Renda Bàsica: una reformulació del treball

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    La filosofa normativa neo-empleocentrista:

    derechos, condiciones, representaciones

    Pablo MiravetUniversidad de Valencia

    1. La ambigedad de un diagnstico

    Un punto importante en la justificacin de la deseabilidad tico-poltica de laRenta Bsica (en adelante, RB) es la asuncin de un concepto amplio de trabajo, nolimitado a su forma mercantilizada. Segn esta definicin, trabajo es cualquier actividad

    humana orientada a la produccin de bienes y servicios en el mercado y fuera delmercado. Cabe, as, distinguir el trabajo remunerado, el trabajo reproductivo y el trabajovoluntario. Estas tres modalidades se diferencian no tanto por la clase de actividadcuanto por el tipo de relacin y la esfera en los aqulla se inserta y se desarrolla. Puede,de hecho, argumentarse convincentemente que una actividad x es susceptible de serindiferenciadamente calificada como trabajo remunerado (six se realiza en el mbito delas relaciones productivas o de mercado, ya sea por cuenta ajena, ya por cuenta propia),trabajo reproductivo (si x se despliega en el mbito de las relaciones domstico-familiares) y trabajo voluntario (si x se lleva a cabo en el mbito de las relacionessociales o comunitarias), en los dos ltimos casos sin contraprestacin salarial nirendimiento econmico para el que realizax.

    Aceptando plenamente este marco conceptual y sus relevantes implicacionesnormativas1, creo que es una cuestin pacfica que la teorizacin de connotacionesepocales sobre la crisis del trabajo ha tomado como referente privilegiado lastransformaciones experimentadas en el mbito productivo a lo largo de las ltimas tresdcadas, sus impactos sobre el trabajo remunerado en el mercado, y, msespecficamente, sobre el trabajo dependiente, por cuenta ajena o en rgimen desubordinacin, es decir, el empleo. La llamada crisis del trabajo es, ante todo, la crisisdel trabajo asalariado y del fenmeno salarial, y puede ser identificada con la quiebra dela forma tendencialmente hegemnica que adopt el empleo en las economascapitalistas avanzadas durante las dcadas posteriores a la segunda guerra mundial. Laexpresin crisis del trabajo alude implcitamente a la erosin y ladeshomogeneizacin de la relacin de empleo ideal-tpica basada en el contrato devocacin expansiva que se consolid en el contexto de la maduracin de las diversasvariantes del Estado social postblico, la denominada relacin salarial fordista, es decir,la relacin de trabajo subordinado indefinida, exclusiva, a jornada completa e investidade las protecciones del estatuto laboral que ya podemos llamar clsico en sus diferentesmodulaciones.

    !Publicado en M. E. Rodrguez Palop, I. Campoy Cervera y J. L. Rey Prez (eds.),Desafos actuales alos derechos humanos: la renta bsica y el futuro del Estado social, Madrid, Universidad Carlos III-

    Dykinson, 2012, pp. 143-178.1 Sobre ello, vid., desde distintas perspectivas, Ravents (2002 y 2007), Kildal (1998), Pateman (2005),An y Miravet (2006) y Rey Prez (2007).

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    En la amplia literatura generada por la crisis del trabajo se han solapado losanlisis de la incidencia de los cambios socio-estructurales, polticos y reguladores en laesfera del empleo y consideraciones de mayor calado sobre el rol, el significado, lafuncin, el sentido y el valor del trabajo. Con distintos acentos e inflexiones, la crisisdel empleo ha aparecido vinculada en muchas de estas aproximaciones a un diagnstico

    recurrente: la prdida de la centralidad del trabajo, diagnstico en no pocos casostributario de una tendencia a la idealizacin, ms o menos inconsciente, de la sociedaddel trabajo postblica. Sin pretender abordar en profundidad todas las aristas de lacuestin2, creo conveniente subrayar que el sintagma prdida de la centralidad deltrabajo adolece de considerables mrgenes de equivocidad. Considero, en este sentido,til tratar de matizar ciertos aspectos de la conexin convencionalmente aceptada entrela difcilmente controvertible tesis de la crisis del empleo y el diagnstico de la prdidade la centralidad. A tal fin, adoptar como punto de partida la estipulacin sugerida por

    Noguera (2002) de acuerdo con la cual cabe diferenciar la centralidad descriptiva deltrabajo (o la centralidad del trabajo en sentido descriptivo) y la centralidad normativadel trabajo (o la centralidad del trabajo en sentido normativo), si bien interpretar un

    poco libremente la distincin (siempre en referencia al empleo) y la adaptar a lospropsitos argumentativos de este trabajo.

    La centralidad en sentido descriptivo hace referencia a la cuestin fctica de si eltrabajo tiene un puesto central en la existencia de los seres humanos. Se trata de unacuestin avalorativa que, creo, puede ser reformulada en estos trminos: si y de qumodo el empleo juega o no un rol central en la integracin funcional de los individuosen la sociedad, la cohesin societal, la distribucin de oportunidades y el desarrolloindividual. Por su parte, la centralidad en sentido normativo hace referencia a lacuestin poltica y tica de si el trabajo debe tener esa importancia sociocultural y sidebe haber un vnculo claro entre trabajo y beneficios sociales diversos (ingresos,supervivencia, ciudadana, estatus, etc). Se trata de una cuestin axiolgica que, paralos fines de este trabajo, creo que puede ser reformulada, a su vez, en estos trminos: siy por qu debe haberun vnculo ms o menos estrecho y explcito entre el empleo y los

    beneficios, los derechos y las prestaciones que proveen los sistemas de bienestar social.Aunque estas pginas se centrarn en esta ltima dimensin, cabe al menos dejar

    apuntado que, en el plano descriptivo, el interrogante sobre la prdida de centralidad delempleo en el escenario inaugurado por las crisis de los setenta y ochenta admiterespuestas distintas en funcin de la perspectiva que se adopte. Si la cuestin se planteadesde el punto de vista de la integracin funcional normalizada en la trama social atravs del trabajo asalariado de todos los sujetos en edad laboral, resulta lcito hablar dela prdida de la centralidad del empleo. Determinados procesos bien conocidos

    (postindustrializacin, terciarizacin, modificacin de la estructura ocupacional, cambiodemogrfico e internacionalizacin econmica, entre otros) y determinadas dinmicas aellos asociadas (dficit estructural de empleo, precarizacin, dualizacin, nuevasvulnerabilidades, fragmentacin de la clase trabajadora fordista, desindicalizacin, entreotras) han debilitado seriamente el carcter ubicador del trabajo asalariado, alterandoel horizonte de estabilidad vinculado a la insercin en el empleo y el anclaje al puestode trabajo que dotaba al itinerario vital del trabajador estndar (masculino) de unaestructura lineal y acumulativa en el marco de los compromisos y las disciplinas de lassociedades industrial-salariales de postguerra. Ahora bien, todava en la dimensindescriptiva, la cuestin admite igualmente una respuesta negativa. Si el interrogante se

    plantea desde la perspectiva de la posicin social, el desarrollo personal y la distribucin

    2 Para una reflexin de fondo sobre el tema, vid., entre otros, Alonso (2007)

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    de oportunidades vitales para los individuos el diagnstico de la prdida de lacentralidad del empleo es menos plausible. Podra decirse, ms bien, que los procesos ylas dinmicas a los que se acaba de hacer referencia han ido configurando lenta y

    progresivamente un nuevo formato de la sociedad del trabajo sustancialmente distinto alque estuvo vigente durante la fase expansiva del modelo de acumulacin y desarrollo

    fordista. Ello no significa que las sociedades contemporneas no sigan estandoabsolutamente organizadas alrededor del empleo ni que el empleo haya sido despojadode la relevancia sociocultural que ha tenido en la modernidad, si bien se debe concederlo que hace ya algunos aos apunt grficamente Bouffartigue (1996-1997) siguiendo aTosel: el trabajo asalariado ha adquirido una centralidad negativa o como mnimo

    paradjica; el trabajo abstracto sigue estando en el centro de la dinmica capitalista peroprovoca la no centralidad del trabajo vivo para una multitud cada da mayor deexcluidos del empleo asalariado. En sntesis inevitablemente simplificadora, laambivalencia o la equivocidad del diagnstico sobre la prdida de centralidad delempleo en el plano descriptivo consiste en que el empleo no es ya el dispositivo

    privilegiado o, si se quiere, natural de integracin social no slo en el caso de los

    excluidos de los circuitos formales del empleo y los desempleados, sino tambin en elde los segmentos de trabajadores insertados dbil, intermitente y precariamente en laesfera laboral; sin embargo, en un nivel de anlisis estrictamente descriptivo yavalorativo, es poco discutible que el trabajo remunerado en el mercado contina siendodeterminante (es decir, central) en la existencia de los individuos, y ello no slo en elsentido banal de que el empleo es necesario para la supervivencia material.

