REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA -...

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 3CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 2 3

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

ANÁLISIS Y CONCEPTO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIAMINISTERIO DE GOBIERNO

PROPUESTA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA PARA LA REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 5CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS / SECRETARIA DE COORDINACION4

ContenidoCONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGASSECRETARÍA DE COORDINACIÓN

David ChoquehuancaMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

Juan Ramon QuintanaMINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Carlos RomeroMINISTRO DE GOBIERNO

Reymi FerreiraMINISTRO DE DEFENSA

Ariana Campero N.MINISTRA DE SALUD

Felipe Cáceres G.Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas

Secretaria Técnica del CONALTID

Sabino Mendoza QuispeCoordinador General

Secretaria de Coordinación CONALTID

Equipo TécnicoDirección de Multilaterales del Ministerio Relaciones Exteriores

Área de Relaciones Internacionales de la Secretaria de Coordinación de CONALTID

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este libro contiene material protegido

bajo las normas y Tratados Internacionales de Derecho de Autor y la Ley de Dere-

cho de Autor de Bolivia. Cualquier reimpresión o uso no autorizado de este mate-

rial está prohibido. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmiti-

da en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, fotocopia,

grabación, o por cualquier sistema de almacenamiento y recuperación sin el per-

miso expreso y escrito de la institución.

1. La categoría de región 11

2. Regionalización y economía política 14

3. Regionalización y geografía política 17

4. Regionalización subordinada (modelo intervencionista) 19

4.1. Forma centralista imperial 19

4.2. Forma multiculturalista o multilateral 21

4.3. Forma de autonomía relativa concertada 23

5. Regionalización con soberanía (Modelo plurinacional) 25

5.1. Economía política desde la región latinoamericana 25

5.2. Geopolítica del Sur 27

5.3. Equivalencia de gobiernos nacionales 29

5.4. Construcción desde lo nacional plural 30

5.5. Distribución competencial estratégica 35

6. Concepto de Regionalización 36

7. Estrategia de posicionamiento en el ámbito 37

7.1. Representación ante organismos parlamentarios de integración 37

7.2. Organismos parlamentarios de integración 40

7.3. Principales puntos de las agendas de organismos parlamentarios de integración 43

Bibliografía y fuentes documentales 45

Anexo 47

PROPUESTA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA PARA LA REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 7CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS / SECRETARIA DE COORDINACION6

Presentación

Presentación

partir del año 2006 Bolivia diseñó e implementó un nuevo modelo que ha permitido dignificar la lucha contra el narcotráfico, con carácter participa-tivo, con una coordinación estatal eficiente, asignando recursos económi-

cos y generando mecanismos de concertación con la cooperación internacional con la bajo los principios de respeto mutuo y no intervención; política que fue operativizada a través de las estrategias de lucha contra el narcotráfico, revalo-rizando la hoja de coca, reduciendo y controlando los cultivos excedentarios de coca y fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico, con resultados importantes reconocidos por la comunidad internacional.

En la actualidad se cuenta con un nuevo paradigma de la política de control de substancias controladas en el ámbito nacional, de carácter participativos, donde se destacan logros respecto a la reducción de los cultivos excedentarios; los cua-les están enmarcados en el modelo de nacionalización de la lucha contra el narco-tráfico, que nuestro Estado vienen ejecutando donde coexisten principios subs-tanciales de soberanía, dignidad, respeto a los derechos humanos, participación y control social y responsabilidad común y compartida, con conceptos trasversales como la evidencia científica y la salud pública.

Por lo cual Bolivia en el ámbito de su política exterior, plantea la regionalización de las políticas de control de drogas ilícitas diferenciadas, según el eslabón de la ca-dena y las necesidades nacionales; con una indispensable articulación interestatal regional, bajo los principios de pleno respeto a la soberanía nacional y a los dere-chos constitucionales para la ejecución de una política de cooperación internacio-nal, donde tomó la iniciativa de impulsar la regionalización de la lucha contra el narcotráfico para enfrentar de manera conjunta y con mayores posibilidades esta problemática en los diferentes bloques de integración regional como la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En este marco con el propósito seguir fortaleciendo las capacidades institucio-nales en el ámbito regional e internacional sobre la lucha contra el narcotráfico se tomó la iniciativa de elaborar este documento que en una primera instancia desarrolla la categoría de región, que permite la construcción conceptual de “re-gionalización”, su relación con la economía política y la geopolítica continental, las estrategias tradicionales en el enfrentamiento de la problemática de las drogas y las recomendaciones para una política sustantiva que rompa con el fracaso de las políticas tradicionales, proponga nuevos principios y oriente estratégicamente las acciones compartidas a nivel continental.

Dr. Carlos Romero BonifazMinistro de Gobierno

A

PROPUESTA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA PARA LA REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 9

Introducción

a lucha contra el narcotráfico se encuentra en un momento pe-culiar ante el fracaso de la política norteamericana y, en general, de la visión prohibicionista que dominó el escenario internacional

desde el último tercio del siglo XX1. Los modelos para enfrentar un proble-ma mundial en los espacios institucionales multilaterales transformaron el prohibicionismo en intervención dirigida a posicionar la lucha contra las drogas como parte de una estrategia geopolítica en la que la cuestión del narcotráfico se usó para socavar la soberanía de los Estados-Nación, para proteger a gobiernos dictatoriales en su momento y, luego del trán-sito de gobiernos autoritarios a la democracia, para domesticar las demo-cracias emergentes con el tutelaje de los centros imperiales.

Paralelamente a la crisis de los Estados-Nación hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI, emergen otras tendencias geopolíticas, movili-zaciones sociales, reflexiones sobre la sociedad y el Estado y transforma-ciones constitucionales. Las tendencias geopolíticas inicialmente dibujan bloques regionales, sobresaliendo las asiáticas que permanecieron la-tentes luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la consagración de la Unión Europea, el mundo se orientó hacia el unipolarismo, solamente resistido por movilizaciones sociales que hoy trasforman la geopolítica unipolar en un reacomodo de las relaciones internacionales. Esas movilizaciones cuestionaron, entre otras variables, la política norteamericana de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, planteando nuevas alternativas ante el fracaso de la política prohibicionista. En varios países la tendencia de las movilizaciones populares y nacionalistas derivó en la conformación de los llamados gobiernos progresistas. Uno de esos casos es el boliviano, desde donde se propuso la “nacionalización” 2 de la lucha contra las drogas para recuperar soberanía, y “regionalización” de las acciones de interdicción para modificar los esquemas de los centros imperiales en la lucha contra una de las economías capitalistas más eficiente: el narcotráfico. Uno de los efectos de estas acciones se combinó con el concepto de diplomacia de los pueblos y de relaciones horizontales en los mecanismos de integra-ción. CELAC y UNASUR nacen como necesidad, pero se conforman como

L

1 Ver: Vergara, Juan Carlos Garzón (2014), “Cómo reparar un sistema que no funciona Modernización de la aplicación de las leyes sobre drogas en América Latina”. Amsterdam: Transnational Institute

2 Ver: Zuffa, Grazia (2014) “Cocaína: hacia un modelo basado en la autorregulación Nuevas tendencias en la reduc-ción de daños”. Amsterdam: Transnational Institute.

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS / SECRETARIA DE COORDINACION

8

Introducción

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS / SECRETARIA DE COORDINACION10

La categoría de región

xisten múltiples aproximaciones al con-cepto de región. Esta fue una categoría bastante trabajada en la década de los

ochenta del siglo XX, cuando el carácter centra-lista de los Estados Nación fue cuestionado pa-ralelamente a las mismas bases de sustentación de aquellos proyectos que desde el siglo XIX do-minaron la organización de las relaciones entre Estado-economía y Estado-sociedad civil. No in-tentamos detallar este debate, lo cual sería objeto de un estudio especial, y tampoco intentamos re-sumir las discusiones teóricas que acompañaron la discusión. Lo único que perseguimos es descri-bir brevemente las principales tendencias de la reflexión sobre la temática para luego utilizarlas como herramientas en el análisis de los distintos sentidos de regionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Eso nos llevará, al mismo tiempo, a responder la pregunta central de este pequeño esfuerzo por sistematizar la propuesta boliviana frente al colapso del modelo dominan-te de lucha contra las drogas: ¿De qué hablamos cuando hablamos de regionalización?

Convencionalmente, los continentes son elemen-tos espaciales que definen, por excelencia, la con-formación de regiones en el mundo. Ese énfasis suele naturalizar la territorialidad, al extremo de reducir el espacio a componentes físicos o natu-rales, de los cuales emergieron todas las variantes del determinismo geográfico, una ideología que sacralizó las diferencias coloniales luego de la cri-sis de los Estados coloniales de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los procesos de la inde-pendencia en América latina, la reinstalación del

esclavismo moderno en África y la colonización tardía en Asia.

En ese contexto histórico, las regiones y sus áreas de influencia eran visualizaciones de la propiedad concentrada, de la producción y apropiación de riqueza, del dominio sobre recursos naturales y de los alcances culturales de la apropiación espacial. En suma, el rompecabezas de las regiones daba cuenta de la dominación colonial, dibujando con delicados trazos los límites aceptables de la tole-rancia entre las metrópolis y los límites aceptados –por la fuerza o el consentimiento- en las áreas conquistadas.

De allí que ningún sitio natural o físico de cual-quier continente está exento de procesos sociales, indicando los límites de las concepciones natura-listas y físicas. La región no es una entidad ontoló-gica fija ni un dato pre-existente, es una estructu-ra dinámica, en permanente transformación. Y de allí también se entiende que ningún sitio natural o físico de cualquier continente esté al margen de su propia historia. La región se construye perma-nentemente desde acciones sociales productoras de identidad, paralelas a la construcción de las diferencias, haciendo de esta un proceso abier-to, histórico y contingente. Los procesos sociales dan identidad a espacios concretos, pero también construyen las diferencias entre unos espacios y otros.

Para caracterizar los elementos constitutivos de la región sinteticemos las perspectivas que convir-tieron al concepto en objeto teórico:

E

entidades institucionales intentando reemplazar el verticalismo e inter-vencionismo desde centros imperiales. A estas acciones acompañaron modificaciones constitucionales y, en algunos otros, acomodos legislati-vos retando las viejas relaciones internacionales. Y, como telón de fondo, las reflexiones académicas se nutrieron de las luchas populares para la ba-talla del conocimiento en distintos terrenos3, pero también en las inquie-tantes arenas movedizas de la lucha contra los delitos transnacionales, entre los que resalta el narcotráfico.

De allí es que se explica la necesidad de avanzar en la construcción del concepto de regionalización. Y no por una cuestión que encierre en sí mis-mas a las políticas sobre drogas; desde ya es por la pertinencia de com-binar su conversión en política de Estado ya no de uno, sino de varios Es-tados en el escenario de la integración; de combinar acciones concretas de la lucha contra el narcotráfico con las otras dimensiones económicas, políticas y sociales de la trasformación geopolítica continental y mundial.

Es así que, en el marco del fortalecimiento de capacidades institucionales en el ámbito regional e internacional en políticas sobre el problema mun-dial de las drogas y en el marco de la regionalización y el principio de res-ponsabilidad compartida, se requirió apoyar la construcción del concepto de regionalización y la elaboración de su estrategia de posicionamiento internacional.

