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XVII Informe de Violaciones a

los Derechos Humanos Laborales

(2013)

Resistencia Obrera Frente a las Reformas


los Derechos Humanos Laborales (2013)

Fomento Cultural y Educativo A.C. Miguel Laurent 340, Col. Del Valle.

Del. Benito Juárez, 03100. México, D.F.


los Derechos Humanos Laborales

(2013)Resistencia Obrera

Frente a las Reformas

Contenido07Presentación

Nuestroenfoque08 REFORMA LABORAL

La contrarreforma laboral: despojo de derechos humanos laborales

15 REFORMA ENERGÉTICAEl SME y la electricidad en la hora cero

19 REFORMA FISCALEl ajuste tributario de 2013

25 REFORMA EDUCATIVALa reforma educativa en tiempos del autoritarismo

31 REFLEXIÓN SOBRE LAS REFORMASDespojo y tutela en el México que nos queda

XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013)Resistencia Obrera Frente a las Reformas

Fomento Cultural y Educativo A.C. Miguel Laurent 340, Col. Del Valle.Del. Benito Juárez, 03100. México, D.F.

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Foco Rojo34 ZONA CARBONÍFERA

Rescatar a los vivos para honrar a los muertos

A quemarropa47 INDUSTRIA ELECTRÓNICA

La industria electrónica de México

53 MAGISTERIOLa reforma educativa, un reflejo en los educandos indígenas

56 PERIODISMO EN JALISCOSituación laboral de los periodistas en Jalisco

61 HUELGA DE LA MEZCLILLALa huelga de Parras que no se quiebra

64 SINDICATO DE HONDA EN JALISCOUn hito en el sindicalismo independiente

En positivo68 CETIEN

Coalición de Extrabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional

73 EXPERIENCIAS BINACIONALESSindicatos independientes en México y Brasil

77Conclusiones

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Agradecemos la colaboración de las siguientes personas y asociacio-nes para la realización del presente informe: José Antonio Almazán

González, Cristina Auerbach Benavides, Jorge Barajas, Lizbeth Liliana Cab Hu, Coalición de Extrabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la In-

dustria Electrónica Nacional, Colectivo de Periodistas de Jalisco, David Foust Rodríguez, Manuel Fuentes Muñiz, Raquel Gutiérrez Aguilar,

Carlos G. Rodríguez Rivera, Organización Familia Pastas de Conchos, Pedro Antonio Reyes Linares, Sindicato de Trabajadores Unidos de

Honda, José Luis Solorio, Mónica Unda Gutiérrez y Alejandro Velazco.

Edición: Claudia Macedo RamírezDiseño: Saúl M.

Ilustración: Leticia Barradas

Se autoriza la reproducción total o parcial del presente informe, citando la fuente.

Impreso en México. Mayo de 2014.

07

Dos mil doce marcó el inicio de estas reformas regresivas y, en muchos casos, anticonstitu-cionales. Estamos en 2014 y el gobierno autoritario de Peña Nieto sigue buscando qué “re-

formar” o, mejor dicho, cómo despojar y entregar al país a empresas de capital pri-vado y a los amigos cercanos.

Esta situación que vive el país nos lle-vó a decidir que este informe número XVII versara sobre las reformas que han traído a México un retroceso en materia de de-rechos humanos. Pero, más allá de las reformas, lo que queremos es animar: no todo está perdido. Queremos enunciar y dar algunas pistas de por dónde seguir ca-minando en esta búsqueda de justicia y de restitución de los derechos humanos que intentan borrar de la mente de las nuevas generaciones y de las leyes.

En la sección Nuestro enfoque hemos plasmado algunas de las reformas (laboral, energética, fiscal y educativa) para tener mayor claridad de estas y los impactos rea-les en la vida de todos y todas. Aquí mismo hacemos un cierre parcial con un análisis donde se reflejan algunas pistas para conti-nuar en esta lucha.

En Foco rojo presentamos la situación de la zona carbonífera en el estado de Coahui-la, como muchos la llaman, la región del oro negro; zona marcada por las irregulari-dades en las que se encuentran los pocitos y las minas de arrastre; y, más aún, zona-testigo de todos los muertos, las viudas y los huérfanos; zona en donde las autoridades se hacen cómplices de las violaciones a los derechos humanos laborales que viven los mineros del carbón y, con mucho cinismo, la han llamado de “turismo carbonífero”, como si presentar la cifra de muertos y las irregularidades con las que trabajan los em-presarios –entre ellos Grupo México– fuera para exhibir; como si fuera digno decir que

mantienen 65 muertos dentro de la mina Pasta de Conchos y los muertos desde esa fecha ya no son noticia.

Esta es una llamada de atención para el gobierno de Moreira y de Peña Nieto, pues en la zona carbonífera se presentan vejacio-nes tales que la aproximan a algunas regio-nes del Congo, catalogadas como “zonas en conflicto” por los organismos internacionales y por los Estados Unidos de Norteamérica.

Gran parte del carbón que se extrae en esta zona lo está utilizando la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así que des-de las páginas de este informe hacemos el llamado a la CFE para que exija mejores condiciones laborales, y a todos los y las mexicanas a que exijamos luz sin sangre de trabajadores.

En A quemarropa presentamos cinco ca-sos que ejemplifican la constante violación a los derechos humanos laborales que en-frentan los comunicadores, maestros, obre-ros que laboran en las diferentes empresas en este país; todos identificados por las mismas violaciones (sin derecho a vacacio-nes, sin días festivos, jornadas excesivas de trabajo, sin derecho a la seguridad social, sin Infonavit, y sin poder prever una pen-sión para el futuro); violaciones que se han visto acentuadas con las nuevas reformas.

Por último, presentamos la sección En positivo, en donde presentamos dos alter-nativas para seguir defendiendo el derecho a la libertad de asociación y el fortaleci-miento de las organizaciones de trabaja-dores, y las vinculaciones tan necesarias e importantes entre los y las trabajadoras en este momento de la historia.

Agradecemos su atención y los y las in-vitamos a seguir reflexionando en torno a las estrategias que, como organizaciones y trabajadores organizados, debemos de te-ner frente a este gobierno autoritario.

Les dejamos para que sean ustedes los y las testigos de este material.

PresentaciónNo todo esta perdido

Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL.

NUESTRO ENFOQUE/REFORMA LABORAL

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La contraRreforma laboral: despojo

de derechos humanos

laborales“Los empleos tienen derechos, los trabajadores no”

Por David Foust Rodríguez1

NUESTRO ENFOQUE/REFORMA LABORALXVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013)

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“De lo que se trata, con la reforma laboral, es de proteger los empleos, no tanto a los trabajadores”, afirmó sin rubor un representante de la Confederación Patronal de la Repú-blica Mexicana (Coparmex) durante un debate sobre la re-

forma laboral en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), previo a que se consumara este despojo de derechos al final del gobierno de Felipe Calderón y en acuerdo con el entrante, de Enrique Peña Nieto.2

Esta frase reveló más de lo que hubiera querido este represen-tante de los patrones: los empleos (sic) tienen derechos, los traba-jadores no. Nos ofreció una excelente síntesis de la pretensión que algunos patrones tienen con esta reforma: despojar a las trabajado-ras y trabajadores –a las personas– de sus derechos para transferir-los al capital y a sus dueños.

Desde una perspectiva que suele predominar en el empresaria-do –si bien no es la única–, los trabajadores en México tienen de-masiada (“injusta”) ventaja. Algunos investigadores, investigadoras y centros de investigación –próximos a esta perspectiva– califican a los derechos laborales de “rigideces”, “distorsiones” o “deficien-cias” en el mercado laboral (ver textos citados en Román y Foust, en prensa). Y así se rinde culto a una de las creencias fundamen-tales (¿fundamentalistas?) de nuestros tiempos neoliberales: si se eliminan las “distorsiones”, los mercados encontrarán por sí mismos los equilibrios; la oferta y la demanda se darán un cálido abrazo. Se ignoran, o se quieren ignorar, algunos datos elemen-tales de la economía mexicana y del sistema de relaciones in-dustriales de nuestro país (ibíd.):• Empezando por derechos

que son llave para otros derechos: la libertad de aso-ciación (de formar sindicatos activos, con representantes electos democráticamente) y el derecho a la negociación colectiva son prácticamente

inexistentes; son excepción a la regla. En el 2012, sólo 13.6% de los asalariados estaban sindicalizados, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).3 En ese año, teníamos un nivel de “densidad sindical”

1 El autor es integrante del CEREAL.2 La más reciente versión de la Ley Federal del Trabajo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 20123 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN. Compárense las tasas de densidad sindical de otros países de la OCDE: Suecia, 67.5% (bajó de 80% a principios de la década 2000), Noruega,

54.7%, Reino Unido, 25.8, o aun Chile: 15.3%.

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similar al de nuestro principal socio comer-cial, Estados Unidos: 11.1%, y por debajo del promedio de la OCDE: 17%.

• Muchos de estos sindicatos son en realidad fachadas de negocios de pseudolíderes sin representación real que firman con las em-presas contratos de protección, “el principal vicio del sistema de relaciones industriales laborales mexicano” (Bensusán, 2006:330, cit. en Fujii, 2009: 130).

• ¿Inflexibilidad?: hasta hace unos años, las tasas de creación y destrucción de empleos eran relativamente similares a las de Estados Unidos (ver Kaplan, Martínez y Robertson, 2005). Aunque el marco jurídico pudiera pa-recer rígido, lo que existe desde hace décadas es una flexibilidad de hecho (Fujii, 2009: 131):

Los salarios, en situaciones de crisis eco-nómica, han mostrado una gran flexibilidad hacia la baja, pero no hacia el alza; una gran proporción de los contratos no están estipu-lados por escrito; se difunde la contratación de trabajadores eventuales; porcentajes sig-nificativos de los asalariados no cuentan con acceso a la seguridad social en materia de asistencia sanitaria [salud] y a diversas presta-ciones sociales; existe una elevada y creciente proporción de trabajadores que no está apor-tando al sistema de pensiones; y una parte significativa de los asalariados labora jornadas extremadamente cortas o más de las 48 horas semanales estipuladas por la ley.

• Aunque la tasa de desempleo en el país es re-lativamente baja en comparación con Europa o Estados Unidos (alrededor del 5% de la población económicamente activa), lo que se llama las “tasas complementarias” muestran lo que todas y todos conocemos y sentimos por la experiencia cotidia-na: que muchas personas tienen que trabajar en condiciones de subocupación o sobreocupación, sin seguridad social, con salarios insuficientes, etc. Esto se refleja en las tasas que miden la precariedad (¡lo jodido, pues!) del empleo: la tasa de “condi-ciones críticas de ocupación”4 se sitúa alrededor del 12% (de la población ocupada) y la de “informalidad laboral”5 alrede-dor del 58-59%.

En resumen, si bien el análisis de los mercados laborales es harto más complejo, estos datos nos ofrecen suficientes elementos para afirmar que ni siquiera desde una perspectiva de capitalismo neto era necesaria esta reforma, pues los mercados laborales ya eran bastante flexibles… a la baja; no estaban tan… “distorsionados”, al menos no por los derechos laborales. Los argumentos oficiales (aumentar la productividad y el empleo formal, facilitar y agilizar el ajuste entre oferta y demanda de trabajo, etc.) ocultan la verdadera intención: despojar a las y los trabajadores de sus derechos.

4 “Éste es un indicador de condiciones inadecuadas de empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos y resulta particularmente sensible en las áreas rurales del país. Incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos. El indicador se calcula como porcentaje de la población ocupa-da. La tasa se redujo de 12.80% a 11.46% entre febrero de 2013 y el mismo mes de 2014” (INEGI, 2014, Marzo 24).

5 “Se refiere a la suma, sin duplicar, de los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reco-nocido por su fuente de trabajo. En esta tasa se incluye -además del componente que labora en micro-negocios no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas. Esta tasa se situó en 57.59% de la población ocupada en el segundo mes de este año, en tanto que en igual mes de un año antes se estableció en 59.55 por ciento.” (INEGI, 2014, Marzo 24).


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XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013)

Recuento de dere-chos despojadosHagamos un breve recuento de los principales derechos despo-jados (basado en Fuentes, 2014, y Román, 20146):• Crea figuras de contratos

temporales: a prueba, de ca-pacitación inicial, de labores discontinuas, por horas (arts. 39 A, B, F y 83).

• No prohíbe las renuncias en blanco, renuncias anticipa-das o “voluntarias”.

• Quita la sanción a los patrones en caso de falta de aviso de despido (art. 47). Esto se está convirtiendo, en la práctica, en el desuso del aviso de despido.7

• Legaliza la subcontratación, rompiendo con el principio de responsabilidad patronal solidaria entre las empresas que se benefician del trabajo y empresas con-tratistas (art. 15 A). IndustriALL-Global Union –organización inter-nacional que representa a 50 millones de trabajadores y trabaja-doras– ha llamado a la subcontratación “la trampa triangular”.8

La característica que define a todas estas formas de em-pleo es que crean una relación triangular entre la empresa beneficiaria [“contratante”], la agencia [“contratista”] y el/la trabajador/a. Esto aísla a las/los trabajadores de la em-presa que efectivamente controla su trabajo, su pago y las condiciones de trabajo, de manera que el/la trabajador/a no tiene palabra en la definición de estas cuestiones y está desprovisto de mecanismos para negociar mejoras.9

• Limita el pago de salarios caídos a un año más el pago de in-terés del dos por ciento mensual sobre el importe de 15 meses de salario (art. 48).

• Establece medidas que predisponen a la prolongación de los juicios (artículos 878, fracc. VIII y 880). Sumada al punto ante-rior, esta medida carga el peso de la duración del juicio sobre las espaldas del trabajador.

• Permite el despido por la queja de clientes o proveedores del patrón en contra de los trabajadores (art. 47, fracc. II).

• Legaliza el trabajo multihabilidades sin el pago complementa-rio que implica realizar otras funciones (art. 56 Bis).

• Reduce significativamente la bilateralidad en las relaciones de trabajo.

• Desaparece de la Ley Federal del Trabajo la Tabla de Enferme-dades y Riesgos de Trabajo, otorgando facultades a la Secreta-ría del Trabajo, con la opinión del sector obrero y empresarial, su expedición y modificación en reglamentación aparte (arts. 514 y 515).

• Evade penalizar conductas patronales negligentes que afecten la salud y vida de los trabajadores en el trabajo y en su lugar impone multas económicas (art. 992).

6 Omito las comillas para no cansar la lectura; la cita que hago de uno u otro autor es prácticamente literal. 7 Manuel Fuentes, comunicación personal (17 de abril de 2014). 8 http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/Triangular_Trap/agency_work_final.pdf9 http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/Triangular_Trap/agency_work_final.pdf

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• Se mantienen los mecanismos legales que dificultan la elec-ción democrática de representantes sindicales y sostienen el corporativismo sindical, lo que constituye, de hecho, una seria limitación a la libertad de asociación, al derecho a la negocia-ción colectiva y al derecho a huelga. El conjunto de estas medidas representa un grave retroceso para

los derechos humanos laborales de las y los trabajadores10 y un in-centivo a la precarización de los empleos, favoreciendo la creación de empleos temporales e inestables o la transformación de empleos estables en temporales. Ya en Argentina se había aprobado hace una década una reforma similar y generó, precisamente, esos efec-tos (véanse Hopenhayn, 2004; Lo Vuolo, 2007; Marshall, 2004).

Esta contrarreforma también acentúa el de por sí desequilibrado régimen de relaciones laborales en México, otorgándole más poder a los patrones.

¿Cuáles son los efectos de la reforma?Es muy pronto para evaluar los efectos de la reforma o para esta-blecer vínculos claros entre lo que se sucede en el empleo y las medidas implementadas por la reforma. Sin embargo, ya empiezan a asomarse algunas señales que van en el sentido advertido en la sección anterior, es decir: mayor volatilidad del empleo (entrada y salida del empleo) y aumento del empleo eventual o temporal (Ro-mán, 2013: 64 y sig.). Para monitorear estos efectos, el economista Ignacio Román hizo un ejercicio de comparación de los datos del primer trimestre de 2013 con el primer trimestre del año 2012. Los principales resultados de este ejercicio fueron los siguientes: • El comportamiento de los indicadores de ocupación y subocu-

pación es “errático”: de un trimestre a otro puede variar mucho la población económicamente activa. “La volatilidad en el em-pleo responde a la volatilidad económica, a una incertidumbre que facilita la existencia de empleos temporales, informales o no, que impiden la generación de una expectativa laboral de largo plazo para la mayor parte de la población” (ibíd.: 63).

• El empleo formal crece, pero se precariza: crece el empleo eventual:• Román comparó las cifras del IMSS del primer trimestre

de 2013 con las de igual trimestre de 2012; crecía más el empleo eventual que el permanente (4.46% vs. 4.07%). Si extendemos la comparación y la hacemos entre el primer trimestre de 2012 y el de 2014 (con datos de IMSS, 2014), la diferencia se acentúa: el empleo permanente creció 7% y el eventual 9%.

• Paradójicamente, los datos adelantados para el primer tri-mestre de 2014 indican una reducción de la informalidad y, probablemente, de los contratos temporales. (INEGI, 2014, Marzo 24).11

• El empleo informal sirve como una especie de “espejo” del formal (ibíd.: 67). Si esta tendencia se consolida, esto también constituiría una amenaza a la vigencia real de los derechos laborales, pues se podría estar fortaleciendo –aun más– la correlación entre el empleo formal y el informal, lo que podría

precarizar el empleo y subrayar condiciones de desigualdad entre los trabajadores… Uno podría preguntarse si estos cam-bios no generan o subrayan las “distorsiones” en los mercados laborales que, en teoría, pretenden combatir. Si el marco legal de los derechos humanos laborales en Mé-

xico representa un horizonte oscuro para las y los trabajadores, y si la economía se comporta de manera errática y volátil, cabe preguntarse por el margen de acción para luchar por los derechos humanos laborales.

Márgenes de acción para luchar por los dere-chos humanos laborales: psicología, prácti-cas y “poder interdependiente”Al comparar las políticas y regulaciones de los mercados laborales de Argentina, México y Brasil, Marshall (2004) encontró que estos marcos regulatorios no influyeron de manera decisiva en la genera-ción de empleos, pero sí a configurar prácticas en los empleadores. De la Garza arriba a una conclusión similar:

Los objetivos de una reforma como la señalada parecieran dirigirse más hacia la psicología de los inversionistas, espe-cialmente de los extranjeros, en tanto darles confianza de contar con un bloque (empresarios, sindicatos mayoritarios y gobierno) poderoso pro empresa que garantizará sus in-versiones en el futuro” (s/f, Conclusiones).

En otras palabras, la reforma apunta no sólo a instalar cambios legales, sino a enviar señales de “confianza” a los inversionistas; a darle el aval a un conjunto de prácticas que se venían dando de he-cho. Si vemos la reforma sólo desde un enfoque jurídico, podemos perder la perspectiva de otras posibilidades de lucha por los dere-chos laborales,12 pues estos cambios psicológicos y de prácticas tienen otra cara y abren otros frentes de lucha por la reivindicación y recuperación de los derechos.

La socióloga estaodunidense Frances Fox Piven, veterana en los movimientos sociales en aquel país, se preguntó si el poder de los de abajo puede cambiar el mundo. En su discurso como presidenta de la Asociación Americana de Sociología se muestra optimista –más que en su multicitado texto de finales de los setentas (Piven

10 Hay, es cierto, algunas medidas que favorecen a los/las trabajadores, como un permiso de paternidad de cinco días (artículo 132).11 Y los contratos temporales (por escrito) disminuyeron entre el último trimestre de 2013 y el último de 2012. Consulta interactiva de datos de la ENOE, 21 de abril de 2014.12 Manuel Fuentes Muñiz (marzo de 2014), comunicación personal.


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y Cloward, 1979)– y completa algunas de las pistas que había ofrecido en aquel entonces.

Fox Piven se pregunta si to-dos tienen algo de poder, como suponen los pluralistas (2008: 4) o si el poder sólo está concentra-do en la cúspide, como suponen otros. Si los de abajo no tienen poder, ¿cómo le han hecho para cambiar las cosas en algunas ocasiones particulares? (ibíd.). “Propongo que hay otra clase de poder (…) arraigado en las relaciones sociales y cooperati-vas en las que las personas están inmersas. (…) Este tipo de poder no está concentrado en la punta, está potencialmente distribuido” (ibíd.: 5).

La especialista habla nuevamente del retiro de las contribucio-nes como herramienta disruptiva para ejercer el poder interdepen-diente y parece poner el acento en los votos y la fuerza de trabajo (Ibíd.: 5 y 6). Nos invita a pensar en el potencial que tiene la glo-balización para dispersar y hacer más extenso y accesible el poder interdependiente, especialmente para los de abajo. También hay oportunidades para formar alianzas y tener impactos que rebasan el ámbito local e impactan glocalmente a los diversos actores (ibíd.: 8). En su texto Espacios de esperanza, David Harvey (2003) propo-ne reflexiones similares a partir de casos concretos.

Piven advierte de los guiones que tenemos de protestas y movi-mientos pasados y que siguen marcando la pauta de lo que hace-mos y nos limitan para advertir y generar otros horizontes de lucha por los derechos.

Aunque no podemos echar las campanas al vuelo, lo que ha sucedido con el coltán pue-de ofrecernos elementos para la reflexión, el aprendizaje, la estrategia. Este mineral es muy importante para la industria electrónica. Una de las princi-pales regiones para obtenerlo de la forma económicamente más rentable es el Congo. Su obtención ha estado manchada de sangre, guerras, esclavitud y trabajo infantil. Activistas locales e internacionales desplegaron campañas de concientización que alcanzaron a consumidores y accionistas, y lograron presio-

nar a las empresas de la industria electrónica y a las instancias le-gislativas en Estados Unidos y Europa. El Congreso estadounidense aprobó un marco jurídico que obliga a las empresas a proveerse de coltán “conflict-free” y a transparentar su cadena de provisión. A su vez, la industria electrónica –la Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)– ha visto la necesidad de responder a consumi-dores y accionistas, activando grupos especiales de trabajo y des-plegando acciones para procurar una provisión de coltán libre de sangre y guerra. Esto no significa, por supuesto, que los minerales que se usan en la industria electrónica están, todos (incluyendo al coltán), libres de mancha de violaciones a los derechos laborales, pero el proceso en que se generaron estas disposiciones y estas configuraciones de actores sí puede ofrecernos pistas para la ac-ción orientada a revertir el despojo de la contrarreforma laboral y a buscar la vigencia de los derechos humanos laborales.

AUNQUE LA TASA DE DESEMPLEO EN EL PAÍS ES RELATIVAMENTE BAJA EN COMPARACIÓN CON EUROPA O

ESTADOS UNIDOS (ALREDEDOR DEL 5% DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA), LO QUE SE LLAMA LAS “TASAS

COMPLEMENTARIAS” MUESTRAN LO QUE TODAS Y TODOS CONOCEMOS Y SENTIMOS

POR LA EXPERIENCIA COTIDIANA: QUE MUCHAS PERSONAS TIENEN QUE TRABAJAR

EN CONDICIONES DE SUBOCUPACIÓN O SOBREOCUPACIÓN, SIN SEGURIDAD SOCIAL,

CON SALARIOS INSUFICIENTES, ETC.

Bibliografía:

Fuentes Muñiz, Manuel (2014), Los principales aspectos de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, escrito no publicado, Ciudad de México.

Fujii, Gerardo (2009). Las relaciones laborales en México: rigidez legal y flexibilidad de hecho. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Economía y Sociología, 81, 115-132.

Garza Toledo, Enrique de la (s/f). Reflexiones acerca de la reforma laboral, disponible en: http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/articulos/reflexiones.pdf

Harvey, David (2003), Espacios de esperanza, Madrid: Akal.

Hopenhayn, Hugo A. (2004). Labor Market Policies and Employment Duration: The Effects of Labor Market Reform in Argentina. En James Heckman y Carmen Pagés (eds.), Law and Employment: Lessons from Latin America and the Caribbean (pp. 497-516). Chicago: University of Chicago Press, disponible en línea: http://www.nber.org/chapters/c10076.

Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS (2014, Abril, 16), Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al mes de marzo de 2014, Comunicado No. 023/2014. Ciudad de México: Autor.

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Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2014, Febrero 12), Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Boletín de prensa Núm. 60/14, Aguascalientes: autor: INEGI.

INEGI (2014, marzo 24), Indicadores oportunos de ocupación y empleo. Cifras preliminares durante febrero de 2014, Boletín de prensa num. 124/14, Aguascalientes: autor.

Kaplan, David, Gabriel Martínez y Raymond Robertson (2005). Worker-and job-flows in Mexico. México: Centro de Investigaciones Económicas, ITAM / Dirección de Planeación y Finanzas, IMSS / Department of Economics, Macalester College, mimeo.

Lo Vuolo, R ubén M. (2007). Argentina: labour markets flexibility, life chances and growth, ponencia presentada en la 8a. Conferencia cientí-fica internacional Economic modernization and social development, State University-Higher School of Economics, Moscú, Rusia (version borrador), disponible en http://www.hse.ru/data/792/663/1234/6.pdf

Marshall, Adriana (2004). Labour market policies and regulations in Argentina, Brazil and Mexico: programmes and impacts, documento preparado para el proyecto de la OIT Employment challenges in Argentina, Brazil and Mexico: A comparative study in the framework of the global employment agenda, disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/documents/publica-tion/wcms_114302.pdf

Piven, Frances Fox y Richard A. Cloward (1979), Poor people’s movements. Why they succeed, how they fail, New York: Vintage Books.

Piven, Frances Fox (2008), Can the power from below change the world?, American Sociological Review, Vol. 73, (Feb. 1-14), disponible en línea en: http://www.asanet.org/images/asa/docs/pdf/2007%20Presidential%20Address%20(Piven)%20ASR%20Feb%202008.pdf

Román Morales, Luis Ignacio (2014), Las reformas en cascada, ponencia presentada en el Foro Las reformas estructurales: una mirada desde los derechos humanos, Ciudad de México, 05 de febrero de 2014.

Román Morales, Luis Ignacio (2013), La reforma laboral y sus primeros resultados: un pacto con sabor agridulce, Análisis Plural, Semestre 1, pp.

Román Morales, Luis Ignacio y David Foust Rodríguez (en prensa), La reforma laboral: crónica de una muerte de derechos anunciada, en Óscar Martínez (coord.), La heterogeneidad de las políticas sociales en México. Instituciones, derechos sociales y territorio, Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.

El SME y la electricidad

en la hora ceroLos retos ante las modificaciones a la ley energética

Por José Antonio Almazán González 1

NUESTRO ENFOQUE/REFORMA ENERGÉTICA

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La historia se remonta a 1992 y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en cuyo marco Carlos Sali-nas de Gortari promovió una contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que

la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricis-tas (SME) de aquel entonces avaló. Los cambios a la ley eléctrica, particularmente su artículo 3º, permitieron la inversión del capital pri-vado en la generación eléctrica, pese a que violentaba la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público eléctrico, tal y como lo establecía el párrafo sexto del artículo 27 constitucional que en diciembre de 2013 quedó hecho añicos.

