Reporte realizado en el marco de las protestas ocurridas en Venezuela en Febrero 2014. Fotografía: Isabel Bonnet

Reporte de agresiones y detenciones

de menores de edad

Febrero, 2014

Introducción

El presente informe ha sido preparado por la Fundación TAAP, a partir de las estadísticas proporcionadas por el Foro Penal venezolano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la Fiscalía General de la República y de los datos levantados por la propia organización a través de documentos oficiales, y entrevistas.

El objetivo de este documento es hacer un seguimiento de los casos de maltrato y de las detenciones a menores en el marco de las manifestaciones que se iniciaron en el país durante el mes de febrero, este reporte será entregado a las autoridades responsables de la salvaguarda de los niños, niñas y adolescentes para su consideración, esto incluye organismos del Estado y agencias internacionales vinculadas con la protección de los menores. Asimismo, se busca contextualizar la situación para comprender cuáles son los principales retos que supone la búsqueda de una resolución del problema o la prevención para que no vuelvan a presentarse situaciones similares.

Este informe no pretende realizar un balance general de los fallecimientos, detenciones, maltratos y de los casos de tortura que se han presentado en el marco de las protestas ocurridas en el mes de febrero 2014 en Venezuela, sólo se ocupa de las situaciones que involucran a menores de edad, bien sea porque los mismos han sido detenidos o agredidos por las autoridades, porque hayan sido agredidos por otros grupos en las inmediaciones de las protestas o porque se han visto afectados por los gases y demás equipos utilizados para dispersar a los manifestantes.

Si ustedes desea más información sobre fallecimientos, detenciones, aspectos legales y maltrato hacia los detenidos, agresiones a periodistas y fotoperiodistas, o violaciones a la libertad de expresión le instamos a buscar los informes realizados por el Foro Penal Venezolano, Provea, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Espacio Público, organizaciones especializadas en estos temas que han hecho un seguimiento detallado de los aspectos antes mencionados.

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Fotografía Isabel Bonnet

Marco contextual

I. Marco legal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela

El Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes considera que los niños que crecen como víctimas de maltrato o rodeados por situaciones de violencia, son más proclives a convertirse en jóvenes y adultos violentos al crecer. Desde muy temprano los niños aprenden que la violencia es una forma eficaz para “resolver” conflictos interpersonales, especialmente si la han padecido dentro del hogar, ya sea como víctimas o como testigos.

En Venezuela esta situación ha tratado de abordarse desde distintos niveles, en principio porque el país ha suscrito y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) tratado que reconoce que los gobiernos, las familias y las comunidades tienen deberes y responsabilidades hacia los niños y las niñas; y su rol es fundamental para facilitar el cumplimiento de sus derechos.

Lamentablemente, en Venezuela el castigo físico y humillante contra los niños es una forma de violencia socialmente aceptada. Incluso es considerada por muchos como parte necesaria de la educación, y paradójicamente, del cuidado del niño. Esta situación sumada a la violencia en el entorno de los niños dentro de los hogares, escuelas y comunidades, hacen que la protección de los menores sea sumamente compleja en el país.

En Venezuela, a finales de 2007 se aprobó la nueva Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), cuyo Artículo 1, sostiene que la ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción .

En julio de 2008 entró en vigencia la reforma de la LOPNA, que estableció en el Artículo 32-A, que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato.

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Este derecho comprende una crianza y educación no violenta basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad.

Sin embargo, ha sido muy poca la inherencia que esta ley y el establecimiento de un sistema de defensoría del menor, puede tener en las comunidades que comparten un alto nivel de tolerancia a la violencia y no son proclives a denunciar hechos violentos por temor a represalias o por falta de confianza en el sistema judicial venezolano. Falta de confianza que se agudiza frente a situaciones como las vividas en el país durante el mes de febrero de 2014.

