Recurso de Casación N° 402-2009

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Recurso de Casación N° 402-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUEZ PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA ACTOR: SR. LEONARDO JAVIER MORALES BRIONES (RECURRENTE) DEMANDADO: EMELMANABÍ S.A Y SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO (RECURRENTES) Quito, 25 de febrero de 2013 ; las 16h31 VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de haber sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición mediante Resolución No. 4-2012 de 25 de enero de 2012, las Resoluciones de 30 de enero de 2012 y de 28 de marzo de 2012, de integración de las Salas Especializadas emitidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, así como el acta del sorteo electrónico de causas y de integración de Tribunales de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 4 de abril de 2012. El señor Leonardo Javier Morales Briones, actor de la causa; el doctor Jaime Andrés Robles Cedeño, Director Regional No. 3 de la Procuraduría General del Estado; y el ingeniero Horacio Javier Sierra Torres, como Gerente Regional de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, antes EMELMANABÍ, y como Procurador Judicial del ingeniero Luis Patricio Villavicencio González, Gerente General y representante legal de CNEL, entidad demandada, interponen sendos recursos de casación en contra de la sentencia dictada el 12 de enero de 2009 por el Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Portoviejo, que aceptó parcialmente la demanda por indemnización y reparaciones de daños materiales y morales por la deficiente prestación de servicio público. Los recursos interpuestos han sido admitidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 18 de febrero de 2010. El actor del proceso, señor Leonardo Javier Morales Briones, sostiene que en la sentencia recurrida se incurre en errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, al decidir que para el cobro de las

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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR

SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

JUEZ PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA

ACTOR: SR. LEONARDO JAVIER MORALES BRIONES

(RECURRENTE)

DEMANDADO: EMELMANABÍ S.A Y SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

(RECURRENTES)

Quito, 25 de febrero de 2013 ; las 16h31

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de haber sido designados por el Consejo

de la Judicatura de Transición mediante Resolución No. 4-2012 de 25 de enero de 2012, las Resoluciones

de 30 de enero de 2012 y de 28 de marzo de 2012, de integración de las Salas Especializadas emitidas

por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, así como el acta del sorteo electrónico de causas y de

integración de Tribunales de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 4 de abril de 2012. El señor

Leonardo Javier Morales Briones, actor de la causa; el doctor Jaime Andrés Robles Cedeño, Director

Regional No. 3 de la Procuraduría General del Estado; y el ingeniero Horacio Javier Sierra Torres, como

Gerente Regional de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, antes EMELMANABÍ, y como

Procurador Judicial del ingeniero Luis Patricio Villavicencio González, Gerente General y representante

legal de CNEL, entidad demandada, interponen sendos recursos de casación en contra de la sentencia

dictada el 12 de enero de 2009 por el Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo, con sede

en la ciudad de Portoviejo, que aceptó parcialmente la demanda por indemnización y reparaciones de

daños materiales y morales por la deficiente prestación de servicio público. Los recursos interpuestos han

sido admitidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia,

mediante auto de 18 de febrero de 2010. El actor del proceso, señor Leonardo Javier Morales Briones,

sostiene que en la sentencia recurrida se incurre en errónea interpretación de normas de derecho,

incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, al decidir que para el cobro de las

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indemnizaciones deba constituirse un fideicomiso, desconociendo que él es una persona plenamente capaz

de administrar sus bienes, con lo que se le estaría negando el derecho a obtener los recursos suficientes

para cubrir sus deudas y los gastos que representa su discapacidad, ya que la cantidad que deberá recibir

mensualmente es insuficiente. En tal virtud, fundamenta su recurso en la causal segunda del artículo 3 de

la Ley de Casación por aplicación indebida del artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, porque al

haberse producido el silencio administrativo, el proceso era de ejecución y no de conocimiento, como

equivocadamente ha sido tramitado por el Tribunal de instancia. Además, fundamenta su recurso en la

causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por errónea interpretación del artículo 2.232 del Código

Civil, que dispone que queda en la prudencia del juez fijar el monto de las indemnizaciones; y por errónea

interpretación de precedentes jurisprudenciales obligatorios al constituir un fideicomiso para el cobro de

las indemnizaciones, desconociendo que no se encuentra en una situación de incapacidad legal que

justifique tal decisión. Alega, también, que es erróneo el argumento de utilizar parámetros de promedio de

vida fijados por la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el Director Regional No. 3 de la

Procuraduría General del Estado con sede en Portoviejo, fundamenta su recurso en la causal primera del

artículo 3 de la Ley de Casación por errónea interpretación de normas de derecho incluyendo precedentes

jurisprudenciales obligatorios; y, en la causal cuarta porque la sentencia no resolvió todos los puntos de la

litis. Alega que las normas infringidas son los artículos 20, inciso primero, 118 y 249 de la Constitución

Política de 1998; 6, 11 y 12 del Régimen del Sector Público (sic); 200 del Estatuto del Régimen Jurídico y

Administrativo de la Función Ejecutiva; y, 71, numeral cuarto, 273 y 274 del Código de Procedimiento

Civil. Sostiene que el actor no probó la deficiencia en la prestación del servicio público, existiendo, más

bien, negligencia tanto de la víctima como del dueño de la vivienda que la construyó sin tomar en cuenta

que los cables de alta tensión existían por más de cincuenta años; además que la demanda no señala la

cosa cantidad o hecho que se exige, contrariando la norma del artículo 71 del Código de Procedimiento

Civil; finalmente, sostiene que la institución demandada ha justificado sus excepciones lo que no ha sido

evidenciado por el Tribunal, incurriendo en

errónea interpretación de normas de derecho y precedentes jurisprudenciales obligatorios. De otro lado, el

recurso de casación interpuesto por el representante de la entidad pública demandada, Corporación

Nacional de Electricidad, antes EMELMANABÍ, está fundamentado en las causales primera y tercera del

artículo 3 de la Ley de Casación por errónea interpretación de normas de derecho y precedentes

jurisprudenciales obligatorios y por “resolución, en la sentencia o auto, de la omisión de resolver en ella

todos los puntos de la litis”. Considera como normas de derecho infringidas las contenidas en los artículos

