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15 de abril de 2013 Gary J. Goldberg Presidente y Director Ejecutivo Elaine Dorward-King Vicepresidenta Ejecutiva de Sustentabilidad y Relaciones Externas Newmont Mining Corporation 6363 South Fiddler’s Green Circle Suite 800 Greenwood Village, CO 80111 Estimados señor Goldberg y señora Dorward-King: Les escribo consternado por informaciones sobre golpizas, intimidaciones y amenazas contra miembros de la ONG peruana GRUFIDES, radicada en Cajamarca. He trabajado con ellos, y aunque han manifestado repetidamente sus preocupaciones sobre derechos humanos en relación con la mina Yanacocha y la planeada mina Conga, ambas propiedad de la Newmont, sé que son personas respetuosas de la ley y que evitan y rechazan la violencia. Las últimas preocupantes informaciones se relacionan con lo que parece ser el hostigamiento policial contra la abogada Mirtha Vázquez, miembro del GRUFIDES. Esto sigue a incidentes previos de violencia por parte de la policía, concretamente la golpiza sufrida por el fundador del GRUFIDES, Marco Arana, y el violento maltrato contra dos abogadas afiliadas a dicha ONG, en una estación de policía de Cajamarca. Además, otros miembros del GRUFIDES han sido víctimas del allanamiento de sus hogares, sin que se haya presentado cargos contra ellos. No acuso a la Newmont de orquestar directamente los actos mencionados. No obstante, las golpizas, las intimidaciones y el hostigamiento contra los miembros del GRUFIDES han tenido todos como objetivo reprimir las críticas sobre la minería en la región, incluyendo los proyectos en que la Newmont tiene un interés financiero. La compañía se beneficia de la represión contra los que se oponen a sus operaciones, ya que esas acciones coercitivas reducen la capacidad de los miembros del GRUFIDES para expresar libremente sus opiniones con respecto a los proyectos de la Newmont. Esta abusiva actuación de las autoridades policiales constituye una afrenta a la democracia y al imperio de la ley, y ustedes tienen, como mínimo, una obligación moral de manifestarse contra ello y de emplear su considerable influencia para que se ponga fin a este desconocimiento de los más elementales derechos humanos.

Conozco que ustedes poseen regulaciones corporativas que promueven la responsabilidad social, y una política de manejo de los temas de derechos humanos. Los exhorto entonces a emprender acciones consistentes con dichas políticas, a fin de desarrollar modos apropiados para poner fin a la brutalidad policial. Por ejemplo, entiendo que los ejecutivos principales de la Newmont han firmado contratos renovables con el director de la Policía Nacional de Perú, en los que la fuerza policial se compromete a brindar seguridad y protección a la mina Yanacocha a cambio de apoyo financiero y de otro tipo. En consecuencia, están ustedes plenamente facultados para asegurar que todos los contratos entre Yanacocha y la policía peruana se suscriban con la condición de que esta última cumpla con los estándares básicos de respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley. Agradecería mucho que me mantengan informado sobre todas las acciones que piensen emprender con respecto a lo que les expongo en la presente carta. Sin más, quedo de ustedes, sincera y respetuosamente,

Shin Imai Profesor