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Primera quincena de enero de 2013

PPRROOCCUURRAADDUURRIIAA DDEE LLOOSS DDEERREECCHHOOSS HHUUMMAANNOOSS YY OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS SSOOCCIIAALLEESS DDEEMMAANNDDAANN RRAATTIIFFIICCAACCIIOONN DDEE RREEFFOORRMMAASS

CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS

San Salvador, 14 de enero de 2013.

Honorables Diputados y Diputada Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales Asamblea Legislativa Presentes. Respetables legisladores y legisladora: Reciban un saludo cordial y deseos de éxito en el ejercicio de sus funciones dentro de tan importante Órgano del Estado. Nuevamente me dirijo a esa Comisión en cumplimiento a mis atribuciones constitucionales, especialmente la contenida en el artículo 194 romano I ordinal 8 de la Constitución de la República, consistente en “Promover reformas ante los Órganos del Estado para el progreso de los Derechos Humanos”, así como en atención a que el pasado 19 de abril la conformación de la legislatura 2009-2012 aprobó las

reformas constitucionales relativas a los Derechos Humanos al Acceso al Agua (registrado bajo el expediente legislativo 1910-12-2008) y a la Alimentación Adecuada (registrado bajo el expediente legislativo 1823-10-2008), adicionando los incisos dos y tres al artículo 69 de la Carta Magna, en respuesta a las iniciativas y propuestas promovidas por esta institución nacional de derechos humanos y por organizaciones sociales. En esta ocasión, y nuevamente junto a las organizaciones sociales que promueven y exigen el reconocimiento del derecho al acceso al agua y la alimentación adecuada, y luego de un largo proceso iniciado desde hace varios años para hacer efectivo el reconocimiento de ambos derechos dentro del texto constitucional salvadoreño, con la intención que se viabilice su efectiva realización; solicitamos a esa honorable Comisión que discuta y dictamine favorablemente las reformas aprobadas para luego trasladarlas al Pleno Legislativo y se proceda a su respectiva ratificación. Lo anterior, para culminar con el procedimiento que la Constitución establece en su artículo 248 y atendiendo al compromiso con las justas exigencias sociales, el bien común y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado

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de El Salvador, entre las que se encuentra la obligación de adoptar todas aquellas medidas legislativas orientadas a hacer efectivo los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, entre los que se encuentra el derecho humano al acceso al agua y el derecho a la alimentación adecuada, como consta en instrumentos suscritos por el Estado salvadoreño en el plano internacional y partiendo del hecho que el cumplimiento de tal obligación compete a la Asamblea Legislativa. De igual forma, a la luz del principio de buena fe que debe informar la labor de las instituciones del Estado y sus funcionarios, así como siendo consecuentes con la decisión de aprobación de la reforma de la anterior conformación del cuerpo legislativo 2009-2012, que evaluó y dio por demostrada la importancia y necesidad de su ingreso al texto constitucional, es que ahora corresponde proceder a la ratificación de las disposiciones referidas a los derechos humanos

esenciales a la alimentación adecuada y al acceso al agua. Por lo que, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, amparado en las atribuciones que la Constitución de la República me confiere y respaldado por organizaciones civiles e internacionales, con todo respeto demando la inmediata ratificación de las disposiciones aquí relacionadas, como parte de su deber legislativo en beneficio del pueblo salvadoreño, que es el que justifica todo su actuar, y en fiel cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos. Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me permito expresarles las muestras de mi más alta consideración y estima. Oscar Humberto Luna Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

