tes internacionales de arbitraje si conside-ran dañados sus derechos. Y ese es el caso.

La mayoría de los litigios (diecinueve) ha sido interpuesta ante el Centro Inter-nacional de Arreglo de Diferencias rela-tivas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial. Se han planteado cua-tro más en sitios como la Cámara de Co-mercio de Estocolmo y la Comisión de la ONU para el derecho mercantil interna-cional (Uncitral). Lo que nos jugamos no es baladí. “El recorte a las fotovoltaicas es de 1.000 millones de euros anuales. Como los fondos de inversión han puesto entre el 20% y el 30% del capital, les es-taría afectando en 200-300 millones al año. Si se resolviera a su favor el año que viene, como el cambio legislativo es de 2010, habría que devolverles 1.400 millo-

a fondo A fONDO

H abía que ser tonto para no inver t i r en energía solar entre 2004 y 2010. O no co-nocer las potenciales ven-

tajas. Si empleabas 200.000 euros en una instalación, los modelos económicos ase-guraban que podías endeudarte sin pro-blemas en un 80 -90% de la inversión. Recuperabas el dinero en diez años y ganabas en los quince siguientes. Con esas condiciones, ¿quién no iba a estar contento? El ayuntamiento vendía las licencias; empresas o particulares comer-cializaban terrenos; el inversor recibía las primas del Estado; los ecologistas exultaban por el advenimiento de una energía verde y no contaminante… Pero la producción aumentó más de lo previs-to. Los precios de las instalaciones por unidad de energía producida bajaron en 2006-2007 y llegó una avalancha de pe-ticiones tal que se hizo inasumible pagar las primas. El PSOE cambió la legislación en 2010 para frenar el número de recep-tores y el PP sustituyó en 2014 las sub-venciones por lo que ellos consideraron una retribución razonable. La pregunta es: y ahora, ¿qué hacen los inversores, que pidieron sus créditos de acuerdo con la legislación inicial?

La Ley como freno. Los españoles se han topado de momento con el Tribunal Supre-mo. Está por ver qué pasa con los extranje-ros. España firmó en su día la Carta de la Energía. Su posible vulneración da a los foráneos la posibilidad de recurrir a las cor-

nes de euros como mínimo. Si incluyéra-mos a los españoles, podríamos irnos a 5.000-6.000 millones”, señala Jorge Mo-rales, ingeniero industrial y portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Ener-gético. Un agujero más que sumar al mal-trecho bolsillo de la deuda española. Y, de nuevo, por culpa de un error político.

Además, está surgiendo una industria financiera en torno a estos procesos ar-bitrales. fondos de inversión como Ca-lunius, Burford o Therium ofrecen a los demandantes financiarles los costes en-teros del litigio a cambio de una partici-

De aquí a final de año podrían resolverse las primeras demandas de inversores extranjeros sobre el cambio de

legislación de renovables en España. Nos jugamos miles de millones de euros. El que iba a ser un sector estrella puede

convertirse en una pesadilla.

Jordi Benítez

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El fallido imperio del sol

pación en una posible condena. Los de-mandantes pueden querellarse sin riesgo en lugar de comprometer los 5-6 millones de euros que suele costar litigar en tri-bunales internacionales.

Algunos expertos no creen que los recursos de los extranjeros prosperen. “La regulación del sector eléctrico no se hizo para crear máquinas de hacer dine-ro, para amparar arbitrajes f inancieros. La retribución que se da ahora permite recuperar el dinero y rentabilizar la in-versión en condiciones de mercado, pero no lucrar chollos a costa del consumi-dor”, señala Carlos Montojo, que parti-cipa como perito económico-financiero en procesos europeos relacionados con las fotovoltaicas. La legislación recoge una retribución del 7,398% anual obteni-da por la diferencia entre ingresos de la instalación por la venta de energía a pre-cios de mercado y los costes iniciales y de desarrollo de actividad, haciendo que la inversión sea rentable.