Con aquella reforma entreguista y privatizado-ra, mediante la figura de Productor Independiente de Energía, copiada de la legislación de Estados Unidos de Norteamérica, el capital privado creció vertiginosamen-te; más aún, cuando con la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en 2005, el petróleo y la electricidad fueron dentro del llamado “perímetro de seguridad” de EEUU, como parte de lo que consideran su infraestructura crítica.

De tal forma que con datos de diciembre de 2013, el saldo de 21 años de privatización eléctrica es la siguiente:

1) Existen 726 permisos vigentes –461 en autoabastecimien-to, 93 en cogeneración, 40 en importación, 60 en pe-

queña producción, 29 en producción independien-te, 7 en exportación y 36 en usos propios que ya

existían antes de 1992–. 2) Con una inversión de 43,189 millones de dólares, a través de estos permisos (fundamen-talmente Productor Independiente de Energía y Autoabastecimiento) el capital privado es propietario de 33,933.6 MW, que representan

el 59.5 % de la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

3) Con una generación total autorizada de 206,334 GW el capital privado controla el 78% de la genera-

ción total destinada al servicio público en México. 4) Existe ya una clara tendencia de concentración monopó-

lica del mercado eléctrico nacional por la vía de los produc-tores independientes de energía, quienes mediante 29 per-misos son dueños de un 25% de la capacidad de generación nacional y 31% de la generación total.

EL PRECIO DE LA TARIFA ELÉCTRICA

DOMÉSTICA EN MÉXICO ES 79% MÁS CARA QUE EN CANADÁ Y 23% QUE

EN EEUU. LA TARIFA INDUSTRIAL EN MÉXICO ES 180% MÁS ONEROSA QUE

EN CANADÁ Y 156% QUE EN EEUU.

1 El autor es Pro Secretario de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas.


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5) Este control, que avanza rápidamente hacia un monopolio pri-vado, está basado en plantas de generación de ciclo combinado cuyo energético primario es el gas natural y cuyo precio interna-cional está indexado a la energía eléctrica que venden a la CFE.

6) Mediante contratos de compra-venta de energía eléctrica a la CFE, el capital privado tiene aseguradas ganancias para los próximos 25 años por un monto de 1.6 billones de pesos.

En la otra cara de la moneda privatizadora está el resultado de la privatización eléctrica, cuyas consecuencias las ha pagado la nación y el pueblo de México:

a) Tenemos las tarifas eléctricas más caras del mundo conforme lo registra la Agencia Internacional de Energía en su revista especializada Energy Prices and Taxes.

b) El precio de la tarifa eléctrica doméstica en México es 79% más cara que en Canadá y 23% que en EEUU. La tarifa in-dustrial en México es 180% más onerosa que en Canadá y 156% que en EEUU.

c) De diciembre de 2001 a marzo de 2014, la tarifa doméstica en la región central del país se incrementó 135.5%, mientras el salario mínimo solo se incrementó un 59.5% y la inflación creció 74%.

d) Extinguieron a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y colocaron a la CFE en quiebra técnica con pérdidas crecientes en sus resultados de explotación, por un monto acumulado de 137 mil 112 millones de pesos en los últimos 12 años, como re-sultado de los elevados precios de compra de energía a los productores externos de energía.

e) El servicio público de energía eléctrica, además de caro, es muy deficiente, como lo califica el Global Competitiviness Report, que ubica a México en el número 81 de una lista de 148 países en cuanto a la calidad del servicio eléctrico, medi-do en cuanto a fallas e interrupciones en el servicio eléctrico.

Lo que se sabe de las iniciativas hasta ahora confirman y agravan lo que en la contrarreforma constitucional ya se aprobó. Una CFE para los pobres que son la mayoría y una CFE para las trasnaciona-les que en pocos años impondrán un modelo de monopolio priva-do. Con tarifas eléctricas que continuarán incrementado su precio en virtud de una planta de generación dominada por el capital pri-

EL GLOBAL COMPETITIVINESS REPORT UBICA A MÉXICO EN EL NÚMERO 81 DE UNA LISTA

DE 148 PAÍSES EN CUANTO A LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO.


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vado y basada en planta de generación de ciclo combinado movi-das por gas natural. Lo peor es una soberanía energética sometida a los designios del perímetro de seguridad de la ASPAN, que cancela cualquier proyecto de desarrollo independiente, impidiendo el uso del petróleo y la electricidad como palanca de desarrollo nacional.

CONCLUSIONES1) La contrarreforma energética forma parte de un proyecto de in-

tegración subordinada bajo la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica.

2) Dicha integración en la perspectiva de un Estado supranacional bajo el dominio del imperio del norte integra el petróleo y la electricidad como parte de su infraestructura crítica en los mar-cos de su perímetro de seguridad.

3) Se pasa de un modelo de exclusividad nacional en áreas estraté-gicas a otro de monopolios privados, para garantizar el control y la propiedad del petróleo y la electricidad que garantice la tran-sición energética y la seguridad del imperio del norte.

4) Dicha integración energética subordinada no implicará la dismi-nución en el precio de las tarifas eléctricas, dadas las caracte-rísticas del parque de generación actual, particularmente de los llamados productores independientes de energía.

5) Con la contrarreforma energética se inicia la desintegración de la CFE, que deja de ser un organismo público descentralizado para constituirse en una empresa productiva de Estado. El botín de las grandes trasnacionales eléctricas son los usuarios industriales, comerciales y de servicios que representan más del 60 % de los ingresos actuales de la CFE.El plazo está por vencer. Sin embargo, a los vende patrias el

engrudo privatizador se les está haciendo bolas y sus desacuerdos y corruptelas compartidas, como Oceanografía, parecen empujar hacia un período extraordinario en el Congreso de la Unión. Cu-riosamente, o paradójicamente, lo que al SME se le negó cuando todavía existía la exclusividad nacional en la prestación del servi-cio público de energía eléctrica hoy resulta inevitable bajo condi-ciones privatizadoras: recuperar sus trabajos. Cuenta con mano de obra calificada. Un sindicato que ha resistido la guerra de extermi-nio y con un registro que desde 1933 lo reconoce como sindicato nacional de industria.

Lo que sigue es organizarse con el pueblo para recuperar lo que le arrebataron y luchar por la renacionalización de la industria eléctrica.

NUESTRO ENFOQUE/REFORMA FISCAL

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El ajuste tributario

de 2013 Una reforma en minúsculas, valiosa por lo que no incluyó

Por Mónica Unda Gutiérrez1


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1. IntroducciónLa reforma tributaria del gobierno de Enrique Peña Nieto se suma a la larga lista de reformas que han pasado, dejando al sistema tributario sin cambio sustancial, que siguen reproduciendo una Ha-cienda pobre.

Una de las grandes constantes del Estado mexicano ha sido te-ner una Hacienda pobre. Los ingresos tributarios del gobierno fede-ral en 2012 fueron equivalentes a 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Una cifra muy por debajo de las necesidades de gasto para aumentar el nivel de vida de la sociedad y de lo que otros países recaudan. Por ejemplo, los de la Organización para la Coopera-ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) recaudaron, en promedio, 34.8% de su PIB, en 2008, y países del mismo nivel de ingresos que México, como Bra-sil, Argentina, Sudáfrica y Turquía, recaudaron 33.6%, 30.7%, 29.8% y 24.2% de su PIB, res-pectivamente. El nivel de recaudación mexi-cano, a lo largo del siglo XX y XXI, es y ha sido extremadamente bajo.

La reforma tributaria aprobada en octubre de 2013 está lejos de resolver ese problema. El aumento que se estima para la recaudación de 2014 equivale a 1% del PIB, lo cual, en vista del amplio potencial de recaudación y de la ur-gencia histórica por aumentar el nivel de extracción, es más bien un incremento pírrico.

Sin embargo, la reforma tiene algunos aciertos, que están dados por lo que no fue incluido. Es decir, pudo haber caminado por una ruta prescriptiva distinta, que le restara importancia, toda-vía más, a la función distributiva del sistema tributario. Que en aras de argumentos de eficiencia por encima de los de equidad modi-ficara la composición tributaria haciéndola más indirecta, dándole más preponderancia a la recaudación por gravámenes indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre los directos con tasas progresivas, como el Impuesto sobre la Renta (ISR).2 En sínte-sis, la reforma pudo haber sido peor y ahí radica su mayor acierto: en descartar una amenaza que tiene sustento en una corriente ideo-lógica y que tiene también grupos de interés que la apoyan.

Este artículo cuenta con dos secciones más. La segunda descri-birá qué fue lo que se propuso por parte del Ejecutivo y qué fue lo que finalmente aprobó el Legislativo. La tercera se encarga de contestar si la reforma está a la altura del problema tributario que se padece históricamente. Al final se apuntan cuatro elementos que pudieron haber hecho de esta una reforma estructural.

2.LO QUE SE PROPUSO Y QUEDÓ DE LA RE-FORMA: EL ESTIRA Y AFLOJA ENTRE EL EJECU-TIVO Y EL LEGISLATIVOLa propuesta original presentada por la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público (SHCP), el 8 de septiembre de 2013, incluyó modificaciones a los tres impuestos más

importantes del sistema tributario (ISR, IVA e impuesto especial sobre productos y servicios

—IEPS—), a través de las cuales se pretendía recaudar 162,800 millones de pesos, lo que significaba solo 10.1% más de lo que se esti-ma percibir en 2013. Las modificaciones más significativas pro-puestas por el Ejecutivo son las siguientes:

• ISR empresarial. La SHCP se concentró en reducir las disposiciones legales que per-

miten disminuir, de una u otra manera, la base tributaria sobre la que actúa el impuesto. Propuso

eliminar el régimen simplificado y los regímenes espe-ciales con que contaban algunos sectores.3 Planteó también

disminuir algunas deducciones, la consolidación fiscal e imponer una tasa de 10% a la distribución de dividendos. • ISR personal. El Ejecutivo propuso aumentar la tasa máxima a

32% para ingresos anuales de 500 mil pesos y más; un nuevo régimen para incorporar a las personas físicas con actividad empresarial que están en la informalidad, disminuir las deduc-ciones personales permitidas para las personas físicas y una tasa de 10% para la ganancia por la enajenación de acciones en la bolsa de valores.

• IVA. La SHCP planteó equiparar el impuesto que se cobra en la franja fronteriza a la tasa que aplica en el resto del país (16%) y

LA INTERVENCIÓN

DEL LEGISLATIVO SÍ ES RELEVANTE EN CUANTO AL AUMENTO DE RECURSOS QUE LA SHCP PRETENDÍA

RECAUDAR CON LAS REFORMAS QUE

PROPUSO AL ISR, IVA

E IEPS.

1 La autora es profesora-investigadora del ITESO, especialista en economía política de los impuestos en México. Imparte las clases de Teoría del Desarrollo y Finanzas Públicas.2 El ISR se divide en dos grandes categorías: empresarial y personal. Este último, a su vez, se subdivide en tres con base en las fuentes de ingresos de las personas físicas: por actividad empresarial,

derivados de la actividad profesional, y surgidos de sueldos y salarios.3 Sectores como el minero, agrícola, ganadero, los transportes de carga o pasajeros, sociedades cooperativas, sociedades inmobiliarias de bienes raíces, desarrolladoras inmobiliarios e instituciones de

crédito, fianzas y seguros.


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eliminar las exenciones a la compra, renta y pagos de hipoteca de casa habitación, a los servicios de enseñanza y a los espec-táculos. También propuso eliminar la tasa cero de que gozaban productos como los chicles, alimentos para mascotas y la joyería.

• IEPS. La propuesta incluía crear un impuesto de un peso por litro a bebidas saborizadas con azúcar, algunos impuestos am-bientales4 y la disminución del subsidio a la gasolina y el diésel.Pero la iniciativa no pasó sin modificaciones por el Congreso —

como se da desde 1997, cuando el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados—. Los legisladores rechazaron algunas de las propuestas del Ejecutivo, pasaron algunas tal y como se pro-ponían, y otras fueron aprobadas con cambios. Resalto ahora los cambios más importantes hechos por el Congreso.

No se aceptó imponer IVA a colegiaturas, a espectáculos, a la joyería, ni a la compra, renta y pagos de hipoteca de casas habita-ción, excepto a la compra de casas con un valor mayor a 3’500,000 de pesos. El Legislativo aprobó todo lo propuesto por el Ejecutivo en cuanto a IEPS, aunque modificó la manera en que se iría redu-ciendo el subsidio a la gasolina y el diésel, y también creó una tasa de 8% a los alimentos chatarra.5

Diputados y senadores pasaron la mayoría de las modificacio-nes al ISR, pero con cambios. La tónica de los ajustes realizados por los legisladores fue ser “más suave” con el contribuyente de lo que había planteado la SHCP. En cuanto al ISR cobrado a las personas físicas, los diputados aumentaron la tasa máxima a 35% y estratificaron más los niveles de altos ingresos, especificando como ingresos más altos a los que superen los tres millones de pesos anuales. Establecieron un límite a las deducciones personales en lo que resulte menor: 10% del salario anual de la persona física o cua-tro salarios mínimos anuales (94,549 pesos). Ampliaron el periodo de regularización de seis a diez años para los contribuyentes que entrarían al régimen de incorporación fiscal para personas físicas con actividad empresarial.

En síntesis, la propuesta original sufrió cambios al pasar por el Legislativo, pero ¿estos son realmente relevantes? No y sí. No son relevantes en términos del total de ingresos tributarios. Las modi-ficaciones del Legislativo disminuyen en 4.6% los ingresos vía im-puestos que pretendía recaudar en su totalidad la propuesta del Ejecutivo, como se aprecia en el cuadro 1.

Sin embargo, la intervención de los legisladores sí es relevante en cuanto al aumento de recursos que la SHCP pretendía recaudar con las reformas que propuso al ISR, IVA e IEPS. Lo que los ingresos tributarios disminuyeron debido a la acción del Legislativo equi-vale a 52.6% del aumento que pretendía recaudar Hacienda para 2014. Es decir, la SHCP planteó un aumento en la recaudación de 162,800 millones de pesos pero diputados y senadores recortaron, a través de los cambios que hicieron, 85,695 millones de pesos; más de la mitad del incremento propuesto originalmente.

Este recorte, como se muestra en el cuadro 2, proviene de dis-

minuir el ingreso total previsto por Hacienda en cada uno de los impuestos. Los recortes del Legislativo en el ISR son equivalentes a 44% de los recursos “extra” que el Ejecutivo proponía recaudar por tal impuesto; los recortes al IVA son equivalentes a 43% del aumento originalmente planeado, y la disminución que significó la mano de los legisladores en el IEPS equivale a 89% de lo que se quería aumentar la recaudación de este impuesto. Los ingresos por IEPS sufren el mayor recorte entre lo que proponía Hacienda y lo que acabó aprobando el Congreso.

Cuadro 1. Ingresos tributarios según la propuesta del Ejecutivo y lo aprobado por el Legislativo

Propuesta Ejecutivo (8/09/13)* Aprobado por Legislativo (31/10/13)** Millones de pesos % del PIB

de 2013Millones de pesos % del PIB de 2013 Diferencia %

Ingresos Tributarios

20141,855,858.0 11.85 1,770,163.0 11.3 -85,695.0 -4.62

* Exposición de motivos para reformar las leyes del ISR, IVA e IEPS. ** Ley de Ingresos de 2014.

4 Impuestos a combustibles fósiles, que de acuerdo con su contenido de carbono se les carga un gravamen en centavos por litro o pesos por tonelada de combustible. Y un impuesto a plaguicidas, que va de 9% a 6% según su toxicidad.

5 Estos son definidos como los productos que contienen más de 275 calorías por cada 100 gramos.


22

A partir del contraste entre lo que se propuso y lo que se aprobó en las leyes tributarias, ¿cómo valorar e interpretar el papel del Legislativo? Aquí ofrezco cuatro valoraciones:• Primero: lo positivo de la intervención del

Congreso es, principalmente, no haber aceptado el cobro de IVA a las colegiaturas y estratificado más los niveles de ingresos altos, así como aumentar la tasa máxima a los ingresos de personas físicas. Lo primero es un acierto debido a que la educación es un bien preferente, por lo cual se quiere propiciar su consumo y no disminuirlo (como lo hubiera sido al encarecerla con el IVA). Lo segundo es un acierto desde el punto de vista distribu-tivo, ya que al menos, en términos de diseño de la estructura de tasas del ISR, una mayor estratificación y una tasa máxima más alta abren la puerta para una mayor progresividad.

• Segundo: el hecho de recortar el aumento en impuestos que planteaba la SHCP, sin lugar a dudas, se interpreta como una intervención popular con el votante. La mayoría de los contri-buyentes, aunque reciba un aumento en el balance global de su bienestar pagando impuestos, va a tratar de pagar siempre lo menos posible; tiende a valorar muy oneroso el pago de im-puestos y, por el contrario, menosprecia los beneficios que se reciben de estos (mediante el gasto público). O, dicho en otras palabras, el contribuyente quiere mayor gasto público pero no desea financiarlo con sus impuestos.

• Tercero: los legisladores se muestran como un contrapeso real de la iniciativa del Ejecutivo. Lo que ellos aprobaron, desa-probaron o modificaron significó poco más de la mitad del incremento en ingresos tributarios que estaba planteando la SHCP para 2014. El Congreso, al menos en el tema tributario en 2013, parece tener voz ante el Poder del Ejecutivo.

• Cuarto: los partidos políticos “ganan” con los cambios que le hacen a la propuesta. El PRD se presentó como el partido que

le añadió progresividad a esta, el PAN se proyectó como el que impidió aumentos impositivos a la clase media y el PRI, desligándose un tanto de la propuesta del Ejecutivo, dejó que la SHCP cargara con el costo político de los cambios.

3. LA REFORMA APROBADA, ¿ESTÁ A LA ALTURA DEL PROBLEMA TRIBUTARIO EN MÉXICO? La reforma no está a la altura del problema estructural del sistema tributario mexicano. El defecto más grave de este es lo poco que recauda de impuestos, y el incremento que conlleva la reforma (1% del PIB) hace muy poco para remediarlo. Este problema no es nue-vo, al contrario, la constante en la historia fiscal del país ha sido tener una Hacienda pobre, que apenas se duplica como proporción del PIB de 1925 a 2010 (véase la Gráfica 1).

El bajo nivel de recaudación es un reto que ha quedado siempre pendiente, a pesar de los numerosos intentos de reforma tributaria acaecidos en el siglo xx.6 En este sentido, esta es solo una reforma más de las muchas que han pasado de largo el verdadero proble-ma; es solo otra oportunidad perdida.

Cuadro 2. Diferencia entre el aumento en ingresos tributarios propuesto por el Ejecutivo y la eliminación de ingresos tributarios por el legislativo

Recursos estimados por reforma Ejecutivo “extra”*

Recursos eliminados de la propuesta del Ejecutivo por el Legislativo**

Diferencia

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos %ISR 75,000 –32,648.7 42,351.3 –43.53IVA 54,000 –22,976.0 31,024.0 –42,55

IEPS 33,800 –30,070.3 3,729 –88.97 * Exposición de motivos para reformar las leyes del ISR, IVA e IEPS. ** Ley de Ingresos de 2014.

6 Las reformas más importantes al sistema tributario se dan en 1925, 1943, 1955, 1961, 1972 y 1980. Para mayor referencia véase Mónica Unda. The building of a poor tax State: the political economy of the income tax in México, 1925–1964, tesis doctoral, Londres, University of London, 2010.


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1.16%Accesorios

–2.01%Pendientes de pago

0.08%Rendimientospetroleos

56.85%ISR

34.43%IVA

7.59%IEPS

0.38%ISAN

1.51%Impuesto al comercio exterior

Sin embargo, como se adelantó en la introducción, la reforma tiene un mérito que radica en lo que no se propuso, en lo que no se contempló incluir en los cambios. No afecta la composición del sistema tributario, no lo hace más indirecto.

La composición tributaria expresa en qué proporción se hace la recaudación de impuestos directos o indirectos. Los directos son, en lo general, progresivos y los indirectos, regresivos. Es decir, los primeros tienen el potencial de actuar a la “Robin Hood” y los indirectos, por el contrario, afectan más a las personas de menores ingresos. De ahí que, en la medida en que se valore que el sistema tributario tiene dos funciones importantes, la de allegarle recur-sos al Estado y también la de distribuir el ingreso, se considerará deseable una composición más directa. Dicho de otro modo, la

composición tributaria es un proxy, aunque burdo, de la capacidad de distribuir que tiene el sistema tributario.

La recaudación tributaria en México a lo largo del siglo XX se fue haciendo cada vez más directa, en buena parte debido a la relevancia que fue adquiriendo el ISR como el impuesto federal principal.7 Sin embargo, estas son buenas noticias a medias, ya que el impacto que puede tener una composición directa de tan baja recaudación es menor. La composición tributaria que resulta de la reforma y que se plantea en la Ley de Ingresos de 2014 significa una recaudación directa en 57% del espectro, como se muestra en la Gráfica 2; esto es, una composición ligeramente más directa de lo que se tenía el año anterior.

Rec. Trib/PIB

Lineal (Rec. Trib/PIB)

1925

1928

1931

1934

1937

1940

1943

1946

1949

1952

1955

1958

1961

1964

1967

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

4.66

7.148.15

13.1114

12

10

8

6

4

2

0

10.33 9.59

Gráfica 1. Recaudación tributaria en México 1925-2010 (% del PIB)

GRÁFICA 2. COMPOSICIÓN TRIBUTARIA 2014

7 Del mismo modo, el proceso de centraliza-ción fiscal que se da a lo largo del siglo XX mediante las convenciones fiscales también explica, de alguna manera, la preponderan-cia del ISR. El gobierno federal debía tener un impuesto moderno y recaudador con el cual también participar recursos a los estados, a cambio de que mermaran sus potestades tributarias. Véase más sobre el proceso de centralización en Luis Aboites. Excepciones y privilegios. Modernización tributaria y centralización en México, 1922–1972, México, El Colegio de México, 2003.


24

El análisis de reformas (sobre todo si se está adoptando un en-foque de economía política) también debe considerar todo aquello que estaba en la mesa de discusión y que quedó fuera. Esto signi-fica que se requiere observar el periodo en que se está definiendo la agenda de reforma, con el fin de determinar qué actores son los que tienen peso en la decisión (poder) y por qué. En este sentido, el hecho de que no se haya considerado la propuesta de eliminar la exención del IVA a alimentos y medicinas se valora como un re-sultado político muy importante. Tal propuesta hubiera hecho más indirecta la composición de la recaudación e impactado, regresiva-mente, la distribución del ingreso.8

Para dimensionar un tanto el que se haya descartado esta pro-puesta, conviene recordar que, desde el sexenio del presidente Er-nesto Zedillo (1994-2000), se aumentó la tasa del IVA y se propuso eliminar la exención a alimentos y medicinas. A partir de ahí, en cada sexenio, se ha intentado lo mismo sin éxito.

Dicha propuesta es coherente con una postura ideológica que prioriza los criterios de eficiencia en los sistemas tributarios y que busca que los impuestos generen la menor distorsión posible en las decisiones de los actores económicos. En contraparte, esta postura le resta importancia a la función distributiva de los sistemas tribu-tarios y, esencialmente, considera que el principal obstáculo para aumentar la recaudación son los problemas propios de la capaci-dad administrativa de las Haciendas.9

De ahí que se opte por los impuestos al consumo, pues son administrativamente más fáciles de recaudar que los impuestos al ingreso. Si bien la capacidad administrativa es importante, pues determina en gran medida el nivel de evasión, elusión y costo de recaudación del sistema tributario, explica solo parte del nivel de recaudación. Los impuestos son un problema político, no adminis-trativo. El nivel de recaudación, en última instancia, nos habla de la legitimidad del Estado.

También es pertinente considerar qué tanto la propuesta, como la postura ideológica que la respalda, contaba con simpatizantes. Algunos de los grupos empresariales representados por organismos cupulares o algunos actores al interior del PAN o del PRI, han apo-yado en uno u otro momento cobrar el IVA a alimentos y medicinas

para aumentar la recaudación. Sin embargo, esto no prosperó y es, al final de cuentas, un acierto en términos distributivos.

En síntesis, la reforma aprobada no aborda los problemas de raíz del sistema tributario, pero descartó la amenaza de aumentar la importancia de los impuestos indirectos en la recaudación. La reforma tributaria de 2013 es otra oportunidad perdida, una refor-ma en minúsculas que sigue dejando al estado mexicano con una Hacienda pobre.

8 Luis Huesca y Abdelkrim Araar. Progressivity of taxes and transfers in Mexico 2012, mimeo, 2012.9 Desde esta lógica es que se crean los sistemas de administración tributaria en distintos países latinoamericanos a finales de la década de los años ochenta y durante la de los noventa del siglo XX.

* Artículo originalmente publicado en febrero de 2014 en La fragilidad de las reformas, en la Colección del Análisis Plural, del ITESO. Se reproduce con autorización de la autora y del citado Instituto.

NUESTRO ENFOQUE/REFORMA EDUCATIVA

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La reforma educativa en tiempos del

autoritarismoImplicaciones de las modificaciones a los artículos 3º y 73

constitucionales y la respuesta magisterialPor Manuel Fuentes Muñiz1

NUESTRO ENFOQUE/REFORMA EDUCATIVAXVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013)


26

Apenas si había llegado a la entrada de una escuela pri-maria para una conferencia, cuando me encontré con un grupo de profesores que comentaban, indignados, la forma en que el gobierno federal y ahora en los estados

de la República los congresos locales imponen, de manera sumisa, una reforma educativa que hace pedazos sus derechos laborales:

“Parece como si los maestros fuéramos los enemigos del siste-ma. Al gobierno lo que menos le interesa son los niños; las escuelas tienen muchas carencias, si no fuera por el apoyo de los padres de familia no tendríamos bancas, limpieza de los baños y hasta pago de energía eléctrica”.

Muchos de los niños de zonas rurales de esas escuelas llegan con múltiples dificultades, pero también en miles de ciudades; tienen que hacer recorridos a pie de una y hasta dos horas para llegar a los modestos centros escolares.

También los profesores enfrentan adversi-dades que el gobierno no quiere reconocer. Muchos tienen contratos temporales y bajos salarios. Cada periodo tienen que sufrir la incertidumbre o la cancelación de la conti-nuidad de sus cursos en respuesta a las protes-tas contra la reforma educativa.

En muchos lugares los y las maestras son una referencia de respeto y de guía por las enseñanzas que han hecho por generaciones. Son ellos quienes están día a día en su trabajo frente a grupo, a pesar del abandono de los gobier-nos federal y estatales en el mantenimiento de las instalaciones y su-ficiencia de profesores. Pero el gobierno federal ha preferido enfren-tarlos y estructurar una reforma para anular sus derechos laborales.

La embestidaUna de las primeras tareas del régimen de Enrique Peña Nieto fue imponer una supuesta reforma educativa y para ello se dio a la tarea, apenas a 10 días de iniciado su mandato, de presentar una iniciativa de reformas a la Constitución en sus artículos 3º y 73.

Desde meses antes de su llegada a la presidencia de la Repú-blica fue creado un grupo de asesores que se allegó de experien-cias extranjeras y nacionales para crear un “modelo educativo” que acabara, según ellos, de una vez por todas con la inamovilidad en el empleo, con el nefasto sindicato y las estorbosas condiciones generales de trabajo.