EELL FFIINN DDEELL MMUUNNDDOO YY LLOOSS HHOOMMBBRREESS YY MMUUJJEERREESS DDEE MMAAÍÍZZ

SSiillvviiaa RRiibbeeiirroo.. LLaa JJoorrnnaaddaa

El 21 de diciembre 2012 marcó el inicio de un nuevo baktún, un periodo de 394 años solares, según la cuenta larga de los mayas y su sofisticado conocimiento astronómico. En una época donde la cultura dominante banaliza todo, el momento se cargó de significados contradictorios, para algunos el fin del mundo (ante la falta de sentido, el apocalipsis vende), para otros el inicio de una nueva era, o simplemente, un momento de reflexión. Para los pueblos que aún conservan una relación de respeto con la tierra y el entorno, el tiempo es definitivamente mucho más que un sexenio, no es lineal, la memoria colectiva y el horizonte común abrazan el presente, justamente, siempre presentes. Desde el corazón del mundo maya, la vasta movilización silenciosa y en perfecto orden de más de 40 mil comuneros zapatistas en Chiapas, recordó contundentemente al planeta que ahí siguen, construyendo, creando y resistiendo, mientras el sistema se derrumba. Mensaje callado de enorme resonancia, que como espejo nos

devuelve la esperanza, no la que espera, sino la que construye. Los mayas, escribe Carlos Lenkersdorf, como toda cultura, tienen una historia cambiante a través de los siglos y milenios. La oficialidad y la industria del turismo resaltan de ellos el periodo clásico (aproximadamente del año 300 al 900), épocas de teocracia y fuertes diferencias sociales, que es también cuando se construyeron pirámides y sitios como Palenque, Yaxchilán, Tikal y otros. Esos lugares fueron abandonados cerca del fin del periodo, en lo que muchos investigadores y la historia oficial consideran un colapso de la civilización maya. Pero Lenkersdorf señala que los mayas siguen existiendo y por tanto no colapsaron. Lo que terminó fue la estructura social altamente elitista que existía en ese periodo. Por tanto, se trató más bien de rebeliones de campesinos, que abandonaron esos suntuosos sitios para habitar lugares más adecuados a la vida comunitaria y a la siembra. A través del tiempo, los mayas han seguido resistiendo al sojuzgamiento, así como a

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los conquistadores –que a diferencia de otras culturas donde había estructuras jerárquicas centralizadas, tuvieron que enfrentarse con la prolongada resistencia de cada región maya, ya que aunque unas fueran derrotadas, las demás seguían resistiendo e incluso las que los españoles consideraban vencidas, se volvían a levantar. “A lo largo de 500 años, desde la llegada de los europeos, no hubo ningún siglo sin levantamiento maya. La ‘guerra de castas’, así llamada por los no mayas y que ocurrió en el siglo pasado, duró unos 50 años. El primero de enero de 1994 es fecha memorable de otro levantamiento maya al terminar el siglo XX. Dura ya años y la problemática de la rebelión no se ha resuelto”, nos recordaba Lenkersdorf y sigue vigente. Complementariamente, Nelson Reed, en La guerra de castas en Yucatán, señala que un detonante crucial de la rebelión en la península fue justamente haberles impedido seguir su vida como campesinos libres y plantar su maíz. Estamos ahora en otra vuelta de la misma tuerca, pero en todo el mundo, incluido el mundo maya: el ataque despiadado a la vida campesina-indígena y a las fuentes independientes de producción de alimentos, bases de su sustento y el de la mayoría de la humanidad. Como resume la demanda de la audiencia sobre Maíz y Soberanía Alimentaria del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), este ataque se despliega tanto a través del avance sobre sus territorios para acceder a los recursos que existen o puedan plantarse allí (entre otros, maderas, minería, agua, biodiversidad, monocultivos de palma, jatrofa y ahora soya y maíz transgénico) como por la destrucción provocada por los sistemas de infraestructura, carreteras, transporte y energía que éstos y otros desarrollos demandan, o por los desplazamientos a que obligan a sus habitantes destrozando sus medios de vida, sus culturas y sus asambleas, junto a los muchos problemas