Para ello, en este documento trabajamos la categoría de región, sin la cual no puede desarrollarse ninguna construcción conceptual de “regionali-zación”, su relación con la economía política y la geopolítica continental, las estrategias tradicionales en el enfrentamiento de la problemática de las drogas y las recomendaciones para una política sustantiva que rompa con el fracaso de las políticas tradicionales, proponga nuevos principios y oriente estratégicamente las acciones compartidas a nivel continental. El documento se divide en seis partes. Las tres primeras están dedicadas al abordaje del concepto de región y de la regionalización desde las pers-pectivas de la economía política y la geopolítica. La cuarta parte se con-centra en describir las principales variables de la regionalización tradicio-nal o injerencista provista por el paradigma del prohibicionismo. La quinta parte intenta sentar las bases de un modelo plurinacional para desem-bocar en un concepto operativo de regionalización. Finalmente, la última parte describe los escenarios en los que debería operar una estrategia de posicionamiento de la regionalización de la lucha contra el narcotráfico.

3 Ver: Metaal, Pien y Henman, Anthony (2009), “Los mitos de la coca”. Amsterdam: Transnational Institute.

1.

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 11

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 13CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 12

La preocupación de las perspectivas analíticas es científica, pero también ordenadora del mundo; domesticadora de la territorialidad y apacigua-dora del espíritu de la dominación. Si una región, desde cualquier perspectiva, es la construcción conceptual de una forma de dominación terri-torial, su desarrollo se concibe como un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como un todo y de cada individuo. Más concretamente, el desarrollo regional resulta de la interacción de un conjunto de procesos más singulares, cada uno de los cuales constituye una condición necesaria del desarrollo de la región. En realidad, una región es siempre territorializada de la dominación o, cuando menos, de la disputa territorial.

Así que el desarrollo de una región -que por cierto presupone su propio crecimiento económico en el marco estratégico de la dominación nacional o, en su caso, de la dominación sobre lo nacional- re-quiere progresivamente:

Fuente: A. Benedetti (2007), “Estructura Territorial”. Ponencia en Seminario Internacional sobre Territorialidades. La Paz: Viceministerio de Descentralización.

a) Procesos de autonomía decisional;

b) Capacidad regional de captación y reinver-

sión del excedente;

c) Procesos de inclusión social;

d) Conciencia y acción ambientalista;

e) Sincronía inter-sectorial y territorial del

crecimiento;

f ) Percepción colectiva de “pertenencia” regio-

nal, (Boisier, 1982).

El desarrollo de la región, como un proceso y como un resultado más complejo y cualitativa-mente diferente del mero crecimiento, depende a su vez de la existencia en la región de una comple-ja malla de instituciones y agentes del desarrollo articulados entre sí mediante dos referentes: una cultura regional y un proyecto político regional.

Los elementos más significativos de esta malla están representados por una clase política regio-nal, por una clase empresarial, por un sindicalismo regional, por la intelectualidad y por varias orga-nizaciones y movimientos sociales de diferente importancia, así como por la propia burocracia y tecnocracia regional. Todos estos actores, indivi-duales e institucionales, constituyen la expresión de la capacidad de organización social de la re-gión, factor endógeno por excelencia y elemento crucial para transformar el crecimiento en desa-rrollo (Boisier, 1986).

Ahora bien, lo que sí es evidente, es que ni la re-gión como proceso social ni su desarrollo como orientación estratégica pueden entenderse sin la categoría “territorio”. Pero no desde una óptica naturalista o de la física contemplativa. El concep-to de territorialidad regional implica comprender la conducta humana que intenta influir, afectar o controlar acciones mediante el establecimiento de un grado de manejo de un área geográfica es-pecífica: el territorio.

La territorialidad cumple cuatro funciones básicas:

1. Garantizar el acceso al territorio;

2. Concretar y delimitar el poder a través de su

vinculación directa al territorio;

3. Desplazar la atención de la relación social

de dominación y;

4 Valer como receptor espacial de hechos y

actitudes. El territorio en general y la región, en particular son instrumentos políticos que se constituye en un elemento novedoso de la modernidad política. El Estado moderno está estrechamente asociado al criterio de territorialidad, donde los sistemas políticos débilmente territorializados se conside-ran poco desarrollados y patrimoniales (Weber, 2012). En esta perspectiva, el territorio ya no apa-rece como un conjunto natural cuyas fronteras se impondrían por sí mismas (hipótesis de las “fron-teras naturales”); más bien constituye un “lugar construido” político y no un “lugar heredado” (Boi-sier, 1986).

La territorialidad regional contiene dos tenden-cias. La primera como continuación lógica de la idea de Estado Nación. La segunda como crítica del Estado Nación y sustancial para entender la pluralidad de lo nacional.

REGIÓN COMO INSTRUMENTO CONCEPTUAL

Perspectiva Perspectiva Contexto de enunciación Foco

Fisiografía

Geografía humana

Funcionalista

Fenomenológica

Economíapolítica

Político cultural

región naturalÁrea donde el conjunto de los elementos delmedio físico alcanzan un cierto equilibrio.

región geográficaDe la relación hombre/naturaleza: paisaje ymodo de vida individualizado y delimitado,homogeneidad y uniformidad humana.

región polarizadaCiertas localizaciones ejercen influencia en el entorno. Dinámica funcional del espacio.

espacio de vidaLa región se define a partir de la percepciónsubjetiva del individuo: ámbito de identidad yrefugio del individuo.

regiones económico políticoProceso de diferenciación espacial por la división del trabajo.

región geohistóricaLas regiones son un proceso histórico deemergencia, transforman y desaparecen, por lasprácticas materiales y culturales de la sociedad.

Formación delcampo de la ideología / mediados XIX.

Formación de lageografía. Geografía regional francesa, principios del siglo XX.

Mediados del sigloXX, revolución cuantitativa,geográfica analítica.

Década 1960,vinculación entregeografía y psicología.

Década 1970,geografías radicales y marxistas.

Mediados de 1980revitalización de lageografía política.

Medio natural

Relación hombrenaturaleza, paisaje

Localización, dimensión económica

Subjetividad de los individuos

Relaciones de producción capitalistaDimensiones políticas (relacio-nes de poder) y cultural, (identidad / alteridad)


uando se inician los primeros encuentros diplomáticos sobre regulación de la pro-ducción, venta y consumo de drogas en

la década de 1910, propiciados por los Estados Unidos de Norteamérica, la economía de las dro-gas no se diferencia mucho de otras actividades capitalistas. Tal vez el matiz diferente era la gran cantidad de artistas, clubes culturales y ciudades europeas y norteamericanas inscritas en su pro-ceso productivo, así como la creciente población proletaria en las más pujantes urbes capitalistas. Muchos artistas –y también activistas obreros- también eran parte de movimientos por derechos laborales e ideales de justicia, normalmente acu-sados de pertenecer a círculos comunistas, mien-tras florecían ideales moralistas y se fortalecían creencias religiosas entre los miembros de las cla-ses capitalistas. Pero este contexto no fue única-mente moralista o de sospecha sobre actividades comunistas.

En realidad, esas ideas apegadas a la religión o las sospechas políticas son indicadores de diferencia-ción de actividades económicas en la economía de los bienes simbólicos. “El puritanismo que co-loca el tema de las drogas –un puritanismo que implica que se debe estar en contra o a favor- es

C una actitud equivocada. Las drogas ya son parte de nuestra cultura. De la misma forma que hay música buena y música mala, hay drogas buenas y drogas malas. Así, de la misma manera que no podemos decir que estamos ‘contra’ la música, no podemos decir que ‘contra’ las drogas” (Foucault, 2007).

Por ello es necesario reponer las bases que sus-tentan la producción de drogas a escala indus-trial, por muy precaria o artesanal que aparezca ante nuestros ojos. Su complejidad está en los circuitos económicos que producen excedente y, luego, acumulación ampliada de capital. Su reco-nocimiento como actividad capitalista es el paso inicial. A principios del siglo XX, la industria farma-céutica era el centro de la producción de sustan-cias como el clorhidrato de cocaína.

En el estudio sobre “La nacionalización de lucha contra el narcotráfico. Modelo boliviano” de CO-NALTID se señala que “Los antecedentes históri-cos corroboran que en las dos primeras décadas del siglo XX existió un activo comercio mundial de coca y también de cocaína, que era alentado des-de las potencias capitalistas occidentales. Holan-da, por ejemplo, que contaba con varias empresas

Regionalización y economía política

2.

de elaboración de cocaína instaladas en Ámster-dam, no halló mejor medio para no depender de la hoja importada de Los Andes, que cultivarla y producirla en sus colonias de Java y Sumatra. Por su parte, Inglaterra, Francia y Alemania —don-de la farmacéutica Merck era una de las mayores productoras mundiales de cocaína— hicieron lo propio en sus territorios colonizados de Zanzíbar, Togo, Camerún y Nigeria” (CONALTID, 2015). En buenas cuentas se trataba de una división colo-nial establecida inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial.

Bolivia no estuvo ausente de aquello, ya que, “En 1923, la Secretaría de la Liga de Naciones, indago por primera vez ante la Cancillería boliviana, so-bre la industria de la coca. En 1927, Bolivia adhirió la Convención del Opio de 1927, con restricciones de no prohibir producción o uso de hoja de coca” (CONALTID, 2015). Paralelamente, todo indica que la industria farmacéutica fue el principal escena-rio de competencia entre las potencias imperiales para ejercer el control de la producción.

La rentabilidad de la mercancía era asociada a en-fermedades comunes de la época y sobre las que no existía tratamiento eficaz, “como cura para el alcoholismo, el asma, el resfriado común, la tos ferina, la disentería, las hemorroides, la neuralgia, el mareo, los vómitos durante el embarazo, los pe-zones doloridos, el vaginismo, la gonorrea y la sífi-lis” (CONALTID, 2015). Sin embargo, su producción daría un giro a partir de las políticas conservado-ras puritanas.

Cruzando los terrenos de la política, las concep-ciones religiosas hicieron su trabajo. “En 1906, Europa efectuó una campaña legislativa contra la droga y el presidente de los Estados Unidos Theo-dore Roosevelt firmó el Pure Food & Drug Act, documento que pretendía garantizar el control de los denominados venenos y drogas peligrosas. Por entonces, Estados Unidos importaba dos to-neladas de cocaína pura y 2.600.000 libras de hoja

de coca, principalmente de Perú y Bolivia, por lo que en la práctica la iniciativa de Roosevelt no tuvo el efecto esperado. Luego, durante 1909, en Shanghái, la Comisión del Opio de Shanghái, se marcó el inicio de control multilateral de produc-ción, comercio, y consumo de determinadas sus-tancias, aunque el resultado de la misma no fue un tratado internacional, sino un conjunto de re-comendaciones de carácter no vinculante. La pri-mera Convención de La Haya de 1911, se quedó corta en su intento de fiscalizar los mercados loca-les, además de estar dirigida fundamentalmente contra la morfina. La primera Convención Interna-cional del Opio (La Haya) firmada en 1912, Con-vención Multilateral vinculante, inició un sistema de control cada vez más sofisticado, con la firma de sucesivos tratados internacionales, primer tra-tado multilateral relativo al control de la produc-ción, comercio y consumo de sustancias que tuvo por objeto “perseguir la supresión progresiva del abuso del opio, de la morfina, y de la cocaína, así como de las drogas preparadas o derivadas de es-tas sustancias”. Por lo tanto esta Convención será considerada como el principio del consenso in-ternacional respecto al llamado problema de las drogas” (CONALTID, 2015).

Estas medidas dieron paso a los pilares que sus-tentaron la política del prohibicionismo durante todo el siglo XX, modificando el papel de la eco-nomía del llamado narcotráfico. El prohibicionis-mo propició la transformación de los procesos productivos asociados a las drogas en verdaderas fuentes de formación de acumulación primitiva de capital. A partir de ese momento, la actividad capitalista pasó de la industria farmacéutica a los circuitos ilegales cuya acumulación de riqueza hizo cada vez más indispensable trasladar la fuen-te originaria hacia actividades legales que posi-biliten la trasformación de capital originario en inversión productiva para su conversión en acu-mulación ampliada de capital. Allí empezó la otra historia del propio capitalismo relacionado con la producción de drogas.

