Versión final elaborada sobre la base de la propuesta preparada por el IIDH y las observaciones formuladas por la Jefatura de la Policía Nacional de la República Dominicana y oficiales superiores en un Taller interno celebrado del 3 al 5 de diciembre de 2004. La concepción y redacción de la presente Estrategia ha estado a cargo de los consultores externos del IIDH, Marcelo Fabián Sain y Esteban Germán Montenegro.

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Marco general para una política de seguridad ciudadana en la Republica Dominicana

Los lineamientos generales de una política de seguridad ciudadana democrática en la República Dominicana deben apuntar a disponer y adecuar el sistema de seguridad pública local al logro de niveles aceptables de eficiencia y eficacia en la resolución de todos aquellos conflictos y hechos vulneratorios de la vigencia plena de los derechos de las personas, esto es, cercenatorios de la seguridad pública.

Las políticas de seguridad pública constituyen un conjunto de intervenciones –expresadas en normas, disposiciones, acciones y prácticas - llevadas a cabo por varias agencias y actores públicos y/o no-gubernamentales tendientes a controlar una amplia y diversificada gama de hechos violentos y/o delictivos a través de su prevención, conjuración o de su punición. Estas agencias y actores conforman el sistema institucional de seguridad pública.

Ahora bien, en un contexto social determinado, estos hechos violentos y/o delictivos están determinados o son favorecidos por un conjunto de diversos y complejos procesos sociales, culturales e institucionales, cuya configuración –y eventual transformación- no resulta ni depende totalmente de la capacidad de intervención del sistema institucional de seguridad pública a través de las políticas, estrategias y acciones que dicho sistema desarrolle en función de la prevención o conjuración de tales eventos. El grado y tipo de incidencia de este sistema institucional depende de la clase de hechos y su envergadura así como también de la eficacia y eficiencia de dicho sistema y de las políticas que se desarrollen al respecto.

No obstante, un sistema institucional de seguridad pública que logre un desempeño integral en el control de las problemáticas delictivas puede lograr niveles socialmente aceptables en la prevención y conjuración de una amplia gama de esa mismas problemáticas. El vehículo para ello está dado por la formulación, implementación y evaluación exitosa de políticas y estrategias en materia de seguridad pública, para lo cual, ellas deben contar con tres dimensiones básicas:

1. La elaboración y actualización permanente de un estado de situación del delito y la violencia, que dé cuenta de cuatro aspectos fundamentales; a saber (i) la situación y la evolución del delito y de la violencia criminal; (ii) la situación y evolución de la criminalidad organizada; (iii) las condiciones sociales e institucionales de la criminalidad común y organizada; y (iv) la dimensión subjetiva de la seguridad referida a las percepciones y la sensación social acerca de la criminalidad y de las respuestas estatales a la misma.

2. El diseño y desarrollo de una estrategia institucional asentada en dos aspectos fundamentales, esto es, (i) la elaboración de un diagnóstico institucional sobre el estado de situación organizativo y funcional de las estructuras de gobierno y conducción institucional de la seguridad ciudadana, del sistema policial y de las agencias relacionadas e intervinientes en la temática, así como también de las políticas y estrategias llevadas a cabo o en curso; y (ii) el diseño y desarrollo de los planes de reforma y modernización institucional de las estructuras de gobierno de la seguridad, del sistema policial y de las agencias relacionadas a los efectos de adecuarlas a los requerimientos de las estrategias de control del delito llevadas a cabo.

3. La formulación y ejecución de una estrategia de control delictivo basada en dos núcleos de intervención pública fundamentales, tales como (i) la elaboración y desarrollo de una estrategia social de prevención y control de la violencia que comprometa la intervención de diferentes agencias gubernamentales –sociales, económicas, de infraestructura, educacionales, laborales, etc.- y de las organizaciones sociales vinculadas a la temática en cuestión; (ii) la formulación e implementación de una estrategia policial de prevención y control de la criminalidad –común y organizada- que sea de carácter diversificada y focalizada

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según las diferentes modalidades delictivas desarrolladas en el país y sus diferentes regiones y ciudades.

La estrategia de control delictivo constituye el núcleo fundamental de la política de seguridad pública. El estado de situación del delito y la violencia así como la estrategia institucional configuran dimensiones instrumentales básicas para la elaboración y puesta en marcha de aquella estrategia de control delictivo. El primero, resultante de un proceso permanente de recopilación y sistematización de información y de abordaje analítico de la misma, da cuenta de la situación general y específica del delito y la violencia existente en un tiempo y espacio determinado, su evolución, modalidades de manifestación, despliegue territorial, impacto social e institucional. Sin dicho conocimiento resulta imposible desarrollar estrategias focalizadas y eficientes de prevención y conjuración de dichas problemáticas así como también planificar acciones e intervenciones gubernamentales en la materia. Por su lado, la estrategia institucional brinda un discernimiento detallado de la organización y del funcionamiento real de las estructuras de gobierno institucional de la seguridad, del sistema policial y de las restantes agencias que intervienen en las cuestiones de la seguridad ciudadana así como también de las políticas, estrategias e iniciativas desarrolladas o en desarrollo, esto es, un conocimiento pormenorizado de las condiciones institucionales de la respuesta estatal a las problemáticas delictivas y de violencia a ser prevenidas, conjuradas o punidas. Asimismo, dicho saber favorece el desarrollo de un proceso de modernización y fortalecimiento institucional –organizativo, funcional, doctrinal- tanto de esas estructuras de gobierno como, en particular, del sistema policial y de los mecanismos y labores inter-agenciales.

En este contexto, la presente estrategia de modernización de la Policía Nacional de la República Dominicana constituye un pilar fundamental de la nueva política de seguridad ciudadana del país y, más precisamente, de la necesaria estrategia institucional que debe anteceder o ser simultánea a una estrategia integral de control del delito. Se inscribe, entonces, dentro del marco de la reforma y modernización del sistema de seguridad pública dominicano y apunta específicamente a adecuar su sistema policial a la imperiosa necesidad de llevar a cabo estrategias eficientes en materia de prevención y conjuración delictiva y en las labores de investigación criminal, superando el conjunto de anacronismos y deficiencias existentes así como apuntalando y reforzando aquellos procesos y rasgos destacables de la situación de seguridad local, en particular, el proceso de reforma del sistema policial de la República Dominicana iniciado en el 2000. Se trata, pues, de la vigorización y profundización de este proceso.