asociados al crecimiento salvaje de ciudades, basureros, contaminación, marginación. La debacle se puede ver desde muchas aristas y sólo entre todos sabemos todo, como dicen los sabios wixárika. Por el trazado de un mapa colectivo en el TPP. Uno de los puntos de mira paradigmáticos es la destrucción de los sistemas alimentarios independientes, comenzando por la apropiación corporativa de las semillas. Todas las guerras tratan de destruir las fuentes de alimentación del enemigo. Para ello, los transgénicos, con la contaminación inevitable que conllevan y las patentes que criminalizan a las víctimas, son un arma privilegiada. Los conquistadores son ahora empresas transnacionales, que cuentan con ejércitos y gobiernos, para avanzar y defender sus intereses, paliar algunos impactos sociales si les da mejores mercados, o avasallar territorios y reprimir la defensa comunitaria. Y aunque para las trasnacionales los campesinos y la gente en general no somos enemigos sino clientes potenciales (en realidad sólo les interesa la ganancia), apropiarse de las bases de la alimentación les da ambas ventajas: fabricar dependencia y destruir resistencia. Pese a los ataques, la alimentación de cerca de 70 por ciento de la humanidad sigue estando en manos de la agricultura campesina y de pequeña escala, de pescadores artesanales, recolectores, huertas urbanas. En todas partes, las luchas se siguen tejiendo, en silencio a veces, en estruendo otras, mientras los hombres y mujeres de maíz siguen sembrando y el baktún apenas comienza. Tejiendo también culturas, dicen los indignados: no es que avancemos poco, es que vamos muy lejos.

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MMIILLIITTAARRIIZZAANNDDOO LLAA CCRRIISSIISS CCLLIIMMÁÁTTIICCAA BBeenn HHaayyeess aanndd NNiicckk BBuuxxttoonn.. TTNNII

Los líderes políticos del mundo no podían decir que no habían sido advertidos. Poco antes de que comenzaran las negociaciones sobre el clima de la ONU a principios de diciembre de 2012 en Qatar, no eran solo el Banco Mundial, la Agencia Internacional de la Energía y la compañía internacional de contabilidad PWC los que preveían unos peligrosos niveles de cambio climático. Incluso la naturaleza parecía dar voces de alarma con unos huracanes fuera de temporada que devastaron Nueva York y algunas islas del Caribe y las Filipinas. Ante tal panorama, cualquiera hubiera esperado una respuesta decidida por parte de los Gobiernos del mundo. En lugar de ello, la cumbre de la ONU pasó prácticamente desapercibida para los medios internacionales y culminó con otra declaración vacía que, según Amigos de la Tierra, es “una farsa” que “falla en todos los sentidos”. Ante uno de los grandes desafíos a los que se hayan enfrentado jamás nuestro planeta y sus pueblos, es evidente que nuestros líderes políticos han fracasado. Así, en marcado contraste con la gran acción coordinada para rescatar a los bancos y estimular el sistema financiero, en este caso los Gobiernos han optado por mantenerse al margen, dando carta blanca a los mercados y a los gigantes de los combustibles fósiles en lugar de atreverse a planificar una conversión de nuestras economías, basadas en las emisiones de carbono.

No es que los Gobiernos hayan decidido quedarse de brazos cruzados, como suele decirse, sino que están asegurándose activamente de que el cambio climático sea una realidad. Y es que cada planta de carbón construida en China, cada pozo petrolífero perforado en el Ártico y cada yacimiento de gas explotado por fracturación hidráulica en los Estados Unidos de petróleo fijan carbono en la atmósfera durante al menos mil años y eso significa que, aunque en los próximos años se tomen medidas radicales para reducir las emisiones, nada será suficiente para impedir que el calentamiento global se desboque. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, señaló que el informe elaborado por la institución que dirige prevé un aumento de las temperaturas de 4 grados Celsius antes del fin del siglo y que eso daría lugar a un mundo “muy inquietante.” Por primera vez, la cuestión de cómo pagar ‘las pérdidas y los daños’ que ya está provocando el cambio climático entre las personas más pobres y vulnerables del mundo alcanzó un protagonismo importante en Doha. Es una trágica paradoja que las discusiones sobre cómo detener el cambio climático y cómo prepararse para él (lo que en la jerga de la ONU se conoce como ‘mitigación y adaptación’) se hayan visto ahora eclipsadas por las

