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RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN JOSÉ ALEJANDRO JIMÉNEZ JUAN CARLOS CORTES VALENCIA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL SANTIAGO DE CALI 2014
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RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN
JOSÉ ALEJANDRO JIMÉNEZ JUAN CARLOS CORTES VALENCIA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL SANTIAGO DE CALI
2014
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RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN
JOSÉ ALEJANDRO JIMÉNEZ JUAN CARLOS CORTES VALENCIA
Informe Final de Investigación para optar al título de Especialista en Seguridad social
Directora:
Dra. Xiomara Cecilia Balanta Moreno
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL SANTIAGO DE CALI
2014
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RESUMEN
A pesar de su regulación, la calificación de invalidez en Colombia resulta ser un trámite
complejo complejo, debido a su importancia en el sistema de seguridad social integral y
su estrecha relación con los valores, principios y derechos constitucionales, el
reglamento establece que los los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez
tienen una responsabilidad solidaria frente a a eventuales perjuicios que pudiesen
ocasionar con sus dictámenes a los actores del sistema, siempre y cuando se logre
probar en un proceso laboral los daños reclamados y que sean consecuencia directa
del dictamen de calificación refutado procesalmente en juicio laboral; no obstante, el
llevar a que se decrete en su contra una responsabilidad, no es fácil, como quiera que
debe existir prueba que de plena fe, de la existencia de la omisión o hecho generador
de la responsabilidad y del perjuicio reclamado.
ABSTRACT: Despite its regulation, disability qualification in Colombia is a complex
complex process due to its importance in the system of comprehensive social security
and its close relationship with the values, principles and constitutional rights, the
regulation provides that members Boards of Disability Qualification have a joint liability
aa possible damage that could cause their opinions to the actors in the system,
provided they are able to prove in a labor process and claimed damages resulting
directly refuted the opinion of rating procedurally in labor suit; however, it is decreed
carry against a responsibility, it is not easy, however it must be proof of full faith, the
existence of the omission or event giving rise to liability and the damage claimed.
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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 5
CAPITULO I. LA CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ EN COLOMBIA 10
1.1 SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE LA CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 10
1.2 CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 13
1.2.1 Accidente de Trabajo 18
1.2.2 Enfermedad Profesional 22
1.2.3 Capacidad Laboral 24
1.2.4 Incapacidad permanente parcial 24
1.2.5 Incapacidad temporal 24
1.2.6 Invalidez 26
1.2.7 Muerte 26
1.3 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN INTEGRAL 27
1.3.1 Deficiencia 28
1.3.2 Discapacidad 28
1.3.4 Fecha de Estructuración de la Pérdida de Capacidad Laboral 31
1.3.5 Calificación de Preexistencias 31
1.3.6 Calificación integral 32
1.4 CALIFICACIÓN DE ORIGEN 34
1.5 CALIFICACIÓN DE GRADO DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 35
1.6 DICTAMEN 36
1.7 REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN 37
1.8 DIFICULTADES EN EL TRÁMITE DE CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 38 CAPITULO II. RESPONSABILIDAD DE LOS CALIFICADORES 39
2.1 VINCULACIÓN EN UN PROCESO LABORAL 43
2.2 RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 45
3. CONCLUSIONES 46
BIBLIOGRAFÍA 48
5
INTRODUCCIÓN
Con la creación del Sistema de Seguridad Social Integral consagrado en la Ley 100 de
1993 se establecieron nuevos procedimientos para la calificación de origen y grado de
la pérdida de capacidad laboral, los que se han modificado y reglamentado a través de
diferentes disposiciones legales y reglamentarias; no obstante, y pese al acervo
normativo del tema, éste es complejo, lo que hace que personas del común lo
desconozcan, trayendo consigo vulneración a sus derechos fundamentales; siendo la
Corte Constitucional a través de diferentes sentencias de revisión de tutela y de estudio
de exequibilidad de la norma, ha interpretado algunos pasajes oscuros de las normas
que reglamentan el tema de la calificación, estableciendo entre otros criterios, la
imposibilidad de cambiar el origen de la patología cuando se ha solicitado revisión de la
calificación, la imposibilidad de cambiar el origen cuando éste no ha sido objeto de
reclamo, la estructuración de la patología debe ser coherente con la historia clínica del
calificado y demás, los que sin duda alguna pueden desconocer entes calificadores y
que obviamente vulneran los intereses de los calificados.
A través del presente informe final se prendió resolver el problema de investigación
¿Cuál es la responsabilidad que los integrantes de las Juntas de Calificación de
Invalidez tienen frente a los perjuicios ocasionados a los actores del sistema de
seguridad social, por un dictamen de calificación refutado ante la justicia ordinaria
laboral?; para el efecto se propuso como objetivo general el de determinar la
responsabilidad de los miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez, en su
condición de calificadores.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la nueva legislación y reglamentación en materia
de calificación establece que los calificadores podrán responder solidariamente
respecto a los perjuicios ocasionados a las entidades y usuarios del sistema de
seguridad social, no obstante, la norma no prevé la forma en cómo se responderá;
concluyéndose que la responsabilidad de los integrantes de las Juntas de Calificación
de Invalidez se limita a los perjuicios ocasionados a los actores del sistema de
seguridad social y que logren probar en un proceso laboral y que sean consecuencia
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directa del dictamen de calificación refutado procesalmente en juicio laboral; perjuicios
que resultan ser patrimoniales, tales como daño emergente o lucro cesante, morales
por el dolor padecido o daños en la salud, por falta de una atención médica ocasionada
del cambio del origen; por su parte las entidades podrán solicitar la devolución de
dineros pagados por mesadas, indemnización o prestaciones asistenciales otorgadas
a usuarios o beneficiarios con base en un dictamen errado.
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo dentro de la teoría del
neoconstitucionalismo; por la cual el derecho interno está impregnado de la
constitución, en especial la legislación en seguridad social y sobre todo el trámite de
calificación de invalidez, en donde el derecho al debido proceso y de defensa juagan un
papel superior.
Inicialmente se aborda el tema de la protección constitucional a la calificación de
invalidez, luego conceptos básicos, su trámite y por último la responsabilidad de los
miembros de las Juntas de Calificación.
El objeto de este fue el de dar conocer los alcances de las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias, pronunciamientos judiciales sobre el trámite
de calificación de invalidez y la eventual responsabilidad de los miembros de las juntas
calificadoras, el cual se dirige a estudiantes, profesionales y a los actores del sistema
de seguridad social integral.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El tema de la calificación de invalidez en Colombia tiene desarrollo legal desde hace
más de sesenta años; no obstante, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1990 y
la creación del Sistema de Seguridad Social Integral se han establecido nuevos
procedimientos para la calificación de origen y grado de la pérdida de capacidad
laboral, siendo un trámite un poco complejo como también lo es casi todo lo
relacionado con la seguridad social en el país; éste en algunos casos puede iniciar con
una simple consulta médica y en otros, con la elaboración de un formato sobre la
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ocurrencia de un accidente, pero puede terminar años después con la decisión de juez
laboral sea singular o plural, quien puede tener la última palabra acerca del origen,
porcentaje de pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración.
En el trámite intervienen varias entidades del sistema, como lo son las Entidades
Promotoras de Salud, quienes en primera instancia califican el origen de un
diagnóstico, para luego pasar a la Administradoras de Riesgos Laborales o en su
defecto las Administradoras de Fondos de Pensiones a quienes les corresponde la
calificación en segundo grado de origen según sea el caso, y en primera medida la
calificación de porcentaje pérdida de capacidad laboral, a las Juntas Regionales de
Calificación revisan a petición de parte las calificaciones de origen y pérdida de
capacidad laboral dadas por las entidades anteriores, y la Junta Nacional hace la
segunda instancia administrativa, por último, la via judicial los jueces ordinarios
laborales; para muchos actores del sistema, no es fácil manejar términos como origen,
rehabilitación, diagnostico, estructuración, discapacidad, minusvalía, deficiencia, entre
otros.
Las normas sobre la calificación de invalidez en el país se encuentran establecidas en
diferentes disposiciones legales y reglamentarias, entre estas, la Ley 100 de 1993
(Régimen de Seguridad Social Integral); Decreto 917 de 1999 (Manual Único de
Calificación de Invalidez); Decreto 1295 de 1994; Ley 776 de 2002; Ley 962 de 2005;
Ley 1562 de 2012 por el cual se modificó el Sistema de Riesgos Laborales; Decreto
Ley 019 de 2013 y Decreto 1352 de 2013 por el cual se modifica la reglamentación de
las Juntas de Calificación de Invalidez; las dos últimas disposiciones, trajeron nuevos
conceptos al trámite de calificación, entre otros:
Otorgamiento de personería jurídica a las Juntas de Calificación.
La posibilidad de que los integrantes (quienes emiten el dictamen) de las Juntas de
Calificación respondan solidariamente por perjuicios generados a los afiliados o
administradores del Sistema de Seguridad Social Integral; respondiendo civil, penal,
disciplinaria y fiscalmente, tanto por acción como por omisión.
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Al demandase el dictamen de una Junta de Calificación se puede solicitar que sea
controvertido judicialmente con dictamen pericial de un auxiliar de la justicia,
universidad o entidad competente en el tema de calificación y pérdida de capacidad
laboral.
La opción que la Junta sea perito en procesos judiciales, y no negarse a rendir el
dictamen bajo el pretexto que no se la han cancelado honorarios.
No obstante, no es clara la norma acerca del cómo van a responder los calificadores,
toda vez, que para que exista una responsabilidad subsidiaria deben vinculárseles
como demandados al proceso ordinario laboral, lo cual convertiría el proceso en
costoso y demorado, en donde además de demandarse a la entidad administradora o
encargada de reconocer derechos asistenciales o prestacionales, a la Junta de
Calificación y a sus miembros, entre otras dificultades de tipo procedimental.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la responsabilidad que los integrantes de las Juntas de Calificación de
Invalidez tienen frente a los perjuicios ocasionados a los actores del sistema de
seguridad social, por un dictamen de calificación refutado ante la justicia ordinaria
laboral?
OBJETIVO GENERAL
Determinar la responsabilidad de los miembros de las Juntas de Calificación de
Invalidez, en su condición de calificadores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Establecer el procedimiento que se debe adelantar para la calificación de pérdida de
capacidad laboral en Colombia.
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2. Analizar la responsabilidad fiscal, disciplinaria y civil de los miembros de las Juntas
de Calificación
La presente investigación es de tipo básica, toda vez, que se otorga primacía a los
conceptos jurídicos; se desarrolló bajo el tipo de estudio jurídico – descriptivo; se utilizó
el método de investigación hermenéutico; debido a que es el que establece un análisis
interpretativo de las normas de la calificación de invalidez; se utilizaron como fuentes
primarias la Constitución, la legislación y reglamentación del trámite de calificación de
invalidez y jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia
sobre la Responsabilidad civil contractual y como secundarias, doctrina y los textos
especializados.
10
CAPITULO I
LA CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ EN COLOMBIA
1.1 SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE LA CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
La Constitución Política se convirtió en nueva y superior fuente del derecho, esto es,
integró a todo el sistema normativo a su contenido, sea con principios, valores,
derechos fundamentales o contenido normativo, como norma jurídica es superior a la
Ley; de allí que todo lo relacionado a los procedimientos legales o reglamentarios que
se deben de adelantar deben atemperarse a sus preceptos normativos, entre estos el
debido proceso y las normas que guardan relación con la seguridad social.
