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A FONDOA FONDO

Se imagina un recorte de las pensiones tan brutal como en Grecia? Allí, los que per-cibían 1.000 euros se han

quedado con un 45% menos desde que se inició la crisis; los que recibían el mínimo, lo han visto disminuido en un 10%. Menudo panorama.

Por fortuna, nuestra situación a día de hoy, está lejos de ese esce-nario. El dinero destinado a gasto social es muy similar al de hace cuatro años: 290.000 millones, frente a los 296.000 millones de 2011. Los políticos saben que se la juegan con este tema, y para sal-varlo son capaces de recurrir a un terreno que hasta ahora se consi-deraba sagrado: la hucha de las pensiones. El Gobierno de Rajoy la ha reducido a la mitad. Algo ló-gico, teniendo en cuenta que esa hucha está para usarla en situacio-nes de crisis. Pero el propio hecho en sí hace emerger una pregunta inevitable: ¿será posible mantener nuestro mundialmente envidiado sistema de protección social?

El economista Daniel Lacalle esti-ma que sí. Pero, para lograrlo, de-beremos exigir a nuestros políticos

que hagan bien sus deberes. El primero es no volver a cometer los errores del pasado. “Si aumenta el déficit como ocurrió con Zapatero nos encaminamos a otro shock de deuda que hará insostenible el Es-tado de Bienestar”, mantiene La-calle. La Unión Europea no admi-tiría ese descuadre en las cuentas públicas. Si nos intervienen, ya han visto lo que han hecho en Gre-cia: recortar la protección social.

Las propuestas económicas de PSOE, Podemos o Ciudadanos no parecen ir en la línea de esas cuen-tas saneadas que el país necesita para poder mantener su gasto so-cial. PSOE y Ciudadanos plantean un aumento del gasto de alrededor de 20.000 millones, que se com-pensaría con la supresión de dipu-taciones y el aumento de impues-tos a empresas, herencias y patri-monio. “Es una receta equivoca-da”, sostiene Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana. “Lo que habría que hacer es bajar impuestos y reducir gas-tos”, añade.

El plan de Podemos aún va más allá. Sugieren incrementar el gas-

to en 96.000 millones hasta el 2019, con la idea de que ese estí-mulo provocará un efecto multi-plicador en los ingresos que hará innecesarios recortes adicionales. Pero es dudoso que esos efectos multiplicadores puedan conse-guirse cuando están planteados sobre la media de crecimiento de los últimos años, que es superior a la que viene. Lo lógico es pensar que sean menores. Tampoco tiene sentido invertir más dinero pú-blico cuando nuestro Estado, con casi un 100% de deuda, no es pre-cisamente solvente.

Gastar más no es la solución para mantener el Estado del Bienestar. Estados Unidos es el país con ma-yor coste sanitario sobre PIB del mundo y cuenta con una sanidad pública cara e ineficiente, que no quiere nadie. Y si pensamos en España, no parece que el gasto público invertido en determinadas regiones haya tenido consecuen-cias positivas: “El asistencialismo que se ha implementado en Anda-lucía en los últimos treinta y siete años ha producido el efecto más desastroso de la Unión Europea sobre la economía, el empleo y

¿Quién salvará nuestro estado del bienestar?

Aumentar el gasto público, como quieren PSOE o Podemos, no asegura la pervivencia de las pensiones o el seguro de desempleo; tampoco mejora la

calidad de la educación o la sanidad estatal. Más bien los pone en peligro.

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el patrón de crecimiento. Es un sistema que hace confortable la pobreza y perpetúa la burocracia”, afirma Daniel Lacalle.

¿De verdad queremos mantener un país así? Las ayudas sociales tienen sentido cuando son necesarias. Pro-longarlas cuando no lo son duerme la iniciativa de las personas. Ahoga su capacidad creadora y encorseta la vida económica. El sistema clientelar hace la vida más cómoda, a los ciuda-danos más dependientes del Estado y al país más pobre en todos los sen-tidos. Y el problema parece difícil de solucionar. “Hay muchos intereses creados”, sostiene Lacalle. “Muchos comités, muchos sindicatos y mucha burocracia que ahoga el crecimiento. Ahora que han vuelto al millón de desempleados en la región, hablan de crear un observatorio con dinero pú-blico para estudiar las causas del problema. Es una vergüenza”, lamen-ta este economista.

La lacra de este sistema no es solo que adormece a los que viven del Estado: es que no deja vivir a los que quieren crear riqueza. “Hay que eli-

minar radicalmente el tsunami bu-rocrático y fiscal en el que se sume a las pymes cuando tienen 49-50 em-pleados o tres millones de ingresos. Es una monstruosidad”, añade La-calle. A ello hay que añadir pegas como las planeadas por el tándem PSOE-Ciudadanos, que en su pro-grama sugiere impedir a los autóno-mos elegir su base de cotización so-cial. Sería una medida letal para la mayoría de estos trabajadores, que vería incrementada considerable-mente la cuota que han de pagar a la Seguridad Social.

Solucionar estos problemas es clave. Si la economía siguiera mejorando, los salarios también lo harían. Pros-perarían las condiciones de vida y los ingresos fiscales permitirían pa-gar el Estado del Bienestar. Pero, para que esto pase, hay que dejar que los empresarios sobrevivan y puedan crear puestos de trabajo.