Una política de seguridad ciudadana democrática que enmarque una estrategia tendiente a abordar, resolver, prevenir y/o conjurar las diferentes formas de conflictos violentos y de ilicitudes producidas en la sociedad dominicana requiere, al mismo tiempo, de una serie de cambios en el sistema de seguridad pública local, en particular, el sistema policial.

Según el diagnóstico oportunamente elaborado por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado, el Estado dominicano es marcadamente centralista, ineficiente y altamente burocratizado, lo que obliga a desarrollar una labor institucional que apunte a inducir una cultura política y social dirigida a “superar el autoritarismo, el centralismo, la ineficiencia burocrática y la corrupción que aun se manifiestan en la vida política y la administración del Estado; conformar un verdadero Estado de derecho en la población; reducir la macrocefalia y la dispersión organizacional que prevalecen en el Gobierno central; y descentralizar progresivamente la función pública”.

Estas deficiencias signan también al sistema de seguridad ciudadana local y, en consecuencia, los objetivos estructurales señalados también deben marcar el horizonte estratégico de la reforma y modernización del mismo y, en especial, de la Policía Nacional.

En consecuencia, los cambios y transformaciones tendientes a la modernización del Estado y del sistema político dominicano deben conformar el marco para una nueva política de seguridad ciudadana democrática y, particularmente, para la reforma y modernización de la Policía Nacional, todo lo cual debe apuntar a evitar la fragmentación, la dispersión y la descoordinación institucional observada y a mejorar la eficiencia en la elaboración de estrategias de seguridad adecuadas y en el uso de los recursos institucionales existentes durante el desarrollo de dichas estrategias perfiladas a prevenir y conjurar la violencia y la criminalidad.

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Estas metas deben estar orientadas hacia la conformación de una concepción moderna y democrática de la seguridad ciudadana del Estado dominicano y, en ese sentido, debe ser la expresión más significativa del avance y consolidación del estado democrático de derecho y del desarrollo del país, dejando atrás las concepciones militaristas y autoritarias de seguridad que signaron el pasado del país.

En este sentido, cabe recordar lo indicado en el documento “Hacia una política de seguridad ciudadana para República Dominicana” elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y presentado en diciembre del 2003:

La continuidad estratégica y el impacto real de una política de seguridad pública democrática dependerán de su construcción como una política pública integral pensada y formulada en forma desvinculada de la contingencia política y los ciclos electorales del país, lo que solamente podría lograrse si dicha política se asienta en un amplio consenso político y social protagonizado por los diversos actores institucionales y comunitarios relacionados con la seguridad pública. Estas cuestiones no son sólo asuntos del Estado y el gobierno dominicano sino que comprometen a la sociedad en su conjunto dado que afectan en forma directa a la calidad de vida de la población, el funcionamiento de la democracia y los derechos humanos, en particular, la vida, la integridad física y la libertad de las personas. En función de ello, el diseño, formulación e implementación de una política de seguridad pública democrática debe suponer la intervención activa de los organismos especializados del Estado así como también de la participación permanente de las organizaciones sociales y comunitarias abocadas a estos asuntos.

En este contexto, los cambios proclamados requieren de dos condiciones fundamentales. En primer lugar, se precisa una firme voluntad gubernamental en favor de la implementación de una estrategia de seguridad pública democrática e integral y de su continuidad en el tiempo a los efectos de que las coordenadas de la misma comiencen a traducirse en una serie de transformaciones sustantivas en las modalidades de organización y funcionamiento de dicho sistema y, en particular, de los basamentos doctrinales, organizativos y de funcionamiento de la Policía Nacional. Y, en segundo término, se necesita de la implementación de una serie de políticas y medidas graduales que tiendan a superar los mencionados anacronismos y a construir una verdadera policía ciudadana. Se trata de lineamientos de corto, mediano y largo plazo cuya implementación debe ser progresiva y duradera en el tiempo así como diversificada y multidimensional en sus aspectos fundamentales, descartando de antemano las estrategias de shock que solamente serían viables en un escenario de alta crisis institucional.

Éste es, pues, el contexto en el que se inscribe la presente Estrategia de modernización institucional de la Policía Nacional de la República Dominicana.

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II

Lineamientos generales básicos de la modernización policial

Una política integral de seguridad pública democrática implica la conformación y funcionamiento de un sistema policial eficiente en el desarrollo de sus labores básicas de prevención delictiva e investigación criminal y estrictamente ajustado al principio de legalidad y al deber de protección ciudadana por encima de todo.

En el caso dominicano, ello supone debe suponer el quiebre con la tradicional impronta de policía de Estado volcada al control y disciplinamiento social y político de la población que aún mantiene la Policía Nacional como condición necesaria para llevar a cabo un profundo proceso de reestructuración doctrinaria, organizativa y funcional de esta institución en vistas de trasformarla en una policía de protección ciudadana básicamente perfilada al desempeño eficaz de sus labores preventivas e investigativas de delitos y a la irrestricta protección de los derechos humanos.

De acuerdo con el documento “Hacia una política de seguridad ciudadana para República Dominicana” elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el núcleo central del problema institucional de la Policía Nacional está dado por los defectos orgánicos-funcionales que la institución porta en el desarrollo de sus labores de prevención e investigación delictiva. Durante los últimos años, la proclamación y legitimación de políticas de seguridad basadas en el aumento de los poderes discrecionales de la policía, el incremento de las penas para los delitos y la reivindicación del uso de la fuerza extralegal como modalidad predominante y legítima de actuación policial, todo ello en el marco de la proclamación del endurecimiento y la ilegalidad como opción de lucha contra el delito y hasta de reivindicación de la participación militar en la represión de las sucesivas protestas sociales producidas durante los últimos tiempos, impidió dar cuenta de los defectos institucionales de la Policía Nacional y coartó la posibilidad introducir cambios en sus formas tradicionales de funcionamiento y organización. Todo ello contribuyó, en definitiva, con la profundización de aquellos anacronismos y desajustes.

La presente Estrategia de modernización institucional de la Policía Nacional de la República Dominicana se ubica en otra orientación diferente de aquella, pues, asume que tanto el desempeño institucional eficiente del sistema policial frente al delito como la vigencia de prácticas institucionales efectivamente protectivas de los derechos de las personas requieren fundamentalmente de un proceso de cambio de las formas de conducción y del trabajo policial en materia de prevención delictiva, policiamiento complejo e investigación criminal, proceso que debe seguir algunos lineamiento generales básicos.

a) La problemática delictiva debe ser el eje estructurante de la organización y el funcionamiento policial.