    Si desplazamos la atencin hacia la segunda dimensin sealada (la centralidadnormativa del empleo, tal y como ha sido redefinida arriba), el diagnstico de la prdidade la centralidad se torna todava ms ambiguo. Precisamente en un contexto marcado

    por las dificultades para la integracin y reproduccin a travs del (y en) el empleo deamplios estratos de la poblacin activa se ha producido la emergencia y la consolidacinde una filosofa de la intervencin social basada en la revalorizacin (moral) del empleoy del vnculo (normativo)entre el empleo y el bienestar social a travs el refuerzo ensentido restrictivo de la condicionalidad en el acceso a las prestaciones. La aplicacin deesta filosofa, a la que cabe denominar neo-empleocentrista, no se ha limitado altratamiento de ciertos fenmenos asociados al agotamiento del modelo de regulacinfordista y la emergencia de la llamada nueva cuestin social (desempleo, pobreza,exclusin) y ha tenido proyeccin en distintos sectores de los Estados del bienestar3. Noobstante, aqullos han sido los mbitos privilegiados de accin del neo-empleocentrismo, que se ha concretado en el rediseo de la proteccin social(particularmente, la garanta de rentas en materia de desempleo y las rentas mnimas de

    carcter asistencial) y su renovada vinculacin con las polticas del mercado de trabajobajo el difuso y polismico rtulo activacin, un trmino al que, tomando en prstamola expresin de Gallie (1956), bien se le podra atribuir el carcter de conceptoesencialmente controvertido.

    En lo que sigue me propongo analizar a grandes rasgos la filosofa normativaneo-empleocentrista. Definir primero el neo-empleocentrismo, clarificando el sentidodel prefijo neo a partir de un marco analtico aplicable a las diversas tipologas de las

    3 Por economa expositiva, este trabajo se centrar en las polticas sectoriales sealadas. Es importanteaclarar que este tipo de reformas ha convivido con otras de signo contrario, es decir, con cambios que hantendido a desvincular el acceso al bienestar social y la esfera productivo-laboral. En trminos generales,

    sin embargo, el peso de las reformas que han reforzado el nexo entre el bienestar y el empleo (en elsentido que se expondr a continuacin) ha sido mucho ms significativa que el de las polticas dedesvinculacin, especialmente en el mbito de las rentas mnimas y la proteccin por desempleo.

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    nuevas polticas de activacin/ workfare. Seguidamente, tratar de sintetizar lasprincipales ideas y representaciones de la filosofa neo-empleocentrista.

    2. Empleo-centrismo postblico y neo-empleocentrismo

    La concepcin tradicional de la ciudadana social reenva a la idea de que laincorporacin de los derechos sociales al estatus de ciudadana cre un derechouniversal a una renta real que no est en proporcin con el valor de mercado de quien ladisfruta (Marshall, 1950 [1998]: 52)4, institucionalizando cierta inmunidad respecto ala completa dependencia del mercado y cierto grado de incondicionalidad en la

    provisin del bienestar social (Plant 1992). Reinterpretando el clsico concepto dePolanyi, Esping-Andersen (1993, 2000) sostuvo en esta lnea que las polticas socialesdesmercantilizan, es decir, posibilitan el mantenimiento de un nivel de vida aceptableindependientemente de la participacin en el mercado, si bien lo hacen en desigualgrado, dependiendo de los diferentes diseos de los regmenes de bienestar.

    Los entramados de bienestar social no se han limitado, sin embargo, a corregir laasignacin de recursos resultante de la participacin del mercado laboral o a atendernecesidades no cubiertas por el mismo. Al margen de que los rasgos organizativos delos regmenes impactan de diferente forma en el sistema de estratificacin social(aspecto bien analizado por Esping-Andersen), las polticas sociales han desempeadotambin la funcin de regular el proceso de incorporacin de la fuerza de trabajo almercado (a la relacin trabajo-salario). Este vector constitutivo, a veces desatendido porla visin de la poltica social centrada en su funcin protectora y desmercantilizadora,ha requerido siempre polticas estatales, si bien no todas estas polticas puedenconsiderarse en sentido estricto parte de la poltica social. En abstracto, es decir, conindependencia del contexto considerado, la poltica de los Estados del bienestar y laatribucin de derechos sociales es, por tanto, una estrategia ambivalente. Compensa lalgica del mercado, pero al mismo tiempo la sostiene y permite la constitucin yreproduccin permanente de la relacin salarial. En las economas capitalistas, sea cualfuere su rgimen de bienestar, la desmercantilizacin (ms o menos amplia, segn loscasos) y la mercantilizacin son procesos coimplicados y simultneos (Offe, 1990;Lessenich, 1996; Holden 2003).

    El empleo-centrismo entendido como principio normativo de acuerdo con el cualdebe haber un vnculo entre el empleo y el sistema de proteccin social es inherente acualquier configuracin histrica del Estado del bienestar. Me parece, no obstante, que

    pueden diferenciarse el empleo-centrismo postblico y el neo-empleocentrismo del ciclo

    de reestructuracin.En las economas industrial-salariales de postguerra se daba una equivalenciaimplcita entre la ciudadana social y la ciudadana laboral, aunque el nexo empleo/

    bienestar adopt modulaciones distintas, conectadas a la idiosincrasia y los referentesnormativos de los diferentes regmenes5. El peso del salariado determin el diseo de

    4 Para una interpretacin del concepto de ciudadana social de Marshall, vid. An (2000).5 Siguiendo la tipologa de Esping-Andersen, Goodin (2001) propuso un elegante marco conceptual paradar razn del vnculo entre empleo y bienestar social en los tres regmenes de bienestar que puede serextrapolado al contexto postblico. Goodin escribe que la matriz comn del productivismo puedesintetizarse en la frmula sin trabajo no puede haber bienestar (o mejor, Estado del bienestar) (withoutwork there can not be welfare), axioma susceptible de ser, a su vez, reescrito en estos trminos: para

    que haya bienestar debe haber trabajo. El vnculo normativo trabajo/ bienestar ha adoptado en losregmenes un perfil coherente con sus rasgos arquetpicos: si en el rgimen liberal o anglosajn larelacin Estado del bienestar/ empleo se ha expresado a travs de la frmula trabajo, no bienestar

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    las diversas variantes del Estado del bienestar fordista-keynesiano, concebido, entrminos generales, como un sistema estandarizado de transferencias y serviciosvinculados a la cobertura de riesgos derivados de las salidas espordicas del mercado detrabajo del empleado estndar, el llamado affluent worker. En este marco, el principioempleo-centrista estaba estrechamente conectado a la centralidad socio-estructural del

    empleo: El trabajo se utiliza como categora central para entender la sociedad () [y],por ende, el nacimiento y desarrollo del derecho social est marcado () por el intentode codificar () los conflictos relacionados con el trabajo asalariado (). De acuerdocon este modelo de derecho social, si el trabajo es el lugar central de integracin social,las formas de redistribucin de la riqueza deben ir vinculadas a la situacin deltrabajador asalariado (Courtis, 2007: 187). El alcance del empleo-centrismo normativose extiende, no obstante, ms all de la relacin de trabajo y del acceso al bienestarsocial a travs del empleo del individuo (y de los sujetos dependientes) y de las diversaslgicas de esta relacin predominantes en los diferentes regmenes de postguerra. Comose ha apuntado arriba, su comprensin requiere tomar en consideracin tambin los

    principios (igualmente normativos) subyacentes a la asalarializacin de la fuerza de

    trabajo6 y la creacin de empleo, que en el modelo fordista era confiada a las polticaseconmicas expansivas orientadas a la consecucin del pleno empleo (masculino). Paraentender el empleo-centrismo normativo postblico es, pues, preciso tener bien

    presentes los rasgos arquetpicos del modelo de desarrollo econmico y las condicionessocio-estructurales bajo las que se consolidaron los sistemas de bienestar de postguerra:relativa autonoma reguladora del Estado, consenso poltico y pacto implcito entrecapital y trabajo (filtrados por los referentes ideolgicos y los legados institucionalesdominantes en los diferentes regmenes), aplicacin sistemtica de polticas econmicasde demanda (ms explcita en unos pases que en otros), regulacin uniforme delempleo subordinado (con diferentes variantes regulativas, pero en cualquier caso basadaen la contractualizacin a largo plazo de la relacin salarial y la programacin delcrecimiento del salario indexada a la productividad), relacin positiva entre producciny ocupacin, estructura social y laboral relativamente homognea (atravesada pordiferentes lgicas de estratificacin), situacin convergente de pleno empleo(especialmente en la dcada de los 60), divisin sexual del trabajo (ms evidente enunos regmenes que en otros) y separacin difana de los universos del empleo y la

    pobreza. En estas condiciones, y siempre con peculiaridades nacionales y regionales, lagaranta de la proteccin social quedaba claramente articulada en dos segmentos, elgeneral, ligado al empleo, y el segmento asistencial, minoritario y, en algunos casos,excepcional. Ms all de la valoracin tico-poltica que pueda realizarse del fordismo

    postblico, lo que importa subrayar es que en este contexto el empleo-centrismo

    normativo era, en cierto sentido, coherente (lgicamente consistente) con lascondiciones socio-laborales, econmicas y polticas del modelo.