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Fotografía Isabel Bonnet

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II. La violencia en el entorno de los Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela

De acuerdo con el Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes, realizado en 2006, la situación de Latinoamérica es una de las más graves en el mundo debido a los altos índices que se presentan en distintos niveles de interacción social, especialmente, en lo que se refiere al entorno de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años de edad.

En el caso de Venezuela, la situación socioeconómica y los programas sociales presentan algunos indicadores más positivos que otros países de la región. Sin embargo, las últimas estadísticas oficiales publicadas en el Anuario de Mortalidad 2011 del Ministerio del Poder Popular para la Salud señalan el homicidio/suicidio como la primera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 24 años y la 5ta causa de muerte en la estadística general nacional.

La violencia se ha convertido en los últimos diez años en una de las principales preocupaciones de los venezolanos, de acuerdo con el estudio Valoraciones sociales en Venezuela, realizado por el Centro Gumilla en abril 2011, para los ciudadanos con un nivel socio-económico C-, el principal problema es la inseguridad (37,9%), mientras que en los sectores D y E el desempleo (39,5% y 52,1%) se ubica en primer lugar seguido por la inseguridad (25,6% y 33,2%) . Esta preocupación encuentra sustento en el incremento que han tenido en la última década los casos de homicidios, secuestros y accidentes que involucran armas de fuego.

Según los Anuarios de Mortalidad presentados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud: en 1998 se cometieron 2.817 homicidios, de los cuales 2.236 fueron cometidos con armas de fuego. A partir de entonces los homicidios se han incrementado cada año, más de 136.568 venezolanos han muerto entre 1999 y 2010, para alcanzar en 2011 una cifra oficial, según el Anuario de Mortalidad, que asciende a 18.160 homicidios, lo que representa un incremento de 645% en la cantidad de fallecimientos anuales ocasionados por hechos violentos.

No todas son clasificadas como homicidios. La denominación de las mismas varía año tras año o incluso se diversifica dentro de un mismo informe, se les clasifica también como agresiones con armas de fuego e incluso como lesiones con armas de fuego de intención no determinada. Lo cierto es que, a pesar de que cambie la forma de referirse al suceso se trata de hechos que incluyen la muerte de un venezolano causada por otro, en la mayoría de los casos al disparar una o varias balas en su contra.

Se toma como referencia la estadística oficial registrada por los Anuarios de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud, porque en el país no existe un sistema estadístico integral de criminalidad que permita el registro transparente de estadísticas de homicidios.

Según los informes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en 2011 se cometieron 18.850 homicidios, cifra que está cerca de coincidir con la registrada en el Anuario de Mortalidad de 2011. Sin embargo, para el Ejecutivo, la cifra “real” que señaló el entonces ministro Tareck El Aissami era 14.092 homicidios .

En 2012 el entonces Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, señaló durante el Encuentro entre Autoridades de Estado sobre el Programa Oficial contra la Violencia, de la Misión A toda vida Venezuela, que ese año cerraba con aproximadamente 16.000 homicidios , lo que representaba según sus declaraciones 55 muertes por cada 100.000 habitantes.

Al cierre de 2013 el actual Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, señaló que la Misión A Toda Vida Venezuela, plan de seguridad que se creó a partir del cierre de la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme y que se fundamenta en la intervención militar en labores de seguridad ciudadana, había logrado disminuir los homicidios a una tasa de 39 por cada 100.000 habitantes.

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Esto significaría la menor estadística nacional registrada desde 2006, porque representaría alrededor de 11.300 homicidios en todo el año. A pesar de estas declaraciones, las cifras registradas por la ONG Observatorio Venezolano de Violencia ascienden a 24.763 muertes violentas en 2013, estadística que concuerda con el análisis de los registros realizados mes a mes en la prensa nacional y con la estadística del CICPC.

A la fecha, marzo 2014, no han sido publicados los Anuarios de Mortalidad correspondientes a 2012 y 2013, por lo que no ha sido posible triangular los datos para corroborar si la cifra presentada por el Ministro Rodríguez Torres coincide con los registros en las actas de defunción.