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20, 118 y 249 de la Constitución Política de 1998; 6, 11 y 12 del Régimen del Sector Eléctrico (sic); 209

del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; 71, numeral 4to., 273 y 274

del Código de Procedimiento Civil. Argumenta su recurso en la improcedencia de la acción porque los

perjuicios sufridos se ocasionaron por la propia negligencia o culpa de la víctima y que, por tanto, no hubo

deficiencia en la prestación del servicio; además, no se ha determinado con claridad qué cosa, cantidad o

hecho se exige en la demanda, tal como lo requiere el artículo 71.4 del Código de Procedimiento Civil. Por

otro lado manifiesta que no se han resuelto en la sentencia todos los puntos controvertidos lo que justifica

la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación. Alega que existe falta de legítimo contradictor porque

su representada no tenía responsabilidad frente a defectos generales del servicio, y que debía plantearse

la demanda al órgano de mayor jerarquía, que en este caso es el Consejo Nacional de Electricidad,

CONELEC, de conformidad a la normativa jurídica, tanto del sector eléctrico, cuanto del régimen que rige

a la Función Ejecutiva. Finalmente, afirma el recurrente que no existen los requisitos formales para la

procedencia de la ejecución de un acto administrativo presunto, como pretende el actor en base al silencio

administrativo positivo. Pedidos los autos para resolver, se considera:-

PRIMERO: El Tribunal de la Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, de

conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República; numeral 1 del

artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la Codificación de la Ley de

Casación.-----------------------------------------------

SEGUNDO: El Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia materia de este

recurso, resolvió aceptar parcialmente la demanda, condenando a la Empresa Eléctrica de Manabí,

EMELMANABÍ S.A., o sus sucesores en derecho, al pago de las indemnizaciones y reparaciones por daños

materiales y morales a favor del señor Leonardo Javier Morales Briones, por la deficiente prestación del

servicio público de distribución de energía eléctrica. El Tribunal de instancia fundamenta su decisión en

que existen daños indemnizables atribuibles al Estado que han generado perjuicios materiales y morales

en el actor de la causa que deben ser resarcidos en virtud del artículo 20 de la Constitución Política de la

República de 1998. Establece la sentencia que la entidad demandada EMELMANABÍ S.A. es responsable de

los daños, debiendo pagar un monto por lucro cesante, por los valores que dejará de percibir en razón de

su incapacidad parcial, equivalente al cincuenta por ciento del valor de la canasta familiar vital multiplicada

por el índice de vida probable de un varón ecuatoriano fijado por la Organización Mundial de la Salud, que

es de setenta años. Adicionalmente, para “[…] atenuar el efecto anímico y sicológico” resolviendo en

equidad, el Tribunal A quo dispuso que EMELMANABÍ S.A., por concepto de daño moral, pague al

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demandante la suma de USD $ 30.000,00 Finalmente, dispone que el pago se haga a través de un

fideicomiso que debe ser constituido para este efecto por la entidad demandada. ------------------------

TERCERO: En primera instancia, de los cargos hechos por la entidad demandada y por la Dirección

Regional de la Procuraduría General del Estado en contra de la sentencia recurrida, esta Sala deberá

determinar si EMELMANABÍ S.A. debía ser la entidad demandada y si el Tribunal A quo resolvió todos los

puntos de la litis. Igualmente determinará si existió una errónea interpretación de las normas enunciadas

referentes a la responsabilidad del Estado por su acción u omisión dañosa. 3.1. Respecto a la legitimidad

pasiva del proceso, esta Sala considera que la demanda se dirigió correctamente en contra de la compañía

EMELMANABÍ S.A. en razón de que, por ser concesionaria del servicio público de energía eléctrica, asumió

la responsabilidad solidaria frente a la deficiencia en el servicio público. Así mismo, por efectos del

contrato suscrito, como bien lo señala el Tribunal de instancia, la concesionaria es la única responsable

respecto de cualquier consecuencia de la prestación del servicio público a su cargo, debiendo indemnizar

por los daños causados en virtud del servicio público que presta. En tal virtud, no tiene lugar el

fundamento de los recurrentes en relación a la falta de legítimo contradictor. 3.2. Del análisis de la

sentencia se puede llegar sin mayor esfuerzo a determinar que la controversia judicial se concretó a

determinar la responsabilidad extracontractual de EMELMANABÍ S.A. y su deber de reparar los daños

causados por la deficiente prestación del servicio público en favor del demandante, señor

Morales Briones, quien recibió una descarga eléctrica que lo dejó con una discapacidad física parcial. Es

decir, que la pretensión del actor fue la reparación de los perjuicios recibidos que no tenía obligación de

soportarlos causados directamente por la prestación deficiente del servicio a cargo de la compañía

demandada. En tal virtud, los jueces del Tribunal desarrollaron su análisis en base a esta pretensión y a la

defensa esgrimida por la contraparte, llegando a emitir su decisión en la sentencia recurrida sin que exista

tema pendiente de resolución. Esta Sala, por tanto, considera que los puntos en los que se concentró el

juzgador fueron los que determinaron la litis, por lo que el cargo hecho en contra de la sentencia por la

causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, es improcedente. 3.3. El artículo 20 de la Constitución

Política de la República, vigente hasta el año 2008, establecía el principio de responsabilidad objetiva del

Estado, de indemnizar a los particulares por los perjuicios que les causaren los funcionarios o empleados

públicos en el desempeño de sus cargos. Este régimen de responsabilidad extracontractual guarda

estrecha relación con las razones fundamentales que explican la existencia misma del Estado. Este

régimen determina que si existe un hecho dañino, que causa perjuicios indemnizables a un particular, que

atribuya jurídicamente por cualquiera de los títulos de imputación al Estado o a sus agentes, nace el deber

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de reparar los perjuicios, sean éstos materiales o inmateriales. Entonces, lo que se deberá determinar

para llegar a concluir que existe el deber de reparación es la presencia de los tres elementos que la

doctrina especializada ha identificado: el daño, el nexo causal y el título de imputación. Es válido afirmar

que si falta uno de estos elementos, el deber de reparar nunca se presenta; es decir, que el régimen de

responsabilidad extracontractual objetiva del Estado se fundamenta en la verificación de los elementos

que quedan señalados, debiendo el juzgador analizar los elementos probatorios que configuren la

existencia del daño, del nexo causal entre el que causa el hecho dañino y la víctima, y la imputación

jurídica de ese hecho a su causante; solo así nacerá la obligación del Estado para reparar íntegramente los

perjuicios irrogados al particular. Queda claro, entonces, que la responsabilidad objetiva del Estado debe

soportarse en los medios probatorios que conduzcan a determinar los elementos que componen el

régimen. No será suficiente la sola mención de la existencia de los hechos para hacer efectiva la aplicación