Una prosperidad de la economía y de las condiciones de vida favorece-ría también el retorno de inmigran-tes. Llegaron en masa cuando Espa-ña estaba en una buena situación

Los países nórdicos, a los que Ciu-dadanos o Podemos se han referido como posibles modelos, tienen una estructura económica distinta a la nuestra. La población paga unos impuestos altísimos en IVA e IRPF, y a las empresas se les mima en es-te terreno. Mientras que aquí se sube la cuota a los autónomos, el IRPF o se eliminan deducciones, las pymes nórdicas no pagan im-puestos hasta su tercer año de be-neficios. Hay empresas noruegas que llevan años sin pagar impues-tos porque se les deducen de su inversión, que es mucha.

En España podemos aprender de algunas de estas medidas. Sobre to-do, en lo que se refiere a limpiar el sistema de burocracia y facilitar la vida a las personas que pueden crear riqueza y empleo. También, como dice Juan Ramón Rallo, podemos fijarnos en Suiza, que es un buen ejemplo fiscal, de libertad de mer-cado, descentralización administra-tiva y estabilidad institucional. Pero también debemos tener en cuenta que esos países han pagado ciertos peajes. “Dinamarca es el país con

mayor desigualdad de la OCDE, y allí existe el despido libre. En nin-guno de los países nórdicos existen funcionarios de carácter vitalicio”, recuerda Daniel Lacalle. Está bien fijarse en lo bueno y decírselo a los ciudadanos, pero hay que contar la verdad completa.

El pronóstico es grave. Hay mucho trabajo por hacer. Esa tarea requiere de líderes con ideas claras, que estén más pendientes de fomentar la liber-tad de los ciudadanos que de tenerlos controlados con sus ayudas y su pa-ternalismo. El empleo juvenil es otro de los ejemplos en el que se ve nece-saria una actuación urgente. Acucia-dos por la tasa de paro más alta del mundo, los jóvenes se ven obligados a coger los contratos precarios a los que les aboca la dualidad del mercado de trabajo. Y para compensar ese error en la legislación, la UE lanza planes de ayuda económicos. Más dinero para evitar los errores de la burocracia, hasta que ya no quede. Y entonces, ¿qué pasará? Miremos a Grecia, y echémonos a temblar.

n JORDI BENÍTEZ

NORUEGA

DINAMARCA

SUECIA

FINLANDIA

AUSTRIA

BéLGICA

FRANCIA

HOLANDA

ISLANDIA

IRLANDA

ALEMANIA

REINO UNIDO

ÁREA EURO (19)

ITALIA

UE (28)

CHIPRE

FINLANDIA

FRANCIA

DINAMARCA

BéLGICA

SUECIA

AUSTRIA

ITALIA

HUNGRÍA

ESLOVENIA

GRECIA

CHIPRE

ÁREA EURO (19)

PORTUGAL

UE (28)

CROACIA

HOLANDA

NORUEGA

ISLANDIA

REINO UNIDO

LUXEMBURGO

ALEMANIA

MALTA

Gasto público en los países de la UE en 2014 (en euros por habitante) Gasto público en los países de la UE en 2014 (en % del PIB)

Fuente: Eurostat . Fuente: Eurostat.

económica. Su vuelta permitiría ampliar la base de cotizantes, aun-que no resultaría tan fácil. “Sería una posibilidad interesante a largo plazo, pero habría que liberalizar más el mercado de trabajo para que fueran empleables”, señala Juan Ramón Rallo. Si el salario mínimo y la cotización a la Seguridad Social eleva el coste mínimo de contrata-ción a 1.100 euros, y se les quiere pagar menos (que es lo que suele ocurrir), eso les convierte en inem-pleables.

Este tipo de soluciones podría quizá evitar lo que este economista y tan-tos otros ven como un choque inevi-table con las matemáticas. El efecto demográfico hará que en las próxi-mas décadas haya un trabajador por cada pensionista. Al haber menos cotizantes, es evidente que el Estado no puede destinar a pensiones el mismo dinero que dirigía cuando había dos trabajadores por pensio-nista. Fundamentalmente, porque no hay. Por eso Rallo, si siguiéramos esas matemáticas, no vería otra sali-da que reducir el gasto público en dos líneas. La primera serían las pen-

siones, sin que esto significara redu-cir las más bajas, que ya son muy bajas. La segunda se referiría a dis-minuir la diferencia entre los salarios de los empleados públicos y privados (un asalariado medio público cobra un 50% más que uno privado, según el INE) y a fijar su número en un ratio por español similar al del año 2000. De este modo, Rallo estima que ahorraríamos entre 20.000 y 25.000 millones que podrían desti-narse a la protección social de todos los españoles.

La creatividad será la encargada de que podamos conseguir un sistema económico que pague con nuestros ingresos nuestras necesidades y las de nuestros compatriotas. Para conse-guirlo puede ayudarnos mirar las re-cetas de otros países, aunque hay que hacerlo sin idealismos, con realismo. “Está muy bien compararse con los países nórdicos, pero hay que tener en cuenta que se encuentran en el top tres global de libertad económica, de ma-yor facilidad para crear empresas y empleo. No se pueden exigir los bene-ficios de las sociedades líderes sin ser una de ellas”, recuerda Daniel Lacalle.

33.536 20.140 17.959 14.617

25.987 19.592 15.672 13.591

23.481 18.530 15.469 13.153

21.913 18.111 15.293 10.084

58,7 52,3 46,6 43,949,1

49,0 57,2 51,1 45,7 43,8

57,0 50,1 45,449,0

48,154,3 49,8 44,4

53,0 49,3 44,048,0

9.924ESPAÑA

44,6ESPAÑA