Ese grupo de asesores, de los que ahora se sirve Emilio Chuayffet en la Secretaría de Educación Pública, consideró que la reforma educativa debería acabar con todo resquicio de defensa laboral, de injerencia de los gobernadores, pero, sobre todo, hacer a un lado a Elba Esther Gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de Trabaja-dores de la Educación (SNTE) que ya retaba al gobierno federal con oponerse a esa reforma. Imitación de la reforma universitaria de los ochenta

Se consideró impulsar una reforma de gran calado intro-duciendo en la Constitución leyes generales y esta-

tales, lineamientos y circulares para que la con-centración de las decisiones se centraran en la

presidencia de la República y se anularan fa-cultades políticas de los gobernadores de los estados y de todo grupo de poder paralelo que intentara oponerse.

Se imitó la solución gestada en 1980 con-tra el movimiento universitario, la cual re-

formó también el artículo 3º constitucional y que anuló la participación sindical en los te-

mas de ingreso, promoción y permanencia en el empleo. Se creó en la Ley Federal del Trabajo un

capítulo especial –de los trabajadores universitarios– para evitar constituyeran sindicatos nacionales.

El Estado mostró su terror en ese tiempo y legisló desde la Cons-titución hasta la Ley Federal del Trabajo para evitar que los tra-bajadores de las universidades autónomas lucharan unidos en las revisiones contractuales. Nunca más, se decía en esos años, los maestros deberán organizarse a nivel nacional; el objetivo de ellos era que cada uno lo hiciera de manera aislada.

Se permitió únicamente, como si fuera una concesión, la crea-ción de sindicatos por institución, o sindicatos de académicos o administrativos, pero todos ellos circunscritos al espacio de una universidad.

Son los “sindicatos cárcel”, como los llamaba metafóricamente el pintor y sindicalista David Alfaro Siqueiros en el año de 1931 cuando se conoció el sistema de sindicalismo acotado, inventado en la Ley Federal del Trabajo, para restar fuerza a los trabajadores organizados.

LAS INICIATIVAS

LEGISLATIVAS QUE PRESENTARON AL

VAPOR LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS EN LOS

CONGRESOS LOCALES NO GUARDARON

RESPETO NI FORMA.

1 El autor es Doctor en Derecho, académico en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, abogado defensor.


27


El servicio profesional docenteLa reforma constitucional a los artículos 3º y 73 tuvo como objetivo crear el llamado “Servicio Profesional Docente” y la configu-ración de una evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional.

Estas modificaciones de apariencia in-ofensiva entrañan una acción gubernamen-tal sin precedentes en perjuicio de los dere-chos de los trabajadores, y que impacta de manera directa en el sector magisterial.

La Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artícu-lo 4º fracción XXXII, definió los alcances del Servicio Profesional Docente:

“Al conjunto de actividades y mecanismos para el Ingre-

so, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y ca-pacidades del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados”.

La idea de insertar aspectos laborales en los artículos 3º y 73 constitucionales fue para anularlos. Esa es la razón por la que no se inscribieron en el artículo 123 Constitu-

cional estas modificaciones.El servicio profesional docente tiene como propósito imponer

un apartado especial a los trabajadores del magisterio, para encap-sularlos y diferenciarlos de cualquier otro tipo de trabajador. Esta

ESTAS MODIFICACIONES DE APARIENCIA INOFENSIVA ENTRAÑAN UNA ACCIÓN

GUBERNAMENTAL SIN PRECEDENTES EN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE LOS

TRABAJADORES, Y QUE IMPACTA DE MANERA DIRECTA EN EL SECTOR

MAGISTERIAL.


28

pretensión, que se ha materializado en cambios constitucionales y legales, conlleva un acto sin precedentes en contra de cualquier grupo de trabajadores.

Con estas modificaciones a los artículos 3º y 73 de la Constitu-ción se causan mayores daños a los trabajadores del magisterio que con la propia reforma laboral de diciembre de 2012. Las afectaciones laboralesSon innumerables estas consecuencias pero debemos señalar que en cuatro temas como 1) el ingreso, 2) promoción, 3) reconoci-miento y 4) permanencia en el empleo se causan los siguientes daños:1 Desconoce al docente su calidad de trabajador. No se le con-

sidera una persona; es un objeto en el proceso educativo y sin derechos laborales.

2 Anula la bilateralidad en las relaciones de trabajo. La única voluntad impuesta es la del patrón y de las autoridades.

3 Se sustituyen al derecho laboral por el derecho administrativo. Ya no se aplica el derecho tutelar del trabajo sino ordenamien-tos diseñados por la autoridad-patrón. Es ahora un proceso ver-tical e impositivo con distintas reglas de actuación en favor de una solicitud de las partes.

4 Anula al sindicato. La función de la organización sindical está anulada. No se le da participación de manera alguna a los tra-bajadores para actuar en forma organizada.

5 Anula la negociación colectiva. Las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos quedan sin efecto en estos cuatro temas.

6 Se anula el derecho a un acta administrativa, previo a un posi-ble cese del docente, para que éste pueda conocer en persona quién lo acusa y las pruebas en su contra, con la presencia de su representación sindical, el defensor que designe y ofrecer pruebas en su favor.

7 Se anula la garantía de audiencia que permitía, previo a cual-quier cese, que existiera resolución de los tribunales laborales burocráticos.

8 Se anula la inamovilidad en el empleo al permitir el despido libre e inmediato con la sola evaluación patronal.

9 Se sustituye la investigación y el juicio previo ante una autori-dad laboral por un procedimiento fast track controlado por el patrón.

10 Se incrementan causales de cese, las cuales quedan a la inter-pretación del patrón, lo que permite despidos arbitrarios.

11 Aunque se mantiene el derecho de acudir a tribunales labo-rales lo que se discutirá en esas instancias será el expediente armado por el patrón previo al cese ocurrido, lo que reducirá las posibilidades de defensa del trabajador.

12 A pesar de que se puede acudir a tribunales laborales el pro-cedimiento previo al cese, entrega de escrito de acusación y respuesta del docente en no más de 10 días, es un procedimien-to administrativo con ausencia de garantías laborales y cargas probatorias en perjuicio del trabajador.

13 Busca aislar al docente para que se enfrente de manera indivi-dual al aparato estatal.

La armonización laboral docenteÉsta se dio de inicio en un sistema piramidal comenzando con las reformas constitucionales a los artículos 3º y 73 el 26 de febrero de 2013, la reforma a la Ley General de Educación y la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el 11 de septiembre de 2013.

Posteriormente, en el mes de marzo de 2014 los estados de la República –con excepción de Oaxaca, que decidió un proceso de consulta previo– armonizaron sus legislaciones en materia educa-tiva reconociendo las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión.

Esta armonización se llevó a cabo sin respetar la autonomía de los congresos estatales en clara violación a los tratados internacio-nales, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituciones locales. No les importó el desconocimiento de de-rechos humanos en perjuicio de los docentes.

Las iniciativas legislativas que presentaron al vapor los goberna-dores de los estados en los congresos locales no guardaron respeto ni forma. Hubo lugares en que a los diputados de oposición ni siquiera se les entregó el documento para su discusión; en otros lugares a última hora se les turnó a diputados disidentes sin permitir discusión de ningún tipo.

Al viejo estilo priista se aprobaron esas reformas hasta en 15 minutos. Lo urgente era sancionarlas a como diera lugar, no im-portaba su contenido ni el atropello contra los derechos laborales. Había que demostrar disciplina a toda costa.

No se aceptó diálogo de ninguna naturaleza. A los maestros de

LA REFORMA CONSTITUCIONAL A LOS ARTÍCULOS 3º Y 73 TUVO COMO

OBJETIVO CREAR EL LLAMADO “SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE” Y LA

CONFIGURACIÓN DE UNA EVALUACIÓN OBLIGATORIA PARA EL INGRESO, LA PROMOCIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO

PROFESIONAL.


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varios estados que solicitaron audiencia con los legisladores jamás se les escuchó. En al-gunas regiones hicieron pliegos petitorios de 10 puntos solicitando lo siguiente:

“Con motivo de las modificaciones que se pretenden realizar en la Ley de Educación del Estado para armo-nizarla con la llamada Reforma Edu-cativa demandamos que de materia-lizarse haya pleno respeto a nuestros derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y Tratados Inter-nacionales con base en los siguientes 10 puntos:

1 Que los cambios legislativos cumplan con el principio de pro-gresividad, los cuales deben consistir en una mejora constante de los derechos humanos de los docentes y no en un retroceso.

2 Que las normas laborales que llegara a emitir este H. Congreso se ajusten a lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Que se haga respetar la soberanía de nuestro H. Congreso del Estado no permitiendo la imposición de legislaciones contrarias a los derechos humanos de los docentes del Estado.

4 Que haya respeto irrestricto a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, el cual prevé que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, si no es mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalida-des esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expe-didas con anterioridad al hecho que se pretende imponer.

5 Que haya pleno respeto a todo docente para que en caso de cualquier falta en que esté acusado tenga derecho a un acta administrativa previa a cualquier sanción, con la presencia en todo tiempo del afectado, de su representación sindical, su ase-sor jurídico, de los testigos de cargo y descargo y demás pruebas que existan para que se hagan de su conocimiento y cuente con la calificación previa de una autoridad laboral que valide las acusaciones o las declare sin efecto mediante laudo respectivo.

6 Que se respete el principio de no retroactividad en perjuicio de persona alguna, de acuerdo al artículo 14 constitucional.

7 Que se respete el derecho a la bilateralidad en las relaciones de trabajo como un principio básico de respeto a la legislación laboral.

8 Que en cualquier circunstancia el docente tenga derecho a de-signar un defensor legal y a ser representado por la organiza-ción sindical de su preferencia cuando exista una acusación de cualquier naturaleza.

9 A que se mantenga la vigencia de las Condiciones Generales de Trabajo en materia de estabilidad en el empleo y garantía de audiencia sin restricción alguna.

10 Que haya pleno respeto a la educación gratuita y no se permita se legitimen las donaciones o cuotas escolares “voluntarias” o de cualquier naturaleza en perjuicio de alumnos y padres de familia.

Los firmantes en representación de do-centes de nuestro estado exigimos a esta representación social haya pleno cumpli-miento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de nuestro estado y los tratados internacio-nales que protegen y garantizan nuestros derechos humanos.” Los derechos humanos colectivos en juegoHan sido cientos de miles de trabajadores del magisterio que han dado una lucha dig-na en defensa de sus derechos. No solo han

sido las movilizaciones que se han llevado a cabo en todos los estados de la República con distintas formas de expresión, ha sido la respuesta colectiva en muchos centros de trabajo para evitar que esta reforma se pueda imponer de cualquier forma.

Si la reforma educativa ha pretendido anular la organización colectiva de los trabajadores, ésta como una forma de demostrar que no es posible anularla, ha sido una de las mayores expresiones de resistencia del movimiento magisterial.

El objetivo de encarcelar a la lideresa Elba Esther Gordillo no fue atender una demanda de muchos sectores de la sociedad por re-presentar un ejemplo de corrupción e impunidad: fue, sobre todo, denostar a la organización como elemento negativo para los maes-tros. Hecho cierto, que, sin embargo, trajo como consecuencia el impedimento legal de la presencia sindical de cualquier forma en este proceso de reforma educativa.

No se acepta ahora en la reforma educativa la presencia del sin-dicato (que era) de Elba Esther (el SNTE) ni de ningún otro sindicato cualquiera que sea su filiación en los temas de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo. El gobierno sabe que la fortaleza de los maestros está en su organización sindical y por eso la veta en temas fundamentales.

Los actuales líderes del SNTE han sido maniatados, con la ame-naza de cárcel, para convertirse en portavoces del patrón sin el menor rubor. Ya no representan a los trabajadores del magisterio sino a los intereses del Secretario de Educación Pública. Son líderes venales que prefieren traicionar a sus agremiados que apuntalar la defensa de los derechos laborales que están gravemente afectados.

Por todos lados se propalan las declaraciones de esos líderes venales que justifican el atropello gubernamental. Se les lee en de-claraciones de prensa diciendo que la reforma educativa no afecta los derechos de los trabajadores del magisterio, cuando las eviden-cias los contradicen.

Los amparos de los docentesHan sido cientos de miles de profesores que han acudido a los amparos contra las reformas impuestas desde el poder ejecutivo federal, y avaladas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales.

Actualmente se mantienen amparos contra las reformas consti-tucionales a los artículos 3º y 73, contra la Ley General de Educa-ción, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del

HAN SIDO CIENTOS DE MILES DE PROFESORES QUE HAN ACUDIDO A

LOS AMPAROS CONTRA LAS REFORMAS IMPUESTAS DESDE EL PODER EJECUTIVO

FEDERAL, Y AVALADAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LOS CONGRESOS

ESTATALES.


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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y contra las leyes estatales que han admitido la armonización educativa.

La actitud de los jueces de distrito ha sido reticente, han ne-gado las suspensiones provisionales (amparos provisionales) con cualquier pretexto, a pesar de la evidente afectación a los derechos humanos de los docentes. Como forma de control, el Consejo de la Judicatura Federal acordó concentrar todas las demandas de am-paro en la ciudad judicial de Cholula, Puebla, y desde allí congra-ciarse con las acciones gubernamentales en contra de los maestros.

Las primeras sentencias han argumentado que no se violan de-rechos humanos de los maestros. Que la garantía de estabilidad en el empleo no es un derecho adquirido y que la inamovilidad no sig-nifica estar por tiempo indefinido en un puesto (nadie lo ha dicho). Que no se desconocen sus derechos laborales porque los maestros pueden acudir a los tribunales laborales (con procesos viciados). Que la garantía de audiencia no está afectada porque el trabajador conoce de la falta por escrito y puede responder de la misma forma ante su propio patrón (pero se imponen procesos fast track).

Que si éste decide y éste mismo resuelve no quiere decir, según los jueces, que sea una justicia parcial (claro que lo es porque el patrón decide como si fuera juez). Que la reforma educativa no impide que los docentes formen sindicatos y se puedan afiliarse a ellos (es mentira porque a la organización sindical se le impide ejercer cualquier tipo de representación en los temas de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo).

Esos jueces callan y eluden los argumentos de los maestros que denuncian el desconocimiento total de los derechos laborales y que los deja sin defensa alguna ante cualquier acusación de su patrón que al mismo tiempo es gobierno

Actualmente los recursos de amparos siguen su curso, a pesar de que en medios de comunicación dicen que han sido desecha-dos. Es una falsedad para hacer creer a los maestros desistan de su lucha, para decirles que nada se puede hacer.

Se han presentado recursos de revisión ante los Tribunales Colegia-dos de Circuito, que son la instancia superior a los jueces de Distrito.

A pesar de todo, la crisis judicial que ha producido, la presen-tación de miles de amparos ha sido reconocida por los propios

jueces de amparo. Éste es parte de un acuerdo suscrito por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región de San Andrés Cholula Puebla, publicado el día 9 de enero de 2014 en los estrados del juzgado:

“…con las demandas que se dio cuenta se decreta de ma-nera oficiosa su acumulación; lo anterior, en atención al exorbitante número de amparos presentados en contra de las leyes secundarias que comúnmente se conocen como reforma educativa. Conviene señalar que este Juzgado Fe-deral carece de los recursos humanos y materiales suficien-tes para tramitar los juicios individualmente, por lo que la acumulación resulta la única medida con la que este órga-no de control constitucional puede acelerar, en la medida de lo humanamente posible, la admisión, trámite y resolu-ción de las múltiples peticiones de amparo que han hecho valer cientos de miles de agraviados.”

A pesar de la colusión del poder judicial, miles de maestros siguen agotando las vías pacíficas de resistencia a través de la pre-sentación de amparos sin desistir de sus movilizaciones. Actual-mente los amparos siguen su curso ante jueces de Distrito y Tribu-nales Colegiados de Circuito.

Se espera agotar todas las instancias nacionales para acudir de ser necesario ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitar que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien intervenga ante la grave violación a los derechos humanos de los trabajadores del magisterio.

No será posible que las reformas legales, incluso las constitu-cionales, hagan desaparecer los derechos humanos de los docentes como trabajadores. Nada ni nadie puede anular por decreto dere-chos fundamentales de las personas.

La evaluación no es el punto de controversia, sino la manera como se pretende imponerla desconociendo los derechos laborales magisteriales.

Aquellas reformas que tienen como origen el despotismo y au-toritarismo atropellando derechos sociales están destinadas al fra-caso. Al tiempo.

NUESTRO ENFOQUE/REFLEXIÓN SOBRE LAS REFORMAS

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Despojo y tutela en el México que nos queda

Tres pistas para pensar las dificultades del quehacer político mexicano contemporáneo

Por Raquel Gutiérrez Aguilar1


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Estamos en medio de un huracán de reformas tan grande que se hace difícil inclusive su enumeración: reforma energética, de telecomunicaciones, política, fiscal, etc. La más profun-da de todas ellas, la energética, ha sido objeto de estridentes

controversias por parte de diversos políticos desde una y otra postu-ra, sin que hayan ocurrido hasta ahora movilizaciones contundentes ni de los trabajadores formales ni de la población mexicana empo-brecida –e igualmente trabajadora– en su conjunto. Movilizaciones que podrían, quizá, establecer algún tipo de límite a lo que casi to-dos los especialistas consideran el más radical de los saqueos de lo que en algún momento –hace décadas– fue el corazón de la riqueza pública mexicana. Pareciera que en medio de los fuertes vientos “modernizadores” que agitan el ambiente, nosotros, los trabajadores mexicanos en su enorme variedad, los hombres y mujeres de a pie que habitamos estas tierras, no tuviéramos nada que decir; es como si hubiéramos quedado completamente afuera del ámbito político de la república, expulsados del derecho a decidir, condenados a ser simples portadores obedientes e individualizados de una tarjeta para delegar en otros nuestras capacidades políticas (credencial del IFE, le llamaban antes del huracán) y de otra para consumir objetos cuya adquisición nos endeuda (suelen llamarse tarjetas de crédito o de débito). A eso nos ha reducido la contemporánea forma polí-tica de organización de la vida social: a ser consumidores que ocasionalmente votan o a ser votantes que suelen consumir –cuando alcanza–. Y, a veces, ambas ca-lidades se confunden pues se mercantiliza, de forma radical, incluso el mínimo resquicio de participación política que otorga el voto.

Por otro lado, estamos habitando lo que únicamente podemos designar como una catástrofe de la posibilidad de reproducción social:2 ciudades repletas, agobiantes, agre-sivas y tendencialmente privatizadas; escasez de agua en muchas regiones de la república; regiones rurales violentadas por agresivos des-pojos de todo tipo de bienes y recursos naturales y sociales; enfermiza burocratización de la adminis-tración y gestión de la vida en todos sus aspectos –educa-tivo, de salud, etcétera–; desplazamientos, inseguridad, amenaza, muerte... Violencia impregnando casi todos los espacios, tiempos y ámbitos de la vida cotidiana. Ese es el presente, y el futuro no se mira ni distinto ni mejor: cierre abrupto para millones de jóvenes de cualquier posibilidad de organizar para ellos una vida plena y una actividad fértil.

Estas son, a mi juicio, esquemáticas descripciones sintéticas de lo que son dos mundos cada vez más siniestramente separados, es-cindidos de tal forma que parecen no tener ya manera alguna de dialogar: uno es el nuestro, donde seguimos haciendo esfuerzos por reproducir la vida en condiciones cada vez más duras, y otro es el

de quienes están comprometidos únicamente con la ampliación de la producción y acumulación de capital; esto último suele ocultarse bajo expresiones edulcoradas: “reactivación económica”, “desarro-llo”, “modernización”. Me interesa dejar claro que a lo que tales términos se refieren es a la ampliación de la acumulación y con-centración del capital cada vez más internacionalizado, a fin de que esto no se pierda de vista.

Ahora bien, la relación entre reproducción de la vida social y variantes ampliadas de acumulación de capital en diversos ámbitos se va convirtiendo, cada vez más, sólo en un asunto de despojo y tutela. Por eso, creo, no hallamos maneras de imaginar y producir formas de intervención política que nos permitan dejar de ser me-ros sujetos paralizados que se amoldan a decisiones ajenas, que casi en todo nos afectan. A modo de provocaciones, presentaré ahora tres pistas para pensar las dificultades del actual quehacer político mexicano:

El colapso de lo político: elegir entre opcio-nes o producir colectivamente la decisión políticaParalelo a la catástrofe de la reproducción social3 habitamos un co-lapso de lo político. Catorce años y tres presidentes después de la

llamada “transición democrática”, es necesario asumir que hemos llegado a un lugar en el cual no queríamos es-

tar: el aquí donde estamos hoy. Es un asunto de asu-mirlo en tanto si no se somete a crítica, es muy

probable que se siga haciendo funcionar –vo-luntaria o involuntariamente, consciente o in-conscientemente– una maquinaria institucio-nal y un conjunto de ideas que únicamente nos empobrece y nos limita. La democracia convertida en un asunto de elección entre

“ofertas” de dudosa calidad, vacía la actividad política de su contenido principal: la delibera-

ción para la producción de acuerdos sobre asun-tos comunes que a todos incumben porque a todos

afectan. Nosotros, otra vez, la mayoría trabajadora del país, estamos excluidos de la producción de tales decisiones

y tendencialmente quedamos convertidos en impotentes acatadores de decisiones ajenas que –y eso es lo peor– son casi siempre desfa-vorables para nosotros mismos y para nuestras familias y entornos inmediatos. En tal sentido, considero necesario, es más, imprescin-dible, tomar posición claramente en relación al régimen político bajo el que vivimos y abandonar el conjunto de ilusiones con el que solemos entretenernos: nosotros, los ciudadanos, no decidimos nada. Y necesitamos ser capaces de dotarnos y construir formas de intervención y decisión políticas. Y esto no tiene que ver con institu-ciones partidarias; tiene que ver con nosotros mismos haciéndonos cargo de lo que ya no podemos admitir y de lo que nos proponemos

CATORCE AÑOS Y TRES

PRESIDENTES DESPUÉS DE LA LLAMADA

“TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, ES NECESARIO ASUMIR QUE HEMOS LLEGADO

A UN LUGAR EN EL CUAL NO QUERÍAMOS

ESTAR.

1 La autora es profesora-investigadora del Posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Área de investigación: Entramados comunitarios y formas de lo político.

2 Hablo, siguiendo a Silvia Federici, de catástrofe de las posibilidades de garantizar la reproducción social, pues me interesa enfatizar una perspectiva política que toma como punto de partida justamente tal cuestión: la necesidad de que, como sociedad, podamos asegurar las condiciones de reproducción colectiva. Esta perspectiva se distingue de la más canónica mirada sobre lo político y la política que privilegia el análisis de la forma productiva despreciando y escindiendo los asuntos, mucho más generales de la reproducción en su conjunto –los cuales, por supuesto, deben incluir los aspectos productivos como uno de sus elementos–. La idea central pues, es notar que para pensar lo político es necesario desplazar el punto de partida y la perspectiva de análisis: la cuestión productiva escinde y deja fuera un cúmulo de elementos fundamentales para la vida cotidiana colectiva que pueden ser recogidos y repensados si reflexionamos pensando en la necesaria garantía de la reproducción social como asunto fundamental de la política y lo político.


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construir, se relaciona con capa-cidad de enlace y conversación y, sobre todo, con autoafirma-ción individual y colectiva: no es posible que sigamos habitando el país del modo como lo hacemos ni soportando lo que soportamos. Esto no nos lo merecemos. Esto hay que rechazarlo.

De aquí podemos pasar a la segunda pista...

Acordar y perseguir fines que detengan la agresión contra la vida o disputar... ¿qué dis-putamos entre nosotros?Las siempre presentes dificultades para organizarnos, la proverbial imposibilidad de ponernos de acuerdo desde abajo están en el nú-cleo de la situación que vivimos. La separación sectorizada, la des-confianza y el desinterés recíprocos son la condición del monopolio de las decisiones políticas en manos ajenas, que hoy se exhibe de manera brutal en medio tanto de la devastación de la vida cotidia-na como de los acelerados vientos reformistas que amenazan con hundirnos y empobrecernos todavía más. Necesitamos aprender a hablar entre nosotros y a acordar fines que podamos perseguir en común. Esto, que se dice rápido, es algo de lo más difícil que existe: llevamos a cuestas, y en la propia sangre, siglos de cultura política de silencio y obediencia, de competencia y rivalidad. Nuestra cul-tura política confunde la deliberación con la disputa por imponer el punto de vista propio; los largos siglos de sujeción y autoritarismo nos hacen desconfiar de nosotros mismos y, por lo mismo, de los demás. La histórica herencia de instituciones fuertemente jerarqui-zadas nos empujan al servilismo y al acatamiento acrítico de las decisiones ajenas. Muchas veces, como ahora, la única salida que hemos encontrado es la indiferencia y el olvido auto-inducido: des-entenderse de asuntos sobre los cuales, se considera, la decisión no pasa por nosotros. Todo esto, sin embargo, está llegando a límites donde lo que se pone en juego es nuestra propia vida: la posibilidad inmediata y actual de garantizar las condiciones de existencia y re-producción de nosotros mismos y de nuestros hijos. La urgencia de la situación podría permitir que reaccionáramos y comenzáramos a hablar entre nosotros; a enlazarnos en conversaciones sobre el con-junto de temas que nos atrapan y que nos importan, sobre lo que es imprescindible detener y sobre lo que puede ser posible construir. Esto implica romper con una pesada herencia política que llevamos a cuestas, lo cual nos lleva a la tercera pista...

Hacernos cargo de nuestra propia vida o se-guir presionando a algún mediador para que nos otorgue alguna treguaHablar de tradiciones de lucha o de experiencia histórica de la política y lo político puede conducirnos a terminar de romper con una de las ilusiones y prácticas políticas más dañina del siglo XX: la

que nos impuso una especie de tutelaje consentido como prác-tica estructuradora de la vida pública. Es común escuchar que durante las largas décadas que siguieron a la Revolución Mexi-cana en 1910 y todavía más después de la expropiación pe-trolera durante el cardenismo, se estableció una especie de pacto de clases donde operaba la hipo-

tética mediación del Estado nacional organizado en una compacta jerarquía ascendente. Estas ideas que de manera deformada des-tacan rasgos de la peculiar forma política mexicana –únicamente para ocultar otras– ha inoculado, sobre todo entre los trabajadores formales, una tremenda incapacidad: la de hacernos cargo colec-tivamente de nuestros propios asuntos. La disposición colectiva a delegar las responsabilidades sobre lo que consideramos necesario en un “mandante/ejecutivo” se presenta en nuestra vida política con la ferocidad y ubicuidad de una maldición. La aceptación de la mediación –impuesta o consentida– es una condición primaria y sistemática de nuestra forma de hacer política; formato, sin em-bargo, que no está funcionando para los propósitos para los que tal mediación se instituye, sencillamente porque lo político cada vez más adquiere los rasgos de la guerra: no se trata de producir ningún acuerdo, se trata de imponer sobre todos alguna decisión tomada de antemano.

