MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS

REF.:

REF.C.M.:

ACUERDO POR EL QUE SE PLANTEA LA IMPUGNACIN DE DISPOSICIONES SIN FUERZA DE LEY Y RESOLUCIONES DE LAS COMUNIDADES AUTNOMAS PREVISTA EN EL ARTCULO 161.2 DE LA CONSTITUCIN EN RELACIN CON LA RESOLUCIN 1/XI DEL PARLAMENTO DE CATALUA SOBRE EL INICIO DEL PROCESO POLTICO EN CATALUA COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SU ANEXO, APROBADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y PUBLICADA EN EL BOLETN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE CATALUA NMERO 7, DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2015.

El presente Acuerdo tiene por objeto la impugnacin ante el Tribunal Constitucional de la Resolucin 1/XI del Parlamento de Catalua sobre el inicio del proceso poltico en Catalua como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 y su anexo, aprobada el 9 de noviembre de 2015 y publicada en el Boletn Oficial del Parlamento de Catalua nmero 7, de 9 de noviembre de 2015 (en adelante, la Resolucin), de acuerdo con el procedimiento previsto en el Ttulo V de la Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (desde ahora, LOTC), que lleva por rbrica De la impugnacin de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autnomas prevista en el artculo 161.2 de la Constitucin (artculos 76 y 77 LOTC).

La Resolucin, publicada en la pgina web del Parlamento de Catalua con la misma fecha de su adopcin, tiene el siguiente tenor literal, incluyendo su anexo, que forma parte de la misma:

PRIMERO.- El Parlamento de Catalua constata que el mandato democrtico obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre del 2015 se basa en una mayora de escaos de las fuerzas parlamentarias que tienen el objetivo de que Catalua se convierta en un estado independiente y en una amplia mayora soberanista en votos y escaos que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado.

SEGUNDO.- El Parlamento de Catalua declara solemnemente el inicio del proceso de creacin de un estado cataln independiente en forma de repblica.

TERCERO.- El Parlamento de Catalua proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitucin catalana.

CUARTO.- El Parlamento de Catalua insta al futuro gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas estas declaraciones.

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QUINTO.- El Parlamento de Catalua considera pertinente iniciar en el plazo de treinta das la tramitacin de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pblica.

SEXTO.- El Parlamento de Catalua como depositario de la soberana y expresin del poder constituyente, reitera que esta Cmara y el proceso de desconexin democrtica del Estado espaol no se supeditarn a las decisiones de las instituciones del Estado Espaol, en particular del Tribunal Constitucional, al que se considera carente de legitimidad y de competencia a raz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonoma de Catalua votado previamente por el pueblo en referndum, entre otras Sentencias.

SPTIMO.- El Parlamento de Catalua deber adoptar las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexin del Estado espaol, de una manera democrtica, masiva, sostenida y pacfica que permita el empoderamiento de la ciudadana a todos los niveles y se base en una participacin abierta, activa e integradora.

OCTAVO.- El Parlamento de Catalua insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o los mandatos emanados de esta Cmara, legtima y democrtica, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan resultar afectados por decisiones de las instituciones del Estado Espaol, entre otros los especificados en el anexo de esta resolucin.

NOVENO.- El Parlamento de Catalua declara la voluntad de iniciar negociaciones con el fin de hacer efectivo el mandato democrtico de creacin de un estado cataln independiente en forma de Repblica y, acuerda ponerlo en conocimiento del Estado espaol, de la Unin Europea y del conjunto de la comunidad internacional.

Anexo. Medidas que deber aplicar el futuro gobierno destinadas a blindar derechos fundamentales afectados por decisiones de las instituciones del Estado espaol.

1. Pobreza energtica

Con el fin de garantizar que ninguna persona se vea privada del acceso a los suministros bsicos, el futuro gobierno adoptar las medidas necesarias para evitar la pobreza energtica, aprobadas mediante la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para dar respuesta a situaciones de emergencia en el mbito de la vivienda y de la pobreza energtica, de modo que quede garantizado el derecho de acceso a los suministros bsicos de agua potable, de gas y de electricidad para

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las personas y unidades familiares en situacin de riesgo de exclusin residencial, durante el tiempo en el que perdure dicha situacin.

2. Vivienda

Con el fin de garantizar que ninguna persona se vea privada del acceso a una vivienda digna, el futuro gobierno deber trabajar para la aplicacin del marco normativo regulado por la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para dar respuesta a situaciones de emergencia en el mbito de la vivienda y de la pobreza energtica. En este contexto, el futuro gobierno deber garantizar que, en los procedimientos de desahucio de la vivienda habitual que conciernan a personas y unidades familiares en situacin de riesgo de exclusin residencial, se cumpla, para proceder al desahucio, el principio de realojamiento adecuado de las personas y unidades familiares afectadas.

Del mismo modo, y de forma urgente, el futuro gobierno deber realizar modificaciones normativas para dar cumplimiento a las previsiones de la mencionada Ley 24/2015, como en el caso del reglamento de funcionamiento de las Mesas de valoracin para la adjudicacin de viviendas en situaciones de emergencia econmica, social y otros casos con necesidades especiales en el mbito de la Agencia de la Vivienda de Catalua.

3. Sanidad

En el mbito de las polticas de salud, el futuro gobierno deber garantizar el acceso universal a la atencin sanitaria pblica y de calidad, a travs del Servicio Cataln de Salud (Catsalut), a todas las personas que viven en Catalua. Nadie podr quedar excluido por motivos de origen, tenga o no la condicin de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud e independientemente de si consta como empadronado o no. Del mismo modo, ningn ciudadano podr verse privado de asistencia farmacutica por motivos econmicos.

De conformidad con diversas resoluciones aprobadas por este parlamento, no se realizarn nuevos concursos para la gestin de Centros de Atencin Primaria.

4. Educacin

El Parlamento de Catalua interpuso recurso de inconstitucionalidad contra buena parte del articulado de la LO 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, recurso que fue admitido a trmite el pasado 3 de abril de 2014. Mediante esta impugnacin, avalada con un dictamen del Consejo de Garantas

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Estatutarias, se alegaba que los preceptos impugnados de dicha Ley Orgnica resultan contrarios a las competencias que corresponden a la Generalitat de Catalua en esta materia, contrarios al modelo educativo cataln establecido por la Ley de Educacin de Catalua y contrarios a los consensos alcanzados por el conjunto de la comunidad educativa. En coherencia con dicho recurso, el futuro gobierno deber velar, en el marco de su accin en el campo de la educacin, por la plena vigencia y el respeto de las competencias establecidas en favor de las administraciones catalanas y por el mantenimiento de los consensos obtenidos por la comunidad educativa en su conjunto.

5. Garanta de las libertades pblicas

El Parlamento de Catalua interpuso recurso de inconstitucionalidad contra determinados artculos de la Ley Orgnica 4/2015, de proteccin de la seguridad ciudadana, recurso que fue admitido a trmite el pasado 21 de julio de 2015. Mediante esta impugnacin, avalada con un dictamen del Consejo de Garantas Estatutarias, se alegaba que los preceptos impugnados de dicha Ley Orgnica resultan contrarios a derechos fundamentales amparados por textos internacionales como la Declaracin Universal de Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En coherencia con dicho recurso, el futuro gobierno deber velar, en su accin en el mbito de la seguridad ciudadana, por la plena vigencia y el respeto de los derechos fundamentales mencionados.

6. Administraciones locales

Con el fin de garantizar las plenas competencias de las Administraciones Locales catalanas al servicio del inters general, el futuro gobierno deber proporcionar a las mismas las herramientas de apoyo necesarias para dejar sin efecto los preceptos de la Ley estatal 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizacin y sostenibilidad de la Administracin Local, promulgada tras la Ley 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y financiera, dictada en desarrollo del artculo 135 de la Constitucin Espaola, relativos a la limitacin de competencias de las entidades locales, al control del coste de los servicios y a la obligacin de priorizacin de la actividad econmica privada.