Los niños y adolescentes se encuentran entre los grupos más perjudicados por la violencia armada en Venezuela, entre 1998 y 2011 un total de 555 niños con edades comprendidas entre los 0 y los 5 años fallecieron por homicidios o lesiones de intención no determinada cometidas con armas de fuego; 1775 niños con edades entre los 5 y los 14 años fallecieron por estas causas, así como 46.389 jóvenes con edades entre los 15 y 24 años.

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III. La situación de violencia en el entorno de los jóvenes como detonantes de las protestas ocurridas en Venezuela en febrero 2014

La situación de violencia armada y de inseguridad que se ha incrementado

sostenidamente en Venezuela durante más de diez años, fue el principal detonante

de las manifestaciones estudiantiles ocurridas durante el mes de febrero en

Venezuela. Luego de que se presentara un robo masivo a todo un salón de clases

en la Universidad Santa María, un robo a dos estudiantes quienes también fueron

víctimas de agresión dentro del campus de la Universidad Católica Andrés Bello, otro

robo a todo un salón en la Universidad Alejandro Humbolt, un ataque a puñaladas

a un estudiante de medicina en el Hospital Pérez de León y un intento de violación

de una estudiante que se encontraba en el Jardín Botánico de la Universidad de Los

Andes núcleo Táchira. Todos estos hechos violentos motivaron que el martes 4 de

febrero de 2014, los estudiantes de la UCAB Táchira salieran a protestar, así como lo

habían hecho en días anteriores varios grupos de otras universidades. Sin embargo,

la situación en la protesta ocurrida en la región fue la primera en ser reprimida por

la Guardia Nacional Bolivariana, dando como resultado el saldo de seis personas

herida y los estudiantes Junior Sanabria y Anthony Omaña detenidos.

La detención de los estudiantes, además de las fotografías y videos que comenzaron

a circular en redes sociales, mostrando los abusos de la GNB y la PNB para reprimir

la violencia incentivaron la movilización de estudiantes en Mérida, Zulia, Lara,

Carabobo, Miranda y Distrito Capital. Los jóvenes exigían la liberación de sus

compañeros, el cese de la violencia de Estado y la inseguridad en el país.

El lunes 10 de febrero el dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López,

con el apoyo de otros líderes políticos como María Corina Machado, Antonio

Ledezma, y de los jóvenes del movimiento estudiantil, confirman la convocatoria a

marchar en las principales ciudades del país el miércoles 12 de febrero 2014, para

conmemorar el Bicentenario de la Batalla de la Victoria y el Día de la Juventud.

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Los estudiantes que lideraron la marcha realizada en Caracas, llegaron acompañados

por miles de ciudadanos hasta la sede del Ministerio Público donde esperaban

entregar a algún representante de la institución un documento solicitando la libertad

para los jóvenes detenidos en las protestas ocurridas en días anteriores y un plan para

resolver las situaciones de violencia e inseguridad en el país.

A pesar de la cantidad de manifestantes presentes en el sitio, ningún representante

del Ministerio Público salió a recibir el documento lo que ocasionó que algunos

jóvenes, en lugar de atender el llamado a retirarse de los líderes, permanecieran en

el lugar y lanzaran piedras y objetos contundentes contra el edificio gubernamental.

En paralelo, grupos armados disparaban contra los manifestantes y se presentaban

ataques aislados a algunos de los grupos que ya se encontraban regresando del lugar

de concentración.

En las inmediaciones del Ministerio Público, mueren producto de heridas de bala en

la cabeza el estudiante Bassil Da Costa y el miembro del Secretario Revolucionario de

Venezuela, Juan Montoya. Tras el incidente, se inician una serie de manifestaciones

en varias ciudades del país. Los disturbios dejan un grupo de más de 60 estudiantes

detenidos y otro fallecido identificado como Roberto Redman, quien también muere

por disparos ocasionados con armas de fuego en el Municipio Chacao.

