1) MARCO HISTÓRICO GENERAL

1.1 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA RADIO EN EL MUNDO

En la última década del siglo XIX el joven Guglielmo Marconi, de tan solo

veinte años, empieza en el jardín de su casa los experimentos sobre las ondas

electromagnéticas, cuya existencia había sido demostrada por Hertz justo un par

de años atrás. Eran los años en que se vendían los primeros fonógrafos de Edison,

se empezaban a ver el gran espectáculo del cine gracias a las recientes

innovaciones del mismo Edison y de los hermanos Lumière, mientras la voz

humana ya podía viajar por cable eléctrico y ser retransmitida a través del teléfono

de Bell. Unos decenios antes, en la primera mitad del siglo, un pintor retratista

norteamericano, profesor de literatura y dibujo en la Universidad de Nueva York,

de nombre Samuel F. B. Morse, consiguió crear un sistema de transmisión

simultanea de mensajes escritos a través del cable, el telégrafo (palabra de origen

griego compuesta de dos términos que hacen referencia a “distancia” y

“escritura”). Marconi confiaba que los aparatos de ondas hertzianas podían

ampliar su potencia y funcionar como un telégrafo sin hilos, por lo tanto modificó

su aparato de laboratorio y aumentó su potencia hasta lograr la propagación y

recepción de mensajes en el éter a más de un kilómetro de distancia.

La concepción de la radiodifusión tal como hoy la conocemos no había

claramente hecho su aparición en la mente de ninguno de los contemporáneos, sin

embargo se le abrió el camino para su llegada. Por aquella fecha, se pensaba

simplemente en el desarrollo de un sistema de telégrafo inalámbrico. Las

inmediatas ventajas comunicativas de esa herramienta, en términos esencialmente

económicos y militares, eran de todos modos ampliamente percibidas y deseadas.

El mismo Marconi, cuando consideró su invento lo bastante perfeccionado, en

1897, se trasladó a Inglaterra para patentarlo; acto seguido constituyó la

Marconi’s Wireless Telegraph Company Ltd., madre de la rentable serie de

empresas que el italiano fundó en Europa y América. La búsqueda de aplicaciones

practicas a corto plazo y potenciales beneficios económicos (¡a largo plazo!)

animaron claramente las acciones del joven Marconi, que tanto genio tenía para la

tecnología como para la economía. A diferencia de un su ilustre colega de antaño,

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John Gutenberg, que realizó un paso igualmente grande para la tecnología, pero

no supo aprovecharlo económicamente (en menos de diez años perdió todo su

equipamiento en favor del socio capitalista Fust), el inventor italiano planeó bien

sus acciones para sacar la máxima rentabilidad económica: por eso eligió

Inglaterra, cuya potencia económica e imperio colonial podían asegurarle el mejor

mercado disponible en Europa. Todavía no existía una extensa industria de bienes

de consumo, aún menos para el telégrafo sin hilos, por lo tanto fueron los

gobiernos, para fines básicamente militares, y el gran capital mercantil-financiero

los únicos interesados en esta nueva tecnología, con inmediatas ventajas prácticas.

Pronto el sector empezó a atraer recursos económicos cada vez más

poderosos, la cantidad y el tamaño de las empresas interesadas creció

rápidamente, con grandes inversiones que a menudo se traducían en

fundamentales mejoras técnicas. La recién nacida industria radiofónica obtenía

sus ganancias de la explotación de patentes, gracias a la fabricación, venta o

alquiler de equipos. Por otro lado, si el gran capital facilitó esenciales

innovaciones técnicas, al mismo tiempo desencadenó una verdadera guerra legal

por los derechos sobre las patentes, primera fuente de beneficio, que amenazó con

paralizar el sector. Tal era la situación que en 1916 la administración pública

estadounidense, país líder en el sector tecnológico y próximo a entrar en guerra, se

vio obligado a asumir el completo control sobre la nueva industria, constriñendo

las varias empresas a suspender sus conflictos económicos-legales y a subordinar

sus esfuerzos a las exigencias bélicas. La guerra trajo consigo una masiva

demanda de tecnología por parte del ejército, de esta forma llegarán masivas

cantidades de recursos económicos y se creará una organización estatal

centralizada que posibilitará un amplio y coordinado desarrollo de la radio.

Al finalizar el conflicto bélico, el gobierno de los Estados Unidos

controlaba todas las estaciones transmisoras a través de la Marina, de este modo,

en unos grupos próximos a los círculos militares se concretó la idea de instituir un

monopolio estatal de las radiocomunicaciones, según el modelo que iba

desarrollándose en Europa. Sin embargo, la tradición liberal americana y los

intereses privados empujaron el gobierno de los Estados Unidos a rechazar un

papel activo en la industria, dejando que se desarrollara un sistema basado en la

propiedad privada. Entonces la Marina restituyó a la recién nacida RCA, Radio

Corporation of America, institución muy vinculada a los intereses militares, las

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estaciones y los derechos incautados a la Marconi, entre tanto pasada en propiedad

de la RCA. La privatización del sector iba también en sintonía con la tradición

legal americana en el sector: el estado años atrás había financiado la primera línea

telegráfica a larga distancia, pero renunció inmediatamente a la explotación de

este medio cediendo todos sus derechos a los privados. “Hoy parece claro que la

omisión del gobierno para mantener el control del telégrafo, sentó un precedente

que después sería seguido en los Estados Unidos”, sentencian con razón De Fleur

y Ball-Rokeach (1993, p. 130).

En Europa, al contrario, el control y la iniciativa quedaban firmemente en

manos estatales. Ya en 1837 Francia había decretado el monopolio público sobre

la comunicación telegráfica, extendiéndolo más tarde al teléfono. Inglaterra en

1904 aprueba la primera ley de la Reina sobre telegrafía sin hilos, el Wireless

Telegraphy Act, con la cual vincula la instalación de aparatos radiofónicos, sea

transmisores que receptores, a una previa autorización gubernamental (Costa,

1986, p. 43). España sigue el mismo camino, y en 1907 emana una Ley que deja

al gobierno el desarrollo de la radiotelegrafia, de los cables y del teléfono. El Real

Decreto del 24 de enero de 1908 fundamentó el sector: “Se considerará

comprendido entre los monopolios del Estado, relativos al servicio de toda clase

de comunicaciones eléctricas, el establecimiento y explotación de todos los

sistemas y aparatos aplicables a la llamada ‘telegrafía hertziana’, ‘telegrafía

etérica, ‘radiotelegrafía’ y demás procedimientos similares ya inventados o que

puedan inventarse en el porvenir” (art. 1). La radiodifusión como medio de masa

aún no había nacido, pero ya se estaba aclarando la distinta concepción de fondo

que hubiera marcadamente diferenciado el sistema norteamericano del europeo:

por un lado una industria y un mercado basados esencialmente en la iniciativa

privada, con el estado relegado a un supuesto papel de vigilancia técnica casi

pasiva, por el otro una participación activa y directa del estado.

Mientras tanto, iba abriéndose camino una nueva idea acerca de los

posibles usos de la radiotelefonía, usos posibilitados por las ulteriores mejorías

tecnológicas que redujeron considerablemente el tamaño del equipo, antes tan

voluminoso que solo los grandes barcos podían transportarlo, optimizando

contemporáneamente la calidad del sonido (a partir de 1906 incluso la voz

humana podía ser retransmitida). En 1916 un joven ingeniero de la American

Marconi Company, David Sarnoff, famoso también por haber transmitido la

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crónica del hundimiento del Titanic unos años atrás, enviaba una nota a sus

superiores en que predecía las futuras pautas de la radiodifusión:

He concebido un plan de desarrollo que convertiría a la radio en un “articulo para el hogar”, en el mismo sentido en que pueden serlo un piano o un fonógrafo. La idea es llevar música al hogar por transmisión inalámbrica [...].

El mismo principio puede ser ampliado a muchos otros campos, como recibir lecciones en casa, que serían perfectamente audibles, o la difusión de acontecimientos de importancia nacional, que serían transmitidos y recibidos simultáneamente. Los resultados de los partidos de béisbol podrían ser transmitidos por el aire, etc (citado en De Fleur y Ball-Rokeach, 1993, p. 136)

Las grandes empresas constructoras de equipos radiofónicos eran

obviamente las más interesadas en el desarrollo del sector: la venta de aparatos

por la telegrafía inalámbrica constituía un negocio decididamente rentable, pero

las últimas mejoras técnicas adelantaban la posibilidad de explotar un nuevo

mercado, mucho más amplio y rentable, nada menos que un mercado de bienes de

consumo. Sin embargo se debía crear, y no simplemente encontrar, ese nuevo

mercado: “No era el público quien había esperado a la radio, sino la radio que

esperaba al público”, ironiza en 1932 Bertolt Brecht, mordaz testigo poético y

teórico de aquellos tiempos (Brecht, (1932), en Bassets, 1981, p. 55). No basta

encontrar una demanda potencial de bienes de mercado, hace falta incentivarla,

cultivarla y dirigirla hacia la dirección deseada. Así como se puede producir un

bien material a partir de una necesidad o un deseo previos más o menos

advertidos, al mismo modo se puede producir un deseo, y convertirlo en

necesidad, a partir de la ocurrida existencia del bien material (las dos

eventualidades pueden también coexistir o darse en diferentes etapas de la vida

del bien). En el caso que nos interesa, alrededor del 1920 había ya la posibilidad

de proveer un mercado de masas de aparatos radiofónicos, pero se necesitaba

antes que nada crear una masiva demanda de mercado, o sea dar a los equipos

radiofónicos una función y un uso que los transformara en objetos anhelados de

las masas. “De repente se tuvo la posibilidad de decirlo todo a todos, pero, bien

mirado, no se tenía nada que decir”, sigue Brecht con su irreverente ironía

(ibídem, p. 55). Para cumplir este objetivo se constituyen las primeras estaciones

regulares, directamente instituidas y financiadas de las mayores empresas de

equipos eléctricos, sea en Estados Unidos que en Francia, Inglaterra o España.