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demandas de reparación y por la creciente preocupación –entre la industria de los seguros, por ejemplo– de quién o qué va a pagar por los daños causados por el cambio climático. Estas narrativas son profundamente alarmantes y desmovilizadoras. A la gente le resulta ahora mucho más fácil imaginar un futuro distópico para sus hijos que un mundo que ha aunado esfuerzos para evitar los peores efectos del cambio climático. Así, lejos de impulsar la acción en masa, el miedo y la inseguridad parecen estar llevando a la gente a desconectar del tema o a buscar consuelo en teorías conspirativas. ¿Seguridad para qué y para quién? Esta apatía está siendo explotada por aquellos que acogen con agrado o que buscan sacar provecho de la política de la inseguridad y de lo que el Pentágono ha bautizado como ‘la era de las consecuencias’. En todo el mundo –y muchas veces a puerta cerrada–, securócratas y estrategas militares se dedican a practicar ‘ejercicios de prospectiva’ que, a diferencia de sus jefes políticos, dan por sentado el cambio climático y desarrollan opciones y estrategias para adaptarse a ‘los riesgos y las oportunidades’ que este presenta. Solo un mes antes de las negociaciones sobre el clima de Doha, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos publicó un informe encargado por la CIA que buscaba “evaluar las pruebas científicas sobre posibles conexiones entre el cambio climático y las consideraciones en materia de seguridad nacional”. El estudio llegaba a la conclusión de que sería “prudente que los analistas de seguridad esperaran sorpresas climáticas en la próxima década, como eventos aislados inesperados y potencialmente perjudiciales y confluencias de eventos ocurridos de forma simultánea o secuencial, y que estos sean cada vez más graves y más frecuentes, muy probablemente a un ritmo crecientemente acelerado”. La predisposición que siente la comunidad militar y de la inteligencia a tomar en serio el cambio climático ha sido muchas veces bienvenida por parte de la comunidad ambiental sin ningún tipo de análisis crítico. Los organismos

especializados en seguridad, por su parte, afirman que se limitan a cumplir con su trabajo. Sin embargo, la pregunta que muy poca gente está planteando es la siguiente: ¿qué consecuencias tiene enmarcar el cambio climático como un problema de seguridad y no como un problema de justicia o de derechos humanos? En un mundo ya envilecido por conceptos como ‘daños colaterales’, los participantes de estos nuevos juegos de guerra climáticos no tienen por qué hablar con franqueza acerca de lo que persiguen, pero el trasfondo de su discurso es siempre el mismo: ¿cómo pueden los países industrializados del Norte –en una época de creciente escasez potencial y, se presupone, de crecientes disturbios– protegerse a sí mismos de ‘la amenaza’ de los refugiados climáticos, las guerras por los recursos y los Estados fallidos y, al mismo tiempo, mantener el control de los principales recursos estratégicos y cadenas de suministro. En palabras de la estrategia propuesta en materia de cambio climático y seguridad internacional de la UE, por ejemplo, “la mejor manera de considerar el cambio climático es como un multiplicador de amenazas” que conlleva “riesgos políticos y de seguridad que afectan directamente a los intereses europeos”. El negocio del miedo Las industrias que florecen con la realpolitik de la seguridad internacional también se están preparando para el cambio climático. En 2011, el texto publicitario de una conferencia sobre la industria de defensa sugería que el mercado de la energía y del medio ambiente valía por lo menos ocho veces más que el propio negocio de la defensa, estimado en un billón de dólares al año. El mismo texto también apuntaba que “el sector aeroespacial, de defensa y seguridad, lejos de quedar excluido de esta oportunidad, se está movilizando para abordar lo que parece destinado a convertirse en su mercado adyacente más significativo desde la fuerte emergencia del negocio de la seguridad civil/interior hace casi una década”. Puede que algunas de estas inversiones acaben resultando de utilidad e importantes, pero el discurso de la