¿Empeora nuestra imagen? Parece claro que hemos perdido credibilidad jurídica para inversores extranjeros en esta ma-teria. “Recuerdo a un conocido bufete de abogados español diciéndole a inversores alemanes que los cambios retroactivos a la remuneración en renovables eran im-

posibles en España. fue hace unos diez años, y mira dónde estamos”, explica Eduard Sala, director del de la consul-tora IHS, una de las más destacadas a nivel internacional. Pero, al mismo tiem-po, la inversión en renovables surge de nuevo en España en otras áreas. Acaban de surgir dos concursos en biomasa y viento de 1,5 GW. Se estima que en los próximos años van a entrar cinco billones de euros por esta propuesta. ¿Será que el régimen es ahora más estable?

La novedad no evita que el secretario de Estado de Energía admita la posibilidad de un impacto económico “pequeño” derivado de los arbitrajes internacionales. Incluso los inversores españoles tienen esperanzas. “De aquí a final de año podrían resolverse los recursos por daño patrimonial plantea-dos contra las modificaciones de 2010 y de 2014”, indica Juan Castro-Gil, abogado y secretario de la Asociación Nacional de Pro-ductores e Inversores de Energías Renova-bles (ANPIER).

Las primas se han recortado un prome-dio del 30%. En algunos casos, un 50%. Una ruina para los propietarios de las 62.000 instalaciones que ya se habían puesto en marcha de acuerdo a un determinado re-torno del capital invertido. Aunque bajó, la tecnología de las renovables es cara. La entrada de empresas chinas en el negocio hizo que una instalación costara en 2009 menos de la mitad que en 2007. Pero una planta de 100 kilovatios podía requerir al principio abonar alrededor de un millón de euros. Lo normal es que sus cuatro o cinco propietarios pusieran el 20% (200.000 eu-ros). El banco se ocupaba del resto. El cam-bio en los planes previstos ha hecho que muchos inversores hayan tenido que refi-nanciar sus créditos u olvidarse de su pro-yecto. Las reformas retroactivas han su-puesto un recorte de 930 millones en el sector. En algunos casos se ha producido un descenso del 50% en los ingresos pre-vistos para soportar la inversión. Los que trabajan en este sector se quejan de que los recortes solo se han dado en su área.

fondos internacionales confían en ganar dinero “contra” España

mos la cifra prevista. Lo dice la Comisión Europea”, admite José María González Moya, director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). Desde luego, según sus datos, el ritmo de producción no lo asegura. Tras unos años registrando cifras de 2.000-2.500 megavatios anuales instalados, en 2014 se llegó solo a 45. El número podría ser menor este año. “El propio Gobierno dijo a mitad del año pasado que era ne-cesario llegar a 1.400 megavatios anuales para alcanzar el objetivo de 2020”, añade González.

Como suele pasar en nuestro país, nos lastra la falta de visión a largo plazo. La ausencia de pensamiento político en los últimos veinticinco años se traduce en la carencia de un plan energético claro de cara al futuro. ¿Qué energía queremos? ¿Llegará el próximo Gobierno con un plan más claro debajo del brazo?

exceso de capacidad”. Los costes f ijos regulados, los impuestos y las subvencio-nes suponen el 62% de la tarifa eléctrica, y son los principales culpables de que hayamos pasado de tener la energía más barata a la más cara de Europa. “Que los que se benefician de las subvenciones no le echen la culpa a todo el mundo menos a ellos mientras cobran el cheque todos los meses”, indica Lacalle. Si todo esto no se soluciona bien, estima que acabarán pagando, “como siempre, los pobres”.

En el fondo del problema está la inde-finición del modelo energético que quie-re España. Y aquí cada uno juega sus bazas. Las eléctricas tradicionales tratan de limitar una caída en sus ventas de energía afectada porque la procedente de renovables ha de ser comercializada sí o sí en la medida en que se produce, y eso le resta cuota, y porque la crisis ha reper-cutido en la demanda. frente a ello, los defensores de las renovables argumentan que su energía es más limpia, sin hacer

A fONDO

Teníamos la energía más barata de Europa; ahora tenemos la más cara

Castro cree que el asunto tiene so-lución: “La tiene el PSOE, pero no se atre-ve. Consistiría en que cada inversor fuera retribuido en función de la norma que le afectó. Muchos inversores no llegarán a ver ese desenlace. La situación se los ha llevado por delante”.