A partir del 12 de febrero, se han realizado diversas manifestaciones estudiantiles y

civiles en el Distrito Capital, y en los estados Miranda, Apure, Carabobo, Aragua, Lara,

Zulia, Trujillo, Barinas, Falcón, Mérida y Tachira. Dejando como resultado al 4 de marzo

de 2014, un aproximado de 1030 según los registros del Foro Penal, organización

que se ha encargado de prestar ayuda legal gratuita a los afectados en todo el país.

Otras instituciones como el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Provea han

levantado información sobre las violaciones al debido proceso y a los Derechos

Humanos de los detenidos.

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Agresiones y detenciones de menores de edad en el marco de las protestas ocurridas en Venezuela durante febrero 2014

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Las manifestaciones ocurridas en Venezuela durante el mes de febrero de 2014 han

generado una serie de hechos violentos hacia los jóvenes, menores de edad, que se

encontraban manifestando o en las inmediaciones de las protestas. Hasta la fecha

hemos identificado y registrado tres tipos de agresiones:

1. Agresiones físicas infringidas por grupos organizados, armados o no en los

alrededores de las protestas.

2. Detenciones realizadas por los cuerpos de seguridad, irrespetando el debido

proceso y los derechos de los jóvenes detenidos.

3. Afecciones causadas por los elementos utilizados para dispersar las

manifestaciones. Centros de salud en Mérida, Valencia, San Antonio de Los

Altos y Chacao señalan haber atendido a niños y jóvenes con asfixia productos

de los gases provenientes de las bombas lacrimógenas. Sin embargo, no

se tiene un registro detallado porque los funcionarios de Policía Nacional

Bolivariana presentes en los centros de salud visitados no permitieron a

nuestros investigadores solicitar los registros y expedientes relacionados con

las protestas.

1. Agresiones físicas infringidas por grupos organizados, armados o no en los

alrededores de las protestas

Desde el 12 de febrero han ocurrido una serie de hechos violentos en las cuales han

resultados agredidos menores que se encontraban en las protestas o manifestaciones

en contra del Gobierno. Hasta la fecha, hemos recibido información de nueve

agresiones, en las cuales se han visto afectados cuatro adolescentes.

El primer caso ocurrió en Caracas al concluir la manifestación del 12 de febrero, cuando

un grupo de tres jóvenes, entre ellos un menor de 17 años de edad, regresaban desde

la sede del Ministerio Público.

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De acuerdo a los datos proporcionados por los jóvenes agredidos, ellos

comenzaron a correr cuando se iniciaron los disparos en los alrededores de la Av.

Urdaneta, habían establecido como punto de encuentro con sus amigos el Museo

de los Niños en la Av. Bolívar, en Caracas. Al llegar a la zona se toparon de frente

con otro grupo de muchachos que no conocían, la mayoría de ellos con edades

comprendidas entre los 20 y 28 años.

El líder del grupo se acercó a uno de los mayores de edad y al ver que su camisa tenía

una mano blanca, símbolo que han utilizado los estudiantes para identificarse, le

pregunto: “¿así que tú estás con ellos?” para luego comenzar a golpearlo hasta

dejarlo prácticamente inconsciente. Mientras lo golpeaban entre varios, una chica

se acercaba a su prima y a su primo de 17 años y les apuntaba con una cámara

fotográfica profesional de gran tamaño, mientras decía. “sonrían, que los vamos a

hacer famosos en el mundo, como los culpables de iniciar esta pelea”.