    (work, not welfare), y en el rgimen conservador, bismarckiano o continental mediante la frmulabienestara travs deltrabajo (welfare through work), la frmula de la socialdemocracia nrdica serabienestary trabajo (welfare and work). Goodin propone este esquema valorando muy positivamente elmilagro holands de la segunda mitad de los aos noventa del siglo XX. Para una visin menoscomplaciente del denominado milagro holands, vid. van Oorschot (2002 y 2004). Como tratar deargumentar ms abajo, la evolucin de las nuevas polticas activas ha tendido a converger hacia la

    primera de las frmulas en todos los regmenes.6 Teniendo en cuenta esta dimensin del empleo-centrismo normativo, no debe extraar que un modelo deEstado del bienestar comparativamente ms desmercantilizador fuera, al mismo tiempo, intensamente

    empleo-cntrico en el segundo sentido que se acaba de sealar. Tal es el caso del modelo escandinavo (y,arquetpicamente, Suecia), organizado alrededor del principio del trabajo (arbetslinjen) y lo queEsping-Andersen (1994) denomina justicia social productivista.

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    El debilitamiento, una por una, de estas condiciones estructurales en las ltimasdcadas7, el cambio de las prioridades macroeconmicas y la emergencia de losfenmenos a los que se hizo referencia en el apartado precedente han provocado, entreotros efectos, la creciente porosidad de la frontera de los mundos del empleonormalizado y el no empleo (o, si se quiere, entre el salariado y el precariado), el

    aumento del nmero de personas desplazadas al segmento asistencial (o que recibenprestaciones por desempleo), la tendencia a focalizar los debates sobre lareestructuracin del Estado del bienestar en estos sectores y, como se seal, la

    progresiva consolidacin y generalizacin, especialmente a partir de la dcada de losnoventa, de un renovado consenso poltico en torno a la necesidad de vincular las

    polticas del mercado de trabajo con las estrategias de reforma de los sistemas deproteccin social. En las polticas que estamos considerando, esta inflexin marca latransicin al neo-empleocentrismo normativo.

    Para analizar esta evolucin resulta especialmente til el marco analticosugerido por Clasen, Kvist y van Oorschot (2001) y especificado con mayor detalle porClasen y Clegg (2007), un esquema basado en los niveles de condicionalidad en el

    acceso al bienestar social. Clasen y Clegg parten de la premisa de que todos losderechos a prestaciones sociales han sido siempre condicionales en algn sentido,diferenciando tres niveles de condicionalidad o tres clases de condiciones que operan demodo consecutivo: a) las condiciones de categora; b) las condiciones de circunstancia yc) las condiciones de conducta.

    a) El primer nivel de condicionalidad hace referencia a la necesidad depertenecer a alguna categora social definida para beneficiarse de una prestacin (serjubilado para acceder a la pensin, padecer algn tipo de discapacidad para recibirbeneficios por ese concepto, ser desempleado para cobrar la prestacin, etc.). Nisiquiera las llamadas prestaciones universales suponen la abolicin de las condicionesde categora. Incluso una hipottica RB para todos, inexistente en el mundo real,excepto el caso del Alaska Permanent Fund, estara (y en este caso particular est)limitada por condiciones de categora tales como la ciudadana entendida como laafiliacin formal a un Estado a travs del vnculo de la nacionalidad o la residencia8; b)El segundo nivel de condicionalidad alude a los criterios de elegibilidad en el acceso alos beneficios sociales (elegibility and entitlement criteria) y ha tenido histricamenteun peso determinante las provisiones del Estado del bienestar. Las condiciones decircunstancia hacen referencia a los principios que rigen la distribucin y estn, engeneral, relacionadas con las acciones pasadas del receptor. En el caso de la seguridadsocial vinculada al empleo (o al historial de empleo), por ejemplo, existe un amplioespectro en la articulacin de las condiciones de circunstancia que abarca los polos

    tpicamente beveridgeano y tpicamente bismarckiano. Tambin en el caso de laproteccin asistencial basada en la acreditacin de la necesidad demostrable y lacomprobacin de medios (means test) se da una notable heterogeneidad dentro de unaestructura condicional similar. Slo en un caso puro de RB no existiran condiciones de

    7 Particularmente, la ruptura de los tradicionales nexos produccin-ocupacin y productividad-salarioreal. Para un anlisis ms detallado, vid. Fumagalli (2006).8 La mayora de las propuestas de implementacin de la RB toman como marco de referencia el Estado,una entidad jurdico-poltica infraestatal o supraestatal (vgr. la UE). El derecho a una RB incorpora, por lotanto, condiciones de categora ligadas a la ciudadana o la residencia, si bien este grado decondicionalidad es mnimo si se lo compara con la estructura de los programas existentes y no desvirta,a mi juicio, la definicin de la RB como un ingreso incondicional y universal ni la lgica normativa de la

    propuesta. Por otra parte, se han realizado propuestas de articulacin de una RB en el mbito de NacionesUnidas (entre otros, Frankman, 2002), propuesta que, de llevarse a cabo, acercara la RB a la plena yabsoluta incondicionalidad.

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    circunstancia, aunque s, como se ha apuntado, condiciones de categora aun en gradomnimo; c) El tercer nivel de condicionalidad hace referencia al establecimiento derequisitos mediante los cuales se vincula la percepcin del subsidio o la prestacin a laobservancia de determinada conducta por parte del beneficiario. Estas condiciones seconcretan, por tanto, en la estipulacin de obligaciones de hacer impuestas a los

    receptores de un determinado programa una vez establecidos los criterios relativos a lacategora y la circunstancia como requisito para percibir (o mejor, para continuarpercibiendo) la prestacin. No basta con cumplir las condiciones de categora (porejemplo, ser desempleado), ni las condiciones de circunstancia (por ejemplo, habercotizado en el caso de las prestaciones de desempleo contributivas o haber demostradola falta de medios en el caso de la prestacin asistencial por desempleo), sino que el

    beneficiario debe comprometerse a cumplir (y realizar) determinadas accioneslegalmente predeterminadas que, en el caso de las polticas que nos ocupan, se orientana promover, incentivar o forzar su ingreso (o su reingreso) en el mercado de trabajo siquiere beneficiarse de la prestacin y mantener su derecho a percibirla. Estascondiciones remiten, por lo tanto, no a las acciones pasadas sino a la conductafutura del

    receptor.Las condiciones de conducta que preliminar y genricamente pueden

    denominarse requerimientos de empleo (work requirements) o test de empleo (worktest) han adquirido una importancia determinante en el ciclo de reestructuracin de lossistemas de proteccin social y constituyen uno de los principales instrumentos el nuevo

    paradigma de intervencin. Partiendo del marco analtico expuesto anteriormente,introducir algunas precisiones para justificar la tesis de que todos los Estados de

    bienestar han adoptado en sus lneas de reforma la filosofa neo-empleocentrista demodo tendencialmente convergente.

    a) Si bien es cierto que el creciente peso de las condiciones de conducta defineen gran medida (aunque no exclusivamente) el neo-empleocentrismo y la nuevavinculacin entre la proteccin social y las polticas del mercado laboral, en el ciclo

    postblico tambin exista este tipo de condicionalidad en las diversas variantes delEstado del bienestar. Su importancia y su implantacin eran, no obstante,considerablemente menores que en la actualidad, especialmente en los sistemascontinentales o bismarckianos, tpicamente pasivos. Los primeros programas deworkfare aparecen de forma embrionaria en los Estados Unidos en la segunda mitad dela dcada de los sesenta (Scokpol, 1995; Handler, 2004). Por su parte, los sistemasnrdicos, y especialmente Suecia, siempre han sido Estados de bienestar activos; las

    polticas activas originarias de los pases nrdicos, ligadas al reciclaje industrial y a lacreacin de servicios pblicos, eran dispositivos correlacionados estructuralmente con la

    poltica econmica expansiva y explcitamente dirigidos elevar la tasa de empleo en losque, ms all de la existencia de pruebas de disponibilidad, primaban las oportunidadesy los derechos sobre las obligaciones y las sanciones (entre otros, vid. Kildal, 2001;Bergmark, 2003). El concepto de activacin o de polticas de activacin en suacepcin actual ha modificado este significado originario, quedando en partedifuminada la rgida frontera conceptual entre las polticas activas y las polticas deworkfare que, entre otras instancias, la UE ha tratado de establecer en la construccin ydefensa del llamado modelo social europeo9.

    b) La idoneidad del marco analtico propuesto por Clasen y Clegg reside en quehace abstraccin de la concreta configuracin de las polticas neo-empleocntricas y selimita a sealar, por una parte, que el caso ms evidente del nfasis creciente en el tercer

    9 Para un anlisis del modelo social europeo como proyecto poltico de la UE subordinado a losimperativos de la construccin de la unin econmica y monetaria, vid. Jepsen y Serrano Pascual (2005).