La Seguridad Social, además de constituir un derecho fundamental, es un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, así lo prevé el artículo 48 de la Constitución, desarrollada con estricta
observancia a los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad.
El artículo 2º de la Constitución establece como principios1 del Estado Social de
Derecho la dignidad humana,2 el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés
general, principios que rigen el derecho constitucional, legal y reglamentario en
Colombia; los que son desarrollados por la seguridad Social, al igual que el derecho
fundamental de la igualdad y la obligación del Estado de entregar una protección
especial a “ aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta” (inciso 3º del artículo 13 de la
Constitución); como valores constitucionales se tienen entre otros la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad dentro de un marco jurídico, democrático
1 Para ALEXY un principio es un mandato de optimización, es decir, normas que requieren que algo se
realice con la mayor amplitud posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas (Alexi, 2008, pág, 86) 2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T- 149 de 2002 M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, C-
239 de 1997 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, entre otras, entendiendo la dignidad humana como principio fundante del Estado colombiano impide que la persona sea tratada como un objeto o un medio valorable en dinero ya que ella es un fin en sí misma; la solidaridad como exigencia al Estado la sociedad, y la familia de socorrer a quien se encuentren estado de necesidad y el trabajo, como pilar fundamental del Estado.
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y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, según se
desprende del preámbulo de la Constitución.
Con base en lo anterior, el legislador organizó un Sistema de Seguridad Social Integral
(Ley 100 de 1993) dirigido a procurar “bienestar individual” e “integración de la
comunidad” por medio de “la cobertura integral de las contingencias, especialmente las
que menoscaban la salud y la capacidad económica”. Dentro de este contexto, el
sistema incluye el reconocimiento de prestaciones económicas, como incapacidades,
pensiones de invalidez y de sobrevivencia, indemnizaciones o pagos de auxilios.
Como servicio público obligatorio, en palabras de la Corte Constitucional la seguridad
social cumple tres postulados básicos: el primero satisfacer las necesidades de
carácter general; el segundo garantizar el acceso continuo, permanente y obligatorio; y
tercero, proteger los derechos fundamentales que de la seguridad social se desprenden
(Sentencia C-623 de 2004 M.P. Dr. Rodrigo escobar Gil).
La seguridad social como derecho constitucional además se caracteriza por su
contenido prestacional y por su desarrollo progresivo,3 en palabras de la Corte
Constitucional, “es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho
constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de la Carta Política
establecen la seguridad social por un lado, como un derecho irrenunciable, y por otro
lado, como un servicio público, de tal manera que, por la estructura de este derecho, es
el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.” (Sentencia T-
164 de 2013); entrelazado con la seguridad social se encuentra el trabajo en
condiciones dignas y justas, como lo prevé el artículo 25 Superior, así como el artículo
53 que establece los principios éste.
En palabras de ARENAS la seguridad social aparece en el mundo moderno, como un
instrumento de protección contra ciertas necesidades sociales, así como de los
mecanismos para atenderlas, señalando cómo el ser humano intenta atenderlas
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU – 819 de 1999 M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis
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acudiendo a su propio esfuerzo, principalmente a través del trabajo que le proporciona
los recursos para satisfacerlas. Pero también la capacidad de previsión de los
individuos, así también la solidaridad como valor social (Arenas, 2011, Pág 17).
En armonía con lo establecido en el artículo 54 de la Carta Política, el Estado tiene la
obligación de proteger a las personas con limitación física, mental o sensorial, de allí
que deba de garantizárseles a estas un trabajo acorde con sus actitudes y aptitudes.
Por su parte el artículo 47 de la Constitución, prescribe que el estado debe de adelantar
una política de prevención, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que
requieran.
Al resultar ser un derecho prestacional, la seguridad social posee procedimientos por
medio de los cuales, los usuarios tienen acceso a los beneficios contemplados en la
ley, tal es el caso del trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral, el cual se
erige dentro de los postulados constitucionales del debido proceso y del derecho a la
defensa; no obstante, resulta ser un trámite un poco complejo y técnico; la Corte
Constitucional a través de disímiles sentencias ha establecido los derechos
fundamentales involucrados en el tema en el tema de la calificación de la invalidez,
tales como la salud, el mínimo vital, el trabajo, la estabilidad laboral, igualdad,
protección especial, e inclusive el de vivienda por razones de subsidios, entre otros. 4
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 062 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla “Por consiguiente, en
aras de proteger la dignidad humana, la seguridad social, la salud, la protección reforzada a quienes se hallen en circunstancia de debilidad manifiesta y el mínimo vital, se dejará sin efectos el dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, así como la Resolución por la cual se negó el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez y, en su lugar, se ordenará a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez realice nueva evaluación técnica científica del grado de pérdida de la capacidad laboral tanto física como de carácter psiquiátrico sobre el estado de salud de la señora y emita nuevo concepto, para cuya determinación se deberá tomar en cuenta las especiales connotaciones (trabajar de pie y en permanentes desplazamientos cortos) de la labor que desplegaba (auxiliar de cocina) antes de la pérdida de la pierna.” En este caso la Corte ordenó el pago de la pensión de invalidez, como quiera que la Corte Constitucional encontró que dentro de la calificación efectuada no se tuvieron en cuenta todos los componentes de calificación integral, como quiera que los supuestos facticos radican en que por un accidente de tránsito la accionante perdió una pierna y quedó sin posibilidad laboral, la Junta Regional y Nacional otorgó un porcentaje inferior para acceder a la pensión de invalidez, por lo tanto se
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El derecho a la calificación interesa a los usuarios e instituciones del sistema de
seguridad social integral, en sus tres subsistemas, salud, pensiones y riesgos
laborales; de allí que de calificarse un evento equivocadamente podría acarrear a la
persona la pérdida de derechos económicos o asistenciales, como una indemnización,
una pensión de invalidez o sobrevivencia, al pago de un auxilio de incapacidad.
Así las cosas, siendo la calificación de invalidez, un procedimiento reglado por el cual
se busca la efectividad del derecho fundamental a la seguridad social, pretende
proteger a todas las personas de las contingencias que puedan afectarlos tanto en la
vida diaria como en la actividad laboral. Como ya se afirmó, la seguridad social en
Colombia, contempla prestaciones asistenciales y económicas para la compensación
de los daños a la salud o integridad tanto física como mental, y una mayor protección a
través de acciones afirmativas a personas con grados de discapacidad, para valorar
quienes pueden acceder a estos beneficios, se ordena la aplicación e implementación
del Manual Único para la Calificación de la Invalidez, que es un desarrollo posterior a
los primeros métodos de evaluación que existieron en el país. Estas herramientas han
tenido una evolución acorde con el proceso de cambio del Sistema de Seguridad Social
(Montoya y Escobar 2012, Pág, 16).
1.2 CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
En el país el trámite de calificación de invalidez está reglado por diferentes normas,
entre estas, la Ley 100 de 1993 como Estatuto General de la Seguridad Social, el
Decreto 917 de 1999 que contiene el Manual Único de Calificación de invalidez, el
Decreto Ley 1295 de 1994 por el cual se legisló respecto del Sistema General de
Riesgos Profesionales (aún vigente en algunas normas), el Decreto 2463 de 2001 por
el que se regula las Juntas de Calificación de Invalidez (con vigencia actual en algunas
normas) y la Ley 962 de 2005 Ley antitrámites que suprimió algunos procedimientos
innecesarios; Ley 1562 de 2012 por la cual se modificó el Sistema General de Riesgos
solicitó amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, salud, trabajo y debido proceso, los que fueron amparados por el Tribunal Constitucional.
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Laborales, Decreto Ley 019 de 2013 en el que se modificó parcialmente el trámite de
Calificación, Decreto 1352 de 2013 por el cual se reglamenta la actividad de las Juntas
de Calificación, demás Decretos y Sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia, las que han interpretado los pasajes normativos.
Por su parte, FORONDA expresa que la calificación es un fenómeno que ha tenido un
gran recorrido normativo en Colombia, en donde el legislador y el gobierno nacional a
pesar de que han tratado de definirlo y plasmarlo de la manera más clara y detallada
posible, existen dificultades en su aplicación e interpretación (Foronda, 2013, Pág, 85).
La Ley 100 de 1993 estableció en los artículos 41 a 44 la forma de calificar la invalidez
y se crearon las Juntas de Calificación de Invalidez, como entidades independientes
conformadas por expertos que valoran en última instancia en sede administrativa,
normas posteriormente modificadas por la Ley 962 de 2005; el Decreto Ley 019 de
2012 y la Ley 1562 de 2012; en la citada Ley 100 de 1993 se estableció que debía
existir un Manual Único de Calificación de la Invalidez (MUCI) como herramienta para
la valoración de la pérdida de capacidad laboral, por ello, las Juntas emiten dictámenes
con base en el MUCI (Decreto 917 de 1999) cuya estructura es basada en las Guías
de la Asociación Médica Americana versión 4ª y la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la Organización Mundial de la Salud.
En Colombia, la persona que presente una enfermedad o accidente de origen común o
laboral que le cause invalidez y requiera de la asistencia de las prestaciones
económicas (pensión o indemnización) debe ser calificada con base en el MUCI,
(Decreto 917 de 1999), el cual ha recibido críticas por lo complejo en su manejo, propio
de médicos expertos, y la falta de actualización; en expresiones de BUENDÍA, el MUCI
no se ha actualizado desde su expedición, además no cuenta con las herramientas
para calificar los grandes grupos de origen: laboral y común; las fallas del manual
tienen consecuencias personales, sociales y económicas (Buendía, 2011, pág 128 y
s.s); por su parte, SUAREZ y DÍAZ al analizar el manual, conceptúan que éste no
puede considerarse como un mecanismo indirecto para determinar compromisos
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funcionales en algunas enfermedades, como quiera que se mide la pérdida de
capacidad laboral de manera general (Suarez y Diaz, 2012, pág, 21).
Siendo la calificación un derecho como lo contempla CAÑÓN, que tienen las personas
a ser valoradas y a que se les determine su condición de salud frente a las secuelas
que son concurrentes por afectaciones tanto de origen común como laboral, en el
sentido de establecer si existe una pérdida de capacidad laboral y así buscar el amparo
o cubrimiento de las prestaciones que el Sistema de la Seguridad Social Integral
contempla (Cañon, 2007, pág, 72).
Es tanta la importancia de la calificación de invalidez que el reglamento le impone unos
principios a la actuación de los integrantes de las Juntas de Calificación,
enmarcándolos dentro de los contenidos en la Constitución Política, entre ellos, la
buena fe,5 el debido proceso,6 la igualdad,7 la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la
economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, la integralidad y la unidad; lo que
además, deben articularse con el principio constitucional de la seguridad social, esto es
la universalidad, como lo establece AYALA, como quiera que el servicio de seguridad
social se garantiza para todas las personas como un derecho irrenunciable (Ayala,
2005, pág 76).