La modernización del sistema policial dominicano y su adecuación a la imperiosa necesidad de llevar a cabo estrategias eficientes en materia de seguridad preventiva, de policiamiento complejo y de investigación criminal, requiere de la implementación de una serie de políticas y medidas que tiendan a construir una verdadera policía ciudadana, direccionando y reforzando la labor policial destinada a la prevención o conjuración temprana de delitos así como al desarrollo de una eficiente de modalidades de policiamiento contra el delito organizado y de investigación criminal de los ilícitos ya cometidos. Vale decir, la problemática del delito debe constituir el eje de funcionamiento y organización del sistema policial dominicano.

No se trata de un cambio de menor porte, ya que, según lo señalado en el citado documento, gran parte del esfuerzo institucional de la Policía Nacional en cuanto a sus recursos

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humanos, operacionales y logísticos no estaban destinados al desempeño de las tareas policiales básicas destinadas a la prevención del delito, el policiamiento complejo y la investigación criminal, sino que tales recursos eran desaprovechados en labores administrativas o de apoyo a otras áreas del Estado diferentes de la seguridad.

En consecuencia, el cambio proclamado, impone colocar a la problemática delictiva dominicana en el centro de la organización y el funcionamiento policial. Dicho de otro modo, la organización y el funcionamiento de la Policía Nacional debe estructurase sobre la base de este conjunto de problemáticas criminales haciendo que el esfuerzo global de la institución esté centralmente destinado a las labores de prevención del delito, policiamiento complejo e investigación criminal.

Ello, por cierto, requiere del conocimiento y análisis regular y permanentemente actualizado de los diferentes tipos de problemas criminales, sus distintas formas de manifestación, frecuencia temporal, lugar de comisión, tipos de víctimas, horarios de comisión, sus autores y protagonistas así como de los modos de actuación policial preventiva, conjurativa o investigativa llevada a cabo frente a un evento específico o a un tipo de problema general. Ésta constituye una tarea fundamental para llevar a cabo una estrategia policial preventiva, compleja o investigativa que resulte eficiente, ya que estructurar la organización y el funcionamiento policial sobre la base de la resolución de problemas delictivos permite planificar la actividad preventiva o investigativa estableciendo una relación equilibrada, proporcionada y razonable entre el tipo de delito a prevenir, conjurar o investigar, y la forma, metodología e intensidad de la actuación policial específica, racionalizando así los recursos logísticos, operacionales y humanos a ser empleados en la misma.

Por cierto, nada de ello sería posible si la vida institucional de la Policía Nacional no es objeto de un profundo proceso de desmilitarización institucional que debería estar signado por la autonomía forma e informal de la Policía Nacional frente a las Fuerzas Armadas dominicanas y, en particular, por la definitiva exclusión de las fuerzas castrenses del desarrollo de labores de prevención y conjuración delictiva común y compleja y de investigación criminal, las que, va de suyo, son tareas de carácter específicamente policial para cuyo desarrollo las fuerzas castrenses no están preparadas desde el punto doctrinal, organizativo y funcional.

b) El policiamiento por resolución de problemas delictivos específicos debe constituir la modalidad predominante de labor policial.

El proceso de modernización policial debe asentarse en una clara interpretación del vínculo institucional que puede existir entre la Policía Nacional y la problemática delictiva.

Los conflictos o problemas determinantes y configurantes del delito y de sus distintas formas de manifestación son diversos y complejos, y básicamente se ubican tanto en el plano social como en el institucional. La mayoría de estos conflictos y problemas se desenvuelven en un marco de crisis social y no están ni siquiera condicionados por el desempeño policial, esto es, por las formas de organización de la agencia policial ni por su funcionamiento. Los incidentes delictivos constituyen una manifestación específica y acotada de un problema o conflicto social complejo. Por lo tanto, el accionar preventivo, conjurativo o investigativo de la policía solamente puede abordar e incidir sobre la eventual expresión delictiva del problema o conflicto social pero no sobre la totalidad del mismo. Ello indica que dicho accionar debe focalizarse específicamente sobre la manifestación del problema o conflicto exclusivamente cuando éste constituye un evento delictivo, procurando con ello eliminar tal expresión disvaliosa y lesiva, reducir su frecuencia o severidad, atenuar sus consecuencias o disminuir su probabilidad de concreción. Así, una estrategia integral de prevención, neutralización o conjuración del delito común o complejo debe abarcar un conjunto de intervenciones estatales y comunitarias de carácter social en cuyo marco la labor policial constituye un componente específico e importante pero acotado y parcial.

Entretanto, como se dijo, la labor policial debe estar centralmente orientada al tratamiento y la resolución de aquellos incidentes o eventos criminales que, en su conjunto, constituyen grupos de problemas delictivos cuya emergencia y desarrollo vulneran la situación de seguridad pública. Un

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problema delictivo está conformado por un grupo de incidentes o eventos criminales de similar naturaleza y modalidad –por ejemplo, robos, hurtos, secuestros, asaltos, lesiones, homicidios, etc.- que concierne e impone la intervención policial a los efectos de su prevención, conjuración o investigación. Por lo tanto, las estrategias preventivas, de policiamiento complejo o investigativas llevadas a cabo por la policía no deben derivar de los imperativos que surjan de su estructura organizativa o de sus prácticas históricas, las que, como se dijo en el documento “Hacia una política de seguridad ciudadana para República Dominicana”, resultan anacrónicas frente a la envergadura y complejidad delictiva actual de la República Dominicana, sino que deben centrarse en la prevención y conjuración de los delitos comunes y complejos así como en la investigación y esclarecimiento de los mismos, asuntos que justifican la creación y el funcionamiento de una agencia policial en el Estado moderno.

En la República Dominicana, las formas tradicionales de trabajo policial preventivo, complejo e investigativo han estado centralmente enfocadas a la resolución de incidentes individuales más que de grupos de incidentes o, mejor, de problemas delictivos, y se han desarrollado siguiendo una impronta asentada en la presencia masiva de un número elevado de policías en la calle y en la articulación de modalidades de policiamiento basadas en intervenciones reactivas guiadas, en general, por el “olfato policial” y enmarcadas en un amplio margen de independencia y discrecionalidad policial no sujeto a ningún tipo de control institucional.