Actualmente el tutelaje consentido es estéril, es decir, es inútil la mediación aceptada que una y otra vez se presenta y se recons-truye en cada esfuerzo de lucha de nosotros, el pueblo mexicano, ofreciendo que puede haber alguna solución a la situación, distinta al difícil camino de hacernos cargo de los asuntos que no podemos soslayar por más tiempo. En tal sentido, urge que comencemos a producir sistemáticamente formas políticas distintas: más delibera-ciones horizontales entre iguales que tienen distintos conocimien-tos tanto para entender lo que pasa como para imaginar posibles soluciones, en vez de convertirnos en espectadores de discusiones protagonizadas por especialistas. Más deliberación sobre las mane-ras como podemos frenar, inhibir o vetar colectivamente las nuevas amenazas reformistas del capital que acarrean nuevos despojos y menos negociación con las autoridades y/o consagración de nue-vos mediadores. Concentrarnos más en entender las múltiples ma-neras en que está colapsando nuestra propia posibilidad individual y colectiva de reproducción de la vida social, y ocuparnos de su regeneración, en vez de tratar de seguir una clase de juego políti-co –el democrático procedimental neoliberal– que está construido para, por doble partida, garantizar la acumulación del capital y despojarnos de nuestras capacidades de producir colectivamente decisiones políticas. Estas me parecen tareas tan imprescindibles como urgentes. Mientras más tiempo pase, las condiciones para nosotros y para nuestros hijos serán todavía más difíciles.

URGE QUE COMENCEMOS A PRODUCIR SISTEMÁTICAMENTE FORMAS POLÍTICAS

DISTINTAS: MÁS DELIBERACIONES HORIZONTALES ENTRE IGUALES, EN VEZ DE CONVERTIRNOS EN ESPECTADORES

DE DISCUSIONES PROTAGONIZADAS POR ESPECIALISTAS.

3 Vuelvo a insistir al lector que, bajo esta formulación general, “catástrofe de la reproducción social”, piense en el conjunto de sucesos desastrosos que una y otra vez confrontamos y que aparentemente no están conectados entre sí: aumento incontrolable de la pobreza y del endeudamiento de las familias mexicanas, escasez de agua, violencia generalizada, degradación de la educación y de la salud a la que podemos acceder, militarización de la vida pública en las ciudades, etcétera.

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FOCO ROJO/ZONA CARBONÍFERA

RESCATAR A LOS VIVOS

PARA HONRAR A LOS MUERTOS

Del caso Pasta de Conchos a la situación de la Minería del Carbón en el norte de Coahuila

Por Cristina Auerbach Benavides y Carlos G. Rodríguez Rivera1

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FOCO ROJO/ZONA CARBONÍFERAXVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013)

1. UNA MUERTE TRAS OTRALeonardo Francisco Vargas García, de 19 años de edad, era originario del mineral La Florida. Misael Amaya Ibarra, de 20 años, casado y con una bebé, nació en el Mineral de Palaú, poblaciones pertene-cientes al municipio de Múzquiz, ubica-das en el Estado de Coahuila de Zarago-za. Ambos trabajadores, sin experiencia ni capacitación, fallecieron el día 27 de marzo del año en curso. Cayeron al fondo de un “pocito” ubicado camino al pueblo de Aura, pasando el mineral La Florida, en la región carbonífera de Coahuila. El siniestro se materializó al romperse el desgastado cable del malacate que los descendía a más de 85 metros.

El pocito al cual los descendían, ya había sido explotado en terribles condiciones de seguridad e higiene y sin tener salida de emergencia, para posteriormente, convertirlo en la salida de emergencia de un nuevo pocito en explotación y de dos cuevas llamadas “minitas de arrastre”.

La empresa dueña de este pocito utilizado como salida de emergencia es Refacciones y Materiales de Sabinas S.A. de C.V. (REMSA), propiedad de Luis Alberto Ramírez Enríquez, que comparte la misma concesión, el mismo ingeniero, el mismo encargado de operaciones, el mismo abogado y también la misma salida de emergencia, con Minera el Pro-greso S.A. de C.V., propiedad de Federico Quintanilla, ex-alcalde del Municipio de Progreso (2006-2009) y en 2010, Delegado de Programas Sociales del gobernador Humberto Moreira.

REMSA y Minera el Progreso com-parten también un largo historial de

negligencia y muerte en ese mismo lote minero: en el año 2010, muere Ramón Sánchez Arellano (35 años); en el 2012, siete trabajadores más en otro pocito de Minera el Progreso: Fidencio Sánchez Arellano (33 años y hermano de Ra-món); Daniel Iván Ramírez Almanza (26 años); Omar Efraín Ramírez Almanza (20 años); Héctor Alcalá Ramírez (33 años); Ervey Alcalá Ramírez (39 años); Guiller-mo González Medina (22 años); César Jiménez Medina (24 años); y los dos de ahora, en marzo de 2014.

Durante el último año y lo que va de este, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) los inspeccionó diez veces

a cada uno de los centros de trabajo para que operaran en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, se evidenció que una vez que terminaba cada inspección, volvían otra vez a abandonar el cum-plimiento de las normas de seguridad e higiene, y por eso, tenía que volver la STPS una y otra vez.

Minera el Progreso tiene una cue-va con un cañón ciego. Es decir, no construyó como lo manda la norma: un cañón paralelo para salida de emer-

gencia. Pretendió utilizar otro pocito que hizo exprofeso para salida. La STPS se lo prohibió y desde el 12 de junio del año pasado, según oficio 210/DGIFT/595/2013, se le ordenó restringir el acceso de los trabajadores. Sin embar-go, siguió operando.

Lo más grave es que ambas empre-sas estuvieron extrayendo carbón de un lote minero suspendido, debido a que Refacciones y Materiales de Sabinas S.A. de C.V., violaba las normas de seguri-dad e higiene, de acuerdo al Oficio No. SE/421/08969/2012, del 5 de octubre del año 2012. Esto significa que durante casi un año y medio estuvieron extrayen-do carbón de forma ilegal, con la anuen-cia y también en beneficio del dueño de la concesión, Armando Morales Yutani, con quien tienen un contrato para la extracción de carbón de su lote. Eviden-temente, además de las empresas seña-ladas y del concesionario, la Secretaría de Economía faltó a su mandato desde entonces, debido a que en el citado oficio dio al concesionario 50 días de prórroga para subsanar las medidas de seguridad e higiene y, de no cumplir con la obliga-ción, la concesión sería cancelada. Pero la Secretaria de Economía no lo hizo.

Leonardo y Misael se suman a los cuando menos, 105 mineros fallecidos, luego de los 65 de Pasta de Conchos en minas, plantas de beneficio y transporte de carbón (12 mineros además de los 65 en 2006; 3 en 2007; en 2008, 1; en 2009, 8 trabajadores; 13 en 2010; 30 mineros más en 2011; 33 en 2012; 4 en 2013 y ya van tres en 2014). La mayoría de los siniestros, hasta el año 2012, sucedieron en pocitos o tiros

172 TRABAJADORES

DEL CARBÓN HAN MUERTO DE 2006 A LA FECHA Y

CASI 2 MIL MINEROS DEL CARBÓN DESDE HACE UN

SIGLO.

1 La autora y el autor son Miembros de la Organización Familia Pasta de Conchos.

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verticales. De 2012 a 2014, la mayoría ha muerto en las ahora llamadas minitas de arrastre: 172 trabajadores del carbón de 2006 a la fecha y casi 2 mil mineros del carbón desde hace un siglo.

En 2012, el Gobierno mexicano reconoció ante la Organización Interna-cional del Trabajo (OIT), la existencia 297 pocitos en activo y 266 abandonados y no tiene estadística sobre las cuevas o “minitas de arrastre” (cuevas construidas en las paredes de tajos abandonados con la misma y precaria infraestructura de los pocitos, pero más peligrosas, ya que soportan el peso de la tierra removida y amontonada; modelo traído del estado de Sonora al que han migrado algunos empresarios del carbón). Y es precisa-mente, el modelo extractivo en el cual han fallecido la mayoría de los mineros de 2012 a 2014.

De modo que, derivado del recuento mortífero, al hablar del período 2013-2014 en la Región Carbonífera de Coahuila o de la industria del carbón o de los mineros del carbón y sus familias, no sólo debemos referirnos al caso de Pasta de Conchos sino a una situación englobante y estructural que no sólo explica lo fatalmente sucedido sino que es causa y origen de lo sucesivamente

padecido y que hemos denominado como violencia estructural y por la cual, los fallecidos fueron postulados en 2012 como mártires del trabajo. Los afecta-dos exigen que se denuncie, reclaman que se sancione y protestan para que se reparen los daños causados en cada

siniestro, por supuesto; pero sobre todo, demandan la no repetición como parte de la reparación del daño. Esta no repe-tición implica una intervención decidida sobre los factores estructurales que propician la muerte de los mineros, y de no atenderla, lo único que sobrevendrá, como ahora, es una larga fila de cruces. 2. FACTORES ESTRUCTURALES CAUSANTES DEL DOLOR

2.1 Recursos públicos concesionados a manos privadas Como mínimos y rápidos antecedentes, hay que situar que en 1970, bajo SIDER-MEX, se consolidan las empresas esta-tales del ramo siderúrgico: SICARTSA, FUMOSA y AHMSA. En 1977, el Estado inicia la construcción de Minera Río Es-condido (MICARE), para la proveeduría de carbón térmico a la industria eléctrica. Una década después, con la implemen-tación del modelo neoliberal de cierres y privatizaciones, desaparecerá SIDERMEX con la venta de AHMSA y el cierre de FU-MOSA (1986). Cierra también la fundi-ción de zinc de Industrial Minera México (IMMSA) en Nueva Rosita y miles de

A 10 AÑOS DE CREACIÓN DE LA

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO MINERO, EL CONTRASTE ENTRE

SUS RESULTADOS Y SUS OBJETIVOS HAN HECHO

DE ESTE ORGANISMO UN LASTRE QUE IMPIDE QUE LA MINERÍA DEL CARBÓN

SEA UN DETONADOR DE LA ECONOMÍA LOCAL

Y UN GARANTE PARA LA SEGURIDAD DE LOS

MINEROS.

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mineros de nuestra región se quedan sin empleo, por lo que se inicia una política de Estado para contener el desempleo generado por tal privatización:2 comprar carbón por parte de la CFE a los poceros (en lenguaje oficial “pequeños produc-tores”). Ello fue posible por el hecho de que el Estado concesiona la explotación y extracción del carbón mediante con-cesiones al capital privado. Lo que entre otras cosas permite: a) la existencia de empresas extractivas de carbón como contratistas y contratistas de contratis-tas: pueden estar operando actualmente unas 50 de 70 que contratan con CFE; de las que, por ejemplo, una abrumadora mayoría, incumplen con sus obliga-ciones patronales para salvaguardar la vida, la integridad física y la salud de sus trabajadores: no los registran en el IMSS, tienen menos de los permitidos para operar un pocito; nunca han sido inspec-cionadas, o de plano, no tienen registro patronal. Sin embargo, el Gobierno del Estado les renueva o asigna contratos; y, b) La concesión privada se convierte en una suerte de inmunidad, por ejemplo, hay órdenes de inspección que no se

desahogan por “negativa patronal” (“el patrón se niega a ser inspeccionado”, contrariando el artículo 132 fracción XXIV de la Ley Federal del Trabajo que lo establece como obligación patronal). 2.2 Existencia de un concesionario innecesario que favorece la opacidad En 1999, el Gobierno del Estado de Coahuila firma con la CFE el “Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Región Carbonífera” para la compra del carbón metalúrgico de los pocitos para la carboeléctrica Carbón II. Por lo que, a nivel estatal, el mismo Gobierno de Coahuila, en 2003, crea la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI), como un organismo descentralizado para intermediar y controlar el carbón producido por pequeños y medianos productores y su comercialización a CFE (excluyéndose del Comité de Asignación de Contratos, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), lo que de-bería garantizar el desarrollo económico

de la región. A diez años de su creación, el contraste entre sus resultados y sus objetivos (toneladas de carbón que no se sabe cómo se obtienen; empresas contratistas de contratistas, que incum-plen con sus obligaciones; opacidad en el manejo de los recursos que deberían ser reinvertidos para el desarrollo eco-nómico regional, tolerancia del trabajo infantil, ausencia de investigaciones y, sobre todo, falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas) han hecho de este organismo un lastre que impide, precisamente, que la minería del carbón sea un detonador de la economía local y un garante para la seguridad de los mineros. El fracaso del modelo de desarrollo que se pretendía generar, se debe entre otras razones, a la contradic-ción del Gobierno del Estado de Coahuila que no puede regular la explotación minera del carbón y ser, a la vez, benefi-ciario, pues se apropia opacamente, de una parte del negocio. 2.3 Poder económico ligado al poder políticoEl caso de Federico Quintanilla Riojas,

2 La minería del carbón y su impacto geográfico-económico en el centro-oriente y noreste de Coahuila. Teresa Sánchez Salazar. Investigaciones Geográficas, Boletín 31, 1995.

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exalcalde del PRI y luego delegado del gobernador, no es el único donde están implicados el negocio del carbón con el ejercicio de algún cargo público. De modo que en las familias del carbón hay presidentes municipales o exgobernado-res, exsecretarios de estado o diputados locales o federales o regidores y funcio-narios públicos del Gobierno del Estado de Coahuila, todos ligados al PRI. Ellos directamente o los familiares cercanos como papás, hermanos o tíos, entur-bian, por decir lo menos, el ejercicio de la autoridad, a la hora de investigar, deslindar responsabilidades, inspeccio-nar o sancionar. Cualquiera en la región, los sabe citar: Montemayor Seguy (quien actualmente se ostenta como presiden-te del “clúster minero-petrolero” para la extracción de gas shale y petróleo en Coahuila), sus hijos y sobrinos (que tienen en su haber cuando menos 17 mineros fallecidos), González Garza, los Nerio, el mismo Quintanilla. 2.4 Ausencia total del debido proceso En la historia de la minería del carbón, la Procuraduría General de Justicia del Esta-do de Coahuila, habiendo elementos de omisión y negligencia, más allá de lo me-ramente laboral, jamás ha dictado una sentencia condenatoria por la muerte de los mineros, y en la mayoría de los casos, ni siquiera se abren las averiguaciones previas, aunque estén obligados o las abre para mandarlas al “no ejercicio de la

acción penal”. Así las cosas, predomina la certeza empresarial de que “yo reparo la muerte del trabajador con 180 mil pesos y sigo trabajando” (las mismas autorida-des respaldadas en el código penal del estado, desde Pasta de Conchos, han tolerado omisamente este “pagar por los muertos”, comprobadamente más barato que invertir en seguridad). Eso explica porque, aunque maten mineros como resultado de su negligencia, con-tinúan operando nuevos pocitos, cuevas o minitas de arrastre porque el Gobierno del Estado lo permite, pues a través de la PRODEMI no los sanciona y les sigue comprando carbón, de lo que obtiene, como señalamos arriba, una enorme cantidad de recursos que ni se invierten en la región, ni se transparentan. 2.5 Violación sistemática del derecho internacional a condiciones satisfactorias de empleo La violación sistemática de los dere-chos humanos laborales en la región

ha configurado una crisis humanitaria y desencadenado, por estas muertes pre-maturas, derivadas de la ausencia de las condiciones legales de higiene y seguri-dad, cuatro recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en los últimos ocho años (26/2006; 64/2008; 85/2010; 12/2011) y un Informe Especial (CNDH, noviembre, 2011), que concluye: “Las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno, conforme a lo estable-cido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internaciona-les en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indis-pensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendi-das por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajado-res, lo que contraviene sus derechos hu-manos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal e, incluso, a la vida…”. 2.6 Manejo de la Ley Federal del Trabajo según los intere-ses del capital privado A pesar de haber sido aprobada en la iniciativa preferente de Felipe Calderón, en el segundo semestre de 2012, la prohibición de la minería en tiros vertica-les o pocitos fue “eliminada” de manera subrepticia al remitirse a la Cámara de Senadores, sin fundamento legal alguno.

EN TÉRMINOS LEGALES Y REALES, LA MUERTE DE LOS MINEROS DEL CARBÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA

NO TIENE NINGUNA CONSECUENCIA DE PESO

QUE INHIBA ESTA PRÁCTICA.

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Ningún comité, comisión o votación legislativa aprobó dicha eliminación que no había sido formalmente debatida. Más aún, una vez detectada la mutila-ción ilegal del dictamen remitido al Se-nado, éste debió regresarlo a la Cámara de Diputados para que se subsanara la ilegalidad. En lugar de ello, se aprobó la reforma laboral sin la prohibición de la minería en tiros verticales. La maniobra ilegal mostró la capacidad de presión y los vínculos legislativos del núcleo regional coahuilense de poder económi-co-político de empresarios mineros para mantener el patrón de prácticas riesgo-sas que enluta la industria del carbón mexicana. En abril de 2013, las mismas manos u otras amigas en la misma legislatura, enquistadas en la Cámara de Diputados, lograron aprobar un dicta-men de reforma a la misma Ley Federal del Trabajo cuya intención era simular la prohibición, ahora sí, de la extracción de carbón en tiros verticales.3 Pretende, más para el aplauso que eficazmente, resolver el problema de la actividad minera insegura en los llamados pocitos, pero en realidad asegura su continuidad y permanencia (los prohíbe a menos de 100 metros sin criterio técnico algu-no que explique por qué de ciento un metros en adelante ya son seguros; es decir, los prohíbe para dejarlos a salvo). Siguiendo su trámite legislativo, el punto fue abordado en agosto del 2013 por la Comisión de Trabajo del Senado de la República. Por un voto se perdió la posibilidad de una prohibición irrestricta y prevaleció el dictamen simulador de la Cámara de Diputados según la minuta de abril del 2013. No se le modificó nada, habiendo, como ahora, propuestas sustantivas para hacerlo.

El presidente de la Comisión, Sen. Ernesto Gándara, del PRI, argumentó que era un tema ya discutido, debatido y analizado o consultado con el sector pro-ductivo del Estado de Coahuila.4 Sector productivo, que son los mismos bene-

ficiados con la existencia de los pocitos y las cuevas o “minitas de arrastre”. El tema sólo lo cabildearon, porque tienen recursos para hacerlo, el gobernador de Coahuila y los mismos dueños de los pozos o de las concesiones mineras o sus intermediarios, todos del PRI y ellos no agotan “el sector productivo”. La Cámara de Diputados, cámara de origen, no llamó a los afectados. La palabra de las víctimas no fue escuchada (madres, padres, viudas, huérfanos), ni la de los mineros del carbón, que también inte-gran el sector productivo. Los dirigentes

sindicales presentes en la Comisión de Trabajo del Senado (Armando Neyra e Isaías González también del PRI), nega-ron la posibilidad de debatir, escuchar o consultar a otros, y postergar la votación hasta escuchar peritos, expertos o vícti-mas, bajo el pretexto de checarlo con los titulares de los sindicatos o en los con-tratos colectivos respectivos, como si en los pozos, minitas de arrastre y cuevas hubiera sindicalizados o contratación co-lectiva o como si su sola existencia fuera garante inequívoco de representación de los mineros y sus familias.5

3 El dictamen aprobado De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 343-A, 343-C y 343-E de la Ley Federal del Trabajo puede ser consultado en la página electrónica http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130409-II.html#DecDictamen2

4 Se puede consultar la versión estenográfica del Senado en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/trabajo_prevision/reu/docs/version_280813.pdf5 En el trágico siniestro de Pasta de Conchos, el sindicato minero, encabezado por Napoleón Gómez, firmó un contrato de protección con la empresa Industrial Minera

México de Grupo México, en la que determinaba entre otras cosas: el pago de una parte del salario de los trabajadores “para no sindicalizarlos” y el pago de una cantidad de dinero por cada trabajador subcontratado. De los 65 mineros fallecidos en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, finalmente sólo 20 eran “representados” por el sindicato.

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2.7 Limitaciones de la STPS, negligencia de la Secretaría de Economía, y ausencia del IMSS y Semarnat, debiendo tener presencia, hacen al Es-tado más omiso y negligente en la inspección a minas de carbónSi bien se está haciendo un esfuerzo importante por parte de la Dirección Federal de Inspección y por la Subdele-gación de Sabinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el resultado es limitado ya que no se cuenta con la infraestructura y los recursos para operar de manera eficaz y eficiente.

El incremento de inspectores, en sí mismo, no garantiza absolutamente nada, si la Delegación Estatal, encabeza-da por el Lic. Heriberto Fuentes Canales, no atiende y no resuelve las denuncias de corrupción que se hacen y si los inspectores no cuentan con los recursos para trabajar (por ejemplo, el equipo de seguridad necesario para ingresar a las explotaciones mineras o porque en la práctica sólo cuentan con dos camio-netas o porque no salen a tiempo los viáticos o porque no hay dinero para gasolina).

En el año 2012, la Oficina Federal del Trabajo de Sabinas tuvo un presupuesto para gastos operativos (entiéndase para el trabajo de inspección) de 284 mil 648 pesos, que representó un incremento del 8.5 por ciento respecto del año 2011 (262 mil 141 pesos). El presupuesto de nómina se incrementó de 1 millón 446

mil 258 pesos a 4 millones 19 mil 785 pesos, que representa un aumento de 177 por ciento para la creación de 15 plazas nuevas (por lo que los inspectores debieron pasar de 11 inspectores en 2011 a 26 inspectores en 2012, aunque a mediados de año faltaba de cubrir la mayoría de estas plazas). No obstante lo anterior, lo cierto es que en proporción a la plantilla laboral, el presupuesto a em-plearse en la inspección disminuyó en un 46.15% (de hecho ya era insuficiente en 2011).

Lo anterior se refleja, en los resulta-dos: hasta 2012, de los pozos activos, se había inspeccionado la mitad. En parte: A) Porque los propietarios los desmontan o los abandonan temporalmente para simular que no están en operación (co-rruptamente, son avisados por algunos inspectores de la STPS y, sobre todo, de la SE); B) Porque dichos inspectores les filtran información para que se preparen para la inspección y entonces “simulan”

una seguridad que no existe en la rea-lidad: piden equipo prestado; compran o se prestan “polvo inerte”; esconden a los menores de edad; devuelven a la mayoría de los trabajadores para quedar-se sólo con los registrados en el IMSS; ponen autorescatadores no aprobados por la norma e inservibles; no tienen sindicato o lo tienen de protección, etc.

Para el año 2014, esta problemá-tica sigue sin resolverse a pesar de la experiencia que ya debieron adquirir y en el entendido que la inspección a las minas de carbón es prioritaria, estratégi-ca y seguida por la Comisión de Expertos de la OIT. Sin embargo, se repiten los mismos vicios, que obviamente, darán los mismos resultados.

De acuerdo a la información propor-cionada por el IFAI, el presupuesto anual de la Delegación es de 26 millones 202 mil 559 pesos, y se gastan en salarios 21 millones 509 mil 432 pesos, es decir, el 82.09 por ciento. De los 4 millones 693 mil 127 pesos restantes, se destinan 974 mil 400 pesos para el pago de renta del edificio al que recién se mudó la Dele-gación en Saltillo, mientras que, para la compra de equipo de seguridad para los inspectores de la Subdelegación de Sabi-nas se destinaron solamente 17 mil pesos (que no alcanzan ni para comprar un casco para cada inspector), y tiene un pre-supuesto para inspección de 98 mil 600 pesos (pasajes y viáticos de inspección). Es decir, el presupuesto anual para la región carbonífera para inspección representa poco más de un mes de renta del edificio de la mencionada Delegación en Saltillo.

EL DERECHO A SABER DE LOS FAMILIARES ENTRAÑA EL DERECHO A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A OBTENER REPARACIÓN, TRADUCIDOS

EN MEDIDAS EFECTIVAS Y EFICACES QUE DEN

SATISFACCIÓN A LO QUE VIENE DEMANDÁNDOSE

DESDE HACE OCHO AÑOS.

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Esto significa que si tienen que hacer 500 inspecciones anuales, tienen 197 pesos para cada inspección, que en algu-nos casos por la complejidad de la mina o por el desastre que encuentran en se-guridad e higiene, o porque el patrón se oculta, o porque les niegan la informa-ción y tienen que regresar cinco veces porque no sólo hay una enorme rotación de trabajadores, sino de patrones en-cargados; sólo para poder determinar el nombre del patrón del centro de trabajo a inspeccionar supone muchos días de trabajo, a lo que se debe sumar que una buena inspección en la que ya se tiene identificado al patrón de un pocito de carbón tarda cuando menos una semana en desahogarse y dada la distancia que deben recorrer (recordemos que no es-tamos en una ciudad sino en una región geográfica muy extendida) no alcanza ni para la gasolina.

A este ridículo presupuesto debemos agregar: la falta de equipo de protección personal (que con 17 mil pesos asigna-dos no se resuelve); el espacio en el tra-bajan los inspectores es extremadamen-te reducido (101m2 incluyendo un solo baño para 28 personas), por lo que no es posible salvaguardar la discrecionalidad de los expedientes porque no hay ni dónde ponerlos; falta equipo de cómpu-to; espacios adecuados para que los ins-pectores puedan hacer sus labores; y, sin alargar el recuento que no es exhaustivo, existen tan solo dos camionetas y dos autos en mal estado que, obviamente, no sirven para ir a las minas.

Es decir, se debió hacer un incremen-to proporcional, tanto al presupuesto operativo como al incremento del número de inspectores. Pero además, no pueden preferir cantidad de inspeccio-nes anuales, a cambio de la eficacia (no hay capacidad administrativa y logística adecuada, hay saturación de expedientes y de procedimientos, falta de equipos de computo, impresoras, espacios para trabajar, etc.), porque la ineficacia en las minas de carbón se traduce muy facilmente en muerte. Si bien es cierto que con la reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Federal de Inspección puede y debe suspender la operación en los centros de trabajo,

hemos constatado, acompañando las inspecciones, que aún existe, preocu-pantemente: una enorme rotación de patrones en cada centro de trabajo; prácticas desleales de simulación pro-movidas y accionadas desde la Promoto-ra para el Desarrollo Minero (que monta y desmonta todo lo necesario, según se acerquen o se vayan los inspectores para evitar que la STPS cancele los centros de trabajo y de esta manera, se perpetúa la sistemática violación a los derechos humanos laborales) desgraciadamen-te, porque tanto en la STPS como en la Secretaría de Economía hay fuga de información que previene a los patrones. El resultado es que de los pocos recursos invertidos sólo se obtiene un 57% de la eficacia de la inspección del total del año. Y aún así, no obstante esta eficacia disminuida, los patrones no acatan los mandatos, porque en términos legales y reales, la muerte de los mineros del carbón en el Estado de Coahuila no tiene ninguna consecuencia de peso que inhi-ba esta práctica.

Desde hace un par de años, y luego de mucha presión, se estableció ins-titucionalmente, que las inspecciones sobre las Condiciones Generales de Seguridad e Higiene que hace la STPS fueran acompañadas por inspectores de la Secretaría de Economía y funcionarios del IMSS y de la Semarnat. Sin embargo, a estas últimas dos no se les ha visto ac-tuar, y la Secretaría de Economía limita su participación a tomar las coordenadas del centro de trabajo y luego a no hacer nada, siendo que son quienes tienen las facultades para actuar inmediata-mente, según la ley y sus reglamentos, y suspender las labores cuando existan condiciones que pongan en riesgo la vida de los mineros, lo que hace más grave que se sienten a no hacer nada y no coadyuven a salvaguardar la vida de los trabajadores. Peor aún, se les ha descu-bierto y denunciado por evidentes actos de corrupción, como avisar a las empre-sas que serán inspeccionadas, ante lo que tampoco se ha tomado medidas o sanciones eficaces. Y, lamentablemente, también hemos constatado que la infor-mación que envían a la STPS es incorrec-ta, insuficiente y muy tardía.