Algunos grupos de radioaficionados particulares ya llevaban años disfrutando las

potencialidades del espacio electromagnético, pero la emisión radiofónica regular

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era otra cosa, que solo las grandes empresas constructoras de aparatos eléctricos

tenían el interés y la capacidad de promocionar. La primera emisora regular nace

entonces en Pittsburg en octubre del 1920 por mano de la Westinghouse

Company. En Francia, la primera estación de radio surge por iniciativa de la

marca Radiola, en Inglaterra gracias a la empresa Marconi, en Alemania por obra

de Telefunken y Lorenz, en España por la Compañía Ibérica. Sin embargo, estos

varios intentos empresariales, así como el mismo sector radiofónico de cada país,

pronto empezarán a diferenciarse.

El caso de Estados Unidos necesita ser brevemente mencionado por obvios

motivos. En poco tiempo nuevas emisoras se lanzaron en el aire, dentro del primer

semestre de 1922 el número de las licencias concedidas subió a 254. Los

industriales habían logrado su objetivo, al punto que en el mismo 1922 la

producción de receptores domésticos no podía cubrir la demanda: en 1921

existían 50.000 receptores, justo un año después 750.000. El interés de las grandes

compañías era evidente. Por el 1923 cada importante ciudad del país podía contar

con su emisora, cuyo número en poco tiempo alcanzó 1400 en 1924 (De Fleur y

Ball-Rokeach, 1993, p. 140-143). Sin embargo, quedaban para resolver unos

problemas fundamentales: antes de nada la pequeñez del espectro disponible,

unida a la falta de legislación y de una autoridad competente, transformaban la

posible recepción de palabras y sonidos en una serie de insoportables

interferencias. La ley de 1912, que asignaba el asunto al Departamento de

Comercio, sin conferirle más poderes que lo de conceder la licencia a quienes la

pedían, quedaba absolutamente anticuada. La propia industria presionaba

enérgicamente para tener una legislación que regulara el sector conforme a sus

necesidades económicas, sentándolo sobre bases privadas, racionalizando el

utilizo del espectro electromagnético y limitando el numero de emisoras. Entre las

empresas más destacadas, que controlaban la casi totalidad de la producción de

equipos, podríamos citar a las poderosas CBS, ABC Paramount, Westinghouse,

etc., además de la RCA y su prolongación, la NBC, asociación creada sin animo

de lucro justo por proveer la programación. El caos total que se había creado

obligó el gobierno a legislar después de años de titubeos, indecisiones y fuertes

presiones externas: la Ley sobre la Radio de 1927 declaraba las ondas de

propiedad publica, pero “de hecho dejaba la gestión en manos de la iniciativa

privada” (Gaido, en Bassets, 1981, p. 160) subordinándola a la licencia formal del

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gobierno, concedida por un tiempo determinado según un supuesto interés

publico. Esa misma ley se reveló insuficiente a cabo de pocos años, pues en 1934

se tuvo que redactar otra ley, base del futuro cuerpo jurisdiccional del sector, con

la que se instituía también la autoridad legal competente, la Comisión de

Comunicaciones Federales (FCC). La intención de los relatores era de impedir

una excesiva concentración oligopolista y la violación de las normas antitrust de

Estados Unidos: el casi absoluto fracaso de este objetivo es patente.1

Mientras tanto, el sector radiofónico estadounidense había tenido que

enfrentarse con otro gran problema, tal vez mayor, cuya particular resolución

constituye la base de la misma legislación que acabamos de ver: se trata,

obviamente, del problema económico. Unas emisoras estaban financiadas por los

grandes productores de equipos gracias a las ganancias derivadas de la venta de

receptores, pero esta opción constituía un expediente limitado, fuera del alcance

de la mayoría de emisoras. Por el verano de 1923 las leyes del mercado

presentaron la cuenta, y cerca 150 estaciones radiofónicas tuvieron que cerrar.

Unos hombres de negocio de Nueva York intentaron pedir dinero directamente al

público, prometiéndole en cambio mayor calidad de programación, pero no

tuvieron éxito. Otros intentaron proponer el cobro de un canon a cada receptor,

otros aun seguían sosteniendo que el coste de la programación tenía que ser

cubierto por los fabricantes de aparatos. Para resolver las dudas llegó la

publicidad, que pronto se impuso como la única fuente de financiación. Ya en

1922 una estación de Nueva York empezó a introducir anuncios, y hacia la mitad

del decenio el fenómeno estaba generalizado a pesar de algunas protestas, entre

las cuales destacaban la del secretario del comercio y de otros funcionarios

gobernativos, más la de los altos cargos militares, que no acababan de entender

como se podía dejar una parte de un bien tan precioso y limitado, como el

espectro electromagnético, en manos privadas.

La financiación publicitaria era algo bien conocido y comprobado, cuyo

camino había sido abierto por la prensa un siglo antes siempre en Nueva York,

cuando gracias a los primeros periódicos baratos de gran tirada la prensa de masas

1 “Sobre esta votación”, comenta Gaido a propósito de la ley del 1934, “hecha sin un quórum mayoritario y de forma nominal se ha discutido mucho, y con el tiempo no parece nada descabellado suponer que hubiese habido una lluvia de ‘sobres’” (Gaido, en Bassets, 1981, p. 160). Ah, ¡que maliciosos estos italianos! De otro lado, De Fleur y Ball-Rokeach, si bien no nieguen las fuertes presiones de la grande industria, prefieren subrayar el peso de la tradición liberal americana y la continuidad de la ley con esta tradición.

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se convirtió en un hecho.2 Estos diarios eran baratos, vulgares y sensacionalistas,

y se sostenían principalmente de los ingresos de la publicidad: de hecho, marcaron

unas importantes pautas en el futuro desarrollo de los siguientes medios de masas.

Sin esta larga tradición en el campo de la prensa, es difícil creer que la publicidad

radiofónica pudiera haber sido aceptada tan rápidamente.

Finalmente, a mediados de los años treinta, el sistema norteamericano de

medios de masas ya había desarrollado sus rasgos más característicos, de acuerdo

con el sistema de valores socio-culturales3 y las instituciones político-económicas

en los que nació y se difundió. Estas condiciones generales están en la base del

particular desarrollo del sistema mediático, pues de su forma actual, y viceversa,

el mismo sistema mediático en seguida se hace cargo de servir de base del sistema

social, empujando hacía la transformación del orden social que le dio vida según

los rasgos más idóneos a los objetivos de quienes lo controlan. Los dos sistemas

se refuerzan a la vez, recursivamente, salvo (de momento) improbables rupturas

de un sistema, con el consiguiente derrumbe del otro.

La publicidad no había solo logrado vender aparatos, si no que había

transformado la radiofonía en una industria altamente rentable en plena expansión.

Los Estados Unidos vivieron en la década de los veinte una época de enorme

crecimiento económico, que no dejaba imaginar el colapso del 1929. En estos

años la radio consiguió entrar tan profundamente en los hábitos del pueblo

estadounidense que ni siquiera la misma crisis del 1929, con los siguientes diez

años de intensa depresión económica, detuvieron su crecimiento. Se calcula que

en 1925 había un promedio de 0,2 receptores por cada hogar, en 1930 0,4, hasta

que en 1935 en media cada hogar tenía su receptor (De Fleur y Ball-Rokeach,

1993, p. 148)4.

El desarrollo de la industria radiofónica en el viejo continente no será tan

vertiginoso, ni seguirá el mismo camino de Estados Unidos, diferenciándose muy

2 En 1837 el “New York Sun”, fundado por Benjamin H. Day cuatro años antes, vendía 30.000 ejemplares diarios (De Fleur y Ball-Rokeach, 1993, p. 81).3 El sistema de valores es bien reasumido en la siguiente expresión de De Fleur y Ball-Rokeach, en la que hablan en forma bastante destacada y objetiva de “nuestras creencias en la libre empresa, nuestra opinión sobre la legitimidad del motivo de lucro, las virtudes de un capitalismo controlado y nuestros valores generales sobre la libertad de expresión” (p. 184). Esta frase a la vez ilumina también la posición ideológica de los dos autores norteamericanos, moderados keynesianos. 4 El crecimiento de la radio destaca con aún más vigor si comparado con la desastrosa situación de los años treinta. El tono funesto de De Fleur y Ball-Rokeach rende todavía la idea: “El trauma creado por estas condiciones sólo puede ser debidamente apreciado por quienes lo vivieron personalmente. Fue una época de grave depresión para el pueblo de los Estados Unidos, tanto en un sentido espiritual como en el económico” (p. 147)..

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pronto en una de sus características principales, o sea la propiedad estatal, a la

vez matriz de toda una serie de diversidades que se repercuten por ultimo en los

contenidos (igualmente que en la estructura social de cada país). La radiofonía,

como más tarde la televisión, será en breve declarada monopolio estatal en la

mayoría de los países europeos, con unas pequeñas excepciones, como la misma

España, donde sin embargo tampoco se puede hablar de la implantación de un

modelo norteamericano de base privada. De hecho, algunos autores han negado la

posibilidad de distinguir entre dos modelos audiovisuales realmente diferentes, el

modelo europeo de base pública y el estadounidense de base privada, subrayando

el semejante uso que se ha hecho de los medios en cuestión por incentivar los

objetivos de control social y desarrollo capitalista de la clase dominante.