La reformulación de este tipo de policiamiento deficiente requiere de un esfuerzo institucional fundamental de la Policía Nacional destinado a la elaboración y actualización permanente de un cuadro de situación de la violencia y el delito en la jurisdicción actuante que permita conocer y tener una compresión (estratégica y táctica) de los hechos y actividades delictivas que serán el objeto de las labores de prevención, conjuración o investigación propias del sistema policial. Dicho esfuerzo debe dar lugar a la identificación y análisis de las problemáticas delictivas específicas, es decir, del conjunto de eventos delictivos de una misma naturaleza, en torno de las cuales se formularán e implementarán las estrategias preventivas, conjurativas o investigativas del sistema policial y, en ese marco, se llevarán a cabo las intervenciones tácticas-operacionales. Dicho de otro modo, no hay posibilidad de lograr un sistema policial eficaz y eficiente en el desarrollo de las actividades (estratégicas y tácticas) de prevención, policiamiento complejo e investigación criminal que no parta de la detección apropiada y conocimiento actualizado de las diversas problemáticas delictivas que guíen la disposición organizativa y las modalidades operacionales de dicho sistema y de sus diferentes componentes así como la evaluación y control del desempeño policial durante la puesta en marcha de las estrategias y tácticas decididas en cada caso.

c) La diferenciación institucional entre policiamiento de seguridad preventivo e investigación criminal debe conformar el eje de la organización y funcionamiento policial.

Para que las labores policiales estén únicamente abocadas a la resolución de las problemáticas delictivas identificadas y analizadas, resulta indispensable estructurar la organización de la institución policial y el funcionamiento operacional de la misma sobre la base de la distinción conceptual y la diferenciación institucional entre las dos esferas funcionales básicas de toda institución policial, a saber, la seguridad preventiva, por un lado, y la investigación criminal y la seguridad compleja, por el otro lado.

La seguridad preventiva engloba el conjunto de labores y actividades policiales tendiente a evitar o interrumpir la posibilidad o la decisión de cometer un delito e impedir la realización de hechos o actos que impliquen un delito, así como también a conjurar en forma inmediata un hecho delictivo en desarrollo evitando la producción de consecuencias ulteriores y eventualmente garantizando el aseguramiento de los presuntos delincuentes.

Por su parte, la investigación criminal configura el ámbito funcional en el cual la agencia policial presta auxilio a la justicia penal en la investigación de los hechos delictivos y en la persecución penal de sus responsables. También abarca el conjunto de labores y actividades policiales enmarcadas en la seguridad compleja tendiente a evitar, interrumpir o conjurar las actividades delictivas desarrolladas por la criminalidad organizada, es decir, de la criminalidad

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protagonizada por grupos internamente estructurados y con permanencia en el desarrollo de emprendimientos ilegales tendientes a obtener una rentabilidad económica o material, a través de la producción de inteligencia, el seguimiento y la investigación de tales grupos y actividades apuntando a su persecución penal y desarticulación.

Por cierto, estas diferentes esferas suponen labores policiales también diferenciadas y, por ende, implican el desarrollo de dos tipos de modalidades de organización y funcionamiento institucional claramente diferenciados en todo lo relativo a las líneas y modalidades de mando y conducción; la estructura organizativa; la planificación y el policiamiento estratégico y táctico; la producción de información y análisis de inteligencia; la estructura operacional de movilidad, comunicaciones, armamento y apoyo; el soporte logístico; la formación y capacitación de los efectivos; y el vínculo con la sociedad y con otras instancias institucionales como la justicia penal.

En la lógica policial tradicional, la dilución entre estas esferas claramente diferentes y el ejercicio indistinto de las mismas por parte del personal policial impidieron u obstruyeron la conformación de agrupamientos o dependencias especializadas, operativamente eficientes, tecnológica y logísticamente bien dotadas para el cumplimiento de tales labores diferenciadas y conformadas por cuadros altamente capacitados en las mismas.

El desempeño eficaz y eficiente de cada una de estas labores policiales así como la profesionalización especializada de los efectivos encargados de ellas imponen el desarrollo de una estrategia de modernización policial basada en la paulatina diferenciación institucional de estas actividades profesionales diferenciadas. Para ello, la Policía Nacional debe estructurarse orgánica y funcionalmente en torno de estas dos esferas de labores profesionales, conformando dos agrupamientos policiales diferenciados en cuanto al sistema de mando estratégico y táctico, la estructura organizativa y funcional, la carrera profesional de los efectivos y el sistema de formación y capacitación de los mismos.

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III

Dimensiones de la modernización policial

En este marco, los ejes de la Estrategia de modernización institucional de la Policía Nacional de la República Dominicana pasan por una serie de lineamientos y medidas básicas concentradas en las siguientes dimensiones: la estructura del mando policial; el sistema policial de seguridad preventiva; el sistema policial de investigación criminal y seguridad compleja; la profesión policial; y el control policial.

3.1) La estructura del mando policial.

La modernización de la estructura del mando de la Policía Nacional debe apuntar al fortalecimiento de la Jefatura institucional en todo lo relativo, por un lado, a la planificación y conducción estratégica y táctica de la fuerza y, por el otro lado, a la dirección, gestión y evaluación de las diferentes dependencias componentes de la misma.

Dicho fortalecimiento no debe suponer una mayor concentración de la discrecionalidad administrativa u operacional de la cúpula policial sino, más bien, la sostenida reversión de la impronta macrocefálica y altamente burocratizada que la ha signado históricamente y la imposición de criterios modernos y eficientes de mando y gestión institucional.

Ello debe asentarse en dos ejes básicos.

1. En primer lugar, la conformación de una estructura superior de mando policial asentada fundamentalmente en las siguientes áreas básicas:

• La Dirección General de Planificación Estratégica abocada a la planificación estratégica del conjunto de la institución, particularmente en todo lo relativo a la formulación de la estrategia institucional –diagnóstico institucional y planes de reforma y modernización institucional- y de las estrategias de control de las diferentes modalidades delictivas en las áreas de seguridad preventiva y seguridad compleja.

• La Dirección General de Análisis Delictivo encargada de la elaboración y actualización permanente de un cuadro de situación del delito y la violencia, con especial énfasis en la situación y la evolución de la criminalidad común y organizada y de la violencia delictiva así como también en las condiciones sociales e institucionales de la criminalidad y en las percepciones y sensación social acerca de la criminalidad y de las respuestas estatales.

• La Dirección General de Seguridad Preventiva encargada de la conducción estratégica y táctica de las diferentes dependencias policiales dispuestas a las labores de policiamiento preventivo, la evaluación y el control de dichas labores así como la gestión administrativa de las carreras profesionales de los efectivos de esta especialidad y su formación y capacitación.

• La Dirección General de Investigación Criminal y Seguridad Compleja encargada de la conducción estratégica y táctica de las diferentes dependencias policiales dispuestas a las actividades de policiamiento de investigación criminal y aquel desarrollado contra la criminalidad compleja (criminalidad organizada y terrorismo), la evaluación y el control de dichas

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labores así como la gestión administrativa de las carreras profesionales de los efectivos de esta especialidad y su formación y capacitación.