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Todo esto escapa a los Indicadores de Trabajo Decente de la OIT6, que busca mediante estadísticas oficiales calcu-lar en el tiempo, un índice de trabajo decente para México y sus 32 estados. Dicho instrumento pretende identificar avances y retrocesos de las “buenas prácticas” de las políticas públicas ex-presado en focos “verdes” y “rojos” por región y entidades de la República. Es así que, contradictoriamente, el estado de Coahuila, según el boletín semestral de OIT (septiembre, 2013),7 en el eje 2 Seguridad en el empleo (nivel de enfer-medades, accidentes en los centros de trabajo y población asegurada), es ubica-do a media tabla, entre los 32 estados, con índices de 6.43 para 2012 y de 5.64 para 2013, por lo que le corresponde un “foco rojo”, sólo que la calificación está basada en las estadísticas del IMSS. Aunque el semáforo de OIT registre un retroceso para Coahuila en cuanto al

tema identificado, no refleja las condi-ciones reales de la Región Carbonífera, pues precisamente 2012 es uno de los años con más decesos recientes –30–, después de los 65 de Pasta de Conchos y la mayoría de los fallecidos no estaban registrados en el IMSS, como no lo está la mayoría de los que actualmente traba-jan en los pocitos o en la nueva modali-dad siniestra, las minitas de arrastre.

Finalmente, el modelo de inspección (y la supuesta coordinación entre instan-cias implicadas) también resulta abso-lutamente insuficiente para identificar a los niños a los que se hace trabajar en las cuevas o minitas de arrastre y pocitos de carbón. La oficina de la PGR en Sabi-nas se niega a actuar porque “no tiene facultades”; la de Protección Civil no se anima a cancelarlos o simula su clausu-ra; y a los inspectores mencionados de la Secretaría de Economía no les importa, “viéndolos laborar”, pues hemos cons-

tatado y visto huir a los niños al monte o trepar por la paredes de hasta 100 metros. De esta manera, sin la actuación institucional del Estado (a nivel estatal o federal) es imposible que el mero des-ahogo de una inspección por parte de la STPS inhiba el trabajo infantil.

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RESISTENCIA DE LA OR-GANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS

3.1 En marcha, la recupe-ración de los restos de los mineros caídos El rescate integral de los vivos tiene como prioridad y condición sin la cual no hay avance imaginable, la dignificación de los mineros caídos en Pasta de Conchos, en 2006, y la reivindicación de la lucha y mayor demanda de sus familias para cesar su dolor, que es el rescate de los

6 Medición adoptada por OIT en la 18ª. Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, diciembre 2008 como metodología de evaluación basada en el concepto de Trabajo Decente. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo- mexico/documents/genericdocument/wcms_230532.pdf

7 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-mexico/documents/genericdocument/wcms_230532.pdf

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restos de sus seres queridos, luego de 97 meses de permanente exigencia. En esa línea, lo más actual de esa lucha deriva de la entrevista tenida con el Sr. Procura-dor, Lic. Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República, el día 12 de noviembre del año 2013, con los integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) y del Centro de Reflexión y Acción Laboral, encabezados por María Trinidad Cantú Cortés, Elvira Martínez Espinoza y Raúl Villasana Va-ladez, familiares directos de los mineros caídos en la mina Unidad 8 Pasta de Conchos de Industrial Minera México de Grupo México, en seguimiento del oficio dirigido a la misma dependencia, el 11 de febrero del 2013, por el Lic. Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, concerniente a la solici-tud para que: “se evalúe la realización de un nuevo peritaje que diera mayor certi-dumbre sobre las posibilidades técnicas de realizar la recuperación de los cuerpos sin poner en riesgo la integridad física o vida de los rescatistas y en su caso, dar continuidad a la averiguación previa correspondiente”.

En dicha entrevista, el Sr. Procura-dor les comunicó que: “está tomada la decisión” para el ingreso a la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, en el marco del deber del Estado mexicano de satisfacer efectivamente la necesidad de justicia y del deber, ante el derecho internacional, de respetar y hacer respetar los derechos humanos, adoptando medidas efica-ces, en este caso, ante la obligación de reparar a las víctimas de la violación de un derecho humano. Por lo que la Procura-duría General de la República (PGR) ha de iniciar de inmediato, una vez consultados los peritos que fueron llamados desde no-viembre del 2013, la diligencia ministerial que establezca las condiciones de acceso seguro para el inicio de la recuperación de los restos mencionados, una vez que dicha instancia es la facultada, constitu-cionalmente, para investigar y dar con la verdad jurídica de lo acontecido, tal como acaba de ser demandado por el Senado de la República, el 19 de febrero del 2014,

haciendo eco a la demanda de OFPC, en un punto de acuerdo de urgente resolu-ción y votado unánimemente.8 Como se

anunció en 2013, el rescate ya inició y ha de seguir su marcha y superar los obstá-culos que sigan presentándose, pues el derecho a saber de los familiares entraña el derecho a la verdad, a la justicia y a ob-tener reparación, traducidos en medidas efectivas y eficaces que den satisfacción a lo que viene demandándose desde hace ocho años.

Razón por la que la organización de las familias sigue urgiendo la admisi-bilidad de su queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya procesa dicha definición.

POR LA VÍA DE LOS HECHOS, SE HA DECRETADO UNA

SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS PARA LOS MINEROS Y SUS FAMILIAS PORQUE ANTE EL NEGOCIO DEL CARBÓN NO

HAY LEY QUE VALGA.

8 “…realicen las acciones necesarias para el rescate de los cuerpos…”. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-02-20-1/assets/documentos/PA_pasta_de_conchos.pdf

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De modo que el 7 de noviembre del 2013, luego de varias prórrogas solici-tadas, le llegó el turno de responder por la tragedia, al presidente Enrique Peña Nieto, ya que su gobierno fue requerido por la CIDH, el 15 de febrero del año 2013. Su respuesta constituyó la cuarta contestación del Estado mexicano y re-pite diversos argumentos, asemejándose a Felipe Calderón: que no se configura un escenario de impunidad, ni violacio-nes a los derechos humanos, que se ha investigado, sancionado y reparado, etc. Aunque también incluye la existencia del oficio de la STPS mencionado arriba, sin que hasta la fecha ocurra nada eficaz.

Grupo México, corresponsable de la tragedia, durante 2013 y hasta la fecha, sigue obstinado en crear la sensación de que no hay esperanza alguna (al momento en que no dejan de incremen-tarse sus ganancias,9 y su propietario, de ascender al segundo puesto como mi-llonario mexicano).10 Así lo asentó Javier Raymundo Gómez Aguilar, vicepresiden-te jurídico de la empresa (“no permitire-mos que accedan al desarrollo”, anunció a la prensa local en agosto del año 2013), olvidando que habla a nombre de una empresa socialmente irresponsable que no aseguró la vida de sus trabaja-dores, y que precisamente por ello, el asunto ya no está más en sus manos. 3.2 Audiencia pública en el Senado de la RepúblicaEl martes 18 de febrero del año 2014, la Organización Familia Pasta de Conchos (40 asistentes procedentes de la Región Carbonífera de Coahuila y familiares de los caídos en Pasta de Conchos y otros mineros y sus familias, víctimas de otros siniestros) fue recibida formalmente en audiencia pública, en el Senado de la República, por las señoras senadoras Angélica de la Peña, Hilda Flores, Laura Angélica Rojas y los señores senadores Ernesto Ruffo, Javier Corral y Alejandro Encinas.

En dicho evento, les fue planteado que el tema de la violación sistemática

de los derechos humanos laborales de los mineros y, en particular, la prohibi-ción de los pocitos (y que urgentemente ha de incluir a las cuevas o las maño-samente llamadas minitas de arrastre) debe someterse pronto a la considera-ción del Pleno del Senado, y que en ello, nos representen conforme al derecho que nos asiste, y sobre todo, que no favorezcan con su voto y el de sus bancadas, una legislación que buscando erradicar las causas de la siniestralidad mortal para los mineros del carbón, más bien las consagra.

Se puntualizó que la entrevista obedecía a que el tema fue abordado en agosto del 2013 por la Comisión de Trabajo del mismo Senado. Por un voto se perdió la posibilidad de una prohibi-ción irrestricta y prevaleció el dictamen simulador de la Cámara de Diputados, según la minuta de abril del 2013. No se le modificó nada, habiendo, como hasta ahora, propuestas sustantivas para hacerlo.

El presidente de la Comisión, Sen. Ernesto Gándara, del PRI, argumentó entonces, que era un tema ya discutido,

debatido, y analizado o consultado con el sector productivo del estado de Coahui-la. La OFPC mantuvo que de ninguna manera debe ser motivo de discusión en qué modelo extractivo y a qué profundi-dad se les permitirá seguir matando mi-neros. Se manifestó, contundentemente, que el tiro vertical, las cuevas y minitas de arrastre son un modo estructural de extracción de carbón, perverso en sí mismo. Tolerarlo a más de 100 metros como lo postula la minuta de la Cámara de Diputados es una simulación, se en-fatizó con elocuentes fotografías, porque el drama humano ante cualquier pocito, cueva y minita de arrastre, a cualquier profundidad es que, intrínsecamente, los mineros no pueden usar el equipo de seguridad. Aunque lo tuvieran, que no lo tienen en la mayoría de los casos, no pueden usarlo, pues se trabaja agachado en las frentes de trabajo a una altura que va de 50 centímetros a 1.5 metros. Así que si usan el autorescatador, auxilio indispensable ante el peligroso gas me-tano y el humo de incendios, les quita cuando menos 10 centímetros de espa-cio y se atoran con las vigas con las que

9 Grupo México gana 40% más. http://www.jornada.unam.mx/2013/10/26/economia/019n1eco10 “Germán Larrea, director ejecutivo del consorcio minero Grupo México, la empresa minera más grande del país (propietaria de Pasta de Conchos, donde murieron 65

mineros en un accidente industrial el 19 de febrero de 2006) es el segundo hombre más acaudalado de México, según Forbes, con una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. http://www.jornada.unam.mx/2014/03/19/economia/026n1eco

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se soporta el diminuto techo. Además, si se ponen los tapones para proteger sus oídos, no escuchan cuando las vigas se resquebrajan o si se está rompiendo una pared por la presión del agua; si se po-nen los lentes para proteger sus ojos, no ven porque el polvo de carbón los empa-ña; si usan ropa retardante al fuego, el polvo de carbón les rosa las ingles y los testículos; si utilizan guantes para prote-ger sus manos, no pueden maniobrar la pistola neumática; si usaran las caretas a prueba de polvo, simple y sencillamente no podrían respirar porque no existen los ventiladores o son insuficientes o no están conectados y el ambiente se vuelve asfixiante.

La conclusión planteada fue que prohibir los pocitos, cuevas y minitas de arrastre a profundidades menores de 100 metros, pero permitirlos a más de ellas, como lo postula la minuta de la Cámara de Diputados y lo ha consentido la Comisión de Trabajo del Senado, sería una burda simulación, y asentamos nuestros argumentos y una propuesta de redacción para esa reforma de la Ley Federal del Trabajo: no hay manera de que se puedan utilizar los equipos míni-mos e indispensables para salvaguardar la seguridad y la salud de los mineros; las condiciones indignas de trabajo preva-lecerán ya que el interior seguirá siendo igual a cualquier profundidad, y porque no hay argumento técnico que permita siquiera suponer que un tiro vertical, una cueva y una minita de arrastre a más de 100 metros es más seguro que a 90, 30 o 10 metros. Al contrario, a mayor pro-fundidad también es mayor el riesgo.

Resultó evidente, por todo lo expues-

to, que el problema no es la profundidad del “pocito”, ni siquiera el problema estriba en la cantidad y calidad de las inspecciones hechas por la STPS, sino en la carencia de una política pública inte-gral de Estado que salvaguarde la vida de los mineros permitiendo, únicamente, las formas extractivas menos riesgosas y, por ende, más dignas y por supuesto, que ratifique los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176 y el Repertorio de recomendaciones prácticas en las minas de carbón subterráneas, 2006); y sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81); y dictamine la constitución de la Co-misión Nacional Reguladora del Carbón, por lo que, retomamos el compromiso para que una representación del Senado nos acompañe a la región y verifique por sí mismos nuestro dicho.

La respuesta de los legisladores fue entusiasta. Aquí sólo algunas de sus

afirmaciones. Senador Javier Corral: “Me hago cargo de la petición y la asumo porque (el tema) tiene una oportuni-dad... Nada justifica estas formas de es-clavitud humana, de profundo desprecio a la vida misma. El Senado está obligado moralmente. ...tengo una aproximación al tema porque me enteré de la legis-lación en el mundo y no hay profundi-dad admisible en el “tiro vertical” (...) Vamos a ver qué propone la iniciativa del Sen. Ricardo García Cervantes sobre la Comisión Nacional Reguladora de Carbón. Cuenten conmigo a favor de la propuesta”. Diputada Loretta Ortiz: “¿Por qué no se ha hecho el rescate en Pasta de Conchos? Por no sacar a la luz pública las condiciones de trabajo y el pretexto es que no está legislado en México el derecho al rescate de los cadáveres (...) Lo señalado de pocitos y minitas de arrastre son las condiciones de todos los mineros y normalmente se sancio-na a los encargados y no a los dueños, en Pasta de Conchos, no retiraron la concesión (minera) (...) El criterio de reparación de la CIDH y de la CoIDH no es sólo la cantidad y precio, sino lo que por cada día no se le permitió trabajar (al minero) en promedio de vida y el daño moral al familiar. No es sólo lo econó-mico sino la presencia de un papá ante sus hijos, lo cual es incuantificable... (Pocitos y minitas) deben ser totalmente prohibidos porque predominan más los intereses económicos que el interés por la persona. Me comprometo a buscar un punto de acuerdo a favor del rescate desde la Cámara de Diputados”. Senador Alejandro Encinas: “Existe una impuni-dad que nos avergüenza. Una vergüenza

2012 ES UNO DE LOS AÑOS CON MÁS DECESOS RECIENTES –30–, DESPUÉS

DE LOS 65 DE PASTA DE CONCHOS Y LA MAYORÍA DE LOS FALLECIDOS NO

ESTABAN REGISTRADOS EN EL IMSS, COMO NO LO ESTÁ

LA MAYORÍA DE LOS QUE ACTUALMENTE TRABAJAN EN LOS POCITOS O EN LA NUEVA MODALIDAD SINIESTRA, LAS

MINITAS DE ARRASTRE.

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para las instituciones públicas del país que se ceda ante grandes poderes, ante una actividad económica que goza de impunidad y donde no hay regulación. Un grupo tan poderoso que en lugar de ser sancionado, se le dan más privile-gios (...) En el colmo (la madrugada de la aprobación de la reforma energética) las industrias mineras obtienen doble concesión y Coahuila es el principal de-pósito de lutitas (...) Con la Senadora De la Peña, refrendamos el compromiso de su fracción y el de ir a Coahuila”. Senador Ernesto Ruffo: “Las compañías actúan y nos tardamos en reaccionar, pero ¡con-tinúen! tenemos trabajo aquí pero con su fuerza no nos olvidamos ¡empujen!”. Senadora Hilda Flores: “Hace un año el gobernador se pronunció por el rescate y aún no tenemos nada (...) A nombre del PRI, haremos lo propio, llamar al rescate (...) Me pronuncio por los derechos hu-manos, la higiene y seguridad y por un acercamiento a la Comisión de Trabajo del Senado”. Senadora De la Peña: “Pasta de Conchos nos enseña que junto con la exigencia de justicia (en el caso), tam-bién hay que ver por los derechos de los mineros (...) Asumiremos sus considera-ciones hacia los convenios relacionados con la minería y veremos con el Poder Ejecutivo para su aprobación, no hay que menospreciar los tratados internaciona-les, pero no cejar en que los nacionales se cumplan irrestrictamente... CONCLUSIÓNComo bien lo comentó el juez argen-tino Alejandro Teitelbaum (Argentina-Francia), al escuchar la presentación que realizó el Lic. Rodrigo Olvera Briseño del caso Pasta de Conchos, en la Primera Audiencia temática: Violencia contra los trabajadores, celebrada en la Ciudad de

México, del 31 de mayo al 2 de junio del año 2012, durante la apertura del Capí-tulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México, 2011-2014), en referencia a que donde Minera México de Grupo Mé-xico invierte no hay ley que valga, “eso se llama, extraterritorialidad”; lo mismo podemos concluir no sólo para el caso citado sino para la situación descrita de la Región Carbonífera de Coahuila: por la vía de los hechos, se ha decretado una suspensión de garantías para los mineros y sus familias porque ante el negocio del carbón no hay ley que valga y a eso lo podemos llamar extraterri-torialidad, notable característica de las concesiones mineras donde campea no sólo Minera México sino el entramado descrito de poder regional económico y político. Ante ello, los mineros y sus familias se organizan y van dando cuenta de una ecuación que está resultando

virtuosa, al menos para 2013 y lo que va de 2014, pues sólo han fallecido seis mineros (tres y tres, respectivamente), luego de que perdieron la vida 30 en 2012 y 33 en 2011, resultado de: una mayor y estrecha “supervisión” inter-nacional de la OIT, “en consulta con los interlocutores sociales y la organización que agrupa a los familiares de los tra-bajadores mineros fallecidos en la mina de Pasta de Conchos”11 para reforzar “la coordinación, y el funcionamiento eficaz del sistema de inspección del trabajo”, lo que está derivando en un combate por la mayor defensa eficaz de la ley, dando como suma total, menos vidas perdidas antes de tiempo.

Ante este vacío del estado de derecho (incluidos los tres poderes del Estado de Coahuila, las dependencias vincula-das de la Federación y, por supuesto, la Comisión Estatal de Derechos Huma-nos), se han de sumar muchos otros factores como el interés del Senado de la República o el de la Tribuna Pública del Tribunal Permanente de los Pueblos (donde quedó registrado el caso de Pasta de Conchos en el capítulo: “Derecho a condiciones dignas de trabajo”) no sólo para acabar de visibilizar la situación de violencia estructural imperante vivida en La Carbonífera, y acabar de desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente se ejercen para mantener en pie el negocio del carbón, sino para desmontar dichos mecanismos e ir logrando el reconoci-miento eficaz del aporte productivo de los mineros y sus familias, traducido en el respeto a sus derechos y la dignifica-ción, por fin, de sus vidas y condiciones de trabajo.

EN LA HISTORIA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN, LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DE COAHUILA, HABIENDO ELEMENTOS DE OMISIÓN Y NEGLIGENCIA, MÁS ALLÁ DE LO MERAMENTE LABORAL, JAMÁS HA DICTADO UNA

SENTENCIA CONDENATORIA POR LA MUERTE DE

LOS MINEROS, Y EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS,

NI SIQUIERA SE ABREN LAS AVERIGUACIONES PREVIAS.

11 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:3087868,e:O

A QUEMARROPA/INDUSTRIA ELECTRÓNICA

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LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA

DE MÉXICOAlta tecnología, bajos salarios

Por Jorge Barajas1

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Durante 2013 múltiples spots publicitarios gubernamenta-les en radio, prensa y televi-sión resaltaban la importan-cia de la industria electrónica

de México. Señalaban, por ejemplo, que México es el principal exportador mun-dial de televisores de pantalla plana, el segundo de refrigeradores y el tercero de teléfonos celulares. También que México ocupa algunos de los primeros lugares a nivel mundial en la exportación de siste-mas electrónicos para automóviles y en la producción de discos DVD y Blurays. Sin embargo, evitaron mencionar que todos esos dispositivos pertenecen a marcas extranjeras y que las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos que laboran en esa industria son con-sideradas como una de las peores que existen en el mundo.

Desde la mitad de la década de los noventa, cuando comenzó el boom de las maquiladoras electrónicas en México, el gobierno federal determinó que el en-samblaje de alta tecnología era un sector estratégico para propiciar el desarrollo de un país azotado por la pobreza (47 millo-nes de pobres, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). “La industria maquiladora y manufacturera de exportación es el futuro de México”, se titulaba una nota de la revista México Industry Newspaper de diciembre de 2012. En esa nota el entonces goberna-dor de Jalisco, Emilio González Márquez, afirmaba que las maquiladoras mues-tran al mundo la mejor cara “de lo que somos”. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maqui-

ladora y Manufacturera de Exportación, Luis Aguirre, mencionaba que “un día para México sin las maquiladoras sería como un día sin victoria”, y el periodista Pedro Ferriz añadía que la maquila nos ha llevado “a lugares impensables”. Esos lugares a los que se refería Pedro Ferriz son los sistemas financieros en los que se desenvuelven las empresas trasnacio-nales.

La Secretaría de Economía (SE) presume, por ejemplo, que por sus exportaciones, de 37 mil 76 millones de dólares en el periodo de enero a noviembre de 2013, la industria electró-nica nacional “es clave para el desarrollo

en nuestro país”. Su diagnóstico asegura que emplea a unos 250 mil mexicanos, aunque según los cálculos del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Guadalajara, que desde 1997 se ha es-pecializado en la defensa de los derechos de los trabajadores de esa industria, la cifra asciende a casi medio millón de personas. Lo que la SE no dice cuando habla de la industria electrónica es que quizá la diferencia entre las cifras de

empleo de la SE y del CEREAL Guadala-jara se deba a que muchos trabajadores son subcontratados, o por outsourcing, es decir, empleados a través de agencias de empleo, empresas distintas a aquellas en donde prestan sus servicios, con con-tratos temporales que se renuevan cada año, cada mes o incluso cada quincena. Hay empresas donde el 60 % de los trabajadores labora bajo esta modalidad. La realidad es que la computadora, el teléfono celular y el televisor de panta-lla plana que muchos usamos, fueron ensamblados con el trabajo precario de miles de mexicanos. Ilegalidad aceptadaEn 2008 Hitachi cerró la fábrica que operaba en Guadalajara para trasladar su producción de discos duros a Laguna, Filipinas, lugar donde la mano de obra es más barata. Casi 5,000 trabajadores fue-ron despedidos. Muchos iniciaron una batalla legal para exigir su liquidación. El 90% de esos trabajadores eran sub-contratados por medio de dos agencias de empleo –Caspem y Manpower–, las cuales pretendieron despedir a los traba-jadores sin el pago de la liquidación que por ley les correspondía, a pesar de que algunos tenían más de 5 años laborando para Hitachi. Desde hace ya casi 20 años la subcontratación de trabajadores ha sido uno de los principales problemas para los obreros que ensamblan celu-lares, televisores, impresoras, tablets y computadoras en México.

La subcontratación no debería ser un problema por sí sola, ni siquiera después de la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que redujo muchos de los

LA REALIDAD ES QUE LA COMPUTADORA, EL

TELÉFONO CELULAR Y EL TELEVISOR DE PANTALLA

PLANA QUE MUCHOS USAMOS FUERON

ENSAMBLADOS CON EL TRABAJO PRECARIO DE MILES

DE MEXICANOS.

1 El autor es Coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Guadalajara.


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derechos de los asalariados. El artícu-lo 15-A de la nueva ley, que regula las condiciones para la subcontratación, señala que no se puede contratar bajo a este esquema a trabajadores para actividades iguales o similares a las que realizan los empleados directos y que los subcontratados por medio de outsourcing deben realizar actividades especializadas (véase el Recuadro 1), como los servicios de limpieza o de comedor o a maquilar sólo cuando haya picos de producción. El problema es que se sigue subcontratan-do a la mayoría de los trabajadores, sobre todo a los que realizan las actividades sustanciales de la empresa. Al final, lo que en teoría debería ser la excepción, en la práctica se ha convertido en la regla. Las agencias de empleoLos puestos vacantes se anuncian en ho-jas pegadas con cinta adhesiva a lo largo y ancho de una gran puerta de cristales grasientos de la agencia Azanza y Aso-ciados, en la calle Pedro Moreno, casi Fe-deralismo, en el centro de Guadalajara. “1,000 pesos por semana, 10 por ciento de asistencia y puntualidad en vales”, se lee en uno de los anuncios. Junto a la puerta hay un guardia de seguridad. En la estancia puede leerse un letrero con un mensaje amable: “El lado humano de la empresa”. Frente a la puerta hay un mostrador. La encargada invita a revisar las vacantes disponibles, también impre-sas en fotocopias y divididas por maqui-ladora. Las maquiladoras disponibles son muchas: Sanmina, Foxconn, Flextronics, USI, Bechmark…

¿Cuántos celulares inteligentes, cuántas computadoras de última gene-ración tienen su génesis en esta misma sala? “Urgen operadores de producción, ambos sexos, secundaria terminada, disponibilidad de horario. Contratación inmediata”. “Solicitamos operarias sexo femenino, dispuestas a trabajar horas extra”. De acuerdo con datos del propio CEREAL, ocho de cada diez trabajadores de este sector son mujeres con hijos. “Contratación masiva, ambos sexos. Con experiencia, sin tatuajes, y dispuestos a rolar tres turnos”. La recompensa por la disponibilidad y la fuerza está clara: “90

LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA LEYLa nueva Ley Federal del Trabajo reconoce la subcontratación, pero indica que no se puede abusar de ella:

“Artículo 14. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados.

”Los trabajadores tendrán los derechos siguientes: i. Prestarán sus servi-cios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o el establecimiento; y ii. Los intermediarios no podrán recibir nin-guna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores”.

“Artículo 15-a. El trabajo en régimen de subcontratación […] deberá cumplir con las siguientes condiciones: a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. b) Deberá justificarse por su carácter especializado. c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas es-tas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social”.

“Artículo 15-d. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la sub-contratista con el fin de disminuir derechos laborales…”.

“Artículo 1004-c. A quien utilice el régimen de subcontratación de per-sonal en forma dolosa, en términos del artículo 15-d de esta Ley, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo general”.

“Artículo 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede única-mente estipularse en los caso siguientes: i. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar; ii. Cuando tenga por objeto sustituir temporal-mente a otro trabajador; y iii. En los demás casos previstos por esta Ley”.

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pesos”, “108.3 pesos diarios”, “$3,974 mensuales”. Al lado de cada uno de los salarios puede leerse el eslogan de la agencia: “Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia”. Nadie lo lee, pues todas las per-sonas en el sitio están llenando su soli-citud de empleo. “¿Tiene alguna enfer-medad crónica? ¿Acepta someterse a un examen médico? ¿Cuida a algún familiar enfermo?”. Al fondo, una enfermera se apura con las muestras de sangre de los solicitantes y, más allá, una psicóloga les hace preguntas. Esta agencia recibió el Premio Jalisco a la Calidad 2011, tiene

el ISO 9001-2008 SGS, desde 2003 cuenta con el reconocimiento de Modelo de Equidad de Género, que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres, y pre-sume el inconfundible logo de Empresa Socialmente Responsable.