7. Personas refugiadas

Con el fin de poder dar respuesta a la grave situacin humanitaria que viven los refugiados, el futuro gobierno deber establecer un marco de relaciones con el Alto

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Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el objetivo de dar acogida y asilo al mximo nmero de personas refugiadas, ms all de las decisiones adoptadas a este respecto por el Gobierno espaol.

8. Derecho al aborto

En el mbito del derecho al aborto, el futuro gobierno deber regirse por lo estipulado en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

9. Financiacin de un plan de choque social y gestin de la deuda

Con el fin de liberar recursos que se destinarn a la dotacin financiera de un plan de choque social, el futuro gobierno deber establecer, entre otras medidas, vas de negociacin para reducir la carga de la deuda en el conjunto del gasto.

Con carcter prioritario, el futuro gobierno deber impulsar la renegociacin de todas las financiaciones estructuradas, separando los pagos que compensan un servicio (inversin y mantenimiento) de los que constituyen un pago excesivo respecto de los tipos de inters y de las tasas de inflacin actuales. El futuro gobierno instar igualmente a los concesionarios o superficiarios a redefinir los contratos estructurados, transformando la amortizacin de las inversiones en financiacin ordinaria mediante deuda pblica y eliminando el coste excesivo del capital.

Esta transformacin, que tiene por objetivo facilitar una reduccin de costes para la Generalitat que pueda utilizarse para financiar un plan de choque social, tiene que venir acompaada de una revisin a fondo de los programas presupuestarios de gasto que permita evaluar y contrastar su utilidad en unos momentos en que atender la urgencia social se ha convertido en la mxima prioridad de gasto de la Generalitat, tal como queda recogido en el mencionado plan de choque. El ahorro obtenido gracias a la revisin de programas deber destinarse ntegramente al plan de choque social.

Con el fin de realizar un seguimiento de la efectividad del cumplimiento de este objetivo y compromiso, el futuro gobierno deber crear un grupo de trabajo abierto a los grupos parlamentarios.

Asimismo, el futuro gobierno determinar un calendario de reuniones con los responsables de la banca residente para estudiar la posibilidad de renegociacin del pago de los intereses con fines sociales.

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I. Como cuestin previa, cabe sealar que se entiende que el procedimiento previsto en el Ttulo V de la LOTC es el adecuado procesalmente para la presente impugnacin por tratarse de una resolucin dictada por un Parlamento autonmico que solventa un procedimiento no legislativo merecedora de tacha de inconstitucionalidad, aprobada por los trmites previstos en la Seccin VI del Captulo III del Ttulo IV del Reglamento del Parlamento de Catalua, aprobado por el Pleno del Parlamento, en sesin celebrada el da 22 de diciembre de 2005, y modificado tras la reforma parcial del Reglamento del Parlamento, aprobada por el Pleno del Parlamento en la sesin del da 8 de julio de 2015, que lleva por rbrica, precisamente, Las propuestas de resolucin (artculos 164 a 166).

La impugnacin de la Resolucin que se plantea cumple todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la aplicacin de este cauce procesal, pudiendo citarse a este respecto la Sentencia del Tribunal Constitucional 16/1984, de 6 de febrero, que se pronuncia en los siguientes trminos:

Los arts. 76 y 77 de la Ley Orgnica del Tribunal Constitucional configuran (...) un procedimiento que, aun cuando coincidente en sus trmites con el conflicto positivo de competencias (por remisin del art. 77 a los arts. 62 a 67 de la Ley Orgnica), encuentra sustantividad propia precisamente en supuestos, como el presente en los que el Gobierno imputa a una disposicin sin fuerza de ley de Comunidad -o, en su caso, a una resolucin de alguno de sus rganos- un vicio de inconstitucionalidad que, no consistiendo en la infraccin del orden constitucional de distribucin de competencias entre el Estado y las Comunidades Autnomas, no podra ser, en razn del rango infralegal de la disposicin impugnada, eficazmente denunciado a travs del recurso de inconstitucionalidad, nicamente procedente contra disposiciones normativas o actos con fuerza de ley (art.2.1 a) de la LOTC), ni se avendra tampoco, en razn del objeto de la pretensin deducida, a los lmites del conflicto positivo de competencias, legalmente contrado a las controversias que opongan al Estado y a las Comunidades Autnomas o a estas entre s acerca de la titularidad de las competencias asignadas directamente por la Constitucin, los Estatutos de Autonoma o las Leyes Orgnicas u ordinarias dictadas para delimitar los mbitos propios del Estado y las Comunidades Autnomas.

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 42/2014, de 25 de marzo, que ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso del Gobierno contra la Resolucin 5/X del Parlamento de Catalua, por la que se aprueba la Declaracin de soberana y del derecho a decidir del pueblo de Catalua y ha declarado "inconstitucional y nulo" el principio primero que recoge dicho documento, segn el cual "el pueblo de Catalua tiene, por razones de legitimidad democrtica, carcter de sujeto poltico y jurdico soberano", al estimar que vulnera los artculos 1.2 y 2 de la Constitucin y los artculos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonoma de

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Catalua. En lo que respecta a la admisibilidad del proceso constitucional frente a una Resolucin del Parlamento, el Tribunal, tras centrar el debate en el hecho de si la misma constituye una resolucin en el sentido de los arts. 76 y 77 LOTC, razona lo siguiente en el Fundamento Jurdico 2:

[] En el ATC 135/2004, de 20 de abril, citado con profusin por las partes, se declar la inadmisibilidad de la impugnacin de la decisin del Parlamento Vasco de admitir a trmite el Proyecto de Estatuto poltico de la Comunidad de Euskadi presentado por el Gobierno autonmico. En dicho Auto se declara que el proceso ordenado en el ttulo V LOTC se inserta en el mbito de las relaciones y de los mecanismos de control entre el Estado y las Comunidades Autnomas, de modo tal que las disposiciones de rango inferior a la ley y por lo que aqu interesa las resoluciones objeto del mismo han de ser manifestacin de la voluntad de la propia Comunidad Autnoma, esto es, proceder de rganos capaces de expresar la voluntad de esta (FJ 4 y, en trminos anlogos, FJ 7). La Constitucin (art. 161.2) apodera as al Gobierno para solicitar el control constitucional por razones, en principio, no competenciales de actos imputables a las Comunidades Autnomas, en consonancia con la posicin atribuida al Estado respecto de aquellas (SSTC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3, y 31/2010, de 28 de junio, FJ 13).

Para que una resolucin sea, a los efectos de este proceso constitucional, imputable a una Comunidad Autnoma es condicin necesaria que se trate de un acto jurdico y que constituya adems como se dice en el citado ATC 135/2004 expresin de la voluntad institucional de aquella, esto es, dicho en trminos negativos, que no se presente como un acto de trmite en el procedimiento de que se trate (FFJJ 6, 7 y 8). En el citado Auto no se cuestiona que puedan ser objeto de impugnacin actos de carcter parlamentario, pero en definitiva se rechaza que puedan serlo actos que formen parte de un procedimiento legislativo (FJ 4). Esta ltima condicin no concurre en la Resolucin 5/X, objeto de la presente impugnacin.

La Resolucin 5/X del Parlamento de Catalua es un acto perfecto o definitivo, pues constituye una manifestacin acabada de la voluntad de la Cmara. A estos efectos es indiferente que en l se afirme el propsito de iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir, pues un acto solo puede ser identificado como de trmite con el sentido y efectos procesales a que se refiere el ATC 135/2004, cuando se inserta como tracto o secuencia en un procedimiento jurdico reglado; y este no es el caso de la Resolucin 5/X, que se dicta para impulsar o dar inicio a un determinado proceso poltico que no tiene carcter reglado.

El acto impugnado es un acto poltico, adoptado por un poder pblico, el Parlamento de Catalua, en ejercicio de una de las atribuciones que confiere a este rgano el

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ordenamiento de la Comunidad Autnoma (art. 55.2 EAC y arts. 145 y siguientes del Reglamento parlamentario) y mediante el procedimiento establecido al efecto, pero con naturaleza jurdica.