• La Dirección General de Gestión Administrativa responsable de la dirección y control de la gestión administrativa de la Policía Nacional, en todo lo relativo a la diagramación y ejecución presupuestaria; las adquisiciones y compras del sector; los recursos humanos –civiles y policiales-; y la logística policial.

2. En segundo lugar, la paulatina descentralización territorial y/o funcional del mando policial táctico-operacional en los ámbitos del sistema de seguridad preventiva y del sistema de seguridad compleja, respectivamente. Se trata de conformar un sistema de coordinación estratégica centralizada y de ejecución operacional descentralizada, asentada básicamente en jerarquización de las dependencias policiales operacionales que estén a cargo de las labores de seguridad preventiva o de policiamiento complejo, en todo lo atinente a la planificación, desarrollo operacional evaluación en el nivel táctico. Todo ello en miras de conseguir (i) una mayor participación y compromiso del personal policial con los objetivos y procedimientos programados y llevados a cabo en el ámbito de dichas dependencias; (ii) una activa intervención de este personal en la formulación, implementación y control del sistema de información y análisis delictivo (preventivo o complejo) así como de los operativos policiales que resulten de su consideración; (iii) una mayor rapidez, agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de los procedimientos y medidas operacionales llevadas a cabo; y (iv) una mayor y mejor información, control y evaluación de resultados de la estrategia y de las acciones preventivas o complejas ejecutadas.

Ello debe basarse en dos ejes de descentralización:

• La descentralización territorial del mando táctico-operacional en el ámbito del sistema de seguridad preventiva de la Policía Nacional, lo que debe asentarse en la conformación de las Direcciones Regionales de la Policía Nacional como las principales instancias de aplicación en sus respectivas jurisdicciones de las estrategias y medidas de prevención delictiva formuladas por la Secretaría de Estado de Interior y Policía y por el mando policial correspondiente, teniendo particularmente en cuenta el conjunto de problemáticas específicas existentes en sus respectivos ámbito regionales o locales.

• La diferenciación y/o descentralización funcional del mando táctico-operacional en el ámbito del sistema de seguridad compleja de la Policía Nacional, lo que debe suponer la jerarquización de las direcciones de los departamentos abocados a las diferentes especialidades de policiamiento complejo (narcotráfico; contrabando; robos calificados; secuestros; terrorismo; etc.) como las principales instancias de las estrategias y medidas de policiamiento complejo formuladas por la Secretaría de Estado de Interior y Policía y por el mando policial correspondiente, teniendo particularmente en cuenta el conjunto de problemáticas específicas existentes en sus respectivos ámbito funcionales y/o regionales.

3.2) El sistema policial de seguridad preventiva.

La modernización del sistema policial de seguridad preventiva dominicano debe perfilarse a tres metas fundamentales, a saber, (i) maximizar y racionalizar la dotación de efectivos policiales abocados al desempeño de estas tareas; (ii) dotar de los medios materiales operacionales necesarios –en particular, sistema de movilidad, edilicio, comunicaciones e informáticos- para lograr niveles altos de eficacia y eficiencia en las labores de seguridad

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preventivas; y (iii) desarrollar nuevas modalidades y procedimientos operacionales de intervención policial preventiva.

En función de ello, y teniendo en cuenta los anacronismos institucionales existentes en la Policía Nacional al respecto, los lineamientos básicos de modernización del sistema policial dominicano en materia de seguridad preventiva son los siguientes:

1. La racionalización general de la estructura de personal y operativa del sistema de seguridad preventivo de la Policía Nacional, volcando gran parte de los efectivos abocados a la realización de labores administrativas y logísticas al desempeño de tareas de seguridad preventiva, labores éstas que deben concentra el grueso de los recursos humanos y operativos del sistema policial dominicano. Ello requiere de la elaboración de un plan en cuyo marco se formule un esquema general de reasignación, traslados, pases y recapacitación del personal policial en cuestión, aunque en forma inmediata se debería llevar a cabo algunas medidas fundamentales:

• El traslado a dependencias operacionales del sistema de seguridad preventivo de la Policía Nacional de los efectivos policiales que se encuentran prestando servicios o cumpliendo objetivos en otros organismos o dependencias públicas o privadas no-policiales que no estén debidamente justificados ni que puedan ser llevados a cabo por otros funcionarios o agentes estatales no-policiales.

• La racionalización del personal policial que cumple tareas administrativas y de servicios generales en las dependencias centrales de la Secretaría de Estado de Interior y Policía y, particularmente, de la Jefatura de la Policía Nacional, y su traslado a dependencias policiales para que cumplan funciones de seguridad preventiva.

• El re-entrenamiento del personal policial reasignado en las diferentes especialidades de las labores de seguridad preventivas.

2. El establecimiento y puesta en funcionamiento de un sistema de inteligencia criminal preventiva asentado en la recolección y sistematización y análisis de la información delictiva relevante y análisis delictivo (estratégico y táctico) y en la elaboración y actualización permanente de un cuadro de situación geo-referenciado del delito o mapeo delictivo que permita producir un conocimiento fehaciente de los incidentes delictivos, sus diferentes modalidades de manifestación, su envergadura y evolución en los diferentes precintos policiales –barrios, provincias, regiones y el conjunto de país. Los ejes de la conformación y puesta en marcha de este sistema debe basarse en ciertas medidas fundamentales:

• La conformación en el ámbito de cada Dirección Regional de la Policía Nacional de un Centro de Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva (CEPAID) responsable de la recolección de la información referida a todos los incidentes y hechos delictivos cometidos y conocidos en la jurisdicción de sus destacamentos y dependencias operativas y de su análisis regular y periódico a los efectos de elaborar en forma habitual tanto el mapa delictivo geo-referenciado como un conjunto de informes estadísticos y de estudios socio-criminales complementarios que den cuenta de la problemática criminal de dicha jurisdicción mediante la identificación de zonas y/o horarios de alto, mediano y bajo riesgo en los que se concentran determinados tipos de incidentes, faltas y/o crímenes, y sobre los cuales deben centrarse la actuación policial preventiva o conjurativa. Este análisis orientará los operativos preventivos a ser programados y llevados a cabo en el ámbito de las Direcciones Regionales.