A pesar de ello, más de un centenar de trabajadores subcontratados por Azanza acuden cada año a las oficinas del CEREAL para quejarse por despido injusti-ficado, trato indigno, omisión de algún pago o por acoso y hostigamiento. En Jalisco operan poco más de 70 agencias de empleo, todas muy parecidas a Azan-za, y la mayoría presta sus servicios a las empresas de la industria electrónica. Bajos salariosEn México, el salario promedio de los obreros de las maquiladoras de alta tec-nología es de 116 pesos diarios. Es más alto que el de sus colegas filipinos, que

LA HISTORIA DE KARINA“Fui la trabajadora 9 mil 550 del área f2 de IBM, luego Hitachi. Entré cuando tenía 17 años. Me contrató una agencia, en el centro de Guadalajara. Yo nada más fui a ver si había trabajo, y esa noche empecé. Entraba a las once y tenía que tomar el pollo a las nueve, por La Nor-mal. Los pollos son los camiones amarillos de transpor-te de personal. Mi pollo llegaba a la planta a las 10:50. Salíamos corriendo para llegar a los lockers, corríamos a dejar nuestras cosas y agarrar el uniforme. Seguíamos corriendo para pasar cuatro filtros de seguridad, para llegar a la línea antes de las once”.”Desde ahí todo era ensamblar”.

”Ganaba 70 pesos diarios, más los bonos de puntua-lidad, que eran 400 mensuales. La regla más importan-te era la del baño. Podíamos ir una vez, pero teníamos ocho minutos. Encontrabas quién te supliera en la línea o te aguantabas. El baño estaba como a cuatro cuadras. Había que ir corriendo, irse desvistiendo en el camino, pasar los filtros de seguridad, y regresar corriendo, por-que con tres retrasos perdías el bono. Nos daban 35 minutos para comer, pero en ir y volver al comedor ha-

cíamos 30 minutos. En el camino había máquinas de refrescos y papas. Eso comíamos todos”.

”Mi turno terminaba a las siete de la mañana. El po-llo salía a las 7:10. Si por algo me entretenía, me que-daba en la línea otras ochos horas, porque caminar a la carretera era muy peligroso”.

”Me corrieron en junio de 2006 porque me enfer-mé. Manejaba unos ácidos a los que les dicen jabones. Además de ensamblar, tenía que enjabonar diez o doce veces unos discos giratorios, como tocadiscos. Los jabo-nes deshacían los guantes. El viernes que me corrieron fui a las pruebas de sangre que me hacían cada mes y ahí me desmayé. Me acusaron de no trabajar, aunque sabían que estaba inconsciente en la enfermería. Antes me llevaron al Hospital Civil. Ahí me dijeron que tenía un metal en la sangre y los riñones malos. Me quedé internada tres meses. Los de la agencia me dijeron que ya no tenía trabajo. Me dieron 500 pesos de liquidación y me dijeron que si no firmaba, ellos me iban a deman-dar”.

DESPUÉS DE LOS TRABAJADORES DE

INDONESIA, LOS MEXICANOS QUE TRABAJAN EN LA

INDUSTRIA ELECTRÓNICA SON LOS PEOR PAGADOS DEL

MUNDO.


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ganan apenas cinco dólares (63 pesos diarios). La cuestión es que el sueldo de los filipinos cubre 80 por ciento de sus necesidades básicas, mientras que el de los mexicanos alcanza para sufragar sólo 50 por ciento del gasto, de acuer-do con un análisis hecho por el propio CEREAL. Después de los trabajadores de Indonesia, los mexicanos que trabajan en la industria electrónica son los peor pagados del mundo.

En palabras del gobierno federal y de varios gobernadores, México es uno de los países que ofrece mejores oportu-nidades en costos para el ensamble de aparatos de alta tecnología. La pregun-ta es: ¿podría la industria electrónica trabajar a sus anchas y al mismo tiem-po mejorar la calidad de vida de sus empleados? Sí es posible. La industria electrónica tiene un método llamado Bill of Materials (BOM) para establecer sus costos de producción, con base en un listado de los materiales y servicios que requiere para producir un equipo. Si el costo de fabricación de un celular es de 100 dólares, por ejemplo, las empresas destinan 90 dólares a la materia prima, cuyos importes son difíciles de controlar. Por esa razón cuidan estrictamente que la mano de obra nunca exceda los diez dólares restantes. De esos diez dóla-res, una fracción mínima se destina a salarios, pues las maquiladoras deben obtener ganancias.

El CEREAL calcula que en el caso del BlackBerry Torch 9800, que se fabri-có en la planta de Jabil, en Zapopan, y se vendió en 9 mil pesos en México, cada obrero tapatío que participó en la producción ganó 0.1 por ciento del costo final del aparato. O sea: 9 pesos. Mientras tanto, la canadiense Rest In Motion (RIM) –la compañía detrás de los aparatos BlackBerry– anunció que en el año fiscal que terminó el 26 de febrero de 2011, obtuvo 3 mil 400 millones de

DE ACUERDO CON DATOS DEL CEREAL, OCHO DE CADA DIEZ TRABAJADORES DE ESTE SECTOR SON MUJERES CON

HIJOS.

LA HISTORIA DE MARTHA “Trabajo en una línea de producción donde se hacen piezas para los focos de los carros de lujo. Somos varias alrededor en una banda y cada quien va poniendo lo que le toca. O soldando. O revisando la soldadura. O ha-ciendo pruebas o empacando, pero siempre lo mismo. La mayoría de las obreras somos mujeres y todos los supervisores son hombres”.

”He trabajado diez años aquí, aunque antes armaba computadoras”.”Empecé ganando 64 pesos diarios. Ahora gano 700 a la semana. Vivo

con mi mamá y mis hijas. A mi mamá le doy 400 para la comida; 200 son para las niñas y dejo 100 para mis gastos”.

”Diario entro a las seis de la mañana y salgo a las dos de la tarde. Dos veces a la semana trabajo de tres a ocho limpiando casas. Ahorita estoy doblando turno; entro a las nueve y media de la noche, salgo a las cinco y media de la mañana y luego hago mi turno normal, de seis a dos, parada todo el rato. En mi día de descanso me gusta ir a misa y lavar ropa. Trato de ir a correr diario. Correr es lo que más me gusta”.

”Hasta hace cinco años no nos daban utilidades. Nos organizamos diez o quince para exigirlas, pero sospecharon y corrieron a varias”.

”Otra cosa que no me gusta de la empresa es que me pongan a soldar plomo, porque dicen que es muy tóxico. Ocho años fui del equipo de repa-raciones y trabajaba sin protección. En mis exámenes de sangre el plomo siempre sale altísimo y el doctor de la empresa dice que es porque ando en camión”.

”Pero he tenido suerte, porque hubo un tiempo, hace seis años, cuando a las que ganaban 100 diarios les preguntaban: ‘¿Quieres que te baje el sueldo o te corro?’. Hay un sindicato, pero está comprado por la empresa”.

”A los meros jefes no los vemos. Ellos tuvieron una posada y nosotras otra. Ellos tienen un horario para comer y nosotros otro”.

”Es muy feo trabajar todo el día y no tener nada. Aguanto porque Dios me da fuerzas… Otras compañeras tienen cuatro, cinco hijos; hay unas que hasta pagan renta”.

”Y a las subcontratadas les va peor. Algunas ganan 75 pesos por la jor-nada de ocho horas y firman contrato cada quince o 22 días”.

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dólares en ganancias por la venta de 52.3 millones de teléfonos. El factor de ganancia de la trasnacional fue de 65 dólares por teléfono, en tanto que cada trabajador obtuvo seis centavos de dólar.

“Las maquiladoras electrónicas tienen una tasa de rentabilidad enorme, que no están dispuesta a perder. Por eso, estas compañías se desplazan a otros países más baratos en cuanto la moneda local gana terreno frente al dólar, como ocu-rrió en 2001 y 2002”, señala el especia-lista del ITESO, Ignacio Román. Mano de obra, nuestro principal producto de exportaciónCada año, el CEREAL otorga casi 2 mil asesorías gratuitas a trabajadores que consideran que las maquiladoras los han maltratado y entabla unas 200 deman-das laborales. Uno de los problemas más

delicados que ha detectado el CEREAL es la falta de libertad de asociación. No ha habido un caso en el que no hubiera despidos luego de que un grupo de obre-ros intentara organizarse para mejorar sus condiciones. ¿Hay esperanza de que las cosas cambien? No hay una em-presa que se libre del empleo precario, porque el mercado global le da una vida muy breve a los aparatos. En Estados Unidos la gente cambia de celular hasta tres veces al año. Ese hábito se refleja en las líneas de producción de XBox, BlackBerry, Apple y Samsung en México, que contratan y despiden a miles para satisfacer estas demandas.

Andrés Ruiz, coordinador del Progra-ma para la Gestión de la Innovación y la Tecnología (Proginnt) del ITESO, respon-de a la misma pregunta: El problema es que en México no se han diseñado nuevas tecnologías. Hasta ahora, la

mayoría de las materias para el ensam-ble viene de otros países. Falta que las pequeñas y las medianas empresas se vuelvan proveedoras locales e impul-sar a los emprendedores de productos y servicios. Ignacio Román añade que México necesita una política que, en vez de premiar a las industrias voraces, se enfoque en construir un esquema de ca-lidad: “Competimos en costos de mano de obra; producimos alta tecnología, pero sin conocimiento local agregado que solidifique las relaciones de trabajo. Tendríamos que competir en patentes”. De esta forma, quizá las trasnacionales invertirían menos en el territorio, pero esa inversión se quedaría aquí. Y pone el ejemplo de Brasil: “Ahora en el mundo se venden computadoras brasileñas”. Y mexicanas, no. Eso es lo engañoso: ni exportamos computadoras ni BlackBe-rrys. Exportamos ensamble.

A QUEMARROPA/MAGISTERIO

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La responsabilidad no asumida del Estado para mejorar las condiciones de vida de

las niñas y los niños Por Dra. Lizbeth Liliana Cab Hu1

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Mi anhelo como docente es lograr contribuir al bienestar de cada uno de los educandos que genera-ción tras generación tengo

la oportunidad de atender. Ese anhelo se ha convertido en un gran reto, al estar en comunidades indígenas, ya que día a día observo sus penurias y vivo con ellos y ellas sus sufrimientos de carecer de muchos recursos, pues aunque el Estado diga que propicia la igualdad no es así, al menos no en lo educativo que es el ámbito en donde me desempeño. No quiero que exista igualdad, más bien deseo que se dé la equidad, para ver que estos infantes tengan lo que necesitan y merecen en la educación.

Actualmente nuestro país transita por una serie de reformas que son propi-ciadas y que solamente benefician a la visión empresarial, en nada para lograr el bienestar de estos educandos. Todo es una gran obra de teatro, en la que el discurso es uno y los actos son otros. Un ejemplo de ello es que, a pesar de que el Estado se había encargado de la infraes-tructura de las instituciones educativas, éstas no cubren las necesidades de los educandos. Hago mención de esto ya que en mi escuela contamos con infantes con capacidades diferentes que no pueden desarrollarse pues las con-diciones del edificio no se los permite; entre ellos hay discapacitados y disca-pacitadas físicamente que conforme van creciendo es más complicado cargarles para hacerles llegar a su aula, ya que no existen rampas en la institución, ni otras condiciones que se necesitarían para que puedan desplazarse.

El Estado debería ocuparse en preve-nir cubrir las necesidades de los alumnos y alumnas, para favorecer en el buen ambiente de aprendizaje, y debería de

dejar de fingir crear una reforma edu-cativa, que de educativa no tiene nada, más bien está enfocada a aminorar los gastos del Estado, por ejemplo: al nom-brar de responsables del mantenimiento de la infraestructura a los padres de familia, a los docentes y a los directivos, al disminuir la cantidad de los actores educativos, al delegar la responsabilidad de gestión a los directivos, docentes y padres de familia, al establecer una evaluación punitiva que como objetivo tiene despedir para disminuir cantidad y eliminar derechos de antigüedad para prestaciones u otros beneficios.

NUESTRO PAÍS TRANSITA POR UNA SERIE DE REFORMAS QUE SON PROPICIADAS Y

QUE SOLAMENTE BENEFICIAN A LA VISIÓN EMPRESARIAL, EN NADA PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE ESTOS

EDUCANDOS.

1 La autora es maestra de primaria.


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La “reforma educativa” debería distribuir las responsabilidades como corresponde y no deslindar al Estado como hasta ahora se ha observado, al delegar a las y los directivos, docentes y padres de familia el mantenimiento de la infraestructura.

Me surge la duda: ¿será que el Estado desconozca el día a día de las familias in-dígenas? De ser así, debería de ocuparse en hacer estudios de campo para visuali-zar la realidad. Yo, que todos los días me encuentro conviviendo con los infantes, me percato de su condición: por ejem-plo, que se encuentran desnutridos y desnutridas; existen familias, muy nu-merosas hasta de 15 integrantes, por lo que las niñas y los niños van descalzos, con su ropa rota, enfermos, entre otras condiciones desfavorables. ¿Consideran las autoridades que bajo estas circuns-tancias los padres y madres de familia se ocuparán del mantenimiento de la infraestructura de las escuelas?

Los padres y madres de familia tienen preocupaciones mayores de las que de-penden que logren vivir al día, no tienen estabilidad económica para invertir en la escuela, no tienen la economía nece-saria para sacar copias que requiera la gestión de la mejora de algún aspecto de la escuela, ni mucho menos para trans-portarse a realizar dicha gestión.

Cambiar las condiciones en las que viven los educandos es un gran reto a lo-grar desde la educación; lo ideal sería que fuera en conjunto con el Estado, con los

padres y madres de familia y demás sociedad, pero dado que no podemos sentarnos a esperar que los demás actores educa-tivos asuman su respon-sabilidad, como docentes debemos iniciar, apro-vechar cada espacio que ocupamos en la sociedad para lograr hacer conscien-tes a más personas de esta realidad y darle un giro al ritmo de vida que tenemos, demostrarle al Estado que quien manda en educación y en cada as-pecto de nuestras vidas somos nosotros, la ciudadanía, por un bienestar social.

Hay que ser conscientes de que este cambio no es rápido, pero si no empe-zamos nunca se dará; llevará su tiempo

pero nos traerá felicidad pues nuestras familias vivirán dignamente. Histórica-mente esto ha sucedido y si nuestros antepasados fueron capaces de lograr heredarnos bienestar por qué no heredar un excelente México a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos y demás personas que vivirán en este, nuestro país.

¿SERÁ QUE EL ESTADO

DESCONOZCA EL DÍA A DÍA DE LAS FAMILIAS

INDÍGENAS? DE SER ASÍ, DEBERÍA DE OCUPARSE EN HACER ESTUDIOS DE CAMPO PARA VISUALIZAR LA

REALIDAD.

A QUEMARROPA/PERIODISMO EN JALISCO

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INTRODUCCIÓN En Jalisco la radiografía de la profesión del reportero o periodista, y del traba-jador de los medios en general, es una asignatura pendiente; se les ha intenta-do estudiar, clasificar, entrevistar desde la academia y las instancias de gobierno, pero hasta ahora no hay un análisis hecho por los propios periodistas.

Este reporte tampoco lo será, pero as-pira a dar un primer paso para conocer la situación laboral de quienes ejercemos el oficio del periodismo en Jalisco.

La primera tarea consiste en saber cuántas empresas y trabajadores de medios de información hay en Jalisco. Por paradójico que parezca para una profesión y actividad de la economía que suele asumirse como el cuarto poder, no hay ni padrón ni estadísticas confiables al respecto. Existen recuentos comer-ciales de las agencias de publicidad, el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación,1 o el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet del Instituto Federal Electoral (IFE),2 pero ninguno de ellos es exhaustivo.

Hay varios periódicos de paga e infor-mación general de publicación diaria en Guadalajara (El Informador, El Occidental, Milenio, Mural, La Jornada Jalisco, Página 24, la Crónica de Hoy Jalisco, Récord, Esto), y en los años recientes han prolife-rado periódicos gratuitos (Solo Ofertas, El Tren, Publimetro y El Gratuito). También hay revistas como la edición de Proceso Jalisco, El Respetable y Conciencia Pública; publicaciones de nota roja como Metro y Exprés, y decenas de periódicos editados

en otras ciudades de Jalisco.Existen decenas de estaciones ra-

diodifusoras privadas y dos estaciones públicas: Radio Universidad de Guadala-jara y la radio del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (C7).

De televisoras nacionales y locales te-nemos en Jalisco las filiales de Televisa y TV Azteca, y las empresas de cable Mega-cable y Telecable. Las públicas son Canal 44, de la UdeG, y C7. Y en años recientes han surgido medios en internet, entre

los que se encuentran Proyecto Diez, Unión Jalisco, Artículo Siete y Brevísimo.

Hablamos de decenas de empresas de medios donde desempeñan su profe-sión miles de reporteros y trabajadores de medios de información y comunica-ción. Es necesario hacer el recuento de oficios y saberes porque ninguna noticia o reportaje que tenga impacto en la opinión pública puede producirse sin la concatenación de trabajo de distintos oficios.

Un breve panoramaCierto o no, todas las empresas de me-dios de información aducen que están en crisis. Una crisis, identificada primero como económica, que lleva a sus dueños o directivos a tomar decisiones que tienen consecuencias en la calidad de información que producimos los trabaja-dores de medios.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS TODAS LAS EMPRESAS DE MEDIOS HAN BUSCADO

MANTENER SU RENTABILIDAD –O EVITAR PÉRDIDAS– A COSTA DE LA FUERZA DE

TRABAJO.

1 Medios impresos de Jalisco, según el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. Consultar: http://pnmi.segob.gob.mx/ 2 Catálogo de Nacional de Medios Impresos e Internet del Instituto Federal Electoral (IFE). Consultar en: http://www.ife.org.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2013/SO22ju-

lio2013/JGEo220713ap6-1_x1.pdf


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Más allá de los matices, en los últimos años todas las empresas de medios han buscado mantener su rentabilidad –o evitar pérdidas– a costa de la fuerza de trabajo: la primera medida ha sido el re-corte de las redacciones de los medios de información de Jalisco: en 2014 los equi-pos de redacción y edición de los medios son más pequeños que diez años atrás (reporteros, editores, diseñadores, fotógra-fos, etc.). Además del recorte de personal, los dueños de los medios bajan sus gastos mermando las prestaciones laborales y sociales. Sin temor a equivocación se puede afirmar que en 2014 hay menos prestaciones que una década atrás.

Ahora impera el trabajo por honora-rios y la subcontratación (outsourcing), es decir, un empleo precario en el que el trabajador debe asumir los costos de la reproducción de su fuerza de trabajo y de proveerse prestaciones como aten-ción médica y de pensiones.

En medios impresos el retroceso fue evidente. En 2008 y 2009, el Grupo Milenio hizo dos recortes de unas 20 personas en cada ocasión. Nunca volvió a tener el mismo personal y quienes entraron después de esa fecha no tienen contrato ni prestaciones. En los años posteriores continuaron los despidos, especialmente de las personas de mayor antigüedad, al punto de que en 2014 sólo tres reporteros mantienen el contrato con Página 3, la empresa que existe desde que se fundó Público (que luego adquirió Grupo Milenio). Solo ellos tienen prestaciones como servicios de gastos médicos mayores, fondo de aho-rro, reparto de utilidades y vacaciones de ley. La diferencia salarial entre unos y otros es por lo menos de la mitad.

En el diario El Informador los contra-tos son con una empresa de outsourcing y no se respetan las vacaciones de ley (se da una semana al año, independien-temente del tiempo que se tenga en la empresa), ni los días de asueto. Tam-poco hay reparto de utilidades y en el contrato se estipula que la disponibilidad de horario debe ser permanente. Con el boom de las nuevas tecnologías se ha generado la idea de que los reporteros “viejos” ya no sirven para la inmediatez

que exige internet, por lo que poco a poco han despedido a los de mayor an-tigüedad. Tan sólo en 2013 registramos el despido de ocho personas. En este diario también ha habido despidos por la línea editorial. Además, se exige a los reporteros enviar una nota para la página web media hora después de que acaba el evento, una cuota de 60 tuits al mes y se les vigila en sus redes sociales persona-les, pues lo que ahí se opina repercute en su situación laboral.

En el caso del diario Mural, del Grupo Reforma, se han registrado presiones para que renuncien editores y una reportera que fueron amenazados por el crimen organizado. En vez de resguar-darlos y brindarles apoyo, la constante es que no se les protege y terminan des-plazados por la violencia. Este diario es quizá el que mantiene un aceptable nivel de prestaciones y salarios, pero com-parte con El Informador el hecho de que para contratar a sus trabajadores ejercen prácticas discriminatorias como pruebas de VIH, embarazo y antidoping.

La Jornada Jalisco ofrece prestacio-nes básicas (Infonavit e IMSS, aunque en casos recientes la administración se ha negado a reconocer incapacidades médicas y se ha detectado la omisión en los reportes de las cuotas patronales al Infonavit, sin previo aviso a los trabaja-dores), y los salarios van de 6 mil a 15 mil pesos; no se tiene fondo de ahorro ni reparto de utilidades. En 2013 se des-pidió a todo el personal de rotativa para contratar el servicio a una empresa ma-quiladora; hubo al menos seis despidos de personal de redacción bajo el argu-mento de que “no formaban parte de los planes de la empresa”. Las vacantes se han sustituido con practicantes a los que se les asignan jornadas completas de trabajo. Además, en 2013 y 2014 se ha retrasado el pago de varias quincenas.

La Crónica de Hoy Jalisco surge a finales de 2013, pero hasta el momento de redactar este documento (marzo de 2014) los trabajadores aún no tenían contratos ni prestaciones. Los sueldos de reporteros, diseñadores y editores van de 7 mil a 16 mil pesos.

En las radiodifusoras y televisoras, los reporteros que son “bien pagados” ganan entre ocho mil y 10 mil pesos, pero en general la remuneración es me-nor de esa cantidad. En empresas como Canal 8, a reporteros y camarógrafos se les otorgan prestaciones mínimas (IMSS, Infonavit y vacaciones) con sueldos bajos (6 mil pesos) por jornadas completas, mientras que en otras, como Televisa, los conductores y reporteros pueden ganar un poco más (arriba de 10 mil pesos),

CON EL BOOM DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SE

HA GENERADO LA IDEA DE QUE LOS REPORTEROS

“VIEJOS” YA NO SIRVEN PARA LA INMEDIATEZ QUE EXIGE

INTERNET, POR LO QUE POCO A POCO HAN DESPEDIDO A

LOS DE MAYOR ANTIGÜEDAD.


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pero bajo el esquema de prestación de servicios. Cuentan con un seguro de gastos médicos pero no gozan de vaca-ciones de ley, pues sólo se les otorga una semana al año; su contrato, que se re-nueva cada 3 meses, estipula que deben estar disponibles a cualquier hora, lo que para muchos de ellos implica jornadas laborales de hasta 16 horas.

Las emisoras de radio, por lo general, no presentan una situación mejor. En la estación DK 1250 se pagan 7 mil pesos mensuales, y aunque hay personal con contratos indefinidos y prestaciones superiores a las de ley, también hay reporteros sin contrato, por honorarios, con la misma paga y la misma carga laboral, pero sin prestaciones.

Megaradio tiene empleados por hono-rarios y a otros con prestaciones de ley, pero hay casos en los que se les divide la quincena en dos pagos que emiten distintas empresas; con lo anterior, el trabajador recibe su sueldo completo, pero su cotización en cuanto a presta-ciones como Seguro Social e Infonavit, es menor.

En Metrópoli el esquema es similar y durante 2013 fueron despedidos de esa radiodifusora tres periodistas a los que no se les dio mayor explicación. Lo preocupante es que tiene que ver con la línea editorial y en ningún caso hubo indemnización.

Como se ha visto, los trabajadores de los medios de comunicación loca-les trabajan bajo condiciones dispares incluso entre los colegas que laboran en la misma empresa.

En diarios como Milenio, Mural o emisoras como W Radio, DK 1250 o las pertenecientes a la Universidad de Gua-dalajara, las prestaciones que reciben los reporteros y trabajadoras de otras áreas difieren según el esquema de contra-tación bajo el que ingresaron. En otros casos, como Radio Fórmula Jalisco, existe personal que labora sin ningún contrato de por medio y bajo esquemas de pres-tación de servicios, lo que en automático los excluye de cualquier beneficio adicio-nal más allá del salario, en algunos casos menor a tres mil pesos mensuales.

Si bien es difícil calcular el salario

promedio de los trabajadores de me-dios en Jalisco, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) presenta un panorama a nivel nacional: el grupo uni-tario de periodistas y redactores aparece con un salario promedio de 10 mil 378 pesos, dato que esta sesgado por el 12% que gana más de 20 mil pesos. Si se quita a este pequeño grupo, el promedio del salario es de apenas 6 mil 387.83 pesos al mes.

Reporteros multimediaLa incorporación de nuevas tecnologías a los medios de comunicación ha impli-cado también un giro en las respon-sabilidades de los reporteros. Quienes antes debían dedicarse exclusivamente a producir para un público determinado, ahora deben procesar la misma informa-ción y, en la mayoría de los casos por el mismo salario, para diferentes platafor-mas.

Es así como los reporteros de medios escritos, por ejemplo, deben además tomar fotografías para ilustrar sus notas e incluso grabar video y audio para productos que se distribuyen por medios electrónicos. Esto implica también que la misma información debe procesarse en forma distinta en muchas ocasiones

para una nota light para los sitios web y para reproducciones de radio y televi-sión, sin contar la alimentación de redes sociales.

El nuevo esquema de trabajo implica dedicar más tiempo para las diferentes producciones y, por ende, se reduce el margen para investigaciones, trabajos especiales o agenda propia. En muchos casos, los trabajadores deben adquirir sus propias herramientas para hacer el trabajo que exigen las empresas; esto es, pagar su servicio de internet y adquirir computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas.

Nuevas políticas de gobiernoCon el argumento de acceder a paque-tes más económicos y mantener una sola política de difusión de las acciones de gobierno, en Jalisco el gobierno del estado asumió el control de los recursos disponibles para comunicación social tanto del mismo Ejecutivo como del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, y además tiene gran influencia en la forma en que utilizan es-tos recursos los ayuntamientos priistas de la zona metropolitana de Guadalajara, con excepción de Tlaquepaque.

El manejo de este dinero, una bolsa millonaria, lo tiene directamente quien aparece en la nómina como coordina-dor de asesores, Alberto Lamas, y las políticas de inversión en los medios de comunicación se definen a través de un grupo de secretarios y funcionarios de primer y segundo nivel, denominado “cuarto de guerra”.

Lo importante de este asunto es que la mayor parte de medios de comuni-

LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LOCALES TRABAJAN BAJO CONDICIONES DISPARES

INCLUSO ENTRE LOS COLEGAS QUE LABORAN EN LA MISMA

EMPRESA.


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cación en Jalisco tienen como principal ingreso la publicidad oficial. Por ello, el control que puede ejercer este equipo sobre los propietarios de los periódicos, estaciones de radio, canales de televisión y páginas de internet, es determinante.

Cuando el Partido Acción Nacional (PAN) llegó al poder en Jalisco, se puso al descubierto un esquema de corrupción a

través del soborno directo a periodistas y con los dueños de medios de comunica-ción. Los últimos dos gobiernos panistas perfeccionaron un esquema de coacción y presión a través de los contratos de publicidad con los medios más grandes, y de financiamiento de medios más pe-queños. Este sistema ha sido retomado por la actual administración estatal, sólo

que con políticas más radicales que im-plican la solicitud de cambio de fuentes para reporteros incómodos y en casos más radicales la exigencia de despidos y la imposición de notas “positivas” en las primeras planas y espacios estelares electrónicos.