Sin embargo, la impugnacin que examinamos solo ser admisible si, adems de ello, pueden apreciarse en el acto impugnado, siquiera indiciariamente, capacidad para producir efectos jurdicos. El simple enunciado de una proposicin contraria a la Constitucin, en efecto, no constituye objeto de enjuiciamiento por este Tribunal (ATC 135/2004, FJ 2; en iguales trminos, ATC 85/2006, de 15 de marzo, FJ 3, en recurso de amparo).

Es preciso un razonamiento detenido para dirimir si esta Resolucin es apta para producir efectos jurdicos propios y no meramente polticos. Pudiera entenderse que la Resolucin carece de efectos jurdicos sobre sus destinatarios declarados, que son, de una parte, la ciudadana de Catalua, a la que se exhorta, en su conclusin, a ser protagonista en el proceso democrtico de ejercicio del derecho a decidir y, de otra, el Gobierno de la Generalitat, cuya accin se quiere orientar o impulsar con este acto.

En este caso el Tribunal aprecia que, en principio, respecto de los ciudadanos de Catalua, la Resolucin contrae sus efectos a exhortarlos en su accin poltica, sin efecto vinculante de naturaleza alguna, pues quienes as son animados gozan ya, al amparo de la Constitucin y sin necesidad de llamamiento parlamentario alguno, de la ms amplia libertad poltica (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 12).

Como acto de impulso de la accin del Gobierno, la Resolucin carece igualmente de eficacia vinculante, como tiene declarado este Tribunal respecto de actos parlamentarios de este gnero (SSTC 180/1991, de 23 de septiembre, FJ 2; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 3, y 78/2006, de 13 de marzo, FJ 3).

Sin embargo, lo jurdico no se agota en lo vinculante. Pudiera sostenerse que la Resolucin impugnada no tiene sobre la ciudadana, el Gobierno de la Generalitat o el resto de las instituciones catalanas efectos jurdicos de otro tipo, como pudieran ser los de autorizacin o habilitacin para actuar en determinado sentido, visto que ninguna norma del ordenamiento autonmico condiciona a la adopcin por el Parlamento de un acto como el impugnado la validez de la accin del Gobierno o la actuacin de la ciudadana o de las instituciones. Pero el Tribunal, en primer lugar, entiende que el punto primero de la Resolucin impugnada, en cuanto declara la soberana del pueblo de Catalua (Soberana. El pueblo de Catalua tiene, por razones de legitimidad democrtica, carcter de sujeto poltico y jurdico soberano) es susceptible de producir efectos jurdicos, puesto que, insertado en el llamamiento a un proceso de dilogo y negociacin con los poderes pblicos (principio cuarto) encaminado a hacer efectivo el ejercicio del

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derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de Catalua puedan decidir su futuro poltico colectivo (parte inicial de la Declaracin), puede entenderse como el reconocimiento en favor de aquellos a quienes se llama a llevar a cabo el proceso en relacin con el pueblo de Catalua (especialmente el Parlamento de Catalua y el Gobierno de la Generalitat), de atribuciones inherentes a la soberana superiores a las que derivan de la autonoma reconocida por la Constitucin a las nacionalidades que integran la Nacin espaola. En segundo lugar, el carcter asertivo de la Resolucin impugnada, que acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir, no permite entender limitados sus efectos en el mbito parlamentario al terreno estrictamente poltico, puesto que reclama el cumplimiento de unas actuaciones concretas y este cumplimiento es susceptible del control parlamentario previsto para las resoluciones aprobadas por el Parlamento (art. 146.4 del Reglamento del Parlamento de Catalua).

En suma, este Tribunal considera que, sin perjuicio de su marcado carcter poltico, la Resolucin 5/X tiene carcter jurdico y, adems, produce efectos de esta naturaleza. Por ello, la impugnacin deducida por el Abogado del Estado debe ser admitida.

De acuerdo con esta hermenutica constitucional, debe concluirse igualmente en este caso que la Resolucin impugnada tiene carcter jurdico y adems produce efectos de esta naturaleza, sin perjuicio de su marcado carcter poltico. Esta conclusin debe afirmarse respecto de la Resolucin en su totalidad, que debe considerarse a este efecto como un conjunto coherente que persigue unas finalidades claramente establecidas y a las que sirven cada uno de sus apartados, cuyo anlisis, por otro lado, incluso considerados individualmente, arroja la misma conclusin.

En efecto, el apartado sexto, al atribuir al Parlamento de Catalua la expresin del poder constituyente, viene a reiterar el contenido del principio primero de la Resolucin 5/X del Parlamento de Catalua, por la que se aprueba la Declaracin de soberana y del derecho a decidir del pueblo de Catalua, que fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 42/2014, de 25 de marzo. A estos efectos, valga recordar el razonamiento del propio Tribunal en el Fundamento Jurdico 2 de dicha Sentencia:

[] el carcter asertivo de la Resolucin impugnada, que acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir, no permite entender limitados sus efectos en el mbito parlamentario al terreno estrictamente poltico, puesto que reclama el cumplimiento de unas actuaciones concretas y este cumplimiento es susceptible del control parlamentario previsto para las resoluciones aprobadas por el Parlamento (art. 146.4 del Reglamento del Parlamento de Catalua).

Ahora bien, el propio apartado Sexto lleva esta premisa hasta sus ltimas consecuencias de manera explcita, al considerar igualmente al Parlamento de Catalua expresin del poder

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constituyente, concretndose en los apartados Tercero y Quinto la apertura del proceso constituyente y la elaboracin de leyes del proceso constituyente. Es ms, la Resolucin parte expresamente de la prdida de la supremaca de la Constitucin en el territorio de Catalua cuando su apartado Sexto seala que reitera que este Parlamento y el proceso de desconexin democrtica no se supeditarn a las decisiones de las instituciones del Estado espaol, en particular del Tribunal Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia a raz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonoma de Catalua votado previamente por el pueblo en referndum, entre otros, y aade su apartado Octavo, como corolario de la premisa inaplicativa acabada de resear, que Insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta Cmara, legtima y democrtica, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de instituciones del Estado Espaol.

Es evidente que la Resolucin tiene carcter jurdico y adems produce efectos de esta naturaleza, que se expondrn de una manera ms detallada a lo largo del presente Acuerdo y, por tanto, que procede la admisin de la impugnacin que se plantea en relacin con la misma.

En consecuencia, corresponde tratar seguidamente la motivacin de la impugnacin que se plantea, para lo cual, en primer lugar, se exponen con carcter general las vulneraciones que determinan la inconstitucionalidad en su conjunto de la Resolucin, sin perjuicio de realizar finalmente un anlisis pormenorizado de los distintos apartados y del anexo de la misma.

II. La Resolucin plantea con carcter general dos tipos de objeciones, entre otras que se detallarn al analizar cada apartado de la misma. Por una parte, el reconocimiento explcito de la soberana de Catalua, la atribucin al Parlamento de Catalua de la expresin del poder constituyente y la declaracin solemne del inicio del proceso constituyente. Y, por otra parte, el compromiso de no supeditar el proceso descrito a las decisiones del Estado espaol, ni por ello, al ordenamiento jurdico, y como corolario de la misma, instar al Gobierno Cataln a actuar en el mismo sentido expresado en la propia Resolucin.

De este modo, las vulneraciones producidas por la Resolucin que se impugna inciden, entre otros a los que se aludir posteriormente, por una parte, sobre los artculos 1.2, 1.3, 2, 23 y 168 de la Constitucin y, por otra parte, de manera especial sobre los artculos 1.1 y 9.1 de la Norma Fundamental, as como sobre el deber de lealtad constitucional del Parlamento de Catalua en los trminos que ha sido establecido por el Tribunal Constitucional. Se produce asimismo la vulneracin de los artculos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonoma de Catalua, aprobado por Ley Orgnica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonoma de Catalua.

II.1. Conviene detenerse en primer lugar en la exposicin general del fundamento de la inconstitucionalidad de la Resolucin, coincidente por otra parte en tales vicios de

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inconstitucionalidad con los determinantes de la inconstitucionalidad ya declarada por el Tribunal Constitucional en el caso de la Resolucin del Parlamento de Catalua 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaracin de soberana y del derecho a decidir del pueblo de Catalua, con la diferencia de que en el presente caso, como se expondr en el apartado siguiente del presente Acuerdo, la inconstitucionalidad debe predicarse del conjunto de la Resolucin.

