RESPUESTA A INVITACIÓN MINISTERIO DE ENERGÍA PARA INTEGRAR MESA DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN “ESTÁNDARES DE PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DE ENERGÍA” Mayo 2015 A partir de la invitación realizada por el Ministerio de Energía con el fin de integrar una Mesa de Trabajo para la elaboración de “Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de Energía”, varias organizaciones que fueron invitadas a participar en la elaboración de los estándares junto a otras que han seguido de cerca este proceso entragamos la siguiente respuesta. Aunque valoramos los esfuerzos del ministerio de abrir esta instancia a la sociedad civil y fomentar los procesos de participación ciudadana, hemos tomado la decisión de desistir de participar en dicha mesa de trabajo. Las razones que fundamentan esta determinación se sustentan en los siguientes aspectos: 1. La elaboración de los estándares de participación propuestos no considera los

elementos que a nuestro juicio debieran involucrar instrumentos de este tipo. En las presentaciones del Ministerio de Energía se señala explícitamente que el procedimiento no se hará cargo de problemas estructurales y pendientes desde hace años en la política pública de nuestro país, como el ordenamiento territorial, la evaluación ambiental estratégica, la reforma al SEIA, la participación ciudadana vinculante, la aplicación del Convenio 169, entre otros, la ausencia de los cuales es justamente la que genera violación de derechos, incertidumbre e incompatibilidad entre las prioridades del desarrollo local y regional y las prioridades de los inversionistas. A nuestro entender sería más adecuado enfocar los recursos públicos y esfuerzos regulatorios en un trabajo multi-sectorial que se aboque a dichas tareas.

2. La propuesta del Ministerio de Energía trata de regular un proceso, pero no su contenido. El proceso será voluntario y no obligatorio para todas las empresas (y solo se aplicará al sector de generación de energía). No compartimos este enfoque. Si lo que se busca es potenciar el desarrollo local y la participación ciudadana, primero debiera hacerse cargo del vacío regulatorio estructural (lo ya mencionado: ordenamiento territorial, reforma al SEIA, consulta del Convenio 169, etc.) que no lo permiten. No es necesario ni deseable generar mecanismos voluntarios que finalmente se traducirán en pagar por contaminar y/o destruir el medio ambiente.

3. Este tipo de instrumentos voluntarios ad-hoc se enmarcan en una decisión ex post del inversionista de llevar adelante un proyecto en base a la propiedad o concesión sobre un recurso natural o autorizaciones concedidas por el Estado. Esto se hace sin ordenamiento territorial previo que refleje las prioridades de desarrollo local o regional. Y sin participación vinculante.

4. Estos instrumentos se basan en una regulación pseudo-contractual entre actores privados que no se encuentran en igualdad jurídica ni económica, lo que puede transformarse en más externalidades negativas impuestas por los inversionistas a las comunidades y al medio ambiente. El Estado, por su parte, no se hace responsable de proteger el patrimonio ambiental ni los derechos de las personas, así como tampoco de regular ni de controlar. Es decir, incumple con las obligaciones básicas que la comunidad le ha encomendado.

5. Más aún, estos mecanismos arriesgan la vulneración de derechos a cambio de

compensaciones económicas, en un contexto de comunidades carenciadas, y donde el Estado no ha generado condiciones para el ejercicio y protección de derechos sociales universales en ámbitos clave como salud, educación, energía, etc.

6. Finalmente, esta forma de ver la participación ciudadana debilita la institucionalidad

existente (por ejemplo, planes de desarrollo regional, SEIA, Convenio 169), no garantizando el desarrollo local, sino que vehiculando la mitigación y compensación monetaria de impactos de proyectos no deseados. En el fondo, el objetivo es “destrabar proyectos” más que una visión de desarrollo justa, equilibrado y sustentable.

Las propuestas que Chile necesita para el desarrollo sustentable e inclusivo a nivel nacional, y para el desarrollo energético en particular, son políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, incluidos aquellos relativos al desarrollo y al territorio. Esto requiere la generación de certezas para las comunidades locales y territoriales de que:

Se respetará un ordenamiento territorial democráticamente acordado;

Existirá una participación ciudadana vinculante en las decisiones sobre el desarrollo local/regional y sobre los emprendimientos propuestos por intereses del inversionista;

Se hará una aplicación ajustada a derecho de las regulaciones que prevengan la degradación ambiental y aseguren el uso sustentable de los recursos naturales y los territorios.

Junto a estas condiciones, que resguardan los derechos humanos y el interés público, el Estado debe exigir a los inversionistas con proyectos vigentes la información sobre los recursos que entregan hoy a las comunidades y que han utilizado o utilizan en los procesos de participación temprana, transparentándolo así a la sociedad. El objetivo de esta medida es prevenir el soborno y la corrupción social, y fomentar la transparencia en el sector, así como la rendición de cuentas, además de dimensionar el gasto real en mitigaciones y compensaciones. Se despiden atentamente,

Agrupación Defensores de los Ríos Agrupación Wallmapu Chile Sustentable CODEFF CODESA Ecosistemas Ética en los Bosques FIMA Fundación Terram Instituto de Ecología Política Mañíos y Baguales Observatorio Ciudadano