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seguridad climática también está ayudando a alimentar un auténtico boom de inversiones en sistemas de control de fronteras de alta tecnología, tecnologías para el control de masas, sistemas de armas ofensivas de próxima generación (como los drones o aviones no tripulados) y las conocidas como ‘armas menos letales’. Debería ser inconcebible que Estados democráticos se estén equipando de esta forma para un mundo cambiado por el clima, pero cada año se ponen a prueba y salen al mercado más aplicaciones. Teniendo en cuenta la consolidación de las fronteras militarizadas en todo el mundo durante la última década, nadie querría ser un refugiado climático en 2012; no digamos ya en 2050. No son solo las industrias de la represión las que se están posicionando para beneficiarse de los temores sobre el futuro. Las materias primas de las que depende la vida se están incorporando en nuevas narrativas sobre seguridad basadas en temores relativos a la escasez, la sobrepoblación y la desigualdad. Cada vez se concede mayor importancia a cuestiones como la ‘seguridad alimentaria’, la ‘seguridad energética’ y la ‘seguridad hídrica’, sin que se analice en profundidad qué se está asegurando exactamente para quién, y a expensas de quién. Pero cuando la situación percibida de inseguridad alimentaria en Corea del Sur y Arabia Saudí está impulsando acaparamientos y explotación de tierras en África, y el aumento de los precios de los alimentos está provocando un malestar social generalizado, tendrían que saltar las alarmas. El discurso de la seguridad climática da por sentado estos resultados. Se articula en torno a la idea de ganadores y perdedores –los asegurados y los condenados– y se basa en una visión de la ‘seguridad’ tan distorsionada por la ‘guerra contra el terror’ que considera, fundamentalmente, que hay personas desechables en lugar de promover la solidaridad internacional que se necesita de forma tan obvia para encarar el futuro de una manera justa y colaborativa. La doble batalla contra el cambio climático Para hacer frente a la creciente securización de nuestro futuro,

debemos seguir luchando para poner fin a nuestra adicción a los combustibles fósiles lo antes posible, sumándonos a movimientos como los que se oponen a la explotación de las arenas bituminosas en Norteamérica y formando amplias alianzas ciudadanas que presionen a municipios, estados y Gobiernos para que transformen las bases de sus economías y minimicen su huella de carbono. No podemos detener el cambio climático –ya está ocurriendo– pero todavía podemos evitar sus peores consecuencias. Sin embargo, también debemos prepararnos para reivindicar la agenda sobre la adaptación al cambio climático, exigiendo que esta deje de basarse en la adquisición por desposesión y en las interesadas agendas de seguridad de los poderosos, y se centre en los derechos humanos universales y la dignidad de todas las personas. Sencillamente, no podemos permitirnos dejar nuestro futuro en manos de securócratas y corporaciones cuando se deben tomar decisiones difíciles. La reciente experiencia del huracán Sandy, en que el movimiento Occupy, con su respuesta a la crisis, dejó en evidencia al Gobierno federal, pone de manifiesto el poder de los movimientos populares para responder positivamente a catástrofes locales. A pesar de todo, las respuestas locales, de por sí, no bastan. Necesitamos estrategias internacionales más amplias que controlen el poder corporativo y militar y, al mismo tiempo, globalicen las herramientas para la resiliencia. Esto significa proponer soluciones progresistas sobre cuestiones como los alimentos, el agua y la energía, y sobre cómo hacer frente a condiciones meteorológicas extremas que ofrezcan alternativas viables a los enfoques basados en el mercado y obsesionados con la seguridad que favorecen nuestros Gobiernos. Pero puede que lo más importante sea que debemos empezar a enmarcar estas ideas en visiones positivas para el futuro, algo que ayudará a las personas a rechazar la distopía y a reivindicar un futuro justo y habitable para todos y todas.