En relacin con el fundamento de la impugnacin, se considera que, al igual que suceda con la Resolucin 5/X del Parlamento de Catalua, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaracin de soberana y del derecho a decidir del pueblo de Catalua, la Resolucin es inconstitucional por vulnerar fundamentalmente (sin perjuicio de otras infracciones que despus se detallarn) lo dispuesto en los artculos de la Constitucin 1.1, 1.2, 2, 9.1, 23 y 168, as como los artculos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonoma de Catalua, aprobado por Ley Orgnica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonoma de Catalua.

La Resolucin es claramente lesiva de la atribucin de la soberana nacional al pueblo espaol establecida por la Constitucin espaola (art. 1.2. CE), as como de la garanta constitucional de la "indisoluble unidad de la Nacin espaola, patria comn e indivisible de todos los espaoles", unidad que la propia norma suprema eleva a fundamento suyo (art. 2 CE). En consecuencia, dicha inconstitucionalidad resulta predicable respecto del conjunto de la Resolucin como un todo, pues resulta indubitable que plantea una cuestin que afecta al orden constituido y al fundamento mismo del orden constitucional.

De este mismo esquema parte el Estatuto de Autonoma de Catalua, en sus artculos 1 y 2.4. De conformidad con su artculo 1 Catalua, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autnoma de acuerdo con la Constitucin y con el presente Estatuto, que es su norma institucional bsica. Por su parte, el artculo 2.4 establece que Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Catalua y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitucin, tras determinar en el artculo 2.2 que La Generalitat est integrada por el Parlamento, la Presidencia de la Generalitat, el Gobierno y las dems instituciones que establece el Captulo V, del Ttulo II.

Resumiendo la doctrina constitucional sobre la soberana nacional residenciada en el pueblo espaol de la que emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2 CE), la Sentencia del Tribunal Constitucional 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4.a), ha recordado que "la estructuracin del poder del Estado se basa, segn la Constitucin, en el principio de unidad, fundamento de la propia Constitucin, y en los de autonoma y solidaridad", pues -como ya se dijo en la temprana STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3- "la Constitucin parte de la unidad de la Nacin espaola que se constituye en Estado social y democrtico de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo espaol en el que reside la soberana nacional", de manera que "autonoma no es soberana -y

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an este poder tiene sus lmites-, y dado que cada organizacin territorial dotada de autonoma es una parte del todo, en ningn caso el principio de autonoma puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de ste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitucin", lo que supone que, "como una consecuencia del principio de unidad y de la supremaca del inters de la Nacin", el Estado quede colocado "en una posicin de superioridad, tal y como establecen diversos preceptos de la Constitucin tanto en relacin a las Comunidades Autnomas, concebidas como entes dotadas de autonoma cualitativamente superior a la administrativa (arts. 150.3 y 155, entre otros), como a los entes locales (art. 148.1.2)". Y concluye la STC 247/2007, de 12 de diciembre, que "el Estado autonmico se asienta en el principio fundamental de que nuestra Constitucin hace residir la soberana nacional en el pueblo espaol (art. 1.2 CE)", aadiendo, con cita de la STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3, que la Constitucin "no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales histricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitucin y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su mbito, sin que queden fuera de ella situaciones 'histricas' anteriores".

La Constitucin Espaola se describe a s misma en el prembulo como proclamacin de la voluntad de "la Nacin espaola [...] en uso de su soberana", y seala que esta Nacin ha de entenderse no slo como pueblo espaol del presente sino como pueblo espaol en su historia pasada y futura ("La Nacin espaola, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberana, proclama su voluntad"). Pero, sobre ello, la Nacin espaola -cuya "indisoluble unidad" es el fundamento mismo de la norma suprema (art. 2 CE)- aparece constitucionalmente no slo como "la patria comn e indivisible de todo los espaoles", sino como el sujeto constitucional que "reconoce y garantiza el derecho a la autonoma de las nacionalidades y regiones que la integran", a las que el Prembulo llama "pueblos de Espaa".

Como seala el Consejo de Estado, en el Dictamen 1.119/2008, de 3 de julio, "la autonoma poltica no puede legitimar el pronunciamiento de una parte del electorado acerca de una decisin de orden constitucional que [...] afecta a aspectos esenciales de todo el Estado y a todos los poderes pblicos en general". (Dictamen emitido con ocasin de la impugnacin de la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulacin de una consulta popular al objeto de recabar la opinin ciudadana de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco sobre la apertura de un proceso de negociacin para alcanzar la paz y la normalizacin poltica, declarada inconstitucional por STC 103/2008, de 11 de septiembre).

Cabe asimismo tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con otros textos constitucionales de nuestro entorno, la Constitucin espaola no prohbe que se reforme ninguno de sus preceptos, pudiendo incluso llegar a modificarse el propio modelo de Estado. En caso de

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producirse esta situacin, lo que la Constitucin s exige es que para ello se siga el procedimiento previsto en el artculo 168 CE, pues "la Constitucin Espaola, a diferencia de la francesa o la alemana, no excluye de la posibilidad de reforma ninguno de sus preceptos ni somete el poder de revisin constitucional a ms lmites expresos que los estrictamente formales y de procedimiento" (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7).

Partiendo de esta premisa, una reforma constitucional que conlleve un cambio sustancial del modelo de Estado ha de ser el producto de una decisin del pueblo espaol en su conjunto, titular de la soberana nacional (art. 1.2 CE y Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2008, de 29 de enero, FJ 10), lograda, precisamente, con la estricta y rigurosa observancia de cuanto dispone el artculo 168 CE, aplicado con el ms absoluto respeto a los principios de la propia Constitucin. Este es el significado jurdico esencial, o por lo menos uno de los significados esenciales, de la clusula de soberana popular recogida en el art. 1.2 CE. Autonoma no es soberana: lo advirti, como acabamos de recordar, la temprana Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981, FJ 3; lo repiti la Sentencia 100/1984, de 8 de noviembre, FJ 3, y lo ha reiterado la Sentencia 247/2007, de 12 de diciembre, en el pasaje antes transcrito.

En consecuencia, el reconocimiento de un nuevo sujeto soberano en el pueblo cataln -un sujeto con capacidad para autodeterminarse polticamente, sea mediante 'asociacin' con Espaa o 'nueva relacin' con el Estado espaol, sea incluso mediante desmembracin del Reino de Espaa, sea de cualquier otra manera- requiere una previa decisin constituyente, polticamente imputable al soberano constitucional ("el pueblo espaol", art. 1.2 CE) y encauzada a travs del procedimiento del artculo 168 de la Norma Fundamental.

Y es esta misma nocin de soberana la que ha recogido el Tribunal Constitucional en el fundamento jurdico 4 de su Sentencia 103/2008, de 11 de septiembre, que se transcribe a continuacin, prcticamente en su integridad, por su carcter ilustrativo. Afirma el Alto Tribunal que:

En estos trminos resulta indudable que plantea una cuestin que afecta al orden constituido y tambin al fundamento mismo del orden constitucional. Una afectacin de esa naturaleza y con tal alcance es desde luego factible en nuestro Ordenamiento, toda vez que, en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitucin, segn recordamos en la STC 48/2003, de 12 de marzo, F. 7, siempre y cuando no se defienda a travs de una actividad que vulnere los principios democrticos o losderechos fundamentales, no hay lmites materiales a la revisin constitucional, habiendo subrayado entonces que [h]asta ese punto es cierta la afirmacin de que "la Constitucin es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de l quepan opciones polticas de muy diferente signo" (STC 11/1981, de 8 de abril, F. 7). Pero el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable. Es ms, tratar de

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sortear, eludir o simplemente prescindir de esos procedimientos sera intentar una inaceptable va de hecho (incompatible con el Estado social y democrtico de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitucin al margen de ella o conseguir su ineficacia prctica.