del referido artículo 20 de la Carta Fundamental anterior. En cuanto al daño, si lo que se pretende es la

reparación de daños materiales, o también llamados patrimoniales, se deberá probar que efectivamente el

hecho dañino produjo una pérdida o disminución patrimonial (daño emergente); o que el hecho impidió o

impedirá el ingreso patrimonial previsto (lucro cesante). De igual manera, para pretender el resarcimiento

de un daño inmaterial o extra patrimonial, el demandante deberá probar que el hecho que provocó el

daño le produjo un sufrimiento, dolor o angustia sicológica o que por efecto del daño sus relaciones

sociales, familiares o con el mundo exterior se vieron gravemente afectadas. Si nos referimos, por otro

lado, al nexo causal y a la imputación del hecho dañino, es necesario verificar que la causa del daño

pueda ser atribuible a la acción u omisión del Estado o sus agentes. Si el hecho que daña fue resultado

directo, se debe determinar el título que le impute el hecho que dé nacimiento al deber de reparar. Uno

de los títulos de imputación es lo que la doctrina denomina “falla del servicio” que no es otra cosa que la

deficiente prestación de los servicios a cargo del Estado. La falla del servicio hace alusión al quiebre en la

obligación del Estado de garantizar la vigencia de todos los derechos fundamentales y la prestación de los

servicios que solventen las necesidades públicas. Como queda dicho, la falla del servicio debe ser probada,

lo que no quiere decir que pierda la objetividad como rasgo distintivo de la responsabilidad estatal. Es

posible, desde luego, que ese nexo causal entre el hecho dañino y el daño producido se rompa por caso

fortuito o fuerza mayor o por hecho de la víctima o hecho de tercero. También es lógico suponer que

estos eventos deben ser probados y fundamentados para que rompan la causalidad como elemento de la

responsabilidad. 3.4. En el caso que se analiza, la sentencia evidencia la existencia de daños imputables a

una entidad que prestaba el servicio público de prestación de energía eléctrica y que tenía, por tanto, la

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obligación de responder frente a una deficiente prestación del servicio. Se evidencia que el hecho dañino

produjo los daños en la víctima demandante y que es imputable a quien prestó deficientemente el

servicio. La Empresa Eléctrica de Manabí tenía la responsabilidad, como concesionaria del servicio público

de energía eléctrica, de garantizar la seguridad en la prestación del servicio. Esta garantía se hace

extensiva aún más por la naturaleza riesgosa que la actividad implica, lo que lleva a suponer que debía

precautelar que los equipos y materiales utilizados en el servicio de trasmisión de energía eléctrica tengan

adecuados y suficientes niveles de seguridad para los particulares usuarios del servicio. Debía

precautelarse, así mismo, como obligación de la concesionaria, que las líneas de tendido eléctrico no

pongan en peligro la vida de los usuarios, De esta manera, los

elementos de causalidad e imputación son evidentes en la sentencia expedida por el Tribunal de

instancia. 3.5. En el caso que no ocupa, es evidente la existencia de una responsabilidad extracontractual

objetiva del Estado, entendiéndose que esta responsabilidad se genera sin consideración del elemento

intencional por parte del agente, es decir que no interesará si hubo culpa o dolo en la conducta del

agente. Se ha madurado la idea de que la responsabilidad administrativa es diferente de la de los

particulares y requiere un tratamiento especial; la responsabilidad del Estado no puede estudiarse en las

normas civiles que regulan la responsabilidad extracontractual, sino en base a los principios y doctrinas del

derecho administrativo en vista de las diferencias sustanciales existentes. En el caso del derecho

administrativo se regulan las relaciones jurídicas de las entidades públicas entre sí y con respecto a los

particulares o administrados, obteniendo prerrogativas especiales que le permiten alcanzar sus objetivos.

Considerando estas especiales características surgió la teoría de la responsabilidad objetiva que se

relaciona a la falla del servicio público, siendo una responsabilidad directa que produce un daño, debido a

que el ente público ha actuado mal, actuó tardíamente o no actuó en su debida oportunidad cuando tenía

que hacerlo. Dentro de esta responsabilidad advertimos la presencia de la culpa, pero no de la actuación

de las personas naturales, sino de una culpa objetiva administrativa o falla del servicio, como lo establece

el Art. 11, numeral 9 de la Constitución de la República. La responsabilidad objetiva administrativa posee

las siguientes características: 1. El daño debe haber lesionado un interés legítimo, patrimonial o

extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación jurídica de soportar. 2.- Determinación del riesgo

que conlleva el servicio público. 3.- Esta responsabilidad se configura considerando lo siguiente:

Existencia de un daño y que éste se impute a una persona de derecho público. 4.- Hay que tomar en

cuenta que no todo perjuicio debe ser reparado, sólo lo será aquel que se denomine antijurídico, es decir

que para su determinación se deberá analizar los elementos propios del daño y la verificación de la

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ausencia de causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo. El Tribunal de

instancia menciona que de las fotografías y certificados aparejados dentro del término probatorio se

puede llegar a establecer la existencia de perjuicios y, que aunque los elementos probatorios de los

elementos sicológicos y anímicos que el hecho ha provocado en el actor no constan acreditados de la

práctica de ninguna diligencia probatoria, son fácilmente deducibles de

los hechos probados. Esta Sala concuerda con la decisión que se plasma en la sentencia porque los

elementos probatorios existentes son suficientes, evidentes y determinantes para concluir que existen

dichos perjuicios. 3.6. La doctrina especializada desarrollada especialmente por vía jurisprudencial ha

determinado con muchísima claridad que el daño moral se manifiesta respecto a la esfera interna de la

víctima, en su componente subjetivo, como un dolor, sufrimiento o desasosiego íntimo, sicológico,

producido como consecuencia del hecho dañino. La sentencia del Tribunal A quo en el desarrollo del

considerando quinto detalla los hechos relacionados al daño moral que ha sufrido el actor, por lo tanto es

evidente que estamos frente a un caso en el que de la observancia de las piezas procesales se determina

que el actor atraviesa por un dolor o sufrimiento, no sólo en su parte física o psíquica sino también que

enfrenta un desajuste por la angustia que le producen las deudas contraídas para tratar la consecuencia

del hecho que le causó daño. Esta Sala manifiesta que respecto a este punto coincide con el criterio de la