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    nivel de condicionalidad es el de las polticas activas dirigidas a desempleados yreceptores de asistencia social, y, por otra, que las condiciones de conducta consisten enel establecimiento de obligaciones de hacer impuestas a los beneficiarios. Ciertamente,existe un espectro muy amplio en el diseo, los mtodos y los instrumentos utilizadosen esta clase de polticas y en la naturaleza de las condiciones de conducta. Esta

    heterogeneidad ha dado lugar a diversas clasificaciones de modelos, enfoques uorientaciones de las nuevas polticas activas. Algunas de ellas se inspiran en la tipologade los regmenes de bienestar escandinavo (identificado con las polticas de activacinoriginarias), liberal (identificado con el workfare) y continental, identificado con elmodelo de insercin francs (van Berkel y Hornemann Moller, 2002; Serrano Pascual,200410). Otras (vgr. Barbier, 2004), siguen ms de cerca la biparticin inicialmente

    propuesta por Lodemel y Trickey (2001), quienes, manejando un concepto estrecho deworkfare, diferenciaron el enfoque de desarrollo de recursos y capital humano (humanresource development) y el enfoque centrado en la reincorporacin inmediata almercado de trabajo o la integracin econmica (labour market attachment). Sin entraren el anlisis detallado de estas y otras tipologas y de los instrumentos prevalecientes

    en los modelos de activacin/ workfare en ellas identificados, cabe sealar que, de unmodo u otro, todas asumen la divisin convencional entre las polticas en las que primanlos requerimientos ms restrictivos (las denominadas work first strategies), dominantesen el mbito anglosajn, y aquellas otras en las que predominan los elementosformativos o calificantes. (enabling policies).

    c) Ms all del valor heurstico de estas clasificaciones, y admitiendo que loslegados y institucionales han influido en las trayectorias de reforma y en la articulacinde las polticas neo-empleocentristas, resulta posible relativizar o al menos introduciralgn matiz sobre estas taxonomas. Algunos autores han subrayado que las nuevas

    polticas de activacin/ workfare han evolucionado en los ltimos aos hacia unaconvergencia contingente en todas las economas avanzadas (Eichhorts y Kohle-Seidl2008). Ello en un triple plano: i) los instrumentos o los mtodos de activacin,dimensin en la que se puede identificar una hibridacin de elementos disciplinarios yformativos, con una mayor incidencia de los primeros; iii) los grupos de destinatarios,

    progresivamente ampliados a categoras tradicionalmente excluidas mediante el cierrede rutas de escape como los beneficios por incapacidad y enfermedad; y, iii)finalmente, la gestin de las polticas de activacin, crecientemente descentralizada ycon participacin de actores privados. Por otra parte, la secuencia de la puesta enmarcha de las nuevas polticas activas es claramente divergente. Algunos sistemas de

    bienestar que todava en los aos noventa haban implementado limitadamente polticasde activacin se han incorporado plenamente a la lgica neo-empleocentrista a lo largo

    de la dcada de dos mil

    11

    . Obviamente, esta convergencia no implica la plena identidadde las polticas adoptadas en distintos contextos12. Ahora bien, aun partiendo de laheterogeneidad de los mtodos o las formas de articulacin, algunos autores que se han

    preocupado de tipologizar los distintos modelos de activacin han enfatizado laconvergencia en el plano de la ideologa, la justificacin y la racionalizacin de lasreformas (Serrano Pascual, 2005).

    10 En otro trabajo (Serrano Pascual, 2007), la autora ha diferenciado cinco tipos ideales o modelos depolticas de activacin (contractualismo cvico; tico-responsabilizante; autonomizacin ciudadana;residual-disciplinante y provisin fragmentada).11

    Tal es el caso, por ejemplo, de Alemania y de la denominada reforma Hartz IV , que entr en vigor en2005.12 Los propios Clasen y Clegg (2006) relativizan la idea de la plena convergencia.

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    d) Con independencia de la orientacin (incitadora, formativa) de las medidas,uno de los rasgos definitorios de las nuevas polticas de activacin es el carcterobligatorio/ compulsivo de las condiciones de conducta y la correlativa previsin desanciones en el caso de su incumplimiento o inobservancia (entre otros, vid. Handler,2003). Como grficamente seal Kildal (1999) refirindose al caso noruego, lo que es

    nuevo es que los receptores estn obligados a cumplir estas condiciones (por ejemplo,aceptar el empleo o el programa de formacin ofertado por las autoridades) si noquieren correr el riego de que les sean denegados (o reducidos) los medios bsicos desubsistencia13. A menudo, este aspecto es omitido por la caracterizacin acrticamente

    positiva de que son objeto las polticas de activacin (nocin investida de un halo deincontestabilidad que contrasta con la connotacin peyorativa atribuida invariablementeal workfare) en los discursos institucionales nacionales y de la UE y en buena parte delos anlisis acadmicos.

    e) Por ltimo, es preciso apuntar que las reformas dirigidas a estrechar el nexoentre las prestaciones y el empleo mediante el endurecimiento de las condiciones deacceso a los beneficios asistenciales o por desempleo no se han limitado al

    establecimiento de condiciones de conducta, sino que han impactado en los tres nivelesde condicionalidad. Si en el plano de las condiciones de categora la tendencia a larestriccin aparece vinculada al perfil de los sujetos protegidos (va, por ejemplo, laredefinicin de la categora de desempleado o la ampliacin de los grupos susceptiblesde ser activados), en el plano de las condiciones de circunstancia el refuerzo del nexoempleo-prestaciones se ha concretado en reformas que afectan fundamentalmente alclculo, la duracin y el monto de las transferencias contributivas y asistenciales. Eneste ltimo caso, involucra el rediseo (y, en determinados casos, la introduccin) de la

    prueba de medios.En resumen, a lo largo de las ltimas dcadas ha tenido lugar una transicin

    paradigmtica en las dinmicas de reforma que ha redefinido el nexo entre el empleo yla proteccin social y las formas de asalarializacin del fordismo. Este tipo de reformasse han consolidado en el marco del nuevo formato de la sociedad del trabajo y seinspiran en una nueva filosofa de la intervencin social. Uno de los principios quecimentan esta filosofa normativa es que en las nuevas condiciones socio-estructuralesde las economas avanzadas debe haber un vnculo ms estrecho y/ o reforzado entre elempleo y las protecciones sociales. El robustecimiento de la relacin entre la

    participacin en la esfera productivo-laboral (o la movilizacin hacia el empleo) y laproteccin social comporta, al menos en las polticas aqu consideradas, una nueva yms restrictiva comprensin de la idea regulativa subyacente al uso normalizado de laexpresin ciudadana social (la institucionalizacin de cierta inmunidad respecto a la

    13 La creciente previsin de sanciones en los diseos de las polticas sociales no se ha producido slo en elmundo anglosajn. Ejemplo paradigmtico es la reforma norteamericana del welfare, trmino identificadoen Estados Unidos con el segmento asistencial, aprobada por la Personal Responsibility and WorkOpportunity Reconciliation Act de 1996, que sustituy el programa AFDC (Aid to Families with

    Dependent Children) por el denominado TANF (Temporary Assistance for Needy Families), combinandoelementos workfaristas con la limitacin temporal de la permanencia en los programas. Tambin enEuropa (y en algunas pases que son considerados modelos a seguir como Holanda y Dinamarca), lasnuevas polticas activas han incorporado mecanismos sancionadores. Adems de los ya citados trabajosde van Oorschot (2002 y 2004), vid. Cox (1998) para una comparacin de Holanda y Dinamarca, yClasen y Clegg (2007) para el anlisis de las reformas danesas (especialmente, la importante reforma de1994). Evidentemente, la intensidad punitiva es distinta en los contextos sealados, pero la tendencia ala implantacin de penalizaciones es convergente. Un estudio de caso y una valoracin positiva de las

    sanciones en Holanda puede verse en van der Berg, van der Klaauw y van Ours (2004), que interpretan elxito en sentido estrecho (la intensificacin del desplazamiento desde la recepcin de la asistencia haciael empleo), sin considerar otras variables.