El menor de 17 años fue agredido verbal y físicamente por el grupo, le quitaron sus

pertenencias y rompieron sus lentes de ver contra el suelo. Cuando el joven al que

golpeaban entre varios cayó prácticamente inconsciente, uno de los agresores se

acerco al menor y les dijo, “escojan ustedes o los matamos aquí o los entregamos a

la policía”, en medio de las amenazas y gracias a los gritos de algunos vecinos que

observaban desde los edificios, los jóvenes pudieron liberarse y fueron atendidos

en el Centro Médico Rescarven de Chuao, donde el menor recibió catorce puntos

por una herida en la cabeza y presentó algunas laceraciones y contusiones en el

cuerpo.

En paralelo, otro grupo de jóvenes que regresaba de la misma manifestación del

12 de febrero en Caracas fue agredido por otros muchachos en los alrededores

de Parque Carabobo. En este caso había un menor de 16 años presente y, llama

la atención que, el grupo también fue fotografiado con una cámara profesional y

amenazado con ser entregados a las autoridades. Los jóvenes, incluyendo el menor

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de edad, lograron evadirse de los agresores cuando una camioneta de transporte

público que pasaba por la zona se detuvo y les permitió entrar a la unidad.

El 14 de febrero en los alrededores de la Urbanización El Trigal en Valencia fue

agredido otro grupo de jóvenes, en esta oportunidad la mayoría de los estudiantes

que formaban parte del grupo eran mujeres. Dos de ellas menores de edad con 14 y

17 años, que fueron emboscadas por jóvenes con edades entre 16 y 30 años según la

descripción de las agredidas.

Recibieron insultos, arañazos, bofetadas y los tiraron al piso, mientras grababan toda

la agresión, luego los agresores entregaron a todo el grupo de estudiantes a la GNB.

Las autoridades tuvieron a los jóvenes bajo custodia en el lugar por más de una hora

y luego los liberaron sin trasladarlos a tribunales.

El resto de los ataques ocurridos en San Antonio de Los Altos y Mérida, coinciden

con los episodios anteriormente descritos porque todos fueron hechos por jóvenes

agresores en contra de muchachos que se encontraban mirando cerca de las

manifestaciones, o regresando de las mismas.

Los ataques fueron siempre en grupo y en cinco de los nueve casos las víctimas fueron

fotografiadas o grabadas en videos. Todos los agredidos fueron amenazados con ser

entregados a la Policía Nacional Bolivariana o a la Guardia Nacional Bolivariana si

hablaban con otras autoridades o si denunciaban las agresiones.

Al realizar las entrevistas, les recomendamos a todos los agredidos menores de edad

que buscasen apoyo en el sistema de protección de menores para que pudiesen

realizar la denuncia formal frente a los tribunales de menores y la defensoría. Ninguna

de las víctimas estuvo de acuerdo en denunciar porque sostienen que no confían

en las autoridades, también nos pidieron mantener sus datos resguardados en los

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informes y en el material que fue entregado a los medios de comunicación para

“evitar más problemas”.

2. Detenciones realizadas por los cuerpos de seguridad, irrespetando el

garantías fundamentales del adolescente

Desde el 12 de febrero han sido detenidos más de 40 menores de edad, algunos de

ellos formaban parte de las manifestaciones estudiantiles que fueron dispersadas

por los organismos de seguridad, pero varios de los adolescentes detenidos no

estaban manifestando y fueron igualmente liberados con medidas cautelares,

luego de que en el proceso de detención violaron sus derechos fundamentales.

A continuación encontraremos un listado de los menores detenidos en todo el

país, esta estadística no incluye los datos detallados de los menores que fueron

detenidos y liberados sin ser presentados ante los tribunales, tampoco de todos

los jóvenes que recibieron defensa pública, solo aquellos que compartieron sus

testimonios con nuestro equipo.

Detenidos el 12 de febrero 2014 en Chacao, Caracas.

Naim Gabrielle Modabbeis

Maikel Giovanni Rondón Romero

Kevin Bogarin

Ambos fueron liberados con régimen de presentación cada 30 días y medidas

cautelares como prohibición de manifestar.