La Ley recurrida presupone la existencia de un sujeto, el Pueblo Vasco, titular de un derecho a decidir susceptible de ser ejercitado [art. 1 b) de la Ley impugnada], equivalente al titular de la soberana, el pueblo espaol, y capaz de negociar con el Estado constituido por la Nacin espaola los trminos de una nueva relacin entre ste y una de las Comunidades Autnomas en las que se organiza.

La identificacin de un sujeto institucional dotado de tales cualidades y competencias resulta, sin embargo, imposible sin una reforma previa de la Constitucin vigente. En realidad el contenido de la consulta no es sino la apertura de un procedimiento de reconsideracin del orden constituido que habra de concluir, eventualmente, en una nueva relacin entre el Estado y la Comunidad Autnoma del Pas Vasco; es decir, entre quien, de acuerdo con la Constitucin, es hoy la expresin formalizada de un ordenamiento constituido por voluntad soberana de la Nacin espaola, nica e indivisible (art. 2 CE), y un sujeto creado, en el marco de la Constitucin, por los poderes constituidos en virtud del ejercicio de un derecho a la autonoma reconocido por la Norma fundamental. Este sujeto no es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nacin constituida en Estado. Y es que, como recordamos en la STC 247/2007, de 12 de diciembre, F. 4 a), con cita de la STC 4/1981, de 2 de febrero, F. 3, la Constitucin parte de la unidad de la Nacin espaola, que se constituye en Estado social y democrtico de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo espaol en el que reside la soberana nacional. El procedimiento que se quiere abrir, con el alcance que le es propio, no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos espaoles, pues en el mismo se abordara la redefinicin del orden constituido por la voluntad soberana de la Nacin, cuyo cauce constitucionalmente no es otro que el de la revisin formal de la Constitucin por la va del art.168 CE, es decir, con la doble participacin de las Cortes Generales, en cuanto representan al pueblo espaol (art. 66.1 CE), y del propio titular de la soberana, directamente, a travs del preceptivo referndum de ratificacin (art. 168.3 CE).

La cuestin que ha querido someterse a consulta de los ciudadanos de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco afecta (art. 2 CE) al fundamento del orden constitucional vigente (en la medida en que supone la reconsideracin de la identidad y unidad del sujeto soberano o, cuando menos, de la relacin que nicamente la voluntad de ste puede establecer entre el Estado y las Comunidades Autnomas) y por ello slo puede ser objeto de consulta popular por va del referndum de revisin constitucional. Es un asunto

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reservado en su tratamiento institucional al procedimiento del art. 168 CE. La que aqu nos ocupa no puede ser planteada como cuestin sobre la que simplemente se interesa el parecer no vinculante del cuerpo electoral del Pas Vasco, puesto que con ella se incide sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustradas a la decisin de los poderes constituidos. El respeto a la Constitucin impone que los proyectos de revisin del orden constituido, y especialmente de aquellos que afectan al fundamento de la identidad del titular nico de la soberana, se sustancien abierta y directamente por la va que la Constitucin ha previsto para esos fines. No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autnomas ni de cualquier rgano del Estado, porque sobre todos est siempre, expresada en la decisin constituyente, la voluntad del pueblo espaol, titular exclusivo de la soberana nacional, fundamento de la Constitucin y origen de cualquier poder poltico.

Por tanto, cuando se declara, como es el caso que nos ocupa, que la soberana y el poder constituyente, el poder ms alto, el poder soberano sobre los dems poderes, el poder de decidir sobre la organizacin poltica interna y externa, corresponde a un pueblo, decimos que ese pueblo es soberano o que goza de soberana nacional. En este sentido, la admisin de la Resolucin catalana supondra aceptar que una parte del pueblo espaol, en este caso, el cataln, pudiera, en hiptesis, abrir un proceso constituyente, por su nica y soberana voluntad e imponer esa apertura de un periodo constituyente a la gran mayora del pueblo espaol, expresndose la tensin entre el pueblo espaol como titular de la soberana nacional y una parte del mismo (en este caso, el cataln) al que se reconocera en la prctica una capacidad exorbitante de las competencias de mbito territorial limitado y afectantes al orden constitucional establecido, como ha sealado el Consejo de Estado en el Dictamen 1.119/2008, de 3 de julio.

Y este mismo concepto de pueblo soberano es el ratificado por el Tribunal Constitucional cuando ha enjuiciado la constitucionalidad del propio Estatuto de Autonoma de Catalua, aprobado por Ley Orgnica 6/2006, de 19 de julio, en su STC 31/2010, de 28 de junio. En concreto, al afirmar la constitucionalidad del artculo 2.4 del Estatuto de Autonoma de Catalua, por cuanto proclama que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Catalua el Alto Tribunal sentencia que

El pueblo de Catalua no es, por tanto, en el art. 2.4 EAC, sujeto jurdico que entre en competencia con el titular de la soberana nacional cuyo ejercicio ha permitido la instauracin de la Constitucin de la que trae causa el Estatuto que ha de regir como norma institucional bsica de la Comunidad Autnoma de Catalua. El pueblo de Catalua comprende as el conjunto de los ciudadanos espaoles que han de ser destinatarios de las normas, disposiciones y actos en que se traduzca el ejercicio del poder pblico constituido en Generalitat de Catalua. Justamente por ser destinatarios de los mandatos de ese poder pblico, el principio constitucional

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democrtico impone que tambin participen, por los cauces constitucional y estatutariamente previstos, en la formacin de la voluntad de los poderes de la Generalitat. Tal es el designio que justifica la expresin pueblo de Catalua en el art. 2.4 EAC, por entero distinta, conceptualmente, de la que se significa en nuestro Ordenamiento con la expresin pueblo espaol, nico titular de la soberana nacional que est en el origen de la Constitucin y de cuantas normas derivan de ella su validez. (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 9).

La declaracin del Parlamento de Catalua de que el Parlamento cataln es depositario de la soberana y expresin del poder constituyente supone declarar que el pueblo cataln es titular de una soberana nacional distinta a la del pueblo espaol, vulnerando frontalmente y de manera evidente lo dispuesto en el art. 1.2 CE, segn ha interpretado el Alto Tribunal, el cual contina diciendo en el FJ 11 de la misma STC 31/2010, de 28 de junio, lo siguiente:

baste decir ahora que llevaran razn los recurrentes si la ciudadana catalana a la que se refiere el art. 7 EAC (y con l los arts. 6.2 y 11.2 EAC) pretendiera oponerse a la ciudadana espaola, ofrecindose como una condicin distinta y predicada de un sujeto ajeno al pueblo espaol del art. 1.2 CE y titular entonces de alguna suerte de poder soberano de imposible reconduccin al ejercido por el poder constituyente cuya voluntad se ha formalizado en la Constitucin Espaola. [...] [L]os ciudadanos de Catalua no pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como la unidad ideal de imputacin del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitucin y del Ordenamiento (STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10), siendo claro que las causas determinantes de una condicin jurdica -sea la de elector, como en el supuesto de la STC 12/2008, sea, como ahora, la de ciudadano de Catalua- no afectan [] a esta unidad ideal, sino al conjunto de quienes, como ciudadanos, estn sometidos al Ordenamiento espaol y no tienen, en cuanto tales, ms derechos que los que la Constitucin les garantiza, con el contenido que, asegurado un mnimo constitucional indisponible, determine el legislador constituido (STC 12/2008, loc. cit.), se trate, segn los casos, del legislador estatal o del autonmico.

Por todo lo expuesto, la Resolucin impugnada no tiene cabida en el orden constitucional vigente en tanto que el pueblo soberano es la unidad ideal de imputacin del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitucin y del Ordenamiento (STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10).

Y por ello, resulta manifiesta la vulneracin de los artculos 1.2 y 2 CE, cuya reforma, exige adems, el tratamiento institucional que les es propio, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 168 CE, por lo que, por inobservancia, este precepto tambin se ve conculcado. Esta inobservancia determina igualmente la vulneracin del artculo 23 de la Constitucin, por cuanto

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la Resolucin al atribuir a Catalua la soberana y reservar al Parlamento cataln la expresin del poder constituyente, vulnera preceptos constitucionales que resuelven estas cuestiones tras el proceso constituyente y solo pueden revisarse, como ha sealado el Tribunal Constitucional, por el mecanismo del artculo 168 con participacin de todos los ciudadanos espaoles.