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 14

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 16 REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 17

Fuente: UNODC (2016), “Informe Mundial sobre las Drogas”.

La regionalización de la economía política de las drogas implicó, hasta inicios de los años cincuen-ta del siglo XX, un momento de transición hacia el control de sus excedentes y la canalización de la inversión capitalista en áreas consideradas como legales. Durante las dos décadas siguientes y prin-cipios de los años setenta del siglo XX, la trasfe-rencia de capital desde la economía de las drogas hacia otras esferas productivas abrió una compe-tencia por el control de sectores fundamentales de la economía dependiente (explotación de ma-terias primas y recursos naturales, control del ca-pital financiero e industria armamentista), lo cual atentaba contra los intereses de control regional hegemónico estadounidense en América Latina.

La respuesta fue inmediata y, si bien la prohibi-ción permitió la formación de los circuitos del nar-cotráfico y su expansión desde la Segunda Guerra Mundial, paralelos al control global de los merca-dos financieros y la conformación del capitalismo en discurso global (léase globalización), la pugna por el control de la inversión dio lugar a la modi-ficación parcial de la política del prohibicionismo para favorecer el control de los EE.UU. sobre los circuitos económicos latinoamericanos. Esa res-puesta fue dada por Richard Nixon en 1971, en-dureciendo el prohibicionismo con la política de “guerra contra las drogas”.

a regionalización desde la geografía polí-tica se modificó sustancialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, bajo el lema

de “América para los americanos”. En paralelo, la política de “guerra contra la drogas” partió del dis-curso de Nixon, en junio de 1971, dividiendo a los países del mundo en “productores” y en “consumi-dores”, ubicando a varios países latinoamericanos en la primera categoría y a Estados Unidos de Nor-teamérica en la segunda categoría (Passetti, 1991). Con esa declaración de guerra Estados Unidos de Norteamérica reforma su agenda antidroga y, en 1974, inicia operaciones la Drug Enforcement Ad-ministration (DEA), presionando a otros Estados de América Latina.

Esta política basaba en la militarización de la lu-cha contra el narcotráfico se intensificó durante la administración de Ronald Reagan, llevando al extremo la “guerra sobre las drogas”. Reagan pu-blica en 1986 un documento sobre narcotráfico y seguridad nacional, traspasando las decisiones económicas y de control geopolítico a la discusión diplomática: “la amenaza a la seguridad nacional presentada por el tráfico de drogas es especial-mente seria en las fronteras de Estados Unidos. Son fuentes de preocupación aquellas naciones con emergente industria de narcóticos, donde la combinación de organizaciones criminales del

L tráfico internacional, insurgentes rurales y terro-ristas urbanos pueden minar la estabilidad de los gobiernos locales” (Reagan, 1986). Acto seguido, el Departamento de Estado Norteamericano or-dena a su diplomacia intensificar reformas legales, acuerdos internacionales bilaterales y multilate-rales, apoyo militar en equipamiento y entrena-miento, para actuar directamente en programas concretos de la lucha contra el narcotráfico en los países de América Latina y El Caribe.

En la década de los ochenta y noventa del siglo XX, la regionalización geopolítica imperial retoma la división entre países productores y países con-sumidores con una variante fundamental: insistir en acuerdos bilaterales paralelos a los compro-misos económicos y comerciales definidos desde los consensos neoliberales de mediados de los ochenta. Esta regionalización se sostuvo hasta principios del siglo XXI, cuando varios países de la región transitaron hacia gobiernos progresistas y revolucionarios. Sin embargo, el paradigma de la división entre países productores y países con-sumidores sigue informando la política de todos los gobiernos progresistas, como una especie de sentido común, a pesar de los avances en la cons-trucción de modelos distintos para enfrentar la economía de la droga y del fracaso de las políticas prohibicionistas.

Regionalización y geografía política

3.185,300 x

Global cultivation

Global production

Global seizures

Global number pf users

Change from previeous



132,300 ha

746-943 tons

18.3 million

2014

2014

2014

2014

655tons

Purecocaine

Cocaine as Seized

Stable10%

38%

Mos

t rec

ent e

stim

ate


Fuente: UNODC (2016), “Informe Mundial sobre las Drogas”.

n consecuencia, en la regionalización de la economía política y de la geografía po-lítica, se sostiene el prohibicionismo como

modelo intervencionista que en los tratados y convenios internacionales combina las formas de intervención centralista, multiculturalista y de

E autonomía relativa concertada. Cada una de estas formas se expresa en la normativa internacional aceptada por Bolivia, cuya revisión es indispen-sable para fortalecer un modelo distinto de lucha contra la economía de las drogas.

Regionalización subordinada (modelo intervencionista)

4.

4.1. Forma centralista imperialLa mejor muestra de la forma imperial centralista en la política boliviana es la existencia de la Ley 1008 y su mejor análisis corresponde al propio do-cumento de CONALTID en el que se define el mo-delo boliviano. En efecto, en el estudio sobre “La nacionalización de lucha contra el narcotráfico. Modelo boliviano” se afirma que “La Ley Nº 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas integra el régimen que regula el cultivo de la hoja de coca y el régimen de las sustancias controla-das. Esta Ley contiene preceptos fundamentales directamente relacionados con la reducción de la oferta, la reducción de la demanda y los culti-vos de la hoja de coca, así norma el régimen de la coca en su Título I, el régimen de sustancias con-traladas en el Título II y el régimen de tratamiento, rehabilitación y reinserción social en su Título VII” (CONALTID, 2015). La característica fundamental de esa tradición en la comprensión de regionali-zación está en el tratamiento normativo, aunque matizada por valoraciones culturales contradicto-rias con su penalización.

En la Ley 1008, “En el Título I, Capítulo I se esta-blece las normas generales, naturaleza y defi-niciones de la hoja de coca, disponiendo que la coca, cuyo nombre científico corresponde al gé-nero erithroxilum, es un producto natural del sub trópico de los departamentos de La Paz y Cocha-bamba, que se presenta en estado silvestre o en cultivos agrícolas y cuya antigüedad se remonta a la historia precolombina boliviana; y, que el cul-tivo de la coca es una actividad agrícola-cultural orientada tradicionalmente en forma lícita hacia el consumo, uso en la medicina y rituales de los pueblos andinos. Además, establece una diferen-cia cualitativa entre la coca en estado natural, que no produce efectos nocivos a la salud humana y la coca “intercriminis”, que es la hoja en proceso de transformación química que aísla el alcaloide cocaína y que produce efectos psicofisiológicos y biológicos nocivos para la salud humana y es utili-zada criminalmente” (CONALTID, 2015).

Otra definición formal territorializa la producción de hoja de coca, ya que “También, se define y de-

COLOMBIA

VENEZUELA South America

BRAZIL

ECUADOR

CHILE

PERU

BOLIVIA

PacificOcean

Carbbean Sea

MAP 5 Agricultural development projets in the Andean countries in the 1960s and 1970sand coca bush cultivation in the early 1990s

Source: L.M. Dávalos, K.M. Sanchez and D. Armenteras,“Deforestation and Coca Cultivation Rootedin 20 th- CenturyDevelopment Projects” (forthcoming).

Notes: The boundaries and names shown and the designations used onthis map don not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Coca Bush cultivation, 1990 / 1992Development projects prior to 1979International boundarles

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 21CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 20limita tres (3) zonas de producción de coca en el país: a) Zona de producción tradicional, b) Zona de producción excedentaria en transición y c) Zona de producción ilícita. Se establece que la primera es aquella donde histórica, social y agroecológica-mente se ha cultivado coca, que ha servido para los usos tradicionales y que en esta zona se pro-ducirán exclusivamente los volúmenes necesarios para atender la demanda para el consumo y usos lícitos determinados, y, que esta zona compren-derá las áreas de producción minifundiaria actual de coca de los sub trópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisiví del departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que comprende parte de las provin-cias de Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba. Se prevé que la zona de producción excedentaria en transición es aquella donde el cultivo de coca es el resultado de un proceso de colonización espontánea o dirigida, que ha sus-tentado la expansión de cultivos excedentarios en el crecimiento de la demanda para usos ilícitos; y, que esta zona queda sujeta a planes anuales de reducción, sustitución y desarrollo, mediante la aplicación de un Programa Integral de Desarrollo y Sustitución. Finalmente, se prevé que esta zona comprende las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de colonización de Yungas del Departamento de La Paz y las provincias Chapa-re, Carrasco, Tiraque y Araní del departamento de Cochabamba. Se establece que la zona de produc-ción ilícita de coca está constituida por aquellas áreas donde queda prohibido el cultivo de coca y que comprende todo el territorio de la República, con excepción de las zonas de producción de coca y de producción excedentaria” (CONALTID, 2015). Como puede observarse, en estas definiciones se esconde la política prohibicionista y el estableci-miento de espacios territoriales geopolíticamente distintos para el control de las zonas de transición entre los Andes y la Amazonia.

Es más, “En el Capítulo II del citado Título I se nor-ma la producción, circulación y comercialización de la coca, disponiéndose que éstas queden suje-

tas a la fiscalización del Estado; y, en el Capítulo III se regula el desarrollo alternativo y la sustitución de los cultivos de coca. En los Título II, III, IV, V y VI se regula las sustancias controladas, los delitos y las penas tipificadas aplicables a la materia, el juzgamiento y los órganos competentes de ésta, por lo tanto, se está normando todo el régimen de sustancias controladas. Las citadas disposicio-nes establecen treinta y dos (32) tipos penales y dispone la aplicación de penas privativas de li-bertad que oscilan desde un (1) año hasta treinta (30) años, teniendo en cuenta la gravedad y las circunstancias agravantes y atenuantes de la con-ducta delictiva. Entre las disposiciones relevantes se tiene la previsión contenida en el Artículo 37 que dispone que queda prohibido el tráfico, el fraccionamiento y el consumo de las sustancias controladas consignadas en las listas anexa a la Ley Nº 1008; y, dispone que el que traficare con sustancias controladas será sancionado con pre-sidio de diez (10) a veinticinco (25) años y diez mil (10.000) a veinte mil (20.000) días multa” (CONAL-TID, 2015).

Como resulta evidente que el consumo producti-vo (material prima) difiere del consumo individual (droga como objeto) es diferente el tratamiento normativo del “consumo personal”. El artículo 49 de la norma dispone que la tenencia de estupe-facientes para consumo personal debe definirse de la siguiente manera: “El dependiente y el con-sumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantida-des mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de fármaco-dependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación. La cantidad mínima para con-sumo personal inmediato será determinada pre-vio dictamen de dos especialistas de un instituto de fármaco-dependencia público. Si la tenencia fuese mayor a la cantidad mínima caerá en la ti-pificación del artículo 48 de esta Ley”. El Título VIII de la citada disposición norma el Régimen Inter-nacional disponiendo que (i) el narcotráfico es un

delito transnacional de “lesa humanidad” y con-trario al derecho internacional, (ii) que el Consejo Nacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas coordinará sus acciones con entidades públicas y privadas extranjeras, así como con Go-biernos y Organismos internacionales; y, (iii) que de acuerdo con los intereses del Estado y para el

cumplimiento de sus fines podrá solicitar aseso-ramiento y colaboración de entidades públicas y privadas, empresas extranjeras, Gobiernos y en-tidades internacionales para lograr una acción conjunta y eficaz, en cumplimiento de convenios internacionales y en el marco de la Constitución” (CONALTID, 2015).

4.2. Forma multiculturalista o multilateralLos convenios multilaterales son la forma multi-culturalista de subordinación a la lógica prohibi-cionista de la regionalización.