Sala de Instancia. El ser humano reviste una complejidad en su naturaleza que no se limita a su fuero

interno, es decir, que la persona humana es multidimensional. Por esta razón, también el desarrollo

doctrinario ha establecido que existe otro daño del tipo extra patrimonial o inmaterial que se diferencia del

daño moral denominado en la jurisprudencia administrativa colombiana como “daño a la vida de relación”,

que constituye una afectación a la esfera exterior de la víctima, que altera, deteriora o disminuye la

calidad de vida de ésta, en sus relaciones con las personas o con las cosas. Esta afectación se refleja en la

vida práctica o en el desenvolvimiento en la vida personal, familiar o social, manifestándose en

impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o

definitivas, que no tienen una significación o contenido monetario, productivo o económico, distinto, por

tanto, del lucro cesante. Este daño a la vida en relación, puede ser causado, principalmente, como

consecuencia de lesiones o trastornos físicos. 3.7. Las pruebas documentales que constan en el proceso

evidencian que los daños físicos producidos por la descarga eléctrica han provocado que la víctima vea

alteradas sus condiciones de vida personal, familiar y social, porque es evidente que su discapacidad le

está provocando una limitación en sus relaciones con el mundo exterior. El no contar con su miembro

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superior y las cicatrices por las quemaduras hacen prever que sus relaciones con otras personas y aún con

las cosas materiales más banales han sufrido una alteración irreversible, que hace necesaria su reparación

como daño inmaterial.----------------------------------------------

CUARTO: Respecto a la constitución de un fideicomiso para el pago de la indemnización de forma

mensual, ordenada por el Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo, esta Sala no encuentra

suficiente justificación para tal decisión, tomando en cuenta que el antecedente jurisprudencial que le

habría servido al Tribunal tenía fundamentos fácticos distintos. Si el demandante ha señalado que es

capaz de administrar por sí mismo sus bienes, no se encuentra sustento jurídico válido y plausible para

negársele tal posibilidad, considerando, además, que podría vulnerarse el principio de reparación integral

buscado por el régimen de responsabilidad objetiva del Estado.----

QUINTO: Con los argumentos que quedan señalados, esta Sala manifiesta que respecto al recurso de

casación interpuesto por el actor, sobre la causal primera, aplicación indebida del Art. 28 de la Ley de

Modernización del Estado, esta Sala comparte el criterio de la Sala de Instancia que se desarrolla en el

considerando quinto de la sentencia, por lo cual considera que no existe aplicación indebida de la norma

citada. Con relación a la causal tercera sobre la errónea interpretación del Art. 2232 del Código Civil, de

los precedentes jurisprudenciales y la aplicación al caso de la conclusión de la Organización Mundial de la

Salud relativa al promedio de vida de un ecuatoriano, es importante indicar lo que la causal tercera del

Art. 3 de la Ley de Casación, establece: “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación

de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una

equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto”. Esta causal se

refiere a lo que la doctrina denomina violación indirecta de la norma sustantiva y contempla varias

situaciones jurídicas que no pueden darse simultáneamente y que deben ser individualizadas para su

pertinente demostración en cada caso. La aplicación indebida es la atribución equivocada de una

disposición legal o precepto jurídico a un alcance que no tiene; la falta de aplicación es la omisión que

realiza el juzgador en la utilización de las normas o preceptos jurídicos que debían aplicarse a una

situación concreta, conduciendo a un error grave en la decisión final; mientras que la errónea

interpretación, consiste en la falta que incurre el juzgador al dar desacertadamente a la norma o precepto

jurídico aplicado, un alcance mayor o menor o distinto, que el descrito por el legislador. Se analiza, que en

aplicación de cualquiera de estas situaciones, en lo que respecta a la

causal invocada, es necesario cumplir con las siguientes condiciones recurrentes establecidas en la

doctrina y jurisprudencia: 1.- Identificación en forma precisa del medio de prueba que a su juicio ha sido

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erróneamente valorado en la sentencia; 2.- Establecimiento con precisión de la norma procesal sobre

valoración de prueba que ha sido violada; 3.- Demostración con lógica jurídica en qué forma ha sido

violada la norma sobre valoración del medio de prueba respectivo; y, 4) Identificación de la norma

sustantiva o material que ha sido aplicada erróneamente o que no ha sido aplicada a consecuencia del

yerro en la valoración probatoria. En el presente caso el actor no cumple con las condiciones establecidas

para que se configure la causal, por lo que no ameritaría que esta Sala la conozca, sin embargo,

considerando lo dispuesto en el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 27 del

Código Orgánico de la Función Judicial, relacionado al principio de la Verdad Procesal, esta Sala

Especializada conoce el tema de la creación del fideicomiso, situación que no comparte con el criterio del

Tribunal A quo y cuyo contenido se desarrolla en el considerando cuarto de esta sentencia. Sobre los

recursos de casación interpuestos por la Procuraduría General del Estado y Representante Legal de

EMELMANABÍ S.A., en los que se mencionan las causales primera y cuarta, ésta Sala manifiesta que por

hechos demostrados en el proceso judicial y que fueron valorados por el Tribunal A- quo y desarrollados

en esta sentencia, no se ha configurado dentro de la causal primera la errónea interpretación de todas las

normas citadas por los recurrentes y, en cuanto a la causal cuarta esta Sala no halla su configuración ya

que en la sentencia se han resuelto todos los puntos de la litis.-

SEXTO: En lo que respecta a la indemnización en el caso de lesiones, esta Sala considera lo siguiente: A)

En los casos de responsabilidad extracontractual del Estado es inminente que se debe considerar el valor

de la indemnización por daños materiales, denominado perjuicio patrimonial, que contempla pérdidas

patrimoniales y el valor del patrimonio que se esperare incrementar de no haberse producido el daño y,

por otra parte los daños inmateriales o perjuicio extrapatrimonial, esto es en cuanto a daños morales fruto

del sufrimiento de la víctima, daño a la vida en relación y otros daños extrapatrimoniales. Para una mejor

comprensión, es importante determinar los conceptos de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales,

para lo cual citamos a María Cristina Isaza Posse en el Manual Teórico Práctico de la Cuantificación del

Daño, pág. 19: “El perjuicio patrimonial está representado por las consecuencias o repercusiones del daño

en la esfera económica del reclamante. La medida de esas consecuencias en su patrimonio determina el

alcance o el valor del derecho a ser indemnizado por concepto del perjuicio patrimonial.”. Para Marcelo

López Mesa y Félix Trigo Represas, Tratado de la Responsabilidad Civil, Cuantificación del daño, Buenos

Aires, Editorial la Ley, 2006, pág. 65, citados por la autora del Manuel Teórico Práctico de la Cuantificación

del Daño: “El daño patrimonial es aquel que sufre el perjudicado en la esfera de su patrimonio, entendido

como conjunto de bienes y derechos de naturaleza económica.”. De la misma autora en la pág. 45

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encontramos que perjuicio extrapatrimonial es: “El daño que se refiere a una esfera distinta de la

patrimonial, que toca el fuero interno de las personas, en sus sentimientos y emociones. En consideración

a que éstos responden a criterios judiciales aplicados en cada caso particular, es el juez quién define su

valor, el cual será incluido dentro del total de la indemnización a cargo del responsable del daño.