La pregunta es si los españoles hemos de pagar esa factura. Daniel Lacalle sos-tiene en su artículo Autoconsumo y bur-bujas energéticas que la generación de energía solar ha ido creciendo en España cuando no hacía ninguna falta. En nuestro país había un excedente de generación del 12%, y se instalaron 23.000 megavatios de nueva capacidad de generación. Cuando superaba el 18%, llegaron otros 20.000 megavatios. El exceso de capacidad de generación es hoy del 40%. En ningún país de nuestro entorno supera el 20%.

¿Impuesto al sol? “El único impuesto al sol que existe en España es el que ya pa-ga usted por una energía solar casi diez veces más cara que la media del resto de tecnologías, por las primas más genero-sas y peor planteadas de la OCDE”, dice. Ante la polémica del autoconsumo, La-calle señala que es partidario de él, pero con cabeza: “Se tiene que racionalizar el mercado eléctrico, reducir costes f ijos, impuestos y subvenciones y dejar que las empresas compitan; no subvencionar el

Las eléctricas de siempre tratan de defen-der su terreno y obtienen victorias, como ha ocurrido con el reciente decreto de autoconsumo. Los 100 kilovatios de tama-ño mínimo de la central exigidos para po-der vender energía al sistema reduce a empresas la posibilidad de implantarlas. A priori, pocos particulares pueden pro-ducir esa potencia y disponer de la exten-sión (medio hectárea) y el dinero (más de 200.000 euros) para poner en marcha una instalación así.

Las compañías eléctricas y el Gobierno no parecen dispuestas a que se genere con el autoconsumo otra burbuja como la de

las renovables que les perjudicaría direc-tamente a ellas. El déficit de tarifa (des-equilibrio entre los costes de suministro de la energía y los ingresos por consumir-la) está por las nubes, y lo estamos pa-gando con un recibo de la luz que es un 72% más caro que hace diez años. Quizá la solución esté en titulizar como deuda ese déficit de tarifa. Lo que está claro es que el Gobierno de Zapatero y Miguel Se-bastián deberían haber estudiado mejor los costes que iba a traernos la energía renovable. Hubiera ahorrado quebraderos de cabeza especialmente al próximo Go-bierno, que es el que asumirá el grueso del problema.

David no puede con Goliat

Así ha crecido el número de instalaciones fotovoltaicas mundialesfuente: EPIA

La potencia instalada se disparó en 2008fuente: EPIA

fuente: CNMC y REE

Evolución del mix eléctricohincapié en que también es más cara. “Es cierto que las renovables son, en general, más caras; pero, en algunos casos, la eó-lica terrestre ya es la fuente de genera-ción más competitiva para nuevas insta-laciones. Además, las renovables (prin-cipalmente eólica y solar) suponen un recurso que España tiene y que no debe importar. Su coste es previsible a largo plazo, algo que juega claramente a favor de estas energías. El debate no debería jugar solo en torno al coste, sino también en torno al valor de cada energía”, expli-ca Eduard Sala.

Cada una tiene sus pros y sus contras, aunque está claro que no se está cum-pliendo el plan previsto. “El objetivo pa-ra 2020 es que la energía renovable su-ponga el 20% sobre la energía final bru-ta que se consume en el país. Actualmen-te estamos en el 17%, según el Gobierno. Si no se hace nada, no creo que alcance-

Los 1.400 MW anuales previstos se han quedado en 45 este año

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La certidumbre de las devastadoras consecuencias del cambio climático motivaron actuaciones nor-mativas urgentes por parte de la Unión Europea que, a través de los Objetivos 2020, impuso un objetivo claro a sus Estados miembros: alcanzar una cuota de renovables del 20% sobre el consu-

mo total de energía en el año 2020.