Repasemos esa situación mediante la propia do-cumentación de CONALTID. Según reconoce el propio Consejo Nacional de Lucha contra el Trá-fico Ilícito de Drogas, “El Estado Plurinacional de Bolivia implementa una política de control de drogas ilícitas en estricta observancia al derecho internacional, el pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial, el principio de no inter-vención en los asuntos internos de los Estados y el respeto de todos los derechos humanos y de los pueblos indígenas, en cumplimiento de sus preceptos constitucionales; habiendo manifes-tado su compromiso activo en el sistema de fis-calización internacional de drogas desde el siglo pasado (CONALTID, 2016). Sin duda es un avance respecto de decisiones estatales anteriores, pero se debe trabajar en la construcción de reservas normativas, ya que “El Estado de Bolivia es signa-tario de todas las Convenciones de fiscalización internacional de drogas que constituyen junto a su ordenamiento legal vigente, la base jurídica de su lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y, consecuentemente, actúa en forma consistente con dicho marco jurídico. Se han po-dido verificar un total de 75 Acuerdos Internacio-nales suscritos por Bolivia en esta área de política de drogas ilícitas y delitos conexos” (CONALTID, 2016). Un buen ejemplo es la denuncia y luego adherencia a la Convención de Viena.

En ese contexto, se cuenta con instrumentos mul-tilaterales, regionales y subregionales. “Bolivia es parte de la “Convención Única de 1961 sobre Estu-pefacientes enmendada por el Protocolo de 1972” la cual prohíbe la masticación de la hoja de coca, esta situación resulta incompatible con el Artículo 384 de la Constitución de Bolivia que protege la coca en su estado natural como parte de su patri-monio cultural, recurso natural y medicinal y es-tablece que la coca en su estado natural no es un estupefaciente; por lo que el Estado Plurinacional de Bolivia se vio obligado de denunciar dicha Con-vención; volviendo a adherirse con una reserva en enero de 2013 . La aceptación formal de la reser-va presentada por Bolivia al re-adherirse a la Con-vención Única, resolvió el conflicto jurídico entre la existencia del mercado legal de coca en Bolivia y la obligación de la Convención de prohibirlo4.

Bolivia fue parte de la “Convención de Naciones de Unidas de Sicotrópicos de 1971”, mediante ra-tificación del 3 de septiembre de 1976. Pero ade-más, es Estado firmante de la “Convención contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Si-cotrópicas de 1988”, con la incorporación de una reserva expresa al artículo 3, párrafo 2, que trata sobre la inaplicabilidad a Bolivia de la disposición del establecimiento de delito criminal para el uso, consumo, posesión, adquisición o el cultivo de la hoja de coca en el caso del consumo personal. Este compromiso ha sido cumplido sistemáticamente por Bolivia al seguir adoptando normativa nece-sarias para controlar el cultivo de la coca así como

4 Ver IDPC (2011), “La reconciliación jurídica de Bolivia con la Convención Única sobre Estupefacientes”. Londres: IDPC.

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 22 REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 23la utilización, la adquisición y el consumo ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Nuestro país también se adhirió a la “Declaración Política y Plan de Acción sobre cooperación in-ternacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mun-dial de las drogas”(Viena, 2009), que amplió el reconocimiento internacional del problema de las drogas como un asunto de salud pública y, por tanto, modificando en parte su tratamiento mediante un enfoque de respeto a los Derechos Humanos y de la “Declaración Política y medidas de fomento sobre cooperación Internacional a fa-vor de una Estrategia Integral y Equilibrada para combatir el Problema Mundial de las Drogas” de la Comisión de Estupefacientes en la Asamblea General de Naciones de Nueva York 1998, que in-corporó el principio de la responsabilidad común y responsabilidad compartida. Sin embargo, estos avances nunca cuestionaron la centralidad de la política prohibicionista ni su lectura distorsionada del proceso económico-social y político-cultural de los circuitos productivos de la droga.

Es verdad que existen otras orientaciones sobre el tema. Pero estas no cuestionan en ningún caso el lugar central del ejercicio del poder de centros imperiales y espacios multilaterales construidos bajo su hegemonía. Aunque también, “La exis-tencia de las nuevas orientaciones progresistas y soberanas de dignificación nacionales sobre polí-ticas de control de drogas ilícitas a nivel mundial significó la necesidad de revisar y actualizar los instrumentos a nivel hemisférico, regional, subre-gional y local. En este sentido, Bolivia adhirió su compromiso con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, que ha adoptado la “Estrategia Hemisférica sobre Drogas” en mayo de 2010 y el “Plan Hemisférico de Acción sobre Drogas 2011-2015” bajo principios, áreas y lineamientos de un espíritu renovado (CONALTID, 2016).

Por eso se debe tener cuidado al valorar los espa-cios institucionales multilaterales y, en eso, exis-ten ciertos límites en la comprensión de las polí-ticas dominantes que se encuentran en los docu-mentos de CONALTID:

“En esos procesos importa significar y comprender varias iniciativas regionales y subre-gionales dentro de las cuales se inscribe la acción más amplia de los países miembros de la Unión Sudamericana (UNASUR) que crearon el Consejo Suramericano sobre el Pro-blema Mundial de Drogas y aprobaron su Estatuto y Plan de Acción manifestando su compromiso para emprender regionalmente acciones conjuntas […].

[…] La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), un espacio re-gional más amplio, exige a los países desarrollados en los que se ubica la mayor deman-da de drogas, a que reduzcan el consumo en forma significativa, para que establezcan controles efectivos al tráfico ilegal de armas y destaca la importancia de la coopera-ción regional para apuntalar los esfuerzos nacionales que realizan nuestros países en su lucha contra la delincuencia organizada transnacional, particularmente contra el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el desvío de precursores químicos y otros delitos conexos. El CELAC y la UE han iniciado el debate de las políticas en materia de drogas y han creado mecanismos políticos y técnicos de coordinación y cooperación […].

[…] En el escenario subregional se plantean políticas antidrogas con diversas dinámi-cas y tendencias de integración con alcances geopolíticos en áreas de seguridad nacio-

El debate recién empieza y las estructuras insti-tucionales de los espacios multilaterales todavía deben avanzar sobre los pilares de la experiencia de la movilización colectiva, las reflexiones aca-

nal y de políticas de control de drogas. La Comunidad Andina se encuentra hoy en día en crisis de reingeniería y políticamente fracturada. Venezuela, Ecuador y Bolivia miembros del bloque más progresista en la región, ALBA han tomado la decisión de ser partes del MERCOSUR. El Estado Plurinacional de Bolivia colinda con Chile y Perú miembros de la Alianza del Pacífico con disposición geopolítica de esta área de influencia que conlleva la defensa de restaurar intereses estratégicos hegemónicos. Entre las principales inicia-tivas subregionales en el horizonte de la articulación de políticas de drogas se debe re-saltar acciones subregionales emprendidas por la Comunidad Andina y del MERCOSUR […].

[…] Una relación privilegiada de la Comunidad Andina y de la región con la Unión Euro-pea, registra en los últimos años cuatro proyectos importantes de cooperación: Proyecto Cooperación CAN-UE Programa Anti-Drogas Ilícitas PRADICAN, el Estudio del Consumo de Drogas Sintéticas en la población universitaria de los Países Andinos, DROSICAN, y Proyecto de cooperación en la fiscalización de Control de Sustancias Químicas PRECAN y también el Programa COPOLAD, América Latina-UE, Programa Apoyo Políticas Anti-drogas Ilícitas 2013/2014” (CONALTID, 2016).

“En este ámbito Bolivia también ha suscrito 42 Acuerdos/Convenios Bilaterales de coo-peración vigentes en el área sobre cooperación en el área de las políticas de drogas, 15 con los países limítrofes, 16 con países de la región de América Latina, 9 con otros Estados de la comunidad internacional; de los 15 acuerdos suscritos con los países limí-trofes, 13 están vinculados al Pilar 1 de la ELCN, 5 al Pilar 2 de la ELCN y uno con el Pilar 3. Cuatro con Brasil, tres con la Argentina, tres con el Paraguay, dos con el Perú y dos con Chile […].

[…] Por otro lado, de los 16 Acuerdos con países de la región, cuatro acuerdos suscritos con el Ecuador, tres con Colombia, dos con México, uno con Venezuela, Uruguay, Hon-duras, Panamá, Guatemala y Costa Rica. Cuatro con Brasil, tres con la Argentina, tres con el Paraguay, dos con el Perú y dos con Chile. De estos 15, 6 están vinculados al Pilar 1 de la ELCN, 4 al Pilar 2 de la ELNC y 1 con el Pilar 3 [...].

démicas y los cambios normativos comparados, especialmente en la dimensión constitucionalista internacional5.

4.3. Forma de autonomía relativa concertada

La forma de autonomía relativa concertada se ex-presa principalmente en los acuerdos bilaterales,

los cuales también son tributarios del paradigma prohibicionista.

5 Ver: Labate, Beatriz y Rodrigues, Thiago (Editores) (2015), “Drogas, política y sociedad en América Latina y el Caribe”. Ciudad de México: CIDE.

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 25CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 24[…] Desde la perspectiva de áreas desarrolladas se destaca que el trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia ha suscrito una estructura de 12 acuer-dos con una gran parte de los países de la región para combatir el lavado de activos del narcotráfico, lo que significa que más del 35% de los Acuerdos Bilaterales se encuentran concentrados en esta área que ha permitido un trabajo extenso […].

[…] Asimismo, Bolivia ha suscrito 9 otros Acuerdos con otros países como con el Reino Unido, la Comunidad Europea, España, Estados Unidos, Rusia, Corea, Portugal e Irán. De estos 9, 8 están vinculados al Pilar 1 de la ELCN, uno al Pilar 2 de la ELNC y uno con el Pilar 3. Cuatro con Brasil, tres con la Argentina, tres con el Paraguay, dos con el Perú y dos con Chile […]. También resalta la cooperación trilateral que se manifiesta en dos acuerdos trilaterales de Bolivia con Brasil y Estados Unidos y el segundo entre Bolivia, Brasil y Perú” (CONALTID, 2016).

Varios de estos acuerdos trasladan el prohibicio-nismo a una escala menor. Es decir, informan las relaciones bilaterales, con lo que los componen-tes multiculturalistas dominantes permanecen

inalterables, aunque con un grado de autonomía más flexible que en los ámbitos multilaterales, lo cual se debe en parte a las definiciones más ope-rativas y concretas de los acuerdos binacionales.

i la región es un conjunto de procesos so-ciales que construyen una identidad, en el marco de relaciones de poder, generando

un determinado dominio territorial, donde lo físico natural es uno de los soportes materiales de su exis-tencia, la región se construye a partir de acciones sociales relacionadas con la memoria histórica o acumulación de trabajo generacional previo y ex-periencia existencial actual, formando instituciones (reglas de juego), políticas económicas, sociales y culturales que brindan sentido a las acciones de in-tervención estatal y de la sociedad civil en campos sociales concretos de la realidad.

S

Regionalización con soberanía (Modelo plurinacional)

5.

5.1. Economía política desde la región latinoamericanaFrente al discurso prohibicionista que asume la economía de mercado para el despliegue de la militarización de la lucha contra el narcotráfico, la región latinoamericana ha desarrollado tradicio-nalmente perspectivas sólo inscritas en la teoría de la dependencia y la sustitución de importacio-nes (CEPAL), tributarias de los proyectos de Esta-do nacionalistas (Estado-Nación). Hoy se plantea la oportunidad de una economía política como resultado de relaciones de producción capitalista en las que la oferta y demanda no es el único mo-tor de la economía, insertándolas en el circuito del intercambio. Es el posible paso de considerar so-bre todo al intercambio (oferta y demanda) como parte de procesos económicos donde el papel de

Uno de esos campos con reglas de juego concre-tas es la cuestión de las drogas.