• La creación en la esfera de la Dirección General de Seguridad Preventiva de la jefatura policial de una Dirección de Inteligencia Criminal

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Preventiva abocada a la producción de inteligencia criminal preventiva en el plano estratégico mediante (i) la regulación, dirección y administración en el plano nacional un sistema de coordinación general de la información y análisis delictivo producido y canalizado regularmente por los CEPAID’s regionales, a los efectos de elaborar en forma periódica de un informe que contenga el panorama delictivo nacional y regional que dé cuenta de la situación y evolución de la problemática criminal, el surgimiento y el desarrollo de las modalidades criminales existentes, su desplazamiento territorial, sus factores determinantes e impactos sociales e institucionales y la incidencia que sobre ellas poseen ciertas actividades delictivas originadas en otras regiones o en el exterior del país, todo ello como sustento para la formulación de las estrategias policiales de control preventivo del delito y de los lineamientos de trabajo de los organismos de inteligencia criminal policial en el ámbito de la seguridad preventiva; (ii) la conformación de gabinetes de trabajo de inteligencia tipológica dedicados a la producción de distintos tipos de análisis estratégicos y tipológicos de diferentes modalidades delictivas específicas mediante la identificación de patrones o “modus operandi” criminales, la determinación de zonas calientes o de mayor incidencia delictiva bajo análisis, la especificación de los rangos temporales de ocurrencia de los hechos, la confección de bases de datos de las personas o grupos criminales especializados en la concreción de delitos específicos, el establecimiento de los factores condicionantes que inciden en el desplazamiento, evolución, cambios de los eventos o actividades delictivas específicas, siguiendo siempre un criterio de flexibilidad que permita ir adaptando la estructura de análisis criminal a las demandas que plantea la realidad delictiva en el plano nacional y regional; (iii) la elaboración y formulación de un cuerpo doctrinal de inteligencia criminal preventiva que establezca una clara conceptualización de la inteligencia criminal preventiva (estratégica y táctica), sus ciclos o fases, sus objetivos generales y específicos y las secciones o dependencias responsables de su producción, así como también que establezca una puntual diferenciación entre este tipo de inteligencia y la inteligencia criminal compleja tendiente a dar cuenta de modalidades criminales protagonizadas por organizaciones delictivas complejas (criminalidad organizada y terrorismo); (iv) la formación, capacitación y entrenamiento permanente y especializado del personal policial dedicados a las labores de inteligencia criminal preventiva en cualquiera de sus instancias y ciclos; (v) la asistencia técnica y tecnológica de las dependencias y áreas abocadas a la producción de inteligencia criminal preventiva.

3. El diseño e implementación de nuevas estrategias y modalidades de intervención policial preventiva y conjurativa, tácticamente flexibles y adaptables a la diversidad de manifestaciones delictivas y de conflictividad violenta a ser neutralizadas en cada precinto policial. Ello debe suponer:

• La conformación en el ámbito de cada Dirección Regional de la Policía Nacional de una Centro de Operaciones Tácticas Preventivas (COTAP) responsable de la planificación, desarrollo y evaluación de las acciones y operativos tácticos de carácter preventivos específicamente diseñados a partir de las problemáticas y los núcleos de riesgo previamente identificados –lugares, locales y horarios de concentración de determinado tipo de riesgos, incidencias o problemas delictivos- y orientados a determinados objetivos, tareas, lugares, horarios y personas, y llevados a cabo por las dependencias y unidades de policiamiento preventivo de la jurisdicción.

• La creación en la esfera de la Dirección General de Seguridad Preventiva de la jefatura policial de una Dirección de Operaciones Policiales Preventivas abocada a la dirección estratégica, coordinación y

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evaluación de las acciones y operaciones policiales preventivas y conjurativas mediante (i) la regulación, dirección estratégica y administración en el plano nacional un sistema de coordinación general de operaciones policiales preventivas llevadas a cabo por las unidades centralizadas y por los COTAP’s regionales así como también de las acciones y operativos preventivos nacionales o regionales que superen el ámbito jurisdiccional de las Direcciones Regionales de la Policía Nacional; (ii) la elaboración y formulación de un cuerpo doctrinal de operaciones policiales preventivas que establezca el conjunto de orientaciones, prácticas y procedimientos policiales preventivos que regulen el diseño, planificación, implementación y evaluación del accionar policial preventivo en el plano estratégico y táctico; (iii) la formación, capacitación y entrenamiento permanente y especializado del personal policial dedicados a las labores operacionales de policiamiento preventivo en cualquiera de sus instancias y funciones; (iv) la asistencia logística, técnica y tecnológica de las dependencias y áreas abocadas al policiamiento preventivo.

• El desarrollo de modalidades de policiamiento comunitario dedicado al desarrollo de labores policiales de seguridad preventiva y conjurativa de los desórdenes, las faltas y los delitos leves desarrollados en el ámbito local, mediante la formulación de estrategias de policiamiento preventivo de proximidad con intervención de la comunidad basadas en (i) la prevención planificada y organizada a partir de la comunidad de base; (ii) la reorientación de las formas tradicionales de despliegue o patrullaje policial, privilegiando acciones proactivas y no meramente reactivas; (iii) la descentralización local del mando operativo; (iv) la construcción de un ámbito local de organización y funcionamiento policial y la atención preventiva centrada en áreas territoriales muy pequeñas; (v) la construcción de una relación estrecha entre la policía y la comunidad en la organización de la labor preventiva; (vi) el control comunitario de la legalidad y eficiencia de las tareas preventivas desarrolladas por la policía local; y (vii) el conocimiento y análisis policiales de las condiciones y circunstancias que llevan a la comisión de delitos o infracciones que causan conmoción en la comunidad local. Para ello, resulta indispensable:

• La creación en el ámbito de la Dirección General de Seguridad Preventiva de la jefatura policial de, una Dirección de Policiamiento Comunitario responsable de la dirección estratégica, coordinación y evaluación de las acciones y operaciones policiales comunitarias a través de (i) la regulación, dirección estratégica y administración en el plano nacional del esfuerzo de policía comunitaria; (ii) la elaboración y formulación de un cuerpo doctrinal de policiamiento policiales comunitario que establezca el conjunto de orientaciones, prácticas y procedimientos policiales de proximidad que regulen el diseño, planificación, implementación y evaluación del accionar policial comunitario en el plano estratégico y táctico;; (iii) la formación, capacitación y entrenamiento permanente y especializado del personal policial dedicados a las labores de policiamiento comunitario en cualquiera de sus instancias y funciones; (iv) la asistencia logística, técnica y tecnológica para las dependencias policiales comprometidas en actividades de policiamiento comunitario.