Detenido el 12 de febrero 2014 en Valencia, Estado Carabobo

Cesar Rodríguez

Liberado el 16 de febrero con medidas cautelares.

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Detenido el 13 de febrero 2014 en Valencia, Estado Carabobo.

Daniel Alejandro Moreno

Fue liberado con régimen de presentación y prohibición para asistir a manifestaciones.

Detenido el 15 de febrero 2014 en Chacao, Caracas.

Jheremy Bastardo

Liberado con régimen de presentación lunes y viernes, y prohibición de acudir a

manifestaciones.

Detenidos el 17 de febrero 2014 en Guarenas, Estado Miranda.

Sabrina Aizpurua

Ángel Romero

1 menor adicional que fue liberado sin presentación a tribunales y sin abrirle

expediente.

Detenido el 19 de febrero 2014 en Plaza Altamira, Caracas.

Michael Moore

Fue presentado a tribunales el 20/01/2014 y se le dictó medida cautelar de presentación

cada 30 días.

Detenidos el 19 de febrero 2014 en Barquisimeto, Estado Lara.

10 menores de edad, fueron liberados sin presentarlos a tribunales, luego de

permanecer detenidos hasta la madrugada.

Detenidos el 19 de febrero 2014 en San Antonio de Los Altos, Estado Miranda.

Waleska Florville

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Calógeno Capostagno

Liberados con prohibición de manifestar

Detenidos el 19 de febrero 2014 en San Antonio de Los Altos, Estado Miranda

Luis Alejandro Gallardo

Ibrahim García

Fernán Jesús González

Ricardo Marcano

Liberados con régimen de presentación cada 30 días y prohibición de manifestar

Detenidos el 20 de febrero 2014 en Barinas

10 menores de edad liberados el 21 de febrero con libertad plena.

Detenido el 21 de febrero 2014 en El Paraíso, Caracas

Keiber Gabriel Pérez

Liberado con régimen de presentación cada 30 días y prohibición de manifestar

Detenido el 23 de febrero 2014 en Chacao, Caracas

Brandon Machado

Liberado con régimen de presentación cada 30 días y prohibición de manifestar

Detenido el 24 de febrero 2014 en Los Teques, Estado Miranda

Edwin Meneses

Giordio Martínez

Liberados con régimen de presentación cada 30 días y prohibición de manifestar

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Detenidos el 28 de febrero 2014 en Altamira, Caracas.

Shakira Kassar

Víctor Castro

Christian Márquez

Liberados con régimen de presentación cada 30 días.

Hasta la fecha se cuenta con información proporcionada por varios de estos 44 menores

detenidos, se tiene conocimiento de 23 casos adicionales que no fueron presentados

a tribunales en Anzoátegui, Mérida y Táchira, pero los familiares consultados no

quisieron ser entrevistados para compartir información sobre las detenciones o los

maltratos de los que fueron víctimas los jóvenes.

En este sentido es importante recordar que la Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolescente

y el Código Orgánico Procesal Penal establecen que a los adolescentes que sean

detenidos en flagrancia se les deben respetar garantías fundamentales como:

• La dignidad:

Resguardando al adolescente de humillaciones, vejaciones, malos tratos, y situaciones

degradantes según lo establece el artículo 46 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal, así

mismo en el Numeral 10 del artículo 125.

a. En el caso de las detenciones a los adolescentes, las familias describen

que hubo maltrato verbal, amenazas, agresiones físicas y humillaciones que

incluyen desde golpizas hasta permanecer aislados y esposados al piso en

calabozos no aptos para menores.

b. A la mayoría de los detenidos les fueron robadas sus pertenencias, no les

devolvieron sus teléfonos celulares, dinero u otros bienes al momento de su

libración.