Sin embargo, las diferencias son bastante significativas, por lo menos en la

fase precedente el desmantelamiento de los monopolios públicos. La más marcada

es sin duda el diferente tipo de financiación, pública de un lado, a través de un

impuesto específico o del presupuesto general del estado, privada del otro, a

través de la publicidad. Sólo posteriormente la publicidad ha empezado a

constituir una fuente de financiación para el sector público. En consecuencia,

cambia también la función característica desempeñada del sistema audiovisual:

por una parte se privilegia esencial, si no exclusivamente, su función social, sin

embargo entendida en respeto a las finalidades de la esfera política dominante,

especialmente cuando los políticos, como pasa comúnmente, confunden un bien

público con un bien propio o gubernamental. En este caso el aspecto económico

interno constituye solo un límite, una variable de dependencia, en absoluto no la

principal. En el otro caso la función económica, o sea la búsqueda de beneficios

económicos, es el eje del sistema audiovisual. Hay que decir que, considerando

los medios de masas en el contexto social general del cual forman parte, en una

sociedad, como la nuestra, que asume el crecimiento económico como su principal

objetivo, los dos sistemas antes mencionados acaban confundiéndose siempre

más.

De todos modos, contemporáneamente a Estados Unidos, al principio de

los años treinta también en Europa se consolidan los últimos rasgos del régimen

radiofónico. El poder político, si bien las primeras emisoras fueron generalmente

de propiedad de las grandes compañías de aparatos eléctricos, pasa a la

constitución definitiva de monopolios públicos. Las razones son extremadamente

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complejas y profundamente enlazadas, en un sector donde las instituciones y las

costumbres jurídicas, y los asuntos políticos y económicos están tan mezclados y

vinculados entre si hasta el punto de volver infructuosa la búsqueda de sus

perfiles. Distintos autores han subrayado uno u otro de estos aspectos, centrando

sus explicaciones principalmente en las causas económicas o en las políticas,

afirmando la intención de la política de someterse a los intereses del gran capital,

o bien evidenciando su autonomía en la elección de una estrategia que le

reservaba el control de un medio tan importante. Seguro es que la opción de crear

monopolios de radio, y posteriormente de televisión, no fue dictada por principios

políticos propiamente progresistas, para dar el libre usufructo del espacio

audiovisual al pueblo, si no que fue más bien empujada de un deseo del estado de

ampliar y potenciar su intervención. De otro lado, las condiciones económicas

europeas, contrariamente a las que llevaron al desarrollo de una industria privada

en Estados Unidos, no permitían en absoluto la viabilidad de semejante opción

precisamente por la insuficiencia de las potencialidades del mercado. La gran

industria europea de la tecnología no quería un mercado privado de la radiofonía

porque eso era esencialmente imposible por simples razones económicas: quería

tan solo vender aparatos, y eso se lo consentía perfecta y únicamente la radiofonía

pública. Costa, tras haber examinados las divergentes opiniones de unos autores,

llega a una firme conclusión:

Parece demostrado que el modelo europeo de radiodifusión se originó por un interés coordinado de las industrias fabricantes de aparatos y de los poderes públicos que se movían con la doble finalidad de proteger, respaldar y fomentar la industria nacional y, al mismo tiempo, difundir e incluso dominar los contenidos de las emisiones de radio que fueron promocionadas para crear la necesidad de aparatos receptores. Con la ideología dominante de aquella época no podía ser de otra manera (1986, p. 52)

Los países europeos pusieron el sello a la definitiva institución de

monopolios de radio poco después de la crisis del 1929, o sea cuando la actividad

económica se hallaba en la depresión más fuerte de la historia del capitalismo;

puesto que la radiofonía privada depende directamente de los ciclos económicos a

través de la publicidad, resulta inmediatamente claro que un mercado tan flojo no

podía generar el volumen suficiente de publicidad capaz de mantener en vida el

sector radiofónico privado. En Estados Unidos, de otro lado, la radiofonía privada

se había desarrollado en acuerdo con el boom económico de los años veinte. El

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crecimiento de la economía estadounidense entre el 1922 y el 1929 fue

impresionante, la expansión productiva de la industria alcanzó en el complejo un

taxo del 64% (Salvadori). La ideología dominante, plenamente apoyada de la serie

de gobiernos republicanos que se subsiguieron en la década, daba total libertad a

la iniciativa privada repugnando la mínima intervención estatal, lo que de hecho

significaba libertad total a la acción de los grandes trust. La crisis del ’29 llevó a

un mayor intervensionismo del estado, sin embargo doblegado a los intereses del

gran capital, o sea a una afinación de la acción conjunta de los dos. En

consecuencia de las diferentes estructuras y condiciones económicas de Estados

Unidos y Europa, esa actitud se tradujo en una ley que de hecho respaldaba los

trustes radiofónicos en el primer caso, y en la creación de monopolios en el

segundo. La opción europea de crear monopolios públicos apoyaba

sustancialmente los intereses de la grande industria financiando los programas que

creaban la demanda de aparatos. Tras unos años pasó lo mismo con la televisión,

cuyo desarrollo en el infausto periodo posbélico rendía imposible su explotación

por parte del capital privado. El sucesivo abandono del régimen de monopolio,

bajo las fuertes presiones de los futuros inversores, se puede igualmente

reconducir a los mismos mecanismos de mercado, en este caso a la desaparición

de las causas que anteriormente empujaron hacía la creación de los monopolios: el

elevado crecimiento económico volvió muy rentable la explotación privada de los

medios audiovisuales, y los estados la respaldaron. El caso de Gran Bretaña, patria

del liberalismo, parece indicar la preponderancia de las razones económicas, que

aquí contrastaban con la tradición político-jurídica de libertad de prensa que había

ido creciendo a partir de la Guerra Civil del siglo XVII, o sea mucho más antes

que en el resto del mundo. También la masiva campaña de prensa, industria

temerosa de perder importantes cuotas del mercado publicitario, tuvo un papel

destacado.5 La lógica del beneficio económico, principal línea explicativa, debería

quizá ser extendida para tener en cuenta el complejo juego de fuerzas de la época,

5 Unos decenios más tarde pasó lo mismo en España, solo que en sentido contrario, cuando unos grupos editores de importantes periódicos promocionaron incesantemente el abandono del monopolio público televisivo, para entrar ellos mismos en el mercado, hasta lograr sus fines (en particular La Vanguardia, El Mundo, y El Periódico, en mano a los principales accionistas de Antena 3). Incluso en Inglaterra la prensa pasó a esta actitud en los años cincuenta para derrumbar el monopolio de la BBC. Después de pocos años, con gran desconcierto, el pueblo inglés supo que la campaña a favor de la televisión comercial respondía a una estrategia coordinada del partido conservador y financiada por la industria electrónica, alguna agencia internacional de publicidad, especialmente la norteamericana Thompson, y otras empresas interesadas al sector.

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como antes propuesto por Costa: lo importante es notar que los objetivos políticos

dominantes y los del gran capital coincidían, lo que parece ser indispensable para

dar un paso tan importante como la adopción o el abandono del monopolio

público audiovisual.

Sea cual sea el régimen radiofónico instaurado, al principio de los años

treinta la radiofonía occidental había hallado su camino y realizado su fractura de

la base de la sociedad, constituyéndose como un cuerpo separado con un flujo

unidireccional y vertical de transmisión (inoculación) de material. Pero este

proceso no pasó inobservado ni sin protestas. En varios estados occidentales, por

ejemplo, toda la década del veinte vio repetidos intentos de las organizaciones

obreras de tomar un espacio en el éter, lo que no era en absoluto imposible puesto

que la estructura de la radiodifusión aún no estaba totalmente arreglada ni

herméticamente cerrada. En Chicago, la Federation of Labour poseía su emisora,

mientras en otros países europeos las transmisiones obreras eran más irregulares y

a veces dependían de esporádicas acciones de protesta, si bien se podían siempre

escuchar las emisiones en diversos idiomas nacionales de la potente Radio Moscú.

En noviembre de 1929 la Comisión internacional de radio de la Internacional de

sindicatos revolucionarios convocó una conferencia en la cual los miembros de

doce países aprobaron un catalogo de llamativas consignas. Los primeros tres

puntos del catalogo así proclamaban:

1. Lucha por el reconocimiento del derecho a la utilización de radio por parte de las organizaciones revolucionarias2. Lucha contra el monopolio capitalista de la radio y la censura3. Lucha por el descenso de las tarifas, por la utilización de radiorreceptores y por el derecho de los trabajadores y sus organizaciones a poseer emisoras de onda corta6

Sin embargo, la institución de monopolios estatales no fue siempre mal

vista de los sindicatos o de los partidos de la izquierda europea: frente a la

utilización exclusiva de la radio en provecho de los intereses del gran capital,

parecía a menudo mejor la monopolización y el control estatal, más apto que el

libre mercado a representar las diversas fuerzas políticas institucionales. Esa

posición se quedará inmutada unos decenios más tarde (como en la actualidad),

cuando los monopolios serán destituidos, en correspondencia con el difundirse del

6 Citado en Dahl, “Detrás de tu aparato de radio está el enemigo de clase”, en Bassets, 1981, p. 38. En la mayoría de los países existían impuestos bastantes altos sobre la utilización de receptores, cuya construcción personal era prohibida.

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movimiento a favor de la “libertad de antena”, usualmente apoyado de amplios

sectores de la izquierda extra-parlamentaria pero no de los partidos.

De otro lado, existían también entonces voces de protesta más

independientes que reclamaban la libre utilización del espacio radiofónico en

beneficio del pueblo, a veces con una conciencia tan desarrollada y precisa que

resulta difícil creer que se tratase de opiniones formuladas en los años treinta. Una

de esas era la de Bertolt Brecht, factótum artístico alemán (poeta, dramaturgo,

ensayista, director de teatro, etc.), el cual manifiesta una clarividencia

incomparable en el terreno de los medios de masas. Vale la pena profundizar un

poco unos ensayos que escribió entre el 1927 y el 1932 (publicados en Bassets,

1981, p. 48-61, con el título de “Teoría de la Radio”, título anteriormente acuñado

por el recopilador alemán), por su increíble proximidad con las futuras

reivindicaciones de las denominadas radios libres o democráticas, lo cual les

atribuye un importante valor como testimonio etnográfico.