Siguiendo la tendencia de la jurisprudencia encontramos las siguientes modalidades de prejuicio (sic)

extrapatrimonial: Daño moral. Daño a la vida de relación: el modelo permite calcularlo con referencia al

salario mínimo mensual vigente. Otros daños extrapatrimoniales: daño estético, el daño psíquico y la

pérdida de la oportunidad marital.”. B) Al haber manifestado esta Sala que en el caso de responsabilidad

extracontractual del Estado, es evidente considerar una indemnización, se procede a citar su definición

contenida en el Manual Teórico Práctico de la Cuantificación del Daño: “La indemnización es la suma de

dinero mediante la cual se compensa el daño sufrido por una persona en su esfera patrimonial y

extrapatrimonial. Es requisito sine qua non el daño o perjuicio. Si no hay daño no hay derecho a recibir

indemnización alguna. El daño determina el alcance de la obligación de reparar del responsable.”. Bajo

este concepto, se considera que la indemnización por los daños materiales, perjuicio patrimonial, debería

calcularse por un lado en relación a las pérdidas patrimoniales, a gastos probados verbigracia: atención

médica, prótesis, medicinas, etcétera, y por otra parte en relación al patrimonio que se hubiese esperado

incrementar de no haber sufrido el daño, de no existir pruebas que permitan verificar los ingresos

efectivos, se debería considerar el salario básico unificado, observando los parámetros de tiempo de

esperanza de vida, proporcional a la incapacidad presente de la víctima, cuidando de que las

indemnizaciones se canalicen por los medios adecuados, incluso llegando al punto de establecer la

cantidad mensual al tratarse de la indemnización que

obedezca al patrimonio que se hubiere esperado incrementar, que debería asignarse a la víctima a través

de la entidad demandada, con el objeto de que la indemnización no tenga como propósito enriquecerla,

en síntesis en aplicación del principio de razonabilidad para evitar por parte de la víctima pretensiones

sobredimensionadas, deberían evaluarse varios factores como por ejemplo el tipo de incapacidad, la

duración de la incapacidad, la edad género y condición de la víctima, dependencia económica, e ingresos

y, en cuanto a los daños inmateriales el juez deberá analizar en base a las pruebas del proceso y su sano

juicio la repercusión de tipo sicológico y del estado anímico de la víctima dentro de la sociedad, para

establecer el valor que debe entregarse como

indemnización.-----------------------------------------------------------------------------------

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SÉPTIMO. El criterio de la Sala plasmado en el considerando sexto en relación al cálculo de

indemnizaciones no puede ser aplicado en el presente caso, en razón de que no se ha contemplado en los

recursos de casación interpuestos por la Procuraduría General del Estado y EMELMANABÍ S.A., aspectos

relacionados con los cálculos y valores de la indemnización, razón por la cual esta Sala no puede resolver

lo que no ha sido solicitado. Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, este

Tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA,

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa parcialmente la sentencia en lo que se

relaciona a la constitución del fideicomiso, disponiendo que el valor que fijó el Tribunal de Instancia debe

ser entregado directamente al señor Leonardo Javier Morales Briones.- Notifíquese, publíquese y

devuélvase.- Dra. Tatiana Pérez Valencia, Dr. José Suing Nagua (V.S), y Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo,

Jueces Nacionales.-

Certifico: Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora

Juez Ponente del Voto Salvado: Dr. José Suing Nagua

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Quito, a 25 de febrero de 2013; las 16h31

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de haber sido designados por el Consejo

de la Judicatura de Transición mediante Resolución No. 4-2012 de 25 de enero de 2012, las Resoluciones

de 30 de enero de 2012 y de 28 de marzo de 2012, de integración de las Salas Especializadas emitidas por el

Pleno de la Corte Nacional de Justicia, así como el acta del sorteo electrónico de causas de la Sala de lo

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Recurso de Casación N° 402-2009

Contencioso Administrativo de 4 de abril de 2012. El señor Leonardo Javier Morales Briones, actor de la

causa; el doctor Jaime Andrés Robles Cedeño, Director Regional No. 3 de la Procuraduría General del

Estado; y el ingeniero Horacio Javier Sierra Torres, como Gerente Regional de la Corporación Nacional de

Electricidad, CNEL, antes EMELMANABÍ, y como Procurador Judicial del ingeniero Luis Patricio

Villavicencio González, Gerente General y representante legal de CNEL, entidad demandada, interponen

sendos recursos de casación en contra de la sentencia dictada el 12 de enero de 2009 por el Tribunal

Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Portoviejo, que aceptó

parcialmente la demanda por indemnización y reparaciones de daños materiales y morales por la deficiente

prestación de servicio público. Los recursos interpuestos han sido admitidos por la Sala Especializada de lo

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 18 de febrero de 2010. El

actor del proceso, señor Leonardo Javier Morales Briones, sostiene que en la sentencia recurrida se incurre

en errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios,

al decidir que para el cobro de las indemnizaciones deba constituirse un fideicomiso, desconociendo que él

es una persona plenamente capaz de administrar sus bienes, con lo que se le estaría negando el derecho a

obtener los recursos suficientes para cubrir sus deudas y los gastos que representa su discapacidad, ya que la

cantidad que deberá recibir mensualmente es insuficiente. En tal virtud, fundamenta su recurso en la causal

segunda del artículo 3 de la Ley de Casación por aplicación indebida del artículo 28 de la Ley de

Modernización del Estado, porque al haberse producido el silencio administrativo, el proceso era de

ejecución y no de conocimiento, como equivocadamente ha sido tramitado por el Tribunal de instancia.