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    completa dependencia del mercado de trabajo). Retomando el hilo argumental delcomienzo de este apartado, el neo-empleo centrismo normativo puede as interpretarsecomo una estrategia orientada a preservar la equivalencia tcita entre la ciudadanasocial y la ciudadana laboral, adaptndola sin embargo a los perfiles de la nuevasociedad del trabajo mediante nuevos medios de gestin, regulacin, gobierno y control

    de la nueva cuestin social.3. El neo-empleocentrismo normativo y sus representaciones

    Las ideas y los discursos polticos han adquirido una importancia creciente en elcontexto de austeridad asociado a las presiones endgenas y exgenas que hanenfrentado los Estados del bienestar en las ltimas dcadas. Aunque por s mismos no

    proveen una explicacin completa del cambio, los estudios sobre el rol de las ideas en laformacin de paradigmas y las distintas orientaciones del anlisis del discurso hancontribuido decisivamente a la comprensin de los procesos de reestructuracin de lossistemas de bienestar social (Taylor-Gooby, 2005). Ms especficamente, estasaproximaciones han aportado claves importantes en el anlisis de lo que se ha

    denominado la construccin del imperativo de reforma, proceso que conlleva laalteracin de la precomprensin colectiva del bienestar estatalmente suministrado y lacorrelativa apertura o despeje de sendas de reestructuracin (Cox, 2001). A travs de

    procesos de encuadre (framing) y de re-encuadre (reframing) que estructuranselectivamente la cognicin de determinada cuestin de la agenda, condicionan lasformas de interpretacin y aproximacin a la poltica y determinan el registro de lo

    pensable dentro de los marcos interpretativos preexistentes en distintos contextosinstitucionales y culturales (Ross, 2000), el discurso poltico contribuye a la superacinde resistencias y escepticismos y se convierte en instrumento de persuasin dirigido aconvencer de la necesidad del cambio, una funcin especialmente importante para laevitacin de la culpa (blame avoidance) de los gobiernos cuando adoptan polticasimpopulares.

    La cuestin del estatuto y el rol del discurso poltico y su relacin con las ideasen los procesos de reforma de la poltica social desborda los limitados propsitos de estetrabajo. Algunos entienden el discurso como aquello que los actores polticos se dicenentre s y transmiten a la ciudadana para construir y legitimar sus programas ydemostrar que la reforma del Estado del bienestar es conveniente y necesaria utilizandoargumentos empricos y normativos (Schmidt, 2002). Otros, en una lnea ms cercana alos anlisis de Bordieu (1991) sobre la violencia simblica, han subrayado que eldiscurso es una prctica de poder y no una simple expresin de determinados valores eideas: si bien no puede ser considerado un factor causal inmediato del cambio en las

    polticas sociales, su impacto mediato es ms profundo, en la medida en que el discursodelimita a travs del lenguaje lo que es natural, posible (y aun inevitable) y lo que esilegtimo en trminos de accin poltica, estableciendo as implcitamente las fronterasdel debate y las posibilidades de reforma (Carmel, 2005). Sea como fuere, el lenguaje yla difusin o la re-definicin de determinados conceptos es una dimensin esencial en laconstruccin de nuevos modelos de intervencin. Como se ha sealado, los proyectosde cambio de los paradigmas preexistentes son tambin proyectos lingsticos y aun

    batallas del lenguaje (Fairclough, 2000).El neo-empleocentrismo, y particularmente las polticas basadas en el

    tratamiento focalizado e individualizado de determinados colectivos con el objetivo demovilizarlos hacia el empleo, ha sido definido antes como una nueva filosofa de la

    intervencin social. Aunque la expresin filosofa (normativa) parece preferible aideologa, el neo-empleocentrismo tambin puede ser definido como una ideologa, a

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    condicin de que ideologa no se entienda en su acepcin negativa, sino como unconjunto social derepresentaciones, tal y como propuso, entre otros, Dumont (1999).Antes que evaluar la verdad o la falsedad y la correccin o la incorreccin intrnsecas delos argumentos empricos y normativos del neo-empleocentrismo, lo que me interesa esdescribir las representaciones que han abastecido de fundamento al rediseo de la

    proteccin social, y, ms especficamente, las reinterpretaciones y redescripciones de lasque el neo-empleocentrismo se ha nutrido. Si, en fin, el lenguaje y las ideas constituyenherramientas fundamentales en la construccin discursiva de representaciones tanto enel plano de los diagnsticos como en el de las prescripciones de actuacin, losargumentos empricos y los referentes normativos movilizados por el neo-empleocentrismo han brindado un slido soporte a la caracterizacin de las reformasactivadorascomo una adaptacin coherente con las transformaciones socio-estructuralesde las ltimas dcadas14.

    El neo-empleocentrismo no es slo una filosofa difundida por el discurso de losgobiernos, los meso-gobiernos y las instituciones de la UE (que han desempeado un

    papel nada desdeable en la denominada europeizacin cognitiva de las polticas

    sociales y, particularmente, en la difusin retrica del paradigma de la activacin15). Setrata tambin de un discurso terico internamente muy heterogneo en cuyos extremos

    podemos encontrar desde aproximaciones socialdemcratas apoyadas en unajustificacin rawlsiana de la activacin como poltica preventiva idnea (vid., entreotros, Esping-Andersen, 22003)16 hasta enfoques que no disimulan su alineamiento conla concepcin disciplinante de las polticas neo-empleocntricas ms restrictivas, vistasdesde esta perspectiva como dispositivos adecuados para restaurar valores, a comenzar

    por el auto-respeto y la tica del trabajo (vid., tpicamente, Mead, 1997, 2005). Ms allde esta heterogeneidad y de la existencia de distintas modulaciones del neo-empleocentrismo, es posible sostener que en la plasmacin de las polticas deactivacin/ workfare y en buena parte de los discursos institucionales que las han

    justificado hay algunos elementos de clara convergencia. Uno de los rasgos destacablesdel neo-empleocentrismo es, de hecho, su sincretismo ideolgico y poltico. La nuevafilosofa normativa se ha caracterizado, de un lado, por la hibridacin de ideas

    provenientes de tradiciones poltico-ideolgicas dispares, y, de otro, por haber sidoasumida y traducida en reformas concretas por gobiernos europeos conservadores y decentro-izquierda. Estos ltimos recibieron el influjo de la agenda de la activacin de la

    14 Pero tambin con el nuevo recetario macroeconmico adoptado en las economas avanzadas, al que laspolticas de activacin/ workfare se han subordinado. Rambla (2005) ha analizado las dos interpretacionespredominantes de la accin selectiva y las polticas activas: la tesis de la respuesta adecuada al cambiosocial y la que encuentra en las reformas un nuevo modelo de regulacin, tesis, esta ltima, que me

    parece ms defendible.15 Sobre las distintas acepciones del concepto de europeizacin, Cfr. Radaelli (2000) y Mair (2004).Para una definicin de la europeizacin cognitiva, Guilln y lvarez (2004). En esencia, laeuropeizacin puede identificarse con un conjunto de procesos (programacin, informacin, revisin

    paritaria, evaluacin y ajuste de objetivos) vehiculados a travs de tcnicas regulatorias de soft law(tpicamente, el llamado Mtodo Abierto de Coordinacin) que se dirige a influir en los discursosdomsticos sobre las polticas de bienestar y a lograr la armonizacin no de la legislacin, sino de lasideas, las concepciones, los conocimientos y las coordenadas de accin con el fin de que los objetivos delos pases miembros tiendan a converger en una visin poltica comn (Palier, 2003). Para un anlisisde la retrica del paradigma de la activacin de la UE, vid. Crespo Surez y Serrano Pascual (2004) ySerrano Pascual (2005). Vid., asimismo, sobre la difusin del modelo por parte de la UE, Moreno ySerrano Pascual (2007).16 En el trabajo citado, Esping-Andersen sostiene que la denominada tercera va ha llevado a cabo una

    apropiacin selectiva de las polticas socialdemcratas nrdicas de activacin. Sin embargo, como hansealado diversos autores (Kildal, 2001; Bergmark, 2003; van Aerschot, 2007), tambin los pasesescandinavos han impreso un renovado acento workfarista a las tradicionales polticas activas.

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    tercera va britnica17, que continu el itinerario iniciado por los gobiernosconservadores precedentes (Jessop, 2003) y tom en prstamo algunos de los

    principios-gua de la importante reforma impulsada por la administracin demcratanorteamericana en 1996 (Daguerre, 2004). Como ya se ha sealado, la progresivaimplementacin (o redefinicin restrictiva, all donde existan) de las polticas activas

    es un fenmeno generalizado, no circunscrito al mbito anglosajn. Haciendo, pues,abstraccin de los diferentes contextos culturales e institucionales, tratar de sintetizarlas principales representaciones de la filosofa neo-empleocentrista.

    Algunas de las transformaciones experimentadas en la esfera del empleo que hanimpactado en forma de fragmentacin de las trayectorias vital-laborales y que hacen

    problemtico el mantenimiento o la recreacin del entramado regulador y el sistema deprotecciones asociadas al empleo estable (representados invariablemente por el discursoneo-empleocentrista como rigideces inhibidoras de la modernizacin y el cambio) noson fcilmente reversibles. Sin embargo, ante el desafo de pensar la proteccin socialmnima fuera de la relacin de trabajo tpica, la filosofa neo-empleocentrista haabogado por la articulacin de respuestas innovadoras no cuestionando y aun

    imprimiendo un renovado nfasis a la necesidad de reforzar nexo normativo entre elbienestar y el empleo. Ms exactamente, y con independencia del fundamento de lasnuevas polticas activadoras o de workfare (por un lado, la evitacin de la dependenciade las instituciones de bienestar; por otro, la lucha contra la exclusin social18), lo que

    promueve el neo-empleocentrismo es el cambio en la forma de integracin social atravs del empleo.