La siguiente proclama, celebre “propuesta para cambiar el

funcionamiento de la radio”, manifiesta enérgicamente su opinión y su aguda

comprensión del medio, así como uno de los fundamentos ideológicos del

abigarrado mundo de las actuales radios libres:

Hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de comunicación. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública, un sistema de canalización fantástico, es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir, por tanto, no solamente hacer oír al radio-escucha, sino también hacerle hablar, y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La radiodifusión debería en consecuencia apartarse de quienes la abastecen y constituir a los radioyentes en abastecedores (p. 56-57).

“Si consideran esto utópico”, sigue Brecht, “les ruego reflexionen sobre el

porqué es utópico”. Poco antes, el autor alemán afirmaba sarcástico que:

Tenemos centros culturales intrascendentes, que se esfuerzan angustiosamente por impartir una formación que carece de consecuencias y que es la consecuencia de nada. [...] No pertenece aquí analizar en interés de quien repercuten estas instituciones intrascendentes, pero cuando se halla una invención técnica de una utilidad tan natural para distintas funciones sociales con un esfuerzo tan angustioso por quedarse intrascendentemente en pasatiempos cuanto más inofensivos mejor, entonces surge incontenible la pregunta de si no existe ninguna posibilidad de evitar el poder de la desconexión mediante la organización de los desconectados (p. 57-58).

La última frase, sobre la “organización de los desconectados”, podría

parecer en unos de los muchos panfletos que las actuales radios libres distribuyen

copiosamente para revindicar su lucha, tan similar es su tono, como se podrá ver

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en la etnografía del próximo capítulo. Brecht concluye el texto contestando a la

anterior pregunta sobre las causas que convierten esta aspiración en una utopía:

Impracticables en este orden social, practicables en otro, las sugerencias [...]

sirven a la propagación y formación de este otro orden (las cursivas son mías, p.

60). Pues Brecht aquí exalta concisamente la estricta relación entre la

organización del medio y la organización social, dando gran valor a las

posibilidades ofrecidas por la retroalimentación de esta relación, cuyo directo

reconocimiento constituye otro importante asunto de la parte etnográfica.

Hasta ahora hemos trazado rápidamente el contexto histórico general que

dio forma a la radio que hasta hoy día conocemos: si bien ocurrirán importantes

acontecimientos que la modifican, su base quedará semejante a la que acabamos

de ver. Podemos entonces pasar a un sumario análisis de la evolución histórica de

la radio en España, a través del cual deseo enseñar solamente lo que me parece

más importante para la comprensión de la situación actual, obviamente sin

ninguna pretensión de ser exhaustivo, ni siquiera por lo que concierne un análisis

sumario.

1.2 LA RADIO EN ESPAÑA

La historia de un medio de comunicación, real o potencial, está totalmente

enlazada con el más grande contexto histórico-político en el cual se desarrolla, o

sea, en el caso de la radio en España, con un siglo áspero y denso caracterizado

por dos dictaduras y una violenta alternancia de distintos ordenes sociales e

instituciones políticas, lo cual se traduce en diferentes y en parte contrastados

intereses y organizaciones del sector radiofónico. No se puede en absoluto hablar,

a lo largo de toda la historia de la radio en la península, de una evolución

coherente y ordenada, aunque teniendo en cuenta la instabilidad del contexto

político, ni siquiera de un modelo público o de un modelo privado, útil enfoque de

partida para los demás países, tan siquiera de un modelo de mercado mixto con

organismos públicos como es el actual. Tal vez se trata de un escenario

radiofónico más complejo, tal vez simplemente más desordenado. Seguro es que

precisamente el desorden, primariamente legislativo e institucional, ha

caracterizado muchos años del desarrollo de la radio en España, y sigue teniendo

substanciales consecuencias (no todas negativas) hasta hoy día.

13

La primera emisora regular de radio, tras unos esporádicos intentos, ve la

luz en Barcelona en 1924, cuando unos importantes hombres de negocio y las

respectivas sociedades económicas crean la Asociación Nacional de

Radiodifusión (ANR), con el propósito de fomentar la radiodifusión y la venta de

radios. Los nombres que se unen en la asociación no dejan lugar a dudas sobre el

alto nivel de penetración internacional y los objetivos de lucro: Sociedad Anglo

Española de Electricidad, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas,

Industrias Radio Eléctricas, Teléfonos Bell, Viuda y Sobrinos de Prado

(representantes de la Ericsson de Estocolmo), etc (Franquet, 2001, p. 29). La casa

Teléfonos Bell proporcionará la estación emisora, inaugurada oficialmente el 14

de noviembre bajo el indicativo EAJ-1, Radio Barcelona. En los mismos días

empieza a emitir también Radio España de Madrid, EAJ-2, segunda emisora en la

historia de la radio ibérica.

El estado se había antes reservado el derecho de explotar el servicio

radiotelefónico mediante concesión o por si mismo. La Real Orden del 14 de

Junio de 1924 reglamentaba el sector consolidando el control estatal, como

reasume el Art. 3: “Las estaciones radiotelegráficas o radiotelefónicas

particulares, sean transmisoras o receptoras, están sujetas a la intervención del

gobierno”. Este reglamento establecía y regulaba cinco clases de emisoras, entre

las cuales cabían las estaciones comerciales (cuarta categoría): “Éstas podrán ser

establecidas libremente por particulares o corporaciones sin concesión de

monopolio alguno. La concesión tendrá lugar por un tiempo diario, potencia

determinada y longitud de onda” (Art. 19). El Art. 22 establecía que

“corresponderá a las estaciones de esta categoría la transmisión de todo genero

de servicio de interés o utilidad general, [...] y todo cuanto pueda tener carácter

cultural, recreativo, moral o de interés comercial”. Asimismo se autorizaba la

emisión de publicidad, con un limite de cinco minutos por hora, de la cual el

estado cobraba un impuesto, y se imponía además otro impuesto sobre los

radiorreceptores, de cinco pesetas en caso de ser en mano a particulares, cincuenta

si estaban en lugares públicos. Finalmente, el Reglamento dejaba abierta la

posibilidad de establecer un servicio público de radiodifusión, pero sin hacer más.

Al amparo de este reglamento se conceden quince permisos, uno de los

cuales, EAJ-7, a la empresa protagonista absoluta de la historia de la radio

española, y de la actualidad también, o sea Unión Radio, futura SER, cuya

14

predominancia ha rozado y roza el monopolio. Su fundador y primer director

general fue Ricardo Urgoiti, hombre de relieve del grupo propietario de los diarios

El Sol y La voz, y de Papelera Española. Además de ser el líder de esas empresas

de familia, y de la empresa Sagarra, propietaria de una cadena de cines, Urgoiti

era hombre de confianza de importantes multinacionales del sector tecnológico,

como AEG, Telefunken, Marconi, Standard Eléctrica, ITT, etc., que juntas al

Banco Urquijo formarán el accionariado de Unión Radio (Díaz, 1997, p. 53, 121).

La sede de la emisora madrileña estaba en el mejor tramo de la Gran Vía,

entonces llamado Pi y Margall, en la sexta planta del lujoso edificio de los

almacenes Madrid-París, rodeada de unos cuantos cines. La emisora,

pomposamente inaugurada el 17 de junio de 1925, nace con claros objetivos

expansionistas, con no tan velado propósito de crear una red de emisoras

nacionales gracias a la excepcionalidad del gran capital a disposición. El camino

hacía la concentración del mercado radiofónico, hasta entonces caracterizado por

muchas pequeñas iniciativas, tenía aún un freno legal en la antes mencionada Real

Orden del 1924, que prohibía el traspaso de concesiones. Sin embargo, el 1 de

Abril del ’26 se promulga otra Orden que autoriza tales traspasos. Quizá el hecho

que a la pomposa inauguración de Unión Radio hayan participado el Rey Alfonso

XIII, don Miguel Primo de Rivera, Valentín Ruiz Senén (presidente de Unión

Radio y amigo del dictador), ha contribuido a engrasar un poco los estridentes

mecanismos de la maquina legislativa.

En su conjunto, a la radio en España le costó arrancar, el público era

escaso, la publicidad muy poca, pero el canon de uso de receptores y las

aportaciones de los oyentes consiguieron sacarla adelante. Las cuotas de los

socios eran sin duda el principal medio de sustentamiento: Radio Barcelona tenía

3.000 socios en el octubre de 1925 (Franquet, 2001, p. 36), Unión Radio Madrid

terminó ese año con 2.000 asociados, que subieron a 10.000 por el final del 1926

(Díaz, 1997, p. 128). Cada importante emisora tenía además su órgano escrito

(Radio Barcelona por la homónima radio y Ondas por Unión Radio), revistas a las

cuales se atribuía grande importancia por la difusión de la radio y de la conciencia

de grupo necesaria al mantenimiento de un medio que se auto-sustentaba. Otro

gran problema que no podía tardar en presentarse fueron las peticiones de la

Sociedad de Autores, ansiosa de cobrar los derechos, problema común que en

15

ausencia de una ley general fue singularmente solucionado después de largas

tratativas.