Además, fundamenta su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por errónea

interpretación del artículo 2.232 del Código Civil, que dispone que queda en la prudencia del juez fijar el

monto de las indemnizaciones; y por errónea interpretación de precedentes jurisprudenciales obligatorios al

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constituir un fideicomiso para el cobro de las indemnizaciones, desconociendo que no se encuentra en una

situación de incapacidad legal que justifique tal decisión. Alega, también, que es erróneo el argumento de

utilizar parámetros de promedio de vida fijados por la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el

Director Regional No. 3 de la Procuraduría General del Estado con sede en Portoviejo, fundamenta su

recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por errónea interpretación de normas de

derecho incluyendo precedentes jurisprudenciales obligatorios; y, en la causal cuarta porque la sentencia no

resolvió todos los puntos de la litis. Alega que las normas infringidas son los artículos 20, inciso primero,

118 y 249 de la Constitución Política de 1998; 6, 11 y 12 del Régimen del Sector Público (sic); 200 del

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y, 71, numeral cuarto, 273 y 274

del Código de Procedimiento Civil. Sostiene que el actor no probó la deficiencia en la prestación del

servicio público, existiendo, más bien, negligencia tanto de la víctima como del dueño de la vivienda que la

construyó sin tomar en cuenta que los cables de alta tensión existían por más de cincuenta años; además que

la demanda no señala la cosa cantidad o hecho que se exige, contrariando la norma del artículo 71 del

Código de Procedimiento Civil; finalmente, sostiene que la institución demandada ha justificado sus

excepciones lo que no ha sido evidenciado por el Tribunal, incurriendo en errónea interpretación de normas

de derecho y precedentes jurisprudenciales obligatorios. De otro lado, el recurso de casación interpuesto por

el representante de la entidad pública demandada, Corporación Nacional de Electricidad, antes

EMELMANABI, está fundamentado en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación

por errónea interpretación de normas de derecho y precedentes jurisprudenciales obligatorios y por

“resolución, en la sentencia o auto, de la omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis”. Considera

como normas de derecho infringidas las contenidas en los artículos 20, 118 y 249 de la Constitución Política

de 1998; 6, 11 y 12 del Régimen del Sector Eléctrico (sic); 209 del Estatuto del Régimen Jurídico y

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Administrativo de la Función Ejecutiva; 71, numeral 4to., 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil.

Argumenta su recurso en la improcedencia de la acción porque los perjuicios sufridos se ocasionaron por la

propia negligencia o culpa de la víctima y que, por tanto, no hubo deficiencia en la prestación del servicio;

además, no se ha determinado con claridad qué cosa, cantidad o hecho se exige en la demanda, tal como lo

requiere el artículo 71.4 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado manifiesta que no se han resuelto

en la sentencia todos los puntos controvertidos lo que justifica la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de

Casación. Alega que existe falta de legítimo contradictor porque su representada no tenía responsabilidad

frente a defectos generales del servicio, y que debía plantearse la demanda al órgano de mayor jerarquía, que

en este caso es el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, de conformidad a la normativa jurídica,

tanto del sector eléctrico, cuanto del régimen que rige a la Función Ejecutiva. Finalmente, afirma el

recurrente que no existen los requisitos formales para la procedencia de la ejecución de un acto

administrativo presunto, como pretende el actor en base al silencio administrativo positivo. Pedidos los

autos para resolver, se considera:

PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el

primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República; numeral 1 del artículo 185 del Código

Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la Codificación de la Ley de

Casación.-----------------------------------------------------------

SEGUNDO: El Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia materia de este

recurso, resolvió aceptar parcialmente la demanda, condenando a la Empresa Eléctrica de Manabí,

EMELMANABÍ S.A., o sus sucesores en derecho, al pago de las indemnizaciones y reparaciones por daños

materiales y morales a favor de Leonardo Javier Morales Briones, por la deficiente prestación del servicio

público de distribución de energía eléctrica. El Tribunal de instancia fundamenta su decisión en que existen

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daños indemnizables atribuibles al Estado que han generado perjuicios materiales y morales en el actor de la

causa que deben ser resarcidos en virtud del artículo 20 de la Constitución Política de la República de 1998.

Establece la sentencia que la entidad demandada EMELMANABI S.A. es responsable de los daños,

debiendo pagar un monto por lucro cesante, por los valores que dejará de percibir en razón de su

incapacidad parcial, equivalente al cincuenta por ciento del valor de la canasta familiar vital multiplicada

por el índice de vida probables de un varón ecuatoriano fijado por la Organización Mundial de la Salud, que

es de setenta años. Adicionalmente, para “[…] atenuar el efecto anímico y sicológico” resolviendo en

equidad, el Tribunal A quo dispuso que EMELMANABI S.A., por concepto de daño moral, pague al

demandante la suma de USD $ 30.000,oo. Finalmente, dispone que el pago se haga a través de un

fideicomiso que debe ser constituido para este efecto por la entidad demandada.

---------------------------------------------------------------------------------

TERCERO: En primera instancia, de los cargos hechos por la entidad demandada y por la Dirección

Regional de la Procuraduría General del Estado en contra de la sentencia recurrida, esta Sala deberá

determinar si EMELMANABI S.A. debía ser la entidad demandada y si el Tribunal A quo resolvió todos los

puntos de la litis. Igualmente determinará si existió una errónea interpretación de las normas enunciadas

referentes a la responsabilidad del Estado por su acción u omisión dañosa. 3.1. Respecto a la legitimidad

pasiva del proceso, esta Sala considera que la demanda se dirigió correctamente en contra de la compañía

EMELMANABI S.A. en razón de que, por ser concesionaria del servicio público de energía eléctrica,

asumió la responsabilidad solidaria frente a la deficiencia en el servicio público. Así mismo, por efectos del

contrato suscrito, como bien lo señala el Tribunal de instancia, la concesionaria es la única responsable

respecto de cualquier consecuencia de la prestación del servicio público a su cargo, debiendo indemnizar

por los daños causados en virtud del servicio público que presta. En tal virtud, no tiene lugar el fundamento

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de los recurrentes en relación a la falta de legítimo contradictor. 3.2. Del análisis de la sentencia se puede

llegar sin mayor esfuerzo a determinar que la controversia judicial se concretó a determinar la

responsabilidad extracontractual de EMELMANABÍ S.A. y su deber de reparar los daños causados por la

deficiente prestación del servicio público en favor del demandante, señor Morales Briones, quien recibió

una descarga eléctrica que lo dejó con una discapacidad física parcial. Es decir, que la pretensión del actor

fue la reparación de los perjuicios recibidos que no tenía obligación de soportarlos causados directamente

por la prestación deficiente del servicio a cargo de la compañía demandada. En tal virtud, los jueces del

Tribunal desarrollaron su análisis en base a esta pretensión y a la defensa esgrimida por la contraparte,

llegando a emitir su decisión en la sentencia recurrida sin que exista tema pendiente de resolución. Esta

Sala, por tanto, considera que los puntos en los que se concentró el juzgador fueron los que determinaron la

litis, por lo que el cargo hecho en contra de la sentencia por la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de

Casación, es improcedente. 3.3. El artículo 20 de la Constitución Política de la República, vigente hasta el

año 2008, establecía el principio de responsabilidad objetiva del Estado, de indemnizar a los particulares

por los perjuicios que les causaren los funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus cargos.