    La difusin, o mejor, la reinterpretacin del concepto de nuevos riesgossociales constituye un primer ejemplo de cmo operan los retoremas neo-empleocentristas. Con la ayuda acaso involuntaria de la tesis de la nueva sociologa delriesgo de acuerdo con la cual los cambios societarios de las ltimas dcadas hanintensificado los procesos de individualizacin de las desigualdades en general y de ladesigualdad laboral en particular (Beck, 1998), la definicin del desempleo, lainseguridad laboral y las bajas cualificaciones como nuevos riesgos sociales (Esping-Andersen, 2000, Bonoli, 2005), una definicin acertada, ha abierto sin embargo elcamino al desplazamiento discursivo cuando los gobiernos y las instituciones de la UEhan tematizado el problema y las respuestas. El nuevo contexto es representado comoun entorno en el que los riesgos son ms difciles de prever y slo pueden ser afrontadosmediante la flexibilidad y la capacidad de adaptacin a las demandas de una economaen constante cambio. La va privilegiada para enfrentarse a la inseguridad(tendencialmente inevitable) es la continua adquisicin de competencias. La recurrenteapelacin a la formacin (que justifica por s sola la imposicin de obligaciones de

    activacin a los receptores de prestaciones y subsidios) y la insistencia en laidentificacin unidireccional del riesgo con la obsolescencia de las capacitacioneslaborales del desempleado/ excluido tienden as a transformar el significado tradicionaldel riesgo social como contingencia objetiva derivada de las relaciones de intercambiocapitalistas. Como veremos, el problema es desplazado al plano individual, y el objetivode la intervencin social es reformulado: no se trata ya de proteger frente al riesgoobjetivo, sino de promover la capacidad subjetiva para administrar el riesgo (SerranoPascual, 2005).

    Este cambio tendencial en la caracterizacin del riesgo social, empezando porlos riesgos de desempleo y exclusin, ha abonado la redescripcin de la cuestin social

    17 Sobre esta influencia, vid., matizadamente, Clasen y Clegg (2004).18 Sobre estas dos justificaciones, vid. Lodemel y Trickey (2001).

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    en trminos postconflictuales19, as como la construccin de una nueva narrativa sobreel modo en que se produce la exclusin social y de un nuevo imaginario de la inclusin(Fairclough, 2005). Si el control de la cuestin social clsica consisti en lainstitucionalizacin pacificadora del conflicto capital-trabajo y la atribucin de derechosy protecciones a partir del reconocimiento del carcter objetivo de las disfunciones

    generadas por el desarrollo del capitalismo industrial, la filosofa neo-empleocentristaha elaborado una representacin de la (nueva) cuestin social apoyada en la idea de lasuperacin de las dicotomas que originaron aquella respuesta institucional y latransformacin de la contradiccin en complementariedad. En el escenario de lassociedades postindustriales, descrito adecuadamente como un contexto azarosocaracterizado por la creciente complejidad, las nuevas polticas focalizadas endeterminadas clases de sujetos no son, sin embargo, representadas ya como dispositivosde justicia social tendentes a limitar el primado del beneficio y la rentabilidad, sino ms

    bien como instrumentos productivos preordenados al desarrollo econmico (CrespoSurez y Serrano Pascual, 2004), objetivo en el que todos los actores sociales tendranun inters convergente. Esta idea ha justificado el constante drenaje de recursos

    pblicos en forma de subvenciones, bonificaciones de cuotas, incentivos fiscales para lacontratacin y otros mecanismos que, en los hechos, han convertido a las polticas deactivacin en una fuente de financiacin adicional para las empresas.

    No sera posible pagar a trabajadores en lugar de indemnizar adesempleados?, No es urgente transformar unos gastos pasivos en gastos activos?,se preguntaba Rosanvallon (1995a: 105) en un texto que, si bien sealabaoportunamente la simplificacin consistente en reducir las nuevas problemticassociales a la cuestin de la exclusin, incurra finalmente en la adhesin sin matices alos filosofemas del imaginario neo-empleocentrista (efectos perversos de la proteccin

    pasiva, denuncia del Estado providencia como mquina indemnizatoria, defensa delderecho a la utilidad social a travs del empleo, etc.)20. Son precisamente estosfilosofemas los que han nutrido la narrativa de la exclusin en las ltimas dcadas. La

    poderosa retrica institucional sobre la justicia social en nombre de la inclusin ha idoacompaada de una aportacin de recursos relativamente modesta en los programasespecficos, mientras que la focalizacin del discurso poltico en los excluidos hacontribuido a oscurecer el incremento de otras formas de desigualdad, comenzando porlas desigualdades salariales y de ingreso (Bland, 2006). Ello en un contexto decrecimiento ms o menos sostenido como el que han vivido las economas avanzadasdesde la salida de la crisis del comienzo de los aos noventa hasta el inicio de la crisisactual. Si bien es cierto que se han construido diferentes discursos sobre la exclusinsocial el redistributivo, que identifica la pobreza como el principal factor de exclusin;

    el moralizador, centrado en la infraclase, que identifica las inercias culturales yconductuales como principal factor de exclusin; y el socio-integracionista, queidentifica la falta de empleo como principal factor de la exclusin (Levitas 22005), enla prctica los gobiernos y la UE han fusionado los discursos moralizador y socio-integracionista para legitimar el rediseo de la proteccin social. En esta operacin, ellenguaje institucional y experto ha tendido a apropiarse y, en cierto modo, adesnaturalizar las mejores aproximaciones a la exclusin entre otras, el anlisis

    propuesto por Castel (1995, 2004) en clave topolgica, anlisis siempre cautos frente

    19 Paralelamente, y en conexin con su sincretismo ideolgico, las polticas de activacin/ workfare hansido pragmticamente representadas como diseos despolitizados, dicho esto en el sentido de que no

    son ya caracterizadas como polticas de izquierda o de derecha, sino como polticas que funcionan.20 Recientemente, Rosanvallon (2008) ha profundizado en estas ideas, insistiendo en la defensa de laparticularizacin de las intervenciones activadoras.

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    al uso torcido y pan-explicativo del concepto, reinterpretando estas aproximaciones ensentido unidireccional. La asuncin programtica de la definicin de exclusin como unfenmeno dinmico, procesual y multidimensional ha acabado virando hacia unanarrativa de la inclusin que privilegia el gobierno de los excluidos sobre su integracinreal y que, de nuevo, asocia unidimensionalmente la integracin, la cohesin social y el

    empleo, independientemente del tipo y las condiciones del empleo (Fairclough, 2000).En un discurso caracterizado por la reiterada atribucin de connotacionespositivas al trmino activo, la correlativa atribucin de connotaciones peyorativas altrmino pasivo (dos conceptos cuya semntica, en apariencia autoevidente, distamucho de ser clara) y, especialmente, la progresiva deslegitimacin y puesta en cuestinde cualquier situacin de inactividad laboral (Bonvin, 2004), no es extrao que los

    principales giros lingsticos se localicen en las representaciones del empleo, eldesempleo y el pleno empleo. El principio de estabilidad y permanencia en el empleo hasido objeto de una re-semantizacin amparada por la imagen prescriptiva de unosmercados laborales caracterizados por el dinamismo, la fluidez, la movilidad y latransicin entre puestos de trabajo. En coherencia con esta imagen, la proteccin

    dispensada por el ordenamiento laboral y las polticas de activacin/ workfare debe,segn la filosofa neo-empleocentrista, orientarse no tanto a garantizar el acceso a unempleo cuanto a facilitar el acceso alempleo, o mejor, a promover la empleabilidad. Siel empleo estable tiende a ser redefinido en trminos de empleabilidadpermanente, eldesempleo ha sido a su vez redefinido en trminos de des-empleabilidad, (SerranoPascual, 2005) y el pleno empleo en trminos deplena empleabilidad, expresin que setoma de Jessop (2003). El pleno empleo se reincorpor al discurso poltico en elcontexto de crecimiento de fines de los noventa y comienzos de la nueva dcada(recurdense, por ejemplo, las conclusiones del Consejo de Lisboa de 2000), si bien loque cabra llamar el nuevo modelo de pleno empleo flexible poco tiene que ver con el

    pleno empleo tpico. La creciente introduccin de ajustes tcnicos y metodolgicos en lamedicin del paro han contribuido a dificultar la consideracin de una persona comodesempleada involuntaria y a maquillar las estadsticas. No obstante, en el nuevomodelo de pleno empleo atpico la invisibilizacin del paro est igualmente vinculada,