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EECCOOBBRREEVVEESS EESSTTAADDOO DDEEBBEE TTRRAABBAAJJAARR PPOORR SSUUSSTTEENNTTAANNBBIILLIIDDAADD DDEELL PPAAÍÍSS

ZZoorraayyaa UUrrbbiinnaa.. RReeddaacccciióónn DDiiaarriioo CCoo LLaattiinnoo

Los avances alcanzados en el área de Medio Ambiente no son suficientes para lograr la sustentabilidad del país y, hace falta una visión de nación con un enfoque preventivo y prospectivo, así lo afirmó Ángel Ibarra, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). El ambientalista urgió al Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a ejecutar diversas medidas para responder a la actual situación climática del país y del mundo. A los legisladores, les solicitó que ratifiquen la reforma constitucional que reconoce la alimentación y el agua como Derechos Humanos. Asimismo, reformar la Ley de Medio Ambiente para introducir Adaptación al Cambio Climático; la protección de las tres millas marinas ante la pesca artesanal; que se reforme la Ley General de Educación para incluir en la currícula educativa la gestión integral de riesgo. Carolina Amaya, de la organización, dijo que falta aprobar la Ley General del Agua, de Soberanía alimentaria, la prohibición a la minería metálica y a los agrotóxicos; reformar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. En similar forma se expresó Ricardo Navarro, del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), quien aseguró que pese a que hay una visión política en la Asamblea, esta debe ser honesta, de cara a la población, a la que se debe procurar el bienestar; en alusión a las declaraciones del diputado arenero Mario Valiente, quien aseguró que la política es la única visión que prima en ese órgano del Estado.

Ambas organizaciones ambientalistas cuestionaron a la CSJ por no implementar, hasta el momento, los Tribunales Medio Ambientales, pese a que hay un presupuesto asignado para su funcionamiento. Amaya pidió la capacitación de jueces en el área ambiental, parar la corrupción e implementar la justicia ambiental. Navarro manifestó que el Gobierno central debe demostrar, en el año y medio que le queda en el poder, que es diferente a las administraciones anteriores y asumir plenamente la problemática medio ambiental e incidir en la normativa jurídica, para que los diputados aprueben las leyes ya citadas y hagan las reformas pertinentes. En tanto, la UNES pidió al Ejecutivo que se fiscalice en los territorios la implementación de las leyes y políticas públicas; porque, actualmente, no hay capacidad de vigilar y proteger el ambiente, “que día a día es destruido por los (empresarios) privados”, dijo Amaya. “Se debe fortalecer a las instituciones para aplicar las leyes ambientales, para resguardar los patrimonios naturales del Estado frente a la voracidad de las corporaciones y empresas privadas, tales como las turísticas, cañeras, mineras, entre otras”, añadió. El CESTA demandó al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que no avale la quema de llantas porque contamina; igualmente, se pronunció sobre igual práctica en los cañaverales. Pidió que las municipalidades procesen sus desechos orgánicos; que no sólo se procure la construcción de rellenos sanitarios, sino de instaurar programas con enfoque sustentable. También se refirió a la instalación de las antenas de telefonía celular, con las que las alcaldías siguen, pese al malestar de la población. El ambientalista denunció la práctica del alcalde Norman Quijano de cortar árboles para encementar la capital. Navarro concluyó que la población debe presionar al Gobierno, a los diputados, a

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la Corte y a los políticos para que incluyan el tema medio ambiental como una prioridad. “Se debe seguir denunciando, no es un invento, la ciencia dice que si no se cambian los comportamientos actuales vamos hacia la destrucción del planeta”, recalcó.

Amaya concluyó que: “hay una necesidad impostergable de avanzar más rápido a una visión de sustentabilidad, que nos lleve a un buen vivir en unión con nuestra madre tierra”.