En julio de 1929 el estado promulga otro decreto para crear el “Servicio

Nacional de Radiodifusión” a través de un concurso, que a causa de fuertes

presiones e importantes cambios políticos, como la muerte del dictador, será

declarado desierto un año después. Pero en la práctica existía un servicio nacional

de monopolio, el de Unión Radio, bien que no era un monopolio de estado ni de

derecho. Por el 1930 la empresa en cuestión poseía emisoras en Madrid,

Barcelona, Sevilla, San Sebastián y Valencia, a las cuales hay que añadir unas

cuantas “asociadas” y las que Unión Radio compró y cerró para desmantelar la

concurrencia. Así en noviembre del 1926 desapareció Radio Barcelona, absorbida

de la cadena madrileña, que un par de años más tarde compraría también la

segunda radio que había surgido en la ciudad, para cerrarla en seguida. Mientras

ese proceso se repetía en varias ciudades españolas, las emisiones iban siendo

centralizadas y la dirección unificada.

Los políticos empezaron desde el principio a aprovechar directamente las

ventajas de la radiofonía. En abril de 1924 Primo de Rivera dio el primer paso

hacia la conquista política del éter, con un tono que ahora puede parecer

simpáticamente demagógico: “Por primera vez me veo ante el aparato de

maravillosa invención que ha de recoger mis palabras para difundirlas acaso por

el mundo, las primeras que he de pronunciar son un rotundo, categórico y

entusiasta ¡Viva España!” (Díaz, 1997, p. 103). En seguida se empezaran a

retransmitir las corridas y el fútbol, los eventos religiosos y otros de

entretenimiento: faltaba solo una lluvia de informativos, o supuestos tales, y de

tertulias políticas, por el resto la programación de entonces no se alejaba mucho

de la corriente. Uno de los primeros programas no musicales de Radio Barcelona

se dirigía a las mujeres. Un periodista de la revista Radio Barcelona, en el

noviembre de 1924, afirmaba que el programa “no pretendía ocuparse de nada

trascendental, ni abordar a fondo problemas políticos, ni aún hacer pensar, sino

que simplemente trataría de distraer y divagar sobre temas frívolos”,

preocupándose en seguida de precisar que se tenía que entender con frivolidad

“todo un orden de preocupaciones legitimas” (Franquet, 2001, p. 38).

La radio, al principio un fenómeno elitista, se consolida en los años treinta

como medio de masas. La instauración de la segunda Republica no puede que

16

beneficiar la radio, que comienza a aprovechar las nuevas posibilidades de

expresión tras la abolición de la censura en el 1930, incluyendo en su

programación abundante retransmisiones de actos políticos y espacios de debate

público en acuerdo con el fermento social y político de la época. La radio se

convierte en el medio privilegiado para difundir sistemáticamente las ideas y los

acontecimientos políticos. El mismo día de proclamación de la Republica, el 14 de

Abril de 1931, Unión Radio difunde el discurso del presidente del gobierno

provisional, Alcalá Zamora. Sin embargo, la propaganda política no estaba

todavía perfectamente desarrollada, ni los mensajes solían ser concebidos en

función del medio. Según Franquet (2001, p. 88-89), la campaña electoral por las

Cortes Constituyentes de 1931 manifiesta dos características: “La primera és la

importància que tots els partits donaven a la radio com a mitja de propaganda, i

la segona és la demostració del desconeixement de les tècniques més adequades

al neu mitjà”.

La cadena con sede en Madrid, futura SER, (tal como el diario El Sol, de la

misma propiedad) se convierte de hecho en el órgano oficioso de la Republica y

de la “buena sociedad” de la época (¡cada referencia a la actualidad es puramente

casual!), radiando sesiones del Parlamento y otros acontecimientos políticos,

además del diario hablado La Palabra. La publicidad gana en cantidad y calidad,

se crean equipos de publicistas y se importan las técnicas más innovadoras de

Estados Unidos. Contemporáneamente, y a consecuencia de esto, la programación

se diversifica y se especializa en segmentos de público más homogéneos en su

interior, es decir más rentables en términos publicitarios. Entre los primeros

segmentos así individuados destaca lo de las mujeres, supuestamente amas de casa

y administradoras de la economía domestica. A las mujeres se dedicaban los

programas de medio día, o sea la hora en que se prepara la comida, caracterizados

por sesiones literarias, de moda, de belleza, de cocina, de acontecimientos

mundanos, etc. Pequeñas variaciones han afectado estos programas hasta bien

entrados los años ochenta. También nuestra gloriosa y querida Universidad de

Barcelona tenía su programa semanal en Radio Barcelona, al cual participaban

profesores y estudiantes. La radio en la Cataluña republicana ha tenido además un

significativo papel de normalización lingüística, difundiendo el “correcto” catalán,

incluso a través de cursos radiados.

17

En 1932 el panorama radiofónico ibérico contaba con ocho grandes

estaciones, tres independientes, cuatro de propiedad de Unión Radio y una a ella

asociada, pero de propiedad estatal (Valencia). Barcelona disponía también de una

de estas tres emisoras independientes, Radio Associació de Catalunya, creada en

1930 por representantes de la ANR, la misma asociación que fundó Radio

Barcelona, cuando se dieron cuenta que esa última fue irremediablemente

entregada a la cadena Unión Radio. La radiofonía catalana de la segunda

Republica es dominada de la rivalidad entre las dos estaciones, y “la lluita per la

catalanitat és la protagonista de l’enfrontament” (Franquet, 2001, p. 52): Radio

Associació de Catalunya acusa la otra de ser de propiedad foránea, mientras

intenta convencer la opinión pública, sobretodo política, de la necesidad de

atribuir a la Generalitat el control de la radiodifusión, con la esperanza que el

desarrollo del servicio le fuera en seguida adjudicado. El Estatuto aprobado el 9

septiembre 1932 dejaba posibilidad a diferentes interpretaciones. El articulo 15

decía que, en lo que concierne el servicio de radiodifusión, “Corresponde al

Estado español la legislación y podrá corresponder a las regiones autónomas la

ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes”. Solo

que la implementación del Estatuto era lenta, y la Comisión Mixta, que se

ocupaba de los bienes y derechos que el estado español tenía que traspasar a la

Generalitat, no consiguió llegar a un acuerdo antes de la primavera de 1934. Los

acontecimientos del octubre del mismo año, con la suspensión del Estatuto y la

detención del gobierno catalán, retrasaron ulteriormente la creación de un servicio

público catalán, que de hecho no pudo ser establecido ni siquiera en el poco

tiempo que quedaba antes de la guerra (Franquet, 2001, p. 64-65).

En los mismos años, también el gobierno de la Republica española intentó

repetidamente crear un servicio nacional de radiodifusión, como ya hizo antes, y

con la misma falta de éxito de antes. En Abril de 1932 el gobierno autoriza un

concurso, para después anularlo en poco más de un mes a causa del insostenible

peso de las presiones recibidas, así como la campaña informativa y política

realizada en Cataluña. Pero la voluntad, o por lo menos el deseo, no

desvanecieron, y en 1934 el gobierno vuelve a intentarlo. La ley de 26 de junio de

ese año establecía que “El servicio de radiodifusión nacional es una función

esencial y privativa del Estado, y al Gobierno corresponde desarrollar el

servicio”. El juego de intereses contrastantes bloqueó otra vez el proyecto,

18

confirmando la que parece ser una tradición secular de las autoridades españolas,

o sea su incapacidad de aprovechar los medios de masas para unificar la

conciencia nacional. ¡Si bien Francia no queda tan lejos!

Sin embargo el gobierno, a la espera de realizar la red nacional, se

preocupa igualmente de que el servicio radiofónico pueda cubrir toda la península,

aunque sea de mano privada. Al final de 1932 emana un importante decreto,

fundamental para el particular desarrollo del sector en España, con que autoriza el

establecimiento de emisoras locales de escasa potencia, 200 vatios, y radio de

acción limitado (30 kilómetros). Las concesiones podían ser retiradas en el caso

de que se hubiese instalado una emisora de la red nacional en la misma localidad.

A finales de 1934, cuando cesa la repartición, se han concedido cerca 60

permisos, la mayoría de los cuales destinados a emisoras cooperativas que se

mantenían gracias al trabajo y a las aportaciones voluntarias de los socios,

personalmente ligados a la vida de la estación. Radio Associació de Catalunya

aprovechará el decreto del 1932 y las emisoras consecuentemente nacidas para

crear una red catalana, como hará Unión Radio y sucesivamente la SER, la COPE,

etc. En 1933 se censaron 153.662 aparatos receptores (6,4 por 1.000 habitantes),

tres años más tarde su numero superaba los 300.000, cifra por de bajo de la media

europea, aunque se tiene que tener en cuenta que algunos oyentes no se

declaraban para evitar pagar el canon, que no será abolido hasta 1964 (Díaz, 1997,

p. 134). Era también frecuente escuchar la radio en sitios públicos, en tabernas,

ateneos o por la misma calle, y en compañía, lo cual diferencia sustancialmente la

percepción del mensaje radiofónico de antaño respecto a la de hoy.

Al estallar la Guerra Civil, la radio se convierte en arma estratégica de

primera importancia, gracias a la simultaneidad que entonces sólo este medio

poseía. Desde Tenerife Franco proclama por la radio el comienzo de las

hostilidades, el día 18 de julio, mientras el Gobierno republicano se apresura a

negar la importancia de los acontecimientos. En la península, el general Queipo de

Llano ocupa Sevilla con relativa facilidad, y con aún más facilidad consigue

apropiarse de Unión Radio Sevilla, pacíficamente entregada por mano de su

director Antonio Fóntan, apellido clave de casi toda la historia de la radiodifusión

española. Desde aquel día, durante dieciocho meses, noche tras noche casi

ininterrumpidamente, Queipo de Llano empieza a proferir sus famosas arengas

radiofónicas, que lo convertirán en el primer militar de la historia en utilizar con

19

tanto fervor y eficacia la radio como arma de propaganda en tiempos de guerra.

“El discurso barroco, brutal, demagógico pero morbosamente radiofónico del

general”, según las palabras de Díaz (1997, p. 154), hecho de anécdotas groseras,

sumarios análisis de la situación, insultos y mentiras bufonescas, es

unánimemente considerado de decisiva importancia por el futuro del conflicto, y

él una estrella de la radiofonía.