    por una parte, a la difuminacin de las fronteras entre el empleo y el no empleopropiciada por la atipicidad contractual y la precariedad, que han fluidificado eldesempleo, transformndolo no ya en lo contrario al empleo, sino en un momento delempleo (Santos Ortega, 2002), y, por otra, a la propia reconstruccin del desempleocomo problema social. La reformulacin del diagnstico sobre el desempleoinvoluntario ha reposado en la naturalizacin de los procesos que provocan el dficit deempleo y en la focalizacin del diagnstico no tanto en los factores sistmicos o

    estructurales cuanto en los rasgos personales del desempleado/ excluido. Estainterpretacin importa el debilitamiento de la nocin tradicional del desempleo(Pugliese, 2000), la desocializacin de la responsabilidad colectiva frente al paro, elnfasis en la responsabilidad individual y, en ltima instancia, la re-emergencia de lacategorizacin paleoliberal del desempleo como resultado de una carencia personal,cuando no de una falla moral. Y justifica, por una parte, la reelaboracin neo-empleocentrista del concepto de desempleo como des-empleabilidad, entendida biencomo el dficit de adaptacin del individuo a las nuevas condiciones econmicas ytecnolgicas del mercado, bien como la falta de habilidad y competencia subjetiva para

    buscar y encontrar empleo, y, por otra, el tratamiento individualizado de la intervencinsocial mediante la instrumentacin de medidas (entre ellas, sealadamente, las

    condiciones de conducta) que basculan a ambos lados de la cada vez ms difusa lneaque separa la proteccin y la coaccin disciplinante (Susn Betrn, 2003).

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    El desplazamiento en el anlisis del desempleo, la pobreza y la exclusin desdeel plano macrosociolgico hacia el de las actitudes individuales y los rasgosmotivacionales, conductuales y aun morales del receptor de prestaciones asistenciales o

    por desempleo promovido, de manera ms o menos explcita, por la filosofa neo-empleocentrista constituye un reflejo de la creciente tendencia a la psicologizacin de

    los problemas sociales que, cuando se concreta en polticas especficas, coloca a estossujetos en una suerte de libertad vigilada o condicional (Noguera 2006). Por su parte, ladefensa de la idoneidad de la personalizacin de las intervenciones y la exigencia de laimplicacin del beneficiario a travs de compromisos de actuacin se encuadran en elestablecimiento de modos de regulacin que tienden a moralizar la proteccin social enla medida en que se dirigen no slo, o no tanto, a garantizar una mnima seguridadeconmica sino ms bien, como se ha dicho grficamente, a gobernar las voluntades(Crespo Surez, Serrano Pascual y Revilla, 2009). Las polticas sociales activadoras ode workfare constituyen, si se me permite la expresin, una suerte de psicopoltica

    social que combina la apelacin a la autonoma moral (y aun la emancipacin) delindividuo y la legitimacin discursiva de determinados dispositivos claramente

    coercitivos al objeto de delimitar cmo debe ser el receptor de la ayuda pblica. Sepuede, de hecho, conjeturar que la nueva representacin del sujeto protegido es deudorade la transferencia a los diseos de la poltica social de algunos modos contemporneosde pensar la subjetividad en la sociedad y en la esfera del trabajo. Entre ellos, cabemencionar la teorizacin de las formas de subjetivacin y de creacin de s propuesta

    por algunos autores anglosajones adscritos a los llamados estudios sobre la nuevagubernamentalidad de filiacin post-foucaultiana21, y el nuevo managementempresarial, que ha endogenizado los referentes normativos de la crtica contracultural osesentaiochista al capitalismo postblico (autenticidad, desalienacin, diferencia,antijerarqua, autodesarrollo), reconstruyendo los valores en el trabajo y las relacioneslaborales en clave post-taylorista22. Si bien ambas transferencias mereceran un anlisismucho ms detallado del que se puede realizar aqu, lo interesante es que estasextrapolaciones estn justificando la construccin de una renovada imagen ideal deldesempleado y el excluido como un administrador autnomo de sus riesgos (uncuidador de s, un autogestor) cuya integracin dependera de ciertos atributos(espontaneidad, apertura al cambio, capacidad relacional, implicacin personal,movilidad, adaptabilidad y, especialmente, disponibilidad) concordantes con lasvirtudes reclamadas al trabajador por la nueva psicologa de la empresa de matriz

    postbehaviourista. Se produce, de este modo, el deslizamiento hacia una especie derepresentacin empresarializada del sujeto de la proteccin social bsica, a travs de lacual el discurso neo-empleocentrista modela el arquetipo del buen excluido o del buen

    desempleado. Al margen de que algunas implicaciones de esta modelacin (entre otras,el efecto creaming o la preseleccin de los solicitantes/ candidatos de ms altaempleabilidad en detrimento de los ms necesitados) pueden erosionar la eficacia de los

    programas de activacin/ workfare, esta imagen del sujeto afectado como protagonistade su inclusin resulta en algn sentido paradjica, cuando no impropia ycontradictoria. La representacin de las instancias pblicas como cuasi-terapeutas del

    21 Estos autores (Cfr., entre otros, Rose (1998) y Dean (2006)) han llevado a cabo una renovadainterpretacin del anlisis foucaultiano de la gubernamentalidad iniciado en los seminarios sobre elnacimiento de la biopoltica (Foucault 1978-1979 [2009]) y de los planteamientos del llamado ltimoFoucault (el retorno al sujeto) (Cfr. Foucault, 1982 [1990] y 1984 [1987]).22

    Para un amplio anlisis de la apropiacin de la crtica contracultural al capitalismo de postguerrallevada a cabo por el discurso del nuevo managementempresarial postfordista,vid. Boltanski y Chiapello(2002)

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    automodelaje del sujeto involucrado en su propia integracin soslaya el hecho de queestas polticas estn prioritariamente basadas en el heterogobierno del individuoafectado y en el refuerzo de su disponibilidad mediante la previsin de obligacionescompulsivas y sanciones punitivas. En este sentido, el anlisis no debera limitarse algrado de eficacia de los instrumentos utilizados23, sino a los propios fines declarados de

    las polticas activadoras y a su agenda oculta. Las polticas de activacin/ workfarepodran ser, de hecho, definidas como polticas simblicas, en la medida en que parecenperseguir la reafirmacin de valores o la imposicin de un ideal con independencia desu mayor o menor capacidad de incidir en los problemas sociales que declarativamente

    pretenden prevenir o abordar.Ejemplo manifiesto de la penetracin del lenguaje econmico y empresarial en

    el diseo de las polticas sociales es la transformacin del contrato en una de lasmetforas nucleares de la legitimacin del paradigma activador (Moreno, 2007) y dela imposicin de condiciones de comportamiento a los beneficiarios de subsidiosasistenciales y prestaciones por desempleo y a otras categoras en forma decompromisos de actividad, convenios de insercin, contratos de integracin y similares.

    Baste, a ttulo de ejemplo, recordar la denominacin de los sucesivos programas deactivacin/ workfare impulsados por el nuevo laborismo: new deal(s). En el marco

    prescriptivo de la personalizacin de las intervenciones, el trmino contrato tiende aidentificarse tcitamente con un acuerdo libre entre sujetos iguales basado en laautonoma de la voluntad, es decir, con la acepcin del derecho privado clsico24. El usodel concepto para definir dispositivos jurdicos caracterizados por la evidente asimetrade poder de las partes, la ausencia de libertad real de una de ellas para suscribir elacuerdo y la apertura y flexibilidad del objeto del pacto (cuyo contenido es determinadoen ltima instancia por una administracin pblica con mrgenes ms o menos ampliosde discrecionalidad) resulta en s mismo discutible (Rey Prez, 2007). Pero lo quesubyace a esta nueva representacin contractualizada de la proteccin social es ladifusin de uno de los principales recursos discursivos del neo-empleocentrismo: lanecesidad de redefinir la ponderacin (el balance) entre los derechos y lasresponsabilidades de los beneficiarios del bienestar pblico. En el debate normativo estaredefinicin ha sido planteada como un conflicto entre valores tales como el altruismo yla autoconfianza (self-reliance) entendida como no dependencia (vid., por ejemplo,Solow, 1998), o bien asociada al deber de realizar algn tipo de contribucin productivaa la sociedad fundamentado en el principio de reciprocidad (Cfr. White, 2003, 2005),mientras que el lenguaje institucional ha hecho mucho ms hincapi en lasresponsabilidades y las obligaciones que en los derechos25. Cabe, en este sentido,sealar que la neocontractualizacin de la proteccin bsica sustentada en el llamado a

    la responsabilidad, las obligaciones y los valores supone tambin una modificacin delas clusulas del contrato social que definan el estatus de ciudadana (Handler, 2003),convertido en una suerte de contrato moral permeado de economicismo que supedita la

    pertenencia a la comunidad y el acceso a los derechos de determinadas clases de sujetosa su comportamiento individual y su participacin en el proceso productivo. Ms all delos potenciales efectos de estigmatizacin, etiquetaje, disuasin de ingreso y, en ltima

    23 Para una ponderada aproximacin a las dificultades para evaluar la eficacia de estos programas, unarevisin de diversos estudios sobre el tema y algunas conclusiones matizadamente pesimistas, vid. AyalaCan y Rodrguez Coma (2007)24 Ello con independencia de que este tipo de contratos (que en lugar de pactos entre iguales son, ms

    bien, contratos de adhesin) hayan sido alguna vez definidos como una revolucin jurdica

    (Rosanvalon, 1995b).25 Recurdese, a ttulo de ejemplo, lo que Giddens (1998) denomin la primera regla de la tercera va: norights without responsabilities.