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-328 de 2011 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt “Las Juntas de
Calificación de Invalidez al momento de examinar la situación de incapacidad de un trabajador que solicita ser valorado, deben atender el principio de buena fe y debido proceso, valorando exhaustivamente cada una de las patologías de la persona y calificando de manera razonable en base a la experiencia que los antecede y la formación profesional, los distintos aspectos que contenidos en sus dictámenes como lo son, la fecha de estructuración, el porcentaje de invalidez y el origen de la misma.” 6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 150 de 2013. M.P. Dr. Alexei Julio Estrada “las personas
que se encuentran dentro de un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral tienen la facultad de acceder a todos los mecanismos que han sido otorgados por la legislación para proteger su derecho al debido proceso y, así, lograr una eficaz impartición de justicia por parte de los órganos administrativos.” 7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-855 de 2005 M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis “el derecho a la
igualdad que consagra la Constitución es objetivo y no formal, puesto que se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales, concepción ésta que supera así la noción de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente reglamentación a supuestos distintos”
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La determinación del origen de las contingencias y calificación de pérdida de capacidad
laboral además de generar un impacto frente al Sistema de la Seguridad Social
Integral, genera ciertos derechos y prerrogativas en el sector financiero, como quiera
que existen pólizas de seguros que amparan créditos bancarios que cubren el siniestró
de invalidez y muerte, de igual manera al afectarse a una persona en accidentes de
tránsito genera derechos frente al seguro obligatorio en accidentes de tránsito; en los
eventos terroristas y catastróficos la condición de la invalidez genera auxilios o
subsidios por cuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA); existen además
los derechos o beneficios para las personas, trabajadores y empleadores que consagra
la Ley 361 de 1997 por el tema de la discapacidad,8 en ese orden de ideas, la
calificación interesa para:
Al Sistema General de Seguridad Social en Salud: para costos por cobertura de
beneficiarios con discapacidad, para prestación de servicios asistenciales y para el
pago de auxilios de incapacidad.
Al Sistema de Seguridad Social en Pensiones: para el cubrimiento de auxilios
económicos de incapacidad médica laboral y para reconocimientos de pensiones de
invalidez o sobrevivencia.
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 555 de 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto:
“Resulta de vital importancia la calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional del trabajador, pues es a partir de tal reconocimiento que el trabajador podrá hacer exigibles de manos de su respectiva A.R.P. las prestaciones asistenciales o económicas a que hubiere lugar. Para que tal reconocimiento de prestaciones de orden asistencial o económico se generen, es necesario agotar de manera previa un procedimiento legalmente reglado a efectos de garantizar no solo la protección de los derechos de la persona afectada, sino también a fin de determinar a qué entidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sea la Administradora de Riesgos Profesionales A.R.P. o la Empresa Promotora de Salud (E.P.S.), según el origen de la patología que afecta al trabajador, le corresponde asumir las prestaciones del caso. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994 es claro que no solo existen instancias claramente definidas y funciones igualmente determinadas para efectos de calificar las diferentes patologías, sino que dichas actuaciones deben surtirse en su integridad para así definir el origen de la patología y poder reconocer las prestaciones asistenciales y económicas previstas por el SGSSS. En este contexto, la clasificación o calificación de una enfermedad o accidente de trabajo es fundamental dentro del proceso que se debe agotar para establecer qué entidad debe asumir la asistencia y pago de las prestaciones a que hubiere lugar.”
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Al Sistema de Riesgos Laborales: para la prestación de servicios asistenciales de
salud, terapéuticos, de rehabilitación, para el pago de auxilios económicos de
incapacidad medico laboral, reconocimientos de pensiones de invalidez o
sobrevivencia e indemnizaciones económicas en caso pérdida de capacidad laboral
que no origine la invalidez.
Al Sector Asegurador: en lo que tiene que ver con cobertura de pólizas seguros de
acreencias (condonación deudas, vivienda, créditos, etc.); costos de
indemnizaciones por seguro obligatorio de accidentes de tránsito (S.O.A.T.) y
seguros de vida e invalidez.
Indemnizaciones por el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) en caso de
eventos catastróficos.
Para beneficios establecidos en la Ley 361 de 1997, esto es, responsabilidad social
(empresas), vivienda, recreación, educación, etc., así como para establecer
aplicabilidad de estabilidad laboral reforzada.
La calificación de invalidez, también es usada para acceder a subsidios a través de
las Cajas de Compensación Familiar o subsidios a pensión obligatoria.
En el ámbito judicial no sólo es usada en la especialidad laboral, sino que también
en otras como la civil, familia, penal y contencioso administrativa con el fin de
determinar perjuicios, derechos indemnizatorios e inclusive deudas alimentarias.
La calificación de la pérdida de capacidad laboral, a través de los procedimientos
previstos en la ley y en el reglamento es determinante para establecer las prestaciones
a las que puede acceder una persona en los eventos de incapacidad permanente
parcial o de invalidez, y que comprenden prestaciones asistenciales, como son los
servicios médicos, quirúrgicos, terapéuticos o farmacéuticos; las prótesis y prótesis,
incluyendo su reparación y reposición en casos de deterioro, la rehabilitación física y
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profesional y gastos de traslado para la prestación de estos servicios, y prestaciones de
tipo económico, como el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por
incapacidad permanente parcial y la pensión de invalidez. Atendiendo al origen de la
pérdida de la capacidad laboral se determina el tipo de prestación económica o
asistencial a prestar por parte del administrador del sistema.
1.2.1 Accidente de Trabajo. Ante la disparidad que hasta hace un par de años se tuvo
en Colombia sobre la definición del término de accidente de trabajo, ocasionado con la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 9º del Decreto 1295 de 19949 a través de la
Sentencia C- 858 de 2006, de la Corte Constitucional, teniéndose que recurrir a la
definición dada por la el literal N del Artículo 1 de la Decisión 584 de 2004 en el
instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Andina de
Naciones – CAN; a través de la Ley 1562 de 2012, se define legalmente como:
“Artículo 3°. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
9 La Corte Constitucional a través de sentencia T- 062 de 2007 con ponencia del Dr. Humberto Antonio
Sierra Porto se refirió al respecto a la definición contenida en el derogado Decreto 1295 de 1994, en los siguientes términos: “El artículo 9° del Decreto 1295 de 1994 recoge dos elementos esenciales que, en conjunto, muestran los precisos contornos conceptuales del accidente de trabajo. Así, la disposición establece, en primer lugar, que tal evento es un suceso repentino cuya ocurrencia tiene una fuente precisa, pues su acaecimiento se da “por causa o con ocasión del trabajo”. El origen de la dolencia es, entonces, parte esencial de la calificación del evento como accidente de trabajo, puesto que la ausencia de dicha relación con la prestación del servicio supone, de forma necesaria, la aplicación de disposiciones diferentes que, en principio, corresponderían al Sistema de riesgo común. El segundo elemento que configura el accidente de trabajo es la consecuencia que se sigue de la ocurrencia del hecho, el cual produce “en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte”. Al margen de estos dos elementos que necesariamente han de coincidir para que se constituya el accidente de trabajo, el ordenamiento cuenta con reglas adicionales que precisan eventos concretos que concluyen dicha definición, bien para excluirlos o integrarlos en el espectro de protección que brinda el sistema de riesgos profesionales. Así, el inciso 2° del artículo 9° del Decreto 2351 de 1965 establece que también se configura un accidente de trabajo cuando el suceso ocurre durante la ejecución de órdenes del empleador o en el desarrollo de una labor ejecutada bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. La misma disposición incorpora en esta categoría aquellos accidentes que sucedan durante el traslado de los trabajadores desde su residencia al lugar de trabajo, o viceversa, a condición que el medio de transporte sea suministrado por el empleador
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Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.”(Ley 1562 de 2012)
Suceso repentino: el concepto accidente sea o no profesional, corresponde a un
hecho que sucede de manera repentina, esto es, de manera imprevista, no obstante en
muchas ocasiones se puede evitar, minimizar o controlar; en el accidente de trabajo se
exige la ocurrencia del hecho o de la materialización del daño en la integridad del
trabajador o empleado, no es suficiente con la simple expectativa o el riesgo al que se
haya estado expuesto. Para la corte Constitucional, es repentino “de pronto, sin que
hubiera sido previsto” (sentencia T-134 de 2013 M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).
Con causa o con ocasión del trabajo: en el primer evento se da en forma directa, es
decir, trabajando en su labores habituales, propias o normales para las que fue
contratado, la norma específica “aquel que se produce durante la ejecución de órdenes
del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del
lugar y horas de trabajo”, por ejemplo, cuando el trabajador se encuentra realizando las
labores para las que fue contratada o algunas que realice bajo subordinación de su
empleador, sin que se requiera en este caso que sea del giro ordinario del objeto
social. Con ocasión10 se presenta de forma indirecta con el trabajador, independiente si
10
La Subordinación guarda estrecha relación con el supuesto de “ocasión” en configuración del accidente de trabajo, como quiera que hace referencia al cumplimiento de la labor por órdenes o bajo la autoridad del empleador sea o no dentro de la jornada laboral o en lugar de trabajo. En este sentido, cuando no se presenta el nexo de beneficio empresarial o del objeto de la relación laboral, en el evento de un accidente, podría decirse que no se está frente a un accidente de trabajo como quiera que se está en desarrollo de actividades ajenas, pero se genera la inquietud, toda vez, que se está bajo una orden que aunque no tenga que ver con el objeto empresarial ni con la relación laboral se está bajo el mando de un empleador, por ejemplo, el trabajador de planta de producción que por solicitud directa del jefe inmediato sale de las instalaciones de la planta de la empresa con el fin de adquirir refrigerios para todo el personal de la empresa por cuenta y costo de esta y en el trayecto sufre un accidente; al respecto CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia de 23 de agosto de 2005,
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está o no laborando, en actividades conexas o de ayuda por estar dentro de las
obligaciones del empleador, como por ejemplo el encontrarse dentro de las
instalaciones de la empresa y sucede un incendio en la misma, en el que resulta
lesionado el trabajador, otro ejemplo es cuando se accidenta el trabajador cuando es
transportado de su residencia al lugar del trabajo en servicio de transporte suministrado
por el empleador. 11
La Junta Nacional de Calificación de invalidez, al diferenciar los términos “causa” u
“ocasión”, se pronunció: “se tiene que las expresiones con causa o con ocasión del
trabajo se refieren a ese nexo causal que necesariamente debe existir y presentarse
entre la causa y el efecto para que se produzca una responsabilidad. Y es obviamente
ese nexo causal la reunión de todos aquellos acontecimientos relacionados,
entrelazados y consecuentes entre sí, respecto de los cuales se deriva una
responsabilidad, de la que emana obligaciones para el extremo contractual que se
beneficia de la labor desempeñada por su trabajador”12
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre las
nociones de con causa o con ocasión, así:
radicación No. 24232 manifestó: “En consecuencia, es claro que para que exista un accidente de trabajo debe haber una relación de causalidad entre el percance sufrido por el trabajador y la prestación del servicio bajo subordinación, bien sea por causa del trabajo o con ocasión de éste, de suerte que existiendo tal vínculo causal y en tratándose de un suceso repentino que ocasione un daño en la salud del trabajador, se estará en presencia de los supuestos de hecho exigidos por el artículo 9º en comento, del que no es dable deducir elementos diferentes para la configuración del accidente laboral, relacionados con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el infortunio que, desde luego, no son ajenas a la definición de su índole laboral, pero como integrantes de la relación causal arriba mencionada y no como una cuestión adicional a ella. “Por lo tanto, el asesinato del trabajador no es un elemento del artículo 9 del Decreto 1295 de 1994. Se trata de un hecho circunstancial que el sentenciador debe subsumir en los supuestos de la definición legal. De modo que acusar la errada interpretación de ese precepto sobre una base circunstancial no es atendible.” 11
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia de 29 de Agosto de 2005 Radicación 23202. M.P. Isaura Vargas Díaz. “Resulta obvio concluir que el hecho del tercero que le causó la muerte al trabajador no rompe la relación de causalidad entre su actividad profesional y el daño ocasionado, pues, es indiscutible que por razón de su empleo se encontraba transportándose en el bus suministrado por el empleador cuando fue ultimado, dirigiéndose a su residencia una vez cumplido el horario efectivo laboral, pero aún, en cumplimiento indirecto de las instrucciones de su empleador. Por manera que, habiendo perdido la vida en circunstancias que involucraban la órbita de subordinación de su empleador, la calificación de accidente de trabajo “in itinire”, no se enerva o excluye por la mera actividad criminal de un tercero” 12
JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. Acta de sustentación calificación de origen en caso remitido por Colmena Riesgos profesionales, citada por CASTRO, 2008, Pág, 177.