La potente emisora de Sevilla podía difundir por casi toda España las

proclamas de Queipo de Llano, pero en realidad esa era la única estación de gran

potencia controlada por los nacionales, las demás eran unas minúsculas estaciones

locales de 200 vatios. En cambio el lado republicano contaba con la casi totalidad

de la cadena Unión Radio (Madrid, Barcelona, San Sebastián y Valencia), más

Radio Associació de Catalunya y buena parte de las estaciones locales. A pesar de

la gran desventaja técnica, los nacionales supieron aprovechar con mucha más

habilidad y astucia el potencial bélico del éter. De hecho, los primeros suministros

alemanes comprenderán, además de las armas, estaciones y otro material de

transmisión. En la zona republicana, cada pequeña estación local fue confiscada

por los distintos grupos políticos que componían sus filas, sin embargo el radio de

transmisión de estas emisoras era decididamente limitado. Con el tiempo, y el

ampliarse de las divergencias, el gobierno republicano consiguió imponer su

autoridad, poco a poco, llegando por fin a centralizar las retransmisiones y a

imponer la censura de guerra.

Al finalizar las hostilidades, el lado victorioso empieza la obvia

depuración de las emisoras para instalar sus hombres de confianza. Los

franquistas se apropian de todas las emisoras, imponiendo a los propietarios de las

concesiones un corto plazo para demostrar su fidelidad al régimen, en el cual caso

les hubieran devuelto el permiso. Radio Associació de Barcelona, tan fielmente

catalanista y republicana, es convertida, ironía de una suerte adversa, en Radio

Nacional de España en Barcelona. Uno de los objetivos más deseados por Franco,

en el sector radiofónico, no podía que ser la creación de una red nacional, cuya

primera emisora, de 20 kilovatios, alemana por supuesto, fue inaugurada durante

el mismo conflicto en Salamanca, en enero de 1937, por el mismo Franco. En

seguida el régimen instaura la censura y reafirma el monopolio estatal de las

ondas, concediendo además la explotación a particulares, empresas privadas y a la

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Iglesia, es decir, a los grupos políticos y económicos que habían ayudado o podían

ayudar la causa franquista.

La vieja Unión Radio se ve sometida a un importante proceso de

depuración que empieza precisamente por el nombre, ahora convertido en SER,

Sociedad Española de Radiodifusión. Virgilio Oñate, que había sustituido Urgoiti

durante su fuga bélica, es nombrado director general, y Antonio Garrigues,

abogado de la embajada norteamericana en Madrid y del Banco Urquijo,

presidente. En la secretaria de la dirección encontramos María Teresa Oñate,

futura esposa de Eugenio Fóntan, más tarde accionista y director de la cadena. Su

hermano Antonio es el personaje clave en el proceso de transformación-salvación

de la cadena, gracias al crédito que había acumulado con el régimen por haberle

entregado Unión Radio Sevilla los primeros días de Guerra Civil. De momento

sigue de cabeza en la radio de la ciudad andaluza, pero cuando en 1944 asciende

al grado de coronel, con destinación Madrid, pasa a ser subdirector general de la

cadena. Otra pieza fundamental de la recién nacida SER era Manuel Aznar,

periodista de máximo éxito, ya director en 1917 del diario moderadamente

progresista y liberal El Sol. “Casualmente” resbalado en uno de los círculos más

próximos a Franco, Aznar en 1942 es enviado por el dictador a Estados Unidos

para promocionar la voluntad no beligerante de España. Antes de irse, deja su

homónimo hijo, futuro director de RNE, en un importante cargo en la cadena

SER. Quizá con este viaje nació el amor de familia por el gran país americano,

como parece confirmar la carrera política del enérgico nieto, desde luego la SER y

Estados Unidos aprovecharon pronto los lazos instaurados. En seguida llega a

Madrid un judío americano, Robert Kieve, que trae consigo fundamentales

conocimientos teóricos de radio y una importante ayuda en material técnico y

humano (Díaz, 1997, p. 178-181, 459-461). Con este embrión del plan Marshall

llegaba a España, a través la cadena SER, el colonialismo cognitivo del grande

hermano norteamericano.

El sector radiofónico, sobre todo en la primera etapa franquista, iba

estructurándose principalmente según criterios políticos más que económicos. Ya

durante la Guerra Civil algunos grupos políticos y sindicales del movimiento

nacional habían construido o confiscado pequeñas radios. Después, la lealtad al

régimen sería premiada con la concesión de licencias para radios de escasa

potencia, configurando así un panorama radiofónico caótico hasta el exceso,

21

caracterizado por una gran red nacional pública, una privada, y una infinidad de

emisoras locales de alcance muy limitado. En 1942 el gobierno agrupa las

emisoras existentes de Radio Nacional en una red estatal de radiodifusión,

REDERA, que dos años más tarde pasa a ser Radio Nacional de España, la cual

llega a cubrir todo el territorio a principio de los años cincuenta, con una potencia

de emisión que daba y sigue dando envidia a todo el sector privado.

Contemporáneamente, la administración seguía distribuyendo a los fieles

licencias radiofónicas con correspondida generosidad informativa, dando vida a lo

que Prado ha denominado “minifundio de emisión” y “latifundio de información”.

Para mejor racionalizar el utilizo de la banda radiofónica y aprovechar las

economías de escala, y asimismo controlar más fácilmente las emisiones, en una

segunda etapa la dictadura favorece la formación de otras redes nacionales,

creando un sistema oligopolista de confirmada fidelidad ideológica. En 1954 las

48 estaciones de la FET y de la JONS son agrupadas en la Red de Emisoras

Sindicales (REM), mientras las denominadas “Radio Juventud”, en un principio

vinculadas al Sindicato Universitario, el SEU, componen la CAR, Cadena Azul

de Radiodifusión, dedicada a la formación de jóvenes profesionales del medio. La

última cadena institucional es la CES, Cadena de Emisoras Sindicales, vinculada

al sindicado vertical.

Sin embargo, estaba otro grupo social a la espera de su merecida

recompensa por el gran trabajo ideológico desarrollado a favor del régimen, o sea

la Iglesia. El Concordado del 1953 reconocía a la Conferencia Episcopal el

permiso de tener estaciones propias de alcance local, permiso que la institución

católica no dejó caer en el vacío: dentro del 1958 nacen alrededor de doscientas

emisoras parroquiales, que en seguida suben a cuatrocientas. La permisividad de

la dictadura se fundaba claramente en la comprobada lealtad de las instituciones

eclesiásticas, lo que de hecho convertía la censura previa un mecanismo superfluo,

pero la infinidad de emisoras surgidas contrastaba con el intento gubernamental de

racionalización del espacio radioeléctrico. Después de largas y obscuras

negociaciones, la administración en noviembre del 1959 cede a las peticiones

episcopales, otorgando el permiso a la segunda cadena privada del estado español,

o sea la Cadena de Ondas Populares COPE. Eso de las emisoras parroquiales y de

una tan poderosa red radiofónica religiosa es uno de los fenómenos más

destacados del éter ibérico, inigualado incluso en el Vaticano y en la península

22

que tiene la suerte de acogerlo. En 1960 la COPE concede reducir el número de

emisoras a ochenta, y una década más tarde pasa a constituirse en sociedad

anónima, para después ir secularizando y comercializando gradualmente su

programación, hasta el punto de no tener sustanciales diferencias con las demás

estaciones.

El control sobre la titularidad de las licencias, y la reducción y

concentración de los puntos de propagación, constituían de hecho la primera

táctica de ordenación y sometimiento de las comunicaciones, mucho más efectiva

que la censura, que por fin tiene que ser vista como lo que simplemente es, o sea

una medida excepcional, la última a disposición en casos de irresuelta

conflictividad. Dada la excepcionalidad del régimen dictatorial, y los intereses e

ideologías en parte contrastantes entre los propietarios y trabajadores del medio de

un lado y los gerentes políticos del otro, la censura era de todos modos necesaria

por las finalidades franquistas. La censura previa fue entonces establecida en

octubre del 1939 sobre todo el material para transmitir, llegando a prohibir discos

y noticias sin estricta relación con la situación del país. Radio Nacional de España

ha acaparado asimismo el monopolio sobre la información hasta el 1977, entre

tanto las demás radios estaban obligadas a conectarse con la red nacional para

radiar el diario hablado, popularmente conocido como El Parte. En virtud de esto,

las radios privadas se dedicaron casi exclusivamente al entretenimiento.

Había claramente consignas directas de las autoridades dirigidas a

promocionar una alineación del pensamiento a los valores morales más ortodoxos,

un verdadero asesoramiento positivo que configuraba las emisiones como

prolongaciones en el éter de los órganos políticos y religiosos franquistas. Si de un

lado se tenían que enfatizar los valores del movimiento nacional, del otro se tenía

también que proporcionar la justa dosis de diversión de las asperezas de la

realidad. La radio entonces servía para “fer oblidar la realitat social i contribuir a

l’evasió quotidiana mitjançant la construcció d’un entramat social irreal

caracteritzat per la manca de conflictivitat”, según las palabras de Franquet

(2001, p. 206), la cual, hay que precisarlo por la alta posibilidad de confundirse,

se refiere al franquismo y no a la actualidad. La trama del serial radiofónico más

amado del final de los años cuarenta, Lo que nunca muere, ejemplifica

perfectamente el asunto: la suerte separa dos jóvenes hermanitos, Carlos y

Enrique, y mientras el primero, noblemente criado, se dedica triunfalmente a la

23

carrera militar, el segundo, después de una infancia mísera y la derrota en la

Guerra Civil, acaba su perdición nada menos que en Rusia, antes de volver

arrepentido por el feliz final. “Una temática muy de aquella época”, comenta Díaz

(1997, p. 252), “la reconciliación nacional a través de dos hermanos”. Las

radionovelas, casi todas moralizantes y cargadas de intención política, constituían

el género más escuchado de la radiofonía de los años cincuenta, cuando la

televisión aún no había aparecido en España. Al mismo tiempo se consolidan los

programas deportivos, los concursos y la música, que será el género de más

audiencia con la llegada de la frecuencia modulada en los años sesenta.