4. La puesta en funcionamiento de un sistema integral de comunicaciones policiales como soporte logístico y operativo básico para el desarrollo de estrategias integrales y eficientes en materia de seguridad preventiva y comunitaria, unificando los medios de comunicación –radio; telefonía y datos— que poseen los diferentes cuerpos y dependencias de la Policía Nacional.

5. La elaboración y puesta en práctica de un plan de inversiones en materia de infraestructura edilicia, medios operacionales, sistema de armas y móviles

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policiales, de acuerdo con la estructura orgánico-funcional del sistema policial dominicano asentada en la clara diferenciación de las labores de seguridad preventiva y de investigación criminal y en el desarrollo de técnicas y modalidades modernas de policiamiento en ambas dimensiones.

3.3) El sistema policial de investigación criminal y seguridad compleja.

La modernización del sistema policial de investigación criminal y seguridad compleja se asienta básicamente en la conformación y el paulatino fortalecimiento de un sistema de policiamiento abocado a la investigación criminal de los hechos delictivos constatados y al seguimiento y conjuración de la criminalidad compleja (criminalidad organizada y terrorismo), dotando a la institución de los efectivos, recursos y técnicas apropiadas para esta particular labor policial y desarrollando nuevas modalidades y procedimientos operacionales de intervención policial en la investigación criminal y en el policiamiento complejo.

En la dimensión específica de la investigación criminal, el proceso de modernización debe emprenderse sobre la base de algunos parámetros básicos, a saber:

1. El establecimiento de un sistema policial de investigación criminal abocado a la coordinación, implementación y control de las estrategias de investigación criminal que se lleven a cabo bajo la esfera judicial, y de la coordinación de las diferentes dependencias y áreas policiales dedicadas a esas labores. Los ejes de estas metas implican algunas medidas fundamentales:

• La creación, en la esfera de la Dirección General de Investigación Criminal y Seguridad Compleja, de una Dirección de Investigaciones Criminales dedicada al desarrollo del conjunto de labores de investigación de los delitos y la persecución penal de sus responsables bajo la esfera judicial.

• El establecimiento de programas específicos de investigación criminal, referidos a modalidades particulares de criminalidad –robo, homicidios, robo y desarme de automotores, delitos rurales, delitos ambientales, etc.-;

• La conformación de grupos de operativos de investigación criminal específicamente abocados a cada uno de estos programas y

• El establecimiento de gabinetes específicos de inteligencia criminal abocados a apoyar y contribuir con las actividades de investigación criminal emprendidas por las dependencias operativas.

En la dimensión de la seguridad compleja, la modernización policial debe asentarse en algunos lineamientos básicos:

1. La conformación y puesta en funcionamiento de un sistema de policiamiento complejo dedicado a la producción de inteligencia criminal compleja y al desarrollo de modalidades operacionales de investigación y conjuración de las diferentes manifestaciones de la criminalidad compleja, ya sea en el plano estratégico como en el táctico. Los ejes de esta meta implican ciertas medidas fundamentales:

• La creación, en la esfera de la Dirección General de Investigación Criminal y Seguridad Compleja, de una Dirección de Operaciones Policiales Complejas dedicada a la dirección estratégica y táctica, la coordinación y la evaluación de las acciones y operaciones policiales complejas mediante (i) la conformación en su seno de las tres unidades de inteligencia y operacionales básicas, a saber, el Departamento de Delito Complejo, el

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Departamento de Control del Narcotráfico y el Departamento Antiterrorista, cada uno de ellos responsable de las labores tácticas de inteligencia criminal compleja y de intervenciones operacionales específicamente referidas a sus respectivos objetos; (ii) la regulación y dirección estratégica del sistema de coordinación general de operaciones policiales complejas llevadas a cabo por los departamentos específicos y sus respectivas dependencias de inteligencia y operativas así como también de las acciones y operativos complejos locales, regionales, nacionales o internacionales; (iii) la creación y dirección del Centro de Inteligencia Criminal Compleja (CECRIC) dedicado a la producción de la inteligencia criminal compleja en el plano estratégico (sobre la base de la inteligencia táctica producida por los respectivos departamentos) y, particularmente, a (a) la elaboración periódica de un informe que contenga el panorama delictivo nacional y regional de la situación y evolución de la problemática criminal compleja, sus modalidades de organización y funcionamiento, sus emprendimientos económicos y/o políticos, sus factores determinantes e impactos sociales e institucionales y sus vinculaciones internacionales; (b) la conformación de gabinetes de trabajo de inteligencia tipológica dedicados a la producción de distintos tipos de análisis estratégicos y tipológicos de diferentes modalidades delictivas específicas mediante la identificación de patrones o “modus operandi” criminales, la confección de bases de datos de las personas o grupos criminales especializados en la concreción de delitos específicos, el establecimiento de los factores condicionantes que inciden en el desplazamiento, evolución, cambios de los eventos o actividades delictivas específicas, la realización de estudios sobre organizaciones criminales que operan en la República Dominicana, con el fin de establecer su estructuración y ramificaciones organizativas y sus modalidades y despliegue operativo; y (c) la informatización de la inteligencia criminal compleja mediante la conformación de una base única de datos que permita el almacenamiento de la información y el análisis criminal producido, con capacidad para desarrollar procedimientos de captura y vinculación de la información, establecer enlaces con otras bases e interconexiones informativas, etc.; (iv) la elaboración y formulación de un cuerpo doctrinal de inteligencia y de operaciones policiales complejas que establezca que establezca una clara conceptualización de la inteligencia criminal compleja (estratégica y táctica), sus ciclos o fases, sus objetivos generales y específicos y las secciones o dependencias responsables de su producción y su diferenciación respecto de inteligencia criminal preventiva así como también el conjunto de orientaciones, prácticas y procedimientos policiales que regulen el diseño, planificación, implementación y evaluación del accionar policial complejo en el plano estratégico y táctico; (v) la formación, capacitación y entrenamiento permanente y especializado del personal policial dedicados a las labores operacionales de policiamiento complejo en cualquiera de sus instancias y funciones; (iv) la asistencia logística, técnica y tecnológica de las dependencias y áreas abocadas al policiamiento complejo.

• La conformación de un escalafón policial específico y una carrera policial propia para los efectivos (detectives) dedicados al policiamiento complejo, que sea, por cierto, diferente del escalafón y la carrera profesional correspondiente a la policía abocada a la seguridad preventiva, y el desarrollo de un sistema propio y autónomo de formación, capacitación y entrenamiento de dicho personal en la realización de las tareas de la conjuración, investigación e inteligencia criminal compleja.