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“Pues bien, en los términos normativos actuales, es elemento integrante del accidente laboral el “suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo”. ‘Trabajo’ que debe entenderse en un sentido humano y progresista, con total amplitud y flexibilidad, debido a que no se debe circunscribir exclusivamente a la actividad o tarea laboral desplegada por la persona, pues, como bien lo ha dicho la Corte, “no está por demás anotar que si se considerara que únicamente queda cobijado como accidente de trabajo el suceso imprevisto y repentino, no querido por la víctima ni tampoco provocado por grave culpa suya, que ocurre de modo exclusivo cuando el trabajador se encuentra "dedicado a sus activida-des normales" o a las "funciones propias de su empleo", bastaría entonces que el trabajador no obstante hallarse a disposición del patrono estuviese ocupado en una faena distinta a la suya propia, o en cualquier actividad que estrictamente no pudiera considerarse como una de "sus actividades normales" o "funciones propias de su empleo", como, por ejemplo, entrando en la empresa o saliendo de ella, bajando o subiendo unas escaleras después de terminada su labor habitual, o en fin ejecutando cualquier otra acción diferente a la labor para la cual fue contratado, para que dejara de considerársele como dedicado a una de "sus actividades normales", desapareciendo, por ende, el accidente de trabajo por faltar uno de los elementos que lo configuran” (sentencia de septiembre 20 de 1993, Radicación 5911). Es de importancia memorar que esta Sala de casación, en sentencia de septiembre 18 de 1995 (Radicación 7.633), sobre el punto precisó: “Acerca del alcance que deba darse dentro de la definición al término "trabajo", es claro que no sólo se refiere a la actitud misma de realizar la labor prometida, sino a todos los comportamientos inherentes al cumplimiento de la obligación laboral por parte del operario sin los cuales ésta no podría llevarse a cabo como la locomoción de un sitio a otro dentro del establecimiento, o también a actividades de capacitación o de otra índole impuestas en ejercicio de la potestad subordinante. Y en este orden de ideas tampoco ha de perderse de vista que el vínculo contractual laboral lo deben ejecutar las partes de buena fe y por ende no obliga sólo a lo que en el acuerdo formal se expresa, sino también, en lo que hace al trabajador, a todas las cosas que emanan precisamente de la prestación de los servicios, verbigracia el desarrollo de actividades extraordinarias exigibles en circunstancias excepcionales; las cuales, si bien no hacen parte usual del trabajo comprometido, si están ligadas con éste, de modo que son generadoras de riesgos profesionales” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de casación Laboral. Sentencia de 29 de Agosto de 2005 Radicación 23202).
Para la Corte Constitucional, los términos de causa u ocasión, tienen el siguiente
alcance: “a) cuando el accidente ocurre en estricto cumplimiento de las funciones
laborales (por causa); y b) cuando a pesar de no ocurrir en las condiciones del punto
anterior, el incidente se encuentra relacionado con el trabajo (con ocasión)” (sentencia
T-134 de 2013 M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).
Que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional,
una invalidez o la muerte: para que se configure el accidente de trabajo implica que
se dé una lesión orgánica o una perturbación funcional en la humanidad del trabajador,
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que le afecte un órgano o que dañe su función, que logre producir la incapacidad
permanente o transitoria, la invalidez o la muerte; al no existir lesión se presentaría no
un accidente sino un incidente.13
1.2.2 Enfermedad Profesional. Al igual que en el concepto de accidente de trabajo,
después de la dificultad por haberse declarado inexequible el artículo 11 del Decreto
1295 de 1994, el artículo 4º de la Ley 1562 de 2012, la define enfermedad laboral la
contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad
laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Para el
efecto, la ley autoriza al gobierno nacional para determinar en forma periódica, las
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como
enfermedad laboral.14
La enfermedad es un estado patológico o de afectación de la salud que se produce en
el ser humano por distintas causas, para lo que interesa, se tiene dos clases de
enfermedades, la profesional y la común, la primera es aquella que tiene relación de
casualidad con el trabajo desarrollado y se encuentran preestablecidas en las norma
legal, es decir, existe una presunción que fueron adquiridas en razón al trabajo; la
segundas, se presentan como hechos que no tiene relación con el ambiente laboral; es
13
Resolución 1401 de 2007 Ministerio de la Protección Social define el incidente como “suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.” Esta misma Resolución diferencia los accidentes normales de los graves, siendo estos: “aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.” 14
Para la Corte Constitucional, es“todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional; para lo cual en forma periódica y oído el concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales se determinarán las enfermedades que se consideran como profesionales. De otra parte, el hecho de que una patología no figure en la tabla de enfermedades profesionales, no es obstáculo para que si se demuestra la relación de causalidad con los factores de riesgos ocupacionales sea reconocida como enfermedad profesional.” (Sentencia T-1234 de 2001 M.P. Dr. Jaime Araujo Renteria)
23
de aclarar que en la actualidad el Decreto 2566 de 2009 establece la tabla de
enfermedades consideradas como laborales; no obstante las que no estuviesen
incluidas, deberá de probarse la relación de causalidad para que sean calificadas como
laborales.
A diferencia del accidente de trabajo la enfermedad profesional se presenta de manera
progresiva, en muchas ocasiones de manera lenta y evolutiva, que inicialmente
ocasiona en el trabajador síntomas que alteran el estado normal de salud que le
impiden desarrollar normalmente sus labores, generando una lesión orgánica o
funcional, que conlleva a incapacidades temporales o permanentes, que causan una
merma en la capacidad laboral, la invalidez o la muerte.
Presunción de enfermedad laboral: la enfermedad profesional de acuerdo a lo
normado en el artículo 4º de la Ley 1562 de 2012, se faculta al Gobierno Nacional para
establecer la tabla de enfermedades profesionales, en la actualidad a pesar de llevar
dos años de vigencia la norma, se tiene la tabla expedidas con base en la norma
anterior, esto es, Decreto 2566 de 2009, el cual contempla un listado de enfermedades,
en al que se presume que son de origen laboral.
Relación de Causalidad: el reglamento establece que en los casos en que una
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como
tal. Para determinar la relación de causalidad en patologías no incluidas en la tabla, es
laboral la enfermedad que tenga relación de causa-efecto entre el factor de riesgo y la
enfermedad (Decreto 2566 de 2009 Artículo 2º).15
15
Para determinar la relación causa-efecto, se deberá identificar: 1. La presencia de un factor de riesgo causal ocupacional en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador. 2. La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con ese factor de riesgo. No hay relación de causa-efecto entre factores de riesgo en el sitio de trabajo y enfermedad diagnosticada, cuando se determine: a. Que en el examen médico pre-ocupacional practicado por la empresa se detectó y registró el diagnóstico de la enfermedad en cuestión. b. La demostración mediante mediciones ambientales o evaluaciones de indicadores biológicos específicos, que la exposición fue insuficiente para causar la enfermedad. Las demás enfermedades son de origen común. (Decreto 2566 de 2009 Artículo 3º)
24
1.2.3 Capacidad Laboral. Representa el conjunto de las habilidades, destrezas,
aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que permiten a un
individuo desempeñarse en un trabajo habitual (Decreto 917 de 1999 artículo 2º),
considerado éste como aquel oficio, labor u ocupación que desempeña con su
capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una
remuneración equivalente a un salario o renta; en ese orden de ideas, la pérdida de la
capacidad laboral resulta ser la falta o afectación parcial o total sea permanente o
transitoria de la capacidad del individuo, ocasionada por las afectaciones en su salud y
que genera daño en su integridad que no le permite desarrollar su actividad laboral,
social y personal normalmente como lo hacía ante de dicha afectación.
Además del origen de las contingencias, le tramite de calificación de invalidez, califica
la pérdida de la capacidad laboral de la persona que sufrió el accidente o padece de la
enfermedad, que le han dejado consecuencias o secuelas temporales o permanentes
en su integridad física, o mental o sensorial.
1.2.4 Incapacidad permanente parcial. Según el artículo 2º del Decreto 917 de 1999,
se entiende con incapacidad permanente parcial a la persona que por cualquier causa,
de cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 5%
e inferior al 50%. En el Sistema de Riesgos Laborales, se tendrá derecho al
reconocimiento y pago de una indemnización por cuenta de la Administradora de
Riesgos Laborales, en proporción al daño padecido o a la pérdida de capacidad laboral
calificada, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación ni superior a
veinticuatro (24) veces el salario base de liquidación; en origen común no se tendrá
derecho a la indemnización alguna (artículo 7º Ley 776 de 2002).
1.2.5 Incapacidad temporal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley
776 de 2002, es aquella que según el cuadro de la enfermedad o lesión, impida al
trabajador desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado; cuando la
incapacidad es generada por una contingencia es necesario diferenciar si se trata de
25
riesgo común o si es laboral, para el efecto de verificar el tipo de prestaciones
económicas y asistenciales que se podrán recibir.
En origen común, la Ley 100 de 1993 estableció es su artículo 206 que: “para los
afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las
incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.".16 Los 3 primeros días de la incapacidad de origen
común debe pagarlos el empleador; y los comprendidos entre el día 4 y el día 180,
corren por cuenta de la Entidad Promotora de Salud, antes de llegar al día 150 la
E.P.S. debe valorar las condiciones de salud del trabajador afiliado con el fin de
establecer las posibilidades de su rehabilitación integral. De dicha valoración se logra
concluir que es favorable o no; en el primer evento, la Administradora de Fondos de
Pensiones, previa autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro
provisional de invalidez y sobrevivencia o la respectiva entidad de previsión social,
podrá postergar el trámite de calificación por parte de la Junta Regional de Calificación
de Invalidez correspondiente por 360 días más, adicionales a los primeros 180 de
incapacidad temporal otorgada por la EPS, caso en el cual el trabajador continuará
recibiendo el subsidio económico por incapacidad; en el segundo evento si de acuerdo
con dicha valoración se considera que la rehabilitación integral del trabajador
incapacitado no será posible, antes del día 150 la Administradora de Fondo de
Pensiones deberá remitir el caso a la Junta Calificadora de Invalidez correspondiente.