A QUEMARROPA/HUELGA DE LA MEZCLILLA

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LA HUELGA DE PARRAS QUE NO SE QUIEBRA

Los trabajadores mantienen viva la huelga, a pesar de los intentos vanos de la empresa

por anular su movimiento

Por Manuel Fuentes Muñiz1


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El 6 de julio de 2014 se cumpli-rán tres años de la huelga en la Fábrica “La Estrella”. Las ban-deras rojinegras y las tiendas de campaña no se pueden disimu-

lar por más que pasa el tiempo. El centro de trabajo se encuentra enclavado en el corazón de la ciudad de Parras, Coahuila, y allí resisten, a pesar de lo prolongado del tiempo, 300 obreros y sus familias.

Fábrica “La Estrella” era la compañía más importante del país en la produc-ción de tela de mezclilla que importaba, la casi totalidad, a los Estados Unidos de Norteamérica. Trabajaba los tres turnos a toda capacidad, pero a los dueños de la empresa les pareció que las ganancias deberían ser superiores.

Una huelga propiciada por el patrónAprovechando la revisión del contrato colectivo de trabajo, dejaron estallar la huelga considerando que sería la oportu-nidad para bajar salarios y prestaciones, imponer recortes de personal y trabajar más con menos; (como dicen ellos) así se hace en todas partes del mundo.

Prefirieron propiciar un conflicto y no impulsar un diálogo para buscar alternativas entre las dos partes. Los trabajadores en plena huelga no acepta-ron el ofrecimiento de reducción de sus prestaciones, porque los salarios ya eran bajos, además de que la producción y ventas iban en ascenso. No era equitati-va la propuesta empresarial.

Liquidaciones de 6 mil pesosCuando pasaron las semanas y el patrón se dio cuenta que no se resolvía el conflicto, ofreció a manera de burla,

liquidaciones de 6 mil pesos para cada uno de los huelguistas, porque decía es-tar en quiebra. Cuando los trabajadores se enteraron del ofrecimiento no podían dar crédito. A algunos de ellos, con anti-güedades de hasta 40 años, la oferta les pareció una falta de respeto, ya que si la empresa había adquirido prestigio inter-nacional había sido gracias a la calidad productiva de sus operarios.

Los trabajadores respondieron que ellos ofrecían mantener la fuente de tra-bajo y revisar mecanismos para aumen-tar la producción. El patrón no aceptó e insistió en la liquidación de todo el personal con menos de la tercera parte de lo que les correspondía.

Cerrar la empresa y abrir con otra razón socialInversionistas externos se ofrecieron tomar la empresa e inyectar recursos financieros, pero los accionistas no aceptaron; sabían que la empresa era un buen negocio y no podía soltarla a otros así por qué sí. Sus asesores les dijeron que el conflicto pronto acabaría

con estrategias legales de quiebra y les resultaría más barato pagar las bajas indemnizaciones impuestas por un juzgado mercantil y así reabrir el centro de trabajo con otra razón social y contratar jóvenes de manera temporal (para correrlos cuando quisieran) y con salarios de miseria (como se hace en todo el mundo, dicen).

En varias ocasiones cuando los repre-sentantes empresariales llegaban a las pláticas apenas si subían la oferta. Ellos se ufanaban en decir que los trabajado-res ya no aguantan la huelga. Les decían: “Hay muchos compañeros suyos que ya aceptaron nuestra propuesta de liqui-dación, ya firmaron su renuncia. No se tarden porque se van a quedar solos”.

Los huelguistas han manifestado estar dispuestos a retirar las banderas rojinegras, pero a cambio de recibir al menos una liquidación legal: 3 meses, prima de antigüedad, 20 días por año y discutir el pago de salarios caídos.

Una quiebra quebradaLa empresa ha alegado tener una sen-tencia de un juez de Monterrey decla-rando la quiebra formal de la empresa. En abril de 2012 se tuvo conocimiento que habían solicitado a la Junta Fede-ral de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la terminación de las relaciones de trabajo de la totalidad de trabajadores, así como del contrato colectivo de trabajo y una vez que ello ocurriera dejar sin efecto la huelga estallada el 6 de julio de 2011.

El proceso legal se llevó a cabo y los trabajadores alegaron que el juicio de quiebra no estaba concluido y que la empresa engañaba a la autoridad con un argumento falso. A pesar de ello, el 5 de

LOS TRABAJADORES EN PLENA HUELGA NO ACEPTARON

EL OFRECIMIENTO DE REDUCCIÓN DE SUS

PRESTACIONES, PORQUE LOS SALARIOS YA ERAN

BAJOS, ADEMÁS DE QUE LA PRODUCCIÓN Y VENTAS

IBAN EN ASCENSO. NO ERA EQUITATIVA LA PROPUESTA

EMPRESARIAL.

1 El autor es doctor en derecho, profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, y abogado defensor.


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julio de 2012 la JFCA declaró que la em-presa tenía razón y con una resolución sin precedentes resolvió la terminación (el despido) de la relación de todos los trabajadores y de su contrato colectivo a pesar de la existencia de la huelga.

La noticia la recibieron los traba-jadores en el primer aniversario de la huelga, el 6 de julio de 2012, mientras oficiaba una misa el obispo Raúl Vera, quién al conocer de estos hechos les manifestó a los huelguistas y a sus familias que tuvieran confianza en ellos mismos, que la justicia estaba de su lado y que tarde que temprano tendrían que triunfar, que los empresarios no se saldrían con la suya.

El amparo ganado por los trabajadores desconoció la quiebraEl amparo se presentó y fue recibido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en la ciudad de México, que por varios meses revisó cada uno de los argumentos de las partes. Finalmente el 14 de enero de 2013 resolvió dar la razón a los trabajadores huelguistas no reconociendo la quiebra alegada por la empresa.

La empresa trató a toda costa de evitar que esa resolución llegara a la JFCA y le pidió a la Suprema Corte de Justicia que revisara el amparo otorgado en favor de los trabajadores de Fábrica “La Estrella”. Sin embargo, la empresa fue amenazada por funcionarios de la Suprema Corte con multarla porque el amparo otorgado a los trabajadores era irrevocable.

La empresa tuvo que admitir su derrota y decidió presentar por segunda ocasión ante la JFCA una nueva petición

de terminación (despido) de las relacio-nes de trabajo el 19 de junio de 2013.

La empresa se desistió ilegalmente del juicio que perdióCasi al mismo tiempo, la empresa, a hur-tadillas, sin conocimiento de los trabaja-dores huelguistas ¡se desistió del juicio que había perdido! La JFCA, colaborando con esta atrocidad, mandó al archivo el expediente como “asunto concluido”, a pesar de que se le había ordenado ela-

borar un laudo desconociendo la quiebra alegada por la empresa.

Los trabajadores, al enterarse de esta acción ilegal, presentaron un amparo urgente quejándose del actuar arbitrario de la JFCA por desconocer un amparo ya ganado por los huelguistas.

El 12 de febrero de 2014 la empre-sa sufrió un nuevo revés por parte del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo del D.F., al resolver que el expe-diente debía regresar del “archivo defini-tivo” que indebidamente había realizado la JFCA para que los huelguistas tuvieran derecho a oponerse al desistimiento de la empresa.

El conflicto actualmente sigue su curso. Los trabajadores mantienen viva su huelga, a pesar de los intentos vanos de la empresa por anular su movimiento. Han llevado a cabo movilizaciones de todo tipo y siguen unidos junto con sus familias dando una lucha ejemplar por el respeto a su dignidad y sus derechos.

LOS HUELGUISTAS HAN MANIFESTADO ESTAR

DISPUESTOS A RETIRAR LAS BANDERAS ROJINEGRAS,

PERO A CAMBIO DE RECIBIR AL MENOS UNA

LIQUIDACIÓN LEGAL.

A QUEMARROPA/SINDICATO DE HONDA EN JALISCO

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UN HITO EN EL SINDICALISMO

INDEPENDIENTEEl sindicato de Honda y su lucha por la autonomía

Por José Luis Solorio1

XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013) A QUEMARROPA/SINDICATO DE HONDA EN JALISCO

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La empresa Honda de México, S.A. de C.V. planta El Salto, Jalisco, tiene firmado contrato de protección con el Sindica-to de Empleados y Trabajadores en la Estructura, Armadura Motriz e Industrial (SETEAMI), mismo que no ha actuado en

defensa de los trabajadores de la empresa; contrario a ello, ava-la sus omisiones en seguridad e higiene, encubre accidentes y las condiciones de riesgo en las que presta el servicio y se traslada al personal; permite las excesivas cargas laborales y la arbitraria extensión de las jornadas; denuncia y despide a los trabajadores cuando se organizan para reclamar mejores condiciones de trabajo y salariales; y amenaza a los trabajadores y a sus familias.

Debido a la grave situación y los abusos padecidos, los trabaja-dores se organizaron y solicitaron el registro del Sindicato de Traba-jadores Unidos de Honda de México (STUHM), proceso que duró un año y medio, debido los requisitos ilegales e incongruentes que les solicitó la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Durante ese tiempo, fueron despedidos todos los integrantes del Comité Ejecutivo. En agosto de 2011 finalmente obtiene su registro.

En septiembre del 2011, el STUHM promueve el primer juicio de titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT); la Junta Fede-ral de Conciliación y Arbitraje archivó este expediente en enero de 2012, señalando que no existía el contrato del cual se solicitaba la titularidad, en razón de que la empresa canceló el CCT y firmó uno nuevo con el SETEAMI sin informar a los trabajadores, todo avalado por la Junta con pleno conocimiento de la demanda de titularidad.

En febrero de 2012 se presentó la segunda demanda de titulari-dad, ahora por el nuevo CCT; la primera audiencia sólo pudo cele-brarse hasta septiembre de 2012, debido a que el SETEAMI cambió de nombre dos veces, de domicilio otras tantas y la Junta Federal se “equivocó” al dictar sus acuerdos en tres ocasiones impidiendo el desarrollo de la audiencia. Durante este período, las agresiones contra el STUHM por parte de la empresa, en conjunción con el SETEAMI, se dieron de diferentes formas, entre otras: el primero de marzo de 2012, José Luis Solorio, secretario general, fue de-tenido ilegalmente, en una reunión informativa a los trabajadores por la denuncia de personal de la empresa, retenido ilegalmente por varias horas en una casa de seguridad, golpeado y aislado. En julio-agosto de 2012, la empresa, con amenazas a los trabajadores y a sus familias, forzó a varios compañeros para que firmaran la renuncia al STUHM.

Con la intención de alargar el procedimiento, el 20 agosto de

2012, el SETEAMI promovió un incidente señalando que no había sido notificado correctamente. En esa fecha apareció la Unión de Trabajadores de la Industria Auto-motriz en General, sus Derivados y Similares de la República Mexi-cana (UTIAGRM), manifestando que tenía interés en el juicio por-que también había demandado la titularidad del contrato sin exhibir documento alguno que avalara su declaración.

El 29 de agosto, se tramita el incidente promovido por el SETEAMI; en esta audiencia el STUHM denunció las amenazas de despido y violencia, implementados por la empresa contra los miembros y simpatizantes del sindicato, en caso de negarse a firmar renuncias a la organización, así como la

JULIO-AGOSTO DE 2012: LA EMPRESA, CON AMENAZAS A

LOS TRABAJADORES Y A SUS FAMILIAS, FORZÓ A VARIOS

COMPAÑEROS PARA QUE FIRMARAN LA RENUNCIA AL

STUHM.

1 El autor es secretario general del STUHM

A QUEMARROPA/SINDICATO DE HONDA EN JALISCO

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presencia de golpeadores en la Junta amenazando a su representa-ción, misma que fue una constante en las audiencias.

El 13 de septiembre 2012, se celebra la audiencia de ley, por lo que el STUHM solicitó a la Junta que requiriera al IMSS y al patrón para que a la brevedad exhibieran documentos que permitieran determinar los trabajadores con derecho a voto en el recuento y se implementaran las medidas de seguridad necesarias para esa dili-gencia. Nuevamente comparece la UTIAGRM y exhibe copia de su demanda de titularidad (presentada en esa misma fecha) y pide se acumulen ambos expedientes.

El 20 de septiembre de 2012, se celebra la audiencia del expe-diente de la UTIAGRM, en tan solo 7 días. La Junta ordena que se acumule este expediente al del STUHM, indicando que cuando se encuentren en la misma etapa procesal continuaría el trámite. Esta circunstancia impidió la continuidad de la titularidad, pues el ex-pediente del UTIAGRM se paralizó debido a la omisión de la Junta de notificar al SETEAMI.

También en septiembre de 2012, se notifica al STUHM que el SETEAMI demandó la cancelación de su registro señalando que no contaba con una membresía suficiente, derivado de las renuncias obtenidas con amenazas, aproximadamente 25. El juicio se tramita en tan solo dos meses y medio, ya que el 7 de noviembre de 2012 la Junta cierra instrucción, dicta laudo y lo notifica al STUHM. El laudo ordena la cancelación del registro. En di-ciembre se presentó un amparo contra esta reso-lución y se otorga la suspensión de la cancelación mientras se resolvía el asunto de fondo.

En enero de 2013, el UTIAGRM se desiste de su juicio de titularidad, por lo que el juicio del STUHM puede continuar y la Junta debe señalar fecha de recuento; sin embargo, se niega a darle continuidad a pesar de las reiteradas peticiones de esta parte para ello.

Después de reiteradas denuncias de las inse-guridad y peligrosidad de las condiciones de tras-lado y trabajo en la planta, la empresa impone como castigo al compañero Armando Arana que realice funciones diferentes a las que fue contrata-do y, precisamente por falta de medidas de seguri-dad y negligencia reiterada de la empresa, fallece el 25 de marzo de 2013, aproximadamente a las 16:00 horas, víctima de un accidente en las ins-talaciones de la empresa, prensado por la caja de un tráiler. Ahora amenaza a la viuda y a sus dos menores hijos para que no presente denuncias ni declaraciones al respecto. Los accidentes son co-munes en la empresa y, en complicidad con el SE-TEAMI, se ocultan, desde incendios en su interior hasta de los transportes de personal con varios lesionados de gravedad.

Del 16 al 18 de abril de 2013, inicia una ma-nifestación en la empresa por el reclamo del pago de utilidades y mejores condiciones de seguridad

en el trabajo; se celebraron varias negociaciones entre la repre-sentación del STUHM, la empresa, delegado federal de la STPS y delegado del estado de Jalisco, cuyo papel fue amenazar a los trabajadores con despidos y denuncias penales, en lugar de propi-ciar una negociación imparcial y la solución del conflicto. A pesar de ello, se acuerda el pago de utilidades bajo la denominación de bono por $17,000.00 (diecisiete mil pesos), el compromiso de no ejercer represalias contra los manifestantes y establecer una mesa de diálogo para resolver los problemas de fondo.

Pese al acuerdo celebrado y el compromiso asumido ante las autoridades laborales, el 7 de mayo de 2013, la empresa despide a los CC. Fernando Moisés Casillas, Raúl Rojas, José Candelario Mar-tínez, Juan Carlos García y David Reyes, integrantes de la comisión negociadora, y amenaza con despedir a todos los manifestantes. El 14 de mayo despide a los CC. Edgar Guadalupe Hernández Hernán-dez, Esteban Acero Hernández, Rubén Alejandro Solimán Victoria y Juan Reyes, Luis Gerardo Rodríguez Luna y Francisco Javier Sánchez

Torres y mantiene la amenaza de hacer lo mismo con 40 más.

El 16 de mayo de 2013, el 13 Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo concede el amparo al STUHM; lo hace público hasta el 29 de mayo, y ordena a la Junta que emita un nuevo laudo considerando que el SETEAMI no tiene derecho a limitar el derecho de asociación de los miembros y simpatizan-tes del STUHM, ya que éste es un derecho humano que debe ser respetado por las autorida-des, la empresa y el SETEAMI.

Esta resolución confirma el registro del STUHM, el derecho a representar a los trabajadores de la empresa y, por tanto, con-

25 DE MARZO DE 2013: FALLECE EL COMPAÑERO ARMANDO

ARANA, VÍCTIMA DE LAS CONDICIONES DE INSEGURIDAD Y PELIGROSIDAD EN LAS QUE SE DESEMPEÑAN LAS FUNCIONES

EN LA EMPRESA, CASTIGADO POR DENUNCIAR ESAS ANOMALÍAS

SE LE ORDENA DESEMPEÑE FUNCIONES EN SITUACIÓN DE RIESGO. AHORA AMENAZAN A LA VIUDA Y SUS DOS MENORES HIJOS PARA QUE NO PRESENTE DENUNCIAS NI DECLARACIONES

AL RESPECTO.

XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013) A QUEMARROPA/SINDICATO DE HONDA EN JALISCO

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tinuar el procedimiento de titularidad que les per-mita elegir al sindicato que represente sus intere-ses. La Junta Federal debe obedecer lo ordenado por el Tribunal Colegiado, actuar imparcialmente y dar seguimiento a la demanda de titularidad sin más trabas ni pretextos.

El 28 de junio de 2013, se presentó ante la Jun-ta Federal la demanda por el despido injustificado de los integrantes de la Comisión Negociadora y del Comité Ejecutivo del STUHM. El 8 de julio se nos notificó auto de radicación que señaló el 19 de agosto a las 09:00 horas para la celebración de la primera audiencia, siempre y cuando la Junta, con sede en Guadalajara, Jalisco, notifique en tiempo y forma a la empresa Honda de México.

La Junta emite una nueva resolución que se notifica al STUHM el 17 de junio de 2013, y que no cumple lo ordenado por el Tribu-nal Colegiado, por lo que promovimos una queja denunciando esta circunstancia pero fue ignorada por el Tribunal Colegiado. Debido a la ilegalidad de la resolución de la sentencia del 17 de junio de 2013, se promovió un amparo que está pendiente de resolución y, mientras tanto, se otorgó una suspensión de la resolución, lo que mantiene el registro del STUHM, en tanto se resuelve el amparo.

Después de una larga batalla legal plagada de múltiples irregu-laridades, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje al fin emitió el laudo en cumplimiento a lo ordenado por el Décimo Tercer Tri-bunal Colegiado del Primer Circuito en materia de Trabajo (TCC 13) en el expediente IV-302/2012.

El pasado 24 de enero, el TCC13, por segunda ocasión, emitió resolución favorable al Sindicato Único de Trabajadores de Hon-

da de México y al sindicalismo independiente, al ordenar a la JFCA no intervenir en la autonomía sindical, pues es derecho y obligación exclusiva e inalienable de las mismas modificar su padrón de socios y definir su vida interna mediante las instancias de representación y mecanismos esta-tutarios. Por lo que, acorde con el artículo 377 fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, sólo pro-ducen efectos legales las modificaciones a los pa-drones de socios presentados por la organización sindical, es decir, ningún sindicato o autoridad ajena al STUHM puede decidir su membresía.

Asimismo, el TCC13 señaló a la Junta que ca-rece de facultades para intervenir en cuestiones de competencia exclusiva de los sindicatos, y tampoco puede definir oficiosamente si los sindicatos cumplen o no con el número de agremiados es-tablecido por la ley por tratarse de una cuestión exclusivamente sindical, incluso invocando el orden público.

Esta resolución constituye un hito en el sindicalismo indepen-diente al poner un alto a las acciones que se realizan contra el mismo, a través de organizaciones gremiales y patronales que bus-can eliminar la libertad sindical usando a la Juntas Locales y Fede-ral donde controlan los espacios de representación. En el mismo sentido, es una muestra de las acciones pseudolegales usadas para dilatar y desgastar a las y los trabajadores en su reclamo legítimo de libertad sindical y, sobre todo, actualiza y resalta la recomenda-ción de la Organización Internacional del Trabajo en el caso 2694 contra el gobierno mexicano relativo a realizar acciones efectivas tendientes a erradicar el contratismo de protección patronal.

7 Y 14 DE MAYO 2013: LOS

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

NEGOCIADORA DEL STUHM Y MIEMBROS

DEL COMITÉ EJECUTIVO SON DESPEDIDOS.

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EN POSITIVO/CETIEN

COALICIÓN DE EXTRABAJADORAS

(ES) Y TRABAJADORAS (ES) DE LA INDUSTRIA

ELECTRÓNICA NACIONAL

Seis años en lucha por el derecho a la libertad de asociación

EN POSITIVO/CETIEN

69


La CETIEN somos un grupo de ex trabajado-ras y trabajadoras, en su mayoría mujeres aunque también tenemos algunos hombres como miembros, que laboramos en la ma-

quila de la electrónica y estamos presentes en dife-rentes puntos del país, como Mexicali, Reynosa y Monterrey. Nos unimos en busca de la promoción y defensa de nuestros derechos humanos labora-les, dentro del mismo sector. Sabemos que dentro de las empresas hay sindicatos, pero en su mayoría no apoyan las necesidades de los trabajadores y trabajadoras; es por eso que nosotras decidimos utilizar nuestro derecho de libertad de asociación para seguir nues-tros intereses enfocados a mejorar las condiciones en nuestras áreas de trabajo y, con ello, mejorar nuestras condiciones de vida.

Tenemos seis años luchando por nuestro derecho a la libertad de asociación, tan anulado por las empresas y algunos sindicatos des-de hace muchos años. Estamos en proceso de consolidar nuestra organización bajo esta figura legalmente reconocida en los artícu-los 354 y 355 de la Ley Federal del Trabajo.

Una coalición se caracteriza por ser una agrupación de carácter temporal, y al lograr su objetivo desaparece. La Constitución, en el artículo 123 del apartado A, fracción XVI, dice que tanto trabaja-dores como patrones tienen el derecho de coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profe-sionales, etcétera.

La diferencia entre un sindicato y una coalición es que todo sindicato es una asociación profesional, pero no toda asociación

profesional es un sindicato. Un sindicato es per-manente y requiere un registro ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS); se necesi-ta un mínimo de 20 trabajadores o 3 patrones, es constituido para la defensa de intereses comunes, así como para el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los representados.

En tanto, una coalición es de carácter tempo-ral, no requiere registro ante STPS y la pueden formar un mínimo de 2 trabajadores o patrones; es constituida para perseguir un fin común. Ade-más, tiene el derecho de huelga, en virtud que es

un derecho de todos los trabajadores, tanto si están sindicalizados como si no lo están.

En México existen muchos sindicatos, sin embargo, estos no de-fienden los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sino que expiden contratos de protección para las empresas. Como obre-ras, también nos topamos con la cruda realidad de que, al solicitar el registro para formar un nuevo sindicato ante la STPS, una de las condiciones es hacer una lista de trabajadores que lo quieren conformar, misma que es publicada, de manera que al momen-to en que los patrones o el sindicato ya existente se dan cuenta de quiénes buscan avanzar en su asociación los frenan y terminan siendo reprimidos y despedidos, y todo por buscar un sindicalismo verdaderamente democrático en comparación con el existente. Por lo tanto, nosotras decidimos conformar una coalición debido a que esta problemática tan anclada en nuestro país no permite el respeto a los derechos de los trabajadores; además, le sumamos el mie-

UNA COALICIÓN SE CARACTERIZA

POR SER UNA AGRUPACIÓN DE CARÁCTER

TEMPORAL, QUE AL LOGRAR SU OBJETIVO

DESAPARECE.

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EN POSITIVO/CETIEN

do que tienen la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras a reclamar sus derechos, dándose cuenta de esta situación el patrón solo prostituye los derechos, pues para él son objeto de negocios en beneficio de los mismos empresarios, dejando al trabajador indefenso ante estas prácticas que violentan a cada uno en sus derechos humanos, haciéndoles una vida cada vez más difícil. REALIDAD DENTRO DE LA MAQUILADía con día nosotras, las trabajadoras de la ma-quila electrónica, vivimos diferentes violaciones a nuestros derechos humanos dentro de las áreas de trabajo, como el precario salario que ganamos, el cual no ajusta para los gastos del hogar; como la discriminación por ser mujer al buscar un puesto más alto, o vivir el hostigamiento sexual y laboral, y no contar con alguna instancia que pueda defendernos. Además, las jerarquías de los puestos siempre están ocupadas por hombres que no entienden la situación de la mayoría de las obreras.

En la actualidad pertenecer a un sindicato es entrar en una diná-mica que no beneficia a los trabajadores sino a un grupo que actúa conforme a intereses propios y a favor de las empresas. Los sindi-catos en nuestro país son corruptos y en la mayoría de los casos las trabajadoras y trabajadores no conocemos al sindicato, tampoco a sus representantes, no pagamos cuotas y no somos representados para la mejora de nuestras condiciones laborales y en caso de que nuestros derechos humanos laborales sean violentados no conta-mos con ningún tipo de apoyo.

Otra situación preocupante es que ahora sabemos que los sindi-catos de protección para la empresa o sindicatos blancos solo ha-cen negocios con la empresa afiliando a los trabajadores sin que es-tos sean tomados en cuenta, no les informan que han sido afiliados, por lo tanto, ignoran que están inscritos en uno, imposibilitándoles todo tipo de información al respecto para que no busquen afiliarse a ninguno y esto con el fin de mantener el control sobre todos los trabajadores dentro de la empresas.

Cuando un trabajador busca informarse sobre si existe algún sin-dicato en la fábrica es despedido, es violentado en sus derechos, primero al de elegir afiliarse a un sindicato y, segundo, en su dere-cho a un empleo estable. La empresa o fábrica evita a toda costa que el trabajador se informe sobre sus derechos, que los promueva, y le hace creer que la libre asociación no existe para él, lo crimi-

naliza e infunde miedo en todos los trabajadores, amenazándoles con quitarles la fuente de empleo.

A pesar de que un sindicato puede tener una gran fuerza para realizar un cambio dentro de las condiciones de trabajo, por ahora es sólo una ima-gen sin ninguna acción y que se vende para los propios fines de los que lo dirigen. ¿Cuál es la desventaja de buscar ser sindicato sin tomar en cuenta la realidad cruda en la que vivi-mos dentro de estas empresas?Es bonito subirse a la nube y pensar e imaginar que con el contrato colectivo podemos mejorar

mucho nuestras condiciones de trabajo y llevar a cabo las nego-ciaciones con las empresas. Sin embargo, los derechos que son por ley de los trabajadores están siendo arrebatados poco a poco con las prácticas que han llevado a cabo tanto empresarios, sindicatos (charros, de protección para la empresa), agencias de subcontrata-ción y las instancias gubernamentales que apoyan al inversionista, dejado de lado al trabajador cuya mano de obra es vital para el funcionamiento de una empresa, para el funcionamiento de la eco-nomía, para el bien de la sociedad misma.

La primera limitante que utilizan los empresarios a su favor es la ignorancia de los trabajadores y trabajadoras, puesto que des-conocen de su derecho a la libertad de asociación. En segundo término se encuentra el miedo: la mayoría de los empleados se asustan cuando escuchan “sindicato” porque piensan que al aso-ciarse pueden llegar a perder su “estabilidad laboral”. Y en parte esto es cierto, pues generalmente, al ser publicada la lista del re-gistro sindical por la STPS, son despedidos y se pierde el sindicato; podemos tomar el ejemplo de los trabajadores de Honda que han sido reprimidos y despedidos.