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BBLLAANNCCOO

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interponer sus buenos oficios para prevenir la contaminación que podría causar el proyecto minero Cerro Blanco de Guatemala. POR ACAN-EFE. El Salvador SAN SALVADOR.- La PDDH está “pidiendo una audiencia especial” en la CIDH para tratar el problema de la mina de oro Cerro Blanco en Jutiapa, cerca de la frontera de Guatemala con El Salvador, dijo el titular de la institución salvadoreña, Óscar Luna, durante la presentación de un informe de la posible afectación de dicho proyecto en el país. “Para marzo esperaríamos que la Comisión atienda la petición nuestra, se cite a autoridades de Guatemala para que se discuta el tema y la Comisión pueda también recomendar medidas para la protección de los derechos humanos de las personas que se puedan ver afectadas con este proyecto” , que está en fase de exploración, agregó. El ombudsman salvadoreño enfatizó que “la voluntad de ambos países es importante” para evitar que se desate una grave contaminación, una vez que comience a funcionar la mina Cerro

Blanco, propiedad de la canadiense Goldcorp Inc. El proyecto se ubica a 153 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala y aproximadamente a 18 kilómetros de la ciudad de Metapán, en el departamento salvadoreño de Santa Ana, indica el informe de la PDDH. También está dentro de la región del Trifinio, que es llamada así porque ahí convergen las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras, y abarca más de 7.500 kilómetros cuadrados, donde habitan unas 600.000 personas, precisa al informe de la PDDH. Destaca que en ese lugar se originan “las principales cuencas hidrográficas de los tres países” y que el plan Trifinio, que llevan a cabo los tres países para desarrollar la zona, “está en peligro debido al desarrollo del proyecto minero Cerro Blanco”. Dicho proyecto se ha convertido en “una amenaza lenta y segura para la vida humana, la vegetación, la fauna y el recurso hídrico, no sólo en Guatemala, sino también en El Salvador”, añade. Advierte que si se llega a la explotación las “aguas residuales de la esa mina serán descargadas en el río Ostúa y llegarán hasta el lago Guija (compartido por Guatemala y El Salvador), que se encuentra unido al río Lempa”, la cuenca hidrográfica más importante de El Salvador. El 37% del agua potable de San Salvador proviene del río Lempa, según el informe. Este es un proyecto que, “si no se atiende a tiempo, mañana va a tener graves repercusiones, por violaciones al medio ambiente, a la vida, la integridad y la salud de las personas”, indicó Luna.

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La bancada salvadoreña del Parlamento Centroamericano aseguró en octubre pasado que la explotación minera del Cerro Blanco sería “gravísima” para El Salvador, porque no sólo contaminaría el río Lempa, sino que “millones de salvadoreños estarían (...) con riesgo de convertirse en refugiados ambientales”. En septiembre de 2012 ambos países acordaron crear un grupo que vigile de manera conjunta la cuenca del lago

Guija, en un sector fronterizo, con el objetivo de medir el impacto de proyectos y actividades que se desarrollan en la zona sobre los recursos hídricos e hidrogeológicos. Sin embargo, Luna aseguró que ya es necesario tomar medidas más concretas.

IIRRRREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD EE IINNDDOOLLEENNCCIIAA

LLeeoonneell HHeerrrreerraa.. AARRPPAASS

Las declaraciones del diputado Vicente Menjívar –diciendo que no tiene prisa para aprobar las leyes de agua– reflejan la irresponsabilidad de ARENA frente a los temas urgentes de país y su indolencia ante las problemáticas ambientales, en este caso la dramática situación de los recursos hídricos. El pasado martes, en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, Menjívar pidió más tiempo para discutir la Ley General de Aguas y la Ley de Agua Potable y Saneamiento, a pesar de que ambas propuestas han sido ampliamente discutidas en talleres, foros y otras actividades de debate público durante más de un año. Por tanto, el intento de darle largas al debate sobre las leyes de agua no es más que una estrategia dilatoria para mantener desregulado el sector hídrico y mantener abiertas las puertas a la privatización del vital líquido. Esta misma estrategia ha implementado ARENA frente a otras propuestas de ley, entre éstas la nueva ley de minería que plantea la prohibición definitiva de la

