítulos

anteriores, era el pueblo quien hacía posible las revoluciones, las revueltas y

demás movimientos sociales, pero detrás de esto hay intereses muy particulares

que desean dichos movimientos.

Entonces, la importancia del pueblo era tanta que las autoridades, tanto políticas

como tradicionales, tenían gran interés por mantenerlo ajeno a sus derechos y por

cegar sus libertades, dejándolo a su merced, en este sentido:

De lo que no cabe duda es de que el “pueblo” era un actor de peso en el

melodrama político. En quien nadie podía confiar enteramente, al que todos

despreciaban por una cosa u otra, per del que todos habrían de echar mano

cuando hacia falta. No eran ciudadanos como los hubieran querido la

fantasía ilustrada de la clase política, pero tampoco era tan perfecta su

apatía ni eran, no parece, “un hato de borregos” (Escalante, 1992, p.286).

Para finalizar y puntualizando, en los temas desarrollados en este capítulo

observamos cómo jurídicamente los ciudadanos contaban con derechos y

libertades, pero en la realidad, la ciudadanía no estaba investida de derechos.

La clase trabajadora, entre muchas otras, era una clase explotada. Las maneras

de aprovecharse de los trabajadores eran muchas y cada uno las aprovechaba de

distinta manera. Los impuestos que les eran cobrados, más que beneficiar al

pueblo y al mismo Estado, beneficiaban a los funcionarios y legisladores, mientras

que la ciudadanía no recibía nada de esto. Una manera de aprovechar dichos

cobros para beneficio general, sería repartir dichos impuestos para el desarrollo

del país, impulsando el mercado y la infraestructura nacional.

Los ciudadanos no tenían como tal una consciencia de lo que en la vida política se

hacía con dichos impuestos: el trabajo de los primeros tenía el único fin de

alimentar a éstos últimos.

Esto en la clase trabajadora, sin embargo, la ciudadanía en general estaba privada

de sus derechos, prueba de esto se ve reflejado en las posibilidades que tenía un

individuo cualquiera para adquirir un cargo público. Ni la clase alta se interesaba

por adquirir un cargo de esta magnitud, por miedo a perder sus bienes, ni a la

clase baja por desconocimiento de la vida política, solo la clase media podía

aventurarse a ocupar cargos públicos, pues ésta era la clase ilustrada.

Observando holísticamente al país, estaba manipulado por medios de

comunicación corrompidos por el gobierno y aquellos que querían defender sus

intereses. La prensa servía, más que para informar a la ciudadanía, como medio

por el cual se podían hacer consciencias falsas de un gobierno que no existía,

mostraban al pueblo la cara de un Estado muy estable y transparente, mientras

que detrás de las hojas de los periódicos había impunidad, fines particulares y

beneficios políticos rigiendo las diferentes estructuras sociales.

En conclusión, llegamos a la demostración de que el Estado mexicano del siglo

XIX era débil y limitado, pues no cumple con las características que un estado

fuerte y consolidado tiene.

En primer término, encontramos que el Estado mexicano no era la fuente

exclusiva de poder y prerrogativa de mando, pues a lo largo de este ensayo

demostramos que el poder y el mandato estaban regidos por estructuras corruptas

como la Iglesia, el ejército y los terratenientes. Además, no solo tenían el poder,

sino que el Estado se los permitía, al ser los únicos intermediarios entre éste y el

pueblo, les permitían seguir funcionando como ellos querían.

En segundo término, hablamos de los órganos legales que le permiten al Estado el

diseño, la aplicación y la obediencia de la ley, pero una vez más encontramos que

en el México del XIX no se cumplían, pues si bien encontramos leyes muy bien

diseñadas, también se aprecia que éstas no se practicaban. Todo porque los

sistemas encargados de vigilar su obediencia estaban corrompidos y seguían sus

propios intereses. Además de que la ciudadanía tampoco tenía interés por acatar

las leyes, pues el Estado no tenía presencia y preferían obedecer a las estructuras

que sí les daban cierta estabilidad. Por último, cabe mencionar que tampoco se

cumplían por la recurrencia a los sistemas de reciprocidad para poder cumplir y

generar la obediencia del pueblo.

Finalmente, encontramos que el Estado tampoco cumple con la tercera

característica de un Estado consolidado, con lo que da paso a la demostración de

un Estado totalmente débil y carente de estabilidad. En este punto se hablaba de

que los ciudadanos deben estar investidos de derecho y el Estado no puede

infligirlos a través de sus órganos legales. Pero encontramos que en este punto, el

Estado reprimía a los ciudadanos a través de la indiferencia hacia su pueblo y la

represión de la opinión publica a través de la censura y manipulación de la prensa.