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    instancia, salida de los programas que pueden provocar, estas formas de policy makingtienen tambin implicaciones en la percepcin (y la autopercepcin) de los receptores deayuda como ciudadanos de segunda clase, implicaciones de importancia no menor en la

    propia concepcin de la democracia (King, 2005).Obviamente, tambin la representacin de la funcin del Estado en el mbito de

    la intervencin social ha adoptado nuevos perfiles. Un motivo recurrente del discursosobre la exclusin y las nuevas polticas del mercado laboral es la conveniencia deinvolucrar a los distintos agentes del welfare mix a travs del partenariado social. Elaparato pblico aparece en esta narrativa como un responsable ms en la red plural deactores que deben intervenir en la gestin estratgica de los nuevos riesgos sociales.Esta redefinicin, adecuada en la medida en que aboga por la implicacin de toda lasociedad en los procesos de insercin social, incorpora no obstante una prescripcinimplcita de cambio de la actuacin del Estado en un sentido bien definido. Aunquematizable, el concepto de Estado schumpeteriano de workfare (Schumpeterianworkfare state) propuesto por Jessop (1994) y ms tarde redefinido comoSchumpeterian workfare post-national regime (Jessop, 2000, 2002) captura de modo

    bastante apropiado esta inflexin. Si, como se ha sealado antes, la intervencin estatala travs de las polticas sociales ha desempeado siempre una doble funcin(desmercantilizar y al mismo tiempo incorporar la fuerza de trabajo al mercado), lo quecaracteriza a la nueva representacin neo-empleocentrista es el nfasis en la segundadimensin. En esta representacin se atena, por tanto, la funcin protectora frente almercado y se redefine discursivamente la poltica social como un factor productivo

    puesto al servicio del nuevo modelo de economa globalmente competitiva. Al Estado lecorresponde promover la innovacin, el aprendizaje y la adaptabilidad a las nuevascondiciones mediante la intervencin por el lado de la oferta, subordinando la polticasocial a las necesidades de la flexibilidad del mercado de trabajo y los imperativos de lacompetencia internacional. Se pueden, en este punto, identificar varios desplazamientosterminolgicos y retricos para sintetizar la reasignacin de las responsabilidadesestatales prescrita por el discurso neo-empleocentrista. Primero, el Estado no es yarepresentado como un regulador de mnimos indisponibles e inderogables, sino como unEstado en apariencia postpaternalista que debe gestionar reflexivamente la insercinindividualizada de los sujetos en el mercado de trabajo mediante la promocin de suempleabilidad. Segundo, el Estado no es ya representado como una instancia protectorafrente a contingencias objetivas que garantiza la seguridad econmica, sino como unEstado incitador, movilizador o capacitador que debe crear las condiciones para que losindividuos se acomoden a los requerimientos de una economa en permanente mutacin,o tambin como un Estado motivador que debe ensear a los sujetos a adquirir destrezas

    para no depender de las instituciones de bienestar y a ser socialmente tiles, siempre atravs del empleo. Tercero, el Estado no es ya representado como un agentedesmercantilizador que asegura la no dependencia completa del mercado, sino ms biencomo un Estado inversor que debe proveer de competencias a los individuos paraasegurar su participacin normalizada en el mercado. Esta reasignacin deresponsabilidades de ningn modo implica la retirada del Estado, sino la modificacinde su actuacin; en la prctica, la remercantilizacin administrativa asociada a lasnuevas polticas neo-empleocentristas hacen del Estado un actor ms intervencionista(Holden 2003).

    El corolario, el punto de partida y de llegada de la filosofa normativa neo-empleocentrista es, como se ha repetido, la reafirmacin del empleo como valor moral,

    apoyada bien en argumentos tradicionales relativos al mantenimiento de las estructurasdel bienestar y el crecimiento econmico, la integracin, el deber de reciprocidad, los

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    beneficios del trabajo (independencia econmica, utilidad social, pertenencia, auto-respeto, autorrealizacin), bien en nuevos argumentos relativos a la necesidad deadquirir habilidades laborales y competencias morales y relacionales, que justifican laimplementacin de obligaciones de activacin/ workfare26. El empleo, no importa enqu condiciones, es de nuevo considerado per se como el dispositivo bsico, si no

    nico, de integracin social, y la justicia social es sutilmente redefinida: su objetivo nosera tanto la redistribucin y el logro de algn tipo de equidad de ingresos cuanto laigual empleabilidad como meta-valor poltico al que todos los individuos debersometerse (Lessenich, 2002). No es que el neo-empleocentrismo normativo hayaobviado los procesos menos presentables generados en el mundo del trabajo durante lasltimas dcadas. Lo que ha hecho es convertir el problema (el empleo) en la solucinmediante la reconstruccin del diagnstico sobre aquellos procesos. La renovadavalorizacin del empleo ha resultado as funcional para mantener intactas las

    presunciones morales, culturales e institucionales de la sociedad del trabajo(comenzando por el triple vnculo empleo-ingreso, empleo-derechos empleo-integracin) en las condiciones del nuevo formato de la sociedad del trabajo, uno de

    cuyos rasgos definitorios es, precisamente, que no todos los individuos pueden accedera un empleo en determinadas condiciones que realice la tradicional alianza fordista entreel trabajo y la integracin social normalizada.

    4. Consideracin conclusiva

    En este trabajo he tratado de exponer las principales representaciones de unmodelo normativo de intervencin social que en las ltimas dcadas se ha impuestocomo un nuevo sentido comn en las economas avanzadas, enfatizando ciertos aspectosnormalmente no explicitados por los discursos tericos e institucionales que hanlegitimado el nuevo paradigma. Antes que plantear una crtica frontal a las polticas deactivacin/ workfare, he intentado mostrar cmo estas polticas han adquirido el estatutode modelo incontestado a travs de la consolidacin de determinadas formas de pensar yhablar sobre la pobreza, la exclusin y el desempleo, problemas que no han dejado degolpear a las sociedades postindustriales desde las crisis de los setenta y ochenta y queen el contexto de la crisis actual estn mostrando su rostro ms dramtico. Me interesaremarcar que no he asumido en ningn caso una postura trivialmente lafarguiana oempleo-fbica, dicho esto en el sentido de que no he pretendido discutir que elmantenimiento de tasas elevadas de participacin laboral es una condicin de capitalimportancia para la viabilidad de las estructuras de proteccin social, sea cual sea su

    diseo. Ahora bien, el objetivo de mantener o incrementar la participacin en elmercado de trabajo no puede ni debe constituirse en un fin en s mismo que legitimecualquiermedida para su consecucin, especialmente cuando los medios preordenadosal logro de este objetivo comprometen el principio de igualdad de trato y la dignidad

    personal de determinadas clases de sujetos sin garantizar realmente su inclusin laboralni la satisfaccin de sus necesidades bsicas. Por otra parte, la propuesta dedesvinculacin del empleo y el derecho a un ingreso no condicionado al cumplimientode requerimientos de conducta ni sujeto a comprobacin de recursos no es incompatiblecon ese objetivo. Es ya en otro lugar donde corresponde argumentar que la RB, por

    paradjico que pueda parecer, posiblemente sea una medida ms realista y acaso mseficaz que las polticas desarrolladas bajo la inspiracin de la filosofa normativa neo-

    26 Un buen anlisis crtico de estos argumentos puede verse en Kildal (1999).

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    empleocentrista para materializar la promesa de una sociedad de sujetos activos. La RBasegura, al menos de manera tendencial, la igual libertad de todos para participar (o no)en el empleo, pero no desincentiva la insercin en el mercado de trabajo. Y es, tambin,una forma de reconocimiento de los otros trabajos, es decir, de esas actividades sin cuyaexistencia sera simplemente imposible la reproduccin social. Debe admitirse que la

    implantacin de una RB tropieza con obstculos de todo tipo, empezando por lasresistencias intelectuales. Como bien escriben van Parijs, y Vanderborght (2006), suinstauracin por la puerta grande es una posibilidad remota, mucho menos probableque una implantacin discreta y gradual. Con todo, la reconstruccin de la ciudadanasocial al margen del vnculo empleo-derechos seguramente es un camino ms

    prometedor que el propuesto por el neo-empleocentrismo normativo.

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