• La colaboración, complementación y asistencia recíproca con organismos nacionales e internacionales dedicados a la conjuración de la criminalidad compleja así como también con otras agencias de investigación y

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policiales federales, estaduales y extranjeras también dedicadas a esas labores.

2. La conformación orgánica de la Policía Judicial en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

3.4) La profesión policial.

La modernización de la profesión policial de la Policía Nacional de la República Dominicana debe suponer necesariamente un marcado proceso de desmilitarización y eficientización del desempeño policial, la que debe asentarse en los siguientes ejes básicos:

1. La reformulación de la estructura de personal y de la carrera policial sobre la base de la conformación de un nuevo régimen de escalafones asentado en la diferenciación de dos agrupamientos básicos, a saber, (i) el agrupamiento policial, abocado a las labores policiales de carácter operativas y en cuyo marco se diferencie, a su vez, al escalafón de seguridad preventiva - compuesto por el personal policial que desempeñan las labores de la seguridad preventiva- del escalafón de investigaciones y seguridad compleja -compuesto por el personal policial dedicado a las tareas de investigación criminal y policiamiento complejo; y (ii) el agrupamiento técnico-administrativo dispuesto para la atención de las funciones, profesionales, técnicas y administrativas del sistema policial.

2. El establecimiento de carreras profesionales policiales específicas correspondientes a cada agrupamiento y escalafón, nucleando en su interior un conjunto de perfiles y habilidades básicas y comunes de acuerdo con el tipo de labor policial a desarrollar, quedando conformada por las Carrera de Policía de Seguridad Preventiva, la Carrera de Policía de Investigación Criminal y Seguridad Compleja y la Carrera Policial Técnico-Administrativa.

3. El diseño y establecimiento de cargos policiales que compondrían la estructura orgánica de cada área de la Policía Nacional –la de seguridad preventiva y la de seguridad compleja-, asignándole a cada cargo policial una función puntual –misión, responsabilidades y tareas- de acuerdo con las actividades específicas de cada una de esas policías y determinando el grado o grados requeridos para el desempeño de los mismos.

4. El establecimiento de concursos de méritos y antecedentes como mecanismos de acceso a los cargos policiales de conducción, los cuales deberían regirse básicamente por los criterios de (i) la formación y capacitación profesional y el desempeño funcional en la carrera policial del funcionario postulante; (ii) los antecedentes funcionales y disciplinarios del mismo; (iii) la antigüedad en la carrera policial.

5. El desarrollo de nuevos parámetros de formación y capacitación del personal policial sobre la base de los siguientes objetivos generales: (i) brindar a la totalidad del personal policial que comienza su carrera profesional una instrucción básica uniforme e integral y, con posterioridad, una instrucción especializada, de acuerdo con las necesidades operativas resultantes de las problemáticas delictivas a prevenir o investigar; (ii) desarrollar el proceso de incorporación del personal policial sobre la base de una correcta calificación de los aspirantes a policías, priorizando siempre los requerimientos que involucran la actividad policial y que implican la existencia de un alto grado de responsabilidad profesional, un sentido de respeto hacia el ordenamiento jurídico y la protección de los derechos humanos en el postulante; (iii) adecuar los contenidos curriculares a las exigencias de las labores policiales de prevención y complejas y colocando a los derechos humanos como pilares instructivos esenciales en la formación inicial y en las distintas etapas

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de capacitación del personal policial; (iv) establecer convenios de intercambio docente y de validación de créditos académicos con universidades e institutos de formación superior a los efectos de que éstos provean los servicios docentes correspondientes a aquellas materias o disciplinas generales básicas; (v) reformular los sistemas de reentrenamiento policial en función de mejorar y perfeccionar el desempeño funcional y la idoneidad psicofísica e intelectual del personal policial; (vi) incorporar a los lineamientos y contenidos curriculares de la formación y capacitación policial y a los manuales de instrucción básicas la normativa de derechos humanos aplicables a la labor policial y, en particular, los principios y procedimientos básicos de actuación policial; (vii) jerarquizar el cuerpo docente mediante el establecimiento de un régimen regular de concursos públicos de antecedentes y oposición como mecanismo único de incorporación y validación docente, apuntando con ello conformar un cuerpo docente de excelencia académica y altamente profesionalizado.

3.5) El control policial.

La modernización del sistema de control de la Policía Nacional debe perfilarse al fortalecimiento de las instancias, mecanismos y procedimiento de supervisión, inspección y apreciación del desempeño del personal. Ello podría articularse a través de ciertos lineamientos básicos:

1. La formulación y aplicación eficiente y permanente de los procedimientos y principios básicos de actuación policial durante el desempeño de las labores policiales articulados en torno del principio de legalidad como eje estructurante de la profesión policial, explicitando el deber de los miembros de la Policía Nacional de actuar conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República Dominicana, en particular, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. En este marco, se debe establecer y hacer cumplir entre el personal policial los principios de razonabilidad y de gradualidad, mediante los cuales se debe instituir el deber de evitar todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas y privilegiar las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza, procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas en resguardo de la seguridad pública.

2. El diseño e institucionalización de un nuevo régimen disciplinario y de ética policial derivado regido por los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, garantizando el ejercicio pleno del derecho de defensa, el debido proceso, la exigencia material absoluta de predeterminación normativa de las conductas y sanciones correspondientes y el respeto por la proporcionalidad entre la pena prevista en la norma y la conducta del agente, evitándose siempre el exceso de punición.

3. La conformación de un sistema de control interno de la corrupción y el abuso policial mediante la creación de una dependencia especial integrada por dos instancias básicas, a saber, (i) un auditor de asuntos internos directamente dependiente del Secretario de Estado de Interior y Policía, con las funciones de identificar e investigar todas las denuncias de faltas éticas o abusos funcionales cometidos por el personal policial y, en su caso, formular la acusación ante la otra instancia, instruir el sumario administrativo, colectar pruebas que den sustento a la acusación y denunciar ante la autoridad competente la comisión de hechos delictivos advertidos en el ejercicio de sus funciones; y (ii) un tribunal de ética policial encargado de juzgar administrativamente a los responsables de faltas éticas o abusos funcionales y aplicar las sanciones, asegurando la defensa en juicio y de debido proceso.

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4. La conformación de una Defensoría del Policía como dependencia especial en la Defensoría del Pueblo exclusivamente dedicada a la recepción de denuncias por parte de los miembros de las Policía Nacional que hayan sido objeto de abusos y violaciones de derechos humanos en el desempeño de sus funciones, todo ello en vistas de la dignificación de la profesión y función policial.