Las acciones y procesos sociales de cada uno de estos campos sociales concretos de la región pue-den definirse como regionalización de las visiones de sociedad y Estado. En el caso que nos ocupa -para una propuesta de regionalización-, las di-mensiones del campo de las drogas son la eco-nomía política subalterna, la geopolítica del Sur, la equivalencia de acciones gubernativas, la cons-trucción de políticas desde lo nacional plural, y la distribución de competencias estratégicas. Vea-mos con detalle cada una de estas dimensiones.

la producción determina las relaciones de inter-cambio, distribución y consumo.

La producción determina –produce- un objeto concreto a ser intercambiado, distribuido y con-sumido, sus modos o maneras de intercambiar mercancías, distribuirlas y consumirlas, y sujetos que consumen luego del intercambio y la distri-bución. En consecuencia, la regionalización de la economía política no está anclada en la oferta y demanda, sino en la producción vinculada de ex-cedentes de capital y mercancías con el sistema financiero internacional, lavado de dinero, inver-siones en sectores productivos, control de apara-tos represivos y actividades ilícitas no alcanzadas por la normativa estatal.


Fuente: Cabezas, Rodrigo (2016), “Una mirada crítica a la integración”. Diplomado en Asuntos Parlamentarios de Integración. La Paz: EGPP.


Una constatación sobresale de esos datos: La lu-cha contra la economía de la cocaína es una lucha

contra el capital, y es una contienda por la lucha contra la desigualdad.

5.2. Geopolítica del Sur

El ejemplo de las principales corrientes de tráfico de cocaína deja observar que la regionalización de la economía política es acompañada por circui-tos de intercambio y distribución regionalizados. Si la producción tradicional está en el mundo an-dino, el intercambio principal se efectúa por el sur y norte de Sudamérica hacia los lugares de distri-bución y consumo en Norteamérica y en Europa. De esta manera, la regionalización del intercam-bio y la distribución es eminentemente geopolíti-ca y el consumo queda fuera de la regionalización situando a Norteamérica y Europa como sujetos de consumo producidos por la exportación de la

mercancía en su estado más puro, que no es la pu-reza de la droga, sino la pureza del capital, cuyos excedentes se concentran en los países del norte atlántico. (Ver Mapa Pag. siguiente).

La regionalización geopolítica es la puesta en marcha de un modelo que deja de ver a América Latina como el “lugar” del combate principal, para dar curso a un modelo regional que limite en todo lo posible la transferencia de capital, su lavado y su conexión con otras economías capitalistas, ilíci-tas o no: trata y tráfico, armamentismo, inversión concurrente con el sistema financiero, etc.

UNA MIRADA CRÍTICA A NUESTRA REGIÓN AMÉRICA LATINA: PROCENTAJES DE PERSONAS POBRES E INDIGENTES

MILLONES DE PERSONAS POBRES E INDIGENTES

60

50

250

40

200

30

150

20 18,6

40,5

22,6

48,4

18,6

43,8 43,9

19,3

12,9

33,5

11,6

29,6

11,3

28,1

11,7

28,1

12,0

28,0

100

10

50

0

0

1980

Porce

ntajes

Millo

nes d

e per

sona

s

1980

1990

1990

1999

1999

2002

2002Indigentes Pobres

2008

2008

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

América Latina desacelera su crecimiento, se repri-mariza y pierde relevancia en el mundo globalizado.

Fuente: CEPAL, 2015 BM, 2015

Tasa de crecimiento del PIB-ALyC

50 4.860 5.770 5.680 1.290 3.000 4.32011 4.62012 3.02013 2.72014 1.32015 0.4

Década/año %

ALyC. Tasa de crecimiento de las exportaciones

Fuente: CEPAL, 2015

Año %2012 1.62013 -0.22014 0.82015 -0.8

ALyC. Exportaciones bienes primarios en el total

Fuente: CEPAL, 2016 BM, 2015

2001-02 27.62011-12 40.2

Periodo %

62

136

95

204 215186

66

171 164 165 167

69 7172 6791 99


Cana

dá

Áfric

aOc

ciden

talEuro

paOc

ciden

tal y

Cent

ral

Estad

osUn

idos

Méxic

oCa

ribe

Espa

ña

Vene

zuela

Ecua

dor

Colom

bia

Perú

Boliv

iaBras

il

Para

guay

Chile

Arge

ntina

Sudá

frica

Qatar UA

E

Pakis

tán India

China

Hong

Con

g

Colom

bia

Perú

Bras

ilPa

namá

Perú

Bras

ilAr

genti

na

Cana

dáEs

tados

Unid

osde

Amé

rica

Perú

Chile

Bras

ilAr

genti

na

Malas

ia

Méxic

o

Indon

esia Au

strali

a

Cent

roAm

érica

Austr

alia

Asia

Sudo

rient

al

Austr

alia

Corri

entes

de co

caína

en

tre pa

íses o

regio

nes

Tráfi

co pr

incipa

lOt

ro tr

áfico

Paíse

s men

ciona

dos c

on

más f

recu

encia

como

pa

íses d

e pro

cede

ncia

de

la dr

oga i

ncau

tada

Fuen

te: U

NODC

, res

pues

tas al

cues

tiona

rio pa

ra lo

s info

rmes

anua

les y

base

de da

tos de

inca

utacio

nes.

Nota

s: La

s rut

as de

tráfi

co qu

e se r

epre

sent

an en

este

map

a tien

en un

cará

cter m

ayor

men

te in

dicat

ivo y

se ba

san e

n aná

lisis

de da

tos,

no en

traz

ados

defin

itivos

de la

s rut

as. E

sos a

nális

is se

basa

n en

dat

os re

lacion

ados

con

las in

caut

acion

es o

ficial

es re

aliza

das e

n las

ruta

s de

tráfic

o as

í com

o en

los i

nfor

mes

y re

spue

stas o

ficial

es d

e los

paí

ses y

los c

uesti

onar

ios p

ara

los in

form

es a

nuale

s. La

s rut

as p

uede

n de

scier

se a

otro

s paí

ses q

ue se

enc

uent

ran

a lo

largo

del

traye

cto y

hay n

umer

osas

corri

ente

s se

cund

arias

que

pod

rían

no e

star r

efleja

das.

Los l

ímite

s que

figur

an e

n el

map

a no

im

plica

n un

a ap

roba

ción

o ac

epta

ción

oficia

l por

par

te d

e las

Nac

iones

Unid

as. L

as lín

eas d

iscon

tinua

s rep

rese

ntan

límite

s por

det

erm

inar.

La lín

ea d

e pu

ntos

repr

esen

ta a

prox

imad

amen

te la

línea

de

cont

rol e

n Jam

mu y

Cac

hem

ira co

nven

ida po

r la In

dia y

el Pa

kistá

n. La

s par

tes a

ún no

han a

cord

ado l

a con

dición

defin

itiva d

e Jam

mu y

Cac

hem

ira. A

ún no

se ha

dete

rmina

do la

fron

tera

defin

itiva

entre

el S

udán

y el

Sudá

n de

l Sur.

PRIN

CIP

ALE

S C

OR

RIE

NTE

S D

E TR

ÁFI

CO

DE

CO

CA

INA

5.3. Equivalencia de gobiernos nacionales

La regionalización de las decisiones de política de Estado tiene su concepto fundamental en la equi-valencia de los gobiernos nacionales en América Latina para acompañar la estrategia de regiona-lización económica y geopolítica. Es decir, es una regionalización con base en el principio de Sobe-ranía de los Estados del continente y sus mecanis-mos de integración.

Esta equivalencia o regionalización de las decisio-nes de política de Estado está encaminada a for-talecer los mecanismos de integración, particu-larmente UNASUR, para enfrentar la intervención

subordinada de la política prohibicionista, exclu-sivamente militar y de aparatos represivos y, sobre todo, para que estos aparatos dejen de tener un impacto desmedido en acciones gubernamenta-les (como el caso de la DEA) que más bien son el soporte represivo de las decisiones soberanas y el resorte institucional que fomenta vincular la eco-nomía de la droga con las economías de la guerra, comercio de armas, trata y tráfico, economía capi-talistas conexas a actividades ilícitas, además de afectación de derechos humanos, de los derechos de la Madre Tierra y la Soberanía de los estados en América Latina.

Fuente: Cabezas, Rodrigo (2016), “Una mirada crítica a la integración”. Diplomado en Asuntos Parla-mentarios de Integración. La Paz: EGPP.


1. Antigua2. Bahamas3. Barbados4. Belize5. Dominica

6. Grenada7. Guyana8. Haití9. Jamaica10. Montserrat

11. St Kitts12. St Lucia13. Suriname14. St Vincent15. Trinidad

CARIBEAN

12 estados miembros 17.715.335 Km2397.5 millones de habitantesPTB 4.434.800 millones de $ 2.008

13 estados miembros 2.513.337 Km269.5 millones de habitantesPTB 770.900 millones de $ 2.004

33 estados miembros 20.454.907 Km2601.3 millones de habitantesPTB 7.90 millones de $ 2.010

4

2

9 8

11110

512146 3

15

713


5.4. Construcción desde lo nacional pluralComúnmente se piensa que la democracia pasa únicamente por los sistemas políticos de cada Estado. Sin embargo, una visión ampliada de de-mocracia significa que cada forma de gobierno es un tipo de pluralidad en nuestra región. Esa plu-ralidad debe encontrar equilibrios con bienes co-munes no sólo de cada formación social, sino con bienes comunes y objetivos estratégicos como región. La regionalización de las formas democrá-ticas es también, la adopción de mecanismos de integración respetuosos de la soberanía pero que también delegan acciones a sus representaciones

ante organismos de integración no subordinados a las decisiones de los centros imperiales. Estas acciones se formalizan en agendas políticas, en acuerdos normativos y en decisiones que pueden ser bilaterales o multilaterales.

La regionalización de las agendas estratégicas de los países fortalecen la democracia y, con ella, políticas estratégicas sobre problemas comunes, buscando soluciones comunes. Una de esas agen-das son las acciones regionales contra delitos transnacionales.

En ese sentido, los principios del modelo boliviano son la Soberanía, la dignidad, respec-to a los derechos humanos, participación y control social y responsabilidad compartida. Un buen resumen de ellos está en la explicación que el propio CONALTID hace de manera documentada:

Hacia una visión comprensiva de región:

Intervención concertada y autodeterminación

Regionalizacióncomo

Intervención subordinada y cincertada para la

conformación de acciones(Modelo Intervencionista)

Autonomía relativa consoberanía para la

conformación de acciones(Modelo Plurinacional)

Formulaciónverticaldesde“arriba”

Formulaciónhorizontal

desde“abajo”

Formascentralismo

imperial

Equivalencia de los gobiernos

nacionales

Hacia una visión comprensiva de región

Pluralidad y democracia


Reproducción del monoculturalismo a otras

escalas (multiculturalismo)(Modelo intervencionista)

Producción de lapluralidad nacional y

regional (Modelo Plurinacional)



desde“abajo”

Privilegio delas metrópolis

imperiales

Construccióndesde lo

nacional plural

a) Soberanía

“La aplicación de este principio tiene tres elementos: 1) la presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio; 2) la no intervención extranjera y la autodeterminación; y 3) la participación estatal en el financiamiento de todas las acciones. A diferencia del “estado aparente” que Bolivia tuvo desde su fundación en 1825, el gobierno de Evo Morales se pro-puso desde el primer momento la presencia soberana en todo el territorio nacional. Esta tendencia se ha incrementado desde 2009 con la fundación del Estado Plurinacional que sienta soberanía en todos aquellos lugares de la geografía de nuestro territorio que siem-pre fueron ignorados por los gobiernos. Esta voluntad transformada y expresada en varias políticas públicas no sólo ayuda a construir ciudadanía sino a encarar con resultados favo-rables las actividades de lucha contra el narcotráfico […].