Resultan igualmente vulnerados los artculos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonoma de Catalua.

II.2.- En segundo trmino es menester recordar que el artculo 9.1 de la Constitucin consagra el principio de primaca de la Constitucin, al establecer que [L]os ciudadanos y los poderes pblicos estn sujetos a la Constitucin y al resto del ordenamiento jurdico. Pues bien, siendo esta sujecin predicable de todos los poderes pblicos en general, es predicable, en este caso, del Parlamento de Catalua en particular, el cual, al aprobar la Resolucin aqu cuestionada, est incumpliendo este deber constitucional como poder pblico.

En trminos generales, en relacin con el principio de primaca de la Constitucin previsto en el artculo 9.1 CE, expresin de la clausula de Estado de Derecho contemplada en el artculo 1.1 CE, el Tribunal Constitucional estableci en fecha temprana que no se trataba de una mera declaracin programtica, sino que, por el contrario, se configura como un precepto que vincula a todos los poderes pblicos y es origen inmediato de derechos y obligaciones STC 21/1981, de 21 de junio, F.J. 17-. Configuracin de la Constitucin que implica, en definitiva, que se trata de una norma cualitativamente distinta de las dems, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia poltica y de informar todo el ordenamiento jurdico. La Constitucin es as la norma fundamental y fundamentadora de todo el orden jurdico STC 9/1981, de 31 de marzo, F.J. 3-.

Con un carcter an ms especfico, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha tenido ya ocasin de pronunciarse sobre estas cuestiones precisamente en relacin con la Comunidad Autnoma de Catalua, dado que, tal y como ya se ha indicado con anterioridad, en la Sentencia 42/2014 ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso del Gobierno contra la Resolucin 5/X del Parlamento de Catalua, por la que se aprueba la Declaracin de soberana y del derecho a decidir del pueblo de Catalua y ha declarado "inconstitucional y nulo" el principio primero que recoge dicho documento, principio segn el cual "el pueblo de Catalua tiene, por razones de legitimidad democrtica, carcter de sujeto poltico y jurdico soberano". Pues bien, el Tribunal ha considerado (FJ 3) que:

a) La clusula primera de la Declaracin, que proclama el carcter de sujeto poltico y jurdico soberano del pueblo de Catalua debe ser considerada inconstitucional y nula. En efecto, su texto literal va ms all de las apelaciones de legitimidad histrica y democrtica que se hacen en el prembulo. En su contenido se incluyen con carcter global los aspectos poltico y jurdico de la soberana. Se redacta en trminos de presente, en contraste con el resto de los principios de la Resolucin, que aparecen redactados como

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mandatos de futuro o en forma dentica. Se trata, pues, de un principio que, en su formulacin, no aparece sometido a la modulacin que puede resultar de los principios subsiguientes.

En suma, el reconocimiento que lleva a cabo del pueblo de Catalua como sujeto poltico y jurdico soberano resulta contrario a los arts. 1.2 y 2 CE y a los arts. 1 y 2.4 EAC, as como, en relacin con ellos, a los arts. 9.1 y 168 CE, invocados por el Abogado del Estado, en la medida en que, respectivamente, consagran los principios de primaca de la Constitucin y someten la reforma del ttulo preliminar de esta, entre otros preceptos, a un procedimiento y a unos requisitos determinados. Esta apreciacin comporta la procedencia de efectuar el correspondiente pronunciamiento de inconstitucionalidad en el fallo de esta resolucin. Esto no es obstculo a lo que se dir ms adelante en cuanto a la constitucionalidad del resto de la Resolucin del Parlamento de Catalua [].

En suma, la Resolucin al plantear en sus diferentes apartados la expresa inaplicacin de la Constitucin en una parte del territorio estatal, est vulnerando el principio de primaca constitucional establecido en el artculo 9.1 CE, alterando con ello el sistema de valores esenciales que constituye el orden de convivencia poltica, en trminos incompatibles con un Estado de Derecho, por lo que resulta igualmente vulnerado el artculo 1.1 de la Constitucin.

Ello se traduce en la vulneracin del deber de lealtad constitucional en los trminos que ha sido establecido por la Jurisprudencia Constitucional. Por lealtad constitucional cabe entender sujecin o acatamiento a la supremaca constitucional. En efecto, el Tribunal Constitucional as lo ha entendido en repetidas ocasiones. As en la STC 122/1983, de 16 de diciembre, en la que fue objeto de control de constitucionalidad el deber de los parlamentarios gallegos de jurar o prometer acatar y guardar fidelidad a la Constitucin y al Estatuto, el Tribunal estableci que la citada obligacin no implicaba la adhesin ideolgica a los contenidos concretos de las normas mencionadas, sino a acatar las reglas de juego poltico y el orden jurdico existente y a no intentar su transformacin por medios ilegales. Tal deber, por tanto, no es contrario a la libertad ideolgica consagrada en el artculo 16, sino que es una concrecin del deber de acatamiento a la Constitucin prevista en el artculo 9.1 de la Constitucin, que para el caso de los titulares de los poderes pblicos se traduce en un deber general de realizar sus funciones de conformidad con aqulla. La misma doctrina se repite en la STC 119/1990, de 21 de julio.

III. Una vez expuesto el fundamento general de la impugnacin procede un anlisis ms pormenorizado y esquemtico de cada uno de los apartados y del anexo de la Resolucin, para poner de manifiesto las concretas infracciones constitucionales producidas por la misma.

No obstante, con carcter previo debe sealarse que la inconstitucionalidad que se postula, por ms que puede justificarse respecto de cada uno de los apartados de la Declaracin considerado singularmente, se proyecta sobre la Resolucin en su integridad como un todo, que debe considerarse a este efecto como un conjunto coherente que persigue unas finalidades claramente

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establecidas y a las que sirven cada uno de los apartados de la Declaracin y su anexo, cuyo anlisis, por otro lado, incluso considerados individualmente, arroja la misma conclusin. Por consiguiente, se entiende que la impugnacin debe tener por objeto la totalidad de la Resolucin, incluso si se apreciase que en alguno de los apartados de la Declaracin no concurren las razones de la inconstitucionalidad que despus se expondrn, porque como se ha sealado cada uno de sus nueve apartados y el anexo se integran en la Declaracin como un todo y carecen de sentido al margen de la misma. En esta misma lnea, cabe recordar el criterio del Consejo de Estado sobre la procedencia de impugnar una norma jurdica en su conjunto incluyendo las disposiciones accesorias o instrumentales que no tendran una funcionalidad normativa propia y autnoma (Dictamen 796/2012). Tambin el Tribunal Constitucional ha estimado la procedencia de declarar la inconstitucionalidad de una norma incluso cuando determinadas previsiones en s mismas no incurran en ningn defecto material de constitucionalidad, por ser instrumentales para el cumplimiento del fin de la norma y carecer de sentido dejarlas aisladamente vigentes una vez anulado el contexto del que forman parte (Sentencia de la Sala Primera 143/2012, de 2 de julio de 2012). Ello no obstante, se analizan seguidamente cada uno de los apartados y el anexo de la Declaracin exponiendo, ya de una forma ms esquemtica, las vulneraciones producidas en cada caso:

III.1.- Apartado Primero de la Resolucin.

PRIMERO.- El Parlamento de Catalua constata que el mandato democrtico obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre del 2015 se basa en una mayora de escaos de las fuerzas parlamentarias que tienen el objetivo de que Catalua se convierta en un estado independiente y en una amplia mayora soberanista en votos y escaos que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado.

Este apartado vulnera al menos los artculos 1.1, 1.2, 2, 9.1, 23 y 168 de la Constitucin espaola, as como los artculos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonoma de Catalua. Se pretende, al margen del procedimiento de reforma constitucional, iniciar formalmente el proceso de creacin de Catalua como Estado independiente, mediante un proceso constituyente, que no es el previsto en el artculo 168 de la Constitucin, as como modificar el estatuto jurdico poltico de Catalua sin respetar las previsiones establecidas en el Estatuto de Autonoma de Catalua para su reforma, y se parte de la premisa de una soberana distinta a la establecida por la Constitucin espaola y el Estatuto de Autonoma de Catalua, vulnerando en consecuencia el derecho de participacin poltica de los ciudadanos espaoles al reformar de hecho la Constitucin al margen del procedimiento del artculo 168 de la misma.