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c. En el caso de los dos detenidos en San Antonio de Los altos, se les retuvo

en una urbanización privada sin orden de allanamiento.

d. En casi todos los casos los traslados se hicieron sin avisar a los abogados

o familiares. Gracias a la coordinación entre el Foro Penal, el CDH-UCAB y de

un grupo de abogados y periodistas voluntarios que han apoyado haciendo

seguimiento a los casos, se lograba ubicar a los detenidos e informar sobre

los traslados.

e. Consideramos fundamental destacar el caso de uno de los menores de 16

años, quien fue detenido en Chacao donde se encontraba con su familia al

acercarse un grupo de manifestantes que eran perseguidos por la GNB.

Se trata de un joven especial, y según los informes psicológicos referidos por

su madre Rocío Escalona, presenta una edad mental de 12 años, al momento

de la confrontación había bajado con su madre a comprar pan dulce y luego

permanecieron en la entrada de su edificio apoyando a los estudiantes

que manifestaban. De pronto un contingente de la Guardia Nacional

Bolivariana cruzó en la esquina y atacó la manifestación con la ballena y

bombas lacrimógenas, al verse en medio del grupo de manifestantes que

eran perseguidos se asustó, soltó a su madre y comenzó a correr hasta ser

detenido por un GNB.

En el traslado sufrió insultos y amenazas, y fue detenido junto a otro menor

en una de las sedes del CICPC. Le quitaron su teléfono y lo aislaron sin

permitirle hablar con otros detenidos o llamar a sus familiares, al momento

del traslado al Palacio de Justicia no se envío ningún expediente o notificación

del traslado de los menores, por lo que su madre junto al abogado Fernando

Ovalles del Foro Penal pasaron más de 12 horas tratando de ubicarlo.

Finalmente el 13 de febrero en horas de la tarde fueron ubicados por un

guardia que accedió a una segunda solicitud para buscarlos en los calabozos

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del Palacio de Justicia. Se encontraban en otro sótano diferente a donde estaban

recluidos los mayores pero sin las condiciones adecuadas para la detención de

menores.

No le permitieron a su madre llevarle ropa limpia o comida antes de la audiencia

de presentación. El 13 de febrero fue liberado con régimen de presentación

cada 30 días a pesar de su condición.

• Separación de las personas adultas:

El artículo 549 de la LOPNNA establece que, “los y las adolescentes deben estar

siempre separados o separadas de las personas adultas cuando estén en prisión

preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad. Las oficinas de la policía de

investigación deben tener áreas exclusivas para los y las adolescentes detenidos o

detenidas en flagrancia o a disposición del o de la Fiscal del Ministerio Público para

su presentación al juez o jueza, debiendo remitirlos o remitirlas cuanto antes a los

centros especializados. Tanto la prisión preventiva como las sanciones privativas de

libertad deben cumplirse exclusivamente en establecimientos adscritos al sistema

previsto en esta Ley”.

Según el testimonio de los abogados, familiares y de algunos de los detenidos

este principio fue irrespetado en más de la mitad de los casos. Los menores fueron

detenidos junto a los adultos y en algunos casos permanecieron más de cuatro horas

en el mismo recinto hasta que se efectuaron los traslados. Y en algunos casos nunca

fueron llevados a lugares con condiciones adecuadas para menores antes de su

audiencia de presentación.

Estas violaciones de los derechos fundamentales de los adolescentes, sumadas a los

casos donde se utilizó violencia física durante la detención constituyen una situación

grave que deja en evidencia la poca preparación de los agentes de los cuerpos de

seguridad del Estado y de las propias instalaciones de reclusión para la detención de

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adolescentes, esto debe revisarse en detalle para poder evitarse en el futuro.

También se hace necesario revisar la actuación de la Defensoría del Pueblo, en

especial de las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, porque en estos casos

a pesar de las solicitudes de familiares y amigos de los detenidos no se presentó

en tribunales o en los centros de reclusión ningún defensor que pudiese apoyar a

las familias y a los jóvenes detenidos.

Repor te de agres iones y detenciones de menoresFebrero 2014