Como ya se había mencionado anteriormente, la mayoría de las empresas ya cuentan con un sindicato con el cual realiza las nego-ciaciones; así, cuando los trabajadores buscan utilizar su derecho para integrar un sindicato nuevo, la empresa le pone objeción por-que ya están afiliado a uno, para lo cual el trabajador ni si quiera fue tomado en cuenta, o bien, al expresar su inquietud de saber si existe un sindicato, de querer conocer a su representante, es despe-dido inmediatamente.

También los costos para formar un sindicato son muy altos: los trabajadores son incapaces económicamente de solventar esos gas-

EN LAS MAQUILA ELECTRÓNICA, LAS

JERARQUÍAS DE LOS PUESTOS SIEMPRE ESTÁN OCUPADAS

POR HOMBRES QUE NO ENTIENDEN LA SITUACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS

OBRERAS.

EN POSITIVO/CETIEN

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tos sin la ayuda de alguna otra organización. Ante la ley un grupo de trabajadores de la industria electrónica que ganan dos salarios mínimos al día no podría reunir la cantidad necesaria para poder realizar un gasto de esa magnitud sin que merme su “estabilidad económica”.

Por otro lado, juntar a 20 trabajadores sin miedo y con conoci-miento de su derecho es un gran logro; el problema viene cuando la empresa, el sindicato o las instancias gubernamentales comien-zan con las intimidaciones, pues con uno de ellos que flaquee el registro se viene abajo y todo lo que se haya trabajado. ¿Porque es positivo crear una coalición?La coalición refleja una toma de conciencia por parte de los tra-bajadores-miembros de que sus intereses son comunes y que esos mismos intereses exigen una mayor promoción y defensa como organización estable y racional de los derechos humanos dentro de nuestros centros de trabajo. Nuestros intereses van ligados a las mejores condiciones de vida para nosotras y nuestras familias, por medio del respeto a los derechos humanos laborales.

Nosotras iniciamos un movimiento que surgió de un día para otro; la necesidad de defender nuestros derechos nos convocó inmediatamente un día de mayo del 2007 para impedir que la empresa de Hitachi nos dejara sin liquidación. Éste fue nuestro primer logro como una coali-ción.

Pero nos dimos cuenta de que las injusticias no solo es-taban en esa empresa, sino en muchas otras y conocimos a otros compañeros y compañeras que vivían con sus derechos hu-manos laborales violentados y

nuestros nuevos patrones realizaban las mismas prácticas que los anteriores. Así fue como decidimos seguir en pie de lucha.

Al vernos hacia adelante, nos planteamos ante la ley ser sindi-cato o coalición, entramos en un proceso de discernimiento para lograr ver todos los pros y contras entre estas dos posibilidades; al final decidimos ser una coalición, decidimos ser CETIEN. Como ya mencionamos, constituir un sindicato es demasiado arriesgado y no podíamos exponer a nuestra base de integrantes, ya que la mayoría son madres solteras, cabezas de familia.

Como coalición podemos revitalizar energías de algunas traba-jadoras que realizan acciones solas, y que buscan que su vida sea digna, tanto para ellas como para su familia; al sumarse una a una las fuerzas se multiplican, haciendo que la voz de todas las trabaja-doras sea más fuerte, escuchada y atendida.

Además, una coalición puede realizar casi todas las actividades que un sindicato. Puede afiliar a más miembros y ser democrá-tica. Si bien no podemos realizar un contrato colectivo, sí pode-mos llevar a cabo negociaciones con las empresas para mejorar las condiciones de las trabajadoras; esta negociación no tiene tanta legalidad como el contrato colectivo, pero es un pacto entre la em-

COMO COALICIÓN PODEMOS

REVITALIZAR ENERGÍAS

DE ALGUNAS TRABAJADORAS QUE REALIZAN

ACCIONES SOLAS, Y QUE BUSCAN QUE SU

VIDA SEA DIGNA.

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EN POSITIVO/CETIEN

presa y nosotras, el cual podemos gestionar y darle seguimiento.

La coalición no se registra ante la STPS, por lo tanto, las trabajadores que la integran no corren el riesgo de ser despedidas, ya que sus datos están protegidos al no ser públicos. De esta manera, las trabajadoras no reciben represalias de otros sindi-catos, las empresas o entidades gubernamentales. Esta es una gran ventaja porque las trabajadoras se afilian con más confianza y sin miedo a perder su “estabilidad”. Nosotras utilizamos máscaras blan-cas para proteger la identidad de las trabajadoras.

Para afiliarse, las trabajadoras no necesaria-mente tienen que ser de la misma empresa, pue-den estar laborando en diferentes compañías que sean del mismo ramo, o bien, haber laborado anteriormente en alguna empresa de este tipo. De este modo, las trabajadoras pueden conocer las situa-ciones de violencia a los derechos humanos que se viven en las empresas de la industria electrónica y se puede consensuar en una solución desde los diferentes puntos de vista.

La huelga también es una de las acciones que como coalición se pueden llevar a cabo. El paro de labores al no llegar a un acuerdo con la empresa no está lejos si la coalición lo decide y si la poca disponibilidad para negociar fuera un factor determinante.

Se puede trabajar en una comunicación más estrecha y efectiva

para conocer que tanto los trabajadores y trabaja-doras de México como de China o Brasil somos violentadas en nuestros derechos y que todos y todas somos iguales en dignidad, derechos y que-remos una vida más justa. Aumentando la comu-nicación podemos romper con los estereotipos de que algunos trabajadores son mejores, otros ma-los, otros flojos… Esa manera de pensar debemos anularla para el bien de la clase trabajadora, pues la mano de obra es tanto más valiosa que el propio capital de los empresarios.

Buscamos, como otras organizaciones y mo-vimientos, dignificar a la trabajadora, darle una cara y un rostro, no un número más que puede ser

remplazado al no cumplir las metas o al caerle mal al supervisor de la empresa. Queremos defender los pocos derechos que nos quedan después de la reforma y hacerlos respetar. Planeamos en un futuro poder llegar a un sindicato democrático representante de la clase obrera, aunque por lo pronto nos concentramos en el fortalecimiento de nuestro grupo y en la capacitación de nuestras integrantes para brindarles apoyo y esperanza en que no están solas en la lucha y el patrón no es la última voz que manda: nosotras ponemos los límites de a dónde queremos llegar y, como grupo, queremos una vida digna para nosotras y nuestras familias.

COMO COALICIÓN PODEMOS

REVITALIZAR ENERGÍAS

DE ALGUNAS TRABAJADORAS QUE REALIZAN

ACCIONES SOLAS, Y QUE BUSCAN QUE SU

VIDA SEA DIGNA.

EN POSITIVO/EXPERIENCIAS BINACIONALES

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SINDICATOS INDEPENDIENTES EN

MÉXICO Y BRASILHacia una coordinación regional de la lucha por los

derechos de los trabajadores Por Alejandro Velazco


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Las redes de acción y colaboración entre trabajadores son una de las mejores formas de fortalecer los derechos fundamentales que todos tenemos. Al conocer otras experiencias y situaciones, se abre el panorama para identificar fortalezas, debilidades y

puntos de apoyo en los que se pueden apoyar unos con otros.Y es que en un mundo controlado por el poder económico de

las empresas transnacionales, los derechos humanos –sobre todo los laborales– es algo que ha ido quedando de lado para imponer una visión de “desarrollo” que no va del todo acorde con la calidad de vida de los sectores obreros. De ahí que en estos casos cobre mucha importancia la frase “la unión hace la fuerza”.

Desde el año 2010, el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM) comenzó en Jalisco un trabajo para el fortalecimiento de los derechos laborales en esta empresa, un gran intento por democratizar la situa-ción del sindicato de protección que ya existía y que no hacía nada por los trabajadores.

En estos cuatro años, los trabajadores del sindi-cato democrático de Honda han sufrido de repre-sión y persecución, pero la lucha continúa con la esperanza de que en un futuro sean respetados to-dos los derechos de todos los trabajadores, aunque cueste más tiempo y esfuerzo de lo contemplado.

Como parte de los esfuerzos para crear comu-nidad entre todos los trabajadores de Honda, en la lucha de sus derechos, el STUHM ha entrado en comunicación con sindicatos de Inglaterra, Fi-lipinas y Argentina, pero apenas este año entraron en contacto directo con dos sindicatos de Brasil que visitaron Guadalajara para sostener una reu-nión con ellos y con otras organizaciones de tra-bajadores, como la CETIEN.

Del 6 al 12 de marzo de 2014, las trabajado-ras de la CETIEN y los sindicatos de Honda, de Manaos y Campinas, adheridos los últimos dos al sindicato metalúrgico que reúne a más de 80 mil empleados en el país sudamericano, estuvieron en la capital jalisciense para compartir experiencias con el STUHM y la CETIEN y proyectar acciones a futuro. Aunque se tenía contemplada la visita de compañeros de Argentina, por causas de fuerza mayor estos no pudieron arribar a México; aún así, la reunión fue fructífera.

“Tuvimos una reunión con los compañeros de Honda Brasil, esto para conocer parte de las condiciones de trabajo que se viven tanto en México como en Brasil; eso fue lo primero que nosotros tratamos de ver, comparar los salarios, las horas de trabajo, las pres-taciones y cómo se va dando la empresa, cuáles son los reglamen-tos, si son las mismas políticas. Tuvimos un acercamiento con otros sindicatos, como por ejemplo Inglaterra; tuvimos el acercamiento con Filipinas, no tan cerca pero vía contacto por correo, que son sindicatos independientes, pero así como con Brasil no, éste fue más cercano”, relata José Solorio, secretario general del STUHM.

En el encuentro se hicieron comparaciones de situaciones como los contratos colectivos, las prestaciones que se dan en los dos paí-ses y la lucha que en ambas latitudes se ha dado.

Se intercambiaron puntos de vista, historias y situaciones en los dos países, que tienen pro-blemáticas parecidas pero con algunas diferencias que, gracias al trabajo en Brasil, se han lo-grado tener, lo cual deja espe-ranza para el STUHM.

“Las mismas políticas que ponen aquí ponen en Brasil.

EN HONDA MÉXICO SE TRABAJAN OCHO HORAS MÁS A LA

SEMANA Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PROBLEMA QUE

AQUEJA DIARIAMENTE A LOS EMPLEADOS, SON PEORES QUE

EN EL BRASIL.


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Hay políticas antisindicales, la empresa no quiere sindicatos independientes, quiere sindica-tos que vayan acorde con la em-presa, que estén amañados, que sean parte de la empresa. Que sean patronales los sindicatos para que dejen trabajar a la empresa tranquila, es algo que empezamos a notar como una política, el mismo régimen de hostigamiento”, explica Solorio.

En Honda México se trabajan ocho horas más a la semana y las condiciones de seguridad, pro-blema que aqueja diariamente a los empleados, son peores que en el país sudamericano.

“Las condiciones de seguri-dad es lo que más nos preocupa a nosotros, hay compañeros que tienen plomo en la sangre, compañeros que han sufrido ac-cidentes graves, que han caído en coma…Esas condiciones de seguridad nos dejan a nosotros preocupados”, añade Solorio.

El año pasado, ejemplifica, un compañero falleció al reci-bir el impacto de un contenedor que cayó sobre su cuerpo; ni la empresa ni el sindicato oficial le dieron apoyo, no quisieron levan-tar pruebas de lo sucedido y nunca hicieron caso de las peticiones de seguridad que él había pedido tiempo atrás, con lo cual se hu-biera prevenido esta desgracia.

“No hubo nadie que le diera esa seguridad: fue aplastado. Ante esas cosas, el sindicato nunca hizo nada para aclarar los hechos y quiénes eran los responsables. La Secretaría del Trabajo de Jalisco se lavó las manos; supuestamente hicieron una revisión, quedaron de darla a conocer, pero nunca lo hicieron. Eso es mentira y… ¡pues no es justo!”.

La situación de las fábricas de Honda en México y Brasil es si-milar: un crecimiento sincrónico, una plantilla parecida, sindicatos oficiales que no protegen al trabajador y un gobierno omiso en la protección de los derechos laborales.

Solorio detalla cómo todo aquel que intenta democratizar el sin-dicato dentro de la transnacional es sometido a una persecución, como ha sido su caso, “y en Brasil son las mismas persecuciones a los compañeros, como lo hemos vivido aquí” y las que viven la ma-yoría de trabajadores y trabajadoras en el país, como las compañe-ras de la CETIEN que, aun sin ser un sindicato, pasan por las mismas situaciones que nosotros y sólo por el deseo de querer organizarse.

Como sindicato independiente, en Brasil han tenido varios lo-gros, y la meta del STUHM y de la CETIEN es llegar a ese punto en que poco a poco las condiciones sean más favorables para los y las

trabajadoras. “La reunión con las diferentes organizaciones

de trabajadores nos da fuerza para seguir luchan-do en contra del sindicalismo charro. No pelea-mos contra la empresa, muchos argumentan que estamos peleando contra la empresa, pero no, nosotros estamos en contra del sindicato de pro-tección que tiene 28 años y que en estos 28 años –que son los mismos que cumple la empresa– no ha hecho nada por defendernos a los trabajado-res”, indica Solorio.

“Si el lema de la empresa es universal ‘La Fa-milia Honda’, y si los brasileños y nosotros trabajamos para la mis-ma transnacional, ¡que nos paguen y nos traten con las mismas condiciones a todos los trabajadores!”.

En la reunión también estuvieron presentes las trabajadoras de la CETIEN, quienes están en vías de consolidar una organización que brinde protección a los miles de trabajadores que laboran en las empresas electrónicas del país. Estar en esta reunión ha signi-ficado mucho para la CETIEN, ya que pudieron entablar conver-saciones con trabajadoras de manufactureras de la electrónica de Brasil y han aprendido sobre sus luchas por las que han pasado para llegar a conquistar algunos derechos.

Para Amapola López, coordinadora de la CETIEN, los sindicatos democráticos de Brasil, que también tienen afiliados en empresas de la industria electrónica, tienen un “largo camino recorrido” que servirá como ejemplo para los esfuerzos del STUHM y la CETIEN y otras luchas democráticas dentro de los sindicatos, y sobre todo, de los trabajadores y trabajadoras que nos queremos organizar.

“Considero que la experiencia de los compañeros brasileños no sólo nos sirve para conocer las vías por las cuales podemos seguir en este camino de lucha, y aprender para no caer en las mismas trampas o cometer los mismos errores; su trabajo, cercanía y el ánimo que nos brindan nos da fuerzas para saber que sí se pueden mejorar las condiciones laborales si se trabaja con esfuerzo y uni-dad”, afirma Amapola López. “También estas reuniones a nosotras

COMO SINDICATO INDEPENDIENTE, EN BRASIL HAN

TENIDO VARIOS LOGROS, Y LA META DEL STUHM Y DE LA CETIEN ES LLEGAR A ESE PUNTO EN QUE POCO A POCO LAS CONDICIONES

SEAN MÁS FAVORABLES PARA LOS Y LAS TRABAJADORAS.


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nos ayudan para aprender, y agradecemos estos espacios en donde los y las trabajadoras podamos aprender de otros trabajadores”.

Por ejemplo, comenta, en cuatro años el STUHM se ha convertido en un referente para la lucha por los derechos laborales. “En 2014 ganó un amparo que obliga a la Junta Federal de Conciliación y Ar-bitraje a emitir un laudo que reconozca el derecho de los trabajadores de Honda a pertenecer a la organización sindical que ellos consideren con-veniente. Así, esta lucha del Sindicato de Traba-jadores Unidos de Honda nos sigue demostrando que los esfuerzos rinden frutos, que vale la pena luchar y más cuando se hace acompañado”, aña-de la coordinadora de la CETIEN.

Es necesario consolidar redes de derechos laborales: CEREALPaul Aguirre, abogado del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), acompañó a organiza-ciones locales como la CETIEN y el STUHM en su reunión con el sindicato metalúrgico brasileño.

El CEREAL ha brindado acompañamiento a las demandas la-borales de los trabajadores de la industria electrónica desde hace varios años; también ha acompañado a los trabajadores de Honda y otros grupos que se acercan con deseos de organizarse.

“Con el STUHM, el CEREAL está apoyando los casos individuales de trabajo que son derivados del despido que han sufrido los com-pañeros por organizarse, y nosotros estamos llevando su caso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se les reinstalen en sus centros de trabajo y se respeten sus derechos laborales”, señala.

Para Paul Aguirre, la reunión de los sindicatos brasileños con las agrupaciones independientes de Jalisco “se llevó a cabo para refor-zar lazos de unidad y de estrategia en América Latina, y tiene como propósito construir una red latinoamericana para defender los de-rechos laborales. A nosotros nos da gusto que nos estén invitando a ser parte del nacimiento de esta nueva iniciativa y claro que la apoyamos. Creemos que los y las trabajadoras deben buscar nuevas formas de organizarse y de hacer frente a esta situación laboral que enfrentamos en toda América Latina”.

“Hay que decir que este es el segundo encuentros en Guadalaja-ra; el primero lo tuvimos en un congreso de organizaciones en don-de ellos vinieron invitados por la organización holandesa SOMO. Nosotros los contactamos, vimos cómo trabaja su sindicato que agrupa entre 80 y 100 mil trabajadores. Es un sindicato metalúrgico que agrupa diferentes empresas automotrices y electrónicas. En esa línea se establecieron dos vínculos, en relación con los compañeros del STUHM y con relación a las compañeros de la CETIEN”, agrega.

¿Cuál fue el debate principal que motivó esta reunión? Que siendo las mismas empresas en Brasil y en México, empresas transnacionales y que tienen la mano de obra en países en desarrollo, las condiciones resultan ser diferentes en cada país, aunque mucho tiene que ver con las legislaciones nacionales. Por ejemplo, explica, hay mucha dife-rencia entre los salarios brasileños y mexicanos en las mismas áreas.

“Un operador de producción aquí en México gana aproximadamente cuatro mil 800 pesos al mes. Un operador de producción en la misma empresa en Brasil gana sobre la base de nueve mil a 10 mil pesos”.

A decir de CEREAL, los trabajadores mexica-nos consideran que los logros conseguidos res-pecto al incremento de condiciones laborales están totalmente relacionados con la libertad de asociación que tienen los trabajadores en Brasil, y que en Jalisco y en el país simplemente no exis-te. Por ejemplo, aquí en México por maternidad de alguna trabajadora se le otorgan 42 días antes del parto y 42 días después, esto son 84 días en total; allá, según los relatos de los brasileños, se otorgan por derecho seis meses de descanso en caso de maternidad. “Deben de prevalecer las mismas condiciones de trabajo, porque no hay diferencia en un niño brasileño y un niño mexi-cano”, dice Aguirre.

“Han sido derechos en conquistas sindicales y de condiciones de trabajo que han tenido éxito en Brasil, sobre todo por la línea de los sindicatos, que es algo que aquí no tenemos porque no hay sindicatos auténticos y democráticos”.

En Brasil existe toda una capacitación, una conciencia del tra-bajador, de que se organicen, “de que vean que el equilibrio entre el capital y el trabajo solamente es provocado por la educación y la conciencia, y que también el trabajo es parte de la balanza en la producción, porque también para el empresario sin la mano de obra no hay nada”.

Toda esa temática que tiene que ver con horarios, jornadas, sa-larios, conquistas sociales, comenta, de alguna u otra manera es gracias a ese equilibrio que se ha logrado allá, por lo que urge la necesidad de esta gran red latinoamericana para hacer un bloque porque estas empresas siempre amenazan con el argumento de que “si aquí no me dan mano de obra barata, pues me lo llevo a Chi-na, a Brasil, donde seguramente va a estar disponible la mano de obra”, y siempre amenazan a los trabajadores con ese discurso.

Paul Aguirre explica que el CEREAL tiene contacto con las mar-cas que utilizan a las empresas manufactureras; de este modo se busca hacer presión directamente con las marcas para que respeten los derechos humanos laborales.

Creemos en la organización y en otras organizaciones de tra-bajadores y de la sociedad civil, y por eso le apostamos a todas las formas de organización que nacen y más cuando viene de la iniciativa de los y las mismas trabajadoras.

Este frente de trabajadores ahora se ve como un sueño, pero, de llegar a concretarse, podrían hacerle frente a las grandes transna-cionales de América Latina. Sin duda esta iniciativa es una esperan-za en medio de tanta violencia por parte del Estado a los derechos humanos laborales de todos los y las trabajadoras.

La visión a corto plazo es volver a reunirse con la presencia de Ar-gentina, y en un futuro hacer un bloque México-Brasil-Argentina.

LA SITUACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE

HONDA EN MÉXICO Y BRASIL ES SIMILAR:

UN CRECIMIENTO SINCRÓNICO, UNA

PLANTILLA PARECIDA, SINDICATOS

OFICIALES QUE NO PROTEGEN AL TRABAJADOR Y UN GOBIERNO OMISO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

LABORALES.

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El trabajo de análisis y registro de las condiciones de los derechos humanos laborales en el país en el 2013 nos ha llevado a poner de relieve una contradicción fundamental: por un lado, un

gobierno que se empeña en sostener un mo-delo de Estado que favorezca unilateralmen-te a los grandes jugadores de los mercados económicos, hasta el extremo de imponer saltando todas las normas de la discusión democrática que pueda asegurar legitimidad y seriedad a lo que se legisla y reprimir toda voz de disidencia, y, por otro, un esfuerzo heroico y creativo de las y los trabajadores por reivindicar su derecho a establecer las condiciones en que sea posible construir la vida que se quiere vivir.

Si el trabajo colectivo desarrollado en este informe permite iluminar con una luz crítica lo primero, para recordarle lo que se ha pro-puesto olvidar, la vigencia de los derechos humanos laborales, también espera haber dado lugar y voz a los hombres y mujeres que nos hemos encontrado haciendo posible ya lo que, en el discurso oficial, nos habían dicho que ya no existía o estaba completa-mente derrotada: la lucha incesante y com-prometida por demostrar, como dice Liliana Cab, una trabajadora indígena de la educa-ción, que, en lo que respecta al bienestar que queremos vivir, “somos nosotros los que mandamos” y no simplemente los que obe-decemos lo que se nos manda vivir.

El recuento de las reformas y de los resul-tados de las que ya están en marcha nos per-mite ver las consecuencias de ese “sancio-nar a como dé lugar” para favorecer a unos cuantos. En los casos de la educativa, la

eléctrica y la laboral, que ya hacen sentir sus efectos, todas las mejorías han sido desmen-tidas por las evidencias. No logran resolver lo que prometieron, porque, en realidad, no estaban dirigidas a resolver nada. Una refor-ma educativa que tenía una intención políti-ca para debilitar la fuerza organizativa de los profesores del país, una eléctrica que sólo ha fortalecido un monopolio privado en la generación eléctrica y ha generado un au-mento en las tarifas, y una reforma laboral cuyo fin ha sido dar seguridad psicológica a quienes están convencidos de la necesidad de dejar el mercado de trabajo sin regula-ción para dirigirlo según los intereses de los más fuertes, esto es lo que la evidencia per-mite sostener ahora que era el objetivo pri-mero y único de estas modificaciones a la Constitución, que dejaban en indefensión a quienes pretendían dar verdadera vigencia a sus derechos humanos. Las reformas podrían considerarse, entonces, como un sacrificio de todo un pueblo a una ideología y a unos cuantos convencidos de ella.

De las otras reformas tampoco podemos esperar mejores resultados. La fiscal muestra, bajo riguroso análisis, ser incapaz de lograr mejorías en el sistema tributario, y su única ventaja parece ser haber evitado que pasaran las medidas que más podrían debilitar el ya muy precarizado ingreso de los más pobres en la sociedad. La petrolera favorece todavía más la consolidación de los monopolios pri-vados energéticos y pone en riesgo tanto la soberanía del pueblo sobre sus recursos sub-terráneos, como también la viabilidad eco-nómica de un país cuya economía depende, en primer lugar, de sus ganancias petroleras. Y algo semejante podría decirse de la de te-

Conclusiones Por Pedro Antonio Reyes Linares1


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lecomunicaciones, que no hemos tratado en este informe, pero que no sólo fortalece el monopolio sino está sirviendo de platafor-ma para asegurar los vínculos políticos entre el gobierno y los monopolios de la comu-nicación, que tan fundamental ha resultado para definir los resultados electorales. Por su parte, las reformas políticas y electorales no logran resolver las inequidades para dar cer-tidumbre al sistema democrático ni han con-tribuido a mejorar la credibilidad del Estado frente a su pueblo, con lo que se profundiza la crisis política.

Todas estas reformas ponen a los hombres y mujeres de nuestro pueblo en necesidad de tomar en sus manos lo que el Estado es-taba obligado a realizar. Son reformas que en lugar de “distribuir responsabilidades”, como expresa una trabajadora de la educa-ción, sirven sólo para deslindar al Estado e imponer la obligación a las y los trabajado-res, sea cual sea el trabajo que desarrollen.

En este informe nos hemos encontrado con quienes han tomado como tarea propia, mientras cumplen con un trabajo muy preca-rizado, la defensa de sus derechos humanos laborales. Quienes atienden a la necesidad de proteger su fuente colectiva de trabajo, como en el caso de Parras y Honda, enfren-tándose inclusive al juego sucio de la justicia laboral; o a la de proteger su dignidad hasta el extremo de cuidar su propia integridad fí-sica y personal, como en el caso de los pe-riodistas de Jalisco, cesados de su fuente de trabajo cuando, por cumplir con profesiona-lidad su labor, son amenazados por el cri-men organizado o emiten opiniones contra-rias al gobierno que financia, con la compra de publicidad, a sus patrones en los medios.

Hemos dado cuenta del esfuerzo por no dejar que se ignore la necesidad de mante-ner condiciones seguras de trabajo, como la organización Familia Pasta de Conchos en las minas de carbón, asumiendo incluso las tareas de supervisión de las minas y la notificación constante a las autoridades para asegurarse del cierre de los pocitos y cuevas siempre inseguros; o la de sostener su dere-cho a organizarse y luchar por decidir las condiciones en que es digno un trabajo, con-tra una constante represión antisindical em-presarial y charril, como nuestras compañe-ras y compañeros de la CETIEN. Muchos de estos ejemplos de hombres y mujeres, que, cuando luchan por regresarnos el derecho de trabajar por una vida social que realmente podamos querer, rebasan nuestras fronteras nacionales, son los que han formado las pá-ginas de este informe que quiere ser, tam-bién, un reconocimiento y un compromiso de seguir luchando también nosotros.

Un reconocimiento también a los com-pañeros y compañeras que siguen mante-niendo la lucha cotidiana por la vida que queremos, que no hemos podido reportar en este informe, y por todas y todos los que han contribuido con nosotros en este esfuer-zo por iluminar con la luz crítica de los de-rechos humanos laborales nuestra realidad actual y recoger los trabajos, esperanzas y los intentos de trabajadoras y trabajadores que han decidido no conformarse con el mundo como, los que mandan, nos lo quie-ren mandar. Recordando una vez más las palabras de aquella trabajadora indígena, cuando se trata de nuestro bienestar “man-damos nosotros”.

1 El autor es integrante de CEREAL.

El XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013).

Resistencia Obrera Frente a las Reformas se imprimió en mayo de 2014 en Formas Impresas y

Comerciales de México, S.A. de C.V., Jaca 908, Col. Santa Cruz Atoyac, México, D.F., C.P. 03310.

Tiraje: 300 ejemplares

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