III.2.- Apartado Segundo de la Resolucin.

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SEGUNDO.- El Parlamento de Catalua declara solemnemente el inicio del proceso de creacin de un estado cataln independiente en forma de repblica.

Este apartado vulnera al menos los artculos 1.1, 1.2, 2, 9.1, 23 y 168 de la Constitucin espaola, adems del artculo 1.3 y del Ttulo II de la Constitucin espaola, relativos al establecimiento de la Monarqua parlamentaria como forma poltica del Estado espaol y a la Corona. Vulnera igualmente los artculos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonoma de Catalua. Se declara, al margen del procedimiento de reforma constitucional, el inicio del proceso de creacin de Catalua como Estado independiente. Se han sealado ya en los apartados anteriores del presente Acuerdo las razones de la inconstitucionalidad del precepto. Se establece adems la repblica como forma poltica del pretendido nuevo Estado.

III.3.- Apartado Tercero de la Resolucin

TERCERO.- El Parlamento de Catalua proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitucin catalana.

Por las razones expuestas y por tanto por la infraccin de los mismos preceptos constitucionales y estatutarios no puede declararse la apertura de un proceso constituyente, puesto que la soberana corresponde al pueblo espaol, del que emanan los poderes del Estado, y la modificacin de la Constitucin y del Estatuto de Autonoma requiere aplicar los procedimientos establecidos para la reforma de los mismos. Se excluye adems de la participacin que se pretende a los ciudadanos espaoles que no tengan la condicin poltica de catalanes.

III.4. Apartado Cuarto de la Resolucin.

CUARTO.- El Parlamento de Catalua insta al futuro gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas estas declaraciones.

Este apartado es obviamente inconstitucional, por infraccin de los preceptos constitucionales sealados en los apartados anteriores, al resultar las declaraciones que se pretenden hacer efectivas inconstitucionales y contrarias al Estatuto de Autonoma. Se trata por tanto de instar al futuro gobierno a actuar contra el Estado de Derecho y el orden constitucional y estatutario, sometido nicamente a la arbitrariedad de entender vigentes las normas que por el Parlamento cataln (sin exigir mayora alguna cualificada a tal efecto) se consideren como vigentes en cada momento, en un marco de absoluta carencia de seguridad jurdica ni garantas para los ciudadanos, sustituyendo el imperio del Derecho por el imperio de la arbitrariedad de una mayora no cualificada de un Parlamento autonmico y al margen de cualquier procedimiento vlido.

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III.5. Apartado Quinto de la Resolucin.

QUINTO.- El Parlamento de Catalua considera pertinente iniciar en el plazo de treinta das la tramitacin de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pblica.

La referencia al proceso constituyente determina la inconstitucionalidad de este apartado por las mismas razones, vulnerndose adems las competencias estatales en materia de Hacienda General ex artculo 149.1.14 CE, y legislacin bsica y rgimen econmico de la Seguridad Social ex artculo 149.1.17 CE.

En este punto cabe hacer notar la vinculacin de este apartado con los recientes Autos del Tribunal Constitucional de 3 de noviembre de 2015 siguientes:

a) Mantenimiento de la suspensin en relacin con el conflicto positivo de competencia sobre el Decreto de la Generalitat de Catalua 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transicin Nacional; Plan Ejecutivo para la Preparacin de las Estructuras de Estado y Plan de Infraestructuras Estratgicas; y previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicacin o al amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad.

b) Mantenimiento parcial de la suspensin en relacin con determinados preceptos respecto del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno sobre los artculos 69 y 95, y disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Catalua 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas.

Pues bien, en ambos casos estas impugnaciones se refieren a previsiones, bien adoptadas por la Ley catalana 3/2015 en sus disposiciones adicionales 22 y 25, o bien en el Plan Ejecutivo para la Preparacin de Estructuras de Estado o al amparo del Decreto de la Generalitat de Catalua 16/2015, de 24 de febrero, tendentes a planificar y ordenar la regulacin, creacin y puesta en funcionamiento de una Hacienda catalana excluyente de la estatal, as como de una seguridad social propia. Estas previsiones han sido objeto de la decisin por el Tribunal Constitucional del mantenimiento de su suspensin en los referidos Autos, sin que ello haya evitado que nuevamente se promueva la adopcin de estas medidas como se ha expuesto, resultando ello nuevamente inconstitucional.

III.6.- Apartado Sexto de la Resolucin

SEXTO.- El Parlamento de Catalua como depositario de la soberana y expresin del poder constituyente, reitera que esta Cmara y el proceso de desconexin democrtica del Estado espaol no se supeditarn a las decisiones de las instituciones del Estado Espaol, en particular del Tribunal Constitucional, al que se considera carente de legitimidad y de competencia a raz de

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la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonoma de Catalua votado previamente por el pueblo en referndum, entre otras Sentencias.

Como ya se ha sealado, el apartado sexto reitera el contenido de la Resolucin 5/X del Parlamento de Catalua, por la que se aprueba la Declaracin de soberana y del derecho a decidir del pueblo de Catalua, al declarar al Parlamento de Catalua depositario de la soberana. Ahora bien, lleva esta premisa hasta sus ltimas consecuencias de manera explcita, al considerar igualmente al Parlamento de Catalua expresin del poder constituyente. Es ms, parte expresamente de la prdida de la supremaca de la Constitucin y por tanto tambin del Estatuto de Autonoma de Catalua en el territorio de Catalua, con vulneracin consecuente de los artculos 1.1 y 9.1 CE, cuando seala la Resolucin que reitera que este Parlamento y el proceso de desconexin democrtica no se supeditarn a las decisiones de las instituciones del Estado Espaol, en particular del Tribunal Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia a raz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonoma de Catalua votado previamente por el pueblo en referndum, entre otros.

Se vulneran as las exigencias ms elementales de un Estado de Derecho, y por ello al menos los artculos 1.1, 1.2, 2, 9.1, 9.3, 23 y 168, as como las previsiones relativas a la separacin de poderes contenidas en los Ttulos VI y IX de la Constitucin, relativos respectivamente al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Vulnera igualmente los artculos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonoma de Catalua.

Un anlisis con el mnimo rigor arroja la conclusin evidente de que se pretende eludir cualquier control del Tribunal Constitucional, y por ello, del Poder Judicial, que no puede actuar al margen de su vinculacin a las Sentencias del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artculo 38 de su Ley Orgnica. Se pretende con ello derogar, para una parte del territorio, no solo el Ttulo IX de la Constitucin y todo lo relativo al bloque de la constitucionalidad sobre el Tribunal Constitucional, sino violentar las notas caracterizadoras de la propia configuracin constitucional del Estado como Estado de Derecho, y la ms elemental idea democrtica, puesto que se infringe abiertamente la separacin de poderes, premisa esencial de cualquier ordenamiento jurdico democrtico. Sin separacin de poderes, el Parlamento cataln, o mejor dicho, la mayora no cualificada del mismo, queda como poder absoluto y omnmodo sin lmite ni garanta alguna, desapareciendo la seguridad jurdica por completo.

III.7.- Apartado Sptimo de la Resolucin

SPTIMO.- El Parlamento de Catalua deber adoptar las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexin del Estado espaol, de una manera democrtica, masiva, sostenida y pacfica que permita el empoderamiento de la ciudadana a todos los niveles y se base en una participacin abierta, activa e integradora.

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En realidad se produce el desapoderamiento de los ciudadanos, inermes ante la mayora no cualificada del Parlamento cataln, privados de los derechos que se puedan derivar del ordenamiento jurdico que no se acata, desposedos de su derecho a la tutela judicial efectiva. Por todo ello, y por lo ya expuesto, el apartado es inconstitucional. Se vulneran as las exigencias ms elementales de un Estado de Derecho, y por ello al menos los artculos 1.1, 1.2, 2, 9.1, 9.3, 23 y 168 entre otros. Vulnera igualmente los artculos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonoma de Catalua.