La música está claramente ligada al FM por las características técnicas de

este sistema, que incrementa enormemente la calidad del sonido y permite la

emisión estereofónica, y además reduce los costos cubriendo un ámbito más

limitado. La FM entra en España a través de Radio Nacional al final de los años

cincuenta, pero necesita una década para radicarse mejor, y aún más tiempo para

dar vida a la programación típica de esta tecnología. La reorganización

gubernamental del espacio electromagnético a mitad de los años sesenta forzó las

emisoras a adoptar la nueva tecnología: el numero de estaciones de pequeña

potencia del estado español sobrepasaba enormemente la media europea y las

frecuencias asignadas a España en los acuerdos de Copenhague del 1948, por lo

tanto el gobierno tuvo que dejar libres varias frecuencias y obligó unas cuantas

pequeñas emisoras a pasar a la nueva tecnología. A principio de los años sesenta

el estado había también abierto la última cadena estatal, Radio Peninsular,

caracterizada de la posibilidad de recoger financiación publicitaria. Había pues

otras dos cadenas privadas de fecha antigua, Radio Intercontinental, vinculada a

Serrano Suñer, cuñado de Franco, y la Rueda de Emisoras Rato, de propiedad de

Ramón Rato, beneficiario del cierre de Radio Associació en 1939.

La última importante medida legislativa de la era franquista llega el mismo

año de la muerte del dictador. El último gobierno de la dictadura, en previsión de

una etapa incierta, obliga las empresas del sector a ceder el 25% de sus acciones al

estado, consolidando así su papel intervencionista y de control. Sin embargo,

Bustamante (1982) ve en esta opción legislativa una paralela voluntad de

consolidación de las cadenas existentes, fortalecidas de la participación estatal en

una época de potenciales cambios (en 1992 el gobierno socialista aprueba la venta

de estas cuotas a las emisoras). De todos modos, está claro que el modelo de

24

radiodifusión española se basaba en un estricto oligopolio, respaldado del régimen

y de la industria del sector. Un par de meses después de la promulgación de la

antes mencionada ley muere Franco, y por tres días y tres noches todas las

estaciones tuvieron que conectarse con RNE.

En conclusión, según Martí (1996, p. 21), “quaranta anys de dictadura

van servir per [...] deixar créixer el sector d’una manera tan desordenada, lluny

dels acords dels organismes internacionals [...], que la normativa posterior, dins

el marc d’un Europa sacsejada por la neo-regulació, servia en molts casos per

intentar posar ordre, tot i que sovint aquest ordre es va fer sobre la mateixa base,

la qual cosa permet entendre millor la situació actual de la radio espanyola”. Lo

que es más evidente, el nuevo marco político no ha ciertamente intentado limitar

el poder del oligopolio del éter, a pesar de que algunos optimistas así pensaban

con la vuelta de la soberanía popular, o, mejor dicho, la ilusión de su vuelta,

siempre que pueda volver algo que nunca ha estado. La gran diferencia es que

ahora el monopolio se justifica por razones exclusivamente económicas.

Durante la transición democrática, ese proceso histórico español que a ojos

forasteros puede parecer por lo menos curioso, el pasaje a un sistema audiovisual

de marco democrático fue extremadamente lento, por lo que concierne el sector

público, y para nada desinteresado. De otro lado, en campo privado, se han

simplemente mantenido las bases existentes con algunos ajustes que no han

afectado negativamente el dominio de las principales cadenas. Antes de nada, se

tenía que proceder a la revisión del sector público, de marca fascista, no obstante

“el cambio de estructuras en las instituciones de radiotelevisión fue

voluntariamente retrasado por los gobiernos centristas”, según cuanto afirma

Costa (1986, p. 320) reasumiendo una patente certeza común, con el propósito de

“controlar el proceso reformista a través de una información manipulada”. La

radio y televisión pública constituían entonces una formidable maquina de

propaganda heredada de la dictadura, que sin embargo contrastaba teóricamente

con los ideales democráticos que tenían que caracterizar la nueva fase. La duda

política si aprovechar de la arma de propaganda fascista, o escuchar la voz de la

conciencia democrática, tenía que ser fuerte. Sin embargo estos supuestos ideales

democráticos podían descansar un rato sin morirse, y quizás volver a aparecer en

un segundo momento, o por lo menos eso es lo que parece haber pensado el

gobierno UDC, que no supo resistir a la increíble tentación. Solamente en mayo

25

del 1979, casi cinco años después de la muerte de Franco, se procedió a una

estructural reorganización del sector audiovisual público, con la aprobación del

Estatuto de Radio y Televisión. El Estatuto declaraba la radio y la televisión

servicios públicos esenciales en base al articulo 128 de la Constitución, creando a

tal fin el ente público RTVE, en el cual se fundían las tres sociedades públicas del

sector, o sea TVE, RNE, RCE (Radiocadena Española, ente derivado de la previa

unión de las radios del Movimiento con Radio Peninsular).

En octubre de 1977, con dos años de retraso respecto a la muerte del

dictador, fue eliminada la censura y la obligación de conectarse con RNE por la

difusión del diario hablado. Estalló entonces un verdadero boom informativo

compuesto de amplias tertulias, abiertas a diferentes protagonistas de la sociedad

y de la política, e intervenciones callejeras. La programación informativa fue

especialmente aprovechada de la SER, la cual llevaba unos años de ventaja

gracias a la permisividad estatal que le había concedido hacer su programa

informativo, Hora 25, a pesar del monopolio vigente. Durante la transición, hasta

la llegada de PRISA, la SER se queda fuertemente vinculada a la UDC, gracias

principalmente a los Garrigues y a Eugenio Fóntan, cuyo hermano Antonio logró

ocupar el cargo de presidente del senado. El marco de libertad de la radio española

de aquellos años se completaba con las obvias afinidades electivas entre la UDC y

la COPE, segunda cadena privada española de propiedad de la Iglesia, además de

las aportaciones de las otras dos cadenas, la Intercontinental y la Rato, que sin

embargo se repartían entre UDC y AP. Todo eso ha llevado unos autores a dudar

sustancialmente de las intenciones informativas de la radiofonía del final de los

años setenta, cuya programación tenía el propósito de consolidar el proceso

democrático, representando “los rasgos generales del cambio con una magnitud

que no se correspondía exactamente a la realidad del mismo” (Prado, en Bassets,

1981, p. 242)

De todos modos, en 1978 es aprobada la Constitución, que en su articulo

20 defiende el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por

cualquier medio de difusión”. La gestión del éter es ampliada a la intervención de

las comunidades autónomas, reservando en exclusiva al estado “el

establecimiento de las normas básicas del régimen de radio y televisión, sin

prejuicio de las facultades de desarrollo y ejecución que corresponden a las

comunidades autónomas”. En seguida, las varias comunidades autónomas

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sentencian en sus Estatutos la posibilidad de crear y mantener sus propios medios

audiovisuales: el parlamento de Catalunya en mayo de 1983 decreta la ley que da

vida a la Corporació Catalana de Ràdio y Televisió (CCRTV), red de emisoras de

la Generalitat que conseguirá tener una importante parte en el conjunto del sector

audiovisual catalán, realizando una fuerte concurrencia tanto a las redes estatales

cuanto a las privadas. El 5 de julio del mismo año sale al éter Catalunya Radio,

primera emisora de la serie que componen la red, a la cual se atribuirá una

fundamental tarea de normalización lingüística, bien incentivada de unas cuantas

leyes posteriores.

Una vez aclarada la partición de poderes y derechos entre el gobierno

central y las comunidades autónomas, no sin un infructuoso recurso al Tribunal

Constitucional por parte del gobierno, contrario a la interpretación que dejaba a

las comunidades autónomas la repartición de frecuencias, al principio de los años

ochenta se pasa a la asignación de las trescientas nuevas concesiones

promocionadas de la ley del 1979. Quien anhelaba el fin del oligopolio en favor

de una real democratización del espacio electromagnético pronto pudo darse

cuenta de cómo es empíricamente interpretado el concepto de democracia. Las

frecuencias fueron discrecionalmente asignadas por el gobierno de la UDC, el

cual, si bien no se abstuvo del respaldar las antiguas cadenas dándole la

posibilidad de completar sus redes, permitió contemporáneamente la entrada en el

sector de dos otros grandes grupos mediáticos, Antena 3 y Radio 80. Antena 3, el

mayor beneficiario del plan en cuestión, que le asignaba 54 de las trescientas

nuevas licencias, era un coloso mediático y financiero en el cual destacaban las

empresas que controlaban La Vanguardia (TISA), El Periódico (Grupo Zeta), y

ABC. Mientras Antena 3 siguió expandiéndose con la adquisición de nuevas

estaciones, Radio 80 se enfrentó a un opuesto camino que la llevó a la venta de

muchas frecuencias, especialmente a la COPE, antes de venir absorbida por

Antena 3 en 1984.