Este régimen de responsabilidad extracontractual guarda estrecha relación con las razones fundamentales

que explican la existencia misma del Estado. Este régimen determina que si existe un hecho dañino, que

causa perjuicios indemnizables a un particular, que atribuya jurídicamente por cualquiera de los títulos de

imputación al Estado o a sus agentes, nace el deber de reparar los perjuicios, sean éstos materiales o

inmateriales. Entonces, lo que se deberá determinar para llegar a concluir que existe el deber de reparación

es la presencia de los tres elementos que la doctrina especializada ha identificado: el daño, el nexo causal y

el título de imputación. Es válido afirmar que si falta uno de estos elementos, el deber de reparar nunca se

presenta; es decir, que el régimen de responsabilidad extracontractual objetiva del Estado se fundamenta en

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Recurso de Casación N° 402-2009

la verificación de los elementos que quedan señalados, debiendo el juzgador analizar los elementos

probatorios que configuren la existencia del daño, del nexo causal entre el que causa el hecho dañino y la

víctima, y la imputación jurídica de ese hecho a su causante; solo así nacerá la obligación del Estado para

reparar íntegramente los perjuicios irrogados al particular. Queda claro, entonces, que la responsabilidad

objetiva del Estado debe soportarse en los medios probatorios que conduzcan a determinar los elementos

que componen el régimen. No será suficiente la sola mención de la existencia de los hechos para hacer

efectiva la aplicación del referido artículo 20 de la Carta Fundamental anterior. En cuanto al daño, si lo que

se pretende es la reparación de daños materiales, o también llamados patrimoniales, se deberá probar que

efectivamente el hecho dañino produjo una pérdida o disminución patrimonial (daño emergente); o que el

hecho impidió o impedirá el ingreso patrimonial previsto (lucro cesante). De igual manera, para pretender el

resarcimiento de un daño inmaterial o extra patrimonial, el demandante deberá probar que el hecho que

provocó el daño le produjo un sufrimiento, dolor o angustia sicológica o que por efecto del daño sus

relaciones sociales, familiares o con el mundo exterior se vieron gravemente afectadas. Si nos referimos, por

otro lado, al nexo causal y a la imputación del hecho dañino, es necesario verificar que la causa del daño

pueda ser atribuible a la acción u omisión del Estado o sus agentes. Si el hecho que daña fue resultado

directo, se debe determinar el título que le impute el hecho que dé nacimiento al deber de reparar. Uno de

los títulos de imputación es lo que la doctrina denomina “falla del servicio” que no es otra cosa que la

deficiente prestación de los servicios a cargo del Estado. La falla del servicio hace alusión al quiebre en la

obligación del Estado de garantizar la vigencia de todos los derechos fundamentales y la prestación de los

servicios que solventen las necesidades públicas. Como queda dicho, la falla del servicio debe ser probada,

lo que no quiere decir que pierda la objetividad como rasgo distintivo de la responsabilidad estatal. Es

posible, desde luego, que ese nexo causal entre el hecho dañino y el daño producido se rompa por caso

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Recurso de Casación N° 402-2009

fortuito o fuerza mayor o por hecho de la víctima o hecho de tercero. También es lógico suponer que estos

eventos deben ser probados y fundamentados para que rompan la causalidad como elemento de la

responsabilidad. 3.4. En el caso que se analiza, la sentencia evidencia la existencia de daños imputables a

una entidad que prestaba el servicio de energía eléctrica y que tenía, por tanto, la obligación de responder

frente a una deficiente prestación del servicio. Se evidencia que el hecho dañino produjo los daños en la

víctima demandante y que es imputable a quien prestó deficientemente el servicio. La Empresa Eléctrica de

Manabí tenía la responsabilidad, como concesionaria del servicio público de energía eléctrica, de garantizar

la seguridad en la prestación del servicio. Esta garantía se hace extensiva aún más por la naturaleza riesgosa

que la actividad implica, lo que lleva a suponer que debía precautelar que los equipos y materiales utilizados

en el servicio de trasmisión de energía eléctrica tengan adecuados y suficientes niveles de seguridad para los

particulares usuarios del servicio. Debía precautelarse, así mismo, como obligación de la concesionaria, que

las líneas de tendido eléctrico no pongan en peligro la vida de los usuarios, incluso frente a acciones

negligentes de éstos, que en el caso analizado no se encuentran probadas dentro del proceso. De esta

manera, los elementos de causalidad e imputación son evidentes en la sentencia expedida por el Tribunal de

instancia, sin que se haya probado el rompimiento del nexo causal por alguna de las causas previstas para tal

efecto. 3.5. En cuanto a los perjuicios demandados, esta Sala encuentra que la sola mención hecha por el

demandante no es suficiente para determinar la existencia de daños materiales y morales. Si lo que

determina jurídicamente el deber de reparar es la existencia del daño, éste debe quedar fehacientemente

probado dentro del proceso. El Tribunal de instancia menciona que de las fotografías y certificados

aparejados dentro del término probatorio se puede llegar a establecer la existencia de perjuicios. Esta Sala

no concuerda con la conclusión a la que se llega en la sentencia porque los elementos probatorios existentes

no son suficientes para determinar, primero, que existe un daño material como lucro cesante; y, segundo,

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que la incapacidad sea efectivamente del cincuenta por ciento. Como ha quedado señalado en esta sentencia,

el lucro cesante es la pérdida de un ingreso previsto por causa del hecho dañino. A pesar de que se cuenta

con un certificado de trabajo, éste no refleja ni el tipo de trabajo ni los ingresos que percibía antes de

producirse el daño. No resulta plausible para la Sala que el Tribunal A quo tome el índice de la canasta

familiar para tasar el monto de la indemnización, sin considerar cuánto era el ingreso que el señor Morales