[…] La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, como expresión de la vo-luntad de los bolivianos, fue sujeta al referéndum el 25 de enero de 2009 y promulgada y puesta en vigencia el 7 de febrero de 2009. La Constitución garantiza el bienestar, el desa-rrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pue-blos y las comunidades y fomenta el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe; y, dispone que uno de los fines y funciones esenciales del Estado, es la seguri-dad y la protección de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional, lo que implica el derecho a la salud y a estar protegido de las amenazas y riesgos por el consumo de drogas licitas e ilícitas […].

[…] En la Constitución Política del Estado, el Artículo 384 señala: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la bio-diversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estu-pefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”. El Gobierno asigna aproximadamente el equivalente a 20 millones de dó-lares americanos para la ejecución de las tareas de interdicción y erradicación. Es evidente que el gobierno hace una clara distinción entre lo que es la responsabilidad compartida, y los fondos que de ella emergieren, de lo que es la injerencia extranjera en asuntos internos. En lo primero, Bolivia es y será siempre receptiva a articular esfuerzos con estados y orga-nismos internacionales en la lucha contra el narcotráfico” (CONALTID, 2016).

b) Dignidad

“Por dignidad se conoce a aquel valor propio y del entorno, sin que en esa percepción propia o de los otros medie alguna razón vinculada a lo material o social, es decir, la dignidad es aquel valor intrínseco y supremo que cualquier ser humano puede contribuir a desarrollar a través de sus acciones y comportamiento, hasta su exaltación, independientemente de la situación económica, social, cultural o ideológica que tal o cual persona presente, porque para la dignidad no importa qué pienso, sino más bien qué hago con ese pensamiento. La dignidad entendida desde un punto de vista colectivo o individual, pero en ambos casos está vinculada con el decoro de los seres humanos, en cuanto manera de comportarse con el prójimo, pero principalmente, con uno mismo. Dignidad en la medida que como bolivia-nos y bolivianas se valen por sí mismas y actúan en un marco de libertad y respeto. Como se sabe, si se quiere hacer un análisis histórico, solo puede pensarse a la dignidad desde el

La siguiente gráfica resume la visión com-prensiva de la regiona-lización como equiva-lencia de la decisión so-berana de los Estados, frente a la política pro-hibicionista de la inter-vención subordinada.

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 33CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 32punto de vista social, que involucra un ciclo de procesos históricos que entienden a la dig-nidad como una cuestión de derecho, vinculada esencialmente con la igualdad y el respeto entre las personas. La dignidad del pueblo boliviano en general y de los productores de hoja de coca en particular, se simbolizo en la defensa de la hoja de coca. Se sellaron tanto el sig-nificado de la dignidad como el de soberanía, tener valor no sólo para seguir adelante sino poder decidir el futuro como pueblo, como nación y como Estado; sin tener que considerar que el futuro está escrito y es inamovible y depende de la injerencia de otros. La presencia extranjera, principalmente de Estados Unidos en el tema de lucha contra el narcotráfico no diferenciaron entre la producción de hoja de coca par el consumo legal de la que se desvía al narcotráfico y siguiendo los lineamientos de la Convención del 61, y el Convenio de 1971 centraron las acciones contra el narcotráfico en los productores de hoja de coca. Esta si-tuación generó resistencia considerando que por dignidad y soberanía cada pueblo debe decidir sus acciones” (CONALTID, 2016).

c) Respeto a los Derechos Humanos“El negocio del narcotráfico no se ha originado en Bolivia, sin embargo el país ha estado siempre ubicado en el “banquillo de los acusados” por la problemática de las drogas. La lógica reduccionista y unilateral de la lucha contra el narcotráfico ha estado centrada en la ecuación: mayor erradicación de cultivos de coca es igual a menos cocaína. Este enfo-que sólo miraba superficies y rendimientos, pero ignoraba factores de índole económico, social y humano implicados en la problemática. Más aún si se considera los altos índices de pobreza de varias regiones del país, los cuáles fueron profundizados por la imposición de medidas neoliberales y la caída de los precios internacionales de los minerales, desde mediados de los años ochenta del siglo XX, ocasionando desempleo y flujos masivos de migración en búsqueda de alternativas de sobrevivencia. Por otra parte, las medidas im-puestas desde afuera han ocasionado costos en vidas humanas y costos económicos para el Estado boliviano. La “erradicación” forzosa de cultivos de coca, nudo central de las po-líticas antidrogas, ha generado violencia, represión al pueblo boliviano y violación de los derechos humanos, tanto individuales, como colectivos. Por mandato constitucional y por decisión política, las estrategias bolivianas de lucha contra el narcotráfico cuentan con el pleno respaldo de las organizaciones sociales, particularmente de aquellas que están en las zonas de cultivo de la hoja de coca. El movimiento cocalero apoya la racionalización y la no expansión de los cultivos, brinda su consentimiento para la erradicación forzosa en aquellas áreas no permitidas por ley (Parques Nacionales por ejemplo) y su apoyo a los operativos de interdicción de la FELCN. Esto parte de la decisión política del gobierno y el Estado, que eleva a la categoría de precepto constitucional, de no ser un estado guerrerista. Eso quiere decir que Bolivia apuesta a la cultura de la vida y a la cultura del diálogo para lograr la estabilización de los cultivos de hoja de coca” (CONALTID, 2106).

d) Participación y control social

“El control social es la práctica realizada desde las comunidades a la gestión del Gobierno en todas sus instancias. La Constitución Política del Estado (CPE) brinda un punto de parti-da para explorar las posibles formas de implementación del control social. En este sentido, a continuación, se señalan algunas pautas para la transversalización del control social en los escenarios definidos por las políticas de lucha contra el narcotráfico, según interpreta-ción de los artículos 241 y 242 de la CPE […]:

[…] Artículo 241. I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, parti-cipará en el diseño de las políticas públicas”. Este primer acápite brinda la argumentación necesaria para realizar el diseño de las políticas de control social de manera coordinada y participativa con la sociedad civil. La importancia de este diálogo se reconoce en la medi-da en que también permita conocer los factores de interés de los diferentes actores invo-lucrados. “II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales”. Este parágrafo señala la posibilidad de coordinar acciones con gobiernos municipales, gobernaciones e instancias del gobierno nacional, facilitando, de este modo una participación ampliada de la sociedad civil. “III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos”. Esto se podría interpretar como una posibilidad para motivar el mejoramiento de servicio de protección que brinda la FELCN a través de una su-pervisión de los actores sociales en términos de respeto de los derechos y prevención de la corrupción. “V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social. VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participa-ción y control social por parte de la sociedad”. Los parágrafos V y VI de este artículo señalan la apertura que debe dar el Estado para la participación de la sociedad civil en el diseño de las estrategias de implementación del control social […].

[…] Artículo 242. La participación y el control social implican, además de las previsiones es-tablecidas en la Constitución y la ley: 3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y descon-centradas. 4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. 6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. 7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. 8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente. 9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan”.

[…] Los parágrafos previos brindan un panorama institucional abierto para diversas al-ternativas de institucionalización y formalización de las dinámicas de Control Social. Cada uno de estos podrá ser considerado en la estrategia de implementación transversal del Control Social en la Lucha contra el Narcotráfico. En general, la Constitución Política del Estado ha reconocido y consagrado con gran fuerza la idea de la democracia participativa, definiendo el control social en un escenario de enorme legitimidad. Adicionalmente, se de-berá analizar la Ley de Participación y Control Social. En aplicación de la Constitución Po-lítica del Estado, que no hace otra cosa que recoger la tradición histórica de la lucha de los sindicatos y movimientos sociales para incidir en las decisiones estatales, se toma el control social en dos direcciones: 1) en la racionalización y estabilización de los cultivos de la hoja de coca, y 2) en la interdicción al narcotráfico. El autocontrol que ejercen los productores, contra el excedente de producción de hoja de coca y el tráfico ilícito de drogas se basa en la aplicación de normas y procedimientos propios que buscan precautelar estas áreas evitan-do el asentamiento de los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. El autocontrol comu-nitario se aplica o deriva en un control de persona a persona, de comunidad a comunidad, de central a central, de federación a federación y/o de regional a regional, como una labor

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 35CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 34desempeñada por las comunidades en cuanto a los cultivos de coca, transporte y comer-cialización. Es por eso que el autocontrol comunitario ha permitido que la reducción sea voluntaria y concertada y además que sea real, puesto que son las mismas organizaciones sociales las que fijan metas y fiscalizan el proceso para su cumplimiento. La eliminación de la violencia es el principal logro que se debe destacar, lo que hace que el procedimiento sea sostenible y firme” (CONALTID, 2016) […].

[…] Para consolidar la implementación del control social es necesaria la apropiación de sus fundamentos entre todos los actores involucrados:

• Organizaciones sociales de carácter nacional (CSUTCB, Bartolinas Sisa, COB, CIDOB, etc.)• Medios de comunicación.• Sindicatos campesinos y obreros.• Asociaciones ciudadanas.• Instituciones públicas, territoriales y subnacionales.• Colegios profesionales, cámaras sectoriales, etc.• Organizaciones de jóvenes, mujeres, etc

En general, se reconoce que la idea de control social remite de inmediato a la diversidad de la sociedad civil en la medida que por definición busca la consolidación de procesos participativos. Procesos que se estructuran en la medida que res-ponden a necesidades e intereses colectivos. La implementación de un nuevo modelo de política demanda un diseño de ingeniería institucional.

Un proceso que implicará el análisis y el involucra-miento de los ámbitos municipales, departamen-tales y nacionales. El desafío central será lograr una estructura institucional funcional, que facilite y respalde el rol de las organizaciones sociales en las futuras dinámicas y desafíos del control social” (CONALTID, 2016).

e) Responsabilidad compartida

“El cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico desde la perspectiva de un Estado Plurinacional, soberano y digno, apunta, como no se lo hizo hasta ahora, a materializar la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico. Bolivia no elude su respon-sabilidad con la comunidad internacional, pero exige que los países donde se produce la demanda internacional de la cocaína (OCDE, G-7), paguen en órdenes de magnitud ma-yores, el costo de generar procesos de desarrollo sostenible en los trópicos bolivianos, con coca. La lucha contra las drogas pasa por la articulación virtuosa entre la presión sobre la demanda y la oferta. El cuestionamiento de Bolivia a algunos convenios, particularmente a la Convención Única de 1961 por criminalizar la hoja de coca al incluirla en la “Lista I de Estupefacientes”, jamás podría ser entendida como una desconexión de los esfuerzos de la comunidad internacional para luchar contra la producción, tráfico y consumo de drogas” (CONALTID, 2016).

De este último se desprende nuevamente el concepto de regionalización, pero desde la perspectiva de la distribución competencial estratégica. Veamos:

5.5. Distribución competencial estratégicaLa regionalización vista como distribución com-petencial estratégica se base en el esquema teó-rico establecido por la Constitución Política del Estado, pero trasladada al ámbito regional:

a) “Privativas, aquellas cuya legislación, regla-mentación y ejecución no se transfiere ni dele-ga, y están reservadas para el nivel central del Estado” (CPE, 2009).

b) “Exclusivas, aquellas en las que un nivel de go-bierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y eje-cutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas” (CPE, 2009).

c) “Concurrentes, aquellas en las que la legisla-ción corresponde al nivel central del Estado

y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva” (CPE, 2009).

d) “Compartidas, aquellas sujetas a una legisla-ción básica de la Asamblea Legislativa Pluri-nacional cuya legislación de desarrollo corres-ponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas” (CPE, 2009).

e) “Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel cen-tral del Estado, que podrá transferirla o dele-garla por Ley” (CPE, 2009).