Si la Junta Regional Calificadora de Invalidez le asigna al trabajador una pérdida de su
capacidad laboral igual o superior al 50%, habrá lugar al reconocimiento de la pensión
de invalidez para el trabajador. Y si dicha calificación es inferior al 50%, el trabajador no
16
El artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, define la incapacidad como “un auxilio monetario por enfermedad no profesional, establece que en caso de incapacidad comprobada del trabajador para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, tendrá derecho a que le sea pagado por el patrono (hoy por la EPS a la cual se encuentre afiliado el trabajador, en razón al Sistema General de Seguridad Social en Salud) el valor de un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, del que durante el tiempo de noventa (90) días corresponda a las dos terceras (2/3) partes del salario y por el tiempo restante, es decir los noventa (90) días faltantes, corresponderá a la mitad del salario. En caso de que el trabajador no devengue salario fijo, esto es, en el caso de salario variable, para efectos del pago del auxilio por enfermedad general, se tendrá como base, el promedio de lo devengado en el año de servicios anterior a la fecha en la cual empezó la incapacidad, o en todo el tiempo de servicios si no alcanzare un (1) año según lo contemplado por el artículo 228 del Código Sustantivo del Trabajo.”
26
tendrá derecho a pensión ni a indemnización.17 En este caso el trabajador debe ser
ubicado en un cargo cuyas funciones sean acordes con la limitación que padece, o
trasladado a cargos que tengan, siempre y cuando la incapacidad no le impida cumplir
las funciones de éste ni conlleven riesgo para su integridad.
En el evento que la contingencia sea calificada como profesional, se tendrá derecho a
un subsidio equivalente al cien por ciento (100%) del ingreso base de cotización del
afiliado, calculado desde el día siguiente al que ocurrió el accidente o inicio de
enfermedad hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación o
declaratoria de incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.
1.2.6 Invalidez. Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa u
origen, sea calificado de acuerdo al Manual de Calificación de Invalidez con una
pérdida del 50% o más de su capacidad laboral (Decreto 917 de 1999 artículo 2º).
En lo que respecta a la pensión de invalidez debe tenerse de presente que esta
prestación corresponde a un derecho de creación legal que se deriva directamente de
la Constitución (artículos 25, 48 y 53), y con la cual se busca compensar la situación de
infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral de una persona, otorgándosele
a la persona inválida un conjunto de prestaciones económicas y de salud, consideradas
como esenciales e irrenunciables, derecho desarrollado por la Ley.
1.2.7 Muerte. Entendida como fin, extinción, término, cesación de la vida, es decir, el
estado que implica para el ser humano la pérdida de todas las funciones vitales
producido como consecuencia del daño en el organismo irreversible causado por un
17
En el evento que exista concepto desfavorable de rehabilitación, y el porcentaje calificado no alcance el 50% el pago de las incapacidades posteriores al día 181, corresponderá al Fondo de Pensiones el pago del auxilio de incapacidad, según lo tiene definido la jurisprudencia de la CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-920 de 2009 con ponencia del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza “Lo anterior, por cuanto el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al señalar que es posible postergar el trámite de calificación de invalidez, hasta por 360 días, y que en dicho lapso, el fondo de pensiones debe otorgarle al trabajador un subsidio equivalente al de la incapacidad que venía disfrutando por parte de la respectiva E.P.S., lleva a concluir que es al fondo de pensiones a quien le corresponde asumir el pago de las incapacidades a partir del día 181 hasta la fecha en que se produzca el dictamen de invalidez, por lo menos, por 360 días más”
27
accidente o por un proceso patológico (Arenas, 2008 pág, 121). La pérdida de la vida
para un trabajador cotizante o afiliado genera para los beneficiarios la pensión de
sobrevivientes, auxilio funerario para quien acredita haber sufragado los costos
fúnebres y devolución de saldos o indemnización sustitutiva en materia pensional y de
acuerdo a la calificación del riesgo.
1.3 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN INTEGRAL
En estudio sobre las generalidades médicas en la valoración del daño, OJEDA (2009)
establece que en la calificación se “incluyen una serie de actuaciones realizadas por los
facultativos, dirigidas a conocer exactamente las consecuencias que un suceso
traumático determinado, muchas veces accidental o una patología, ha tenido sobre la
integridad psico-fisica de una persona.” (Ojeda, 2009, pág, 28)
La calificación de pérdida de capacidad laboral es un procedimiento técnico,
establecido en el Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de 1999 -
Baremo) que debe tener en cuenta, sea el grupo interdisciplinario de la Entidad
Promotora de Salud, de la Administradora de Riesgos Laborales, de las
reaseguradoras de Administradoras de Fondos de Pensiones o las Juntas Regionales o
Nacional de Calificación, en el que se tendrán en cuenta los componentes funcionales
biológico, psíquico y social del ser humano, entendidos en términos de las
consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad; en palabras de MENDOZA,
la calificación significa el instrumento que de una forma técnica arroja el porcentaje de
pérdida de capacidad laboral de cualquier origen, determinando como criterios la
deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, con un porcentaje máximo en cada uno de
ellos, con la formula y las tablas respectivas (Mendoza, 2006, Pag. 168).
El proceso de calificación de Pérdida de Capacidad Laboral, valora tres componentes:
La deficiencia (50%), la discapacidad (20%) y la minusvalía (30%).
Las Juntas de Calificación emiten dictámenes, afirma CORTES en su obra sobre el
Régimen de los Riesgos Laborales, que frente a que la expedición de los dictámenes
28
periciales a su cargo en materia de pérdida de capacidad laboral, grado de invalidez y
origen gozan de autonomía: “por lo cual no podrán ser molestadas ni intervenidas en
forma alguna y será de su exclusivo resorte la adopción de las decisiones técnicas a su
cargo” (Cortes, 2012, Pág, 75).
1.3.1 Deficiencia. El reglamento la define como como toda pérdida o anormalidad de
una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser
temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una
anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura
del cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la función mental.
Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja
perturbaciones a nivel del órgano (Decreto 917 de 1999 artículo 7º).
En la valoración de deficiencia, no se considera las condiciones, calidades o cualidades
de la persona, simplemente es la exteriorización de un diagnóstico, el cual se califica
igual para todos, aspectos que si se miden en las minusvalías (situación de desventaja
que impide desempeñar su rol normal en función de su edad, cultura, factor social,
etc.). Es la discordancia entre el rendimiento o estatus del individuo y la expectativa del
mismo frente a un grupo que pertenece. La minusvalía es entonces la socialización de
la deficiencia o discapacidad en diversos aspectos, entre ellos el ocupacional.
1.3.2 Discapacidad. Representa toda restricción o ausencia de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un
ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o
insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria,
los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y
progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja
alteraciones al nivel de la persona (Decreto 917 de 1999 artículo 7º).
En palabras de ACOSTA y MAYORGA “la discapacidad es el resultado del
padecimiento de una deficiencia física o mental, por el cual se limitan las normales
29
facultades de una persona y que le ponen en desventaja frente a los demás; no
obstante, este término está aún en construcción, como quiera que evoluciona en la
medida de que avancen las legislaciones y sobre todo los avances científicos”. (Acosta
y Mayorga, 2013, Pág, 10)18
1.3.3 Minusvalía. Considerada como la situación desventajosa para un individuo
determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o
impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad,
sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia
entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que
pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto
refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y
ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran
su entorno (Decreto 917 de 1999 artículo 7º).
Los anteriores criterios sirven para realizar la calificación integral de la pérdida de
capacidad laboral y por ende del grado de la misma, por la incapacidad permanente
18
ACOSTA y MAYORGA (2003, pág, 8 y ss) citan varias definiciones de Discapacidad, a saber: La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define el concepto de discapacidad como “cualquier restricción o impedimento para la realización de una actividad, ocasionados por una deficiencia dentro del ámbito considero normal para el ser humano” (O.M.S. 1980 clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías); Ocurre cuando las personas enfrentan barreras culturales, físicas o sociales que les impide el acceso a los diversos sistemas de la sociedad que está a disposición de los ciudadanos, la discapacidad o minusvalidez es por tanto la pérdida o limitación de las oportunidades de participar en la vida de la comunidad en un píe de igualdad con los demás. (PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL DE LA NACIONES UNIDAS); Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio. (ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, Res. 48/96 de 1993); El término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. (Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad); La discapacidad, implica el padecimiento de una deficiencia física o mental que limite las normales facultades de un individuo, lo cual armoniza con las definiciones propuestas en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En éstas se habla, de manera idéntica, de ‘persona impedida’ y ‘persona con discapacidad’, respectivamente. (CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T-198 de 2006 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra)
30
parcial o la invalidez que se genera en el individuo y se establece en un cien por ciento
(100%) así:
CRITERIO PORCENTAJE (%)
Deficiencia 50
Discapacidad 20
Minusvalía 30
Total 100
Cuando no exista deficiencia o su valor sea cero (0) no podrá calificarse la
discapacidad ni la minusvalía. Por tanto, la pérdida de la capacidad laboral resultante
se reportará con un valor de cero (0).
En el baremo cada uno de los criterios se encuentra en un libro respectivo, en el
primero que trata sobre las deficiencias trae 14 capítulos que corresponden a la
evaluación del daño o ausencia parcial o total de los diferentes sistemas orgánicos.
Contiene una serie de criterios y tablas especiales de valores para calificar el daño
ocasionado con porcentajes, tablas un poco complejas en su utilización ye
interpretación; el segundo libro trata sobre las discapacidades, en éste se desglosan
siete categorías (de la Conducta; de la Comunicación; del cuidado personal; de la
locomoción; de la disposición del cuerpo; de la destreza y de la situación), que incluyen
el nivel complementario de gravedad. El tercer libro define siete categorías de
minusvalías (de la orientación; de la independencia física; del desplazamiento;
ocupacional; de integración social; de la autosuficiencia económica y en función de la
edad) cada una con un puntaje máximo calificable de acuerdo con el valor que cada
categoría tiene dentro del desempeño habitual de la persona.
La calificación se debe de efectuar una vez se conozca el diagnóstico definitivo de la
patología, se termine con el tratamiento y procesos de rehabilitación o aun cuando
existan se emita concepto desfavorable de rehabilitación, es decir, que el órgano
afectado no podrá recuperar su normalidad.