minería metálica para evitar un desastre ambiental de consecuencias irreversibles. Esta propuesta fue presentada hace seis años por la Mesa Nacional frente a la Minería, pero ARENA –y los demás partidos de derecha– se niegan a aprobarla para no cerrarle las puertas a transnacionales como la canadiense Pacific Rim que busca extraer minerales del subsuelo nacional sin importar los altos costos ambientales y sociales. Esta irresponsabilidad e indolencia arenera, manifiesta en las patéticas expresiones del diputado Menjívar, deberían provocar un repudio nacional. Los medios de comunicación que se escandalizan por los regalos de navidad de los diputados, deberían criticar también el rechazo de algunos grupos parlamentarios a la aprobación de leyes que el país necesita porque eso es más dañino que recibir pulseras y corbatas. De igual forma, los grupos sociales que repudiaron a los diputados que no querían acatar los fallos de la Sala Constitucional deberían exigir la aprobación de leyes que buscan recuperar los recursos hídricos, revertir el deterioro ambiental y evitar mayores desastres ecológicos. Pero como esos grupos manipulados por la ANEP y Aliados por la Democracia no se van a movilizar esta vez, corresponde a las organizaciones populares ejercer presión contra las actitudes anti ambientales y anti nacionales de ARENA.

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EELL AAGGUUAA,, PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA EENN 22001133 PPoorr VViiccttoorr MM.. CCaarrrriibbaa.. PPrreennssaa LLaattiinnaa

2013 constituirá un período clave en los esfuerzos internacionales para resolver la crisis de 770 millones de personas sin acceso al agua potable y de dos mil 500 millones que están privadas de servicios de saneamiento adecuado. Con ese propósito, Naciones Unidas iniciará el próximo martes el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, proclamado por la Asamblea General en una resolución adoptada en diciembre de 2010. Ese texto puso de relieve que el agua es fundamental para el desarrollo sostenible, en particular para la integridad del medio ambiente, la salud y el bienestar humanos y la erradicación de la pobreza y el hambre. Todos esos desafíos forman parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos por la ONU en 2000 para ser cumplidos en 2015. Y uno de ellos busca reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento, meta cuyo cumplimiento despierta escepticismo por los lentos y desiguales avances registrados hasta ahora. Frente a esa situación, agravada por los efectos del cambio climático y otros problemas que repercuten negativamente en la cantidad y la calidad del agua, la ONU insiste en la necesidad de fortalecer la cooperación en todos los planos. Ese es uno de los ángulos principales del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, el cual debe servir para la realización de actividades a todos los niveles, según establece la resolución de la Asamblea General.

Hace dos años y a instancias de Bolivia, ese cuerpo reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como "un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos". De acuerdo con la entidad ONU-Agua, creada en 2003, los siete mil millones de habitantes del planeta beben de dos a cuatro litros de agua cada día y una parte de ella a través del consumo de alimentos. Este último aspecto demuestra su real dimensión cuando se comprueba que para producir un kilogramo de carne de ganado vacuno y de trigo se consumen 15 mil y mil 500 litros de agua, respectivamente. Por eso, la organización reclamó cambios fundamentales en la gestión y las políticas a lo largo de toda la cadena de producción agrícola para un mejor uso de los recursos hídricos y poder responder a la creciente demanda de alimentos y otros productos. Para el 2013 está programada una conferencia internacional de alto nivel sobre la cooperación en la esfera del agua, a celebrarse en agosto venidero en Tayikistán. También existe una propuesta para realizar otra reunión en la sede de la ONU en Nueva York, en ocasión del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, proclamado hace 20 años (1992) por la Asamblea General. El precioso líquido también es objeto de un Decenio Internacional para la Acción, denominado El agua fuente de vida, entre 2005 y 2015. Poco antes (2003) se conmemoró el Año Internacional del Agua Dulce.

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