Hacia una visión comprensiva de región:

El poder y la territorialidad regional


Nueva concentraciónde

poder(Modelo intervencionista)

Modificaciónde las relaciones

de poder (Modelo Plurinacional)



desde“abajo”

Concentracióncompetenciaestratégicas

Distribucióncompetencialestratégica


esde la perspectiva del modelo boliviano, el concepto de Regionalización es opues-to a la economía política transnacional, a

su perspectiva geopolítica de percibir la región, y toma distancia de las formas de regionalización

DConcepto de Regionalización

6.

subordinada que plantea la política prohibicionis-ta a través del modelo intervencionista.

Por tanto La regionalización Plurinacional se defi-ne como:

“Acción para enfrentar de manera conjunta la lucha contra el tráfico ilícito de sustan-cias controladas, impulsando e incorporando en la agenda de los bloques regionales la priorización de acciones contra el delito transnacional; sincronización de operativos, intercambio de información, reforzamiento de capacidades conjuntas y otros, a través de acuerdo bilaterales y multilaterales”.


Institución Característica

Banco Interamericano de Desarrollo

Banco de Desarrollo del Caribe

ALADI-CPCR

FONPLATA

SML Argentina - BrasilCorporación Andina de Fomento

Fondo Latinoamericano de Reservas

Banco Centroamericano de Integración Económica

Peso excesivo de Estados Unidos en la toma de decisiones dentro del Banco

Institución multilateral más pequeña de la región

Participación en el comercio intra-regional tan disminuido considerablemente en la última décadaArgentina y Brasil concentran -80% de los préstamos

-90% de las operaciones nenores a USD 500 milCartera de préstamos concentrada (80%) en los países andinos

Monto reducido de recursos para atender demandas simultaneas

Mayor institución financiera multilateral de Centroamérica y la que destina más recursos a la zona (60% del financiamiento global)

continuación se presenta el Plan de Traba-jo tentativo para el inicio de funciones de los representantes ante organismos parla-A

Estrategia de posicionamiento en el ámbito legislativo y normativo internacional

7.

7.1. Representación ante organismos parlamentarios de integración

mentarios de integración en el posicionamiento del concepto de regionalización y del modelo bo-liviano de lucha contra la economía de las drogas.

PRESIDENCIA DE LA ALP

CANCILLERÍA

CONALTID

Apoyar a la Cámara de Diputados a gestionar los diferentes aspectos administrativos y logísticos para el inicio de incidencia sobre concepto de regionalización.

Organizar formación en el campo con-creto de la estrategia de CONALTID y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Analizar los perfiles de los represen-tantes y de los requerimientos de los parlamentos para la distribución de las y los representantes ante los diferentes organismos parlamentarios supraestatales, para la generación de incidencia.

Realizar una hoja de ruta con las actividades que deberá llevar a cabo la Comisión Permanente de Organismos Parlamentarios Supraestatales.

Realizar una hoja ruta con las acti-vidades que deberá llevar a cabo la

- Gestión de recursos.

- Acuerdos para actividades de formación.

- Sistematizar información relevante sobre el número de representantes y el siste-ma de votaciones de cada parlamento.

- Señalar las principales singularidades del perfil requerido para cada uno de los parlamentos.

- Realizar un breve resumen gráfico sobre las principales temáticas que son abor-dadas en los diferentes parlamentos.

- Señalar el perfil de cada uno de los representantes supraestatales.

* Las tareas específicas se encuentran en el apartado de la Comisión Permanente de Organismos Parlamentarios Supraes-tatales.

* Las tareas específicas se encuentran a lo largo de este apartado.

TAREAS PREVIAS

TAREAS INICIALES

MATRIZ DE TAREAS

Actor Tareas específicas

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 39CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 38Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como miembro de la Co-misión Permanente de Representantes ante Organismos Parlamentarios.

Realizar una hoja ruta con las activida-des que deberán llevar a cabo las y los representantes supraestatales.

Elaborar de documentos normativos que coadyuven en el desarrollo de las funciones de los representantes supraestatales.

Desarrollar talleres teórico-políticos y técnico-administrativos para optimizar las funciones de los representantes supraestatales.

Entregar a los representantes supraes-tatales aquella información de cada parlamento, que pueda ser de utilidad.

Hacer seguimiento de cada una de las misiones de los representantes supraestatales.

Documentar las reuniones mensuales de la Comisión Permanente de Repre-sentantes ante Organismos Parlamen-tarios de Integración.

Estar al tanto, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de estrategias y lineamientos de la Política Exterior Boliviana.

Convocar a la Comisión Permanen-te de Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integración a reuniones periódicas de trabajo.

Establecer mecanismos de coordina-ción con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

* Las tareas específicas se encuentran en el apartado de representantes supraes-tatales.

- Elaborar una propuesta de trabajo.- Elaborar una propuesta de normativa

marco.- Elaborar formatos de informes.

- Diseñar los talleres con tiempo de duración, exposiciones, metodologías, propuestas de expositores y logística

- Evaluar los resultados de los talleres, así como la pertinencia del desarrollo de nuevos talleres.

- Organizar y documentar reuniones de trabajo entre los ex asambleístas o asambleístas que hayan participa-do como representantes del Estado Plurinacional de Bolivia ante organismos parlamentarios y los representantes ante organismos supraestatales.

- Coadyuvar en la sistematización la información proveniente de los archivos entregados por la Asamblea Legislativa Plurinacional

- Seleccionar información relevante. Publicar la información proveniente de

las misiones.

- Organizar y documentar reuniones de trabajo entre los representantes supraestatales, los Presidentes de las Comisiones de Política Exterior de am-

TAREAS POSTERIORES

Establecer mecanismos de coordina-ción con el cuerpo diplomático bolivia-no en las sedes de los organismos.

Elaborar un cronograma de activi-dades para la organización de las reuniones periódicas de trabajo de la Comisión Permanente de Organismos Parlamentarios de Integración.

Analizar y coordinar los lineamientos de política exterior del Estado Pluri-nacional de Bolivia en los diferentes organismos parlamentarios, así como en otras instancias.

Elaborar un Archivo documentado sobre la participación de los represen-tantes de Bolivia en los distintos parla-mentos supraestatales al presente.

Elaborar archivos documentales e informativos sobre las misiones que realicen en los distintos parlamentos supraestatales.

Coordinar actividades de interés na-cional y regional con las instituciones que consideren necesarias.

Elaborar un cronograma para la elabo-ración de talleres de capacitación po-líticos, técnicos, teóricos y administra-tivos, con ayuda de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y CONALTID.

Elaborar informes anuales individuales de actividades y resultados al pleno de la Asamblea.

Presentar y propiciar proyectos de ley que promocionen y fortalezcan los procesos de integración regional.

Realizar un seguimiento constante sobre las actividades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a fin de co-nocer las leyes aprobadas, así como la cotidianeidad legislativa (Parlatino, Unión Parlamentaria).

bas Cámaras y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de fijar los mecanismos de coordinación.

- Organizar y documentar reuniones de trabajo entre los representantes supraes-tatales, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de fijar los mecanismos de coordinación con el cuerpo diplomático en las sedes de los organismos.

- Solicitar a la Asamblea Legislativa Plurina-cional los archivos de las misiones.

- Elaborar metodologías para sistematizar la información otorgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

TAREAS POSTERIORES

TAREAS INICIALES

COMISIÓN DE REPRESENTANTES ANTE ORGANISMOS SUPRAESTATALES


PARLAMENTO DEL MERCOSUR (PARLASUR)

PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO)

PARLAMENTO SURAMERICANO

Órgano de representación de sus pueblos, independiente y autónomo, integra la estructura institucional del MERCOSUR.

Sede: Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Características:- La conformación del Parlamento significa un aporte a la calidad y equilibrio institucional

del MERCOSUR, creando un espacio común en el que se reflejan el pluralismo y las diversi-dades de la región, y que contribuye a la democracia, la participación, la representatividad, la transparencia y la legitimidad social en el desarrollo del proceso de integración y de sus normas.

- Parte de un Organismo de Integración.- 5 Estados miembros y 7 Estados asociados.

Definición: Organismo intergubernamental regional, permanente y unicamaral, integrado por los parlamentos nacionales de América Latina.

Sede: Panamá, República de Panamá.

Características:- Institución democrática de carácter permanente, representativa de todas las tendencias

políticas existentes en nuestros cuerpos legislativos, encargada de promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración.

- Intercambio de experiencias parlamentarias.- 23 países miembros.

Definición: Órgano deliberante y representante que congrega a representantes de los pue-blos de los doce países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Sede: Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia.

Características:- Tiene como objetivo construir un espacio de integración en lo cultural, económico, social y

político, respetando la realidad de cada nación.- Parte de un Organismo de Integración.- 12 países miembros.

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA

PARLAMENTO INDÍGENA DE AMÉRICA

PARLAMENTO AMAZÓNICO

Definición: Órgano independiente y autónomo que representa a la rama legislativa de los gobiernos en una escala mundial.

Sede: Ginebra, Confederación Suiza.

Características:- Punto focal para el diálogo parlamentario en todo el mundo, trabaja para la paz y la coope-

ración entre los pueblos y para el firme establecimiento de la democracia representativa.- 144 miembros.

Organismo autónomo continental, supranacional y no gubernamental, creado con el propó-sito de promover y velar por el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas del Continente.

Sede: Rotativa cada dos años entre los países miembros.

Características:- Su principal propósito consiste en promover y velar por el desarrollo de los pueblos indíge-

nas según sus propios valores y patrones culturales, sirviendo a la vez como foro político y fomentando las relaciones con otros Parlamentos, en un marco de paz, justicia social, liber-tad, democracia, respeto a los derechos humanos y de plena participación de los pueblos en los procesos de desarrollo e integración

- 19 países miembros.

Órgano de carácter permanente promotor del intercambio político-parlamentario en la Cuen-ca Amazónica. Su objetivo central es la promoción del desarrollo armónico de la Amazonía.

Sede: Rotativa cada dos años.

7.2. Organismos parlamentarios de integraciónA continuación, se presenta la sistematización de la información relevante de cada organismo par-

lamentario supraestatal, su rol institucional y el número de Estados miembros.

PARLAMENTO ANDINO (PARLANDINO)

Órgano encargado de velar que el proceso de integración represente los intereses de las y los ciudadanos andinos. Su misión no es legislar, sino deliberar y brindar orientación.

Sede: Bogotá, República de Colombia

Características:- Constituye la expresión democrática del Sistema Andino de Integración. Representa y sirve

al interés conjunto de los pueblos de la Comunidad Andina. - Parte de un Organismo de Integración.- 4 Estados miembros.

Características:- El Parlamento Amazónico se define y asume como un organismo de carácter permanente

constituido para velar la conservación y mejor uso de los recursos y potencialidades de la Amazonía. Su misión consiste en trazar y recomendar políticas a fin de que los diversos par-lamentos nacionales las incluyan en sus acciones legislativas.

- 8 Estados miembros.


ANDINO

MERCOSUR

PARLATINO

PARLAMENTO SURAMERICANO

UNIONINTERPARLAMEN-TARIA

PARLAMENTO INDIGENA

PARLAMENTO AMAZONICO

Dos períodos de sesiones al año (marzo-junio / agosto-noviembre)

Sesiones plenarias ordinarias, una vez por mes.

Sesión ordinaria cada año en la Sede permanente. La fecha exacta es conocida 45 días antes de su realización. Por lo general, diciembre.