31
1.3.4 Fecha de Estructuración de la Pérdida de Capacidad Laboral. En la
calificación se debe determinar la fecha de estructuración de la perdida permanente
parcial o de la invalidez, puede corresponder o no con la fecha del accidente o cuando
se generó la enfermedad y debe estar documentada en la historia clínica, los
exámenes clínicos y la ayuda diagnostica, la que puede ser anterior o corresponder con
la fecha de la calificación. Esta fecha es de suma importancia, como quiera que de ésta
parte el conteo de los requisitos para acceder a derechos, sea pensión de
sobrevivencia o de invalidez,19 existen criterios legales y jurisprudenciales para
determinar esta fecha, pues de la misma debe corresponder a los antecedentes y
soportes clínicos que se tiene de la patología.20
1.3.5 Calificación de Preexistencias. La Corte Constitucional se pronunció frente al
tema de las preexistencias que se establecía en el parágrafo primero de la Ley 776 de
2002 y que también fue consagrado en el parágrafo segundo del Decreto 917 de 1999,
19
En sentencia T- 072 de 2013 con ponencia del Dr. Jorge Ignacio Pretelt, la CORTE CONSTITUCIONAL indicó que dentro del requisito de 50 semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuración que exige la ley para acceder a la pensión de invalidez, también deben tenerse en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a dicha fecha. En sentencia T-627 de 2013 estableció: “En garantía de los derechos constitucionales de los pacientes de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, -quienes se encuentran en una situación diferente de quienes pierden la capacidad laboral de manera inmediata-, al determinar la procedencia de reconocimiento de la pensión de invalidez deben contabilizarse las semanas cotizadas por el afiliado al sistema de seguridad social en pensiones con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez e incluso aquellas cotizadas luego de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, en cuanto el deterioro progresivo de la enfermedad eventualmente puede permitirles permanecer activos laboralmente y seguir cotizando.” 20
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 701 de 2008 M.P. Dra. Clara Inés Vargas ““Así pues, las juntas de calificación, previo a la expedición del dictamen, deben realizar una valoración completa del estado de salud de la persona cuya invalidez se dictamina por medio de un examen físico y teniendo en cuenta todos los fundamentos de hecho, es decir, la historia clínica (antecedentes y diagnóstico definitivo), reportes, valoraciones, exámenes médicos, evaluaciones técnicas y en general todo el material probatorio que se relacione con las deficiencias diagnosticadas. Sólo a partir de tales instrumentos, los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de la invalidez podrán definir legítimamente las condiciones expresas y claras sobre el “origen, fecha de estructuración y calificación porcentual de pérdida de la capacidad laboral”. Específicamente y de conformidad con lo expuesto, en relación a la fecha de estructuración de la invalidez, el artículo 3° del decreto 917 de 1999 concretó que ésta consiste en “la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva”. Además, siguiendo las pautas mínimas que rigen los fundamentos de hecho del dictamen, dicho artículo insistió en lo siguiente: “[p]ara cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnostica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación”. En el mismo sentido, esta Sala de Revisión en sentencia T-859 de 2004, advirtió que “para efectos de establecer la fecha de estructuración de la enfermedad, deben tenerse en cuenta pruebas como la historia clínica del afectado y demás exámenes practicados
32
como quiera que estas normas establecieron que la existencia de patologías anteriores
no es causa para aumentar el grado de incapacidad, así:
“Al prohibir la norma que se aumente el grado de incapacidad con base en patologías anteriores, está desconociendo la realidad física del trabajador a proteger, para darle prioridad al formalismo de asunción del riesgo creado. Esta prohibición viola el Art. 1 numeral 2 literal a) de la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad” aprobada en Colombia a través de la ley 762 de 2002. En otras palabras, y utilizando la hipótesis contraria a la manifestada por la norma, un trabajador puede estar materialmente inválido por la suma de sus grados de incapacidad, pero a raíz de la disposición enunciada en la ley 776 de 2002, no estará formalmente inválido, debido a la prohibición de aumentar la incapacidad por patologías anteriores; desconociendo la realidad material de su invalidez , lo que trae consigo la pérdida de su derecho de pensión por esta situación. En múltiples ocasiones esta Corporación ha hecho valer el Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, en las relaciones laborales. En el presente caso se hará operar igualmente éste principio. (…) Así las cosas, el parágrafo acusado , al prohibir que se aumente el grado de incapacidad con base en patologías anteriores, está desconociendo la realidad física del trabajador a proteger, que materialmente es inválido, pero carecería de la protección adecuada a su incapacidad , conforme los consagran los artículos 13, 47,48 y 53 de la Constitución Política. Por consiguiente, la Corte declarará la inexequibilidad del parágrafo 1° del artículo 1 de la ley 776 de 2002.” (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 425 de 2005 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería)
No obstante, la aplicación de la norma y de la interpretación de la Corte Constitucional
no es fácil determinar la pérdida de capacidad laboral con la presencia de
preexistencias, como quiera que al momento de calificar o determinar la pérdida de
capacidad laboral, se generan cuestionamientos como si el calificar los diagnósticos de
origen común y de origen profesional se debe hacer en todos los casos o cuando
solamente aparece un porcentaje que dé lugar a la condición de invalidez, o si también
se califica integralmente cuando solo existe pérdida parcial pero definitiva o
incapacidad permanente parcial; la verdad no será fácil para el calificador, toda vez,
que no existe un criterio legal que le guíe al momento de desentrañar dicha línea
jurisprudencial.
1.3.6 Calificación integral. La Corte Constitucional en sentencia C-425 de 2005
mediante la cual se declaró la inexequibilidad del parágrafo 1°, del artículo 1° de la Ley
33
776 de 2002, por la cual en el Sistema General de Riesgos Profesionales, la existencia
de enfermedades anteriores no era causa para aumentar el grado de incapacidad, ni
las prestaciones que correspondiesen al trabajador, indicó el tribunal que dicha
disposición resulta contraria a la dignidad de la persona humana y al principio de
igualdad, porque permitía que se desconociera la realidad de la persona que
materialmente tuviese la condición de inválida, pero a la que jurídicamente no se le
reconocía el acceso a las prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales, a
partir de una calificación puramente formal, que desconocía la verdadera situación de
discapacidad de la persona.
La Corte indicó que calificación de la pérdida de capacidad laboral de una persona, en
orden a establecer si se presenta una situación de invalidez, debe hacerse a partir de la
consideración de las condiciones materiales de la persona, apreciadas en su conjunto,
sin que quepa dar margen a hacer una discriminación en razón del origen profesional o
común de los factores de discapacidad, para el efecto, se debe determinar cuál es el
régimen aplicable en los eventos de concurrencia de factores de distinto origen en la
estructuración de dicha pérdida de capacidad laboral.
Posteriormente, en sentencia T-518 de 2011, indicó la Corte que si como consecuencia
de un accidente o una enfermedad laboral, una persona que tenía una pérdida de
capacidad laboral preexistente, de cualquier origen, llega a un porcentaje superior al
50% de pérdida de la capacidad laboral, debe asumirse que se trata de un evento de
origen laboral, y, por consiguiente, la fecha de estructuración debe fijarse a partir de los
componentes profesionales de la discapacidad, y el régimen de la invalidez es el propio
del Sistema General de Riesgos Laborales; cuando ocurre el fenómeno contrario, esto
es, cuando como consecuencia de un accidente o enfermedad laboral, una persona
sufre una pérdida permanente de capacidad laboral inferior al 50% y luego, por factores
de origen común ajenos a los factores profesionales ya calificados, ese porcentaje
asciende a más del 50%, la fecha de estructuración debe fijarse a partir de la que
genera en el individuo una pérdida de su capacidad laboral en forma permanente y
definitiva y, en este caso, el régimen aplicable será el común.
34
Indicó la Corte que cuando sea preciso calificar la pérdida de capacidad laboral de una
persona, las entidades calificadoras, deben proceder a hacer una valoración integral,
que comprenda tanto los factores de origen común como los de índole profesional; y si
eventos de una y otra naturaleza en la determinación de la pérdida de capacidad
laboral que conduzca a una pensión de invalidez, para establecer el origen y la fecha
de estructuración, se atenderá al factor que, cronológicamente, sea determinante de
que la persona llegue al porcentaje de invalidez; cuando se trate de factores que se
desarrollen simultáneamente, para determinar el origen y la fecha de estructuración se
atenderá al factor de mayor peso porcentual.
Para CASTRO Cuando se realiza una calificación integral como lo ha establecido la
Jurisprudencia para establecer la condición de invalidez, el calificador debe analizar
cada una de las patologías para establecer según el baremo que porcentaje
corresponde en el componente de deficiencia y luego de aclarar lo anterior proceder a
calificar la deficiencia total como si fueran secuelas concurrentes o residuales
aplicando la fórmula que establece la norma tomando los valores de mayor a menor;
una vez se establece la deficiencia se calcula lo referente a la discapacidad y
minusvalía por separado, una vez se haya hecho este ejercicio se califica cada ítem en
conjunto y luego se suma aritméticamente los tres criterios para sacar el valor de la
pérdida de capacidad laboral (Castro, 2013, pág, 94).
1.4 CALIFICACIÓN DE ORIGEN
Definida como la determinación de la situación que conlleva al accidente, a la
enfermedad o la muerte, y se clasifica en origen laboral cuando la situación que padece
el individuo es por causa de su trabajo y de origen común cuando ocurren por causas
que no tienen nada que ver con la labor que desempeña, se establece, que el origen
del accidente, la enfermedad o la muerte, causante o no de pérdida de la capacidad
laboral o de la muerte, será calificado por la Institución Prestadora de Servicios de
Salud que atendió a la persona por motivo de la contingencia en primera instancia y por
la entidad Administradora de Riesgos Laborales en segunda. Cuando se presenten
35
discrepancias por el origen, será la Junta Regional y luego la Junta Nacional a quien
les corresponderá emitir dictamen que establezca el origen de la contingencia.
Para el efecto las Instituciones Prestadoras de Salud, Entidades Promotoras de Salud,
y las Administradoras de Riesgos Laborales deberán tener una dependencia técnica o
grupo interdisciplinario que adelante el procedimiento de determinación del origen;
cada una de las citadas entidades, así como la junta integrada por las entidades
promotoras de salud y administradoras de riesgos laborales, contarán con un plazo
máximo de treinta (30) días calendario para cumplir el procedimiento descrito y
comunicar su decisión sobre el origen de la contingencia al empleador, al trabajador y a
los demás interesados; las controversias que surjan con ocasión de los conceptos o
dictámenes emitidos sobre el origen o fecha de estructuración, serán resueltas por las
juntas regionales de calificación de invalidez.
Cuando las instituciones prestadoras de servicios de salud no emitan el concepto sobre
determinación de origen y la persona sujeto de la calificación estima que se trata de un
evento de origen laboral, podrá dirigir su solicitud directamente a la entidad
Administradora de Riesgos Laborales o a la Entidad Promotora de Salud. Si dichas
entidades no inician el trámite correspondiente podrá acudir directamente a la Junta
Regional de Calificación de Invalidez, según el procedimiento previsto.
1.5 CALIFICACIÓN DE GRADO DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL
Una vez determinado el origen de la contingencia y culminada la etapa de
rehabilitación, se procederá en los casos que se amerite a calificar la el grado de
pérdida de capacidad laboral del afiliado, para el efecto se ha establecido el siguiente
procedimiento.
Según sea el origen, la Administradora de Fondos de Pensiones a través de la
reaseguradora y la Administradora de Riesgos laborales, procederán a calificar el grado
de pérdida de capacidad laboral, el cual de no estar de acuerdo el calificado podrá
36
manifestarlo dentro de los diez días siguientes a la notificación, indicando los
fundamentos en que sustenta su desacuerdo, caso en el cual se procederá por parte
de la administradora a remitir a la Junta Regional de Calificación para lo pertinente; y
de seguir en desacuerdo con el grado, será la Junta Regional en conocimiento de
recurso de apelación quien administrativamente dará fin al trámite.