III.8.- Apartado Octavo de la Resolucin y anexo de la misma.

OCTAVO.- El Parlamento de Catalua insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o los mandatos emanados de esta Cmara, legtima y democrtica, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan resultar afectados por decisiones de las instituciones del Estado Espaol, entre otros los especificados en el anexo de esta resolucin.

Cabe reiterar en este punto lo sealado en el apartado anterior. No resulta necesario extenderse para reiterar que los ciudadanos quedan privados de los derechos atribuidos por el ordenamiento vigente, sujetos solo al poder de la mayora no cualificada del Parlamento cataln.

En cuanto al anexo, lo esencial no es tanto el contenido del mismo, como que se incluye en la Resolucin a efectos de lo dispuesto en el apartado octavo de la misma, es decir, a fin de blindar previa enumeracin de los mismos (entre otros, es decir, sin carcter exhaustivo) los derechos fundamentales que puedan estar afectados por las decisiones de las instituciones del Estado Espaol, que son, entre otros, segn el apartado octavo, entre otros los descritos en el anexo de esta resolucin.

Lo cierto es que el anexo no enumera derechos fundamentales, sino que alude a distintas iniciativas polticas y jurdicas en materia de pobreza energtica, vivienda, sanidad, educacin, garanta de las libertades pblicas, Administraciones locales, personas refugiadas, aborto y financiacin de un plan de choque social y de gestin de la deuda. Estas medidas no corresponden en todos los casos a las competencias de la Generalitat de Catalua. Sin embargo lo esencial no es la descripcin de estas medidas que se realiza en el anexo. Lo determinante de la inconstitucionalidad que se postula tambin respecto del anexo deriva de dos razones diferenciadas:

a) En primer lugar, como ya se ha sealado, la inconstitucionalidad que se postula, por ms que puede justificarse respecto de cada uno de los apartados de la Declaracin considerado singularmente, y de su anexo, se proyecta sobre la Resolucin en su integridad como un todo, que debe considerarse a este efecto como un conjunto coherente que persigue unas finalidades claramente establecidas y a las que sirven cada uno de los

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apartados de la Declaracin, y su anexo, cuyo anlisis, por otro lado, incluso considerados individualmente, arroja la misma conclusin.

b) En segundo lugar, el objeto de la Resolucin respecto de las medidas que se exponen en su anexo no es nicamente el de instar al Gobierno de la Generalitat a actuar en el sentido descrito en cada caso, en algunos supuestos excediendo el marco competencial, sino por el contrario identificar derechos fundamentales que pretenden blindarse de las decisiones que se adopten por las instituciones del Estado espaol. Y aunque lo cierto es que no se identifican derechos fundamentales como tales, lo esencial es que el anexo carece de sentido alguno, en los trminos que remite al mismo el apartado octavo de la Resolucin que lo aprueba, al margen de la Resolucin en su conjunto, y que la finalidad de la aprobacin del anexo es idntica a la expuesta respecto del apartado octavo que remite al anexo, por lo que debe concluirse igualmente su inconstitucionalidad, a lo que cabe aadir la carencia absoluta de la seguridad jurdica exigible en un Estado de Derecho en cuanto se alude a unos derechos fundamentales que despus no se identifican.

III.9.- Apartado Noveno de la Resolucin

NOVENO.- El Parlamento de Catalua declara la voluntad de iniciar negociaciones con el fin de hacer efectivo el mandato democrtico de creacin de un estado cataln independiente en forma de Repblica y, acuerda ponerlo en conocimiento del Estado espaol, de la Unin Europea y del conjunto de la comunidad internacional.

Se vulneran as las exigencias ms elementales de un Estado de Derecho, y por ello, al menos, los artculos 1.1, 1.2, 1.3, 2, 9.1, 9.3, 23 y 168, adems de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales ex artculo 149.1.3 CE. Vulnera igualmente los artculos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonoma de Catalua.

El plazo para formalizar la presente impugnacin finaliza el 9 de enero de 2016.

La presente propuesta ha sido elaborada por la Direccin General de Coordinacin de Competencias con las Comunidades Autnomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas y de acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, en su reunin del da de noviembre de 2015

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ACUERDA

1. Plantear ante el Tribunal Constitucional la impugnacin de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autnomas prevista en el artculo 161.2 de la Constitucin contra la Resolucin 1/XI del Parlamento de Catalua sobre el inicio del proceso poltico en Catalua como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 y su anexo, aprobada el 9 de noviembre de 2015 y publicada en el Boletn Oficial del Parlamento de Catalua nmero 7, de 9 de noviembre de 2015, conforme al artculo 161 de la Constitucin y al Ttulo V de la Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, con expresa invocacin del artculo 161.2 de la Constitucin a fin de que se produzca la suspensin de dicha Resolucin incluido su anexo.

2. Solicitar al Tribunal Constitucional que se notifique personalmente la providencia de suspensin que se dicte, a la Sra. Presidenta del Parlamento de Catalua, y Presidenta de la Mesa del Parlamento de Catalua, D CARMEN FORCADELL i LLUS y al Presidente en funciones de la Generalitat de Catalua, D. ARTUR MAS i GAVARR, y en su caso a la persona que para el desempeo del cargo de Presidente de la Generalitat resulte nombrado como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento cataln recin constituido. Se notifique asimismo tambin la misma resolucin judicial a cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento de Catalua: Vicepresidente primero, D. LLUS M. COROMINAS i DAZ; al Vicepresidente Segundo, D. JOS MARA ESPEJO-SAAVEDRA CONESA; a la Secretaria Primera, D ANNA SIM i CASTELL; al Secretario Segundo, D. DAVID PREZ IBEZ; al Secretario Tercero, D. JOAN JOSEP NUET i PUJALS; a la Secretaria Cuarta, D RAMONA BARRUFET i SANTACANA; y al Secretario General del Parlamento, D. PERE SOL i ORDIS. Se notifique por ltimo a los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat, Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Bienestar Social y Familia, D. NEUS MUNT i FERNNDEZ, Consejero de la Presidencia, D. FRANCESC HOMS i MOLIST, Consejera de Gobernacin y Relaciones Institucionales D. MERITXELL BORRS i SOL, Consejero de Economa y Conocimiento, D. ANDREU MAS-COLELL, Consejera de Enseanza, D. IRENE RIGAU i OLIVER, Consejero de Salud, D. BOI RUIZ i GARCIA, Consejero de Interior, D. JORDI JAN i GUASCH, Consejero de Territorio y Sostenibilidad, D. SANTI VILA i VICENTE, Consejero de Cultura, D. FERRAN MASCARELL i CANALDA, Consejero de Agricultura Ganadera, Pesca y Alimentacin, D. JORDI CIURANETA i RIU, Consejero de Empleo y Ocupacin, D. FELIP PUIG i GODES, Consejero de Justicia, D. GERM GORD i AUBARELL, y, en su caso, a quienes resulten

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designados por el Presidente de la Generalitat como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento de Catalua. Asimismo solicitar al Tribunal Constitucional que, en dicha notificacin, se imponga a la Sra. Presidenta del Parlamento de Catalua, a los miembros de la Mesa del Parlamento de Catalua y al Secretario General del Parlamento la prohibicin expresa de admitir a trmite, ya sea para su toma en consideracin, ya para su debate o votacin, iniciativa alguna de carcter legislativo o de cualquier otra ndole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la Resolucin suspendida; y al Sr. Presidente de la Generalitat y a todo su Consejo de Gobierno, la prohibicin de promover iniciativa legislativa o de dictar norma de rango reglamentario o de realizar cualquier otra actuacin con la misma finalidad. Finalmente, solicitar tambin al Tribunal Constitucional que la notificacin se practique a todos ellos bajo apercibimiento expreso de suspensin en sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el art. 92.4.b) de la LOTC, as como de procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, en caso de incumplimiento.

ELVESE AL CONSEJO DE MINISTROS

Madrid, a de noviembre de 2015

EL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS

Cristbal Montoro Romero