Briones percibía en su trabajo. También resulta arbitrario establecer la incapacidad parcial en el porcentaje

del cincuenta por ciento, sin que exista un parámetro necesario para haber llegado a esa conclusión. Los

daños materiales se prueban, no se presumen. 3.6. El daño moral también requiere prueba, su reparación no

tiene un efecto de satisfacción, sino más bien de compensación, permitiendo un margen de apreciación al

Juez para establecer su existencia y el monto indemnizatorio. La doctrina ha sido unánime en establecer que

resulta complejo llegar a determinar un justo valor que responda a una reparación integral por los daños que

no pueden ser evaluados económicamente. En tal virtud, la legislación, en los ordenamientos jurídicos que

la prevén, es la que viene a suplir este vacío con el establecimiento de topes o baremos máximos que sean

racionales. Sin embargo, esto no siempre se presenta, habiendo, más bien, casos en que la norma positiva

deja en la apreciación del juzgador el establecimiento del monto de indemnización. Es el caso del artículo

2232 de nuestro Código Civil, que deja en la prudencia del juez la determinación del valor que habrá de

compensar el daño moral. 3.7. El daño inmaterial, también llamado extrapatrimonial, está definido en la

doctrina especializada como el quebrantamiento a bienes jurídicamente protegidos que no tienen un

contenido económico o no son susceptibles de una valoración patrimonial en términos precisos y objetivos,

pero cuya protección por el ordenamiento jurídico es necesaria. También la doctrina lo ha tipificado como

daños a la integridad física, estéticos, biológicos, al honor, al buen nombre, sexuales, perjuicio al agrado,

daño al proyecto de vida, perjuicio al goce de vivir, alteración en las condiciones de existencia, daño

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sicofísico, a los placeres de la vida y a la serenidad familiar. En la jurisprudencia francesa y colombiana se

ha definido al daño inmaterial como daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación. La doctrina

especializada desarrollada especialmente por vía jurisprudencial ha determinado con muchísima claridad

que el daño moral se manifiesta respecto a la esfera interna de la víctima, en su componente subjetivo, como

un dolor, sufrimiento o desasosiego íntimo, sicológico, producido como consecuencia del hecho dañino. Sin

embargo, el ser humano reviste una complejidad en su naturaleza que no se limita a su fuero interno, es

decir, que la persona humana es multidimensional. El daño a la vida de relación tanto se distancia del daño

moral, cuanto constituye un avance en su conceptualización respecto al daño fisiológico. Se diferencia del

daño moral al constituir una afectación a la esfera exterior de la víctima, que altera, deteriora o disminuye la

calidad de vida de ésta, en sus relaciones con las personas o con las cosas. Esta afectación se refleja en la

vida práctica o en el desenvolvimiento en la vida personal, familiar o social, manifestándose en

impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o

definitivas, que no tienen una significación o contenido monetario, productivo o económico, distinto, por

tanto, del lucro cesante. Este daño a la vida en relación, puede ser causado, principalmente, como

consecuencia de lesiones o trastornos físicos. En tal virtud, el daño a la vida de relación puede ser

reconocido tanto a las víctimas directas cuanto a las indirectas, teniendo su origen en la salud física o

mental, y en cualquier otro bien que integra el patrimonio estrictamente personal del ser humano, carentes

por regla general de valor pecuniario, pero que generalmente constituyen derechos fundamentales, al ser de

la propia esencia del individuo. 3.8. Como queda dicho, la indemnización a estos perjuicios persigue un fin

satisfactorio o compensatorio, más que un objetivo resarcitorio o reparatorio. En este sentido, la

jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha establecido que la discrecionalidad del juzgador es la

que determinará la cuantía de la indemnización en atención a la gravedad del daño causado. La magnitud

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del dolor podrá ser apreciada por sus manifestaciones externas siendo admisible para su demostración

cualquier tipo de prueba. 3.9. Las pruebas documentales que constan en el proceso evidencian que los daños

físicos producidos por la descarga eléctrica han provocado que la víctima vea alteradas sus condiciones de

vida personal, familiar y social, porque es evidente que su discapacidad le está provocando una limitación

en sus relaciones con el mundo exterior. El no contar con su miembro superior y las cicatrices por las

quemaduras hacen prever que sus relaciones con otras personas y aún con las cosas materiales más banales

han sufrido una alteración irreversible, que hace necesaria su reparación como daño inmaterial. Aun cuando

es posible inferir que las lesiones físicas también le ocasionan un sufrimiento y dolor íntimo, el proceso no

contiene elementos probatorios suficientes que hagan concluir en derecho que esto es así; por lo tanto, se

desecha el daño moral, entendido como sufrimiento o dolor íntimo o sicológico.

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CUARTO: Respecto a la constitución de un fideicomiso para el pago de la indemnización de forma

mensual, ordenada por el Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo, esta Sala no encuentra

suficiente justificación para tal decisión, tomando en cuenta que el antecedente jurisprudencial que le habría

servido al Tribunal tenía fundamentos fácticos distintos. Si el demandante ha señalado que es capaz de

administrar por sí mismo sus bienes, no se encuentra sustento jurídico válido y plausible para negársele tal

posibilidad, considerando, además, que podría vulnerarse el principio de reparación integral buscado por el

régimen de responsabilidad objetiva del

Estado.-------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO: Con los argumentos que quedan señalados, esta Sala determina que existió una errónea

interpretación del artículo 20 de la Constitución Política de la República de 1998, vigente en el momento de

los hechos, porque no pudo ser aplicado sin considerar la falta de medios probatorios de los daños

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demandados. En tal virtud, no corresponde el pago de lucro cesante, ni de daño moral. Sin embargo, esta

Sala considera probada suficientemente la existencia de un perjuicio inmaterial, por lo que, en aplicación

del artículo 2232 del Código Civil, fija la indemnización compensatoria por este daño en la suma de USD $

250.000, que deberá ser pagada por la compañía EMELMANABÍ S.A. o sus sucesores en derecho.

-----------------------------------------------------------------------

Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, este Tribunal de la Sala de lo

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS

LEYES DE LA REPÚBLICA,

casa la sentencia en los términos que quedan señalados.- Notifíquese, publíquese y devuélvase Ff) Dr. José

Suing Nagua.- Juez Nacional (VOTO SALVADO).- Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia.- Jueza Nacional.-

Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo.- Juez Nacional.-

Certifico.- Dra. Yashira Naranjo Sánchez.- Secretaria Relatora.