No obstante, tanto en calificación de origen y de grado, podrá acudirse a la jurisdicción
ordinaria laboral a fin de que se califique el grado y origen de la contingencia; a través
de un proceso ordinario laboral de primera instancia; en este caso según lo establecido
en el parágrafo 2º del Artículo 4º del Decreto 1352 de 2013, cuando un dictamen de la
Junta Regional o Nacional, sea demandado ante la Justicia Laboral Ordinaria se
demandará a la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez como organismo
del Sistema de la Seguridad Social; dependiendo el tipo de prestación que se solicite,
será el Tribunal Superior o en su defecto la Corte Suprema en su sala de Casación
Laboral quien dirimirá el litigio sobre el asunto y grado de pérdida de capacidad laboral.
1.6 DICTAMEN
Las decisiones que adopten las Juntas de Calificación de Invalidez se denominan
Dictámenes y establecen la Perdida de la Capacidad Laboral, el origen de la
contingencia, y la fecha de estructuración de la misma están sometidos a los recursos
de Reposición y Apelación, ante la misma Junta Regional para el primero de ellos o en
la Nacional en el caso de la Apelación, para buscar se modifique o revoque la decisión,
para cumplir el principio de la doble instancia y de la controversia, que consagra el
debido proceso como derecho fundamental en nuestra Constitución y una vez en firme
son de obligatorio cumplimiento para las partes y actores del sistema y podrán ser
controvertidos o demandados ante la justicia laboral ordinaria con fundamento en lo
establecido en el artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad
Social.
Recurso de Reposición y Apelación. Contra el dictamen emitido por la Junta
Regional procede el recurso de reposición y apelación sea directo o en subsidio, el cual
37
podrá interponerse directamente dentro de los diez (10) días siguientes a su
notificación, sin que requiera de formalidades especiales, exponiendo los motivos de
inconformidad y acreditando las pruebas que se pretendan hacer valer. El recurso
deberá ser resuelto por la junta dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y
no tendrá costo alguno.
1.7 REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Las calificaciones de invalidez son revisables; la revisión de la calificación que
determinó una incapacidad permanente parcial de origen profesional, la practicará en
principio la administradora de riesgos laborales, indicando la forma y oportunidad de
recurrir ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
En efecto. El artículo 44 de la Ley 100 de 1993 dispone lo siguiente:
"Art. 44.-Revisión de las pensiones de invalidez. El estado de invalidez podrá revisarse: a) Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar. Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.
El pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de dicha solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez. Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide dicha revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión. Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin que el pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión prescribirá. Para readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados por el afiliado, y b) Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa." (Ley 100 de 1993)
A la revisión de la calificación se puede acudir cuando se presentan cambios en los
síntomas o manifestaciones que se le puedan detectar a un trabajador accidentado o
enfermo como consecuencia de nuevos exámenes practicados. Los cambios que se
puedan presentar pueden tener el efecto de modificar el estado clínico del enfermo y,
38
por tanto, el grado de pérdida de su capacidad laboral, pero la revisión de la calificación
no podrá ser usada para variar el origen del diagnóstico.
1.8 DIFICULTADES EN EL TRÁMITE DE CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL
Una de las mayores dificultades que presenta el trámite de calificación de pérdida de
capacidad laboral, es el desconocimiento que se tiene acerca del mismo por parte de
los usuarios del Sistema de Seguridad Social, sobre todo de los lapsos en que se
desenvuelve y los términos que se utilizan en el procedimiento; términos que de
variarse de manera unilateral por el médico tratante o la dependencia de medicina
laboral de una EPS, puede cambiar la vida de una persona, como por ejemplo el variar
el origen de una patología laboral a común sin sustento clínico o jurídico, simplemente
por descuido del profesional y que no sea percatado por el usuario.
Otra de las dificultades que presenta es el desconocimiento por parte de los
profesionales de la salud del mismo procedimiento y de las implicaciones que su
consulta tendrá en el mismo, como lo es el cambio de origen, el levantamiento o
negación de incapacidades laborales, la inobservancia de términos para emitir
conceptos de rehabilitación.
Al ser un procedimiento técnico que se basa en al utilización de un baremo, para refutar
los resultados se requiere de un amplio conocimiento en el asunto clínico,
procedimental y demás.
Es criticado además, por la poca relación de los calificados con los calificadores,
quienes sustentan sus ponencias con acervo documental que se reporta por parte de la
administradora de la seguridad social, y no con base en las revisiones físicas que se
hagan de los “pacientes”.
39
CAPITULO II
RESPONSABILIDAD DE LOS CALIFICADORES
Con las modificaciones al Sistema de Riesgos Laborales traídas con la Ley 1562 de
2012, con el Decreto Ley 019 de 2012 y la reglamentación que contiene el Decreto
1352 de 2013 acerca de la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación,
se traen nuevos conceptos al trámite de calificación, entre otros:
El otorgamiento de personería jurídica a las Juntas de Calificación, anteriormente no
se contaba con dicha facultad, pero podrían ser parte por ministerio de la ley, dentro
de un proceso judicial.
Al demandar el dictamen pericial de una Junta de Calificación se puede solicitar que
sea controvertido judicialmente con dictamen pericial de un auxiliar de la justicia,
universidad o entidad competente en el tema de calificación y pérdida de capacidad
laboral.
Los integrantes de las Juntas de Calificación, a pesar de ser entidades de derecho
privado, por cumplir con funciones públicas, manejar recursos del sistema de la
seguridad social, pueden responder civil, penal, disciplinaria y fiscalmente, tanto por
acción como por omisión.
La opción de que la Junta de Calificación sea perito en procesos judiciales, y no
negarse a rendir el dictamen bajo el pretexto que no se la han cancelado los
honorarios.
La posibilidad de que los integrantes (quienes emiten el dictamen) de las Juntas de
Calificación respondan solidariamente por perjuicios generados a los afiliados o
administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando se haya
demostrado en proceso judicial la existencia de perjuicios, al establecerse “Las
entidades de seguridad social y los integrantes de las Juntas Regionales y
40
Nacionales de Invalidez y los profesionales que califiquen, serán responsables
solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los
Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté
plenamente probado.” (Parágrafo 2º Ley 100 de 1993 modificado por el Artículo 16
de la Ley 1562 de 2012); “Por contar las Juntas Regionales y Nacional de
Calificación de Invalidez con personería jurídica y autonomía técnica y científica y
de conformidad con la normatividad vigente, sus integrantes responderán
solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los
Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté
plenamente probado, dentro del proceso promovido ante la justicia laboral
ordinaria.” (Inciso 2º Artículo 4º Decreto 1352 de 2013).
Respecto a la responsabilidad solidaria de las entidades e integrantes de las Juntas de
Calificación,21 no es clara la norma legal acerca del cómo van a responder
patrimonialmente los calificadores, como quiera, que para que exista una
responsabilidad deben vinculárseles como demandados al proceso ordinario laboral, lo
cual convertiría el proceso en costoso y demorado, en donde además de demandarse a
la entidad administradora o encargada de reconocer derechos asistenciales o
prestacionales, a la Junta de Calificación debe demandarse a sus miembros de
manera individual, entre otras dificultades de tipo procedimental.
Ahora bien, el no guardar por parte de los calificadores los lineamientos de una
calificación, mediante la cual puedan cambiar sin fundamento de hecho o de derecho
el origen de una contingencia o restar valor a los diagnósticos padecidos, sin duda
21
Según el reglamento son integrantes de las Juntas (artículo 5º Decreto 1352 de 2013) 1. Junta Nacional de Calificación de Invalidez Se conforma por cinco (5) integrantes, así: a) Tres (3) médicos: (…) b) Un (1) Psicólogo, (…) c) Un (1) Terapeuta Físico u Ocupacional, (…) 2. Juntas Regionales de Calificación de Invalidez Las Juntas Regionales se clasificarán en Tipo A y Tipo B, y su conformación será de tres (3) integrantes, así: a) Dos (2) médicos, (..) b) Un (1) Psicólogo o Terapeuta Físico u Ocupacional, (…)
41
alguna podrá afectar los intereses prestacionales o económicos del actor de la
seguridad social, quien conforme a lo ya mencionado en párrafos anteriores, podrá
acudir ante la justicia laboral para que se resarzan los perjuicios ocasionados, pero
para ello ha de tenerse en cuenta que el integrante de la Junta debe ser vencido en un
juicio de responsabilidad, el cual no es propio de la jurisdicción laboral.
No obstante, ante una clara y evidente falta de parte de los calificadores, la norma legal
y la reglamentaria prevé la posibilidad de que los perjuicios sean reparados, pero para
ello debe de tenerse en cuenta varios aspectos implícitos en el tema de
responsabilidad civil, como lo son:
Responsabilidad. La Real Academia Española (RAE), describe la responsabilidad
como la capacidad de reconocer las consecuencias de un hecho realizado con libertad,
y en materia jurídica se define que “la responsabilidad es la capacidad de toda persona
de conocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre, así como la
relación de causalidad que une al autor con el acto que realice”; en palabras de
MEDINA es la exigencia entre una conducta y un daño, lo que origina el deber de
reparar, de dejar en lo más parecido algo luego de haber actuado y producir como
resultado un daño; Jurídicamente, es la carga que el ordenamiento jurídico le impone a
una persona que con sus actos generó en otro un daño y tiene la obligación de
repararlo, para así compensar o reparar los perjuicios causados (Medina, 2012, pág, 2).
La acción o la omisión: Es el hecho que da lugar al nacimiento de la responsabilidad
puede consistir en una actividad de hacer, o en una de no hacer, en este caso, tendría
que resultar de una acción, por ejemplo cambio de origen sin fundamento clínico o
jurídico de los integrantes de la Junta; la dilación injustificada del procedimiento
administrativo de calificación, la violación al debido proceso que haya tenido incidencia
en el resultado, la violación a la no reformatio in pejus, la omisión de la calificación
integral, la variación o falta de claridad en el diagnóstico o en la fecha de
estructuración, entre otros.
42
El daño: Es definido como la lesión o el menoscabo que se hace a un interés
jurídicamente protegido, este elemento tiene una importancia fundamental, ya que sin
su existencia no se podría hablar de una lesión o perturbación y por lo tanto no habría
lugar a reparar y por ende no se podría hablar de responsabilidad (Tamayo, Ghersi y
Molina, 1993, pág, 27); el daño posee unas características fundamentales para su
configuración, esto es, debe ser real y susceptible de demostración; además debe ser
susceptible de cuantificarse en dinero, para establecer el monto a reparar; debe ser
consecuencia directa e inequívoca del hecho, acción u omisión (en este caso del
calificador); debe ser dirigido al patrimonio (bienes), a su disminución o menoscabo, a
menos que sea un daño extrapatrimonial, sin embargo este último terminará afectando
el primero; y por último el daño podrá ser actual o futuro.
En el tema de la calificación de invalidez, el daño se puede verse reflejado en la
pérdida u oportunidad de una prestación asistencial o económica en salud o pensional.
Nexo de causalidad: en palabras de MEDINA este quizá es el elemento que debe ser
el centro de la discusión en procesos de responsabilidad civil (trasladado a uno
laboral), ya que debe haber una conexión clara y demostrable que con la acción u
omisión se generó el daño, que debido a la negligencia, impericia o imprudencia se
causó una lesión, es decir debe existir una relación causa-efecto entre el hecho (la
calificación) y el daño (Medina, 2012, pág, 3).