Al final de los años setenta-principio de los ochenta, tenemos también

otros dos fenómenos radiofónicos de fundamental importancia, el nacimiento de

las radios libres, del cual hablaremos en el próximo capítulo, y lo de las radios

municipales, característico este último del panorama español. Las radios

municipales nacen espontáneamente en Catalunya y pronto se propagan a una

velocidad imparable, a pesar de no ser legalizadas. No tienen grandes recursos, y

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si bien unas van a disponer de una plantilla de colaboradores salariados, a las que

hay que añadir la colaboración gratuita de muchos de sus miembros, la mayoría

vive casi exclusivamente de esa colaboración voluntaria. Tras ocho años de la

aparición de la primera emisora municipal, y después de unas cuantas

reivindicaciones, las radios en cuestión consiguen tener el deseado

reconocimiento legislativo, que le asigna la banda comprendida entre el 107.0 y el

107.9 de la FM, reconociéndoles asimismo la posibilidad de financiarse a través

de la publicidad y del presupuesto municipal. Las esperanzas de quien veía en

ellas un instrumento a disposición de una pequeña comunidad local, que

favoreciera la comunicación pública de base sin las usuales trabas políticas, se han

quedado pronto desilusionadas. Actualmente, en Catalunya, las radios

municipales tienen la opción de asociarse a dos redes, que abastecen una parte

saliente de la programación, pudiendo elegir entre COMRADIO, para los

municipios de izquierda, y la Fundació de la Ràdio i Televisió Locals de

Catalunya, para los ayuntamientos de la otra banda política. Queda claro que las

intenciones iniciales han sido perdidas en la mayoría de los casos, siendo la libre

comunicación local sofocada de las presiones políticas y de la programación en

red.

Mientras tanto, la democracia seguía su camino hertziano con otros bandos

de concursos por la asignación de nuevas frecuencias, puntualmente concedidas

en base a la fuerza de los partidos con la rigurosa discrecionalidad que caracteriza

el funcionamiento de nuestras democracias parlamentarias. En 1989 los socialistas

al gobierno deciden que había llegado la ora de remediar a los años de dominio

hertziano de la UDC, y ponen a concurso 153 nuevas frecuencias, que iban a

añadirse a las casi cuatrocientas ya existentes. Un mes después entra en el sector

la ONCE, que compra dieciocho emisoras a la ARI (Asociación de Radios

Independientes), y se queda a la espera de la resolución del concurso. Sin

embargo el plan de 1989 concedió solo tres emisoras a la ONCE, la cual,

extremadamente decepcionada pero decidida a no rendirse, compra con la fuerza

del dinero lo que falladas alianzas políticas le estaban negando. Tras la asignación

del 1989 se levantaron numerosas protestas, con más de trescientos recursos, que

provocaron un clima de confusión y descontrol bien aprovechado de la asociación

de ciegos, a caza de licencias. Fue “una de las mayores torpezas políticas del

gobierno socialista”, comenta Luís del Olmo a Díaz (1997, p. 538), disgustado por

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no haber tenido ninguna concesión, y por eso en juicio contra la administración.

Por fin, en abril de 1990, la ONCE sella su papel de nueva potencia del éter

gracias a la compra de la casi totalidad de las setenta y dos estaciones de la

Cadena Rato, pagadas aproximadamente 5.000 millones de pesetas. Desaparece

entonces la Rueda de Emisoras Rato, mientras Onda Cero, de la ONCE, sube a

los vértices del mercado, con una estrategia semejante a la previamente usada de

Antena 3, y caracterizada por el fichaje de grandes estrellas, como el mismo Luís

del Olmo, y la programación centralizada con pocos espacios de ámbito local

(luego se da el caso que del Olmo se halló en juicio con una de las emisoras ahora

comprada por su nuevo gestor de trabajo, y por lo tanto retiró el contencioso).

Los siguientes procesos de reparticiones de frecuencias, inferiores en el

numero de permisos otorgados y basados en los mismos mecanismos de alianzas

políticos empresariales, no aportarán grandes cambios en el espacio radiofónico

español, que sigue por la vía de la concentración y centralización, y por lo tanto

no vale la pena mencionarlos en esta breve sinopsis histórica. De lo contrario, creo

que sea necesario esbozar brevemente el proceso que lleva al dominio de PRISA a

través de la SER, la cual en 1978 tenía un capital de 60 millones de pesetas, y en

1986, tras el ingreso de PRISA, casi alcanza los 3.000 millones. PRISA había

precedentemente entrado en la sociedad comprando el 25% de acciones de la SER

(principalmente del Banco Urquijo), cuando Eugenio Fóntan, director de la

cadena desde hacía más de veinte años, viejo y tal vez cansado de tanto

protagonismo, le vende su 19%. El grupo PRISA, que llegó a tener el 51% de la

cadena, siguió comprando, antes la cuota de propiedad de la familia Garrigues, y

luego el 25% de propiedad estatal, lo que en ese momento significaba socialista,

llegando así al control absoluto de la más antigua y rentable cadena radiofónica de

España (Martí 1996, p. 55-56), bajo los ojos airados de quienes temían el

afianzamiento de los lazos entre PRISA y el PSOE. Pero la escalada de PRISA no

se para aquí: en 1994, tras un alternarse continuo de diferentes alianzas,

extenuantes negociaciones y compromisos desconocidos, los editores PRISA y

TISA (Antena 3 y La Vanguardia) se unen para fundar la Sociedad Unión Radio,

con el 80% en mano al grupo de Polanco. Antena 3 sería inmediatamente

desmantelada, para dedicarse al asunto televisivo, mientras la SER y el grupo

PRISA cerraban el proceso más grande de concentración del mercado.

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Pues, este es más o menos el marco general en el cual se halla la radiofonía

española de la actualidad, dominada de unas pocas cadenas, con una

concentración vertical de los medios de masas extremadamente elevada y

fundamentales alianzas políticas cuidadamente enmascaradas para dar la

apariencia del tan anhelado pluralismo informativo y libertad de expresión. A ese

aplastamiento de la oferta radiofónica hay que añadirle el histórico

conservadurismo típico de la casi totalidad de los editores, poco propensos a

arriesgar su dinero en formulas expresivas innovadoras. De momento se atiende

con ansia la digitalización del sector radiofónico, con la implantación del sistema

europeo DAB (Digital Audio Broadcast), cuyo marco legal ha sido ya bastante

regularizado en una serie de acuerdos internacionales y los sucesivos reglamentos

nacionales. El gran problema que retrasa enormemente la implantación definitiva

del DAB, siendo ya técnicamente posible, es antes que nada de naturaleza

económica. La excusa oficialmente fornida se relaciona al precio de los

radiorreceptores digitales, excesivamente caros, puesto que superan

abundantemente el centenar de euros, en fuerte contrasto con los receptores

actuales que se pueden comprar por un puñado de monedas. Pero en mi opinión

eso es un problema superable,7 por lo tanto habría que averiguar si existe la

efectiva voluntad de pasar a esta tecnología: si en el campo de la televisión los

ingresos publicitarios justifican la inversión y no solo consienten un aumento de la

oferta, sino que la convierten en económicamente deseable,8 por la radio no se

7 Normalmente, las innovaciones tecnológicas suelen contar con una notoria, abundante y directa financiación del estado para facilitar su implantación, como en el caso de la ADSL, o del digital televisivo, etc. En Italia, para facilitar la introducción del digital en la tele, el gobierno Berlusconi ha facilitado la compra del necesario soporte tecnológico subvencionando prácticamente el precio total. Casualmente, las primeras cadenas televisivas en beneficiarse de la nueva tecnología, y de sus opulentos ingresos, son de propiedad del mismo Berlusconi.8 Es interesante ver la declaración oficial de la AEA, la Asociación Española de Anunciantes, ante el anteproyecto de ley para el impulso de la Televisión Digital Terrenal, TDT: “La industria publicitaria, que representa el 3 por ciento directo del PIB español, necesita más canales de televisión en abierto ya. No es un hecho aislado el que actualmente los anunciantes y sus colaboradores “no puedan” ubicar sus mensajes publicitarios por falta de espacio en este medio audiovisual. La tecnología debe emplearse al servicio de la economía [...]. La saturación publicitaria no sólo provoca que no lleguemos de la manera más adecuada al consumidor, como sería deseable, sino lo que es peor: provoca su rechazo hacia los mensajes y hacia la publicidad en general. La libre competencia es la que se nos aplica a toda la industria en nuestra actividad empresarial cotidiana en el día a día, y significa la apertura a nuevos operadores que incrementen la comunicación con el anunciante y el espectador. Por todo ello, y como expresamos públicamente cuando salió a la luz el plan del Gobierno de impulso de la TDT, la Asociación Española de Anunciantes y sus colaboradores lo recibe con esperanza y espera que, en virtud del principio de libre competencia, haya nuevas licencias en abierto en el 2005”. A parte la curiosa visión del papel de la tecnología y de la libertad de competencia, esta declaración explica perfectamente los mecanismos económicos que fomentan la introducción y reglamentación del

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puede afirmar lo mismo. ¿Es económicamente rentable pasar al DAB? De

momento, no, sin duda, las leyes del mercado no lo consienten. Por ultimo,

tenemos que considerar que la nueva tecnología podría llevar a un

redimensionamiento del oligopolio, puesto que la actual distribución de

frecuencias le permite cubrir todo el territorio nacional. En consideración de eso,

hay fuertes presiones de las principales cadenas españolas para retrasar la

digitalización de la radio.9 Tal vez incluso la industria discográfica podría ser

temerosa de esta digitalización, que consentiría una calidad de sonido idéntica a la

del CD, cuya venta podría derrumbarse definitivamente. Pero esa última es solo

una mera suposición personal, ¡quizás soy demasiado malicioso! Lo que es cierto,

en base a las anteriores consideraciones, es que la digitalización radiofónica

necesita unos cuantos años más. Cuantos, no puedo claramente saberlo.

digital. www.anunciantes.com9 Esta consideración final, que descargaba contemporáneamente las responsabilidades a Madrid, fue sostenida por Santiago Ramentol, director del sector audiovisual de la Generalitat, en una conferencia sobre la digitalización, como contesta a mi pregunta general sobre el futuro de la radio (Universidad Blanquerna, 10/03/2005).

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