¿QUÉ EXIGIMOS?

La Coalición Ciudadana por la Educación surge en Noviembre de 2010 para promover una gran movilización nacional, ciudadana, plural y apartidista para:

Mejorar la calidad de la educación y cambiar el arreglo político corporativo que está afectando de raíz al sistema educativo.

Nos propusimos exigir al Estado Mexicano que en uso de sus atribuciones establezca un nuevo marco de relaciones laborales y un nuevo conjunto de reglas que superen el acuerdo corporativo y establezcan un modelo democrático y transparente.

Nuestra demanda fue retomada por el Presidente y por los partidos políticos en el Pacto por México. En Diciembre de 2012, hemos logrado un primer triunfo: la Reforma Constitucional que crea el Servicio Profesional Docente y establece la evaluación integral del proceso educativo a cargo de un organismo autónomo: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La Reforma Constitucional es sólo el primer paso. La Ley debe garantizar un auténtico Servicio Profesional Docente que rompa toda injerencia sindical o política en los procesos de formación, ingreso, contratación, estímulos, promoción, capacitación, actualización, permanencia y retiro de los docentes. El Servicio Profesional Docente debe cubrir al conjunto de la cadena educativa, incluyendo jefes de zona, supervisores, asistentes técnicos pedagógicos, directores de plantel y docentes de aula.

De acuerdo al texto constitucional, el Congreso debe establecer las Leyes Reglamentarias de la reforma constitucional.

Muévete por la Educación exige al Congreso de la Unión que la reglamentación de la Reforma Constitucional se integre en la Ley General de Educación, a fin de que tenga aplicación en todo el país y sea obligatoria en los Estados y que cumpla con los siguientes mínimos indispensables:

1. Establecer el Servicio Profesional Docente (SPD) como mecanismo independiente para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de todos los actores de la cadena educativa en la educación pública básica y media superior, administrado por una unidad con autonomía técnica en el ámbito federal y ejecutado por 32 unidades estatales.

2. Prohibir la injerencia de sindicatos y otros grupos de interés gremial o político en las instancias del Servicio Profesional Docente (SPD). No habrá comisiones mixtas SEP-SNTE para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los integrantes del SPD.

3. Establecer el concurso para integrantes acreditados del Servicio Profesional Docente (SPD) como único mecanismo de ingreso a plazas nuevas o vacantes en el sistema educativo.

4. Respetar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y eliminar todas las prebendas, privilegios y situaciones de excepción que se conceden de facto o de jure a los líderes sindicales y en general a los trabajadores de la educación, como la herencia de plazas o las comisiones sindicales.

5. Establecer que el único requisito para ingresar al SPD es la idoneidad profesional y la capacidad acreditada. Se elimina la necesidad de pertenencia a un sindicato o la formación en una “Normal” o institución educativa específica para ingresar al SPD.

6. Establecer la evaluación integral de los factores que intervienen en el proceso de educación como base para la mejora del logro educativo, evitando la sobrevaloración de la prueba Enlace o de otros exámenes estandarizados como criterio único o central de evaluación.

7. El nuevo INEE aprobará los requisitos, perfiles, criterios y exámenes de evaluación generados por la Unidad del SPD, que se usarán para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes.

8. Garantizar la autonomía del INEE y su función como autoridad en materia de evaluación de resultados y procesos del sistema educativo nacional.

9. Promover la participación de la comunidad educativa, directores, docentes, padres de familia y ciudadanía en la gestión escolar a partir de normas e incentivos que fomenten la mejora del logro educativo.

Muévete por la Educación colaborará con otras organizaciones y grupos ciudadanos a fin de presentar una propuesta integrada al Congreso de la Unión para exigir que estos mínimos sean incluidos en el proceso legislativo para regular la Reforma Constitucional.