Ahora bien, para que un juez laboral pueda endilgar responsabilidad patrimonial a un
miembro de una Junta de Calificación, además de probarse lo anterior, debe quedar
plenamente refutado el dictamen con el cual se generó el daño, para ello el reglamento
permite controvertirlo con un dictamen pericial de un auxiliar de la justicia, universidad o
entidad competente en el tema de calificación y pérdida de capacidad laboral, dentro
del cual quedé plenamente demostrado el hecho u omisión de los integrantes.
43
2.1 VINCULACIÓN EN UN PROCESO LABORAL
Teniendo en cuenta el supuesto jurídico establecido en la ley22 y en el reglamento, 23 se
hace necesario que para que un miembro de una junta de calificación responda
judicialmente por perjuicios, es necesario que sea vinculado como persona -por ser
responsabilidad personal- y no como entidad a un proceso laboral, esto es como sujeto
pasivo – demandado-, y formular en contra de éste pretensiones sean de tipo
económico o de otro tipo de resarcimiento; demandado que cuenta con todas las
garantías procesales como parte.
Pero además de lo anterior, debe demostrarse que el hecho u omisión del calificador,
fue determinante en el perjuicio que alega el calificado o beneficiario sufrió por la
calificación; esto es, se debe comparar el dictamen emitido por el demandado con el
dictamen rendido procesalmente en el juicio laboral; perjuicio que debe también
probarse a través de los medios probatorios que establece el procesal laboral y el civil,
al que se remite por analogía conforme lo establecido en el artículo 145 del Código de
Procedimiento Laboral y de la seguridad Social.
En este caso, el juicio laboral comprenderá una parte pasiva plural, a saber:
A la entidad administradora de la seguridad social, de la cual se predica el derecho
prestacional o asistencial que se reclama, sea auxilio, indemnización, pensión,
procedimiento, entrega de equipos y demás.
22
“Las entidades de seguridad social y los integrantes de las Juntas Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que califiquen, serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.” (parágrafo 2º ley 100 de 1993 modificado por el artículo 16 de la ley 1562 de 2012). 23
“Por contar las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez con personería jurídica y autonomía técnica y científica y de conformidad con la normatividad vigente, sus integrantes responderán solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado, dentro del proceso promovido ante la justicia laboral ordinaria.” (Inciso 2º artículo 4º Decreto 1352 de 2013).
44
Al demandarse el dictamen debe demandarse a la Junta Calificadora que lo emitió,
sea regional o nacional, quien comparecerá a través del director Administrativo y
Financiero, quien es el representante legal.
A cada uno de los miembros de la Junta, si es la Nacional serán cinco, si es
Regional, serán tres; y si se demandan dictámenes de ambos, serán ocho los
demandados.
Además, si los demandados tienen constituidas pólizas de responsabilidad
contractual o extracontractual, el número de vinculados podrá ascender de acuerdo
a las solicitudes o llamamientos que los demandados principales realicen.
Además, debe predicarse en contra de cada uno de los demandados, pretensiones
individuales o comunes solidarias debidamente determinadas o determinables.
Ahora bien, al interpretarse el “solidaridad” de que trata la norma, podrá pensarse que
basta únicamente con vincular al proceso laboral a la Junta que emitió el dictamen que
se impugna y que ésta al ser condenada está legitimada para repetir los judicialmente
condenado y pagado, en proceso diferente en contra de los integrantes de la respectiva
Junta; en esta posibilidad interpretativa, sólo se impetran pretensiones en contra de la
Junta y no es necesario vincular como demandados a sus integrantes.
En ese orden de ideas, la responsabilidad de los integrantes de las Juntas de
Calificación de Invalidez se limita a los perjuicios ocasionados a los actores del sistema
de seguridad social y que logren probar en un proceso laboral y que sean
consecuencia directa del dictamen de calificación refutado procesalmente en juicio
laboral; perjuicios que resultan ser patrimoniales, tales como daño emergente o lucro
cesante, morales por el dolor padecido o daños en la salud, por falta de una atención
médica ocasionada del cambio del origen; por su parte las entidades podrán solicitar la
devolución de dineros pagados por mesadas, indemnización o prestaciones
asistenciales otorgadas a usuarios o beneficiarios con base en un dictamen errado.
45
2.2 RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
Por otro lado, los miembros de las Juntas de Calificación están sometidos a control
disciplinario, como quiera que son particulares en ejercicio de funciones públicas,
encargados de rendir los dictámenes especializados encargados a los organismos del
Sistema de la Seguridad Social Integral, por lo que se encuentran sujetos al sistema
controles y responsabilidades diseñado por la normativa legal, entre estos a un régimen
de inhabilidades e incompatibilidades; pero sobre todo se encuentran sometidos al
régimen disciplinario, en este caso la Ley 734 de 2002 en su artículo 53, al referirse al
régimen disciplinario para los particulares, prescribe que el Código Único Disciplinario
se aplicará “a los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos
estatales; que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas; presten
servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la
Constitución Política, administren recursos de este, salvo las empresas de economía
mixta que se rijan por el régimen privado”; en ese orden de ideas, se les aplica el
régimen disciplinario propio de los servidores públicos, pese a ser particulares, al ser
una institución de creación legal, cuyas competencias se encuentran definidas en la ley
y en el reglamento, ante la ausencia oficinas de control interno, corresponderá al
ministerio público adelantar las investigaciones que en contra de los miembros de
Juntas se interpongan.
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3. CONCLUSIONES
Pese a que existe una regulación frente al trámite de la calificación de invalidez, el
mismo sigue resultando complejo como quiera que existe pluralidad de normas que
le regulan; resultando un trámite largo y a veces desconocido por los actores del
sistema, en donde se ven involucrados valores, principios y derechos
constitucionales, además de generar un impacto frente al Sistema de la Seguridad
Social Integral, como quiera que genera derechos y prerrogativas; en el que
intervienen varias entidades del sistema, como lo son las Entidades Promotoras de
Salud, quienes en primera instancia califican el origen de un diagnóstico, para luego
pasar a la Administradoras de Riesgos Laborales o en su defecto las
Administradoras de Fondos de Pensiones a quienes les corresponde la calificación
en segundo grado de origen según sea el caso, y en primera medida la calificación
de porcentaje pérdida de capacidad laboral, a las Juntas Regionales de Calificación
revisan a petición de parte las calificaciones de origen y pérdida de capacidad
laboral dadas por las entidades anteriores, y la Junta Nacional hace la segunda
instancia administrativa, por último, la vía judicial los jueces ordinarios laborales.
La responsabilidad de los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez se
limita a los perjuicios ocasionados a los actores del sistema de seguridad social y
que logren probar en un proceso laboral y que sean consecuencia directa del
dictamen de calificación refutado procesalmente en juicio laboral; no obstante, el
llevar a que se decrete en su contra una responsabilidad, no será nada fácil, como
quiera que debe existir prueba que de plena fe, de la existencia de la omisión o
hecho generador de la responsabilidad y del perjuicio reclamado.
Es tanta la importancia del trámite de calificación que a los miembros de las Juntas
de Calificación están sometidos a control disciplinario, como quiera que son
particulares en ejercicio de funciones públicas, encargados de rendir los dictámenes
especializados encargados a los organismos del Sistema de la Seguridad Social
Integral, por lo que se encuentran sujetos al sistema controles y responsabilidades
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diseñado por la normativa legal, entre estos a un régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, pero sobre todo se encuentran sometidos al régimen
disciplinario propio de los servidores públicos.
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BIBLIOGRAFÍA
ALEXY R. (2008). Teoría de los derechos fundamentales, Traducción y estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2ª edición. Madrid. ALEXY, (2005). Los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional Democrático. En Neoconstitucionalismo (s), Editorial Trotta, Madrid. ARENAS G. (2011), El Derecho Colombiano a la Seguridad Social. Legis Tercera Edición actualizada. Bogotá. AYALA C (2005). Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. Ediciones Salud Laboral. Tercera Edición. Bogotá BUENDÍA S. (2011), Propuesta para actualizar y modificar el Manual Único de Calificación de Invalidez. Trabajo de Grado. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. CAÑÓN L. (2007), Una visión Integral de la Seguridad Social. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. CASTRO J. (2013). La calificación integral y la pensión de invalidez con doble origen en el ordenamiento legal colombiano: aportes para su precisión e interpretación jurisprudencial. Universidad Nacional de Colombia. CORTES J. (2012), Régimen de los riesgos laborales en Colombia, Editorial LEGIS primera edición. Bogotá, 2012. CRIADO DEL RIO M. (2010), Valoración Médico Legal del Daño a la Persona, Tomo I, Editorial Colex, Madrid. DUEÑAS O. (2010). Las Pensiones. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 4ª Edición. Bogotá. 2010. FORONDA, D. (2012) Criterios de calificación de la invalidez en Colombia aplicación en los dictámenes: monografía de Grado. Universidad CES. LÓPEZ, D. (2006). El Derecho de los Jueces, LEGIS, Bogotá. MENDOZA, Y. (2006) Importancia Jurídica de Valorar el daño a la persona. Revista Mensual de Filosofía Practica, Universidad de Los Andes, Merida Venezuela. OJEDA J. (2009). Concepto de valoración del daño corporal. Generalidades Médicas. Bogotá. 2009 MONTOYA L. y ESCOBAR M. (2012). Revista CES DERECHO ISSN 2145-7719 Volumen 3 Numero 1 Enero-Junio. Presente y Futuro de la Calificación de la Invalidez en Colombia. MEDINA K (2012) Algunos Aspectos de la Responsabilidad Médica y su Regulación Jurídica en Colombia. Trabajo de Grado. Universidad de la Sabana. Chía Cundinamarca.
49
OSORIO M. (2002).g Breve aproximación a algunos aspectos de la responsabilidad penal médica. Trabajo de grado (Abogado). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2002. PRIETO L (1999). Positivismo y Constitucionalismo, Distribuciones Fontamara, México. SALAZAR, G. (2011). Revista CES Salud Pública. ISSN 2145-9932. Volumen 2 Número Enero-Junio. Aspectos normativos en la legislación Colombiana para la determinación como enfermedad profesional del estrés laboral. SUAREZ A. y DÍAZ J. (2012) Análisis de la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral. Revista Colombiana de Medicina física y Rehabilitación. Bogotá.
TAMAYO J, GHERSI C, MOLINA A. y SUAREZ H. (1993). Responsabilidad civil médica en los servicios de Salud, Colombia. TAMAYO , J. (1999) De la Responsabilidad Civil, Tomo I Editorial Temis Colombia. TORRES M., SANABRIA L. y RODRÍGUEZ R. (2012). Trabajo de Grado. Universidad de la Sabana. Bucaramanga. TRUJILLO M. (2009). Seguridad Ocupacional. Ecoe ediciones quinta edición. Bogotá. SALAZAR Holman (2009). La prueba pericial en el proceso ordinario de responsabilidad civil médica. Trabajo de grado (Abogado). Universidad de Medellín. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 100 de 1993 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 772 de 2002 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 797 de 2003 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 1562 de 2012 REPUBLICA DE COLOMBIA, GOBIERNO NACIONAL, Decreto Ley 019 de 2013 REPUBLICA DE COLOMBIA, GOBIERNO NACIONAL, Decreto 917 de 1999 REPUBLICA DE COLOMBIA, GOBIERNO NACIONAL, Decreto 1352 de 2013
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