Cada Estado tuvo libertad para cumplir con dicho mandato, y se implantaron marcos normativos muy similares en todos los países, que ofrecían certidumbres y seguridad jurídica para todos aquellos que decidieran contribuir con sus ahorros al desarrollo del nuevo modelo energético europeo. Conforme las instalaciones fueron cumpliendo sus objetivos, sustituyendo megavatios contaminan-tes y madurando estás tecnologías, los sistemas de primas fueron reduciéndose hasta su desaparición, puesto que ya no son precisos estos mecanismos, que otrora fueron imprescindibles.

A día de hoy, transcurridos tan solo uno pocos años, las empresas y familias europeas que asumieron esta encomienda han cumpli-do con su parte del acuerdo y las sociedades europeas pueden disponer ya de energía limpia a precios reducidos, que serán exi-guos en los próximos años. La legitimidad medioambiental, social y económica de los sistemas de primas a las renovables no se ha cuestionado en ningún lugar de Europa, porque resulta evidente.

Sin embargo, en España, país que fuera referente en estas tecno-logías, hemos asistido a la estigmatización y linchamiento públi-co de las renovables y la fotovoltaica, a las que se responsabiliza de todas las deficiencias de un escandaloso sistema eléctrico cuyas vergüenzas ya no es posible ocultar por más tiempo. Las renovables no sólo han servido de chivo expiatorio de las irre-gularidades normativas, sino que además, con los recortes re-troactivos impuestos, se expulsa del sistema a este nuevo mode-lo de productor, pequeña empresa y ciudadano, y se disuade a otros potenciales competidores.

Ahora que las familias fotovoltaicas habían derribado las barre-ras tecnológicas para entrar a producir energía se imponen drás-ticos recortes retroactivos a 62.000 familias españolas cuyo “pe-cado” fue acatar lo propuesto en un Boletín Oficial del Estado y destinar todos sus ahorros a desarrollar y producir energía lim-

pia a cambio de un retorno, fijado por un Real Decreto, que les permitiera pagar al banco los préstamos, avalados por sus hoga-res, y lograr una rentabilidad razonable real una vez lograda la madurez del proyecto.

Sin embargo, a los pocos meses de poner en marcha las instalacio-nes, una vez hipotecadas siguiendo las recomendaciones propues-tas por el Estado, el Gobierno ha derogado a estas familias las normas que dieron origen a estas inversiones, con recortes de hasta el 50%, lo que torna inviables estos proyectos, que han de refinanciarse a toda costa para evitar las quiebras familiares; aun-que ello volatilice cualquier atisbo de rentabilidad y violente un principio sagrado: la Seguridad Jurídica.

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo debe establecer las disposiciones legales a seguir, sino que tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica como garantía dada al individuo, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados en ningún caso, sin justa compensación por ello. Las leyes han de ser claras, estables, y justas; protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos y el respeto a su propiedad. En España, la seguridad jurídica como principio con-figurador del Estado de Derecho, se concreta en el marco cons-titucional en el artículo 9 de la Ley de leyes Constitución de 1978, en el apartado tercero: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favo-rables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurí-dica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

España, con 24 pleitos, es el segundo país del Mundo con más demandas ante la Corte Internacional de Arbitraje por infraccio-nes de la Carta de la Energía, todo por el brutal recorte a las reno-vables, solo Venezuela logra, de momento, superarnos en este despreciable escalafón. Nuestro país se ha caracterizado en los últimos años por su inestabilidad legislativa en lo concerniente a las energías renovables, ha llevado a la ruina a 62.000 familias que acataron y BOE y ha quebrado la Seguridad Jurídica. Es evidente que “algo” se ha hecho muy mal y que la única solución para res-tablecer la confianza y la justicia es rectificar.

OPINIÓN

La ruina de 62.000 familias

Miguel Ángel Martínez-ArocaPresidente de Anpier