- Todavía no está establecido.

Dos reuniones estatutarias anuales, gene-ralmente en marzo y en octubre. Varias reuniones especializadas.

Una reunión ordinaria cada año, general-mente en abril.

Una reunión ordinaria una vez al año. Generalmente en noviembre.

-------

- Todavía no está en funcionamiento - Se establecerá el “Día del Merco-

sur Ciudadano”, fecha en la que todos los países miembros deberán elegir de manera simultánea a sus representantes.

- Se exige una representación proporcional respecto a las fuerzas políticas de la ALP.

- Al menos 30% de mujeres.- Máximo de representantes permi-

tidos: 12 y mínimo 3, debido a que cada uno de los representantes puede acumular hasta cuatro votos, sin exceder el límite de 12 por país.

- Su principal característica supone el intercambio de experiencias parlamentarias.

- Todavía no está en funcionamiento.

- Se exige equidad de género.- Este parlamento cuenta con

una reunión anual de mujeres, conformada por delegadas en las Reuniones Estatutarias de la Unión Interparlamentaria.

- Una de sus características es el intercambio de experiencias parla-mentarias.

- Representantes Indígenas

- Los representantes estarán acredi-tados para un periodo de dos años.

5 titulares, 2 suplen-tes.

18 representantes elegidos con sus respectivos suplentes. (Inicialmente, después el número será establecido por criterio de representación poblacional).

3 – 12 representantes.

Cinco (5) repre-sentantes, más el presidente del ente legislativo.

Delegación parlamen-taria con un máximo 8 representantes para la primera sesión anual y máximo 5 para la segunda.

En función a la repre-sentación indígena, un máximo de 3 votos por país.

Mínimo 5

REPRESENTANTES POR ORGANISMO

Parlamento Número derepersentantes

Especificaciones para asignación de representantes

Periodo y fecha de sesiones

7.3. Principales puntos de las agendas de organismos parlamentarios de integración

A continuación se presenta una tabla comparati-va en la que se expone los principales puntos de la agenda de cada uno de los organismos parla-mentarios supraestatales. Cabe mencionar que

los puntos han sido sistematizados en función de su importancia, por ello la tabla no contiene todas las temáticas de cada uno de los organismos.

Promoción y orientación del Proceso de Integración

Impulso del desarrollo sustentable y respeto a la diversidad

Promoción de la solidaridad y coope-ración regional e internacional

Desarrollo económico y social, plena integración económica

Defensa a los derechos humanos

Soberanía

Intercambio de experiencias parla-mentarias

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Área/Parlamento PARLANDINO PARLASUR PARLATINO U.PARLA-MENTARIA

P. INDÍGENA

P. AMAZÓNICO

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 45CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 44Bibliografía y fuentes documentales

Benedetti, A. (2007), “Estructura Territorial”. Ponencia en Seminario Internacional sobre Territoria-lidades. La Paz: Viceministerio de Descentralización.

Boisier, Sergio (1982), “Política económica, organización social y desarrollo regional”. Santiago de Chile: ILPES.

Boisier, Sergio (1986), “La articulación Estado-Región: clave del desarrollo regional”, En: Pensa-miento iberoamericano, no. 10, Madrid.

Cabezas, Rodrigo (2016), “Una mirada crítica a la integración”. Diplomado en Asuntos Parlamenta-rios de Integración. La Paz: EGPP.

CELAC (2016), “Declaración de Santo Domingo”. III Reunión ministerial sobre el problema mundial de las drogas de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Santo Domingo: CELAC.

CONALTID (2015), “La nacionalización de la lucha contra el narcotráfico. Modelo boliviano”. La Paz: CONALTID.

CONALTID (2016), “Plan de acción de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca”. La Paz: CONALTID.

Foucault, Michel (2007), “Nacimiento de la biopolítica”. México DF: Fondo de Cultura Económica.IDPC (2011), “La reconciliación jurídica de Bolivia con la Convención Única sobre Estupefacientes”. Londres: IDPC.

Labate, Beatriz y Rodrigues, Thiago (Editores) (2015), “Drogas, política y sociedad en América Lati-na y el Caribe”. Ciudad de México: CIDE.

Metaal, Pien y Henman, Anthony (2009), “Los mitos de la coca”. Amsterdam: Transnational Institute.

Passetti, Edson (1991), “Das ´fumeries` ao narcotráfico”. Sao Paulo: EDUC.

Reagan, R. (1986), “Narcotics and national security”. Washington: NSDD 221.

UNASUR (2015), “Visión regional del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Dro-gas de UNASUR para UNGASS 2016”. Montevideo: UNASUR.

UNODC (2016), “Informe Mundial sobre las Drogas”. Nueva York: UNODC.

UNODC (2016), “Documento de revisión, ordenamiento y categorización de los convenios y acuer-dos de cooperación bilateral y regional de Bolivia en materia de drogas”. La Paz: UNODC.

Vergara, Juan Carlos Garzón (2014), “Cómo reparar un sistema que no funciona Modernización de la aplicación de las leyes sobre drogas en América Latina”. Amsterdam: Transnational Institute.

Weber, Max (2012), “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”. Barcelona: Alianza.

Zuffa, Grazia (2014) “Cocaína: hacia un modelo basado en la autorregulación Nuevas tendencias en la reducción de daños”. Amsterdam: Transnational Institute.


M

POSICIÓN DE BOLIVIA ANTE LA 59 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Anexo

POSICIÓN DE BOLIVIA ANTE LA 59 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES

AnexoAntecedentes

ediante el grupo GRULAC Bolivia realizo algunas sugerencias a la Junta encarga-da del Proceso Preparatorio del Período Extraordinario de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas sobre Drogas en 2016 (UNGASS 2016), La comunidad internacional que en el marco de la Estrategia y Plan de Acción ex-presado en la resolución 51/12 del 2008 de la CND, en la que “ Reafirma que la lucha contra el proble-ma mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida que debe abordarse en un marco multilateral, que requiere un enfoque inte-grado y equilibrado y que debe llevarse a cabo en su totalidad de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y otras disposiciones del derecho internacional y, en particular, con pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, el prin-cipio de no-intervención en el asuntos internos de los Estados y todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y en el base de los prin-cipios de igualdad de derechos y respeto mutuo”.

Bolivia junto a otros estados, ha participado y promovido un debate amplio, abierto, incluyen-do todas las miradas y opciones, en un proceso hacia UNGASS 2016. Así mismo La VI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de las Américas, en 2012 en Cartagena de Indias, decidió revisar el mode-lo conocido como “guerra contra las drogas”, para elaborar en el marco de la OEA un “Informe sobre las Drogas en las América” del que resultó un In-forme analítico sobre el estado real de la región, y también el diseño de cuatro Escenarios Posibles hacia el futuro.

Recientemente la Declaración de Brasilia de Au-toridades en Drogas del MERCOSUR, como la Declaración de Quito emanada de la II Reunión Ministerial de CELAC aporta insumos relevantes. UNASUR avanza hacia una visión regional com-partida sobre la base del principio de unidad en la diversidad.

Existe una visión común de frente a la UNGASS DEL 2016 de todos los países miembros:

• Perspectiva de los derechos humanos como elemento trasversal a todas las políticas de drogas.

• Enfoques de Salud Pública con atención en las personas y sus circunstancias • Una visión del desarrollo de políticas de carácter integral. equilibrada, sostenible y

sustentable en el marco del debate hacia la UNGASS 2016• Desarrollo Social Cultural y económico con una aproximación realizada desde los

territorios y sus particularidades.• El fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.• La importancia de la Cooperación regional e Internacional.

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ANÁLISIS Y CONCEPTO 49CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS/SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 48Posición del Estado Plurinacional de Bolivia

Bolivia ha diseñado un nuevo paradigma de la política de control de drogas ilícitas en el ámbi-to nacional, de caracteres participativo, con una coordinación estatal eficiente, generando me-canismos de concertación con la cooperación internacional, fortaleciendo una política pública integral en materia de justicia, equidad, salud, de-rechos humanos, educación y empleo.

Donde se destacan los logros respecto a la re-ducción de los cultivos excedentarios los cua-les están enmarcados en el desarrollo de un modelo que nuestro Estado vienen ejecutando donde coexisten principios substanciales de soberanía, dignidad, respeto a los derechos humanos, participación y control social y res-ponsabilidad común y compartida, con con-ceptos trasversales como la evidencia científi-ca y la salud pública.

Es así que en el ámbito de su política exterior, plantea la regionalización de las políticas de control de drogas ilícitas diferenciadas, según el eslabón de la cadena y las necesidades nacio-nales; con una necesaria articulación interestatal regional, bajo los principios de pleno respeto a la soberanía nacional y a los derechos constitucio-nales para la ejecución de una política de coope-ración internacional.

En ese marco sugiere que las políticas de drogas y las Estrategias nacionales de drogas deben garan-tizar el acceso a las intervenciones de manera in-tegral y en completo respeto de la soberanía, los derechos humanos, considerando la evidencia científica y la participación social:

Soberanía.

Dignidad

Responsabilidad común y compartida

• La aplicación de este principio tiene tres elementos: La presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio; la no intervención extranjera y la autodeterminación; y la participación estatal en el financiamiento de todas las acciones.

• La dignidad entendida desde un punto de vista colectivo o individual, pero en ambos casos está vinculada con el decoro de los seres humanos, en cuanto manera de com-portarse con el prójimo, pero principalmente, con uno mismo.

• Cooperación efectiva, bilateral y multilateral, para implementar medidas contra la pro-ducción de drogas ilícitas, el tráfico transfronterizo y el desvío de precursores. Así, la cooperación y el compromiso internacional es imprescindible para implementar ac-ciones conjuntas y desarrollar mecanismos eficaces para asumir la Responsabilidad compartida.

• Fortalecer el abordaje de la política de drogas internacional y las capacidades de con-trol fronterizo y posibilitar y desarrollo de experiencias entre países de tránsito y pro-ductores, tanto de materia prima como de precursores químicos, controlados.

• Intercambio de cooperación policial, inteligencia y colaboración interinstitucional más estrecha entre las plataformas de aplicación de las leyes existentes y el intercambio de mejores prácticas.

Respeto a los Derechos Humanos

Participación y control social.

La evidencia científica

Salud pública

• La lógica reduccionista y unilateral de la lucha contra el narcotráfico ha estado cen-trada en la ecuación: mayor erradicación de cultivos de coca es igual a menos cocaína. Este enfoque sólo miraba superficies y rendimientos, pero ignoraba factores de índole económico, social y humano implicados en la problemática.

• Se debe garantizar que el marco jurídico de aplicación de la política de drogas debe estar en línea con las recomendaciones internacionales relativas al principio de pro-porcionalidad, evitando vulnerar los derechos humanos

• El control social es la práctica realizada desde las comunidades a la gestión del Gobier-no en todas sus instancias. La participación activa de la sociedad civil, tanto a través de sus organizaciones como de manifestaciones.

• La recopilación y análisis de la evidencia científica genera memoria, y mejora la dispo-nibilidad los datos existentes.

• La recuperación de las mejores prácticas y de las lecciones aprendidas, hace que estén disponibles las experiencias y estas sean reconocidas, porque forman parte de la evi-dencia científica para motivar y reforzar intervenciones.

• Mejorar la disponibilidad y eficacia de las medidas de prevención, evaluando las inter-venciones y privilegiando el uso de la evidencia científica para la formulación de los mismos.

• Los usuarios de drogas deben ser, ante todo, considerados como personas que necesi-tan atención, cuidado y tratamiento para mejorar su salud e inclusión social.

REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA -...

Documents

Transcript of REGIONALIZACIÓN DE LA LUCHA -...